Derechos de pueblos indígenas final

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Asociación de Comunidades y Pueblos Indígenas de Tabasco, A.C. Facebook: ACPIT Twitter: @CHONTALES_NAC E-mail: [email protected]

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T A B A S C O

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PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DE LA PRESENTE

PROPUESTA PARA LA INTEGRACION DEL

Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco,

en materia de derecho y desarrollo de

los pueblos indígenas.

MTRO. GUADALUPE GUILLERMO RODRÍGUEZ, BILINGÜE, LICENCIADO EN PEDAGOGÍA Y

MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

TEC. PRIMO PÉREZ HERNÁNDEZ, BILINGÜE, PERTENECIENTE AL PUEBLO YOKOT’ANOB Y

PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS DE TABASCO

A.C.

LIC. ISIDORO VÁZQUEZ HIDALGO, MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN

TEC. BARTOLO BERNARDO PÉREZ, BILINGÜE

LIC. ETANISLA LAZARO DE LA CRUZ, BILINGÜE

LIC. CECILIA PERERA GARCIA

TEC. URBANO DE LA CRUZ LAZARO, BILINGÜE

“Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas basadas en la

superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan aduciendo

razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales son

racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y

socialmente injustas” Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Universales

de los Pueblos Indígenas. 13 de sep. De 2007

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ÍNDICE

I PRESENTACION 4

II MISION

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III VISION

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IV MARCO HISTORICO 6

V OBJETIVO GENERAL

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VI ESTRATEGIAS GENERALES

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VII MARCO JURIDICO Y PARTICIPACIÓN DE LA S COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS EN LA PLANEACION ESTATAL Y MUNICIPAL

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VIII USO Y REDISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS POR LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES

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IX CULTURA Y EDUCACIÓN DE LAS COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS .

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X SALUD Y ALIMENTACIÓN 31

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I PRESENTACIÓN

Considerando que existe una deuda històrica con los pueblos indigenas y que

su participacion ha sido funfdamental en la lucha por la democracia en Tabasco, diversas organizaciones civiles de los pueblos indígenas de Tabasco nos dimos la tarea de elaboraron el presente documento que contiene las propuestas generales para la integración del Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo en aquellos municipios que tienen presencia indígena. Sustentando su participación en lo que establece el Artículo 2º, que señala: “…La Federación, los Estados y los Municipios… dichas autoridades tienen la obligación de… Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.

Son muchos los rezagos que hay que abatir en las comunidades, y muchas

las propuestas de los pueblos indígenas, que a pesar de que se han presentado movimientos sociales, y de que sus derechos fueron considerados en diversas leyes como la Constitución Política de los Estados Unidos, la Constitución política del Estado de Tabasco y la Ley de Derechos y Cultura Indígena, entre otros ordenamientos, aun son materia pendiente por atender por parte de los tres niveles de gobierno.

Las propuestas versan sobre cuatro rubros torales para el desarrollo de los pueblos, como son: MARCO JURIDICO Y PARTICIPACION DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA PLANEACION ESTATAL Y MUNICIPAL, USO Y REDISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS POR LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES, CULTURA Y EDUCACIÓN, Y SERVICIOS DE SALUD.

Esperamos que en un futuro no muy lejano, los pueblos indígenas de Tabasco gocen del pleno respeto a sus derechos, de mejores condiciones de bienestar y desarrollo, y asegure la permanencia de su cultura milenaria como parte importante de la identidad nacional.

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II MISIÓN

Construir una nueva relación entre los pueblos indígenas, la sociedad y el gobierno; basado en los principios de la diversidad cultural, en el pluralismo, la sustentabilidad y la integralidad de las acciones de gobierno, en la participación y la libre determinación de los pueblos indígenas, y en el pleno reconocimiento de sus derechos constitucionales. Fortalecer con la acción integral y concurrente de las instituciones de gobierno, la organización de los pueblos indígenas; impulsar el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, del suelo y del subsuelo, particularmente la explotación, el uso, manejo y administración del agua y el petróleo; y respetar su identidad y cultura.

Todo esto como un proceso que elimine cualquier tipo de discriminación, contribuya a la reconciliación, y busque mecanismos de diálogo entre y el interior de los propios pueblos indígenas, y con la sociedad no indígena y el gobierno. Alentar su participación directa y organizada en los distintos órdenes y niveles de gobierno, hasta lograr su inclusión como sujetos y actores del proceso de desarrollo político, social y económico de Tabasco.

III VISIÓN

Todos los pueblos indígenas de Tabasco podrán ejercer plenamente sus obligaciones y derechos colectivos, comunitarios e individuales, y tomar decisiones para impulsar su propio desarrollo, que estará basado en el aprovechamiento responsable y razonable de sus recursos naturales, la aplicación de sus sistemas normativos, el reconocimiento de su cultura, su lengua, su sabiduría y sus tradiciones, para mejorar su calidad de vida. En ese contexto, el gobierno mostrará una actitud incluyente y abierta a la participación, y garantizara que sean ellos los que conduzcan sus propios procesos y conquistas sociales.

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IV MARCO HISTÓRICO

La relación que el régimen actual mantiene con los pueblos yokot’anob de Tabasco, es la misma que se viene aplicando desde el inicio de la colonización europea, con la finalidad de lograr el dominio absoluto de los pueblos nativos de esta tierra, conminados a sucumbir, al despojo, a los trabajos forzados, a la discriminación, a la pobreza y a la propia exclusión.

A partir de la invasión Europea, el modelo económico prevaleciente entre los pueblos indígenas comenzó a cambiar drásticamente. La tierra se plagó de enfermedades y la población casi desapareció: pues de 150 mil habitantes existentes al momento de la invasión Europea en 149 4, medio siglo después, o sea que en 1575 solo quedaban 2,436 indígenas . La causa de este genocidio, fueron las enfermedades que trajeron los españoles, la injusticia y la desmedida explotación a que fueron sometido los indígenas, por el sistema de encomienda colonial. De esta manera los encomenderos españoles no solo obligaron a los indígenas a pagarles tributos, sino que los sometieron a trabajos inhumanos.

