DERECHO DEL TRABAJO “Criterios jurisprudenciales del STJRN en materia laboral” Octubre de 2014.

DERECHO DEL TRABAJO“Criterios jurisprudenciales del

STJRN en materia laboral”

Octubre de 2014

Ley de Empleo: arts. 8, 9 y 10

Según el art. 11, la operatividad de las sanciones previstas en los arts. 8, 9 y

10 se encuentra condicionada al cumplimiento de la conducta que la propia ley

le impone al trabajador: este último debe intimar al empleador, en forma

fehaciente, a fin de que proceda a la inscripción, establezca la real fecha de

ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones. El propio texto legal

aclara: “Con la intimación el trabajador deberá indicar la real fecha de ingreso y

las circunstancias verídicas que permitan calificar a la inscripción como

defectuosa” (art. 11, párr. 2do.).

“NUÑEZ VEGA, Josefa c/ SANATORIO JUAN XXIII s/ Reclamo s/ Inaplicabilidad de Ley” (Se. Nº 208 del 10/09/03).


De allí surge la necesidad de que los datos consignados en la intimación sean

los correctos. No se trata de un mero rigor formal, sino del cumplimiento de

todos los extremos requeridos para que el trabajador pueda hacerse acreedor

de las sanciones que la ley prevé, teniendo en cuenta que ésta no le ofrece al

trabajador un premio por haber soportado en el pasado a un mal empleador,

sino un estímulo patrimonial por colaborar en su conversión a la estricta

observancia de la ley.



La accionante no cumple eficazmente con la carga que la propia ley le

impone, desde que no puede pensarse que la intimación cumpla con la

finalidad saneadora que la inspira -provocar que el empleador consigne en los

recibos de haberes aquello que ha omitido-, si ella misma también es

defectuosa o inexacta.



El requerimiento o intimación previa, que se debe formular estando vigente la

relación laboral, funciona como un supuesto de caducidad, pues si no se

verifica o se verifica tardíamente (cuando el acto extintivo ya se produjo) las

indemnizaciones especiales no resultan procedentes (art. 3° del decreto

reglamentario 2725/91). De allí que –como se ha dicho-, con la ley 25323 se

supera el diseño de la LNE en cuanto a la efectividad práctica, en la medida

en que no se requiere de ninguna intimación –sea anterior o posterior a la

extinción-, en tanto se verifique la ausencia de registración o un registro

insuficiente del contrato de trabajo.

“MARTINEZ, RAUL ANGEL C/SUSTE SIMA S/SUMARIO S/INAPLICABILI- DAD DE LEY” (Expte. Nº 18.356/03-STJ).


La referencia del segundo párrafo del art. 11 de la Ley de Empleo, que

expresa que deben constar en la intimación “las circunstancias verídicas que

permitan calificar la inscripción como defectuosa”, no es exigible en los casos

de ausencia total de registración, por el simple hecho de no haber inscripción.

En ese caso, solo sería exigible si el trabajador tuviese que pronunciarse al

respecto cuando ello le fuese requerido por el empleador, o cuando este le

informase que lo ha de inscribir con datos que no son reales.

“RODRIGUEZ, Graciela c/ SANZ Alfredo y/u Otros s/ Cobro de Haberes y Despido s/ Inaplicabilidad de Ley” (Se. Nº 123 del 20.04.04).


Los arts. 8 a 10 sancionan tanto la marginalidad total como parcial del

trabajador, consistente en la falta total de registración o en una registración

parcialmente falseada, ya se manifieste consignando una fecha de ingreso

distinta a la real o una remuneración distinta a la efectivamente abonada. Ello

no se da en los casos en que, aun de una manera incorrecta, al trabajador se

le paga lo efectivamente consignado en el recibo. En tal caso no hay

falseamiento de datos sino, por ejemplo, una errónea aplicación de los

adicionales del convenio que puede generar como consecuencia una

diferencia salarial, pero no habilita la imposición de la multa.

“RODRIGUEZ, Graciela c/ SANZ Alfredo y/u Otros s/ Cobro de Haberes y Despido s/ Inaplicabilidad de Ley” (Se. Nº 123 del 20.04.04).


Al responder a la intimación de la actora, la accionada negó que ésta

percibiera una remuneración de $4.500 y sostuvo que le correspondía la

categoría de empleada administrativa del CCT 389/04, con una jornada de

cuatro horas diarias de labor y un salario de bolsillo de $ 474,97, condiciones

en las que expresó su voluntad de proceder a registrar la relación, las que

fueron luego nuevamente negadas por la actora. Entonces, teniendo en

cuenta que los datos de la intimación no fueron exactos, pero tampoco lo

fueron los de la registración, podría optarse por decidir que vale la intimación

y acotarse la liquidación a lo que surge del expediente.

“MARCHAND, MIRIAM C/ LA ESPERANZA SRL Y OTRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. Nº 9 del 02.02.10).


Las particularísimas circunstancias del caso, en el que indudablemente la

relación laboral de la actora con “La Esperanza SRL” estuvo signada por el

vínculo afectivo de aquélla con uno de sus socios, lo que podría justificar, en

algún punto, el ejercicio de la facultad morigeradora del art. 16 de la LNE, me

llevan a propiciar directamente la aplicación del art. 1 de la ley 25323 (cuyo

quantum es mayor al mínimo de la LNE), también requerida -supletoriamente-

en el escrito de demanda.

“MARCHAND, MIRIAM C/ LA ESPERANZA SRL Y OTRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. Nº 9 del 02.02.10).


No puede exigírsele al dependiente que mantenga en suspenso durante 30

días la ruptura del vínculo, para hacerse acreedor de las multas previstas por

la ley 24013, en caso de silencio por parte del principal, pues tal actitud

importa su clara intención de no regularizar y por consiguiente no existen

razones jurídicas que autoricen la eximición allí prevista.

“JUAREZ, Patricia Milena c/GUSPAMAR S.A. s/Reclamo s/Inaplicabilidad de Ley” (Expte. N° 17.577/02- STJ).

Tampoco sería necesario esperar al día treinta y uno para reclamar la indemnización en caso de que la demandada desconociera la existencia de relación dependiente.


Cualquiera que pueda ser la valoración que la Cámara alcanzó de las

características de la relación existente entre las partes, lo cierto es que -a

resultas de ella- el art. 16 sólo autoriza a reducir la indemnización del art. 8

hasta “... una suma no inferior a dos veces el importe mensual del salario que

resulte de la aplicación del Art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (t.o.

