Construir programa gobierno pnud
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Herramientas para construir programa de gobierno
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Guía para aspirantes a alcaldías y gobernaciones
Bruno Moro
Representante Residente del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, Pnud
Silvia Rucks
Directora de País
María del Carmen Sacasa
Directora de país Adjunta
José Ricardo Puyana
Coordinador del Área de Gobernabilidad Democrática
Alessandro Preti
Coordinador del Área de Paz, Desarrollo y Reconciliación
Fernando Herrera
Coordinador del Área de Pobreza y Desarrollo Sostenible
Tania Guzmán
Coordinadora del Informe Nacional
de Desarrollo Humano 2011 para Colombia
Daniel Vargas
Coordinador del Área de Planeación Estratégica
Agradecimientos
Esta guía se realizó con los valiosos aportes de
los integrantes de las tres áreas programáticas de
pnud Colombia, del Informe Nacional de Desarrollo
Humano, así como de los comentarios e insumos de
oacnudh, onu Mujeres, unicef y acnur. A todos, un
especial agradecimiento.
Con el auspicio de:Una publicación de:
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, Asdi
Herramientas para construir un programa de gobierno
Guía para aspirantes a alcaldíasy gobernaciones
ISBN 978-958-8447-59-9
Fernando Medellín
Coordinación editorial
Olga González Reyes
Apoyo editorial y coordinación de
diseño y diagramación
Colaboración de:
Carlos Acosta
Amalia Alarcón
Sharon Ball
Blanca Cardona
Martha B. Delgado
Andrés F. Franco
Mauricio Katz
Adriana León
Javier Nuñez
Ana Patricia Polo
Jimena Puyana
Mariana Ríos
Catalina Rodríguez
Martha Sánchez
Humberto Tobón
Fernando Travesi
Darío Villamizar
Fotografías portada
Alexis Forero
Borja Paladini
Colprensa
Doris Perez
Emiro Marín Carvajal
Luis Sanmiguel
Piedad Martín
Ruta pacífica de la mujeres
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Avenida 82 No. 10–62, Piso 3
Tel: (571) 4889000
Bogotá (Colombia)
Diseño e impresión
Impresol ediciones
Calle 78 No. 29B-44 / PBX. (1) 2508244
Bogotá (Colombia)
Junio 2011
Presentación .......................................................................................................................... 5
Introducción ........................................................................................................................... 8
1. ¿Qué es y para qué sirve un programa de gobierno? ....................................................... 11
2. ¿Por qué un programa de gobierno debe presentar principios y propuestas concretas? 19
2.1 ¿Cómo elaborar los principios del programa de gobierno? ....................................... 21
2.2 ¿Cómo elaborar las propuestas temáticas del programa de gobierno? ..................... 22
3. ¿Cuáles son los temas indispensables en los programas de gobierno? ........................... 25
3.1 Cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm) .............................................. 27
3.2 Atender el desarrollo rural .......................................................................................... 35
3.3 Fortalecer la construcción de paz y la incidencia política de la ciudadanía ............... 40
3.4 Atender y reparar a las víctimas .................................................................................. 44
3.5 Mejorar la seguridad y convivencia ciudadana ........................................................... 46
3.6 Mitigar los efectos de la violencia ocasionada por el conflicto .................................. 48
3.7 Garantizar los derechos humanos ............................................................................... 55
3.7 Impulsar la gestión ambiental y del riesgo en el territorio ......................................... 58
3.9 Garantizar la transparencia y luchar contra la corrupción ......................................... 61
3.10 Trabajar por la igualdad de género ........................................................................... 64
Epílogo ................................................................................................................................... 69
Calendario político de las elecciones 2011 ........................................................................... 70
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4
Foto Ruta pacífica de las mujeres
La democracia no es sinónimo de elecciones populares.
Aunque éstas, entre otras condiciones, sean limpias,
permitan el acceso de poblaciones políticamente sub-
representadas a cargos de elección popular, y cuenten con
una amplia votación que legitime a los gobernantes y los
obligue a rendir cuentas a sus electores, no por ello se tiene
una democracia de calidad.
La democracia es más que el cumplimiento de estas premisas
electorales fundamentales para la ciudadanía política. La
democracia incorpora una agenda de desarrollo que obliga al
aparato estatal y a sus dirigentes a responderle a la ciudadanía
por el mandato otorgado. La Constitución Política de Colombia
explícitamente le señala al Estado cuáles son los objetivos y
los límites de su acción. Quienes dirijan el aparato estatal y,
particularmente, quienes se encuentran en los órganos de
representación popular, tienen el deber de cumplir con los
preceptos de la ciudadanía social que no es otra cosa que el
respeto, la promoción y la garantía de los Derechos Humanos.
Para mejorar la calidad de la democracia en Colombia es
necesario que se articule de una manera más estrecha el
programa de gobierno de los candidatos y candidatas, sus
promesas de campaña expuestas en los debates electorales,
con el ejercicio mismo del poder; es decir que se requiere una
mayor integración entre la ciudadanía política y la ciudadanía
social. Los electores deben ejercer su derecho al voto, pero
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Foto Piedad Martín
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rno también tienen que incidir y vigilar para que el mandato
entregado a sus gobernantes les garantice efectivamente
su ciudadanía social, aquella prometida durante los debates
electorales.
Con el propósito de contribuir a que en Colombia se enlacen
los procesos electorales con las acciones y resultados del
ejercicio de gobierno, en un proceso dinámico y siempre
alimentado por la participación política y ciudadana a través
de los diferentes mecanismos establecidos para tal fin, el pnud
ha diseñado una estrategia de acompañamiento a la transición
de los Gobiernos territoriales durante el periodo 2011 -
2012. Ésta comprende, desde pautas para la elaboración
de los programas de gobierno de los aspirantes a dirigir
municipios, distritos y departamentos, hasta la metodología
para la elaboración de los planes de desarrollo de las próximas
administraciones territoriales.
La guía que se presenta a continuación es el primer
instrumento que se ha preparado para tal fin. Ofrece a los
aspirantes y a la ciudadanía en general orientaciones claras e
información importante para elaborar y evaluar los programas
de gobierno. Contribuye por tanto a mejorar la calidad de las
propuestas de los candidatos y candidatas a cargos de elección
popular y a promover el voto informado de la ciudadanía.
El pnud entrega esta guía a Colombia con la certeza de que
se convertirá en un instrumento útil para mejorar la calidad de
la democracia en el País.
Bruno Moro
Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, Pnud
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7
Foto Emiro Marín Carvajal
8
Introducción
El presente documento responde al interés del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud) de
mejorar la calidad de la democracia en Colombia, entendiendo
que la contienda electoral es uno de sus componentes, que
debe ser articulada al ejercicio pos terior del poder, para que
el aparato estatal sea efectivamente capaz de garantizar a la
ciudadanía sus Derechos Humanos. En ese horizonte, la guía
tiene como objetivo brindar orientaciones para diseñar los
programas de gobierno de los candidatos y candidatas a las
alcaldías y gobernaciones para el período 2012-2015.
En particular, los siguientes propósitos han motivado al
pnud para la publicación de esta herramienta: i) apoyar el
cumplimiento del requisito normativo sobre la presentación
de un programa de gobierno como parte de la inscripción
de la candidatura ante las autoridades electorales; ii) motivar
a que se aprovechen los beneficios que ofrece la adecuada
elaboración de los programas de gobierno tanto para la
campaña electoral, como para sentar las bases de una buena
gestión pública de quienes resulten elegidos; iii) estimular a los
aspirantes a concentrar su mayor esfuerzo en la elaboración
de sus programas de gobierno, de manera que se apropien
decididamente de las propuestas ofrecidas al electorado y, por
ende, que se adopten alternativas encaminadas efectivamente
al desarrollo en el territorio que pretenden gobernar; iv)
sensibilizar a los candidatos y candidatas sobre la trascendencia
que adquieren los programas de gobierno como punto de
partida del proceso de planeación territorial del desarrollo que
tendrán que emprender los nuevos gobernantes; v) entregar
Foto Doris Pérez
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a la sociedad civil un instrumento que sirve como guía para
evaluar la calidad de los programas de gobierno que sean
inscritos; vi) facilitar a la ciudadanía argumentos e inquietudes
que les permitan dialogar con los aspirantes y fortalecer de
esta manera sus programas de gobierno.
La guía consta de tres partes. En la primera se resuelven
los interrogantes básicos sobre qué es y para qué sirve un
programa de gobierno. La segunda enuncia los elementos
para elaborar los principios y las propuestas temáticas del
mismo.
A continuación, en la tercera parte del documento, se
presentan los temas que el pnud considera como centrales
para ser incluidos en los programas de gobierno, teniendo en
cuenta los retos que a nivel territorial afronta Colombia, las
iniciativas del Gobierno nacional proyectadas o en marcha y
los compromisos que el Estado colombiano ha suscrito ante la
comunidad internacional. Se plantean algunas preguntas para
cada uno de estos temas, de manera que la reflexión y respuesta
a las mismas, orienten la elaboración de los programas de
quienes aspiran a cargos de elección popular en los territorios
y faciliten a la ciudadanía incidir en las propuestas electorales.
Igualmente, con el fin de que se pueda profundizar en
los temas sugeridos y revisar algunas prácticas que se han
adelantado, se indica alguna bibliografía y los enlaces
respectivos para su consulta. Al finalizar, se presenta el
calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional
del Estado Civil para las elecciones de octubre de 2011.
En el cd anexo a esta guía se presenta información estadística
por municipios, distritos y departamentos relacionada con
los temas tratados y con otros aspectos estratégicos para la
elaboración de los programas de gobierno.
Adicionalmente el pnud ha dispuesto en su página web un
sitio para que la ciudadanía y quienes aspiran a los cargos de
elección popular puedan consultar esta guía, la información
estadística municipal y departamental, la información general
sobre el proceso electoral, además de otros insumos para
cualificar el debate político en los territorios. Su dirección
electrónica es: http://www.pnudcolombia.org/elecciones2011/
Foto Alexis Forero
Foto Francisco Bustamante
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Foto Luis Sanmiguel
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Foto Emiro Marín Carvajal
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Usted como aspirante a ser elegido o elegida
popularmente como gobernador o alcalde, debe poner
a consideración de la ciudadanía un programa de gobierno
que hace parte integral de la inscripción de su candidatura
ante las autoridades electorales respectivas1.
El programa de gobierno se entiende como la opción de futuro
que el candidato o candidata ofrece al electorado, conformada
por un conjunto de iniciativas encaminadas a la superación de
los problemas y al aprovechamiento de los potenciales y
recursos para generar opciones de desarrollo y bienestar
integral de la población del territorio que aspira a gobernar.
Se constituye en un manifiesto político, puesto que representa
el compromiso que en su calidad de candidato o candidata
hace con su electorado, quienes lo imponen como mandato a
través del voto para que sea cumplido por los elegidos2.
El programa de gobierno sirve como:
1.1. Estrategia política para ganar seguidoresMás allá del cumplimiento del requisito formal para la
inscripción de la candidatura, el programa de gobierno es la
principal herramienta que usted tiene como aspirante para
definir y divulgar sus propuestas al electorado.
De ahí la importancia para su campaña política, en tanto le
ayuda a organizar sus ideas respecto a la visión futura que
pretende alcanzar para que los electores puedan conocerlas y
opten por el proyecto político de su preferencia.
1 Ley 131 de 1994, artículo 3.
2 El artículo 2 de la Ley 131 de
1994 establece: “En desarrollo de los
artículos 40 y 103 de la Constitución
Política, la revocatoria del mandato
por el incumplimiento del programa
de gobierno, es un mecanismo
de participación popular, en los
términos de esta ley”.
Foto Luis Sanmiguel
14
Ese favoritismo se traduce en votos que finalmente expresan
el apoyo de la ciudadanía por un programa de gobierno y
que se constituye precisamente en un contrato colectivo que
suscribe el triunfador, y sobre el cual tiene que rendir cuentas
a las comunidades que lo han elegido como su opción política.
1.2. Es la base para la posterior construcción de los planes territoriales de desarrollo
La elección de los mandatarios a través del voto popular su-
pone el deseo de la ciudadanía de que se ejecuten los progra-
mas de gobierno inscritos por los candidatos y candidatas, lo
que se realiza posteriormente a través de los planes de desa-
rrollo de sus municipios, dis-
tritos o departamentos.
Sin embargo, es importante
su diferenciación, en tanto el
programa de gobierno tiene
una intencionalidad política al
constituirse en manifiesto es-
tratégico de los compromisos
que usted adquiere con la ciu-
dadanía; por su parte, los pla-
nes de desarrollo tienen una
intencionalidad administrativa
al señalar la orientación que
se le dará a la gestión públi-
ca por quienes sean elegidos;
además de materializar y con-
cretar con más detalle las es-
trategias y los recursos para cumplir las propuestas del progra-
ma de gobierno, deben articularse con las políticas, programas
y propuestas de los diferentes niveles de Gobierno y cumplir
con los contenidos mínimos establecidos en la Ley 152 de 1994.
“De esta manera, el plan de desarrollo es el instrumento de
planificación que orienta el accionar de los diferentes actores
del territorio durante un período de gobierno; en este se expre-
san los objetivos, metas, políticas, programas, subprogramas
y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el resultado
La Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de
Desarrollo), en su artículo 39, determina que los
alcaldes y gobernadores elegidos deben impartir
las directrices para la elaboración de los planes
de desarrollo, conforme al programa de gobierno
que inscribieron en su candidatura; para ello,
las dependencias de la administración territorial
y, en particular, las autoridades y organismos
de planeación les deben prestar todo el apoyo
administrativo, técnico y de información.
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de un proceso de concerta-
ción, sino que responden a
los compromisos adquiridos
en el Programa de Gobierno y
a las competencias y recursos
definidos tanto por la Consti-
tución como por la Ley”3.
Los Consejos Territoriales de Planeación, los Concejos
Municipales y las Asambleas Departamentales son las
instancias encargadas de verificar la correspondencia de
los planes de desarrollo con los programas de gobierno
registrados en la inscripción de la candidatura4.
Es preciso advertir que dado su carácter principalmente
propositivo, los programas de gobierno no se pueden
confundir con el diagnóstico de la situación actual o con una
línea de base. Si bien para su elaboración usted requiere un
profundo conocimiento de la situación actual de manera que
sus propuestas se orienten a la solución de la problemática
identificada, el documento que plasma el programa de
gobierno no incluye necesariamente aspectos diagnósticos.
En caso de incorporarlos, es conveniente que integre las
cifras o situaciones estrictamente necesarias para explicar
con contundencia el por qué de las propuestas que está
realizando.
1.3. Documento base para los debates electoralesEl programa de gobierno es útil como base para los debates
electorales que usted deberá enfrentar, porque: i) le ayudará a
preparar sus intervenciones, resaltar los mensajes claves de su
campaña, prever las posibles preguntas y respuestas al interior
de los ejes programáticos, así como idear los cuestionamientos
que efectuará a sus oponentes; ii) le dará mayor seguridad y
dominio durante la discusión para transmitir con convicción
sus opiniones y argumentos, lo que contribuirá a que se
distinga de sus adversarios políticos; iii) le permitirá identificar
aspectos de sus propuestas programáticas que ameriten ser
complementados o mejorados, según los resultados de la
controversia.
3 Departamento Nacional de
Planeación y Escuela Superior de
Administración Pública. El proceso
de planificación en las entidades
territoriales: el plan de desarrollo
y sus instrumentos para la gestión
2008 -2011. Bogotá, octubre de
2007. P. 21.
4 Ley 152 de 1994, artículo 39.
El dominio que el aspirante tenga sobre sus
programas de gobierno les ayudará a enfrentar
con éxito los debates electorales.