En un documento que data de 1587, el Virrey de la Nueva España, recapitula que los indígenas de Tabasco se habían quejado porque el alcalde mayor de la provincia y otras autoridades los vejaban y los obligaban a dar servicios personales a los encomenderos, un extracto textual de dicho documento revela que “…por venir de tan lejos caminos se morían muchos de ellos y si no se remediaba, la dicha provincia se despoblaría y se acabaría todo”.

El sistema de encomienda prevaleció en Tabasco hasta principios del siglo XIX. Sin embargo, este sistema al ir perdiendo fuerza, los españoles optaron por posesionarse de grandes extensiones de terrenos, obtenido de las comunidades de forma ilegal. Los españoles sabían que la única manera de someter a los indígenas a las haciendas era despojándolos de sus tierras, pues la tierra tenía para los indígenas una doble función: era el principal medio de subsistencia y, a la vez, el elemento que permitía la autonomía en relación con el trabajo servil de las haciendas.

La resistencia de los indígenas de Tabasco motivó la posición que el presbítero José Eduardo de Cárdenas, diputado por Tabasco en las Cortes de Cádiz, en la Memoria a favor de la Provincia de Tabasco, asegura al referirse a la resistencia indígena que “estas gentes…en dos palabras pasan su vida sin ley ni rey, al mismo tiempo que hay dueños de haciendas tan necesitados de brazos, que pierden parte de sus cosechas por no tener con quien recogerlas todas”. Y proponía a Fernando VII como solución “El reparto de los míseros hermanos nuestros a las haciendas”.

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Estas ideas, más tarde, se convirtieron en leyes contra la vagancia. De modo que en 1829, se expidió un decreto que establecía “un tribunal para inspeccionar y calificar la conducta de los que se sospechen ser vagos”. Ser vagos, desde el punto de vista español eran los que se resistían a someterse a las haciendas, los despojados de sus tierras y desempleados.

Por eso, en 1651, la Ley constitucional para los pueblos del Estado, en su artículo tercero, otorgó facultades al gobernador para enviar a los considerados como vagos a las haciendas, “por el tiempo necesario a su corrección”. Más aun, durante el gobierno de Eduardo González Arévalo, con el pretexto de la vagancia y la embriaguez, dictó un decreto en el cual se facultaba a los hacendados, solicitar a las autoridades de los pueblos, todos los indígenas que necesitaran para trabajar sus propiedades.

Desde que llegaron los invasores a nuestro continente, la sombra de todos los males envolvió nuestra tierra y, desde entonces reinó el caos, la muerte, la persecución, el ultraje, el despojo de tierras, el sometimiento al trabajo forzado, etcétera; fue un largo periodo de terrorismo que duró más de 300 años. Hasta que un 16 de septiembre de 1810, el cura de Dolores dio el grito de independencia y decretó la abolición de la esclavitud.

En esa gesta histórica, siendo los indígenas quienes más sufrían la esclavitud, acudieron al llamado del cura Miguel Hidalgo y resultaron imprescindibles en la lucha por la independencia de México. Sin embargo, aun cuando el país se logró independizar de España, los indígenas siguieron esclavizados en las haciendas.

Con justa razón, Don Benito Juárez García lo dijo en su momento, al pronunciar su discurso con motivo de conmemorarse un aniversario más de la Independencia de México. Un extracto de esa disertación magistral es el siguiente: …“ España subyugó a México con el derecho del más fuerte. Su imperio fundado sobre la injusticia no podía sostenerlo sino también con la injusticia. Para retener lo ajeno a presencia del mismo dueño, debió valerse de todos los medios reprobados por la moral y la razón. Así lo hizo en efecto: descuido de la educación de los mexicanos y les cerró las puertas de las ciencias para hacerles olvidar completamente sus derechos. Les inculcó la doctrina de una ciega obediencia, para obligarlos a reconocer la esclavitud como el primero de sus deberes. Crió clases con intereses distintos, y con una suma, aunque pequeña, del poder arbitrario, para que creyéndose éstas de una raza superior, oprimiesen a su vez y formasen una de las gradas de su maléfico trono. Les prohibió toda comunicación con las naciones extrañas, cerrando los puertos al comercio y fomentando un odio criminal contra el extranjero, a quien hacía aparecer como enemigo de Dios y de

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los hombres. Estableció la inmoral y vergonzosa pena de azote, a fin de acostumbrarlos a perder el pudor, que es el baluarte más firme de la dignidad del hombre. Para empobrecerlos, impuso fuertes tributos que exigió con el más inflexible rigor. Mezcló la política con la religión para revestir a sus máximas de una veneración que solo a Dios es debida. Sistematizó la intolerancia y el fanatismo, y cualquiera que osaba reclamar sus derechos o atacar los abusos del poder con las armas de una razón ilustrada, recibía el cadalso o la hoguera por única satisfacción a sus reclamos.

Tal es la conducta que observó España para dominarnos. Aislar, corromper, intimidar y dividir: estas fueron las máximas de su política cruel. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Nuestra miseria, nuestro embrutecimiento, nuestra degradación y nuestra esclavitud por 300 años”….

Sin duda Juárez, fue uno de los grandes hombres más extraordinario y conocedor de los problemas más profundos de nuestro país y el que tuvo la visión clara del México profundo y promover la conciencia de nuestra pluralidad cultural en la sociedad mexicana y ver en ella la fortaleza y riqueza de nuestra soberanía nacional.

Es por eso que 100 años más tarde, al estallar la guerra de la revolución mexicana, encabezado por Don Francisco I. Madero, estos hermanos nuestros volvieron a empuñar las armas para que junto con otros mexicanos liberaran al país del yugo que había impuesto el dictador Porfirio Díaz, por más de tres décadas. Al cabo de muchos años de derramamiento de sangre, se elaboró la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que rige actualmente nuestro país, pero con el defecto de haber traicionado las razones y motivos que había impulsado la participación de los indígenas y campesinos, que lo hicieron con pasión y entrega en las filas del General Emiliano Zapata y el General Francisco Villa, ambos asesinados por los denominados constitucionalistas.

