DISCURSO DEL DR RICARDO LUIS LORENZETTI.

ACTO DE APERTURA DEL AÑO JUDICIAL. 6 DE MARZO DE 20 12

Buenos días a todos los presentes, en mi nombre y en el de mis colegas de la Corte

Suprema de Justicia de la Nación, queremos agradecer la presencia de todos ustedes y

muy particularmente de jueces y juezas de todo el país, de todos los fueros, lo cual es

una representación extraordinaria para este acto. También queremos agradecer muy

especialmente la presencia de legisladores, la presencia de embajadores, y muy

especialmente también la de líderes sociales, de las organizaciones no gubernamentales,

que de una manera u otra tienen relación con la Justicia. En este acto que venimos

haciendo hace pocos años en el cual reflexionamos sobre lo que tenemos que hacer y

sobre lo que hemos hecho, este acto de inauguración del año judicial, en esta

oportunidad queremos hacer un enfoque un poco distinto. Quiero hablarles de un

modelo de justicia más cercana a los intereses de los ciudadanos, de los argentinos. De

un modelo de justicia que no se demore por causas injustificadas. De un modelo de

justicia que juzgue a quien tiene enfrente con imparcialidad, cualquiera sea el poder

económico, político, o de otra naturaleza que ostente. La justicia igual para todos. De un

modelo de justicia que evite que las tragedias que vivimos los argentinos a lo largo de

nuestra historia luego se transformen en tragedias judiciales. Y este modelo incluye

también la necesidad de hablar, las cosas importantes que exceden la actividad judicial.

Es necesario también un diálogo profundo con los demás poderes del Estado, para que

hablemos de aquellos problemas que desde hace años nos preocupa. Porque no es sólo

resolver los casos lo que tenemos que hacer sino que tenemos que evitar que las

tragedias ocurran y tratar de que los conflictos no siempre sean juicios. Y para ello hay

que hacer un diálogo institucional serio, profundo, honesto para evitar que los

problemas dejen de repetirse. Tenemos una extraordinaria tendencia a que los

problemas no se solucionen, se trasladen. A evitar que los discursos sobre los problemas

sustituyan a las soluciones. A que existan demasiadas declaraciones coyunturales pero

poca dedicación a la solución y transformación de las estructuras que causan los

problemas que luego enfrentamos. De esto vamos a hablar en esta reunión,

refiriéndonos sobre todo al modelo que hemos intentado desarrollar en la Corte

Suprema. Permítanme comenzar con una breve referencia personal: cuando llegué a la

Corte, como les pasó a varios de mis colegas, no podíamos entrar en este edificio ni

podíamos salir porque estaba rodeado por gente indignada por la emergencia económica

y el corralito. Y para mí, que era alguien que venía del mundo académico y que había

escrito libros y dado conferencias aquí y en el extranjero, me pareció algo tan chocante

ver una institución divorciada de la sociedad de esa manera, me afectó de modo muy

profundo y también para alguien que venía de una ciudad pequeña del interior del país,

cuan alejados estábamos de la realidad, me hizo pensar que debíamos hacer una

transformación muy profunda, un cambio de modelo, y creo que la misma sensación

tuvieron mis colegas y por eso hemos iniciado una transformación del modo en que

veníamos trabajando. Esta transformación está basada en una serie de principios que

quiero mencionar, que están reflejados en la jurisprudencia y decisiones de la Corte

Suprema, pero que no son otra cosa que acercar la justicia a la gente, hacer hablar a la