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rno 1.4. Parámetro para la entrega y recepción
de los asuntos y recursos públicos de la administración territorial
El proceso de entrega y recepción de la administración
territorial es un espacio de diálogo, interacción e intercambio
de información sobre los resultados de la gestión pública, el
uso de los recursos y los temas estratégicos para el desarrollo
de la entidad territorial.
En este sentido, el programa de gobierno beneficia tanto a
los gobernantes elegidos como a los salientes porque:
» Les traza una ruta a los alcaldes y gobernadores que realizan
la entrega para que, además de la rendición de cuentas del
cuatrienio que deben presentar a la ciudadanía, organicen
los logros de su gestión de acuerdo con el programa de
gobierno del candidato triunfador, para facilitar así el proceso
de empalme entre las dos administraciones y la continuidad
de iniciativas de alto impacto en el Desarrollo Humano.
» A las mandatarias y los mandatarios elegidos les permite
identificar y fortalecer áreas débiles que están incorporadas
en su programa de gobierno e identificar resultados
satisfactorios que merezcan tener continuidad.
1.5. Instrumento para la rendición de cuentas
La rendición de cuentas
responde a la obligación del
Gobierno de reportar y justi-
ficar su gestión y consecuen-
temente de aceptar la respon-
sabilidad sobre los resultados
de la misma. Para la ciudada-
nía representa la posibilidad
de conocer, solicitar y recibir explicaciones sobre las acciones
y decisiones de la administración pública y, en su caso, de uti-
lizarla como mecanismo para sancionar. Involucra, por tanto,
el deber de divulgar la información y ponerla a disposición del
escrutinio público. Como quiera que en nuestro país se des-
centralizaron competencias, recursos y el poder político para
El programa de gobierno se alimenta de
los resultados derivados de las anteriores
administraciones y del diálogo que se ha tenido
con la ciudadanía, por lo que es el punto de
partida de los procesos de planificación y gestión
de la siguiente administración.
Foto Emiro Marín Carvajal
Foto Luis Sanmiguel
Foto Simone Bruno
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que los alcaldes y goberna-
dores tomen decisiones pro-
pias de la gestión pública y el
gasto, la rendición de cuen-
tas de las administraciones
municipales, distritales y de-
partamentales adquiere es-
pecial importancia.
Bajo este contexto, en caso
de ser elegido o elegida, los
logros del plan de desarrollo
alcanzados en su administra-
ción se constituyen en el ele-
mento central de evaluación
para la rendición de cuentas, con lo cual también demuestra
a la ciudadanía, otros niveles de Gobierno y organismos de
control, el cumplimiento de su programa de gobierno.
El siguiente gráfico muestra la relación entre el programa de
gobierno, el plan de desarrollo territorial, las políticas públicas
sectoriales y la rendición de cuentas.
Programa de gobierno
�Cuál es la visión futura del desarrollo
territorial?
�Cuáles son los objetivos,las metas, las políticas,
los programas, y los proyectos para lograr la vision futura
del desarrollo?
Rendición de cuentas(Seguimiento y evaluación)
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�Cuáles son los logros y los resultados?
�Qué decisiones se adoptaron?�Por qué?
Curso de acción �Cómo voy a cumplir los propósitos
y las metas del plan dedesarrollo?
Formulación y ejecución del
Plan de Desarrollo
Formulación y ������������� ������ ������������������
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Es indudable la variedad de beneficios que
tienen los programas de gobierno para las
candidaturas, y se reconoce su valor para
el triunfo de las elecciones. Sin embargo,
otros elementos, como las redes políticas, las
destrezas del candidato o la candidata para la
comunicación y las habilidades para desplegar
simpatizantes, se conjugan y pueden afectar los
resultados de la contienda electoral.
Gráfico 1 //Proceso de planeación territorial
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Foto Luis Sanmiguel
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Foto Luis Sanmiguel
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Los principios del programa de gobierno se conciben
como los preceptos o normas éticas y políticas que
inspiran su intencionalidad como candidato o candidata.
De ahí que se constituyen prácticamente en sus lemas de
gobierno.
Su importancia radica en que permiten:
» Comunicar sus ideas de manera sintética y convincente.
» Hacer explícita su diferencia con los demás aspirantes.
» Organizar las propuestas de su programa de gobierno.
» Guiar la gestión en caso de ser elegido o elegida.
2.1. ¿Cómo elaborar los principios del programa de gobierno?
Los principios del programa de gobierno deben ser
formulados atendiendo a:
» Las normas éticas y políticas de la democracia, como la
inclusión social, la garantía de los Derechos Humanos,
la transparencia en la gestión pública, la participación
ciudadana, entre otros. Entre más cercanos sean a su
ideología, sentimientos y creencias, serán más fácilmente
transmitidos y defendidos durante el proceso electoral y
tendrán mayor probabilidad de ser cumplidos una vez
asuma el gobierno territorial.
» Los principios ideológicos de su partido político y de los
movimientos ciudadanos.
Foto Danilo Villafañe
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rno » Las consultas, sondeos y debates que realice con el propio
partido político, movimientos ciudadanos y con la comu-
nidad en general.
Los principios deben caracterizarse en su redacción por:
» Ser claros y comprensibles para la ciudadanía:
garantizando accesibilidad para todo el electorado y
evitando el lenguaje técnico.
» Ser contundentes: para expresar los mensajes claves de
su candidatura.
» Ser cortos: de manera que sus lemas de gobierno sean de
fácil recordación para el electorado.
Los principios de gobierno pueden ser: i) enunciados en la
presentación inicial del documento del programa de gobierno
que realiza el candidato o candidata al electorado; ii) descri-
tos en un ítem independiente en el cuerpo del documento; iii)
referenciados, según su pertinencia, en la explicación de los
distintos ejes programáticos; iv) planteados en las actividades
de divulgación del programa
de gobierno y los debates
electorales, sin ser incluidos
en la publicación.
Pero si bien puede o no des-
cribirlos en el documento,
es importante que los tenga
como punto de referencia en todo el proceso de formulación de
su programa de gobierno, de manera que orienten la definición
de sus propuestas para que éstas reflejen las normas y valores
éticos de la democracia consagrados en la Constitución.
Con base en los principios, puede definir el nombre que le
dará a su programa de gobierno; para ello, es pertinente que
piense en el eslogan (lema o frase) que transmite con mayor
fuerza la identidad de su candidatura.
2.2. ¿Cómo elaborar las propuestas temáticas del programa de gobierno?
Las propuestas temáticas hacen referencia a los ejes o
líneas programáticas sobre los cuales se fundamentará la
gestión del futuro mandatario o mandataria. Por consiguiente,
Son ejemplos de principios de gobierno los siguientes:
“Lograr la equidad y autonomía de las mujeres”;
“Respeto por la vida”; y “Transparencia en el uso
de los recursos públicos”.
Foto Soraya Hoyos
Foto Astrid Elena Villegas
23
éstas desarrollan los principios que usted ha definido en su
programa de gobierno, planteando los lineamientos generales
de acción que pondrá a consideración de la ciudadanía.
Recuerde, que las propuestas temáticas deben
caracterizarse por ser:
» Factibles, es decir, que es posible cumplirlas en el tiempo
previsto, con los recursos disponibles y en el marco de
las competencias y funciones de la entidad territorial.
» Creativas, procurando que sean innovadoras y permitan
el reconocimiento de los aspirantes. Otorgue un nombre
a las propuestas programáticas que transmita las ideas
de manera llamativa para el electorado y que denote en
qué consisten las iniciativas.
» Concretas, de manera que expongan con claridad
y precisión lo que se pretende realizar. Evite dejar
solamente enunciados ambiguos como “Voy a trabajar
por la calidad de vida”; “Promoveré la educación de
los jóvenes”; “Mejoraré la situación económica del
municipio”.
» Coherentes, para mostrar a la ciudadanía la estrecha
relación que tienen los principios y los ejes programáticos.
» Estratégicas, atendiendo a la proyección esperada del
desarrollo, a la problemática social y, en lo posible, a su
causalidad, más no a intereses particulares.
» Integrales, buscando que estén interrelacionadas,
de manera que se potencialicen entre sí para avanzar
en la construcción del desarrollo deseado y se evite el
planteamiento de iniciativas dispersas y atomizadas.
Para su definición tenga presente:
» Los principios programáticos.
» La problemática principal que busca solucionar.
» Los potenciales y oportunidades existentes en su territorio.
» Los programas liderados por el Gobierno nacional y las
responsabilidades que tienen las entidades territoriales en
el cumplimiento de los compromisos del Estado.
» Los programas y acciones de anteriores administraciones
que han mostrado resultados satisfactorios, por lo que
merecen tener continuidad.
Foto Simone Bruno
Foto Donny Meertens
24
Foto Manuel Saldarriaga
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Foto Astrid Elena Villegas
27
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)
tiene como misión apoyar y acompañar al Gobierno y a
la ciudadanía de Colombia para mejorar continuamente sus
niveles de desarrollo. Para ello, y reconociendo los retos que
afronta el país, el pnud viene cooperando a nivel territorial
en un conjunto de acciones que son consideradas como
fundamentales para cumplir con el mandato otorgado por la
Constitución Nacional a los diferentes niveles de Gobierno en
torno a la garantía de los Derechos Humanos, como principio
fundamental de la acción del aparato estatal.
Con base en la experiencia y el conocimiento acumulado
por el pnud en el desarrollo de su cooperación con diferentes
entidades territoriales y grupos poblacionales, se presentan
a continuación aquellos aspectos considerados de mayor
importancia para el desarrollo regional en Colombia, con el fin
de que sean incorporados en los programas de gobierno, en los
debates electorales y en las demandas ciudadanas dirigidas a
los diferentes aspirantes a alcaldías, distritos y departamentos.
3.1. Cumplir los objetivos de desarrollo del milenio (odm)
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (odm)5 tienen
como propósito erradicar la pobreza extrema y el hambre;
reducir la mortalidad infantil; reducir la mortalidad materna;
alcanzar la educación primaria universal; luchar contra el vih/
5 Consultar: “II Informe nacional
de seguimiento a los Objetivos
de Desarrollo del Milenio en
Colombia” en http://www.eclac.
cl/MDG/noticias/paginas/2/35552/
Colombia_2008.pdf; “Caja de
herramientas de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio: medir para
avanzar” en http://www.pnud.org.
co/img_upload/36353463616361
636163616361636163/cartilla_2.pdf
Foto Andrés Paredes
28
Foto Ana Lucia Ducucara
sida, la malaria y el dengue;
reducir los asentamientos
humanos críticos y proveer
de saneamiento básico y
agua a la mayor parte de
la población; garantizar la
equidad de género y proteger
el medio ambiente.
Para cumplir con los odm,
Colombia requiere hacer
un esfuerzo adicional a la
mayor parte de países del
hemisferio, puesto que debe
atender los impactos más sobresalientes del conflicto interno
y, en particular, a las víctimas de la violencia (desplazados,
despojados, huérfanos, viudas, mutilados, amenazados, entre
otros). Ello implica un gran reto para los próximos mandatarios
territoriales especialmente en temas como la lucha contra
la pobreza y el desarrollo económico, salud, educación y
vivienda.
Lucha contra la pobreza e impulso
del desarrollo económico incluyente
El Gobierno nacional desea reducir la pobreza en 2,8
millones de personas antes del 2014 y disminuir la pobreza
extrema a menos del 10%. Por ello, se ha planteado la meta
de sacar 350 mil familias de la pobreza extrema, a través de
la articulación de planes, programas y proyectos en todos los
niveles de Gobierno y de la participación activa del sector
privado6. Adicionalmente, propone reducir los altos niveles de
desempleo e informalidad (laboral y empresarial) que enfrenta
el país. En particular, se espera pasar a niveles de desempleo
de un solo dígito, lo que representaría grandes esfuerzos a nivel
local.
Especial atención deberá otorgarse a la lucha contra la
pobreza de la población desplazada, bajo el reconocimiento
que su situación es más crítica comparativamente con el
resto de población pobre, debido a que además de enfrentar
6 A través de la Red unidos, antes
juntos. http://www.accionsocial.
gov.co/contenido/contenido.
aspx?catID=532&conID=4422
Cuatro de cada 10 votantes se acercarán a las
urnas con la esperanza de que los candidatos
y candidatas les ayuden a superar su situación
de pobreza. Considere en su programa de
gobierno, cómo va a articular en su territorio los
programas nacionales y a desarrollar iniciativas
locales para la lucha contra la pobreza y la
generación de empleo
29
peores condiciones socioeconómicas a las del sitio de origen,
el desplazamiento le genera importantes pérdidas de activos
(capital físico, humano y financiero), ocasionando el rápido
deterioro de sus condiciones de vida en los municipios receptores,
como se señala en la publicación La población desplazada en
Colombia: examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis
de las políticas actuales.
De la misma manera, el Gobierno nacional ha impartido
lineamientos encaminados a generar ingresos y empleo para la
población en pobreza extrema y/o en situación de desplazamiento
forzado. Su objetivo es desarrollar e incrementar el potencial
productivo de esta población y alcanzar su estabilización
socioeconómica7.
De ahí se deriva la necesidad de reflexionar sobre los
siguientes cuestionamientos, de manera que en su programa
de gobierno ofrezca a los ciudadanos y ciudadanas propuestas
dirigidas a estos temas8:
» ¿Cómo luchará contra la pobreza en su municipio, distrito
o departamento?9; ¿cómo vinculará al sector privado en los
procesos de generación de empleo e ingresos?
» ¿Qué acciones de iniciativa nacional y/o local propondrá
para superarla?; ¿cómo coordinará estas acciones con el
Gobierno nacional?
» ¿Su municipio, distrito o departamento cuenta con
instancias o estrategias que aborden las dinámicas del
desarrollo económico local y su potencial para la generación
de empleo e ingresos para esta población?; si es así ¿cómo
las fortalecerá?, si no es así ¿piensa crear alguna?, ¿qué
características tendría?
» ¿Es posible en su municipio, distrito o departamento
fortalecer estructuras locales público-privadas que fomenten
el desarrollo económico local incluyente?, ¿cómo lo hará?
» ¿Cómo articulará y/o complementará los programas nacio-
nales de formación, empleabilidad y emprendimiento en su
programa de gobierno?, ¿cuál es su estrategia para que es-
tos programas lleguen a la población más vulnerable?
» ¿Qué acciones propone en el marco de la Ley 823 de
2003 sobre igualdad de oportunidades para las mujeres,
7 Departamento Nacional de
Planeación (dnp). Documento Conpes
3616 de 2009. Lineamientos de la
política de generación de ingresos
para la población en situación de
pobreza extrema y/o desplazamiento.
Bogotá, D.C., septiembre de 2009
8 Ejemplos de políticas públicas
territoriales de desarrollo económico
incluyente se pueden ver en: “Proyecto
Desarrollo Económico Incluyente”
http://dei.pnudcolombia.org/docs/
Proyecto%20Desarrol lo%20
Economico%20Incluyente%20
-%20%28Baja%29.pdf; “Informe
Colombiano de Mercados Inclusivos”
http://www.pnud.org.co/sitio.
shtml?apc=jDa-1--&x=63114;
“Política de Inclusión Productiva
para la población en situación
de Pobreza y Vulnerabilidad” de
Cartagena http://dei.pnudcolombia.
org/dei/images/Politica_Publica_
Inclusion_Productiva_Cartagena.
pdf; “Minicadenas productivas de
Soacha” http://www.pnud.org.co/
sitio.shtml?apc=jDa-2--&x=60187
9 Ver ejemplos de lucha contra
la pobreza en: “Cauca sin hambre”
http://www.pnud.org.co/sitio.
shtml?apc=jDa-3--&x=60188;
“Lucha contra la pobreza en Cesar”
http://www.pnud.org.co/sitio.
shtml?apc=jDa-3--&x=60191
30
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rno para implementar programas que aseguren la no discri-
minación laboral de las mujeres? ¿Tiene previsto diseñar
programas de formación y capacitación laboral para mu-
jeres sin consideración a estereotipos laborales?
