Celebración especial almuerzo mensual

DÍA DE LA MADRE

jueves 24 de mayoClub Militar de OficialesSalón Dorado 12 horas

La Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORELamenta el fallecimiento de los integrantes de las Fuerzas Armadas en el accidente aéreo del helicóptero FAC 4020, el pasado 30 de abril. Son ellos: de la Fuerza Aérea: teniente coronel Luis Rodolfo Sánchez Suárez, mayor Jorge Abel Cardona García, capitán Fernando Alfonso Rodrí-guez Amortegui, teniente Leonardo Andrés Ramírez Grajales, subteniente Héctor Alejandro Vega Cuevas, técnico subjefe Elver Ángel Sierra y técnico cuarto José Manuel Pineda Arellano; de la Policía Nacional: Subintentedente Faber Fandiño, y los patrulleros Jhon Molina, Carlos Benavides, Alveiro Torres, Julio Díaz y Nicolás Quintero.A los Comandantes de la Fuerza Aérea Colombiana, general Tito Saúl Pinilla, y al Director General de la Policía Nacional, General Ós-car Adolfo Naranjo Trujillo, y a todos los miembros de las emblemáticas instituciones de la Fuerza Pública, un saludo de condolencia y solidaridad por los héroes desaparecidos en tan lamentable accidente.

Igualmente, les expresa a sus familiares y amigos, su más sentida manifestación de pésame en este momento de dolor, y se une en oración para que El Santísimo les dé un lugar de privilegio en la Eternidad.

Ser comandante

Si en la vida militar existe mayor honor éste lo constituye el ser Comandante, titulo para el cual se prepara desde los primeros años de formación y con el que culmina su carrera. Desafortunada-mente todos estos años son destruidos y avasa-llados por una justicia politizada, ignorante de la guerra que se libra.

Fuero MilitarPág 11 Pág 8

Las Fuerzas Militares de Colombia podrían ser las únicas que en la historia universal han soportado la abolición del Fuero Militar en medio de una confrontación armada. Rescatar el Fuero Militar es una de las urgencias del momento, pues se ha convertido es asunto crucial para nuestra seguri-dad nacional.

ISSN 0123-2894 Circulación nacional

Se inició periodo del Brigadier General Jaime Ruiz BarreraBajo el lema de Unidad, Integración y Fortaleza, el Brigadier General Jaime Ruiz Barrera se posesionó como nuevo Presidente Nacional de ACORE, para el periodo estatutario 2012-2014. Lo acompañaron en el acto protocolario de la firma del acta el salien-te presidente Mayor General Juan Salcedo Lora, la elegida Junta Directa Nacional y los funcionarios de la Asociación.

Dijo que como tarea prioritaria se ha propuesto acudir ante dife-rentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requeri-do para sacar adelante el proyecto de reforma constitucional que busca modificar el Fuero Militar y delimitar las competencias entre la justicia ordinaria y la castrense.

Sin embargo, anunció que ante el habitual riesgo que tienen estos trámites, especialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, ACORE ha planteado como segunda alternativa, propiciar a través de las instancias respectivas la revo-catoria o la agilización del proceso que hace curso ante el Concejo de Estado del acto administrativo concertado entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación que suspendió temporal-mente la aplicación del Artículo 221 de la Constitución, el cual esta-blece lo concerniente al Fuero Militar y al juzgamiento de militares por actos relacionados con el servicio, a través de tribunales o cortes marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

Edición

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Nuevos sueldos básicos para el 2012De conformidad con lo dispuesto el Decreto N° 0842 del 25 de abril de 2012, los sueldos básicos para los oficiales, suboficiales y beneficiarios con derecho a

sustitución pensional de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, que regirán durante el presente año, son los siguientes:

GRADO SUELDO BASICO 2011 SUELDO BASICO 2012 INCREMENTOGR-AL $4.228.406 $4.439.827 5,00%MG-VA $4.097.596 $4.302.477 5,00%BG-CA $3.662.823 $3.845.965 5,00%CO-CN $2.838.457 $2.980.380 5,00%TC-CF $2.214.061 $2.324.764 5,00%MY-CC $1.925.143 $2.021.400 5,00%CT-TN $1.584.308 $1.663.523 5,00%TE-TF $1.383.923 $1.453.119 5,00%ST-TK $1.223.557 $1.284.735 5,00%SMC-JTC-TJC $1.532.493 $1.609.118 5,00%SM-JT-TJ $1.376.811 $1.445.652 5,00%SP-SJ-TS $1.182.960 $1.242.108 5,00%SV-S1-TA $1.070.730 $1.124.266 5,00%SS-S2-T2 $978.381 $1.027.300 5,00%CP-S3-T3 $904.976 $950.225 5,00%CS-MA-T4 $877.280 $921.144 5,00%

Sala Centro: Cra 7a No. 34 - 07 Tel: 570 06 12 ext.: 1195Aplican condiciones y restricciones.

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Las asignaciones básicas se aproximaron al peso superior, conforme lo ordenado en el parágrafo 1o. del artículo 1º del Decreto No.0 842 de Abril 25 de 2012.

El incremento operará para la nómina del mes de mayo con retroactividad al primero de enero de 2012. Así mismo, por el código de descuentos 120 - APORTE RETRO se descontará una tercera parte (10 días) del valor retroactivo del mes de enero de 2002 de conformidad con lo dispuesto en el Ar-tículo 245 del Decreto 1211 del 8 de junio de 1990 y Artículo 17.3 del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004.

ACTUALIDAD

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Nota: Los artículos no reflejan el pensa-miento de ACORE. Son de exclusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio podrán ser editados.La reproducción total o parcial de los artículos publicados en esta edición pueden ser utilizados con la referencia del periódico ACORE.

Presidente BG Jaime Ruíz Barrera

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GerenteTC Rosa María Llovera Terradas

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Bogotá, D.C.

El Mayor Mauricio Ordoñez, otra víctima de las 'bajas judiciales'

Acorito

EDITORIAL

Fuero Militar y bajas judiciales

El tema del Fuero y de la Justicia Penal Militar se con-virtió, de un momento a otro, en un asunto de actualidad y de interés nacional, atrayen-do la atención y la preocu-pación de una gran parte de nuestra ciudadanía.

Sobre el par t icular, ACORE ha asumido como una de sus tareas prioritarias, acudir a diferentes instancias de la vida nacional, en busca del respaldo requerido para sacar adelante esta impor-tante y urgente iniciativa.

Igualmente, ha venido participando en diferentes foros y reuniones con distin-tos sectores de la sociedad civil, periodistas, academia y congresistas de las comi-siones Primera, de Cámara y Senado, encontrando una respuesta favorable frente a esta inquietud de la Fuerza Pública y la Reserva Activa.

El proyecto de reforma constitucional para modi-ficar el Fuero Militar que busca delimitar las compe-tencias entre la justicia or-dinaria y la castrense, cursa exitosamente en la Cámara de Representantes y entrará próximamente a la Comisión Primera del Senado para con-tinuar su trámite legislativo, hasta lograr los ocho debates reglamentarios, que según los ponentes, podría concluir a finales del presente año con una ley estatutaria.

Entre otros objetivos, el proyecto de ley establece la creación de una defensoría técnica, financiada por el Es-tado; la competencia exclusi-va de la Justicia Penal Militar sobre todo lo concerniente al Derecho Internacional Hu-manitario (derecho de gue-rra); la competencia igual-mente exclusiva de la justicia ordinaria sobre los delitos de lesa humanidad y genocidio;

el fuero especial carcelario; la conformación del Cuerpo Técnico de Policía Judicial Penal Militar; la creación de un Tribunal de Garantías Penales; la conformación de una comisión mixta para dirimir conflictos de compe-tencia; y la instauración de la Justicia Penal Policial.

Sin embargo, según consultas realizadas por ACORE, este proyecto de-berá ser corregido en térmi-nos de redacción y precisión de algunos conceptos para evitar dudas de interpre-tación en cuanto a funciones y definiciones muy claras de competencia por parte de la Comisión Mixta y del Tribunal de Garantías Pe-nales, para que su actuación, favorezca plenamente a los miembros de las Fuerzas Militares.

En estas circunstancias, y ante el habitual riesgo que tienen estos trámites, espe-cialmente cuando se trata de un acto legislativo para reforma de la Constitución, ACORE ha planteado como segunda alternativa, propi-ciar a través de las instan-cias respectivas, la revocato-ria o la agilización del pro-ceso que hace curso ante el Concejo de Estado del acto administrativo concertado entre el Ministerio de De-fensa y la Fiscalía General de la Nación que suspendió temporalmente la aplicación del Artículo 221 de la Cons-titución, el cual establece lo concerniente al Fuero Mili-tar y al juzgamiento de mili-tares por actos relacionados con el servicio, a través de tribunales o cortes marciales, bajo la competencia expresa de la Justicia Penal Militar.

Consecuente con lo an-terior, ACORE continuará trabajando en ambas direc-

ciones, buscando el respaldo requerido para agilizar sus respectivos trámites.

Frente a estos últimos acontecimientos, sentimos la grata sensación de que por fin se entiende la importan-cia y la gravedad que esto representa para la seguridad del país, ya que como es de todos bien sabido, nuestras Fuerzas Armadas requieren de la total y necesaria protec-ción jurídica que les permita cumplir debidamente su mi-sión institucional, por la cons-tante y creciente agresión te-rrorista.

Paradójicamente, Colom-bia, tal como lo dicen al-gunos comentaristas de los medios de comunicación, es quizá el único país que ahora reconoce internacionalmente el conflicto armado interno que la afecta, y que inexpli-cablemente desaparece de un tajo el fuero constitucional que requiere, para proteger a quienes portan las armas de la República en defensa de su soberanía y las instituciones.

Lo más preocupante es ver la forma tan descarada como un sistema judicial evidente-mente politizado, persigue sin tregua a nuestros milita-res, más no así a quienes con-forman los grupos armados ilegales, para quienes hay muy pocos procesos y los que por casualidad existen, reposan en distintos despa-chos judiciales durmiendo el sueño de los justos.

El concepto generalizado de nuestros combatientes, es que en el momento los juzga el enemigo, y que por tanto, no cuentan con ningún tipo de garantías jurídicas ni pro-cesales.

Quien lo creyera, mien-tras nuestras tropas se des-motivan gradualmente por la constante persecución de los

jueces, la moral y el triunfa-lismo se encuentra en poder de los grupos terroristas que nos asechan.

Desde el momento en que entró en vigencia el nefasto convenio Ospina-Iguarán, con el cual proporcionaron el puntillazo final a nuestro Fue-ro Militar y la Justicia Penal Militar, la justicia ordinaria le ha causado aproximadamente quince mil bajas, no en com-bate, pero si en sus propios es-trados, a las Fuerzas Armadas.

Nuestros mejores combatien-tes, los mejor entrenados, los más capacitados, los más con-decorados, incursos en sus arbi-trarios e infames procesos, que-dan automáticamente neutra-lizados, puesto que su condición subjudice, no les permite ser empleados en las operaciones militares, y ni siquiera prestar servicios de centinela en sus propias instalaciones.

Hay ya casi cerca de dos mil combatientes de la Fuerza Pública tras las rejas, alrede-dor de diez mil procesos cur-sando en despachos judiciales y, dentro de estos procesos, cerca de quince mil imputados por causa o razón de inexpli-cables denuncias. Estas son las famosas ‘bajas judiciales’ que nos ha producido el enemigo a través de este diligente sistema judicial.

Por si esta persecución fuera poca, la ex Fiscal General de la Nación habilitó las viejas instalaciones del DAS, en el centro de Bogotá, para que un centenar de funcionarios se dedicara a investigar y armar procesos contra miembros de las Fuerzas Militares, espe-cialmente oficiales de alto ran-go, a quienes se les pretende acusar por graves violaciones a los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad que nunca prescriben.

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PERIÓDICO

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Ayuda de memoriaLogros y sinsabores de la Cumbre

Coronel

MARIO LÓPEZ CASTAÑO

No obstante el éxito alcanzado en la reciente Cumbre de las Américas, conviene analizar, además de los logros atribuidos al Gobierno, aquellas omisio-nes del mismo, que tal vez pu-dieron incidir para que muchos colombianos no estemos plena-mente satisfechos con los resul-tados, acordes con el esfuerzo económico y político realizado por el Estado.

Es indudable que la primera cumbre empresarial adherida a la sexta de los presidentes de América, iniciativa oportuna y plausible del presidente Juan Manuel Santos, es quizá la que ya ha arrojado resultados concretos para el desarrollo e integración económica de los países del hemisferio, dentro del cual, Colombia es uno de los más favorecidos dada su condición de país anfitrión y por el cual apostaron buena par-te de las comitivas empresaria-les que visitaron nuestro país. En este sentido, empresarios de Holanda, México y Chile, entre otros, anunciaron inver-siones de alguna consideración en Colombia. En el aspecto político, la aceptación del pre-sidente Barack Obama de abrir el camino para la discusión del grave problema mundial de las drogas, sobre las cuales reinó

el consenso de los presidentes en la Cumbre, es otro de los logros que se le pueden otorgar a Colombia por haber sido ini-ciativa de su Gobierno.

En el nivel local, Colombia, como país anfitrión, y dado el visible acercamiento con Estados Unidos recibió de su Presidente el otorgamiento del privilegio de la extensión de la visa por diez años, lo cual ten-drá repercusiones favorables de orden económico y social para nuestro país. A ello, se complementa el anuncio bila-teral de los presidentes Obama y Santos de poner en ejecución el Tratado de Libre Comercio a partir del 15 de mayo de 2012; pese a esta importante noti-cia, Colombia en su industria y comercio fue sorprendida por la brevedad del tiempo, ya que la infraestructura de vías y puertos está atrasada para aten-der semejante reto. Ahora, el tratamiento político dado por el presidente Santos a los pro-blemas de la futura inclusión de Cuba en las subsiguientes cumbres y la solidaridad re-querida por Argentina por el problema de las Malvinas, dejó sinsabores que no permitieron que hoy estemos celebrando un buen éxito en el desarrollo de la convocatoria presidencial hemisférica. En el caso de las Malvinas, no es aceptable el ar-gumento del Presidente Santos en su discurso de inauguración

de la Cumbre de haber omitido por un olvido la invocación de la solidaridad para con el pueblo argentino, habida con-sideración que es difícil que concurra su olvido con el de sus asesores políticos.

La omisión antes referi-da, producirá hacia el inme-diato futuro reacciones contra Colombia, tanto en Argentina como en los países del Alba (Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros del Caribe) y ¿por qué no? de aquellos del hemisferio que no han co-mulgado con colonias allende las fronteras en pleno siglo XXI. El análisis que surge del apoyo dado a Cuba en su dis-curso, quizá por presión de los países del Alba, y por aquellos de ideología de izquierda del continente, es que valió mas la presión de Estados Unidos y Canadá para que el presidente Santos omitiera referirse al caso de las Malvinas en su discurso inaugural, ya que los eternos nexos de Estados Unidos con el Reino Unido no le permiten mirar hacia el patio trasero que es Latinoamérica. De otra

parte, y a pesar de la referen-cia presidencial en su discurso inaugural sobre la necesidad de la unión del continente contra la violencia en sus diferentes expresiones, debió invocar la declaratoria de terroristas a las Farc, como los causantes úni-cos de la violencia de 50 años que han obstaculizado la paz y el progreso de Colombia. Esta era una oportunidad por cuan-to en las deliberaciones de la Cumbre, era imposible discutir la posibilidad de esa declarato-ria, ya que no estaba prevista en la agenda, y el sesgo ideológico de izquierda de algunos países del continente no lo hacían factible.

A grandes rasgos, se esbo-zan algunas reflexiones de la Cumbre, que por lo menos, de las realizadas hasta la que acaba de concluir, pareciera ser la de mayores alcances en lo económico, social y políti-co y, gracias a las ejecutorias y condición de estadista y político del presidente Santos, Colombia recibe los benefi-cios que como país anfitrión merece.

Masacre de Bojayá

El 2 de mayo de 2002, fue un día de luto para Colombia. Un combate entre guerrilla y paramilitares causó la muerte de 79 personas, entre ellas 48 niños, como consecuencia de la explosión de un cilindro bomba lanzado contra la igle-sia del municipio, en un hecho que que es conocido como la masacre de Bojayá, en Chocó.

Mandela, Presidente

El 7 de mayo de 1994, co-mienza la era democrática de Sudáfrica cuando las legisla-turas provinciales de mayoría del Congreso Nacional Afri-cano se reúnen y los negros asumen por primera vez en más de tres siglos el poder político. El 10 de mayo, el Parlamento designó a Nel-son Mandela como el primer presidente negro de la historia sudafricana.

Lleras, presidente

El 4 de mayo de 1958 Alberto Lleras es elegido como primer presidente del Frente Na-cional. Durante este periodo enfrentó varios movimientos como el MRL y de la facción ospinista del partido conser-vador. Adelantó un ambicioso programa de vivienda de in-terés social con ayuda de Es-tados Unidos y a la Alianza para el Progreso.

Ahora, en aras del equi-librio y del más elemental principio de igualdad, la inquietud que ronda en la Reserva Activa es ¿qué va a pasar con el nuevo Fis-cal de marcada tendencia izquierdista, quien ya se ha declarado públicamente ene-migo del Fuero Militar y en abierta rebeldía contra cual-quier determinación que se tome en tal sentido? Si, ha-bilitará de la misma manera dependencias similares, tam-bién con cientos de funciona-rios para investigar y armar procesos contra militantes y

auxiliadores pertenecientes a los diferentes grupos te-rroristas que actúan en el te-rritorio Nacional?

Finalmente, ¿Cuántas otras ‘bajas judiciales’ nos pro-ducirán este sistema mientras dure la vigencia del convenio Ospina-Iguarán y no poda-mos recuperar la plena vigen-cia del Fuero Militar?

¿En qué momento la Fis-calía General de la Nación se convertirá en un organismo confiable de carácter inves-tigativo y no en un instru-mento político represivo o de flagrante persecución contra quienes portan las armas de

la República para la defensa del país?

Sobre este último, apa-recen en estos días dos sor-prendentes anuncios perio-dísticos, según los cuales, una de las pruebas contun-dentes que favorece la de-fensa del coronel Alfonso Plazas Vega sobre la su-plantación de un testigo por parte de la Fiscalía General de la Nación, quiere ser in-validada, curiosamente por técnicos del mismo organis-mo, sustentando un dudoso concepto de cotejo de firmas que ha sido públicamente cuestionado por carecer de

asidero científico y probato-rio creíble; y, por otro lado, la inexplicable solicitud de una funcionaria de la misma Fiscalía, en el sentido de so-licitar a la Corte Suprema de Justicia, la ratificación de la condena proferida contra el mismo Oficial, y la negación del recurso de casación que legalmente le asiste, con el único propósito de evitar que se revise el proceso y se pueda comprobar una vez más, todas las irregulari-dades cometidas.

¿Hasta cuándo tanto aco-so y hostigamiento contra nuestras Fuerzas Militares?