Constitución con la voz del pueblo de la Nación. Interpretarlo de modo que exprese las

necesidades de nuestra gente. Son principios que no están en la mente de un solo

dirigente por bueno que sea, sino que deben estar en el corazón del pueblo, y como

nosotros decimos: formar parte del contrato social, de modo que no exista retroceso

sobre esto. ¿Cuáles son estos principios? El primero al cual me voy a referir lo solemos

denominar “acceso a justicia”, pero creo que aquí hoy es necesario decir que en nuestra

historia como en la de muchos países existen tensiones sociales y por lo tanto protestas

sociales. Y una de las alternativas frente a la protesta social es reprimirlas, es tratar de

que no se expresen, pero este no es el camino más acertado. Hemos pensado siempre

que lo mejor es escuchar, es dar canales de participación para que nuestro pueblo se

exprese y por eso aquí en la Corte Suprema estuvieron presentes los pobres, por primera

vez, es algo que a todos nos llamó la atención cuando la gente de Villa Inflamable, que

dio origen a la causa más importante que tiene hoy el país, que es la causa del

Riachuelo, decía que por primera vez llegaron a un tribunal y pudieron hablar. Esto

muestra cuan lejos estábamos. Y aquí en esta Corte también estuvieron los pueblos

originarios y pueblos del interior del país, de Salta, del Chaco, estarán ahora los de

Formosa. Aquellos que nunca pensaron que podían llegar a un gran tribunal, estuvieron

aquí, y hay que escucharlos. Y por eso hicimos las audiencias públicas, porque hemos

entendido que la mejor manera de resolver estos conflictos es empezar a escuchar a las

distintas voces. Por esta razón también hemos tratado de expandir la legitimación y en

la causa Halabbi, en la que estuvieron involucrados los abogados como grupo, hemos

reconocido una amplia legitimación para que todos aquellos que tengan intereses

comunes y homogéneos puedan llegar a los tribunales y mejorar la participación de la

sociedad en los tribunales. Es mucho mejor escuchar a la sociedad antes de tomar una

decisión que tomarla pensando que uno tiene la razón de antemano, y es por eso que

este debate público, institucional en las audiencias ha sido tan valioso para nosotros.

También en la política institucional hemos tratado de llevar adelante estas ideas, y

hemos creado el Centro de Información Judicial, para que todo el mundo conozca lo que

se hace y pueda intercambiar ideas, información. ¿Cuál es la noción que está atrás de

todo esto?: es la idea de Gobierno Abierto que acabamos de desarrollar el año pasado,

dentro de la Corte Suprema. Gobierno abierto significa que la concentración de las

decisiones no puede ser un modo de actuar en nuestras instituciones. Tenemos que

escuchar a todos, es mejor la inteligencia colectiva que la inteligencia individual, es

mejor la historia escrita por todos los sectores sociales que la escrita individualmente,

por eso es que esta idea de Gobierno Abierto es inspiradora de un marco de decisiones

que queremos que todos los jueces y juezas del país tomen en cuenta. Abrir, escuchar,

dar participación, es la mejor manera de que nos equivoquemos un poco menos y de que

nuestro Poder Judicial esté más cerca de las expectativas sociales.

El segundo principio que me parece importante resaltar, es el que tiene que ver con la

igualdad. Sabemos que hay tensiones en nuestra sociedad y en todas las sociedades del

mundo pero muchas de estas tensiones tienen que ver con la exclusión social; es muy

fácil reconocer derechos para un grupo que ya los tiene, el problema son los que no los

tienen, los que están fuera del sistema. Este es un gran desafío, por eso hemos prestado

especial atención y esto forma parte esencial del modelo constitucional que desarrolló

nuestra Corte Suprema. Siempre tenemos la tendencia a pensar que en un expediente

sólo hay papeles, pero nunca hay que olvidarse que detrás de eso hay un drama humano,

nunca hay que olvidarse del dolor que siente una madre, un padre cuando se da cuenta

que su hijo o su hija no tienen un futuro y por eso es esencial que nosotros

reconozcamos, como lo dice la interpretación constitucional, que hay un paquete de

derechos básicos para que todos los ciudadanos puedan ser considerados tales. La Corte

desarrolló ampliamente esta idea. Hemos cambiado las decisiones anteriores, de diez o

veinte años atrás, reconociendo los derechos de los trabajadores y de la libertad sindical.

Hemos cambiado la jurisprudencia de muchos años atrás y reconocido los derechos de

los jubilados. Hemos trabajado mucho sobre derechos fundamentales como son el

acceso a las prestaciones de salud, el acceso a las prestaciones médicas en general, que

es algo esencial. Hemos convocado a audiencias públicas sobre el derecho a la vivienda.

