www.pbi-colombia.org

Desplazamiento y retorno en San José de Apartadó, Cacarica, Angelópolis y situación en Barrancabermeja

ONIC: «Con los megaproyectos llega la militarización y nos obliga a desplazarnos de nuestros territorios»

MUJERES: las más perjudicadas por el desplazamiento forzado

ISSN

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Nº 14 enero 2010boletín especial

Peace Brigades International Colombia

Desplazamiento forzado en Colombia crimen y tragedia humanitariaDesplazamiento forzado en Colombia crimen y tragedia humanitaria

2

.Agencia Catalana de Cooperación y Desarrollo

.Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo.Ayuntamiento de Palencia.Ayuntamiento de Pamplona .Ayuntamiento de Vitoria.Broederlijk Delen.Canadian Postal Workers.Canton Vaud /PBI Suiza.Christian Aid.Diakonia Suecia.Diakonisches Werk.Donaciones individuales.Fons Mallorquí.Gobierno de Cantabria.Gobierno de Navarra

Financiadores de PBI Colombia

Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones de Peace Brigades International, ni de sus financiadores.

Impresión: Editorial CÓDICE Ltda. Tels.: 2177010 - 2494992. casaeditorial@etb.net.co

sumario

3 Desplazamiento forzado: un crimen contra la

humanidad

8 Respuestas del Estado al desplazamiento interno

9 «Con los megaproyectos llega la militarización y nos obliga a desplazarnos de nuestros

territorios» (entrevista a Ana Manuela Ochoa,

ONIC)

12 «Todavía falta mucho por hacer en el terreno» (entrevista a

Jean Noël-Wetterwald, ACNUR

15 Mujeres, las más perjudicadas por el desplazamiento forzado

19 San José de Apartadó: Doce años de resistencia

pacífica: la guerra sigue

24 Cacarica:En busca de la autonomía

y la dignidad

27 Angelópolis: Retorno a la esperanza

30 Vaupés: El reclutamiento de niños en Colombia obliga a indígenas a salir de sus tierras

31 Frontera norte de Ecuador: el proceso de documentación

llega a la selva

33 Barrancabermeja: origen y fin del desplazamiento

.Intermón-Oxfam (UE)

.Kerk in Actie

.Mensen met een Missie

.Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego

.Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo

.Misereor

.Overbrook Foundation

.Oxfam GB

.PBI Italia

.PBI Suiza

.Project Counselling Service (UE)

.Servicio Civil de Paz

.Sigrid Rausing Trust

.Trocaire

.Weltwärts

.Zivik

Foto de portada: Las otras huellas de la guerra: Familia desplazada espera salir de la zona. Aeropuerto Meta. Jesús Abad Colorado / Fundación Dos Mundos

editorialeditorialEl costo humano del conflicto armado colombiano que —en su fase actual— cuenta con más de 40 años tiene en el desplazamiento forzado interno una de sus expresiones más crudas: más de cuatro millones de personas desde 19851 en un país de 45 millones de habitantes es una cantidad preocupante2. Quienes han sufrido el desplazamiento forzado —la mayoría de los cuales son de áreas rurales— usualmente son obligados a dejar sus hogares y sus per-tenencias así como las tierras que les han dado el sustento. El desplazamiento en Colombia se relaciona directamente con el conflicto interno y los abusos de los derechos humanos que van de la mano con él. Las violaciones a los derechos humanos que originan el desplaza-miento de la población civil incluyen: ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres o torturas. Además, los enfrentamientos entre actores armados que violan el Dere-cho International Humanitario (DIH) también conllevan el desplazamiento de población civil.

Es una postura común de las ONG defensoras de derechos humanos clarificar que el drama del desplazamiento forzado empezará a solucionarse cuando se resuelvan los conflictos políticos y sociales que originaron el actual conflicto armado en Colombia. Como afirma la abogada Soraya Gutiérrez: «El desplazamiento forzado se ha constituido en la herramienta más efectiva para la consolidación de intereses políticos y de proyectos económicos»3.

Ante esta situación, a las comunidades desplazadas no les quedó más remedio que la autoorganización y la resistencia civil a través de retornos a la tierra de donde fueron desplazadas para mantenerse allá en medio de una guerra que no eligieron pero les tocó sufrir. Ejemplos de ello son las experiencias de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, las Zonas Humanitarias del Chocó, las Zonas de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra o el Refugio Humanitario del Catatumbo, todas ellas acompañadas internacionalmente por organizaciones como PBI.

La responsabilidad de ese desplazamiento forzado de personas, familias y comunidades enteras recae sobre todos los actores armados sin excepción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado en varias ocasiones la responsabilidad estatal por la ocu-rrencia de desplazamientos forzosos como sucedió en el caso de la masacre paramilitar de Mapiripán que provocó el desplazamiento forzoso de varias familias4. Además, la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional colombiana señaló que las autoridades colombia-nas reiteradamente habían omitido la protección oportuna y efectiva a la población desplaza-da. Este tribunal ordenó unas medidas para reestablecer esos derechos. En ese sentido, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Jean Noël-Wetterwald, expresa que «todavía falta mucho por hacer en el terreno»..1 Internal Displacement Monitoring Centre, octubre de 20082 Informe Anual PNUD, 20063«El desplazamiento interno en Colombia: una tragedia humanitaria», Soraya Gutiérrez (CCAJAR), Ponencia en el 36 Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Lisboa, abril de 20072 Entre el 15 y 20 de julio de 1997, en Mapiripán, departamento del Meta, un centenar de miembros de las AUC —con la colaboración y aquiescencia de agentes del Estado—, privaron de la libertad, torturaron y asesinaron a por lo menos 49 civiles.

3

introducciónDesplazamiento forzado en Colombia: un crimen contra la humanidad

.Intermón-Oxfam (UE)

.Kerk in Actie

.Mensen met een Missie

.Ministerio de Asuntos Exteriores Noruego

.Ministerio de Asuntos Exteriores Suizo

.Misereor

.Overbrook Foundation

.Oxfam GB

.PBI Italia

.PBI Suiza

.Project Counselling Service (UE)

.Servicio Civil de Paz

.Sigrid Rausing Trust

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.Zivik

Por Elizabeth Kerr1

El costo humano del conflicto armado colombiano que —en su fase actual— cuenta más de 40 años tiene con el desplazamiento forzado interno de más de cuatro millones de personas desde 19853 una de sus expresiones más crudas. En un país de 45 millones de habitantes esa cantidad es preocupante4. Quienes han sufrido el desplazamiento forzado —la mayoría de los cuales son de áreas rurales— usualmente son obligados a dejar sus hogares y sus pertenencias así como las tierras que les han dado el sustento. Detrás de cada hombre, cada mujer y cada niño que ha sido forzado a dejar su hogar hay una historia de pérdida relacionada con el actual conflicto colombiano. Estas historias cuentan cómo han sido violados los derechos humanos de la población civil a manos de los actores armados legales e ilegales que han perpetrado el desplazamiento. El desplazamiento interno en Colombia corresponde al conflicto interno y a los abusos de los derechos humanos que van de la mano con él. Las violaciones a los derechos humanos que causan el desplazamiento de la población civil incluyen: asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres o torturas. Además, los enfrentamientos entre actores armados que violan el Derecho International Humanitario (DIH) también conllevan al desplazamiento de la población civil.

Joven que vive en el departamento de Nariño, región de alto riesgo de desplazamiento forzado.

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«La memoria es de nuestra resistencia. Vinieron muchos y nos dijeron que calláramos […].

Como hemos decidido no callar, a pesar del miedo que cunde, preferimos hablar. Hemos hablado como una forma de empezar a esperar la posibilidad de la justicia.

Sin verdad no hay justicia, entonces sin memoria hay olvido y de ahí lo que se viene es que uno pierde el sentido de vivir y de luchar, y por el olvido se vuelve esclavo, se hace indigno y uno no se da cuenta»2..

4

Colombia Imágenes y realidades: desamparo y desplazamiento forzado.

introducciónEl desplazamiento forzado en Colombia

no es un fenómeno nuevo —y menos si nos remontamos a la invasión hispana iniciada en 1492— y si nos fijamos en los tiempos recientes ha habido diferentes fases de este fenómeno5. La primera fase de desplazamiento a gran escala ocurrió en los años cincuenta del siglo XX durante el pe-ríodo de conflicto político conocido como «La Violencia» —que es visto como el precursor directo del conflicto actual― en el cual unos dos millones6 de personas huyeron de sus hogares. La segunda fase de desplazamiento forzado tuvo lugar veinte años después —a mediados de los años setenta— cuando aumentaron los conflictos políticos a medida que la izquierda incre-mentaba su presencia y sus actividades y el Gobierno colombiano respondía con re-presión7. La fase actual de desplazamiento empezó a mediados de los años ochenta cuando parte de la oligarquía del país creó las fuerzas paramilitares para erradicar a la guerrilla8. Durante esta fase ha aumentado el nivel de desplazamiento, particularmente desde mediados de los años noventa cuando los desplazamientos masivos9 empezaron a afectar al campo colombiano.

La mayor concentración de despla-zamientos en los pasados trece años ha ocurrido en el período 2000-2002, que estuvo caracterizado por una marcada expansión de los grupos paramilitares y por la ruptura de los diálogos de paz del Gobierno con el grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Más recientemente, tanto las fuentes del Gobierno como de las ONG muestran que ha habido una escalada en el desplazamiento interno desde 200610.

Además, es muy frecuente que quienes han sido desplazados a menudo sufran más de un desplazamiento11.

Control territorial y políticoLos fenómenos de desplazamiento forzado deben ser vistos dentro del contexto de con-flicto armado interno que se lleva a cabo en torno al control territorial, político y eco-nómico. Mientras que el desplazamiento de los años ochenta y noventa se enfocaba en lugares pobres y rurales pero política-mente activos de las fronteras agrícolas de Colombia, las olas de desplazamiento en la primera década del siglo XXI han ocurrido en poblaciones de áreas ricas en recursos naturales para su comercialización legal e ilegal (por ejemplo, palma africana en el Chocó o plantas de coca en el sur de Colombia). La implementación de me-gaproyectos13 es un asunto polémico con repercusiones en la vida de las comuni-dades en áreas donde estos proyectos han sido propuestos o construidos. Desde 2001, la organización colombiana Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), ha de-nunciado al paramilitarismo como causante del desplazamiento de comunidades negras en el área del Bajo Atrato del Chocó. La or-ganización argumenta que los paramilitares están entregando las tierras arrebatadas a las comunidades a compañías que las usan para el cultivo de palma africana para la producción de aceite de palma14.

El Instituto Colombiano para el De-sarrollo Rural (INCODER) también ha cuestionado la legalidad de la tenencia de la tierra usada para el cultivo de palma Africana y para la cría de ganado15. Dice que la tierra del campesinado ha sido in-

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«Esa semana salí de una finca. El lugar estaba lleno

de soldados. Nos invitaron a que nos reuniéramos en la plaza. Nos dijeron que teníamos cinco días para abandonar el área y que luego el ‘mochecabezas’ iba a venir. Al principio la gente pensó que eran mentiras. Pero empezamos a vender todo lo que teníamos. Cuando nos quedaban solo dos días fui a Apartadó a vender una gallina. Cuando iba en el bus, las FARC aparecieron y detuvieron al chofer. Se llevaron al chofer hasta la rivera del río. Oí el disparo. Después de eso decidí que no debíamos esperar a que pasaran los cinco días. […] Nos fuimos para San José de Apartadó. Cuando llegamos allá solo quedaban dos familias. Justicia y Paz, Cinep […] habían estado ahí desde hacía ocho días. Nos ayudaron a encontrar otro lugar para quedarnos. Nos quedamos ahí un año. […] Después de que nos fuimos para Apartadó decidimos formar la Comunidad de Paz. […] Tuvimos que crear la comunidad por el conflicto, teníamos que crear un espacio en medio de la guerra, de lo contrario nuestras tierras iban a ser tomadas y nos iban a matar»12..

vadida y que quienes viven ahora en ella han sido sometidos a estrategias militares secretas que han amenazado sus vidas16.

Como consecuencia del desplaza-miento, la geografía de la tenencia de la tierra ha cambiado sustancialmente en Colombia, llevando a muchos a referirse al desplazamiento forzado como parte de una «contrarreforma agraria»17. Desde la década de los ochenta ha habido un pro-ceso en el que la tierra de las comunidades desplazadas ha sido tomada gradualmente por grandes terratenientes que han tenido fuertes lazos con los paramilitares18. Se estima que de cuatro a cinco millones de hectáreas han sido tomadas por grupos paramilitares . Esto significa tres veces más tierra de la que fue redistribuida en las pasadas cuatro décadas de reforma agraria. Esta situación agrava la histórica inequidad territorial en Colombia en la que 1,4% de los terratenientes son dueños del 65% del total de la tierra cultivable19.

A pesar de que el Estado colom-biano tiene uno de los marcos legales «más avanzados del mundo»20, varias

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Las otras huellas de la guerra: frío interior (desplazados en Bogotá).

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de las sentencias de la Corte Cons-titucional colombiana muestran que las instituciones estatales siguen desatendiendo las necesidades de la población civil desplazada o amena-zada de desplazamiento.

Las consecuencias del desplazamiento interno son múltiples. Debido al conflicto, las redes sociales familiares y comunitarias están fragmentadas y las comunidades están desintegradas. La mayoría de estas personas desplazadas por el conflicto armado en Colombia se dirigen a las áreas urbanas. Muchas personas viven en los cinturones de miseria de los centros urbanos bajo condicio-nes indignas y de sobrepoblación. Las tasas de desempleo en este sector de la sociedad son mayores a las del promedio nacional, mientras que quienes trabajan lo hacen bajo

condiciones de precariedad, con la mayoría de personas desplazadas dedicadas al trabajo en el sector informal.

El desplazamiento intraurbano Llegar a la ciudad no significa necesa-riamente que el desplazamiento termine ni que la persona desplazada ya no esté involucrada en el conflicto. La escalada de desplazamiento intraurbano ―despla-zamiento dentro de la misma ciudad― ha generado una creciente ola de preocupa-ción. Esta forma de desplazamiento que no es oficialmente reconocida por el Esta-do afecta a entre 8 y 12% de la población desplazada22. Por ejemplo, en Medellín —segunda ciudad más grande de Colom-bia— ha habido una fuerte y creciente ola de desplazamientos intraurbanos mientras que varios grupos armados ilegales luchan

varias sentenCias De la Corte ConstituCional muestran que el estaDo sigue DesatenDienDo las neCesiDaDes De la poblaCión DesplazaDa

por el control territorial de los barrios23. La Unidad de Derechos Humanos de la Personería de Medellín informó que en 2007 hubo un aumento del 32% en los desplazamientos intraurbanos. Algunas organizaciones como el Instituto Popular de Capacitación (IPC) que registra el desplazamiento dice que los grupos para-militares fueron responsables del 63% de los casos; la insurgencia fue responsable del 10%; el 6,7% corresponde a las bandas; y el 10,9% a grupos no identificados24.

