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DEFENSOR/A DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
TÍTULO I
Creación. Misiones. Funciones. Atribuciones
ARTÍCULO 1. — CREACION. Créase la figura del/la Defensor/a de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Será un órgano
unipersonal e independiente con personería jurídica, legitimación procesal y autonomía
funcional y financiera. Ejerce las funciones establecidas por la presente ley sin recibir
instrucciones de ninguna autoridad.
ARTÍCULO 2. — MISIONES. Es misión del/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás
derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de niños, niñas y
adolescentes habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, amparados en la
Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la
Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos u omisiones de autoridades públicas
y/o de particulares. Quedan comprendidos también los actos de naturaleza administrativa de
los poderes Judicial, Legislativo y de los Órganos de Control.
Asimismo, es misión del/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
la supervisión y auditoría de la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito local y su articulación con los demás Sistemas de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes a nivel municipal, provincial
y/o federal.
ARTÍCULO 3.- DEFINICIÓN. A los efectos de la presente ley y en consonancia con el marco
jurídico vigente, se entenderá por “niña, niño y adolescente habitante de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires” a toda aquella persona menor de 18 años que cumpla con al
menos una de las siguientes condiciones: a) Que posea domicilio dentro del territorio de la
Ciudad; b) Que se encuentre dentro del territorio de la Ciudad de manera transitoria o
permanente; c) Que se encuentre alojado por disposición de autoridad estatal en
instituciones públicas o privadas sujetas al control del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y/o conveniadas con éste.
ARTÍCULO 4. — FUNCIONES. Son funciones del/la Defensor/a de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes:
a) Recibir y dar curso urgente a todo reclamo formulado por cualquier niño, niña o
adolescente como así también a toda denuncia que involucre a una persona menor de
18 años, realizada por cualquier medio. En ningún caso en que el reclamo sea
presentado por una persona menor de 18 años de edad se requerirá el
consentimiento y/o participación de adulto responsable para dar curso a la denuncia
recibida. No constituye impedimento ni restricción alguna para ello la nacionalidad, la
falta de documentación identificatoria, el lugar de residencia y/o la institucionalización
permanente o transitoria en instituciones de albergue, comunidades terapéuticas,
hospitales y centros de salud -públicos o privados-, y/o cualquier centro de privación
de la libertad. Ningún tipo y/o canal de comunicación instado por el/la Defensor/a de
Niñas, Niños y Adolescentes en ejercicio de sus funciones, puede ser objeto de
censura alguna.
b) Ejercer la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás
derechos, garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de niños, niñas y
adolescentes, tutelados en la Constitución Nacional, los Instrumentos Internacionales
de Derechos Humanos, la Constitución de la Ciudad y las leyes, frente a los actos u
omisiones de autoridades públicas y/o de particulares, promoviendo acciones
administrativas y judiciales en todos los fueros, inclusive el Federal. Quedan
comprendidos también los actos de naturaleza administrativa de los poderes Judicial,
Legislativo y de los Órganos de Control.
c) Actuar en cualquier juicio, instancia y/o tribunal local, nacional y/o internacional en
resguardo de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses
individuales, colectivos y difusos de niños, niñas y adolescentes.
d) Supervisar y auditar la aplicación del Sistema de Protección Integral de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes en el ámbito local y su articulación con los demás
sistemas de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel
municipal, local y/o federal.
e) Monitorear y fiscalizar sistemática e integralmente las unidades de privación de
libertad, las entidades públicas, privadas y conveniadas con el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires que se dediquen a la atención de las niñas, niños y/o adolescentes,
sea albergándolos en forma transitoria o permanente, sea prestando servicios que
involucren a los mismos, debiendo denunciar ante las autoridades competentes
cualquier irregularidad que amenace o vulnere sus derechos.
f) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las niñas, niños y adolescentes y a
su grupo familiar, informándolos acerca de los recursos públicos, privados y/o
comunitarios existentes a los que pueden recurrir dependiendo del caso en particular.
g) Elaborar y publicar regularmente informes de monitoreo de políticas públicas que
atañan a la satisfacción de los derechos humanos y demás derechos, garantías e
intereses individuales, colectivos y difusos de niños, niñas y adolescentes habitantes
de la Ciudad de Buenos Aires.
h) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y/o acciones realizadas.
i) Garantizar la publicidad de todos sus dictámenes y el acceso irrestricto de cualquier
ciudadana/o a los mismos.
j) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes. Por su parte,
estos tienen la obligación de comunicar a el/la Defensor/a de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes el resultado de las acciones realizadas.
k) Garantizar el acceso a la justicia a través de la presentación de acciones individuales
o colectivas en el caso que se vean vulnerados los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
l) De forma complementaria con lo mencionado en los incisos anteriores, podrá formular
recomendaciones y/o propuestas frente a los actos u omisiones de autoridades
públicas y/o de particulares, sobre cuestiones objeto de su competencia. Si dentro del
plazo de los diez (10) días la autoridad administrativa afectada no produce una
medida adecuada o no informa respecto de las razones que estime para no adoptarla,
el/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe poner en
conocimiento del Ministro o Secretario del área, o de la máxima autoridad de la
entidad involucrada, los antecedentes del asunto y las recomendaciones propuestas.
Si tampoco así obtiene una justificación adecuada, debe incluir tal asunto en su
informe anual o especial a la Legislatura, con mención de los nombres de las
autoridades o funcionarios que hayan adoptado tal actitud.