A pesar de los movimientos independentistas, reformistas y revolucionarios, que sacudieron la conciencia nacional, las atrocidades en los pueblos indígenas no parecían tener fin. Es por eso que el General Lázaro Cárdenas, siendo presidente de la República y hombre excepcional, creó el departamento de Asuntos Indígenas, mediante el decreto publicado el 1º de enero de 1935, con “…la encomienda de movilizar a los pueblos indios y concientizarlos respecto a sus derechos sobre la tierra, la dignidad y el poder que la Revolución promueve…”; cuyos objetivos muy pronto sufrieron cambios radicales por las políticas indigenistas integracionistas.

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En el año de 1940, se crea el Instituto Indigenista Interamericano; que tendría por objeto aplicar las políticas indigenistas integracionistas que buscaban privilegiar la cultura dominante y desaparecer las culturas de los pueblos originarios de México, porque para los indigenistas de esa época, la pluriculturalidad representaba un estorbo para el desarrollo del país.

Después de 48 años del indigenismo, es decir en 1988, el país se vio nuevamente sacudido por una gran inconformidad social, provocado, en esta vez, por la dictadura del PRI, partido que se adueñó de los frutos de la revolución pero se olvidó de los pueblos indígenas. Es por eso que los indígenas vieron en este movimiento la posibilidad de lograr el reconocimiento de su existencia, su dignidad y sus derechos como parte de esta gran nación mexicana y, por eso, participaron activamente en su organización.

En efecto, el pueblo de México, cansado de la dictadura del PRI, decidió levantarse para exigir, como parte central de sus demandas, la democracia y muy pronto se transformó en un gran movimiento social que sacudió el sistema priista en las elecciones presidenciales de 1988. Muchos tabasqueños se sumaron a esta causa, pero particularmente los yokot’anob, como lo reconoce uno de los líderes de ese movimiento, Andrés Manuel López Obrador, “Los chontales fueron fundamentales en la lucha por la democracia en Tabasco”.

La lucha por la democracia en Tabasco no ha sido fácil, pues como es sabido, la exclusión y el racismo son actitudes que se conservan hasta en la actualidad en contra de los indígenas. Es más, en Tabasco se ha llegado a negar la existencia de los indígenas. Andrés Manuel López Obrador, ex delegado del INI en Tabasco, consignó en su libro “Entre la Historia y la Esperanza”, página 27, que en 1973, cuando se fundó el Centro coordinador Indigenista Chontal, y vino a Tabasco con ese propósito el director del INI Salomón Nahmad, el gobernador en ese entonces Mario Trujillo García trató de persuadirlo de que “en Tabasco no había indios”.

Por eso no era de extrañarse que cuando los yokot’anob decidieron salir de las filas del PRI y quemar sus credencial de afiliación a ese partido y participar en el Movimiento Democrático encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, recibieran, por ese hecho, todo tipo de rechazos, descalificaciones, persecuciones, opresiones, marginación y encarcelamiento por el gobierno en turno.

Un caso que ilustra la actitud del régimen establecido, es lo sucedido el 23 de septiembre de 1988 en el poblado Mazateupa: Todo empezó cuando un niño gritó, ¡Viva el Frente Democrático Nacional, viva Cárdenas y Andrés Manuel y

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muera el PRI traidor! El zafarrancho duró 45 minutos, los indígenas resistieron la embestida del grupo de choque del candidato del PRI, a la gubernatura del Estado de Tabasco, el cual estaba armado con pistolas reglamentarias, chacos, manoplas, macanas, etc.

Durante esta campaña priista, también fueron atacados los indígenas de Tamulté de las Sabanas, pertenecientes al Municipio de Centro, en donde la población indígena resistió la agresión con un saldo de un estudiante herido de bala, de la misma manera fueron tratados los indígenas de San Carlos Macuspana, por protestar en contra de la campaña de calumnias y diatribas que el PRI difundía en los medios de comunicación masiva, en contra del movimiento democrático.

A pesar de la brutal agresión que sufrieran los indígenas, ellos mantuvieron en todo momento firme la esperanza de que la situación prevaleciente en nuestra entidad, cambiara y que con el triunfo de la democracia, gozarían con un amanecer favorable para ellos. En efecto, hoy, después de 23 años de lucha continua, el sueño por fin se hace realidad, lo que representa una enorme oportunidad para impulsar un cambio verdadero, el cual ha de pasar por el reconocimiento de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas de Tabasco y por su participación en la formulación de los planes de desarrollo, así como en la aplicación y evaluación de los programas de gobierno. En ese contexto, y consciente de la deuda histórica que Tabasco tiene con los Pueblos indígenas y de su decidida participación en la lucha por la democracia, el gobierno del cambio verdadero se compromete alcanzar junto con ellos, los objetivos y metas que a continuación se detallan.

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V OBJETIVO GENERAL

Garantizar la plena vigencia del derecho de las comunidades y pueblos indígena, particularmente el ejercicio de su libre determinación y su participación en la toma de decisiones encaminadas al diseño de políticas públicas que serán aplicadas en sus territorios, por parte de los tres poderes del Estado.

VI ESTRATEGIAS GENERALES

� Promover ante el Congreso de la Unión el reconocimiento constitucional de

los derechos colectivos de los pueblos indígenas, a partir de la propuesta de reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena elaborada por la COCOPA, que retoma los acuerdos de San Andrés Larrainzar, sobre la base de respeto a las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal y los distintos acuerdos firmados por el gobierno mexicano, como el Convenio 169 de la OIT, La declaración de la ONU sobre el Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, con el objetivo de incorporarlos a la legislación federal, buscando el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas.

� Difundir y promover el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en los tratados y convenios internacionales.

� Fortalecer la capacidad jurídica de las Asambleas Comunitarias a fin de que estas recuperen su plena capacidad para elegir a sus autoridades y regir las diversas acciones que las comunidades y pueblos indígenas adopten para implementar su propio desarrollo.