1976)”. Respecto de esa reparación la ley no prevé, ni autoriza, la eximición

total que dictaminó la Cámara de grado. Ese límite pasa a erigirse en un

vallado mínimo e infranqueable que no puede ser soslayado cuando un

Tribunal acude a la utilización de las facultades morigeratorias autorizadas por

el art. 16 de la Ley de Empleo. Distinta es la situación cuando se trata de la

indemnización del art. 15, pero tal no es el caso planteado por el recurso.

“SOSA, Homero c/ AGOSTINO, Sergio Eduardo y/o Otro s/ Diferencias de Haberes y Despido s/ Inaplicabilidad de Ley" (Se. 163 del 31.07.02).

Ley 25323: art. 1º

Debe considerarse la relación de autos como un típico contrato de temporada

regido por los arts. 96 y sgtes. de la LCT, cuya extinción operó como

consecuencia de la falta de convocatoria a reanudar el ciclo (conf. art. 98

LCT). En consecuencia, deberá hacerse lugar al incremento de la

indemnización por despido del art. 245 de la LCT establecido en el art. 1 de la

ley 25323, pues al momento del distracto la relación laboral estaba registrada

de modo deficiente bajo una modalidad -trabajo eventual- utilizada in fraude

legis.

"MASINA, DANIEL C/EXPOFRUT S.A. S/ORDINARIO S/INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 24 del 30.03.07) Ver también: "OVALLE SILVA, MARIA ANGELICA C/ PANATEL S.A. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 117 del 27.11.06)

Ley 25323: art. 1º

Aun cuando podría afirmarse que el juez, al eximir al demandado del

agravamiento indemnizatorio previsto en el art. 1 de la ley 25323, habría

ejercido facultades que la ley no le otorga, la interpretación adecuada del

espíritu del fallo implica destacar que, evidentemente, esa decisión se fundó

en razones de equidad, pues tal recargo, si bien previsto en la norma,

aplicado lisa y llanamente al caso, podría tener un impacto desproporcionado

en el contexto peculiar en que sucedió la relación.

"PARRA, CECILIA C/ BURGOS VIVIANA Y OTRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 59 del 28.05.08).

Ley 25323: art. 1º

El STJ se ha hecho cargo de la necesidad de buscar alternativas legales que

permitan computar de modo prudente y ecuánime el conjunto de intereses en

juego. Así, en autos “SIERRA” (Se. Nº 91 del 16.10.07) se dijo que resulta

llamativo que el art. 1 de la ley 25323 -que manda incrementar al doble la

indemnización prevista en el art. 245 de la LCT cuando se trate de una relación

laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo

deficiente- prescinda de toda distinción entre los casos en los cuales la omisión

concierne a un contrato cuyo encuadre no ofrece ninguna duda respecto de su

naturaleza o fisonomía, como típicamente laboral, de aquellos otros en los que

median relaciones jurídicas ya de más discutible encuadre, o ubicadas en las

denominadas zonas grises, pues el propósito de evasión, nítido en el primer

supuesto, puede hallarse ausente en estos últimos


Ley 25323: art. 1º

En el caso “SIERRA” se dijo que frente a este tipo de situaciones correspondía

aplicar analógicamente -y con la prudencia y excepcionalidad que son propias

de su acotado margen de actuación- el art. 16 de la Ley de Empleo Nº 24013,

que sí faculta al Juez o Tribunal a reducir la indemnización prevista en el art. 8º

(que, al igual que la del art. 1º de la ley 25323 -a tal punto que ambas no son

acumulables entre sí- se refiere a las situaciones de trabajo marginal), hasta una

suma no inferior a dos veces el importe mensual del salario que resulte de la

aplicación del art. 245 de la LCT “cuando las características de la relación

existente entre las partes pudieran haber generado en el empleador una

razonable duda acerca de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo”.


Ley 25323: art. 1º

En el fallo citado se dijo: “Si bien... el art. 1 de la ley 25323 no otorga

expresamente esa facultad, debe tenerse en cuenta que tanto la ley 24013

como la 25323 tienen por finalidad erradicar el trabajo clandestino (y combatir

la evasión previsional), por lo que más allá de que la Ley Nacional de Empleo

pretenda la regularización de las relaciones laborales y la ley 25323 se limite a

tener efectos sancionatorios -condena pecuniaria- para evitar que se repitan

dichas actitudes (la no registración o la registración defectuosa), ante

situaciones no previstas en esta última cabe recurrir a la primera. Tal lo que

sucede en el presente caso, ya que, ante una situación dudosa, los jueces

podrían reducir la multa-indemnización dispuesta por el art. 1º de la ley 25323

como expresamente lo autoriza el art. 16 de la Ley de Empleo, pero no eximir

totalmente de su pago en función de un criterio de razonabilidad que -aunque

valorable- está fuera de sus posibilidades legales” (in re: “SIERRA”, ya cit.).


Ley 25323: art. 2º

El Superior Tribunal de Justicia desde antigua data ha sostenido criterios

restrictivos en todas aquellas cuestiones que impliquen revisar o interferir en el

modo en que los Tribunales de mérito ejercen las facultades valorativas que

las mismas leyes les otorgan. Ello acontece, particularmente, con todo lo

vinculado con el ejercicio de las facultades sancionatorias y de las potestades

valorativas que los jueces de grado puedan utilizar para eximir a los litigantes

de determinadas cargas gravosas establecidas por la legislación de fondo, tal

como ocurre respecto del juicio que en definitiva se adopte sobre la eventual

procedencia, disminución o eximición de la indemnización prescripta por el art.

2 de la ley 25323.

"SEPULVEDA CARLOS S/QUEJA EN: SEPULVEDA CARLOS C/BARAHONA ANTONIO S/ORDINARIO" (Se. N° 55 del 21.04.05)

Ley 25323: art. 2º

Deberá rechazarse la indemnización del art. 2 de la ley 25323 reclamada por

todas las actoras pues, en las circunstancias de autos, debe entenderse que

el tránsito por la instancia judicial ha respondido, más que a una conducta

obstruccionista o meramente dilatoria del empleador que se traduce en la

reticencia a abonar aquello que de todas maneras debe, a la necesidad de las

actoras de acreditar los extremos en los que fundaron sus respectivas

pretensiones (conf. doctr. de este STJ in re: “ORTIZ”, Se. N° 92 del 13.09.06).