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5OPINIÓN

¿Los títulos de Argentina sobre las Malvinas son los mismos de Colombia sobre San Andrés?Coronel DARÍO RUIZ TINOCO

En un reportaje para El Tiempo, el presidente de la Academia Colombiana de Historia, En-rique Gaviria Liévano, sos-tiene que los títulos que tiene Argentina sobre las Malvinas como Estado sucesor del an-tiguo virreinato de La Plata es la misma situación que tiene Colombia respecto de San Andrés, sobre el cual heredó los títulos del virreinato de la Nueva Granada. El título de Colombia es la Real Orden de 1803. En ese sentido, asegura Gaviria, las dos situaciones son iguales. Afirmación sobre la cual debo disentir respetuosamente del ilustre internacionalista.

Hoy por hoy, Colombia sufre dos demandas ante el Corte Internacional de la Haya, la primera la instaurada por Nicaragua con respecto de San Andrés y nuestros espacios marinos y submarinos en el Caribe; la segunda corresponde a la que presentó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, por la fumigaciones con glifosato en la frontera común. Las dos demandas son desproporciona-das e inamistosas, por cierto,

En el caso de San Andrés, al tenor del Tratado de Soluciones Pacíficas de Controversias de 1948, la Corte Internacional de Justicia de la Haya no tenía en teoría competencia para conocer el contencioso que le plantea-ba Nicaragua contra Colombia porque dicho Tratado contempla que los asuntos resueltos entre los Estados Americanos con anterioridad a 1948 no serán susceptibles de pleito ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sin embargo, en la práctica la realidad fue otra y la Corte se abrogó tal competen-cia para conocer sobre la de-manda de Nicaragua, respecto a la más absurda reclamación sobre un territorio que indis-cutiblemente ha estado bajo la

soberanía permanente, pacífica, ininterrumpida, inmemorial y no protestada que ha ejercido Colombia sobre la totalidad del Archipiélago de San Andrés, sustentada en indiscutibles títu-los históricos y práctica jurídi-ca. En ello debo disentir res-petuosamente de la afirmación del ilustre internacionalista Enrique Gaviria Liévano, al comparar los títulos Argentinos sobre las Malvinas, con los títu-los que posee Colombia sobre San Andrés. Los títulos argen-tinos se derivan como los de Colombia del Utis Possidetis Juris en este caso de 1816, año de la independencia Argentina, títulos que jamás fueron reco-nocidos como válidos por los ingleses, entre otras razones, porque las Malvinas fueron descubiertas por los ingleses, quienes la bautizaron con el nombre de Falklan, posterior-mente abandonadas por los in-gleses, pasaron a manos de los holandeses y finalmente a ma-nos de los españoles, que por herencia colonial terminaron reconocidas como territorio argentino, hasta la ocupación definitiva de los británicos en 1833. Esto cambia fundamen-talmente los patrones de com-paración entre uno y otro caso.

En consecuencia, los Títulos de Colombia sobre San Andrés son infinitamente superiores a los que tiene Argentina sobre las Islas Malvinas, así la titula-

ridad histórica tienda en ambos casos a ser similar. La práctica jurídica derivada del ejercicio de soberanía y la vigencia de un tratado, el de 1928, es bien diferente, por consiguiente no existe un punto de compara-ción entre una y otra titulari-dad, porque Argentina, con-trario a lo que ha ocurrido con Colombia, resume su soberanía sobre la validez de un titulo histórico porque no pudo ejer-cer jamás soberanía efectiva so-bre las Islas Malvinas, debido a la ocupación británica de 1833 y, por otra parte, porque los malvinenses son súbditos de la Corona Británica, de sangre inglesa desde 1833, se sienten británicos por haber nacido en estas islas y aquí juega el derecho a la libre autodetermi-nación de los pueblos consagra-da como principio del Derecho Internacional, que no puede ser desconocido. Los sanan-dresanos, por el contrario, son colombianos por sangre, por naturaleza, por nacimiento, por historia y por el principio fun-damental ya citado de la libre determinación de los pueblos, por el Utis Possidetis Juris de 1810, por la Real Orden de San Lorenzo del 20 de noviembre de 1803.

El gobierno militar argentino pretendió, hace treinta años, bajo la dictadura del general Leopoldo Fortunato Galtieri re-cuperar las Malvinas mediante

un ”acto ilegítimo de fuerza” (Resolución 502 de Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas), acto irresponsable, porque apelaba al viejo discur-so de la amenaza externa para consolidar un frente interno en proceso de colapso, mediante el uso de la fuerza contra un territorio en disputa con otro estado, y no a la defensa del derecho argentino frente a los ingleses por la vía de la solu-ción pacífica de controversias internacionales consagrado en el Articulo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, cuyas conse-cuencias se tradujeron en una anticipada, inevitable y prevista derrota militar, acompañada de la caída de la dictadura militar y el posterior enjuiciamiento del estamento militar que gobernó el país por la responsabilidad en actos de violación de los derechos humanos.

Por otra parte, como colofón, el debate sobre sí Colombia ha debido o no comparecer ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya ya se ha dado de manera parcial, con posicio-nes absolutamente antagóni-cas, como las del ex minis-tro Jaime Pinzón López y del abogado e historiador Alberto Lozano Simonelli en sus obras La Agresión de Nicaragua y El Ataque de Nicaragua, pu-blicadas hace algunos años por la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la cuales conside-raban que Colombia no ha debido concurrir a la Corte para responder la demanda de Nicaragua. No obstante, con-sidero que el debate más acer-tado ha debido haberse dado, sobre las razones por la cuales Colombia se abstuvo de de-mandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya como correspondía, por el hecho de haber violado un Tratado Internacional, el Esguerra Bárcenas Meneses del 24 de marzo de 1928. Esa hubiese sido la lógica jurídica

y la estrategia política que nos hubiese dado una ventajosa posición de Estado demandante y no la que tenemos ahora, de Estado demandado, con el me-ridiano 82º en tela de juicio y con la altísima posibilidad de que este límite tradicional en-tre Colombia y Nicaragua, de-rivado de Tratado de 1928 se pierda definitivamente por una posible sentencia de la Corte Internacional de Justicia en “equidad”, que es la nueva tendencia de la Corte y una forma de satisfacer al Estado demandante.

En consecuencia la Corte podría colocar a Colombia en escenarios tan complejos tales como, desconocer el meridiano 82º como frontera marítima con Nicaragua, o lo que es más grave aún, llegar a tocar los cayos de Roncador, Serrana y Quitasueño, que no son parte del Tratado de 1928, por en-contrarse en aquel entonces en controversia entre los gobier-nos de Colombia y Estados Unidos. La Corte no tocó para nada San Andrés en su prime-ra y definitiva sentencia, y no podía hacerlo, porque sencilla-mente era desconocer el prin-cipio de Pacta Sun Servanda, (los tratados obligan). Al no formar los referidos cayos parte de Tratado de 1928 que definió la soberanía de Colombia so-bre San Andrés, estos quedan en situación de vulnerabilidad y susceptibilidad de ser toca-dos por la Corte. Al respecto Gaviria Liévano afirma que la Corte “puede decir cual-quier cosa sobre los cayos” y sostiene la necesidad de de-fenderlos bajo el concepto de “archipiélago oceánico”, pero para ello olvida que Colombia aún no ha ratificado la Tercera Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 que contempla tal figura.

Finalmente, el debate sobre las Islas Malvinas debe darse en diferentes escenarios como fue el de Cumbre de las Américas en Cartagena, donde obvia-mente no fue un tema central, pero si será un asunto que de-mandará solidaridad, con posi-ciones políticas coincidentes sobre los derechos argentinos a los cuales, pese a las descritas circunstancias históricas que contiene el presente artículo jamás renunció.

6 OPINIÓN

Tres grandes equivocaciones gubernamentales amenazan la estabilidad nacionalPero también, tres grandes preocupaciones de la Reserva Activa y de nuestros combatientes.

Brigadier General JAIME RUIZ BARRERAMiembro del Centro de Pensamiento Político y Militar

Para comenzar, queremos en-tender que el tan cuestionado, costoso y publicitado pro-grama de restitución de tierras proclamado recientemente por nuestro Jefe de Estado, co-rresponde a un sano y buen propósito de gobierno, y no a un acto populista que podría traernos fatales consecuencias.

Lamentablemente, el re-chazo manifiesto a este proyec-to por parte de sectores de la so-ciedad, así parece confirmarlo.

Por otra parte, es importante aclararle a nuestro Presidente Juan Manuel Santos, lo que equivocadamente ha afirmado, que la creciente y preocupante desmotivación de las tropas no es por culpa de quienes recla-man soluciones frente al grave acoso judicial de que son víc-timas y por otras deficiencias de tipo prestacional, sino por aquellos que tienen la facultad y la responsabilidad legal de proporcionarlas. En otros tér-minos, es al Gobierno y al Es-tado colombianos, a los que les corresponde proporcionar estas justas e inobjetables soluciones.

Por último, y como otra pre-ocupante y sostenida equivo-cación, es la que tiene que ver con los repetitivos e inexpli-cables pronunciamientos del Ministro del Interior (hoy de-signado Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio), como los

de aceptar y compartir pública-mente un absurdo fallo del Tri-bunal Superior de Bogotá, en el cual, además de atropellar a un militar inocente, condena a la ignominia y a la deshonra a nuestro Ejército Nacional y, por otro lado, el hecho de aprobar sin objeción alguna la actuación de un colectivo de abogados que hizo uso de testigos falsos para reclamar irregularmente cuantiosas indemnizaciones por supuestos desaparecidos en procesos judiciales amañados contra miembros del Ejército Nacional.

Primera equivocaciónRespecto al programa de

restitución de tierras, el qué, no es reprochable. Lo que sí es inadmisible e inexplicable, es el cómo, el con quién y el para quién, como verdaderos beneficiarios de todo lo que se pretende hacer. Igualmente es muy discutible el costoso, amenazante y ruidoso desplie-gue publicitario que se viene realizando al estilo de nuestro “nuevo mejor amigo” e inde-seable vecino, con la sola dife-rencia (al parecer), de que su principal propósito (el del veci-no), no es el de “restituir”, sino el de “despojar” a sus tradicio-nales dueños.

Pensamos que al presidente Santos, ingenuamente lo está aprovechando la extrema iz-quierda de este país, y de no ser así, estaría total y peligro-samente equivocado. No vale la pena repetir, lo que con tanta claridad nos indican varios co-lumnistas de los medios nacio-nales. El caso es evidente. Casi todos los actores de este pro-grama forman parte de la tradi-cional dirigencia de la extrema izquierda, algunos terroristas reinsertados y unos cuantos simpatizantes chavistas. Para muchos, no es más que una versión acomodada del llamado

Plan Estratégico de las Farc, en lo que tiene que ver con su ‘re-volucionaria’ reforma agraria. Esto de por sí, es preocupante y constituye una gravísima amenaza, con consecuencias imprevisibles hacia el futuro, en lo que toca con la estabilidad política, social y económica de este país.

Esta misma norma, contem-pla una peligrosa figura que tiene que ver con el desplaza-miento forzado de la población civil por distintas causas y cuya falsa y acomodada interpre-tación judicial, puede conver-tirse en otra arma extremada-mente peligrosa, dentro de la guerra jurídica que enfrentan las Fuerzas Militares y que, sin duda alguna, será utilizada ha-bilidosamente durante el curso de las operaciones tácticas que se realicen en contra de los gru-pos armados ilegales.

Segunda equivocaciónUn reciente y desafortunado

pronunciamiento de nuestro Comandante en Jefe, generó malestar en la Reserva Ac-tiva de la Fuerza Pública y en muchos sectores de la sociedad, cuando pretendió señalar como únicos responsables de la evi-dente y también preocupante desmotivación de nuestras tro-pas, “a todos aquellos que así lo denuncian constantemente”.

Los que así se pronuncian ante un hecho tan evidente, lo hacen con el único fin de que el Gobierno tome cartas en el asunto ante las instancias res-pectivas del Estado, y solu-cione, no a cuenta gotas ni con promesas, sino de inmediato, los gravísimos problemas de orden salarial, prestacional y de seguridad jurídica que afectan tanto a combatientes como a retirados.

Esa es la clave para recupe-rar la moral que gradualmente se ha disminuido, y que consti-

tuye factor determinante para lograr la victoria en el campo de combate. En otros térmi-nos, es ¡fe en la causa!, eslo-gan que tanto se pregona insti-tucionalmente.

En materia de seguridad ju-rídica, lo que con urgencia se necesita, son garantías y protec-ción legal, y en materia de bie-nestar, servicios de salud, suel-dos justos, nivelación y pago de la vieja y legalmente reconocida deuda salarial. Todo esto lo sabe muy bien nuestro respetadísimo Comandante en Jefe.

Tenemos un gran Ministro, y así lo ha demostrado durante el tiempo que lleva en el cargo. Es “propias tropas”, como u-sualmente decimos nosotros en nuestro lenguaje coloquial.

A muchos nos consta que no ha hecho otra cosa que bus-car, a como de lugar, prontas y efectivas soluciones. Lo está intentando con especial interés, pero lamentablemente sin re-sultados visibles hasta este mo-mento. Trabaja muy unido con la cúpula militar, lo cual cons-tituye una importante muestra de solidaridad e integración de carácter institucional.

Sin embargo, quienes curio-samente siempre se atraviesan, son otros, Ministros del mismo equipo de Gobierno, entre ellos el del Interior, ante la mirada y actitud indiferente del Presi-dente. Nuestro buen Ministro de Defensa y nuestros mandos militares, hay que decirlo con claridad, se encuentran ama-rrados por directrices y acti-tudes presidenciales, que son las que se han convertido en el palo en la rueda para avanzar acertadamente en lo que se pre-tende. Esta es la triste y preocu-pante realidad.

tercera equivocación Tiene que ver con los incon-

cebibles pronunciamientos del Ministro del Interior ante los medios de comunicación, cuan-do de defender los intereses de la Fuerza Pública se trata.

Dos hechos más o menos re-cientes, así lo demuestran:

El primero, cuando al co-lectivo de abogados José Al-vear Restrepo se le comprobó el montaje que realizo para negociar la masacre de Mapi-ripan, utilizando falsas pruebas y testimonios para procurar la condena de un militar ino-cente y cobrar una cuantiosa indemnización por supuestos desaparecidos, aceptando sin objeción alguna, la inverosímil y cínica disculpa de “haber sido este colectivo el engañado” por los testigos que ellos mismos fabricaron para realizar esta tramoya. En esta ocasión, el Ministro declaró enfáticamente que el Gobierno nacional acep-taba plenamente las disculpas de esta colectivo “por venir de donde venían”.

El segundo, el día que se dio a conocer el funesto fallo del Tribunal Superior de Bogotá, afirmando ante los medios de comunicación que el Gobierno “los acata y no los va a desco-nocer”, dando a entender que el Ejército Nacional deberá hu-millarse y pedir perdón por la masacre cometida por el M-19 y por salvar la vida de más de cien secuestrados que logró res-catar en medio de un cruento combate, con ocasión del ataque terrorista perpetrado por esta or-ganización al Palacio de Justicia.

No da espera a los resulta-dos de los recursos legales que se puedan interponer en cada caso y desde ya, se identifica plenamente con tan reprocha-bles actuaciones.

Es más humillante que lo diga un Ministro de Estado, que los mismos colectivos o ma-gistrados que rabiosa y cons-tantemente nos persiguen. Las equivocadas políticas de este Gobierno, de no querer con-frontación alguna con quienes continuamente nos ultrajan (nuevos mejores amigos), ofen-den no solamente a las Fuerzas Militares, sino en mayor grado a la nación entera.

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OPINIÓN

Tres grandes preocupaciones de la Reserva Activa y de nuestros combatientes

Frente a la inquietante situación que se registra políticamente en el país, la cual está siendo muy cuestionada por distintos secto-res de la vida nacional, surgen serias preocupaciones que, di-recta o indirectamente, afectan no solamente a quienes como nosotros formamos parte de la Reserva Activa de la nación, sino también a nuestros con-ciudadanos y a quienes portan las armas de la República, por tratarse de temas para el inme-diato futuro de este país.

Por ahora, considero que es-tas serian las más importantes:

Primera preocupaciónNuestra improvisada y poco

exitosa política exterior, luego del frustrante resultado de la tan publicitada y costosa Cumbre de las Américas, donde ni siquiera se obtuvo un elemental compro-miso de consenso frente a los más graves problemas de tipo regional que nos afectan, remata con un torpe pronunciamiento que lesiona gravemente nuestra soberanía nacional, al anunciar-se públicamente que Colombia aceptará de plano cualquiera que sea el fallo de la Corte Interna-cional de Justicia de la Haya, so-bre las áreas marinas de nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia, así se “llegara a perder un pedacito…”.

¡Por Dios! de todos es sabido que tenemos los suficientes argumentos legales, históricos

y de tradición para ganar este proceso, tal como sucedió en 2007 cuando la Corte de La Haya determinó que el tratado Esguerra- Bárcenas tenía vali-dez y el territorio definitiva-mente era colombiano.

Sobre el particular, como representantes de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares de Colombia no aceptaremos ninguna decisión que afecte nuestra soberanía sobre el te-rritorio y zonas marinas del archipiélago, sencillamente porque son y deberán seguir siendo nuestras. Esto no tiene mayor explicación.

Segunda preocupaciónRespecto a la deuda salarial

contraída por la nación con la Reserva Activa de la Fuerza Pública en materia de IPC, la Viceministra de Defensa en un reciente pronunciamiento, en el que nada nuevo aportó respecto a lo que ya el Director de la Caja de Sueldos de las Fuerzas Militares había informado a co-mienzos de año, en el sentido de que lo relacionado con esta obligación sería pagada y que solo se espera que se pronun-cie el comité interinstitucional creado el año pasado para es-tudiar y recomendar la forma de hacer este pago. Se supone que una vez esto se produzca y el Gobierno acoja y determine la forma de cancelación, ya no será necesario entablar ningún

cursos, cuando en este mismo momento el gobierno adquiere un nuevo y gran compromiso de orden social, al anunciar que hará entrega de cien mil viviendas gratuitas para los más desprotegidos del país, y cuyo costo se estima en cerca de cua-tro billones de pesos.

El Ministro de Hacienda afirma que ya hay disponibles para financiar este proyecto más de seiscientos mil millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento no ha dicho nada sobre cualquier otra disponibi-lidad que tenga para ponerse al día con la Fuerza Pública.

¿Será que tendremos otro anuncio en tal sentido?

¿Sera que realmente habrá dinero suficiente para atender tanto compromiso, inclusive para pagar esta misma deuda

tercera preocupaciónPara terminar, el gobierno

nacional ha radicado una se-rie de proyectos legislativos de enorme relevancia para el desarrollo del Ejecutivo, que sumados a los de origen con-gresional, tienen por estos días al Congreso de la República sumido en una ardua tarea le-gislativa, sobre los cuales hay dos nuevas preocupantes situa-ciones. Como son el Fuero Mi-litar y de la competencia futura de la Justicia Penal Militar.