Es decir, los derechos económicos sociales forman parte esencial del modelo

constitucional que hemos querido desarrollar en estos años y también hay algo que

quiero mencionar porque ha sido parte de mi tarea académica durante muchos años, que

es el derecho de los consumidores. En abril del año 2008, dictamos una sentencia en la

que se discutía la indemnización de una mujer, empleada doméstica, que sufrió un daño

en un subterráneo, y la Corte dijo en aquel momento, que la seguridad a la que se refiere

el artículo 42 de la Constitución Nacional, obliga a los prestadores de servicios públicos

a desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que tenemos que es

la vida y la salud de sus habitantes, ricos o pobres, poderosos o débiles, ancianos o

adolescentes, expertos o profanos, todos tienen derecho a la seguridad. Y la Corte dijo

allí también que el ciudadano común tiene allí una confianza fundada en que el

organizador se ha ocupado razonablemente de su seguridad. Y que la Constitución

Nacional obliga a los prestadores de servicios de los consumidores a brindarles un trato

digno. Esto fue dicho en abril del 2008. Y esta idea de igualdad, la hemos desarrollado

en todos los campos, también en las políticas institucionales. Nosotros llevamos

adelante, una política de igualdad de género en la cual ha trabajado mucho la doctora

Argibay y también la doctora Highton que es esencial para que dentro del Poder

Judicial tengamos una noción clara de que todos somos iguales. No sólo la igualdad de

género sino también de aquellos que tienen capacidades diferentes, la igualdad como

base de una ética de los vulnerables. Este es otro principio constitucional que nosotros

hemos tratado de poner en claro en estos años.

Otro de los principios que me parece fundamental resaltar, tiene que ver con un valor

que es la libertad. Hemos dicho que hay una libertad personal y el ejercicio de esa

libertad es un valor que debemos defender a toda costa los argentinos. Pero si se afecta

la libertad cuando se esclaviza una persona y este es un primer tema al cual le hemos

dado una trascendencia importante en la agenda de la Corte: la trata de personas. ¿Cómo

es posible que a esta altura nosotros todavía sigamos hablando de trata de personas, que

no hayamos podido disminuirla. Por el contrario, el problema crece! Hemos insistido

mucho, y también menciono nuevamente a las doctoras Argibay y Highton, en los temas

de la trata de personas y de la violencia doméstica que son dos áreas importantísimas

que afectan la libertad de las personas, la violencia y la trata son dos temas centrales de

la agenda de la Corte, que nosotros nos planteamos para que la sociedad, y sobre todo

los jueces y juezas lo tengan como re lectura de los textos constitucionales. Son normas

constitucionales que queremos que se tengan presentes en esta agenda.

También la libertad ha sido defendida en materia penal. Defendiendo las normas del

debido proceso, las garantías del derecho penal. Tenemos muchísimos fallos en estos

últimos tiempos, en los cuales la Corte ha dicho con claridad cuáles son las garantías del

debido proceso en materia penal. Esto no es incompatible con la lucha contra el crimen,

sino por el contrario, es compatible con el estado de derecho, con una persecución

adecuada y razonable del crimen.

También la libertad ha sido materia de decisión de la Corte en lo que se refiere a la

libertad de expresión. Hemos dicho en la causa Patitó que la crítica es buena. La crítica

en el sentido de observar deficiencias, y en este caso las deficiencias del propio Poder

Judicial. Lo hemos dicho respecto de nuestro propio Poder que es bueno que se critique

y que no debemos censurar la crítica y esto forma parte de la libertad de expresión. Y lo

mismo hemos dicho sobre aquellos mecanismos indirectos, como la publicidad oficial,

que también pueden afectar la libertad de expresión. Es decir, en esta materia vinculada

a la libertad, el concepto constitucional es que todos tenemos derecho a hacer la vida

que queremos, como nos parece. Hay distintos proyectos de vida, ya nuestras

sociedades son plurales. No hay un solo modo de ver la vida. Y tenemos que saber

reconocer nuestras propias limitaciones cuando tomamos decisiones y no de imponer

nuestros valores a los demás. El único valor que podemos imponer es desde la libertad

para que cada uno opte y decida conforme quiere vivir su propio proyecto de vida. Esto

es la libertad en términos constitucionales. Y esta es la interpretación que ha hecho la

Corte estos últimos años.

