COMISIÓN DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES · 1 comisiones unidas de reforma del estado y...
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1 COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO Y DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES DICTAMEN No. 2 HONORABLE ASAMBLEA: Las Comisiones Unidas que suscriben, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 55, 56 numerales 8 y 11, 62 fracción I, 68, 110 fracción I, 115 fracción I, 116, 122 y 124 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, recibieron para su estudio, análisis y dictaminación, las siguientes Iniciativas: 1. INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 5, 8 FRACCIÓN IV INCISO B, 16 PÁRRAFO SEGUNDO, 27 FRACCIÓN XXXII, 46 FRACCIÓN VI; 68 FRACCIONES II AL VI Y 78 PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, (Para establecer la revocación de mandato) presentada el día 21 de octubre de 2010, ante esta Soberanía de la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California, por el C. Diputado Francisco Javier Sánchez Corona, integrante del Partido de la Revolución Democrática. 2. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 8, 11 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Y SE AGREGAN LOS ARTÍCULOS 81 AL 84 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA DEL ARTÍCULO 128, LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 130, LAS FRACCIONES XXXIV Y XXXV DEL ARTÍCULO 145 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, (Para establecer la revocación de mandato) presentada ante esta Soberanía de la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja California, por los C. C. Diputados Julio Felipe García Muñoz, David Jorge Lozano Pérez, Virginia Noriega Ríos, Juan Vargas Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda, Alfonso Garzón Zataraín, Juan
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COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO Y DE
GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
DICTAMEN No. 2
HONORABLE ASAMBLEA:
Las Comisiones Unidas que suscriben, en ejercicio de las
facultades que le confieren los artículos 55, 56 numerales 8 y 11, 62
fracción I, 68, 110 fracción I, 115 fracción I, 116, 122 y 124 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, recibieron
para su estudio, análisis y dictaminación, las siguientes Iniciativas:
1. INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 5, 8 FRACCIÓN IV INCISO B, 16 PÁRRAFO
SEGUNDO, 27 FRACCIÓN XXXII, 46 FRACCIÓN VI; 68
FRACCIONES II AL VI Y 78 PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA, (Para establecer la revocación de mandato)
presentada el día 21 de octubre de 2010, ante esta Soberanía de la XX
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Baja California, por el C. Diputado Francisco Javier
Sánchez Corona, integrante del Partido de la Revolución Democrática.
2. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 8, 11 Y 68 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Y SE AGREGAN
LOS ARTÍCULOS 81 AL 84 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y REFORMA DEL ARTÍCULO 128, LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 130, LAS FRACCIONES XXXIV Y XXXV DEL
ARTÍCULO 145 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 155 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES,
(Para establecer la revocación de mandato) presentada ante esta
Soberanía de la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso
del Estado de Baja California, por los C. C. Diputados Julio Felipe García
Muñoz, David Jorge Lozano Pérez, Virginia Noriega Ríos, Juan Vargas
Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda, Alfonso Garzón Zataraín, Juan
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Bautista Montejano de la Torre, Elí Topete Robles, Nancy Guadalupe
Sánchez Arredondo, Carlos Murguía Mejía y Gregorio Barreto Luna,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
3. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, A FIN DE ESTABLECER LA RATIFICACIÓN DE LOS
NOMBRAMIENTOS Y REMOCIONES DE LOS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE DESARROLLO SOCIAL,
PLANEACIÓN Y FINANZAS, DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO
DE LOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS PARAESTATALES Y
FIDEICOMISOS, POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO,
presentada el 23 de febrero de 2011 por el Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA, (En materia política-electoral) presentada
el 07 de abril de 2011 ante esta H. Soberanía por los C. C. Diputados
Julio Felipe García Muñoz, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo,
Virginia Noriega Ríos, Juan Vargas Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda,
Laurencio Dado Alatorre, Alfonso Garzón Zataraín, Juan Bautista
Montejano de la Torre, Elí Topete Robles, David Lozano Pérez, Gregorio
Barreto Luna, Elisa Rosana Soto Agüero, Carlos Murguía Mejía, Víctor
Hugo Navarro Gutiérrez, Claudia Josefina Agatón Muñíz y Marco
Antonio Vizcarra Calderón, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del
Partido del Trabajo y del Partido Estatal de Baja California.
5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA PÁRRAFO OCTAVO AL ARTÍCULO 5 Y FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 92, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE QUE SE
APLIQUEN EXÁMENES ANTIDOPAJE A CANDIDATOS Y
FUNCIONARIOS, presentada el 13 de abril de 2011 a cargo de los
Diputados Julio Felipe García Muñoz, Claudia Josefina Agatón Muñiz,
Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo,
Juan Bautista Montejano de la Torre, Eli Topete Robles, Juan Vargas
Rodríguez, David Jorge Lozano Pérez, Marco Antonio Vizcarra Calderón,
3
Fausto Zarate Zepeda, Carlos Murguía Mejía, Laurencio Dado Alatorre,
Alfonso Garzón Zataraín y Rosana Soto Agüero, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde
Ecologista de México, del Partido Estatal de Baja California y del Partido
del Trabajo.
6. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 33 y 34 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES DEL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO A FIN DE REGULAR EL “VETO
DE BOLSILLO”, presentada el 12 de mayo de 2011 ante esta
Soberanía de la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Baja California, por los C. C. Diputados
Julio Felipe García Muñoz, Nancy Sánchez Arredondo, Juan Bautista
Montejano de la Torre, Juan Vargas Rodríguez, David Lozano Pérez,
Fausto Zárate Zepeda, Laurencio Dado Alatorre, Gregorio Barreto Luna,
Alfonso Garzón Zataraín, Elisa Rosana Soto Agüero, Víctor Navarro
Gutiérrez, Marco Antonio Vizcarra Calderón, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde
Ecologista y del Partido Estatal de Baja California.
7. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22, 36 Y 49 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA, (Iniciativa preferente) presentada el 09 de
junio de 2011 ante esta Soberanía de la XX Legislatura Constitucional
del Honorable Congreso del Estado de Baja California, por los C. C.
Diputados Rubén Alanís Quintero, Gustavo Magallanes Cortés, Lizbeth
Mata Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional; y los Diputados Juan Montejano de la Torre, Virginia Noriega
Ríos, Gregorio Barreto Luna, Alfonso Garzón Zataraín, Rosana Soto
Agüero y Fausto Zárate Zepeda integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional.
8. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA, (Eliminación de Diputados de Lista)
presentada el 07 de abril de 2011 ante esta Soberanía de la XX
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja
California, por los C. C. Diputados Rubén Alanís Quintero, María del
Rosario Rodríguez Rubio, Gustavo Magallanes Cortés, José Máximo
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García López, Lizbeth Mata Lozano y Ricardo Magaña Mosqueda,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
9. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 14 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (Aumentar a 28 Diputados el
Congreso del Estado, 18 de mayoría relativa y hasta 10 de
representación proporcional) presentada el 4 de mayo de 2011 ante
esta Soberanía de la XX Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado de Baja California, por los C. C. Diputados Arcelia
Galarza Villarino y Gregorio Carranza Hernández, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza.
10. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA, (Elección de Regidores por demarcaciones
territoriales) presentada el 13 de abril de 2011 ante esta Soberanía
de la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado
de Baja California, por los C. C. Diputados Rubén Alanís Quintero, María
del Rosario Rodríguez Rubio, Gustavo Magallanes Cortés, José Máximo
García López, Lizbeth Mata Lozano y Ricardo Magaña Mosqueda,
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con fundamento en los artículos 27 fracción I, 28 y 29 de la
Constitución Política del Estado de Baja California, las Comisiones
Unidas, en uso de las facultades que le conceden en su ejercicio los
artículos 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 110 fracción I, 115
fracción I, 116, 117, 118, 122, 123, 124 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, somete a
consideración de esta H. Asamblea, el siguiente dictamen con base en
los siguientes:
ANTECEDENTES
I. En fecha 21 de octubre de 2010 el Diputado inicialista C. Francisco
Javier Sánchez Corona integrante del Partido de la Revolución
Democrática, presentó ante el Pleno de la XX Legislatura del Congreso
del Estado de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA QUE
MODIFICA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 5, 8 FRACCIÓN IV
5
INCISO B, 16 PÁRRAFO SEGUNDO, 27 FRACCIÓN XXXII, 46
FRACCIÓN VI; 68 FRACCIONES II AL VI Y 78 PÁRRAFO
TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, con el propósito de incluir la
figura de revocación de mandato en el ordenamiento antes citado, la
cual en sesión de Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales de fecha 21 de febrero de 2011 fue dictaminada con el
número 9, resultando jurídicamente improcedente. Sin embargo, en
fecha 07 de abril de 2011, en sesión de Pleno y a solicitud de la Mesa
Directiva del Congreso, se aprobó que este dictamen se remitiera a la
Comisión de Reforma del Estado y a la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales para un nuevo estudio y se
dictaminara conjuntamente con la Iniciativa presentada en fecha 23 de
febrero del año en curso, así como la Adenda persentada en fecha 4 de
abril de 2011, ante la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales por los propios inicialistas al considerar pertinente
realizar modificaciones a la propuesta que se analiza, con el propósito
de armonizar el proceso especial con las reformas Constitucionales, de
la misma manera, estimaron necesario retirar del proceso legislativo la
pretensión de reforma y adición a las Leyes de Participación Ciudadana
y de Instituciones y Procedimientos Electores, ambas del Estado de
Baja California.
