1

CORDOBA: SIN PAZ NI DESARROLLO

Víctor Negrete Barrera. Centro de Estudios Sociales y Políticos Universidad del Sinú

Comisión Ciudadana de Reconciliación Costa Caribe

Córdoba es el departamento de Colombia situado al sur de la Costa Caribe, con

un área de 25.020 kilómetros cuadrados y su población de 1.472.699 habitantes

(censo nacional del 2005), la mitad de los cuales vive en el área rural. La actividad

económica es fundamentalmente agropecuaria y el modelo económico que ha

prevalecido está basado en la ganadería extensiva (el 60% del área es pasto con

1.3 cabezas de ganado por hectárea) que para su expansión, ha derribado

bosques, desecado humedales, disminuido biodiversidad y reducido tierra y

producción campesina. El 45% de los suelos es de fertilidad moderada y alta y el

resto de fertilidad baja.

Tiene tres ríos principales (Sinú, 437 kilómetros desde su nacimiento en Antioquia;

San Jorge, 347 kilómetros, también, nace en Antioquia y Canalete con 90

kilómetros), 124 kilómetros de playa, planicies y tres serranías que lo recorren de

sur a norte. Posee yacimientos de ferroníquel, carbón y calizas, territorios

indígenas y la mayor parte del Parque nacional natural Paramillo con 460.000

hectáreas.

Desde que Córdoba es departamento hace cincuenta y seis años ha padecido el

conflicto armado por la actividad de diversos grupos armados presentes en la

zona. Aunque, ha habido avances importantes en cuanto al proceso de

pacificación, la presencia y control de estos grupos, con métodos, ideología y

acciones diferentes, han generado cambios coyunturales y duraderos en lo

económico, social, ambiental, cultural y político en el conjunto de la población.

2

DEPARTAMENTO DE CORDOBA

DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA

3

Aspectos generales del departamento de Córdoba

Información general sobre Córdoba

Variables e indicadores Córdoba Nación Extensión territorial (km2) 25.020 1.141.748 Participación territorial en el total nacional 2,19% 100,00% Número de municipios, 2005 28 1.100 Población (Censo 2005) 1.467.929 42.888.592 Tasa de crecimiento población (estimada 1999-2015) 1,09% 1,79% Participación población en total nacional, 2005 3,42% 100,00% Porcentaje población urbana (Censo 2005) 50,28% 74,35% Porcentaje población rural (Censo 2005) 49,72% 25,65% Participación del PIB departamental en el total nacional, 2005p 2,30% 100,00% Crecimiento promedio PIB (1990 – 2005) 4,95% 2,93% PIB per cápita ($ corrientes), 2005p 5.019.006 5.395.714 Población bajo la línea de pobreza (proyección), 2005 66,27% 49,74% Población bajo la línea de indigencia (proyección), 2005 28,47% 15,65% Distribución de ingreso (índice Gini1), 2000 0,57 0,55 Población con Necesidades Básicas Insatisfechas, 2005 59,02% 27,63% Tasa de desempleo, 2004 14,20% 12,60% Tasa de analfabetismo, 2001 16,92% 7,52% Déficit porcentual de cobertura en salud (régimen contributivo y Sisbén), 2005

50,02% 29,24%

Fuentes: DANE, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, DNP-Dirección de Desarrollo Social. Otras fuentes afirman que el 70% de la población del departamento debe estar inscrita en el Sisben (Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de programas sociales); el único acueducto que suministra servicio de agua potable es el de Montería y el servicio de alcantarillado no llega al 40%. En el presente año fueron reconocidos dos nuevos municipios: Uré, segregado de Montelibano y Tuchín de San Andrés de Sotavento

CONFLICTO ARMADO, NARCOTRAFICO Y GRUPOS POLÍTICOS EN CÓRDOBA

Permanencia y territorios del conflicto armado

El departamento de Córdoba ha pasado por sucesivos períodos de conflicto armado, varios acuerdos de paz y un proceso de negociación que han involucrado a poblaciones de distintos municipios. Los actores comprometidos y su permanencia en el tiempo nos dejan profundas enseñanzas que debemos conocer y asimilar. Veamos cuáles han sido.

• Enfrentamiento liberal-conservador (1949-1959) en Montería, Tierralta (incluyendo Saiza), Canalete, Montelibano, Puerto Libertador, San Carlos, Chimá, Ayapel.

• Expansión terrateniente (1960-1966) en Montelíbano y Puerto Libertador.

4

• Surgimiento desmovilización y frustración de la guerrilla de izquierda (1967 en adelante) en el alto Sinú (Tierralta, Valencia), San Jorge (Puerto Libertador, Montelíbano, Ayapel, Planeta Rica, Buenavista, Pueblo Nuevo), Urabá cordobés (Canalete, Montería) y Sabanas (Chinú y San Andrés de Sotavento).

• Presencia del narcotráfico y formación de grupos armados privados. (1980-1994) en Montelíbano, Buenavista, Cereté, Canalete, Ayapel, Montería, Valencia, Tierralta.

• Surgimiento y fortalecimiento de la contrainsurgencia privada ligada con el narcotráfico y la dirigencia política (1994-2003), en la mayoría de los municipios.

• Proceso de negociación del Gobierno con las Autodefensas Unidas de Colombia (2003-2006) y la posdesmovilización (2006- en adelante).

¿Cómo se ha desenvuelto el conflicto armado a través de los años, cuál ha sido la influencia del narcotráfico y qué posición han adoptado los grupos políticos respecto a uno y otro? Es lo que intentaremos aclarar mediante un breve repaso a la historia vieja y reciente del conflicto armado.

Enfrentamiento liberal-conservador

Este período es conocido también con el nombre de violencia bipartidista. Empezó en 1949, tres años antes de la creación del departamento de Córdoba, segregado del de Bolívar. A la sazón los gobiernos del departamento de Bolívar y el municipio de Montería estaban en manos de los conservadores. Sus gobernantes y directorios políticos controlaban toda la situación. En Cartagena sobresalían Juan Pupo Villa, Alfredo Araújo Grau, Chepe de la Vega y Ramón P. de Hoyos y en Montería Ignacio, Prisciliano y Eusebio Cabrales, Miguel Escobar Méndez, Francisco Burgos, Ramón Berrocal Failach, Manuel Antonio Buelvas y Horacio Guzmán, entre otros. La disputa por el control de los organismos y cargos gubernamentales, la posesión de la tierra, los privilegios familiares, el electorado de las cabeceras y el campo y una que otras diferencias sobre derechos sociales y autoridad, fueron las razones principales que enfrentaron a los liberales y conservadores en las áreas urbanas y rurales de las zonas del Sinú y San Jorge. Los liberales acusaban a los conservadores en el poder de desconocerles sus derechos ciudadanos, ordenar abusos a la policía y en general, aprobar tropelías y agresiones contra los miembros de su colectividad. Ante los atropellos los liberales respondieron de distintas maneras. Explicable por la diversidad de matices ideológicos que siempre los ha caracterizado, el grado de

5

compromiso con el partido, la gravedad de la agresión y la lejanía o aislamiento del lugar donde se encontraban. Algunos dirigentes y miembros del directorio liberal de Montería, por ejemplo, fueron encarcelados o buscaron refugio en otras ciudades por un tiempo prudencial. Tales fueron los casos de Antonio Navarro, Eugenio Giraldo, Héctor Lorduy y Jesús Rodríguez Corrales. Otros sobrellevaron la situación por vínculos de amistad, parentesco o negocios con la dirigencia conservadora local. En sitios del alto Sinú y San Jorge, así como en Canalete y en límites con Antioquia por la serranía de Abibe, los líderes conformaron grupos guerrilleros. Estos lugares tenían algo en común: el alto San Jorge con tradición de rebeldía desde la época de la colonia; el alto Sinú con historias de luchas por la tierra y una abundante población de colonos y pequeños productores inconformes y Canalete con antecedentes de luchas por la tierra y una masa campesina decidida a continuarlas. En el San Jorge operó Julio Guerra hasta 1959 cuando llegó a acuerdos con el gobierno nacional. En Tierralta, Mariano Sandón y en Valencia, Evaristo Calonge: ambos amnistiados por el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957). En Canalete y parte del Urabá antioqueño, Oscar Domínguez, Tiburcio León, Cartagena, Rudas, Fuentes y Pozzo, entre otros. Unos cayeron en combate mientras otros fueron apresados o abandonaron la insubordinación. Los directorios políticos de Cartagena y Montería vieron con reservas la organización y acciones de estos grupos y aunque la mayoría de sus miembros no estuvo de acuerdo con ellos, evitaron las censuras y rechazos públicos. Eran conscientes de la defensa que hacían de los intereses e ideología liberal pero para evitar contradicciones irreconciliables con la cúpula conservadora, el poco apoyo que les prestaron fue a título personal y de manera subrepticia. Al parecer el propósito era mantener el control político de los directorios y preservar sus jerarquías. Las bases, mandos medios, dirigentes y líderes guerrilleros, en especial de los pueblos y el área rural, individual o en grupos, debieron sortear la situación con sus propios esfuerzos y criterios, sin contar con el apoyo y orientación de los jefes. En los pueblos hubo dirigentes destacados que fueron apresados o acusados por hacer parte de las guerrillas. En Valencia es conocido el caso de Quique Silgado y en Canalete el de Diego Vellojín. Cuando detuvieron a este último en Montería el periódico conservador El Deber, registró así la noticia, según recorte de prensa que mantiene la familia:

“Capturado el bandolero Diego Vellojín. En las últimas horas de la tarde del martes fue capturado en esta ciudad uno de los famosos bandoleros que encabeza las chusmas criminales que actúan en la región de

6

Canalete. El célebre personaje entraba a la ciudad donde se dice que tenía la costumbre de venir a comprar plomo, pólvora, sal, azúcar y otros objetos para el sostenimiento de la banda. A este pájaro de mal agüero se le imputa el delito de haber sentenciado a muerte al distinguido conservador señor Félix Munzón en Santa Catalina. Ahora veremos si alguien sale a decir que el tal bandolero es persona honorable y de buena conducta. Mientras tanto que se le apliquen la ley hasta donde dé”. Durante dieciocho meses lo mantuvieron detenido.