Salud
Tres de los odm le apuestan al mejoramiento de las
condiciones de salud de la población: reducir la mortalidad
infantil, mejorar la salud materna y combatir el vih/sida, la
malaria y otras enfermedades10.
Colombia se ha propuesto como meta en los odm al 2015
reducir la mortalidad en menores de un año a 16,68 por cada
1.000 nacidos vivos; reducir la mortalidad en menores de 5
años a 18,98 por cada 1.000 nacidos vivos y lograr coberturas
en vacunación del 95%. Igualmente se desea reducir la tasa
de mortalidad materna a 45 por cada 100.000 nacidos vivos11.
Esto solamente será posible si en su programa de gobierno
tiene en cuenta las respuestas a los siguientes interrogantes:
» ¿Cómo garantizará la afiliación subsidiada al Sistema
General de Seguridad Social en Salud de los menores de 5
años y las mujeres gestantes de su municipio?
» ¿Qué acciones de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad ameritan ser fortalecidas, con el fin de incidir
en las causas más frecuentes de mortalidad de los niños y
niñas de su municipio, distrito o departamento?
» ¿Cómo fortalecerá la prestación de los servicios y la
atención a las gestantes, en especial en las zonas rurales
dispersas?
» ¿Qué adelantará para: (i) cumplir y mantener las metas
de cobertura de vacunación de niños, niñas y gestantes,
(ii) prevenir el cáncer de cuello uterino, (iii) prevenir
embarazos en niñas y adolescentes, y (iv) prevenir y
atender el vih/sida?
» ¿Qué acciones adoptará para garantizar a las mujeres, en
especial niñas y adolescentes, el acceso a la salud integral,
incluida la salud sexual y reproductiva?
» ¿Cómo va a enfrentar los riesgos para la salud de la
población por la presencia de la malaria y el dengue,
Foto Defensoría del Pueblo
10 Ejemplo de políticas públicas
territoriales en salud se puede ver
en: “Política Departamental de
Salud. En Santander Hacemos
País” http://www.pnud.org.co//
i m g _ u p l o a d / 3 6 3 5 3 4 6 3 6 1 6
3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3
/Santander_Salud.pdf11 Docu-
mento Conpes Social 91 de 2005.
Metas y estrategias de Colombia
para el logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio-2015.
Bogotá, D.C., marzo de 2005.
11 Documento Conpes Social
91 de 2005. Metas y estrategias
de Colombia para el logro de
los Objetivos de Desarrollo del
Milenio-2015. Bogotá, D.C., marzo
de 2005.
31
especialmente durante las temporadas en que ocurran
fenómenos climatológicos como el del niño y la niña?
Educación
El propósito de los gobiernos modernos es que las niñas,
niños y jóvenes puedan asistir al sistema escolar. Los que
no acceden a la educación proceden de hogares pobres,
cuyos padres, con frecuencia, tampoco han recibido
educación formal.
La administración nacional se trazó como meta lograr
coberturas universales en la educación preescolar y básica
e incrementar la matrícula en media hasta el 93% antes
del 2015. También trata de incrementar el número de años
promedio de la educación de las personas entre los 15
y los 24 años, para llegar a 10,6 años, lo cual se logra
frenando la deserción escolar y promoviendo la oferta de
preescolar.
Las entidades territoriales están llamadas a ampliar
la cobertura escolar, redoblar esfuerzos para no perder
niños y niñas en los ciclos escolares y enfatizar en las
áreas que presenten mayor repitencia y deserción. Para
lograr estos propósitos y la inclusión en su programa de
gobierno, es pertinente que reflexione sobre las siguientes
inquietudes:
» ¿Qué acciones adoptará para ampliar la cobertura de la
educación inicial?
» ¿Cómo ampliará la oferta educativa, especialmente en
las áreas rurales?; ¿qué estrategias o programas requiere
implementar o fortalecer para apoyar la vinculación y
retención en el sistema educativo de los niños y niñas más
pobres y en mayor riesgo de reclutamiento por los grupos
armados ilegales?12
» ¿Qué instituciones educativas requieren mejoramiento de
la infraestructura física?, ¿cómo lo llevará a cabo?
» ¿Cómo reforzará los programas de analfabetismo?
» ¿Es posible flexibilizar las jornadas de estudio?; ¿es
factible promover programas mixtos de clases y trabajo en
las zonas rurales?
12 Pueden servir para este
propósito medidas como el
otorgamiento de subsidios a
los niños y niñas de familias en
mayor estado de vulnerabilidad, la
eliminación de los gastos en libros,
útiles y uniformes, programas
de alimentación en la escuela y
transporte gratuito, entre otros.
Foto Manuel Saldarriaga
32
Asentamientos humanos críticos
Colombia tiene hoy 1,37 millones de hogares viviendo
en asentamientos precarios. Con el fin de solucionar esta
problemática, el Gobierno nacional se ha planteado como meta
en su plan de desarrollo 2010–2014 la construcción de 1 millón
de vivienda13.
Los problemas de déficit habitacional en el país se explican,
entre otras razones, por la persistencia del desplazamiento
forzado de la población y su llegada a las ciudades; la baja
oferta de vivienda de interés
social y prioritaria; la escasez
de tierra urbanizable en las
grandes ciudades; un modelo
de asignación de subsidios
que no asegura los cierres
financieros y la imposibilidad
de las familias pobres para
acceder al crédito.
El tema de la vivienda es
fundamental en el debate
electoral. Gran parte de la gente espera que los aspirantes a
ser mandatarios propongan soluciones en materia habitacio-
nal en sus programas de gobierno14, en especial dirigidas a la
población más pobre y vulnerable, para lo cual se presentan
las siguientes preguntas orientadoras:
» ¿Qué programas impulsará para la construcción de vivien-
da nueva?
» ¿Qué acciones propone para el mejoramiento de vivienda
urbana y rural?
» ¿Qué programas desarrollará para la reubicación de
hogares que habitan en asentamientos precarios?; ¿qué
estrategias adoptará para la legalización y mejoramiento
de barrios?; ¿ha pensado en acciones para promover la
titulación de predios para mujeres jefas de hogar?15
» ¿Es posible concurrir o buscar apoyo del nivel nacional,
los organismos internacionales, Organizaciones No
Gubernamentales (ong) y sector privado para el cumplimiento
de lo anterior?
13 Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad
para Todos”. P. 238.
14 Ver ejemplos de políticas
públicas en: “Política Pública de
Vivienda. Vivienda para la vida
de Santander” http://www.pnud.
org.co/sitio.shtml?apc=jDa-3-
-&x=60193 y “Política Pública
de Asentamientos humanos del
municipio de Soacha” http://www.
pnud.org.co/sitio.shtml?apc=jDa-3-
-&x=60190
15 Consultar Ley 82 de 1993
“por la cual se expiden normas
para apoyar de manera especial a la
mujer cabeza de familia”
El cumplimiento de las metas de los odm no solo
contempla las brechas existentes entre regiones,
sino también entre grupos de población que, por
razones de diversa índole, se encuentran más
rezagadas que otras en cuanto a oportunidades y
avances hacia la garantía de sus derechos.
33
Protección de los derechos de las mujeres
Es muy importante que los candidatos y candidatas reco-
nozcan que el desafío de lograr la equidad y autonomía de las
mujeres es transversal a todos los aspectos del desarrollo y
que los Gobiernos territoriales deben adoptar políticas espe-
cíficas de igualdad16. En ese sentido, es esencial que incluya
propuestas en su programa de gobierno, a la luz de los si-
guientes interrogantes:
» ¿Cuál es la brecha en términos de oportunidades para el
desarrollo entre hombres y mujeres en su territorio?
» ¿Cómo promoverá que las mujeres tengan acceso
a oportunidades de desarrollo humano a través de
programas de empleo e ingresos, participación política,
atención y prevención de violencias basadas en género y
salud sexual y reproductiva?
» ¿Cómo garantizará un trato igualitario en materia de
educación, salud integral, seguridad social, vivienda y
acceso a servicios públicos?
» ¿Qué acciones específicas de género integrará en las políti-
cas públicas dirigidas a cumplir los odm, a atender los efec-
tos del conflicto, a garantizar los derechos de las víctimas, a
fortalecer la participación ciudadana, entre otros?
» ¿Cómo fortalecerá el empoderamiento económico y político,
así como la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el
acceso como en el control sobre los recursos económicos?
» ¿Tiene contempladas acciones para la prevención de la
violencia intrafamiliar hacia la mujer?17
Enfoque diferencial: población afrodescendiente,
palenquera, raizal e indígena
La población negra, palenquera y raizal que representa
alrededor del 10% de la población total, exhibe indicadores
socioeconómicos preocupantes que la ubican entre las más
retrasadas del país en el cumplimiento de los odm.
A los mayores niveles de pobreza e inequidad pre-exis-
tentes, se añade la afectación aguda y diferencial que tie-
ne el conflicto armado sobre los derechos individuales y
colectivos de estos grupos poblacionales. Las múltiples
16 Ver ejemplos relacionados con
la protección de los derechos de las
mujeres en: “Política pública para
la equidad de género en Nariño”
http://www.pnud.org.co/sitio.
shtml?apc=jDa-2--&x=60189
17 Consultar: Ley 1142 de
2007 “Por medio de la cual se
reforman parcialmente las Leyes
906 de 2004, 599 de 2000 y 600
de 2000 y se adoptan medidas
para la prevención y represión de
la actividad delictiva de especial
impacto para la convivencia y
seguridad ciudadana”, artículo 33
referido a la Violencia Intrafamiliar;
Ley 294 de 1996 “por la cual se
desarrolla el artículo 42 de la
Constitución Política y se dictan
normas para prevenir, remediar y
sancionar la violencia intrafamiliar”
34
situaciones que generan desplazamiento, confinamiento o
resistencia al destierro (homicidios selectivos, masacres,
amenazas, desapariciones, reclutamiento forzado de me-
nores y jóvenes, ocupación de sus territorios ancestrales y
despojo de sus tierras, entre otras), han tenido graves con-
secuencias en sus estructu-
ras familiares, sociales, eco-
nómicas y culturales, y en
sus modelos de desarrollo,
lo que los pone en un ma-
yor estado de indefensión y
agrava su situación de po-
breza y marginamiento. En
ese sentido, la Corte Consti-
tucional ha señalado que el
desplazamiento forzado es
particularmente grave para
los grupos étnicos, que en
términos proporcionales son
los que sufren un mayor ni-
vel de desplazamiento en Colombia (Auto 218 de 2006); de
hecho declaró que el conflicto armado colombiano amenaza
con el exterminio cultural o físico de los pueblos indígenas
auto 004 de 2009).
Superar esta situación amerita un tratamiento de acelera-
ción y de gestión focalizada y comprometida por parte de
los gobernantes territoriales, que permita disminuir estas
brechas y avanzar hacia el logro más equitativo de los ODM
en todo el territorio nacional18. Las comunidades indígenas
también requieren de un enfoque diferencial, que para el
caso de los ODM debe tomar en cuenta sus particularida-
des étnicas y culturales, reflejadas en sus cosmovisiones y
planes de vida.
En el marco de los anteriores elementos, es apropiado que
responda las siguientes preguntas para encauzar la elabo-
ración de su programa de gobierno:
» ¿Cuál es la brecha en términos de oportunidades para
el desarrollo entre la población negra, palenquera, raizal
Foto Equipo Suyusama
Una vez formalizados los derechos de
propiedad sobre la tierra, es preciso garantizar
la protección institucional de éstos para que
cualquier conflicto sea tramitado y dirimido
por vías legales; esto significa fortalecer
la administración de justicia que no es
competencia de las autoridades territoriales,
pero sí debe ser un propósito nacional.
18 Ejemplos de este tratamiento
poblacional se encuentran en: “San
Basilio de Palenque Frente a los
Objetivos de Desarrollo del Milenio”
http://www.pnud.org.co//img_
upload/36353463616361636163
616361636163/Palenque_final.pdf;;
“El Caribe colombiano Frente a los
odm” http://www.pnud.org.co/sitio.
shtml?apc=a-c020102--&x=59496;
“Una apuesta para avanzar hacia el
logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en municipios del
Norte del Cauca con población
significativamente afrodescendiente”
http://www.pnud.org.co/img_
upload/3635346361636163616361
6361636163/Proyeccion_Milenio_
Afros_Cauca_ultima_version_2_1.pdf
35
e indígena con respecto al resto de habitantes en su
territorio?
» ¿Cómo garantizará la inclusión del enfoque diferencial
con la población negra, palenquera, raizal e indígena de
manera transversal en las acciones que propone para el
cumplimiento de los odm?
» ¿Qué acciones diferentes y/o complementarias en
educación, salud, vivienda y género hay que emprender en
su territorio para avanzar en el cumplimiento de los odm,
respetando las características culturales de la población
negra, palenquera, raizal e indígena?
3.2. Atender el desarrollo ruralColombia es más rural de lo que se cree. Buena parte de
sus municipios tiene baja
densidad de población, la
mayoría enfrenta dificultades
para conectarse por vía
terrestre a los principales
centros urbanos y, lo más
importante, las relaciones
entre sus pobladores y el
territorio que ocupan, están organizadas en torno a actividades
productivas del sector rural.
En buena medida gobernar es organizar y, por lo tanto, saber
quiénes son y de qué viven las personas a las que se pretende
persuadir con una propuesta política es el punto de partida
para el éxito electoral.
Entonces, si Colombia es más rural de lo que se piensa, un
candidato o candidata a ser autoridad territorial debe contar
con una propuesta integral de desarrollo rural que, como mí-
nimo, comprenda cuatro grandes aspectos: (1) el acceso a la
tierra, porque es el principal activo en la sociedad rural; (2)
el bajo desempeño económico del sector, porque limita las
oportunidades para el desarrollo de la gente que vive en y
del campo; (3) la inequidad económica, social y política, por-
que se ensaña contra los pobladores rurales más vulnerables:
campesinos, indígenas, población negra, palenquera raizal y
Foto Luis Sanmiguel
Colombia tiene uno de los indicadores de
concentración de tierra más altos de América
Latina, donde el coeficiente de Gini es de 0,875.
36
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rno mujeres, y (4) el conflicto armado interno, porque ha hecho
de los pobladores rurales sus principales víctimas.
Es igualmente importante que considere cuáles son las
facultades y competencias que tiene para incidir sobre estos
temas o, en pocas palabras, cuál es su margen de acción y, por
tanto, en qué aspectos debe apelar a la corresponsabilidad del
Gobierno nacional.
Este último ha abordado una parte de la problemática rural
mediante: (1) la Ley de víctimas y restitución de tierras pro-
mulgada recientemente , (2) el Plan Nacional de Desarrollo al
referirse a la agricultura y el desarrollo rural como una de las
locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo;
(3) la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial que abre la
posibilidad de instaurar esquemas asociativos entre entidades
territoriales para la construcción de alianzas estratégicas ten-
dientes a impulsar el desarrollo, la competitividad y las eco-
nomías de escala. Esto implica una oportunidad política para
ampliar las propuestas dirigidas a poblaciones rurales con el
apoyo de la acción nacional.
Acceso a la tierra
Colombia tiene uno de los indicadores de concentración
de tierra más altos de América Latina, donde el coeficiente
de Gini19 es de 0,87520. Debido a que es un factor estratégico
para el desarrollo, la tierra es motivo de disputa entre muchos
actores y da lugar a agudos conflictos en el sector rural,
además de ser objeto de despojo por grupos que utilizan para
ello la violencia y/o hacen uso ilegal de las normas jurídicas.