II. En fecha 23 de febrero de 2011 los Diputados inicialistas C. C.
Julio Felipe García Muñoz, David Jorge Lozano Pérez, Virginia Noriega
Ríos, Juan Vargas Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda, Alfonso Garzón
Zataraín, Juan Bautista Montejano de la Torre, Elí Topete Robles, Nancy
Guadalupe Sánchez Arredondo, Carlos Murguía Mejía y Gregorio
Barreto Luna, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentaron durante la Sesión Ordinaria de
la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de
Baja California, INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 8,
11 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Y
SE AGREGAN LOS ARTÍCULOS 81 AL 84 DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA DEL ARTÍCULO 128,
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 130, LAS FRACCIONES XXXIV
Y XXXV DEL ARTÍCULO 145 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO
155 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES.
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Respecto de esta Iniciativa, mediante escrito de fecha 04 de abril de
2011, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, se retiró del proceso Legislativo la iniciativa que
refiere el antecedente señalado con el numeral I, únicamente por lo
que respecta a las propuestas de reforma a la Ley de Participación
Ciudadana y a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,
ambas del Estado de Baja California, quedando subsistente las
reformas planteadas a la Constitución local. Asimismo, en dicho
documento y con fundamento en lo que establece el artículo 118 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo, ante la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, se dio cuenta de ADENDA DE
INICIATIVA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ASÍ COMO A LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, AMBAS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA signado por el Diputado David
Jorge Lozano Pérez.
III. En fecha 23 de febrero de 2011 los Diputados inicialistas del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
presentaron durante la Sesión Ordinaria de la XX Legislatura
Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja California,
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, A FIN DE ESTABLECER LA RATIFICACIÓN DE LOS
NOMBRAMIENTOS Y REMOCIONES DE LOS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE DESARROLLO SOCIAL,
PLANEACIÓN Y FINANZAS, DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO
DE LOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS PARAESTATALES Y
FIDEICOMISOS, POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.
IV. En fecha 07 de abril de 2011 los Diputados inicialistas C. C.
Diputados Julio Felipe García Muñoz, Nancy Guadalupe Sánchez
Arredondo, Virginia Noriega Ríos, Juan Vargas Rodríguez, Fausto Zárate
Zepeda, Laurencio Dado Alatorre, Alfonso Garzón Zataraín, Juan
Bautista Montejano de la Torre, Elí Topete Robles, David Lozano Pérez,
Gregorio Barreto Luna, Elisa Rosana Soto Agüero, Carlos Murguía
Mejía, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Claudia Josefina Agatón Muñíz y
Marco Antonio Vizcarra Calderón, de los Grupos Parlamentarios del
Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de
México, del Partido del Trabajo y del Partido Estatal de Baja California,
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presentaron en Sesión Ordinaria ante el Pleno de esta H. XX Legislatura
del Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA.
V. En fecha 13 de abril de 2011 los Diputados inicialistas C. C. Julio
Felipe García Muñoz, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Victor Hugo
Navarro Gutiérrez, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Juan Bautista
Montejano de la Torre, Eli Topete Robles, Juan Vargas Rodríguez, David
Jorge Lozano Pérez, Marco Antonio Vizcarra Calderón, Fausto Zarate
Zepeda, Carlos Murguía Mejía, Laurencio Dado Alatorre, Alfonso Garzón
Zataráin y Rosana Soto Agüero; del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del
Partido Estatal de Baja California y del Partido del Trabajo, presentaron
en Sesión Ordinaria ante el Pleno del Honorable Congreso del Estado,
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA PÁRRAFO OCTAVO AL ARTÍCULO 5 Y FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 92, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE QUE SE
APLIQUEN EXÁMENES ANTIDOPAJE A CANDIDATOS Y
FUNCIONARIOS
VI. En fecha 12 de mayo de 2011 los C. C. Diputados Julio Felipe
García Muñoz, Nancy Sánchez Arredondo, Juan Bautista Montejano de
la Torre, Juan Vargas Rodríguez, David Lozáno Pérez, Fausto Zárate
Zepeda, Laurencio Dado Alatorre, Gregorio Barreto Luna, Alfonso
Garzón Zataraín, Elisa Rosana Soto Agüero, Víctor Navarro Gutiérrez,
Marco Antonio Vizcarra Calderón, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista y
del Partido Estatal de Baja California, presentaron en Sesión Ordinaria
ante el Pleno de la XX Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado de Baja California, INICIATIVA CON PROYECTO
DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 33 y
34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESPECTO A LAS
PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO A FIN
DE REGULAR EL “VETO DE BOLSILLO”.
VII. En fecha 09 de junio de 2011 los C. C. Diputados Rubén Alanís
Quintero, Gustavo Magallanes Cortés, Lizbeth Mata Lozano, integrantes
8
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y los C. Diputados
Juan Montejano de la Torre, Virginia Noriega Ríos, Gregorio Barreto
Luna, Alfonso Garzón Zataraín, Rosana Soto Agüero y Fausto Zárate
Zepeda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, presentaron en Sesión Ordinaria ante el Pleno de la XX
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja
California, INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22, 36 Y
49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA (Iniciativa preferente).
VIII.- En fecha 07 de abril de 2011 los Diputados inicialistas C. C.
