Como Funcionan las leyes de acceso a la información pública en América Latina

7/30/2019 Como Funcionan las leyes de acceso a la informacin pblica en Amrica Latina

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Cmo funcionan las leyesde Acceso a la Informacin

en Amrica Latina?

Una visin periodstica de

Mxico, Brasil, Colombia y El Salvador


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Cmo funcionan las leyes de Acceso a la Informacin en Amrica Latina?Una visin periodstica de Mxico, Brasil, Colombia y El Salvador

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l acceso a la informacin es uno de losmayores retos a los que le estn apos-tando los gobiernos latinoamericanos,animados por la alianza mundial Open

Governmet Partnership OGP. Sus es-trategias se han enfocado en la creacin de leyes quepropendan por unas acciones estatales para que losciudadanos accedan a la informacin pblica yorientar al Estado en un cambio cultural lejos de laopacidad y ms dispuestos a la proactividad infor-mativa. En la regin, se identifican ejemplos de ac-ciones jurdicas frente a este propsito, aunquealgunas de ellas desdibujan el inters de proteger elderecho fundamental.

El Salvador, en 2012 inici la implementacin de una

ley de acceso a la informacin y a comienzos de esteao ya estaba haciendo modificaciones a esta nor-mativa con un discurso de darle mayores dientes alente rector y, por el contrario, incluyeron unasexcepciones que promueven el secreto y la opacidad,segn registra el diario nacional La Prensa Grfica1.

Mxico, cuenta con una Nacin con normativaantigua y slida. Adems, tiene un ente rector(Instituto Federal de Acceso a la Informacin yProteccin de Datos IFAI2) que vela por garantizar

que las solicitudes de informacin de los ciudadanossean resueltas por los funcionarios pblicos y en casode no cumplir, llevar los procesos administrativos yjudiciales correspondientes para que asuman su

1http://www.laprensagrafica.com/Diputados-reforman-Ley-de-

Acceso-a-la-Informacion-Publica

2 www.ifai.org.mx/

responsabilidad de otorgar la informacin requerida.Internamente se evala positivamente la efectividadde entidades Federales, pero en los estados no esaplicable y real el cumplimiento de esta norma debi-

do a la desarticulacin de los representantes del IFAI.

Chile, otro de los abuelos en normativa sobre accesoa la informacin, es la ms cercana a la ley modelode la Relatora Especial para la Libertad de Expresinde la Comisin Interamericana de DerechosHumanos RELE. De manera particular este pascuenta con un instrumento importante de medicinde la efectividad de este derecho: Barmetro deAcceso a la Informacin de Chile, que entre susltimos resultados revela que las expectativas frentea la ley de acceso ha bajado ao tras ao.

Brasil cumplir en mayo un ao de aprobacin de laley referida a este derecho y el balance en los me-dios es que su implementacin tiene dificultades alsolicitar informacin especialmente en instanciasfederales y locales. Por el contrario, en la capital, lasdemandas son contestadas dentro del plazo y lasolicitud puede hacerse va internet, explica CristinaTardaguila, periodista de OGlobo.

En medio de estos escenarios, cuatro periodistas de

diferentes pases de Latinoamrica hicieron sulectura sobre el estado de garanta del derecho alacceso a la informacin. Mientras Mxico va endecada de su poca de Oro de la implementacinde la Ley de acceso a la informacin, Brasil realizaajustes al interior del Estado durante su primer aode aprobacin de esta Ley. Por su parte, Colombiasigue a la espera de la decisin de la Corte Constitu-cional frente a la exequibilidad del proyecto de ley

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http://www.laprensagrafica.com/Diputados-reforman-Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publicahttp://www.laprensagrafica.com/Diputados-reforman-Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publicahttp://www.ifai.org.mx/http://www.ifai.org.mx/http://www.laprensagrafica.com/Diputados-reforman-Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publicahttp://www.laprensagrafica.com/Diputados-reforman-Ley-de-Acceso-a-la-Informacion-Publica


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referido a este derecho fundamental y El Salvadorest en la lucha para que los ciudadanos conozcanuna normativa que garantiza su derecho a informar-se sobre lo pblico y a que no se den nuevos ajustesa la ley contrariando el espritu garantista.

http://www.soitv.com

Mxico. Nubarrn sobre la

transparencia

A pesar de que Mxico es el segundo pas latinoamericano

mejor calificado en derecho a la informacin, pasa por un

episodio decisivo que podra marcar su consolidacin o

retroceso. Para algunos, la poca de Oro en materia detransparencia ha terminado, mientras que los estados del

pas an estn lejos de librarse de la cultura de la

opacidad. Se carece de un sistema integral de rendicin de

cuentas.

Francisco Cuamea @Cuamea

Las bandas de msica escupan notas en el panten.La tambora, el clarinete, el trombn y la tuba rendantributo a los difuntos que ese Da de Muertos eranfestejados por sus deudos.

Era 2 de noviembre de 2009 y el reportero VctorHugo Michel cubra en un panten de Tijuana, ciudadfronteriza con Estados Unidos, la crnica delonomstico tradicional mexicano.

En un pramo solitario, ajeno al jbilo musical, elperiodista del Grupo Milenio3 encontr a una mujer.

3 Grupo Milenio: http://www.milenio.com/

Estaba sobre un montculo en el que, adems detierra, haba algunas cruces que no decan la verdadsobre lo que estaba debajo de ellas. Era una fosacomn y la mujer buscaba a su hermano. l habamuerto por adiccin a las drogas y estaba ahenterrado en alguna parte de la fosa comn,

recuerda Michel.

Entonces le surgi la idea que tres aos despus setradujo en 420 solicitudes de informacin, una seriede impugnaciones y el reportajeA la fosa comn, 24mil muertos en este sexeniocon el que logr el ter-cer lugar en el Premio de Periodismo de Investiga-cin y Acceso a la Informacin que otorga la organi-zacin civil Mxico Infrmate para alentar el uso delas herramientas del derecho a la informacin.

El periodista desarrollo una pregunta clave dirigida alas 32 entidades mexicanas y algunos municipios:cuntas personas se han ido a la fosa comn?

Fue un proceso de casi dos meses. Con ayuda de suasistente Gabriel Orozco iniciaron a solicitar informa-cin a travs de Infomex4, el sistema electrnico pararecepcin y atencin de peticiones de informacinpblica, as como para impugnar respuestas nosatisfactorias, entre otras cosas.

Las solicitudes tenan que ser estado por estado,pues cada uno de ellos cuenta con su Ley de Acceso ala Informacin Pblica. Adems, en Mxico existe laLey Federal de Transparencia y Acceso a la Informa-cin Pblica Gubernamental cuyos sujetos obligadosson prcticamente las dependencias del PoderEjecutivo Federal.

Despus de recibir respuesta e impugnar o pelearcon funcionarios por otros requerimientos negados,Michel pudo contar con el 90 por ciento de lainformacin. La proces en excel y la analiz.

Entre los hallazgos que encontr y que public en sureportaje el 28 de octubre de 2012 en el diarioMilenio, cinco das previos al Da de Muertos, estnque, en el pas, al menos hay 24 mil 102 personas

4 Infomex: https://www.infomex.org.mx/
http://www.milenio.com/http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9fhttp://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9fhttp://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9fhttp://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9fhttps://www.infomex.org.mx/https://www.infomex.org.mx/http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9fhttp://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9fhttp://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/4d2c02305699338aca6aeaed0fc98b9fhttp://www.milenio.com/


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enterradas en fosas comunes, cifra equivalente a lamitad de un estadio de futbol o una ciudad demediano tamao.

