Consolidación de la Reforma Procesal Penal en la Relación ... · 7 Art. 67° del CPP. Función de...

Consolidación de la Reforma Procesal Penal en la Relación Policía – Fiscal

Once años después de su aplicación progresiva en el Perú Por: Enrique Hugo Muller Solón1 [email protected]

I. Introducción II. Marco Jurídico de las Relaciones entre Fiscal y Policía. III. Sobre el “Binomio Policía – Fiscal”. IV. Factores que dificultan la consolidación del “Binomio Policía –

Fiscal”. V. Nudos Críticos. VI. Control Jurídico de los actos de investigación de la Policía. VII. Actuación de la Policía como Primer Respondiente y su relación

con el Fiscal. VIII. Conclusiones IX. Recomendaciones

I. Introducción. ¿Se ha consolidado la relación

funcional entre Policía y Fiscal en la Investigación del

Delito? ¿El Fiscal conduce y controla jurídicamente la

función de investigación de la Policía? Si consideramos

que el nuevo sistema penal acusatorio es una realidad que

progresivamente se viene aplicando en el Perú desde el

año 2006 y que culminará el 20202; que de conformidad al

nuevo modelo procesal penal es el Fiscal quien conduce

desde su inicio la investigación del delito3 y que la función

de investigación de la Policía Nacional está sujeta a su conducción y control

jurídico4 . Si tenemos en cuenta que es el Fiscal junto a la Policía quien debe

decidir la estrategia de investigación adecuada al caso, así como programar y

1 Enrique Hugo Muller Solón. Coronel de la Policía Nacional del Perú ®. Abogado penalista y

Docente en Derecho Procesal Penal. Ha sido Coordinador Policial ante la Comisión de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de la Libertad. Ha ejercido como Fiscal Provincial Penal (P) en San Martín y como Fiscal Superior Penal (P) en Huánuco; Juez Penal Militar Policial (T) y Fiscal Superior Penal Militar Policial (P) en Lima. Defensor del Policía años 2005-2006. Docente acreditado por el MINJUS ante la Comisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal, como Capacitador en temas de adecuación al nuevo sistema penal acusatorio en particular sobre investigación del delito a cargo del Binomio Policía – Fiscal. Expositor y conferencista nacional e internacional. Autor del Libro “La Policía en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio – Teoría y Práctica. Correo electrónico: [email protected] 2 DS.015-2017-JUSArtículo 1.- Modificase el Calendario Oficial de Aplicación Progresiva del

Código Procesal Penal, de acuerdo a lo propuesto por la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, quedando de la siguiente manera: - Año 2017: El Callao, - Año 2018: Lima Norte, - Año 2019: Lima Este, - Año 2020: Lima Sur y Lima Centro. 3 Art. 60, inc.2° CPP. El Ministerio Público. Funciones.

4 Art. IV Título Preliminar del CPP. Titular de la Acción Penal.

mailto:[email protected]


Consolidación de la Reforma Procesal Penal en la Relación Policía – Fiscal.

Abog. Enrique Hugo Müller Solón

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coordinar sobre el empleo de pautas, técnicas y medios indispensables para la

eficacia de la misma, garantizando el derecho de defensa del imputado, sus

demás derechos fundamentales y la regularidad de las diligencias

correspondientes5. Si el trabajo asignado al Fiscal como responsable de la

Investigación del Delito adquiere mayor relevancia social en términos de

eficiencia y eficacia, con el aporte especializado y coordinado de la Policía

Nacional; entonces estamos hablando de la existencia de una relación funcional

a la cual se le viene denominando "Binomio Policía - Fiscal" para la investigación

del delito, el cual se complementa indiscutiblemente con la presencia de los

Peritos.

El presente Ensayo, significa un modesto aporte de su autor a la gran reforma

penal iniciada en el Perú el año 2006, bajo el concepto inicial de que la columna

vertebral del nuevo sistema penal la constituyen sin duda alguna Policías,

Fiscales y Peritos, pero fundamentalmente en el primer momento son los

policías; su rol ha cambiado radicalmente y ahora tienen un protagonismo

esencial de mucha importancia para los fines del proceso penal; ellos son los

primeros respondientes en llegar al lugar donde se cometió un delito, son los

encargados de proteger y procesar la escena del crimen, capturan al autor del

delito en casos de flagrancia, identifican a los testigos, protegen a la víctima,

realizan los actos de investigación de urgencia e imprescindibles, informan al

Fiscal de su intervención y aun después de comunicada la noticia del delito,

pueden continuar las investigaciones que iniciaron y después de la intervención

del Fiscal siguen realizando labor investigativa que les son delegadas con arreglo

a sus atribuciones señaladas en el Art. 68° del NCPP.

El autor considera, que dentro de la Reforma Penal y para poder consolidar

adecuadamente sus fines, uno de los aspectos más importante es contar con

policías calificados para que apoyen al Fiscal a sustentar una Acusación y que

las decisiones judiciales tengan respaldo en sus intervenciones,

independientemente de cuál sea el sentido de su deliberación y decisión. Se

requiere de una policía debidamente capacitada, respetuosa de las garantías y

derechos fundamentales de las personas, que tenga seguridad en sus

intervenciones y precisión de documentarlas adecuadamente en Actas Policiales

que puedan ser presentadas en el Juicio Oral y no sean descalificadas u objeto

de observaciones.

Necesitamos de una Policía Nacional moderna, actualizada, dinámica, equipada

y convenientemente capacitada que se adecúe totalmente a los nuevos retos y

5 Art. 65° CPP. La Investigación del Delito



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desafíos que le demanda la Reforma Penal, que no sea utilizada con fines de

protagonismo mediático en desmedro de su eficiencia y eficacia, que no sea

objeto de un marco legal inconstitucional que pretenda sobreponerla

indebidamente respecto al mandato legal de reconocimiento del Fiscal como

director y conductor de la investigación del delito desde su inicio, marco legal que

como comentaremos luego, afecta la consolidación de la relación funcional entre

policías y fiscales.

La contribución profesional, técnico y científico que la Policía Nacional brinda al

Ministerio Público en materia de investigación del delito en esta relación funcional

es muy importante para el esclarecimiento de los hechos y para la construcción

de la verdad procesal; principalmente como lo hemos dicho, aportando los

medios probatorios obtenidos en su intervención como primer respondiente

frente a la noticia criminal; y, posteriormente bajo la conducción jurídica del

Fiscal, de tal manera que le permita al director de la investigación, comprobar si

el razonamiento hipotético (Teoría del Caso)6 sobre el cual se ha iniciado la

investigación es o no el correcto o el adecuado.

Por su parte, el aporte del Fiscal al “Binomio Policía – Fiscal” en la práctica, solo

será posible en tanto y en cuanto asuma su responsabilidad de decidir la

estrategia de investigación adecuada al caso, tomando en cuenta las

recomendaciones que al respecto le sean planteadas por la Policía; para luego

dirigir, conducir y controlar jurídicamente sus actos de investigación, sabiendo

que con tal finalidad desempeñarán sus labores de manera competitiva y

correcta, es decir, realizando una tarea eficiente, eficaz, coordinada y sin

vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de las

personas.

Para el Fiscal, asumir la dirección, además de diseñar la estrategia de

investigación, conducir y controlar jurídicamente los actos de investigación que

realiza la Policía Nacional mediante trabajo en equipo, significa que cuando la

Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones y por propia iniciativa, toma

conocimiento de la comisión de un delito, le informa de su intervención y realiza

las diligencias urgentes e imprescindibles para impedir sus consecuencia,

individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de

prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal, conforme se lo

6 Teoría del Caso: Conjunto de hechos que el fiscal y el defensor han reconstruido en la actividad

probatoria y han subsumido dentro de la norma penal aplicable, de un modo que pueda ser probado Planteamiento que hacen la acusación y la defensa sobre los hechos penalmente relevantes, los elementos de conocimiento que los sustentan y su fundamento jurídico. http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/127_teoria_caso_general.pdf

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/127_teoria_caso_general.pdf



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autoriza la Ley7, es el momento en que comienza su dirección, coordinación y

control jurídico de sus actos de investigación, que no es otra cosa que su

asesoría para ilustrarlos adecuadamente sobre la legalidad, observación de

formalidades y del contenido fundamental de los derechos fundamentales de las

personas, elaboración de Actas, conducencia, pertinencia, suficiencia y utilidad o

fuerza demostrativa que ha de tener la evidencia física por recolectar o medio

probatorio por actuar, para que en la eventualidad de presentarse en audiencia

sea admisible y pueda resistir con posibilidades de éxito el contradictorio. Juntos,

han de diseñar el Plan Metodológico de Investigación. Lo mismo debe suceder

cuando la Policía realiza funciones de investigación por delegación del Ministerio

Público vía Diligencias Preliminares.8

Del mismo modo, corresponde a la Policía mantener informado al Fiscal del caso

sobre los avances y resultados de las disposiciones que le imparta para el

esclarecimiento de los hechos. En todos los casos deberá ponerse en contacto

con el Fiscal para trazar estrategias de investigación y orientación del Plan

Metodológico de Investigación, sea de manera verbal o escrito en que se halla

elaborado y las veces que considere necesario. El Plan o Programa

Metodológico de Investigación estará dirigido a precisar los objetivos de la

hipótesis delictiva que se tiene en el momento de la intervención y las actividades

por realizar; de tal manera que cuando el Fiscal reciba el Informe Policial pueda

evaluar la información, de tal manera que si de su contenido aparecen indicios

reveladores de la existencia de un delito, que la acción penal no ha prescrito, que

se ha individualizado al imputado y que, si fuera el caso, se han satisfecho los

requisitos de procedibilidad, pueda disponer la Formalización y Continuación de

la Investigación Preparatoria9; caso contrario reformular la hipótesis inicial y

realizar Diligencias Preliminares y bajo su dirección, requerir nuevamente la

intervención de la Policía o realizarlas por sí mismo, delimitando y asignando

tareas, estableciendo los procedimientos de control para la realización de las

diligencias, entre otros aspectos que a futuro serán necesarios para preparar y

elaborar la hipótesis delictiva final o Teoría del Caso, necesaria ante una

eventual acusación. Ese es el trabajo deseado del “Binomio Policía – Fiscal”.

A once años de la aplicación progresiva del Nuevo Código Procesal Penal en el

Perú, a escaso tiempo de su implementación total en Lima (2020) y de acuerdo a

las experiencias vividas y recogidas en gran parte por el autor del presente

7 Art. 67° del CPP. Función de Investigación de la Policía.

88 Art.330.1 Diligencias Preliminares. “El Fiscal puede bajo su dirección, requerir la intervención de

la Policía o realizar por sí mismo, diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria. 9 Art. 336 del CPP. Formalización y Continuación de la Investigación Preparatoria.



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Ensayo en su experiencia profesional y particularmente sus viajes de

capacitación realizado en los últimos años a diferentes regiones del país10, puede

colegir que el “Binomio Policía Fiscal” para la investigación del delito, no se ha

consolidado en el Perú. Es evidente la falta de confianza y articulación entre el

Fiscal y Policía que les impide y limita en el establecimiento de una estrategia

conjunta para investigar las denuncias, - que eventualmente si se da en casos

aislados - es evidente también considerar que probablemente por la elevada

carga procesal del Ministerio Público y diversidad de Diligencias y Audiencias en

la que debe participar, no le facilita al Fiscal brindar la misma atención a todos

los casos en los que interviene la Policía. Es evidente que la ausencia de

Capacitación adecuada en el ámbito policial no viene permitiendo hasta la fecha

a sus integrantes, el cambio de mentalidad requerido para enfrentar los nuevos

retos que le plantea el nuevo sistema penal acusatorio de diferentes manera, ni

brindar el apoyo necesario al Fiscal; el Plan o Programa Metodológico de

Investigación es dejado de lado, solo existe en la mayoría de casos, coordinación

formal entre el Fiscal y el Policía a cargo de la investigación.

II. Marco Jurídico de las Relaciones entre Fiscal y Policía. El marco

jurídico dentro del cual se desarrollan las relaciones entre el Fiscal y la Policía,

es básicamente la Constitución Política del Perú y el Código Procesal Penal11;

este último no fue bien recibido desde un inicio por la Policía Nacional,

alegándose entre otros no haber participado de su elaboración12, por lo que fue

reformándose progresivamente para ser mejor aceptado y comprendido tanto por

Fiscales como por Policías, pero como veremos más adelante, no sucedió lo

mismo con la Policía Nacional quien como Institución hasta la actualidad

demuestra discrepancia con el cambio, no solo incumpliendo lineamientos que le

han sido asignados como operador del sistema penal en el NCPP, sino

manifestándolo abiertamente en su legislación vigente (Ley de la PNP y su

Reglamento) al pretenderse soslayar la presencia del Fiscal como director y

conductor de la Investigación del delito; la falta de capacitación adecuada,

adaptación forzada y permanentes procedimientos que vician o contaminan sus

intervenciones en perjuicio de los fines del proceso penal complementan este

panorama.

