Doctrina Código Orgánico Procesal Penal Año 1999

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Transcript of Doctrina Código Orgánico Procesal Penal Año 1999

  • REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAMINISTERIO PUBLICO

    FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA------

    BIBLIOTECA CENTRAL "RAFAEL ARVELO TORREALBA"

    DOCTRINADEL

    MINISTERIO PUBLICOSOBRE EL CODIGO ORGANICO

    PROCESAL PENAL( 1999 )

    CARACAS2000

  • CONTENIDO

    PRELIMINAR, por la Lic. Carmen Celeste Ramrez Bez, Coordinadora de la Biblioteca

    Central Rafael Arvelo Torrealba del Ministerio Pblico I

    DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL CODIGO ORGANICO

    PROCESAL PENAL ( 1999 ) 1

    __

  • PRELIMINAR

    La Biblioteca Central Rafael Arvelo Torrealba, a travs de su Seccin InformticaJurdica, a cargo de la Abog. Rosa Rodrguez Noda, ha recopilado y clasificado laDOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE EL CODIGO ORGANICOPROCESAL PENAL, inserta en el Informe del Fiscal General de la Repblica,correspondiente a la actuacin del Organismo en 1999.

    Documentacin que se presenta en 52 registros de los cuales puede obtenerseinformacin sobre su contenido mediante la Lista de Descriptores (materias) que seincluye al final de la obra, encontrndose a continuacin la Lista de Abreviaturas, queaclaran el significado de las mismas, utilizadas con frecuencia, en los textos.

    La Doctrina del Ministerio Pblico sobre el COPP (1999) es una separata de laDoctrina del Ministerio Pblico (1999) que abarca todas las materias tratadas por laInstitucin en ese ao; la cual se encontrar a disposicin de los usuarios en fechaprxima. Por la consulta obligante, se le ha dado prioridad a la composicin de lapresente, pudindose ya obtener por la direccin electrnica ([email protected])o en diskette en este centro bibliotecario.

    Los PROLEGOMENOS A LA DOCTRINA DEL MINISTERIO PUBLICO SOBRE ELCODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL (1996-1998), obra editada y distribuida porla Biblioteca Central en 1999, precede a este trabajo, inicindose con ambos una serie,la cual mantendremos (con un volumen anual) especialmente para los funcionarios dela Institucin por la importancia que reviste el conocimiento de la informacin doctrinaldel Organismo en esta materia, la cual deben manejar con propotitud y eficiencia.

    La implantacin en Venezuela de un nuevo procedimiento penal en 1999, hasacudido a las instituciones vinculadas, las cuales han tenido que adaptarse alnovedoso sistema. Cursos, talleres, recopilaciones de jurisprudencia y doctrina ypublicaciones han contribuido a la formacin de jueces, fiscales del Ministerio Pblico,defensores pblicos, abogados. Las universidades nacionales y privadas que, sindudas, son las celulas primarias para la formacin de los profesionales de las cienciasjurdicas debieron ajustar tambien sus programas.

    Nuestro agradecimiento a la Abog. Rosa Rodrguez Noda, por el excelente trabajoinstitucional que tiene encomendado y a la Br. Glenda Brea del equipo de la BibliotecaCentral, quien como soporte tcnico en informatica ha sido un valioso aporte para lacomposicin y transporte de los textos.

    Estimamos que hemos cumplido otro objetivo en beneficio de la Institucin.

    Lic. Carmen Celeste Ramrez BezCoordinadora de Bibliotecas del Ministerio Pblico.

    Caracas: Jul.2000

  • 1001TDOC /sin identificar/REMI Sala de Casacin Penal SCPCSJ

    de la Corte Suprema de JusticiaDEST /sin destinatario/UBIC Ministerio Pblico MPTITL Error de derecho al no expresar con la debida claridad y precisin las razones

    de hecho y de derecho. Formalizado el 27-4-98. Expediente 97-1283. Delito:Sustraccin de fondos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Nacionales.

    FRAGMENTO

    Si se excluye el examen de las pruebas, no se habrn indicado en el fallo lasrazones de hecho, lo que impide al sentenciador hacer el juicio lgico para aplicar elderecho a la decisin. Ahora bien, dispone el artculo 512 ordinal 3 del CdigoOrgnico Procesal Penal que el fallo debe contener la exposicin de losfundamentos de hecho y de derecho Tales exigencias no son satisfechas por larecurrida, razn por la cual procede la casacin del fallo por quebrantamiento deforma Por las razones antes expuestas, la Sala declara con lugar el recurso deforma, formalizado

    Disposiciones legales contenidas en el documento:COPP art:512-3

    DESC CASACIONDESC FUERZA ARMADADESC PRUEBADESC SENTENCIAS

    FUEN Venezuela Ministerio Pblico.FUEN Informe FGR, 1999, T.I., p.220-221.

  • 2002TDOC MemorndumREMI Direccin de Consultora Jurdica DCJDEST /sin destinatario/UBIC Ministerio Pblico MP N: DCJ-9-561-99 FECHA: 19990617TITL Admisin de los hechos y acuerdos reparatorios Legitimacin activa del

    Ministerio Pblico para apelar

    FRAGMENTO

    Cuando el representante del Ministerio Pblico tenga conocimiento de la falta de notificacinde la apertura del proceso penal, debe solicitar la reposicin de la causa.