Ese es el nmero aproximado de cuerpos que sehan ido a la fosa comn al cierre del actual sexenio(de Felipe Caldern Hinojosa 2006-2012). Y es unclculo altamente conservador. No incluye registroscompletos de los estados ms violentos de Mxicocomo Guerrero, Michoacn, Sinaloa y Tamaulipas,consigna.

A lo largo del sexenio que ya termina, miles decuerpos han sido enterrados en el anonimato. Variosms se les suman todas las semanas: son migrantes,indigentes, personas sin familia, vctimas de homi-cidio y criminales -adems de osamentas y restos

corporales sin dueo aparente-, que se hallanenterrados y en muchas ocasiones apilados encementerios por todo el pas, desde la frontera conEstados Unidos hasta la pennsula de Yucatn. Soncadveres sin identidad catalogados en los registrosoficiales nicamente como NN. Ningn Nombre.

Durante su investigacin y proceso de solicitudes deinformacin, el periodista tambin enfrent lapesada cultura de la opacidad que an predomina enlos funcionarios pblicos, especialmente de los

estados del pas, donde el poder gubernamentaltiene influencia marcada sobre los rganos garantesdel Derecho a la Informacin.

As le pas en Sinaloa, estado en el Noroestemexicano, colindante con el Ocano Pacfico yconocido por ser la cuna de los principales capos dela mafia, como Joaqun El Chapo Guzmn Loera.

La Comisin Estatal para el Acceso a la InformacinPblica del Estado de Sinaloa perdi cerca de 4 milcuentas de usuarios, segn ha explicado, por unafalla de servidor. Las cuentas incluan documentosque haban sido respuestas a solicitudes, como en elcaso de Michel. Tras gestionar una solucin, alperiodista no le dieron una atencin efectiva y tuvoque repetir el proceso de peticin.

Adems de Sinaloa, el reportero recibi negativas deinformacin injustificadas en el Estado de Mxico, de

donde fue Gobernador el actual Presidente EnriquePea Nieto. Tambin hubo insuficiencia en lasrespuesta en Guerrero, Tamaulipas, Michoacn,Colima, Campeche y Veracruz, por ejemplo.

Veracruz (argument que) no me podan dar lainformacin sobre cuntos cuerpos haba recibido suservicio mdico forense y cuntos se haban ido afosas comunes porque, primero (le dijeron), se corrael riesgo de generar la desaparicin del Gobierno deVeracruz, y el ms llamativo de todos, decan que sidaban la informacin se violaba la privacidad de loscadveres. Yo lo que deca es que los cadveres notienen nombre, por eso fueron enviados a la fosacomn, relata Michel.

Insatisfecho, recurri al rgano garante con un recur-

so de impugnacin, el cual fue resuelto a su favor.Pero luego declararon la informacin inexistente ysigue el proceso de impugnacin desde agosto.

El periodista por su parte solicit la misma informa-cin a las ciudades de Veracruz, las cuales s dieron eldato y as pudo calcular el cmputo de que es Vera-cruz el estado con ms cuerpos en la fosa comn.

Michel an da seguimiento al caso de las fosas comu-nes, a travs de nuevas solicitudes e impugnacin de

negativas. Su objetivo es crear un mapa georreferen-cial a travs de la tecnologa de google maps que seade utilidad para aquellas personas que se encuentranen el rastreo de algn familiar perdido.

El caso de Michel ilustra la situacin de la transpa-rencia y acceso a la informacin en Mxico, donde seviven dos realidades: una ms institucionalizada, quees la que se rige por la ley federal y, la otra, mscaverncola, la cual corresponde a lo que se vive enel interior del pas.

Sin embargo, en lugar de avanzar, es el rgimenfederal el que hoy est en riesgo de retroceder.

En decada la poca de OroLa primera dcada de la experiencia mexicana enacceso a la informacin a nivel federal signific paraalgunos la poca de Oro, la cual parece haber llegadoa su fin.


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El 21 de enero, Gerardo Laveaga rindi protestacomo nuevo presidente del Instituto Federal deAcceso a la Informacin y Proteccin de Datos IFAI5, y ah mismo, el comisionado ngel TrinidadZaldvar, tambin aspirante a la presidencia delInstituto, lanz una serie de acusaciones al nuevo

comisionado presidente, quien lleg al IFAI recomen-dado por el ex mandatario Felipe Caldern, pese alrechazo de organizaciones civiles especializadas entransparencia.

Zaldvar lo acus de indolente y perezoso, dedormirse en el Senado cuando se debatan lasmodificaciones constitucionales para el IFAI, ascomo de que obtuvo el nuevo cargo a cambio degarantizar impunidad. Laveaga no respondi.

"No pude votar por alguien que hace apenas un parde semanas nos dijo que dado que l formaba partede un cuerpo colegiado de cinco, entonces l querasu '20 por ciento de nombramientos, su 20 por cien-to de viajes, su 20 por ciento de viticos', etctera.Tristemente esto repiti el viernes durante lavotacin. El IFAI no es un botn que pueda repartirse.Es una institucin de Estado", seal Zaldvar.

Este episodio y los subsecuentes despertarontemores mayores. El Colectivo por la Transparencia,

que aglutina a 14 organizaciones de la sociedad civil,y Mxico Infrmate, con una red de coordinacionespor todo el pas, lanzaron el 26 de febrero la campa-a Por la Independencia del IFAI, creando para ello elhashtag #IFAInosenegocia en la red social Twitter.

Y es que han advertido que los diputados mexicanosquieren usar de pretexto el escndalo de loscomisionados del IFAI para removerlos a todos ycolocar otros nuevos que podran responder a cuotaspolticas.

En este periodo legislativo, exponen lasorganizaciones de la sociedad civil, la Cmara deDiputados tiene la oportunidad de aprobar estareforma constitucional en materia de transparenciaque si bien tiene aspectos que pudieran ser

5Instituto Federal de Acceso a la Informacin y Proteccin de

Datos IFAI: www.ifai.org.mx/

mejorados, fortalece la proteccin del derecho deacceso a la informacin y el sistema nacional detransparencia y acceso a la informacin en suconjunto.

Sin embargo, algunos diputados y diputadas de losgrupos parlamentarios del Partido RevolucionarioInstitucional (PRI) y del Partido de la RevolucinDemocrtica (PRD) han planteado la posibilidad deaadir un artculo transitorio para destituir a todoslos y las comisionados actuales, argumentando una'crisis institucional' que vive el IFAI a partir de laeleccin de Gerardo Laveaga como presidente dedicho instituto.

El panorama an no se ha aclarado, incluso, lacontroversia no ha alcanzado ni las primeras planas

de los peridicos ni los principales espacios de losmedios electrnicos.

Momentos de la transparenciaDurante una dcada Mxico ha transitado la ruta delacceso a la informacin por dos rutas paralelas.

Una es la experiencia a nivel federal con la Ley deTransparencia y Acceso a la Informacin PblicaGubernamental cuyo rgano garante es el InstitutoFederal de Acceso a la Informacin y Proteccin de

Datos, que ha llevado al pas a ser considerado en elGlobal Right of Information Rating del Centre For Lawand Democracy como el segundo pas latinoameri-cano mejor calificado, despus de El Salvador, y elnmero 6 en el Top Ten de los 93 pases que cuentancon una legislacin en la materia. Serbia es conside-rado en la primera posicin.http://www.rti-rating.org/.