ARTÍCULO 5.- ATRIBUCIONES. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes cuenta con las siguientes atribuciones:
a) Solicitar vista de expedientes, informes, documentos, antecedentes y todo otro
elemento que estime útil a los efectos de la investigación, aun aquellos clasificados
como reservados o secretos, sin violar el carácter de estos últimos.
b) Requerir, para el mejor cumplimiento de sus funciones en el ámbito de su
competencia, informes a los organismos públicos, a los servicios estatales y privados
y a los particulares.
c) Realizar inspecciones a oficinas, archivos y registros de los entes y organismos bajo
su control.
d) Solicitar la comparecencia personal y colaboración institucional de los presuntos
responsables, testigos, denunciantes y de cualquier particular o funcionario que
pueda proporcionar información sobre los hechos o asuntos que se investigan. El
incumplimiento de lo prescrito anteriormente, es causal de mal desempeño y falta
grave, quedando habilitado el/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes para propiciar la sanción administrativa pertinente, sin perjuicio de las
acciones penales que puedan corresponder.
e) Ordenar la realización de los estudios, pericias y la producción de toda otra medida
probatoria conducente al esclarecimiento de la investigación.
f) Fijar los plazos para la remisión de informes y antecedentes y para la realización de
diligencias.
g) Requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de su labor de
investigación.
h) Solicitar, para la investigación de uno o varios casos determinados, el concurso de
empleados y funcionarios de la Administración.
i) Requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación
que le hubiere sido negada.
j) Proponer la modificación o sustitución de normas en general, como así también de
criterios administrativos.
k) Asistir a las comisiones y/o juntas de la Legislatura, en las cuestiones relativas a su
incumbencia con voz pero sin derecho a voto.
l) Dictar el Reglamento Interno, nombrar y remover a sus empleados y proyectar y
ejecutar su presupuesto.
m) Determinar la estructura orgánico-funcional, la dotación de personal permanente y
transitorio, el nivel de sus remuneraciones y el régimen de concurso público abierto
por el cual se selecciona al personal permanente.
ARTÍCULO 6.- LEGITIMACIÓN. El/la Defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes tiene
iniciativa legislativa y legitimación procesal para intervenir en todos los fueros locales,
nacionales e internacionales en resguardo de los derechos humanos y demás derechos,
garantías e intereses individuales, colectivos y difusos de niños, niñas y adolescentes.
Tiene legitimación procesal para interponer la acción prevista por el art. 113, inc. 2), de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus normas reglamentarias, contra
la validez de leyes, decretos y cualquier otra norma de carácter general emanada de las
autoridades de la Ciudad, anteriores o posteriores a la sanción de la Constitución de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para determinar si son contrarias a la misma o a la
Constitución Nacional.
ARTÍCULO 7.- ACCESO A LA JUSTICIA. A los fines de ampliar los medios para ejercer
reclamos y/o denuncias, se deberá poner a disposición del público en general de manera
inmediata, gratuita y permanente, un servicio telefónico y una casilla de correo electrónico,
como así también todo otro medio de contacto utilizado habitualmente por niñas, niños y
adolescentes. Asimismo, se deberá propender a la descentralización de los servicios de esta
institución, asignando prioridad a las zonas con mayores índices de vulnerabilidad social.
Todas las instituciones públicas o privadas que brinden servicios a personas menores de 18
años, deberán colocar en un lugar sumamente visible un letrero de un tamaño mínimo de
OCHENTA CENTIMETROS (0.80 cm) por CINCUENTA CENTIMETROS (0.50 cm) con el
consiguiente texto: “Si tenés menos de 18 años y querés informarte, reclamar o denunciar
por tus derechos, acercate al/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes” (Dirección más cercana de la institución. Números de teléfono gratuitos,
casilla de correo electrónico y todo otro medio de contacto que a tal efecto establezca el/la
Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Horarios de atención.)
ARTÍCULO 8.- PUBLICIDAD. A los fines de que el/la Defensor/a de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes pueda dar publicidad a los servicios que brinda, a las acciones
que implementa y a los resultados de las mismas, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a través de los organismos competentes deberá garantizar a éste, espacios permanentes en
los medios masivos de comunicación audiovisuales y gráficos en todos sus formatos.
TÍTULO II
Designación. Cese y condiciones
ARTÍCULO 9 — DESIGNACION. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes es propuesto por las/os legisladores/as del partido político o alianza opositora
con mayor representación numérica en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es
designado por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, en sesión
especial y pública convocada a tal efecto con diez (10) días de anticipación.
ARTÍCULO 10. — REQUISITOS PARA SU ELECCION. El/la Defensor/a de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes, debe reunir las condiciones establecidas para ser
legislador/a y goza de iguales inmunidades y prerrogativas, debiendo acreditar además
idoneidad y especialización en la defensa y protección activa de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. Le alcanzan las inhabilidades e incompatibilidades de los jueces.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su designación y antes de tomar posesión del
cargo, el/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe cesar en
toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo.
En ningún caso, el/la candidata/a a Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes podrá ser un/a legislador/a de la Ciudad de Buenos Aires en ejercicio de su
mandato.
ARTÍCULO 11. — PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN. El procedimiento para la propuesta
de el/la candidato/a tiene por objeto generar un ámbito participativo que coopere en la
valoración de la idoneidad moral, técnica y jurídica e independencia de criterio del mismo. Se
propiciará especialmente la participación activa de niñas, niñas y adolescentes.
Propuesto el/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes conforme lo
establecido en el Art. 9, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debe publicar en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, durante cinco (5) días, el nombre y los
antecedentes curriculares completos de la persona que se encuentre en consideración para
la cobertura del cargo.