10

Docente acreditado por el MINJUS como capacitador del NCPP. https://apropolperu.files.wordpress.com/2016/07/relacic3b3n_docentes_minjus.pdf 11

Código Procesal Penal – Decreto Legislativo N° 957 publicado el 29 de Julio del 2004. 12

El año 2003, el Ejecutivo crea la Comisión Especial de Alto Nivel, mediante Decreto Supremo Nº 005-2003-JUS, que permitió un trabajo multisectorial en el diseño y propuesta del proyecto del Nuevo Código Procesal Penal, el cual fue promulgado por Decreto Legislativo Nº 957, el veintidós de julio de 2004.

https://apropolperu.files.wordpress.com/2016/07/relacic3b3n_docentes_minjus.pdf



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Debemos señalar respecto al acápite anterior, que de conformidad al Art. 169° de

la Constitución Política del Perú, la Policía Nacional no es deliberante; y. de

acuerdo al Art. 168° las leyes y los reglamentos respectivos, son los que

determinan su organización, las funciones, las especialidades, la preparación y

su empleo; resulta hasta cierto punto contraproducente, que sea el mismo Poder

Ejecutivo, quien de manera contraria a los avances de la gran reforma procesal

penal, emita normas legales vinculadas a la organización y funciones de la

Policía Nacional, contrarias a la misma Constitución Política del Estado,

desconociendo la función constitucional del Ministerio Público. Hago esta

aclaración porque si las circunstancias fueran diferentes, por su misma condición

de no deliberantes, los policías peruanos cumplirían exactamente lo que la ley y

sus reglamentos asi lo dispusieran.

Es así que en el marco jurídico definido para la relación Policía – Fiscal lo

encontramos en primer lugar en la Constitución Política de 1993, en cuyo Art.

159° se señala como una de las atribuciones del Ministerio Público, la de

“Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la

Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio

Público en el ámbito de su función”. Por su parte el Art. IV. Título Preliminar

del Código Procesal Penal (CPP), el establece que el Fiscal “Asume la

conducción de la investigación desde su inicio”, igualmente señala que

“conduce y controla jurídicamente los actos de investigación que realiza la

Policía Nacional”.

Este precepto y por la falta de adecuación y capacitación a la Policía desde un

inicio trató de ser utilizado por quienes no están de acuerdo con las

modificaciones, para marcar los límites de intervención del Fiscal en su relación

con la Policía en el ámbito de la investigación del delito, pero además no fue bien

entendido – hasta la fecha sin ser adecuadamente comprendido – dando lugar a

algunos incidentes, incluso excesos y malos entendidos entre Policías y Fiscales,

por lo que resultaba necesario señalar expresamente que la subordinación de la

Policía al Ministerio Público, era únicamente funcional, dejando subsistente su

dependencia orgánica al estamento policial al cual pertenece. Con esta finalidad,

se incorporó en el Art. IV del Título Preliminar un inciso más mediante el cual se

señala que: “El Ministerio Público en el ejercicio de sus funciones debe

tener en cuenta la organización administrativa y funcional de la Policía

Nacional de conformidad con sus leyes y reglamentos”13.

13

Inciso incorporado por la Ley N° 30076, del 19 de agosto de 2013, que modifica el Código Procesal Penal.



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Por otro lado el Art. 60 del CPP señala en su inciso 2, que la Policía está

obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su

función; al respecto debemos acotar que la Constitución Política de 1993 ya

establecía que el director de la investigación es el Ministerio Público y que

realizaría tal labor con el auxilio de la Policía Nacional, cuyos miembros están

obligados a acatar las disposiciones del fiscal14; sin embargo en la práctica, este

mandato constitucional no se hizo realidad, sino hasta la puesta en vigencia del

Nuevo Código Procesal Penal (2004), en tanto con anterioridad, la investigación

del delito recaía totalmente en la Policía Nacional, quienes luego de recibir una

denuncia, iniciaban de manera autónoma la investigación con o sin presencia del

Fiscal, culminando su participación con la elaboración de un Atestado Policial

dirigido al Fiscal de Turno en donde hacían conocimiento de los hechos

tipificando el delito o delitos, investigaciones desarrolladas, medios probatorios

obtenidos, responsabilidades establecidas en cada uno de los investigados, y

situación jurídica de detenido o citado de cada uno de ellos, de acuerdo a su

criterio. También fue una práctica usual, que los despachos fiscales

encomendaran la investigación a la Policía, a fin de que realizaran las

investigaciones respecto a las denuncias que tomaban conocimiento

directamente. En otros casos solicitaban ampliaciones de investigaciones.

Lo cierto es, que el nuevo Código Procesal Penal y la decisión de iniciar y apoyar

la reforma penal de parte de las autoridades correspondientes, generó

definitivamente un cambio real en la investigación del delito, para lo cual la

Policía Nacional no estaba preparada, el marco jurídico de las Relaciones entre

Fiscal y Policía, no consideraron los desafíos culturales que la Policía Nacional

tenía que superar para superar y enfrentar con éxito los objetivos de la reforma

procesal penal y por consiguiente obtener el necesario cambio de mentalidad.

Los integrantes de la Policía Nacional consideraron como un agravio no

solamente el hecho de realizar sus labores de investigación del delito de manera

diferente, sino que además tener que acatar las disposiciones del Fiscal, por

cuanto siendo una Institución militarizada, jerarquizada y subordinada al mando

policial, les resultaba totalmente extraño que un civil (Fiscal) les diera

disposiciones, la cuales consideraban como órdenes, generando resistencia al

tener que cumplirlas. Aún subsisten rezagos de este malestar no superado

totalmente.

14

Constitución Política del Perú. Art. 159.4:”Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito la Policía Nacional está obligada cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función”



2017

8

Además, la Policía Nacional se sentía relegada de la investigación del delito por

parte del Fiscal. El Art. 65° del CPP fue entonces modificado para darle mayor

cobertura a la intervención policial actuando en equipo con el Fiscal, modificando

su primer inciso para señalar que “Con la finalidad de garantizar la mayor

eficacia en la lucha contra el delito, el Ministerio Público y la Policía

Nacional deben cooperar y actuar de forma conjunta y coordinada,

debiendo diseñar protocolos de actuación”. En el inciso 4° referente a la

decisión de la estrategia de la investigación a seguir en la investigación, se

agregó: “La Policía Nacional brinda sus recomendaciones a tal efecto”.

Buena intención que en la práctica no logró generar ningún resultado, pues la

cooperación y la coordinación solo se dan en casos aislados y no como práctica

institucional continua mucho menos permanente.

Además se incorporó un 5° inciso en el Art. 65° del NCPP indicando que “El

Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, en la investigación del

delito, observan en todo momento el principio de legalidad, pudiendo

establecer programas de capacitación conjunta que permitan elevan la

calidad de sus servicios”.15. Capacitación conjunta que muy poco se viene

desarrollando a nivel nacional, la cual no debe confundirse ni compararse con

una exposición o una charla de carácter informativo, que no resuelve el problema

de la ausencia de capacitación.

Otro de los elementos generadores de confusión y desagrado entre los

integrantes de la Policía Nacional, fue la desaparición del Atestado Policial, asi

como la prohibición de poder calificar jurídicamente los hechos y de imputar

responsabilidades en su documento de reemplazo: El Informe Policial. Como

forma de compensar estas restricciones se incorporó en el Art. 332.2 del NCPP

respecto al contenido del Informe Policial, la posibilidad de incorporar “las

recomendaciones sobre actos de investigación”16

Por otro lado debemos señalar que el marco jurídico de las relaciones Policía

Fiscal al iniciarse la aplicación progresiva del NCPP el año 2006 por parte de la

Policía Nacional, se regían por la Ley N° 27238 – Ley de la Policía Nacional,

publicada el 22 de Diciembre de 1999, en cuyo artículo 7° establecía que era

función de la Policía Nacional la de “(…) investigar y denunciar los delitos y

faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales, perseguibles de

oficio”. Bajo este marco legal no modificado, se intentó que en los Distritos

Judiciales donde se venía implementando la nueva norma procesal penal los

15

Incisos modificados por el Art. 3 de la Ley N° 30076, publicado el 19 de agosto 2013. 16

Incisos modificados por el Art. 3 de la Ley N° 30076, publicado el 19 de agosto 2013.



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Policías se adecuaran a una normatividad diferente al mandato constitucional

establecido en el Art. 168°17 por lo que salieron en defensa de la Ley N° 27238

que señalaba como una de sus funciones la de investigación del delito, hasta ese

momento ejercida de modo de titularidad y sin intervención del Fiscal, por la

Policía Nacional, luego vendían los conflictos y roces ya conocidos. Esta norma

fue derogada por el Decreto Legislativo N° 1148 publicada el 10 de Diciembre

2012 por la nueva Ley de la Policía Nacional del Perú, en momentos que ya se

había avanzado significativamente en seis años, con la aplicación progresiva del

NCPP, no obstante observamos que entre sus funciones establecidas en el Art.

10° y sin tener en cuenta la vigencia del NCPP se señalaba nuevamente como

función de la Policía, la de “ (…) investigar y denunciar los delitos y faltas

previsto en el Código Penal y leyes especiales”, sin ningún tipo de alusión a

la intervención del Fiscal como titular de la investigación del delito o al trabajo

coordinado que deberían tener en el cumplimiento de su función relacionada a la

investigación del delito, por lo cual y ante la falta de capacitación, la Policía

Nacional seguía entendiendo que continuaba siendo titular de la investigación del

delito y que el Fiscal debería limitarse a la conducción jurídica de sus actos de

investigación.

El 18 de Diciembre del 2016, diez años después del avance progresivo de la

aplicación del NCPP a nivel nacional, se publica la nueva Ley de la Policía

Nacional del Perú – Decreto Legislativo N° 1267, señalándose una vez más entre

sus funciones: “7) (…) investigar y denunciar la comisión de los delitos y

faltas previstos en el Código Penal y leyes especiales” , tal como lo había

hecho en sus dos Leyes anteriores, llamando la atención que además consigna

una nueva función en su art. 10) “Realizar las funciones de investigación

policial, por iniciativa propia o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en

concordancia con el Código Procesal Penal y las leyes de la materia”; este

inciso da a entender que cuando la Policía Nacional realiza funciones de

investigación por iniciativa propia no requiere del control jurídico del Fiscal, lo

cual es inexacto, nada le impide al Fiscal luego de ser informado por la Policía de

su intervención por iniciativa propia conforme lo establece el Art. 67° del NCPP,

asumir desde ese momento el control jurídico de los actos de investigación que

realice. Observamos además que en la reciente Ley de la Policía Nacional del

Perú, de manera reiterativa se repite la frase “investigar y denunciar” como

una atribución propia de las funciones operativas de la Policía Nacional, sin

considerar que la labor de investigar es una función compartida con el Ministerio

17

Constitución Política del Perú. Art. 168°: Las leyes y los reglamentos respectivos determinan la organización, las funciones, las especialidades, la preparación y el empleo; y norman la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.



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10

Público y no se entiende el contenido de la frase “denunciar”, en razón que la

Policía Nacional no denuncia, la Policía por el contrario recibe denuncias y las

pone en conocimiento del Ministerio Público.

Finalmente, el 15 de Octubre del 2017, once años después de la aplicación

progresiva del NCPP a nivel nacional, se ha publicado en el Diario Oficial El

Peruano el Decreto Supremo N° 026-2017-IN mediante el cual se reglamenta el

Decreto Legislativo N° 1267 – Ley de la Policía Nacional del Perú. Observamos

en este dispositivo normativo, que se reitera nuevamente que es función de la

Policía Nacional “12) Realizar las funciones de investigación policial, de

oficio o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con el

Código Procesal Penal y leyes de la materia” es decir que se reafirma que

cuando la Policía Nacional interviene de oficio no requiere de la conducción

jurídica del Fiscal, por lo que reitero que el control jurídico del trabajo policial es

potestad del Fiscal en cualquier circunstancia de la intervención policial desde

el mismo momento en que es informado por la Policía del caso que motiva su

intervención sea esta por iniciativa propia, por delito flagrante, constatación

directa, recepción de denuncia, etc. y lo hace para darle legalidad al trabajo

policial. Sin control jurídico del Fiscal en el actual sistema acusatorio, lo actuado

por la Policía puede ser fácilmente cuestionado y dejado de lado para los fines

del proceso penal. Este marco jurídico policial, puede además conllevar a nuevos

conflictos con los Fiscales.

También observamos, que en la mayoría de funciones asignadas a las Divisiones

Operativas de la Policía Nacional, se repite la frase que autoriza a la Policía a

“identificar, ubicar y capturar a las personas que cometen delito”. Estos son

procedimientos que actualmente se encuentran prohibidos por Ley, la Policía

Nacional requiere de mandato judicial para detener a una persona aunque esta

sea integrante de una organización criminal; salvo el caso de delito flagrante. Asi

mismo en varios artículos del referido Reglamento se repite la frase “Coordinar

con los representantes del Poder Judicial y Ministerio Publico, sobre

aspectos referidos a la función de prevención e investigación”, lo cual es

contrario a la legislación vigente. El nuevo sistema penal acusatorio que se rige

actualmente por el Código Procesal Penal, ha separado y diferenciado

totalmente las funciones de Jueces y Fiscales, siendo el Fiscal el único que

interviene en la Investigación del Delito, los Jueces de Investigación Preparatoria

son jueces de garantías y los Jueces Penales los encargados del Juzgamiento.