También forma parte de la gente y de este modelo, la idea de estado de derecho, que

tiene varios aspectos. El primero, y que ha sido fundamental para nosotros es el estado

de derecho y su relación con el terrorismo de estado. Le hemos dado una importancia

fundamental, en al menos cuatro fallos que son y han sido ejemplares de la Corte

Suprema de Justicia y también hubo fallos de muchos jueces que están aquí presentes,

que señalaron cuáles son los criterios para la definición de los delitos de lesa

humanidad. También, hemos creado la Comisión Interpoderes para que estos juicios se

lleven adelante, porque es esencial que los argentinos tengamos memoria y es esencial

que tengamos futuro. Que también podamos enseñarle a las generaciones que nos

suceden, que no se puede perseguir desde el propio estado al que piensa diferente. Y

esto lo hemos repetido hasta el cansancio, forma parte del contrato social de los

argentinos, y es una decisión irreversible. Tan irreversible es que la hemos profundizado

a través de decisiones de la propia Corte. Quiero mencionar especialmente la decisión

que ha tomado la Cámara de Casación Penal en una reunión en la cual yo he participado

y tuve el orgullo de participar dando directivas para encaminar adecuadamente los

procesos vinculados a los delitos de lesa humanidad. Y también tiene que ver con esta

idea de la lucha contra el terrorismo de estado, de la afirmación del estado de derecho

que no debe haber discriminaciones. La Corte tiene varios fallos en contra de la

discriminación. Pero la discriminación es un tema esencial en materia constitucional.

La Constitución lo dice, la Ley lo dice, pero tenemos que luchar permanentemente

contra las prácticas sociales discriminatorias, y para eso están los jueces y las juezas.

Hemos dicho muchas veces que una sociedad es tolerante frente a los pequeños actos de

discriminación. Es una sociedad que luego tolerará los actos más grandes, por lo tanto

debemos ser intolerantes con los que luego nos parecerá intolerante. Si reaccionamos

rápidamente tendremos anticuerpos para frenar las tragedias que luego hemos vivido los

argentinos a lo largo de nuestra historia.

Otro principio vinculado al estado de derecho, y que esta Corte ha defendido ha sido la

idea del límite al poder, a todos los poderes: los poderes del estado, los poderes fácticos.

Esta es una idea fundamental dentro del sistema constitucional argentino porque debe

haber un equilibrio de poderes, y los jueces y las juezas tienen esa función, limitar y

proteger los derechos de los individuos, de las personas, pero limitando, porque los

fuertes no necesitan ninguna protección, el derecho está para los débiles. Y esta es la

función esencial que tenemos. Y este es otro principio que la Corte ha defendido, a

través de numerosas decisiones tanto en relación de decretos de necesidad y urgencia en

temas constitucionales arduos, como también en lo que se refiere a poderes fácticos. La

realidad es que hoy la democracia es intensiva, ya no existe esa democracia

intermitente, los ciudadanos frente a cada decisión reaccionan, debaten y discuten y eso

lo hacen en la ausencia de otras vías, en el Poder Judicial. Por eso hay que tener la

prudencia necesaria para no interferir o sustituir la gobernabilidad por un lado, porque

los jueces no gobiernan, pero por el otro saber encontrar la medida justa de los límites

de los abusos de toda clase de poder y proteger a nuestros ciudadanos.