Pero ¿cómo evitar o regular esos conflictos por la tierra? Lo
primero es apelar al Gobierno nacional para impulsar criterios
de equidad en el acceso mediante opciones de redistribución;
esto permitirá mejorar las condiciones de vida de quienes
actualmente no poseen tierra. Además, las respuestas a los
siguientes cuestionamientos pueden servirle como guía
para que este crucial tema sea abordado en su programa de
gobierno:
» ¿Cómo fortalecerá la organización de las comunidades
rurales para facilitar el diálogo con las instituciones
19 El gini es una medida de
inequidad entre 0 y 1 en la que 1 indica
la mayor concentración posible.
20 cede-Universidad de los
Andes et al. Gran Atlas de la
distribución de la propiedad rural
en Colombia. En prensa.
Foto Colprensa
37
públicas y los grandes propietarios, con el fin de buscar
acuerdos que permitan formas alternativas de acceso a la
tierra en aras del beneficio de todos?
» ¿Cómo promoverá y facilitará la legalización de los
derechos de propiedad sobre la tierra de quienes la
explotan y consideran que tienen derechos legítimos sobre
la misma, lo cual les abrirá oportunidades para acceder a
crédito, subsidios y servicios del Estado, fortaleciendo su
condición de ciudadanos?21
» ¿Cómo promoverá y facilitará el acceso de la mujer
campesina a la propiedad o tenencia de tierra?22
Desempeño económico del sector rural
Una de las mejores apuestas de los Gobiernos territoriales
es el buen desempeño del sector rural, especialmente de
las actividades productivas, lo que se refleja en mayores
índices de crecimiento, más empleo e ingresos y el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
De ahí la relevancia que tiene el análisis de las siguientes
preguntas para la formulación de su programa de gobierno:
» ¿Cómo logrará que el sector rural tenga un mejor
desempeño? ¿Qué iniciativas propone para activarlo,
especialmente desde una perspectiva de desarrollo
de mercado justo, ampliación de oportunidades de
comercialización y posibilidades para el desarrollo de
mercados limpios?
» ¿Cómo contribuirá su gobierno a ordenar el uso del
suelo con el fin de hacer más competitiva y eficiente la
agricultura, avanzar en el manejo adecuado del medio
ambiente y en la conservación de las fuentes de agua?23
» ¿Cómo hará en su gobierno para estimular la inversión,
los emprendimientos y los cambios de producción?;
¿es posible invertir recursos del presupuesto territorial
para el suministro de los bienes públicos que requieren
los agentes privados (por ejemplo, vías e infraestructu-
ra, información, apoyo a la investigación tecnológica,
riego en pequeña escala de uso comunitario, centros
de acopio, empresas transformadoras de productos)?
21 Tenga en cuenta que puede
ser útil la adopción de medidas
como la disminución de los costos
de los trámites, así como la asesoría
a los campesinos y poseedores de
derechos.
22 Consultar la Ley 823 de 2003
“por la cual se dictan las normas so-
bre igualdad de oportunidades para
las mujeres” y la Ley 731 de 2002
“por la cual se dictan normas para
favorecer a las mujeres rurales”
23 Recuerde que los conflictos
de uso del suelo, es decir, destinar-
lo a actividades para las cuales no
son apropiados (por ejemplo, ga-
nadería donde debe desarrollarse
la agricultura o viceversa) pueden
disminuirse con la aplicación de los
planes de ordenamiento territorial.
Foto Alexis Forero
Foto Luis Sanmiguel
38
» ¿Cómo brindará aseso-
ría técnica y capacitación a
los productores rurales?; ¿qué
estrategias desplegará para
afianzar su organización y
asociación?; ¿qué gestión rea-
lizará ante las instancias de-
partamentales o nacionales para lograr el apalancamiento
de estas iniciativas?
» ¿Es posible adoptar medidas tributarias en el territorio
encaminadas a desincentivar la acumulación de tierras
ociosas, fomentar cambios en el uso del suelo (menos
ganadería y más agricultura) o promover nuevas actividades
productivas?
» ¿Cómo garantizará el cumplimiento del régimen laboral
por los empresarios rurales y de las normas ambientales
que eviten la creación de riesgos naturales?
» ¿Tiene contemplado el diseño y desarrollo de planes
específicos de acceso al crédito agrario, asistencia técnica,
acceso a tecnología agropecuaria para las mujeres
campesinas?
Inequidad económica, social y
política en las zonas rurales
Para el año 2009, el 64,3% de la población rural vivía en la
pobreza y el 29% en condiciones de miseria24, siendo los más
afectados los campesinos, indígenas y afrocolombianos.
A este panorama sombrío se agrega la triple discriminación
a la que están sometidas las mujeres rurales, sean ellas
campesinas, indígenas o afrocolombianas: (1) la discriminación
histórica originada por el tratamiento inequitativo que reciben
por el hecho de ser mujeres; (2) aquella que reciben por
hacer parte de la sociedad rural, y (3) la que nace del daño
desproporcionado que sufren como víctimas de los efectos del
conflicto armado interno.
Además, las poblaciones rurales tienen las tasas más bajas
de escolaridad y de cobertura en salud, poca participación
en el mercado laboral y altos niveles de informalidad, todo lo
Foto Luis Sanmiguel
Foto Emiro Marín Carvajal
“La paz es un derecho y un deber de obligatorio
cumplimiento” y alcanzarla es una responsabilidad
de todos y todas; del Gobierno nacional, pero
también de las entidades territoriales.
24 Misión para el empalme de
las series de Empleo, Pobreza y
Desigualdad (mesep). Departamen-
to Nacional de Planeación (dnp) y
Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (dane).
39
cual puede resumirse en una ”Falla de reconocimiento”25 por
parte del resto de la sociedad, es decir, en la no valoración
de un sujeto particular para dar paso a sus derechos y a la
constitución de ciudadanía.
Lo anterior se refleja en la impotencia política de los
pobladores rurales para que sus necesidades y aspiraciones
se conviertan en voz y sean recogidas por el sistema político.
Ninguna propuesta de gobierno tiene futuro si no comba-
te las inequidades persistentes en la sociedad rural. Primero,
porque son éticamente inaceptables. Segundo, porque la falta
de oportunidades de inclusión es un obstáculo para cualquier
apuesta de desarrollo económico. Tercero, porque el prin-
cipal recurso de un país es su gente y fortalecer las capa-
cidades que les permitan alcanzar el proyecto de vida que
deseen, es la mejor inversión para el futuro. Y cuarto, porque
construir democracia pasa por brindar a todos las mismas
oportunidades para acceder a los recursos políticos, o lo que
es lo mismo, para participar en la toma de las decisiones que
nos competen y afectan.
Para que su programa de gobierno contemple la inequidad
rural debe entonces, como mínimo, responder a los siguientes
cuestionamientos:
» ¿Qué iniciativas propone tanto de choque que atiendan
problemas como nutrición y salud, como de mediano y
largo plazo que brinden opciones de superación efectiva
de las trampas de la pobreza (cobertura en educación,
alternativas para la generación de ingresos y programas
dirigidos a jóvenes, entre otras temáticas prioritarias)?
» ¿Cómo pretende fortalecer y asegurar mayor estabilidad
a las economías campesinas? ¿Es necesario reestructurar
los Consejos Municipales de Desarrollo Rural? ¿Es
posible elaborar proyectos locales de desarrollo rural
con participación y compromisos de la comunidad y las
autoridades?
» ¿Cómo garantizará el reconocimiento e interlocución con
las organizaciones de los pobladores rurales para que las
comunidades desarrollen capacidades que les permitan
Foto Emiro Marín Carvajal
25 Esta falla niega a su vez
la redistribución de activos a
favor del sujeto no valorizado y
deriva también en una “falla de
redistribución”, a partir de las
cuales la sociedad no reacciona
para integrarlo al desarrollo.
40
involucrarse en los procesos de desarrollo e interpelar a
las autoridades?
» ¿Cómo velará porque sus propuestas de solución consi-
deren medidas especiales tendientes a compensar el im-
pacto desproporcionado que sobre las mujeres tienen las
problemáticas abordadas en el ámbito rural?
El cuarto componente relacionado con el conflicto armado
interno, que ha hecho de los pobladores rurales sus principa-
les víctimas, se trata en los siguientes puntos.
3.3. Fortalecer la construcción de paz y la incidencia política de la ciudadanía
“La paz es un derecho y un
deber de obligatorio cumpli-
miento”26 y alcanzarla es una
responsabilidad de todos y
todas; del Gobierno nacional,
pero también de las entida-
des territoriales. En Colom-
bia se ha confundido regu-
larmente la paz o el trabajo
por ella con los procesos de
negociación o con el combate
frontal a los grupos violentos.
Esta visión reduccionista del
fenómeno del conflicto ha
impedido que los Gobiernos
territoriales asuman respon-
sabilidades importantes en el campo de la convivencia y la
democratización de las sociedades. Se suele responsabilizar
exclusivamente al Gobierno nacional por el tema de la paz y
desconocer las voces de la ciudadanía que pide a las autori-
dades territoriales que adelanten programas para aclimatar la
confianza y el diálogo social en diferentes lugares de la geo-
grafía colombiana.
La paz no solamente es la superación de la violencia, es la
alternativa para transformar de manera pacífica los conflictos
que se presentan en las regiones. La paz es el ejercicio de los
Un programa de gobierno debe considerar, por lo
menos: i) fortalecer la acción de las autoridades
de seguridad y de justicia, ii) acercar la justicia
restaurativa a los ciudadanos, iii) reducir los
factores de riesgo, iv) atender a grupos vulnerables
y minorías, v) recuperar y mejorar los entornos
urbanos deteriorados y vi) mejorar la percepción de
seguridad promoviendo el uso adecuado del tiempo
libre y el espacio público
26 Constitución Política de
Colombia 1991, artículo 22.
Foto Alex Forero
41
derechos y de la dignidad de
la población colombiana en
un marco de democracia, di-
versidad y pluralidad.
Desde el punto de vista de
los territorios, la construc-
ción de paz se convierte en
un esfuerzo entre las auto-
ridades y las comunidades
afectadas por los conflictos
y la violencia, orientado a generar condiciones para que las
sociedades sean capaces de tramitar sus diferencias de ma-
nera no violenta, suscitar en la sociedad procesos transfor-
madores en lo político, lo económico, lo cultural, lo social y lo
ambiental, y prevenir la activación o reactivación de confron-
taciones violentas. Por ello es importante que los candidatos
y candidatas, al elaborar sus programas de gobierno, piensen
qué pueden hacer, desde las administraciones territoriales,
por construir la paz en los términos mencionados.
Lograr la paz requiere conjugar el espíritu, el conocimiento
y la experiencia de muchas personas con un compromiso de
construcción colectiva, el cual puede encontrar en los progra-
mas de gobierno una ocasión para avanzar decididamente.
Construir paz significa articular muchos de los esfuerzos
que se plantean en esta guía. Sin embargo, es la construc-
ción de sujetos políticos capaces de incidir en las decisiones
de gobierno y la generación de espacios de encuentro entre
las comunidades, y entre ellas y las instituciones para diri-
mir conflictos y construir escenarios colectivos de desarrollo
humano, los componentes que cimientan los esfuerzos en los
restantes campos.
La incidencia política de la ciudadanía, y especialmente de
los grupos más vulnerables, es decir, con mayores brechas en
su desarrollo humano y menos representados en el escenario
político territorial, es central para el éxito de los gobernantes.
El ideal de una Colombia participativa establecido en la
Constitución de 1991 contrasta con un gran número de
ciudadanos y ciudadanas sin voz y sin alternativas para incidir
La incorporación del enfoque de construcción
de paz en el programa de gobierno, es
conveniente para resolver democráticamente
los conflictos y superar las profundas causas
de la situación de violencia e inequidad en los
territorios.
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rno en las decisiones de interés público. Han sido subutilizados los
mecanismos de participación previstos en la Ley 134 de 1994,
haciendo de estas instancias espacios sin relevancia en la vida
de los territorios, lo que ha reforzado la imagen ciudadana
sobre la inutilidad de su movilización.
Candidato o candidata, la incidencia de la ciudadanía pue-
de ser uno de los mayores activos de su administración. En
este campo puede plantear una política integral para mejorar
la confianza de la ciudadanía y de sus organizaciones en las
instituciones estatales. Puede analizar las ventajas que genera
para su gobierno la profundización de la participación para la
incidencia ciudadana.
Además, tenga en cuenta los siguientes elementos para ofre-
cer al electorado propuestas específicas tendientes a mejorar
la incidencia ciudadana en las decisiones que adopte su admi-
nistración:
a) Ya existe normatividad clara acerca de los mecanismos
e instancias para la participación e incidencia de la
ciudadanía27.
b) No se requieren muchos recursos ni mucho ingenio, sólo
con que decida fortalecer los espacios ya institucionalizados
tendrá resultados extraordinarios28.
c) Recuerde que cualquier estrategia de promoción de la
participación ciudadana deberá privilegiar la inclusión de
los grupos sub-representados (población indígena, grupos
étnicos, mujeres, jóvenes, discapacitados, víctimas,
desplazados, entre otros)29.
d) También debe facilitar el ejercicio del control social por
parte de la sociedad civil organizada de su territorio.
Candidato o candidata, analice los siguientes interrogantes
útiles para orientar su programa de gobierno en el componente
de construcción de paz e incidencia ciudadana:
» ¿Cómo fortalecerá las organizaciones sociales (gremia-
les, comunales, vecinales, productivas, recreativas, en-
tre otras)?; ¿cómo estimulará un espacio de diálogo y
relacionamiento rutinario entre las autoridades locales
del poder ejecutivo (alcaldía o gobernación y secretarías
de despacho) con el poder legislativo (Concejo Munici-
27 Consultar la Ley 134 de 1994,
por la cual se dictan normas sobre
mecanismos de participación
ciudadana, en http://www.secretaria
senado.gov.co/senado/basedoc/
ley/1994/ley_0134_1994.html
28 Consultar: Procuraduría Ge-
neral de la Nación. “Guía de la
Participación Ciudadana”, en http://
www.procuraduria.gov.co/html/
sitio_guia/index.html
29 Consultar ejemplo de línea de
base para fortalecer la incidencia
de población afro en: pnud.
“Participación e Incidencia Política
de la Población Afrocartagenera”,
febrero de 2011, disponible en
http://www.pnud.org.co//img_
upload/3635346361636163616
3 6 1 6 3 6 1 6 3 6 1 6 3 / p r o l o g o _
cartagena2.pdf
Foto Martha Repullo
43
pal o Asamblea Departamental), agentes de los órganos
de control y ministerio público y representantes de las
organizaciones sociales, como escenarios para recuperar
la confianza de la ciudadanía en el Estado y en la política?
» ¿Cuáles grupos de población (mujeres, jóvenes, grupos
étnicos, víctimas y entre
éstas personas en situa-
ción de desplazamiento)
se encuentran sub-repre-
sentados en el escenario
político? ¿Cómo puede
estimular su organiza-
ción, representación y
reconocimiento en el te-
rritorio?
» ¿Hay iniciativas de desa-
rrollo y paz actualmente en el territorio?, ¿cuáles son y
cómo las fortalecerá?, ¿existe algún buen ejemplo para la
promoción de la participación e incidencia ciudadana?,
¿vale la pena reforzarlo y ampliarlo a futuro?30
» ¿Cuál será el rol de las mujeres en la definición e imple-
mentación de políticas de construcción de paz?31
» ¿De qué manera va a contrarrestar la desconfianza ciu-
dadana hacia las instituciones territoriales32?; ¿cómo va a
habilitar un proceso de diálogo permanente sobre visio-
nes del desarrollo con la participación activa de todos los
actores del territorio?
» ¿De qué manera fortalecerá la planeación para el
desarrollo incorporando realmente en el proceso la
opinión de la ciudadanía?; ¿qué indicadores definirá para
saber que lo está logrando?