La Legislatura debe difundir en el sitio web oficial del cuerpo (http://www.legislatura.gov.ar/)
los antecedentes curriculares completos del candidato, con el objeto de evaluarse
objetivamente sus condiciones y posibles incompatibilidades.
Asimismo, durante dos (2) días se publicará en los dos diarios de mayor circulación de la
Ciudad y en los dos programas televisivos de mayor audiencia de niñas, niños y
adolescentes, el nombre de el/la candidata/a, el cargo para el que es propuesto y la
indicación del sitio web antes mencionado para el acceso a los antecedentes curriculares.
Cualquier persona podrá formular impugnaciones, observaciones y adhesiones respecto de
el/la candidata/a propuesto, debe hacerlo por escrito en los siguientes diez (10) días luego
de finalizados los cinco (5) días de publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, bajo su firma y fundando su presentación en circunstancias objetivas que puedan
acreditarse por medios fehacientes. En ningún caso, la edad será un limitante al efecto.
Vencido el plazo previo, el/la candidato/a tiene acceso inmediato a las presentaciones, y
podrá responder las objeciones dentro en plazo de tres (3) días.
El día hábil inmediatamente posterior al cumplimiento del plazo previo, la Comisión de
Asuntos Constitucionales y la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, debe
celebrar la audiencia pública con la participación de el/la candidato/a, a efectos de
considerar las impugnaciones.
La totalidad de las publicaciones mencionadas en el presente artículo deben detallar fecha,
día y horario en los que se celebrarán cada una de las instancias del proceso. Asimismo, se
deberá indicar el lugar de recepción de las impugnaciones, adhesiones u observaciones.
ARTÍCULO 12. — DURACION EN EL CARGO. El/la Defensor/a de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes dura en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido
por una sola vez. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
percibe igual remuneración que los/as diputados/as de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 13. — CESE. CAUSALES. El/la Defensor/a de los Derechos de las niñas, niños
y adolescentes cesa en sus funciones por alguna de las siguientes causas:
a) Por renuncia;
b) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente o muerte;
d) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de los deberes del cargo o por haber
incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley;
f) Por remoción, a través de juicio político, fundado en las causales que prevé el
Artículo 92 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires.
ARTÍCULO 14. – RECUSASIÓN Y EXCUSACIÓN. Son de aplicación al/la Defensor/a de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en lo pertinente, las normas en materia de
recusación y excusación previstas en el Código Contencioso Administrativo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En ningún caso, la recusación y/o excusación debe conllevar una negativa o una interrupción
en la prestación de los servicios que brinda el/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
TITULO III
De los Adjuntos
ARTÍCULO 15.- ADJUNTÍAS. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes es asistido por tres (3) adjuntas o adjuntos: a) penal juvenil; b) salud mental; c)
derechos humanos y políticas públicas.
Las adjuntas y adjuntos sustituyen al/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes provisoriamente en forma rotativa, en el orden en que lo establezca el
Reglamento Interno, en caso de ausencia o inhabilidad temporal o permanente. Sólo una de
las tres adjuntías podrá estar a cargo de una persona de género masculino.
ARTÍCULO 16.- DESIGNACIÓN. Las adjuntas o adjuntos son designados por la Legislatura
mediante el mismo procedimiento, en la misma oportunidad y por el mismo período que el/la
Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes salvo en el caso previsto en
el Artículo 18 de la presente.
ARTÍCULO 17.- CONDICIONES. Rigen para las adjuntas y adjuntos las mismas
condiciones, inmunidades, prerrogativas, inhabilidades e incompatibilidades que para el/la
Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
ARTÍCULO 18.- CESE. CAUSALES. Las adjuntas o adjuntos sólo cesan en sus funciones
por las causas enunciadas en los incisos a), b), c), d) y e) del Artículo 13 o por remoción por
causa de mal desempeño, resuelta por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes
del total de sus miembros en sesión especial y pública convocada a tal efecto.
En caso de que un adjunto o adjunta cesara en sus funciones antes de la finalización del
mandato del/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá
seguirse el mismo procedimiento que para su nombramiento.
ARTÍCULO 19.- ATRIBUCIONES. Son atribuciones de las adjuntas o adjuntos, sin perjuicio
de las que les asigne el/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
las que enuncian los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del Artículo 5, respecto del área de su
incumbencia.
ARTÍCULO 20.- RETRIBUCIÓN. Las adjuntas y adjuntos perciben una retribución
equivalente al 80% de la remuneración del el/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
TITULO IV
Del Registro Público Especializado de Abogados y Abogadas de Niñas, Niños y
Adolescentes
ARTÍCULO 21.- CREACIÓN. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes creará dentro de su órbita el Registro Público Especializado de Abogados y
Abogadas de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de organizar la prestación gratuita
de los servicios profesionales a fin de procurar la asignación de abogadas y abogados toda
vez que sean solicitados por los organismos administrativos o judiciales o por los niños,
niñas y adolescentes.
ARTÍCULO 22.- FUNCIONES. Son funciones del/la Defensor/a de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes respecto del Registro creado en el Artículo 21, las siguientes:
1. Establecer los requisitos para la inscripción en el Registro.
2. Relevar los patrocinios jurídicos gratuitos y especializados en materia de infancia
existentes en la Ciudad de Buenos Aires, y convocarlos a solicitar la inscripción
de sus integrantes en el Registro.
3. Promover la inscripción de abogados/as de la matrícula en el Registro por todos
los medios pertinentes.
