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No es nuevo que la psiquiatría cubra las fallas dellegislativo. La medicalización de la locura, ori-gen de la psiquiatría, va a permitir un nuevo

estatuto del trastorno mental, esencial en una sociedadcontractual. El dictamen psiquiátrico -internamiento,imputabilidad, tutela, curatela- complementa el ordena-miento jurídico.La interrupción voluntaria del embarazo en España,vuelve a situar a la psiquiatría en el lugar de suplir lasfallas del legislador. De las tres circunstancias que des-penalizan el aborto la única que permite, en la mayoríade las ocasiones, a la embarazada llevar a cabo el deseoo la decisión, apremiada por la necesidad, de interrum-pir el embarazo es “encontrarse en grave riesgo deenfermar psíquicamente”.Estos son los tres supuestos (Ley Orgánica 5 julio1985, número 9/85):1. Que sea necesario para evitar un grave peligro para

la vida o la salud física o psíquica de la embarazaday así conste en un dictamen emitido con anteriori-dad a la intervención por un médico de la especiali-dad correspondiente, distinto de aquél por quien obajo cuya dirección se practique el aborto. En casode urgencia por riesgo vital de la gestante, podráprescindirse del dictamen y del consentimientoexpreso.

2. Que el embarazo sea consecuencia de un hechoconstitutivo de delito de violación del artículo 429,siempre que el aborto se practique dentro de lasdoce primeras semanas de gestación y que el men-cionado hecho hubiese sido denunciado.

3. Que se presuma que el feto habrá de nacer con gra-ves taras físicas o psíquicas, siempre que el abortose practique dentro de las veintidós primeras sema-nas de gestación y que el dictamen, expresado conanterioridad a la práctica del aborto, sea emitido pordos especialistas de centro o establecimiento sanita-rio, público o privado, acreditado al efecto, y distin-tos de aquel por quien o bajo cuya dirección sepractique el aborto.

La incertidumbre legal, la hipocresía social, trasladanel problema a las filas de los psiquiatras, que seencuentran con el dilema de:a) aceptar que en determinadas circunstancias, llevar a

cabo un embarazo no deseado supone un grave pro-blema para la salud mental de la embarazada y, portanto, facilitar con su informe la interrupción volun-taria del embarazo;

b) considerar que existen más riesgos para la salud enel caso de interrumpir voluntariamente el embarazo;

c) por último, quien simplemente se inhibe declarán-dose objetor de conciencia.

El hecho es que la mujer que, por las razones que sean,desea libremente abortar no tiene, muchas veces, másremedio que convertirse en “enferma mental”. Unapotencial enferma mental que deberá acudir a una clí-nica privada, pues el mapa sanitario público del abortoes muy reducido gracias a la beligerancia antiaborto dealgunos jueces y la violencia de los movimientos Pro-Vida. Unos y otros han sembrado suficiente miedoentre los psiquiatras y ginecólogos para reducir la posi-bilidad de los abortos en la sanidad pública a unospocos centros en todo el territorio nacional1.No pretendemos introducir un debate sobre la patologíade la IVE. En la literatura psiquiátrica hay suficientesestudios.El consejo editor y de redacción de la revistaPsiquiatría Pública, no pretende en estas páginas sinodenunciar una sentencia que condena a la psiquiatraNorma Giménez Pinos, y sumarse a todos los compa-ñeros (Asamblea de la Asociación Madrileña de SaludMental, carta declarándose autores de informes seme-jantes de socios de la Asociación Española deNeuropsiquiatría). El debate no es médico: es un deba-te social, ciudadano, político. Y es un debate cerrado,con posiciones claras. El legislador tiene la palabra.Pero, entretanto, los jueces no pueden usar la psiquia-tría según les conviene a sus creencias religiosas o polí-ticas.Este es el sentido del artículo de Guillermo Rendueles,perito de la defensa en el caso mencionado y colabora-dor de Psiquiatría Pública, que publicamos a continua-ción, (consejo de redacción).