La otra es la realidad que se vive en los 31 estadosdel pas y el Distrito Federal, los cuales cuentan, cada

uno, con su respectiva legislacin en materia detransparencia y su rgano garante, donde en algunosde ellos distintos ejercicios periodsticos hanconsigndo la injerencia del poder pblico en elejercicio del derecho a la informacin.

En opinin de especialistas y periodistas mexicanos,la esfera federal es la que ha resultado ms satisfac-toria en trminos generales. Sin embargo, hay
http://www.ifai.org.mx/http://www.rti-rating.org/http://www.rti-rating.org/http://www.rti-rating.org/http://www.rti-rating.org/http://www.rti-rating.org/http://www.ifai.org.mx/


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funcionarios federales que an se resisten a abrir lainformacin pblica y que se han amparado contralas resoluciones del IFAI.

La experiencia mexicana en la ruta de la transpa-rencia inici en 1977 cuando se estipul en el artculoSexto de la Constitucin la obligacin del Estado degarantizar el derecho a la informacin y en el Octavose estableci el derecho de peticin que faculta acualquier ciudadano mexicano a consultar sobre lasactividades gubernamentales.

Mxico, sin embargo, vivi ms de la mitad del Siglo20 gobernado por un partido de Estado que detentel poder federal durante 71 aos, hasta que perdi laeleccin presidencial en 2000 frente al PartidoAccin Nacional.

Durante esas siete dcadas, el Priismo fundamentsu podero, entre otras cosas, en el patrimonialismode lo pblico y la opacidad sobre el ejercicio de losrecursos de las arcas estatales. El PRI era dueo delEstado.

Tuvieron que transcurrir 25 aos para que losartculos de la Constitucin mexicana que garantizanlos derechos a la informacin y de peticin tuvieranuna ley reglamentaria que los hiciera operables.

As, en junio de 2002 se promulg la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Informacin PblicaGubernamental que establece principalmente comosujeto obligado a las dependencias del PoderEjecutivo, a la vez que crea los procedimientos depeticin e impugnacin, as como el rgano garanteque es el IFAI.

Tambin establece el principio de mxima publicidady define, entre otras cosas, qu es informacinpblica y los criterios para reservar o clasificarinformacin. De ah se vinieron en cadena laslegislaciones de los 32 estados del pas.

Ese sera el primer gran momento en la historia de latransparencia en Mxico.

El segundo paso clave es la consagracin del derechodel acceso a la informacin en la Constitucin en

2007, es decir, la ampliacin del texto del artculoSexto que lo hace ms garantista.

El fin de la poca de Oro lo marca el tercerepisodio, relacionado con el escndalo que estallcon el sealamiento de falta de independencia delnuevo comisionado presidente, Gerardo Laveaga, lapolmica entre comisionados del IFAI y el intento dediputados, segn las organizaciones de la sociedadcivil, de partidizar el Instituto.

Todo esto en medio de las reformas en materia deTransparencia, cuyos trabajos y discusin iniciaron afinales de 2012.

La polmica y la posible intentona de legisladoresfederales se han convertido al momento en una

densa nube que cubre con su sombra la consolida-cin del acceso a la informacin en Mxico y ponenervioso a ms de uno por un posible retroceso.

A finales de 2012, el Senado de la Repblica aprobun dictamen de reformas en materia de transparen-cia orientado, entre otros aspectos, a la autonomaconstitucional y presupuestaria del IFAI y haciendosujetos obligados de la ley a otras instancias queactualmente estn fuera del marco legal, comopartidos polticos y sindicatos.

"Toda la informacin en posesin de cualquierautoridad, entidad, rgano y organismo de lospoderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, rganosautnomos, partidos polticos, fideicomisos y fondospblicos, as como de cualquier persona fsica, moralo sindicato que reciba y ejerza recursos pblicos orealice actos de autoridad en el mbito, federal,estatal o municipal, es pblica y slo podr serreservada temporalmente por razones de interspblico y seguridad nacional, en los trminos quefijen las leyes". Esta es la minuta en referencia a unreclamo ciudadano de ampliar el abanico de sujetosobligados que a la fecha no son transparentes en elmanejo de recursos pblicos.

Hayde Prez Garrido, coordinadora del rea deTransparencia y Rendicin de Cuentas de laasociacin civil Fundar Centro de Anlisis eInvestigacin, explica que en este momento el


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proceso de la minuta aprobada por el Senado y quereforma el artculo Sexto constitucional est atoradoen la Cmara de Diputados. Un viraje de posturalegislativa de 180 grados.

Vincular a partidos polticos y sindicatos comosujetos obligados ha sido un tema que se haimpulsado desde hace muchos aos en el cual hahabido mucha resistencia, particularmente de estosdos actores, explica la especialista.

Otra de las reformas que plantea la minuta es que loscomisionados del Instituto Federal de Acceso a laInformacin y Proteccin de Datos ya no seannombrados por el Presidente de la Repblica enturno sino por el Senado luego de una consulta a lasociedad.

Estos y otros puntos ms daran autonoma plena alIFAI sobre la revisin del ejercicio de los recursospblicos de los poderes de Mxico, como los son lospropios legisladores, quienes han congelado laaprobacin del decreto y lo han desaparecidoprcticamente de la agenda.

Organismos de la sociedad civil han emprendido unacampaa de presin a travs de las redes socialescon la intencin de socializar el tema y empujar a los

diputados para que aprueben las reformas, tal comoestn planteadas.

Las organizaciones que suscribimos exigimos a losDiputados que no modifiquen los trminos deldictamen para permitir la continuidad de losregmenes de excepcin de los que hasta ahora hangozado los partidos polticos, los sindicatos y losfideicomisos pblicos, indican en un comunicadoMxico Infrmate y el Colectivo por la Transparenciaque aglutina a 14 organizaciones civiles.

El corazn de esta reforma est precisamente en elfortalecimiento no slo del rgano garante, sino de latotalidad del sistema de garanta del derecho deacceso a la informacin: ms sujetos obligados y msfacultades al rgano garante es un binomio insepa-rable. El derecho de acceso a la informacin de todaslas personas no puede estar sujeto a la pervivenciade acuerdos polticamente convenientes.

Documentacin del cinismo;

cuentas pendientesUn sistema integral de rendicin de cuentas, as comomejorar la gestin en los estados del pas en materiade transparencia, son los pendientes en Mxico.

Para Hayde Prez Garrido, coordinadora del rea deTransparencia y Rendicin de Cuentas de Fundar, sesigue observando un nivel de garanta y de protec-cin del derecho a la informacin muy dismil yheterogneo dependiendo del estado que se revise.Creo que s podemos decir, en trminos generalesque se ha avanzado en el Poder Ejecutivo federal; enlos estados, el Poder Legislativo y el Poder Judicialnos quedan debiendo en la materia, observa.

Incluso, la minuta de reformas en materia detransparencia, que los diputados tienen trabada,establece en un transitorio la obligacin de elaboraruna Ley General para homogeneizar el acceso a lainformacin en todo Mxico.

De aprobarse la minuta, los legisladores tendran seismeses para generar esta Ley General que dara elestndar para que los estados reformen sus leyes.

