Las dos caras de las crceles colombianas22/08/2006

Las dos caras de las crceles colombianas

Segn la Defensora del Pueblo el tratamiento penitenciario en el pas presenta falenciasen los servicios prestados a los internos y en la infraestructura de las edificaciones.Adems, una investigacin de la Universidad del Cauca, en la Prisin de San Isidro enPopayn, evidencia problemas de depresin en los internos a causa de la privacin de lalibertad.

Informe EspecialPor Carolina Roatta AcevedoNOTICyT

"Como lo dijo el escritor francs VctorHugo, las crceles son la expresinmisma de sus sociedades. Ellas nopueden inventar prisiones diferentes alo que ellas representan", explicDaniel Acosta, coordinador de estudiosde la Escuela Penitenciaria de Funza y

profesor universitario de psicologa jurdica, en su libro "Penitenciarismo en Colombia", al referirseal contexto de las crceles colombianas en una sociedad marcada por la injusticia social y elconflicto.

"El trato que reciben los internos es deplorable y, adems de no recibir un acompaamientopsicolgico adecuado, ellos son vctimas de la violacin de numerosos DerechosFundamentales", afirm Carlos Augusto Lozano Bedoya, autor del libro "Derechos de laspersonas privadas de libertad. Manual para su vigilancia y proteccin", publicado en el mes dejunio por la Defensora del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las NacionesUnidas para los Derechos Humanos.

"Hicimos unas visitas que alimentaron nuestra experiencia y nuestra percepcin de la situacinpenitenciaria. Aunque el Manual no es una investigacin de la situacin de los DerechosHumanos, el trabajo de campo permiti identificar reas crticas dentro de las ya crticas", enfatizel autor.

Lozano indic que, de acuerdo con estas visitas, exista la necesidad de brindar una gua queaclarara el tema de Derechos Humanos para los presos. "El Manual brinda los insumosconceptuales y jurisprudenciales para que la Defensora pueda entrar a actuar ah e identificar elncleo principal de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad. Porque

Copyright 2006 Universia Colombia. Todos los derechos reservados. Pgina 1 de 6

la violacin de los derechos de estas personas no slo se manifiesta en las dificultades de lascondiciones de vida, tambin hay prcticas administrativas que no por sutiles, son menos graves".

Por otro lado, Franklin Fajardo, investigador de la Universidad del Cauca explic que "en lasdiversas crceles del pas, el tema de la atencin sicolgica es precario. Por varias razones, noexiste suficiente personal especializado para atender el nmero de poblacin con algn sndromeo problema psicolgico. Adems, debe observarse la forma de contratacin de estosprofesionales (normalmente es a travs de contrato de prestacin de servicios a trminos muycortos). Esto genera un problema de estabilidad laboral y no permite un seguimiento a laspolticas en la materia. Quien llega a ocupar el cargo, debe empezar desde cero".

El tratamiento penitenciario segn la ley 65

Al ingresar un interno a la crcel, ste puede hacerlo de dos formas: como una persona sindicadade haber cometido un hecho punible o como una persona condenada, es decir, sobre la cual caela responsabilidad del delito.

Karina Alfrez Robayo, subdirectora de tratamiento y desarrollo del Instituto NacionalPenitenciario y Carcelario (Inpec) se refiri al Artculo 144 de la Ley 65, o Cdigo Penitenciario yCarcelario, que precisa, segn ella, el proceso de rehabilitacin: "Para los sindicados tenemos laatencin integral que consiste en asegurarles la habitabilidad, la visita, la alimentacin y losservicios mnimos o bsicos de salud. Mientras que una persona que y es condenada y cuentacon una sentencia ejecutoriada, accede voluntariamente, lo cual hay que resaltar, al proceso detratamiento integral".

La primera fase se compone de tres meses de "Observacin, clasificacin y diagnstico". Elequipo interdisciplinario de la crcel, compuesto segn el Inpec, por un psiclogo, un terapeutaocupacional, educadores, personas del rea administrativa, Ingenieros Industriales para las reaslaborales, etc, comienza un acercamiento con el interno, con el fin de minimizar el impacto delproceso de prisionalizacin. "Entonces comenzamos a ayudarle a comprender esa nuevarealidad: Est privado de la libertad. Y manejamos imaginarios como el temor de perder a sufamilia, de ser repudiado socialmente. Trabajamos el sentimiento de vergenza y comenzamos acomprender cul es la historia de vida de ese interno".

Una vez termina ese proceso, el interno es clasificado en fase de alta seguridad y accede aalgunos programas. "Durante la totalidad del estadio en prisin, l va a tener acceso a programastransversales que se componen del acceso a bibliotecas, a recreacin y deporte, as comoasistencia espiritual. Tambin accede a programas especficos, por ejemplo en el rea educativa,los hay para validar el bachillerato y presentar el Icfes. Contamos tambin con programaseducativos no formales, de crecimiento personal, autoestima y autoayuda, y pequeos seminariospara aprender algn oficio o arte", agreg Alfrez.