Por su parte el Artículo 131 del Decreto Supremo N° 026-2017-IN, al referirse a

las funciones de la División de Investigación contra el Crimen Organizado, le



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señala competencia a la Policía Nacional para: “ 2) Identificar, ubicar y

capturar a los integrantes de organizaciones criminales, dedicadas a

cometer delitos comprendidos en la normatividad legal vigente contra el

crimen organizado; 3) Ejecutar operaciones policiales de ubicación y

detención de los integrantes de organizaciones criminales a nivel

nacional”. Recordemos que estas prácticas policiales son muy antiguas y se

dieron dentro de un régimen en donde el reconocimiento de las garantías y

derechos fundamentales de los imputados eran casi totalmente ignoradas. Hoy

en día bajo el marco legal de la Constitución Política del Estado y del NCPP, los

procedimientos de “identificar, ubicar y detener” solo podrían darse en

circunstancias de un delito flagrante, pero el Reglamento de la Ley de la Policía

Nacional del Perú, no lo específica de esa manera, dejando en el vacío los

demás casos a sabiendas que no es posible que la Policía de por sí pueda

realizar esas funciones sin mandato judicial.

Pero eso no es todo, resulta significativamente adverso al propósito de

consolidar un marco jurídico adecuado a mejorar las relaciones Policía – Fiscal

en la investigación del delito, el Art. 122 del reciente Decreto Supremo N° 026-

2017-IN, el cual otorga funciones a la Dirección de Investigación Criminal de la

Policía Nacional del Perú18, totalmente contrarias a las atribuciones que al

respecto le corresponden al Fiscal, conforme se detalle en el Art. 65° del NCPP.

El Art. 122 del aludido DS. N° 026-2017-IN; señala que es la Policía la que:

“planea, comanda, organiza, articula, coordina, controla y supervisa

las estrategias, operaciones y las acciones operativas de la

investigación material del delito a nivel nacional, en la lucha contra la

delincuencia común y el crimen organizado”,

Efectivamente la Policía ejecuta la investigación material del delito, pero no lo

hace a su libre albedrío ni a su criterio, pretendiendo considerar que al Fiscal

solo le corresponde la conducción jurídica de la investigación, el Fiscal es el

director de la investigación en todas sus etapas o circunstancias. En el Art. 65°.4

del NCPP, se establece que:

18

Decreto Supremo N° 026-2017-IN. Art. 122: La Dirección de Investigación Criminal de la Policía

Nacional del Perú Nacional del Perú tiene las funciones siguientes: 1) Planear, comandar, organizar, articular, coordinar, controlar y supervisar las estrategias, operaciones y las acciones operativas de la investigación material del delito a nivel nacional, en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado, bajo la conducción jurídica del fiscal, en el ámbito de su competencia, en concordancia con las leyes de la materia.



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“El fiscal decide la estrategia de investigación adecuada al caso y que

la Policía le brinda sus recomendaciones para tal efecto”

También se establece en el Art. 65° del NCPP, que es el Fiscal quien programa y

coordina con quienes corresponda sobre el empleo de pautas, técnicas y medios

indispensables para la eficacia de la misma; es decir para la Policía Nacional no

existe el trabajo en equipo, menos intenta consolidar el “Binomio Policía – Fiscal”,

solo reconoce en el Fiscal el control jurídico que debe tener sobre los actos de

investigación que realiza, nuevamente se vuelve a desconocer el Art. 159°.4 de la

Constitución Política del Estado que ha determinado que corresponde al Ministerio

Público: “Conducir desde su inicio la investigación del delio. Con tal

propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del

Ministerio Público en el ámbito de su función”; igualmente se desconoce el

Art. IV del Título Preliminar del NCPP, que en su inciso 1, señala que el Fiscal:

“Asume la conducción de la investigación desde su inicio, decidida y

proactivamente en defensa de la sociedad”

Bajo este marco jurídico vigente, no es posible alcanzar objetivos concretos por

parte de la Policía Nacional del Perú, particularmente para mejorar su

predisposición de conseguir una necesaria coordinación funcional entre las

actuaciones del Fiscal y la Policía a fin de que la investigación de los delitos tenga

un fin común e incida en la realización de diligencias eficaces a los objetivos de

dichas investigaciones y no solo el protagonismo mediático y muchas veces

sensacionalista de pretender resaltar y legitimar el trabajo policial para intentar

demostrar que las políticas de estado en materia de seguridad ciudadana son

exitosas; todo lo cual va en desmedro de los fines del proceso penal.

Vemos entonces que en la práctica y en la normatividad policial reciente, se insiste

en lograr que la Policía siga actuando en sus labores de investigación del delito

con bastante independencia de los Fiscales; lamentablemente y es lo que

observamos en muchos casos y probablemente debido a la recargada carga

procesal existente en las Fiscalías (denuncias, diligencias, audiencias, etc.), a los

Fiscales les resulta materialmente imposible encontrarse presentes en todas las

diligencias actuadas por la Policía ni en todos los casos pueden desarrollar

coordinadamente su labor de conducción jurídica de sus actos de investigación; la

situación real no representa un avance en la relación Policía – Fiscal ni en el

reforzamiento de las atribuciones de dirección y conducción de la investigación del

delito que le corresponden asumir al Fiscal, se observa cada vez con más

frecuencia, que su intervención frente a los casos en que la Policía interviene



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como primer respondiente, es de “orientación” más que de “dirección o

conducción”, salvo casos de mayor trascendencia o de previa coordinación.

Esta es una situación que debe superarse a la mayor brevedad, en ningún caso el

Ministerio Público puede abandonar su función de controlar jurídicamente los

actos de investigación que realiza la Policía, especialmente en los hechos más

graves o complejos, pero tampoco debe abandonar su función de decidir la

estrategia de investigación conjuntamente con la Policía y conducir (no ejecutar) la

investigación material del delito desde su inicio.

III. Sobre el “Binomio Policía – Fiscal”. Refiriéndose al Binomio Policía – Fiscal,

el Jurista Mario Pablo Rodríguez Hurtado197, nos dice que “La armoniosa

actividad pesquisidora de fiscales y policías, dependerá en gran medida de

que los representantes del Ministerio Público sepan dirigir a todas las

fuerzas útiles para el esclarecimiento de los hechos y las responsabilidades

penales (…), la policía, por su parte, contribuye con el proceso común

cuando por propia iniciativa o noticia criminal toma conocimiento de los

delitos y efectúa las actuaciones más urgentes e imprescindibles para

elucidarlos, retransmite la información y da cuenta inmediata al Fiscal, para

que éste asuma la conducción de la pesquisa”.

El Abogado y Magistrado del Ministerio Público Jorge Rosas Yataco20 por su parte,

se refiere al Binomio Policía – Fiscal diciendo, “El CPP de 2004 entrega al Fiscal

la conducción de la denominada «investigación preparatoria» desde que se

tiene conocimiento de la noticia criminal. En esta etapa, diseña su estrategia

de investigación con el apoyo de la policía. Esta pone a su disposición sus

conocimientos técnicos y tecnológicos, sobre todo de la criminalística. De

esta manera, Fiscal y Policía constituyen un Binomio. En esta etapa, el Fiscal

empieza a diseñar la llamada «teoría del caso».”

Por su parte, el Maestro Florencio Mixàn Mass21 al analizar las funciones del

Binomio Policía – Fiscal, señalaba la conveniencia de que el Fiscal como Director

19

Rodríguez Hurtado, Mario Pablo. El Proceso Común, Vía Emblemática del Código Procesal Penal del 2004 (CPP) y su Primera Etapa: la Investigación Preparatoria. Publicado en Foro Jurídico. file:///C:/Users/user/Downloads/13817-55018-1-PB.pdf 20

Jorge Rosas Yataco. El Rol del Ministerio Público en el Código Procesal Penal del 2004.

http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2011_03.pdf 21

Mixàn Mass Florencio. Fiscal y policía: Un binomio de la reforma procesal penal. Roles del

Fiscal y de la Policía en el Sistema Procesal Penal Acusatorio. https://agendamagna.wordpress.com/2008/11/27/fiscal-y-policia-un-binomio-de-la-reforma-procesal-penal/

https://agendamagna.wordpress.com/2008/11/27/fiscal-y-policia-un-binomio-de-la-reforma-procesal-penal/

https://agendamagna.wordpress.com/2008/11/27/fiscal-y-policia-un-binomio-de-la-reforma-procesal-penal/



2017

14

de la Investigación escuche al policía, sus sugerencias, sus experiencias, cuando

sea necesario deliberar con él para decidir el diseño de la estrategia a aplicar en

cada caso; pues, él, además de alguna probable experiencia acumulada en

indagación de delitos, en el cumplimiento de su labor preventiva, tiene la

percepción de la realidad antropológica, social, económica, etc., de la comunidad

en la que ha sido perpetrado el delito o de la que proviene el probable autor o

partícipe del hecho punible o la víctima: “El Fiscal y el Policía deben trabajar

como un Equipo, como Binomio, sólidamente unidos por los fines de la

Investigación pero preservando la identidad de sus Roles”. Agregaba que en

el supuesto de que el Fiscal delegare en la Policía la permisión de recibir la

declaración del imputado, le debe indicar las pautas que prevé la Ley para

garantizar la validez del Acto; le indicará que no se desespere por lograr que el

imputado acepte la imputación, que no le presione, porque toda aceptación

obtenida coactivamente o bajo violencia física carece de validez desde el punto de

vista jurídico; que el imputado tiene derecho a la libertad de declaración y a ser

asesorado por un defensor, etc. Siendo que Policías y Fiscales, coadyuvan de

esta forma a los fines del proceso penal, es que se habla del Binomio Policía –

Fiscal.

Todos sabemos que para los ciudadanos en general, sus indicadores de medición

de la eficacia policial a partir de la denuncia de un hecho delictivo donde se

identificó al supuesto autor del hecho punible y en donde se cuentan con las

evidencias que lo vinculan, recién se materializarán cuando se ha detenido

físicamente al supuesto autor o se han recuperado de ser el caso, los bienes

robados o hurtados; si esto no es así, entonces la percepción ciudadana es que la

policía no está haciendo bien su trabajo. Esta percepción, sin duda tiene

incidencia en la cotidiana labor de la Policía y ha contribuido a fortalecer además,

una exigencia ciudadana del todo inconveniente en estos tiempos y es el de exigir

a la Policía que se detenga al sospechoso para investigar, porque, en alguna

medida, esta acción satisface sus demandas de "seguridad ciudadana"; si la

Policía no detiene al sospechoso, es apreciada como una policía corrupta. Bajo los

parámetros de gestión del nuevo modelo procesal penal, los indicadores de

eficacia no se miden por la detención de una persona involucrada en comisión de

un delito, sino por el trabajo del Ministerio Público para obtener los elementos

probatorios de la comisión del delito y de la participación de los presuntos autores,

con apoyo de la Policía, para sustentar una acusación y llevar exitosamente el

caso a juicio dentro de los plazos establecidos; y, de ser el caso solicitar una

Prisión Preventiva, la que para declararse fundada requiere que la Policía en la

mayoría de casos, sea la que obtenga y alcance al Fiscal los medios probatorios



2017

15

que acrediten los presupuestos materiales necesarios para estimar

razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o

participe del mismo, ese también es un trabajo que corresponde al “Binomio

Policía – Fiscal”.

En este sentido, la investigación criminal del delito tiene sin duda una gran

importancia que ha venido constituyendo todo un reto para el Ministerio Público

que es quien conduce desde su inicio la investigación del delito22; y, por lo tanto su

estrategia tiene que estar referida al ineludible apoyo y la necesaria coordinación,

directa y permanente con la Policía Nacional, en todo lo relativo a la investigación

de delitos y el ejercicio de la acción penal. Sin duda que los principios que rigen

esta relación, deben ser el respeto mutuo y la constante disposición de eficaz

cumplimiento del servicio público que les ha sido encomendado a ambas

instituciones.

Debe resaltarse entonces, la importancia que adquiere la estrecha coordinación de

la investigación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional (“Binomio Policía –

Fiscal”), en tanto, que el éxito de una acusación va a depender en gran parte, del

sustento probatorio, es decir del resultado de una labor policial realizada de

manera eficiente sobre todo en los primeros momentos de investigación, pero

sobre todo, apegada a los más estrictos cánones del respeto a la legalidad y a los

derechos humanos, que se convierten en el límite de cualquier intervención

policial. No olvidemos que la actividad probatoria se viene llevando a cabo en el

debate oral y que todos los medios de convicción que se aporten, deben cumplir

con los requisitos de legalidad previstos, es decir, que deben haber sido obtenidos

de manera lícita, según el procedimiento establecido; y, de igual forma, deben ser

lícitamente incorporados al proceso. El esclarecimiento policial de un suceso

puede haberse logrado en detrimento de las garantías procesales del supuesto

autor – de hecho se conocen casos al respecto y que son frecuentemente

expuestos de manera mediática -, y no será ésta una forma de facilitar la labor del

Fiscal dentro del ejercicio de la acción penal. Debe tenerse presente que, no solo

está prohibida la prueba ilícita, sino todo lo que de ella pueda derivarse.