Derrocada la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla e instaurado el Frente Nacional o la paridad entre los partidos (1958-1974), los grupos políticos de Córdoba acordaron alianzas o coaliciones con el objeto de obtener mejores resultados en las elecciones para las corporaciones públicas. Los conservadores laureanistas (de Laureano Gómez) se agruparon en torno a Manuel Antonio Buelvas y Ramón Martínez Vallejo y los ospinistas (de Ospina Pérez) con Remberto Burgos Puche, Amaury García y Enán Burgos. Mientras los liberales navarristas (de Antonio Navarro) lo hicieron con Antonio Navarro, Libardo y Edmundo López, Alfonso De La Espriella y los aministas (de José Gabriel Amin) con José Gabriel Amin, Germán Bula Hoyos, Marcos Díaz Castillo, Jesús Rodríguez Corrales. En un principio fueron coaliciones entre fracciones de un mismo grupo. En el transcurso del Frente Nacional las coaliciones se hicieron entre fracciones de los dos grupos por conveniencia electoral y, por ende, mayores posibilidades de acceder al poder. Una de las más estables fue la de Remberto Burgos (conservador)- Germán Bula (liberal) y Miguel Escobar (conservador)- Libardo López (liberal). Posteriormente del bulismo (Bula) se desprendieron Francisco Jattin de Lorica, Salomón Náder y Jorge Elías Náder de Sahagún; lo que quedó del burguismo (Burgos) y escobarismo (Escobar) lo ha recogido Julio Manzur de Cereté, aunque un sector se mantiene fiel al burguismo; el lopismo (López) sigue en manos de la familia bajo la dirección de Juan Manuel de Montería y el grupo de Miguel De la Espriella de Cereté no tiene aliados fijos o permanentes. Francisco Jattin y el senador Jorge Elías Náder conformaron después su propio movimiento, Insurgencia Liberal. Este recién creado movimiento logró lo que parecía imposible: en un mismo período legislativo colocó a sus dos jefes en las presidencias de la Cámara y el Senado del Congreso de la República. Poco tiempo después el Consejo de Estado le declaró la pérdida de investidura a Francisco Jattin por conflicto de intereses en relación con la aprobación de un proyecto de ley sobre la despenalización del enriquecimiento ilícito y la Corte Suprema de Justicia condenó a Jorge Elías Náder por enriquecimiento ilícito, inhabilitándolo políticamente a aspirar a cargos públicos. Por el mismo cargo fue

7

condenado Jaime Lara del grupo Mayorías Liberales que seguía las orientaciones del senador Juan Manuel López. El caso del grupo Mayorías Liberales llama la atención. Es uno de los de mayor votación en el país y el de más tradición en Córdoba. El bisabuelo del senador fue general de la república y prefecto de la provincia del bajo Sinú. Importó la primera imprenta para difundir las ideas liberales. Su abuelo quedó invidente a los 30 años de edad pero siempre mantuvo una estrecha relación con políticos, comerciantes, ganaderos e intelectuales de Cartagena, donde decidió vivir. Su padre, Libardo, fue el creador del movimiento, ocupó cargos oficiales importantes que le facilitaron conformar un grupo fuerte y estable. Sus tíos y hermanos han sido ministros, embajadores, gobernadores y alcaldes. En fin, han vivido hace varias generaciones para el partido liberal y la administración pública que la han usufructuado con generosidad. El gobierno de Julio Cesar Turbay (1978-1982) enfrentó a los grupos armados y bajo el amparo del Estatuto de Seguridad, reprimió la protesta popular y crecieron las violaciones a los derechos humanos. Pero además empezaron a funcionar formalmente las llamadas comisiones, porcentajes en dinero como forma de pago por acceder a puestos y contratos. Mediante ellas los funcionarios obtienen ganancias extras y favorecen a amigos, familiares y toda clase de personas cercanas a sus grupos políticos. En Córdoba, todos los grupos, unos más que otros, han hecho uso de ellas. Este nuevo elemento le entregó más recursos a los grupos políticos y a las campañas electorales, dinamizó las coaliciones, estimuló el lentejismo y posteriormente contribuyó a crear las famiempresas electorales.

Expansión terrateniente

Al tiempo que el dirigente liberal de San Jorge Julio Guerra preparaba a sus hombres y le daba forma a su organización armada, un grupo de activistas del Partido Comunista llegados del interior del país adelantaba proselitismo político en la zona. De esta manera en el área actuaron la guerrilla liberal de Julio Guerra y el Sindicato de trabajadores agrícolas del San Jorge orientado por los comunistas. Aunque existieron diferencias ideológicas, por lo regular terminaban uniendo esfuerzos para enfrentar los enemigos comunes: la policía conservadora y los hacendados inescrupulosos que explotaban el trabajo campesino o los despojaban de sus tierras. Desmovilizadas las fuerzas de Julio Guerra, desapareció el control de entrada al área. De inmediato se desató un deseo desaforado por tierra que generó un nuevo conflicto. Hacendados, comerciantes y aventureros del San Jorge, Antioquia, San Marcos (hoy Sucre) y hasta un finlandés, adquirieron o engrandecieron predios con base en amenazas, engaños, intimidaciones y maniobras fraudulentas.

8

Los miembros del Sindicato trataron por todos los medios de defender sus propiedades y recuperar las perdidas. Las colonias o pueblitos organizados que habían establecido, cerca de 20, con poblaciones entre 40 y 2000 habitantes, algunas de las cuales alcanzaron a ser corregimientos, fueron desapareciendo bajo el fuego de bandas de sicarios traídas del interior del país, la ineficiencia de la justicia local y departamental, la indiferencia de las administraciones gubernamentales y la complicidad de los grupos políticos. La zona fue estigmatizada como guarida de asesinos, maleantes y cuatreros, donde todo se justificó por ser tierra de nadie. Al final del período grandes extensiones de tierra quedaron en pocas manos: conocidos e influyentes hacendados, comerciantes y políticos de ambos partidos. Aquí tal vez está la razón el por qué del silencio de los grupos políticos.

Surgimiento y frustración de la guerrilla de izquierda.

En 1964, producto de serias divergencias, un grupo de dirigentes abandonaron el Partido Comunista de Colombia y crearon el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML) de orientación maoísta. Dos años más tarde, en un pleno de su comité central trazaron la línea militar y seleccionaron los sitios posibles donde podrían organizarse y operar los primeros núcleos armados. Algunos de estos lugares fueron el Alto Sinú y San Jorge, Urabá, Bajo Cauca y sur de Bolívar para mencionar los más cercanos. En diciembre de 1967 el PCML anunció en una proclama el nacimiento de su brazo armado, el Ejército Popular de Liberación (EPL), en la zona montañosa del Alto Sinú y San Jorge. La base principal de su actividad política y militar fueron los Llanos del Tigre y Manso por la fácil comunicación entre el Sinú y San Jorge y la experiencia ganada por los campesinos en la guerrilla liberal. Los primeros años fueron traumáticos. Perdieron ideólogos, fundadores y responsables militares. Sufrieron purgas, deserciones y el ejército los acosó con insistencia. (Uparela, 1995). A pesar de ello lograron sobreponerse y alcanzaron gran influencia en la organización y luchas campesinas, estudiantiles, sindicales, magisteriales, artísticas y culturales durante la primera mitad de la década de los setenta. Como ejemplos aparecen la participación, junto con otras fuerzas de izquierda y movimientos sociales y comunitarios, en la lucha por la tierra que adelantó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC) entre 1970 y 1974; la creación de la Federación de Estudiantes de Córdoba; el paro cívico de 1974 que paralizó varios municipios por reivindicaciones relacionadas con educación, servicios públicos, derecho a la tierra, costo de vida y mejores salarios, entre otras y el fortalecimiento de sindicatos de la educación, vías nacionales, servicios públicos, salud y comunicaciones, especialmente. Por primera vez en la historia del departamento un grupo de organizaciones de izquierda, bajo el liderazgo del PCML y el apoyo de amplios sectores de la

9

población, fueron protagonistas de reivindicaciones sociales que cuestionaron las políticas y programas de los gobiernos nacional y departamental. Durante estos años los directorios políticos no tomaron posición oficial sobre los hechos sucedidos. Hubo pronunciamientos aislados de algunos dirigentes y funcionarios solicitando la intervención del gobierno central para restablecer el orden perturbado y darle solución a algunas de las demandas exigidas. Solo la dirigencia local del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), disidencia del partido liberal que dirigía Alfonso López Michelsen, se pronunció a favor de estas protestas y vio con buenos ojos las acciones reivindicatorias que apoyaba la guerrilla. El grupo lo conformaban reconocidos profesionales y dirigentes como Rafael Yances, Antonio Brunal Echenique, Hernando Santos, Eduardo Pastrana, Jorge León y García y Edilberto Kerguelén, entre otros. A través del periodismo, la literatura y las cátedras que dictaban en el colegio Ateneo, fundado por ellos, dieron a conocer sus opiniones y propuestas sociales. Aunque no lograron darle cuerpo a ninguna organización ni crear una corriente de opinión, los aportes que hicieron al periodismo y literatura son significativos. Llama la atención que en los grupos liberal y conservador no se produjeron rupturas ni realinderamientos de ninguna clase. Sin duda alguna estos fueron los años de la guerrilla de izquierda con ideales revolucionarios que despertaron entusiasmo y ganaron simpatías. Los años siguientes fueron de divisiones, fusiones y desapariciones de grupos en la izquierda colombiana. Del PCML, por ejemplo, surgieron los grupos Proletario y Tendencia Marxista Leninista. Estos a la vez, en corto tiempo, dieron origen o se sumaron a otros movimientos. Dos hechos le señalarían al PCML y su brazo armado sus nuevos caminos a seguir. Nos referimos al Congreso del Partido en 1980 donde tomaron la decisión de adelantar trabajo político y militar en los centros urbanos y a la primera conferencia nacional del EPL en 1981 donde insistieron en la necesidad de recaudar fondos por distintos medios para poder crecer y mantener la guerra. Bajo esta orientación las llamadas “contribuciones voluntarias” a ganaderos, agricultores y empresarios en general aumentaron en precio y número de contribuyentes. Ya no solo eran los ricos y pudientes, a los medianos también “les tocó meterse la mano al dril”, según la expresión popular. Las otras modalidades de recaudo eran la extorsión, robo, abigeo y secuestro. En caso de rechazo u oposición eran víctimas de homicidios, ajusticiamiento, fusilamiento de reses o quema de fincas. Al narcotráfico le cobraban una especie de impuesto o participación por carga enviada al exterior.