Rubén Alanís Quintero, María del Rosario Rodríguez Rubio, Gustavo
Magallanes Cortes, José Máximo García López, Lizbeth Mata Lozano y
Ricardo Magaña Mosqueda del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, de esta XX Legislatura Constitucional del Congreso del Estado
de Baja California, presentaron en Sesión Ordinaria ante el Pleno de
esta H. XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja California,
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA.
IX.- En fecha 04 de mayo de 2011 los Diputados inicialistas C. C:
Arcelia Galarza Villarino y Gregorio Carranza Hernández del Grupo
Parlamentario del Partido Nueva Alianza de esta XX Legislatura
Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, presentaron
en Sesión Ordinaria ante el Pleno de esta H. XX Legislatura del Estado
de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 14 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 213 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE BAJA
CALIFORNIA.
X. En fecha 13 de abril de 2011 los Diputados inicialistas C. C. Rubén
Alanís Quintero, María del Rosario Rodríguez Rubio, Gustavo Magallanes
Cortes, José Máximo García López, Lizbeth Mata Lozano y Ricardo
Magaña Mosqueda del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional,
de esta XX Legislatura Constitucional del Congreso del Estado de Baja
California, presentaron ante el Pleno de esta H. Soberanía INICIATIVA
DE REFORMA AL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.
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XI. De conformidad con el artículo 27, fración XXXVI de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, se
elaboró el Plan de Desarrollo Legislativo para esta XX Legislatura, en
los términos previstos por este ordenamiento y la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en cuyo Eje
Temático de Legislación, se establece trabajar en 11 temas centrales
con miras a consolidar el régimen democrático de la entidad. En el
Tema Desarrollo Político y Democrático se establce el objetivo de
promover la construcción de acuerdos de las diferentes fuerzas
políticas para fortalecer la democracia en el Estado con una mayor
participación ciudadana y modernizar las instituciones púbicas.
En cuanto a las líneas de acción, el Plan de Desarrollo
Legislativo propone lo siguente:
Facilitar la realización del referéndum y plebiscito.
Promover el ejercicio de la revocación del mandato.
Convocar la consulta popular en diversos temas de interés
estatal y nacional a petición de la ciudadanía y de los
Poderes constituidos.
Proponer la creación de la Contraloría Ciudadana.
Analizar el marco jurídico electoral para garantizar mayor
participación ciuadadana y modernizar los procesos
electorales.
Empatar la elección federal con la local.
Impulsar reformas para eliminar la inmunidad procesal para
representantes populares.
Proponer que se eliminen los Diputados plurinominales
electos mediante Lista.
Impulsar las reformas necesarias para que los candidatos
estén obligados a registrar ante el Instituto Electoral sus
promesas de campaña.
Impulsar la reforma para el Congreso del Estado ratifique a
los principales Secretarios del Poder Ejecutivo.
10
Iniciar reformas para que el Gobernador del Estado pueda
acudir al Congreso del Estado a dar su informe con derecho a
réplica de los Grupos Parlamentarios.
Crear la figura de Moción de Censura que podrá consistir en
apercibimiento o remoción del cargo de los funcionarios
públicos.
Establecer la Sindicatura Social asignada a la primera
minoría.
Establecer las candidaturas independientes.
Fortalecer el sistema electoral municipal para elegir a los
Regidores por voto directo.
Reducir los gastos de campaña electoral, estableciendo que
el 50% de estos recursos se transferirán a los programas de
desarrollo social, así como evitar la entrada de recursos
financieros de procedencia ilícita.
Que los candidatos a cargos de elección popular se sujeten a
exámen antidoping.
Proponer reformas para que los grupos indígenas puedan
estar representados en los Cabildos de los Ayuntamientos y
en el Congreso del Estado.
Proponer iniciativas para promover una mayor participación
de las mujeres en los procesos electorales para garantizar
sus derechos de género.
Analizar el marco regulatorio para ampliar la representación
ciudadana en el Congreso del Estado y regidurías
municipales.
XII. Con base al Plan de Desarrollo Legislativo de la XX Legislatura
referido en el antecedente anterior, el 24 de febrero de 2011, en la
sede del Congreso del Estado se instaló la Mesa de Reforma Política,
cuyos trabajos fueron coordinados por la Comisión de Reforma del
Estado del Congreso del Estado. Se celebraron 7 reuniones de trabajo
los días 25 de febrero, 10 y 25 de marzo y los días 6, 13, 20 y 27 de
mayo del presente año, participando representantes del Poder
11
Legislativo, Poder Ejecutivo, Tribunal de Justicia Electoral, Instituto
Electoral y de Participación Ciuadadana, Partido Acción Nacional,
Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución
Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo,
Partido Estatal de Baja California, Partido Convergencia, Partido Nueva
Alianza y Partido Enuentro Social, la Universidad Autónoma de Baja
California, el Colegio de la Frontera Norte, el Centro de Estudios
Técnicos y Superiores, la Universidad del Valle de México Campus
Mexicali, el Instituto de Administracion Pública y Ciencias Políticas del
Estado, el Consejo Coordinador Empresarial, la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación, la Confederación Patronal de la República
Mexicana y la Asociacion de Mujeres Bajacalifornianas Unidas para el
Beneficio Social.
