martes 16 de febrero del 2016 Nº 6946 $10 eleconomista.mx

uNa seleccióN de

Elizabeth Albarránel economista

Ante lA posibilidad de que se anuncie un recorte en el gasto públi-co preventivo para el 2017, diversos analistas coinciden en que no se de-be sacrificar más el gasto en inver-sión, como se hizo en el 2015 y este año, pues ello implicaría un menor crecimiento para el país.

Marco Cancino, director gene-ral de Inteligencia Pública, comen-tó que un recorte en la parte de in-fraestructura podría ser perjudicial para el desarrollo económico y que, si bien la estrategia del gobierno fe-deral es impulsar las Asociaciones Públicas Privadas (APP),“éstas no son tan atractivas porque el sector privado necesita financiamiento de la banca, que no está prestando por

durante eL 2015 CaYÓ 8.3%

Inversión física no debe reducirse: analistas

Papalabras P E R U J O

Un ajuste en la parte de infraestructura sería perjudicial, consideró Cancino.

el tema de la incertidumbre a nivel mundial, no es buen negocio por las tasas de interés”, enfatizó.

en el 2015 la inversión físi-ca del sector público tuvo una caí-da real anual de 8.3%, con un total de 772,644 millones de pesos. es-te monto representó 4.3% del PIB, una disminución de cinco puntos porcentuales, ya que en el 2014 di-cho gasto representó 4.8% del PIB, de acuerdo con estadísticas de la Se-cretaría de Hacienda.

EstrUctUra programática

Sunny Villa, directora de gasto del Centro de Investigación económi-ca Presupuestaria (CIeP), dijo que se debe cuidar la forma en que se invierte,pues como se hace ahora no es la correcta; “el gasto en inversión ya no debe ser el sacrificado debe re-

El gobierno trata de mitigar el recorte de recursos con las APP, pero para el sector privado son poco atractivas, detalló el consultor Mario Cancino

plantear sobre los ajustes que se hi-cieron en los ramos administrativos, entidades de control directo y em-presas productivas del estado”.

Añadió que el país tiene una es-tructura con programas de más de 30 años y que no siempre son 100% eficientes. “tenemos más de 800 programas presupuestarios, por lo que dejarle la responsabilidad a una sola entidad sería irresponsable; te-nemos que esperar un gradual ejer-cicio para eficientar el gasto público”.

Cancino dijo que se debe apostar por la calidad del gasto con una vi-sión de corto, mediano y largo plazo, pues ello hará más sostenibles las fi-nanzas públicas del país.

“Y de continuar con esta tenden-cia de gasto, el déficit del gasto pú-blico va a seguir creciendo”, dijo.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx

Recorte al gasto hasta en 90,000 mdp: IMeF

Paulina Gómez Roblesel economista

el InStItuto Mexicano de eje-cutivos de Finanzas (IMeF) urgió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a anunciar cuanto antes las medidas de ajuste y austeridad del gasto público para este año y para el 2017.

Calculó que el ajuste al gasto po-dría ser de 0.6% del Producto In-terno Bruto (PIB) —entre 85,000 y 90,000 millones de pesos—, repar-tido en los próximos dos años. Con ello, la economía nacional evita-ría sumergirse en un escenario de riesgo.

Joaquín Gándara Ruiz esparza, presidente nacional del IMeF, ase-guró que la economía mexicana no está en crisis pero sí en una situación problemática. Por lo que tomar deci-siones correctas es fundamental pa-ra minimizar los riesgos económicos que siguen impactando a México.

“el problema deriva de la drásti-ca caída en el precio del petróleo a nivel mundial. la economía nacio-nal se tiene que adaptar y en princi-pio sólo hay un camino: efectuar un sólido, creíble y contundente ajuste fiscal”. Dijo que el ajuste fiscal se de-be destinar al gasto corriente y no a la inversión.

karla.gomez@eleconomista.mx

El ajuste fiscal debe ser sólido, creíble y contundente

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En la Ciudad de México subieron los precios por escasez del suelo

Dólar no afectará valor de la vivienda

Paloma Silva, titular de la Conavi, advirtió que vigilará el comportamiento del sector en el país.

una selección de

signos vitales

Alberto Aguirre aam@mexico.com

¿Derechos reservados?

a ntes de que las autoridades capitali-nas erigieran un Rodeo Drive chilan-go y de la mudanza de Grupo Car-

so a la ampliación Granada, la única huella visible del emporio de Carlos Slim en Po-lanquito era una boutique de la marca Von Dutch dentro de un mall en Masaryk.

De eso ya pasó una década. Quedan muy pocos consumidores de esa marca de ropa y, en las tiendas del exitoso empresario -San-borns y Sears, o claroshop.com—, quienes preguntan por Von Dutch son remitidos a la sección de joyería, en la que bajo esa denomi-nación encuentran dijes, aretes, collares y pul-seras plateadas.

Desde hace 15 años, sin embargo, el titu-lar de los derechos de esa marca es el empre-sario lagunero Óscar Garza Herrera, quien del Instituto Mexicano para la Propiedad Intelec-tual obtuvo los permisos para la explotación comercial de la misma en dos rubros: el 14, co-rrespondiente a joyería y bisutería, y el 25, pa-ra vestidos, calzados y sombrerería.

Con sus registros vigentes, Garza Herre-ra reclamó una indemnización a Grupo Car-so. En su alegato, considera que el parecido, en grado de confusión, de la marca comercializa-da por Sears y Sanborns provocó un “desvío de clientes” que le generó daños y perjuicios patrimoniales.