10

Este fue uno de los aspectos, no el único, que contribuyó a la radicalización de los ganaderos y la génesis de las Autodefensas que terminaron confrontándolos y causando la desmovilización casi total de esta fuerza beligerante. En 1980 empezó a incursionar el 5 frente de las FARC que operaba por el norte de Antioquia. Tres años más tarde conformaron el 18 frente, después el 35, 37 y el 58 que tradicionalmente han hecho presencia en Córdoba. En 1976 llegaron los primeros cuadros del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de orientación trotskista. El brazo armado que crearon incursionó por los límites con el departamento de Sucre sin mucha notoriedad. La Corriente de Renovación Socialista (CRS), disidencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgió antes de la desmovilización del EPL en 1991.

Presencia del narcotráfico y formación de grupos armados privados

Del contrabando al narcotráfico El contrabando fue práctica común en la zona costanera del departamento. En Los Córdoba, Moñitos, Puerto Escondido y San Antero, municipios del litoral, era fácil la adquisición de electrodomésticos, relojes, licores, cigarrillos, vajillas, telas, vestidos, perfumes, calzado, sombrillas, medicamentos, calculadoras, radios y cualquier cosa que encargaran los compradores. Era fácil por la ausencia de autoridades y cuando hacían presencia, era la inoperancia y la venalidad lo que lo permitía. Con el transcurso de los años se restringió el contrabando pero subsistieron rutas, contactos y experiencias. En la segunda mitad de la década de los setenta irrumpió la marihuana. Todavía se recuerda a los guajiros metidos en el negocio con sus camionetas, gruesas cadenas y pulseras de oro, relojes costosos, los conjuntos vallenatos que contribuyeron a popularizarlos y fiestas extravagantes. Hubo monterianos y cordobeses que se metieron en la actividad y amasaron o aumentaron pequeñas o medianas fortunas con discreción, sin las ostentaciones de los guajiros. Algo parecido pero en menos proporción de lo que ocurrió en el departamento del Cesar. Al despuntar la década de los años ochenta el narcotráfico estaba en constante crecimiento en el país. Los grandes capos de la droga se fijaron en Córdoba por sus características naturales e institucionales: 124 kilómetros de litoral; las serranías de Abibe, San Jerónimo y Ayapel; extensas llanuras; la cercanía a Panamá que facilitaba el contrabando, el tráfico de armas y drogas y el lavado de activos; el parque nacional natural Paramillo con más de 300.000 hectáreas en el sur del departamento; el aislamiento geográfico y abandono estatal de amplias zonas y la debilidad e indiferencia de las administraciones y autoridades locales.

11

Adquirieron tierras y montaron empresas fachadas. En los predios construyeron bodegas para almacenar y pistas para despachar la droga al exterior. Estaban situados en Montería, Canalete, Cereté, Montelíbano, Buenavista y la zona costanera, donde también fue frecuente el empleo de embarcaciones rápidas por el mar. Algunas de las pistas estaban dotadas de iluminación para el tráfico nocturno. Hubo períodos en que el número de pistas en operación superaba las 30. (Sánchez, 2001 y 2003). En los sitios donde operaba el EPL, la alianza con el narcotráfico terminó celebrándose por la conveniencia que le reportaba a ambos: el primero recibía una especie de impuesto por avioneta cargada que podría ser en dinero o en especie (armas, medicamentos y provisiones) y el segundo, a cambio, le permitía las operaciones y le brindaba cierta seguridad por estar en territorio bajo su control. Los primeros cordobeses involucrados en el negocio fueron de Montelíbano y Ayapel. Poseían o adquirieron fincas y les construyeron pistas y caletas. Después se vincularon pilotos de avionetas utilizadas en el tráfico y un número desconocido de personas que invirtieron sumas diversas de dinero destinado a comprar base de coca o la cocaína ya procesada para enviarla al exterior. Durante varios años, casi una década, al parecer el negocio marchó sin mayores contratiempos. En 1991 la Policía de Bogotá conocía de los embarques que efectuaban desde distintos sitios del departamento y envió al director de la sección de estupefacientes, el capitán Pedro Rojas Betancurt. Su labor, aunque bien encaminada, terminó abruptamente: tres jóvenes de distinguidas familias de Montería, involucrados en el negocio, fueron condenados por la muerte y desaparición del capitán y su conductor (Sánchez, 2001). Este suceso puso al descubierto parte de la realidad del narcotráfico y las dimensiones que había alcanzado en la sociedad cordobesa. Del narcotráfico a los grupos armados privados y las Autodefensas No conocemos quienes lo trajeron o le cursaron la invitación, el motivo ni la fecha de llegada. Se sabe que compró la finca Las Tangas, situada a orillas del río Sinú en el municipio de Valencia, en los primeros años de la década de los ochenta. Nos referimos a Fidel Castaño, “antiguo narcotraficante antioqueño con nexos con Pablo Escobar y el cartel de Medellín”. (Romero, 2003). Poseía recursos económicos, experiencia, relaciones con políticos y estamentos militares, amplios conocimientos sobre el narcotráfico y la guerrilla y comprendía la mentalidad de los ganaderos. A esto se le sumaba su atlética presencia física, carisma y liderazgo. Sabía, además del modelo de Autodefensas y paramilitares del Magdalena Medio impulsado por sectores de la oficialidad de la XIV Brigada del Ejército con sede en Puerto Berrío (Romero, 2003). Sostenía que a la guerrilla se le combatía con sus mismos métodos irregulares. Bajo la orientación de Castaño, los ganaderos empezaron a armar con diligencia una especie de red antisubversiva: recibieron instrucciones sobre el modelo y los

12

procedimientos que emplearían; adquirieron armas; contrataron hombres y formaron grupos para la defensa de su vida y bienes; montaron un sistema de comunicación entre las fincas y de informantes en las áreas urbanas y rurales y elaboraron un discurso basado en el derecho a la defensa propia cuando el Estado no quiere o no puede brindarlo. La lucha frontal que desataron contra la guerrilla no solo golpeó a sus militantes, simpatizantes y colaboradores, extensiva a veces a los familiares, también a miembros de sindicatos, asociaciones campesinas, organizaciones no gubernamentales, de derechos humanos y hasta ambientalistas, activistas sociales y políticos independientes y, en fin, a críticos o inconformes por la exclusión y las desigualdades sociales, el control político y la concentración del poder y la riqueza. Muchos de estos dirigentes y animadores no tenían relación con la guerrilla pero los convirtieron en objetivo militar por la visión y táctica contrasubversiva que emplearon. De esta manera muchas organizaciones del campo y centros urbanos desaparecieron, redujeron sus actividades o cambiaron su visión. Hubo muertos, desaparecidos, exiliados internos, desplazados, amenazados, intimidados, sitiados en su propia comunidad. La desmovilización del EPL en 1991 fue vista como un triunfo de Fidel Castaño y el Ejército Nacional. La imagen de Castaño creció como protector de la sociedad y la democracia. Disminuyó el número de homicidios, secuestros, extorsión, boleteo, abigeato y desplazamiento forzado, se revalorizó la tierra, hubo recuperación parcial del hato ganadero, cierto retorno al campo y alguna reactivación de la economía agraria. Después de este breve lapso los espacios dejados por el EPL fueron ocupados por otras organizaciones guerrilleras, en especial las FARC. Esto motivó la reactivación del aparato militar de Castaño. En 1994, en condiciones no aclaradas todavía, desapareció Fidel siendo sucedido de inmediato por su hermano Carlos. En 1993 en el recorrido que hicimos por el río San Jorge, nos topamos en varias ocasiones con personas movilizando insumos para el procesamiento de la coca. Parece ser que en Córdoba empezaban los cultivos de uso ilícito y su procesamiento. Años después los extenderían a los municipios de Tierralta, Valencia y Ayapel. Los grupos políticos, fieles a su comportamiento tradicional, no emitieron declaraciones ni tomaron posiciones sobre los hechos. Los gobiernos departamentales y municipales dejaron todo en manos de la fuerza pública y el gobierno nacional. Eludieron su responsabilidad en estos asuntos. Con la llegada de Belisario Betancur a la jefatura del gobierno (1982-1986) hubo un cambio en el tratamiento del problema de la guerrilla. En noviembre de 1982 expidió la ley número 35, “por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al establecimiento y preservación de la paz”. De esta manera se produjo el excarcelamiento de casi 500 militantes de izquierda y el gobierno