Las mujeres, las más afectadasHay evidentes dimensiones de género en los desplazamientos internos en Colombia. La Comisión de Seguimiento de la sociedad civil encontró que las mujeres componen el 48% de la población desplazada registrada en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) —sistema estatal— mientras el 41% de las mujeres son cabeza de familia. El promedio nacional de mujeres desplazadas que son cabeza de familia es entonces del 24%. Entre las causas principales de despla-zamiento está la violencia sexual. De acuerdo con uno de los estudios llevados a cabo por Profamilia en 2006, el 28% de las mujeres desplazadas fueron víctimas de violencia sexual —21% de las mujeres en el país ha sufrido violencia sexual25—. Pese a todo,

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a menudo este crimen no se registra ni se reconoce como un crimen de guerra. Muchas mujeres también son abandonadas después de que la familia ha sido desplazada.

Las comunidades indígenas y afrodescendientes Las poblaciones minoritarias como los grupos indígenas y las comunidades negras están representadas de manera desproporcionada en los registros del desplazamiento respecto a la población general. Las comunidades negras suman cerca del 16,6% de la población desplazada, mientras que su representación en la población general es del

Las otras huellas de la guerra: retorno de familias desplazadas.

«En las ciudades no hay dinero. ¿Si uno no

tiene dinero, qué puede hacer en la ciudad? ¿Uno cómo va a vivir y a conseguir sustento? Es difícil vivir en la ciudad. Soy del campo»21..

•El desplazamiento forzado interno afecta en este momento a entre 6 y 10% de la población nacional28.

•Las estadísticas exactas sobre el número de personas desplazadas internamente en Colombia no están disponibles. Hay tres fuentes disponibles de estadísticas sobre desplazamiento interno: (1) el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) que es administrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, (2) el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos (SISDHES), administrado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES); y (3) el boletín semestral de la Iglesia católica publicado por el centro de investigación sobre movilidad, Pastoral social. CODHES considera que más de 4,6 millones de personas han sido desplazadas desde 198529. El Gobierno colombiano ubica las cifras de desplazamiento en 3,2 millones de personas desplazadas desde 1997 cuando empezó a registrar el desplazamiento interno30.

•Las tasas de subregistro son considerablemente altas. La encuesta nacional llevada a cabo por la Comisión de Seguimiento de la sociedad civil reveló que el 34,3% de desplazados internos no están registrados en el sistema del Estado (RUPD). De estas personas no registradas, el 72,8% no declaró su situación de desplazamiento a las autoridades competentes y el 26,2% sí la declaró pero no fue incluido en el Registro31.

•De acuerdo con CODHES, en el 2008 el número de personas recientemente desplazadas ha aumentado en un 24% comparado con el 2007. Las razones de esto es el nuevo fallo de la Corte Constitucional que obliga a que los desplazamientos que hayan ocurrido antes de 2000 sean registrados; el incremento en las operaciones militares contra la guerrilla; las actividades de los actores ilegales; o la fumigación y erradicación de cultivos ilícitos32. .

Cifras actuales del desplazamiento forzado en Colombia

11%. Los grupos indígenas suman el 6,5% en los registros de desplazamiento, mientras que sus comunidades representan el 2% de la población total colombiana26. Un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicado en agosto de 2008 alega que pese a que entre 10.000 y 20.000 indígenas se registren como desplazados cada año, muchos no se registran ya sea porque no tienen información al respecto o porque están muy retirados del lugar de registro.

Dada la falta de voluntad del Estado colombiano para responder

adecuadamente a las necesidades de las personas desplazadas, los miem-bros de la sociedad civil en Colombia —incluyendo a la población despla-zada— han estado organizándose y haciendo un llamado a favor de los derechos humanos de las personas desplazadas; y para que se repare y haga justicia a las víctimas de ese des-plazamiento forzado. Peace Brigades International ha estado acompañando tanto a ONG colombianas que traba-jan en este tema como a la población civil directamente afectada por el desplazamiento desde 199427..

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1 Investigadora social y antigua voluntaria de PBI Colombia (2001-2002)2 Video documental de PBI Colombia: «Somos tierra de esta tierra», 2002: 13-143 Internal Displacement Monitoring Centre, octubre de 20084 Informe Anual PNUD, 20065 «Feeding the tiger: Colombia’s internally displaced people», R. Kirk, and U.S. Committee for Refugees, US Washington, D.C., 19936 «Violence, conflict, and politics in Colombia», P. Oquist, New York; London, Academic Press, 19807«Situación de los Derechos Humanos en Colombia», Javier Giraldo, enero de 19948 Cuya estrategia principal no es —como se podría suponer— enfrentar a las fuerzas guerrilleras, sino atacar a la población de las zonas donde actúa la insurgencia para acabar con su supuesta base de apoyo e instaurar el terror. 9 Un desplazamiento «masivo» comprende el desplazamiento de cincuenta o más individuos a la vez. 10 IDMC, octubre de 200811 IV Foro sobre Migración y Desplazamiento Semana Del Migrante 2009, Fundación de Atención al Migrante (FAMIG), www.arquibogota.org.co12 Testimonio de una persona desplazada, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó13 El megaproyecto se entiende como «la transformación integral del territorio en función de los intereses del gran capital, en la que su estructura biofísica, su vida social y cultural se reestructuran en función de intereses que buscan insertarse en las grandes economías globales, por lo general a partir de modelos de extracción de recursos naturales». Así los objetivos son «minerales del subsuelo, combustibles fósiles, o tierras que se puedan circunscribir en las lógicas del comercio internacional comercial». Además, encontramos «proyectos de infraestructura a través de

los cuales se movilizan grandes flujos que demandan los polos de capital. Estos corredores se caracterizan por sustentar un flujo diverso de energía, agua, mercancías, materias primas y más importante aún: mano de obra barata». Ejemplos son el Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Integración Regional de Infraestructura de Sur América (IIRSA) —con la conexión de la Carretera Panamericana—. «Megaproyectos y Desplazamiento Forzado: Una mirada desde la lógica de los Movimientos Sociales», Artículo elaborado por el Observatorio Social de Empresas Transnacionales, Megaproyectos y Derechos Humanos de Colombia, 200014 «Palma, bendita que se hizo maldita. el caso del Curbaradó y Jiguamiandó», CIJP, enero de 200715 El 2 de noviembre de 2009 se publicó una Sentencia del Tribunal Administrativo del Chocó que deja constancia de las reiteradas pronunciaciones del campesinado desde hace tiempo. La decisión judicial es de obligatorio cumplimiento para 42 «ocupantes de mala fe», entre ellos nueve empresas palmicultoras, dos ganaderas, dos comercializadoras y 29 personas naturales que tienen que desocupar la tierra colectiva de las comunidades. «Orden judicial para restituir predios comunitarios en Curbaradó y Jiguamiandó», CIJP, 5 de noviembre de 2009. «Violación de derechos humanos por siembra de palma africana en territorios colectivos de Jiguamiandó y Curbaradó», Resolución Defensorial n° 39 del 2 de junio de 2005, Defensoría del Pueblo16 «Despojo en el Bajo Atrato», A. Delgado, Actualidad Colombiana, edición 143, agosto de 200517 «Desterrados: El Desplazamiento Forzado Sigue Aumentando en Colombia», M. González Bustelo, Convergencia (27): 41-78, 200218 CODHES, 2 de febrero de 200519 Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC citado en IDMC, octubre de 200820 «Mucha ley y pocos hechos», UPI, 14 de julio de 2009 21 Testimonio de una persona desplazada

22 IDMC (julio de 2008), Presentación del Mecanismo de Examen Periódico Universal establecido por el Consejo de Derechos Humanos en junio de 200723 «Medellín podrá terminar este año con más de 2.000 homicidios», Corporación Nuevo Arco Iris en Informe «La Seguridad Democrática llegó a su techo», noviembre de 200924 Instituto Popular de Capacitación (IPC): http://alainet.org/active/22539&lang=es 25 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) Colombia informe, octubre de 200826 IDMC Colombia, Informe julio de 200927 Referencias generales:

•Página referente a Colombia de Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC): http://www.internal-displacement.org•Amnistía Internacional (2000) «Colombia: Everything Left Behind: Internal Displacement in Colombia», AMR 23/015/2009, 16 de julio de 2009•CODHES: www.codhes.org/ •Instituto Popular de Capacitación http://www.ipc.org.co•Molano, A (2005): «The Dispossessed: Chronicles of the Desterrados of Colombia», Haymarket Books

28 Internal Displacement Monitoring Centre – IDMC, julio de 200929 «Victimas Emergentes: Desplazamiento, Derechos Humanos y Conflicto Armado en 2008», CODHES Informa, Boletín Informativo, No.75, Bogotá, 22 de abril de 200930 Cifras de septiembre de 2009, Acción Social http://www.accionsocial.gov.co/Estadisticas/publicacion%20septiembre%202009.htm 31 Comisión de Seguimiento, 30 de abril de 200932 Op.cit. Codhes, abril de 2009

Colombia Imágenes y realidades:los rostros del retorno, las miradas entrecortadas de la abuela y su nieta instantes antes a la llegada a Bellavista, Chocó.

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DHPrincipios de

restitución de viviendas y patrimonio de refugiados y desplazados

Resolución de la Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU 2002/7«Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a que se les restituyan las viviendas, las tierras y el patrimonio de que hayan sido privados arbitraria o ilegalmente o que se les indemnice por cualquier vivienda, tierra o bien cuya restitución sea considerada de hecho imposible por un tribunal independiente e imparcial. […]». (Principio 2)

«Los Estados garantizarán a hombres y mujeres, incluidos los niños y niñas, la igualdad en el goce del derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio. […] Los Estados velarán por que en los programas, las políticas y las prácticas de restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio las mujeres y las niñas no resulten desfavorecidas». (Principio 4)

«Todos los refugiados y desplazados tienen derecho a regresar voluntariamente a sus anteriores hogares, tierras o lugares de residencia habitual, en condiciones de seguridad y dignidad. El regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad debe fundarse en una elección libre, informada e individual». (Principio 10)

«La comunidad internacional debe promover y proteger el derecho a la restitución de las viviendas, las tierras y el patrimonio, así como el derecho a un regreso voluntario en condiciones de seguridad y dignidad». (Principio 22)

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respuesta estatal

• En julio de 1997 el Congreso colombiano aprobó la Ley 387 referente al desplazamiento interno «para la prevención del desplazamiento forzado y el apoyo, protección y estabilización de la población desplazada por la violencia». La Ley 387 también definió quiénes podían beneficiarse con esta ayuda y estableció un Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada (SNAIPD) que se compone de 18 agencias del Gobierno con incidencia nacional, departamental y municipal.

• En 1999 y 2000 se reorganizó un apoyo a través del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) —Documento 3057 de noviembre de 1999 y el Decreto 2569 del 12 de diciembre de 2000— que concentró el trabajo de coordinación y la planeación estratégica en la Red de Solidaridad Social (RSS) del Estado y creó el Sistema Único de Registro (RUT).

• La Ley 600 de 2000 pone el desplazamiento forzado en la categoría de crimen, considerándolo como una violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

• En 2002, el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez publicó su Plan de Desarrollo Nacional 2002-2006 que identificaba el desplazamiento interno «debido a su magnitud y características, como el principal problema humanitario que enfrenta Colombia como consecuencia del conflicto armado»1. La administración prometió reforzar la prevención del desplazamiento, mejorar la protección de la población en riesgo, mejorar las capacidades de respuesta en casos de emergencia (nutrición, refugio, salud), crear las condiciones para el retorno y fortalecer el sistema nacional de atención a las personas víctimas del desplazamiento interno. Esto fue promulgado en la Ley 812 de 2003.

• En 2004, la Corte Constitucional —requerida por cientos de personas víctimas del desplazamiento forzado que alegaban que sus derechos constitucionales estaban siendo violados debido a una acción estatal deficiente o inexistente— dictaminó en la sentencia T-025 de 2004 que el Gobierno no estaba prestando la ayuda, el apoyo y los servicios adecuados como servicios de salud, educación y vivienda como lo requiere la ley colombiana. Este fallo consideró que la respuesta del Gobierno a los problemas enfrentados por las víctimas del desplazamiento interno era «inconstitucional». Como resultado de la intervención de la Corte, la asignación del Gobierno aumentó pasando de 363 millones de pesos colombianos (177 millones de dólares) en 2004 a 1.080 millones de pesos colombianos (525 millones de dólares).

• Entre 2004 y 2009 se han emitido varios mandatos sobre temas específicos relacionados con la situación de vulnerabilidad de ciertos grupos incluyendo: las mujeres desplazadas, la infancia, los grupos indígenas, las

Respuestas del Estado colombiano al desplazamiento interno

comunidades negras y las personas discapacitadas. La Corte ha ordenado la adopción de programas diferenciales para la atención de estos grupos.

• La agencia que actualmente coordina SNAIPD y el Plan Nacional es Acción Social, adscrita a la oficina del Presidente. En los departamentos, municipios y veredas los gobiernos municipales, departamentales y veredales son los encargados de implementar los contenidos del Plan Nacional a través de Comunidades ad hoc para la Atención de la Población Desplazada, y además son los encargados de diseñar planes de atención (Planes unificados de atención)2..

1 «Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006», Oficina del Presidente, Bogotá, 2003:78, http://www.presidencia.gov.co/planacio/2 Fuentes: Springer, Natalia (2006) «Colombia: Internal Displacement – Policies and Proble-ms», WRITENET Report, commissioned by the UNHCR, Status Determination and Protection Section; Álvarez Díaz, Oscar Luis (2008) Estado Social de Derecho, Corte Constitucional y Desplazamiento Forzado en Colombia, Siglo del Hombre Editores, Universidad Nacional de Colombia y Pontifícia Universidad Javeriana; Internal Displacement Monitoring Centre-IDMC, última actualización julio de 2009, http://www.internal-displacement.org

9

pueblos indígenas

PBI: ¿Cuántas personas indígenas están afectadas por el desplazamiento forzado?

Ana Manuela Ochoa: Según los registros de la ONIC, desde 2002 hasta la fecha han sido desplazadas aproximadamente 74.000 personas indígenas de sus territorios tradicionales. Para el primer trimestre de 2009 registrábamos 3.000 personas desplazadas. Los pueblos indígenas Wayúu en la Guajira, Embera en el Chocó y Awá en Nariño han sido los más afectados este año.

PBI: ¿Cuáles son los factores que causan el desplazamiento en los pueblos indígenas?

Ana Manuela Ochoa, abogada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) habla sobre la situación del desplazamiento forzado y cómo afecta a los pueblos indígenas.

Desplazamiento forzado de una comunidad Wounaan en la zona de Istmina, Chocó. Según la ONIC, entre 2002 y 2009 fueron desplazados 1.793 indígenas Wounaan1.

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AO: Uno de los principales factores es la presencia de la Fuerza Pública, parami-litares y grupos guerrilleros en nuestros territorios. Muchas personas también se desplazan por temor a que sus hijos sean reclutados por los grupos armados. Hemos tenido muchos casos de jóvenes que no quieren desplazarse y tampoco quieren ser reclutados y han optado por el suicidio.