4. Evaluar los antecedentes curriculares de los/as abogados/as aspirantes a la
inscripción en el Registro, quienes deben acreditar especialidad y experiencia en
la materia y actualización periódica.
5. Difundir la nómina de los Abogados y Abogadas del Niño, Niña y Adolescente
inscriptos en el Registro Público Especializado de Abogados y Abogadas de
Niñas, Niños y Adolescentes, a través de todos los recursos informativos
posibles con el objeto de garantizar su accesibilidad y transparencia en la
asignación.
TITULO V
Del Procedimiento
ARTÍCULO 23.- PROCEDIMIENTO. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes deberá dar curso a la totalidad de reclamos y/o denuncias que reciba; su
actuación no está sujeta a formalidad alguna; procede de oficio o por denuncia del/la
damnificado/a o de terceros. En caso de ser oral, el funcionario que la reciba debe labrar un
acta que será suscrita por el/la denunciante.
Todas las actuaciones ante el/la Defensor/a de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
son gratuitas para el/la interesado/a y no requieren patrocinio letrado, quedando prohibida la
participación de gestores e intermediarios.
En todos los casos el/la Defensor/a debe acusar recibo del hecho, queja o denuncia recibida,
y debe informar sin demora a la persona que envíe la queja, el curso que dio a la misma. El
rechazo debe hacerse por escrito fundado, dirigido al reclamante por medio fehaciente,
debiendo sugerirle alternativas de acción.
Asimismo, en todos estos casos se deberá poner en conocimiento del interesado/a la
información obrante en el Registro Público Especializado de Abogados y Abogadas de
Niñas, Niños y Adolescentes.
Subsidiariamente, el procedimiento deberá ajustarse en todos los casos a la ley de
procedimientos administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ARTÍCULO 24.- DERECHO A SER ESCUCHADO. En todos los casos, sin excepción, el/la
Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires deberá por si o a través de funcionario/a designado al efecto, tener al
menos una entrevista personal, presencial y privada con el/la niño/a involucrado/a,
en un contexto propicio que inspire su confianza y a los fines que éste/a exprese sus
opiniones, las que deberán ser tenidas en cuenta a todos los efectos pertinentes.
Durante la entrevista se deberá informar al niño/a los derechos con los que este/a
cuenta; la estrategia a seguir a partir de los hechos denunciados; y su derecho a
contar con un abogado.
ARTÍCULO 25. – FALLAS SISTEMÁTICAS. Cuando el/la Defensor/a detecte fallas
sistemáticas o generales de la Administración, debe dar intervención al órgano de control
que corresponda, sin perjuicio de poder continuar con su actuación.
ARTÍCULO 26. – INCOMPETENCIA. Si la queja se formula contra personas u organismos, o
por actos, hechos u omisiones que no están bajo su competencia, el/la Defensor/a de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está obligado a derivar la denuncia a la autoridad
competente.
Asimismo, en todos estos casos se deberá poner en conocimiento del interesado/a la
información obrante en el Registro Público Especializado de Abogados y Abogadas de
Niñas, Niños y Adolescentes.
ARTÍCULO 27. – EFECTOS. La denuncia no interrumpe los plazos para interponer los
recursos administrativos o acciones judiciales previstos por el ordenamiento jurídico,
circunstancia que en todos los casos debe advertirse al denunciante.
ARTÍCULO 28. – DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA. Cuando el/la Defensor/a de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, en razón del ejercicio de las funciones propias de su cargo,
tome conocimiento de hechos presumiblemente delictivos de acción pública, debe
denunciarlo de inmediato al juez competente.
ARTÍCULO 29. – El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes debe
comunicar al interesado el resultado de sus investigaciones y gestiones, así como la
respuesta que hubiese dado el organismo o funcionario implicado. Asimismo, en los casos
que corresponda debe poner en conocimiento del órgano de control pertinente los resultados
de sus investigaciones.
ARTÍCULO 30.- REGLAMENTO INTERNO. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes debe dictar el Reglamento Interno de los aspectos procesales de su
actuación, dentro de los límites fijados por esta Ley y respetando los siguientes principios:
a. Impulsión e instrucción de oficio;
b. Informalidad;
c. Gratuidad;
d. Celeridad;
e. Imparcialidad;
f. Inmediatez;
g. Accesibilidad;
h. Confidencialidad;
i. Publicidad;
j. Pronunciamiento obligatorio;
k. Consideración obligatoria de la voz de la niña, niño y adolescente;
l. Apertura a formas de comunicación amplias, no necesariamente verbales, que
permitan al niño, niña o adolescente transmitir sus deseos, necesidades y
demandas;
m. Igualdad y no discriminación;
n. Ingreso laboral por concurso público.
TITULO VI
Del Informe
ARTÍCULO 31.- INFORME ANUAL. El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes debe dar cuenta anualmente a la Legislatura de la labor realizada en un
informe que presentará antes del 31 de mayo de cada año.