13

reconoció la importancia de la Comisión de Paz, constituida años atrás, con la tarea específica de lograr acercamientos con las guerrillas y diseñar principios de acuerdo que pudieran ser suscritos con el gobierno. La Comisión, en cumplimiento de sus deberes, consiguió en 1984 acuerdos de tregua o cese al fuego con las FARC, Movimiento 19 de Abril (M19), EPL y Autodefensas Obreras (ADO). Las FARC y el EPL montaron sendos movimientos políticos legales para atender la coyuntura de la tregua: la Unión Patriótica (UP) y el Frente Popular, respectivamente. Años más tarde, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Tendencia y Debate Marxistas Leninistas, también crearon el movimiento político legal A Luchar con el que hicieron presencia en eventos y movilizaciones. Las primeras manifestaciones públicas de la UP y el Frente Popular las llevaron a cabo en distintos lugares del departamento. La inconformidad de la fuerza pública y los ganaderos no solo era por la amnistía sino también por las movilizaciones. Pocos meses después el ejército, la policía y los ganaderos acusaron a la guerrilla de estar aprovechando la tregua para hacer proselitismo político a favor de la lucha armada y de continuar con los secuestros, extorsiones, quemas de “mayorías” o casas principales en las haciendas y sacrificio de hatos ganaderos. Por su parte la guerrilla los responsabilizaba de adelantar allanamientos y detenciones ilegales, de ser responsables de desapariciones, cómplices de grupos paramilitares, aumentar el pie de fuerza y aprovisionarse de armas y vehículos. Ante los hechos causados por la política del presidente Betancur los directorios políticos no se pronunciaron como tales. De nuevo las consabidas declaraciones de un funcionario o dirigente sin comprometer al conjunto de las directivas. En el alto San Jorge las cosas eran diferentes. Líderes locales le dieron cuerpo a la Corporación de Amigos de Puerto Libertador, una asociación de organizaciones populares preocupadas, entre otras prioridades, por la suerte del proceso de paz. A instancias de ellos hubo reuniones en Pica Pica Nuevo, Anchica, La Rica y otros sitios donde asistieron miembros de la Comisión de Paz, EPL, administración local, concejales y directivos de empresas, entre otros, para analizar la marcha del proceso y la situación del municipio. Los documentos de esta organización mencionan los grandes latifundios dedicados a la ganadería extensiva; alto número de colonos, minifundistas y jornaleros; el desplazamiento de los pequeños propietarios; las dificultades de la producción, la comercialización, el transporte y la capacitación; la falta de educación y servicios de salud. Estas Corporaciones de amigos funcionaron también en Montelíbano, Uré y La Apartada. Sus dirigentes estaban convencidos que la paz la obtenían mejorando las condiciones de vida de la población y no solo desmovilizando y reinsertando a los combatientes. Al final el proceso fracasó, varios miles de miembros de los movimientos legales de las organizaciones de izquierda fueron asesinados en numerosos sitios del

14

país. El gobierno de Virgilio Barco (1986-1990) reanudó los diálogos con la insurgencia al tiempo que los actores armados aumentaban su capacidad y preparativos para la guerra. En 1987 el gobierno creó la XI Brigada del ejército con sede en Montería; el EPL hizo parte, con las FARC y el ELN, de la Coordinadora guerrillera Simón Bolívar y los diferentes grupos armados privados crecían y fortalecían cada vez más. Los tres últimos años de este período presidencial son difíciles de olvidar por los altos niveles que alcanzó la confrontación entre los actores. Algunas cifras indican que la tasa de asesinatos políticos o presumiblemente políticos sucedida en el departamento fue de las más elevadas del país. En 1990, según la opinión de algunos excomandantes, la mayoría de los mandos del EPL estaban convencidos que debían abandonar la lucha armada y construir un movimiento político abierto y democrático. Esta disposición aligeró el acuerdo de paz que buscaba con el gobierno nacional. Al parecer el EPL puso como condición para la desmovilización que Fidel entregara las armas. Aunque no resultó fácil convencerlo, terminó accediendo. En el mes de octubre hizo entrega del material de guerra. Asistieron al acto, además de Fidel, Omar Caicedo y Anibal Palacios, líderes del EPL; Otty Patiño y Alvaro Jiménez por el M-19 como mediadores; Rodrigo García Caicedo, presidente del Fondo Ganadero y reconocido líder del gremio y el exgobernador del departamento Jorge Elías Náder. (Sánchez, 2001). Como es sabido el 25 de enero de 1991 hubo la desmovilización del PRT en Don Gabriel, Ovejas, Sucre; el 1 de marzo del mismo año la del EPL en Juan José, Puerto Libertador, Córdoba y el 9 de abril de 1994 la de la CRS en Flor del Monte, Ovejas, Sucre. En Córdoba el número de desmovilizados del EPL fue de 349 combatientes, 30 de la CRS y 16 del PRT. De la desmovilización nació el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Participaron en elecciones solos y en alianzas. Con el ganadero Rodrigo García por poco ganan la gobernación en la primera elección por voto popular en 1992 y durante varios períodos obtuvieron diputado y concejales. Después, a medida que a la mayoría de los desmovilizados se les complicaba la situación económica por el fracaso de los proyectos productivos y la terminación de los subsidios entregados por el gobierno, se reincorporaron a las filas de las FARC y de los grupos armados privados que terminaron conformando las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Un porcentaje no definido perdió la vida por distintas causas y solo un 30% aproximadamente aprovechó las ventajas de la reinserción y con honestidad se reincorporó a la vida civil. Para 1996 el EPL como movimiento dejó de ser opción política. La vigencia de su personería jurídica terminó con la aprobación de las leyes que reglamentaron la existencia y funcionamiento de los partidos políticos durante el primer gobierno del presidente Alvaro Uribe (2002-2006).

15

El balance y las lecciones que deja esta experiencia de 30 años todavía no están agotadas y mucho menos asimiladas. Lo mismo podemos decir del PRT y la CRS.

Surgimiento y fortalecimiento de la contrainsurgencia privada

Las estructuras que dejó Fidel Castaño, fácilmente fueron reactivadas por su hermano Carlos para hacerle frente a lo que llamó “la nueva guerra de agresión” de las FARC. Con una diferencia: la respuesta no sería estrictamente militar sino a través de un frente político-militar que empezaron a moldear con las llamadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en 1994. Los principios que sustentaron la filosofía de este proyecto partían de considerarse, como ya dijimos, movimiento político-militar antisubversivo de resistencia civil, con derecho a ejercer la legítima defensa personal o colectiva ante la desprotección estatal por la vida y la propiedad privada y a rechazar las abominables prácticas de clientelismo y corrupción en la gestión pública.(Castaño, 1999). Bajo estos criterios Carlos Castaño buscó la coordinación con otros grupos de Autodefensas y paramilitares que operaban en distintas regiones del país. Después de un período de discusiones y compromisos decidieron agruparse en el movimiento nacional Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 18 de abril de 1997, para adelantar la “lucha confederada contra la subversión”. En el acto de constitución definieron las AUC como “un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en ejercicio del uso del derecho a la legítima defensa, que reclama transformaciones del Estado pero no atenta contra él”. (Castaño, 1999). Aparecieron como fundadores: las ACCU, las Autodefensas de Puerto Boyacá, las de Ramón Isaza y la de los Llanos Orientales. Un mes después otros grupos de carácter antisubversivo y/o narcotraficante, ingresaron a la organización. Nos referimos a las Autodefensas de Santander y Sur del Cesar, a las del Casanare y Cundinamarca. El respaldo que recibieron de sectores radicales de los ganaderos, empresarios y comerciantes, así como de la fuerza pública, funcionarios estatales y medios de comunicación, les facilitó influir en los estratos medios y altos de la sociedad, los gobiernos locales, las instituciones descentralizadas del orden nacional, la justicia, los órganos legislativos, los grupos políticos y en la vida misma de las comunidades bajo su control. Después intervinieron en la economía con el lavado de cuantiosas fortunas, agroindustrias, comercio, ganadería, tierra, vivienda, salud, juegos de chance con la colaboración de familiares, amigos, socios y testaferros. En pocos años el número de bloques y frentes creció aceleradamente. A tal punto que durante el proceso de negociación se conocieron las siguientes estructuras armadas, desmovilizadas o no: Bloques Córdoba, Cacique Nutibara, Bananero, Noroccidente Antioqueño, Suroeste Antioqueño, Pacífico “Héroes del Chocó”, Libertadores del Sur, Calima, Tolima, Centauros, Montes de María, Sur de

16

Magdalena e Isla de San Fernando, Catatumbo, Héroes de Granada, Cundinamarca, Norte, Minero, Vencedores de Arauca, Elmer Cárdenas, Resistencia Tairona, Hérores del Llano, Ariari y Guaviare. Los Frentes Héroes de Tolová, la Mojana y Vichada. Las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, las de Meta y Vichada y las del Casanare. Debemos anotar que no todos los ganaderos, empresarios y comerciantes que secundaron y patrocinaron este movimiento anticomunista estuvieron de acuerdo con desconocer y reemplazar las fuerzas de seguridad del Estado, más bien, afirmaban, que debían colaborar sin sobrepasar los límites de la legalidad. Tampoco compartían la ejecución de masacres, el empleo de métodos brutales en las acciones ni las acusaciones indiscriminadas contra comunidades, sectores sociales e individuales que disentían de su ideología y procedimientos. Eran apreciaciones con cierto sustento ideológico, político, cultural o religioso. Ante la imposibilidad del Estado de garantizarles el manejo de los bienes y el derecho a la vida y la urgencia de adoptar medidas de control al avance subversivo, los radicales no encontraron oposición y terminaron siendo los voceros autorizados ante los jefes de las Autodefensas. En el año 2002, la Policía en el departamento dio a conocer los grupos de las FARC y las Autodefensas que se encontraban operando: por las FARC los frentes 5, 18, 35, 37 y 58 que tradicionalmente han operado en el oriente, sur y occidente del departamento en límites con Antioquia. Hacían presencia, además, reductos del ELN y el PRT. Por las Autodefensas el bloque Sinú-San Jorge con presencia en el alto Sinú, San Jorge y límites con el Urabá Antioqueño y el grupo urbano que actuaba en Montería y Cereté. Bloque Elmer Cárdenas tenía a su cargo la zona costanera y el bloque Metro con ingerencia en el San Jorge, en límites con el bajo Cauca. El año 2002 fue de elecciones: en marzo para congreso y en mayo para la presidencia de la República, período 2002-2006. La campaña enfrentó a Horacio Serpa del Partido liberal y Alvaro Uribe, disidente liberal, apoyado por distintos movimientos y grupos políticos. Las propuestas de este último contra la corrupción y la politiquería, el combate sin tregua a los grupos armados ilegales y el restablecimiento del orden y la seguridad, atrajo la atención de los jefes de las AUC. Estas, interesadas en combatir la guerrilla apoyaron la propuesta de Alvaro Uribe y a Eleonora Pineda, su vocera incondicional, la designaron cabeza de lista para la Cámara por el grupo de Miguel Alfonso De la Espriella, candidata de Salvatore Mancuso, comandante de las Autodefensas de Córdoba. Años después, gracias a lo que se conoce con el nombre de parapolítica (alianza de políticos y paramilitares para obtener beneficios mutuos) nos enteramos que la alianza la sellaron con la mayoría de la dirigencia política del departamento.