Durante los trabajos de esta Mesa de Reforma Política, se
debatieron una diversidad de temas político-electorales con el propósito
de que el Congreso del Estado conociera directamente los
planteamientos de los organismos públicos y privados participantes,
cuyas propuestas verbales y escritas han quedado registradas en las
Actas levantadas de cada una de las Sesiones de la Mesa de Reforma
Política, mismas que se pueden consultar en el portal de internet del
Congreso del Estado en el rubro de “Propuestas y Opiniones”, las cuales
podemos englobar en los siguients temas:
Reducir el financiamiento público a los partidos políticos y
transparentar el uso de los recursos.
Alentar una democracia más participativa instrumentando
mecanismos como el plebiscito, referéndum y la iniciativa
pública.
Revocación de mandato.
Reelección de Alcaldes y Diputados.
Establecer candidaturas independientes.
Eliminación de Diputados de listas.
Propuesta para modificar el periodo de entrada de las
Administrac¡ones Municipales para quedar a partir del 1º de
Enero en lugar del 1º de Diciembre.
12
Empatar las elecciones estatales con las federales.
Elección de la figura del Delegado por los habitantes de las
Delegaciones Municipales en el Estado de Baja California.
Voto electrónico.
Rediseño del sistema de representac¡ón proporc¡onal.
Ley de Partidos Políticos.
XIII. Recibidas que fueron las Iniciativas presentada en las Sesiones
Plenarias referidas en los antecedentes del I al VII y la presentación de
la Adenda en comento, así como las propuestas de reforma al marco
constitucional y legal en materia político-electoral con motivo de los
trabajos y foros realizados por la Mesa de Reforma Política coordinada
por el Congreso del Estado, la Presidencia de la Mesa Directiva, de
acuerdo a la facultades conferidas en los artículos 50 fracción II, inciso
f), y 118 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California, las turnó oportunamente a la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, así como a la
Comisión de Reforma del Estado, para su estudio y dictamen. A su vez,
los Presidentes de estas Comisiones turnaron las iniciativas mediante
diversos oficios al titular de la Secretaría de Servicios Parlamentarios
del Congreso del Estado, adjuntando también las propuestas recibidas
en las reuniones de trabajo y foros de la Mesa de Reforma Política, para
los efectos estipulados en el artículo 77 Ter de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California.
XIV. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 77 Ter de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, la Dirección General de Consultoría
Legislativa procedió al estudio y análisis de las Iniciativas y propuestas
de referencia, considerándose pertinente acumularlas por la similitud y
sentido de sus contenidos, evitando de esta manera que las Comisiones
Unidas sometieran a discusión, y en su caso aprobación, diversos
dictámenes cuyo contenido y propuestas fueran similares como es el
caso de las Iniciativas para regular la revocación de mandato, Iniciativa
preferente, comparecencia de servidores públicos ante las Comisiones o
el Pleno del Congreso del Estado, etcétera. Por lo anterior se elaboró un
solo proyecto de dictamen de estas Iniciativas y propuestas, mismo que
fue remitido a la Secretaría de Servicios Parlamentarios mediante oficio
No. DGCL/00/2011, con fecha 00 de agosto de 2011.
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En su oportunidad, y seguido el proceso legislativo en todas sus
etapas, las Comisiones de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales y de Reforma del Estado, en cumplimiento de lo
previsto en los artículos 55, 62, 63 y 68 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo, suscriben el presente proyecto de Dictamen, bajo el
siguiente:
ESTUDIO Y ANÁLISIS
I.- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LAS INICIATIVAS,
PROPUESTAS DE REFORMA, INTENCIÓN DE LAS INICIATIVAS Y
ESTUDIO Y ANALISIS DE LAS MISMAS.
1. INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 5, 8 FRACCIÓN IV INCISO B, 16 PÁRRAFO
SEGUNDO, 27 FRACCIÓN XXXII, 46 FRACCIÓN VI; 68
FRACCIONES II AL VI Y 78 PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA (Revocación de mandato), presentada el día 21
de octubre de 2010, ante esta Soberanía de la XX Legislatura
Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Baja California, por el C. Diputado Francisco Javier Sánchez Corona,
integrante del Partido de la Revolución Democrática.
2. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 8, 11 Y 68 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Y SE AGREGAN
LOS ARTÍCULOS 81 AL 84 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA Y REFORMA DEL ARTÍCULO 128, LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 130, LAS FRACCIONES XXXIV Y XXXV DEL
ARTÍCULO 145 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 155 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES,
(Revocación de mandato), presentada ante esta Soberanía de la XX
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado de Baja
California, por los C. C. Diputados Julio Felipe García Muñoz, David
Jorge Lozano Pérez, Virginia Noriega Ríos, Juan Vargas Rodríguez,
Fausto Zárate Zepeda, Alfonso Garzón Zataraín, Juan Montejano de la
Torre, Elí Topete Robles, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, Carlos
Murguía Mejía y Gregorio Barreto Luna, integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
14
I).-ASPECTOS GENERALES
A.- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
2. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 8, 11 Y 68 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Y SE AGREGAN
LOS ARTÍCULOS 81 AL 84 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, Y REFORMA DEL ARTÍCULO 128, LA FRACCIÓN VII
DEL ARTÍCULO 130, LAS FRACCIONES XXXIV Y XXXV DEL
ARTÍCULO 145 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 155 DE LA
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
Exponen los autores que:
“El término “revocar” tiene su origen en el latín “revocare” y hace
referencia al acto unilateral que emana de una voluntad que se
rectifica. Su significado según el Diccionario de la Real Academia
Española es: “dejar sin efecto una concesión, un mandato o una
resolución”. Por mandato entiende el propio Diccionario el “encargo
o representación que por la elección se confiere a los diputados,
concejales, etc.” En el ámbito constitucional, la revocación
constituye un procedimiento a través del cual los electores pueden
destituir a un cargo público con anterioridad a la expiración del
período para el que fue elegido. Por su parte, el mandato se
configura como un instrumento institucionalizado cuya finalidad se
orienta a la participación indirecta de los ciudadanos en los
asuntos públicos.
La revocación del mandato constituye un procedimiento que hay
que situar en el marco de la democracia directa y en el ámbito de
la titularidad de los cargos públicos. En efecto, se trata de la
facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo
público. Por lo general, en América Latina las constituciones que
contemplan la posibilidad de revocar el mandato de los
representantes populares la limitan al ámbito local o regional. Por
su parte en Estados Unidos existen disposiciones constitucionales y
legales en 26 estados los cuales facultan a los electores para pedir
la destitución de todos o algunos funcionarios públicos,
introduciendo la pregunta respectiva en la papeleta antes de la
finalización de su período.
15
Desde el inicio del México independiente y a través de sus diversas
etapas históricas el pueblo mexicano ha luchado por encontrar los
mecanismos idóneos para elegir de la manera mas adecuada a los
ciudadanos que deberán llevar las riendas del desarrollo nacional y
que los representaran; con dicho afán en la constitución de 1917
quedo establecido que es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una República representativa, democrática, federal,
compuesta de Estados Libres y Soberanos unidos en una
federación; encontrando así la formula necesaria para lograr un
crecimiento nacional armonizado.
A partir de 1929 ya consolidado nuestro sistema gubernamental
empiezan ha aparecer en la escena nacional los partidos políticos
es decir agrupaciones de ciudadanos con ideales comunes y con la
pretensión de representar los intereses nacionales mediante el
voto de la ciudadanía hacia estos. Esta podría considerarse como
una remota figura de participación ciudadana.
Con el paso del tiempo a contrario de lo que pudiera pensarse los
órganos de gobierno se fueron cerrando en su propia coraza y no
permitieron la intromisión de los ciudadanos en los asuntos de
política, sin embargo debido a que no puede negarse que el
pueblo es el primigenio de la soberanía; el gobierno se ha
visto en la necesidad de buscar e implementar figuras en las que
sus representados avalaran su trabajo por lo que se crearon las
denominadas figuras de participación ciudadana; como una
posibilidad de que los ciudadanos opinaran en el desempeño de un
gobierno y aun mas la posibilidad de frenar o avalar las decisiones
de quien gobierna, reintegrando con las figuras de participación
ciudadana parte de su soberanía a la sociedad.
Estas figuras relativamente nuevas en el contexto mexicano son el
plebiscito, referéndum e iniciativa popular contempladas por la
legislación local en una ley precisamente denominada Ley de
participación Ciudadana.
Lo relevante de este conjunto de procedimientos de democracia
directa es que se encuentran en la ruta adecuada para crear
alternativas para los ciudadanos, no solamente para interactuar
con el gobierno –en todos sus órdenes- sino para vigilar, controlar
16
y acotar sus espacios de discrecionalidad o de iniciativas carentes
de consenso social.
Aun cuando estas figuras son de mucha utilidad para la vida social
consideramos que se encuentran incompletas y que es tiempo de
que se implemente una figura que ha permanecido en la penumbra
durante mucho tiempo; la revocación de mandato.
Entendiendo como revocación de mandato la facultad de que los
ciudadanos que eligieron con su voto a quienes los gobiernan
puedan bajo determinadas circunstancias retractarse de su
elección y revocar al servidor publico electo. De ninguna manera
podemos negar la mala actuación de algunos representantes
populares que si bien es cierto el pueblo los eligió no tiene porque
aguantar o sufrir consecuencias negativas al respecto.
La revocación de mandato definida como atribución ciudadana y no
solamente como una facultad del Poder Legislativo es el recurso
que potencialmente establece una relación más directa y
contundente de los ciudadanos sobre las autoridades electas.