Otra causa del desplazamiento es la presen-cia de cultivos de uso ilícito en su territorio. Hay personas externas a las comunidades que están introduciendo estos cultivos y des-

pués la gente se ve obligada a desplazarse cuando hay fumigación de la coca. Las fumi-gaciones generan a las personas daños en sus cultivos tradicionales y, como consecuencia, un problema de soberanía alimentaria que trae desnutrición o muerte de niños. Este año en Vichada, en una comunidad que se llama Barranco Minas, registramos la muerte de 41 indígenas por desnutrición.

Los megaproyectos también son una causa del desplazamiento. Con los me-gaproyectos llega la militarización y eso hace que la gente se vea obligada a des-plazarse de sus territorios.

«Con los megaproyectos llega la militarización y nos obliga a desplazarnos de nuestros territorios»

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pueblos indígenas

Desplazamiento forzado masivo de indígenas de la comunidad indígena Awá en la zona de Inda Sabaleta, Nariño. Este departamento es la parte de Colombia más afectada por conflicto armado y desplazamiento forzado en los últimos años. Entre 2002 y 2009 fueron desplazadas 9.652 personas indígenas Awá2.

PBI: ¿Cuáles son las diferentes formas de des-plazamiento en las comunidades indígenas?

AO: Hay diferentes formas que son es-pecíficas en pueblos indígenas. Primero, el desplazamiento de un resguardo a otro que no se registra y, por lo tanto, las per-sonas no reciben ningún tipo de ayuda. Segundo, el desplazamiento transfronte-rizo entre Colombia y Ecuador, Colombia y Panamá, y Colombia y Venezuela que afecta sobre todo a los pueblos Wayúu, Awá, Embera, Sikuani y Tule. No son re-conocidos como refugiados en los países vecinos y, por lo tanto, también pasan sin ningún tipo de ayuda. Tercero, los despla-zamientos colectivos o individuales donde comunidades enteras o familias salen de sus territorios hacia otros resguardos o ciudades. Cuando el desplazamiento es colectivo hay muchas más posibilidades de que reciban atención y tengan fuerza para exigir sus derechos. Cuando el des-plazamiento es individual, las personas se pierden y no se sabe cuáles son las condi-ciones en que son atendidas.

Una vez se desplaza, la gente indíge-na tiene muchas dificultades porque no conoce la ciudad y eso genera un choque cultural. Muchas personas no hablan la lengua castellana y tienen que tratar de hacerse entender con los funcionarios de Acción Social, enti-dad estatal responsable para atender la población desplazada. Además no hay una atención diferencial para los pue-blos indígenas.

PBI: ¿Cuál es la situación de las comuni-dades confinadas o bloqueadas?

AO: Este año ha sido un tema que nos ha quitado bastante el sueño. Han ha-bido muchos paros armados por parte

de la guerrilla —la guerrilla toma con-trol de una zona y no deja pasar a nadie por esta zona— y, como consecuencia, muchas comunidades quedan bloquea-das. Las personas no pueden salir de sus comunidades, no pueden pasar por el río o ingresar alimentos a sus comu-nidades. La situación sigue grave y a la vez es menos visible. La situación de los pueblos indígenas ha empeorado durante 2009 y eso se refleja en las ci-fras. En 2009 hemos registrado que 117 personas indígenas han sido asesinadas en todo el territorio colombiano y sólo en el primer trimestre más de 3.000 han sido desplazadas.

PBI: ¿Cómo califica la atención de las dife-rentes entidades del Gobierno a las comuni-dades indígenas que son desplazadas?

AO: Hasta el momento no ha habido un en-foque diferencial: a la gente indígena se le atiende como cualquier ciudadano. Eso no significa que las demás personas no tengan iguales derechos pero hay unas condiciones especiales que se deberían tener en cuenta con los pueblos indígenas relacionados con su idioma, su cultura y sus alimentos. Estas condiciones se deben tener en cuenta a la hora de atender a las personas.

PBI: ¿Cómo considera el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo?

AO: Nosotros consideramos que es un buen trabajo. El problema es que las deci-siones que toma la Defensoría del Pueblo y las recomendaciones e informes presen-tados por los defensores comunitarios no se están teniendo en cuenta. En el caso

El confinamiento

«Lejos de ser algo nuevo, el confinamiento de la población civil es una estrategia de guerra quizás

tan antigua como el propio conflicto armado en Colombia.

El confinamiento es la situación de vulneración de derechos y libertades —que implica la restricción a la libre movilización así como al acceso a bienes indispensables para la supervivencia— a que se ve sometida la población civil como consecuencia de prácticas —explícitas o implícitas— de control militar, económico, político, cultural, social o ambiental que ejercen los grupos armados —legales o ilegales— en el marco del conflicto armado.

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Las prácticas de confinamiento tienen un impacto devastador. En aquellas áreas donde a los civiles no se les permite desplazarse con libertad se afecta su capacidad de realizar actividades cotidianas como pescar, cazar y trabajar la tierra, vitales para su seguridad alimentaria. Se ha demostrado que la restricción en los viajes y, por consiguiente, en el acceso a los mercados locales para comprar y vender productos, provocan una reducción de recursos para la compra de alimentos, lo que tiene un impacto particularmente adverso en las mujeres y los niños y las niñas»..«Comunidades confinadas de Colombia», Project Counselling Service, 29 de noviembre de 2004

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de los Awá, a pesar de los informes de riesgo y alertas tempranas emitidas por la Defensoría y una resolución defensorial en el año 2008 el Estado no ha protegido a este pueblo. Esto queda demostrado en la cifra de 68 asesinatos en el pueblo Awá en tan sólo el 2009.

PBI: ¿Cuáles son las medidas tomados por las comunidades y la ONIC en cuanto a prevención y atención humanitaria?

AO: La ONIC no tiene la capacidad eco-nómica para apoyar a las comunidades con la ayuda de emergencia. Sin embar-go lo que estamos haciendo es denunciar, visibilizar lo que está pasando con los pueblos indígenas, hacer acompañamien-to para verificar la situación y exigir al Estado que atienda a los pueblos indíge-nas en situación de desplazamiento.

PBI: ¿Cuáles son los impactos psicosocia-les que sufren las comunidades indígenas que tienen que desplazarse?

AO: Son devastadores. El desplazamiento puede llevar a los pueblos a perder su cul-tura, sus costumbres y sus tradiciones y a perderse como pueblo. La relación con el territorio es muy importante y si uno sale del territorio ya no puede seguir haciendo sus rituales de pagamento, por ejemplo. La gente pierde su idioma y tiene que ves-tirse de una forma diferente. Los pueblos indígenas somos gente muy digna y para muchas personas indígenas es muy extra-ño ver a otras indígenas pidiendo limosna en la calle. Somos gente que trabaja la tie-

rra y es difícil vivir en un contexto donde no podemos cultivar, pescar o cazar.

PBI: ¿Cómo es la situación de las mujeres desplazadas?

AO: El número de mujeres desplazadas en pueblos indígenas es muy alto. Por ejemplo, en el territorio Kankuamo fueron asesinados más de trescientos hombres en los últimos veinte años, de estos 127 en el período de Uribe como Presidente. Eso significa que hay aproximadamente 300 mujeres viudas y 600 niños huérfanos. Muchas mujeres se tuvieron que despla-zar cuando mataron a sus esposos y se convirtieron en madres cabeza de fami-lia. Además, muchas mujeres han sido violadas. Frecuentemente denuncian ante las entidades correspondientes el despla-zamiento, el homicidio de su esposo y la violación, pero la violación se toma como un hecho más que no se investiga. Asi-mismo, los hombres generalmente tienen más acceso a la cultura occidental. Hay muchos pueblos indígenas donde las mu-jeres no hablan la lengua castellana, una

Familia Uwa del Casanare. En este departamento, las Uwa con el apoyo de la organización COS-PACC han elaborado estrategias para resistir el desplazamiento forzado. Entre 2002 y 2009, 1.208 indígenas Uwa han sido víctimas del desplazamiento forzado3.

Entre 2002 y 2009 fueron desplazadas 45.339 personas

indígenas. Los pueblos más afectados son los Nasa con 10.659 desplazadas, los Awá con 9.652 y los Embera con 8.484..IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia, Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, diciembre de 2009

1 Sistema de información sobre pueblos indígenas. «Derechos humanos de las mujeres indígenas» en «IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia», Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, diciembre de 20092 Ibíd.3 Ibíd.

«a pesar De los informes De riesgo y alertas tempranas emitiDas por la Defensoría y una resoluCión Defensorial en el año 2008 el estaDo no ha protegiDo al pueblo awá»

decisión que toman los pueblos para que no se pierda su cultura.

PBI: ¿Cuáles son las medidas que deben tomarse a nivel estatal?

AO: Es muy importante que se dé cum-plimiento al Auto 004 del 2009 y eso significa que para asuntos relacionados con el desplazamiento haya una atención con enfoque diferencial, que se tengan en cuenta para efectos de la prevención, la realización, la implementación y el aporte en recursos económicos para el desarrollo de los planes de vida de los pueblos indígenas. Nosotros pensamos que hay que desmilitarizar los territorios indígenas por completo. Si salen todos los actores armados de nuestros territo-rios vamos a poder vivir en paz. Además queremos que nos dejen nuestros terri-torios saneados, es decir, que no haya colonos en nuestro territorio. En muchas ocasiones los colonos siembran cultivos de uso ilícito en nuestros territorios y, por lo tanto, hay fumigación y presencia de grupos armados..

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PBI: ¿Cómo percibe ACNUR la respuesta estatal a la sentencia 025 de 2004? ¿Cuá-les han sido los logros y cuáles siguen siendo las dificultades?

Jean Noël-Wetterwald: Hubo una res-puesta por parte del Estado que, sin lugar a dudas, ganó en coherencia. Sin embargo, en una serie de fallos de manera muy clara la Corte ha dicho que esta respuesta toda-vía no es suficiente y creo que es cierto que cuando uno ve el impacto de la respuesta en el terreno todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, hemos visto con mucho inte-rés que Acción Social presentó en octubre de 2009 toda una serie de propuestas para cambiar y modificar estas políticas públicas y creo que estas modificaciones van por buen camino. Estamos muy animados por lo que hemos visto, sin embargo siempre habrá el reto de tener una política que ten-ga un impacto y desafortunadamente con el número de nuevos desplazados que se agre-gan cada año a los ya existentes, ese sigue siendo un reto muy grande.

PBI: ¿Ha habido cambios presupuestales para hacer la atención más realista?

JNW: El logro más grande de los últimos años ha sido la mayor asignación presu-puestal. Pero el presupuesto no es todo, hay que tener políticas que tengan impac-to y un enfoque diferencial. Todo eso se está poniendo en marcha.

PBI: ¿Cómo es la situación específica de las comunidades indígenas y afrocolom-bianas y cuáles son los problemas o difi-cultades que afrontan en este momento?

JNW: Desafortunadamente vemos que las comunidades afrocolombianas e in-dígenas están desproporcionadamente golpeadas por el desplazamiento. Vemos con mucha preocupación que el conflicto armado interno se da más y más en zonas periféricas del país y, por lo tanto, el con-flicto golpea de manera mucho más fuerte a las comunidades afrocolombianas e in-dígenas que viven en esas zonas.

respuesta estatal

«Todavía falta mucho por hacer en el terreno»Jean Noël-Wetterwald ha sido representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) durante dos años y medio y está acabando su mandato. Estará diciendo a su sucesor o sucesora que todavía está por nombrar que “Colombia es algo especial por la calidad de la gente y las lecciones de coraje que nos dan los desplazados cada día y por la calidad del equipo de ACNUR en Colombia”. El representante ha encontrado colegas muy comprometidos. Noël-Wetterwald habla con PBI sobre la respuesta estatal a la magnitud del desplazamiento forzado y los desafíos para el año 2010.

PBI: ¿Se han incorporado perspectivas de género y étnicas en las políticas públicas del Estado colombiano?

JNW: Sí, creo que eso puede ser un motivo de orgullo para el equipo de la ACNUR en Colombia. Después de tantos años y tan-to trabajo con los Ministerios respectivos hemos logrado que se publique ya una di-rectriz de la Consejería para la Equidad de la Mujer de la Presidencia de la República para todas las entidades del Estado sobre atención diferencial según el género. Igual-mente, el trabajo en otras áreas como con indígenas y afrocolombianos o discapa-cidad, por ejemplo, va muy avanzado con apoyo de nuestros técnicos. Es un primer paso necesario y en algunos años vamos a ver si estas directrices tienen impacto. Ve-mos en el enfoque diferencial una manera de cerrar la brecha entre un marco legal y administrativo que es bueno pero que no ha tenido el impacto deseado sobre los bene-ficiarios y las comunidades. Pensamos que con este enfoque diferencial vamos a tener la posibilidad de tener un impacto mayor ya que responde a las necesidades efectivas y diferenciadas de estas varias categorías.

PBI: ¿Cómo percibe la situación de las mujeres desplazadas?

JNW: Desafortunadamente las más golpeadas por el conflicto y el despla-zamiento son las mujeres. ¿Por qué eso es dramático? Primero, porque según la Defensoría del Pueblo y Profamilia, una de cada seis mujeres desplazadas ha sido víctima de violencia sexual y, de ellas, el 18% se desplazaron como consecuencia de esa violencia. Segundo, muchas mu-jeres son jefes de hogar y, por lo tanto, tienen más dificultad para acceder a los servicios del Estado. Otro elemento dra-mático es que tienen más dificultades si intentan evitar el reclutamiento de los menores. Eso también demuestra la ne-cesidad de tener políticas específicas para las mujeres y el reto es ver cómo se puede implementar y asegurarnos que las directrices de género tengan un impacto positivo sobre las mujeres desplazadas.

PBI: ¿Cómo percibe la ACNUR la situa-ción de las comunidades confinadas o bloqueadas económicamente?

Jean Noël-Wetterwald ha sido representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) los dos últimos años y medio.

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JNW: Eso es otro drama y un síntoma más de que en algunas partes de Colombia seguimos con un conflicto armado interno muy intenso. En este caso hay que tratar de asistirlas, pero hay que hacer un llamado muy fuerte para que las partes en el con-flicto respeten el Derecho Internacional Humanitario. Si ACNUR insiste tanto en el uso de términos adecuadas para descri-bir lo que ocurre en Colombia es porque esos términos tienen implicaciones sobre las obligaciones de diferentes actores. Si hay un conflicto en Colombia las partes de ese conflicto están obligadas por el Dere-cho Internacional Humanitario y confinar comunidades va contra él.

PBI: El año pasado ACNUR firmó un convenio con el Ministerio de Agricultura para verificar los vacíos que existen en la política pública frente a la restitución de tierras a comunidades desplazadas. ¿Qué se ha hecho hasta el momento?

JNW: El tema de la tierra es un tema esen-cial en el conflicto y la violencia. Con el Ministerio de Agricultura hemos tratado de ver cómo podemos mejorar el acceso de la tierra a través de las convocatorias. Primero, hemos visto que cada año hay convocatorias pero la población desplazada no tiene acceso a este mecanismo por los requerimientos técnicos. Queremos que se mejore el procedimiento y que se garantice que sea más accesible para todas las perso-nas desplazadas, pero en particular para las mujeres que hasta ahora están en desventa-ja. Entonces aquí hay otro ejemplo de cómo tratamos que haya una política diferencia-

da: asegurarnos que las mujeres tengan acceso a los servicios del Estado. Todavía no tenemos los resultados finales de la con-vocatoria de este año pero esperamos que las estadísticas nos puedan demostrar que este año un porcentaje mayor de los despla-zados tienen acceso a este mecanismo.