ARTÍCULO 32.- CONTENIDO DEL INFORME. El/la Defensor/a de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes debe dar cuenta en su informe anual de la totalidad del trabajo
de la institución, brindando información completa, veraz, adecuada y oportuna. El informe
deberá consignar anualmente la información que a continuación se detalla, sin perjuicio de la
restante información que se estime pertinente. A saber:
a. Cantidad de reclamos y/o denuncias recibidas por la institución y los resultados
de las acciones implementadas en respuesta.
b. Demás actividades llevadas a cabo por la institución, detallando objetivos
perseguidos y resultados obtenidos.
c. Principales motivos de consultas y principales respuestas brindadas por las
entidades públicas y/o privadas interpeladas.
d. Cantidad de niños, niñas y adolescentes privados de su libertad en la Ciudad de
Buenos Aires por situaciones de conflicto con la ley penal, desagregando la
información por causales, centros de detención, edad y género.
e. Cantidad de niños, niñas y adolescentes institucionalizados por el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires en instituciones de albergue públicas o privadas con
sede dentro y/o fuera de la Ciudad, desagregando la información por institución
de albergue y especificando la existencia de la medida excepcional, el control de
legalidad, y la satisfacción de derechos fundamentales de este universo de
niños.
f. Cantidad de niños, niñas y adolescentes internados por padecimiento en su
salud mental en instituciones públicas o privadas con sede dentro y/o fuera de la
Ciudad, desagregando la información por tipo y modalidad de institución,
especificando duración de las internaciones.
g. Análisis presupuestario cuantitativo y cualitativo de las principales políticas
públicas del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, en particular, de la política pública de institucionalización, de las
políticas públicas destinadas a prevenir la institucionalización, de la política
educativa, de la política de vivienda, de la política alimentaria y de la política de
salud.
En el informe no deberán constar los datos personales que permitan la pública identificación
de los denunciantes, como así tampoco de las niñas, niños y adolescentes involucrados.
Asimismo, el informe contendrá un anexo en el que se hará constar la rendición de cuentas
del presupuesto del organismo en el período que corresponda.
TITULO VII
Del Presupuesto
ARTÍCULO 33.- PRESUPUESTO. El Poder Ejecutivo local destinará una partida
presupuestaria para solventar los gastos del funcionamiento administrativo de la institución
creada por la presente ley. Dicha asignación deberá respetar el principio de progresividad y
no regresividad, en virtud del cual, en ningún caso la partida presupuestaria asignada podrá
ser inferior, en términos reales, a la del año previo.
ARTÍCULO 34.- Comuníquese, etc.
CLAUSULA TRANSITORIA:
Primera: El/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes deberá ser
designado dentro de los NOVENTA (90) días de sancionada esta ley y asumirá sus
funciones ante la Legislatura local.
FUNDAMENTOS
1. Los derechos de la niñez y la adolescencia en el paradigma de protección integral de
derechos a nivel nacional y local
La Convención de los Derechos del Niño es ratificada por el Estado argentino, en el
año 1989, mediante la ley 23.849. La citada Convención supone el paso de la doctrina de la
situación irregular (que considera a los niños como objetos pasivos de intervención por parte
del Estado y de sus familias, bajo el argumento de la tutela y protección, que podía incluir
medidas restrictivas de derechos) a la doctrina de la Protección Integral de Derechos que
consagra a los niños como sujetos activos de derechos, con capacidad para ejercerlos, con
los mismos derechos que todas las personas, más los específicos por su condición de
personas en desarrollo. (Pinto Gimol, “La Defensa Jurídica de Niñas, Niños y Adolescentes
a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño”, página 128, en Justicia y Derechos
del Niño, Número 3).
En este sentido, la Convención ha importado un cambio radical en la forma de
tratamiento y definición de las personas menores de edad, en tanto inaugura un nuevo
status jurídico de los niños, como sujetos titulares de derechos, con capacidad progresiva
para ejercer tales derechos por sí mismos y, en consecuencia, con capacidad para reclamar
por sí ante la Administración y la Jurisdicción por la amenaza o vulneración de sus derechos.
(Cillero Bruñol Miguel, “Los Derechos del Niño: De la proclamación a la protección efectiva”,
página 56, Justicia y Derechos del Niño Número 3).
Desde similar perspectiva se argumentó que se debe concebir a la infancia como una
época de desarrollo efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica (Gil
Domínguez Andrés, Fama María Victoria y Herrera Marisa, “Ley de Protección Integral de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” Ediar, Buenos Aires, 2007, página 31).
Así, los niños, niñas y adolescentes pasan a ser ciudadanos, con capacidad de exigir
el cumplimiento de sus derechos. Actores sociales que opinan y pueden tomar decisiones, a
quienes se les brinda además una protección integral especial por su condición de personas
en desarrollo. (Cillero Bruñol, Miguel, “El interés superior del niño en el marco de la
Convención de los Derechos del Niño, pagina 78, en “Infancia y Democracia en América
Latina”, Emilio García Méndez y Mary Bellof compiladores, Editores Deplama).
Dentro de este marco y teniendo en cuento el plus de protección que los derechos de
los niños requieren, la Constitución Nacional establece, en su artículo 75 inciso 23, la
obligación de implementar medidas de acción positiva, por considerar a estos un grupo
especialmente vulnerable.
Las citadas medidas de acción positiva están destinadas a asegurar la real vigencia
del principio igualitario. Se concibe a este universo como destinatario de una especial
protección en función de datos históricos, sociales, culturales y jurídicos que dan cuenta de
situaciones de exclusión estructural y permanente. En este escenario resulta necesario el
desarrollo de políticas estatales de morigeración efectiva de las asimetrías sociales que
pueden afectar a los niños (Caramelo, Gustavo, “El interés superior del niño y el principio
constitucional de igualdad”, página 40, en Régimen de los Menores de Edad. Néstor Solari y
María Isabel Benavente. Directores. Editorial La Ley).
Esta nueva concepción de la infancia redefine las obligaciones del Estado, que deja de
ser un Estado filantrópico, caritativo y asistencial y asume la obligación de establecer
políticas públicas que garanticen respeto, protección y satisfacción de los derechos y
garantías de los niños. En este orden, debe crearse una institucionalidad estatal acorde al
paradigma de protección integral. Institucionalidad que como veremos a continuación,
promueve la iniciativa legislativa que aquí se propone.