El “Binomio Policía – Fiscal” requiere mantener siempre una relación franca,

cordial, ágil y permanente, entre fiscales y policías, pero en la práctica aún no se

ha logrado. Hay que tener presente además que cuando la ley se refiere a que el

fiscal conduce la investigación, entendemos que no determina que un funcionario

del Ministerio Público se convierta en investigador o pesquisa; o, que en forma

arbitraria o prepotente ordene autoritariamente al policía la actuación de tal o cual

22

Art. 60º inciso 2, del nuevo CPP



2017

16

medio de prueba; por el contrario, el Fiscal intercambia ideas con el policía, a

efectos de que los medios probatorios actuados sean suficientes, conducentes e

idóneas para el debido esclarecimiento de los hechos, en una suerte de alianza

estratégica entre ambos. De hecho y como debe ser, la ley convierte al Fiscal en

el controlador jurídico de los actos de investigación que realiza la Policía.23

Complementariamente, lo ideal sería entender que el trabajo coordinado entre

Fiscal y Policía, se dé dentro de un marco jurídico de coordinación adecuado y en

un contexto en que la Policía se encuentra capacitada en las diferentes técnicas

investigativas empezando por la criminalística de campo que tiene por finalidad el

procesamiento de la escena del delito y que cuenta con laboratorios de

criminalísticas implementados para desarrollar el trabajo técnico científico de

procesamiento de indicios y evidencias, en tanto que al Fiscal le correspondería la

tarea de “como construir un caso” desde el punto de vista jurídico – penal, a partir

de las Actas elaboradas en mérito de los actos de investigación aportados por la

Policía y de las diligencias complementarias ordenadas por su Despacho, pero el

marco Jurídico actual de las Relaciones entre Fiscal y Policía dificulta y no ayuda

al respecto, particularmente por el lado de la Policía Nacional del Perú.

IV. Factores que dificultan la consolidación del “Binomio Policía – Fiscal”.

No es posible consolidar el “Binomio Policía – Fiscal”, en tanto no se cuente con

un marco jurídico de coordinación adecuado; mucho menos se puede exigir a

Policías y Fiscales cumplir o desarrollar, de manera eficaz, procesos comunes que

implican nuevos conceptos y una nueva doctrina, sin previamente haber terminado

de fortalecer de manera integral las instituciones que son responsables de

cumplirlos.

La Investigación Criminal con la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal,

cambió los paradigmas existentes: El modelo de la Investigación Criminal que rige

a partir del Nuevo Código Procesal Penal modificó totalmente el concepto

doctrinario anterior en muchos aspectos, su objetivo ya no era descubrir la verdad

de lo que había sucedido sino construir la verdad en función a sus elementos

facticos, probatorios y normativos; el principal objeto de investigación dejó de ser

el imputado, para ir a la búsqueda de los medios probatorios que de manera legal,

técnica y científica deberían ser incorporados por el Fiscal al proceso con la

finalidad de demostrar la existencia del delito, la individualización de los presuntos

autores, así como las evidencias que los vinculen con los hechos. La declaración

del imputado no es tan relevante como en el sistema anterior, incluso tiene el

derecho de permanecer en silencio durante todo el proceso. Aspectos que para la

23

Art. IV.2 TP.CPP.



2017

17

Policía Nacional, por la falta de capacitación y el cambio de mentalidad aún

pendiente de conseguir, resulta aún muy dificultoso internalizar, de hecho aún

encontramos Informes Policiales donde se detalla que: “el investigado por el

asesoramiento de su Abogados, se ha negado a declarar con lo cual estaría

demostrando que lo hace con la finalidad de evadir su responsabilidad

penal”.

Recordemos que durante los primeros años de su vigencia, la aplicación

progresiva del NCPP, pasó por una lógica etapa de adecuación y transición

hacia el nuevo modelo de la Investigación Criminal, pero que en algunos casos se

convirtió en controversial entre las organizaciones encargadas de su

implementación, particularmente entre el Ministerio Público y la Policía Nacional

del Perú que a partir de ese momento deberían compartir las tareas de

Investigación Criminal formalizando el “Binomio Policía – Fiscal”, por el contrario

surgieron los denominados “Nudos Críticos” de las relaciones funcionales entre

Policías y Fiscales, los cuales fueron siendo en gran parte superados

paulatinamente mediante algunas reuniones de coordinación y el trabajo mismo

que fueron desarrollando Policías y Fiscales; pero no eliminados ni superados

totalmente porque subsisten algunos de ellos a la fecha a los cuales se han

sumado otros factores que no fueron identificados de forma inmediata en un

principio y que son los que coadyuvan a no permitir que el problema de las

relaciones funcionales entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú

respecto a la Investigación Criminal, se encuentre totalmente resuelto y por tanto

no tenemos al 2017 un nuevo modelo de Investigación Criminal definido ni un

“Binomio Policía – Fiscal” consolidado. La etapa de adecuación y transición no

ha terminado.

La insuficiente e inadecuada comunicación entre Fiscales y Policías en

controversia con la relación funcional del Policía con sus mandos naturales en lo

a investigación del delito se refería, fue uno de los principales problemas

generados en la relación funcional entre Fiscales y Policías al entrar en vigencia el

Nuevo Código Procesal Penal no superado hasta la fecha, en la lógica policial

de mando, coordinación y obediencia sigue sin encajar la presencia del Fiscal, la

cual es aceptada de manera forzosa. Se presentaron y se presentan hasta la

fecha algunos excesos por parte de algunos Fiscales y Policías en sus

relaciones funcionales.

Tampoco se internalizó adecuadamente que la conducción y dirección de la

Investigación Criminal había pasado a manos de un nuevo organismo: El

Ministerio Público; órgano autónomo del Estado, establecido con jerarquía



2017

18

constitucional que ostenta en el nuevo modelo procesal penal el monopolio de la

investigación de los delitos de manera diferente al que venía desarrollando la

Policía Nacional; y, que para comprenderla y entenderla era necesario

prioritariamente un cambio de mentalidad en todos los integrantes de la Policía

Nacional, para asumir los nuevos roles acorde con la legislación vigente, bajo el

concepto de corresponsabilidad es decir trabajo en equipo. El cambio de

mentalidad logrado hasta la fecha no es el óptimo, todavía se sigue pensando

que el Fiscal está usurpando funciones de la Policía Nacional y su legislación

conforme lo hemos comentado al inicio del presente Ensayo refuerza este tipo de

criterios.

Tampoco se internalizó que la relación funcional entre Fiscal y Policía no

subordinaba a este último al Ministerio Público de manera administrativa o

institucional, y que el personal policial actuaba en coordinación o colaboración en

el desarrollo de las actividades de Investigación Criminal asignados por el Fiscal;

de tal manera que la relación funcional de la Policía hacia el Ministerio Público

comprende acatar las instrucciones de dirección y conducción jurídica de esta

institución respecto a las actividades investigativas que desarrolla bajo la dirección

del Fiscal. Estas nuevas reglas de lo que podríamos llamar en términos policiales

“subordinación funcional” al Ministerio Público, imponían pues la necesidad de una

reingeniería también en la metodología de la gestión del Despacho Policial, lo cual

no se ha realizado hasta la fecha y hasta la actualidad se conocen de casos en

donde Policías encargados de la investigación de delitos desconocen las

atribuciones del Fiscal, incluso la de ellos mismos y se generan conflictos o malos

entendidos innecesarios.

Los requerimientos mínimo indispensables de capacitación y logísticos

necesarios, no fueron atendidos en su oportunidad y no son atendidos hasta la

fecha. Es así por ejemplo, que el autor del presente Ensayo fue Representante de

la Policía Nacional del Perú el año 2005 ante la Comisión de Implementación del

Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de La Libertad, pese a todos

sus esfuerzos, trámites y gestiones ante las diferentes instancias del Ministerio del

Interior y de la Dirección General de la Policía Nacional del Perú para que se

atendieran los requerimientos mínimo indispensables de capacitación y logísticos

necesarios, no fueron atendidos ni uno solo; bajo ese contexto, el 01 de Abril 2007

se dio inicio a la aplicación del NCPP en la Región La Libertad, con un discurso

político del entonces Ministro del Interior, que resaltaba el interés del Gobierno en

apoyar la reforma y la capacitación brindada a los efectivos policiales del Distrito

Judicial de La Libertad, implementación de su Oficina de Criminalística, entre

otros; los resultados fueron desastrosos en sus primeros meses, a extremos de



2017

19

considerarse que la Policía estaba tratando de sabotear la reforma procesal penal.

Nada de eso, los Policías no estaban preparados para enfrentar los nuevos retos,

no fueron capacitados adecuadamente en los procedimientos, ni ilustrados

respecto a sus relaciones funcionales con el fiscal. Por su parte los Fiscales

demostraban un excesivo celo en el cumplimiento de sus nuevas funciones y

trataban de ser extremadamente vigilantes y cuidadosos en relación a las

intervenciones policiales, excediéndose muchas veces respecto a las

disposiciones que dictaban.

Trabajo de Gestión de la Policía Nacional. También tenemos que tener en

cuenta, que el trabajo que viene desarrollando la Policía Nacional a nivel nacional

precisamente por su falta de capacitación y conocimiento exacto de los nuevos

roles que le corresponde realizar en el ámbito de la investigación del delito,

competencias, atribuciones y funciones acordes con el NCPP y por todas las

dificultades y limitaciones que hemos señalado anteriormente, no marcha al nivel

de las circunstancias, su trabajo no es eficiente para los fines del proceso penal, ni

coadyuva a mejorar las relaciones del “Binomio Policía – Fiscal”, situación que

también forma parte del diagnóstico que a nivel nacional vienen realizando

Comisiones Especiales en diferentes Distritos Judiciales a nivel nacional bajo la

dirección del MINJUS, analizando los niveles de gestión operativa, organizativo,

normativo y de relación funcional de la Policía con el Ministerio Público; estas

Comisiones están encargadas de elaborar los correspondientes Planes Locales

de Consolidación de la Reforma Penal que se vienen desarrollando bajo los

alcances y metodología diseñados por el Plan para la Consolidación de la

Reforma Procesal Penal (PCRPP)24; de la lectura de estos documentos podemos

constatar que en muchos casos, las observaciones respecto a la Policía y sus

relaciones funcionales con el Fiscal son similares de un Distrito Judicial a otro; a

continuación mencionamos algunos de ellos, con indicación del Distrito Judicial en

donde se ha realizado el diagnostico. Llama la atención de manera significativa

que en la evaluación que se hace en el Distrito Judicial de Huaura, primer lugar

donde el año 2006 se dio inició a la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal y

a pesar del tiempo transcurrido (11 años) hasta la fecha se vienen presentando

deficiencias en la relación Policía - Fiscal25:

24

DS N° 003-2014-JUS publicado el 31 de Marzo 2014 mediante el cual se aprueba el Plan para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal y el Reglamento de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal. 25

La presente información fluye de diferentes Planes de Consolidación Local de la Reforma Penal periodo 2016 – 2018 elaborados en diferentes Distritos Judiciales, que obran en la Página Web del Ministerio de Justicia: Loreto, Ventanilla, Cusco, Lambayeque, Huaura, Huancavelica, Tacna. https://www.minjus.gob.pe/reforma-procesal-penal-documentos/

https://www.minjus.gob.pe/reforma-procesal-penal-documentos/



2017

20

N°

Distrito Judicial de Tacna26

1

La Policía Nacional del Perú al momento de recibir una denuncia no

consigna información de calidad, respecto a los hechos y personas

investigadas (teléfonos, correo, croquis, referencias, entre otros)

2

Los efectivos policiales del Distrito no cuentan con un formato estándar

de Informe Policial, cada uno trabaja conforme a su criterio y en algunos

casos no se cumple con la estructura prevista en el Código Procesal

Penal.

3

Se denuncian hechos sin contenido penal que son rechazados por los

Fiscales Provinciales.

4

El personal policial de la Comisaría no orienta a los denunciantes

respecto a la naturaleza de su pretensión, es decir, si esta es de

carácter penal o extrapenal.

5

El Acta de Lectura de Derechos, no se levanta al momento de la

intervención, no obstante ello, no se indican cuáles fueron las

circunstancias apremiantes que motivaron su posterior elaboración,

contraviniendo lo previsto en el inciso 3 del artículo 263° del Código

Procesal Penal.

6

Las Actas que se levantan en la intervención en flagrancia (registro,

incautación, entre otras) no son elaboradas en el lugar de los hechos, ni

por el personal que interviene, por el contrario, son redactadas en la

dependencia policial y por el personal de investigación.

7

Cada efectivo policial elabora las Actas de intervención conforme a su

criterio, no existe un formato uniforme, salvo en las Unidades

Especializadas (como la DEPANDRO)

8

En las Actas de Incautación no indican la forma de recolección del bien,

el funcionario que lo recoge, ni el lugar específico donde se encontró.

9

La descripción del bien consignado en el Acta de incautación es

incongruente con el formato de cadena de custodia, ello se debe a que

ambas no se elaboran conjuntamente.

10 Falta de comunicación y coordinación entre la Policía Nacional del Perú

y el Fiscal para planificar y ejecutar los operativos de revelación del

delito.

11 La acción de patrullaje efectuada por el personal policial de

26

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Tacna. Marzo 2016 https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_tacna_mar_2016

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_tacna_mar_2016



2017

21

investigación de las Comisarías, en los lugares donde no se cuenta con

el Escuadrón de Emergencia, genera dilación en las investigaciones

policiales, ya que dicho personal deja de lado las denuncias a su cargo.

12 Los efectivos policiales que realizan las actividades de patrullaje,

desconocen el procedimiento de intervención en flagrancia, es por ello

que no le comunican los derechos al imputado, dicha diligencia se

realiza en la dependencia policial y por el personal de investigación.

13 Las Actas de registro (personal, vehicular y de equipaje) no cumplen

con lo previsto en el inciso 4 del artículo 210° del NCPP.

14 Las Actas no cumplen con los requisitos mínimos, que conforme al

Código Procesal Penal debe contener, así, no son detalladas, ni

minuciosas, por el contrario son genéricas, en algunos casos ilegibles y

no se identifica correctamente al efectivo policial que la elabora.