Segundo, algunos desplazados tienen acceso a tierras a través de mecanismos de reubicación. Hemos estudiado algunos casos emblemáti-cos para ver cómo a partir de ellos podemos cambiar el procedimiento de la reubicación y eso ha dado algunos resultados. Ahora hay que subirlo a nivel de política.

El tema de la restitución de tierras no era parte del convenio con el Ministerio de Agricultura pero sí es un tema crítico. Hay que asegurarnos que esta restitución se haga en condiciones de seguridad para los bene-ficiarios. Desafortunadamente hemos visto que varios desplazados y líderes de despla-zados a quien le devolvieron su tierra han sido o amenazados o, aún peor, asesinados porque no se daban las condiciones de se-guridad. Para nosotros, antes de cualquier programa o política de restitución, necesi-tamos tener todas las garantías de seguridad para quienes reciben las tierras.

PBI: Con las nuevas dinámicas del conflic-to armado, ¿ustedes ven nuevas formas de desplazamiento?

JNW: Los enfrentamientos armados son la causa más clásica del desplazamiento, pero hay otras formas que nos preocupan. Vemos que las amenazas por esos mismos grupos armados

es un tema serio y vemos con beneplácito el hecho de que las autoridades lo toman en serio. También nos preocupa el hecho de que todavía hay desplazamientos por los megaproyectos aunque no haya enfrentamientos. También las denominadas bandas criminales emergentes desplazan. Para nosotros no importa cómo se llamen y cómo se califiquen, lo importante es ver que esta gente tiene la capacidad de amena-zar, de matar y de desplazar.

PBI: El subregistro de la población despla-zada tiene implicaciones para la imple-mentación de los programas de atención y de prevención. ¿Cómo está trabajando ACNUR con Acción Social u otras entida-des estatales para garantizar un sistema de registro confiable?

JNW: Eso es un tema esencial porque toda nuestra acción está basada en un reconoci-miento del derecho. La única forma de acceder a estos derechos es a través del reconocimiento del estatus de desplazado. Nosotros estamos trabajando con Acción Social para tratar de mejorar el registro porque hay varios proble-mas. Por supuesto el subregistro es uno, pero también vemos que hay gente que no tendría que estar en el registro. Para nosotros es funda-mental fortalecer la credibilidad del registro y asegurarnos que los que tienen que estar están y los que no tienen que estar, no están.

PBI: ¿Cuales son las tendencias para el próxi-mo año en cuánto al desplazamiento forzado?

JNW: Nosotros no manejamos las cifras, nuestras fuentes provienen del registro de Acción Social y de las evaluaciones de la sociedad civil y de CODHES. Todavía es difícil adelantar una tendencia porque estas cifras se van completando el año próximo. Sin embargo, vemos que el desplazamien-to es un fenómeno con gran connotación regional. Hay regiones que desplazan más y regiones que desplazan menos. Si bien el registro nacional nos puede dar una tenden-cia nacional, no hay que desconocer que hay que concentrarnos en el nivel regional para poder, en lo posible, prevenir el desplaza-miento en algunas partes del país. Creo que todo el fenómeno de la prevención del des-plazamiento es un fenómeno que merece la atención de las entidades del Gobierno cen-tral y local y de las agencias internacionales. Todavía hay espacio para mejorar la preven-ción del desplazamiento en Colombia.

PBI: En cuanto a la prevención, ¿percibe que el Sistema de Alertas Tempranas está funcionando bien?

Campesino de Nariño.

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JNW: El Sistema está funcionando bien en el sentido que todos los informes de riesgo son muy serios. Muchos desplazamientos y viola-ciones de derechos humanos que ocurrieron estaban en estos informes. El desafío es ase-gurarnos que estos informes se convierten en informes de riesgo y en alertas tempranas y que las instituciones se apropian de ellos. Hemos tratado de todas las maneras posibles de fortalecer el Sistema de Alerta Temprana —que es un ejemplo para el mundo de cómo podemos actuar—, pero desafortunadamente falta un paso y este paso es la apropiación por parte de las instituciones de esta fantástica he-rramienta de la Defensoría del Pueblo.

PBI: ¿Cuáles son los retos de ACNUR para 2010?

JNW: Creo que son tantos que uno tiene que priorizar estos retos. Uno, es el registro. Dos, las tierras. Tres, las políticas públicas y el enfoque diferencial. Cuatro, las fronteras.

PBI: Y por último, ¿cuáles son las difi-cultades más grandes que afrontan los refugiados en los países vecinos?

JNW: El tema de la documentación. Re-conocemos, agradecemos y valoramos la generosidad con la cual los países vecinos recibieron a los colombianos en necesi-dad de protección internacional. Todavía hace falta más trabajo para documentar estos casos y asegurarnos que pasamos de una protección informal a una protec-ción formal. Los colegas de ACNUR en los países vecinos están trabajando en eso con las autoridades de cada país..

respuesta estatal

Cifras: ACNUR, Population Data Unit, corresponde a cifras de diciembre de 2008

En 2003 se lanzó la campaña «Atratiando por un buen trato en el Atrato», una iniciativa de organizaciones internacionales, nacionales y locales para mostrar la situación humanitaria en el Chocó.

Personas colombianas refugiadas reconocidas

Personas colombianas en situación de refugio Total

Mundo 77.220 296.300 374.000

Ecuador 28.875 (+23.825 solicitantes) 82.300 135.000

Venezuela 1.161 200.000 201.161

Panamá - - 15.303

Costa Rica 9.939 N/A 9.939

Estados Unidos 26.447 N/A 26.447

Canadá 11.843 N/A 13.080

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Un fallo históricoEl 14 de abril de 2008 fue una fecha importante. La Corte Constitucional se pronunció sobre la vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en situación de desplazamiento. El Auto 092 «Protección de los derechos fundamentales de las mu-jeres víctimas del desplazamiento forzado por causa del conflicto armado» representa un fallo histórico ya que «nunca antes en la jurisprudencia nacional una corporación de justicia se había dado a la tarea de analizar la situación de las mujeres como colectivo y frente a un delito»3. Es importante priorizar el enfoque de género porque «desafortuna-

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Daira Quiñones, FUNDARTECP.

Mujeres, las más perjudicadas por el desplazamiento forzado«El arte es lo único que la guerra no puede romper» dice Daira Quiñones, cantautora afrocolombiana que lleva más de veinte años haciendo trabajo comunitario. Ella es de Tumaco (Nariño), zona tristemente famosa por el conflicto armado1 y los cultivos de palma africana que han desplazado a miles de personas2. En 2001, en su lucha por la recuperación de tierras se vio obligada a huir a Bogotá. Dice que tuvo suerte pues muchos de sus compañeros fueron asesinados. Junto con las compañeras de Tumaco que iniciaron la Fundación Arte y Cultura del Pacífico (FUNDARTECP) diez años antes en su región, comenzó a apoyar a otras mujeres desplazadas y de sectores marginales en Bogotá. Hoy en día son 280 mujeres que implementan proyectos productivos, microcréditos y comedores principalmente en Bogotá y Tumaco. Su apuesta es extender una red de mujeres en todo el país. Quiñones, junto a otras mujeres y jóvenes, han tratado de permear lo artístico en todos sus trabajos sociales.

damente, las más golpeadas por el conflicto y el desplazamiento son las mujeres», afir-ma el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Jean Noël-Wetterwald. Según el estudio de la Corte, las mujeres repre-sentan la mitad de la población desplazada: «La Corte reveló 18 facetas de género o aspectos del desplazamiento que impactan de manera diferencial a las mujeres»4.

Violencia sexualLa violencia y el abuso sexual es uno de los patrones establecidos por la Corte6. Por lo menos el 17% de las 2.100 mujeres

La Corte Constitucional reveló en un informe 18 facetas de género que impactan de manera diferen-cial a las mujeres. Algunas de ellas son5:

-la violencia y el abuso sexual-la violencia intrafamiliar y comunitaria-la jefatura femenina del hogar sin las condiciones de subsistencia mínimas-la discriminación social de mujeres indígenas y afrodescendientes

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entrevistadas por la Defensoría del Pueblo en 2008 admitieron situaciones de desplazamiento forzado como consecuencia de agresiones y violencia sexual7. Los informes de riesgo del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría también mostraron que la violencia y la explotación sexual se incrementaron un 69% en 2008 con relación al año anterior8. «Hemos visto niñas violadas, incluso aquí mismo en Bogotá», afirma Youana Sáenz, Secretaria General y de Género de la Asociación de Afrocolom-bianos Desplazados (AFRODES)9. Desafortunadamente, la violencia sexual es mucho más frecuente de lo que se cree. De hecho, según el último informe de la ONG internacional Oxfam, «la violencia sexual es una de las principales causas que encabezan el desplazamiento forzado en Colombia»10. Sin embargo, por varias razones, las estadísticas no captan esa realidad.

Las mujeres sienten vergüenza y desconfianza de denunciar11 y cuando encuentran el coraje para denunciar casos de violencia sexual ante las entidades gubernamentales, este delito se toma como un hecho más que posteriormente no se investiga12, manifiesta Ana Manue-la Ochoa, abogada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). De hecho, muchas normativas nacionales no están actualizadas con los estándares internacionales y el funcionariado judicial no recibe la capacitación necesaria ni conoce la normativa internacional13. Asi-mismo, en muchas regiones de Colombia

Mujer de Nariño.

«Primeramente fui desplazada en el año 1999,

declaré en Rionegro (Antioquia) pero no me dieron ninguna solución y por ese motivo me tocó regresarme para el Chocó. En ese primer desplazamiento fui violada sexualmente en varias ocasiones. En una de esas violaciones quedé embarazada de mi niña y hasta el día de hoy no sé si es del muchacho con quien yo vivía entonces. Y peor, yo nunca fui capaz de hablar de eso abiertamente por temor a ser señalada y rechazada por los demás. Eso es algo que ha marcado mi vida para siempre»15..

las bases de datos «no incluyen los casos de violencia sexual y, cuando lo hacen, priorizan sólo la violencia sexual, dejando de lado figuras como la prostitución forza-da, el abuso forzado, el chantaje sexual y la esterilización forzada, entre otros»14.

Discriminación de mujeres in-dígenas y afrodescendientesLa Corte Constitucional también ha confirmado que las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan «una triple discriminación por ser mujeres, por ser desplazadas y por pertenecer a grupos étnicos determinados»16. «En Bogotá todavía existe la discriminación racial en pleno siglo XXI», afirma Sáenz al respecto. Algunas mujeres afrocolombia-nas han manifestado que no les arriendan vivienda por tener muchos niños y hay jóvenes que han desertado del colegio por la discriminación que enfrentan17. Pero también hay esperanza, Daira Quiñones dice que ella y muchas otras mujeres han podido demostrar que quieren trabajar dignamente y eso ha ayudado a cambiar la mentalidad de las personas que antes las discriminaban18.

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Presiones socioeconómicas y sus consecuenciasCasi la mitad de las familias desplazadas son encabezadas por mujeres21 y, por lo tanto, tienen que asumir todas las responsabilidades familiares. El 60% de las mujeres desplazadas trabajan como independientes, por ejemplo, como vende-doras ambulantes, y el 20% son empleadas domésticas22. Frecuentemente el dinero no es suficiente o no consiguen trabajo. “Es duro decirlo, nuestras mujeres están ejer-ciendo la prostitución para poderle dar de comer a sus hijos», afirma Youana Sáenz. Igualmente, se ha intensificado la trata de mujeres para la prostitución en la frontera con Panamá y la prostitución infantil también es común en las comunidades desplazadas debido a la falta de recursos23. Además, cuando las mujeres son las únicas responsables de mantener el hogar tienen dificultades para acceder a los servicios estatales, como afirma el representante de ACNUR Noël-Wetterwald.

«Siempre es la mujer que tiende a sacar a su familia adelante. Para el hombre negro es muy difícil conseguir trabajo en Bogotá,

Según estimaciones de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 249.137 mujeres afrocolombianas se han

registradas como desplazadas19.

Según el sistema de información sobre pueblos indígenas de la ONIC, 17.861 mujeres indígenas han sido víctima del desplazamiento forzado20.

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entonces, le toca a la mujer ponerse la bata del sustente de sus hijos y de su hogar», cuenta Sáenz. Además, «los hombres ne-gros son machistas y a ellos no les gusta que la mujer trabaje, lo que ocasiona la ruptura del núcleo familiar», añade Sáenz.

El estrés socioeconómico del desplazamiento también conduce a comportamientos violentos en las familias, un problema que es mucho mayor en las comunidades despla-zadas24. Adaptarse a condiciones de hacinamiento en los espacios que las familias logran arrendar, la falta de dinero para comprar alimentos, el desempleo y el cambio de papeles crea tensiones que frecuentemente conllevan a violencia intrafamiliar25.

Para Ana Manuela Ochoa hay otra faceta que afecta a las mujeres indíge-nas. En muchas comunidades indígenas, los hombres tienen más acceso a la cultura occidental y las mujeres —que

frecuentemente son las guardianas de la cultura y las costumbres— ni siquiera hablan la lengua castellana. Al llegar a las ciudades y tener que enfrentarse a las autoridades encargadas de atender a la población desplazada, se dificulta su acceso a las ayudas humanitarias.

La perspectiva de género en las políticas gubernamentalesACNUR ha evaluado hasta qué punto se ha incorporado la perspectiva de género en la política pública y trabaja con el Gobierno colombiano para promover políticas con un enfoque de género26. El representante de ACNUR es optimista. Después de muchos años trabajando con los Ministerios respectivos, han logrado la inclusión de las directivas de género. Pero también reconoce que falta ver si estas directivas logran tener impactos positivos para las mujeres desplazadas27.

El Auto 092 de 2008 de la Corte Constitucional emite varias órdenes, entre

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Colombia Imágenes y realidades: mujer indígena kuna en Arquía.

ellas, la exigencia a Acción Social de establecer e implementar 13 programas específicos para las mujeres desplazadas28. Justo después de la publicación del Auto, doce organizaciones sociales crearon una Mesa nacional para hacer seguimiento a esas demandas29. Un año y medio des-pués, la Mesa constató el incumplimiento del Gobierno frente a la orden de diseño e implementación de estos programas. Desde la Mesa manifiestan que aún los programas más desarrollados «no incor-poran estrategias conducentes al goce efectivo de los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento»30. Además, para 2009 estos programas sólo beneficia-ban a 600 de las más de un millón y medio de mujeres desplazadas31.

Las mujeres bajo amenazaHay muchas mujeres que dedican su vida a contribuir a la reconstrucción del tejido social y, más específicamente, a apoyar a las comunidades desplazadas. Desafortu-nadamente, las mujeres y sus familias se

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mujerhan convertido en blanco de agresiones. La Corte mostró que «en los últimos años ha habido un incremento de crímenes de naturaleza sociopolítica contra mujeres líderes en el marco del conflicto»32. En 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decretó medidas cautelares para un grupo de mujeres que incluye a Daira Quiñones. Los apo-yos estatales para cumplir con estas medidas han sido mínimos hasta ahora, crítica Quiñones, pero gracias al acompa-ñamiento por parte de las organizaciones MINGA y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), ella ha podido viajar a Tumaco para continuar su trabajo comunitario. Las mujeres de la Organización Femenina Popular (OFP) continúan apoyando a las mujeres desplazadas a pesar de las persecuciones, estigmatizaciones y amenazas que reci-ben33. Mientras tanto, muchas mujeres implicadas en organizaciones políticas han abandonado su labor social para evitar amenazas y persecuciones34.

