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POSICIONAMIENTO OFICIAL

Prospecciones petrolíferas en Canarias

Agrupación Territorial C’s CANARIAS

Octubre 2014

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PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN LAS COSTAS CANARIAS

UN NO CON ARGUMENTOS

El 16 de marzo del año 2012, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros, la autorización para que las multinacionales Repsol, Woodside Petroleum Ltd. y RWE AG inicien las prospecciones a escasos 60 kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura, donde esperan encontrar yacimientos que pudieran llegar a producir en torno a los 100.000 barriles al día. Esta iniciativa, que a priori, y sin analizar el contexto, pudiera suponer un importante espaldarazo a la economía española, y por ende a la del archipiélago, ya fue rechazada por el Tribunal Supremo en febrero de 2004, cuando el gobierno de José María Aznar promovió la misma iniciativa, que fue contrarrestada por los recursos interpuestos por el Cabildo de Lanzarote y el Partido Socialista de Canarias. Esta vez, la oposición unánime de los partidos políticos en Canarias, a excepción del Partido Popular, así como la masiva respuesta popular de rechazo a la posible extracción de petróleo cerca de sus costas, no ha servido para impedir que de forma unilateral haciendo uso de la mayoría parlamentaria, el Gobierno haya logrado sacar adelante los permisos necesarios con una premura posiblemente condicionada por la cercanía de un nuevo periodo electoral. Pese a que se ha trasladado a la opinión pública que prácticamente será inocua para la economía y el medioambiente canario la realización de prospecciones, la verdad es que se deben poner sobre la mesa los siguientes puntos de vital importancia, que ponen de manifiesto que realmente debe tenerse en cuenta en la toma de decisiones y l a explicación de las mismas a la opinión pública, que SÍ existe riesgo de accidente en las prospecciones o futura extracción :

1. El petróleo no es un recurso infinito, y este factor hace que las empresas petroleras y los gobiernos cada vez estén asumiendo mayores costos y riesgos para localizar recursos de muy difícil acceso, obligándose las empresas a buscar en localizaciones que requieren mayores dificultades tecnológicas, mayores inversiones y obviamente mayores riesgos, tanto físicos y medioambientales, como riesgos económicos al existir grandes posibilidades de fracaso en las prospecciones iniciales.

2. La autorización publicada en el RD 547/2012 no limita el número de pozos a gestionar, y cierra también el posterior derecho a la extracción a estas empresas concesionarias. Esta búsqueda abarcará un área de unas 616.000 hectáreas, con una profundidad de unos 1.500 metros, que deberán elevarse a los 2.000 metros para perforar la placa rocosa, como paso necesario para alcanzar los hipotéticos yacimientos. Este dato eleva considerablemente el riesgo de fugas incontroladas de hidrocarburos desde las profundidades marinas, dado que a estas profundidades existe una elevada dificultad técnica para contener este tipo de accidentes. Es muy importante destacar el antecedente ocurrido en 2010, con la plataforma Deep Water Horizon , cuya explosión y posterior hundimiento en aguas

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del Golfo de México , provocó el vertido más importante de la historia, estimado en 779.000 toneladas de crudo

3. La zona donde se realizarán los sondeos y posterior extracción es activa desde el punto de vista sísmico, con innumerables movimientos registrados en los últimos años por el Instituto Geográfico Nacional, donde han registrado movimientos que rozan los 5 grados en la escala Richter.

Sabiendo esto, ¿cuáles son los argumentos que se esgrimen desde Canarias para rechazar lo que parece ser una importante oportunidad económica para el Estado español y para el propio archipiélago?

1. NO ES UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA PARA EL ESTADO Y LA COMUNIDAD. La concesión y posterior explotación se ha realizado a un consorcio de tres multinacionales (Repsol 50% - Woodside 30% - RWE 20%) con intereses claramente privados, que en la cadena de valor difícilmente tributarán en España. Sólo Repsol podría definirse como de interés nacional, aunque desentrañando un poco su accionariado, más de la mitad de sus acciones están en manos extranjeras (incluyendo a TOMASEK, fondo soberano de Singapur, o al banco americano de inversión JP Morgan entre sus actuales accionistas de referencia) y las empresas nacionales (Sacyr y Caixabank) tienen intereses claramente privados que escapan de un control público en lo que respecta al uso de estos beneficios económicos.