15 Deficiencia por parte del personal policial en la elaboración de las Actas

que redactan en una intervención en flagrancia, hecho que es advertido

por el Juez de la Investigación Preparatoria en la audiencia de prisión

preventiva y cuestionada por la Defensa Técnica (Pública y Privada).

16 La Fiscalía y PNP no determinan correctamente los domicilios de los

investigados, víctimas y testigos.

N°

Distrito Judicial de Loreto27

1

El personal policial a cargo de una investigación delegada por el Fiscal

en vía de Diligencias Preliminares, demora en remitir su Informe Policial,

justificando dicho retardo en la excesiva carga de denuncias que tienen

que atender a diario.

2

Las pericias dispuestas por el Ministerio Público en las Diligencias

Preliminares, no son remitidas oportunamente por la OFICRI al

Laboratorio de Criminalística - Lima cuando estas no pueden hacerse

cargo de las mismas, lo que genera que ante el vencimiento del plazo

fijado, algunos Fiscales dispongan la Formalización de la Investigación

Preparatoria, no obstante, obtenido el resultado de la pericia se advierte

que no hay delito y tienen que requerir el sobreseimiento del caso.

3

Práctica constante por parte de los efectivos policiales encargados de

las investigaciones, es remitir Informes Policiales sin haber realizado o

27

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Loreto. Diciembre 2015 https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_loreto

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_loreto



2017

22

agotado las diligencias dispuestas por el Ministerio Público.

4

Los efectivos policiales frente a las denuncias formuladas contra “los

que resulten responsables” (LQRS), no realizan ninguna actividad

tendiente a la identificación de los autores del hecho delictivo.

5

La Policía Nacional no comunica inmediatamente al Ministerio Público

las denuncias recepcionadas en las dependencias policiales (a

excepción de la flagrancia), hecho que genera complicaciones en la

distribución de denuncias entre las Fiscalías Provinciales Penales

6

En la relación Policía – Fiscal existe falta de articulación a fin de

establecer una estrategia conjunta para investigar las denuncias, solo

existe coordinación formal.

7 La rotación de efectivos policiales y el sistema de servicio de 24 x 24

dificulta el desarrollo y la continuidad de la investigación

8 La rotación de efectivos policiales y el sistema de servicio de 24 x 24

dificulta el desarrollo y la continuidad de la investigación.

9

La Policía Nacional sigue utilizando Cuaderno de Registro de Denuncias

para el registro de denuncias, lo que genera demora en la recepción de

la misma.

10

Los Suboficiales que realizan labores de patrullaje a pie o en vehículo

desconocen el procedimiento de intervención en flagrancia, lo que

conlleva a que en la mayoría de sus intervenciones trasladen a los

detenidos a las dependencias policiales, para que los Oficiales los

instruyan en la elaboración de las Actas.

11

En las Actas de intervención en flagrancia los Policías solo consignan,

personal PNP interviniente y en el mejor de los casos su grado nombre

y su número de carnet de identidad (CIP), pero no consignan la

dependencia policial a la cual pertenecen, lo que dificulta su posterior

ubicación cuando se les requiere como testigos en el juicio.

12

Las Actas Policiales no son elaboradas adecuadamente al no cumplir

las formalidades establecidas en el Art. 120° del CPP, generando su

cuestionamiento a nivel de juicio oral.

13

Frecuentemente las Actas Policiales no se levantan en el lugar de la

intervención, no consignan la comunicación al Fiscal, tampoco las

circunstancias apremiantes que motivaron su elaboración en las

dependencias policiales.

14

Las Oficinas de Criminalística de la PNP no cuentan con la logística

necesaria (material, insumos, equipos), tampoco se cuenta con los

peritos suficientes para la realización de las pruebas periciales

dispuestas por el Ministerio Público, motivo por el cual se deben remitir

las muestras al Laboratorio Central de Lima, lo que conlleva a los



2017

23

Fiscales a solicitar la ampliación de plazos para la investigación.

15

Los efectivos policiales no diferencian Acta de Incautación de un Acta

de Hallazgo, siendo frecuentes los casos cuando incautan de no

levantar Actas de Incautación, sino Actas de Hallazgo y no controlan el

cumplimiento de los requisitos previstos para la incautación.

16 Es notorio la falta de capacitación en los efectivos policiales, por la

inseguridad que demuestran permanentemente en sus intervenciones

tanto en materia de investigación como en formas para perennizar las

pruebas preconstituidas.

17

Es igualmente notoria la falta de conocimiento de los Suboficiales recién

egresados respecto al rol que deben cumplir en una intervención en

flagrancia.

N°

Distrito Judicial Ventanilla28

1

Las denuncias recibidas por la PNP no se comunican oportunamente al

Fiscal, lo que general retraso en la toma de decisiones y diligencias que

pudiera ordenar el Ministerio Público.

2

Política de alta rotación de los efectivos policiales, dilatan la

investigación pues el personal no cuenta con la experiencia en temas de

investigación criminal.

3

Las dependencias policiales no cuentan con un número suficiente de

usuarios con acceso a RENIEC lo que dilata el proceso de notificación,

pues en dicho registro figura el domicilio de las partes involucradas en

una denuncia.

4

Dilación de tiempo en la elaboración de Informes Policiales por parte de

la PNP pues contienen una calificación que no es considerada por el

Fiscal en el momento de su evaluación.

5

Frecuente ampliación de plazos por falta de realización de

investigaciones en la PNP.

6

Imposibilidad de ubicar a los sujetos procesales por falta de

consignación de información de calidad en las denuncias, debido a la

inexistencia de un formato que precise los datos mínimos.

Poca fluidez en la comunicación y coordinación entre la PNP y el

28

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Ventanilla. Marzo 2016. https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_ventanilla_mar_2016

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_ventanilla_mar_2016



2017

24

7 Ministerio Público.

8

No hay coordinación entre MP y la PNP para definir la estrategia de

investigación preliminar.

9

Falta de efectivos policiales para atender la carga de denuncias en

dependencias policiales, ateniendo al número de ciudadanos que

habitan en el Distrito.

10

La centralización del Laboratorio de Criminalística de la PNP en Lima

(Aramburú), genera retraso en la investigación preliminar.

11

Desconocimiento de los efectivos policiales sobre técnicas y estrategias

de investigación criminal.

12

No existen canales de acceso e intercambio de información entre los

operadores (Poder Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y PNP),

que coadyuva a la investigación.

13

Dentro de las dependencias policiales de Ventanilla, no existe un oficial

coordinador que tenga funcionalmente las facultades de aprobar

documentos de gestión, directivas, acuerdos y lineamientos, ordenando

su observancia obligatoria por todos los efectivos policiales en dicho

Distrito.

N°

Distrito Judicial Cusco29

1

Los Suboficiales recién egresados son los que recepcionan las

denuncias en Comisarías y en su gran mayoría sin la capacitación

necesaria.

2 En las Comisarías no se hace una orientación apropiada a los

ciudadanos sobre el hecho de proceder con una denuncia responsable

y que su participación es requerida durante el proceso.

3 En muchos casos en la recepción de denuncias, se adolece de

información relevante para la investigación, como no consignar todos

los datos necesarios para la identificación de las personas (falta de

referencias, croquis, otros) asi como falta de información en la redacción

de cómo ocurrieron los hechos.

4 Aún se reciben denuncias en libros, seccionando en el día, fecha, hora y

el contenido, sin embargo mantienen deficiencias en la consignación de

29

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Cusco. Marzo 2016 https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_cusco_mar_2016

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_cusco_mar_2016



2017

25

domicilios reales.

5 Existen cuestionamientos por parte del Ministerio Público sobre el

desarrollo de las investigaciones efectuadas por la Policía Nacional.

6 La mayoría de casos se investigan en Despacho Fiscal, son muy pocos

los derivados a la Policía Nacional

7 No hay un alineamiento entre el Ministerio Público y Policía Nacional

para el desarrollo de las diligencias.

8 Falta de coordinación y comunicación oportuna entre Policía y Ministerio

Público, que dilata el proceso investigatorio: (I) Demora por parte de la

PNP para comunicar la denuncia al Ministerio Público (II) Demora de la

PNP para elaborar las Actas (III) Elaboración de Actas en Comisarías y

no en el lugar de los hechos.

9 Falta de especialización y preparación a efectivos policiales en temas

de investigación criminal conforme a los estándares del Código Procesal

Penal.

10 La alta rotación de efectivos policiales dificulta el curso de las diligencias

preliminares de cada caso en concreto.

11 Las pericias de absorción atómica son realizadas en Lima o Arequipa,

las que demoran 6 meses.

12 No existe un procedimiento uniforme en los actos de intervención en

flagrancia, por parte de los efectivos policiales.

13

Existen errores en la preparación y redacción de las Actas que se

preparan por intervenciones de flagrancia. Muchas veces no son

elaboradas “in-situ” y contienen errores que son advertidos por el Fiscal

quien debe realizar diligencias preliminares para justificar las Actas,

tampoco se consigna porque se realiza en otro lugar.

14

La Policía Nacional no cuenta con formatos únicos estandarizados de

Actas a practicarse en las intervenciones por flagrancia delictiva.

15

Algunos efectivos policiales muchas veces incautan bienes que no

tienen relación con el hecho delictivo cometido en flagrancia.

16

Los reconocimientos personales efectuados por la Policía Nacional se

realizan en base a fotos y fichas RENIEC, o con personas que no se

parecen en nada el imputado.

17

El laboratorio de criminalística de la Policía Nacional de Cusco, no

cuenta con los insumos necesarios para la realización de pericias frente

a la comisión de los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, lo que conlleva

a que las muestras se tengan que remitir a la ciudad de Lima retardando

el desarrollo de la investigación.

18


las detenciones en flagrancia, situación que pone en riesgo la



2017

26

realización correcta de diligencias urgentes e inaplazables.

19

Poca comunicación entre policías y fiscales debido a que sus recursos

de comunicación telefónica corresponden a diferentes operadores.

20

Por la demora en la evacuación de los resultados de alcoholemia, la

Policía Nacional no comunica inmediatamente al Ministerio Público las

intervenciones que realiza por la comisión de delitos de conducción de

vehículo en estado de ebriedad, lo que imposibilita la aplicación de un

principio de oportunidad a nivel preliminar – policial.

21

Los efectivos policiales no comunican o leen sus derechos a los

ciudadanos que son intervenidos en flagrancia delictiva, ni menos

elaboran un Acta de su propósito.

22

La diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos efectuada por la

Policía Nacional es constantemente cuestionada a nivel de las

audiencias de prisión preventiva y control de acusación, toda vez que

las mismas no cumplen con las garantías previstas en el NCPP.

23

Las dependencias policiales no cuentan con un ambiente apropiado

para la realización de las diligencias de reconocimiento en rueda de

detenidos.

24

Los efectivos de la Policía Nacional desconocen el procedimiento

previsto en el Art. 207° del NCPP (videovigilancia), específicamente en

los casos de drogas y trata de personas, asi, si bien realizan la

videovigilancia, no conocen la forma del datado del día y hora, asi

como, la transcripción del video, requisitos indispensables para su

validez en juicio.

N°

Distrito Judicial Lambayeque30

1

Los efectivos policiales no se encuentran debidamente capacitados

respecto al uso del Sistema Informatizado de denuncias en las

comisarías donde existe dicho mecanismo tecnológico.

2

No existe un procedimiento uniforme en los actos de intervención en

flagrancia, por parte de los efectivos policiales.

3

Los efectivos de la PNP de reciente egreso no tienen la preparación

correspondiente a efectos de poder levantar las Actas y en otros caos el

30

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Lambayeque. Marzo 2016 https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local__lambayeque_mar_2016

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local__lambayeque_mar_2016



2017

27

personal policial espera al Fiscal para que disponga diligencias cuando

ellos pueden ir avanzando con las diligencias preliminares.

4

Falta de reuniones de trabajo entre la PNP y el MP para fijar una

estrategia conjunta de abordaje del Decreto Legislativo N° 1194

relacionado a la aplicación del proceso inmediato en casos de

flagrancia.

5

La falta de acopio oportuno de los elementos de convicción por la

centralización de la Oficina de Criminalística de la PNP en la ciudad de

Lima, dificulta la celebración de la Terminación Anticipada y Proceso

Inmediato.

6

Frecuentes observaciones y cuestionamientos por parte de la defensa

privada y pública a las Actas elaboradas por la Policía Nacional en

flagrancia delictiva.

7 Muchas veces las Actas a practicarse en una intervención en flagrancia

no son elaboradas en el lugar de los hechos - “in situ”, sino en las

dependencias policiales e incluso sin especificarse las circunstancias.

8 La Policía Nacional no informa oportunamente respecto a la situación de

las solicitudes de conducción compulsiva.

N°

Distrito Judicial Lima Este31

(El NCPP está vigente en Lima Este desde el 01JUL2014 para los

delitos de crimen organizado)

1 Falta de orientación en Comisarías a los denunciantes sobre la

naturaleza de su pretensión, re reciben como denuncias cualquier tipo

de hecho que no necesariamente tienen contenido penal.

2 Las denuncias recibidas por la PNP no se comunican oportunamente al

Ministerio Público, generándose tiempos muertos.

3 Se realizan diligencias sin presencia del Fiscal, lo que genera que en la

siguiente etapa se vuelvan a repetir, generándose dilación.

4 Existencia de duplicidad de denuncias tanto en la Policía como en el

Ministerio Público sobre los mismos hechos.