Daría Quiñones —junto a otras 280 mujeres de FUNDARTECP— sigue con el trabajo comunitario. Un proyecto im-portante es el trabajo por la recuperación de la memoria y la cultura. «A veces es difícil conservar su identidad estando en la ciudad», cuenta. La música es sumamente importante. En FUNDARTECP hacen música de bambuco viejo, una variante del bambuco tradicional que practicaron los antepasados y que tiene similitud con otros ritmos africanos. Mantiene la espe-ranza de retornar dignamente a Tumaco algún día.. La Corte Constitucional ha confirmado que las mujeres indígenas y afrodescendientes

enfrentan «una triple discriminación por ser mujeres, por ser desplazadas y por pertenecer a grupos étnicos determinados»16.

1 Todos los grupos armados actúan en Tumaco como consecuencia de su importancia en las economías ilegales. Las FARC lo hacen desde los años 80; los paramilitares —antes agrupados en las AUC— hacían presencia con el Frente Libertadores del Sur, y el ELN con el Frente Comuneros del Sur. Después de la desmovilización paramilitar, la región fue una de las primeras zonas de aparición de las llamadas «bandas emergentes», como las «Águilas Negras» y «Los Rastrojos». Además. habría que agregar la presencia de la Organización Nueva Generación, conocida como ONG. «La mala hora de Tumaco», El Espectador, 13 de mayo de 20092 Según cifras de Acción Social, entre 2002 y 2009 fueron expulsadas 28.531 personas del municipio de Tumaco. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia: Perfil del municipio de Tumaco.3 «Que la Corte siga comprometida con las mujeres desplazadas», Hechos del Callejón, número 51, diciembre de 20094 «Las mujeres desplazadas, las más afectadas», Hechos del Callejón, número 51, diciembre de 20095 Ibíd.6 Ibíd. 7 CODHES Informa: Boletín informativo no. 75, Bogotá, 22 de abril de 2009 8 Ibíd. 9 Entrevista con Youana Sáenz, AFRODES, 7 de diciembre de 2009

10 «La violencia sexual en Colombia, un arma de guerra», Oxfam, septiembre de 200911 «Colombia: las mujeres desplazadas exigen que se respeten sus derechos”, Refugees International, octubre de 2009 12 Entrevista con Ana Manuela Ochoa, abogada de la ONIC, diciembre de 2009. Página 9 de este boletín.13 «Violencia sexual, un crimen silenciado», Hechos del Callejón, no. 51, diciembre de 200914 Ibíd.15 Testimonio de una mujer afrocolombiana en situación de desplazamiento forzado en: «Las mujeres negras afrocolombianas en situación de desplazamiento» en el IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia», Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, diciembre de 200916 Ibíd. 417 Ibíd. 418 Entrevista a Daira Quiñones19 «Las mujeres negras afrocolombianas en situación de desplazamiento» en el IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia», Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado, diciembre de 200920 «Derechos humanos de las mujeres indígenas» en el IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia

21 «Colombia: las mujeres desplazadas exigen que se respeten sus derechos» en el IX Informe sobre violencia sociopolítica contra mujeres, jóvenes y niñas en Colombia22 Informe de la Comisión de seguimiento a la política pública sobre desplazamiento forzado, abril de 2009 en «Las mujeres desplazadas, las más afectadas» (Ibíd. 4)23 Ibíd. 2124 Ibíd. 2125 Ibíd.26 «Colombia: las mujeres desplazadas exigen que se respeten sus derechos», Hechos del Callejón, no. 51, diciembre de 200927 Entrevista a Jean Noël-Wetterwald, representante de ACNUR28 «Que la Corte siga comprometida con las mujeres desplazadas», Hechos del Callejón, diciembre de 200929 Ibíd.30 CODHES, boletín no. 12, septiembre a noviembre de 2009 31 Ibíd. Según Acción Social hay 1.583.388 mujeres en situación de desplazamiento 32 «El impacto: distinto para ellas», Hechos del Callejón, no. 51, diciembre de 200933 «Llamado Urgente», Observatorio para la prevención de los Defensores de Derechos Humanos, 19 de febrero de 2009 34 Ibíd. 32

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Sentado afuera de su casita de madera en el asentamiento La Holandita, Don

Pedro1 —uno de los miembros más viejos de la comunidad— relata cómo llegó a Urabá procedente del municipio de Dabei-ba, al norte de Antioquia. «Tenía 21 años cuando llegué aquí con mi hermano. Vini-mos huyendo de la violencia. Había más trabajo aquí, yo trabajaba como jornalero. Y la tierra también es mejor. Ahora tengo casi 80 años». La historia de Don Pedro se parece a la de muchos campesinos co-lombianos. Su relato habla de la compleja historia rural de Colombia y de cómo el desplazamiento forzado ha hecho parte integral de dicha historia. Muchas personas y familias que huyeron de la violencia bipartidista de los años cincuenta y sesenta vinieron a la región de Urabá —una zona costera escasamente poblada ubicada en el noroeste de Colombia— en busca de traba-jo y tierra para asentarse2. Con la esperanza de una vida pacífica y al ver que la tierra era más productiva que en sus lugares de origen, un grupo de familias llegaron a poblar el área montañosa del municipio de Apartadó. Gracias a su duro trabajo y a su lucha por tener acceso a la tierra y a unas mejores condiciones de vida, los pequeños

Doce años de resistencia pacífica: la guerra sigue

san josé de apartadó

Por Elizabeth Kerr

«Esta es una experiencia en construcción de paz. Una comunidad que dice ”No” al conflicto». Voluntario de PBI.

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cultivadores empezaron a desarrollar un área que se volvió económicamente prós-pera3. Sin embargo, el conflicto armado llegó a la zona en los años noventa, cuando la violencia de paramilitares y el Ejército que luchaban contra la guerrilla alcanzó niveles nunca antes vistos.

Don Pedro entrevera su historia con jocosas anécdotas sobre lo que él y su hermano hacían cuando eran jóvenes. Cuenta cómo llegaron a reclamar tierras abandonadas y se asentaron en terrenos de invasión. Vieron que la tierra era productiva y se podía aprovechar. Con todo, Don Pedro tuvo que abandonar los terrenos por los que tanto había luchado y desplazarse al municipio de San José de Apartadó en 1996 para buscar refugio. A lo largo de su vida este hombre ha sufrido varios desplazamientos forzados. En abril de 2005 tuvo que abandonar de nuevo su hogar cuando los habitantes de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó se trasladaron en masa al asen-tamiento de La Holandita. El éxodo fue provocado por la llegada de las fuerzas policiales que fueron al corregimiento de San José de Apartadó a construir una

estación de policía. Esta construcción fue considerada una transgresión directa a la posición de la comunidad de no apoyar ni colaborar con ningún grupo armado ni permitir la entrada de armas4. Además, contraviene en gran medida las medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratificadas por la Corte Constitucional colombiana con la sentencia T1025 que establece que la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y el Estado deben concertar los medios a través de los cuales la comunidad será protegida. La construcción de una estación de policía en medio del casco urbano de San José ha recibido numerosas críticas de parte de grupos que luchan por los derechos humanos pues pone a la población civil en una situación de riesgo ya que es sabi-do que estas edificaciones son objeto de ataques guerrilleros5.

Doce años despuésDoce años después de declararse como Comunidad de Paz, la población de San José de Apartadó sigue recibiendo amenazas de desplazamiento forzado y es acusada de simpatizar con la guerrilla6. Desde su

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creación, más de 180 miembros de la co-munidad han sido asesinados a manos de fuerzas del Estado —según la comunidad son responsables de más del 90% de los ca-sos—, grupos paramilitares y guerrilleros7. Aún así, la comunidad sigue firme en su determinación de resistirse a participar en el conflicto armado, así como en su lucha para que no queden impunes los más de 750 crímenes contra la humanidad que han sido denunciados8. De hecho, el sacrificio de las personas asesinadas han inspirado a Orlan-do —un joven de 21 años miembro de la comunidad— a trabajar por la comunidad. Recordando las difíciles experiencias que ha debido afrontar en su corta vida, Orlando re-lata: «Me ha tocado ver tantas violaciones... Muchas familias acá casi ya no existen… A mí me ha tocado ver muertos tirados por el piso con balas… Entre más vivo, toca ver más cosas. La guerra seguirá».

Que el conflicto en Urabá persiste no es algo que se haga patente al viajar por la carretera que comunica Apartadó con San José. A pesar de haber sido escenario de innumerables muertes a manos de las distin-

san josé de apartadó

Isabel Negreira y Sylvain Lefebvre (PBI) durante un acompañamiento en la comunidad de paz.

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tas facciones, a lado y lado de la vía —muy mejorada en los últimos siete años— se ven casas recién construidas y casas viejas remodeladas ya sea porque las familias que una vez huyeron del conflicto volvieron o porque nuevas familias se reinstalaron en la zona. Sin embargo, las apariencias pueden engañar y personas que viven a pocas horas a pie del asentamiento urbano de San José de Apartadó reportan enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla y bombas que ex-plotan cerca de las veredas9. Mientras tanto, el aumento de la presencia militar en el área no tranquiliza a la población local.

Militarización de la zonaLa Comunidad de Paz de San José de Apartadó critica la militarización de la zona y la considera parte de la actual política de «seguridad democrática» del Gobierno colombiano que va de la mano de «proyectos de desarrollo» para la re-gión. Beatriz, miembro de la comunidad, habla de desplazamiento «gota a gota» ya que las familias abandonan sus casas por los bombardeos y el aumento de las tropas móviles, así como las persistentes actividades paramilitares en la zona. Sos-tiene que todo esto obedece al deseo de

UrabáUrabá es una región conformada por tres subregiones que incluyen partes de los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba. Esta zona es considerada una de las últimas fronteras agrícolas de Colombia en ser pobladas y desarrolladas. La migración en el área ocurrió principalmente entre los años cincuenta y setenta cuando familias trabajadoras migrantes llegaron en busca de trabajo y tierra.

La región ha sido explotada por pequeños agricultores, colonos, industrias bananeras y otras agroindustrias. El área es habitada por comunidades negras, grupos indígenas y mestizos..

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implementar megaproyectos en la región como la exploración de minas de carbón y la producción de aceite de palma.

Refiriéndose a cómo las autoridades de la zona alardean de llevar desarrollo y progreso a San José de Apartadó, Beatriz recrimina: «¿De qué desarrollo están hablando? Han construido dos edificios [incluyendo] una estación de policía don-de antes había un monumento en memoria de las personas [de la comunidad] asesina-das. Con estos nuevos programas sociales están dividiendo a los campesinos o bien arrebatándonos la autonomía diciéndonos qué debemos hacer o bien insinuando que los campesinos tienen nexos con la guerri-lla, que son guerrilleros».

La comunidad no es la única preocu-pada por los recientes desarrollos de la

zona. Un cooperante internacional que conoce bien la zona sostiene: «Un enfoque “asistencialista” según el cual se entrega dinero a ciertos grupos pero no a otros, divide a la sociedad civil. También está creando dependencia del Estado y acaban-do con los medios que tienen los pequeños agricultores para ser independientes. […] Ahora estamos en una etapa diferente del conflicto en Urabá. Antes estábamos en una fase de desplazamiento masivo y gran-des operaciones militares y/o paramilitares. En este momento continúan los desplaza-mientos y los asesinatos selectivos, pero gota a gota y la mayoría de estos casos no son reportados. Como antes hubo tanta vio-lencia, la población se ha desensibilizado. Lo que está pasando en este momento no parece gran cosa. En esta fase las grandes multinacionales están llegando a la zona. Por ejemplo, se han otorgado 17 contratos

para la explotación minera. Ecopetrol tam-bién va a empezar exploraciones...».

Para hacer frente a estas nuevas amenazas, la comunidad ha adoptado una estrategia de expansión que busca incluir otras veredas del área. Se ha dado cuenta de que al trabajar de manera colectiva es posible difundir información sobre las amenazas de seguridad que representan los grupos armados y los planes de desarrollo propuestos para la región. De esta manera, la comunidad espera promover la cohesión y la autonomía de los pequeños agricultores de la zona. Así expresa Beatriz su deseo para la comunidad: «Queremos crecer para que la comunidad no pueda ser destruida tan fácil-mente. Queremos la restitución de la justicia para que las generaciones futuras puedan vivir en un verdadero clima de paz; para que detengamos los ciclos de violencia».

El poder de lo colectivoBeatriz —una madre soltera de 43 años— cree firmemente en el poder de lo colectivo como modo de enfrentar la violencia. Al preguntarle qué la motiva a ser líder co-munitaria responde con sencillez: «Quería trabajar por otros. No pensar solamente en mí, sino en otras generaciones que vendrán luego, trabajar como parte de una colecti-vidad. Así nuestra sociedad puede ser más civilizada». Aunque admite que no siempre ha sido fácil ser una mujer líder, pues sigue

Almuerzo en La Holandita, 2005.

DoCe años Después De DeClararse Como ComuniDaD De paz, la poblaCión sigue reCibienDo amenazas De Desplazamiento forzaDo y es aCusaDa De simpatizar Con la guerrilla

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Veredas del corregimiento de San José de Apartadó.

siendo difícil superar el machismo. Sin embargo, reconoce que en este momento la comunidad está más consciente de que las mujeres pueden asumir roles de liderazgo. «La guerra nos ha unido aún más. […] La guerra ha sido nuestro “salón de clases”. Las experiencias vividas nos han vuelto más conscientes de nuestros derechos. También hemos tenido que aprender cómo tratar mejor a los demás… sobre la importancia del diálogo. Ahora somos más unidos. Sen-timos que somos seres humanos. Tenemos derechos y valores. […] Hemos aprendido a exigir nuestros derechos».

El trabajo de Beatriz con la comunidad le ha permitido viajar al exterior, algo que nunca imaginó cuando era más joven. Gra-cias a su viaje a Europa se ha dado cuenta

de la importancia que tienen organizaciones como Peace Brigades International (PBI) en la difusión de lo que está pasando en Colombia: «PBI nos ha acompañado desde el 2000 cuando ocurrió la primera masacre en San José. El Gobierno nacional se siente presionado por la presencia internacional aquí. Las organizaciones internacionales vigilan cada proceso y nos dan seguridad. El apoyo político que nos han prestado fuera de Colombia también ha sido un gran soporte para nuestra comunidad. Nos ha dado credi-bilidad. […] Consolida nuestro trabajo».