� Fortalecer la planta productiva de los pueblos indígenas con créditos accesibles con la finalidad de aumentar su capacidad productiva y alcance concretar su autodesarrollo

� Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas del Estado con el propósito de fortalecer sus economías y mejorar sus condiciones de vida, mediante acciones coordinadas en los tres niveles de gobierno y con la participación de las comunidades.

� Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior, para fomentar en la población el conocimiento, el respeto y la tolerancia a las diferencias culturales existentes en la composición social del Estado de Tabasco

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� Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles para fomentar en la población el conocimiento, el respeto y la tolerancia a las diferencias culturales existentes en la composición social del Estado de Tabasco

� Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas

� Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema estatal, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas, mediante el programas de alimentación, en especial para la población infantil

� Mejorar la condición de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado parta la construcción y mejoramiento de sus viviendas, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.

� Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

� Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.

� Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, y a través de ellos fortalezcan y difundan su cultura, sabiduría y conocimientos ancestrales.

� Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para la inversión pública y privada que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización de sus productos.

� Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio tabasqueño como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes;

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velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de su cultura.

� El gobierno establecerá las instituciones con amplias funciones, facultades y presupuesto propio y determinara las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas, en los términos de las disposiciones que prevean las leyes aplicables.

� Tomar las medidas pertinentes para delimitar el territorio de cada comunidad que conforman los pueblos indígenas, para reconocer y definir los ámbitos de competencias, entre las autoridades comunitarias, las autoridades municipales y autoridades estatales.

� Establecer una coordinación interinstitucional con la participación de los tres poderes del estado y de los pueblos indígenas, para el diseño e instrumentación de políticas que atiendan los diversos problemas que afectan su desarrollo.

� Promover acciones de coordinación entre las distintas instancias de la administración pública estatal, para que dentro de sus políticas, procesos de planeación y propuestas operativas se avance en la instrumentación de políticas trasversales en materia de derechos, cultura y desarrollo de los pueblos indígenas.

� Establecer criterios programáticos-presupuestales para que todas las instancias gubernamentales de la entidad destinen recursos a los pueblos indígenas y sus comunidades, considerando las posibilidades presupuestales reales y las necesidades de estos, así como los indicadores socioeconómicos muy precisos.

� impulsar la creación de la Secretaria de Pueblos Indígenas, para que esta sea una instancia de interlocución con capacidad resolutiva.

� Trabajar de manera conjunta, entre las instituciones de gobierno responsables y la representación legitima de las comunidades y organizaciones indígenas, para que estas participen en la programación de espacios en las radiodifusoras de propiedad estatal que operen en municipios y regiones de población principalmente indígena

� Gestionar la resolución de los problemas agrarios que aún están pendientes en la entidad y que involucran a los pueblos indígenas, mediante acciones para la defensa y el ejercicio de los derechos sobre la propiedad social, que eviten la venta o la perdida de las tierras comunales y ejidales

� impulsar acciones tanto políticas como administrativas, con base en criterios de representatividad, pluralidad y legitimidad, que estimule la participación de los pueblos indígenas y su incorporación en la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno.

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� impulsar la creación del Subcomité de Planeación de Pueblos Indígenas del Comité de Planeación para el Desarrollo de Tabasco que sea un espacio normativo, de participación y gestoría de los pueblos indios, sus comunidades y organizaciones.

� promover acciones y se tomaran medidas para incluir la participación de la mujer indígena dentro de los mecanismos propuestos para la integración y representación política de los pueblos indios.

� impulsar la iniciativa de ley, de acuerdo con el marco jurídico establecido en el convenio sobre la Diversidad Biológica, para proteger la biodiversidad en las tierras comunales, ejidales, la Reserva de la Biosfera o los pantanos de Centla y reconocer el derecho de los pueblos indígenas sobre dicho territorio, entendiendo que los acervos biogenéticos son parte de su patrimonio cultural.

� Apoyar las investigaciones y los planes de manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos que hagan posible la conservación de la diversidad biológica y la lucha por el respeto de los derechos territoriales, autonómicos, patrimoniales e intelectuales de los pueblos indios sobre sus recursos naturales.

� Impulsar reformas jurídicas y administrativas para que en un marco integral las instituciones gubernamentales de la entidad actúen concurrentemente, brindando respuestas y atención adecuada a la demanda de los pueblos indígenas, a sus comunidades y organizaciones.

� Definir e instrumentará, junto con los interesados, las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, que supriman las conductas paternalistas, asistenciales y clientelares que imperaron en gobiernos anteriores.

� Lograr que los pueblos indígenas, con base en el uso, manejo y protección de los recursos naturales que forman parte de sus territorios, cuenten con modelos alternativos y sustentables de aprovechamiento regional que incorporen sus experiencias en el manejo de su entorno natural.

� Alentar la creación de políticas públicas en favor de los jóvenes indígenas para garantizar su plena inclusión en la toma de decisiones dentro de los ámbitos político, económico, social y cultural.

� Establecer e instrumentar, junto con los interesados programas compensatorios, para abatir las desigualdades existentes entre los pueblos y comunidades indígenas de Tabasco.

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VII MARCO JURIDICO Y PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LA PLANEACIÓN ESTATAL Y MUNICIPAL

Diagnóstico

El respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y su participación en la formulación de las políticas públicas se han convertido en parte imprescindible para la transición democrática de nuestro país; su reconocimiento como sujetos y actores fundamentales de la historia es esencial para la transformación política y la

construcción de una sociedad más justa y equitativa, que en su diversidad encuentra la unidad necesaria para promover un desarrollo justo e incluyente.