[En el caso se trataba de la demanda de un grupo de mucamas encuadradas

como trabajadoras eventuales que reivindicaban para sí la condición de

temporarias]

"OVALLE SILVA, MARIA ANGELICA C/ PANATEL S.A. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 117 del 27.11.06)

Ley 25323: art. 2º

Sea que no haya podido acreditarse el hecho invocado como justa causa para

despedir o que, en todo caso, la suerte del litigio haya quedado determinada

por la aplicación del principio in dubio pro operario, lo cierto es que no caben

dudas de que ha mediado una controversia seria y fundada sobre la causal de

despido o, al menos, lo suficientemente plausible como para distinguir este

caso de aquellos otros en los que el empleador no paga la indemnización pese

a haber despedido sin invocación de causa o con invocación de una razón

improcedente o manifiestamente inverosímil.

"TELLEZ, MARÍA S. C/ VÍA BARILOCHE S.A. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 45 del 24.09.13)

Ley 25323: art. 2º

Corresponde revocar la aplicación del recargo indemnizatorio del art. 2 de la

Ley 25323 pues su imposición, tal como ha sido discernida en el caso en

examen, constituye un ejercicio disfuncional de las prerrogativas y de las

facultades valorativas y sancionatorias de que se halla investido el Tribunal de

mérito.

"TELLEZ, MARÍA S. C/ VÍA BARILOCHE S.A. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 45 del 24.09.13)

Ley 25323: casos especiales

Evidentemente la cuestión que el recurso plantea en orden a la determinación

del ámbito de aplicación material de la ley 25323 no está exento de dudas

cuando se trata –como en autos- de la extinción del vínculo por un motivo

distinto a los casos de despido directo sin causa o de despido indirecto con

justa causa.

"MARTINEZ, RAUL ANGEL C/SUSTE SIMA S/SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 81 del 02.06.05)


La ley es clara en el sentido de que la duplicación se aplica a las

indemnizaciones por despido, sea directo o indirecto, a cuyos efectos

menciona las normas específicas: arts. 245 LCT o 7 ley 25013. En

consecuencia, una interpretación literal de la ley excluiría de la duplicación a

las indemnizaciones que proceden en los casos de extinción del vínculo laboral

por otros motivos (arts. 212, 247, 248, 249, 250, 251, 254 de la LCT.). Sin

embargo, ello a su vez conduciría a un resultado incongruente con la finalidad

que inspiró el dictado de la norma, pues si la intención del legislador ha sido

combatir el trabajo marginal, no se advierte qué justificación podría existir

para no aplicar la duplicación en los casos de extinción del contrato por

razones objetivas, en la medida en que se comprobara la ausencia o

insuficiencia del registro de la relación laboral con el trabajador.



En consecuencia, sin desconocer que la cuestión puede resultar discutible

(véase Julio Armando Grisolía: “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”,

LexisNexis, 2004, T° 1, pág. 339), tal como reflejan las posiciones estrictas

(Roberto E. Torres: “Análisis de la ley 25.323. Incremento de

indemnizaciones”, DT 2001-A-90; Diego Martín Tosca: “Consideraciones

preliminares sobre los incrementos indemnizatorios introducidos por la ley

25.323”, DT 2000-B-2120) y las más amplias (Alvaro Daniel Ruiz: “Los

alcances de la ley 25.323: algunas definiciones necesarias”, DT 2000-B-2271)

que sobre el particular se han pronunciado, debemos inclinarnos

decididamente por esta última, en la inteligencia de que es la que mejor

responde a una interpretación integral del ordenamiento legal, con fundamento

en los principios de los arts. 9 y 11 de la LCT.



En consecuencia, atento a que en el caso de autos la sentencia de Cámara

sostuvo que debía estarse a la fecha de ingreso denunciada en la demanda, y

que dicha conclusión contrasta nítidamente con la fecha de ingreso que surge

de los registros laborales, corresponde duplicar la indemnización del art. 247

de la LCT en conformidad con lo dispuesto por el art. 1 de la ley 25323.

"MARTINEZ, RAUL ANGEL C/ SUSTE SIMA S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 81 del 02.06.05)


La Cámara tuvo por establecido que la extinción del contrato sobrevino como

consecuencia de la enfermedad incapacitante del actor, que le impidió

continuar prestando las tareas de mantenimiento que desempeñaba en el

establecimiento hotelero de la demandada, sumado a la imposibilidad de esta

de asignarle otras funciones acordes con sus condiciones físicas y sus propias

aptitudes (art. 212, 2do. párr. LCT). Por tal motivo la demandada rescindió la

relación laboral con el actor y, pese a hallarse debidamente intimada al efecto

y de reconocer adeudar la indemnización del art. 247 de la LCT, no hizo

efectivo el pago de esta última en el plazo legal, lo que determinó la necesidad

de transitar la instancia judicial para obtener el cumplimiento de lo adeudado.



Si la norma contenida en el art. 2 de la ley 25323 evidencia la preocupación

del legislador por desalentar las conductas dilatorias de los empleadores en el

pago de las indemnizaciones derivadas del acto rescisorio, no hay razón que

justifique que no deba aplicarse el recargo indemnizatorio en el presente caso.

Lejos de ello, las circunstancias que determinaron la extinción del vínculo –

incapacidad del actor e imposibilidad de otorgar otras tareas acordes a sus

condiciones físicas y su nivel de instrucción- tornan aun más imperativa la

obligación de la empleadora de poner a disposición del actor la indemnización

debida en tiempo oportuno y de obrar de buena fe en ocasión de extinguir el

contrato de trabajo (art. 63 LCT).



La naturaleza claramente punitiva o sancionatoria de la Ley 25323 impone su

interpretación restrictiva y, consecuentemente, impide extender su aplicación a

supuestos de hecho no enumerados o previstos de manera expresa en su

articulado (en el caso, se trataba de la extinción del contrato por muerte del

trabajador -art. 248 de la L.C.T.-).

"SANCHEZ, JOSÉ H. Y OTRA C/ GREENLEAF TURISMO S.R.L. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 19 del 09.04.14. Del voto en mayoría de los Dres. Apcarián, Barotto y Mansilla).


No procede recurrir a la “razonable hermenéutica” para una supuesta

armonización de la norma con el resto del ordenamiento legal cuando se está

en presencia de un texto normativo claro.