A lo largo de los años PBI ha visto muchos cambios en la comunidad. Estuvo con ella en el asentamiento urbano de San José de Apartadó y luego, también, cuando se trasladó a La Holandita. Actualmente,

PBI presta acompañamiento en las demás veredas que hacen parte de la comunidad cuando éstas así lo requieren. Los miem-bros de PBI han sido testigos de los distintos atropellos a los derechos humanos a los que la comunidad ha sido sometida. La organización ha estado presente durante procesos penosos como la exhumación de Luis Eduardo Guerra Guerra, su familia y otras personas masacradas por soldados co-lombianos en 2005. Si bien los miembros de la comunidad reconocen la importancia de la presencia de PBI en la región y aseguran que si no fuera por su acompañamiento sería poco probable que la comunidad existiera hoy en día, las personas voluntarias de PBI también hablan con respeto y admiración de la comunidad. Un voluntario francés de PBI explica: «Yo quería trabajar con los campesinos. Quería aprender sobre el con-flicto y cuando escuché sobre la posición que tiene la comunidad aquí sentí muchos deseos de trabajar con ellos. Parecen muy organizados. Y es muy satisfactorio tra-bajar a su lado, son muy cálidos. [...] He aprendido sobre la capacidad de volver a crear lo que ha sido destruido, y a ser más fuerte. Esto me ha dado una fe real en la humanidad. Creo que es importante que la gente fuera de Colombia se entere de que los campesinos de aquí quieren otra vida que no tiene que ver con cuánto produzcan o con posesiones materiales»10 ..

la ComuniDaD sigue firme en su DeterminaCión De resistirse a partiCipar en el ConfliCto armaDo, así Como en su luCha para que no queDen impunes los más De 750 Crímenes Contra la humaniDaD que han siDo DenunCiaDos

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Campesino cortando madera en San José de Apartadó.

1 En este artículo se han omitido los nombres reales de las personas citadas con el fin de proteger a los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.2 «Urabá: Región, Actores y Conflicto 1960-1990», Clara Inés García, Bogotá 1996, Cerec.3 «San José de Apartadó: Caminos de Resistencia: Alternativas de la Población Civil en Medio del Conflicto», Comunidad de Paz de San José de Apartadó, DFID (Department for International Development) & OXFAM Colombia.4 «San Josesito de Apartadó: La Otra Versión», Cinep, Banco de Datos de Derechos Humanos, Noche y Niebla Caso Tipo No.6, 20055 «Colombia: Justice is the only way forward for the Peace Community of San José de Apartadó», Amnesty International, AMR 23 de abril de 20056 «Amenazas de desplazamiento y muerte a la Comunidad de Paz», PBI Focos de Interés, noviembre de 20097 Derecho de Peticion No.17 al Presidente Álvaro Uribe Sobre la Comunidad de Paz de San Jose de Apartado, Javier Giraldo, febrero de 20098«Masacres, desapariciones, extorsiones, desplazamientos forzados masivos, abusos sexuales, destrucción de viviendas y cultivos, bombardeos a población civil, creación de estructuras paramilitares, montajes judiciales y otros crímenes» en Carta de Respuesta del Padre Javier Giraldo a Anastasia O’Grady, 17 de diciembre de 20099«Contumacia impúdica», Comunidad de Paz de San José de Apartadó, 21 de octubre de 200910 Fuentes y referencias:•«San José de Apartadó: Caminos de Resistencia: Alternativas de la Población Civil en Medio del Conflicto», Comunidad de Paz de San José de Apartadó , DFID (Department for International Development) & OXFAM Colombia•«Urabá: Región, Actores y Conflicto 1960-1990», Clara Inés García, Bogotá 1996, Cerec•«San Josesito de Apartadó: La Otra Versión», Cinep, Banco de Datos de Derechos Humanos, Noche y Niebla Caso Tipo No.6, 2005•«Identidades Políticas y Exterminio Reciproco: Masacres y Guerra en Urabá 1991-2001», Suárez, Andrés Fernando, Medellín, 2007, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Universidad Nacional de Colombia & La Carreta Editores E.U.11 «Doce años en construcción de la esperanza», Comunidad de Paz de San José de Apartadó, marzo de 2009

«Estos doce años han sido una esperanza construida sobre bases sólidas, sobre proyectos de vida reales y alternativos que han sido cegados por el terror de los asesinos, por ello la memoria de las 185 personas asesinadas de nuestra comunidad sigue más viva que nunca en medio de todos los que creemos en la justicia. Estos doce años nos permiten reafirmarnos en contra de la impunidad en que se haga justicia a las más de 750 violaciones de derechos humanos que se han cometido contra nuestro proceso, somos un ejemplo claro del aniquilamiento que se ha hecho y se sigue haciendo contra las comunidades en resistencia civil en nuestro país. Pero pese a todas estas acciones de terror, mentiras, judicializaciones, muertes, violaciones, destrucción de cosechas, amenazas estamos con la esperanza en alto porque no son doce años en soledad son doce años con el calor de vida de mucha gente que cree en una nueva humanidad y que no nos han dejado solos, por el contrario caminan día a día con nosotros»11 ..

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Mujeres lavando la ropa en la orilla del río, Cacarica.

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Estamos sentados en sillas de plástico matando mosquitos bajo el manto

cada vez mayor de la oscuridad en el asen-tamiento de Nueva Esperanza, en la cuenca del río Cacarica (Departamento de Chocó ubicado al noroccidente de Colombia). Escuchamos con atención a un campesino que habla del impacto que han tenido las decisiones políticas tomadas en la lejana capital de Bogotá. «Lo que estamos en-frentando en este momento son nuevas estrategias del Gobierno. El presidente dice que ya se alcanzó la “paz”. Ya no están usando la violencia, sino otras estrategias. Ahora el capital financiero está controlan-do el territorio. En artículos de prensa y en la radio hablan de acuerdos entre Colombia y Panamá sobre la autopista Panamericana y un proyecto de electrificación. ¿Cómo nos vamos a organizar para hacerle frente a esto? No es sólo un problema de nuestra

Por Elizabeth Kerr

En busca de la autonomía y la dignidad«Autodeterminación: nosotros y sólo nosotros construiremos la historia que nos corresponde vivir y hacer. Vida: nosotros respetaremos la vida, la nuestra y la de la naturaleza. Dignidad: todos, nosotras y nosotros, sujetos de una historia donde seamos reconocidos»1.

comunidad, sino de todos. La autopista va a pasar por nuestras tierras, a una hora y media. No se ha estudiado el impacto social de esta obra […] ¿Qué va a pasar con nuestra comunidad?».

Según miembros de la Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad (CAVIDA) estos planes de desarrollo económico fueron la causa de su despla-zamiento forzado en 1997. Alrededor de 10.000 personas tuvieron que desplazarse de la región tras la operación militar dirigida por la Brigada XVII del Ejér-citio Nacional que tenía el propósito de arrebatar el control del territorio a las FARC. Dicho operativo denominado «Operación Génesis»2 se caracterizó por desapariciones y masacres a manos de grupos paramilitares. Quienes tuvieron que huir de sus casas fueron a Turbo,

Apartadó, Quibdó, Medellín, la costa Atlántica y Pacífica e incluso a Panamá3. Miembros de la comunidad aseguran que no fueron desplazados por la insurgencia o porque los creyeran guerrilleros. Según afirma uno de ellos, «el Gobierno estaba interesado en nuestras tierras para hacer inversiones. Dijeron que querían limpiar el área de guerrilleros».

El retorno y la palma africanaAún así, algunos de los habitantes de Ca-carica regresaron en 2001 y se encontraron con que parte del ancestral bosque tropical de la región había sido talado para hacer espacio a cultivos de palma africana. Los responsables de ese desplazamiento forza-do no esperaban que los residentes de la zona regresaran a sus tierras años después con la voluntad de quedarse y recuperar sus tierras. Otro miembro de la comunidad

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Aprendiendo las letras en Cacarica.

asegura: «Sabemos que hemos sido un “inconveniente” desde que regresamos. Los que nos desplazaron nunca pensaron que regresaríamos a nuestras tierras».

Desde mediados de los años sesenta —cuando se plantó por primera vez la palma africana en Colombia con fines comerciales en el departamento del Magdalena—, el país se ha convertido en el más grande productor de aceite de palma del continente americano y el cuarto productor en el mundo (después de Indonesia, Malasia y Nigeria)4. Los terre-nos dedicados al cultivo de palma africana han pasado de 18.000 hectáreas, a mediados de los años 60, a 188.000 hectáreas en 2003, luego a 300.000 hectáreas en 20075. El ver-tiginoso aumento de la producción de palma africana ha sido denunciado por organizacio-nes colombianas e internacionales por tener posibles nexos con operaciones de lavado de dinero y por ser parte de un mecanismo paramilitar para expulsar a la población de áreas ricas en recursos naturales6. No obstante, la invasión de la industria de aceite de palma africana es sólo una de las pre-ocupaciones de la comunidad de Cacarica. Desde mediados de los años 90 ha habido un creciente interés por los potenciales recursos minerales y de aceite de la región, así como por su estratégica ubicación geográfica, cerca del Canal de Panamá donde se unen Suramérica y Centroamérica y con acceso a las costas del Pacífico y el Caribe.

La comunidad de Cacarica —para afrontar el riesgo potencial que dichos proyectos representan para las tierras comunitarias dedicadas a cultivos de subsistencia— propone un trabajo coordinado con otros habitantes de la región que les permita resistir a estos proyectos. CAVIDA es percibida por los habitantes como una estrategia de resistencia civil —un proyecto alternativo para vivir en medio del conflicto armado— que les posibilita recuperar su autonomía. Sin embargo, la visión de la comunidad se extiende más allá de las vidas de las 150 familias que viven en los dos asentamientos de Nueva Vida y Nueva Esperanza que conforman la comunidad. Al declarar la zona como un área de «biodiversidad» se afirman como custodios de un lugar de importancia ambiental mundial, un patrimonio que consideran fundamental preservar sin cultivar o explorar.

Peace Brigades InternationalPeace Brigades International ha acom-pañado desde 1998 a miembros de CAVIDA y de la organización no gu-bernamental Comisión Intereclesial de

Cuenca del río Cacarica• La cuenca del río Cacarica hace parte del municipio de Riosucio, en el Bajo Atrato, departamento del Chocó. Está ubicada en el área selvática del Darién del Pacífico. Al norte se encuentra el Parque Nacional de los Katios, declarado patrimonio mundial por la UNESCO.

• Antes de 1997, Cacarica estaba conformada por 23 comunidades donde personas afrocolombianas, mestizas e indígenas vivían juntas.

• En 1993, el Gobierno colombiano decretó el derecho a la propiedad colectiva de tierras (Ley 70) para las comunidades negras.

• A finales de 1996 se lanzó la «Operación Génesis», un operativo militar de las fuerzas públicas de seguridad para recuperar la región del dominio de las FARC.

• En 1997, aproximadamente 3.500 personas de Cacarica huyeron a Turbo, Bocas del Atrato, la Costa Atlántica y Pacífica y Panamá.

• En 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó medidas cautelares para proteger a las comunidades desplazadas en Turbo de otros actos violentos. Miembros de PBI acompañaron a las personas desplazadas durante su permanencia en el coliseo de Turbo.

• En 1998, 1.500 desplazados de Cacarica se unieron para formar CAVIDA.

• Entre el año 2000 y 2001, los habitantes regresaron a Cacarica para establecerse en dos asentamientos temporales luego de negociar las condiciones de su regreso con el gobierno de Andrés Pastrana.

• En 2002, CAVIDA decide crear Zonas Humanitarias apoyándose en las estipulaciones del Derecho Internacional Humanitario sobre la población civil.

• Los cinco principios fundamentales de CAVIDA son verdad, libertad, justicia, solidaridad y fraternidad.

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1 «Somos tierra de esta tierra», 2002:2502 La «Operación Génesis» se desarrolló en el río Cacarica y en el río Salaquí entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 a través de bombardeos y ataques por tierra que provocaron el desplazamiento de 10.000 personas del Bajo Atrato en un operative dirigido por el Ejercito Nacional y apoyado por estructuras paramilitares.3 «Operación Génesis: diez años después», En: Boletín Informativo Trimestral de Peace Brigades International en Colombia, No. 2, febrero de 20074 Ver: Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), www.fedepalma.org5 «Colombia: El biodiesel de la palma aceitera», Tatiana Roa Avendaño, Censat Agua Viva, 2 de febrero de 20076 «Colombia orders return of Stolen Farmland», Washington Post, 3 de marzo de 2009 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2009/03/22/AR2009032202029.html7 «Asesinado afrodescendiente por paramilitares en territorio colectivo del Cacarica», Constancia, Comisión Interclesial de Justicia y Paz, 9 de septiembre de 2003 8 «Defensorías del Chocó denuncian agudizamiento en desplazamientos y confinamientos en el Pacífico», El Tiempo, 2 de junio de 2009 9 En este programa las familias seleccionadas reciben cerca de 265 dólares por mes simplemente por mantener sus terrenos libres de cultivos ilícitos. A cambio, deben participar en programas de capacitación y algunos reciben asistencia para empezar proyectos productivos sostenibles. Para obtener más información, consultar el sitio web de la organización CIPCOL: http://www.cipcol.org/?p=60010 Fuentes y referencias:•«Comunidad de Cacarica», María Angélica Alvarado Arenas en: «Sociedad de emergencia: acción colectiva y violencia en Colombia», M. García Villegas. Bogotá, Defensoría del Pueblo: pp.123-139, 2005•CAVIDA (2002): «Somos tierra de esta tierra: Memorias de una resistencia civil. Chocó»•«Informe Especial sobre Chocó, Diciembre 2001», Conferencia Episcopal de Colombia11«El Desplazamiento AFRO», César Rodríguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isabel Cavelier Adarve, Universidad de los Andes, abril de 2009

Justicia y Paz, la cual ha proporcionado capacitación en la zona y desarrollo de capacidades, cuando las familias fueron desplazadas por primera vez en Turbo y Bahía Cupica. Durante los casi diez años que PBI ha acompañado a la comuni-dad ha visto una serie de cambios. Las personas que en su infancia vivían en condiciones inhumanas y de hacinamien-to cuando fueron desplazadas, desde que se reinstalaron en Cacarica han recibido educación y tienen sus propias familias. Algunas mantienen viva la historia de su comunidad mediante la enseñanza o las actividades culturales. Como lo expresa un joven de la comunidad: «Tenemos que trabajar juntos. Tenemos que buscar estrategias para vivir en medio de la guerra. Esta lucha la tenemos que dar nosotros mismos».

Clamores por la vida en Cacarica.

- Según datos de CODHES, la gente afrocolombiana constituye la minoría étnica más numerosa entre las personas desplazadas en Colombia.

- En total, el 12,3% de las personas afrocolombianas se encuentran en situación de desplazamiento forzado (CODHES 2008).

El papel que tiene PBI en Cacarica es importante ya que ayuda a mantener las posibilidades abiertas para este proyecto comunitario. Además, la comunidad7 y otras organizaciones también han denunciado la continua presencia de paramilitares e insur-gencia en el área8. Sin embargo, como lo manifiesta uno de los miembros de Justicia y Paz son otros «proyectos sociales» los que despiertan cada vez más preocupación. Por ejemplo, el polémico proyecto gubernamen-tal de «guardabosques» que arma a civiles y les pide que actúen como informantes contra los grupos guerrilleros. Este proyecto ha sido criticado por no proporcionar solu-ciones a largo plazo para eliminar la pobreza en el campo y por contravenir el Derecho Internacional Humanitario que estipula que los civiles no deben ser involucrados direc-tamente en el conflicto9.