2. En la concesión no existe regulación alguna sobre ningún tipo de impuesto especial sobre cada barril extraído. Por lo tanto, no existe ninguna previsión de ingresos a las arcas públicas, y mucho menos para la economía canaria.

3. El sector del Turismo es el sector más importante para la economía canaria, en lo

que respecta a generación de empleo y recursos económicos. Este sector sería el principal perjudicado en caso de producirse un accidente derivado de la extracción de crudo. El desastre ecológico del Golfo de México obligó a desembolsar a British Petroleum (BP) casi 40.000 millones de dólares, de los que 4.500 millones fueron en concepto de multa impuesta por el gobierno norteamericano, 14.000 millones para las labores de limpieza y reconstrucción y 20.000 millones como fondo de indemnización a afectados. Esta cantidad, muy próxima a los gastos que ocasionaría un vertido de gran magnitud en las costas canarias, es muy superior al valor total de REPSOL en bolsa: menos de 29.600 millones de USD (cotización del 13/10/14, www.bloomberg.com/quote. Esto lleva a preguntarnos ¿ha suscrito Repsol garantías y seguros de responsabilidad civil de activación inmediata en caso de catástrofe medioambiental, por valor asimilable a esos 40.000 millones de USD, con alguna aseguradora contrastada y con experiencia en ese tipo de magnitudes? Al respecto, el pasado mes de Agosto el Ministerio de Industria autorizaba a Repsol a ejecutar hasta tres sondeos exploratorios en busca de hidrocarburos en las aguas que separan Canarias de Marruecos, con la única exigencia de constituir un seguro civil de 40 millones de euros y una garantía financiera para riesgos medioambientales de 20 millones . Por muy bajo que sean ambos importes (si los ponemos en relación con la multa de BP), el mero hecho de haberse establecido contradice el argumento de que el riesgo de la actividad exploratoria sea nulo (en cuyo caso, tanto el aval como la garantía deberían tener también un valor nulo)

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4. Sólo en pérdidas dentro del sector turístico, teniendo en cuenta sólo el gasto del turismo extranjero en Canarias, podríamos hablar de unos 11. 500. millones de € anuales (Nota: el gasto turístico oficial generado por los visitantes extranjeros que visitaron Canarias en 2013, ascendió a 11.648 millones de €), y unos daños que se prolongarían al menos dos o tres años.

5. Aproximadamente el 70% del agua consumida en Canari as proviene de la

desalación , es más, las islas de Lanzarote y Fuerteventura prácticamente dependen al 100% de la desalación de agua de mar. Una catástrofe que provocara la llegada de hidrocarburos a las costas canarias generaría un estado de emergencia de magnitudes aún no vistas en España, dejando prácticamente sin recursos hídricos a casi la totalidad de los habita ntes de las islas. En este punto no se puede permitir asumir ningún riesgo, por muy pequeño que pudiera ser, sin antes valorar, mediante un comité de expertos, las consecuencias que pudieran derivarse en este sector, y qué medios podrían disponerse, si es que los hubiera, para no desabastecer de agua a la población en caso de accidente.