5 No existe una buena coordinación y comunicación entre la Policía

Nacional y el Ministerio Público para definir una correcta estrategia de

31

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Lima Este. Marzo 2016 https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_lima_este_mar_2016

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_lima_este_mar_2016



2017

28

investigación.

6 Falta reforzar las capacidades de los efectivos policiales en técnicas de


7 No existe un plazo legal para la comunicación de las denuncias por

parte de la Policía Nacional al Ministerio Público.

8 Existencia de denuncias pendientes de ser comunicadas al Ministerio

Público por parte de la Policía Nacional.

9 La Policía Nacional remite investigaciones sin haber efectuado la

totalidad de las diligencias dispuestas por el Ministerio Público,

generando que nuevamente dicha causa regrese a la PNP con un

nuevo plazo para la realización de las diligencias faltantes.

10 Se sigue utilizando la estructura del Atestado y Parte Policial.

11 Deficiencias en la consignación de información en las Actas Policiales y

Cadena de Custodia.

12 Deficiente coordinación entre el Ministerio Público y la Policía Nacional,

no existe una definición clara de ámbitos de intervención, cada uno

maneja la investigación a su discreción: así, cuando una denuncia se

encuentra en la Policía Nacional sigue una línea estratégica, luego

cuando se encuentra en Despacho Fiscal sigue otra línea y otra mas

cuando se encuentra en instrucción.

13 El personal policial no cuenta con la experticia en temas de


14 Siendo que en este Distrito Judicial el Poder Judicial ha especializados

los delitos vinculados al crimen organizado lo mismo que en el

Ministerio Público, no ha pasado lo mismo en la Policía Nacional en

donde esta materia se encuentra asignada a efectivos de las

Comisarías, lo que genera un problema de especialización para el

tratamiento de este tipo de delitos, situación que se ve agravada por la

deficiente estructura de la Policía Nacional del Perú, asi como por los

constantes cambios y rotaciones del personal policial.

N° Distrito Judicial Huaura32

1 Hasta la fecha existen deficiencias en la recopilación de información

referente a domicilios o ubicación de las partes al momento de

recepcionar las denuncias, ello debido a que los denunciantes no se

32

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Huaura. Diciembre 2015 https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_huaura

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_local_huaura



2017

29

presentan o no proporcionan mayores datos de ubicación.

2 La Policía Nacional no realiza notificaciones con las formalidades de ley,

ya que, ante la imposibilidad de la misma solo acompaña una razón

donde únicamente indican que no se pudo notificar, sin detallar las

circunstancias que imposibilitaron dicho acto.

3 Los efectivos policiales que se encargan de una investigación, elaboran

sus Informes Policiales de manera tardía.

4 Existe duplicidad de denuncias, pues un mismo hecho es denunciado

en dependencias policiales y en el Ministerio Público.

5


las denuncias recepcionadas en las dependencias policiales (a

excepción de la flagrancia), hecho que genera complicaciones en la

organización y distribución de denuncias en Fiscalías Provinciales

Penales

6 La Policía Nacional no cumple con practicar las diligencias ordenadas

por el Ministerio Público dentro de una investigación.

7

No existen canales de comunicación entre el Ministerio Público y la

Policía Nacional del Perú, lo que dificulta la investigación del hecho

delictivo.

8 La alta rotación de efectivos policiales dificulta el curso de las diligencias

preliminares de cada caso en concreto.

9 Falta especialización y preparación a efectivos policiales en temas de

investigación criminal conforme a los estándares del NCPP.

10

Existe falta de capacitación en los efectivos policiales de Prevención,

Patrullaje a Pie, Escuadrón de Emergencia, Aguilas Negras y unidades

especializadas para determinar o definir los supuestos de la flagrancia

asi como la actuación de los mismos en la intervención.

11

La Policía Nacional no cuenta con los medios logísticos necesarios

suficientes para perennizar en el tiempo las intervenciones en flagrancia

delictiva.

12 Las Actas de lectura de derechos casi nunca son redactadas en el lugar

de la intervención.

13

Los efectivos policiales que intervienen o participan en la flagrancia

delictiva comunican el hecho a la Sección de Investigación Criminal de

la Policía Nacional, quienes a su vez, son los que coordinan con la

Fiscalía Provincial Penal de Turno.

14

Existen deficiencias por parte de la Policía Nacional en la elaboración

de las actas de incautación, ya que estas contienen información

totalmente distinta a la consignada en el documento de cadena de

custodia.



2017

30

15 No existen canales de comunicación por parte de la Policía Nacional y

del Ministerio Público ante las Municipalidades Provinciales y Distritales,

para acceder oportuna e inmediatamente a las cámaras de video

vigilancia.

16 La Policía Nacional a nivel de todo el Distrito Judicial, no cuenta con

insumos necesarios para realizar pericias de absorción atómica.

N°

Distrito Judicial Huancavelica33

1 Falta de articulación interinstitucional entre Ministerio Público y Policía,

no existe coordinación para definir una estrategia conjunta de

investigación, lo que conlleva a que se asignen tareas sin respetar las

competencias de cada uno, atendiendo a un criterio de menor esfuerzo,

lo que genera dilación.

2 Falta de orientación en la Comisaría a los denunciantes sobre la

naturaleza de su pretensión, no hay filtro y se reciben denuncias por

cualquier tipo de hechos, los que no necesariamente tienen contenido

penal.

3 No se cuenta con personal pesquisa, lo cual deriva en la política de alta

rotación de los efectivos policiales que dilatan la investigación.

4 Demoras en la investigación a cargo de la Policía Nacional, en virtud al

turno de personal que labora 24 por 24 horas, asi, se otorga 30 días de

plazo, en concreto el efectivo tiene 15 días.

5 Obligación de registras manualmente las denuncias en las Comisarías

generan dilación, pues se transcribe toda la ocurrencia.

6 Falta de efectivos policiales quechua hablantes.

7 Escasos efectivos policiales para las labores de investigación

8

Centralización de la Oficina de Criminalística, genera que efectivos

policiales se trasladen hasta Lima, generándose tiempos muertos.

9

Ausencia de coordinación entre el Ministerio Público y la Policía

Nacional en la definición de la estrategia de la investigación, tal es el

caso que, se ordenan diligencias mecánicamente, sin ningún análisis,

resultados en la mayoría de casos impertinentes.

33

Plan Local para la Consolidación de la Reforma Procesal Penal de Huancavelica. Febrero 2015. 2015https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_para_la_consolidaci__n_de_la_r

https://issuu.com/nuevocodigoprocesalpenalperu/docs/plan_para_la_consolidaci__n_de_la_r



2017

31

V. Nudos Críticos. En las circunstancias actuales y once años después de

haberse iniciado la implementación progresiva del Código Procesal Penal en el

Perú, persisten antiguos y nuevos “nudos críticos” que dificultan la marcha del

nuevo sistema penal acusatorio vigente en nuestro país, con relación al “Binomio

Policía – Fiscal”. Esta es una limitación no superada hasta la fecha en la Policía

Nacional del Perú, principalmente por las siguientes razones:

5.1 El cambio de mentalidad necesario. Que desde un inicio significó un reto

y un desafío para todos y cada uno de los operadores de justicia - para migrar

del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio - implementando el

nuevo modelo de investigación, no ha sido internalizado adecuadamente en los

integrantes de la Policía Nacional. El cambio que también implicaba las

adecuaciones a los nuevos modelos de gestión y de trabajo de todos los

integrantes de la Policía Nacional en general y de las Unidades de Investigación

en particular, asi como el desarrollo de la profesionalización y competencias

necesarias mediante la modificación de sus currículas de estudios en sus

Escuelas de Formación y una permanente capacitación, sin dejar de lado los

ajustes y reacomodos de infraestructura, equipamiento y tecnologías necesarias,

tampoco se ha dado.

La falta de desinformación y capacitación de la Policía respecto a sus nuevas

funciones y responsabilidades, determinó que desde un principio no aceptara de

buen agrado el NCPP. Reemplazar el Atestado Policial por un Informe Policial,

mediante el cual no puede incriminar responsabilidades ni calificar jurídicamente

los hechos, le quitó de las manos un instrumento que indudablemente le

otorgaba poder dentro del ámbito social y judicial, pues en la mayoría de casos

era el sustento más importante para absolver o condenar a un imputado.

5.2 Implementación. La implementación significaba para la Policía Nacional,

desplazar definitivamente las características inquisitoriales contenidas en el

Código de Procedimientos Penales de 1940, que durante tantas décadas había

caracterizado el desarrollo y la aplicación de la justicia penal en el país;

modificando para ello patrones de conducta y prácticas institucionales inquisitivas

desplazadas por el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, fijando normas y

procedimientos que regularan la operación del nuevo sistema en cada una de

sus intervenciones, readecuando espacios físicos en Comisarías y Unidades

Especializadas en Investigación, dotando del equipo necesario para apoyar las

labores del personal asignado a las Secciones de Investigación de cada

Comisaría y de las Unidades Especializadas, asi como de los peritos y el



2017

32

personal auxiliar de las Oficinas de Criminalística, pero nada de eso ha sucedido

en la manera que el nuevo sistema y el tiempo transcurrido lo requerían..

5.3. Formación Académica de los nuevos Policías. Tanto en sus niveles de

Oficiales como de Suboficiales tampoco ha cambiado sustantivamente, si bien es

cierto forma parte de la malla curricular el estudio del Nuevo Código Procesal

Penal, sin embargo cuando analizamos por ejemplo el silabo del Curso de

Procedimientos y Técnicas de Investigación Criminal, observamos un abismal y

profundo retroceso al sistema obsoleto inquisitivo, bajo la premisa que el proceso

penal puede haber cambiado, pero no asi el Método de Investigación Científica

del Delito imperante con el modelo inquisitivo, en donde el objeto principal de la

investigación era el imputado, es así que se enseña a los nuevos policías de

manera casi inalterable este método – no actualizado – , que entre otros pasa

por alto el trabajo conjunto entre Policías y Fiscales, denomina pruebas a los

actos de investigación que realiza la Policía y considera como premisa continua

de la principal actividad operativa policial la de identificar, ubicar y capturar al

investigado. Pero lo que es aún más grave desinforma y desnaturaliza los

procedimientos policiales concordantes con el Nuevo Código Procesal vigente.

Ejemplo: Encontramos en la web algunos ejemplos extremos como el Sílabo

Desarrollado del Curso de Técnicas y Procedimientos Policiales de

Investigación I, correspondiente a la Escuela de Educación Superior

Técnico Profesional PNP Ica. Año 201634. En dicho documento se señala el

Procedimiento Policial en caso de Conocimiento Directo de un hecho

presuntamente ilícito y especifica textualmente lo siguiente: “a. El policía que

sorprende al “agente” en plena ejecución del acto delictuoso, formulará

“Parte” en el que dará cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible

remitiendo al presunto autor, si se logra su detención o captura. b. El

servicio dará cuenta por los medios más rápidos al jefe de la Unidad lo

ocurrido, quien, previa evaluación o calificación de la ocurrencia y registro

en el libro respectivo. La decretará a un miembro policial para la

investigación pertinente”.

En otro caso extremo que también encontramos en la página web y que pone de

manifiesto total falta de adecuación de los Policías en formación a los

procedimientos vigentes o su preparación para los retos futuros y cercanos como

34

Sílabo Desarrollado del Curso de Técnicas y Procedimientos Policiales de Investigación I, correspondiente a la Escuela Técnica Superior PNP Ica https://www.academia.edu/22960626/T%C3%89CNICAS_Y_PROCEDIMIENTOS_POLICIALES_DE_INVESTIGACI%C3%93N_I_SILABO_DESARROLLADO_ESCUELA_TECNICA_SUPERIOR_PNP_ICA_DOCENTE_SOB_PNP_JORGE_LUIS_BENAVENTE_QUISPE

https://www.academia.edu/22960626/T%C3%89CNICAS_Y_PROCEDIMIENTOS_POLICIALES_DE_INVESTIGACI%C3%93N_I_SILABO_DESARROLLADO_ESCUELA_TECNICA_SUPERIOR_PNP_ICA_DOCENTE_SOB_PNP_JORGE_LUIS_BENAVENTE_QUISPE





2017

33

es la aplicación del NCPP en Lima, se visualiza en el Sílabo Desarrollado del

Curso de Investigación Criminal año 2016 de la Escuela de Educación

Superior Técnico Profesional PNP “Héroe Nacional Cap. PNP Alipio Ponce

Vásquez” Distrito de Puente Piedra – Lima, en donde textualmente se dice lo

siguiente: “c. Cuando existe los presupuestos de la consumación de un

acto delictuoso. De igual manera el Jefe de la Unidad previa evaluación

decretará a un efectivo Policial para su diligenciamiento correspondiente,

por lo que el Pesquisa formulará el Parte y/o documentación pertinente.” No

se hace ninguna alusión que en los lugares donde se viene aplicando el NCPP el

procedimiento policial es diferente, mucho menos a la participación del Fiscal.

El problema se torna más complejo, cuando constatamos por ejemplo que en el

Curso de Técnicas y Procedimientos Policiales de Investigación I que se

dicta a los alumnos de cuarto año de la Escuela de Oficiales PNP se recomienda

como Bibliografía Básica: (1) “Manual de Procedimientos Operativos de

Investigación Criminal”. Editorial Imprenta PIP 1971. (2) “Manual de

Criminalística PIP”. Editorial. Tipográfica Offset Peruana S.A. 1966 (3)

“Introducción a la Investigación Policial y Manual de Procedimientos Operativos

de Investigación Criminal”. Volumen I. Distribuidora Comercial Murakami SA.

