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ALEXANDER LOZANO INOSTROZA Decre “ Decreto de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres” “Año de la Universalización de la Salud” 1 PROYECTO DE LEY PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL MAGISTERIAL, POR BONIFICACIÓN ESPECIAL MENSUAL POR PREPARACIÓN DE CLASES Y BONIFICACIÓN ADICIONAL POR EL DESEMPEÑO DEL CARGO SIN LA EXIGENCIA DE SENTENCIA JUDICIAL Y MENOS, EN CALIDAD DE COSA JUZGADA. El Grupo Parlamentario UNIÓN POR EL PERÚ, por iniciativa del Congresista de la República ALEXANDER LOZANO INOSTROZA, ejerciendo las facultades de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107° de la Constitución Política del Estado y conforme a lo dispuesto por los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente propuesta legislativa: LEY PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL MAGISTERIAL POR BONIFICACIÓN ESPECIAL MENSUAL, POR PREPARACIÓN DE CLASES Y BONIFICACIÓN ADICIONAL POR EL DESEMPEÑO DEL CARGO SIN LA EXIGENCIA DE SENTENCIA JUDICIAL Y MENOS EN CALIDAD DE COSA JUZGADA Artículo 1°. Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto establecer que los Gobiernos Regionales, las Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local o las que hagan sus veces, no solicitarán el requerimiento de las sentencias judiciales y menos en calidad de cosa juzgada, para proceder con el pago por preparación de clases y el desempeño del cargo.
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ALEXANDER LOZANO INOSTROZA
Decre “ Decreto de la igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres” “Año de la Universalización de la Salud”
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PROYECTO DE LEY PARA EL PAGO
DE LA DEUDA SOCIAL
MAGISTERIAL, POR BONIFICACIÓN
ESPECIAL MENSUAL POR
PREPARACIÓN DE CLASES Y
BONIFICACIÓN ADICIONAL POR EL
DESEMPEÑO DEL CARGO SIN LA
EXIGENCIA DE SENTENCIA
JUDICIAL Y MENOS, EN CALIDAD
DE COSA JUZGADA.
El Grupo Parlamentario UNIÓN POR EL PERÚ, por iniciativa del Congresista
de la República ALEXANDER LOZANO INOSTROZA, ejerciendo las
facultades de iniciativa legislativa que le confieren el artículo 107° de la
Constitución Política del Estado y conforme a lo dispuesto por los artículos 75°
y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta la siguiente
propuesta legislativa:
LEY PARA EL PAGO DE LA DEUDA SOCIAL MAGISTERIAL POR
BONIFICACIÓN ESPECIAL MENSUAL, POR PREPARACIÓN DE CLASES
Y BONIFICACIÓN ADICIONAL POR EL DESEMPEÑO DEL CARGO SIN LA
EXIGENCIA DE SENTENCIA JUDICIAL Y MENOS EN CALIDAD DE COSA
JUZGADA
Artículo 1°. Objeto de la Ley
La presente Ley tiene por objeto establecer que los Gobiernos Regionales, las
Direcciones Regionales de Educación, las Unidades de Gestión Educativa
Local o las que hagan sus veces, no solicitarán el requerimiento de las
sentencias judiciales y menos en calidad de cosa juzgada, para proceder con
el pago por preparación de clases y el desempeño del cargo.
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Artículo 2°. Responsabilidad
El Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales, Direcciones Regionales
de Educación y las Unidades de Gestión Educativa local, la oficina de
remuneraciones de educación evaluará y calculará el monto a pagar a cada
profesor por deuda social de acuerdo al Artículo 480 de la Ley N O 24029, Ley
del Profesorado, modificada por la Ley N O 25212, y en concordancia con el
Art. 210° del Decreto Supremo NO 019-90-ED, Reglamento de la Ley del
Profesorado.
Artículo 3°. Derogatoria
Déjese sin efecto y deróguense las disposiciones legales que se opongan a lo
establecido en la presente Ley.