    Primero: El tribunal de la causa al dictar sentencia condenatoria sin que se hayacelebrado la audiencia pblica del reo, evidencia que es del criterio que elprocedimiento especial de admisin de los hechos puede ser tramitado durante elsumario, sin embargo, a nuestro juicio tal actuacin transgrede una norma de rangoconstitucional, la cual se encuentra contenido en el ordinal 5 del artculo 60 de nuestraConstitucin Nacional, donde se consagra que:

    Artculo 60. La libertad y seguridad personales son inviolables, y enconsecuencia:/Ordinal 5. Nadie podr ser condenado en causa penal sin anteshaber sido notificado personalmente de los cargos y odo en la forma que indique laley.

    De tal forma que, el representante fiscal en cuestin al percatarse de esta transgresindebi apelar de dicha decisin, toda vez que es violatoria de una norma de rangoconstitucional.

    Segundo: Independientemente de que la sentencia condenatoria se dicte en fase sumariao plenaria, la misma por ser una decisin que pone fin al proceso, es apelable deconformidad con lo establecido en el artculo 50 del todava vigente Cdigo deEnjuiciamiento Criminal el cual seala que: Toda sentencia definitiva en primerainstancia es apelable dentro de las cinco audiencias siguientes a la notificacin que sehaga de ella al reo si estuviere detenido o a su defensor; y si no estuviere, a partir delda del pronunciamiento, y la apelacin se oir en ambos efectos.

    Tercero: El criterio del tribunal de la causa de no or apelacin alguna por la admisin delos hechos, ni en los acuerdos reparatorios, en modo alguno menoscaba la obligacinen la que se encuentra el Ministerio Pblico de Velar por la celeridad y buenamarcha de la administracin de justicia y porque en los tribunales de la Repblica seapliquen rectamente las leyes en los procesos penales y en los que estn interesadosel orden pblico y las buenas costumbres (artculo 220 ordinal 2 de la Constitucinde la Repblica), as como tampoco, impide que los representantes de este organismoejerzan la facultad de Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios queconsideren procedentes contra las decisiones interlocutorias y definitivas dictadas porlos Tribunales en materia penal. (Artculo: 42 ordinal 10 de la Ley Orgnica delMinisterio Pblico).

    En este sentido, salvo en aquellos casos en que la ley, de manera expresa, excluya alrepresentante del Ministerio Pblico de los legitimados activos para apelar, el fiscal delMinisterio Pblico, se encuentra facultado para interponer los recursos que a bien tenga,siempre que se trate de una decisin definitiva o interlocutoria emanada de un tribunal penal.

  • 3Por ltimo y por cuanto el mencionado fiscal aduce en su escrito, que el Ministerio Pblicono ha fijado doctrina alguna, donde el representante fiscal deba en los casos relacionadoscon admisin de los hechos acuerdos reparatorios, apelar en dichas decisiones, ni en questado del proceso de deba intervenir, suponemos que, a los fines de justificar su omisino negligencia en el presente caso, es preciso destacar que la falta de doctrina o instruccionesde este organismo sobre cual debe ser la actuacin de sus representantes en los aludidosprocedimientos especiales, no impide de ninguna manera que cumplan con los deberesfuncionariales que le imponen la Constitucin de la Repblica, la Ley Orgnica del MinisterioPblico y el Cdigo de Enjuiciamiento Criminal. De aceptarse tal posicin tendramos queadmitir que, al menos, ese fiscal del Ministerio Pblico, hasta tanto no reciba directrices oinstrucciones provenientes del Despacho del Fiscal General de la Repblica, se abstendr decumplir las funciones que le atribuye el Cdigo Orgnico Procesal Penal, que contiene unaestructura procesal novedosa.

    Disposiciones legales contenidas en el documento:CR art:60-5CR art:220-2CEC art:50CEC art:10CEC art:218CEC art:73CEC art:73-pg.unCEC art:84CEC art:236LOMP art:42-10

    DESC ACCION PUBLICADESC ACUERDOS REPARATORIOSDESC ADMISION DE LOS HECHOSDESC APELACIONDESC MINISTERIO PUBLICODESC NOTIFICACIONESDESC PRUEBADESC REPOSICIONDESC SENTENCIAS

    FUEN Venezuela.Ministerio Pblico.FUEN Informe FGR, 1999, T.I., pp.374-378.

  • 4003TDOC MemorndumREMI Direccin de Consultora Jurdica DCJDEST Direccin General Sectorial de Defensa DGSDDC

    de los Derechos CiudadanosUBIC Ministerio Pblico MP N: DCJ-11-781-99 FECHA:19991005TITL Competencia de los fiscales auxiliares

    FRAGMENTO

    Deriva del contenido de las disposiciones legales . y de la esencia de la figura delfiscal auxiliar, que sus actuaciones debern estar limitadas a actos determinados,previamente establecidos en las directrices que dicten los fiscales cuyo auxilio leshaya sido asignado, razn por la cual no es procedente que los fiscales auxiliaressean encargados del conocimiento de un proceso en general, porque elloconstituira, no el auxilio del fiscal de adscripcin, sino su sustitucin.

    Por otra parte, sera conveniente que los fiscales de adscripcin, en ningn casoordenen a sus fiscales auxiliares la realizacin de actos esenciales de la funcin delfiscal principal, como la interposicin de la acusacin o la asis