A raíz del levantamiento del EZLN en Chiapas en 1994, el gobierno federal inicio una serie de medidas para lograr la pacificación en aquella entidad.. Fue así como surgió la Comisión de Concordia y Pacificación, integrada por representantes tanto del gobierno como del EZLN. Esta comisión logró una serie de acuerdos y compromisos conocidos como los Acuerdos de San Andrés Larraìnzar, cuyas demandas centrales fueron el derecho a la libre determinación y a la autonomía que tienen expresiones concretas en la participación y representación políticas indígenas y en la aplicación de los mecanismos propios de gobernabilidad para solucionar sus conflictos. En tal contexto, y en el proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas existen tres controversias que deben ser resueltas legislativamente: la noción de pueblo como sujeto colectivo de derecho, la capacidad de libre determinación dentro de la soberanía nacional y el reconocimiento de sus territorios como parte de su patrimonio cultural y condición para el desarrollo y la reproducción social. Sin embargo, diversos instrumentos del derecho internacional, tales como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, los pactos de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sobre Derechos Políticos y Civiles, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana y la Declaración Universal sobre Derecho de las Pueblos Indígenas, todos firmados y ratificados por el gobierno mexicano, así como los Acuerdos de San Andrés, reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas y, por tanto, lo obligan a su cumplimiento, estos derechos siguen siendo una enorme deuda del Estado

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mexicano, ya que siguen EXCLUIDOS de la esfera de las garantías que los poderes públicos deben respetar y hacer respetar. Aun cuando desde 2001 se reformó el Artículos 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Derecho y Cultura Indígena y se han hecho reformas a las constituciones locales en más de 19 estados del país, entre los que se cuenta Tabasco, con leyes reglamentarias en algunos casos, estos principios siguen sin ser acatados por los poderes de la unión y los distintos niveles de gobierno, son desconocidos para la mayoría de la sociedad y, lo que es más grave, no se aplican en la procuración, administración e impartición de justicia, no obstante que el artículo 133 de la Carta Magna ordena su cumplimiento.

Es por eso que en Tabasco no han sido respetados los sistemas normativos de los pueblos indígenas, no se han reconocido sus derechos colectivos fundamentales: autonomía, uso y disfrute de su territorio, aprovechamiento integral de los recursos naturales, cultura, lengua, representación plena en órganos legislativos y de gobierno, derecho al trabajo, a la salud y a la educación bilingüe e intercultural, así como la consulta para la integración de los planes federal, estatal y municipal de desarrollo.

En cuanto a la participación de las comunidades y pueblos indígenas en la formulación de los planes de desarrollo, el artículo 52 de la ley de derechos y cultura indígena del Estado de Tabasco establece que: “…El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos o Concejos Municipales, establecerán los mecanismos idóneos a fin de asegurar la participación de los pueblos indígenas, en la planeación del desarrollo estatal en todos los sectores; de tal forma que ésta tome en consideración sus aspiraciones, necesidades y prioridades, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° apartado B fracción IX de la Constitución General de la República que ordena “Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen”.

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Sin embargo, no se aplica.

La negación de los derechos de los pueblos indígenas ha creado en sus comunidades una acumulación de graves desventajas en relación con el resto de

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la sociedad, respecto al acceso a oportunidades y a la generación de medios para el desarrollo de su vida política, económica, social y cultural.

Para equilibrar esta situación, se necesita combatir las prácticas sociales discriminatorias y establecer las partidas presupuestales, correspondientes. La solución de este problema social largamente postergado requiere mayor urgencia si se tiene en cuenta que son más de 500 años de opresión que los indígenas han resistido estoicamente y que a partir del inicio de la lucha democrática en Tabasco, en 1988, los pueblos indígenas han sido violentados por grupos conservadores y esbirros del régimen priista; pues sus dirigentes, han sido encarcelados sin proceso judicial, y se han cometido actos de barbarie contra comunidades y organizaciones indígenas.

La brutal agresión que sufrieran los indígenas de Mazateupa, Oxiacaque, Villa San Carlos, Villa Vicente Guerrero y Villa Tamulté de las Sabanas, fueron los hechos más peculiares, de los enconos suscitados por la creciente exigencia de democracia en Tabasco.

Por lo anterior es necesario propiciar una nueva relación entre el gobierno, los pueblos indios y el resto de la sociedad, partiendo de un cambio de actitud que fomente el respeto a la diversidad cultural y la forma de los pueblos indígenas de percibir el mundo y de interrelacionarse con él, que promueva la toma de decisiones y el ejercicio de su autonomía dentro del ámbito de las facultades que un nuevo orden legal les confiera. Por eso el nuevo gobierno que ha de asumir sus funciones a partir del primero de enero de 2013, debe construir junto con sus gobernados una nueva era en la vida democrática de Tabasco. Procurando avanzar hacia el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indios, que no solo requiere de una reforma jurídica si no de una transformación profunda de la moral que impera en la sociedad mexicana y, en particular, de la que prevalece en la sociedad tabasqueña y dar paso a nuevas reglas que reconozca y respeten el carácter pluriétnico y pluricultural de México y de Tabasco.

Objetivos

� El nuevo gobierno promoverá ante el Congreso de la Unión y ante la Cámara de Diputados del Congreso del Estado de Tabasco, iniciativas que tengan por objeto el reconocimiento pleno a los derechos colectivos de las comunidades y pueblos indígenas de Tabasco.

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� Promover la transformación de las instituciones y los organismos públicos estatales para que hagan efectivo los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

� Promover la creación de un organismo estatal que se encargue de velar por los derechos, la cultura y el desarrollo económico indígena.

� promover el pleno acceso de los pueblos indios a la jurisdicción del estado, en todos los juicios y procedimientos que involucren individual y colectivamente a indígenas, tomando en cuenta sus prácticas jurídicas y características culturales.

� Buscar la plena participación y representación política y social de los pueblos indígenas en los distintos órdenes y niveles de gobierno.

� Propiciar la integración de la mujer indígena en los procesos políticos y sociales, garantizando la igualdad de oportunidades y el reconocimiento a sus derechos, y respeto a sus formas tradicionales de organización de la vida familiar y comunitaria.

� Tomar las medidas necesarias para que la procuración e impartición de justicia, dirigida a los pueblos indígenas, sea un proceso respetuoso de los derechosa humanos.

� promover en todas las instancias de gobierno, y entre sus funcionarios y trabajadores, una cultura de respeto a los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y a las diferencias socioculturales.