Con relación a la Ley 25323, forzoso es admitir que el legislador nacional ha

sido por demás preciso, detallando cuáles son las indemnizaciones que se

incrementan e incluso especificando los artículos que le dan sustento, sin que

exista margen alguno de interpretación para que los jueces puedan extender

estos agravamientos a otras indemnizaciones o supuestos de hecho no

contemplados en el articulado (en el caso, art. 248 de la L.C.T.).

"SANCHEZ, JOSÉ H. Y OTRA C/ GREENLEAF TURISMO S.R.L. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 19 del 09.04.14. Del voto en mayoría de los Dres. Apcarián, Barotto y Mansilla).

Art. 80 de la L.C.T.

En el caso concreto, no se encuentra acreditada la fecha de recepción de la

intimación cursada por la parte actora mediante el telegrama de fs. … No

obstante ello, teniendo en cuenta que éste fue despachado el … y que el

certificado estuvo completo el … -cuatro días más tarde- no se advierte que la

solución a la que arriba el a quo resulte irrazonable.

Si existió alguna demora entre la recepción de la intimación y la puesta a

disposición de la correspondiente certificación de servicios, no se advierte que

ésta haya sido de una magnitud y una trascendencia tales como para modificar

el sentido de lo resuelto en la forma que pretende la recurrente (en igual

sentido, STJ in re: “TOLOSA”, Se. N° 88 del 31.08.06).

"HUENCHUMAN, MARTA VERONICA C/ SEVERINO, DIEGO ALEJANDRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 9 del 15.02.07)


No resulta irrazonable el criterio del grado al sostener que la expresa mención

en el certificado de trabajo de la forma en que se disolvió el vínculo resultaba

“improcedente, inútil e inconducente”. Ello así por cuanto, más allá de la causal

de despido, y aun cuando ésta fuera confirmada judicialmente, deviene

totalmente innecesario hacer constar esa circunstancia en una certificación

que fundamentalmente tiene por objeto ser una información para el trabajador.

"BANCO PATAGONIA S.A. S/ QUEJA EN: 'IDIART, DARDO AGUSTIN C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ RECLAMO'" (Se. Nº 108 del 01.11.06)


Es así que el art. 80, en su tercer párrafo, es el que determina cuáles han de

ser las constancias que figuren en el certificado de trabajo. Ellas son: el

tiempo de prestación del servicio, la naturaleza de éste y la mención de los

sueldos percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a

los organismos de la seguridad social. A ello debe sumarse, en conformidad

con lo dispuesto por la ley 24576, una referencia sobre la calificación

profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiera o

no realizado el trabajador acciones regulares de capacitación.

"BANCO PATAGONIA S.A. S/ QUEJA EN: 'IDIART, DARDO AGUSTIN C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ RECLAMO'" (Se. Nº 108 del 01.11.06)


• La circunstancia de que se haya hecho entrega de los certificados de

trabajo y no de las constancias relativas al ingreso de los aportes al

organismo público, no habilita el progreso de la reparación mencionada.

• No se advierte la utilidad práctica que pueda tener para el trabajador la

entrega de tales constancias documentadas si éste puede obtener

información al respecto directamente de la Administración Nacional de

Seguridad Social.

“ESPERATTI, WALTER C/JESUS ARROYO SACIA S/SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. Nº 84 del 17.09.07)


• La obligación de hacer que supone la confección del certificado de trabajo

importa el deber de informar con veracidad sobre aquellas circunstancias

que la ley exige. En tales condiciones, el incumplimiento se configura

cuando la información volcada en el certificado no es auténtica o completa,

pero no cuando, como en el caso, los datos son ciertos o verdaderos,

aunque las remuneraciones consignadas no sean las que correspondan de

acuerdo con las escalas salariales del convenio aplicable.

"SANCHEZ, JOSÉ H. Y OTRA C/ GREENLEAF TURISMO S.R.L. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 19 del 09.04.14)

Art. 132 bis de la L.C.T.

Del texto del art. 132 bis de la LCT surge que la intención del legislador no es

sancionar al empleador por no haber efectuado los aportes a los distintos

organismos de la seguridad social o las respectivas cuotas sociales, sino

sancionar su inconducta por haber retenido los aportes a su empleado y no

haberlos ingresado a los organismos correspondientes.

"MAYER, SERGIO W. C/ CUMBRES PATAGONIA SRL Y/ O OTRO S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 273 del 10.11.04)


De allí que, en consonancia con el espíritu de la ley, se haya afirmado: “La

imposición de la sanción establecida en el art. 132 bis de la LCT no puede ser

receptada en un caso de clandestinidad registral total, pues no se materializa

la retención de suma dineraria alguna, por parte de la empleadora” (CNTrab.,

sala 2ª, 29.11.2001, “Crego Bonhomme, Fátima v. Costanza, Carmen M.”,

LexisNexis, el subrayado me pertenece).



En el presente caso, la Cámara tuvo por acreditado que el actor percibía una

parte de su salario mediante recibos oficiales y otra de manera marginal, por lo

que nada obsta a la procedencia de la sanción conminatoria si se acredita la

existencia de aportes efectuados sobre la porción registrada del salario y no

ingresados a los organismos pertinentes.



La gravedad de las consecuencias que se derivan de la aplicación del art. 132

bis de la LCT justifican adoptar un criterio particularmente riguroso en la

valoración del cumplimiento de los requisitos de procedencia de la sanción

(intimación previa a ingresar los aportes que correspondan), que no se

desentienda de los objetivos que inspiraron la norma, concretamente

exteriorizados en los considerandos del decreto 146/01, en términos de que “...

corresponde dar prioridad a la regularización de los aportes retenidos y no

depositados, por sobre la aplicación de la referida sanción conminatoria”.



Adviértase que, en el caso concreto, los aportes retenidos ascenderían a $

83,58 por un mes de fecha muy anterior –más de cinco años- a la de extinción

del vínculo, lo que ameritaba un señalamiento más preciso en la intimación

para que ésta sea eficaz en el cumplimiento de su cometido, máxime si se

tiene en cuenta que la aplicación de la sanción que pretende la recurrente

podría llevar a la ex empleadora a tener que abonar al actor los salarios de $

1.200 desde el 26 de junio de 2001 hasta, eventualmente, el presente.