17

En el departamento los resultados de ambas elecciones según la Registraduría Nacional del Estado Civil fueron los siguientes: Para la Cámara Eleonora Pineda Arcia, 82.082 votos, Movimiento Popular Unido, liberal. Zulema Jattin Corrales, 61.522, Apertura liberal Fredy Sánchez Arteaga, 56.573, Partido liberal Musa Besailes Fayad, 52.552, Partido liberal Reginaldo Montes Alvarez, 48.302, Movimiento de Integración Popular Liberal (MIPOL). Para el Senado Juan Manuel López, 104.377, Partido liberal Miguel Alfonso De la Espriella, 65.540, Movimiento Popular Unido, liberal Julio Manzur Abdala, 45.032, Partido Conservador. Mario Salomón Náder, 43.068, MIPOL Para presidente Horacio Serpa Uribe, 196.697 votos, Partido liberal Alvaro Uribe Vélez, 142.407, varios movimientos. Mayorías Liberales acompañó a Horacio Serpa y le ganó a Uribe a pesar de no poder hacer proselitismo en los municipios de Valencia y Tierralta, bastiones de la AUC, según confesó uno de sus dirigentes. En total se quedaron con 20 de los 28 alcaldes, 7 de los 13 diputados y la mayoría de concejales, ediles y líderes. Una vez posesionado Alvaro Uribe Vélez como presidente de la república en agosto del 2002, las AUC, en cabeza de Carlos Castaño, le reiteraron su disposición a iniciar un proceso de desmovilización. El presidente acogió la propuesta. En diciembre ya existía una comisión exploratoria del gobierno encargada de evaluar la posibilidad de un acuerdo de paz. Y en efecto el 15 de junio del 2003 en Santafé Ralito, un corregimiento pobre y desconocido del municipio de Tierralta en el alto Sinú firmaron el acuerdo que dio comienzo a la negociación formal. Entre otras cosas se comprometieron “a desmovilizar a la totalidad de sus miembros en un proceso gradual que comenzará con las primeras desmovilizaciones antes de terminar el presente año y deberá culminar a más tardar el 31 de diciembre del 2005” y a lograr “una Colombia sin narcotráfico”. Bibliografía - Aranguren Mauricio. Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos. Editorial Oveja Negra, 2001. -Castaño Carlos. Las autodefensas y la paz. 1999.

18

-López Gómez Edmundo. Mi héroe. Editorial Maremagnum, 2004. -Negrete Barrera Víctor y otros. Encuentro con el alto San Jorge . Encuentro con Tierralta. Uraba, conflictos y educación rural. Puerto Libertador , pasado y presente. Montelibano, pasado y presente. Documentos para la reflexión (el proceso negociación gobierno-AUC). Universidad del Sinú y Acción contra el hambre. Montería. -Red de Solidaridad Social y otros. Acuerdos de paz. 1995. -Romero Mauricio. Paramilitarismo y Autodefensas, 1982-2003. Universidad Nacional, 2003. Transformación rural, violencia política y narcotráfico en Córdoba 1953-1991. Serie controversia Nro.167. Cinep. Bogotá, 1995. -Sánchez Antonio Junior. Las crónicas que no me dejaban contar. Montería, 2001. Crónicas que da miedo contar. Montería, 2003. -Uparela Francisco. Yo fui secuestrado. Editorial Lealón, 1995. Entrevistas A dirigentes políticos, exalcaldes, exgobernadores, diputados, funcionarios del Estado. Montería, 2005.

EL PROCESO DE NEGOCIACION GOBIERNO-AUC En el proceso de negociación, antes del desarme y la desmovilización, la presencia de los grupos armados legales e ilegales era la siguiente:

ACTORES ARMADOS Actores armados legales e ilegales con presencia en Córdoba*

FARC AUC GOBIERNO

Frente Área influencia

Bloque (comandantes)

Área influencia

Guarniciones Área influencia

5

Urabá antioqueño,

Valencia Tierralta

Salvatore Mancuso

Gran parte del

departamento

Infantería de Marina

San Bernardo del Viento y San Antero

18 Alto Sinú y San Jorge

Bajo Cauca

Elmer Cárdenas

Canalete, Los Córdoba,

Arboletes y San Juan de

Urabá

Batallón Rifles.

Brigada XI

Municipios del San Jorge

Batallón Junín Brigada XI

Tierralta, Valencia

58

Norte Urabá

antioqueño, Valencia, Tierralta

Cuco Vanoy

Puerto Libertador,

Montelíbano, La Apartada,

Ayapel

35

San Andrés, Chinú,

Sahagún Momil

Don Berna Valencia

Policía

Estaciones en todas las

cabeceras municipales y

algunos corregimientos

y en las carreteras

19

principales.

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas. Defensoría del Pueblo, 2006 * Para el caso de las AUC, antes de las desmovilizaciones Las elecciones del año 2006 En el año 2006 hubo elecciones para presidente de la república, senado, cámara y elección atípica para gobernador por supuestas inhabilidades de Libardo López, hermano del senador Juan Manuel López, ganador en las urnas. Los resultados fueron los siguientes: Presidente Álvaro Uribe. 221.661. Varios movimientos liberales y conservadores. Horacio Serpa. 101.105 Partido Liberal Carlos Gaviria. 47.965. Polo Democrático Senado Juan M. López. 145.991 Partido Liberal Miguel A. De la Espriella. 49.958 Colombia Democrática. Mario S. Náder. 49.863 Partido Liberal. Zulema Jattin. 49.378. Unidad Nacional Julio Manzur. 49.311. Partido Conservador Reginaldo Montes. 38.498. Cambio Radical Cámara Musa Besaile Fayad, Fabio Amin Saleme y Dumit Náder. 198.723. Partido Liberal. Bernardo Elías. 54.639 Unidad Nacional José de los Santos Negrete. 52.345 Partido Conservador. Gobernación Jaime Torralvo. 179.368. Partido Liberal. Mario Prada Cobos. 121.151. Varios movimientos.

Notas

- La clase política de Córdoba se fortaleció al pasar de 4 senadores en el 2002 a 6 en el 2006, la designación de Julio Manzur como presidente del partido Conservador, la importancia de Juan Manuel López en el partido Liberal, uno de los mayores barones electorales del país y la figuración de varios congresistas como ponentes en asuntos de interés nacional. En la actualidad el senador López se encuentra detenido por nexos con los paramilitares.

20

- Miguel A. De la Espriella incluyó como cabeza de lista de su movimiento para la Cámara a Eleonora Pineda, apoyada por Salvatore Mancuso. Obtuvo la mayor votación en el 2002. El senador De la Espriella se encuentra detenido por la misma causa; Eleonora no salió elegida en el 2006 y está detenida por la misma causa; Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos.

- Miguel A. De la Espriella propuso como candidato para las elecciones atípicas de gobernador a Mario Prada Cobos, primo de “Diego Vecino”, Eduard Cobos, jefe paramilitar de los Montes de María en los departamentos de Sucre y Bolívar.. En la actualidad se encuentra detenido por la misma causa.

- El senador Reginaldo Montes de Cambio Radical se encuentra detenido por la misma causa.

- Zulema Jattin, en su aspiración al Senado, incluyó como cabeza de lista de su movimiento para la Cámara al segundo de Mancuso, Jairo Andrés Angarita. Por presiones y solicitud del propio presidente Uribe, retiró su postulación. Angarita fue asesinado en Medellín.

- Zulema Jattin, elegida senadora, aparece, según la Fiscalía, en el computador de “Jorge 40”, acusada de recibir financiamiento.

- Juan M. López y Miguel A. de la Espriella se acusaron mutuamente de mantener relaciones con los “paras”.

- Se dice que Manuel Troncoso, Secretario de Salud departamental, cuñado de Mancuso, fue la cuota de este en la administración del gobernador Libardo López, hermano del senador.

Fuentes: - Registraduría del Estado Civil. Montería, 2006 - Revista Semana del 4 de septiembre y 4 de Octubre de 2006 - Periódico El Tiempo del 1 de Octubre de 2006, pág. 1-2. - Periódico El Universal del 8 de Octubre de 2006. Montería, pág. 6ª

La posdesmovilización: el conflicto continúa En los actos de desarme y desmovilización que muchos presenciamos en la plaza de Santafé Ralito en la Zona de Ubicación oímos comentarios de personas enteradas que aseguraban habían quedado grupos que no se desmovilizaron. Meses después, por una u otra razón, un número no determinado de desmovilizados, regresaron a las armas, haciendo parte de grupos con nuevas denominaciones. Desde el año pasado el reclutamiento de jóvenes de asentamientos subnormales y barrios populares ha llamado la atención de las organizaciones sociales y la Defensoría del Pueblo. En la actualidad en el departamento operan varios grupos de acuerdo con la Policía, el Sistema de alertas tempranas y organizaciones sociales y religiosas. La información sobre estos grupos todavía no es completa, hay vacíos en cuanto a su origen, composición, objetivos, territorios que controlan, responsables, alianzas con

21

grupos económicos, políticos y gobiernos locales. La mayoría de los observadores coinciden en que están dedicados a las actividades del narcotráfico, vigilar rutas, proteger haciendas, hacer inteligencia y en algunos lugares tienen incidencia en la vida cotidiana de las comunidades. Al parecer algunos de estos grupos tienen alianzas con las FARC para el manejo del narcotráfico.