1989. (4) “Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Libro II” El Método

General de la Investigación Policial”. Edición 1996. (5) “Proyecto de Manual de

Procedimientos Operativos PNP. Libro II “El Método General de la Investigación

Policial” (MAPROPOL 2000). Es decir una bibliografía antigua concordante con el

Código de Procedimientos Penales de 1940 y no apropiada a los fines del nuevo

sistema penal acusatorio.

En este mismo Sílabo Desarrollado y refiriéndose a la reforma procesal penal se

expresa frase nada conciliadoras como: “Hay que tener presente que cuando

la ley se refiere a que el fiscal conduce la investigación, entendemos que

no determina que este magistrado, en forma caprichosa o antojadiza

ordene autoritariamente al policía la actuación de tal o cual prueba, (…)”. En

este Sílabo también encontramos frases como “INVESTIGAR PARA DETENER”

como un nuevo concepto de la filosofía policial en la investigación del delito, no

apropiada ni concordarte con la legislación actual vigente.

Finalmente y refiriéndose al Plan Metodológico de Investigación del Delito, el

referido Silabo no considera al Fiscal como el encargado de decidir la estrategia

de investigación ni el trabajo conjunto que debe desarrollarse para su

elaboración; en el Sílabo Desarrollado se especifica que el: “Plan de

Investigación debe ser formulado por el Oficial Pesquisa encargado de la



2017

34

investigación y se debe especificar las diversas HIPÓTESIS sobre la forma,

circunstancias, autores, móvil, armas, etc. que se deben tener en cuenta en

el transcurso de la investigación y orientadas al esclarecimiento del hecho

delictuoso”.

5.4 Manual de Documentación Policial. Dentro de la formación académica de

Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional, no se observa a la fecha el interés

por oficializar un Manual de Documentación Policial adecuado al nuevo sistema

penal acusatorio, por el contrario el año 2016 y mediante R.D. N° 776-2016-

DIRGEN/EMG-PNP - Lima, 27JUL201635 se aprobó el Nuevo Manual de

Documentación Policial de la Policía Nacional del Perú, que no ha sido elaborado

con celo profesional ni acorde a las pautas establecidas en el nuevo Código

Procesal Penal, convirtiéndose a mi entender en un instrumento que lejos de

propiciar una mejor comprensión del importante rol de la Policía Nacional en la

investigación del Delito, constituye un instrumento de gestión que solo aporta

confusión y deficiencias en los procedimientos. Señalaré algunas: Tenemos que

en el Capítulo X.- Informe Policial, se le define como el “instrumento oficial de

denuncia ante la autoridad judicial competente”, un concepto básico

totalmente equivocado y contrario a la normatividad vigente.36

Por otro lado, también en el Capítulo X.- Informe Policial. B.2. Cuerpo del Informe

Policial, se consigna como potestad de la Policía y que debe dejar constancia en

el Informe Policial: “d. Situación de los Implicados: Condición legal en que

los implicados resultan al final de la investigación”. La Policía no puede

establecer la condición legal de los implicados, ni siquiera en estado de

Flagrancia, porque esa es una potestad del Fiscal37. Otra observación entre

muchas otras, es que en su página 98, el Manual de Documentación Policial se

refiere al “PARTE” y no al “ACTA”, como el documento que formula el personal

policial para dar cuenta (…), sobre hechos, actividades, situaciones, diligencias,

relacionadas con el servicio policial. Este documento puede generar confusión en

el personal policial, toda vez que el Código Procesal Penal ha señalado que todo

hecho policial que se encuentre relacionado con la Función de Investigación de

la Policía comenzando desde la Denuncia, debe quedar documentado en ACTA

y no en PARTE.

35

Manual de Documentación Policial de la Policía Nacional del Perú. https://es.scribd.com/document/320544117/2016-Documentacion-Policial-PNP 36

NCPP. Art. 332.1 “La Policía en todos los casos que intervenga elevará al Fiscal un Informe Policial” 37

NCPP. Art. 263°.2. De conformidad al citado Artículo, es una atribución del Fiscal en caso de detención policial en flagrante delito o en los casos de arresto ciudadano, disponer constatado la identidad del detenido, disponer lo que corresponda.

https://es.scribd.com/document/320544117/2016-Documentacion-Policial-PNP



2017

35

VI. Control Jurídico de los actos de investigación de la Policía. Respecto al

control jurídico de los actos de investigación de la Policía, el Magistrado César

San Martín Castro, dice que es la función más compleja pero más significativa

del Ministerio Público, dado que le permitirá definir el rumbo de la persecución

penal, dificultad que se engarza en el hecho que nuestro sistema institucional

considera a la Policía, en su misión de Policía Judicial, como orgánicamente

adscrita al Ministerio del Interior, pero funcionalmente sometida a las directivas

fiscales. Se trata de una función limitada a la dirección y a la vigilancia de las

investigaciones. El Fiscal ejerce ante ello, una doble función: de control y de

impulso de la Policía Judicial, y como tal, debe estar en condiciones de

superponerse a la organización burocrática policial, y de ser el efectivo director

de la policía judicial, evitando que los actos de investigación sigan caminos que

no sean el del objetivo esclarecimiento de los hechos y que éstos no lesionen

derechos fundamentales. La coordinación interinstitucional, es una garantía del

éxito de ésta función, en términos de eficacia y de reconstrucción del sistema de

investigación.38

El Art. IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal referido al Titular de la

Acción Penal, señala en su inciso 2, que el Fiscal “conduce y controla

jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional”. Por su

Parte tanto la Ley de la Policía Nacional promulgada mediante Decreto

Legislativo N° 126739 como su Reglamento promulgado mediante Decreto

Supremo N° 026-2017-IN40, señalan que las funciones de investigación policial

se realizan de oficio o bajo la conducción jurídica del Fiscal, en concordancia con

el Código Procesal Penal y leyes de la materia; sin embargo no es cierto que la

función de investigación de la Policía cuando se realiza de oficio no se encuentre

bajo la conducción jurídica del Fiscal. Podemos colegir por tanto que lo que

realmente sucede, es que la Policía no ha internalizado todavía que la

investigación tradicional del delito y en la forma que la ha venido desarrollando,

ha sido modificada sustancialmente y superada en fondo y en forma por el nuevo

modelo procesal penal. Considero que estas normas internas de las Policía

Nacional deben ser modificadas.

La ley ha establecido que la Policía en función de investigación, debe conducir su

intervención de acuerdo a las estrategias y disposiciones planteadas por el

Ministerio Público y sobre todo bajo su control jurídico; y esto es así, porque de

acuerdo a lo estipulado en el artículo IV del Título Preliminar del Código es al

38

SAN MARTÍN CASTRO, César, Artículo “El Perfil del Fiscal en el Sistema de Justicia Penal Peruano", Lima - Junio– Perú (2007). 39

Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 18 de Diciembre del 2016. 40

Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de octubre de 2017



2017

36

Fiscal a quien le corresponde la conducción y control jurídico de la investigación

del delito, desde su inicio. El Control jurídico sobre los actos de investigación que

realiza la Policía no se percibe de la manera en que debería presentarse; el

Fiscal por ningún motivo debe abandonar o dejar de lado esta responsabilidad.

Es una tarea muy compleja lograr el cambio y consolidar el “Binomio Policía –

Fiscal”, pero resulta muy necesaria en las actuales circunstancias; más aún si se

tiene en cuenta que el principal factor desestabilizador de una sociedad, en lo

que se refiere a la criminalidad, no radica en los denominados delitos “menores”,

sino en aquellos derivados del crimen organizado: Tráfico Ilícito de Drogas,

Lavado de Activos, Terrorismo, Trata de Personas, Homicidios, Tenencia Ilegal

de Armas, Secuestros, Extorsiones, Asalto y Robo en banda, delitos vinculados a

la corrupción, entre otros. Combatir la estructura de las organizaciones

criminales, convertidas muchas de ellas en trasnacionales del crimen, requiere

de una gran capacidad por parte de quienes tienen la responsabilidad de

comprobar la existencia del delito, identificar a los imputados y sobre todo

obtener los elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el

enjuiciamiento de los responsables, pero sobre todo actuar dentro de los

márgenes permitido por la ley y esa es precisamente la tarea del Fiscal..

Controlar la legalidad de las actuaciones policiales, no es considerar al Fiscal

como un observador de las diligencias, sino como el actor principal de las

mismas. El objetivo es que en la eventualidad que haya juicio, las diligencias o

actos de investigación efectuados por personal policial no sean declarados

ineficaces por lesionar derechos fundamentales. Para ello, cuando el Fiscal,

encargue a un efectivo de la Policía Nacional la realización de determinada

diligencia debe indicarle en cumplimiento de su control jurídico, la forma de

proceder y sobre todo, debe indicarle la finalidad que se busca con la realización

de la diligencia.

Los Informes Policiales son las mejores muestras que ponen en evidencia si el

Fiscal ejercitó el correspondiente Control Jurídico del Fiscal en los actos de

investigación de la Policía. La revisión de algunos Informes Policiales elaborados

en el Distrito Judicial La Libertad, dejan en evidencia que en algunos casos

resulta poco probable que un Fiscal hubiera estado conduciendo y controlando

jurídicamente la función de investigación de la Policía; no obstante en todos

estos Informes Policiales, se deja constancia que el Fiscal fue informado

oportunamente del inicio de la investigación. Como explicar que en una

investigación de un hecho importante, me refiero a un caso de denuncia por

Delito contra la Libertad Sexual en su forma de Violación Sexual (así calificado

por la Policía Nacional) en agravio de una menor de 06 años y luego de 25 días



2017

37

de investigación, tiempo que se infiere entre la fecha de la denuncia y la fecha

del Informe Policial, se concluya que de acuerdo al Certificado Médico Legal

efectivamente la menor presenta lesión vaginal calificada como “desfloración

reciente” y que el presunto autor y responsable de este ilícito penal es nada

menos que un perro, a quien incluso se identifica por su nombre. No sé si

materialmente sea posible que un perro pueda ser capaz de producir lesiones en

una menor a tal punto de ocasionarle rotura del himen, pero lo que no es posible

pensar es que el Código Penal pueda considerar agente de un delito a un ser

irracional como es el caso de un animal, lo cierto es que el Informe Policial en

comento, no refleja mayor interés de los encargados de la investigación por

efectuar otro tipo de comprobaciones o diligencias de investigación respecto a la

identificación del autor del delito, ni tampoco algún tipo de coordinación hecha

con el Fiscal del caso, durante el tiempo de investigación empleado41.

VII. Actuación de la Policía como Primer Respondiente y su relación con el

Fiscal. En la investigación del delito acorde a las normas establecidas en el

Nuevo Código Procesal Penal, es indudable notar la importancia del rol que en

función de investigación, cumple la Policía Nacional del Perú como primer

respondiente en el lugar de los hechos42; sin embargo ello no ha sido destacado

convenientemente para fines de su capacitación y adecuación a sus nuevos

roles, quizás porque se piensa que cuando se habla de investigación del delito

nos estamos refiriendo solo a la intervención de una Policía Especializada que ya

se encuentra debidamente preparada y capacitada – como sucede en la mayoría

de países latinoamericanos -, pero ese no es el caso de la Policía Nacional del

Perú en su conjunto, dentro de la cual la especialización de Investigación

Criminal no es aún una realidad a pesar de que aparentemente si lo es en su

estructura orgánica y malla curricular por especializaciones en sus escuelas de

formación; es así, que en la práctica, la Policía que interviene como Primer

Respondiente frente a un suceso con relevancia penal y los que realizan las

funciones de investigación señaladas en la Ley procesal penal, son los Policías

de Comisaría o los de Patrullaje, que al ser informados sobre un suceso de

naturaleza penal se convierten en los primeros en llegar al lugar donde se

produjeron los hechos sin importar la función, cargo o especialidad que tienen

dentro de la organización policial a la que pertenecen convirtiéndose de esta

manera en el primer respondiente ante hechos que podrían dar lugar a una

41

Informe Policial N° 226-2016-REGPOL-LL-T/CPNP-FCIA DE MORA-SEINCRI 42

NCPP. Art. 67° La Policía Nacional en cumplimiento de sus funciones debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al Fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal.



2017

38

investigación de tipo penal y por tanto sus conocimientos y su nivel de

adaptación a los fines del nuevo proceso penal, serán fundamentales para que

su intervención en esos casos y las funciones de investigación que realicen, sea

de un nivel óptimo y deseado a las circunstancias.

Observamos que en muchos casos de Informes Policiales dirigidos al Ministerio

Público, dando cuenta del cumplimiento de la función de investigación policial

frente a las denuncias por presuntos delitos derivadas de la recepción de

denuncias o por constatación directa que son elaborados por las Comisarías,

adjuntan Actas de constatación o de recepción de la denuncia en donde no se

deja constancia de haber informado de la intervención de manera inmediata al

representante del Ministerio Público, por tanto no se acredita haberse dado

cumplimiento a la obligación protocolar establecida en el Art. 67° del NCPP.

En muchos Informes Policiales se nota con total claridad rezagos de

procedimientos del sistema inquisitivo, formas de actuar que no traslucen un

cambio de mentalidad acorde al sistema acusatorio, vulneración de derechos del

imputado como son afectación al derecho de defensa, a la presunción de

inocencia y en general al debido proceso, sin observarse ni dejarse notar la

actuación Fiscal en su rol de director y conductor de la investigación, menos aún

en su función de control jurídico de la función de investigación de la Policía.