Otro principio que también me parece importante mencionar dentro de este modelo

constitucional que hemos desarrollado en los últimos años, tiene que ver con la

protección del ambiente. He trabajado muchos años, más de veinte años, en la temática

ambiental, quiero decirles que me siento sanamente orgulloso porque la conferencia más

importante que se hace en el mundo, que es la Ambiental de Río + 20, que se dará este

año, va a tener una reunión preparatoria aquí en Buenos Aires. Se hicieron sólo dos, una

en Kuola Lumpur que ya se hizo, y la otra será en abril aquí en Buenos Aires, como

reconocimiento de Naciones Unidas a la justicia ambiental que ha llevado adelante la

Corte Suprema y también muchos tribunales. Quiero mencionar aquí el caso del

Riachuelo que para nosotros ha sido un extraordinario desafío , como todos los desafíos

hay que enfrentarlos y hemos tratado de ser creativos para traer bienestar a una enorme

cantidad de hombres, mujeres y niños que habitan ese lugar, pero con la prudencia

necesaria porque sabíamos que es de una complejidad extraordinaria. Y hemos tratado

de encontrar un punto de equilibrio, de ir llevando a todos los poderes del estado a la

solución de uno de los problemas más difíciles que tenemos los argentinos porque

involucra a cinco millones de personas, tres estados y más de mil doscientas empresas,

una megacausa. Y con eso insistimos que hoy la temática ambiental que sigue siendo y

va a ser en todo el mundo tal vez el principal ámbito de litigiosidad merece nuestro

análisis. Nosotros no vamos a renegar de nuestros principios. Yo creo que hay que

proteger el ambiente y creo que hay que debatir sobre este tema, tampoco hay que irse a

los extremos, tampoco hay que prohibir innecesariamente, siempre hay manera de

encontrar puntos de equilibrio y nuestra Corte continuará con la temática ambiental

porque está en la Constitución, porque está en la Ley y porque además está en juego no

solo nuestro bienestar, sino el de nuestros hijos y nietos. No somos dueños para

disponer de los recursos que no son renovables y nuestros hijos y nietos no tendrán si

los dilapidamos ahora, en este momento para satisfacer nuestras necesidades. El

equilibrio que es necesario en todo magistrado en estos temas se debe mostrar con la

mayor expresión. Es tal vez, uno de los equilibrios más complejos que debemos

enfrentar en el futuro.

No quiero dejar de mencionar las tareas internas al Poder. Porque hemos trabajado

mucho en transformar este Poder Judicial, principalmente en lo que nosotros tenemos

competencia, que es el ámbito de la Corte Suprema. Y queremos decirles algunas cosas,

porque quisiéramos que esto se generalice. En primer lugar, hemos promovido las

conferencias nacionales de jueces para hacer políticas de estado. Esto es fundamental

porque nosotros necesitamos que lo que hacemos hoy continúe mañana y pasado

mañana porque es la única manera para que las políticas sean perdurables en el tiempo,

no cambien según el humor colectivo, o del gobernante de turno y lleguen a la

profundidad de los problemas. Y por eso, hemos dicho que tenemos políticas de estado

y estas fueron definidas en las conferencias nacionales de jueces, y aquí quiero hacer un

reconocimiento a la extraordinaria participación que han tenido en esto las

organizaciones que agrupan a los jueces y juezas: JUFEJUS, Junta Federal de Cortes, la

FAM que agrupa a los jueces y juezas provinciales, y la Asociación de Magistrados de

la Justicia Nacional, sin cuyo aporte hubiese sido imposible llevar adelante estas

conferencias nacionales. Y en ellas, se definieron políticas de estado, algunas de las

cuales he mencionado: el acceso a justicia, las políticas de igualdad de género, la

comunicación, el Centro de Información Judicial. Todo tiene su origen en esas

conferencias. Pero además, la informatización y la gestión que son claves. Ayer hicimos

una reunión con el presidente del Consejo, Dr. Urriza, y con la Comisión de

Informática. Nos alegramos al ver que se han terminado todas las licitaciones de

informática. Piensen ustedes que es la mayor licitación de informática en la historia del

Poder Judicial, no hubo una sola impugnación, y hoy está absolutamente terminada.

¿Qué significa esto?: que hoy en la Corte en particular, tenemos notificaciones

electrónicas, la posibilidad de digitalizar expedientes, oficios electrónicos, empezamos

ahora el proceso de pagos electrónicos, todo esto en beneficio de una justicia más

rápida, más cercana a lo que la gente quiere. Para el resto del Poder Judicial, el Consejo

ha planificado que este año el 30 % del Poder Judicial tenga en aplicación todo el

sistema de software, más todo lo que he mencionado, y el año que viene llegará al 90%.