Sobre el particular algunos miembros de la Reserva Activa han expresado su escepticismo en cuanto a su favorabilidad para los miembros de las Fuer-zas Militares, ya que consi-deran que la creación y confor-mación de un Tribunal de Ga-rantías y de unas Comisiones Mixtas para dirimir la compe-tencia entre las justicias ordina-ria y militar, se convertiría, a la postre, en el mejor instrumento represivo para criminalizar por cuenta de la justicia ordinaria, muchas de las conductas que puedan tener relación con el cumplimiento de sus misiones institucionales, en caso de no poder establecer con absoluta claridad todo lo concerniente a su tipificación y circunstancias en que se produzcan.

Por otra parte, la vigencia de las actuales Directivas Ope-racionales que reglamentan el empleo de las tropas en ope-raciones militares, constituye también otra herramienta que, además de restar la iniciativa y la libertad de maniobra frente al enemigo, pueden ser fácilmente

utilizadas en los procesos ju-diciales contra quienes sean eventualmente inculpados.

La última inquietud, se re-fiere a la tan cuestionada Ley de Justicia Transicional ava-lada por este gobierno, según la cual se suspenderá la pena a los terroristas que se desmo-vilicen y mediante esta forma de indulto, no se les obligara a ningún tipo de reparación a sus víctimas. También se propone, entre otras, que los desmovili-zados puedan ocupar cargos de elección popular o nombrados en cargos administrativos de gobierno.

En estas condiciones, no irían a la cárcel ni tampoco tendrían ningún tipo de resar-cimiento para con sus víctimas. Además, desde sus eventuales posiciones de gobierno, ini-ciar su proceso revolucionario desde la legalidad y llegar más tarde a la Presidencia de la Re-publica, donde se instauraría un nuevo régimen con la plata-forma política del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI, o de las Marchas Patrióticas (léase antigua Unión Patrióti-ca o Farc), que ya ingresaron preocupantemente al escenario político del país.

De darse esta nueva ley de la Republica en tales condi-ciones, independientemente de lo que le pueda suceder en un futuro inmediato, los militares, óigase bien, que lucharon bajo la legalidad en defensa de la de-mocracia y de sus Instituciones, terminarán en las cárceles pur-gando elevadísimas e injustas condenas.

no solo a las reservas, sino también a quienes se e n c u e n t r a n en servicio activo, ya que por principio elemental de oscilación o de equidad, también les corresponde?

¿Cuál será la respuesta final del gobierno a estos inte-rrogantes?

tipo de demanda para reclamar lo que legalmente c o r r e s p o n -de. En aquellos casos donde cursan deman-das, estas pu-eden ser retira-das para evitar el pago de one-rosos honorari-os que se cobran por concepto de reclamaciones.

Aunque esto ya se sabía, lo preocupante es cuánto tiempo se demorará el pronunciamien-to de este co-mité, y de dónde saldrán los re-

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Rescatar el Fuero Militar, una comparación internacionalALFREDO RANGELDirector del Centro de Seguridad y DemocraciaUniversidad Sergio Arboleda

Las Fuerzas Militares de Co-lombia podrían ser las únicas que en la historia universal han soportado la abolición del fuero militar en medio de una con-frontación armada. Rescatar ese fuero es una de las urgen-cias del momento, pues se ha convertido es un asunto crucial para nuestra seguridad nacio-nal. La Fuerza Pública padece una situación absolutamente in-constitucional, pues, aun cuan-do nuestra Constitución Políti-ca en su Artículo 221 establece claramente que todos los delitos cometidos por militares en ser-vicio activo y en desarrollo de sus funciones serán conocidos y juzgados por tribunales mili-tares, sin embargo, todas las acusaciones de que son objeto los uniformados las conocen de oficio y en primera instancia los fiscales y los jueces civiles.

Esta jurisdicción ordinaria genera en las tropas una inmen-sa e insuperable desconfianza pues en muchos casos esos fis-cales y jueces civiles han de-mostrado que no tienen la im-parcialidad, ni la objetividad, ni el conocimiento necesarias para impartir justicia.

El efecto de esta inseguridad jurídica ha sido desastroso para la operatividad de las tropas que ha caído en forma vertical año tras año a partir del 2009, a tal punto que en el 2011 las Fuerzas Militares habían re-ducido el número de sus ac-ciones ofensivas contra los grupos irregulares el 80% con relación a 2003, a pesar de que en este mismo periodo se incre-mentó su pie de fuerza en 40%, su movilidad aérea subió 22%, y su presupuesto se aumentó en 61%. Continuando con esta tendencia descendente, en el primer trimestre de 2012 las ac-ciones ofensivas de las Fuerzas Militares descendieron el 52% con relación al mismo periodo de 2011.

Esta merma sostenida de la operatividad, en cuya raíz

esta la inseguridad jurídica por falta de fuero militar, sin lugar a dudas ha sido aprovechada por la guerrilla para aumentar sus acciones violentas contra el Estado, contra la sociedad y contra la economía nacional en muchas regiones del país.

En consecuencia, restablecer plenamente el fuero militar no es simplemente un asunto de interés académico o que solo incumba a los juristas. Es un tema de interés nacional porque su ausencia está afectando de manera grave la se-guridad nacional.

Dentro del complejo tema de la Justicia Penal Militar sobre-sale, en primer lugar, un asunto básico y definitivo: ¿cuál es el alcance de su jurisdicción? es decir ¿cuáles son los delitos que conocen, investigan y juz-gan los fiscales y jueces mili-tares, su ratione materiae? Este es precisamente el punto que diferencia el artículo que sobre el fuero militar fue introducido en el proyecto de reforma a la justicia, del proyecto de ley que sobre el mismo tema va a tra-mitarse en el Congreso. Así, el mencionado artículo le otorga un amplio alcance al fuero mi-litar al presumir que todas las acciones operacionales de las Fuerzas Militares son legales y hacen parte del servicio, razón por la cual los presuntos delitos cometidos en el curso de dichas operaciones militares deben ser conocidos y juzgados en primera instancia por fiscales y jueces militares. En contraste, el proyecto de ley le otorga un alcance muy limitado al fuero militar y establece unas engo-rrosas comisiones conformadas por miembros de las dos juris-dicciones, la civil y la militar, para determinar, en caso que se presente una reclamación a cuál de las dos pertenece el proceso.

No existe a nivel interna-cional una fórmula única para determinar el alcance que debe tener el fuero militar. Sin em-bargo, en la gran mayoría de los

países existe un fuero militar muy amplio cuando se trata de situaciones de guerra, de con-flicto interno, o de estados de excepción. Más restringido en algunos países cuando se trata de tiempos de paz o de normali-dad. Pero en todos ellos el fuero militar no es un privilegio para los combatientes del Estado, sino una garantía necesaria que todas las democracias le otor-gan a sus soldados, ciudadanos que ponen en riesgo sus vidas para proteger la seguridad de la nación. Con base en el libro de Federico Andreu-Guzmán (1), presentamos a continuación la situación del fuero militar en algunos países de Europa y de América, en lo que tiene que ver con el alcance que en cada uno de ellos se le otorga a la jurisdicción penal militar. Para los casos específicos de Francia e Italia citaremos un re-ciente documento de Eduardo Mackenzie (2).

En Argentina, durante los tiempos de paz, los tribunales militares conocen los delitos y faltas esencialmente militares, o sea, las que “pueden afectar la existencia de la institución militar” y que “exclusivamente las leyes militares prevén y san-cionan”. En tiempos de guerra, juzgan los delitos que son co-metidos por militares en actos del servicio militar, por órdenes de los superiores militares o por requerimientos de las au-

toridades civiles. El Código Penal Militar conoce una muy amplia gama de delitos entre los que se encuentran: delitos contra el orden constitucional; contra la lealtad a la Nación; delitos típicamente militares; delitos comunes militarizados (prevaricato, cohecho, defrau-daciones, entre otros); y delitos comunes (hasta hurto y robo) cometidos con ocasión del ser-vicio, definiendo este como “todo el que se refiere o tiene relación con las funciones es-pecíficas que a cada militar corresponden, por el hecho de pertenecer a las Fuerzas Arma-das”, en particular, lo ejecutado en funciones de combate, de se-guridad, de manejo de material, de instrucción y de formación. En tiempos de guerra el Código Militar establece procedimien-tos extraordinarios, con carac-terísticas de juicio sumario.

En Austria no hay jurisdic-ción militar en tiempos de paz. En tiempos de guerra los tribu-nales militares conocen los delitos que el Código Penal Militar tipifica como “delitos profesionales” de las Fuerzas Armadas, delitos típicamente militares y algunos delitos co-munes militarizados.

En Chile el ámbito de la ju-risdicción militar también dife-rencia tiempos de paz y tiem-pos de guerra. En este último los procesos de investigación son breves y sumarios que no

pueden prolongarse más de 48 horas. El Código Militar abarca una amplia gama de delitos que van desde los típicamente mili-tares hasta los delitos comunes cometidos en el ejercicio del servicio, entendido este como “todo aquel o tenga relación con las funciones que a cada mili-tar corresponde por el hecho de pertenecer a las instituciones armadas”, lo que permite que, incluso, los jueces militares conozcan de los casos de viola-ciones a los derechos humanos realizadas por los uniformados.

En Canadá aunque la justi-cia militar procesa solo las in-fracciones de servicio, delitos militares y faltas disciplinarias atribuidas a miembros de las Fuerzas Militares, sin embargo, se considera una infracción de servicio todo acto u omisión calificada como infracción por el código penal ordinario. Pero, cuando un asesinato o un secuestro son cometidos en Canadá, los juzgan jueces ci-viles; si ocurren fuera del país los juzgan jueces militares. No obstante, delitos como el asal-to sexual, si ocurre dentro del país, son juzgados por la justi-cia penal militar.

En Ecuador la jurisdicción de la justicia penal militar es muy amplia. Incluye no solo los delitos militares, sino delitos cometidos por militares bajo la figura de actos del servicio. El Código Penal de la Policía Civil Nacional es también muy amplio: incluye delitos con-tra el derecho internacional, policiales, contra los derechos políticos y las garantías consti-tucionales, homicidio, lesiones personales y delitos sexuales. En consecuencia, las violacio-nes a los derechos humanos son de competencia de los tribu-nales policiales.

En España, en tiempos de paz, además de los delitos típi-camente militares la jurisdic-ción militar conoce un amplio espectro de delitos: delitos comunes militarizados, o sea, cuando la ley militar tiene un mayor castigo; delitos que aten-tan tanto contra bienes jurídicos comunes como militares, sien-do esto último prevalente; y delitos comunes militarizados, esto es, que no tienen relación con lo militar, pero están incor-porados al Código Penal Mili-tar. Durante el Estado de Sitio la jurisdicción militar puede ser extendida en la declaratoria del

OPINIÓN

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mismo a delitos a delitos tipi-ficados en la ley penal ordinaria. En tiempos de guerra la jurisdic-ción se amplía aun más, además de los de tiempos de paz, a los de la legislación penal común cuyo conocimiento le atribuyan el gobierno o las leyes; los tipi-ficados por las leyes españolas, cometidos por militares en tierra extranjera; los cometidos por prisioneros de guerra; los delitos del código ordinario cometidos por civiles y que se convierten en delitos militares.

En Estados Unidos la justi-cia penal militar tiene una am-plia cobertura, además de los delitos típicamente militares. Por ejemplo, los allí llamados “delitos convencionales” que se encuentran en los códigos ci-viles: asesinato, ultraje, asalto, sodomía, extorsión, incendio criminal, uso de estupefacien-tes, etc. También están los deli-tos del Artículo General 134 del Código Penal Militar que declara criminales los actos contra el orden y la disciplina del las Fuerzas Militares, o que las desacredita. O delitos contra la aplicación de la Ley: escape de prisión, negarse a testificar, falsos testimonios, etc.

En Francia, en tiempo de paz “toda infracción o delito penal cometido por un militar, o contra un militar, es tratado por el tribunal especializado en materia militar del tribunal de grande instancia designado por la ley. El código aplicado es el código de procedimiento penal, pero el militar tiene otras ga-rantías adicionales importantes que preservan su derecho a la defensa: la acción pública sólo puede ser pedida por el Pro-curador de la República, pero únicamente si existe una de-nuncia previa de la infracción y ésta emana de una autoridad militar”. Adicionalmente, “.... ningún particular puede denun-ciar a un militar y pedir que se lo juzgue. Para evitar que una simple denuncia (justificada o de mala fe) rompa la cadena de mando, el pedido debe ve-nir de una autoridad militar y, si la acusación es seria, el Pro-curador de la República la estu-dia antes de ordenar la acción pública. La confidencialidad de ciertas informaciones puede justificar la ausencia del ju-rado popular en el juzgamiento del militar. Es posible allanar lugares militares pero respetan-do ciertas reglas. Los militares

deben ser detenidos en locales separados de los civiles”.

De otra parte, en tiempos de paz y fuera de Francia “toda infracción o delito penal co-metido por un militar o contra un militar, es tratado por el tri-bunal de las Fuerzas Militares de París, sobre todo si la infrac-ción fue cometida en un país ligado a Francia por acuerdos de defensa. El tribunal mili-tar francés en Baden Baden se ocupa de las infracciones co-metidas por las tropas francesas estacionadas en Alemania”.

Finalmente, “en tiempo de guerra las medidas de excep-ción se justifican. Los poderes del ministerio francés de Justi-cia pasan al Ministerio de De-fensa. Se instauran tribunales militares dentro y fuera del territorio nacional. Esos tribu-nales serán presididos por un magistrado judicial asistido por cuatro jueces militares. Dentro de Francia, el Alto Tribunal de las Fuerzas Armadas es com-petente para juzgar a los altos mandos. Toda decisión de jus-ticia debe ser motivada por es-crito. Toda decisión de primera instancia puede ser apelada. El Parlamento debe autorizar la declaratoria de guerra. El go-bierno, en situaciones de estado de sitio, de estado de urgencia, de movilización o de adverten-cia, puede tomar decisiones res-pecto de la justicia militar”.

En Italia, “en tiempo de paz, los tribunales militares conocen los delitos militares cometidos por los miembros de las fuerzas militares. En cambio, no existe código de procedimiento penal militar, pues el código de pro-cedimiento penal (de derecho común) es el que se aplica. En tiempos de guerra, los tribu-nales militares ordinarios son reemplazados por tribunales militares de guerra con extensas competencias. Los magistrados militares tienen las mismas ga-rantías de independencia que los magistrados ordinarios”.

En Perú, la jurisdicción mili-tar abarca también un amplio espectro de delitos que incluye los delitos militares, los delitos militarizados y delitos comunes en los que estén involucrados militares o policías como vícti-mas o como victimarios. El Có-digo Penal Militar concibe de manera muy amplia el “delito de función”, lo que ha permiti-do que incluso violaciones a los derechos humanos se incluyan

en su jurisdicción bajo las figu-ras de “abuso de autoridad”, “uso innecesario de violencia” o “privación ilegal de la libertad”.

En Gran Bretaña, las infrac-ciones al derecho común son conocidas por tribunales ordi-narios, y las infracciones mili-tares por la justicia militar. Sin embargo, por lo general las infracciones al derecho común cuando las comete un militar, son consideradas por los jueces como delitos militares y los casos son remitidos a la justi-cia castrense.

En Suiza, el sistema penal militar distingue entre tiempos de paz y tiempos de guerra. En tiempos de paz los tribunales militares juzgan a los militares por delitos cometidos en servi-cio o fuera del servicio, pero en el marco de sus deberes mili-tares. El Código Penal Militar incluye un gran número de delitos, tanto los típicamente militares, como las violaciones al derecho de gente. Pero tam-bién incluye muchos de derecho común: homicidio, secuestro, violación sexual, estafa, deli-tos contra la administración de justicia y delitos contra el pa-trimonio. La justicia penal mili-tar también juzga a empleados, funcionarios y obreros civiles de las Fuerzas Militares por ac-tos contra la defensa nacional. En tiempos de guerra la juris-dicción se amplía a civiles que cometen traición, espionaje, o ataques contra bienes militares.

En Venezuela, la justicia mi-litar juzga los delitos militares y los delitos comunes cometidos por militares en unidades mili-tares, en funciones militares, en actos de servicio, en comisiones o con ocasión de ellas. También los delitos conexos cuando el equivalente militar tenga una pena igual o mayor que el delito común. Los delitos conexos son los cometidos por dos o más personas, juntos o concertados, para perpetrar delitos o procu-rar su impunidad. Como detalle relevante, el Código venezo-lano tiene un capítulo titulado “Delitos contra las Personas y las Propiedades” que tipifica delitos comunes ejecutados por militares que “... en actos del servicio o en el desempeño de una comisión relativa a él, hi-cieran innecesario uso de armas o de otra violencia contra cual-quier persona”.

Como se puede verificar, en todos los países examinados hay

un alcance muy amplio de la Justicia Penal Militar, que solo se reduce en algunos países en tiempos de paz. Pero la gran conclusión es que en ningún país se restringe el fuero mili-tar en tiempo de conflicto o de guerra. Esto evidencia un mar-cado contraste con la suerte que ha tenido el fuero militar en nuestro país desde hace casi dos décadas.

En efecto, los gobiernos han reconocido con sus decisiones políticas, sus medidas admi-nistrativas, sus estrategias y operaciones militares, y sus iniciativas legales, la existencia de una amenaza armada contra el Estado y contra la sociedad, o de un conflicto armado inter-no, lo cual, obviamente, jamás ha significado otorgarle ningún tipo de legitimidad a los grupos guerrilleros. Sin embargo, dis-tintas decisiones de los poderes públicos han ido recortando progresivamente el alcance del fuero militar para unas Fuerzas Militares que combaten día a día en una confrontación ar-mada que les ocasiona miles de muertos y heridos. Se in-crementa con toda razón y fun-damento el presupuesto en de-fensa y seguridad para afrontar con éxito a los enemigos del Es-tado, pero se restringe en forma absurda la garantía jurídica que es el fuero militar para nuestras Fuerzas Militares. Se les otorga a los soldados del Estado más recursos y se les rodea de apoyo público y de legitimidad, pero se reduce su certidumbre jurídi-ca. Se les otorga apoyo material y político, pero se les afecta la moral con la inseguridad jurídi-

ca por falta de fuero militar.En conclusión, teniendo en

cuenta la precaria situación ac-tual del fuero militar en nuestro país y estableciendo una com-paración con su vigencia en los países democráticos del mundo, creemos que en lo que respecta al alcance del fuero penal mili-tar en Colombia, es necesario retornar sin esguinces ni ex-clusiones a lo establecido en el Artículo 221 de nuestra Consti-tución Política. Por razones de seguridad nacional es conve-niente devolverle la seguridad jurídica a nuestra Fuerza Públi-ca estableciendo que los deli-tos de que fueren acusados sus miembros en el ejercicio de sus funciones deben ser conocidos en primera instancia por los tri-bunales militares, al tiempo que se debe acometer sin tardanza la tarea de modernizar y hacer más eficiente la Justicia Penal Militar. Y ante el temor de ser objeto de señalamientos en el exterior, debemos reivindicar que esta decisión también es un acto de soberanía nacional: se trata simplemente de equi-parar el fuero de nuestras tro-pas al que existe en los países democráticos del mundo.