Y el otro pendiente sera un sistema integral derendicin de cuentas, pues despus de 10 aos de la

experiencia mexicana en materia de transparencia,numerosos casos de corrupcin se han hechopblicos y muy pocos han sido los funcionariospblicos que han sido castigados.

No hemos alcanzado siquiera los niveles quequeremos en materia de acceso a la informacinpero lo poco que hemos alcanzado, por ejemplo, anivel estatal, pues de alguna manera me da tristezadecirlo porque es como si fuera una documentacindel cinismo poltico, dice Prez Garrido. Antes

sabamos de la corrupcin, conocamos casos, ahoramediante las herramientas de acceso a la informa-cin conocemos a detalle ciertos casos pero vemosque no pasa nada.

Y entonces, si no tenemos cuidado y si no ponemosen marcha un sistema integral de rendicin decuentas, pues efectivamente la transparencia seconvierte en eso, documenta el cinismo poltico,


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porque seguimos viendo que el que robo no nadams sigue en el puesto, sino que despus de esepuesto viene un nuevo hueso y se cambia detrinchera, pero sigue siendo parte de la clase poltica.Evidentemente, necesitamos atender el sistema derendicin de cuentas.

http://perusiestaraenelmundial.blogspot.com

Brasil. El primer ao de la Ley

de Acceso en Brasil

A pocos meses de celebrar su primer aniversario, la Ley de

Acceso a la Informacin brasilea se ha convertido en una

de las herramientas ms poderosas a disposicin de los

periodistas que cubren el Gobierno Federal, los ministeriosy los rganos a ellos relacionados.

Cristina Tardguila @ctardaguila

Desde el da 16 de mayo, cuando la ley entr envigor, el Ejecutivo federal de Brasil mantiene eninternet un sistema online llamado e-Sic6 quepermite a los ciudadanos hacer su solicitud y acom-paar su trmite por las muchas instancias del poder.El gobierno federal tiene hasta 30 das para presen-tar una respuesta y, en la misma pgina donde sehace la solicitud, se pude recorrer a una segundainstancia en caso de que la informacin prestada nosea completa o le haya sido denegada. Adems deeste proceso, el ciudadano tambin tiene un espaciopara clasificar el servicio prestado y la calidad de la

6Sistema de informacin e-Sic:

http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/

informacin. Contestan a una breve encuesta einmediatamente se les envan esos datos a laContralora General de la Unin (CGU), entidadresponsable de hacer que la ley sea cumplida ymejorada a cada da.

Segn la CGU, en los primeros seis meses de exis-tencia, los rganos y entidades del Ejecutivo federalrecibieron un total de 47.290 demandas y, en un pla-zo medio de 10 das, contestaron a 94,4% de ellas.De las demandas que obtuvieron respuesta, solo8,4% presentaban una negativa de acceso a la infor-macin solicitada. En esos casos, el gobierno alegque se trataban de datos personales (protegidos porla ley), de documentos confidenciales o de pedidosincomprensibles por muchas razones. En el primersemestre de vida, la Ley de Acceso en mbito federal

registr una mayora de consultas hacia la Superin-tendencia de Seguros Privados, que tuvo 12,9% delas demandas. En segundo lugar, estuvo el INSS,Instituto responsable de la Seguridad Social brasile-a, con 7,45%. De tercero, vino el Banco Central, con4% de las demandas. La crtica en relacin a los datoscomputados por esta encuesta es que un anlisisatento sobre ellos revela que ms de 50% de lasdemandas haca el gobierno federal salieron de SoPaulo, Ro de Janeiro, Braslia y Minas Gerais, lasgrandes metrpolis del pas. La Ley sera, por esta

razn, todava desconocida por la gran mayora de lapoblacin brasilea.

Tambin se podra afirmar que los periodistas usanmucho ms la nueva herramienta que los brasileosque ejercen otras profesiones. No hay registros ofi-ciales que comprueben este dato todava, pero elreportero que trabaja a diario en la calle comnmen-te relata al volver a la redaccin que, al hablar de esetema con sus entrevistados o con sus fuentes, toda-va encuentra la necesidad de explicarles qu es laLey de Acceso a la Informacin y cmo funciona

exactamente. A menudo, los ciudadanos que notienen conexin con la produccin de noticia piden,incluso, que los periodistas les enseen a acceder y autilizar la herramienta prueba de que no vendramal al esfuerzo de transparencia del pas que selanzara una campaa informativa y pedaggica oficialsobre el tema.
http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/http://www.acessoainformacao.gov.br/sistema/


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Siguiendo el anlisis del primer ao de la Ley deAcceso en Brasil, se infiere que a la vez que el Eje-cutivo federal parece atender a las demandas convelocidad, el Congreso va en ritmo (muy) lento. Soloen octubre del ao pasado, o sea cinco meses des-pus de la sancin de la ley por la presidente Dilma

Rousseff, el Senado y la Cmara de los Diputadosempezaron, por ejemplo, a publicar los sueldos desus trabajadores. Y el trabajo de consulta no essimple. Para saber cunto cobra un funcionario delLegislativo brasileo, el periodista tiene que entraren la pgina de una de las dos entidades y rellenaruna larga ficha de inscripcin. Entre los datos que seles piden est el CPF (nmero fiscal) del ciudadano yla direccin de su residencia. Adems, el sistemaregistra el IP desde donde se solicita la informacin yexige que la persona declare como verdaderos los

datos del formulario.

Segn el Frum de Acceso a las InformacionesPblicas, los requisitos exigidos por el Senado y elCongreso van en contra de uno de los principios msimportantes de la Ley de Acceso, contenido en elartculo 10 de dicha ley. Solicitar una ficha de inscrip-cin tan larga, el Congreso estara, segn los crticos,constriendo a la persona que pide informacin. Eldebate alrededor de este tema sigue a diario en losperidicos y en los pasillos del poder Legislativo.

En la Justicia, la aplicacin de la ley despeg en juliode 2012, tras una sentencia del Tribunal SupremoFederal (STF en portugus) que oblig a los diversostribunales a publicar los sueldos de sus funcionariosasociados a sus nombres y puestos. Desde entonces,cada tribunal adapta a su manera esa determinacin.Las velocidades, sin embargo, varan mucho. El Tri-bunal Superior Militar, por ejemplo, en diciembre delao pasado todava contaba con una comisin paraestudiar la mejor manera de aplicar la ley. La socie-dad brasilea an espera su implementacin.

En las ltimas semanas, la Asociacin Brasilea dePeriodismo Investigativo (Abraji) lanz en su pginaweb una herramienta que tiene por objetivo recau-dar datos entre los periodistas sobre el uso de la Leyde Acceso. La conclusin de ese estudio se divulgaren mayo, cerca de la celebracin del primer aniver-sario de la Ley, afirman los responsables de Abraji.