6. El actual gobierno español, y sobre todo la irresponsable política energética

impulsada tanto a nivel regional por el Gobierno Canario, como a nivel nacional por el Ministerio de Industria están minando el desarrollo del sector renovable en las islas. En esto es especialmente sensible el archipiélago canario, ya que Canarias cuenta con el mejor y más estable régimen de vientos y de radiación solar de toda Europa. Por otra parte, a nivel global se ha producido en los últimos años una drástica ganancia en la eficiencia de los equipos de generación eólica y fotovoltaica (proporcional a la abrupta disminución de sus costes). Ambos factores combinados permitirían reducir la altísima factura eléctrica (subvencionada a través del sistema estatal de compensación de los costes de los sistemas extrapeninsulares, en base a un esquema de costes reconocidos de las centrales - parque de generación obsoleto, inflexible e ineficiente, que en parte es de la época pre-constitucional). Sin embargo, los responsables en materia de política energética en Canarias (Ministerio de Industria por una parte, y Consejería Regional de Industria por otra) permiten que se siga manteniendo un infame sistema de generación eléctrica con el coste de producción más alto de toda Europa (más de 220€ / Mwh en promedio) , y con un menor índice de penetración de energías renovables en el mix de producción (un insultante 6%, pudiendo ser muy fácilmente del 40% como mínimo), poniendo todos los obstáculos habidos y por haber para frenar el desarrollo de un sector que sería absolutamente estratégico para las islas, más aún teniendo en cuenta su altísima dependencia del consumo de hidrocarburos importados (para generar casi un 95% de la energía eléctrica que se consume en las islas). Es vital establecer políticas que estimulen la implantación de sistemas renovables, sistemas Smart Grid que aúnen generación, almacenamiento, sistemas de apoyo y consumos, teniendo en cuenta a su vez la debilidad de su red eléctrica aislada.

7. Recientemente los sondeos promovidos por el gobierno marroquí, que sí dispone de un control estatal de los beneficios (concretamente el 25% a través de la Oficina Nacional de Hidrocarburos: ese es el % de participación que por Ley, el Gobierno de Marruecos establece para cualquier empresa –o consorcio de empresas- interesada en llevar a cabo prospecciones en el país. Para lo cual deberá constituir

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la correspondiente empresa filial con sede social en Marruecos, y con una participación estatal del 25%), han sido negativos en zonas muy próximas a las pretendidas por Repsol, debido a la enorme dificultad de acceso y gran gasto requerido, lo que obligó a las concesionarias a buscar otra localización.

8. En un informe recibido en mayo pasado, el Instituto Geológico y Minero de España

(IGME) facilita dos estudios, uno denominado “Adecuación de los Estudios de Sismicidad Natural e Inducida” y el otro “Adecuación de la Caracterización Geológico-Geofísica del proyecto Perforación de Sondeos Exploratorios en los Permisos de Investigación de Hidrocarburos Denominados Canarias 1 a 9”. Las principales conclusiones de dicho informe fueron las siguientes:

1.- La zona está catalogada como de sismicidad baja pero hay que tener en cuenta que es una zona poco investigada y que sólo cuenta con aportación científica ya anticuada. 2.- No se ha contemplado la sismicidad asociada al Volcanismo. 3.- La caracterización de las Fallas es muy resumida y sólo se centran en las principales, en general muy alejadas de las zonas de los posibles emplazamientos. Se debería haber completado con una caracterización de las Fallas en las zonas más próximas al emplazamiento. 4.- No conocen ningún caso de Sismicidad Inducida achacable a este tipo de actividad. Y en este aspecto están de acuerdo con el promotor. (Están hablando del caso Español, no existe Sismicidad “registrada” asociada a las prospecciones). Pero en EEUU, Canadá y Noruega sí y hay que tenerlo en cuenta. Especialmente el caso de Canadá donde el punto en el que se han hecho prospecciones ni es sísmico ni es volcánico. Aquí en Canarias sí, por tanto la Sismicidad Inducida sí que puede ser mucho mayor. El proyecto Castor es una prueba de lo que puede suceder cuando en una Declaración Ambiental aprobada no se apercibe de que existían una serie de fallas geológicas, una de ellas sobre la que se asienta el proyecto. Tras un temblor de 4,2 grados de magnitud que hizo temblar la tierra desde Tarragona hasta Castellón, y tras llevar a cabo un análisis en profundidad del nivel de riesgos, se ordenó la paralización definitiva del proyecto de almacenamiento de gas, y la fijación de una indemnización a sus promotores (Escal UGS, participada en un 66,67% por el Grupo ACS) de 1.350 millones de €, que sufragarán todos los consumidores del sistema gasista nacional. 5.- Se considera que en la documentación presentada por el promotor en esta fase no se señalan, en los detalles de las operaciones y fases del mismo, datos sobre parámetros como presiones de agua involucradas, estado tensional, etc., que permitirían hacer una evaluación más completa. Tampoco contempla la Declaración de Impacto Ambiental la zona de corrientes y vientos que propiciarían que las islas se vieran afectadas frente a un eventual vertido. 6.- En relación con la Peligrosidad Sísmica Natural se concluye que la zona donde se enmarcan los Permisos de Investigación Canarias 1 9 es de baja actividad sísmica tanto a nivel regional como a nivel local. Según los estudios más recientes y completos realizados hasta la fecha, el máximo sismo esperable causado en la zona por fenómenos naturales en los “próximos dos años” sería de magnitud 5,2. Conclusiones:

- la Declaración de Impacto Ambiental no tiene en cuenta los peores escenarios, casos

hipotéticos pero reales que podrían darse, lo que somete a la población local a una vulnerabilidad máxima.

- No se puede descartar que se hayan manipulado datos para que la probabilidad sea de 0,0000% frente a la real de 4,48% de riesgo de sismicidad al utilizar un período de tiempo de tan sólo dos años para el cálculo de probabilidades.

- No se puede descartar que se hayan manipulado los datos del modelo numérico; tanto en viento, como probabilidad de ocurrencia, caudal de derrame y tipo de crudo, de forma que sólo se han tenido en consideración los escenarios más benévolos que podrían darse.

- Se han minimizado los riesgos geológicos (sísmicos y volcánicos) haciéndolos prácticamente inexistentes en la Declaración de Impacto Ambiental y además sin contemplar el peligro que existe “per se” en la zona de prospecciones, teniendo además en cuenta que jamás un período

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de retorno en sismicidad se calcula para menos de 50 años, y en este caso, lo han calculado para 2 años, de forma que la cifra de probabilidad puede ser considerada de falsa.

- No se ha tenido en cuenta la presión ejercida por la columna de agua en el lecho rocoso en el momento de la perforación lo que es un gran riesgo si no se controla.

- El plan de contingencia y emergencia es prácticamente inocuo en un vertido de tipo medio y alto, ya que no cuenta con medidas para el abastecimiento de agua en islas completamente dependientes de desaladoras lo que supone un alto riesgo en la población local.

- Este tipo de políticas y modelo energético va en contra de lo que pide las Naciones Unidas, ya que en su 5ª Informe del Cambio Climático, pide a las grandes potencias eliminar cuanto antes la quema de combustibles fósiles en pro de las energías renovables, pues el calentamiento global está siendo un reto mundial.

Debido a estos argumentos, se debe exigir al actual gobierno español rectifique sobre esta decisión tomada con demasiada premura, y establezca un diálogo con las instituciones canarias, apoyados de una mesa de expertos que establezcan los pros y contras de la explotación de los recursos petrolíferos, así como reorientar la participación pública de los posibles beneficios que dicha acción generara, pudiéndose activar con ello políticas de implantación de renovables y almacenamiento.

De esta forma, con todas las cartas sobre la mesa, y siempre que los ciudadanos canarios, conociendo los riesgos así como el uso público de los beneficios, decidieran por mayoría activar nuevamente el proyecto, sería valorada la oportunidad o no de seguir adelante con esta iniciativa.

Y en todo caso, si una parte del apoyo brindado a una multinacional como Repsol, el Gobierno de España la dedicara a propiciar el necesario cambio en el sistema de generación eléctrica de Canarias (uno de los más caros, subvencionados, sucios e ineficientes en toda Europa, y cuyo déficit de tarifa -más de 1.000 millones de € anuales- pagan todos los españoles), con el factible objetivo de que la penetración de energías renovables (fundamentalmente eólica, pero también fotovoltaica) aumenten su peso en el mix general hasta un nivel acorde a su potencial (40-45%, con un adecuado sistema de regulación y reserva), el beneficio que ello supondría para España en general (drástica disminución del déficit de tarifa por sobrecoste del sistema eléctrico canario) y Canarias en particular (generación de empleo cualificado, potenciación de imagen como destino sostenible, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, etc.), entonces sí podríamos pensar que la política energética cuenta con un eficiente diseño, estando además plenamente alineada con el interés general.