En la misma línea, la Convención de los Derechos del Niño establece, en su artículo 4,
que los Estados Parte deben adoptar todas las medidas administrativas, judiciales y
legislativas, a fin de garantizar los derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes.
En este escenario institucional y legal, con fecha 28 de septiembre de 2005 y quince
años después de aprobada por parte de nuestro país la Convención de los Derechos del
Niño, luego de un arduo debate que demuestra el arraigamiento cultural del sistema tutelar
instaurado en la ley de Patronato, se sanciona la ley 26.061 de Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de la citada Convención. (Musa Laura, “La
dimensión política de la ley 26.061, página 2, en “Protección Integral de Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes. Análisis crítico de la ley 26.061”, Emilio García Méndez compilador,
Editores del Puerto).
Al respecto, se ha resaltado que la demora ha sido por demás prolongada si se tiene
en cuenta que la ley 26.061 reglamenta la Convención y que su sanción importa dar
cumplimiento a la obligación asumida por el Estado Argentino, contemplada en el artículo 4
de la Convención. (Sabsay Daniel, “La dimensión constitucional de la ley 26.61 y del decreto
1293-2005”, página 15, en Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“Análisis crítico de la ley 26.061”. Emilio García Méndez compilador, Editores del Puerto).
Asimismo, la citada ley 26.061, no sólo realiza una enumeración exhaustiva de los
derechos reconocidos a los niños, ya contemplados en la Convención de los Derechos del
Niño, sino que crea instituciones y organismos encargados de efectivizar los derechos
reconocidos. Entre ellos, la figura del abogado del niño, establecida en el artículo 27 y
la figura del Defensor de Derechos de las niñas, niños y adolescentes, establecida en
el artículo 47, invitándose a las provincias a constituir defensores del niño a nivel local
(art. 48).
No obstante este marco legal, a nivel provincial los sistemas de protección integral de
derechos presentan diversos grados de implementación. El proyecto de ley que se propone,
como veremos a continuación, coloca a la Ciudad de Buenos Aires nuevamente a la
vanguardia del reconocimiento de los derechos del universo de la infancia.
A nivel local, la Constitución, luego de reconocer a los niños, niñas y adolescentes
como sujetos activos de derechos, les garantiza su protección integral y les otorga prioridad
dentro de las políticas públicas (art. 39).
Por su parte, la ley 114 (CABA) de Protección Integral de derechos de 1998, en el
artículo 35, incisos b y c, determina que se deberá propiciar la constitución de
organizaciones y organismos para la defensa de los derechos de niños, niñas y
adolescentes que brinden asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, deduzcan denuncias
o promuevan acciones ante tribunales, asesorías, fiscalías y defensorías oficiales. Como así
también, elaborar, desarrollar, monitorear, articular y evaluar los programas específicos de
las distintas áreas de salud, educación, vivienda, recreación, trabajo, deporte, cultura,
seguridad pública y social.
2. La Justificación normativa y las instituciones para la defensa de derechos de las
niñas, niños y adolescentes
A esta altura es preciso destacar que en un Estado de Derecho, tan importante como
el reconocimiento legal, es la existencia de mecanismos eficaces de exigibilidad y defensa
de los derechos. (Gargarella, Roberto, “Las amenazas del constitucionalismo, derechos y
democracia”, en AAW, Los derechos fundamentales, seminario en Latinoamérica de Teoría
Constitucional y Política (SELA), 2001, página 4 y 5).
Desde una perspectiva afín -pero en referencia específica a los derechos de la
infancia- se ha dicho que uno de los principales desafíos es pasar del reconocimiento formal
de los derechos a su protección efectiva, creando mecanismos de exigibilidad de los
derechos reconocidos. Así, si los niños son titulares de derechos y cuentan con capacidad
progresiva -que supone la posibilidad de ejercer los derechos por sí y reclamar ante la
vulneración de los mismos- la ley debe proveerles mecanismos efectivos de garantía para su
goce, en condiciones de igualdad. (Cillero Bruñol, Miguel, op. citada, página 57).
Así las cosas, la representación de los padres e incluso la del asesor de menores, no
es suficiente para que los niños puedan acceder a la justicia. Considerar lo contrario es no
tomar en cuenta el principio de autonomía progresiva que supone la posibilidad de tener una
petición propia, distinta a la de sus representantes legales, aún cuando en apariencia
coincidan los intereses manifestados. (Pignata, Noris, “El acceso a la Justicia de los niños,
niñas y adolescentes: una política pública desde la perspectiva de sujetos de derechos”,
ponencia realizada en el Tercer Congreso Internacional de Derechos y Garantías en el Siglo
XXI).
En consecuencia, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un plus de
protección y/o sistemas de garantías extras, para el cumplimiento de sus derechos y
para el acceso a la justicia. (Noris, Pignata, “El acceso a la Justicia en la Ciudad coquetea
con la ideología del Patronato”, en Revista Interdisciplinaria de Derecho de Familia).
Este sistema de garantías extras está reconocido en la citada ley 26.061 de
Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a través de las figuras del
abogado del niño y del defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ambas
figuras están destinadas a la defensa de los derechos de la infancia y especializadas en las
cuestiones relativas a la misma.
A esta altura cobra sentido destacar que, no obstante el reconocimiento formal de la
capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes para ejercer por sí sus derechos y
el consecuente reconocimiento de garantías para su ejercicio, las personas menores de
edad continúan siendo un colectivo vulnerable en cuanto al acceso a la justicia, pues la
figura del abogado del niño sólo se ha implementado parcialmente y la del defensor del niño,
aún no se ha implementado a nivel local.