A medida que los internos son promovidos de fase, cuentan con mayor movilidad en el

Copyright 2006 Universia Colombia. Todos los derechos reservados. Pgina 2 de 6

establecimiento, "cuando llega a fase de confianza y mnima seguridad, el interno ya es unapersona que tiene la proyeccin de su vida en libertad, tiene competencias sociales adquiridas, hahecho una reflexin constante y est comenzando a trabajar sus relaciones familiares,personales, basado en principios y valores. Entonces, ya se ha trabajado el carcter, que sea unapersona confiable, honesta, respetuosa, trabajadora, orientada a la productividad y a laeficiencia".

De acuerdo con Alfrez, casi el 90% de los internos de las crceles del pas siguen las etapas derehabilitacin. "El parte diario de internos es de 64.173. Alrededor de 31 mil internos estnvinculados a reas educativas, en programas de educacin formal y no formal. Tenemos 24.600en reas laborales como confecciones, marroquinera, reas agropecuarias, que componen lafase final del tratamiento". +

Hay otra realidad?

La Ley indica que las personas privadas de libertad sern sometidas a un tratamiento para surehabilitacin que permita su regreso a la sociedad y ese tratamiento cuenta con programas deestudio y trabajo. Sin embargo, de acuerdo con el socilogo Carlos Lozano y autor del Manualpara la vigilancia y proteccin de los Derechos de las personas privadas de libertad, al analizar afondo la situacin de las crceles se evidencian falencias.

"Por slo nombrar un caso, las estadsticas que maneja el INPEC muestran que el 90% de laspersonas condenadas tienen la opcin de estudiar o trabajar. Pero cuando uno entra a la crcel ydice, bueno, explqueme donde estudian y trabajan, la cuestin se complica. No hay suficientesaulas, ni talleres y el personal es insuficiente. En una visita que hicimos a la penitenciara deIpiales, nos dijeron eso (que tenan educacin y trabajaban). Y cuando fuimos a ver el taller, eraun taller de carpintera dnde haba 5 o 6 mquinas. Y se encontraban 80 personas all. Unotrabajaba, los otros simplemente miraban".

Daniel Acosta, funcionario de la Escuela Penitenciaria de Funza y profesor universitario desicologa jurdica, indic que Colombia tiene actualmente 4.700 guardianes de dficit, sin contarlas nuevas crceles en proceso de construccin, que generan una necesidad de 2.000 guardiasnuevos. "Para el caso de los internos, tenemos un 35% de hacinamiento que afecta todos losprogramas. De planta, no existen 25 psiclogos en las crceles del pas y no alcanza a haber 70profesores vinculados a los programas de tratamiento. Aunque es importante destacar que setrata de gente de vanguardia que trabaja en barriada, ganando la confianza y el respeto delinterno, uno de los factores de cambio hacia la modernizacin en los establecimientos".

En el caso de las mujeres privadas de libertad, la situacin es ms complicada porque laproporcin de internas es menor. "En la Crcel de Leticia haba aproximadamente 80 hombres ennuestra visita de 2005 y solamente seis mujeres. Ellas vivan en un pabelln al que no le llegabala luz del sol y slo podan salir al patio a tomar su hora de aire libre cuando los hombres noqueran. Esto de doce a dos de la tarde, la peor hora del calor", agreg Lozano.

Copyright 2006 Universia Colombia. Todos los derechos reservados. Pgina 3 de 6

El caso de la Prisin de San Isidro en Popayn

Un ejemplo ms preciso de la situacin vista desde la sicologa, es el perfil de los internos de laCrcel de San Isidro en Popayn, realizado por investigadores de la Universidad del Cauca. stemostr cmo estos individuos sufran desordenes psicolgicos que evidenciaban fallas en larehabilitacin que indica la ley.

"En general, podemos inferir que el 86% de la poblacin de reclusos est sufriendo depresin. Eltipo de depresin estimado tiende a aparecer en personas ansiosas, introvertidas y faltas deautocontrol social. Tambin se aprecia en esta poblacin lo que se ha definido como desajustegeneral. El perfil general de personalidad de los reclusos de la Penitenciara Nacional San IsidroPopayn nos permite evidenciar los efectos sicolgicos de la prisin sobre estos sujetosencarcelados y establecer que presentan desajustes en su conducta, es decir, es inusual yclaramente inadaptada, pero que no presentan los elevados niveles de ansiedad caractersticosde los problemas sicticos. Por el anlisis clnico, se pudo establecer que estas personas estnpresentando tendencias depresivas y paranoicas importantes, adems de un autocontrol muyprecario", indica el Informe de la investigacin que result en la publicacin de los libros "Laprisin de San Isidro. Incidencia fsica, psicolgica y social de la reclusin" y "Poesa desde lacrcel".