Es decir, es la transformación más grande que ha tenido el Poder Judicial en su historia,

en lo que se refiere a la informatización y gestión. Queremos que ustedes se suban a

esta iniciativa y la lleven adelante como propia en la Justicia Nacional. Muchas justicias

provinciales han hecho lo mismo y llevan la delantera incluso, esto hay que decirlo, no

todo se hace en Buenos Aires, las justicias provinciales también han trabajado mucho en

gestión y en organización informática. Creo que esta es una transformación que le

debemos a nuestros ciudadanos. No puede ser que alguien vaya a un tribunal y vea

pilas de papeles, de expedientes cosidos con hilo, abrochados, y que van en carritos

circulando de un lugar a otro, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo todo mucho más

rápido y más sencillo. Nuestra gente no pide grandes cosas: que la justicia sea más

rápida, que seamos imparciales, que las sentencias se obtengan en un tiempo razonable.

Hagamos este esfuerzo porque vale la pena. Creo que hemos hecho un enorme esfuerzo

en materia de informatización y es necesario ahora que ustedes lo lleven adelante, lo

ejecuten y lo implementen.

También, quiero mencionar la importante labor de los empleados judiciales y de los

funcionarios que nos han acompañado en todas estas transformaciones, porque han

estado siempre involucrados en ellas. Hemos desarrollado también un Plan Nacional de

Capacitación de empleados que ha sido realmente muy exitoso y constituye hoy una

política de estado. Esta conjunción detrás de objetivos comunes de los trabajadores y

sus organizaciones, más los magistrados y quienes tenemos responsabilidades, es muy

valiosa. Tenemos cosas que discutir, por supuesto que hay diferencias. Primero está

servir al pueblo, al cual nos debemos. Entonces, hagamos primero las cosas que

corresponden y después discutamos nuestros problemas. No es bueno que nuestra

sociedad vea que los dirigentes, o quienes tienen responsabilidades, discutan entre ellos

mientras sus problemas no se solucionan y que la sociedad esté ausente. La sociedad

debe estar presente en cada una de nuestras decisiones: este es el principal interés que

debemos tener todos nosotros. Hemos insistido mucho en esta idea, para que todos,

desde los jueces más importantes y de mayor jerarquía hasta los ordenanzas y todos

aquellos que están dentro del Poder Judicial en sentido amplio -los abogados, los

escribanos, etc- cambiemos de paradigma. No puede ser que la Justicia se mire a sí

misma, primero hay que mirar a la sociedad y brindar un servicio. Hay que resolver los

problemas que tenemos. Que no son problemas insolubles. Nuestra gente pide una

sentencia en un tiempo razonable. La mayoría de los problemas que tenemos hoy se

deben a esto, tanto en materia criminal, con la temática de las prisiones preventivas-;

como en materia civil y en otras áreas con las medidas cautelares. Siempre intentamos

resolver de manera provisoria lo definitivo porque lo definitivo demora demasiado.

Tenemos que transformar esto para que lo definitivo se resuelva rápidamente. Tenemos

que tratar que todos entiendan que la Justicia más rápida es una necesidad; que la

Justicia imparcial, que resuelve con la misma vara cualquiera sea el poderío del que está

sometido a juicio –económico, político, cualquiera fuere- es algo de lo cual no se duda.