Los nuevos actores ilegales

Aguilas Negras Tierralta Montería Valencia

Montelibano Puerto Libertador

Planeta Rica

Actores Área de influencia

Vencedores del San Jorge

Sur de los municipios de Montelibano y Puerto Libertador y Planeta Rica

Los Traquetos

Límites entre Tierralta y Valencia

Los Paisas Montelibano Puerto Libertador

Buenavista Planeta Rica

Montería Valencia Tierralta

Don Mario San Pedro de Urabá Valencia Tierralta Montería

San Juan de Urabá Arboletes

Puerto Escondido Los Cordoba

Canalete

22

Fuente: Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Policía Córdoba y organizaciones sociales. Montería, 2007-2008. Algunas fuentes señalan que los Vencedores del San Jorge fueron absorbidos por Los Paisas y Los Traquetos por Don Mario.

LOS DESMOVILIZADOS DE CÓRDOBA Los grupos desmovilizados Las desmovilizaciones de los grupos que actuaban en Córdoba, total o parcialmente, fueron las siguientes:

Bloque Fecha Nro. desmovilizados Córdoba 15 enero 2005 925 Héroes de Tolová 15 junio 2005 465 Minero 20 enero 2006 2789 Elmer Cárdenas 12 y 30 abril 2006 793 Anillo Seguridad 300

De los 1690 desmovilizados oficialmente en los dos actos del año 2005, los bloques Córdoba y Héroes de Tolová, más el Anillo de seguridad de la Zona de Ubicación compuesto entonces por 300 hombres, se pasó a 3.783 en el primer semestre del 2008. Esto es debido al retorno de población desmovilizada en otros lugares del país hacia los municipios de Montería, Tierralta, Valencia, Montelíbano, Puerto Libertador, Planeta Rica y Buenavista. La mayoría de ellos son oriundos de Córdoba. Esta cifra representa el 8.4% aproximadamente de los desmovilizados del país. Calcula el informe que hay una población flotante de 1000 desmovilizados aproximadamente que no aparecen registrados. El calificativo del bloque Héroes de Tolová proviene del nombre de la vereda en el corregimiento de Palmira donde una base paramilitar instalada en su cercanía fue atacada por la guerrilla el 29 de diciembre de 19998, ocasionando pérdida de hombres en los grupos enfrentados. La vereda también puso su cuota de sangre y sacrificio: 9 adultos y 3 niños muertos y el desplazamiento sin retorno. Principales municipios con desmovilizados en 2006 Principales municipios con desmovilizados atendidos. Aspectos generales

Municipios Atendidos Con formación

ocupacional

Sin formación

ocupacional

Con formación académica

Sin formación académica

Con trabajo

Sin trabajo

Con proyectos

productivos

Sin proyectos

productivos Montería 1.613 697 916 357 1256 367 1226 4 1609

23

Tierralta 903 264 639 207 696 168 735 70 833 Valencia 489 190 299 70 419 229 260 3 486

Montelíbano 114 42 72 38 76 21 93 0 114 Planeta

Rica 108 36 72 10 98 39 69 0 108

Cereté 82 32 50 21 61 24 58 0 82 Total

Córdoba 3705 1.347 2.358 779 2.926 972* 2.733 77 3.628

Fuente: Centro de Referencia y Oportunidades CRO Montería, 25 septiembre 2006 * La mayoría en actividades informales Otros aspectos

Edad Género Estructura a que pertenecían Edad Nro. Género Nro. Bloques Nro. 18-20 248 Hombres 3485 Mineros 706 21-25 1119 Mujeres 220 Córdoba 669 26-30 1088 Catatumbo 410 31-40 1014 Tolová 374 41-45 138 Bloque Central

Bolívar 191

46-50 60 Héroes de Granada 150 51-55 17 Norte 148

Mayor 55 18 Vencedores de Arauca

132

Pacífico 131

Resto de bloques 794 Fuente: CRO Montería, 2006 Primeros efectos de la desmovilización

- En reunión convocada por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo el día 14 de julio del 2005 en Tierralta, los funcionarios de la Alcaldía, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Comisaría de Familia, los miembros de las iglesias católicas y evangélicas, indígenas y líderes sociales reconocieron que a partir de la llegada al pueblo de los desmovilizados aumentaron los casos de conflicto familiar contra las mujeres y niños, acceso carnal abusivo, violaciones a menores, prostitución, delincuencia, embarazos a temprana edad, drogadicción, enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA, formación de nuevas parejas con menores y demandas por alimentos. Hicieron notar que cerca de la tercera parte del dinero que circulaba en el pueblo provenía del narcotráfico: cultivos, procesamiento, tráfico y comercialización.

- En la Cárcel Nacional Las Mercedes de Montería se encontraban detenidos 67 jóvenes que pertenecieron a las AUC: 55 condenados y 12 sindicados. El 60% de los condenados, de acuerdo con estudios sicológicos adelantados en la institución, presentaban rasgos de paranoia. Sus características son las siguientes: son desconfiados, se mantienen vigilantes y a la expectativa, tienen dificultades para mantener relaciones

24

afectivas a largo plazo, son agresivos y poco tolerantes a las frustraciones. Muchos de ellos presentaban estas características antes de ingresar a las AUC, lo que supone hogares y comunidades con muchos problemas y deficiencias.

Principales municipios con desmovilizados en 2008 Montería 1589 Tierralta 780 Valencia 427 Montelibano 128 Planeta Rica 116 Cereté 87 Sahagún 46 Puerto Escondido 41 Resto del departamento 435.Total atendidos 3649. Están detenidos por distintos delitos 63 y fallecidos 53. El alto número de de detenidos y muertos es muestra inequívoca que el proceso de reintegración ha flaqueado por distintas partes. Muchos casos de delincuencia (homicidios, amenazas, robos, lesiones personales) y en los últimos meses una campaña sistemática de exterminio al parecer por el conocimiento comprometedor que tienen algunos mandos medios y combatientes rasos sobre rutas, caletas, testaferros, bienes, aliados, masacres, homicidios, fosas. Otras razones pueden ser el ofrecimiento, muchas veces de forzosa aceptación a riesgo de perder la vida, de hacer parte de los grupos ya reintegrados o en formación, sobre todo de excombatientes con capacidad y destrezas para las diferentes actividades que demanda el conflicto; el control sobre los grupos, bienes y negocios que les exige contar con recursos, hombres, relaciones, información y apoyos; la existencia de una amplia y eficiente red, no desmantelada todavía, compuesta por colaboradores, simpatizantes y socios. Como el negocio sigue siendo productivo tienen la presunción o seguridad que a medida que crezcan y fortalezcan estarán en capacidad de recuperar la influencia o dominio en los gobiernos y economías locales. Aspectos generales Población desmovilizada: 3807 - Generación de ingresos: trabajando 2133, el 30% en actividades formales y el 70% en informales. No trabajando 1674. Auxiliares cívicos 743 y 11 proyectos productivos desembolsados. - Reciben servicio de salud 3203, no reciben 604 - Están estudiando en los niveles de primaria y secundaria 1685, no están estudiando 1714. Hay 408 bachilleres. - En formación ocupacional ya están capacitados 2405 y estudiando 885. No estudian 458.

25

- En resumen: el 4% es analfabeta, el 41% cursó o está estudiando primaria, el 52% cursó o está estudiando secundaria y el 3% cursó o está estudiando otros niveles. - El 72% está casado o vive en unión libre y el 22% son solteros. - El 31% tiene edades comprendidas entre los 18 y 25 años, el 26% entre 26 y 40 años y el 8% son mayores de 40 años. - El 94% son hombres y el 6% mujeres. Fuente: Alta Consejería para la Reintegración. Montería, julio 2008. Características socioafectivas Al empezar el proceso de reintegración los grupos de desmovilizados por lo general presentaban las siguiente características socioafectivas: Fuerte cohesión de grupos Dificultad para establecer lazos afectivos. Altos niveles de desconfianza Alto nivel de agresividad Autoritarismo en sus relaciones interpersonales Poco desarrollo de habilidades de convivencia Preocupación por su seguridad personal Sentido de responsabilidad y disciplina militar. Tres años después, avanzado el proceso de reintegración, de acuerdo con el equipo que atiende el proceso sicosocial, un creciente número de desmovilizados se encuentran en condiciones diferentes: Presentan capacidad de expresar sus afectos y son más responsables. Tienen mayor autonomía y son más pacientes y tolerantes. Expresan sus sentimientos, construyen y revisan su proyecto de vida. Son más respetuosos, reconocen la dignidad humana de si mismos y de los otros. Son más activos y están preparados para convivir y crear empresas.

Fuente: Alta Consejería para la Reintegración. Montería, diciembre 2007

POBLACIÓN DESPLAZADA

La población desplazada en Córdoba es de 100.000 personas aproximadamente según el Sistema Único de Registro de Acción Social de la Presidencia de la República. En todas las cabeceras municipales y en numerosos corregimientos existen grupos, asentamientos o comunidades de ellos. Los que han abandonado el departamento alcanzan la cifra de 25.000 aproximadamente. Los

26

departamentos receptores en su orden son: Antioquia, Sucre, Bolívar, Atlántico, Guajira y Bogotá.

Principales municipios receptores Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Pob.total*

Montería 5481 1772 1219 1285 1831 719 659 27441Tierralta 3650 704 105 147 353 387 748 19959Valencia 2681 200 503 1522 756 314 437 11081

Montelibano 2912 272 669 720 831 458 471 10817Pto.Libertador 2409 562 765 1162 1227 390 291 9105Planeta Rica 276 171 107 215 405 170 100 2253

Cereté 1270 44 13 53 159 41 37 2143 **96305

Fuente: Acción Social, mayo, 2008 * Incluye los años anteriores. ** Total general departamental

Principales municipios expulsores

Municipio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pob.total*Tierralta 5657 1279 1197 1705 2271 825 44198Valencia 3719 430 435 1781 724 248 14713

Pto.Libertador 2231 332 1580 2059 1816 407 14208Montelibano 2613 707 938 1378 2701 410 12877

Montería 814 382 457 474 433 162 4810Planeta Rica 187 126 110 124 194 76 1388

San Andrés.de S/vento 281 122 230 155 100 29 1326Lorica 152 84 109 188 101 48 926Ayapel 150 67 98 130 112 18 803

Canalete 76 54 85 48 126 41 779Pueblo Nuevo 100 31 58 85 58 24 665

Sahagún 121 70 46 81 78 14 656San Bdo.del Viento 79 89 50 104 66 39 529

Cereté 70 31 47 94 65 41 450Los Córdoba 75 35 35 46 65 19 421

**102166 Fuente: Acción Social, mayo, 2008 * Incluye los años anteriores ** Total general departamental Organización Algunas organizaciones de desplazados de diferentes lugares del departamento conformaron en Montería la Fundación Proreivindicación Socioeconómica de Desplazados de Córdoba, Funpresed. Agrupa a 70 organizaciones con 15.000 afiliados. La mayoría de las organizaciones se encuentran en Tierralta, Montería, Montelíbano, Puerto Libertador y Valencia. Hasta el momento solo la alcaldía de Tierralta por decreto 071 de abril del presente año adoptó la Mesa municipal de fortalecimiento a las organizaciones de población desplazada, integrada por 26 de las 29 organizaciones que tienen presencia en el municipio..

