SOCIEDAD

RAQUEL VIDALES Madrid 17 MAY 2014 - 23:00 CET 17

Cómo borrar el pasado en InternetPolíticos, famosos y ciudadanos anónimos contratan a empresas para ocultar datos personales o

informaciones negativas que aparecen en los buscadores y que pueden dañar su imagen

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Un alto ejecutivo de una multinacional

española recibió, hace algún tiempo,

una elevada indemnización por su

jubilación y venta de acciones, hecho

que quedó recogido en varios artículos

de prensa que aparecían de forma

destacada cada vez que se tecleaba

su nombre en los buscadores de

Internet, principalmente Google. El

directivo consideraba que esto

atentaba contra su privacidad y,

además, podía convertirle en objeto de

robos o extorsiones y poner en peligro

a su familia, por lo que decidió

contratar los servicios de una empresa

especializada en borrar datos de la

Red. Al cabo de unos meses, al teclear otra vez su nombre en Google, ya no quedaba rastro

de aquella noticia.

El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) acaba de dictaminar, en respuesta a una cuestión

prejudicial presentada por la Audiencia Nacional, que los buscadores como Google deben

retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si son lesivas para alguna

persona y no son relevantes. Es decir, reconoce que el llamado derecho al olvido puede

prevalecer sobre el derecho a la información. El buscador ya ha anunciado que pronto tendrá

lista una herramienta para que los europeos pidan la eliminación de esos enlaces, pero hay

empresas que ofrecen desde hace años este servicio. Y no solo a particulares cuyos datos no

son de interés público, sino también a figuras de relevancia como políticos, famosos o

empresarios. Lo hacen pidiendo la supresión del enlace a la fuente original —ya sea un

medio de comunicación, un blog, un foro o un documento oficial como el BOE— o

introduciendo informaciones positivas que vayan sustituyendo a las que se consideren

negativas.

“No se puede suprimir todo de golpe, hay que hacerlo de forma estratégica para que no se

note. Con el tiempo, podemos hacer desaparecer cualquier dato. En un año, hasta podríamos

conseguir que se olvidara el caso Bárcenas”, asegura Diego Sánchez, presidente de

Eliminalia, la empresa a la que contrató aquel ejecutivo. “Cada vez tenemos más casos como

este. El año pasado atendimos a 220 políticos que querían suprimir datos o informaciones

que podrían perjudicar su imagen. También tuvimos unos 500 clientes particulares,

personajes de relevancia pública, empresas o bancos”, continúa. “Algún político, por ejemplo,

no quiere que se sepa que tiene empresas o pide eliminar noticias molestas o incidentes

negativos; otros quieren mejorar su reputación en general”. El precio puede ir desde 100

euros por hacer desaparecen un dato personal del BOE hasta 20.000 por los trabajos más

La justicia europea acaba de reconocer el `derecho al olvido´. / CLAUDIO ÁLVAREA

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“Con el tiempo

podríamos hacer

que se olvidara el

‘caso Bárcenas”

Hay personas que

utilizan la Red para

vengarse de sus

exparejas

difíciles. ¿Cuánto le cobrarían a Bárcenas? “Por lo menos 100.000”.

Elisabet Baille, socia de otra empresa de borrado de datos, Voluntad

Digital, considera que la sentencia del TJUE ayudará a resolver

casos hasta ahora imposibles de cerrar. “Cuando el dato que se

quiere ocultar procede de un medio de comunicación o del BOE, el

responsable está identificado y casi siempre, si se trata de personas

particulares sin relevancia, logramos la retirada del enlace o la

sustitución de un nombre completo por iniciales. Pero cuando se

trata de un blog o un foro antiguo, a veces no podemos encontrar al responsable y no

tenemos más remedio que pedírselo al buscador”, explica Baille. Su empresa, que nació hace

unos dos años, recibe 20 consultas al mes, la mayoría de particulares. “No todos acaban

contratando el servicio, pero estamos notando mayor demanda porque la gente ya empieza a

saber que puede hacerlo”, apunta.

Cualquier ciudadano, no solo políticos o famosos, puede verse perseguido eternamente por

informaciones negativas sobre su persona que en algún momento fueron relevantes y

legítimas pero han quedado obsoletas. Verónica Alarcón, directora jurídica de Eprivacidad,

otra firma dedicada a la eliminación de enlaces, ha solucionado decenas de casos de clientes

—que prefieren mantenerse en el anonimato precisamente para no volver a aparecer en

Google—. Por ejemplo, el de un hombre que fue detenido por una presunta vinculación con

una organización criminal rusa. Decenas de noticias sobre su arresto aparecieron en la

prensa, con sus enlaces en Internet, pero ninguna posterior que aclarara que el delito nunca

pudo ser probado. Otro cliente, un sacerdote director de un colegio, fue acusado falsamente

de corrupción de menores y, aunque su causa fue archivada, seguía apareciendo en la Red

como pedófilo. “De nada había servido su absolución, pues había perdido su trabajo y seguía

condenado por la sociedad”, dice Alarcón. “En casos como este los medios suelen colaborar.

No borran ni modifican informaciones que forman parte de sus archivos, lógicamente. Pero

les ponen unos códigos a esos enlaces para que los buscadores no los encuentren”.

Pero no siempre las fuentes originales ceden de forma amistosa. Esos son los casos que

acaban en la Agencia de Protección de Datos o en los tribunales, como los 220 que hay

pendientes en la Audiencia Nacional contra Google y que han forzado el dictamen del TJUE.

Alarcón, que lleva varios litigios, subraya que su empresa y otras similares nunca eliminan un

enlace clandestinamente. “No somos hackers. Si no lo conseguimos de forma amistosa, lo

denunciamos y vamos a juicio”, dice.

No obstante, algunas situaciones requieren un tratamiento especial

en el que no funcionan ni los requerimientos amistosos ni las

citaciones judiciales. “Hay personas que publican datos, fotos

comprometidas o informaciones falsas de exparejas o de otras

personas por venganza. En esos casos, cualquier petición puede ser

contraproducente (el llamado efecto Streisand), por lo que usamos

otras vías. Por ejemplo, si son fotos o insultos publicados en blogs o

redes sociales, solicitamos a esas plataformas que los elimine, y suelen hacerlo”, dice

Samuel Parra, otro socio de Eprivacidad.

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