Son dos principios sencillos que hemos aprendido en los primeros pasos de la

Universidad, pero que debemos recordar todos los días. Quiero agradecer a las

organizaciones de abogados, tanto de la Capital como de todos los países, porque

siempre nos han apoyado en estos lineamientos y siempre han trabajado conjuntamente

con nosotros para tratar de superar las enormes dificultades que significa un cambio de

paradigma. Cuando uno dice una Justicia más rápida, siempre hay alguien que quiere

una Justicia más lenta y que defiende al imputado. Es ahí los abogados han participado

mucho en este debate, y también las ONGs vinculadas a la Justicia. Creo que esta

agenda no estaría completa si no mencionáramos dos aspectos que tienen que ver con

cuestiones un poco más amplias, que exceden lo que nosotros podemos hacer desde el

Poder Judicial. Estos aspectos tienen que ver con Políticas de Estado. La primera es

disminuir la litigiosidad. Hemos dicho desde el primer día que no es posible identificar

conflicto con juicio. Los conflictos existen y existirán siempre. No podemos suprimirlos

porque esta es una idea totalitaria. El día que no tengamos conflictos será porque no

haya nadie en la sociedad, que no se puedan expresar o los hayamos perseguido a todos.

Esta no es la idea ya que los conflictos son el motor de la sociedad democrática. Hay

diferentes opiniones y distintos intereses, pero no siempre esto tiene que terminar en un

juicio. Debemos fortalecer otros medios. Lo primero que tenemos que hacer es que

aquellos los conflictos que no son individuales, que son importantes, macros, se

solucionen de una buena vez. En la última Conferencia Nacional de Jueces dije: cuánto

hace que los argentinos hablamos de los mismos problemas. Recordemos cuáles son los

temas que involucran a grandes grupos de personas y la verdad es que hace muchos

años que hablamos siempre de los mismo. Las definiciones siempre son coyunturales,

porque los discursos superan a las realidades, porque no nos dedicamos lo suficiente o

por la razón que ustedes quieran. Lo importante es que entendamos que todos debemos

involucrarnos en hablar seria y honestamente sobre los grandes temas que hacen al país,

que, por falta de definición, se transforman en grandes grupos de litigiosidad.

Necesitamos maduración política e institucional para hablar de políticas de Estado que

profundicen en la solución de los grandes temas que hoy están en todo el país. No los

voy a nombrar porque ustedes los conocen muy bien. Es necesario que nos ocupemos de

los problemas que aquejan a la gente común, que todos los días va a trabajar y necesita

ocuparse de ello y no de otras cosas que son responsabilidades de los que están en las

instituciones. Por eso insistimos en el diálogo institucional y en la definición de

Políticas de Estado para resolver de fondo estas cuestiones que generan permanentes

litigios que llegan al Poder Judicial. El segundo tema, que también tiene que ver con

cuestiones que nos exceden en su solución, es vinculado a las tragedias colectivas, que

luego corren el riesgo de transformarse en tragedias judiciales. No es lo mismo “que el

proceso entre dos partes que se ha enseñado y todos hemos aprendido en la Facultad de

Derecho. Recuerdo siempre a esos profesores que nos hablaban de Cayo y Tizio, esos

ejemplos tan antiguos de dos personas que entran en un litigio y así permanecen y el

juez imparcial resuelve qué razón le da a cada uno. Esto sigue ocurriendo en el Poder

Judicial pero tenemos hoy una gran cantidad de procesos complejos, megacausas.

Piensen ustedes en las causas de delitos de lesa humanidad, son megacausas. Y como

ésas tenemos muchas en otras áreas, en materia criminal, civil, administrativo. Hoy, hay

megacausas y causas complejas. Y si nosotros aplicamos los principios del

procedimiento bilateral escritos, con esos trasladas que nos enseñaron en la Facultad de

Derecho, esto corre el riesgo de transformarse en un juicio de más de diez años. Las

tragedias se convierten nuevamente en otra tragedia judicial. No puede ser que esto

ocurra. Quien ha sufrido una tragedia necesita una respuesta rápida, mucho más

oportuna en el tiempo. Si hubiéramos aplicado estos principios en la causa del

Riachuelo, que es una megacausa, recién estaríamos dando el primer paso, que es el

traslado. Porque hay tantas partes que sería imposible aplicar los principios tradicionales

del proceso. Hemos innovado, hemos tratado de solucionar estos problemas y hacer algo

mucho más rápido, para que hoy exista un Plan aprobado y en ejecución. Por eso insisto

en que una de las grandes tareas que tenemos es la de trabajar en estos procesos

complejos. Hablar con los congresos de la Nación y las provincias para regular mejor y