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ll. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho fundamental a la educación es reconocido en el artículo 13° de la
Constitución política, señalando que tiene como finalidad "el desarrollo integral
de la persona humana...". Bajo este precepto, es necesario e importante
señalar que el desarrollo de la persona humana tiene que estar en manos de
personas comprometidas, bien remuneradas y sobre todo satisfechas por la
función que realizan; en ese sentido, los maestros son un componente
fundamental del sistema educativo nacional y, sin duda, constituyen el
componente más importante cuando lo que se persigue es mejorar los
aprendizajes de los estudiantes. Se trata entonces, de garantizar una
educación de calidad cuyo soporte pedagógico consiste en que sea inclusiva y
equitativa, y que además promueva las oportunidades de aprendizaje
permanente para todos.
Elevar la calidad de la educación pasa necesariamente por conocer mejor al
magisterio nacional, las condiciones de su formación y remuneración, y las
realidades que circundan su desempeño, a fin de poder mejorar sus
condiciones.
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en setiembre de 2015 la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las
personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Los Estados miembros
de las Naciones Unidas aprobaron una resolución en la que reconocen que el
mayor desafío del mundo actual es la erradicación de la pobreza y afirman que
sin lograrla no puede haber desarrollo sostenible1.
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-
agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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Un hecho clave para salir de la pobreza lo constituye la educación, ya que
permite la movilidad social y económica ascendente lo cual sin embargo, tiene
una seria limitación ya que cuesta alcanzar los estándares mínimos de
competencia en lectura y matemáticas.
En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el
planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las
escuelas, lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo.
En abril de 2020, cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de
la escuela. Igualmente, cerca de 369 millones de niños que dependen de los
comedores escolares tuvieron que buscar otras fuentes de nutrición diaria.
Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo,
lo que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente
las de los niños más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene
graves consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto
costaron conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial2.
Ante esta situación, hay que considerar ciertas alternativas donde la
preocupación por alumnos y profesores tomen en cuenta los postulados
doctrinarios de los Objetivos del Desarrollo Sostenible que subrayan la
necesidad de convivir en un mundo de respeto hacia la igualdad y no
discriminación de “respetar, proteger y promover los derechos humanos, sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro
tipo, origen nacional o social, propiedad, nacimiento, discapacidad o cualquier
otra condición”3.
Se trata de asumir un conjunto de responsabilidades, donde el Estado está en
la obligación constitucional de preservar la integridad de los componentes que
sostienen la estructura educativa del país. Y los maestros constituyen el
soporte que le da sentido al hecho educativo.
2 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 3https://www.cepal.org/es/temas/agenda-2030-desarrollo-sostenible/objetivos-desarrollo-sostenible-ods
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Ante esta situación el “Estado coordina la política educativa. Formula los
lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos
mínimos de la organización de los centros educativos. Supervisa su
cumplimiento y la calidad de la educación. Es deber del Estado asegurar que
nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación
económica o de limitaciones mentales o físicas”.4
Bajo este esquema, es propio que el Estado genere los mecanismos para
retribuir según la ley, no solo sus derechos retributivos a los maestros, sino
también honrar las deudas pendientes que se tiene hacia ellos.
Cuando hablamos de deuda, hacemos referencia a la "Deuda Social"
correspondiente a los impagos que tiene el Estado peruano a los trabajadores
públicos por sus servicios prestados, reconocidos por el Artículo 48° de la Ley
N° 24029 Ley del Profesorado, modificada por la Ley N° 25212 en
concordancia con el Art. 210° del Decreto Supremo N° 019-90-ED, Reglamento
de la Ley del Profesorado.
Por lo tanto, los maestros tienen derecho a percibir un incremento real en sus
remuneraciones mensuales por concepto de esta bonificación. Este
incremento es de aproximadamente de trescientos sesenta soles, en el nivel
más básico de la remuneración docente.
También se considera como parte de esta deuda la bonificación por refrigerio
y movilidad que establece el decreto supremo N O 025 - 85 - PCM, el mismo
que contempla el pago de una asignación equivalente a cinco soles en forma
diaria.