Esto en virtud de que la ciudadanía contempla que la elección de
sus gobernantes no fue la adecuada debido a que pasado un
tiempo de ejercicio gubernamental no rinde los resultados que se
esperaban y por el contrario su ejercicio va en detrimento de la
sociedad.
Esta situación podrá ser resuelta con la figura planteada ya que en
la actualidad las leyes no contemplan ninguna facultad expresa
para que los ciudadanos puedan revocar el mandato de sus
representados.
Sin embargo de la interpretación del artículo 39 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos que dice: Todo poder
público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de
este. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de
alterar o modificar la forma de su gobierno. Se desprende la
facultad del pueblo mexicano de revocar el mandato de sus
representantes cuando estos no cumplan con sus obligaciones.
No puedo dejar de mencionar que aun cuando el artículo 42 de
nuestra Constitución señala que el pueblo ejerce su soberanía
17
por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los estados en lo que toca a sus
regímenes interiores, es decir, que la soberanía del país recae
en el pueblo, la realidad es que no existen mecanismos de
democracia directa.
Por lo que respecta a los estados de la República, existen 24
entidades federativas que al interior de sus constituciones locales
contienen preceptos en materia de democracia directa o
participativa, ellas son: Aguascalientes, Baja California, Coahuila,
Colima, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, estado de México,
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León,
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Por lo que respecta específicamente a la revocación de mandato,
este mecanismo lo contemplan los estados de Chihuahua y
Tlaxcala.
Por ejemplo, para el caso de Chihuahua, la revocación de mandato
incluye al Gobernador, Diputados, Presidentes municipales,
Regidores y Síndicos, y se requiere que la solicitud esté suscrita
por el 10 por ciento como mínimo de los ciudadanos del estado,
distrito o municipio, según sea el caso, y su presentación puede
darse una vez que haya transcurrido una tercera parte del periodo
respectivo.
Para el caso de Tlaxcala, la revocación de mandato sólo aplica para
los integrantes del Ayuntamiento, con la petición de la mayoría de
los ciudadanos del municipio.
Por estas razones es que estamos convencidos que la introducción
a nuestro sistema jurídico de la revocación de mandato lograría
que el pueblo pueda ejercer su verdadera soberanía en el aspecto
fundamental de la democracia, la elección o rectificación de sus
gobernantes y representantes; permitiría que los actos de
gobierno y el uso de recursos públicos se sujetaran al beneficio
general y que los gobernantes antepusieran el interés público al
interés de los partidos en el ejercicio de sus funciones.”
B.- INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
18
De acuerdo a lo que manifiestan los Inicialistas en su exposición
de motivos refieren que el pueblo es el originario de la soberanía, que
el gobierno se ha visto en la necesidad de implementar figuras en las
que sus representados avalen su trabajo, por lo que se crearon figuras
de participación ciudadana con el fin de que los gobernados opinaran
sobre el desempeño de un gobierno y aún más, la posibilidad de frenar
o avalar las decisiones de quien gobierna, reintegrando con la figura de
revocación de mandato parte de su soberanía a la sociedad.
Los inicialistas consideran que la inclusión de la figura de
revocación de mandato, en caso de que los gobernados estimen que la
elección de sus representantes no fue la adecuada y que el ejercicio
gubernamental no rinde los resultados esperados, podrá subsanarse
destituyendo al funcionario público mediante la revocación. De igual
forma, los Inicialistas estiman pertinente que con la introducción de
esta figura a nuestro sistema jurídico se logrará ejercer una verdadera
soberanía en cuanto a la elección o rectificación de sus gobernantes,
permitiendo que los actos de gobierno y los recursos públicos se
antepongan al beneficio general de los ciudadanos, y no al interés de
los partidos políticos.
II.- ASPECTOS PARTICULARES
Para una mejor comprensión de lo anterior, se inserta de manera
textual el contenido de la propuesta de reforma a la Constitución local
contenida en esta Iniciativa identificada con el número 2.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
…
…
…
…
…
…
APARTADO A. Los partidos políticos:
19
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
APARTADO B. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California.
…
…
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana agrupará para
su desempeño, en forma integral y directa, además de las que
determine la Ley, las actividades relativas a la capacitación y educación
cívica, geografía electoral, derechos y prerrogativas de los partidos
políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la
Jornada Electoral, cómputos, otorgamiento de constancias de mayoría,
y asignaciones por el principio de representación proporcional. Así
como lo relativo a la regulación de la observación electoral y de las
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Además, tendrá a
su cargo en los términos que señale esta Constitución y la Ley, la
realización de los procesos de Plebiscito, Referéndum y revocación de
mandato.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
20
…
…
…
…
…
APARTADO C. JUSTICIA ELECTORAL.