Notas:(1) Andreu-Guzmán, Federico. Fue-ro Militar y Derecho Internacional. Comisión Colombiana de juristas- Comisión Internacional de Juristas. Bogotá, abril de 2003.(2) Mackenzie, Eduardo. La Justicia Militar, el ejemplo europeo. 6 de abril de 2012. Este documento lo hace el au-tor con base en el estudio del diputado francés Alain Marty que se encuentra en: http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/rapports/r3530.pdf

OPINIÓN

10 OPINIÓN

El Fuero Militar, una historia que se repitePor considerarlo de interés general, publicamos a continuación una carta enviada, hace 17 años, por los entonces miembros del Consejo Directivo del Cuerpo de Generales y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, CGA, al presidente Ernesto Samper Pizano, en donde le piden “la expedición de las reformas constitucionales y legales necesarias para restablecer plenamente el Fuero Militar que le ha sido cercenado tanto en el campo penal como en las investigaciones administrativas y disciplinarias”. Aquí se demuestra que todo sigue igual y aunque pasan los años no ha habido solución a los ingentes problemas que enfrenta la Fuerza Pública, entre otras razones, dicen, por “la ignorancia que las clases dirigentes tienen sobre el papel de las Fuerzas Militares dentro del Estado”.

“Santafé de Bogotá, D.C., 12 de octubre de 1995

Señor Doctor ERNESto SaMPER PIZaNo Presidente de la República Señor Doctor JUaN CaRLoS ESGUERRa PoRtoCaRRERo Ministro de Defensa Nacional CiudadSeñor Presidente y Señor Ministro:

Con todo respeto y en nuestra condición de miem-bros del Consejo Directivo del Cuerpo de Genera-les y Almirantes en Retiro de las Fuerzas Militares, CGA, solicitamos del Gobierno Nacional, la gestión correspondiente para presentar ante el Congreso de la República la expedición de las reformas constitucio-nales y legales necesarias para restablecer plenamente el Fuero Militar que le ha sido cercenado tanto en el campo penal como en las investigaciones administra-tivas y disciplinarias. Para ello es necesario que en las disposiciones del Código de Justicia Penal Militar actualmente en estudio, no hagan nugatorio el Fuero Militar. También la reforma de las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación en cuanto dicen re-lación con las Fuerzas Militares y que el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares sea un General en servicio activo, como estaba establecido anteriormente.

Las limitaciones que se han impuesto a la Insti-tución Militar, no solo afectan su moral y su prestigio sino que disminuyen notoriamente su eficiencia, como integrante de la Fuerza Pública, en el cumplimiento de sus misiones constitucionales y legales. Apoyamos nuestra solicitud en las siguientes consideraciones:

El funcionamiento de las Fuerzas Militares se basa en el ejercicio correcto del mando, la organización y la administración disciplinaria. Estas funciones no pueden ser efectivas sin la existencia de una disci-plina basada en la responsabilidad de comandantes y subalternos, en una gran mística militar inspirada en el cumplimiento del deber y en la confianza de sus miembros en una justicia que los cobije contra las arbi-trariedades, prejuicios y atropellos a sus derechos que puedan generarse en el ejercicio de sus funciones al servicio del Estado,

Para el cumplimiento de su misión las Fuerzas Mili-tares necesitan estar imbuidas de una alta moral y sen-tirse rodeadas de un prestigio institucional reconocido por todos los colombianos.

La Institución está constituida por profesionales militares entre los que se encuentran los oficiales, suboficiales y soldados voluntarios, además del per-sonal que presta el servicio militar obligatorio. Todos consideran su misión como sagrada y se obligan a ella con el juramento a la bandera prometiendo ofrendar su vida, si ello fuere necesario, por el bienestar de la patria y sus instituciones. Esta consagración especial es la razón universal de la existencia del Fuero Militar

y del principio de la obediencia debida, que no consti-tuyen un privilegio sino una garantía de justicia para los militares, por lo que su supresión, modificación o mal desarrollo legal vulneran por su base la Institución Militar, desorganizan su funcionamiento, disminuyen su eficiencia, afectan su prestigio y minan la moral in-dividual y colectiva.

En la actualidad las Fuerzas Militares afrontan esta dura crisis. Ante la más grave y creciente alteración del orden público que haya vivido el país desde la Guerra de los Mil Días, a la institución Militar se le ha disminuido su fuero y su capacidad de mantener la disciplina. Más aún, se han introducido instrumentos legales que han permitido la Intromisión de elementos extraños a las Fuerzas Militares, que están debilitando su estructura con decisiones notoriamente injustas, claramente inspiradas en oscuros motivos que buscan perturbar la solidaridad institucional y la fidelidad al cumplimiento de la misión, especialmente en cuanto concierne al mantenimiento del orden constitucional.

La interpretación de la Corte Constitucional sobre la integración de los tribunales militares; las insólitas sanciones a los generales Jesús Armando Arias Ca-brales, Manuel Murillo González, Gustavo Pardo Ari-za y Álvaro Velandia Hurtado, como también a otros militares de menor graduación que han suscitado e1 rechazo general no solo de la Institución Militar sino también de la opinión pública, son ejemplo tanto de in-justicias flagrantes como del peligro en que se coloca la estabilidad de las Fuerzas Militares y de las demás Instituciones Nacionales. No es temerario suponer la existencia de una confabulación política concebida por elementos que aspiran al poder con el apoyo de la subversión armada que actualmente sufre el país y que para su éxito necesitan pasar sobre las ruinas de unas Fuerzas Militares cuya desmoralización y destrucción están buscando. .

Estamos seguros que la nación colombiana, de cuya entraña se nutren las Fuerzas Militares, no aceptará que estos siniestros propósitos tengan éxito, Pero es necesario denunciar la infiltración manifiesta de ele-mentos perturbadores y enemigos de las Fuerzas Mili-tares que, ayunos de la motivación política que les permitía figurar, han descubierto ahora el rico filón de la supuesta defensa de los derechos humanos para incrustarse en la burocracia nacional e internacional, tanto en los gobiernos como en las llamadas orga-nizaciones no gubernamentales, tan de moda, Además han llegado a tener éxito unas veces presionando de-cisiones gubernamentales; contrariando fallos judicia-les, y otras obteniendo sentencias que han lesionado el honor y el prestigio de las Fuerzas Militares violando los fueros y derechos constitucionales y legales que sus miembros tienen desde la Independencia Nacio-nal, en razón de su profesión. Contrariamente a cri-terios mal intencionados, las Fuerzas Militares como Institución e individualmente sus miembros han sido los más celosos defensores de los derechos humanos

y de las instituciones republicanas y no de ahora sino desde siempre. Gracias a su permanente lealtad ha sido posible la democracia colombiana como lo es univer-salmente reconocido.

Todo lo anterior está creando una situación confusa y peligrosa. Eduardo Pizarro Leongómez, eminente politólogo, lo advierte en el prólogo del libro «Estado y Fuerzas Armadas en Colombia», al señalar la ignoran-cia que las clases dirigentes tienen sobre el papel de las Fuerzas Militares dentro del Estado y dice textualmente:

“La tentación de las élites sudamericanas actuales es la misma del pasado: garantizar el retorno a los cuarteles de las Fuerzas Militares y volver a desco-nocerlas, asumir una actitud despectiva. Hasta que estas, a través de un episodio trágico, nos recuerden su existencia.... Los problemas de la defensa y seguri-dad nacional nos atañen a todos los colombianos sin excepción, y el papel tanto pasado como presente y futuro de las Fuerzas Armadas debe ser objeto de un intenso debate nacional».

Con la presente deseamos llevar al Señor Presiden-te y al Señor Ministro estos conceptos, inspirados en nuestra experiencia profesional y con el más alto sen-tido de colaboración.

Compartimos con la atribulada población colombia-na el deseo de ver restablecido en toda su integridad el imperio de la autoridad legítima en todo el territo-rio nacional, para lo cual se requiere no solo de una Fuerza Pública eficiente sino de la implantación de una política de Estado que seguida coordinadamente por las tres ramas del poder público, procure la paz.

Sin esta condición esencial no puede pretenderse que la sola Fuerza Pública la obtenga, siendo por con-siguiente una falsa apreciación culpar a las Fuerzas Armadas de ineficiencia en el sometimiento de los subversivos y criminales cuando hay factores que ha-cen parcial o totalmente írritos sus esfuerzos.

Creemos que no puede buscarse la paz sobre el falso supuesto de que el Estado es incapaz de imponer su autoridad. Estamos seguros de que con una política co-herente y dando a la Fuerza Pública en general y par-ticularmente a las Fuerzas Militares el marco jurídico que les es propio, además de los recursos necesarios, El Estado hoy bajo su digna dirección, podrá defender la soberanía nacional, la integridad territorial y darle a los colombianos la protección para su vida, honra y bienes, a que tienen derecho y que hoy ven angustio-samente menguada.

Atentos servidores y compatriotas.

General ALBERTO RUIZ NOVOA Presidente General (Fac) RAÚL ALBERTO PAREDESPrimer VicepresidenteAlmirante GUIDBERTO BARONA SILVASegundo vicepresidente Brigadier General RAÚL MARTÍNEZ ESPINOSA Secretario”

OPINIÓN

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Ser Comandante:honor institucional o desgracia jurídicaCaso del mayor Mauricio Ordóñez Galindo, comandante Gaula del departamento del Valle

Editorial Centro Pensamiento Político Militar

Si en la vida militar existe ma-yor honor éste lo constituye el ser Comandante, titulo para el cual se prepara desde los pri-meros años de formación y con el que culmina su carrera. La historia nos presenta las haza-ñas de los grandes comandan-tes que se proyectaron como héroes y líderes inolvidables en el alma y corazón de sus pueblos y en motivo de admi-ración y estudio para nuestras academias. Los Oficiales y Suboficiales del Ejército de Colombia están preparados para ser Comandantes, pero más aún, ser líderes ejemplares, de carácter, de principios y va-lores, que toman decisiones con un profundo sentido del honor institucional y personal.

Desafortunadamente todas estas virtudes, todos estos años de formación, capacitación y experiencia del comandante y líder militar son destruidos, ignorados y avasallados por una justicia politizada, igno-rante de la guerra que se libra y con una profunda confusión sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, las leyes de la guerra, que para la omnipotente justicia ordinaria, simplemente no existen.

El mayor Mauricio Ordóñez Galindo, oficial destacado del Ejército por su desempeño pro-fesional, hoja de vida, logros como comandante, líder en el campo de combate y merecedor de honores que la institución le otorga a sus mejores hombres, en el año 2007 se desempeñaba como Comandante del Gaula Valle, cuando en cumplimiento de sus responsabilidades les or-denó a sus hombres la ejecución de una operación militar, lo que a la postres los llevó a todos a una condena de 46 años de cár-cel, en una decisión jurídica de aberrante desconocimiento de la ley, sevicia inaudita e injus-ticia aterradora.

Con las sentencias de pri-mera y segunda instancia en la mano y para no correr el riesgo del sesgo que estamos destacan-do, presentamos los hechos que allí se consignan para que lecto-res civiles y militares lleguen a sus propias conclusiones:

- La operación militar de registro y control militar de área se realizó con base en in-formación recibida en el Gaula y verificada con la inteligencia militar disponible en el escalón superior.

- La orden de operacio-nes escrita se elaboró con el cumplimiento de todos los requisitos que hoy en día exi-gen las normas, instrucciones y reglamentos vigentes, inclu-sive la revisión de la misma por parte de la oficina de Derechos Humanos.

- La patrulla se desplazó al mando de un capitán, alcanzan-do el objetivo (mina de carbón) en horas de la noche.

- Estando en el dispositivo y coincidente con la información llegaron cuatro hombres arma-dos, se presentó el combate los cuatro antisociales reacciona-ron, hicieron uso de sus armas y fueron dados de baja. Medicina Legal les encontró uso de co-caína y alcohol.

- El Capitán inmediatamente llamó al Mayor y le informó del resultado y este, a su vez, co-municó el hecho a la Fiscalía y solicitó la presencia del CTI en el lugar del combate.

- Simultáneamente el CTI y el mayor Ordóñez se hicieron presentes en el sitio del com-bate aproximadamente a las dos horas de los hechos, entre once o doce de la noche.

En términos generales, estos fueron los hechos que sucedie-ron en cumplimiento de la or-den y en desarrollo de la ope-ración militar del Gaula.

No obstante, es imperativo conocer los argumentos y con-

clusiones de las sentencias de primera y segunda instancia que justifican la inesperada de-cisión jurídica de la condena.

Concluyen que la orden de operaciones es ilegítima, porque en cumplimiento de la misma se llegó a la baja (asesinato según Fiscalía y juez) de cuatro su-jetos, a pesar que la misma se elaboró cumpliendo las normas establecidas e incluyendo to-das las instrucciones ordena-das y exigidas en respeto de los DD.HH. y el DIH. La orden fue legítimamente elaborada pero la declaran ilegítima por el resul-tado de la misma.

Concluyen que el uso de gastos reservados y pago de recompensas es una muestra de que a los acusados los ani-maba y actuaron con interés económico, valiéndose de in-formantes falsos para cobrar las sumas canceladas. (Para el caso, el Gaula utilizó el ru-bro de gastos reservados y la Regional de Inteligencia, el pago de recompensas).

Una de las conclusiones más contundentes es el hecho de que la patrulla no llevó a la operación de registro y control militar de área al fiscal asigna-do al Gaula.

Concluyen que no hubo combate y que los cuatro indi-viduos fueron ejecutados por la patrulla. Que lo que se presentó

así mismo, que hubo dolo con el agravante que conocían con anterioridad el estado de in-defensión de las víctimas, que hubo desproporcionalidad por las armas que se utilizaron y porque cada uno de los inte-grantes de la patrulla tomó posición y ejecutó una labor dentro de lo planeado cri-minalmente. Además, señalan que la actividad desplegada por los militares no guarda relación con los principios que ciñen las reglas del combate (?), como son la necesidad, excepcionali-dad y proporcionalidad.

Un perito del CTI hace el análisis del combate, ubicación y actuación de cada miembro de la patrulla y llega a sus acomo-dadas y sapientes conclusiones.

- Se presentó la manipu-lación descarada de testigos, que después desaparecieron con el argumento de ser testi-gos protegidos.

- Concluyen que se alteró la escena, porque los cuerpos se movieron. El Capitán declara que él ordeno al enfermero de combate constatar la situación médica y separar el arma del alcance de cada uno de los su-jetos, mínima medida de verifi-cación de si había algún herido para prestarle la atención re-querida y de seguridad para prevenir reacciones.

- El mayor Mauricio

Ordóñez Galindo no estuvo en el sitio del combate, lo conde-nan como determinador por ser el Comandante, por haber emi-tido la orden (legítima) y, su-puestamente, por haber planea-do y acordado con la patrulla el montaje del combate. Se aplica la famosa teoría de Roxin y, por lo tanto, la patrulla conformó una empresa criminal.

- Entre las injustas conde-nas encontramos miembros de la patrulla que no participaron directamente en el combate por la ubicación que le fue asignada, que no dispararon su arma y que recibieron la pena de 46 años.

La interpretación de este cor-to resumen es de los lectores y ésta nos lleva a concluir que si realmente hubo un montaje, que si los sujetos fueron asesinados como lo sostienen la Fiscalía y el juzgado, la simple condición humana haría que ante la in-justa y extrema condena de 46 años de cárcel al menos uno de los integrantes de la patrulla hablaría y contaría la supuesta verdad a nuestra omnipotente justicia. Regularmente las sen-tencias de segunda instancia se demoran uno o dos años, en el presente caso con una vertigi-nosa y sospechosa velocidad el Tribunal se tomó escasos dos meses.

Ninguna duda, el mensaje es directo, el objetivo de la politiza-da justicia es condenar a nuestros líderes y comandantes.

fue una confabu-lación para la simulación del mismo.

El número te-lefónico de la línea del Gaula para atención al público, lo adju-dican malévola-mente como per-sonal del Mayor, para poder de-mostrar que hubo un montaje por llamadas reci-bidas.

C o n c l u y e n ,

OPINIÓN

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martes 15 de mayoEnvíe sus artículos y colaboraciones al correo:

periodico@acore.org.co

CIERRE DE EDICIÓN 520

La nueva Justicia Penal MilitarBrigadier General EDGARD PEÑA VELÁSQUEZ

Las reformas de la justicia mili-tar llaman hoy a un momento histórico para evaluar las reali-dades que se han venido igno-rando durante varias décadas desde cuando sólo se garan-tizaba la acción del policía de la esquina en el momento de identificar a un sospechoso o cuando un soldado conducía a unos campesinos al cuartel para verificar su identidad, actuacio-nes y filiación política. Eran los tiempos de la violencia partidis-ta en que las mayores alteracio-nes del orden público radicaban en que las fuerzas del Estado se parcializaran en uno u otro sen-tido, tolerando la autonomía de la fuerza material y su falta de control, lo cual permitía que las agrupaciones políticas ganaran sus favores; había un equilibrio implícitamente consensuado entre los desafueros políticos y los desbordamientos en el uso de las medidas coercitivas.

Hoy, ante el desarrollo ideo-lógico de las corrientes del pensamiento, el profesiona-lismo alcanzado por las banca-das, la evolución de las carreras militar y policial y la influen-cia doctrinaria recibida, los argumentos son más sesudos, radicales y tienen fundamentos jurídicos, políticos y animados por la voluntad del gobierno nacional de acercar la situación del país a la convivencia re-clamada internacionalmente. En los últimos cincuenta años nos hemos culturizado; ya no se trata solamente de obser-var la dogmática jurídica que asigna a cada estamento sus funciones, sino de considerar la conveniencia que permita una armonía contextualizada, ar-mónica con el estatuto constitu-cional, con la jurisprudencia in-ternacional y con la inspiración de las altas cortes. Nos hemos venido adaptando con rigor, a la disciplina de las comuni-dades internacionales para dar cada vez más énfasis al respeto por los derechos humanos, a la legalidad, al debido proceso y a la presunción de inocencia, entre otros principios rectores del proceso penal, y así vamos

encontrando el camino de la sensatez, de la solución de difi-cultades por la vía del diálogo y la inteligencia.