27

HOMICIDIOS

Municipios con mayor número de homicidios Mpios/años 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*

Montería 119 141 70 67 46 56 86 54 Tierralta 25 8 18 14 31 46 62 44

Montelibano 9 10 4 16 14 43 43 47 Pto. Libertador 38 3 7 9 13 13 36 35

Valencia 10 21 4 2 6 4 6 27 Planeta Rica 11 10 10 5 6 3 12 16

Cereté 14 14 27 9 11 13 5 3 Total años 344 323 257 230 173 258 366 283

Fuente: Policía Córdoba, Observatorio del Delito de la Gobernación de Córdoba. 2006-2008 *Hasta junio del 2008. En los últimos 15 años, solo en el 2005 el número de homicidios no llegó a los 200. Desde el 2006 viene en aumento constante al pasar la tasa anual de homicidios por cada 100.000 habitantes del 17.5% en el 2006 al 24.8% en el 2007. Existe la preocupación que el presente año supere los anteriores puesto que en el primer semestre del 2008 la tasa ya llega al 19.2%. Algunos analistas de la Policía consideran que el 70% de estas muertes tienen su origen, directa o indirectamente, en el narcotráfico y el conflicto armado; el resto, son producto de riñas, venganzas o robos.

VICTIMAS

Son victimas, de acuerdo con el artículo 15 de la ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por la ley 782 del 2002, ‘’ aquellas personas de la población civil que sufran perjuicios en su vida o grave deterioro en su integridad personal y /o en sus vienes por razón de atentado terroristas, combates, secuestros, ataques y masacres en el marco en conflicto armado interno’’. El programa Asistencia humanitaria a victimas de la violencia de Acción Social de la Presidencia reconoce ayuda económica a las victimas directamente o a sus familiares con recursos que van entre 2 y 40 salarios mínimos legales vigentes en los años que sucedieron los hechos y de acuerdo con la gravedad del perjuicio. Los casos que cubre la ley son los de muerte, incapacidad permanente, heridas leves, pérdida de bienes, secuestro o amenazas. En el año 2007 la Unidad técnica de Córdoba atendió 1025 personas, de estas presentaron solicitudes de ayuda 451 y les reconocieron pago a 284. 45 casos recibieron pagos de 2 salarios mínimos y 239 con pagos de 40 salarios mínimos. Los municipios que presentaron más casos fueron: Montelibano (74), Tierralta (30), Lorica (23), Montería (19), Puerto Libertador (18), San Pelayo (17), Cereté(13), Ciénaga de Oro y Sahagún (11) cada uno.

28

Número de victimas atendidas por instituciones oficiales

Entidad Personas Modalidad Fiscalía General 5625 Justicia y Paz Defensoría del Pueblo 224 Justicia y Paz

Procuraduría General 22 Justicia y Paz Acción Social 1025 Ley 418 y Justicia y Paz

Total 6923 Fuente: Gobernación de Córdoba, 2008

MINAS ANTIPERSONALES

Desde el año 2003 hasta el 1 de mayo del 2008 se registraron en el departamento 50 accidentes producidos por minas antipersonales. Estos accidentes ocasionaron 54 civiles y militares heridos y 17 civiles y militares muertos, incluyendo 7 menores de edad.

Accidentes por municipios ocasionados por minas antipersonales

Municipios Nro. Accidentes

Nro. muertos y heridos

Tierralta 21 28 Puerto Libertador 25 34

Montelibano 3 8 Montería 1 1

Total 50 74 Fuente: Programa Presidencial para la Acción Integral contra minas antipersonas, 2008

CULTIVOS DE USO ILÍCITO, ERRADICACIÓN MANUAL Y FUMIGACIONES

En abril del año 2006 el gobierno inició el programa de erradicación manual con aproximadamente 500 desmovilizados. En ese momento hubo dos frentes de trabajo: corregimiento de Crucito, quebrada Tuis Tuis y la vereda El Gallo, alrededor del embalse de la hidroeléctrica de Urrá en Tierralta y la vereda El Cristo en el corregimiento de Tierradentro en Montelíbano. Se presentaron dificultades con las comunidades campesinas por la pérdida de animales y productos de pancoger. Existía el temor de campos minados y presencia de la guerrilla.

29

- Las cifras oficiales sobre número de hectáreas sembradas de coca en Córdoba no las suministran las autoridades, sin embargo es sabido que abundaban en los sectores El Loro, Prumilla, Guarumal y Crucito en el Alto Sinú y en los corregimientos de Tierradentro, Juan José y San Juan en las estribaciones montañosas del San Jorge. En la actualidad hay cultivos detectados en Crucito, Batata, Saiza y área arriba del embalse de Urrá en jurisdicción de Tierralta.

- En zonas de presencia guerrillera estuvieron empleando las aspersiones con glifosato, mas exactamente en áreas de Tierralta, Montelíbano y Puerto Libertador. Estas fumigaciones causaron daños en cultivos tradicionales, contaminación de fuentes de agua, enfermedades cutáneas e intoxicaciones.

- El Parque nacional natural Paramillo con 460.000 hectáreas en jurisdicción de los municipios de Tierralta, Montelíbano, Puerto Libertador (Córdoba), Ituango, Peque y Dabeiba (Antioquia) desde hace muchos años es utilizado por grupos armados ilegales y el narcotráfico.

- En el año 2006 fueron asperjadas 4.736 hectáreas, en el 2007 fueron asperjadas 6.259 hectáreas y erradicadas manualmente 3.141 hectáreas según el Boletín de Resultados de Seguridad Democrática del Departamento Nacional de Planeación, 2007

POBREZA

Programa Familias en Acción

El Programa Familia en Acción de la Presidencia de la República está dirigido a familias del nivel 1 del Sisben, los de la pobreza extrema y desplazados por la violencia con niños menores de 18 años que reciben subsidios escolar y de nutrición. El número de familias del nivel 1 del Sisben registrados en Córdoba es uno de los más altos del país. Hasta el mes de marzo del presente año el Programa tenía inscrito el siguiente número de familias beneficiarias:

Total Familias Municipio Desplazados Sisben nivel 1

Ayapel 72 4.633 Buenavista 72 2.046 Canalete 18 2.391 Cereté 264 7.061 Chima 5 1.491 Chinu 83 4.055 Ciénaga de oro 51 5.710 Cotorra 42 1.588 La apartada 120 1.067

30

Lorica 126 8.900 Los Córdoba 125 2.002 Momil 40 1.531 Montelibano 1.291 6.055 Montería 3.715 22.025 Moñitos 108 3.273 Planeta Rica 326 4.846 Pueblo Nuevo 48 3.658 Puerto Escondido 70 2.881 Puerto Libertador 865 2.803 Purísima 27 1.709 Sahagún 168 7.908 San Andrés de Sotavento 103 6.464 San Antero 16 4.101 San Bernardo del Viento 68 4.252 San Carlos 48 2.554 San Pelayo 142 4.566 Tierralta 1.861 7.157 Valencia 1.003 3.258 Total 10.877 129.985

140.862 El total de personas equivale a 774.741, el 52.6% de la población departamental.

Centro de Coordinación de Acción Integral

Es la estrategia del gobierno para la recuperación y control militar del territorio, la lucha contra las drogas y el crimen organizado, la reactivación social y económica, el fortalecimiento del servicio de justicia formal y mecanismos alternativos de resolución de conflictos y la reconstrucción del tejido social a través del uso del tiempo libre y la cultura ciudadana. En Córdoba los sitios escogidos para implementar estas acciones son: la llamada Zona de Ubicación en Tierralta, Tierradentro en Montelíbano y el sur de Valencia, en las poblaciones de Mieles, San Rafael, Cocuelo, Guadual y Santo Domingo. Estos sitios, como muchos en el departamento, presentan reducida inversión social, debilidades institucionales y problemas de seguridad. Hasta el momento el programa ha construido puentes, puestos de salud, aulas, restaurantes escolares, beneficiaderos de cacao, reafirmado carreteras, capacitaciones sobre cría y ceba de porcinos, carneros, aves, cultivo y comercialización de frutas, nombramiento de maestros, preparado a conciliadores en equidad y conciliación en derecho y atención al adulto mayor, entre otros.

DERECHOS VULNERADOS

31

Desde el año 2003 la Defensoría del Pueblo en Córdoba empezó a registrar los casos de violación de derechos humanos. Hasta julio del presente año han recibido 751 casos de vulneración de estos derechos. Los de más ocurrencia han sido las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (desplazamiento y desconocimiento a la verdad, justicia y reparación), seguridad social, salud, integridad personal y a la vida.

Principales Derechos Humanos vulnerados

Derechos vulnerados Nro. casos Infracciones al Derecho Internacional Humanitario 186 Seguridad Social 110 Salud 98 Integridad Personal 91 A la Vida 79 De Petición 59 Adecuada prestación de servicios públicos domiciliarios 34 Defensa al debido proceso y a las garantías judiciales 21 Total 678 Fuente: Defensoría del Pueblo Córdoba, julio 2008

ECONOMÍA

Captaciones y créditos bancarios de la Costa Ccaribe Años 2001-2006 (junio 30). Miles de pesos.