De cualquier manera, cabe advertir que la intimación prevista en el decreto

reglamentario (Nº 146/01) no establece ningún requisito formal en cuanto al

contenido de la interpelación, por lo que tampoco podría convalidarse una

forma de proceder que, por vía de una interpretación judicial extremadamente

rigurosa, condujera a prescindir de la aplicación de la ley vigente.

"LISI, ANALÍA L. C/ MONTI, ALBERTO P. S/ RECLAMO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY" (Se. Nº 34 del 18.05.11)


No encontramos en los repertorios de la materia un precedente que haya

declarado la inconstitucionalidad del artículo 132 bis. Desde la sanción de la

norma toda la doctrina ha sido conteste en sostener que el límite temporal

para la aplicación de la sanción al empleador es el momento en que éste

cancele su deuda en virtud de las sumas retenidas, es decir que debe

acreditar fehacientemente el depósito total de las retenciones efectuadas

(conforme Vázquez Vialard: “Ley de Contrato de Trabajo comentada y

concordada”, editorial Rubinzal - Culzoni, año 2005, tomo II, páginas 218 y

sgtes).

“DIRIBARNE, JOSE ENRIQUE C/ T.A.R. S.A. Y OTROS S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. Nº 8 del 28.02.06)


Está fuera de discusión que los jueces pueden reducir, morigerar o dejar sin

efecto la sanción si se paga lo reclamado por el trabajador, lo que deriva de la

naturaleza jurídica del instituto expresamente señalada en su propio texto y en

el artículo 1º del decreto 146 del año 2001.



Esta sanción conminatoria, que está dispuesta en beneficio directo del

trabajador, es acumulativa, es decir, concurre con las indemnizaciones

establecidas por la ley 24013 y por el art. 1° de la ley 25323 en los casos de

contratos no registrados o en los que ha mediado una defectuosa registración

del trabajador al que se le retuvo aportes sin depositarlo a la fecha de extinción

de la relación laboral.



Aunque ponderable, el esfuerzo argumentativo de la Cámara del Trabajo

excede largamente el propósito que persigue. En efecto, si bien coincidimos en

que la situación falencial de la empresa debe imponer un límite de pleno

derecho al devengamiento de la sanción conminatoria prevista en el art. 132

bis de la LCT, pues la finalidad coercitiva que la inspira -tendiente a vencer la

resistencia del deudor remiso- y que se halla implícita en su naturaleza jurídica

pierde su razón de ser ante la imposibilidad de éste de hacer frente a sus

obligaciones corrientes, ello sólo puede ser así en el marco de una situación

concursal fehacientemente establecida, dado que sólo en ésta existe un

estado de cesación de pagos comprobado y declarado judicialmente.



Una vez declarada la apertura del concurso -tal como ha sucedido en autos

durante el trámite de la instancia casatoria (conf. constancia de fs. …)-, la

aplicación de la sanción debe detenerse de pleno derecho en la fecha que allí

se determine como de iniciación de la cesación de pagos. De no ser así, se

afectaría el principio de la “pars condicio creditorum” pues el acreedor de la

sanción conminatoria continuaría incrementando mes a mes su crédito en

detrimento de todos los demás -incluidos los de su misma categoría- mientras

que el deudor -por su situación de impotencia patrimonial judicialmente

comprobada- ya no podría adoptar los recaudos para poner fin al

devengamiento de la sanción.



Teniendo presente la finalidad de la ley, el acogimiento a una moratoria para el

ingreso de los aportes retenidos y no depositados implica, por un lado, el

reconocimiento por parte del demandado de esa deuda y, por el otro, la

voluntad de éste de regularizar tal situación, lo que desplaza el derecho del

trabajador a convertirse en acreedor de una suma que está concebida

precisamente para compeler al empleador renuente a cancelar los aportes

impagos.

“LEIVA, ELIDA MARIELA C/ EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. N° 111 del 08.09.10)


El hecho de que la moratoria se haya celebrado nueve meses después de

haberse practicado la intimación correspondiente, pero un año antes de la

fecha de promoción de la demanda (adviértase que, según lo afirmado por la

actora en su recurso, ésta practicó la intimación el 12.07.07, la demandada

suscribió el plan de pagos con la AFIP el 28.04.08 y la demanda se interpuso

el 13.04.09), lleva a idéntico resultado, porque tampoco tiene ninguna razón de

ser la imposición de una “sanción conminatoria” destinada a vencer una

resistencia que ya no era tal desde antes de iniciada la acción. Es más,

imponer “astreintes” en tales condiciones, sin vinculación alguna con la

finalidad que las inspiran, hasta podría erigirse en un supuesto de abuso de

derecho (art. 1071 del Cód. Civ.).

“LEIVA, ELIDA MARIELA C/ EMERGENCIA MEDICA PRIVADA S.A. S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. N° 111 del 08.09.10)

Extensión de la condena a los socios

• Torp, Agustina c/Álvarez Mónica (Se. Nº 78/08)

• Perego, Mónica c/Medisur S.A. (Se. Nº 17/12)

• Sandoval, Guillermo c/Casas Andinas S.R.L. (Se. Nº 113/12)

Federación1

Federación2

Río NegroSalud

Socio 1

Socio 2

Socio 3

Socio 4

Medisur S.A.

“xx”Persona Física

Compraventa 100% acciones

Compraventa 100% acciones

Transferencia de establecimiento

Perego, Mónica c/Medisur S.A.


• La actuación inexplicable es justamente lo que alienta a pensar que

estamos ante un uso desviado de la figura societaria, pues de otro

modo no se entiende la verdadera causa para la cual fue creada la

sociedad anónima referida si, en realidad, Río Negro Salud no

cambió de mando ni de beneficiarios.

• (Perego, Mónica c/Medisur S.A.)


• Si las federaciones -en tanto asociaciones civiles sin fines de lucro-

estaban impedidas de constituir una sociedad comercial, entonces

la intervención de las personas físicas -comunes tanto a las

federaciones como a la S.A.- terminó sirviendo de mecanismo para

burlar la ley.



• Las diversas maniobras señaladas conforman un cuadro de indicios

o presunciones judiciales suficientes que permiten concluir en la

existencia de un caso de uso desviado de la figura societaria, lo que

justifica la extensión de la responsabilidad a sus socios en forma

solidaria e ilimitada conforme lo normado en el art. 54, párrafo 3, de

la Ley 19550.