» ¿Se apoyará en la consulta de las instancias territoriales
de participación establecidas legalmente para tomar
sus decisiones?, ¿cómo reactivará o consolidará estas
instancias?; ¿qué estrategias adoptará en su gobierno
para activar el Consejo Territorial de Planeación?, ¿en
qué términos será su relación con el Consejo de Política
Social?33
Escuchando las voces de las víctimas se podrá
encontrar mecanismos de atención y reparación que
sean más efectivos y tengan mayor impacto. Las
víctimas del conflicto son ciudadanos y ciudadanas
que tienen derecho a recuperar todos sus derechos.
30 Consultar: Centro Regional
lac pnud. “Políticas Públicas para
el Desarrollo Humano ¿Cómo lo-
grar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio en América Latina y El
Caribe?”, en http://www.pnud.cl/
odm/4-1.asp
31 Consultar la resolución 1325
de 2000 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas.
32 Consultar: Centro Regional
lac pnud. “Democracia/Estado/
Ciudadanía. Hacia un Estado de
y para la Democracia en América
Latina”, disponible en http://www.
undp.org/latinamerica/docs/Demo-
cracia_en_A%20_Latina.pdf
33 Para fortalecer los Consejos de
Política Social se puede consultar
“Construcción de políticas públicas
participativas. El Caso del Conse-
jo de Política Social de Cartagena
2008-2010” en: http://pnud.org.co/
img_upload/363534636163616361
63616361636163/Construccion_de_
Politicas_Publicas_Participativas.pdf
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rno » ¿Cómo fortalecerá la capacidad del municipio, distrito
o departamento para monitorear y evaluar los planes,
programas y proyectos, medir su impacto y brindar
información oportuna y confiable a la ciudadanía?
» ¿Cómo va a construir y poner en marcha una estrategia
que transcienda el interés puramente consultivo para
adentrarse en un interés de cogestión con la ciudadanía?;
¿de qué manera incentivará una mayor responsabilidad
de los sectores sociales en la solución de las problemáticas
presentes en su territorio?
3.4. Atender y reparar a las víctimasSi un aspirante a la gobernación o alcaldía conversa con la
ciudadanía, se dará cuenta que la mayoría ha sufrido directa
o indirectamente por el conflicto. Son víctimas de desplaza-
miento forzado, de amenazas, de violencia sexual, de minas
antipersonal, también pueden ser familiares de víctimas de
desaparición forzada y de asesinato, que viven en las veredas,
cabeceras municipales y capitales de los departamentos de
Colombia.
En el país hay 3.711.745 personas inscritas en el Registro
Único de Población Desplazada -a 27 de abril de 2011-, más los
desplazados no registrados, lo que evidencia la magnitud de la
situación, como se verá posteriormente.
De las víctimas que hay por desplazamiento forzado y otros
delitos la Fiscalía General de la Nación reporta 299.551 víctimas
registradas y Acción Social, 330.702 solicitudes de reparación
por vía administrativa a 30 de junio de 201034.
En los dos últimos años, la atención y reparación integral
de las víctimas del conflicto se ha posicionado en la agenda
política nacional y se ha convertido en una de las prioridades
del Estado, gracias a la ley de víctimas y restitución de tierras
promulgada en junio de 201135.
En la ley sobre el tema se delegan importantes
responsabilidades a los Gobiernos territoriales, dentro de las
cuales se encuentran:
a) Elaboración del censo de víctimas del conflicto armado y
evaluación de su vulnerabilidad.
Fotos Emiro Marín Carvajal
34 Comisión Nacional de Repara-
ción y Reconciliación (cnrr). Infor-
mativo de Justicia y Paz. Caminos.
Edición No. 6. Agosto de 2010. P. 2
35 Ley 1448 de 2011. Por la cual
se dictan medidas de atención, asis-
tencia y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado inter-
no y se dictan otras disposiciones.
45
b) Diseño e implementación de programas de prevención,
asistencia, atención, protección y reparación a las vícti-
mas que cuenten con asignación presupuestal.
c) Formulación de estrategias de seguridad pública para
prevenir afectaciones a los derechos de las víctimas o de
los funcionarios especial-
mente en los procesos de
restitución.
d) Prestación de asistencia
humanitaria y atención
inmediata, y conforma-
ción de comités territo-
riales para la atención y
reparación integral a las
víctimas.
e) Garantizar la prestación
de los servicios de salud,
educación, agua potable
y saneamiento básico.
En este contexto, se hace imprescindible que las alcaldías y
gobernaciones diseñen y apliquen políticas que permitan ga-
rantizar los derechos de las víctimas que, en el marco de la
nueva ley, deberá hacerse diferenciando claramente la aten-
ción humanitaria de emergencia, los servicios sociales a los
que tiene derecho cualquier ciudadano o ciudadana (indepen-
dientemente de que sea o no víctima del conflicto) y las medi-
das específicas de reparación.
Esta amplia demanda social y la obligación normativa ponen
de presente la imperiosa necesidad de abordar el tema en su
programa de gobierno, para lo cual es pertinente que examine
y resuelva los siguientes interrogantes:
» ¿Qué papel jugarán las organizaciones de víctimas
en su administración?, ¿qué propone para fortalecer
y proteger estas organizaciones de víctimas?, ¿cómo
trabajará con las víctimas, especialmente niños, niñas y
mujeres, y sus organizaciones en el diseño, planificación
e implementación de las políticas de atención y
reparación?
Los gobernantes territoriales tienen un gran
compromiso en relación con los temas de
convivencia y seguridad ciudadana por su
responsabilidad constitucional en el tema, pero
más importante, por su cercanía a la complejidad
y variedad de manifestaciones de inseguridad
ciudadana, que les permite asumir nuevas
aproximaciones y soluciones.
Foto Defensoría del pueblo
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rno » ¿Es posible crear una dependencia en la alcaldía o
gobernación que se encargue de estos temas?; en caso
contrario, ¿qué instancia asumirá estas responsabilidades?,
¿cuántos recursos del presupuesto asignaría a este tema?
» ¿Qué mecanismos piensa articular desde la alcaldía o
gobernación para la protección de las víctimas de manera
que se garanticen los derechos a la verdad, justicia y
reparación?; ¿tiene alguna propuesta concreta para
facilitar la coordinación con los otros niveles territoriales y
el ámbito nacional?
» ¿Con qué insumos cuenta la alcaldía o gobernación para la
implementación de la estrategia del modelo único de atención
integral a las víctimas?; ¿conoce iniciativas de atención a
las víctimas de otras alcaldías o gobernaciones que puedan
servirle de referencia o consulta para diseñar la suya?36
» ¿Qué acciones emprenderá para la protección de las
mujeres ante la violencia de la que son víctimas en el
marco del conflicto, especialmente la violencia sexual,
garantizando la verdad, la justicia y la reparación?37
3.5. Mejorar la seguridad y convivencia ciudadana
La seguridad ciudadana hace énfasis en la protección de
los individuos, de las comunidades y sus entornos y de las
instituciones democráticas. La violencia y la inseguridad se
constituyen en barreras para el libre ejercicio de los dere-
chos, la construcción de la paz y la generación de mejores
condiciones para el desarrollo.
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad
para todos” reconoce que los índices de violencia del país
son todavía elevados bajo estándares internacionales y que
la naturaleza de las amenazas de la violencia ha sufrido
transformaciones. Entre éstas se mencionan: (1) la profun-
dización de la dependencia de los grupos guerrilleros de
actividades como el narcotráfico y otras prácticas crimina-
les; (2) el surgimiento de las Bandas Criminales (bacrim)
como agrupaciones de carácter multidelictivo que en la
búsqueda por controlar las economías y actividades ilega-
Fotos Doris Perez
Foto Luis Sanmiguel
36 Algunos ejemplos de expe-
riencias que se están implemen-
tando son: Centro de Atención a
Víctimas de las Violencias y Graves
Violaciones a Derechos Humanos
(cavidh) de la Alcaldía de Bogotá;
Programa de Atención a Víctimas
del Conflicto Armado de la Alcaldía
de Medellín; Programa Departa-
mental de Atención Integral a Víc-
timas del Conflicto y Reintegración
Comunitaria (pavirec) de la Gober-
nación del Cesar y Mesa Interinsti-
tucional de Atención a Víctimas de
la Gobernación de Nariño.
37 Se pueden consultar datos es-
pecíficos sobre esta temática en el
“X Informe sobre violencia socio-
política contra mujeres, jóvenes y
niñas en Colombia” elaborado por
la Mesa de Trabajo Mujer y Conflic-
to Armado.
47
les, han combinado el narcotráfico con su capacidad arma-
da y acción violenta en ciertas zonas rurales y las periferias
de algunos centros urbanos; (3) en las ciudades, a pesar
de la mejoría sustancial en algunos de los indicadores (por
ejemplo, el total de hurtos de automotores y hurtos a en-
tidades financieras), los índices de homicidio en algunos
centros urbanos presentan cifras muy altas y tendencias
que no evidencian un decrecimiento pronunciado; (4) el
incremento continuo de los delitos contra la familia y vio-
lencia sexual, y (4) la multiplicación de fenómenos delin-
cuenciales como el microtráfico, el robo de motocicletas y
el hurto común, entre otros, que afectan la percepción de
tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central
2009-2010 del pnud realizó una revisión de siete ejemplos de
ciudades y casos38 que han logrado disminuir notablemente
sus tasas de violencia y criminalidad. Con base en estas
experiencias, propone un decálogo de factores para el éxito de
los programas en esta materia:
» Las autoridades y la ciudadanía entienden que sin
seguridad no es posible disfrutar de los demás derechos; la
seguridad es parte esencial de la estrategia de desarrollo.
» La seguridad es un derecho que debe garantizar cualquier
Gobierno, independientemente de su ideología.
» La seguridad requiere de liderazgo de las autoridades,
quienes asumen la responsabilidad ante la ciudadanía y
coordinan la actuación de las agencias en el marco del
Estado de Derecho.
» La seguridad no es solamente un problema de policías
y de jueces. Se necesita la participación de las demás
instancias responsables de las estrategias de prevención.
» Las políticas de seguridad ciudadana requieren continuidad
entre Gobierno y Gobierno.
» El éxito depende de información objetiva, confiable
y permanente acerca de los hechos, actores, raíces y
dinámica del delito.
» La información se usa para entender la evolución del
fenómeno, orientar el trabajo de campo, evaluar las
Foto Simone Bruno
38 Los ejemplos fueron: Bogotá
y Medellín en Colombia, Guayaquil
en Ecuador, el estado de Sao Paulo
en Brasil, la ciudad de San Diego en
Estados Unidos, los “hooligans” en
Inglaterra y la alianza entre mafia y
políticos de Italia.
Foto Simone Bruno
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rno estrategias, controlar a los funcionarios y adoptar los
cambios necesarios.
» Las estrategias van directamente a los puntos nodales del
problema y buscan el flanco débil del adversario.
» La seguridad supone conocimiento directo del problema,
descentralización y flexibilidad por parte de las autoridades
nacionales y locales.
» La ciudadanía debe estar bien informada sobre el problema
y los avances de la estrategia para que le brinde apoyo.
Debido a que la seguridad ciudadana está actualmente en
el centro de las preocupaciones de los colombianos, el elec-
torado reclamará a los candidatos y candidatas propuestas
concretas en sus programas de gobierno39. En ese sentido, re-
flexione, como mínimo, sobre las respuestas a las siguientes
preguntas:
» ¿Cómo fortalecerá la estructura administrativa para ges-
tionar la convivencia y la seguridad ciudadana?; ¿cómo
fortalecerá el Consejo de Seguridad en su administración?
» ¿Cómo implementará y/o fortalecerá un sistema que aporte
información para la focalización y priorización de acciones?
» ¿Qué estrategias adoptará para fundamentar el concepto de
cultura ciudadana en procura de lograr el acatamiento vo-
luntario de las normas por parte de los habitantes?; ¿qué es-
trategias propone para la prevención específica de riesgos?40
» ¿Qué acciones desarrollará para la utilización de mecanismos
alternativos de resolución de conflictos?, ¿cómo fortalecerá
los sistemas de denuncia y la atención a las víctimas de los
delitos de violencia sexual y violencia intrafamiliar?
3.6. Mitigar los efectos de la violencia ocasionada por el conflicto
Mitigar los efectos de la violencia en un entorno conflictivo
constituye uno de los principales retos de gobernantes y
gobernados en las entidades territoriales. Los aspirantes a
ser mandatarios deben incluir en sus programas de gobierno
propuestas de políticas para cuatro poblaciones específicas,
a saber: ciudadanos desplazados forzosamente; niños, niñas
y jóvenes en riesgo de reclutamiento por los grupos armados
39 Para conocer más sobre este
tema puede revisar los siguientes
documentos: pnud, Informe sobre
Desarrollo Humano para Améri-
ca Central 2009-2010, en: http://
www.pnud.org.sv/2007/sc/content/
blogcategory/0/88/; pnud, Seguri-
dad comunitaria y cohesión social,
Community Security and Social
Cohesion, 2009, en: http://www.
securitytransformation.org/ima-
ges/documentos/687_undp_bcpr_
cssc_Concept_Paper_Final.pdf
40 Tenga presente, entre otros,
programas de control al porte y la te-
nencia de armas; campañas de des-
arme voluntario; recuperación de
espacio público y mejoramiento de
entornos urbanos deteriorados que
faciliten los actos delictivos; preven-
ción temprana del delito en estable-
cimientos educativos; prevención de
la violencia intrafamiliar y la violen-
cia sexual; prevención del consumo
de sustancias psicoactivas y de alco-
hol; prevención de la accidentalidad
vial y generación de una cultura de
seguridad vial; transformación de
imaginarios y prácticas culturales
que valoran positivamente fenóme-
nos violentos y criminales.
49
ilegales; poblaciones en riesgo por minas antipersonal; y
grupos de excombatientes reintegrados.
�� ��!"�#$#%&�'() *)+$#�)En el Registro Único de Población Desplazada, a 27 de
abril de 2011, se encuentran incluidas 3.711.745 personas
en situación de desplazamiento. Si se tiene en cuenta la
población colombiana del Censo de 2005, esto significaría
que el 8,1% de las personas que habitan el territorio nacional
son desplazadas internos por el conflicto, fenómeno que se
sigue presentando por que persisten las causas objetivas que
lo causan. Esta cifra ubica a Colombia como uno de los cuatro
países del mundo con mayor número de desplazados internos.
Más allá de la Ley 387 de 1997, la Corte Constitucional, en el
marco de los Principios Rectores del Desplazamiento Interno41,
ha impartido órdenes precisas al Estado colombiano para que
brinde atención integral a la población desplazada y se supere
el “estado de cosas inconstitucional”. Igualmente, la Ley 1190
de 2008 y el Decreto 1997 de 2009, entre otras disposiciones,
reorganizan el sistema de competencias y coordinación entre
las entidades territoriales y la Nación respecto de la población
desplazada. También el Ministerio del Interior y de Justicia,
en cumplimiento del auto 07 de 2009 de la Sentencia T-025
de 2004, seleccionó 255 municipios de 29 departamentos que
requieren más apoyo para atender eficaz y eficientemente a la
población desplazada.
En los instrumentos señalados anteriormente se indican las
responsabilidades de las entidades territoriales, dentro de las
cuales se destacan:
» Garantizar el funcionamiento continuo de los Comités de
Atención a la Población Desplazada42.
» Cumplir cabalmente con las funciones en materia de
atención a la población desplazada y colaborar con
el Gobierno nacional en la definición y ejecución de
mecanismos que permitan lograr el goce efectivo de sus
derechos43.
» Dar prelación al gasto público destinado a la población
desplazada dentro del gasto público social44.