DEBATE

Denuncia de una sentencia: aborto y psiquiatría

1 Sin embargo, la dimensión social y humana del problema puedeverse, por ejemplo, y de ahí la dificultad de la decisión del psiquia-tra, en que, según estudios recientes, cerca de la mitad de las emba-razadas españolas menores de 20 años abortan.

El último año tuve que actuar como perito de ladefensa en dos juicios por aborto en la AudienciaProvincial de Oviedo contra la psiquiatra Norma

Emma Giménez Pinos que, según dicen los papeles,tiene ya 52 años y es natural de Río Gallegos(Argentina).Aunque la acusación era la misma -aborto sin circuns-tancias modificativas-, los resultados no pudieron sermás dispares: absolución en el primero, condena a unaño de prisión y a dos de inhabilitación en el segundo,y en los dos aparece citada mi peritación para apoyaren uno la absolución y, en otro, la condena.Desde luego, no aspiro a descifrar los vericuetos men-tales que lleven a resolver ese misterio, sino a plantearun debate teórico-práctico respecto al triste papel quelos psiquiatras solemos representar en unos juegos depoder donde el oportunismo político de un gobiernoque, como el anterior, es incapaz de legalizar el abortopor cobardía, pero deseoso de quedar bien con los gru-pos feministas, hace un guiño progresista murmurandoimplícitamente “la ley, por necesidades electorales, esrestrictiva, pero deja abierta la puerta para que los psi-quiatras -ya se sabe, de los nuestros-, firmen certifica-dos en barbecho del supuesto riesgo psíquico, con loque, en la práctica y por la puerta de atrás, legalizamosel aborto”.Enfrente, la más oscura reacción judicial, rastreando lacoincidencia de un novio despechado que denuncie,algún forense de la obra más cercano a Torquemadaque al dulce Rabí de Galilea, que exhortó a no tirar pie-dras, y alguna incoherencia formal en el informe deindicación de IVE para ajustar cuentas con lo que lla-man el mundo abortista y condenar a quien le toque lalotería al revés, como a Giménez Pinos, apenas querompen la vida profesional.Esa es, a mi juicio, la primera reflexión sincera quetodo profesional no objetor debe hacer y que yo hagoen primera persona: a mí también me podía haber toca-do acabar en el banquillo, porque los hechos probadosque recoge la sentencia son similares a la mayoría de

informes que todos hacemos ya que, según laAudiencia Provincial “con los síntomas de ansiedad,equivalentes somáticos de angustia, insomnio, emesis,mareos y dolor abdominal”, la psiquiatra era plena-mente consciente de la ausencia de sintomatología queaconsejara la práctica de un aborto terapéutico en unajoven que, como recoge en otro apartado la sentencia,“tiene 18 años, es soltera y en función de su situaciónsocial y económica no quiere continuar el embarazo”.La sentencia hace referencia también al alto grado dereprochabilidad que merecen conductas como lasenjuiciadas en las que “con manifiesto desprecio de lalegislación vigente y cumpliendo sólo los requisitosformales, se burla el espíritu de la misma”, y que yocreo fue clave en el ensañamiento de condenar de pasoal ginecólogo por no darse cuenta de la falsedad deldictamen psiquiátrico en una pirueta dialéctica difícilde igualar: cuando uno reciba un informe del otorrinosobre un sordo, mejor da una palmada, no sea que eldiagnóstico sea falso y el juez te empapele.Respecto a la psiquiatra, ya puesta la Audiencia a hacerdiagnóstico diferencial, nada mejor que terminar lafaena negando la posibilidad de error vencible o inven-cible afirmando la consciente y voluntaria invención deuna indicación inexistente “según ha puesto de relievela pericial médico forense, como la psiquiátrica pro-puesta por la propia defensa” (¡qué mal debí explicar-me aquella mañana!).Finalmente, la sentencia resuelve un viejo dilema psi-quiátrico respecto a la normalidad, al considerar “quelos síntomas de neurosis de angustia, ansiedad, insom-nio, son absolutamente normales, predecibles y espera-bles en cualquier joven de 18 años que se quedaembarazada de su novio y que carece de antecedentespsiquiátricos”.El cierre de esta primera reflexión no puede ser máspráctico y sencillo: la legislación actual sobre abortoes, para la psiquiatría, una NORMA PERVERSA en elsentido de que es una de esas normas que nunca secumple y que, por transgredirla todo el mundo -como el