� Crear y establecerá proyectos en todos los niveles educativos y en toda la geografía estatal, encaminados a construir una cultura de inclusión y tolerancia, respeto a la diversidad, cumplimiento de los derechos humanos e intercambio intercultural.

� Promover y apoya el reconocimiento y el fortalecimiento jurídico de las Asambleas Comunitarias como la base orgánica de los pueblos indígenas y la creación de los Consejos Municipales Plural de los Pueblos Indígenas.

� Promover y apoyará la constitución del Consejo Estatal Plural de los Pueblos Indígenas que contribuya a la generación de consensos internos, que emitan propuestas de reformas legislativas, que impulsen acciones para el desarrollo de las comunidades indígenas y que edifique la inter locución legitima necesaria para una nueva relación entre el gobierno, la sociedad no india y los pueblos indios.

� En apego a la legislación existente, el nuevo gobierno reconocerá el derecho de libre determinación de los pueblos indígenas, según sus particularidades como expresión de su autonomía mediante su participación directa en la toma de decisiones en los aspectos sociales, económicos, políticos y culturales que impactan sobre su desarrollo integral.

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Estrategias

� En consecuencia se impulsará la transformación de las instituciones y los organismos públicos estatales para que hagan efectivo los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

� Se promoverá la creación de un organismo estatal que se encargue de velar por los derechos, la cultura y el desarrollo económico indígena.

� Se promoverán consultas a partir de un trabajo previo de información y amplia difusión, entre los pueblos indígenas, sus comunidades y sus organizaciones, para la elaboración de propuestas de reformas legales, a fin de que el poder judicial reconozca la vigencia de los sistemas normativos indígenas.

� Se impulsará la adecuación del plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana, plasmada en el 8 bis de la Constitución local y la adición de la asamblea y la consulta popular como medios de participación ciudadana y derecho de los pueblos indígenas.

� Se emprenderá una consulta entre los pueblos indígenas, sus comunidades y organizaciones, para proponer fórmulas de reconocimiento de sus gobiernos locales y su representación ante el órgano legislativo local.

� Se reconocerán como interlocutores políticos y jurídicos a las autoridades y los representantes indígenas elegidos bajo las formas que decidan sus comunidades y organizaciones.

� Se documentará la vigencia de los sistemas normativos de los pueblos indios y sus comunidades y la relación que guardan con los derechos humanos, la equidad de género y los derechos de los niños, dichos sistemas normativos serán ampliamente difundidos para su conocimiento

� Se realizaran programas bilingües para la prevención de conflictos en las comunidades indígenas y serán difundido a través de los medios de comunicación.

� Se crearan y utilizaran mecanismos de coordinación interinstitucional para la atención directa de las demandas que en materia de justicia hagan las comunidades de los pueblos indígenas.

� Se crearan los Juzgados de Paz y conciliación indígena. � Se impulsará la formación de recursos humanos en los pueblos indios en

materia de derechos, por medio de becas, cursos, talleres y otros procedimientos, poniendo especial atención en la incorporación de las mujeres en estos procesos de capacitación.

� Se colaborará con el poder judicial y los órganos de procuración de justicia, en la revisión de los expedientes de presos políticos y de conciencia que sean indígenas, para logar su liberación.

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� Se impulsaran las modificaciones jurídicas administrativas pertinentes para lograr el reconocimiento y el uso legal de las lenguas indígenas en el trámite público y judicial.

� Se realizaran cursos y conferencias sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas para la formación y sensibilización de jueces, magistrados, defensores de oficio, policías judiciales estatales, peritos y otros funcionarios que participen en el proceso de administración y procuración de justicia.

� Se gestionará con las instancias educativas federales, y se instruirá a las estatales, la incorporación de temas de los derechos indígenas en los libros de textos de todos los niveles educativos, incluso en los programas de educación profesional y técnica.

� Se generaran materiales de divulgación en todas las lenguas que se hablen en Tabasco, para sensibilizar a la sociedad y las instituciones gubernamentales del estado en el tema de los derechos y cultura de los pueblos indígenas.

� Se impulsaran acciones de dignificación, revaloración y fortalecimiento de las culturas indígenas, considerando la riqueza que representa la diversidad.

� Promover iniciativas políticas que tengan por objeto dar solución justa y digna a los reclamos y demandas de las comunidades y pueblos indígenas de Tabasco y para que en todos los ámbitos de gobierno se transite hacia una nueva situación institucional que deje atrás la discriminación, la marginación y la exclusión de los pueblos indígenas.

� Impulsar, ante los poderes legislativos federal y estatal, los cambios necesarios para incorporar en la legislación el respeto a los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos in indígenas.

� Se convocará a todos los pueblos indios, sus comunidades y organizaciones sociales para que por medio de sus asambleas elijan a sus representantes que participarán en la conformación de los Consejos Municipales Plural de los Pueblos Indígenas del, así como en la con formación del Consejo Estatal Plural de los Pueblos Indígenas.

� Se reformaran las estructuras y funciones de las instituciones gubernamentales, dentro del marco de la nueva relación entre gobierno, sociedad y pueblos indígenas, para instrumentar esta política trasversal en materia de derechos y cultura indígena, e incorpora el reconocimiento de la diversidad social y cultural en todas las acciones de gobierno.

� Se definirá e impulsarán programas y acciones gubernamentales que tengan como marco las políticas transversales del nuevo gobierno. Dichos

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programa y acciones se instrumentarán a partir del reconocimiento de la diversidad cultural y la participación de los pueblos indios en su diseño, planeación y realización.

� Se promoverá la discusión con los pueblos indios y la sociedad no india sobre las políticas públicas propuestas por el gobierno, para que contribuyan al perfeccionamiento y enriquecimiento de las iniciativas, especialmente en lo relativo a los derechos y programas compensatorios.

� Se fortalecerán las instituciones de los pueblos indios y se realizarán acciones que permitan construir otras nuevas, que hagan posible el ejercicio de la libre determinación de los pueblos sobre sus gobiernos, territorios, identidad y juicio.