DEPARTAMENTOS

AÑOS*

TOTAL CAPTACIONES 2001 2002 2003 2004

TOTAL CARTERA NETA 2001 2002 2003 2004

CESAR 277.168.367 328.893.911 339.561.025 432.664.109 229.065.619 238.363.313 245.525.206 286.682.187 CORDOBA 351.835.050 385.608.293 380.188.929 504.284.141 352.889.641 342.712.097 362.963.845 394.963.850 GUAJIRA 202.662.966 209.538.533 235.092.533 341.612.862 65.278.002 69.415.904 73.100.999 80.745.736 MAGDALENA 375.319.826 381.775.281 374.237.365 473.804.927 274.432.894 261.958.190 289.663.742 322.998.662 SUCRE 189.303.484 220.131.649 228.139.401 269.051.467 118.589.697 133.013.198 157.426.806 166.380.776

TOTAL CAPTACIONES 2005 2006

TOTAL CARTERA 2005 2006

CESAR 279.393.888 588.737.323 362.379.493 395.558.592 CORDOBA 521.192.876 567.473.214 413.284.104 529.873.988 GUAJIRA 348.998.109 425.475.466 87.820.705 128.779.849 MAGDALENA 486.918.108 550.501.438 366.948.764 426.974.045 SUCRE 208.010.897 313.283.688 177.220.138 255.767.695

Fuente: Superintendencia Bancaria, 2006. Saldo acumulado a 30 de junio del 2006

32

Como puede observarse Córdoba es, desde finales de la década pasada, el que más capta recursos y concede créditos de los departamentos de la Costa con desarrollo similar. Las mayores inversiones las están haciendo en comercio, viviendas de estratos altos, tierra, ganado, infraestructura médica, cultivos de madera y agroindustriales. Estas inversiones, lícitas e ilícitas, unidas a las obras de las administraciones de Montería, el departamento y la nación, le han permitido a la ciudad cierto progreso parcial y selectivo. La pobreza, mientras tanto, sin programas ni políticas para reducirla, continúa creciendo. El temor que existe sobre el modelo de desarrollo que al parecer seguirá prevaleciendo, la ganadería extensiva, con su atraso e ineficacia para resolver o mitigar los problemas de pobreza, desigualdad y conflicto, ahora estará acompañada de cultivos agroindustriales (cacao y caucho), forestales (las especies introducidas teca, acacia mangium y gmelina), agrocombustibles (palma aceitera, caña o yuca) y transgénicos (maíz en especial, fuera del algodón). Por experiencia se sabe que este modelo que combina ganadería extensiva y grandes monocultivos trae más concentración de la tierra; pérdida o reducción de parcelas y producción campesina; desaparición de bosques naturales, humedales y otras fuentes de agua; disminución y encarecimiento de la producción de alimentos, poniendo en peligro la seguridad alimentaria; reducción de la biodiversidad; transformación de ecosistemas naturales y pérdida de variedades tradicionales de maíz. El consuelo que nos queda será mínimo: un porcentaje pequeño de asalariados y jornaleros, ojalá con salario mínimo y prestaciones sociales y una reducida ganancia por elaborar productos de artesanías o cultivar plantas aromáticas, medicinales y condimentarias.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Solicitudes recibidas en la Casa de Justicia de Montería Motivo de consulta 2005 2006 2007 2008*

Conflictos familiares 1488 2048 1522 2029 Problemas penales y civiles 382 192 183 163 Orientación sicológica 72 31 11 14 Solicitud de información 393 492 71 152 Pérdida de documentos 75 40 0 3 Violación de derechos humanos 48 52 62 63 No pago de arriendos y servicios públicos 10 10 4 2 Otros 923 424 197 371 3391 3294 2051 2813 Fuente: Casa de Justicia de Montería *Hasta el mes de julio. La mayoría de solicitudes de atención fueron hechas por mujeres menores de 18 años, jóvenes y adultas, seguidas por hombres con distintas edades. Muchas de las mujeres que presentan casos de agresiones contra ellas, incumplimiento por cuota de alimentos y abuso sexual contra sus hijos, se niegan a denunciar a los

33

responsables por temor, vergüenza o desamparo económico si el compañero o marido lo encierran en la cárcel. Las consultas por conflictos familiares o violencia doméstica representan el 61.3% del total

PRESENCIA Y ACCION DE ALGUNAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

En Montería y otros municipios de Córdoba funcionan, entre otras, las siguientes organizaciones no gubernamentales: Cruz Roja Colombiana, Fundación María Cano, Pastoral Social, Taller Prodesal, Fundación San Isidro, Corsoc, Organización social de comunidades negras, Fundación Semilla, Acción Contra el Hambre, Fundación Crecer Colombia, Aportapaz, Coarsinú, Corporación Minuto de Dios, Visión Mundial, Fundación del Sinú, Fundación Renacer, Fundación Nuevos Caminos ,Fundación Vivir Mejor, Fundación Alianza Caribe, Fundación Asvidas, Fundación Trópicos, Fundación Nueva Vida, Asocordim, Fundación del Caribe. Detallando un poco más algunas de ellas tenemos:

Algunas organizaciones no gubernamentales con trabajo en Çórdoba

Organización Misión - Visión Lugares de trabajo Temas que atiende Comité Internacional de la Cruz Roja

Proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como prestarles asistencia.

Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia

Violaciones al DIH, desplazamientos masivos , minas, capturas a raíz del conflicto, violencia sexual , desapariciones.

Fundación del Sinú

Adelanta planes y proyectos de investigación socioeconómica, ambiental y cultural y programas de organización, liderazgo y educación comunitarias y comunicación en general.

En todo el departamento. En los últimos años en los municipios del sur y Montería por el conflicto armado y el medio y bajo Sinú por los problemas ambientales.

1. Seguimiento al proceso de negociación Gobierno-AUC y la posdesmovilización. 2. El proceso en Montería, Tierralta, Tierradentro y Santafé Ralito. 3. Defensa y rehabilitación de los humedales de la

34

cuenca del río Sinú. 4. Implicaciones de la construcción de Urrá II

Sistema de Alertas Tempranas - Defensoría del Pueblo

- Monitoreo y análisis de las amenazas y vulnerabilidades de la población civil. - Formulación de hipótesis de riesgo. - Advertencia anticipada a las autoridades sobre factibles violaciones masivas de los derechos humanos .

Departamento de Córdoba

Población civil en riesgo por los efectos del conflicto armado interno

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Erradicar el hambre global y la pobreza como instrumento de ayuda alimentaria de las Naciones Unidas.

Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia y Montería.

Desplazados por la violencia, población bloqueada y/ o confinada.

Acción Contra el Hambre (ACH)

Salvar vidas combatiendo el hambre y la desnutrición

El Urabá cordobés, el alto y medio Sinú y el alto San Jorge

Víctimas del conflicto, desplazados, retornados, reintegrados, población receptora. Seguridad alimentaria, agua y saneamiento, fortalecimiento institucional y social comunitario

Benposta Nación de Muchachos

Diseño y desarrollo de proyectos, programas y acciones que promuevan el reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes

Montería, Tierralta, Puerto Libertador, Los Córdoba, Puerto Escondido y Lorica.-

Participación ciudadana, mecanismos de exigibilidad de derechos, valores, proyectos de vida, no violencia, comunicación, medio ambiente.

Diócesis de Montería

Impulsar la evangelización, promoción y defensa de la vida, la justicia y la paz

Montería, Valencia Cultura política y ciudadana, talleres en perdón y reconciliación

35

Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH)

1. Observar, sistematizar y analizar la situación de los DDHH y DIH. 2. Asesorar al Gobierno, autoridades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y velar porque todo proyecto de ley que incluya temas de DDHH sea respetuoso de los instrumentos internacionales. 3. Prestar cooperación técnica a las autoridades y a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan por el respeto de los DDHH. 4. Informar, difundir y promover los DDHH y el DIH.

Montelibano, Puerto Libertador, Tierralta, Valencia

Las infracciones al DIH por parte de todas las partes en conflicto y las numerosas violaciones a los DDHH, con prioridad a las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado interno.

Una especie de balance El balance deja mucho que desear. Por un lado son insuficientes los programas, recursos y políticas del gobierno nacional; el poco aporte que hacen la gobernación y las alcaldías; la escasa contribución de los grupos políticos; lo mínimo que ponen los gremios y los grupos económicos; la ayuda meritoria de los organismos internacionales; el esfuerzo de las universidades, iglesias y organizaciones sociales y comunitarias; la falta de propuestas importantes en materia de desarrollo y paz de los planes de desarrollo. Por el otro se mantiene o crece la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la concentración de la tierra, la riqueza y el poder político; aumentan los homicidios y a pesar de los golpes sufridos el narcotráfico y los grupos armados ilegales de la posdesmovilización se reintegran y recomponen para ampliar sus actividades delictivas; el modelo de desarrollo en marcha (ganadería extensiva con una incipiente modernización, cultivos agroindustriales, agrocombustibles, forestales y transgénicos) lo han decidido casi en su totalidad sectores o cadenas de empresarios e inversionistas del interior del país y el exterior vinculados estrechamente con el gobierno y la política.

36

La gran mayoría de las organizaciones de la sociedad civil mientras tanto debatiéndose en medio de la debilidad, el riesgo y la descoordinación pero sin dejar de trabajar. Bajo estas situaciones los logros alcanzados en realidad son pocos, aunque no hayan mejorado sustancialmente las condiciones de vida de numerosas comunidades no cabe duda que les han ayudado a sobrevivir con menos angustias. Ante esta situación es urgente elaborar modelos o propuestas de desarrollo y paz para las comunidades, zonas y el departamento en general; someter a análisis crítico los objetivos, metodología, estructura, resultados y alianzas de las organizaciones con las que se ha trabajado en los últimos años; definir con toda claridad una posición democrática, participativa, reflexiva, de análisis y estudio permanente y con un compromiso a toda prueba: procurar el bienestar de la mayoría de la población de Córdoba. Montería, 2 agosto 2008