Tras acudir al IMPI, la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, el empre-sario lagunero que decidió enfrentar al hombre más rico de México recibió respuesta: el Primer Tribunal Unitario le impuso el requisito de de-mostrar las pérdidas de la mercancía que co-mercializa al amparo de la marca Von Dutch o, en su defecto, la reducción de su producción. Su reclamo, en última instancia, ha quedado en manos de los ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

¿La existencia del daño es lo mismo que su cuantificación? Garza Herrera invocó los artí-culos 221 y 221 bis de la Ley de la Propiedad In-dustrial. El 14 de octubre del año pasado, apa-reció enlistado por primera vez el expediente 3/2015 correspondiente a la demanda de am-paro indirecto promovida por Garza Herrera, contra la resolución del magistrado Armando Cortés Galván.

La reparación del daño o la indemnización de daños y perjuicios, define el artículo 221 Bis de la Ley de Propiedad Intelectual, “en ningún caso será inferior a 40% del precio de venta al público de cada producto”. Hace cuatro me-ses, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo presentó a los ministros de la primera sala una propuesta de sentencia al amparo directo tra-mitado por Garza ante la resolución del ma-gistrado, el 30 de abril del 2014, que conside-ró improcedente la indemnización, “máxime que el porcentaje establecido en el artículo 221 Bis se refiere a la cuantificación de los daños,

pero no a la existencia de los mismos”.En apego a la legislación vigente, un amplio

segmento de abogados especializados en estas materias sostiene que un afectado en sus de-rechos de propiedad industrial no se encuen-tra obligado a probar daño ni perjuicio alguno para tener derecho a ser indemnizado. A juicio del abogado Luis Asali Harfuch, experto en es-tas materias, esa norma es la materialización del principio ex re ipsa e implica establecer un mecanismo alternativo de indemnización, que libera al titular de la propiedad industrial de aportar pruebas para acreditar el alcance de las ganancias que dejó de percibir o los beneficios que la falta proporcionó al infractor.

Después de analizar el fondo de la contro-versia, el ministro Pardo giró entre sus cole-gas un proyecto en el que ratificaba la obliga-ción de acreditar el daño, pero reconoció que el magistrado indebidamente consideró que el quejoso debía acreditar la afectación econó-mica que le ocasionó la comercialización de un producto que violaba sus derechos sobre la marca, pues no tomó en cuenta que dentro de la acción civil también pueden reclamarse afectaciones de carácter inmaterial.

En la definición de esta controversia -de acuerdo con el ministro-, sería determinan-te la declaración de infracción administrati-va emitida por el IMPI y, bajo esos preceptos, determinó que el magistrado no resolvió co-rrectamente, al obligar a la parte quejosa a de-mostrar la afectación de su patrimonio, en-tendido éste exclusivamente en su vertiente económica.

No obstante que ya había sido enlistado, el asunto fue retirado por el ministro ponente en una acción que tuvo como antecedente los po-sicionamientos de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero y de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. La reformulación de la sentencia reca-yó en la ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A diferencia de hace tres meses, ahora en la primera sala está la ministra Norma Piña Hernández.

Este asunto podría sentar precedente en una disputa de mayor calado: la demanda in-terpuesta por los titulares de la marca Ifone, en mayo del año pasado, contra Telcel, Movistar y Iusacell, por la comercialización en México de los smartphones fabricados por Apple. Los empresarios mexicanos, amparados por el ar-tículo 221 bis de la Ley de la Propiedad Indus-trial, reclaman una indemnización por los da-ños y perjuicios que les han infligido aquellos que utilizan indebidamente su marca que, en una cuantificación preliminar de las ventas por servicios de telefonía de esas compañías, as-cendería a 542.7 millones de dólares. Este li-tigio también será resuelto por la SCJN, aun cuando la reclamación de Ifone se encuentra formalmente dirigida contra Telcel, Movistar y Iusacell, quienes asumirían la marca fundada por Steve Jobs.

Fernando GutiérrezeL eCONOMiStA

LA ForTALEzA del dólar y la debilidad del peso no son razones para que los precios de la vivien-da comiencen a elevarse; hay motivos suficientes para que este escenario no sea un factor deter-minante en el costo de las edificaciones, indicó Paloma Silva de Anzorena, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

En la ceremonia de colocación accionaria de la viviendera Javer en la Bolsa Mexicana de Valo-res (BMV), Silva de Anzorena reconoció que los precios de la vivienda han tenido un alza signifi-cativa en ciertas entidades, pero no por la forta-leza del dólar sino por otros factores, como la fal-ta de uso de suelo para producir vivienda social.

“Se ha seguido desplazando la vivienda como antes; no hemos visto variaciones en los precios más que en entidades como la Ciudad de México, donde no es por el tema de la dolarización sino por una escasez de suelo (para construcción de vivienda social)”, explicó la funcionaria.

De acuerdo con datos de la Sociedad Hipo-tecaria Federal, en el 2015 el precio del valor de la vivienda en la Ciudad de México aumen-tó 9.09% respecto de lo registrado en el 2014, lo que la convirtió en la segunda entidad con ma-yor apreciación, sólo por debajo de Tamaulipas, donde se encareció 9.16 por ciento.

ÁREAS DE OPORTUNIDAD

La funcionaria destacó que con la fortaleza del dólar ciertos programas que la Conavi tiene con-templados impulsar se verían favorecidos, tal es el caso de un esquema que otorgue solución de vivienda a mexicanos que laboran en Estados Unidos.

“Vamos a establecer un programa de educa-ción financiera con los consulados y con la Se-cretaría de relaciones Exteriores para establecer un plan y visitar varios, con el fin de enseñarles a los migrantes cómo pueden, a través del envío de remesas, producir vivienda en México”, agregó.

Agregó que en Quintana roo existe una de-manda de vivienda, pues las familias ven opor-tunidades de trabajo”, apuntó la funcionaria.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx

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