Foto Luis Sanmiguel
41 Para conocer los Principios
Rectores de los Desplazamientos
Internos, consultar: http://www.icrc.
org/web/spa/sitespa0.nsf/html/
5tdmhb
42 Sentencia T-025 de 2004, nu-
meral 10 “Consideraciones y Fun-
damentos” y Decreto 1997 de 2009,
artículo 2
43 Auto 07 de 2009 de la Senten-
cia T-025 de 2004, orden quinta
44 Auto 176 de 2005, de la Sen-
tencia T-025 de 2004, orden séptima
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rno » Asignar el presupuesto necesario y suficiente para la
prevención del desplazamiento forzado, la atención
integral y el goce efectivo de los derechos de las personas
desplazadas45.
» Elaborar o actualizar el Plan Integral Único (piu), asegurar
su inclusión y armonización en los planes de desarrollo
territoriales, con la participación de la población
desplazada en el proceso y el presupuesto necesario para
su ejecución46. En particular, las autoridades territoriales
que sean elegidas en el 2011 tienen un plazo de 3 meses a
partir de su posesión para cumplir esta orden47.
» Diseñar y coordinar las acciones dirigidas al goce de los
derechos de las poblaciones retornadas, reubicadas o
reasentadas que se encuentren en su jurisdicción48.
» Garantizar la atención humanitaria de urgencia a
la población que manifiesta estar en situación de
desplazamiento49.
Reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
En Colombia, el reclutamiento y la utilización de niños,
niñas, adolescentes y jóvenes por parte de los grupos armados
ilegales se ha generalizado y es motivo de preocupación por
las secuelas que les ocasionan.
El Gobierno nacional cuenta con dos instrumentos
fundamentales para enfrentar este flagelo: (1) La Comisión
Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento y
Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por los Grupos
Organizados al Margen de la Ley, creada por el Decreto 4690
de 200750, que ha priorizado 114 municipios, 6 localidades
de Bogotá y los territorios étnicos que reportan riesgo de
reclutamiento; (2) el Documento Conpes 3673 de 2010
que define la “Política de prevención del reclutamiento
y utilización de niños, niñas, adolescentes por parte de
los grupos armados organizados al margen de la ley y de
los grupos delictivos organizados”, la cual compromete
18 instituciones del Estado colombiano en el enfoque de
protección integral a la niñez que está consagrado en la
Convención sobre los Derechos del Niño51
45 Auto 314 de 2009, de la Sen-
tencia T-025 de 2004, orden octava
46 Auto 383 de 2010 de la Sen-
tencia T-025 de 2004, orden déci-
mo octava
47 Auto 383 de 2010 de la Sen-
tencia T-025 de 2004, orden déci-
mo novena
48 Decreto 1997 de 2009, artículo 2
49 Ibid
50 Consultar Decreto 4690 de
2007 en: http://www.avancejuridi-
co.com/actualidad/documentosofi-
ciales/2007/46831/d4690007.html
51 Consultar Conpes 3673 de
2010 en: http://www.dnp.gov.co/
PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket
=QKkqSy93DmA%3D&tabid=1063
51
Otra guía que puede ayudar a los próximos alcaldes y gobernadores
es la Resolución 1612 de 2005 del Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas52, útil para monitorear la situación de los niños
y niñas víctimas de los conflictos armados e incidir en la garantía
de sus derechos. Además, el Secretario General de Naciones
Unidas presentó el 28 de agosto de 2009 el Informe sobre los niños
y el conflicto armado en Colombia, en el que señaló seis graves
violaciones a sus derechos53: reclutamiento, muerte y mutilación,
violencia sexual, secuestro, ataque de escuelas y hospitales y
denegación de acceso humanitario.
Acción Contra Minas
La contaminación por mi-
nas antipersonal, artefactos
explosivos improvisados y
restos explosivos de gue-
rra se presenta en 31 de los
32 departamentos de Co-
lombia, según el Programa
Presidencial para la Acción
Integral Contra Minas An-
tipersonal del Gobierno na-
cional. Desde 1990 hasta el 4 de abril de 2010 se han regis-
trado 9.133 víctimas de estos artefactos, de los cuales 7.132
quedaron heridos y 1.930 fallecieron; 5.677 son militares y
3.385 son civiles. La mayoría de las víctimas habita en sec-
tores rurales.
La Acción Contra Minas incluye cinco componentes: (1)
educación sobre el riesgo que éstas implican, (2) desminado
humanitario, (3) asistencia a las víctimas (incluida su rehabi-
litación y reintegración), (4) destrucción de los arsenales, y
(5) acciones de cabildeo para promover la prohibición total
de las minas antipersonal.
El objetivo de las actividades que están en manos de los
gobernantes territoriales es reducir el riesgo que las minas
ocasionan a un nivel que pueda garantizar la plena seguridad
de las personas, que propicie la salud y su desarrollo social
y económico, exento de las limitaciones impuestas por la
En Colombia, desde hace más de ocho años, se
adelanta un proceso de Desarme, Desmovilización
y Reintegración (ddr) que ha significado la
desmovilización de miles de personas que se
encontraban vinculadas a grupos armados ilegales.
Fotos Simone Bruno
52 Consultar la Resolución 1612
de 2005 en: http://www.crin.org/
law/Instrument.asp?instID=1193
53 Consultar el informe comple-
to en: http://www.colombiassh.org/
site/spip.php?article467
52
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rno contaminación provocada por estas armas y que permita
atender las necesidades de las víctimas54.
Particularmente, se destacan los siguientes ámbitos de
acción de las entidades territoriales en el tema:
a) Apoyo al diseño, desarrollo y seguimiento del plan de
acción integral contra minas antipersonal.
b) Incorporación en los planes de desarrollo de estrategias
de promoción de educación en el riesgo por minas en
entidades educativas y otros escenarios institucionales y
comunitarios.
c) Promoción del acceso oportuno y completo de las
víctimas a los servicios establecidos por la ley para
la reparación, la rehabilitación integral y la inclusión
socioeconómica.
d) Apoyo a la implementación del esquema de asistencia,
buscando la integración de la oferta de servicios de
organizaciones estatales y públicas no estatales.
e) Fortalecimiento de la capacidad de las instituciones locales
y las comunidades para reaccionar frente a situaciones
ocasionadas por las minas antipersonal y para prestar
asistencia a las víctimas.
f ) Impulso a la participación de las comunidades afectadas por
las minas antipersonal en la preparación de diagnósticos
y valoración de necesidades, así como en la planeación,
ejecución y seguimiento a planes, proyectos y actividades
tendientes a la mitigación de riesgos.
Asimismo, los alcaldes y gobernadores que sean elegidos
deberán tener en cuenta que según la ley las autoridades
administrativas de los entes territoriales y los personeros
municipales tienen el deber de informar al Programa
Presidencial de Acción Contra Minas sobre cualquier accidente
o incidente de minas del que tengan conocimiento (Ley 759
de 2002); que la Alcaldía Municipal o la Personería Municipal
tienen que elaborar el censo de las personas afectadas con
destino a Acción Social en un plazo máximo de 8 días hábiles
después de ocurrido el accidente y, además, expedir una
certificación individual de la ocurrencia del accidente (Ley
418 de 1997).
54 Para saber más sobre la ac-
ción contra minas consultar: http://
www.accioncontraminas.gov.co;
Ley 554 de 2000 en http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/
basedoc/ley/2000/ley_0554_2000.
html; Documento conpes 3567
de 2009 en http://www.dnp.gov.
co/PortalWeb/Portals/0/archivos/
documentos/Subdireccion/Con-
pes/3567.pdf; “Plan de Acción
Cartagena 2010 - 2014”, en http://
www.icrc.org/web/spa/sitespa0.
nsf/htmlall/landmines-cartagena-
action-plan-100110/$File/2RC-
ActionPlanfinal-unofficial-
11Dec2009.pdf
53
La reintegración comunitaria de los excombatientes
En Colombia, desde hace más de ocho años, se adelanta un
proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ddr),
que ha significado la desmovilización de miles de personas
que se encontraban vinculadas a grupos armados ilegales55.
La política gubernamental está coordinada por la Alta Conse-
jería para la Reintegración (acr) que tiene como misión alcan-
zar una adecuada reintegración de excombatientes a la vida
civil. Para ello, en algunos municipios lleva a cabo programas
que los vinculan a las comunidades receptoras (reintegración
comunitaria). Esta política
pública se diseñó en el 2008
mediante el Documento Con-
pes 3554 que señala respon-
sabilidades a 23 entidades
del orden nacional e indica
las siguientes competencias
de las alcaldías y goberna-
ciones en relación con la po-
blación desmovilizada56:
a) Garantizar la afiliación al
régimen subsidiado de
salud mediante los cupos
asignados por el Consejo
Nacional de Seguridad
Social en Salud (cnsss).
b) Garantizar la vinculación y continuidad en el sistema
educativo.
c) Implementar acciones que fortalezcan su reintegración
económica, social y comunitaria.
d) Desarrollar iniciativas que apoyen su inclusión, convivencia
y reconciliación con sus comunidades receptoras.
A continuación, se presentan algunas preguntas útiles para
que aborde el tema de la mitigación de los efectos de la violencia
por el conflicto en su programa de gobierno para estos cuatro
grupos poblacionales (desplazados; niños, niñas y jóvenes en
riesgo de reclutamiento; poblaciones contaminadas por minas
antipersonal y personas reintegradas a la vida civil).
Actualmente existen tres importantes procesos
que demuestran el compromiso de Colombia
con los derechos humanos:
Humanos.
Defensoras de Derechos Humanos.
Humanos - planedh-.
55 Informes, tanto de la cnrr
como de la mapp/oea se encuentran
en: http://www.cnrr.org.co/ y http://
www.mapp-oea.net/
56 Ver Documento Conpes 3554 de
2008 en: http://www.reintegracion.
gov.co/Es/proceso_ddr/Documents/
manuales/Documento_Conpes_
Reintegracion_Numero_3554.pdf
54
» ¿En su territorio exis-
ten políticas específicas para
proteger los derechos de es-
tas cuatro poblaciones?; si
existen, ¿qué ajustes y com-
plementos propone introdu-
cirle a cada una de ellas?; si
no existen, ¿en su gobierno
diseñará una política territorial específica que distinga la
situación de estas cuatro poblaciones frente a la situación
del resto de los habitantes?; ¿ha previsto dentro de su
programa de gobierno un incremento de las partidas para
proteger los derechos de estas poblaciones?
» ¿Qué medidas adoptará para promover la presencia de los
voceros de estas poblaciones en el Consejo Territorial de
Planeación y el Consejo de Política Social?
» Dentro de las cuatro poblaciones mencionadas, ¿propondrá
proyectos específicos que respondan a las necesidades,
riesgos y expectativas propias de las siguientes personas:
a) las mujeres; b) los niños y niñas; c) los miembros de
pueblos indígenas; d) los miembros de comunidades
negras, palenqueras o raizales; e) la población en condición
de discapacidad; f) la población adulta?
» ¿Qué estrategias adelantará para involucrar a la familia y
las comunidades en la protección de la niñez de los grupos
poblacionales en mención?57
» ¿Cómo incluirá en el plan de desarrollo y en el Plan de
Ordenamiento Territorial (pot) las necesidades de estas
poblaciones, en especial las atinentes a facilitar su acceso
a vivienda y tierras?; ¿qué indicadores de resultado
utilizará para medir el goce efectivo de derechos de estos
grupos poblacionales?, ¿cómo garantizará su permanente
actualización y reporte?
» ¿Cómo (i) apoyará la elaboración de planes contingen-
cia y prevención del desplazamiento forzado, desde la
perspectiva de protección a las poblaciones en riesgo, (ii)
prestará la atención de urgencia y se articulará con el
nivel nacional para brindar la atención humanitaria de
Cuando los gobernantes entienden a la educación
en derechos humanos como centro de sus sueños
y esperanzas conquista la mejor aliada para
trabajar por la dignidad del ser humano.
56 Consultar convención sobre los
Derechos del Niño en: http://www2.
ohchr.org/spanish/law/crc.htm
55
emergencia, (iii) asegurará que los procesos de retorno
y reubicación se realicen bajo los principios de dignidad,
voluntariedad y seguridad, (iv) promoverá la integración
local de la población desplazada en la esfera social, eco-
nómica y cultural, (v) promoverá y/o complementará ini-
ciativas del nivel nacional tendientes a la capacitación la-
boral y la generación de ingresos de la población despla-
zada, (vi) mejorará la orientación, información y atención
a la población desplazada específicamente?
» En el marco de la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia
y la Adolescencia) y el documento Conpes 3673 de 2010,
¿qué estrategias adoptará en su municipio, distrito o de-
partamento, para preve-
nir el reclutamiento de
niños, niñas y jóvenes
por los grupos armados
ilegales?, ¿qué iniciati-
vas concretas propone
para la prevención de
la incorporación de los
niños, niñas y jóvenes a
grupos armados ilegales
en materia cultural, de
capacitación y emprendimientos, entre otros ámbitos?
» ¿Qué estrategias adoptará para involucrar a la familia y a
la comunidad en las acciones específicamente de perso-
nas reintegradas a la vida civil?
» ¿Qué estrategias adoptará para la difusión y promoción
de conductas seguras dirigidas a las comunidades en
riesgo por minas, con el fin de disminuir las muertes, las
lesiones y el impacto socioeconómico que ocasionan es-
tos artefactos?
3.7. Garantizar los derechos humanosLos derechos humanos son un conjunto de libertades y fa-
cultades inherentes a todos los seres humanos sin distinción
alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacio-
nal o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición.
Foto Simone Bruno
La pregunta para ser respondida en su programa
de gobierno es: ¿Qué estrategias propone
para poner en marcha en su territorio el Plan
Nacional de Acción en Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario y el Sistema
Nacional de ddhh y dih?
56
Todas las personas gozan de los mismos derechos humanos,
sin discriminación alguna.
El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece
las obligaciones que tienen los Gobiernos de tomar medidas en
determinadas situaciones, o en otras de abstenerse de actuar en
cierta forma, a fin de promover y proteger los derechos humanos
y las libertades fundamentales
de los individuos o grupos58.
La Declaración Conjunta
firmada por varios actores
nacionales e internacionales,
encabezados por el Gobier-
no nacional, prevé realizar
una Conferencia Nacional
sobre Derechos Humanos en
diciembre de 2011 y para su
preparación se efectuarán
foros regionales59. En es-
tos escenarios será de gran
importancia que los candi-
datos, candidatas y manda-
tarios electos divulguen lo
consignado en sus programas de gobierno frente al tema.
La Mesa Nacional de Garantías para Defensores y Defenso-
ras de Derechos Humanos se constituyó en el año 2009; es
convocada por el Ministerio del Interior y de Justicia y tiene
previsto definir, operar y hacer seguimiento a la política en ar-
ticulación con los Gobiernos territoriales, sobre todo en lo que
tiene que ver con: (1) la adopción de medidas que se conside-
ren necesarias para brindar garantías a las organizaciones
sociales y de derechos humanos; (2) generar mayores niveles
de confianza entre las organizaciones de la sociedad civil y
las autoridades del Estado; (3) avanzar en la construcción de
acuerdos, compromisos y rutas dirigidas a la generación de
medidas que creen un ambiente propicio para las actividades
de defensa de los derechos humanos; (4) hacer seguimiento
a los compromisos que se adopten. En esta perspectiva, está
prevista la constitución de Mesas Territoriales de Garantías.
Incorporar como principio de cualquier acción
de gobierno la gestión ambiental del territorio es
importante porque:
Garantiza la oferta de bienes y servicios
ambientales básicos;
Evita costos futuros ocasionados por su no
incorporación;
Puede convertir la biodiversidad y los
servicios ambientales en una fuente de
riqueza y bienestar.