� Se instaurará paulatinamente un proceso de planificación participativa con el concurso de los pueblos indígenas, que establezcan prioridades de atención a sus necesidades a partir de los recursos públicos disponibles.

� Se llevarán a cabo gradualmente la transferencia de recursos y funciones institucionales, relacionados con las políticas públicas para los pueblos indios, hacia las organizaciones comunitarias cuyos objetivos y metas programáticas estén basadas en sus demandas directas.

� Se establecerán políticas y programas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de los pueblos indígenas, que respeten su autonomía y establezcan su participación en la construcción de toda la fase del proceso, creando modelos de evaluación que sean aplicados por las instituciones que participen en su aplicación.

� Se promoverán medidas compensatorias y acciones afirmativas para equilibrar las oportunidades entre las comunidades y organizaciones indígenas y el resto de la sociedad, e impulsar el desarrollo de los pueblos indígenas. Estas medidas y acciones deberán respetar los derechos colectivos y realizarse conforme a las políticas de sustentabilidad del nuevo gobierno.

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VIII USO, APROVECHAMIENTO Y RETRIBUCION DE LOS BENEFICIOS GENERADOS POR LA EXPLOTACION DE LOS RECURSOS NATURALES

Diagnóstico

Los pueblos indígenas no poseen mecanismos ni canales de participación efectivos en los procesos de tomas de decisiones sobre la definición de los proyectos que se han instrumentado en su territorio para la explotación de los recursos naturales, ni tienen capacidad alguna de incidencia en las políticas gubernamentales para el desarrollo económico. Esta situación ha generado desconfianza hacia el gobierno

entre los pueblos indígenas, que apuntala una lenta y cada vez más difícil reconstrucción del sujeto social, cultural y espiritual, al decidir a no ser asimilados por los mecanismos que rigen el sistema político y económico, que para la sociedad no india significa la supervivencia y el progreso.

Hasta ahora no ha existido un modelo de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que sea compatible con la cosmovisión indígena, la cual define la relación entre los seres humanos y naturales que expresa la unidad indisoluble hombre-tierra-naturaleza. Las acciones emprendidas en anteriores gobiernos respondieron a la intención de sujetar a los pueblos indígenas a intereses que les eran extraños e imponer un sistema de explotación de sus recursos naturales sin beneficio para las comunidades, lo que ha impedido la movilización del capital social necesario para la reorganización de la economía.

Los gobiernos anteriores instrumentaron programas para atender los rezagos del desarrollo de los pueblos indígenas a partir de modelos inapropiados y con acciones dispersas, asistenciales, paternalistas y clientelares que no erradicaron la pobreza. Estas políticas respondían al viejo estilo de dominación y dependencia, a la falta de una visión amplia y clara a lo que es la planeación de un desarrollo integral e incluyente y a la imposición de procesos económicos mundiales que no han tomado en cuenta la cosmovisión indígena, basada en la convivencia armónica con la naturaleza y en el respeto, la solidaridad, la equidad, la colectividad, la lealtad, la honestidad y la justa distribución de la riqueza, entre pueblos, comunidades e individuaos.

La falta de compromiso y respeto a la cosmovisión y sabiduría de los pueblos indígenas y la implantación de un modelo de desarrollo ajeno a ellos,

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provocaron el fracaso de los programas gubernamentales al mismo tiempo que destruyeron la acción de las instituciones comunitarias y de sus sistemas de manejo de los recursos naturales.

Los pueblos indios son poseedores de un conocimiento complejo y sofisticado de sus espacios vitales, saberes que se han transmitido de forma oral de generación en generación, y que abarcan temas como la biodiversidad, las peculiaridades geológicas, climáticas y topográficas, ordenados en un conjunto lógico que es sometido a revisiones prácticas. Sus técnicas tradicionales de cultivo reducen el ataque de plagas y estimulan el aumento de población de fauna silvestre, manteniendo la relación de equilibrio, respeto y diversificación de la naturaleza con el espacio vital.

El conocimiento práctico del ciclo de la naturaleza les ha posibilitado la explotación racional de los recursos, utilizando el concepto de intercambio en lugar de una concepción de explotación, de ahí que las técnicas agroecológicas sean afines a las técnicas indígenas tradicionales. Sin embargo, la expropiación de esta sabiduría, el colonialismo cultural, la concepción inequitativa de la tierra y la imposición de modelos tecnológicos modernos inadecuados al entorno físico y social han hecho que se sobreexploten y agoten los recursos naturales, obligando a muchos pueblos y comunidades a emigrar en busca de nuevas tierras.

Al instrumentar esta clase de políticas, se arraigaron entre los pueblos indígenas actitudes de dependencia, como la entrega no planificada de recursos en dinero y en especie_ que no provenían de un programa de desarrollo integral, y se desvalorizaron sus prácticas culturales.

El Estado monopolizó, perfeccionó e institucionalizó el paternalismo y el asistencialismo, a tal grado que por muchas generaciones los pueblos indios han sido sometidos e un gran empobrecimiento material y cultural. Ello evito todo principio de equidad social y anuló el tradicional trabajo participativo, armónico y colectivo, debilitando aquellas prácticas que son coherentes a los principios de sustentabilidad.

El proceso para cambiar la arraigada práctica del clientelismo sin conceptos falsos de desarrollo y modernidad, y sin que se generen conflictos sociopolíticos, es largo y sumamente complejo; se requiere extirpar de raíz los modelos que responden a una línea de pensamiento unilateral, imperante y que pretende ser globalizadora.

El nuevo gobierno considera que los pueblos indígenas se derivan de la compleja interacción entre sus aspiraciones materiales, sociales y culturales. Que

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la pobreza no se basa esencialmente en la falta de alimentos y de bienes materiales, sino en la ausencia de mecanismos que aumenten la autosuficiencia productiva y de servicios, mediante el rescate de la producción tradicional, complementada con la innovación tecnológica apropiada.

Para que los pueblos indios puedan contar con una seguridad alimentaria y mejore su calidad de vida e ingresos, es necesario elaborar estrategias alternativas que les permita comercializar sus productos.