"Una vez terminamos la investigacin en el ao 2002, iniciamos acercamientos con los directoresde la Prisin San Isidro. Hemos realizado conversatorios con el fin de hacer visibles los resultadosy hemos convocado como Universidad, y en especial como Facultad de Derecho, a fiscales,directores de establecimientos, presos, estudiantes, jueces y a la ciudadana en general.Remitimos igualmente los resultados de la investigacin al nivel central del INPEC pero la suertefinal de su aplicacin es desconocida para nosotros", explic Franklyn Fajardo, miembro delgrupo de investigacin en sicologa jurdica.

La crcel San Isidro hace parte de las nuevas construcciones hechas como consecuencia de ladeclaracin del "Estado de cosas inconstitucional" por parte de la Corte Constitucional en 1998,ante el hacinamiento y estado deplorable de las prisiones del pas. Sin embargo, el "Informe de lavisita de inspeccin practicada al establecimiento penitenciario y carcelario de alta y medianaseguridad de Popayn San Isidro", basado en la visita realizada por la Defensora del Pueblo el30 y 31 de marzo de 2005, indica: "es un tpico ejemplo de los problemas creados por la llamadaNueva cultura penitenciaria, esto es, de la estrategia mediante la cual el Inpec ha pretendidorenovar el sistema penitenciario nacional mediante "una organizacin moderna, humanizada,altamente efectiva y comprometida con el Estado y las instituciones, para lo cual es necesario lagerencia de los recursos orientada a la solucin integral de la problemtica penitenciaria en elcampo de la seguridad y la resocializacin". (Vase: Inpec, Todo lo que debe saber sobre laPenitenciara Nacional de Valledupar, Bogot, enero 10 de 2001).

() La Nueva cultura penitenciaria ha generado una serie de problemas en el sistema carcelario

Copyright 2006 Universia Colombia. Todos los derechos reservados. Pgina 4 de 6

que, sin duda, profundiza el estado de cosas inconstitucional que decret la Corte Constitucionalen la sentencia T 153 de 1998. La evaluacin de las prcticas y procedimientos propios del nuevoesquema de administracin penitenciaria, deja percibir muy claramente que se trata de unesquema en el cual se hacen prevalecer las necesidades de control sobre las necesidades derespeto de los Derechos Humanos. El establecimiento penitenciario y carcelario de alta y medianaseguridad de Popayn no cumple las exigencias requeridas para garantizar los objetivos quesegn la ley debe cumplir la pena privativa de la libertad".

No obstante, el problema no se limita a la poltica penitenciaria, sino que viene desde laformulacin de la poltica criminal colombiana, un factor clave en el aumento de internos y elconstante hacinamiento. "El 65.7% de los condenados tienen penas menores a 10 aos. Grancantidad de las contravenciones de la polica, como lo eran inasistencia de alimentos,contrabando menor (hablo de venta de cigarrillos, por ejemplo), evasin de impuestos, se hanconvertido en delitos penales. Eso, obviamente, rebasa la capacidad real del nmero de internosque se pueden atender", indic Daniel Acosta.

Qu hacer frente al problema?

El dilogo entre la academia, los organismos de control y el INPEC no es muy claro. Lasubdirectora de tratamiento del INPEC, Karina Alfrez indic, en relacin con el Manual deDerechos Humanos y la investigacin de la Universidad del Cauca: "Hice una revisin general aldocumento de la Universidad del Cauca y no encuentro realmente sugerencias precisas que notengan un referente vigente en cuanto a programas y procedimientos.

Lo cierto es que nuestro dficit de personal dificulta el cumplimiento de nuestra labor en trminosde alcanzar el 100% de eficiencia. En cuanto al libro de la Defensora, s tengo conocimiento. Dehecho, de alguna manera, acompaamos el proceso en el marco del proyecto realizado conNaciones Unidas y puedo decir que, cada una de las reglas mnimas de tratamientocontempladas en los estndares internacionales son tenidas en cuenta por la subdireccin detratamiento y desarrollo".

Sin embargo, los informes de las visitas realizadas por funcionarios de la Defensora del Pueblo yla Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos, indican en repetidas ocasiones que las exigencias de la ley no se cumplen.

El libro "Derechos de las personas privadas de libertad. Manual para su vigilancia y proteccin",los conversatorios organizados por la Universidad del Cauca, los cursos en Derechos Humanosque brinda la Escuela Penitenciaria de Funza, son esfuerzos por mejorar la situacin de losinternos de las crceles colombianas, una poblacin vulnerable, muchas veces vctima de lainjusticia social. Sin embargo, todos coinciden en afirmar que esos esfuerzos siempre estarnatomizados ya que las entidades estatales parecen no ver los problemas carcelarios en suverdadera dimensin, ni manifiestan una voluntad poltica por mejorar la situacin.

Copyright 2006 Universia Colombia. Todos los derechos reservados. Pgina 5 de 6

Copyright 2006 Universia Colombia. Todos los derechos reservados. Pgina 6 de 6