Al respecto, los déficits en el acceso a la representación jurídica de vastos sectores
de la población suelen descansar en las desigualdades económicas y en los obstáculos
surgidos a partir de las diferentes barreras psicológicas, informativas y físicas que
generalmente presentan los sistemas judiciales y administrativos en detrimento de las
personas que requieran sus servicios. En particular, respecto de los niños, niñas y
adolescentes, la situación resulta aún más gravosa, ya que a las dificultades apuntadas, se
suman otras específicas, vinculadas a su edad.
En este escenario, las personas menores de edad pertenecen a un colectivo en
situación de vulnerabilidad para el acceso a la justicia (Regla 1 de las Reglas de Basilea), y
en consecuencia, es necesario redoblar los esfuerzos para garantizar su acceso a la justicia,
creando herramientas, procedimientos e instituciones.
Cabe agregar como garantía de efectividad de los derechos, el principio de interés
superior de los niños, contemplado en el artículo 3 de la Convención de los Derechos del
Niño y el artículo 3 de la ley 26.061, que supone la consideración primordial de los intereses
de las personas menores de edad y la prevalencia de los intereses de los niños sobre los de
los adultos.
Entre otros factores -para hacer realidad esta prioridad- debe establecerse la
asignación privilegiada de recursos para la política de infancia y la creación de instituciones y
herramientas, en los términos del artículo 5 de la ley 26.061 de Protección Integral de
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta prioridad implica la creación urgente y
preeminente de las instituciones necesarias para la exigencia de los derechos que el cuerpo
legal reconoce.
De tal forma, la creación de la figura del/la Defensor/a de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes es una de las tantas garantías de efectividad de los derechos
reconocidos y, en especial, del acceso a la justicia de parte del colectivo de la infancia y la
adolescencia. (Perceval María Cristina, “La nueva institucionalidad de la ley 26.061: la
defensoría de derechos de niñas, niños y adolescentes,” página 160, en “Protección Integral
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Análisis de la ley 26.061”, Emilio García
Méndez compilador, Editores del Puerto).
En el mismo orden de ideas, un interesante documento elaborado por UNICEF,
señala que las defensorías de derechos del niño, a nivel global, han sido un elemento eficaz
para la implementación de los derechos de los niños reconocidos en la Convención de los
Derechos del Niño. Ello debido a que las defensorías monitorean la relación entre los niños y
el Estado y proponen modificaciones institucionales, de las prácticas sociales, de las
políticas de infancia y de las reformas legislativas.
Asimismo, tales defensorías han sido también un instrumento eficaz para la
restitución de los derechos individuales y colectivos de los niños. A su vez, han funcionado
como una herramienta para proteger los derechos de los niños, en situación de mayor
vulnerabilidad, visualizando su situación. (La defensa de los derechos del niño. Informe de
síntesis de un estudio global sobre las instituciones independientes de derechos humanos
de niños, UNICEF, página 9/11, 2012).
En el mismo documento, UNICEF señala que la especialidad de las defensorías
mencionadas, contribuye a que los niños puedan hacer escuchar su voz. Ya sea a través de
reclamos y denuncias efectuados por los propios niños o mediante diversas acciones
tendientes a eliminar las barreras jurídicas, sociales, políticas y económicas que impiden o
dificultan que los niños sean oídos y participen en las decisiones que los afectan.
3. La creación del/la Defensor/a de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de
la CABA como garantía del cumplimiento de los derechos de las personas menores de
edad.
a. Antecedentes de la figura del/la Defensor/a de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes
En la Resolución 48/134 de la Asamblea General se afirma que “debe darse prioridad
a la elaboración de arreglos adecuados en el plano nacional para garantizar la aplicación
efectiva de las normas internacionales de derechos humanos” reconociendo, asimismo, el
importante papel que estas instituciones pueden desempeñar en el plano nacional “en lo que
respecta a la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales
y a la formación e intensificación de la conciencia pública respecto de estos derechos y
libertades”.
En particular, la creación de la figura del/la Defensor/a de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, fue recomendada al Estado Argentino por el Comité de Derechos del
Niño en reiteradas oportunidades.
Así, a instancias del Primer Informe del Estado Argentino presentado en el año 1993,
el Comité recomendó que “el gobierno adopte un criterio amplio para aplicar la Convención,
en particular, coordinando los diversos mecanismos e instituciones de promoción y
protección de derechos del niño ya existentes. A este respecto, sería importante establecer
una infraestructura apropiada a todos los niveles y aumentar la coordinación entre las
actividades a nivel local y provincial, y las que se efectúan a nivel nacional. Se recomienda
también que se insista en el aspecto de la vigilancia, en particular mediante un ombudsman
y en la cooperación con las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los
derechos del niño”.
Por su parte, en su segundo informe el Comité señaló que “aunque toma nota de la
existencia del defensor del pueblo, al comité le preocupa que no exista un mecanismo
nacional general que se ocupe de vigilar y evaluar periódicamente los progresos que se
realizan en la aplicación de la Convención y que esté autorizado a recibir y tramitar las
denuncias presentadas por los niños. Toma nota también que el proyecto de ley de
protección integral de los derechos del niño, que todavía no se ha aprobado, incluye
disposiciones para la creación del cargo del defensor del niño”.