No existe entre nosotros un marco legal para el uso de la fuerza en un contexto de con-flicto armado de carácter in-terno. Si observamos las nor-mas de justificación de la con-ducta, en materias penales y de policía, concluiremos que el miembro de la autoridad obra en igualdad de condiciones al ciudadano común; esto es, en virtud de legítima defensa, de estado de necesidad, por previsión de la ley, por orden superior de autoridad compe-tente, lo cual quiere decir que el soldado y el policía son ciu-dadanos del común y como tales obran en defensa de la sociedad. Nos hemos dedicado a dise-ñar estrategias bélicas cuando necesitamos un ordenamiento político militar; los factores amenazantes de diversa índole vienen afectando las orga-nizaciones políticas, sociales, económicas, productivas, razón por la cual es menester ramifi-car los alcances del fuero, ante todo en el campo penal, sin per-juicio de lo que pueda ocurrir en otros estadios como el dis-ciplinario y el penitenciario. El uniformado debe responder por sus actos ante múltiples jerar-quías, como la de su Institución, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, los organismos de control interno y sus múltiples jefes a quienes debe obedien-cia, respeto y acatamiento.

Nuestro conflicto es interno e implica graves agresiones con-tra la dignidad humana y exige el acatamiento del Derecho Internacional Humanitario, pe-ro esto ha significado que las dependencias del Estado con-formen equipos, abran oficinas y hagan presencia en múltiples foros en que se defienden los intereses de las Farc, el Eln,

las bacrim y otros organismos delincuenciales, pero sin que se que haya unidad de criterio que permita apuntar a una fi-nalidad específica respecto del respeto por la profesión de la seguridad pública, que pocos han considerado como el ver-dadero apostolado que signifi-ca. Cuando se clama por el im-perio del Derecho Internacional Humanitario, los Derechos Humanos y la vigencia del or-denamiento jurídico nacional, a los militares y policías se les considera victimarios antes que víctimas. No hemos tenido el suficiente cuidado de hacer valorar a los uniformados su inmensa responsabilidad en el propósito educacional de la po-blación, ni les hemos hecho en-tender que asumen un compro-miso generacional con el mo-mento que viven. Carecemos de tipificación de los delitos que puedan verse cometidos en virtud del DIH, no tenemos congruencia con los Derechos Humanos ni aparecen clara-mente definidas las conductas relacionadas con la planeación, preparación, ejecución y eva-luación de operaciones milita-res ni de policía. Entre nosotros, la Policía Nacional es un cuerpo que labora a la par con las fuer-zas militares, pero que no cuen-ta con la Policía Judicial ni con la Fiscalía Militar especializada que consagra el nuevo código castrense. Nuestras fuerzas mi-litares y de policía carecen de la relación de los comportamien-tos que se ajustan a lo previs-to en el Artículo Octavo de la Corte Penal Internacional y su desarrollo jurisprudencial.

En materia de reglamentos, manuales, directivas y otros documentos administrativos de las fuerzas, sólo enredan, con-funden y hacen más compleja la labor de comprensión de la normatividad existente. Mejor suerte tendríamos al contar

con documentos concretos, referenciales, estructurales y de contenido macro. Por ello, la comisión de que la honro-samente hice parte, propuso al Gobierno Nacional la reforma de los artículos 116, 152 y 221 constitucionales; el primero de los citados, para agregar a las autoridades que adminis-tran justicia, una comisión de garantías para los soldados y policías de la Patria, que, de entrada al proceso, indique a qué autoridad corresponde su asunción para asegurar la in-dependencia, imparcialidad, el debido proceso, la legalidad. Esto obedece a que es frecuente que se susciten discrepancias como consecuencia de la falta de información inicial y en ese momento procesal, el Consejo Superior de la Judicatura no cuenta con información sufi-ciente para determinar una competencia formal, como sí lo podrá hacer más adelante. Ahora bien, mediante ley es-tatutaria se señalará el proce-dimiento que evite caer en ligerezas que afecten sensible-mente el fondo de lo debatido.

Respecto del Artículo 221 de la Carta, ante todo, lo im-portante es descartar aquellos delitos que son competencia de la jurisdicción ordinaria en todo caso. Así, se enumerarán por lo menos, el genocidio, la

tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado, la violación y los abusos sexuales, como los más significativos; es-toy seguro que el debate abrirá las puertas para la contradicción a este respecto. De otra parte, el privilegio para el miembro de la Fuerza Pública de ser juzga-do por sus jueces naturales, de donde se infiere la necesidad de crear un fuero penal policial, ya que en la actualidad, en se-gunda instancia, la mayoría de los magistrados son militares y la carga de trabajo de esa sede, descansa en buena parte en las fuerzas de policía. La Dirección de Justicia Penal Militar de-bería ocuparse del manejo de estas inconsistencias y no limi-tarse a ser una dependencia más del Ministerio de Defensa en-cargada del manejo administra-tivo del personal, del suminis-tro de recursos, de los traslados y otras cosas menores que bien podrían ser delegadas a otras autoridades, como el Tribunal Superior Militar. La Dirección de Justicia Militar equivale en la práctica al Consejo Superior de la Judicatura y debería asumir las funciones que a él corresponden por ley.

Vamos hacia una reforma constitucional y legal; estamos en un momento crucial en que podemos alcanzar el sitial que nos corresponde; sólo falta la información adecuada a nuestro personal y la decisión de incur-sionar en los campos políticos que nos prodiguen las garantías que necesitamos, y esto se obtendrá a partir de la infor-mación completa y oportuna a nuestros hombres de manera que se hagan conscientes de la verdadera razón de ser de las instituciones a que pertenecen y la responsabilidad que a cada quien corresponde.

Carecemos de tipificación de los delitos que puedan verse cometidos en virtud del DIH, no tenemos congruencia con los Derechos Humanos ni aparecen claramente definidas las conductas relacionadas con la planeación, preparación, ejecución y evaluación de operaciones militares ni de policía.

OPINIÓN

13OPINIÓN

Una estrategia eficazMayor General

ALBERTO GUZMÁN MOLINA

“.... sin la Fuerza Aérea, no estaríamos celebrando los triunfos...”

La cita fue tomada del discur-so del presidente Juan Manuel Santos, en la sede del Comando Aéreo de Transportes Militares, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea.

En una expresiva y por mo-mentos emotiva intervención, el Jefe del Estado, destacó el compromiso de la Institución con la seguridad del Estado, hizo un cálido elogio de sus integrantes que con patriótico empeño y lujo de competencia, cumplen a cabalidad la sagrada misión que se les ha encomen-dado. Se refirió de manera es-pecial a su comandante, general del aire Tito Saúl Pinilla, del que destacó su experiencia pro-fesional y liderazgo.

Sin restarle protagonismo a las Fuerzas de superficie que, de hecho lo tienen y en alto grado, por su lucha constante, abne-gada y exitosa contra el flagelo del terrorismo, las estimulan-tes palabras del Presidente de la República en nombre de la nación, se interpretaron como un reconocimiento de especial relevancia a los miembros de la institución aérea, por los im-pactantes resultados de misio-nes puntuales que, algunos han calificado de espectaculares.

Su precisión y contundencia han ratificado ante el mundo el profesionalismo de nuestros pilotos militares, su efecto ha llegado a sobrepasar los límites de lo estrictamente operacional para incidir positivamente en la moral de las tropas y hasta en el optimismo ciudadano.

En uno de los apartes del discurso, el Presidente hizo alusión expresa al orgullo que como colombiano ha experi-mentado en el exterior, cuando jefes de Estado y otras perso-nalidades de países amigos, se han referido a la Fuerza Aérea Colombiana en términos alta-mente elogiosos. A ese reco-nocimiento que ha traspasado fronteras y despertado admi-ración en otras latitudes, se agrega el especial sentimiento que no tiene límites, de todos los que un día portamos orgu-llosamente las alas de nuestra institución.

La estrategia en ejecución que, por sus resultados y para efectos de este escrito he de-nominado eficaz, empezó a mostrar sus mejores frutos des-de el momento que el Comando General de las Fuerzas Mi-litares, para enfrentar el conflic-to interno, decidió optar por las operaciones conjuntas. Al con-

jugar armónicamente las for-talezas inherentes al Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional y en forma co-ordinada optimizar su empleo hacia un objetivo común, en corto tiempo se pudieron obser-var sorprendentes resultados. Dentro de ese marco estratégi-co general, la Fuerza Aérea, en particular, quiso también hacer un viraje doctrinario en su for-ma de operar. Apartándose un poco de la tradicional ortodo-xia, decidió innovar en tácticas de combate, fundamentadas en una tecnología de avanzada y a la vez sencilla. Cuatro aspectos, entre otros, se tuvieron en cuenta:1- Inteligencia del más alto ni-vel compartida estrechamente entre las Fuerzas.2- Aeronaves apropiadas para operar en la compleja geografía colombiana.3- Sistema de entrega de armas moderno y preciso.4- Personal de pilotos y de otras especialidades, debidamente entrenados.

La visión LesmesLe correspondió al general

Edgard Lesmes Abad, como Comandante de la Fuerza Aérea en aquel momento, seleccionar la

aeronave que mejor se adaptara a las condiciones enunciadas.

Sobre el particular se refe-ría el general Lesmes: “Desde hace varios años se venía tra-bajando en la selección de un equipo de vuelo que fuera el más adecuado para enfrentar la amenaza interna, básicamente conformada por el narcotráfico disfrazado de insurgencia. En cumplimento de procedimien-tos previamente establecidos, se fijaron las características del avión ideal y se organizó un comité de técnicos expertos en diferentes disciplinas.

A través de un largo y dis-pendioso proceso, se analizaron a fondo varias aeronaves su-ramericanas, norteamericanas y europeas, al final en forma unánime fue seleccionado el Super-Tucano A-29, avión fa-bricado en Brasil. Esta deter-minación estrictamente técnica, también se ajustaba a las políti-cas económicas del gobierno, como siempre restrictivas en lo que se trata de gasto.

Al conocerse la decisión que por supuesto era pública, apa-recieron opositores entre ellos algunos senadores. De amplia difusión en los medios de co-municación, locales y del exte-rior, fue el debate en el Senado de la República al que fui cita-do a dar explicaciones.

No tuve ningún inconvenien-te en ir al Capitolio Nacional. Conocía perfectamente que el Congreso tenía la facultad de ejercer control político a los funcionarios públicos. Debo manifestar que me causó extra-ñeza que se promoviera un de-bate en el Senado, con el único propósito de tratar de cambiar una decisión institucional de la Fuerza Aérea, tomada en con-senso por especialistas en la materia. Yo estaba tranquilo por lo que se había realizado. Los hechos nos han dado la razón”.

Por obvias razones, el de-bate transcurrió sin el éxito que esperaban sus promotores. En un inusitado afán por que se cambiara la propuesta de la FAC, sin conocerse a la fecha la razón de esa insistencia, lle-garon a formular argumentos carentes de soporte técnico, se atrevieron incluso a sugerir aviones que la Institución había descartado por no cumplir con los requisitos exigidos.

En tono reposado, emplean-do una terminología com-prensible a todos, el general

Edgar Lesmes afrontó el de-bate con autoridad y dignidad. Respaldado por los estudios que personalmente había dirigi-do con el concurso de personas idóneas y de la mayor credibi-lidad y con su criterio de ex-perimentado piloto de combate, respondió a los congresistas, todos sus interrogantes.

Vehementemente defendió la transparencia del procedimien-to adoptado y la honestidad de los que habían participado en su elaboración. Irónicamente, esta propuesta que despertaba dudas en los senadores, sería la que a la postre arrojaría los mayores éxitos.

Como resultado de que pri-mara la razón, el Super-Tucano tripulado por expertas manos de jóvenes pilotos de la Fuerza Aérea, se ha convertido en la estrella de una estrategia que a todas luces ha impactado. Sus excelentes resultados han ido más allá de nuestras fronteras. El general Lesmes y su gente deben estar satisfechos de su importante contribución. El y todos los que lo han sucedido en el comando de la Institución y a los que les ha correspondi-do utilizarlos, son los merece-dores del reconocimiento que en nombre de la nación, hizo en Catam el Presidente de la República.

En mi calidad de oficial que tuvo el honor de vestir el uniforme azul por casi cuatro décadas, manifiesto que me identifico plenamente con las palabras del Jefe del Estado que, a todos emocionaron. Me veo obligado a agregar, porque así lo siento, que es en extremo gratificante observar la pre-paración intelectual y técnica que hoy muestran oficiales y suboficiales. Los avances téc-nico científicos a nivel institu-cional, producen orgullo impo-sible de disimular.

Hoy, como nunca, es fac-tible valorar lo que significa para una Nación democrática y soberana, tener para su de-fensa una Fuerza Aérea efici-ente. La nuestra que no es la más sofisticada, ni la mejor dotada pero tampoco la más costosa en términos monetar-ios, cuenta si con un valioso grupo humano que con in-genio, iniciativa y mística su-pera las carencias y logra para Colombia increíbles éxitos. Es lo que el país está presen-ciando. Ni más ni menos.

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Comentario frente a una inexplicable y peligrosa actuación

El pasado 20 de abril, el periódico El Tiempo hizo referencia a los acontecimientos registrados con ocasión de la protesta realizada por un grupo de reservistas en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. Pocas veces la gran prensa nacional se había ocu-pado de las justas reclamaciones de la Fuerza Pública y les había dado cierto despliegue. En esta ocasión, el periódico hace referencia los hechos pero mediante un editorial del el-tiempo.com, y no en la edición impresa, como hubiera sido lo deseable.

Lamentablemente, el editorialista solo hace referencia a las reclamaciones de tipo salarial. Omitió, no se sabe si deliberadamente o por desconocimiento, temas como los de inseguridad jurídica y lo relacionado con aspectos fun-damentales de bienestar social, como los servicios de salud que colapsaron hace mucho tiempo, en perjuicio de quienes, como miembros de la Reserva Activa, les corresponde re-quieren urgentemente, especialmente porque se trata de per-sonas que se encuentran en la llamada tercera edad.

La perla negra de la protesta a que se hace referencia el editorial, corresponde a la agresión de que fueron víctima los servicios de seguridad del Palacio Presidencial, por la ac-tuación inexplicable de unos extraños revoltosos que sorpre-sivamente aparecieron y que quisieron generar una tragedia de grandes proporciones, para comprometer y poner en tela de juicio, la buena imagen de nuestras instituciones arma-das, que en cumplimiento de su deber, como es obvio, hubie-ran podido usar sus armas y producir una terrible desgracia.

Quienes estuvieron presentes en el lugar, manifiestan que esa no fue la intención de los militares y policías partici-pantes, y que los causantes de todo, fueron jóvenes de me-diana edad, que al parecer tenían consignas claras y muy precisas para actuar de esta manera, a fin de producir una tra-gedia de fatales consecuencias. Por fortuna, esto que segura-mente se planeó por personas ajenas a la Reserva, no se logró.

Ojala que más adelante se pueda aclarar todo lo aconte-cido, ya que la buena imagen, la dignidad y el señorío que caracteriza a los miembros de la Reserva Activa de la Fuerza Pública, podrían verse perjudicados por una bochornosa ac-tuación que, sin lugar a dudas, fue generada y protagonizada por unos pocos e indeseables extremistas, ajenos a nuestras respetables asociaciones.

EDITORIAL DE ELTIEMPO.COM

Una cuestión de justiciaeditorial@eltiempo.com.co 21 de abril de 2012

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De preocupantes e inusitadas pueden calificarse las imágenes de un centenar de policías y mi-litares retirados, hasta con pró-tesis en alto, frente a la Casa de Nariño, para reclamar una nive-lación de sus pensiones de retiro y de las indemnizaciones a las que tienen derecho cuando que-dan incapacitados de por vida como resultado de su labor en servicio. En este país en guerra, con enemigos brutales, sem-brado en 31 departamentos con minas antipersonales, muchos uniformados sufren mutilacio-nes. Van más de 5.700 desde 1990. Aparte de quienes deben retirarse por heridas en combate.

Triste resulta, entonces, que quienes han defendido este país a riesgo de su vida y muchas veces se han constituido en ver-daderos héroes de guerra ahora,

seguramente contra su volun-tad, deban acudir a la mani-festación pública para exigir sus derechos. Esto envía varios e inconvenientes mensajes. Primero, a los hombres hoy en filas, quienes se juegan enteros en distintos lugares de la geo-grafía nacional, con la fe de que un día serán de la reserva con plenas garantías para ellos y sus familias. Esto podría desanimar también a los que están pensan-do en abrazar la carrera militar.

Pero, además, es cuestión de justicia. Lo menos que se puede hacer es atender las peticiones y aligerar los procesos, sin que los retirados tengan que acudir a situaciones de desespero como la citada. Por eso hace bien, y ese es el derecho, el Ministerio de Defensa al anunciar que pondrá la mayor diligencia e iniciará una maratón de descon-gestión de pensiones para uni-

formados activos y en retiro. Si son justas las exigencias, si tienen derecho a las nivelacio-nes, el Estado debe proceder con la mayor prontitud.

Un país como este, con más de 400.000 uniformados en las distintas armas, con tantas víctimas de minas, de ataques y de secuestros; un país como Colombia, en el que, además, soldados y policías enfrentan tantos enemigos, no se puede dar el lujo de permitir que quienes defendieron las instituciones y a la ciudadanía en general se les deje un tanto en el olvido. Queda visto que el Gobierno y el Ministerio del ramo toman nota de ello. Porque, en todo caso, quienes empuñan las ar-mas del Estado deben tener la certeza de que les van a cumplir. Esa imagen de la mejor empre-sa que son las Fuerzas Armadas se debe mantener.

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OPINIÓN

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Nuevos asociadosLos siguientes oficiales y beneficiarias han ingresado como Asociados de ACORE:

Sra. Enelia Aristizábal de Montoya QuindíoMY Ejc Fernán Ramiro Álvarez Torregroza AtlánticoTE Ejc Karen Andersen Pulido AtlánticoMY Ejc Álvaro de Jesús Ariza Fontalvo AtlánticoTN Arc María Eugenia Báez Navarrete AtlánticoMY Ejc Marcos Cantillo Ascanio AtlánticoTE Ejc Pablo Alberto Coronell Goenaga AtlánticoCT Ejc Rafael Juan Donado Henríquez AtlánticoMY Ejc José Orlando González Nieto BogotáTC Fac Daniel González Rubio Vallejo ValleTF Arc Francisco de Paula Laverde Toro MagdalenaCF Arc Martín Eduardo Mestre Yunez AtlánticoTE Ejc Guillermo Otero Vidal AtlánticoTC Ejc José Hernán Palacio Betancourt AtlánticoTE Ejc Germán Enrique Perea Posada BogotáCO Arc Fernando Plata Orozco BogotáTC Ejc Cesar Quiceno Montoya QuindíoTE Ejc Gabriel Quiñones Guzmán BogotáCO Ejc James Rincón Ávila AntioquiaCC Arc Javier De Jesús Rodríguez Andrade AtlánticoTE Ejc Carolina Rodríguez Meisel AtlánticoTF Arc Javier Enrique Romero Mercado AtlánticoCT Fac José Eduardo Romero Padilla BogotáMY Ejc Álvaro Moisés Ruiz Guerra AtlánticoMY Ejc Gildardo Usma Cortés AtlánticoSra. María Esperanza Vargas Sánchez BogotáTC Ejc Néstor Olinto Velásquez Londoño MetaCO Arc Orlando Ramirez Guerrero Bogotá

FallecidosBG Fac Miguel Alberto Meléndez Gómez BogotáMY Ejc Mario Enrique Montejo Suárez BogotáSra. Beatriz Moreno de Sus BogotáMY Ejc Francisco Uriel Peña Jiménez Bogotá

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Se invita a los nuevos y demás afiliados que no hayan reclamado el certificado, acercarse a la Gerencia del AVODE, para firmar el Certificado de Afiliación. atENCIÓN: Aquellos afiliados a quienes CREMIL no les esta haciendo el descuento correspondiente por AVODE, deben pagar por ventanilla en ACORE.