A esto se agrega la bonificación que tendrían que recibir los profesores por
tiempo de servicios: La primera bonificación debería de recibirse al cumplir 20
4 Constitución política del Perú Art. 16°
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años de servicio y asciende a dos mil cuatrocientos soles y la segunda al
cumplir 30 años de servicios que asciende a tres mil seiscientos soles.
En el marco de lo establecido en el párrafo 4.2 del artículo 4 de las Normas
Reglamentarias para la aplicación de la Duodécima Disposición
Complementaria Final del Decreto de Urgencia NO 014-2019, aprobadas con
el Decreto Supremo N° 027-2020-EF, la Dirección General de Contabilidad
Pública viene actuando como Secretaría Técnica de la Comisión
Multisectorial, razón a ello, emite el siguiente informe.
Con relación al citado pedido, debe tenerse en cuenta que la Primera
Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N O 30137
establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias
judiciales, aprobado con el Decreto Supremo N O 003-2020-JUS, señala lo
siguiente:
El financiamiento de adeudos dinerarios derivados de sentencias judiciales en
calidad de cosa juzgada en ejecución, es atendido por la entidad del Sector
Público donde se genera la deuda con cargo a su presupuesto institucional,
concordante a lo dispuesto en el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la
Ley NO 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo,
aprobado mediante el Decreto Supremo NO 011-2019-JUS, que implica el
siguiente orden:
El financiamiento se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la
entidad aprobado para el año fiscal correspondiente.
En caso de no ser suficiente la acción del numeral anterior, el financiamiento
se efectúa con cargo a los recursos que resulten de las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático que la entidad encuentre
necesario realizar. Hasta el cinco por ciento (5%) de los montos aprobados en
el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con las excepciones señaladas
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en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público.
Asimismo, debe considerarse que conforme a lo señalado en el artículo 9 del
citado Reglamento, cada Pliego cuenta con un Comité permanente para la
elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de
sentencias con calidad de cosa juzgada y en ejecución, el cual se elabora
aplicando los criterios de priorización establecidos en la Ley NO 30137 y la
metodología detallada en dicho Reglamento, sin que en dicho procedimiento
intervenga el Ministerio de Economía y Finanzas.
De forma complementaria a los recursos presupuestarios con que disponen
los pliegos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales para la atención
de pago de sus adeudos generados por sentencias judiciales en calidad de
cosa juzgada y en ejecución, de forma extraordinaria la Duodécima
Disposición Complementaria Final del Decreto de Urgencia N O 014-2019,
reactiva la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado generadas por
sentencias judiciales emitidas, creada por la Sexagésima Novena Disposición
Complementaria de la Ley N' 29812 y conformada por la Resolución Suprema
N' 100-2012-PCM a fin que apruebe un listado complementario de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de
2019, en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de su instalación,
aplicando las Normas Reglamentarias señaladas en el numeral 5 del citado
dispositivo y para las deudas del sector Educación, aplicando los criterios de
priorización conforme lo dispone el numeral 7 del mismo dispositivo.
Las citadas Normas Reglamentarias se aprobaron con el Decreto Supremo N°
027-2020-EF, fueron publicadas el sábado 8 de febrero de 2020, las mismas
que contemplan las siguientes fases:
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Designación de los representantes del MEF y MINJUS, día: 12/02/2020 (D. S
N O 027-2020-EF, Art. 3. Instalación de la Comisión Multisectorial, día:
14/02/2020 (D.S N O 027-2020-EF, Art. 4, párrafo 4.1). Acto de aprobación del
listado priorizado, a cargo de los comités permanentes de los Pliegos que
participan en el proceso, día: 23/03/2020 (D.S NO 027-2020-EF, Art. 7, párrafo
7.2, inc. 3) Presentación de la información de estos adeudos a la Comisión
Multisectorial, a cargo del titular del pliego, día: 26/03/2020 (D.s N' 027-2020-
EF, Art. 7, párrafo 7.1 ).