Sin embargo, la asociacin parece ver con buenosojos los primeros meses de la nueva herramientalegal. En su sitio web, se registr, por ejemplo, queentre los das 10 y 18 de enero de este ao por lomenos 13 extensos reportajes nacieron de datosobtenidos por medio de la Ley de Acceso. En su

mayora, artculos sobre gastos de la presidencia, delas cuentas mantenidas por los diputados encampaa electoral y de la dificultad que todavaexiste en los estados brasileos para aplicar la ley. Enel estado de Mato Grosso, al suroccidente de Brasil,as como en otros 14 de los 26 del pas, todava no sehaba regularizado el funcionamiento de la ley afinales de diciembre. En Ro de Janeiro, por ejemplo,cualquier solicitud de informacin se tiene que hacerpor papel. An no existen mecanismos virtuales

La CGU, sin embargo, trabaja para minimizar ladificultad de los estados y municipios de hacer que laLey de Acceso sea efectiva. En ese sentido acaba deponer a disposicin de gobernadores y alcaldes loscdigos-fuentes del sistema e-SIC. Adems, tieneplaneado ofrecer cursos por el pas para explicar a lospolticos la importancia y la necesidad de operardentro de la ley. La Abraji, por su parte, monitora elinters de los gobernantes locales por hacer que labsqueda de datos sea ms sencilla de lo que llevasiendo desde mayo del ao pasado.

Mientras las instituciones pblicas se ajustan a lanueva ley, los periodistas de los grandes medios decomunicacin de Brasil llevan algunos meses sacandohistorias de excelencia con la ayuda impuesta por lanueva legislacin.

Entre las muchas investigaciones que se podranenlistar, est el trabajo hecho por Rubens Valente,en Folha de S.Paulo7. En julio, l solicit al Ministeriode Defensa informacin sobre la venta de armasbrasileas al exterior. Descubri que, en 2001, el pas

vendi a Zimbabwe 340 bombas de fragmentacin,prohibidas por la comunidad internacional por eldao que causan. En la negociacin Brasil se obtuvoUS$ 5,8 millones.

7 Peridico Folha de S. Pablo: www.folha.uol.com.br/
http://www.folha.uol.com.br/http://www.folha.uol.com.br/


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Ms grave fue la revelacin que entre enero de 2010y noviembre de 2012, hubo 801 accidentes areos enterritorio nacional, o sea en promedio cada dos otres das. De ese total, 23 fueron clasificados por laAeronutica (Fuerza Area) como graves. La infor-macin se public con gran repercusin en el diario

Folha de S.Paulo.

Tambin hubo reportajes que despiertan irona. El 23de febrero, la pgina web G18 calcul, con ayuda dela Ley de Acceso, cunto papel consume la Adminis-tracin Federal en Brasilia. Lleg a la conclusin deque en los 248 das tiles de 2012, se gastaron 85,5millones de hojas, lo que resulta un consumo diariode 344.700 hojas en promedio. El reportaje recuerdaque en junio pasado Ro de Janeiro recibi a decenasde jefes de Estado y de gobierno en la cumbre

ecolgica bautizada Ro+209.

Como reportera de O Globo, he usado la Ley conxito dos veces. En la primera de ellas, publiquuna investigacin sobre el incremento del nmero deextranjeros viviendo en Brasil, salt de cerca de 20mil en 2001 a ms de 1 milln a finales de 2012. Se-gn especialistas, este dato comprueba el buen mo-mento econmico, social y poltico del pas. En la se-gunda ocasin que solicit datos oficiales al Gobier-no, produje un informe que revelaba que los gastos

del Ministerio de Cultura con la promocin del pasen el exterior (ferias y exposiciones, etc.) crecieroncasi 50 veces en los ltimos cuatro aos. Al interpre-tar esa informacin, especialistas polticos destaca-ron que se trata del esfuerzo del gobierno brasileopor atraer cada vez ms inversiones y por ganar cadavez ms campo poltico.

Para conclusiones como esas que revelan elmomento del pas, por ejemplo est la Ley deAcceso a la informacin.

8 Portal de noticias G1: http://g1.globo.com/

9 Cumbre Ro+20: www.uncsd2012.org/

http://colombiasinpalabras.blogspot.com

Colombia. Acceso a la

informacin, la realidad del

tire y afloje

En Colombia, hay por lo menos una decena de normas

sobre acceso a la informacin y sus restricciones. Aunque

hay un proyecto de ley que las unifica, existen reparos a su

constitucionalidad. Varios periodistas aseguran que de

haber Ley, es clave la socializacin con colegas y

funcionarios.

Ivonne Rodrguez

Buenos das. Estamos haciendo un informe sobre lainversin que ha hecho el municipio en educacin.Necesitamos un listado detallado de los recursoscontemplados en el Plan de Desarrollo y la inversinen maestros, estudiantes e infraestructura, y uncomparativo de estos datos respecto a la inversinde los dos ltimos aos, le comenta el periodista alSecretario de Educacin. El funcionario le responde:Pseme un derecho de peticin.

La escena se repite todos los das. Les sucede a losperiodistas, quienes hacen un trabajo riguroso invo-

can el artculo 23 de la Constitucin, solicitando lainformacin al funcionario. Lo envan por fax,correo fsico o electrnico o llevan la carta impresahasta el despacho de la alcalda. Con suerte, larespuesta llega antes de los 10 das hbiles,reglamentarios por Ley. La sorpresa: la informacinllega incompleta, los trminos son confusos o losdatos no corresponden a lo solicitado. Con ladilacin, los reporteros acuden al recurso de
http://g1.globo.com/http://www.uncsd2012.org/http://www.uncsd2012.org/http://g1.globo.com/


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insistencia y en los casos ms crticos, a la tutela.Pueden pasar meses.

En Colombia no hay suficientes garantas para elejercicio libre del periodismo y uno de los mayoresobstculos es el acceso a la informacin. As lorevel el ndice de Libertad de Expresin y Acceso ala Pblica en Colombia, un estudio publicado en2012 por el Proyecto Antonio Nario con el apoyode la firma Cifras y Conceptos, que analiz datosoficiales y extra oficiales sobre las condiciones delentorno periodstico en las diferentes regiones delpas durante el ao 2011. En una escala de 0 a 100,el acceso a la informacin fue calificado con 38puntos, la segunda variable ms crtica despus dela impunidad en los crmenes contra periodistas,que tuvo una puntuacin de 12.

Las cifras coinciden con las percepciones quetienen varios periodistas de las regiones Pacfica,Oriental y Orinoqua, donde el acceso a lainformacin es una dificultad para los periodistas.Los reporteros comen-tan que la situacin esproducto del desconocimiento de las normastanto de sus colegas como de los funcionariospblicos. Tambin, dicen, influye el contexto deviolencia.

Edbar Arango Valencia, periodista del Choc,explica que en su regin es comn el registro de lasnoticias pero no la investigacin. Cuando se tratade temas positivos, las instituciones facilitan lainformacin. Cuando son asuntos negativos es muydifcil que respondan, dice. Arango agrega que lha recurrido al derecho de peticin, pero lasrespuestas son lentas e incompletas.

Flix Leonardo Quintero, corresponsal de El Tiempoen Bucaramanga, seala que en la capitalsantandereana a los funcionarios no les asusta elderecho de peticin pero las respuestas sonevasivas. Los funcionarios por lo general contestana tiempo. Pero sus respuestas son ambiguas, confrases rebuscadas, con un lenguaje bastantejurdico. Entonces esa informacin no satisface paranada. Aqu el derecho de peticin es un saludo a labandera, sentencia el periodista.

Emiro Goyeneche, periodista de Sarare Streo enSaravena, Arauca, comenta que los temas de segu-ridad son los ms sensibles en una regin fronteriza,donde de forma reiterada hay reportes de violencia.Ac el acceso a la informacin es bastante complica-do. Las entidades pblicas son my reservadas, sobre

todo en temas de seguridad, puntualiza Goyeneche.El periodista radial explica que el impulso de solicitarinformacin a las instituciones pblicas llega hastacuando los funcionarios les responden que debenpagar por las fotocopias. Que un periodista saque$200 mil o $300 mil pesos para poder copiar unarchivo es muy complicado. Las investigacionesperiodsticas sobre Arauca que se conocen es porqueson realizadas por medios nacionales, sealaGoyeneche.