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Patricia Guendica Villegas $ 5.048.491Cecilia Guendica Villegas $ 5.048.491Juliana Guendica Villegas $ 5.048.491Oscar Alberto Guendica Molina $ 2.524.245

Margarita Gaitán de Gutiérrez

José Alirio Gutiérrez Murillo $ 7.964.744 Alonso Enrique Ardila Riberos $ 3.413.462

Beatriz Moreno vda. de Sus Juan Camilo Sus Moreno $ 10.111.052totaL $ 39`158.976

Nuevo consejo Directivo de ConfecoreLa Asamblea General Ordinaria de que la Confederación Colombiana de Organizaciones del Personal en Retiro y Pensionados de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Confecore, que se realizó el pasado 13 de abril, designó el nuevo Consejo Directivo, inte-grado por los siguientes dignatarios: Presidente Nacional, MG Juan Salcedo Lora Vicepresidente Nacional, SM Alain Flórez Ramírez Consejeros principales BG Jaime Ruiz Barrera, presidente ACORE CO Elkin de Jesús Silva Pineda, presidente Acorpol SM Luis Enrique Villalobos, presidente Acolsure Bogotá SP Eduardo Zambrano Peñuela, presidente Asoproclub SM Arturo Valdelamar Morales, presidente Coopsumir

Actualización de los registros de armas de fuego

El Comando General de las Fuerzas Militares a través del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y las seccionales en concordancia con lo previsto en el Artículo 97 del Decreto Ley 0019 de enero de 2012, que trata de la actualización de los registros de armas de fuego con salvoconducto o permiso para porte o tenencia vencido, se permite informar a la ciudadanía que:

1. Los usuarios que tengan armas legales registradas en el archivo Nacional Sistematizado de armas con salvoconducto o permiso para porte o tenencia ven-cido, podrán previo cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1119/06 y la generación de la cita, deberán acercarse al Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos o a la Seccional de su jurisdic-ción, para solicitar por trámite de revalidación la actualización del registro entre el 1 de marzo de 2012 y el 28 de febrero de 2013, pagando % de SMLV.

Si no desean actualizar los registros del (las) arma(s), podrán optar por la devolución al Estado, para lo cual deberán allegar certificación de la cuenta bancaria; con el fin de poder consignar el valor que resulte del avaluó según la tabla del Comando General de las Fuerzas Militares.

2. Los usuarios que tengan armas de fuego cuyo titular este fallecido, tam-bién podrán optar por la actualización de los registros, siempre y cuando sea un causahabiente conforme a lo señalado en el parágrafo 1, literal a, artículo 40 del Decreto 2535/93, previo cumplimiento de los requisitos de Ley o podrán devolver el arma al Estado.

3. Los usuarios que tengan armas de fuego de forma ilegal, ya sea por no contar con salvoconducto o permiso de uso o no tener factura de asignación del CGFM o no tenga procedencia legal, deberán entregarlas en el termino establecido (01/03/2012 al 28/02/2013) para lo cual se les reconocerá una com-pensación en dinero por cada arma entregada, conforme a la tabla de avaluó del CGFM establecida. Coronel Germán Isaías Niño Rodríguez Jefe Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos

INSTITUCIONAL

16 SALUD

Seguimiento a la sistematizacióndel servicio de salud militar El proceso de sistematización del Sistema de salud de las Fuerzas Militares sobre la plataforma SAP, puede convertirse en monumento al despilfarro

El representante de los Oficiales en Retiro y Pensionados del Ministerio de Defensa, Brigadier general Guillermo Bastidas, ante el Comité de Salud de las Fuerzas Mili-tares y en su condición de Secretario General de ACORE, manifiesta con preo-cupación la existencia de presión política para que después del descalabro de la sistematización del Sistema de Salud con la plataforma SAP, se insista en continuar asignándole recursos cuando las experiencias en otras entidades del Ministerio de Defensa han sido desalentadoras y muy preocupantes los pronósticos de expertos que mencionaremos a continuación.

El Secretario del Comité de Salud de las Fuerzas Militares, que es el Director General de Sanidad Militar, tiene entre sus funciones el registro de los asuntos trascendentales tratados en las sesiones de ese cuerpo colegiado; si bien es cierto que cabe la posibilidad de un error humano en las trascripciones, no es normal que sea repetitivo, más aún, cuando se trata de temas de importancia y genera suspi-cacias y reclamos cuando con lo que allí se escribe se termina facilitando lo que precisamente se quiere evitar.

La inversión reiterada de recursos del Subsistema de Salud en sistematizaciones fallidas con la plataforma SAP, justificadas con argumentos que ofenden el sentido común, pretenden solamente minimizar la responsabilidad de equivocaciones an-teriores, esto es simplemente solucionar un error con otro de peores consecuencias para el Subsistema. Esta actitud tiene muy preocupados a los Representantes de la Reserva Activa y, en ese sentido, ha sido clara mi posición al respecto y exijo mayor cuidado y precisión en el registro de las sesiones

El SISAM es una herramienta fundamental sin la cual es materialmente im-posible organizar el Subsistema para atender con facilidad y oportunamente a los 680.000 usuarios, facilitando la integración funcional sin importar el color del uni-forme, combinando los servicios directos de sanidad militar con los que se pueden contratar con aseguradoras, empresas prestadoras de servicios de salud e institucio-nes civiles prestadoras de servicios en todas las regiones del país, garantizando el paquete de servicios a que tenemos derecho cuyo costo debe cubrirlo la Dirección General de Sanidad Militar. Construir dispensarios militares alivia la situación pero es una solución utópica económicamente irrealizable e insostenible, tenemos que utilizar los servicios de la red externa.

A continuación se publica el resumen de sus últimas intervenciones para cono-cimiento no solo de sus representados sino de todos los usuarios del Subsistema de Salud y para sensibilizar al mando militar a que tome partido en su nombre, en el de sus familias y en nombre del personal en servicio activo, que están en actividad pero que tarde o temprano estarán haciendo uso de retiro y será cuando más necesi-tan un buen servicio de salud.“la moral del soldado para el combate se sustenta en gran parte en la seguri-dad social de él y de su familia, si está protegida él está tranquilo y combate con entusiasmo”

“Señor General

ORLANDO DELGADILLO GIRALDODirector General de Sanidad Militar.

En atención a la solicitud de enviar por escrito mis reparos al acta de la reu-nión del Comité de Salud del 13 de marzo del 2012, en razón a las dificultades de transcripción, me permito resumir lo esencial de mis intervenciones que considero deben quedar en acta y, además, remito los documentos donde está por escrito el discurso completo que fueron los temas por mi tratados. Estos documentos los en-tregue en su momento al JEMC que presidió el Comité, inmediatamente después de la reunión.Resumen de la intervención del BG Bastidas en el CSFM del 18 de abril:

El BG Bastidas, representante de los oficiales en retiro, objeta la aprobación del

acta del 13 de marzo 2011 porque no está de acuerdo con lo allí expresado aclarando que presume que hubo equivocación de buena fe o error de interpretación y no mala intención ni manipulación por parte de quienes hicieron la transcripción y el resumen del acta y entre muchas anotaciones quiere referirse a dos puntos en particular:I.- El Acta propuesta para aprobación afirma en el numeral 6 que el general Javier Pérez ordena destinar 3.000 millones de pesos del presupuesto disponible para el SISAM para la ERP y 2.000 millones de pesos para desarrollar la vertical de salud y eso no es verdad, inclusive puede tener en el futuro implicaciones penales para el General. 1. En primer lugar, el Jefe del EMC no es ordenador del gasto de esos recursos y,

por consiguiente, no puede disponer de manera personal de los dineros desti-nados al SISAM.

2. En segundo lugar, no puede tomar unilateralmente la vocería del Comité que preside, sin el consentimiento de sus miembros porque en ese caso yo no estaría de acuerdo y salvaría expresamente mi voto.

3. En tercer lugar, eso no es cierto, se discutió la conveniencia de hacer esa inver-sión y yo intervine en el sentido de pedir que se hiciera un estudio económico completo del proyecto, es decir, con estudio de factibilidad, determinación del costo total para ver si teníamos la capacidad financiera, determinación exacta del objeto del contrato y de las tareas a contratar etc, porque en ese momento no se sabía en qué negocio nos íbamos a meter y sería insensato recomendar y, peor aún, decidir una inversión de 3.000 millones en un proyecto con un futuro financiero incierto y con implicaciones económicas y funcionales impre-decibles para el subsistema. Que yo me acuerde, el general Pérez lo que dispuso fue que la DGSM elabo-rara el estudio económico de la ERP y no la asignación de recursos.

II.- En el punto de varios, la interpretación de mi intervención está tergiversada, no expresa ni el sentido de lo que se dijo ni lo que realmente sucedió. Voy a tratar de resumir lo que expresé en una intervención de más de diez minutos, de todas maneras le anexo el informe que llevaba escrito y que le entregué en persona al general Pérez, con el contenido de mi discurso al terminar la reunión:1. Que me había llevado una grata sorpresa al enterarme de que el Hospital Mili-

tar continuó con la actualización de la sistematización que inicio hace algunos años con la firma SYAC sobre la aplicación Dinámica Gerencial y que luego tuvo que suspender por la orden del CSSMP de no destinar recursos de sistema-tización sino al programa del SISAM sobre plataforma SAP.

2. La buena noticia era que después del fracaso del SISAM esa firma fue contrata-da de nuevo en noviembre 2011 para actualizar y completar lo que había ini-ciado en 2006 y, 8 meses después, en julio de este año, el Hospital Militar Cen-tral quedaría sistematizado, trabajando con ERP completa, integrada con los módulos de la Vertical de Salud contratados, todo sobre la misma plataforma como recomiendan los expertos. Solo falta la adquisición de los equipos, llega-ron 400 computadores, pero faltan otros tantos y la instalación de los puntos de red necesarios que es responsabilidad del hospital y a lo que se debe dar todo el apoyo con llamado de urgencia. Entre otras cosas, el servicio de urgencias ya esta sistematizado y facturando, lo puede verificar quien quiera.

3. Informé que a ese momento julio 2012 la sistematización del hospital con Dinámica Gerencial nos va a costar 1.030 millones de pesos, incluyendo los 330 millones gastados en el primer envió hace cinco años, y que en cambio con SAP nos costaba 5.000 millones, y lo peor de todo fue que el HOMIC los entregó en efectivo a la Agencia Logística y, por supuesto, los perdimos porque no le entregaron nada y todavía no hay responsables, había supervisores nuestros.

4. Hice caer en cuenta que con base en lo anterior, el costo de sistematizar con SAP comparado con hacerlo sobre las plataformas que manejan salud y que tienen sistematizadas las EPS e IPS de este país es de 5 a 1. Ni que decir de los

17SALUD

costos de licenciamiento, mantenimiento, capacitación y funcionamiento que en el futuro nos representa la sistematización con SAP.

5. Que también me había enterado que la misma firma SYAC entregaría sistema-tizados en este mes (abril 2012) el Hospital Naval y el Centro Médico Cemed, de Bogotá, sobre la misma plataforma Dinámica Gerencial de SYAC con ERP y vertical de salud incluidas y que digitalizaron la historia clínica y ya están funcionando en línea esos dos centros asistenciales y facturan. Por este motivo felicite a la Armada Nacional en la persona del almirante Galvis, allí presente.

6. También manifesté que no me explico porque la coronel Gina Contreras, el doctor Ricardo Duarte, y otros asesores del Viceministerio, tan pronto como se menciona a Dinámica Gerencial tratan de descalificar esa plataforma con cualquier concepto a priori que no es de conocimiento general pero que, por supuesto, no corresponde a la verdad, ellos atacan de plano y de inmediato lo que se interponga a la sistematización con SAP.

7. Manifesté que no tiene sentido mandar a elaborar otra ERP con SAP si ya la tenemos en los dos centros hospitalarios más grandes del Subsistema con Dinámica Gerencial y funciona y en esa misma plataforma corre la vertical de salud de esos centros de servicio. La Policía Nacional y el las IPS y EPS no montaron su sistematización sobre SAP y funcionan bien.

8. Manifesté que si desarrollamos la ERP con SAP tendríamos graves conse-cuencias económicas y de funcionamiento por la dificultad que presenta SAP para intercomunicarse con otras plataformas y que el costo de licenciamiento, mantenimiento y funcionamiento es enorme y posiblemente lo tendríamos que pagar con recursos del fondo cuenta. En el momento no se están utilizando 800 licencias que se contrataron con SAP a un costo anual de 1.300 dólares cada una, eso es despilfarro, donde están nuestros abogados, nuestros auditores, nuestros administradores, el control del gasto está en cabeza del ordenador.El Director de Sanidad de la ARC intervino para aclarar que efectivamente esa empresa comenzó a trabajar en noviembre del año pasado en la actualización de lo que ya tenían y se había suspendido hace cinco años y que, efectivamente, entregarían el Hospital Naval de Cartagena y el Cemed sistematizados en abril de 2012. Adquirir unos equipos y actualizar inventarios.Manifesté que por las anotaciones anteriores me abstenía de aprobar el acta de la sesión del 13 de marzo

Resumen de mi intervención sobre el proyecto de desarrollo de la ERP presen-tado por el Silog en la reunión del 18 de abril:1. Manifesté que recibimos en ACORE el informe del SILOG al comité MDN

correspondiente al desarrollo del nuevo proyecto de la ERP del SISAM sobre la plataforma SAP, cuyo gerente es el coronel Vergel.

2. Manifesté que obedecía al mismo esquema del contrato que se hizo con RED-BYTECH- SYSA y que por consiguiente nos veríamos avocados al mismo re-sultado, pérdida de tiempo, de recursos y años de retardo en la sistematización del servicio.

3. Leí el documento completo del análisis que hicimos con el equipo asesor de ACORE sobre el informe que consideramos que debía ser conocido y anali-zado con sumo cuidado por el mando militar porque seguíamos echando en bolsillo roto los valiosos recursos del SISAM. Hay $5.452 millones para sistematización en esta vigencia y con eso podríamos sobradamente comple-tar la sistematización de las direcciones y los 21 establecimientos de servicios de sanidad, la SYAC estima que con menos de 4.000 millones lo haría con Dinámica Gerencial, habida cuenta de que ya tenemos sistematizados los dos centros de complejidad más importantes del Subsistema, El ordenador de gasto debe aplicar el sentido común y analizar finamente esta alternativa y evaluarla serenamente con metodología profesional para proponer la solución a este Co-mité y al CSSMP.

4. Pero parece que ya está en curso y es un hecho la contratación de costosos asesores o monitores de SAP cuya función es asesorar y acompañar sin ninguna responsabilidad ni garantía a los técnicos del SILOG y a los funcionarios de la DGSM y el HOMIC, que harán el trabajo y serán los verdaderos responsables del fracaso. Si el proyecto fracasa no es por falta de asesoría, es por la incapaci-dad del personal que asignamos, ese es el argumento con que se defiende RED-BYTECH de su incumplimiento y con eso tiene empantanada la reclamación. En la reunión pasada la gerente del proyecto, coronel Gina Contreras, informó que el proyecto se desarrollaría llave en mano y vemos que no es cierto ¿en quién debemos confiar?

5. Los asesores cobran sus honorarios y se van, entre mas se demore el proyecto mejor para ellos, no especifican en cuántas horas se comprometen a tener lista la ERP. ¿El servicio contratado es suficiente? No se sabe. ¿Se conoce la mag-nitud del problema y la tarea completa que deben realizar? No se sabe. Los imprevistos pueden ser todos los que se quiera. ¿Alcanzan los 3.000 millones

de pesos asignados? No se sabe. Qué Junta Directiva asume semejante riesgo cuando tiene que responderle a 680.000 usuarios, todos los militares y civiles en actividad, en retiro y pensionados con sus familias.

6. Entregué el documento recibido en ACORE porque me sorprendió que era la primera noticia para los allí presentes, era desconocido hasta por el ordenador del gasto, el general Delgadillo (DGSM), quien debiera de estar enterado de ese proyecto y manifestó que no lo conocía. ¿Quién le maneja los recursos al Subsistema si la ley le da a él la responsabilidad y no la puede delegar?

7. También hice entrega del documento leído y solicite que hiciera parte del acta para evitar la malinterpretación, la tergiversación y la inexactitud de lo allí afirmado, que sostengo con mi firma.

Este es el resumen de lo sucedido en la reunión del Comité del 18 de abril.

Adicionalmente, quisiera saber si se ha considerado el desperdicio que SAP le ha causado al MDN y a otras entidades del Estado. Tenemos conocimiento de algunas:1. La Agencia Logística y la Corporación de la Industria Aeronautica Colombiana

CIAC fueron sistematizadas hace unos años con SAP con intervención del SI-LOG y no funcionan, se invirtieron alrededor de 2 millones de dólares en ese proyecto.

2. El mismo SILOG se proyectó a tres años con un presupuesto de 30 millones de dólares, ya lleva 12 años y llevan invertidos más de 100 millones de dólares, nos lo dijo la misma Viceministra, en ACORE. ¿Sabe que es lo más desconsolador? Que a pesar de que están todos los módulos operando controla menos del 70% de la logística, no por culpa de la plataforma ni del SILOG, según su Director, simplemente porque no se usa a pesar del esfuerzo que hacen los comandantes por meter en cintura el aparato administrativo. El objeto del proyecto SILOG es espectacular, era el sueño de los jefes de logística militar, controlar hasta el último centavo y la última aguja que se moviera en el MDN. Pero por cualquier circunstancia no se utiliza en todo su esplendor y, por consiguiente, siempre habrá ventanas abiertas y eso incompleto no sirve y termina en desuso.

3. En Fondelibertad se invirtieron 1.500 millones en su sistematización con SAP y no se utiliza.

Creo que no recuerda pero a pesar de que el semestre pasado, después de que se inició el proceso de liquidación del contrato de Red-Bytech personalmente hice la advertencia, y si revisan las grabaciones lo puede comprobar, de que no fuéramos a pagar las licencias para este año y parece que nadie hizo nada, igual se tramitaron las cuentas de cobro que generalmente se pagan con diligencia, y cancelamos el valor de 800 licencias a un costo unitario de 1.300 dólares anuales y no las estamos utilizando. Esta información, como tantas otras, nos la suministran no enemigos suyos sino usuarios en actividad preocupados por su salud y la de su familia que trabajan con Usted, en las DISAN, con el HOMIC con el SILOG, sin nosotros pedirla y se la comparto para que la verifique y me cuenta si lo considera, yo no la he verificado, pero si todo pago se tramita a través de la DGSM para Usted debe ser factible hacerlo.