58 Para tener información más
detallada sobre los avances y re-
tos del país en términos de ddhh
y dih consultar: http://www.hchr.
org.co/documentoseinformes/in-
formes/altocomisionado/informes.
php3?cod=14&cat=11
59 http://www.derechoshumanos.
gov.co/Conferencia/Documents/
DeclaracionConferenciaNacional_
3feb2011.pdf
57
El Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos
(planedh)60 surge como respuesta a la necesidad de cons-
truir una política pública de educación en derechos hu-
manos en los ámbitos formal, informal y no formal, con-
tribuyendo a consolidar un Estado Social de Derecho y a
favorecer la construcción de una cultura de derechos huma-
nos en el país. Entre sus metas se encuentra la ejecución de
proyectos pedagógicos orientados al reconocimiento de las
diferencias culturales, étnicas, religiosas, políticas, socioeco-
nómicas, de opción de género que garanticen el ejercicio
pleno de los derechos humanos y civiles en el marco de la
política pública del planedh. Además se prevé la formación
en derechos humanos de personeros municipales y la con-
solidación de la Red Nacional de Promotores de Derechos
Humanos desde el Programa Presidencial para los Derechos
Humanos de la Presidencia de la República.
Es importante que los candidatos y candidatas a las elecciones
territoriales tengan presentes todas estas iniciativas y responsabi-
lidades en el tema de derechos humanos y que incluyan, por tanto,
propuestas concretas al respecto. Sobre todo, deben considerar
que: (1) ejercer la autoridad territorial con un enfoque de derechos
humanos posibilita mayor transparencia, así como mayor res-
ponsabilidad y participación de la ciudadanía y (2) educar en los
derechos humanos permite construir una ciudadanía formada y
responsable.
Frente a la importancia que asume este tema para el país,
la pregunta para ser respondida en su programa de gobierno
es: ¿Qué estrategias propone para poner en marcha en su
territorio el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario y el Sistema Nacional
de ddhh y dih?
Para ello, es pertinente que analice los siguientes
interrogantes:
» ¿Cuáles son las mayores desigualdades en su territorio?;
¿en su gobierno, cómo puede garantizar una mayor
equidad?
» ¿Cuáles son las instituciones públicas que tienen
obligaciones frente al respeto y promoción de los
Foto Simone Bruno
60 Ver: http://www.dhnet.org.br
/dados /pp /a_pdfedh/pnedh_
colombia.pdf
58
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Foto Ruth Gutierrez
derechos?; en particular ¿cuáles son en el territorio las
funciones de las gobernaciones, alcaldías, entidades
gubernamentales y organismos de control?
» ¿Cómo garantizará los derechos a poblaciones
tradicionalmente excluidas y sub-representadas (con
especial énfasis en niños, niñas, jóvenes, adultos
mayores, mujeres, grupos étnicos, población en condición
de discapacidad, víctimas, personas en situación de
desplazamiento y campesinos?)
» En el marco de la Declaración Conjunta, ¿qué propuestas de
su programa de gobierno presentará en los foros regionales
y la Conferencia Nacional sobre Derechos Humanos?
» ¿Cuál es su compromiso con la constitución y apoyo a
las Mesas de Garantías para Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos y los planes de protección de los líderes
y lideresas de tierras y en situación de desplazamiento que
ven amenazada su vida y sus derechos?
» ¿Qué importancia tendrá en su gobierno la formación de
la ciudadanía en derechos humanos y la promoción de la
cultura de derechos humanos? Especialmente en el mar-
co del planedh, ¿qué iniciativas desplegará para garanti-
zar la incorporación de la formación en derechos humanos
en los Planes Educativos Institucionales?
» ¿Cómo promoverá en el territorio los derechos civiles y
políticos, entre ellos el derecho a la vida, a la libertad, al
debido proceso y a la participación?
» ¿Cómo promoverá en el territorio los derechos económi-
cos, sociales y culturales, entre ellos el derecho al traba-
jo, a la salud, a la educación y a la identidad cultural?
» ¿Cómo promoverá en el territorio los derechos colec-
tivos, tales como el derecho a la paz, al ambiente sano
y al desarrollo?
3.8. Impulsar la gestión ambiental y del riesgo en el territorio
Colombia cuenta con una dotación natural excepcional, cu-
yos recursos han sido utilizados a lo largo de su historia para
generar crecimiento económico y bienestar social. No obstante,
Foto Simone Bruno
59
este progreso económico y social ha estado acompañado del
incremento de los eventos climáticos extremos que han desenca-
denado situaciones de desastre y un marcado deterioro ambien-
tal, problema que el 62% de la población de Colombia considera
como “muy grave”61.
Una adecuada gestión ambiental y del territorio debe
entenderse como la inclusión de las variables ambientales
(físicas y bióticas), ya sea como potenciales o como
determinantes del conjunto de decisiones tomadas por la
sociedad (sector público, sector privado, comunidades)
para su desarrollo. Las acciones humanas y las decisiones
que las desencadenan tienen efectos, directos o indirectos,
sobre el medio ambiente o se ven afectadas por éste; la labor
de la gestión ambiental es develarlas e incorporarlas en la
definición y ejecución de iniciativas públicas y privadas de
desarrollo.
Candidato o candidata, si desea promover una adecuada gestión
ambiental y del riesgo en su territorio, incluya en su programa
de gobierno las respuestas a las siguientes inquietudes:
» ¿Cuáles son los potenciales y restricciones ambientales de
su departamento, distrito o municipio?; ¿sus propuestas
de desarrollo están considerando estos determinantes
físicos y biológicos del territorio?
» ¿En su entidad territorial se conoce cuáles son las áreas
de importancia ecológica estratégica que garantizan los
servicios ambientales indispensables para su territorio
y población (oferta y regulación hídrica, control natural
de la erosión y deslizamientos, almacenamiento de co2)?
¿Cómo las protegerá y aprovechará?; ¿pretende declarar
alguna zona de su territorio como área protegida?
» ¿Qué papel va a jugar usted y su equipo en la construcción
de los Planes de Ordenamiento Territorial y los Planes de
Ordenación y Manejo de Cuencas?; ¿cómo incorporará el
tema de gestión integral del riesgo en estos instrumentos
de planificación?
La degradación ambiental y la ocurrencia de desastres
naturales son manifestaciones de una inadecuada gestión
ambiental del desarrollo. En Colombia, en el año 2010 y
61 Lemoine, Carlos. Prioridades
ambientales colombianas. Informe
de Consultoría. Banco Mundial.
2004.
Foto Borja Paladini Adell
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rno comienzos del 2011, los daños y pérdidas ocasionados
por el fenómeno de la Niña y la temporada invernal han
afectado 1032 municipios de 28 departamentos y el Distrito
Capital, provocando 443 muertes y 3.191.162 personas
damnificadas62.
En la actual coyuntura es inaplazable que cada departamento,
distrito y municipio trabaje de manera planificada en la prevención
y reducción de riesgos y en la atención de emergencias
y desastres63. De igual manera el Gobierno nacional está
fortaleciendo el Sistema Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres a nivel nacional y territorial. En este contexto, dar
una respuesta oportuna y eficiente a la problemática generada
por la ola invernal es urgente en su programa de gobierno; para
ello puede atender las siguientes inquietudes:
» ¿Usted piensa incluir el tema de prevención y mitigación
de riesgos en su programa de gobierno?; ¿de qué manera
específica lo hará?; ¿los eventos climáticos como el Niño
y la Niña cómo pueden afectar sus metas de desarrollo?;
¿quiénes tendrán a su cargo la atención de los problemas
derivados de los riesgos de origen climático en su
gobierno?
» ¿Cómo promoverá en su administración el buen uso de los
recursos naturales? ¿De qué manera va a aprovechar los
efectos positivos y a contrarrestar los impactos negativos
del auge en la explotación de los recursos naturales no
renovables?
» ¿Está usted dispuesto a apoyar política, institucional y
financieramente la organización del Sistema de Atención
de Desastres en su departamento, distrito o municipio?;
¿cómo cree que su gestión podría mejorar la operatividad
del Comité Regional para la Atención y Prevención de
Desastres (crepad) y el Comité Local de Prevención y
Atención de Desastres (clopad)?
» El Gobierno nacional ha planteado que trabajará con
concepto preventivo los riesgos y desastres, apoyando la
reubicación de viviendas que se encuentren en alto riesgo
en el país. ¿Qué piensa hacer durante su gobierno para
reducir la vulnerabilidad de familias en su territorio?
62 SIGPAD - Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de
Desastres (SNAPD). Datos a 30 de
abril de 2011.
63 En el documento Bases del
Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 “Prosperidad para Todos”, se
establece como meta a 2014 formu-
lar 790 planes municipales para la
gestión del riesgo de desastres. P. 30.
Foto Piedad Martín
Foto Mark Maughan
61
» ¿Qué tiene previsto para incorporar los temas de la gestión
del riesgo en todos los niveles de la educación?
» ¿Estaría dispuesto en su gobierno a incluir en el
presupuesto recursos financieros para reducir de manera
importante los riesgos existentes en su territorio?; ¿qué
monto de recursos destinaría?
3.9. Garantizar la transparencia y luchar contra la corrupción
Los hechos de corrupción a nivel nacional y territorial han
contribuido de manera notable en la creciente preocupación
ciudadana por este fenómeno. Iniciativas como el Estatuto
Anticorrupción, la creación de la Alta Consejería Presiden-
cial para la Transparencia
y el Buen Gobierno, la pro-
mulgación del Documento
Conpes 3654 de 2010 (Polí-
tica de Rendición de Cuen-
tas de la Rama Ejecutiva a
los Ciudadanos) y la rede-
finición de la naturaleza y
alcance del Programa Pre-
sidencial de Lucha contra la
Corrupción, demuestran el interés del Gobierno nacional por
blindar al Estado frente a la corrupción. Además, la construc-
ción de una política pública de lucha contra la corrupción es
una de las metas del actual Plan Nacional de Desarrollo, lo
que implica que todo el aparato estatal, incluyendo departa-
mentos, municipios y distritos, deben trabajar en dirección a
este objetivo.
Otro ingrediente importante de la transparencia es que el
aprovechamiento de las regalías en los municipios y departa-
mentos receptores de estos recursos no ha sido útil para al-
canzar los impactos mínimos esperados en educación, salud,
agua potable y saneamiento básico. Este bajo nivel de logro
que ha tenido la inversión social de las regalías es atribuido,
entre otros aspectos, a la corrupción en las entidades territo-
riales64. Por ello, se encuentra en trámite en el Congreso de
”Sólo es posible hablar de verdadero desarrollo
cuando todos los seres humanos, mujeres y
hombres tienen la posibilidad de disfrutar de
los mismos derechos y opciones”.
Informe de Desarrollo Humano, pnud, 2005.
64 Durante el 2010 la Dirección
de Regalías del dnp inició 663
investigaciones por presuntas
irregularidades en la ejecución
de los recursos de regalías y del
Fondo de Ahorro y Estabilización
Petrolera (faep), principalmente
por hechos ocurridos del 2007 al
2010. (Regalías al Día. Volumen 27.
Año 3. 15 de febrero de 2011).
62
la República el proyecto de
reforma constitucional que
transforma su distribución.
Se debe tener en cuenta
que si esta última se aprue-
ba y el territorio es receptor,
estos recursos podrían dismi-
nuir en una proporción im-
portante; por el contrario, si
en la actualidad no recibe regalías podría verse beneficiado
con esta nueva fuente de ingresos. En cualquier caso, es ne-
cesario conocer el nivel de importancia que tienen las regalías
en la estructura de las finanzas del territorio. Se debe analizar
cuál es la relación ingresos totales/regalías, ingresos propios/
regalías y total transferencias/regalías65.
A nivel internacional, Colombia suscribió en el año
2005 la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Corrupción. Este tratado es el instrumento global
más importante desarrollado hasta el momento para la
criminalización de los actos corruptos, la recuperación de
activos, la cooperación internacional y la prevención de la
corrupción. Desde su promulgación ha sido ratificado por
cerca de 140 países, facilitando el intercambio mutuo de
experiencias relevantes y conocimiento especializado y,
además, estimulando la discusión de los problemas comunes.
En el marco de su estrategia de implementación, la onu ha
dispuesto países pilotos en cada región del planeta con el fin de
monitorear los avances. Colombia es uno de los seleccionados,
lo que tiene como consecuencia que todo el mundo prestará
atención a lo que aquí ocurre66.
El escenario hace prever que estos temas serán una
preocupación central de la ciudadanía en el próximo debate
electoral. Por ello, es importante que los aspirantes examinen
los antecedentes y afectaciones de la corrupción en su
territorio. Es probable que si usted incluye en el programa
de gobierno acciones concretas para ejercer un gobierno
transparente y luchar contra la corrupción, su candidatura
logrará mayor fuerza y respaldo de la ciudadanía.
De acuerdo con las estadísticas de Acción Social,
las mujeres representan la mitad de la población
desplazada pero la vulnerabilidad a la que están
expuestas por el simple hecho de ser mujeres es
mucho mayor.
65 Para obtener información sobre
las regalías: Departamento Nacional
de Planeación (dnp). Regalías al
Día, disponible en http://www.dnp.
gov.co/PortalWeb/SaladePrensa/
Regal%C3%ADasalD%C3%ADa/
tabid/882/default.aspx; Departamento
Nacional de Planeación (dnp).
“Regalías y Descentralización en
Colombia”, disponible en http://
w w w . d n p . g o v. c o / Po r t a l We b
/Portals/0/archivos/documentos
/2019/Documentos/regalias_y_
descentralizacion_AHG(31_Oct_07).pdf.
66 Para obtener información sobre
las estrategias anticorrupción
en los niveles internacional,
nacional y territorial consulte:
pnud. “Buenas Prácticas para la
Promoción de la Transparencia
a Nivel Local”, 2010, en http://
www.pnud.org.co//img_upload
/36353463616361636163616361
636163/BPPTNL_Pantalla.pdf; pnud.
“Corruption and Development.
Anti-Corruption Interventions for
Poverty Reduction, Realization of
the MGDs and Promoting Sustainable
Development”, 2008, en http://ww w.
unrol.org/files/2%20Primer%20
on%20Corruption%20and%20
Development_2008.pdf; pnud
(2008), “Mainstreaming Anti-
Corruption in Development, Anti-
Corruption Practice Note”, en
http://www.pogar.org/publications/
finances/anticor/undp-ac-Practice-
Note-08e.pdf.
63
Su programa de gobierno se podría nutrir en estos temas
con las respuestas a los siguientes interrogantes:
» ¿Cómo puede optimizar en su territorio los programas
nacionales planteados para luchar contra la corrupción?;
¿qué acciones complementarias puede liderar desde lo local?
» ¿Es factible en su territorio desarrollar una política de
promoción de la transparencia que privilegie la visibilidad
en las actuaciones del gobierno, la probidad de los
funcionarios públicos pertenecientes a la administración
y la rendición pública de cuentas?, ¿cómo lo hará?, ¿qué
indicadores definirá para saber que lo está logrando?
» ¿Cómo fortalecerá la acción coordinada de los distintos actores
involucrados en su territorio en la lucha contra la corrupción?
» ¿A través de qué medios hará visibles sus actuaciones
y los resultados de su gestión?; ¿cómo va a hacer en su
gobierno para promover el libre acceso a la información
de interés público?; ¿cómo va a ganar visibilidad en su
relación con los organismos de control?; ¿cómo va a ser
más visible en su relación con las organizaciones sociales
y la ciudadanía de su territorio?
» ¿Cómo logrará implementar una cultura del buen gobierno
en su administración?; ¿qué prácticas debe modificar?;
de manera concreta, ¿cómo piensa incentivar dicha
transformación cultural hacia la integridad en el ejercicio
de la función pública?
» ¿Va a crear una metodología innovadora para hacer de
la rendición pública de cuentas un proceso permanente,
inclusivo y participativo, basada en un enfoque de derechos
humanos?, ¿qué estrategias utilizará para privilegiar
mecanismos de retroalimentación con una perspectiva
local, sectorial y poblacional?