Además se puede constatar en los Informes Policiales, que la Policía sigue

calificando jurídicamente los hechos que son materia de investigación, imputa

responsabilidades penales o exime de responsabilidad asumiendo que sus actos

de investigación son actos de prueba, considera que el imputado que guarda

silencio acredita con tal decisión su responsabilidad penal, no guarda reserva

sobre identidad de menores agraviados o infractores, etc., por lo que es

necesario un mayor control jurídico del Fiscal en sus actos de investigación, no

hacerlo continuará generando como efectos inmediatos, una frecuente y

deslegitimada intervención policial con vulneración del contenido esencial de los

derechos fundamentales de la persona puesta de manifiesto mediante Actas,

Declaraciones, Análisis y apreciaciones contenidas en el Informe Policial, así

como una irregular valoración y calificación jurídica de los hechos, que no le

corresponde efectuar a la Policía Nacional, menos aún establecer o imputar

responsabilidades penales en los presuntos autores y partícipes, como

observamos en algunos casos que viene sucediendo; no es coherente ni

consecuente con el Debido Proceso, con el Derecho a la Presunción de

Inocencia, Derecho a la Libertad, Derecho a la Legítima Defensa, ni con el

cambio de mentalidad que ya debiera estar arraigado en los integrantes de la



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Policía Nacional como operadores del nuevo sistema procesal penal, para evitar

que esto siga sucediendo.

VIII. Conclusiones

A. No se encuentra debidamente consolidado el “Binomio Policía – Fiscal”, en

perjuicio de los resultados de la investigación del delito. Dos de los principales

factores para su falta de consolidación es la deficiente preparación y escasa

implementación de la Policía Nacional del Perú, lo cual la limita en la

comprensión de los fines del nuevo proceso penal, en sus procedimientos,

adaptación y en la relación funcional que debe tener con el Fiscal; y, por otro

lado el marco jurídico existente en la Policía Nacional del Perú que excluye al

Fiscal como director y conductor de la Investigación del delito desde su inicio

cuando interviene de oficio, considerando únicamente su intervención en

aquellos casos en donde la investigación se hace bajo la conducción jurídica del

Fiscal. Diferenciación que no existe, mucho menos se encuentra arreglada a

derecho.

B. La consolidación del “Binomio Policía – Fiscal” requiere de la cooperación

mutua en la Investigación Criminal y como punto de partida común, la aceptación

y el acatamiento a la definición de los roles de los distintos operadores del nuevo

sistema penal acusatorio para la Investigación Criminal, señalados con precisión

en el Código Procesal Penal tanto para el Ministerio Público como para la Policía,

asi como el cumplimiento eficaz del rol de cada uno de ellos. Al no haberse

operado el cambio de mentalidad requerido en la Policía Nacional hacia los

nuevos retos y desafíos del modelo acusatorio, la resistencia a la adecuación

necesaria es mucho mayor y persiste hasta la fecha.

C. Paralelamente, no habrá cooperación o esta fracasará si los operadores –

para el caso particular Policías, no consolidan el cambio de mentalidad

necesario, no son conscientes y no ponen en práctica la esperanza concreta que

la sociedad deposita en cada uno de ellos mediante sus expectativas y confianza

en su rol predeterminado por ley y no otro. Tampoco se logrará afianzar el

“Binomio Policía – Fiscal” si se pretende desconocer o rechazar el rol del otro

operador con quien la Policía comparte responsabilidades, conduciendo el

sistema hacia un conflicto de naturaleza crítica, pues todo sistema en el cual

interactúan diversos operadores requiere una efectiva división de tareas que

permita un funcionamiento eficaz y eficiente.



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D. Un factor fundamental para lograr una adecuada cooperación entre estas

instancias, que a pesar de ser diferentes trabajan en función a un mismo

objetivo, es sin lugar a dudas la capacitación, que en el caso de la Policía

Nacional no ha sido hasta la fecha bien implementada ni desarrollada; pero

igualmente lo es la intervención mucho más decidida del Fiscal como conductor

jurídico de la función de investigación de la Policía, superando problemas y

carencias que actualmente lo pueda estar limitando en este su importante e

imprescindible rol.

E. El Nuevo Código Procesal Penal, implica un cambio de mentalidad en el

Policía en su función de investigar el delito, respondiendo a las nuevas

necesidades del sistema penal acusatorio dentro del cual lo que adquiere mayor

relevancia es obtener medios probatorios pero bajo la observancia de

procedimientos constitucionalmente legítimos, lo que no es posible si no se

cuenta con policías capacitados que internalicen y comprendan la razón de ser

del nuevo modelo y desarrollen las competencias necesarias para actuar con

pertinencia y eficacia, teniendo en consideración que el éxito de una Acusación

Fiscal, depende directamente de la prueba aportada al proceso de investigación.

Por lo tanto ahora, más que nunca, es un reto para la PNP realizar su mayor

esfuerzo para responder al fenómeno criminal como lo exige el nuevo sistema

penal acusatorio.

IX. Recomendaciones

A. El problema de la falta de consolidación del “Binomio Policía – Fiscal” tiene

mucho que ver con la formación, capacitación y especialización de los

integrantes de la Policía Nacional del Perú, por lo que es recomendable

implementar y llevar a la práctica un Plan de Capacitación Integral sobre

adecuación al nuevo sistema penal acusatorio en la Policía Nacional a nivel

nacional, en sus niveles básico, intermedio y avanzado con clases virtuales y

presenciales. Igualmente, se debe evaluar y modificar la malla curricular de las

escuelas de formación de la Policía Nacional respecto a temas vinculados a la

investigación del delito, adecuándolas a la ley vigente y a los fines del sistema

penal acusatorio

B. El marco jurídico en que se desarrollan las relaciones Policía – Fiscal respecto

a la investigación del delito y fines del proceso penal, deben concordarse con el

marco legal establecido en la Constitución Política del Perú, Código Procesal

Penal y demás normas vigentes vinculadas, por tanto el Poder Ejecutivo o



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Legislativo, deben modifica la legislación interna de la Policía Nacional que

actualmente se contrapone a estos fines.

C. Por otro lado, para optimizar las relaciones del “Binomio Policía – Fiscal”, es

necesario que se realice una urgente Reingeniería Policial, que compatibilice con

el Despacho Fiscal y las nuevas exigencias del sistema penal acusatorio; en la

actualidad, las unidades policiales incluso las especializadas siguen trabajando

casi igual a como lo hacían antes; ni que decir de la adecuación de los locales

policiales; tampoco se ha avanzado en el diseño del nuevo modelo de la

Investigación Criminal y se sigue utilizando la metodología anterior en desmedro

de los fines del proceso penal.

D. En el mismo aspecto de Reingeniería, se requiere una urgente reingeniería,

respecto a procedimientos, protocolos de intervención, documentos, manuales,

metodología de investigación, logística, infraestructura y todo lo que sea

necesario para que pueda cumplir el importante rol que le ha sido asignado por la

norma procesal penal; todo lo cual debe ser objeto de capacitación a efecto de

que no constituyan simples herramientas que todos tengan pero que nadie sepa

como usar.

E. La documentación policial que se viene utilizando obedece a diferentes

criterios, no es uniforme, existen Informes Policiales, Actas y otros documentos

con formatos y usos diferentes. En esta Reingeniería Policial, es recomendable

que las Unidades Policiales de Investigación Criminal, Drogas, Contra el

Terrorismo y Criminalística, entre otras vinculadas al Crimen Organizado,

debieran ser las primeras en efectuar un nuevo diseño de trabajo acorde a las

necesidades y exigencias del nuevo sistema procesal penal, de tal manera que

puedan atender con mayor eficacia los requerimientos del Ministerio Público y

sobre todo trabajar en equipo con los Fiscales. Es necesario lograr un equipo de

funcionarios policiales que no solo sean capaces de abandonar las antiguas

formas de investigar, sino también y sobre todo, las antiguas formas de proceder.

Un equipo de policías que sepan con exactitud cuáles son las facultades que le

permite realizar diligencias de investigación con conocimiento del Fiscal; cuales

son aquellas otras en las cuales no puede realizar sin que medie autorización del

Fiscal, quien posteriormente debe someter esa actuación a control por parte del

Juez de Investigación Preparatoria; y, finalmente, cuales son aquellas

actuaciones que requieren expresa autorización del Juez de Investigación

Preparatoria.



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F. Se deben superar las limitaciones del Ministerio Público, a efecto de que el

Fiscal por ningún motivo renuncie a su función especialísima de conducir y

controlar jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional

en cualquier circunstancia de su intervención.

G. Al igual que en el Poder Judicial y Ministerio Público, la Policía Nacional del

Perú también debiera tener su Secretaría Técnica de Implementación del Código

Procesal Penal encargada de planificar, conducir, evaluar, monitorear y apoyar

técnicamente el proceso de implementación del Código Procesal Penal en la

Policía Nacional, asi como coordinar y articular con la Secretaria Técnica de la

Comisión Especial de Implementación del Ministerio de Justicia, la adopción de

medidas, acciones específicas o propuestas de mejora tendientes a la adecuada

implementación y consolidación de la reforma procesal penal.

H. Considerando que en la Policía Nacional del Perú, la investigación criminal,

dejó de ser lamentablemente una especialidad en la Policía Nacional, los

Oficiales y Suboficiales, que egresan con la especialidad de investigación

criminal y/o aquellos que reciben cursos de capacitación deben ser asignados

necesariamente a las Unidades Policiales donde se investiga delitos. Los pocos

cuadros de Oficiales y Suboficiales que realmente tienen la especialidad y

experiencia en la investigación de delitos por ser procedentes de la PIP, cada

año se reducen significativamente por pasar al retiro por tiempo de servicios

cumplidos.

I. Considerando que para llegar al nuevo modelo de la Investigación Criminal

sin interferencias y de esa manera coadyuvar a la consolidación del “Binomio

Policía – Fiscal”, se requiere de una policía que cumpla funciones de

investigación de manera técnico – científica y menos militarizada como lo es

actualmente, con un comando horizontal en sus Unidades dedicadas a la

investigación del delito donde cada quien responda de sus funciones y

responsabilidades, de tal manera que no vea al Fiscal como un usurpador del

mando, sino como un líder con quien debe trabajar en equipo con lealtad y apoyo

total, es recomendable establecer nuevos niveles organizativos en la Policía

Nacional, desmilitarizando totalmente el trabajo de sus integrantes en las

Unidades Especializadas de Investigación Criminal, paralelamente no ser rotados

ni empleados en actividades diferentes cualquiera que sea el motivo o causa que

lo justifique.

J. El nuevo modelo de la Investigación Criminal asi como el trabajo del

“Binomio Policía – Fiscal” por parte de todo el personal de la Policía Nacional del



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Perú que por razones de función se vinculen en la investigación del delito tiene

que desarrollarse además, en función a principios que consoliden el trabajo en

equipo entre Fiscales y Policías, particularmente el de la Confianza, de tal

manera que desarrollen sus funciones basados en el principio de legalidad y

buena fé; Lealtad, que de manera recíproca se deben brindar Policías y Fiscales

durante el desarrollo de las investigaciones; Respeto, consideración recíproca,

valoración del trabajo de uno y otro, así como en la coordinación permanente;

Trabajo en Equipo, característica importante basada en la unión de esfuerzos,

coordinación y planificación como formas que conducen a la eficiencia y eficacia

de la investigación, estableciendo una relación funcional más directa y

personalizada, pero estrictamente profesional, obviando las formalidades

innecesarias a través de la elaboración conjunta de la estrategia de investigación

en mesas de trabajo, conformación de grupos operativos, reuniones periódicas

de coordinación, entre otros; todo ello dentro de la debida reserva y

confidencialidad; por ultimo desarrollando una Investigación Eficiente, lo que

quiere decir aplicando conocimientos, metodologías, estrategias, habilidades y

destrezas investigativas, dentro de un marco de pleno respeto a los derechos y

garantías de las personas, con la finalidad de obtener los medios probatorios

pertinentes, conducentes y útiles a los fines del proceso penal.

K. Finalmente es necesario que a portas de la implementación del NCPP en

Lima, la Policía Nacional del Perú, de cumplimiento al Art. 333° del NCPP que

dispone que “Sin perjuicio de la organización policial establecida por la Ley43 y de

lo dispuesto en el Artículo 69°44, la Policía Nacional instituirá un órgano

especializado encargado de coordinar las funciones de investigación de dicha

institución con el Ministerio Público, de establecer los mecanismos de

coordinación con los órganos de gobierno del Ministerio Público y con las

Fiscalías, de centralizar la información sobre criminalidad violenta y organizada,

de aportar su experiencia en la elaboración de los programas y acciones para la

adecuada persecución del delito, y de desarrollar programas de protección y

seguridad.

Enrique Hugo Muller Solón

Coronel PNP ®

Abogado

[email protected] 43

Decreto Legislativo N° 1267 – Ley de la Policía Nacional del Perú y su Reglamento DS. N° 026-2017-IN. 44

NCPP- Art. 69°. Sin perjuicio de las directivas específicas que el Fiscal correspondiente imparta en cada caso a la Policía, el Fiscal de la Nación regulará mediante Instrucciones Generales los requisitos legales y las formalidades de las actuaciones de investigación, asi como los mecanismos de coordinación que deberán realizar los Fiscales para el adecuado cumplimiento de las funciones previstas en este Código.


Consolidación de la Reforma Procesal Penal en la Relación ... · 7 Art. 67° del CPP. Función de...

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