Con estas experiencias que no se pueden negar estamos todos nerviosos, creo que al carrusel de SAP, como ya lo están llamando, le deberíamos hacer un monu-mento al despilfarro y por eso nos inquieta que se quieran desechar de plano solu-ciones que están a la mano y que funcionan, no podemos tapar la equivocación de haber desperdiciado 15.000 millones del presupuesto nacional, que no es su culpa, con otra peor que le causara al subsistema sobrecostos y perjuicios importantes de por vida.

Le anexo el documento completo del análisis del proyecto por si no lo tienen:Brigadier general GUILLERMO BASTIDAS ORDOÑEZRepresentante de los Oficiales en Retiro y Pensionados del Ministerio de Defensa nacional ante el Comité de Salud de las Fuerzas Militares”.

CURPaMoR 60 aÑoS El 17 de abril en la Escuela Militar de Cadetes se conmemoró el sexagésimo aniversario de haber egresado como subtenientes, 54 integrantes de los cursos General José Antonio Páez, General Hermogenes Maza Loboguerrero, General José Maria Ortega y Nariño. La celebración fue motivo suficiente para estrechar los lazos de amistad y compañerismo.

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Ecos de la Cumbre en CartagenaGeneralÁLVARO VALENCIA TOVARPublicado en El Tiempo, el 19 de abril de 2012

La Ciudad Heroica fue el es-cenario donde Colombia lució lo mejor de su hospitalidad, sentido solidario con la unidad americana y cálida acogida a los ilustres visitantes, que lo fueron los presidentes y comi-tivas de las naciones hermanas. Los cuatro jinetes del apocalip-sis que se negaron a asistir en nada deslucieron un certamen cuyo significado profundo, más que obtener resultados tangibles muy difíciles de lograr dadas las diferencias nacionales de los asistentes, políticas de Estado e intereses divergentes, es poner sobre la mesa problemas y si-tuaciones comunes o diferen-cias políticas entre naciones.

El hecho de no producir un documento final en ninguna manera debe dejar como con-clusión la de frustración o fra-

caso, como algunos comen-taristas lo señalan, a nuestro juicio equivocadamente. No nos parece que un documento final sea indicador de éxito o fracaso. Del curso de las delibe-raciones se desprenden avances y mensajes importantes para los gobiernos que experimen-tan problemas comunes cuya solución no puede alcanzarse en menos de una semana. Es el complejísimo caso del nar-cotráfico y su tratamiento mul-tinacional, en el cual cada país viene buscando soluciones que no interesan de la misma mane-ra a todos los Estados.

Lo que sí parece haber logra-do su propósito en la Cumbre de Cartagena es un consenso sobre la despenalización del negocio que envuelve a produc-tores, consumidores y países

de escala de las corrientes em-pleadas por el narcotráfico. Estos últimos no parecen sen-tir que su papel es tan crucial como el de los otros dos, pro-ductores y consumidores, como es el caso de Venezuela, hoy corredor estratégico del tráfico de los alucinógenos fabricados y producidos en Colombia, por la alianza criminal del narcotrá-fico con las guerrillas y demás bandas delincuenciales.

Tampoco es fácil lograr con-senso ante situaciones bina-cionales, como el tema de las islas Falkland o Malvinas. Son muchos los países que man-tienen estrechas relaciones co-merciales y financieras con el Reino Unido y en cambio no padecen el flagelo del narco-tráfico. Por ende, no se sien-ten inclinados a afectarlas por

solidaridad con Argentina. Así pudo apreciarse en la Cumbre de Cartagena, lo que según pa-rece molestó a su presidenta, la señora de Kirchner.

Para Colombia y su presi-dente, Juan Manuel Santos, la Cumbre se tradujo en un éxito resonante, que los proyectó a una posición de privilegio en la región y el mundo. Es evidente que el proceso iniciado por el presidente Álvaro Uribe Vélez ha tenido muy exitosa continui-dad en la administración de Juan Manuel Santos. Colombia pasó de Estado inviable a nación reconocida en la comunidad in-ternacional como potencia geo-política de significación mun-dial, que la guerrilla en franca decadencia militar y política no basta para ensombrecer.

El Presidente y su dignísima

esposa lucieron como anfitrio-nes cálidos, mucho más amis-tosos y afables que protoco-larios. Ganaron la simpatía y el agradecido reconocimiento de nuestros huéspedes. La aten-ción personalizada a las espo-sas de los jefes de Estado y de Gobierno, a la par con los pro-gramas preparados para ellas, constituyeron elevada nota de distinción y elegancia.

El discurso de clausura pro-nunciado por el presidente Santos es una pieza magistral de la diplomacia americana y bien puede considerarse como el documento final de las de-liberaciones. Con tacto y finura notables, soslayó temas contro-versiales, a la vez que aportó valiosos elementos de juicio para el debate de materias cru-ciales que, no sobra repetirlo, no pueden definirse en el breve tiempo abarcado por una cum-bre como la de Cartagena, ciu-dad emblemática de Colombia que lució sus mejores galas para la Cumbre que deja tan gratas memorias.

DESDE LOS MEDIOS

Unas declaraciones infortunadas JORGE ARANGO MEJÍAPublicado en El Mundo, el 06 de mayo de 2012

Un lamentable descuido del gobierno Pastrana, dejó que se formara un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia.

No ha tenido Colombia suerte en la defensa de su terri-torio. Basta repasar la historia desde la independencia hasta nuestros días. Ha sido una se-rie interminable de malos trata-dos por medio de los cuales se han cedido a nuestros veci-nos inmensos territorios. A tal punto, que hoy la extensión de la nación es la mitad de lo que era el Virreinato de la Nueva Granada.

Sin duda la pérdida más do-lorosa fue la de Panamá, en la cual se sumaron la traición de algunos colombianos, la codicia de aventureros y la rapacidad de los Estados Unidos. Fue in-creíble la torpeza de Marroquín y Miguel Antonio Caro, así

como la conducta antipatriótica de los dos. El primero cometió el error imperdonable de no firmar el tratado Herrán-Hay, antes de someterlo a la apro-bación del Senado. El segundo, se empecinó en rechazarlo, a pesar de ser un secreto a voces la conspiración en marcha para arrebatarnos el Istmo. Siempre he sostenido que estos dos per-sonajes faltaron a sus deberes para con la nación y tienen que ser condenados por el tribunal de la historia.

En 1952, en tiempos de la dictadura de Urdaneta Arbeláez (“sordo a todo lo que no fuera retiñir de monedas”, como di-jera Jorge Zalamea, en El Sueño de las Escalinatas), el canciller Juan Uribe Holguín le regaló a Venezuela los islotes de Los Monjes, situados al Norte de la Guajira. Sin duda ésta ha sido una de las causas para que en esa nación se hayan inventado

la teoría de la “costa seca”, con la cual se le niega a Colombia su derecho sobre las aguas del Golfo. Hace años se guarda silencio sobre ese diferendo y cada día que pasa Venezuela consolida sus títulos injustos sobre lo que no le pertenece.

Un lamentable descuido del gobierno Pastrana, dejó que se formara un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia. Posiblemente para distraer a la oposición, el go-bierno de Nicaragua demandó el tratado Esguerra-Bárcenas, con la tesis de que en esa época ese país estaba bajo el dominio de Estados Unidos. Olvidaron que por ese acuerdo Colombia renunció a ejercer la soberanía sobre la costa de Mosquitia, que es la costa de Nicaragua sobre el Atlántico. En 2007, un pri-mer fallo de la Corte reafirmó la validez del tratado y, por con-siguiente, reafirmó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Quedó pendiente la definición del límite marítimo, que hasta ahora ha sido el meridiano 82, que Nicaragua quiere desco-nocer para apoderarse de los cayos Roncador, Quitasueño y Serrana.

¿Qué ha sucedido? Mientras los representantes de Colombia ante la Corte defendían la ple-na soberanía que Colombia ha ejercido sobre todo lo que hoy son sus aguas territoriales, la señora Canciller María Ángela Holguín, de buenas a primeras, salió con una declaración ina-ceptable e inoportuna: la de que aunque “nadie está preparado para que le digan ‘este pedacito ya no es de ustedes’, tenemos que tener en mente que cualquier cosa puede pasar”. ¿Qué quiso decir? ¿Cuál fue el mensaje para la Corte del gobierno de Colombia que ella representa?

Sabemos que vamos a perder, y lo aceptamos. Resta únicamente que nos digan cuánto perdemos. Esto, nada más y nada menos, es lo que ha

dicho la señora Holguín. Y el presidente ni siquiera le ha lla-mado la atención ni ha definido si esta aceptación anticipada de la pérdida del pleito es también la posición suya.

En cualquier parte una im-prudencia semejante habría causado la inmediata desti-tución del funcionario irres-ponsable. Aquí no. Al contrario de la práctica universal, en Colombia los funcionarios pú-blicos son irresponsables.

Si la señora Holguín hubiera hecho ese comentario al oído del presidente Santos, en secre-to, no habría habido problema. Pero pregonarlo a los cuatro vientos ha sido una absoluta deslealtad con la nación. Ella fue más elocuente que todos los abogados que pueda pagar Nicaragua.

Para completar, podría hacer otras declaraciones en relación con el diferendo con Venezuela sobre el Golfo. Si fueran por el estilo de las que ha hecho a favor de Nicaragua, todos los venezolanos se les agradecerían siempre. Esperemos. Toda situ-ación puede empeorar: no sería raro que las hiciera.

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Unas declaraciones infortunadas JORGE ARANGO MEJÍAPublicado en El Mundo, el 06 de mayo de 2012

Salida en falso del fiscal Montealegre

EDUARDO MACKENZIEPublicado en Periodismo sin fronteras2 de abril de 2012

¿Qué esperanza puede tener un pueblo en la justicia de su país cuando los más altos funcio-narios encargados de aplicar la ley anuncian que no la res-petarán? ¿O que la respetarán pero interpretándola a su mane-ra, caprichosamente, lo que es lo mismo?

Es lo que acaba de ocu-rrir durante una entrevista en-tre un periodista de Noticias Uno, Arnulfo Méndez, y el nuevo fiscal General, Eduardo Montealegre. Allí éste último arremetió una vez más contra la justicia penal militar y lan-zó una advertencia al país, sin olvidar hacer una valoración francamente alarmista de lo que significaría para Colombia la in-dispensable reactualización de la Justicia Penal Militar.

Eduardo Montealegre ase-guró que “de ser aprobado el artículo del Fuero Militar” tal como está hoy en la Reforma

Fiscal que lo que él quería decir es que el Congreso estaría elabo-rando una norma jurídica “que la Fiscalía no va a cumplir”. Viendo el peligro, Montealegre retro-cedió un poco y aseguró que si esa norma es aprobada su deber es “cumplir la Constitución”. Sin embargo, retomó inme-diatamente el hilo de su argu-mentación y confirmó que su actitud será de rebeldía contra la citada norma. Lo dijo en tér-minos muy claros y sin rodeos, como para que todos entiendan cómo serán las cosas bajo su reinado y lanzó esta frase que todos deberíamos examinar una y otra vez: “Lo único que debe tener certeza el país es que la

que puso en línea Noticias Uno. Sin embargo, si el lector escucha el diálogo entre el pe-riodista y el funcionario, en el audio que acompaña el texto, la frase se oye perfectamente. Desgraciadamente, esa frase (que no termina ahí pues evi-dentemente continúa) fue cor-tada en el audio. ¿Qué más dijo al respecto el Fiscal General sobre la “no interpretación li-teral” que él piensa darle a esa norma? ¿Su curioso método interpretativo, alejándose de lo que dice la norma (alejándose de la “gramática del texto”) será aplicado a otras normas? ¿Será utilizado también ese método para “cumplir” la Constitución? ¿Será ese el método que de ahora en ade-lante todos los fiscales del país deberán utilizar ante cada norma del ordenamiento ju-rídico del país?

Aún así, la frase del fis-cal Eduardo Montealegre, o esa fracción de frase, es una verdadera perla. Esta mues-tra cómo una rama importante del poder judicial, la Fiscalía General, está dispuesta a des-acatar una norma aprobada por el poder legislativo.

El nuevo Fiscal General tiene, por otra parte, una visión muy poco equilibrada de lo que es y de lo que debe ser la Justicia Penal Militar en Colombia. Según él, si la Fiscalía traslada los cuatro mil casos donde es-tán involucrados militares, la

Justicia Penal Militar decretará la excarcelación del cincuenta por ciento de esos casos (dos mil) y dejará sin ‘castigo’ a esas personas. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionará así tan automática y arbitrariamente la nueva Justicia Penal Militar? En el texto de Noticias Uno no apa-rece la explicación de Eduardo Montealegre. Sin embargo, un eco de lo dicho a su interlocu-tor aparece de todas formas en ese audio cuando el periodista, Arnulfo Méndez, afirma que la supuesta “liberación ma-siva de presos por fuero mili-tar” se hará porque la Justicia Penal Militar “no tiene capa-cidad ni independencia para terminar las investigaciones ni castigar por faltas probadas a los miembros de su línea de mando”.

Obviamente, si el Fiscal General está convencido de que en Colombia la Justicia Penal Militar es un organismo que, definitivamente, “no tiene ca-pacidad ni independencia para terminar las investigaciones ni castigar por faltas probadas a los miembros de su línea de mando”, lo que la opinión debe deducir es que la única salida es que la justicia civil, que tam-poco es un dechado de virtudes, juzgue a los militares. Lo que es y seguirá siendo una grave equivocación, una violación de la Constitución y, sobre todo, un atentado más contra la se-guridad nacional.

interpretación de ese artícu-lo no va a ser una interpre-tación literal con apego a la gramática del texto”.

Por una extraña razón esta última frase, a pesar de su enorme i m p o r t a n -cia, no fue t r a n s c r i t a en la ver-sión escrita

a la Justicia, habrá una “excar-celación masiva de militares” por la “pérdida de competen-cia y vencimiento de térmi-nos, además de la entrega de procesos de lesa humanidad y cuatro mil casos que están en estudio”.

El Fiscal General agregó que, en consecuencia, si ese artículo llega a ser aprobado en la Reforma Constitucional que se discute hoy en el Congreso, “él se negaría a entregarle a la Justicia Penal Militar todos los procesos” que tiene la Fiscalía. Reiteró que él se abstendría de “pasar automáticamente a la Justicia Penal Militar” esos ex-pedientes y que lo que hará es “estudiar caso por caso” para enviar sólo “aquellos en los cuales exista verdaderamente la competencia de la Justicia Penal Militar”.

Es decir, que él desacatará la norma que pide a la Fiscalía trasladar la totalidad de esos expedientes a la Justicia Penal Militar y que él, personalmente, decidirá qué expedientes vale la pena trasladar o no a la JPM. Y que trasladaría sólo aquellos en donde él estime que la Justicia Penal Militar es “verdadera-mente competente”.

Extrañado por semejante dis-late, el periodista le objetó al

Eduardo Montealegre, fiscal General de la Nación

Fiscalía General de la Nación

DESDE LOS MEDIOS

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Liderazgo de género femenino:FEMENINA

La mujer del militarTHANIA DE PLAZAS VEGA

Hoy quiero ser vocera de la mujer del militar. Utilizo este término tan español porque es, primero, una palabra que me en-canta y porque siento, además, que esta palabra abarca toda la esencia de lo que quiero descri-bir: es decir, a la madre, a la es-posa, a la hija y a la compañera del militar. Es una palabra que me identifica e identifica a mu-chas mujeres que conozco y a otras que no conozco, mujeres anónimas que están sufriendo y padeciendo en silencio la mis-ma carga que estoy llevando desde hace cinco años, y que ellas viven también como espo-sas, madres y compañeras.

Estas mujeres, en su ma-yoría, son jóvenes. Algunas podrían ser mis hijas. Ellas son esposas de suboficiales, tenien-tes, capitanes y mayores. Pero también ya hay esposas de coroneles y generales que están viviendo esta misma angustia.

Ellas han tenido que compar-tir la vocación de sus esposos, porque ser militar no es un em-pleo, es una vocación. Muchas se han tenido que quedar solas en sus casas y a cargo de su hogar y de sus hijos, mientras sus esposos parten a recónditos lugares de Colombia a cumplir labores de orden público con incomodidades y sufrimientos, y muchas veces en completo silencio durante largos días porque ellos, por seguridad o por estar en sitios apartados, no pueden entrar en comunicación con nadie.

Ellas son mujeres valientes, tan valientes como sus espo-sos, ya que cuando se vive de esa manera hay que aprender a ser valiente, hay que enfrentar los problemas que se presentan sin el apoyo de ellos. Hay que hacer de padre y madre en mu-chas ocasiones y explicar a los hijos la ausencia de un padre que ha entregado su vida a la patria porque ha jurado defen-derla. Y porque, además, quiere dejarles a ellos un país libre de

terroristas paramilitares y nar-cotraficantes para que sean fe-lices y tengan un mejor vivir y más oportunidades.

Y aunque a Ud. querido lec-tor lo que le estoy narrando le puede parecer una vida sac-rificada y dura esta es la parte linda de la historia de la vida de la mujer del militar. Sí, linda porque ella sabe que su esposo o su padre o su hijo han deci-dido llevar esa vida de amor a la patria. Y al hacerlo ellos se están realizando como perso-nas. Linda, porque ella se con-tagia de ese patriotismo y de ese amor a su país. Porque se siente casada con un hombre valiente e íntegro. ¡Porque sabe que en un país en guerra como el nuestro los héroes si existen! ¡Y porque su esposo, su padre, su hijo o su compañero es uno de ellos!

La parte infame y cruel llega cuando, al poco tiempo o, en nuestro caso, después de 23 años de esfuerzos y de disci-plina, y muchas veces cuando estos hombres ya están retira-dos y disfrutando de su vida familiar, o trabajando en otras labores, aparece un represen-tante de la Fiscalía General de la Nación y lo primero que hace es privarlos de la liber-tad para investigarlos porque,

según algunos de esos actores, ellos “son un peligro para la sociedad”. Después viene la ra-cha de acusaciones insensatas. Acusan de delitos atroces y de “lesa humanidad” precisamente a quienes combaten en el monte por la paz, la justicia y las li-bertades en Colombia.

Los acusan de haber asesi-nado “campesinos inocentes” como si eso de internarse en la selva no fuera una actividad legítima, con objetivos precisos y regida por normas militares muy estrictas. Como si dejar sus cuarteles y sus seres queri-dos para ir a vivir en la mani-gua, en la humedad, el barro, el calor, el frío, en las peores incomodidades, para exponerse a ser herido, o mutilado o muer-to, o a contraer enfermedades, fuera un acto banal y aventure-ro. No, la vida de un militar de Colombia no es eso. El militar de Colombia no emprende mi-siones para ir a ultimar civi-les inocentes. Pues los frentes guerrilleros, los campamentos terroristas, los bunkers disimu-lados, la emboscada sorpresiva, los campos minados, los culti-vos de droga, las caletas ma-rinas y submarinas, todo eso existe en nuestra geografía y esos son, precisamente, los ob-

jetivos de las patrullas militares que protegen al país, sin hablar de las misiones que ellas deben acometer en las ciudades contra esos mismos adversarios.