» ¿Qué prácticas exitosas se vienen desarrollando en su
territorio para la promoción de la transparencia y la lucha
contra la corrupción y, por lo tanto, vale la pena reforzarlas
y ampliarlas a futuro?, ¿cómo lo haría?
» ¿De qué manera hará eficiente, eficaz, pertinente y trans-
parente la gestión de las regalías?; ¿cómo se va a rela-
cionar con el Departamento Nacional de Planeación y los
Foto Ana Lucia Ducuara
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rno organismos de control para facilitar su labor de control
sobre estos recursos?
3.10. Trabajar por la igualdad de géneroColombia ha suscrito y ratificado los principales acuerdos
internacionales sobre derechos humanos de las mujeres que
son de obligatorio cumplimiento67 y existe un amplio marco
normativo en el nivel nacional68 que ha contribuido a la dismi-
nución de brechas de género en el país.
Sin embargo, según “The Global Gender Gap Report” que
publica el Foro Económico Mundial cada año, la inequidad de
género en Colombia es cada vez más alta o muchos otros paí-
ses avanzan a velocidades más rápidas. El país pasó de ocu-
par, entre 134 naciones, el puesto 24 en el 2007, al puesto 50
en 2008 y el 55 en 2010.
Así pues, a pesar de que los programas y acciones común-
mente se diseñan pensando en que sus resultados benefician
a hombres y mujeres por igual, a lo largo de este documento
se han hecho diferentes propuestas para que los programas de
gobierno incluyan acciones en las que comportamientos, aspi-
raciones y necesidades de las mujeres y los hombres se consi-
deren, valoren y promuevan, considerando sus condiciones de
vida diferentes. Trabajar por alcanzar la igualdad de género no
significa que mujeres y hombres deban convertirse en iguales,
sino que sus derechos, responsabilidades y oportunidades no
dependan de si han nacido hombres o mujeres. La igualdad de
género implica la idea de que todos los seres humanos, hom-
bres y mujeres, son libres para desarrollar sus capacidades
personales y para tomar decisiones de forma autónoma.
Para alcanzar este objetivo, usted, como candidato o candi-
data puede adelantar una estrategia con dos perspectivas; una
específica y otra transversal.
La primera, incorporando un plan de igualdad de oportunida-
des69 dirigido a enfrentar las dimensiones prioritarias para las
mujeres en el territorio, como puede ser la prevención de los
distintos tipos de violencia contra ellas, la autonomía económi-
ca y la promoción de la plena participación y autonomía en las
decisiones que las afectan.
67 Son algunos de los acuerdos
internacionales: la Convención so-
bre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la
Mujer (cedaw) aprobada en diciem-
bre de 1979; la Convención Intera-
mericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la
Mujer de Belén Do Pará, adoptada
en junio de 1994; el Protocolo fa-
cultativo de la cedaw aprobado en
diciembre de 1999.
68 Algunas de estas leyes son:
Ley 823 de 2003 por la cual se
dictan normas sobre igualdad de
oportunidades para las mujeres;
Ley 1257 de 2008 por la cual se
dictan normas de sensibilización,
prevención y sanción de formas de
violencia y discriminación contra
las mujeres; Ley 1413 de 2010 por
medio de la cual se regula la inclu-
sión de la economía del cuidado en
el sistema de cuentas nacionales;
acápite de género en las políticas
diferenciadas para la inclusión so-
cial del Plan Nacional de Desarrollo
2010-2014; Ley Estatutaria de Re-
forma Política
69 Vea el ejemplo del Plan de
Igualdad de Oportunidades para
la equidad de género en el Distrito
Capital 2004-2016 en: http://www.
bogota.gov.co/portel/libreria/pdf/
plandeigualdaddeoportunidades.pdf
65
La segunda perspectiva, teniendo en cuenta las necesidades
especificas de las mujeres en todos los componentes de su
programa de gobierno.
Un plan de igualdad de oportunidades debe surgir del
análisis de la situación de las mujeres en cada uno de los
ejes del programa propuesto. Aunque hay dificultades en la
disponibilidad de cifras desagregadas por sexo en el nivel
municipal para algunos temas, utilizando la información
disponible se pueden identificar brechas existentes y afinar
acciones para disminuirlas o prevenirlas.
Su electorado está firmemente interesado en mejorar sus
ingresos y su acceso a empleos de calidad. Las mujeres,
el 50% de sus potencia-
les votantes, no son la ex-
cepción. Los hogares con
jefatura femenina están
aumentando, llegando a re-
presentar el 34% del total
de los hogares (37% en las
áreas rurales) y los índices de pobreza entre estos hogares
también están en incremento. La mayor incidencia de la
pobreza en los hogares encabezados por mujeres resulta
no sólo de que la mujer jefa de hogar percibe un ingreso
menor que un hombre jefe, sino además del hecho que
normalmente debe enfrentar la manutención y responsa-
bilidad doméstica y el cuidado de los hijos. Un programa
de generación de empleo e ingresos incluyente con las
mujeres debe tener en cuenta estas realidades. Además, si
las mujeres carecen de autonomía económica y tienen alta
vulnerabilidad frente a la pobreza, no será posible realizar
avances sostenidos en la erradicación de la pobreza, pri-
mer objetivo del milenio. Parte de las estrategias que pue-
den ayudar a combatir esta situación de exclusión de las
mujeres del mercado laboral, pueden partir de considerar
propuestas como la incorporación de mano de obra feme-
nina en las obras de infraestructura y en otras actividades
económicas que tradicionalmente han sido desempeñadas
por hombres, así como la formalización de las actividades
Foto Borja Paladini
Incrementar la participación de las mujeres y la
representación de sus intereses en el ámbito público
es fundamental para garantizar el desarrollo.
66
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rno empresariales de las mujeres y/o capacitación en oficios
diferentes a las labores del cuidado y del servicio.
De acuerdo con las estadísticas de Acción Social70, las
mujeres representan la mitad de la población desplazada
pero la vulnerabilidad a la que están expuestas por el simple
hecho de ser mujeres es mucho mayor. Esto lo reconoce la
Corte Constitucional en su Auto 092 de 2008 que recoge
13 medidas específicas para la protección de los derechos
fundamentales de las mujeres víctimas de desplazamiento
forzado. Una de las prioridades identificadas es la violencia
sexual de la que son víctimas. La Oficina de la Alta
Comisionada de la onu para los derechos humanos reporta
que el 52% de las mujeres desplazadas han sufrido algún tipo
de maltrato físico y el 36% violencia sexual71. La violencia
intrafamiliar es otra de las situaciones críticas que afectan
a las mujeres. El 65% de las mujeres casadas o en unión
libre manifiesta haber sido presionada psicológicamente, el
37% haber sido violentada físicamente y el 10% haber
sido violada por su pareja72.
En este contexto resulta fundamental poder garantizar el
acceso de las mujeres violentadas a la justicia, debido a que
entre julio de 2005 y abril de 2009, según la investigación
del imp de 200973, la Fiscalía General sólo había identificado
29 actos de violencia sexual de un total de 29.277 hechos
denunciados y confesados en las versiones libres que se
desarrollan en el marco de la ley 975 de 200574.
En lo que se refiere a la participación y empoderamiento
de las mujeres, un aspecto central alude a su participación
política y acceso a la toma de decisiones. La Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (cedaw) ratificada por Colombia en 1979 reconoce
que “la participación de la mujer en todas las esferas de la
vida social, en igualdad de condiciones con el hombre, es
indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país”.
En Colombia, aunque las mujeres corresponden al 52% de
la población, actualmente tan solo el 14% son concejalas, el
17% diputadas, el 9% alcaldesas y el 14% congresistas. En las
elecciones de 2002, 2006 y 2010 en 16 de 32 departamentos,
Foto Luis Sanmiguel
Foto Defensoría del pueblo
70 Consultar estadísticas de
Acción Social sobre Desplazamiento
en: http://www.accionsocial.gov.co/
contenido/contenido.aspx?catID=3
83&conID=556&pagID=838
71 Informe de Oxfam Inter-
nacional: “La Violencia Sexual en
Colombia. Un arma de guerra”.
Septiembre de 2009. Disponible en:
http://www.oxfam.org/es/policy/
violencia-sexual-colombia
72 Profamilia. Encuesta de Nacio-
nal de Demografía y Salud (ends)
2010: www.profamilia.org.co
73 Alianza iniciativa de Mujeres
Colombianas por la Paz. “Justicia y
seguridad para las víctimas del con-
flicto armado. Análisis con perspec-
tiva de género”. 2009.
74 Ley 975 de 2005. Por la cual
se dictan disposiciones para la rein-
corporación de miembros de gru-
pos armados organizados al mar-
gen de la ley, que contribuyan de
manera efectiva a la consecución
de la paz nacional y se dictan otras
disposiciones para acuerdos huma-
nitarios. Julio 25 de 2005.
67
es decir en el 50%, no ha sido
elegida ninguna mujer para la
Cámara de Representantes, y
en 11 departamentos no existe
una mujer como diputada.
Una democracia que no
logra incluir y representar a
todas y todos es una demo-
cracia débil. Incrementar la
participación de las mujeres y la representación de sus inte-
reses en el ámbito público es fundamental para garantizar el
desarrollo. Tal como lo menciona la directora global de ONU
Mujeres: “No son solamente las mujeres quienes pagan el pre-
cio de esta discriminación. Todos sufrimos por no aprovechar
al máximo el talento y el potencial de la mitad de la población.
Con esto estamos socavando la calidad de las democracias, la
fortaleza de las economías, la salud de las sociedades y la sos-
tenibilidad de la paz”75.
Incluir a las mujeres en la vida social, económica y política
de cada territorio es aprovechar su potencial, el de la mitad
de la población, que sigue siendo desperdiciado. Intentar
el desarrollo de su municipio, distrito o departamento sin
las mujeres, es como jugar un partido con la mitad del
equipo.
Candidato o candidata, los siguientes pueden ser interrogantes
complementarios a los ya expuestos a lo largo del documento
y son útiles para elaborar su programa de gobierno con una
perspectiva de igualdad de género.
» ¿Contempla su programa de gobierno información relativa
a la situación específica de las mujeres? ¿Dispone de
información desagregada por sexo?
» Si ya existe una Secretaría de Equidad de Género, ¿ha
previsto acciones para fortalecer su institucionalidad?; si
todavía no existe, ¿tiene pensado crear una?
» ¿Ha contemplado la elaboración participativa de una política
pública o de un plan de igualdad de género en su territorio?
» ¿Ha considerado consultar sus propuestas y sus decisiones
de gobierno con organizaciones de mujeres?
De acuerdo con las estadísticas de Acción
Social, las mujeres representan la mitad de la
población desplazada pero la vulnerabilidad a la
que están expuestas por el simple hecho de ser
mujeres es mucho mayor.
75 Mensaje de Michelle Bachelet.
Directora Ejecutiva de onu Mujeres.
Día Internacional de la Mujer. 8 de
marzo de 2011.
68
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obie
rno » ¿Tiene previsto hacer un proceso de formación en
perspectiva de género con su equipo, para generar
conciencia frente a las desigualdades de género y el
mandato del Estado en combatirla?
» ¿Tiene previsto exigir a las entidades de su gobierno que
toda la información que produzcan sea desagregada por
sexo para poder hacer seguimiento a la gestión pública
con perspectiva de género?
» ¿Tiene previsto que debe nombrar en su gabinete al menos
el 30% de mujeres en los cargos de primer y segundo
nivel, en cumplimiento de la Ley 581 de 2000?
» ¿Ha identificado las organizaciones de mujeres de su
territorio para incluirlas en los Consejos Territoriales de
Planeación, en los procesos de construcción del plan
territorial de desarrollo y demás agendas estratégicas en
su mandato?
» ¿Ha identificado dentro de su programa de gobierno
medidas para la promoción de educación no sexista y
procesos de sensibilización con educadores y educadoras?
» ¿Ha previsto que la comunicación durante su campaña
y en un eventual período de gobierno, tenga lenguaje
incluyente y no sexista?
Foto Borja Paladini
69
Aspirantes, ciudadanos y ciudadanas, el pnud confía en
que esta herramienta al ser usada por los candidatos
y candidatas para diseñar sus programas de gobierno, por
la ciudadanía para orientarse sobre los temas que deben ser
considerados por las y los aspirantes y por la sociedad en su
conjunto para adelantar los debates políticos en las regiones,
contribuirá sin lugar a dudas a mejorar la calidad de la
democracia en Colombia.
Pero su utilidad no se agota en el debate electoral. Los
interrogantes propuestos son útiles para que las organizaciones
de la sociedad civil alimenten el diálogo con quienes triunfen
en el evento electoral del 30 octubre, durante el proceso de
diseño y seguimiento del plan de desarrollo de cada entidad
territorial. En este mismo sentido, los temas aquí tratados
tienen la capacidad para ilustrar a las nuevas administraciones
territoriales sobre el conjunto de retos que tienen que afrontar
en los próximos cuatro años. Independientemente de que
los candidatos y candidatas incluyan en el programa algunas
respuestas a los interrogantes señalados en esta publicación,
durante el ejercicio de gobierno de quienes triunfen, tendrán
que abordar, quiéranlo o no, los temas planteados en este
documento.
Queda entonces en manos de los lectores la oportunidad
para aprovechar esta herramienta.
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69
Foto Defensoría del pueblo
70
Febrero
23 Inicio inscripción de cédulas
Abril
30 Fin incorporación mesas de votación en nuevos corregimientos
Mayo
22 Cierre inscripción de cédulas
Junio
1 Solicitud de listas de jurados a entidades públicas y privadas
30 Suspensión de incorporación al censo de nuevas cédulas
Julio
30 Publicación censo electoral
30 Inicio propaganda electoral
30 Vencimiento plazo para recibir listados de Fuerzas Armadas con militares que se deben excluir del censo
Agosto
1 Inicio designación de jurados de votación
3 Inicio de publicidad política en radio con tarifas especiales
3 Establecimiento de lugares donde se instalarán mesas de votación
10 Vencimiento inscripción de candidatos
18 Modificación de candidatos y listas inscritas
19 Reporte de candidatos inscritos por parte de delegados y registradores distritales
26 Remisión a la Procuraduría General de la Nación de las listas de candidatos para verificar inhabilidades
31 Finalización de la designación de jurados de votación
Septiembre
5 Publicación lista de jurados de votación
15 Conformación listas de delegados del cne
Octubre
3Presentación por parte de los partidos políticos a las respectivas Registradurías de las listas de ciudadanos que actuarán
como testigos electorales
6 Selección de delegados del cne
13 Designación de comisiones escrutadoras y claveros por los tribunales
26 Reemplazo de candidatos a alcalde por muerte
29 Inicio de la ley seca
30 Inmunidad de comisiones escrutadoras
Día de elecciones 30 de octubre
31 Asistencia de la comisión escrutadora a la sede de la Registraduría
31 Fin de la ley seca
Noviembre
1 Inicio de escrutinios distritales, municipales y auxiliares
6 Inicio de escrutinios departamentales
Mediante la Resolución 0871 del 8 de febrero de 2011, la Registraduría Nacional del Estado
Civil oficializó las fechas del proceso electoral que se adelantará en todo el país el 30 de octubre
de 2011. El 10 de agosto vence la inscripción de los aspirantes y hasta el 18 del mismo mes se
podrá realizar las modificaciones de candidatos y candidatas y de las listas inscritas.
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Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil.
http://www.pnudcolombia.org/elecciones2011/
Con el auspicio de:Una publicación de:
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, Asdi
Este libro se terminó de imprimir en Junio de 2011en los talleres de
Calle 78 N° 29B - 44 / pbx 2508244 / Bogotá, Colombia www.impresolediciones.com / [email protected]