En este escenario el acompaña-miento de PBI y otras organizaciones nacionales e internacionales es muy valorado por la comunidad. Como lo menciona uno de sus miembros: «El apoyo internacional nos ha fortalecido para resistir mientras vivimos en nuestra tierra. Si no hubiéramos tenido este apo-yo nos habrían desplazado nuevamente o estaríamos muertos».

Aunque todavía no es claro el futu-ro de la comunidad —en términos del impacto de los proyectos de desarrollo de la región— lo que sí queda claro es que la comunidad tiene la intención de seguir resistiendo para llevar un estilo de vida pacífico que respete no solamente su dignidad, sino también la del planeta10..

- Los datos muestran que la población afrodescendiente desplazada se encuentra en peores condiciones de vida que otros grupos desplazados. Entre otros datos, el 30% de las personas afrocolombianas en esta situación no tuvo dinero para comer por lo menos un día a la semana y el 69% no asiste a ninguna institución educativa (Observatorio de Discriminación Racial con datos del censo de 2005)..

Las poblaciones afrodescendientes en situación de desplazamiento11

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Andrea Zaengle (PBI) junto a un campesino de Angelópolis, Antioquia.

Más de diez años después, algunos de los habitantes decidieron

volver a sus tierras con ayuda de la Asociación Campesina de Antioquia (ACA), una organización colombiana apoyada por Peace Brigades Interna-tional (PBI) desde 2004. Estas familias han regresado a vivir bajo condiciones básicas con apoyo limitado de agencias estatales y no estatales porque querían salir de la marginalidad y la pobreza en que vivían en zonas urbanas.

Por Elizabeth Kerr

Retorno a la esperanzaUbicada entre majestuosas verdes montañas cubiertas de pinos, la vereda de Promisión en el municipio de Angelópolis —carente de electricidad y agua potable— parece a toda una eternidad de distancia de la vecina ciudad de Medellín. Entre ese hermoso paisaje se esconde una historia de pérdida y esperanza en un contexto de dificultades materiales. Los primeros pobladores fueron campesinos sin tierra que llegaron a la vereda en 1986 con expectativas de encontrar un medio de subsistencia. La tierra a la que llegaron era considerada terreno baldío, parte de una finca abandonada donde anteriormente se cultivaba café. Después de organizarse y trabajar la tierra duramente, llegó a ser reconocida como la vereda más productiva del municipio. Sin embargo, en 1997 las personas que vivían allí sufrieron su primer desplazamiento forzado a manos de los paramilitares acusados de ser colaboradores del grupo insurgente ELN1 provocando que muchas familias se exiliaran a Medellín y sus alrededores.

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. Desde el momento en que un grupo

de pequeños agricultores sin tierra en 1994 fundaran la ACA, ésta ha tenido una larga historia de trabajo con la comunidad de Promisión. Antes de la oleada de violencia de mediados de la década de los noventa, la ACA había trabajado con comunidades como la de Promisión en desarrollo de capacidades técnicas, capacitación y asesoría de agricultores sin tierra para que recu-peraran tierras baldías. Sin embargo,

tras el asesinato de varios dirigentes campesinos —que dio lugar a desplaza-mientos masivos en el departamento de Antioquia—, la ACA se vio obligada a ayudar a la población desplazada en Medellín y sus alrededores3.

Condiciones para el retorno dignoDesde el año 2000, la ACA ha trabaja-do con 45 asentamientos de personas desplazadas en Medellín y sus alrede-

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dores. Mientras la ACA mantenía su trabajo en la capital de Antioquia, la situación sociopolítica en el departa-mento después de 2006 ha posibilitado que la organización haya reanudado su labor en las zonas rurales. De ahí que la ACA esté trabajando arduamente para hacer posible que más agricultores regresen a sus tierras, así como para que otros puedan tener acceso a tierras cultivables y así contar con un medio de vida sostenible4. Para hacer esto la ACA cree que es fundamental que la población desplazada participe en los procesos de consulta sobre el retorno y la reinstalación. En la actualidad está presionando para que se cree un grupo departamental de trabajo referente al retorno y la reinstalación.

Pese a todo, la actual situación sociopolítica colombiana sigue ali-mentando el conflicto armado cuyo fin todavía no se vislumbra. Así, el Estado no crea las condiciones favo-rables para un retorno digno y seguro. Como dice Fernando Madrigal, aboga-

do de la ACA, el retorno todavía está en proceso. «Nos causa orgullo ese proceso de retorno, pero ese retorno no fue que el Estado lo dio como una dádiva. [Fue] un proceso de dos años, lucha constante […] en aras de que se les garantizará el proceso de re-torno a esas familias[…].[El Estado] garantizó vivienda nueva para todas las familias, proyectos productivos, alimentación medianamente, herra-mientas, se les garantizó seguridad y medianamente otras cositas que no se han podido garantizar aún. Pero no es un proceso de retorno garante de todos los derechos […] porque no han construido todavía el centro de salud ni la escuela nueva […]. Hay que aclarar que esa lucha constante y esa presión de estas familias se dio fue porque iban a ser víctimas nuevamen-te por parte del Estado porque les iban a despojar de las tierras. Aparte de que las tuvieron que abandonar […] se las iban a entregar a una empresa canadiense en aras de que llevará a cabo una tala de ese bosque»5.

«No hemos visto tan claro tanto a nivel nacional o departamental que haya una política clara, bien enfocada e intencionada por parte del Gobierno y del Estado para garantizar el derecho a retornar a la población. Tenemos fuertes críticas frente a eso y necesitamos una participación directa en el diseño y en los principios de esos retornos». Nicolas Castrillón, ACA

Paisaje de Angelópolis.

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PBI y la ACAPBI acompaña a la ACA en su trabajo legal y legítimo. Frente a las personas con quienes trabaja, la ACA tiene una visión única que subraya la importancia de promover medios de sustento sos-tenibles a largo plazo en áreas rurales, así como mejorar las condiciones para las comunidades desplazadas en las ciudades. La ACA hace su trabajo bajo constantes circunstancias de riesgo ya que los intereses políticos y económicos

Campesino de Antioquia. «Entre 1997 y 2007, Antioquia fue el departamento con mayor expulsión de población en el país»2.

La historia reciente de Promisión• 1997: 38 familias de la vereda de Promisión son desplazadas por fuerzas paramilitares.

• Tres meses después: miembros de la comunidad deciden salir de Medellín y regresar a sus tierras.

• Dos meses después: luego de su retorno, fuerzas paramilitares asesinan a cuatro campesinos provocando así otro desplazamiento masivo.

• 2006: la ACA empieza un proceso para facilitar el retorno de 22 familias.

• 6 de septiembre de 2007: 15 miembros de la comunidad regresan a sus tierras con la ayuda de autoridades civiles y militares, el Instituto colombiano de desarrollo rural (INCODER), la Agencia presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), la Asociación Campesina de Antioquia (ACA) y organizaciones internacionales..

1 «Desplazados de Angelópolis debieron aplazar retorno a sus parcelas», Instituto Popular de Capacitación, 9 de octubre de 20072 «Desplazamiento forzado (por expulsión) 1996-2007» Acción Social, 2007, Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Citado en «Guerreros y Campesinos: El despojo de la tierra en Colombia», A. Reyes Posada, Bogotá 2009, Grupo Editorial Norma, p.2213 «Desplazados: Refugiados Internos o excluidos?», ACA, Medellín 2003, Impresos Kroma4 «Hacia la Recuperación y Apropiación de la Tierra y el Territorio Vía Autogestión Comunitaria», ACA, 2009: p.21 5 Entrevista con Fernando Madrigal, ACA6 Fuentes y referencias: •«Letter from the Field: A Voice from Promisión – “We already lost everything”», Mayra Moreno, Fellowship of Reconciliation (FOR), octubre de 2007•«Desplazamiento y retorno no.1. Balance de una política. Evaluación de la política de retorno del gobierno de Álvaro Uribe», Caicedo et altri, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales (ILSA), Bogotá 2006

que en el pasado se han manifestado a través de hechos violentos siguen pre-sentes en la región. Como lo dice uno de los voluntarios de PBI: «Nosotros hemos visto como organizaciones como la ACA tienen un papel importante en la reconstrucción del tejido social que ayuda al campesinado a poder superar el miedo y el trauma que ha vivido y sigue viviendo, y que le hizo perder su voz. Por esto es importante el papel de la ACA y de PBI. El papel de PBI no es sólo responder a amenazas sino proteger el espacio de trabajo de ésta y otras or-ganizaciones colombianas promoviendo la prevención y ayudando a retomar el trabajo organizativo que se había perdi-do antes».

Como voluntario de Alemania dice que está motivado al ver cómo las organizaciones de derechos humanos apoyan a las comunidades más allá de la asistencia humanitaria inmediata. De esta manera incluyen una visión de espe-ranza para reconstruir un futuro para la región llevando esa esperanza a lugares bajo circunstancias difíciles como las que enfrenta Angelópolis.

Al ofrecer acompañamiento para la ACA, PBI también puede ofrecer apoyo y solidaridad al campesinado. Este acompañamiento es muy valorado por los habitantes ya que, como dice uno de los miembros de la comuidad de Promisión: «Uno de los aspectos positivos de nuestro proceso de “re-

torno” ha sido el acompañamiento y las visitas que hemos recibido. La presencia de los grupos internaciona-les ha significado que ya no estamos aislados, pues ellos han estado muy presentes. Gracias al trabajo de la ACA y sus acompañantes nosotros ya no hemos vuelto a tener visitas de grupos armados».

Las familias que han vuelto a vivir en Promisión han estado abiertas a com-partir sus experiencias con el resto del campesinado de Antioquia. En julio de

este año, la ACA organizó un encuentro en Promisión con habitantes del muni-cipio de San Francisco en el Occidente de Antioquia quienes también sufrieron un desplazamiento forzado de sus luga-res de origen. En los dos días que duró el encuentro, ambos grupos se contaron las experiencias de desplazamiento y sus intentos de retorno a sus tierras. Al final del encuentro ambos grupos acor-daron que la visita había sido un evento importante. Como lo dijo una mujer de San Francisco, «fue bueno conocerse los unos a los otros»6..

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La región del Vaupés es remota, su extensión comprende 50.000

kilómetros cuadrados de selva y ríos. Allí hay sólo 16 kilómetros de carretera pavimentada rodeando la pequeña ciu-dad de Mitú, que está vinculada con la capital del país, Bogotá, con sólo dos vuelos a la semana. El Río Vaupés es el otro único medio de transporte hacia el mundo exterior.

La región es también uno de los bastiones del mayor grupo armado irregular del país que controla las áreas

El reclutamiento de niños en Colombia obliga a indígenas a salir de sus tierrasPor Marie-Hélène Verney, ACNUR

En un rincón distante de Colombia en la frontera con Brasil, el departamento de Vaupés es el hogar de 27 diferentes grupos de indígenas, cada uno con una cultura y un idioma diferente. Pero afectados por el conflicto y el desplazamiento forzado, muchos están en riesgo de no sobrevivir.

rurales, mientras las fuerzas armadas estatales con dificultad mantienen una presencia en las zonas aledañas a la ciudad. Muchas comunidades a lo largo del río viven en aislamiento forzado y virtual confinamiento. A menudo, la situación de seguridad deja a los individuos sin otra alternativa más que huir.

«Durante los últimos dos años, la principal causa del desplazamiento forzado ha sido el reclutamiento for-zado de niños indígenas por grupos

armados ilegales», dijo un funcionario público de Mitú a ACNUR. En 2008, unas 500 familias huyeron de sus hogares, la mayoría porque sus hijos estaban a punto de ser reclutados por grupos ilegales.

Niños de tan sólo 13 años han sido reclutados y tanto niños como niñas están en riego. El Consejo Regional Indígena del Vaupés (CRIVA) está particularmente preocupado por el reclutamiento de miembros de grupos indígenas que se encuentran en riesgo

Niños indígenas en el internado de Bocas de Yi, una comunidad muy afectada por el reclutamiento forzado.

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de extinción. Uno de los casos más ur-gentes es el de la comunidad Pizamira ya que siendo una población de menos de 50 personas, tres niños fueron reclu-tados el año pasado.

«Muchos de los padres han ido al bosque a buscar a sus hijos pero no los pueden traer de regreso», dijo un miembro del Consejo al ACNUR.

Unos 42 menores indígenas fueron obligados a unirse a grupos ilegales des-de el inicio del 2008, de acuerdo con el CRIVA. Once de ellos eran estudiantes del internado de Bocas de Yi, una co-munidad indígena ubicada en un recodo del río Vaupés que alberga a niños de toda la cuenca del río y les brinda la oportunidad de estudiar.

Los habitantes de Bocas de Yi viven en completo aislamiento sin acceso a servicios básicos. Unos 200 habitantes comparten los pocos re-cursos que existen con 160 niños que estudian en la escuela. El internado no tiene agua, electricidad ni baños.

Algunos niños duermen en hamacas, otros en el piso.

«La mayoría de los niños están aquí todo el año porque sería dema-siado largo o peligroso ir y venir de sus casas. Las condiciones de aquí son muy duras año tras año», según un profesor. «Estos niños no tienen una real esperanza y esto los hace terriblemente vulnerables a otras opciones que personas inescrupulosas les ofrezcan», dijo.

No siempre el reclutamiento forzado se realiza violentamente. Uno de los métodos más comunes es hacer que los jóvenes «se enamoren», como dice la gente del lugar, a través del adoctrinamiento y las promesas de una vida mejor. Según el Derecho Inter-nacional Humanitario, todo reclutamiento de menores por grupos armados ilegales es definido como reclutamiento forzado, así el niño crea o no que debe unirse.

En lugar de tomar el riesgo de perder a sus hijos, muchas familias prefieren huir. Cerca de 3.000 personas —un 1%

de la población de Vaupés— han dejado sus hogares.

El ACNUR está trabajando con los militares en el Vaupés como parte de una iniciativa nacional de capacitación finalizada a un mejor conocimiento de los derechos de los desplazados. «En Colombia, el personal militar a menu-do es la primera o la única presencia del Estado en comunidades en riesgo», dijo Roberto Mignone, representante adjunto del ACNUR en Colombia. «Las fuerzas armadas tienen un rol muy significativo que desempeñar en la protección y la prevención del des-plazamiento forzado».

Por sus fuertes vínculos cultu-rales, sociales y económicos con la tierra, el desplazamiento forzado es especialmente perjudicial para la población indígena y puede conducir a la desaparición de grupos enteros. De acuerdo con la Corte Constitucio-nal de Colombia, un tercio de los 90 distintos grupos étnicos del país está en riego..

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Lago Agrio es la mayor ciudad de la región amazónica del Ecuador

a unos 200 kilómetros de donde vive Nely en el interior de la Amazonía. Llegar allí supera su presupuesto —gana 35 dólares al mes—, pero hasta ahora su mayor problema residía en la falta de documentos que la acreditaran legalmente con el estatus de refugiada.