Dispersin o integracin?La pregunta resulta del panorama sobre la legislacinde acceso a la informacin en Colombia. Por un lado,se han producido desde la dcada de 1980 por lomenos 12 normas entre artculos de la Constitucin,leyes y sentencias, que siguen vigentes. Por otro,desde 2009 una alianza de organizaciones de la so-ciedad civil llamada Ms informacin, ms derechospromovi la creacin de un proyecto de ley que paslos debates en Cmara y Senado, y desde mediadosde 2012 est en revisin en la Corte Constitucional.

El proyecto de ley fue bautizado como 156 de 2011de Senado y pretende crear la Ley de transparencia ydel derecho de acceso a la informacin pblica.

La dispersin normativa actual y la integracin quebusca el proyecto de Ley, los dos escenarios soncuestionados por los periodistas. Varios reporteroscomentan que aunque hay una paleta de jurispru-dencia -que define principios, herramientas, lascaractersticas de las peticiones y el carcter de lainformacin sobre partidos polticos, control fiscal y

defensa y seguridad nacional-, esta variedad jurdi-ca es desconocida por los colegas y resulta complejaa la hora de aplicar. La mayora slo conoce elartculo 23 de la Constitucin.

Sobre la integracin propuesta en el proyecto de ley,esperan que la Corte evale la constitucionalidadsobre algunos puntos, entre ellos, las excepciones enlas que se supone el gobierno restringira el acceso a


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la informacin. Sin embargo, destacan que pese a ladispersin por lo menos existen leyes que sontiles al periodismo, pero sobre todo que exista unainiciativa que le apuesta a mejorarlas siempre ycuando haya claridad.

Pienso que la legislacin es til mientras los perio-distas y los funcionarios la conozcan. Los reporterosutilizan las herramientas pero las respuestas de lasinstituciones siempre son demoradas. Tambin influ-ye la dinmica en que funcionan muchos medios decomunicacin. El da a da de los periodistas a vecesles impide tramitar los derechos de peticin, cuentaEdilma Prada, directora y periodista de Agenda Pro-pia, un portal que desde septiembre de 2011 cubrelas noticias de Cauca, con especialidad en el temaindgena.

Prada considera que pese a la legislacin vigente, losfuncionarios alegan de forma constante la reservasobre informacin relacionada con temas de seguri-dad. Cauca es una zona de conflicto. Muchos fun-cionarios aseguran que la informacin es de carcterreservado, cuando en realidad no lo es. Otra situa-cin permanente es la desactualizacin de informa-cin pblica en las pginas web del gobierno. En estemes (marzo) sigue habiendo datos de diciembre,explica la periodista.

Miriam Forero, coordinadora de investigacin deConsejo de Redaccin, una red de periodistas quepromueve el periodismo de profundidad en Colom-bia, explica que la jurisprudencia es til pero depen-de del contexto. Creo que en las regiones es msdifcil el acceso por el desconocimiento que tienenmuchos funcionarios. Ac en Bogot, aunque hemostenido que recurrir a los recursos de insistencia ytutela, hemos podido acceder a la informacin,seala.

Sobre la propuesta del proyecto de ley dice que lepreocupan las excepciones. En trminos generales,me parece positivo que una ley integre toda la legis-lacin. Pero me parece preocupante el tema de lasexcepciones. El proyecto de ley las presenta de unaforma muy general y esta generalidad puede serutilizada para negar todo tipo de acceso a lainformacin, afirma Forero.

En esto coincide Elizabeth Prez, periodistaespecializada en el cubrimiento de temas sobrederechos humanos. Despus de hacer una lectura endetalle del proyecto de ley, seala que tiene variosreparos. Al leer me inquiet que el artculo 19(Informacin exceptuada por dao a los intereses

pblicos) porque tiene nueve puntos. Con tantostems en las excepciones me queda la inquietudsobre dnde va a quedar en realidad el derecho a lainformacin. Sabemos que las excepciones siemprehan sido defensa y seguridad nacional, pero en esteproyecto se incluyen otros relacionados con lo eco-nmico y la salud. De haber estado aprobada la Leyentonces temas como el de Interbolsa (intervenciny quiebra de la comisionista ms grande del pas) nose habran podido informar. Veo este artculo generaly me preocupa, indica Prez.

La periodista resalta del proyecto de ley que generaunos parmetros de obligatoriedad a los funcionariospblicos sobre la entrega de informacin. Bajo esosprincipios est bien planteado. Es interesante que losfuncionarios sepan que no son dueos de la informa-cin y que estn obligados a suministrarla por tratar-se de inters pblico. Este es otro concepto quedeber definir bien la Ley: qu se entiende porinters pblico, comenta Elizabeth Prez.

Foco a la minuciaAlgunas de las preocupaciones expresadas porperiodistas fueron presentadas a la Corte Consti-tucional el 1 de noviembre de 2012 por la alianzaMs informacin, ms derechos. En su exposicin, lasorganizaciones de la sociedad civil le pidieron al altoorganismo de justicia que revise la constitucionalidadde varios artculos.

Entre ellos, un aparte del artculo 5 que aunque obli-ga a las diferentes instancias del gobierno a suminis-

trar informacin pblica, excepta las bases dedatos y contratos relacionados con la defensa yseguridad nacional, orden pblico y relacionesinternacionales. Las organizaciones argumentan queste es inconstitucional porque considera que es unaexcepcin de gran magnitud y al ser una restriccindesproporcionada y general, atenta contra elderecho fundamental de acceder a la informacinpblica.


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Otro artculo cuestionado fue el 21, que explica lasreglas para la divulgacin completa o parcial de lainformacin. Las organizaciones consideraninconstitucional el aparte que seala que losfuncionarios pueden negar la existencia de undocumento pblico cuando consideren que el dao

causado al inters protegido con esa informacin esmayor al inters pblico.

Las organizaciones advierten que esto va en contra-va de una sentencia de la Corte Constitucional, queresalta que los ciudadanos tienen el derecho deconocer la existencia de documentos.

La Alianza tambin cuestion falta de precisin delartculo 18, que alega derecho a la intimidad cuandose trata de la hoja de vida o historia clnica de un

funcionario. Si bien resaltan la importancia de estederecho, consideran que ste no puede sergeneralizado y utilizado para que niegueninformacin. Las organizaciones consideran que lareserva slo debe aplicar para aquellos datos quecarezcan de relevancia pblica.

Sobre el artculo 19, que establece las excepcionessobre las que habra restriccin en la entrega deinformacin, la Alianza Ms informacin msderechos considera que aunque es armnico con la

jurisprudencia vigente, es clave que la Corte subrayeque a la hora de negar la solicitud de informacin -por las diferentes excepciones- el funcionarioexplique y argumente las razones por escrito.