Se debe desterrar la visión que ha validado durante muchos años la idea de que el desarrollo y la modernidad equivalen simplemente a una acumulación de riquezas materiales y de capacidad de consumo, es decir que quien más recursos energéticos derroche y más compre, esté más desarrollado.

En consecuencia, es imprescindible establecer una nueva relación con la naturaleza basada en la sustentabilidad y en la equidad social, el respecto al uso y disfrute de los recursos naturales. Particularmente es urgente revisar la cobertura y los avances del Plan Hídrico integral d e Tabasco , instrumentado por los últimos gobiernos estatales, con la finalidad de proteger a las comunidades de las inundaciones. Sin embargo, hasta el momento esto no se ha logrado y muchas comunidades indígenas sufrieron las peores inundaciones de la historia, lo que afectó gravemente su economía; los sectores productivos han sido devastados, convirtiendo a los territorios indígenas en zonas de desastre, y trayendo consigo más marginación y pobreza. Las inundaciones amenazan con la dispersión de las comunidades indígenas, y con ello la pérdida total de su cultura, por lo que es urgente darle un manejo sustentable al agua.

Objetivos

� Contar con una legislación que regule la investigación, la aplicación de los conocimientos tradicionales de la naturaleza y el uso de la biotecnología (Bioprospección) y reconocer la explotación de los recursos genéticos contenidos en el territorio de los pueblos indios como patrimonio de la nación.

� Promover la participación de las comunidades, las organizaciones económicas de base y los grupos de trabajos de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, seguimiento, evaluación y control de los programas de desarrollo que se implementen en su beneficio.

� Instrumentar procesos productivos sustentables que fortalezcan el desarrollo de los pueblos indígenas.

� Garantizar que los proyectos de aprovechamiento de los recursos naturales tengan carácter multidisciplinario, y tomen en cuenta la interrelación que

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existe entre los valores culturales, la conservación del ambiente, la relación de la sociedad con su entorno, la seguridad alimentaria y la autosuficiencia productiva y de servicios.

� Establecer criterios administrativos, normas operativas, en su caso, modificaciones a leyes correspondientes, para fijar pagos compensatorios por la explotación y el aprovechamiento de recursos estratégicos por terceros en territorios indígenas, estos recursos serán utilizados para el beneficio social y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas.

� Lograr un manejo responsable del agua. Que lejos de que sea un problema, se transforme en una oportunidad para los habitantes, pues es un recurso vital para la producción del campo. Estrategias

� Se promoverá una consulta entre los pueblos indígenas, sus comunidades y sus organizaciones, para elaborar propuestas de reformas legales e institucionales que sirvan para regular la biotecnología y proteger los recursos genéticos que se encuentran en sus territorios como parte de su patrimonio y del de la nación.

� Se vincularán los planes y programas de estudio, especialmente de los niveles técnicos y profesional, así como los proyectos de investigación, con las necesidades y los procesos de producción tradicional.

� Se diseñarán modelos pilotos de proyectos económicos sustentables, acorde con las características naturales y la cultura de los pueblos indígenas, orientados a romper el círculo estructural de la pobreza y elevar la calidad de vida de las comunidades.

� Se elaborarán programas de desarrollo, a partir de diagnósticos hechos con la participación de las comunidades, que incorporen la autorregulación y el ordenamiento territorial comunitario de los pueblos indígenas.

� Se trabajará interinstitucionalmente en la prospección de los recursos estratégicos en territorio indígena para identificar los beneficios que pueden aportar a las comunidades, y como soporte para definir cuotas compensatorias en el aprovechamiento por terceros de esos recursos.

� Se regularán y sancionarán los posibles daños al patrimonio cultural de los pueblos indígenas, especialmente cuando se lleven a cabo acciones de obra pública y de infraestructura social.

� Se impulsará la formación de recursos humanos en los pueblos indígenas, en materia de tecnología y gestión administrativa, y en el rescate y difusión

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de las tecnologías propias, poniendo especial atención en la incorporación de las mujeres en estos procesos de capacitación.

� Se articulará la producción primaria de los pueblos indígenas con los procesos de transformación para otorgarle un valor agregado que permita fortalecer su estructura económica.

� Se impulsará la producción agroecológica como base de la autosuficiencia alimentaria de las comunidades indígenas y como actividad especializada para la producción orgánica, en apoyo a las organizaciones que dispongan de mercados para la venta de sus productos.

� Se apoyará la conformación de empresas sociales para impulsar el desarrollo socioeconómico de los pueblos indignos.

� Se crearán consejos generales regionales y micro regionales responsables de la operación, seguimiento, evaluación y el control de los programas integrales de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales propuestos por los grupos de trabajos y organizaciones económicas de las comunidades.

� Se promoverá la incorporación de nuevas tecnologías mediante la adaptación de procesos que recupere el conocimiento y la experiencia de los pueblos indígenas y se promuevan el aprovechamiento sustentable, con el fin de mejorar sus sistemas de producción.

� Se apoyara la creación de fondos de ahorro y de autofinanciamiento para los grupos, organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas.

� Se promoverá la participación de los pueblos indígenas en la elaboración y el constante perfeccionamiento de las políticas transversales de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, y en la definición de nuevos criterios compatibles con sus derechos y su cultura para medir su calidad de vida.

� Se facilitara a las organizaciones de las comunidades de los pueblos indígenas el pleno acceso a la capacitación técnica y administrativa, que les permita la conducción de sus procesos productivos y el manejo de recursos provenientes de fondos públicos, de conversión social y privados.

� Se resolverá, por medio del dialogo, la conciliación y con alternativa que contengan un enfoque sustentable, las demandas de desarrollo que generan presión y descontento social intercomunitario en los pueblos indígenas.

� Se crearan, en el marco de la nueva relación con los pueblos indígenas y la nueva regionalización, nuevos indicadores de los niveles de calidad de vida entre los pueblos indígenas, que permitan una mejor distribución de los recursos y servicios.

Derechos de pueblos indígenas final

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