Comunicación de observaciones a cargo de la Comisión Multisectorial, del día:
27/03/2020 al 02/04/2020 (D.s NO 027-2020-EF, Art. 8, párrafo 8.1
Presentación de información subsanada por los Pliegos, día: 20/04/2020 (D.S
N O 027-2020-EF, Art. 8, párrafo 8.1).
Elaboración y aprobación del listado complementario, incluyendo el informe
final, del 21/04/2020 al 12/05/2020, (DS N O 027-2020-EF, Art. 5, párrafo 5.1).
Con fecha 18 de marzo de 2020, la Comisión Multisectorial emitió el
Comunicado N O 001-2020-EF/70, señalando que todos los procedimientos y
fases de carácter preclusivos establecidos en las Normas Reglamentarias.
Por otro lado, el artículo 28 del Decreto de Urgencia N O 029-2020, suspende
por 30 días hábiles los plazos de inicio de tramitación de los procedimientos
administrativos y procedimientos de cualquier índole, incluso los regulados por
leyes y disposiciones especiales, que se encuentren sujetos a plazos, que se
tramiten en entidades del sector público. Dicha norma legal, también
comprende a las fases establecidas en el Decreto Supremo N O 027-2020-EF.
La Comisión ha venido evaluando los procedimientos y las fases que quedaron
pendientes, a fin de comunicar a los Pliegos comprendidos en dicho proceso, a
efecto que culminen con el envío de información para la elaboración del listado
complementario, que se realizará en estricto cumplimiento de los criterios de
priorización aprobados mediante la Ley NO 30137, las condiciones preferentes
establecidas por la Ley NO 30841, la metodología señalada en las Normas
Reglamentarias aprobadas con el Decreto Supremo N O 027-2020-EF y para
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las deudas del sector Educación aplicando los criterios de priorización
aprobado mediante el Decreto Supremo N O 002-2020-MINEDU.
En el proceso mediante decreto supremo se asignarán a los Pliegos del
Gobierno Nacional y los Gobiernos Regionales los recursos presupuestarios
que les permitirá financiar de manera extraordinaria el pago de sus adeudos
derivados de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución
al 31 de diciembre de 2019.
Finalmente, existen otros subsidios por luto y gastos de sepelio. Estos
ascienden, de acuerdo a Ley, a dos mil cuatrocientos soles por luto y otros
dos mil cuatrocientos soles por gastos de sepelio
Toda esta "Deuda Social Magisterial" ha sido parcialmente cancelada en
algunas regiones y en otras ni siquiera se ha estimado.
B. LA DEUDA SOCIAL EN PROCESO JUDICIAL
El Poder Ejecutivo ha puesto en marcha, en el curso de los últimos años,
procesos de pago de la "Deuda Social Magisterial" que incluían montos
distintos para cada año ya que se manejaban con saldos presupuestales.
En la sexagésima Novena Disposición Complementaria final de la Ley 29812,
se constituyó la Comisión Evaluadora de las deudas del Estado, generadas por
sentencias judiciales, las que están integradas por: Ministerio de Economía y
Finanzas, el Ministerio de Justicia y por un representante de Derechos
Humanos, quienes lograron la promulgación de la Ley No 30137, publicada en
el diario El Peruano el día 27 de diciembre de 2013, y su reglamento No 001
2014 JUS se publicó el día 15 de febrero del 2014, el 14 de setiembre de 2014
se publicó el Decreto Supremo NO 265 — 2014 — EF, que autoriza un crédito
suplementario de 34 534.565 soles para el pago de las sentencias judiciales
con calidad de Cosa Juzgada
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El 12 de mayo de 2016 se publicó en el diario oficial El Peruano el DS N° 1 14
— 2016 EF en el que, aprueban normas reglamentarias para la aplicación del
espíritu de la Ley N° 30137 y su Reglamento, los que hasta ahora no se hacen
efectivos.