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Aborto: jueces, políticos y psiquiatras

G. RENDUELES OLMEDO

Médico PsiquiatraCentro de Salud Mental. Gijón (Asturias)

no fumar en consulta los médicos-, crea desmoraliza-ción en su entorno, ya que únicamente se sanciona deforma azarosa a un mínimo de transgresores, mientrasel resto continúa en una ambigüedad que se transmiteal resto del sistema. Los psiquiatras somos especial-mente crédulos en astenias que permiten invalidarselaboralmente o en justificar vicios o incontinenciasmorales como enfermedades.De ahí que este caso concreto exija medidas solidariasrápidas que nos hagan salir de ese papel ambiguo decrédulos respecto a simuladores o cómplices para cri-minales, deshaciendo ese Estatuto de Tutela respecto ala mujer que patologiza decisiones que, como ha seña-lado Josefina Mas, no tienen por qué vivirse en clavepsiquiátrica: el aborto es una decisión libre de quien latoma y no una enfermedad, y plantear dicha decision dela mujer sin ningún permiso médico o social nos per-mitiría a quienes hoy somos solidarios y militantes afavor de las víctimas, expresar íntimos melindres sobreel aborto, como es mi caso.La reflexión general que este caso nos trae, se amplia-ría al brutal proceso de judicalización que la psiquiatríaha sufrido en el siglo y cuya genealogía no está de másresaltar como buscada y lograda, como fruto de una“Campaña Forense” iniciada a primeros de siglo porlos psiquiatras ilustrados para librar del garrote vil acriminales locos, a locos criminales y a locos que no loparecen, como titulaban sus opúsculos los paladines delprogresismo intervencionista.Y la verdad es que la psiquiatría está a punto de morirde éxito, ya que, como dice Foucault, no sólo no hayjuicio penal que no comienza por una peritación res-pecto a cuanto de criminal o cuanto de loco tiene el reo,sino que prácticamente todo el sistema de vigilar y cas-tigar se ha psiquiatrizado. En tal sentido, los jueces no

juzgan en el sentido antiguo de hacer corresponder unaconducta con una figura penal, sino que tratan de inser-tar el delito en la biografía del delincuente para com-prender y facilitar el mejor lugar de reinserción, y loscriterios de entrar y salir de las cárceles tienen que vermás con la rehabilitación o la peligrosidad que con laconducta y la culpa.El verbo castigar también ha desaparecido de las cár-celes, donde los carceleros también rehabilitan a lospresos -perdón, internos- con técnicas psicopedagógi-cas, que también consisten en colocarlos en circuitos desemilibertad o semiprisión, que se gradúan en funciónde unos etéreos criterios de peligrosidad.A cambio, todo el sistema de cuidados psiquiátricos haformado un bloque de vigilancia y control de riesgos,en los que se le exige ser un eslabón más de la cadenadisciplinaria: condenas a tratamiento en toxicomanías,obligación de informar periódicamente al juzgado, eva-luaciones continuas de infancia peligrosa o en peligrose multiplican a velocidad vertiginosa en la psiquiatríasocial.Y, creo yo, es buena ocasión ésta de la solidaridad conla compañera condenada por aborto, para recordar unavieja palabra conjugada en aquel mayo de mis amores,que se llamaba DESPSIQUIATRIZAR y empezar conuna campaña opuesta a la de nuestros abuelos para huirde los espacios judiciales, carcelarios o pedagógicos,para evitar que cuando los de arriba -políticos, jueces-no sepan cómo responder ante un dilema, jueguen a lostrileros y desplacen el problema desde el plano moral-abortar puede ser pecado para quien así lo crea, perono delito- o disciplinario, hacia ese campo de lo íntimoque nos hace especialistas en simulación o comprensi-vos consejeros del amo.

Debate. Aborto: jueces, políticos y psiquiatras

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