«La carretera más cercana a mi casa está a tres horas de camino a pie a través de la selva», explicaba en el

Frontera norte de Ecuador: el proceso de documentación llega a la selvaPor Sonia Aguilar, ACNUR

centro de documentación de Puerto El Carmen. «Desde allí tendría que pagar 20 dólares para llegar a Lago Agrio. Pero sin la visa de refugiada no habría podido atravesar los contro-les del ejército».

Hay miles de personas colombia-nas que —como Nely— se encuentran en una situación equiparable a la de refugiados en toda la frontera pero sin documentos. En una iniciativa sin precedentes, el Gobierno ecuatoriano

con el apoyo técnico y financiero de ACNUR ha comenzado un proyecto de Registro Ampliado a gran escala.

Con campañas locales en al-gunas de las áreas más remotas de Ecuador, el proyecto de Registro Ampliado pretende ofrecer un acceso rápido al estatus de refugiado a las personas en necesidad de protección internacional certificando su estatus y proporcionándoles documentos de identidad. Su objetivo es documentar

Después de más de dos décadas en Ecuador, Nely —una mujer colombiana de unos cincuenta años— ha conseguido al fin su visa de refugiada. En tan sólo un día consiguió el documento que le permitirá realizar su sueño más anhelado: ir a visitar a su hijo de veinte años que —tras un accidente de motocicleta— sufre una pérdida de movilidad y por ello vive en la pequeña ciudad de Lago Agrio.

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a alrededor de 130.000 personas en todo el país que hasta el momento no habían tenido acceso al sistema estatal de asilo.

Más de 11.000 personas refu-giadas se registraron en la provincia occidental de Esmeraldas entre los meses de marzo y junio de 2009. Ahora el proyecto se ha trasladado a la provincia amazónica de Sucum-bíos, en la frontera con Colombia, una zona remota y con falta de acceso a servicios básicos donde miles de colombianos viven en una situación similar a la de refugiados.

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Tanto los funcionarios estatales como el personal de ACNUR se han trasladado por duras carreteras y ríos de la selva con pesados y a menudo delicados equipos electrónicos y computadores para con-seguir llegar a zonas muy apartadas. Las brigadas han conseguido registrar a cerca de 2.000 personas en los primeros días y esperan registrar a varios miles en los próximos tres meses.

«La provincia se encuentra justo en la frontera con Colombia y acoge a mul-titud de colombianos que han huido del conflicto en su tierra», explica Luis Va-rese, Representante Adjunto de ACNUR

en Ecuador. «La situación de seguridad es tensa y es palpable el gran impacto del conflicto colombiano. El proceso de entrega de visados por el Gobierno ecuatoriano refuerza la presencia del Estado en la zona, lo que contribuye a la protección de los refugiados».

Como añade, «ahora los refugiados se pueden mover libremente y llegar a los centros de salud, escuelas y otros servicios. El proceso de documentación realmente supone una diferencia en la vida concreta de miles de refugiados».

La sonrisa ha vuelto a la cara de Nely. A pesar de la dura vida que esta mujer ha tenido que afrontar desde que abandona-ra su hogar en la provincia del Caquetá, en el sur de Colombia, ahora sonríe. Y se despide agitando su nueva tarjeta de identificación al tiempo que deja el cen-tro de documentación en dirección a la estación de autobús de Puerto El Carmen para visitar a su hijo en Lago Agrio des-pués de años de separación..

Puerto El Carmen, provincia de Sucumbíos (Ecuador, agosto de 2009). Nely, con su hija menor, muestra la visa de refugio obtenida gracias al Registro Ampliado. Después de años residiendo en Ecuador, el documento la permitirá desplazarse con libertad hasta la ciudad donde su hijo reside.

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María Socorro Abril (Asodesamuba) y María Teresa Palop Torelló (PBI).

La ciudad de Barrancabermeja en el departamento de Santander creció a partir de la segunda mitad del siglo XX a causa de los movimientos migratorios de personas de los municipios de alrededor que acudían en busca de un puesto de trabajo en la nueva industria generada con el descubrimiento del «oro negro».

Barrancabermeja: origen y fin del desplazamiento

Hoy, Barrancabermeja sigue siendo una ciudad receptora de población de

la región geográfica conocida como Mag-dalena Medio. Así, recibe a ciudadanos de las zonas rurales del Sur de Bolívar, Valle del Río Cimitarra, Antioquia, Nordeste Antioqueño o Cesar. Algunas personas si-guen llegando en busca de trabajo o con el puesto asignado por la mafia del contrato1. Otras muchas son desplazadas que huyen de sus hogares y se esconden en la ciudad tratando de pasar desapercibidas y dejar atrás lo que les obligó a salir de sus casas.

La zona del Magdalena Medio es una región rica en recursos naturales (petróleo, oro, carbón o uranio) y con unas tierras muy fértiles adecuadas para el cultivo de la palma africana y el caucho. Éstas son condiciones muy interesantes para la ins-talación de megaproyectos transnacionales que obligan al campesinado a vender o abandonar sus tierras. También es un te-rritorio con presencia de diferentes actores armados ilegales que intentan reclutar a la población con diferentes amenazas y don-de, además, se dan combates entre éstos y la Fuerza Pública2.

Otra de las problemáticas que fomen-ta los desplazamientos en las zonas rurales son las fumigaciones que en los últimos dos años ha motivado la expulsión de al menos 30.000 personas. «Fumigando no sólo acaban con la coca, se destruyen cul-tivos lícitos como pancoger, envenenan animales, la tierra, el agua de los ríos, incluso a los campesinos», manifiesta Ma-ría Socorro, presidenta de Asodesamuba. La población no puede seguir viviendo en estas zonas porque no puede cultivar y sin cultivos no hay comida.

Según el Personero de Barrancaber-meja, Leonardo Gómez Acevedo, en el puerto petrolero viven 53.000 personas desplazadas3. Según los datos de la Alcaldía a 10 de noviembre eran 47.889 personas las que vivían en esta situación4. De igual manera, se trata de un porcentaje muy elevado en una ciudad que ronda los

250.000 habitantes. Y a éstas cifras habría que añadir las miles de personas que no son reconocidas como desplazadas ya que, como afirma, María Socorro, «algu-nas no declaran su situación por miedo y a otras no se les reconoce esta condición por diferentes trabas burocráticas».

Ciudad expulsoraPero en Barrancabermeja se da también el efecto contrario: el de la expulsión. Es difícil conocer con exactitud el número de personas que abandonan la ciudad porque los motivos que las obligan a salir, las obligan también a mantenerse en el anonimato en sus siguientes destinos que normalmente son ciudades como Bucara-manga, Girón o Piedecuesta.

Según la entidad estatal Acción So-cial, Barrancabermeja ha recibido 40.830 personas desplazadas entre 2002 y 2009, a la vez que ha expulsado 22.720 personas5, aunque es un desplazamiento mucho más selectivo que el que se da en las zonas ru-rales y es motivado por amenazas directas, panfletos de limpieza social, persecución e intentos de reclutamiento. Estas accio-nes son llevadas a cabo por los actores armados ilegales que operan en la ciudad y que, a veces, actúan en connivencia con la Fuerza Pública6. Ese fue el caso de Arlet Vásquez, afiliado a la Asocación Regional de Víctimas de Crímenes de Estado en el Magdalena Medio (Asorvim) y familiar de una de las victimas de la masacre del 16 de mayo de 1998 en la ciudad. El 21 de

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Colombia Imágenes y realidades: los olvidados del Magdalena Medio.

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octubre de 2009, Arlet Vásquez sufrió un atentado fallido contra su vida que poste-riormente denunció aunque no consta que se hiciera nada por esclarecer el caso. Tres días después de lo ocurrido, cuatro hom-bres vestidos de civil pasaron por la casa de la compañera sentimental de Vásquez y dejaron un mensaje amenazándola para que no volviera por allá «o ya sabe lo que le pasa». Finalmente la pareja consiguió desplazarse de Barrancabermeja7.

Problemas y dificultadesEn sus nuevos destinos, unas personas y otras se enfrentan a las mismas dificultades. Por un lado conseguir el reconocimiento de su condición de desplazada, algo que no es del todo fácil. La inscripción en el Sistema Único de Registro (SUR) es el requerimiento indispensable para el acceso a la mayoría de los programas de Atención Humanitaria de Emergencia y de estabilización socioeco-nómica. Para acceder al SUR, los hogares desplazados deben rendir una declaración frente a cualquier entidad del Ministerio Públi-co, pero si la persona que toma la declaración hace una redacción errónea o incompleta —algo que parece que sucede habitualmente, según María Socorro, por falta de experien-cia—, la solicitud es rechazada. Si la causa del desplazamiento es la fumigación, esa persona

o familia no es considerada desplazada. Tam-bién sucede que una persona menor de edad tampoco puede presentar la solicitud, aunque su madre y su padre hayan sido asesinados y este sea el motivo del desplazamiento8.

Por otro lado hay también una serie de problemas a los que de alguna manera les empuja la situación de marginalidad y discriminación que enfrentan, como son la prostitución, las drogas, de nuevo el reclutamiento —también por parte de la Fuerza Pública—, la violencia, la pobreza, el hacinamiento, el bajo nivel educativo,

el desempleo, la falta de vivienda, el difícil acceso a los servicios sanitarios, violaciones o la violencia intrafamiliar motivada por el nuevo rol que adquieren los miembros de las familias —en es-pecial las mujeres— en la ciudad. Estas condiciones muchas veces las obligan a volverse a desplazar. Esta es la situación de Hernando Jesús Cuellar Montero que llegó desplazado a Barrancabermeja con su madre desde la zona rural de Yondó y, años después, tuvo que huir de nuevo a otro barrio de la ciudad tras el asesinato de su madre..

El 80% de las personas que se han desplazado una vez lo vuelven a hacer una, dos y hasta tres veces en busca de un hogar tranquilo que les fue arrebatado en medio del conflicto9..

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Colombia Imágenes y realidades: niña en balsa.

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Hernando Jesús Cuellar Montero tiene 27 años y es desplazado y huérfano, además de presentar una discapacidad física. Se desplazó de la zona rural de Yondó a Barrancabermeja con su madre. Vivieron en el barrio 16 de marzo hasta el 2002 cuando el 23 de noviembre sacaron a su madre de la casa y le dispararon cuatro tiros. Hernando recibe el apoyo de Asodesamuba, organización que gestionó la presentación de su caso ante la Corte Internacional de Justicia (órgano principal de justicia de la ONU). Ahora vive solo en el barrio Palmira y trabaja de ayudante en un autoservicio. Hernando comenta que «la situación en Barranca es tenaz, matan a gente y nada».

Lina Rosa Quiroz vivía en la vereda Las Parmas en Cimitarra. En el año 2000 se desplazó a Barrancabermeja. Antes, su marido fue asesinado. «La situación en Las Parmas era difícil. Se metieron las Autodefensas y tocó venir. También estaba la guerrilla. Era una zona muy atropellada». Lina explica que les robaron una trilladora y, al no poder sostener a la familia, tuvo que desplazarse con sus seis hijos. «Como mujer sola no pude vivir en el campo». Ahora vive en Kennedy, un barrio que tiene un 80% de población desplazada mayoritariamente de Antioquia y Sur de Bolívar. Lina explica que antes el barrio tenía mucha fama, pero que ahora ha mejorado y lo llaman irónicamente el «Monte Santo». Lina está en el programa Plan Semilla por el cual ha recibido 1.600.000 pesos y un mercado que la ayuda a sobrevivir, aunque no ha sido apoyada en vivienda ni en arriendo.

Flor Soto sufre un desplazamiento intraurbano en Barrancabermeja. Ha vivido el asesinato de tres de sus hijos, mientras otro está en la cárcel y otro está buscando trabajo. Flor está constantemente amenazada y se ha visto obligada varias veces a salir de Barrancabermeja y regresar. A pesar de estas amenazas sigue resistiendo en el barrio Kennedy..

Cada desplazamiento es una problemática distinta, personal y particular

1 Son grupos organizados que trabajan a expensas de las empresas para adjudicar puestos de trabajo. El fin es controlar a la gente a quienes les dan el puesto para que no creen «problemas».2 Entrevista con María Socorro Abril, presidenta de Asodesamuba, el domingo 6 de diciembre de 2009 en el barrio Kennedy, Comuna 6, Barrancabermeja. Asodesamuba (Asociación de Desplazados Asentados en el Municipio de Barrancabermeja) fue fundada el 26 de Agosto de 1999 fruto del esfuerzo organizativo realizado durante más de un año por 100 familias desplazadas del Magdalena Medio con la intención de apoyar a quienes lo habían perdido todo. Se orienta desde la defensa de los derechos de la población desplazada, buscando la reconstrucción de sus proyectos de vida, el mejoramiento de su condición humana y de unidad familiar, brindando a las personas asociadas el apoyo requerido con iniciativas económicas comunitarias y trabajo solidario.3 «En Barrancabermeja hay 53 mil desplazados». Vanguardia Liberal, 22 de noviembre de 20094 Página web Alcaldía de Barrancabermeja. http://www.barrancabermeja-santander.gov.co/pagvernoticias.php?bid=378 5 «Perfil Municipal Barrancabermeja», Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Naciones Unidas Colombia, http://colombiassh.org/info6 Ibíd. 27 «Intento de asesinato contra mototaxista miembro de Asorvim en Barrancabermeja», Prensa Rural, 26 de octubre de 20098 Ibíd. 29 Ibíd. 2

www.pbi-colombia.org

Protegiendo el espacio de trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia desde 1994

Muchas comunidades luchan por retornar a los territorios de los cuales fueron desplazadas de manera violenta. PBI acompaña diversos procesos de retorno para poder asegurar unas mínimas condiciones de seguridad y vida digna. Imagen de un retorno en el departamento del Chocó.

Peace Brigades International (PBI) es una organización no gubernamental reconocida por la ONU que mantiene un

equipo permanente de personas observadoras-acompañantes internacionales en Colombia desde 1994. La misión de PBI es proteger el espacio de actuación de las personas defensoras de derechos humanos que sufren represión por su trabajo no violento en pro de los derechos humanos.

El equipo de PBI Colombia, siempre a petición local, permanece en el terreno acompañando a personas y organizaciones amenazadas. Este trabajo de terreno se complementa con una labor importante de interlocución e incidencia con las autoridades civiles y militares, así como con organismos estatales, ONG, iglesia, cuerpo diplomático

y organizaciones para promover los derechos humanos y difundir información sobre la situación de los derechos humanos en el país.

Si considera que la presencia de PBI es útil para proteger a las personas que trabajan por los derechos humanos, usted puede:

- apoyarnos económicamente a título personal o a través de una entidad,

- unirse a su grupo nacional PBI más cercano y así apoyar a la red internacional desde su ciudad,

- aplicar para ser voluntaria en uno de los proyectos de PBI.

Delegación de PBI Internacional Development House56-64 Leonard St., London EC2A 4JX, UKTel. (+44) 20 4065 0775admin@peacebrigades.org

Proyecto PBI Colombia Rue de la Linière, 111060 Brussels (Belgium)Tel. (+32) 2609 4400info@pbicolombia.org

Delegación de PBI en Colombia

Apartado aéreo 36157Bogotá (Colombia)Tel. (+57) 1287 0403info@pbicolombia.org