El 09 de noviembre de 2016 se estableció una "Transferencia de Partidas en
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016 hasta por la suma
de TREINTA MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE Y 00/100 SOLES (S/ 30 613 649,00) de/ pliego 010:
Ministerio de Educación a favor de los pliegos Gobiernos Regionales, para
financiar el pago de la asignación por tiempo de servicios, el subsidio por luto
y sepelio y la compensación por tiempo de servicios a los profesores
nombrados en el marco de la Ley NO29944, Ley de Reforma Magisterial; que
comprende a docentes que no fueron considerados en los Decretos Supremos
NO 158 y 249-2016-EF"
Todos estos procesos de pago de la "Deuda Social Magisterial" se han
circunscrito por lo general en el pago de las sentencias por "Cosa Juzgada”
estableciendo como base legal la Ley N O 30137 que establece criterios de
priorización para la atención del pago de sentencias judiciales y el Artículo 70
de la Ley N O 28411 que desarrolla el pago de sentencias judiciales, Ley
General del Sistema Nacional de Presupuesto.
Esta circunscripción ha motivado que los profesores inicien sus juicios ante las
direcciones regionales de educación, incurriendo en gastos por asesoría
jurídica y desbordando el trabajo de las procuradurías regionales.
Estos hechos han tenido como consecuencia la precarización del sistema
jurídico de los gobiernos regionales que no pueden asumir las cargas
procesales, y además no pueden asumir sus responsabilidades ante otros
procesos judiciales que representan grandes desafíos a nivel presupuestal.
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Por ello es necesario iniciar un proceso de descarga procesal de las
procuradurías regionales el cual es permitido por la presente fórmula legal.
III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
El presente Proyecto de Ley no genera gasto al erario nacional, por el
contrario, reduce costos operativos que asumen los gobiernos regionales por
procesos administrativos y costos procesales para las procuradurías y oficinas
de planeamiento y presupuesto de las regiones.
Con relación al citado análisis se debe tener en cuenta que la Primera
Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley N O 30137, Ley
que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias
judiciales, aprobado con el Decreto Supremo N O 003-2020-JUS, señala lo
siguiente:
El financiamiento de adeudos dinerarios derivados de sentencias judiciales en
calidad de cosa juzgada en ejecución es atendido por la entidad del Sector
Público donde se genera la deuda con cargo a su presupuesto institucional,
concordante a lo dispuesto en el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la
Ley NO 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo,
aprobado mediante el Decreto Supremo NO 011-2019-JUS, que implica el
siguiente orden:
El financiamiento se efectúa con cargo al presupuesto institucional de la
entidad. aprobado para el año fiscal correspondiente.
En caso de no ser suficiente la acción del numeral anterior, el financiamiento
se efectúa con cargo a los recursos que resulten de las modificaciones
presupuestarias en el nivel funcional programático que la entidad encuentre
necesario realizar. hasta el cinco por ciento (5%) de los montos aprobados en
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en el artículo 73 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público
Toda la información enviada por las distintas regiones corresponde a los
saldos adeudados y estimados sobre el rubro de "Cosa Juzgada". No
existiendo en ninguna de las regiones estimaciones claras y completas sobre
el total de la "Deuda Social"
La información fue recabada en distintos formatos con los cuales se pudo
consolidar un cuadro con montos fijos enviados por las regiones y de
estimados para las otras regiones.
La cantidad total de docentes estimada por el despacho acreedores de deuda
social supera los 100 mil, mientras el estimado de aquellos que no han
iniciado proceso judicial superan los 30 mil juicios en las 24 regiones
corresponden aproximadamente un costo de 4 millones y medio de soles que
no serán cargados a las administraciones regionales. Además, se reducirán
los trámites en el Poder Judicial que no se pueden estimar específicamente.
IV. EFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN
NACIONAL
Esta propuesta legislativa no contraviene el ordenamiento legal vigente, ni
colisiona con otras normas, toda vez que busca, bajo la figura de declaratoria
de interés nacional, acelerar el proceso de pago de deudas sociales por parte
de los gobiernos regionales.
En ese sentido contribuye, por el contrario, al reforzamiento del respeto de
derechos laborales del personal en Educación.