• Si se trata de una S.R.L. constituida con un mínimo capital social -más

aun por tratarse de una empresa constructora-, que ha sido conformada

por dos socios -uno de los cuales además la dirige-, quienes -sin

especular acerca del vínculo que pudiera unirlos- al tiempo de conformar

la sociedad compartían el mismo domicilio, que es también el domicilio

legal de la persona jurídica, no resulta absurdo presumir que la creación

de la sociedad ha apuntado a evitar que sus integrantes afronten las

deudas sociales con su patrimonio y permitir que perciban los dividendos,

y que aquella asuma todas las responsabilidades, aunque carezca de

garantía patrimonial para responder.

(Sandoval, Guillermo c/Casas Andinas S.R.L.)


• La responsabilidad solidaria del socio gerente resulta de la existencia de

una sociedad que, si bien legalmente constituida en lo formal, en los hechos

se exhibe descapitalizada o infracapitalizada, y por ello mismo resulta

incapaz de hacer frente a sus pasivos sociales, tal como lo demuestra la

circunstancia de haber consentido la condena y no haberla cumplido ni

haber intentado hacerlo.

• (Sandoval, Guillermo c/Casas Andinas S.R.L.)


• En forma mayoritaria la doctrina nacional y extranjera muestra una

tendencia a que los remedios para combatir la infracapitalización

sustancial se busquen mediante la utilización de la doctrina de la

inoponibilidad de la personalidad jurídica, descorrimiento del velo

societario o disregard of the legal entity.

• (Sandoval, Guillermo c/Casas Andinas S.R.L.)

Solidaridad art. 29 de la LCT: improcedencia

• No hay mera provisión de mano de obra que dé lugar a

la solidaridad del art. 29 de la LCT en los casos de

relaciones interempresariales reales.

• (CARNEVALE, MARCELO ADRIAN C/ LLAO LLAO

RESORTS; Se. Nº 104/10)

Solidaridad art. 29 de la LCT: improcedencia

• En el caso, se trataba del contrato celebrado entre Somos SRL y el hotel Llao Llao

mediante el cual la primera se comprometió a prestarle al hotel un servicio de

informática y mantenimiento, lo que derivó en la contratación del actor para cumplir

dicha tarea. A cambio, la empresa prestadora del servicio cobraba una suma de

dinero en concepto de consultoría y el actor le emitía facturas a esta por su trabajo.

Se descartó estar frente a una mera provisión de mano de obra, ámbito en el que

cabe aplicar el art. 29 de la LCT, sino ante una relación interempresarial real que

podría haber dado lugar a otras consecuencias jurídicas. Así, si al haberse

extinguido el vínculo con Somos SRL se hubiera probado que se había encubierto

una verdadera relación de dependencia con tal empresa, podría haberse discutido si

Llao Llao resultaba solidariamente responsable (art. 30), lo que naturalmente es

distinto que afirmar que revestía la condición de empleadora desde el primer

momento (art. 29).

Solidaridad art. 30 de la LCT

• Decidir acerca de si una actividad delegada forma parte

o no del objeto propio y específico de la empresa

contratante constituye una cuestión que, por su

sustancia fáctica, es propia de los jueces de grado y

ajena a la instancia de legalidad, salvo absurdo.

• CASTAÑEDA, SILVIA S. C/ SÁNCHEZ, JORGE Y OTRA S/ SUMARIO S/

INAPLICABILIDAD DE LEY (Se. N° 52 del 30.07.09)

Solidaridad art. 30 de la LCT

• La empresa prestadora del servicio de telefonía resulta

solidariamente responsable en los términos del art. 30

de la LCT por el despido de un trabajador dependiente

de uno de sus agentes responsables de la venta de

teléfonos celulares.

• CALFIN, PATRICIA B. Y OTROS C/ DISTRIBUIDORA CUYO S.A. Y

OTRA S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY (Se. N° 1/10)

Solidaridad arts. 225/228 de la LCT

• RIFFO JARA, ROSA C/ TRANSPORTES

AUTOMOTORES RÍO S.A. Y OTROS S/ SUMARIO

(Se. Nº 83/11)

• EURO PATAGÓNICA S/ QUEJA en SALAS (Se. N°

57/12)

• EURO PATAGÓNICA S/ QUEJA en CARRASCO (Se.

Nº 58/12)

Acumulación de acciones: doble vía

• GONZALEZ, HECTOR OMAR C/ TERMINAL DE

SERVICIOS PORTUARIOS PATAGONIA NORTE S.A.

S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (Se. Nº 108/11)

• MARIN, ARTURO LISARDO C/ AGROPEZ S.A. Y OTRA

S/ ACCIDENTE DE TRABAJO (Se. Nº 84/12)


• La hibridez del sistema vigente en materia de accidentes y enfermedades

profesionales, producto de una construcción en parte legal y en parte

jurisprudencial, suele acarrear problemas de difícil o imposible solución.

• La doctrina sentada por la CSJN en el precedente “LLOSCO”, del

12.06.2007 autoriza que, luego de transitadas las instancias de la Ley

24557, pueda formularse la demanda en reclamo de la “reparación integral”

con fundamento en las normas del derecho común, lo que ha dado origen a

una doble vía reparatoria que abre a su vez la posibilidad de que el grado

de incapacidad sea ponderado por la Comisión Médica y por el perito

designado en sede judicial a partir de criterios de notable disparidad.


• Una alternativa de solución para evitar soluciones contradictorias ha sido la

de atribuirle al dictamen de la Comisión Médica -o a la sentencia dictada en

sede de la Justicia Federal- la proyección de efectos de “cosa juzgada” para

los fines de la acreditación del grado de incapacidad en el otro juicio

posterior.

• Tal fue la posición asumida -en minoría- por el doctor Miguel Ángel Maza

en la causa “Guidoni, Oscar Raúl vs. Cerámica San Lorenzo Industrial y

Comercial S.A. y otro s. Accidente - Acción civil”, fallada el 29/05/2009 por

la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.


• Los actos que dictan las Comisiones Médicas en el marco regular del procedimiento instaurado

por dicha norma constituyen actos jurisdiccionales que, mientras no sean objeto de nulificación,

gozan de los atributos de la cosa juzgada en la medida que no sean modificados o revocados

mediante el sistema recursivo organizado por el mismo plexo normativo que les dio lugar.