En este punto, el Comité de Derechos del enfatiza que la figura del Defensor del
Pueblo no es garantía suficiente para la efectivización de los derechos de los niños,
niñas y adolescentes, siendo necesaria la creación de una defensoría especializada
para los niños, niñas y adolescentes.
En la misma línea, mediante su Observación General N° 12 (2009), el Comité de
Derechos del Niño ratifica que en aras de cumplir con las obligaciones establecidas en la
Convención, los Estados parte deben establecer instituciones independientes de derechos
humanos, como defensores del niño, con un amplio mandato en materia de derechos de
infancia, resultando esencial entonces que los niños puedan reclamar por sí ante las
vulneraciones que sufren.
Así las cosas, no obstante la existencia de la figura del Defensor del Pueblo, la ley
26.061 de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se hace eco
de las recomendaciones del Comité y en aras de garantizar el principio de especialidad -que
establece que los niños, niñas y adolescentes deben ser defendidos por un funcionario
especializado en derechos de infancia y adolescencia-, crea la figura del Defensor de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Art. 47).
Con posterioridad a la sanción de la ley 26.061, en las Observaciones finales al
Estado Argentino (2010), el Comité de Derechos del Niño celebró la introducción de la
mentada figura, pero subrayó su preocupación ante las demoras registradas en la
designación del titular del mandato por parte del Parlamento, recomendando al Estado que
adopte todas las medidas necesarias para acelerar el nombramiento del Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Cabe agregar que la especialidad necesaria de los funcionarios involucrados en la
defensa de derechos de niños cobra trascendencia debido a que diversas condenas
internacionales contra el Estado Argentino han incluido la obligación de capacitar a sus
funcionarios en materia de derechos reconocidos a los niños, niñas y adolescentes. (Al
respecto, véanse los casos “Bulacio”, “Mendoza” y “Forneron” de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos).
b. El proyecto de ley propuesto. Su justificación.
El presente proyecto de ley viene a cumplir con los mandatos constitucionales,
convencionales y legales presentados previamente.
En primer lugar, es dable destacar que la creación de la institución propuesta brinda
nuevamente a la Ciudad de Buenos Aires la posibilidad de situarse a la vanguardia del
reconocimiento de los derechos del colectivo de la niñez y la adolescencia.
Cabe recordar que la Ciudad sancionó la Ley 114, honrando los compromisos
establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, incluso antes de la
existencia de una ley nacional.
En segundo lugar, se le otorga al/la Defensor/a del Niño facultades amplias para
ejercer la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. Así, queda bajo su
responsabilidad, entre otros puntos, el inicio de acciones judiciales individuales y colectivas,
el monitoreo de las políticas públicas, la denuncia de irregularidades en instituciones de
encierro, la iniciativa legislativa en materias específicas, etc.
En tercer lugar, este proyecto permite observar que la propuesta de designación
queda en cabeza del partido o alianza opositora. Ello responde a que se concibe al
Defensor/a del Niño como una institución autónoma y autárquica propia de los organismos
de control y exigencia de derechos en el marco de un sistema de frenos y contrapesos que
demarca una democracia constitucional, donde la implementación del Sistema de Protección
Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se encuentra predominantemente a
cargo de organismos dependientes del Poder Ejecutivo.
En cuarto lugar, se proponen procedimientos que tornan operativas las obligaciones
relacionadas con el derecho de las niñas, niños y adolescente a ser oídos. Así, se establece
la apertura a formas de comunicación amplias, no necesariamente verbales, que permitan al
niño, niña o adolescente transmitir sus deseos, necesidades y demandas.
En quinto lugar, el proyecto propone la creación de un Registro Público Especializado
de Abogados y Abogadas de Niñas, Niños y Adolescentes con el objeto de organizar la
prestación gratuita de los servicios profesionales a fin de procurar la asignación de abogadas
y abogados toda vez que sean solicitados por los organismos administrativos o judiciales o
por los niños, niñas y adolescentes. De esta manera se busca garantizar el acceso a la
justicia y una adecuada defensa técnica de las niñas, niños y adolescentes en aquellos
casos en donde el/la Defensor/a entienda, mediante resolución fundada, que no corresponde
su intervención en dichos términos.
En sexto lugar, se consagra la obligación a cargo del/la Defensor/a de presentar
anualmente un informe anual de gestión que debe dar cuenta de la totalidad del trabajo de la
institución, brindando información completa, veraz, adecuada y oportuna, de acuerdo a
ciertos mínimos obligatorios que se marcan en el articulado. Este informe permitirá al
Defensor/a, a las demás instituciones públicas y a la ciudadanía, contar con información
relevante sobre la situación real de los derechos del colectivo de la infancia.
En séptimo lugar, a los fines de ampliar la igualdad y la diversidad de género, de
acuerdo a los mandatos constitucionales, se establece que sólo una de las tres adjuntías
podrá estar a cargo de una persona de género masculino.
En octavo lugar, en materia presupuestaria se propone garantizar el respeto de los
estándares vigentes, a través de una cláusula novedosa en la que se establece que deberá
respetarse el principio de progresividad y no regresividad, en virtud del cual, en ningún caso
la partida presupuestaria asignada podrá ser inferior, en términos reales, a la del año previo.
En noveno lugar, el proyecto de ley fomenta el contacto directo del universo de
infancia con la institución creada, a cuyos efectos se establece la obligatoriedad de
comunicar su existencia en todos aquellos lugares y servicios que componen el Sistema de
Protección Integral de Derechos. Asimismo, crea circuitos de interacción no tradicionales que
permitan garantizar el acceso a la justicia del colectivo en cuestión.
Por lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Ley.