A los que no estuvieron en un combate preciso se les acusa muchas veces, y muchos años después, de haber dado las órdenes de tal “agresión”, y se los muestra enseguida como re-sponsables “indirectos” de un crimen, o de cualquier otra cosa, aunque todo ello sea invero-símil e incoherente respecto de los factores de tiempo y lugar. Lo que importa es acusarlos.

En ese momento, las mujeres tienen que sacar toda su fuerza y su valor. Sus esposos quedan detenidos y la primera angustia es saber si serán llevados a sitios de reclusión idóneos o a uni-dades militares y no a cárceles comunes y lejanas donde ellos se encontrarán posiblemente con gente que han combatido.

Si el militar está activo le congelan parte de su salario. Así, además, su familia que-da ante un terrible problema económico. Para seguir sos-teniendo el hogar, ella tiene que ser fuerte. Ella es el apoyo mo-ral de su esposo en momentos en que él siente la amargura de la injusticia que cae sobre él lue-go de haber entregado su vida a un país que aparentemente lo deshonra y lo trata como un delincuente. Lo peor no son los grandes titulares y las noticias tendenciosas y a veces franca-mente tóxicas que publican los medios.

Lo más triste es saber que todo eso tiene consecuencias psicológicas que afectarán du-rablemente a sus hijos, sobre todo si ellos son menores o ado-lescentes. El esfuerzo principal debe ser dirigido a impedir que la mentira se imponga y que ellos empiecen a dudar de la honorabilidad de su padre. Hay

que hacer que ellos comprendan otra cosa importante: que en Co-lombia hay una guerra que dura ya más de medio siglo y que los enemigos de la patria, ante su fra-caso militar, tratan ahora de ga-narla manipulando los estrados judiciales y que su padre es una víctima de ese andamiaje.

Otro factor que la mujer del militar y su familia deben encarar con seriedad es que la creencia de que todo eso se resuelve con abogados, no siempre es cierta. En muchos casos, el derecho es impotente ante la maniobra y el sólido montaje subversivo. A pesar de que existe una defensoría militar hay que saber que cada abogado de esa defensoría debe hacerle frente a sesenta casos, pues ya son cerca de cinco mil los militares detenidos. En esas circunstancias, muchas veces toca conseguir un abogado par-ticular sin tener recursos.

El sufrimiento que estamos teniendo las mujeres de los mi-litares colombianos es un dolor desconocido por el país. Ese dolor se extiende a sus hijos, a sus familias y a sus amigos. Sin embargo, parece como si todo el mundo ignorara que ese do-lor existe. Yo sé de qué hablo. Lo entiendo porque es mi pro-pio dolor. Es el dolor que ge-nera el atropello, es el dolor que se desprende de la infamia, es el dolor de emana de la arbitrarie-dad y de la crueldad de una mi-noría extremista y desalmada. ¡Es el dolor de la injusticia!

En esta noche de desvelo, en la que estuve orando y pidiendo a Dios, como hago desde hace cinco años, para que mi alma no se llene de resentimiento, he decidido redactar estas líneas a manera de homenaje a todas las mujeres de militares que conoz-co y que no conozco, pero que existen. Fuerza a ellas en su lucha.

Entrada libreHorariosMartes a sábado de 10:00 am a 6:00 pmDomingos y lunes de 10:00 am a 5:00 pm

Incripciones en la recepción de ACORE hasta el 31 de mayo

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Abuelitas adoradas Una Familia sin abuelita es como una corona sin joyas.¡Qué Dios bendiga todos los días y que vivas para ver los hijos de tus hijos!Los nietos son la renovación de la vida, un poco de nosotros entrando al futuro. Me encantó ser mamá pero como abuelita, simplemente fuera de control A veces el amor perfecto solo llega cuando nacen los nietos, El corazón es un músculo elástico cuanto más nietos tienes, más se estira. El verdadero milagro de la vida ocurre cuando nacen los hijos de tus hijos.

Doña María Teresa TorresAcorada desde 23 junio de 1987 y la de mayor edad

8 hijos 17 nietos y 17 bisnietos

“Cuando no hay juventud se necesita tener cariño, compañía y un hogar”Hacer un reconocimiento per-manente a las Acoradas, es un propósito de esta sección.

En esta oportunidad visita-mos en su casa en Bogotá a doña María Teresa Torres viuda del teniente coronel Manuel Posada Delgado, oficial de los Servicios del Ejército Nacional, con quien se casó cuando ella apenas tenía 20 años.

Nos deleitó con una magní-fica interpretación en piano, ins-trumento que aprendió a inter-pretar gracias a la afición de su padre a la música; puede decirse que aprendió cuando apenas

tenía un año en un pequeño pia-no de juguete, después estudió y lo siguió practicando de por vida.

A nuestra querida Acorada, que en noviembre cumplirá 97 dorados años, le agrada recibir la tarjeta de saludo de cumplea-ños y de navidad que ACORE le hace llegar a su residencia.

Dice que lo más importante es “tener un tiempo de vida ac-tiva”, por eso hasta hace muy poco practicó la equitación, actividad en la que siempre se destacó. Recuerda de manera es-pecial a Carbonario, el caballo

de la Escuela. Nadie lo podía montar, solo María Teresa lo logró, es decir, el caballo se sometió.

Lo más satisfactorio y lindo que le dejó el Ejército fue la familia porque siempre es-tuvo muy ligada a la gran fa-milia militar. Siempre tiene presente las cosas buenas que le ha dado la vida, a pesar de que en ocasiones vivió situa-ciones difíciles como cuando su esposo, el coronel Posada, se perdió en la selva después de un accidente aéreo; sobre-vivió cinco días y, gracias a

Dios, pudo regresar felizmente al hogar. Esto le mereció una condecoración.

Para María Teresa, ACORE es una gran familia por eso le encanta saber de sus activi-dades y tomar contacto con al-gunos amigos y compañeros de su esposo. Destaca la atención que recibe cuando solicita cita médica u odontológica.

María Teresa le da especial importancia al matrimonio por eso asevera que “Cuando no hay juventud se necesita tener cariño, compañía y un hogar”.

¡Bendita seas, Madre mía!

(Flora Delmis)

¡Bendita seas, Madre mía! que con dolor y santo amor diste luz a mis días y coronaste de arrullos mis sueños en flor.

¡Bendita tú, que cual ninguna con desvelo incomparable me cuidaste; benditos tus brazos de cuna que convertiste en cruz y me salvaste!

Bendita, madre, tu voz y tu mirada, Tus celos de tigresa sorprendida; bendita sea tu cabeza cana; bendita, madre, cada hora de tu vida. Bendito sea el minuto y el día cuando mis labios dijeron tu nombre idolatrado. Bendita sea esta santa alegría de acostar en tu pecho mi pecho fatigado.

Bendito sea, madre, de tu corazón cada latido, cada fibra de tu cuerpo, cada hueso ... Benditas las madres que; como tú, han nacido. ¡Benditas sean las madres de todo el universo!

LOS ESPERAMOS TODOS LOS JUEVES A LAS 10:00 A.M. EN EL GRUPO DE ORACIÓN, EN LA SEDE NACIONAL ACORE - CALLE 70 No. 4 - 24

¡Feliz Día de la Madre!

Mamá: Dios te bendiga hoy y todos los días.Gracias madre porque tus brazos siempre se abren cuando necesito un abrazo.Gracias madre porque tu corazón comprende cuando necesito una amiga.Gracias madre porque tus ojos tiernos se endurecen cuando me hace falta una lección.Gracias madre porque tu fuerza y tu amor me dan alas para volar.

FEMENINA

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Despedida al general Juan Salcedo LoraEn un mes como este, pero de hace cuatro años, la expectativa para cada uno de los Asociados y funcionarios de ACORE era muy grande por saber quién sería el nuevo Presidente de la Asociación. Hoy la tristeza nos embarga al saber que ese sucesor, el general Juan Sal-cedo Lora, debe despedirse. Su ciclo se ha cumplido pero el le-gado que nos dejó jamás podrá olvidarse.

Este tiempo es digno de evaluar debido a que todos cre-cimos pero no envejecimos. Por su sabiduría, conocimiento y experiencia como un gran Artillero, aprendimos con es-fuerzo a armarnos muy bien de valor y a disparar proyectiles de gran tamaño a largas distancias, empleando las municiones del compañerismo, la paciencia, la constancia, el trabajo dedicado, el respeto mutuo y el sentido de pertenencia por la entidad. ¡Gracias General, por todo lo que nos enseñó!

También aprendimos a valo-rar a un ser humano de inta-chables características. Su don de gente, su caracterizado sen-tido del humor, rectitud y la for-ma de ver la vida con pruden-cia y tolerancia nos hizo más fuertes no solo aquí sino al lado de nuestras familias. Realmente fue mucho el tiempo que nos dedicó, como hace un verdade-ro catedrático, quien pese a sus múltiples compromisos nunca nos dejó por fuera de su agenda

con el único interés de escuchar-nos y buscar alternativas frente a cualquier dificultad para enrru-tarnos por el camino ideal.

Su sentimiento para atender el dolor de los demás, nos mo-tivó a derrotar la depresión y la tristeza individual o colectiva que en ocasiones sentíamos, así como su capacidad media-dora y de liderazgo también confrontó ejemplarmente a los 3.200 Asociados y a sus 38 co-laboradores.

Fueron inolvidables los epi-sodios que compartimos a su lado. Sus chistes y gracejos oportunos, los sonoros silbidos como un vigoroso pajarillo, su voz fuerte y acogedora, su pa-sión por la música y el dibujo, los eternos detalles para los empleados que nunca olvidó en cada uno de sus viajes, que por pequeño que fuera siempre fue representativo para todos. El imparable deseo de compar-tir con todos nosotros hasta un pastel que le obsequiaran, nos henchía el alma, fueron mo-mentos muy especiales ya que aprovechaba para contarnos una de sus tantas anécdotas, historias o luchas. Este aspecto lograba su propósito, para sepa-rarnos de la rutina diaria y tener un momento de esparcimiento colmado de confianza, alegría y respeto.

Por su singular humor, rompía esquemas hasta en la forma dinámica para referirse a sus inmediatos colaboradores,

como la ‘Negra’, ‘Juana de Arco’, ‘la Bruja’, ‘Rocío de la mañana’, ‘la Foca’, ‘la Flaca’ y hasta la mis-ma ‘Chicoria’, entre otros.

General, este es un pequeño y sincero homenaje de despedida a quien más que un jefe, fue un mae-stro, un verdadero amigo quien con su alma limpia nunca se dejó en-venenar de habladurías o chismes, hasta en eso es un estratega, un Ar-tillero. Tampoco dejó que el barco en los cuatro años se hundiera y por el contrario protegió a sus solda-dos, lo que proyectó lo cumplió, lo que soñó para nosotros hoy es una realidad, el clima laboral cambió y las demás actividades contempla-das fueron una verdad. Defendió y puso el nombre de ACORE en el punto más alto con vehemencia e inteligencia.

Solo nos resta augurarle que continúe cosechando más éxi-tos, pletóricos de salud, bienestar, prosperidad y mucho amor en compañía de su esposa, sus hijos y sus nietos, quienes deben sentirse muy orgullosos de tener un com-pañero, un padre y un abuelito de esos quilates.

En adelante desde nuestros si-tios de trabajo y lugares donde estemos, seguiremos haciendo vo-tos porque esos sentimientos que emite su corazón se sigan multi-plicando, que alberguen fe, espe-ranza y dinamismo porque usted en ACORE se convirtió en un revolucionario del respeto, la fe, la transparencia y no puede des-fallecer. Gracias por considerarnos sus pupilos privilegiados.

Apatía, movilización y guerraSANTIAGO SILVA JARAMILLOEl Colombiano, MedellínPublicado el 3 de mayo de 2012

Los colombianos vemos la guerra como una realidad ajena.

Los combates en Montes de María, Corinto o Arauquita bien podrían estarse desarro-llando en Basora o Kabul. Para muchos de nosotros, la relación con la guerra se reduce a seguir las noticias con la indiferencia que siempre nos ha caracteriza-do. La muerte de colombianos y el sacrificio de nuestros sol-dados, nos viene a importar lo

mismo que lo ocurrido en cual-quier otro conflicto del planeta.

Saludar a los soldados que cuidan las vías cuando esta-mos de viaje no es suficiente. No puede serlo. Tampoco las esporádicas donaciones o las ambivalentes expresiones de admiración.

Nuestro apoyo a las Fuerzas Armadas no puede reducirse a un ejercicio de culpa. Nuestros soldados, sus familias y la nación se merecen un compro-miso sin vacilaciones o excusas. Durante las guerras modernas, particularmente las dos mundia-

les, la movilización y el apoyo de la población civil al esfuerzo bélico, en la forma de finan-ciación con bonos de guerra y jornadas más largas en las fá-bricas de armamento, resultaron fundamentales para la victoria o derrota de los países en con-flicto. Entiendo que una movili-zación de esta magnitud resulta anacrónica en nuestro tiempo y realidad, pero rescatar ese es-píritu de compromiso incondi-cional y apoyo activo a recu-perar la paz y defender nuestras libertades, derechos e institucio-nes bien valdría la pena.

Porque el día que nos resig-namos a la inacción y la apatía, es cuando renunciamos a la compasión y a la responsabili-dad de reconocer los sacrificios que otros realizan por nosotros.

Existe una manera de movi-lizarnos, apoyando a los solda-dos heridos en combate y a las familias de los caídos. Según cifras gubernamentales, desde los 90 las minas antipersonal han herido a 6.024 miembros de la Fuerza Pública. De igual manera y solo en 2011, 2.089 militares resultaron heridos y otros 483 murieron.

De acuerdo con un estudio publicado en la Revista Med en 2009, los soldados heridos en combate tienen un mayor riesgo de desarrollar estrés postraumático. Más del 16% de los militares involucrados en el estudio presentaron síntomas del trastorno durante su recu-peración en el Hospital Militar.

En Colombia, la Corporación Matamoros se encarga de ca-nalizar la ayuda, donaciones y apoyo a los soldados y sus fa-milias. Sin embargo, el desafío es enorme y los colombianos les debemos a los miembros de la Fuerza Pública la movilización civil que les garantice el recono-cimiento y el apoyo por su sa-crificio, servicio y compromiso.

GENERAL

general Juan Salcedo Lora

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CRUCIGRAMA

SUDOKU AJEDREZ

Horizontales1. Colchoncillo para reclinar la cabeza en la cama.2. Que se coagula o está coagulada.3. Orilla adornada de ciertas telas.Perteneciente al ano.4. Artículo determinado (fem.).Antílope de África del sur.Altar en que se ofrecen sacrificios.5. Articulo determinado del género neutro.Acudir.6. Interj. ant., ¡ah!Achaque.Lemosín.

SOLUCIÓN ANTERIOR

SOLUCIÓNES ANTERIORES

ReglasEl objetivo del sudoku es rellenar una cuadricula de 9x9 celdas dividida en subcuadrículas de 3 x 3 de las cifras del 1 al 9 partiendo de algunos números ya dispuestos en algunas de las celdas. No se debe repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula. Un sudoku está bien planteado si la solución es única.

o.rivas3@hotmail.com

Juegan blancas y dan mate en dos jugadas

Tomado de la Revista Rompecráneos

7. Presa en los ríos.Habilidad, talento.8. Que rodea (fem.).9. Volver a allanar una cosa.

Verticales1.Revestir con un tejido relleno de lana.2. Hembra del loro.Ave de rapiña.3. Apócope de malo.Militar que seguía libremente en la hueste a los reyes góticos. 4. Hogaño, fam., en el año presente.Contracción. 5. Medida de capacidad china.Símbolo químico del aluminio.6. Hilera o fila.Nombre de las dos cavidades situadas entre las costillas falsa y las caderas.7. Traspasar una persona a otra el dominio de una cosa.Licor alcohólico que se saca de la maleza.8. Fig., sentir extremado ardor o calor.Distinta.9. Dar lanzadas, herir con lanza.

1).D3g S: 1)...Te3 2)Dc 7++

1)...Ce3 2)Dc 7++

8

1

4

4

6

6

6

3

2

2

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8 2

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1

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5

3

3

7

7

7

C H A P U C E R I AA I R A D O S O SL A R A M P A EI L A T B I G A SG I L I O R B OI N C A I C O RN A V E S T U M AO A L U D O I RS U L A U S A N AA R R A N C A S E N

ENTRETENIMIENTO

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5 71

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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIAFECHA SALIDA 21 JUNIO – FECHA REGRESO 26 JUNIO 3 noches en Providencia, 2 noches en San Andrés, paseo en velero por la bahía, vuelta a la isla de San Andrés y Providencia. traslado entre San Andrés y Providencia en catamarán. Incluye full estilo San Andrés y 2 comidas en providencia, tiquete aéreo Bogotá - San Andrés - Bogotá.Tarifa aproximada por persona $ 2.100.000

Forma de pagoCrédito ACORE6 cuotas sin interés12 cuotas tasa 0.5% mensual15 cuotas tasa 1% mensualTarjeta de crédito o efectivo

Tel 3450511 ext 118Cel 3104800897

acoreturismo@hotmail.com

LETICIA FECHA SALIDA 26 JULIO – FECHA REGRESO 31 JULIO5 noches 6 días, city Tour , Visitas Isla de los Micos, lagos de Yahuarcacas,comunidades Indigenas, Puerto Nariño, Benjamín Constan, Tabatinga, Victoria Regia. Incluye tres comidas. Tiquete Aéreo Bogotá Leticia Bogotá.Tarifa Aproximada por persona $ 2.510.000

ITALIA - FRANCIA FECHA SALIDA 25 SEPTIEMBRE – FECHA REGRESO 13 OCTUBRE2 noches Milán, Verona,2 noches Venecia, 2 noches Padua, Pisa,2 noches Florencia, Siena, 4 noches Roma, 4 noches Paris.Incluye desayuno y cena,visitas programadas en el itinerario, tiquete Aéreo Bogotá Madrid Milán - Paris Madrid Bogotá.Tarifa aproximada por persona $ 9.600.000

ITALIA FECHA SALIDA 25 SEPTIEMBRE- FECHA REGRESO 08 OCTUBRE2 noches Milán,Verona, 2 noches Venecia, 2 noches Padua, Pisa, 2 noches Florencia, Siena, 4 noches Roma.Incluye desayuno y cena, visitas programadas en el itinerario, tiquete aéreo Bogotá Madrid Milán – Roma Madrid Bogotá.Tarifa aproximada por persona $ 6.840.000