Esta minucia es ahora revisada por la CorteConstitucional. Emmanuel Vargas, asesor de laFundacin para la Libertad de Prensa -FLIP-, una delas organizaciones participantes de la Alianza,explica que este ao esperan un pronunciamientodel organismo de justicia. De no haber reparos por

parte de la Corte, el proyecto ir a Presidencia paraconvertirse en Ley. De considerar que hay fallos deconstitucionalidad, la Corte eliminar estos apartesdel proyecto para que sea aprobado. El escenarioms complejo sera si el Presidente objeta porconstitucionalidad o por conveniencia y el proyecto

entonces deber volver al Congreso para que estacorporacin decida si se aceptan o no lasobjeciones.

En un pas con 140 periodistas asesinados por elejercicio de su oficio desde 1977; donde 59 de estoscasos prescribieron en la justicia; donde durante elltimo ao fueron registradas 158 agresiones (entreamenazas, agresiones fsicas y psicolgicas, entreotras) contra reporteros en todo el pas y donde 100periodistas solicitaron apoyo a la Unidad Nacional de

Proteccin -todos datos del ltimo informe de la FLIP2012-, falta una legislacin integral y clara quegarantice el ejercicio de la profesin.

En mi experiencia creo que las normas de acceso ala informacin se cumplen ms en Bogot porqueaunque en varios casos la espera ha sido larga, hetenido respuestas. Pero en las regiones, estasnormas por ms derechos de peticin son letramuerta, reitera Elizabeth Prez.

Los periodistas consideran que mientras la Cortetoma una decisin y el Presidente firma, la realidades que existen unas herramientas -por ahoradispersas- para acceder a la informacin pblica.Mientras no haya una capacitacin a funcionarios yciudadanos sobre la legislacin vigente y lavenidera, posiblemente contine el tire y aflojecuando aparece la experticia del reportero: Buenosdas. Soy periodista. Estamos haciendo un informesobre., y tras la pausa, el funcionario responde:Pseme un derecho de peticin.


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www.bancaynegocios.com

El Salvador. Un largo camino

para la consolidacin de la Ley

de Acceso a la Informacin

Los periodistas y los medios de comunicacin son los msinteresados en que se consolide la Ley de Acceso a la

Informacin Pblica para garantizar la informacin que

transmiten a la poblacin.

Loida Avelar @Avelar2112

Cerca del kilmetro cero de El Salvador, ubicado enel centro de San Salvador, todos los das se rene ungrupo de hombres que utilizan sus manos para traba-jar, cuando tienen oportunidad, de constructores,fontaneros y jardineros.

Todos portan un maletn con herramientas, puesguardan la esperanza de que alguien los contrate.En las bancas de la plaza Gerardo Barrios, el acceso ala informacin pblica no es un tema de discusin nide preocupacin. Es un tema alejado de la realidad,al menos de esta realidad donde lo que importa esreunir unos dlares para llevar alimentos a la mesafamiliar.

No s. Aqu slo nos la pasamos buscando trabajo",

respondi Jos Jimnez, un salvadoreo de piel mo-rena de 43 aos, cuando se le pregunt si conoca laLey de Acceso a la Informacin Pblica (LAIP)reformada haca poco en el Congreso.

Por ahora, Jos est enfocado en conseguir trabajode mezclar el cemento con la arena para levantarparedes o edificios.

En el 2011, despus de una larga discusin en laAsamblea Legislativa, y bloqueos por parte de laadministracin anterior, fue aprobada en El Salvadorla Ley de Acceso a la Informacin Pblica (LAIP). Lasancion el gobierno actual que tiene como presi-dente a un experiodista televisivo, Mauricio Funes.

Los medios de comunicacin y los periodistas, con-trario a lo que ocurre en el centro de San Salvador,han puesto sus ojos en la Ley y han publicado cadauno de sus avances y tropiezos. Los dos peridicos demayor circulacin nacional El Diario de Hoy y La Pren-sa Grfica y el peridico digital El Faro han dedicadotitulares y crticas de columnistas sobre los avances yobstculos de la normativa.

En la red social Twitter, los periodistas han exigido a

las instituciones pblicas el cumplimiento de la Leypara rendir cuentas y como herramienta para evitarla corrupcin. Sin embargo, la operativizacin de estanorma, que tiene como fundamento velar porquetodos los ciudadanos conozcan la informacin quenecesitan para tomar sus decisiones polticas o de lavida cotidiana, marcha a paso lento.

La LAIP establece la creacin de un Instituto de Acce-so a la Informacin Pblica (IAIP10) como mxima au-toridad. Entre sus mandatos se encuentra que debe

ser dirigida por comisionados electos con propuestasde profesionales, sindicatos y periodistas debida-mente inscritos y agremiados.

A pesar de la urgencia para darle vida al Instituto, losactuales comisionados fueron nombrados 477 dasdespus del plazo establecido por la Ley, segnexplica el Grupo Promotor11, iniciativa que agrupa avarias organizaciones que han presionado al Estadopara que se cumpla la LAIP.

Por Ley, el Instituto debi constituirse, con el

nombramiento de los comisionados, el 4 denoviembre de 2011. Sin embargo, fue hasta finales

10 Instituto de Acceso a la Informacin Pblica (IAIP):www.iaip.gob.hn

11Grupo Promotor de la Ley de Acceso a la Informacin:

www.transparenciaelsalvador.org/
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=6LprSYrpftF2yM&tbnid=7tUqVkC7UrvXgM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fbancaynegocios.com%2Fel-salvador-coloca-800-millones-de-dolares-en-bonos-en-mercado-internacional%2F&ei=8rN4UYOwBYmi8ASi6IHQDg&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNFh74-eQ4YudkQ8JdvjncMY5TzDsA&ust=1366948378267441http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=6LprSYrpftF2yM&tbnid=7tUqVkC7UrvXgM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fbancaynegocios.com%2Fel-salvador-coloca-800-millones-de-dolares-en-bonos-en-mercado-internacional%2F&ei=8rN4UYOwBYmi8ASi6IHQDg&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNFh74-eQ4YudkQ8JdvjncMY5TzDsA&ust=1366948378267441http://www.iaip.gob.hn/http://www.transparenciaelsalvador.org/http://www.transparenciaelsalvador.org/http://www.iaip.gob.hn/http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&docid=6LprSYrpftF2yM&tbnid=7tUqVkC7UrvXgM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fbancaynegocios.com%2Fel-salvador-coloca-800-millones-de-dolares-en-bonos-en-mercado-internacional%2F&ei=8rN4UYOwBYmi8ASi6IHQDg&bvm=bv.45645796,d.dmQ&psig=AFQjCNFh74-eQ4YudkQ8JdvjncMY5TzDsA&ust=1366948378267441


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de febrero del ao en curso, que el presidente Funesjurament a los funcionarios para conformar el Insti-tuto de Acceso a la Informacin Pblica.

En un evento realizado en la Casa de Gobierno, elMandatario seleccion a los comisionados de las

ternas presentadas por la empresa privada, lossindicatos, las universidades, las asociaciones deperiodistas y de profesionales salvadoreos.

Carlos Adolfo Ortega, quien fue propuesto por lossindicatos autorizados por el Ministerio de Trabajo yPrevisin Social, fue nombrado como presidente delInstituto. Durante el evento protocolario, no se reve-laron los detalles de su perfil profesional. Sin embar-go, Funes destac la importancia de la juramenta-cin: Con el funcionamiento pleno del Instituto

comienza una nueva etapa en la vida institucional delpas, en lo referente a la transparencia de los actosdel Gobierno y el control social de los mismos.