• El viejo apotegma de que la cosa juzgada exige ineludiblemente la tradicional triple identidad (de

partes, objeto y causa) ha sido aminorado por una más moderna visión del instituto. El art. 347

inc. 6 del CPCCN, con el agregado que le efectuara la Ley 22.434, admite la procedencia de la

cosa juzgada cuando se demuestre que se trata del mismo asunto o que, por existir continencia,

conexidad, accesoriedad o subsidiariedad, la sentencia firme ya ha resuelto lo que constituye la

materia o la pretensión deducida en el nuevo juicio que se promueve.

• (Del voto del doctor Maza en la causa citada)


• En salvaguarda del derecho de defensa, la mejor alternativa es

asignarle al porcentaje de incapacidad ya establecido un efecto

orientador pero no necesariamente vinculante y someter al criterio

fundado del juez la búsqueda de una solución que evite consagrar

resultados injustificadamente contradictorios. Así, en caso de que

las constancias probatorias lo lleven a apartarse de aquel en una

medida significativa, deberá fundarlo adecuadamente en los

términos que exige el art. 200 de la Constitución Provincial.-

Cuantificación del daño

• Para la cuantificación del daño en la órbita de la responsabilidad civil,

tradicionalmente la jurisprudencia laboral recurrió a una fórmula financiera

desarrollada por la Sala III de la CNATrab. en el conocido caso “Vuoto, Dalmero v.

AEGT Telefunken” (sent. del 16.06.78), que consiste en determinar un capital que,

colocado a una tasa de interés, permite al trabajador damnificado retirar

mensualmente un importe equivalente al desgaste del sueldo que verosímilmente

puede ocasionarle el porcentaje de incapacidad que padece, durante el tiempo de

vida que le resta hasta el momento de lograr el derecho a la jubilación, momento en

el cual el referido capital queda agotado por los retiros mensuales efectuados hasta

entonces.


• A raíz de las críticas a esa fórmula efectuadas por la CSJN en la causa “Arostegui”

(del 08.04.08, Fallos 331:570), la misma Sala III de la CNATrab. readaptó su doctrina

y le introdujo los cambios que surgen del fallo “Méndez” (del 28.04.2008). Lo propio

hizo el STJRN en la causa “PÉREZ BARRIENTOS, David del Carmen c/ ALUSA S.A.

y Otra s/ Sumario s/ Inaplicabilidad de Ley” (Se. Nº 108 del 30.11.09), pero de todos

modos dejó a salvo que el procedimiento de cálculo allí desarrollado de ninguna

manera debía interpretarse como la consagración de un criterio rígido de aplicación

automática de la fórmula -o de cada una de sus variables- en todos los casos de

accidentes o enfermedades profesionales, con total desatención o prescindencia de

sus circunstancias particulares.


• C = A x (1 - Vn) x 1 x % de incapacidad

i

Vn = 1 / (1 + i) ^n

Cuantificación del daño: Ingreso a computar (A)

• A partir de la crítica de “Arostegui” acerca de “que la fórmula

congela el ingreso de la víctima”, se estima que aproximadamente a

los 60 años de edad el trabajador medio ha culminado su desarrollo

laboral y su ingreso se halla estabilizado hacia el futuro; en

consecuencia, el “ingreso a computar” resulta de multiplicar el

ingreso anual por 60 y dividirlo por la edad (tope de 60 años).

• (PÉREZ BARRIENTOS, David del Carmen c/ ALUSA S.A. y Otra)

Cuantificación del daño: tiempo que resta hasta alcanzar 75 años (n)

• En lo que hace a la edad tope con la que se aplica la fórmula, se

introduce una modificación elevándola de 65 a 75 años, teniendo en

cuenta el fin de la “vida útil” de la víctima, y que la presupuesta

merma de salario que el trabajador sufre como consecuencia de su

incapacidad laboral se reflejará, en la etapa pasiva, en su haber

previsional.

• (PÉREZ BARRIENTOS, David del Carmen c/ ALUSA S.A. y Otra)

Cuantificación del daño: tasa de interés (i)

• A diferencia de lo resuelto por la CNATrab. en la causa

“Méndez”, el STJRN mantuvo la tasa de interés del 6%

anual de la fórmula original.

• PÉREZ BARRIENTOS, David del Carmen c/ ALUSA S.A. y Otra


• Sin perjuicio de la facultad de los jueces de grado de fijar las indemnizaciones que se ajusten a la justicia del caso concreto, la utilización de fórmulas otorga mayor seguridad jurídica a empleadores y aseguradoras, facilita la autocomposición del conflicto y permite arribar a soluciones con menor desgaste jurisdiccional y mayor prontitud, todo lo cual se logra mediante la aplicación de un criterio uniforme.

• PROV. DE R.N. s/ QUEJA en: PALACIOS, CARLOS c/ HORIZONTE (Se. N° 48/11).

• DA SILVA, IRENE s/ QUEJA en: DA SILVA, IRENE c/ COOPERATIVA AGRÍCOLA GANADERA (Se. N° 51/11).

Responsabilidad civil de la A.R.T.

Si bien -en principio- las aseguradoras de riesgos del trabajo no deben

responder más allá de los límites de la cobertura emergente del seguro

contratado, nada obsta a que si hubo daño sufrido por un empleado a raíz de

un accidente de trabajo y se puede establecer la existencia de una relación

causal entre este y una inactividad o deficiente actividad controladora de la

aseguradora, ella pueda y/o deba ser responsabilizada en los términos del art.

1074 del Código Civil.

“INFANTE, JUAN H. C/ MUNICIPALIDAD DE EL BOLSÓN S/ SUMARIO S/ INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. N° 34 del 12.06.14)


La responsabilidad de la A.R.T. comprende la obligación de abonar a la víctima

del infortunio -o a sus derechohabientes- el resarcimiento pleno con base en la

normativa civil e independientemente del otorgamiento de las prestaciones en

especie de la L.R.T. Se trata de un supuesto de responsabilidad

extracontractual subjetiva frente al trabajador o sus derechohabientes, en el

que se debe probar la culpabilidad en sentido amplio, es decir, abarcativa del

dolo o de la culpa, por omisión de la A.R.T. y su intervención en el nexo

causal.



El obrar omisivo ilícito de la aseguradora introdujo una condición eficaz y relevante para

la producción del daño. En consecuencia, entre aquel y este se configura un nexo causal

adecuado -aunque no excluyente- que nos permite tener por reunidos los presupuestos

de admisibilidad de la pretensión resarcitoria. El relato de los hechos que la Cámara

tiene por acreditados para fundar su condena al municipio pone en evidencia una

situación de precariedad e inseguridad en el trabajo que no pudo ser soslayada por la

A.R.T., que recién con posterioridad al siniestro realizó una visita al establecimiento. Las

numerosas recomendaciones que entonces realizó no hacen más que exteriorizar la

trascendencia jurídica de su obrar omisivo ilícito anterior y su decisiva intervención en la

producción del siniestro y/o extensión de sus consecuencias dañosas.