que nos ayuden a solucionar estos temas para lograr una Justicia más rápida en estos

procesos que son hoy una buena parte de la agenda que tienen los tribunales. No puede

ser que se revictimice en un proceso judicial extenso e interminable a quien ha sufrido

una tragedia. Esto no es culpa de nadie en particular. Tenemos un sistema que hay que

cambiar. Por eso digo, la cuestión no es buscar culpables, es cambiar el modelo,

cambiar el paradigma en el cual trabajamos. Estos sistemas que yo he enumerado

constituyen una agenda de cambio que hemos tratado de impulsar en la Corte Suprema

de Justicia de la Nación. Una agenda de cambio releyendo la Constitución, porque en

definitiva lo que nosotros hicimos y dijimos en nuestras sentencias y decisiones, no es

nada más que leer la Constitución con la voz del pueblo. Esto no es populismo, es lo

que han interpretado los grandes constitucionalistas. La Constitución se debe interpretar

conforme a los criterios de cada generación. Cada generación hace una relectura de la

Constitución conforme a sus necesidades del momento, de sus problemas, a sus

tiempos, a sus circunstancias. Por eso, insistimos mucho en que aquí hay un modelo

constitucional adaptado a los tiempos y a las circunstancias. Y ese modelo

constitucional contiene una agenda de principios que debemos seguir y además, una

agenda de tareas concretas para que nuestra Justicia en general deje de ser lo que fue

hace muchos años. Sé que todos se han esforzado, hemos hecho muchas

transformaciones pero hay que avanzar más. Estar más cerca de la gente e interpretar

conforme a esta Constitución actual significa avanzar, hacer cambios, no quedarse en el

pasado. Tal vez esta sea una tarea difícil. Seguro que lo es. He escuchado muchas veces

esta argumentación, en el sentido de que nosotros no podemos hacer esto, porque el que

lo tiene que hacer es otro, o que no podemos hacer esto porque no tenemos los recursos

necesarios. Puede ser, como ha dicho un hombre muy citado de la doctrina

constitucional de Estados Unidos, que éste es el más débil de los poderes. Puede ser.

Pero la debilidad es sustituida por la fortaleza de quienes lo integran. Creo siempre que

cuando uno se para y dice estos son mis principios, lo primero que sucede es que

encuentra un sentido de lo que hace. Lo segundo, es que los demás saben qué es lo que

deben respetar. Un Poder Judicial que afirme estos principios, que le diga a la Nación

cuál es la Constitución actual, que le diga al pueblo cuáles son las grandes reglas de

conducta, que le diga a todos cuáles son los principios que forman parte de nuestro

contrato social, aquellos en los cuales tenemos que estar todos de acuerdo para que la

sociedad sea viable, es una enorme tarea. Los poderes judiciales, así como los pueblos,

no son grandes por los recursos que tienen, o los edificios fastuosos, o las

computadoras. Son grandes por la convicción de los hombres y mujeres que lo integran.

Si tenemos esas convicciones nada es imposible. Quiero terminar diciendo algo de Max

Weber, que me gusta siempre decir: que lo posible en este mundo sólo se puede hacer si

uno va siempre buscando lo imposible. Es así: uno debe buscar lo imposible, lo que

quiso hacer en la vida, lo que soñó en la facultad de Derecho, lo que sonó cuando estaba

en una organización no gubernamental y la formó. Esas luchas son valiosas, no

debemos censurarlas, son importantes, aportan a la escritura de toda la historia social.

Es eso lo que hace que nosotros tengamos un futuro. Buscar entonces lo imposible,

fracasar y volver a intentarlo, es algo que nos da sentido. Tenemos muchísimos

ejemplos en la historia, algunos más lejanos otros más recientes, de personas que han

luchado contra todo sin tener nada a favor, solos y solas. Sin embargo esa debilidad del

contexto, de los recursos, fue sustituida por la grandeza de corazón, por las

convicciones. Es lo que queremos de todos ustedes que nos ayuden a construir algo

mejor para el Poder Judicial y para nuestro país.

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