El discurso presidencial se bas en el compromiso deconducir las riendas del pas, con la honestidad y enuna declarada lucha contra la corrupcin. Sin embar-go, la espera de 15 meses de inicio del IAIP envamensajes confusos para implementar la Ley de Acce-so a la Informacin, ya que como ha explicado envarias ocasiones el Grupo Promotor: la falta del Insti-tuto evita que se cumpla la Ley porque las entidadespblicas al carecer de un ente supervisor dilatan laentrega de la informacin.

Otros hechos dilatorios del EjecutivoUna semana antes de la juramentacin de loscomisionados, el presidente de la Repblica vet lasreformas a la LAIP aprobada por la Asamblea Legis-lativa, tras considerarlas como inconvenientes paralos avances que el pas ha logrado en materia delderecho al acceso a la informacin pblica.

En una madrugada, pasadas las 2:00 a.m., mientras lamayora de salvadoreos dorma, los diputados detres partidos polticos, dos de derecha (GANA y PCN)y el de izquierda (FMLN) aprobaron siete reformas ala Ley de Acceso a la Informacin en las que se per-mita la reserva de informacin de algunas institu-ciones pblicas y se le quitaba autoridad al Institutoante organismos de Gobierno.

El madrugn, como fue llamado este hecho, gene-r fuertes crticas hacia los diputados por parte de unsector de la poblacin que tiene acceso a internet(menos del 20% y, que adems, es profesional) y queutiliz redes sociales como Twitter y Facebook parahacer pblicos sus pensamientos.

Los ciudadanos lamentaron que las reformas fueranaprobadas en secreto y calificaron como un atentadocontra el derecho que tiene la sociedad salvadoreaa estar informada y a conocer cmo se manejan lasfinanzas pblicas.

Paralelo a eso, los medios de comunicacin gene-raron debate sobre el tema. La Asociacin de Perio-distas de El Salvador (APES), por medio de sus voce-ros, se pronunci sobre las reformas, las cuales las

calific como obstculos para acceder a la informa-cin pblica. Prensa, radio y televisin abrieron susespacios a opiniones de miembros de la sociedadcivil para que brindaran su punto de vista respecto alas reformas que impedan obtener la informacinnecesaria para transmitrsela al pblico.

Los obstculos de la LeyEl IAIP no tiene infraestructura fsica ni de organiza-cin. Temporalmente, el Instituto est instalado enuna oficina de una zona residencial exclusiva de San

Salvador. Lejos del ajetreo de vendedores, autom-viles y transentes del centro de la capital. Lejos delpunto cero donde estn las personas esperando untrabajo temporal. Lejos de los ciudadanos que a dia-rio necesitan ser orientados para solicitar informa-cin al Estado con el propsito de garantizar susderechos vulnerados.

Inmediatamente fue juramentado como presidentedel Instituto, Ortega fue consultado por un grupo deperiodistas respecto al reto que tienen de garantizarel derecho al acceso a la informacin. ste afirm de

manera escueta y sin profundidad: haremos lo quedice la ley, nosotros vamos a actuar de acuerdo a loque dice la ley, no nos podemos salir de eso. Mien-tras tengamos el marco legal establecido, ese va aser el camino de nosotros, no puedo decir ms alrespecto.

El trmino transparencia ha sido abusado por elpresidente Funes y los ministros que conforman el


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gabinete de Gobierno, lo repiten en discursos yentrevistas en cualquier contexto. La Presidencia dela Repblica cre Transparencia Activa12, un portalweb de informacin que se describe como un medioestatal, que valindose de su seriedad pretende fo-mentar un mejor ejercicio del periodismo, promover

una prctica ms acuciosa del oficio y en general ele-var los estndares de las publicaciones noticiosas deEl Salvador.

El portal es entidad estatal de la Subsecretara deTransparencia y Anticorrupcin. Sin embargo, en laspublicaciones en este sitio el Gobierno salvadoreoescribe la contraparte de las publicaciones de los pe-ridicos, con los que no est de acuerdo. Cuestionaenfoques periodsticos, desmiente y acusa a periodis-tas. El medio se limita a publicar nicamente los

logros de la gestin.

Los regaos son pan de cada da para periodistas porparte de los funcionarios del primer Gobierno deizquierda en la historia de EL Salvador. En ocasionesno brinda declaraciones a periodistas en temas deimpacto nacional, por ejemplo, los relacionados amontos de deudas de los ministerios, viajes, tratospreferenciales a sindicatos y gastos de publicidad,entre otros.

Despus de invertir en la modernizacin de los me-dios de comunicacin estatales, que son Canal 10 yradio Nacional, el Presidente de la Repblica imple-ment su programa radiofnico Conversando con elPresidente, espacio en el que durante dos horas elMandatario habla sobre diversos temas de actuali-dad nacional y aprovecha el escenario para hacerlargas correcciones a publicaciones periodsticas deotros medios de comunicacin.

Avances del GobiernoEntre los pocos avances se destaca que el gobiernocre varias Oficinas de Informacin y Respuesta(OIR), ubicadas dentro de cada ministerio pararesolver las inquietudes de la poblacin operiodistas.

12Transparencia Activa:

http://www.transparenciaactiva.gob.sv/tag/el-salvador/

El mecanismo para pedir informacin es a travs deuna solicitud en la que el interesado ingresa su nom-bre, nmero de Documento nico de Identidad (DUI)y forma en que quiere que le entreguen los datos.Los formatos son digitales, PDF e impresiones.

Uno de los apartados pregunta que con qu fin serusada la informacin.

El plazo para entregar las resoluciones de las peticio-nes de informacin es en un lapso de 10 das hbiles.En algunas instituciones, la informacin es entregadacon retraso, sin embargo, las resoluciones escritastienen plasmada la fecha de entrega de la informa-cin.

Es mnimo el sector de la poblacin que conoce la

existencia de las OIR. En un ejercicio de observacinen una tarde de marzo, en la Oficina de Informaciny Respuesta del Ministerio de Salud salvadoreo, nohubo peticiones de datos pblicos. El ruido en laoficina era nicamente el de las conversaciones decinco trabajadores que esperaban que finalizara lajornada para irse a descansar el fin de semana.

El oficial de informacin no estaba en su oficina y losamables empleados ofrecieron darle el recado queuna persona lo lleg a buscar. Por esa situacin, no

fue posible conocer qu tipo de peticiones se recibenen ese lugar. De boca de periodistas se conoci quelas personas que consultan llegan por informacinmuy personal, ya sea de expedientes clnicos o diag-nsticos. En la mayora de casos, son periodistas losque se acercan, pues ya agotaron la posibilidad deacceder a la informacin por medio de los gabinetesde comunicaciones de las instituciones.

Al cierre de esta publicacin, el Instituto de Acceso ala Informacin Pblica no tiene asignado presupues-to y los comisionados trabajan en la elaboracin de

una propuesta monetaria para que el Ministerio deHacienda lo enve a la Asamblea Legislativa, lugardonde se aprueban los fondos. El parlamento es elmismo lugar donde en la madrugada promovieronreformas poco garantistas a la Ley de Acceso a laInformacin Pblica. La accin permitira la modifi-cacin del presupuesto 2013 que hasta la fecha tieneasignado por USD $991,300 para desempear susfunciones, segn informacin oficial.
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/tag/el-salvador/http://www.transparenciaactiva.gob.sv/tag/el-salvador/


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Como Funcionan las leyes de acceso a la información pública en América Latina

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