En el caso dado, la omisión de la A.R.T. respecto de sus deberes de

información, visitas periódicas de control de cumplimiento de las normas de

prevención, definición de medidas correctivas para reducir los riesgos

identificados, capacitación, etc., fue una condición adecuada para que el daño

se produjera, aun cuando su causa activa haya correspondido al empleador.

En dicho contexto, con sustento en los arts. 512, 901 a 906, 1074 y ccdtes. del

Cód. Civ. y en conformidad con la doctrina de la C.S.J.N. en la causa “Torrillo”

(Fallos 332:709), corresponde hacer lugar al recurso y condenar

solidariamente a Provincia A.R.T.


Tope indemnizatorio de la L.R.T.: inconstitucionalidad

Una norma es incostitucional cuando pierde razonabilidad al verse alteradas

las condiciones de hecho con base en las cuales fue dictada.

Eso es lo que sucede en el sub-exámine, teniendo en cuenta que la

operatividad del tope reduce en un 70% el monto de la repración, lo que

excede en mucho la pauta utilizada por la CSJN en el conocido caso “Vizzoti”

(del 14.09.04), en el que sostuvo que la operatividad de los topes solo es

razonable si el importe resultante no implica una merma de más del 33%.

“GAMBOA, SERGIO G. C/ PREVENCIÓN A.R.T. S.A. S/ ORDINARIO S/

INAPLICABILIDAD DE LEY” (Se. N° 11 del 25.02.14)


A medida que se fueron incrementando los salarios de los trabajadores durante

los casi nueve años en que rigió el tope del Decreto 1278/00 (desde dic./00 a

nov./09), lo que fue elevando el “ingreso base mensual” de la fórmula del art.

14.2.a de la L.R.T. y consecuentemente el resultado final obtenido como monto

indemnizatorio, también fue aumentando la incidencia relativa del tope legal de

$ 1.800 por punto de incapacidad que permaneció fijo e inamovible.

Ello hizo que, con el correr del tiempo, paulatinamente el tope fue alcanzando

cada vez más a trabajadores que, por su categoría profesional y con idéntico

porcentaje de incapacidad, inicialmente habrían estado exceptuados de su

aplicación.

“GONZÁLEZ, MARÍA I. C/ PROFRU ART S/ ORDINARIO S/



Hay una diferencia sustancial con el tope del art. 245 de la L.C.T. -que la CSJN

declaró inconstitucional en el caso “Vizzoti” cuando su aplicación conduce a

una merma del crédito del trabajador superior al 33%-, pues allí el límite a la

base de cálculo de la indemnización por antigüedad está dado por tres veces

el importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las

remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo al momento del

despido, lo que da la pauta de que se trata de un tope que se ajusta cada vez

que se incrementan las remuneraciones del convenio aplicable.




Tiempo después del infortunio de la actora -acaecido el 14.04.08- se dictó el

Dec. 1694/09 del 06.11.09, aplicable a los siniestros sucedidos con

posterioridad a su entrada en vigencia, el cual eliminó los topes del Dec.

1278/00 y los convirtió en “pisos mínimos”. Del mismo modo, poco tiempo

después de que se dictara la sentencia de Cámara -fechada el 12.04.12- se

sancionó la Ley 26773 (B.O. Del 26.10.12), que dispuso que los pisos mínimos

establecidos en el Dec. 1694/09 se deben incrementar conforme con la

variación del índice RIPTE, todo lo cual puede válidamente interpretarse como

el reconocimiento estatal de que el sistema anterior se había vuelto injusto.



L.R.T.: aplicación en el tiempo

En función de los fallos de la CSJN en las causas “Caja Nac. De Ahorro y

Seguro” del 28.05.91 (Fallos 314:481) y el precedente allí citado “Luna” (Fallos

312:1234) y los posteriores “Mendoza Reyes” (Fallos 321:45) y “Lucca de Hoz”

del 17.08.10 (Fallos 333:1433), debe colegirse que lo decidido por la Cámara

en el sentido de declarar aplicable el Dec. 1694/09 (B.O. 06.11.09) para

resolver en la causa promovida a raíz de un siniestro ocurrido el 28.10.08

supone un supuesto de aplicación retroactiva de la ley, en franca violación al

debido proceso y la defensa en juicio.

“CARBALLO, EDGAR E. C/ LA CAJA ART S/ APELACIÓN S/


“Burn out” como enfermedad profesional

• MALDONADO, LIDIA BEATRIZ C/ COMISIÓN MÉDICA

Nº 9 (Se. Nº 88/10)

• GIAVEDONI, MARÍA L. C/ PROVINCIA A.R.T. (Se. Nº

101/10)

• AGOSTINO, CARMEN L. C/ PROVINCIA A.R.T. (Se. Nº

102/10)

“Burn out” como enfermedad profesional

• Para otorgarle carácter de “enfermedad profesional”, se entendió

que así como el art. 6 inc. 2.b) de la L.R.T. faculta a la Comisión

Médica Central a determinar como tales aquellas patologías que,

pese a no hallarse incluidas en el listado, de todos modos han sido

provocadas por causa directa o inmediata de la ejecución del

trabajo, también debe considerarse esa facultad como una

prerrogativa propia del Poder Judicial.

Mobbing

• Daño indemnizable en si mismo

– BRONZETTI NUÑEZ, ANDRÉS OSCAR C/ FUNDACIÓN

BARRERA ZOOFITOSANITARIA PATAGÓNICA (FUN.BA.PA)

– ORTIZ, ALFREDO C/ M.S.C.B. (Se. Nº 36/12)

• Injuria

– DUFEY, ROSARIO BEATRIZ C/ ENTRETENIMIENTOS

PATAGONIA SA (Se. Nº 37/12)

• Daño e injuria

– ALVARADO, PATRICIA EDITH C/ S.A. IMPORTADORA Y

EXPORTADORA DE LA PATAGONIA (Se. Nº 110/12)

DERECHO DEL TRABAJO “Criterios jurisprudenciales del STJRN en materia laboral” Octubre de 2014.

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