…
…
ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:
I.- a III.- …
IV.- Si además de ser mexicanos, son ciudadanos tendrán los
siguientes:
a) …
b) Participar en los términos de esta Constitución y de la Ley en
los procesos de Plebiscito, Referéndum y Revocación de Mandato.
c) a e) …
V.- y VI.- …
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
…
…
…
…
Es revocable el mandato de los servidores públicos de
elección popular. Para efectos de promover la revocación de
mandato, se requerirá solicitud suscrita cuando menos por el
10% de los ciudadanos debidamente inscritos en el Padrón
Electoral correspondiente al Estado de Baja California, para el
caso del Gobernador debe ser de los inscritos en todo el estado,
del municipio en el caso de Presidente Municipal, Síndico y
Regidores, así como en el distrito electoral del que fue electo el
Diputado, y podrá presentarse una vez transcurrido una tercera
parte del período para el cual fue electo el funcionario. La ley
establecerá las bases y procedimientos para la revocación así
como los medios de impugnación.
21
ARTÍCULO 68.- El Tribunal de Justicia Electoral será la máxima
autoridad jurisdiccional electoral estatal y órgano especializado del
Poder Judicial del Estado. Será autónomo en su funcionamiento e
independiente en sus decisiones. El Poder Legislativo, garantizará su
debida integración.
…
El Tribunal de Justicia Electoral resolverá en forma definitiva y
firme en los términos de esta Constitución y de la Ley de la Materia,
sobre:
I.- a IV.- …
V.- Las impugnaciones que en materia de revocación de
mandato se presenten; y
VI.- Las demás que señale la Ley.
…
…
…
TRANSITORIOS
Primero.- Una vez aprobada la presente iniciativa por esta legislatura
túrnese a los ayuntamientos para su participación en las reformas a la
constitución.
Segundo.- De ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos
declarase por este Poder Legislativo legalmente aprobada la presente
iniciativa
Tercero.- La presente entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
A.- MARCO JURÍDICO
Para efectos de determinar la procedencia de la Iniciativa objeto
del presente dictamen, se estudiará y analizará los ordenamientos
legales aplicables al caso, mismos que se transcriben para su mayor
comprensión:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
22
Artículo 26.-
A. …
…
La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de
participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación
democrática, y los criterios para la formulación, instrumentación,
control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo,
determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las
bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con
los gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los
particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución.
…
Artículo 115.- …
I.- ...
…
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus
integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus
miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga,
siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente
para rendir las pruebas y hacerlos (sic) alegatos que a su juicio
convengan.
…
Artículo 116. …
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I. a la VII.- …
Artículo 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reservadas a los Estados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA
23
Artículo 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su
régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste.
La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas.
Artículo 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:
I.- …
II.- Ejercer el derecho de petición de manera respetuosa y
pacífica, teniendo la autoridad la obligación de contestar en breve
término; en materia política sólo ejercerán este derecho los ciudadanos
mexicanos;
III.- …
IV.- Si además de ser mexicanos, son ciudadanos tendrán los
siguientes:
a) Votar en las elecciones para integrar los órganos de elección
popular de la entidad;
b) Participar en los términos de esta Constitución y de la Ley en
los procesos de Plebiscito y Referéndum;
c) Ser votados siempre que reúnan los requisitos que determina
esta Constitución y las leyes;
d) Desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de
los ayuntamientos, cuando la persona reúna las condiciones que exija
la Ley para cada caso; y
e) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del Estado; así como al partido político
de su preferencia o asociación de que se trate.
…
III.- ESTUDIO DE LA INICIATIVA
24
La vida democrática en México es un proceso que poco a poco se
ha ido fortaleciendo en cada una de las diferentes etapas de la historia
del país, de tal forma que primero tuvo que consolidarse el Estado
Nacional y organizarse en sociedad. Fué en 1917 cuando se
fortalecieron los cimientos para edificar una vida en democracia, todo
esto en virtud de la promulgación de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
La democracia puede considerarse como un régimen de una vida
en proceso inagotable, ya que va evolucionado junto con su pueblo de
tal suerte que estar en constante transformación es un estado natural
donde una de las principales características es el dinamismo.
Como anteriormente fué señalado, en 1971 cuando el
Constituyente promulgó en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos los derechos y libertades de los mexicanos fijó en
gran parte las bases para la participación de los ciudadanos en la
elección de sus gobernantes y la expresión de sus ideas.
A principios del año 2001 fué publicada la Ley de Participación
Ciudadana Para el Estado de Baja California, donde se establecieron las
bases para que la sociedad, de manera activa, tenga una mayor
participación en las decisiones que se toman para beneficio del
desarrollo del Estado. El objeto de la ya mencionada Ley, según su
artículo primero, es “fomentar, impulsar, promover, consolidar y
establecer los instrumentos y mecanismos que permitan regular el
proceso democrático de la participación ciudadana en el ámbito de
competencia del Gobierno del Estado y de los Ayuntamientos”, así
pues, se instituyeron figuras novedosas como lo fueron en su momento
el plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana.
Respecto a la figura de “revocación de mandato” para los
integrantes de los Ayuntamientos, se encuentra prevista en el articulo
115 de la Constitución Federal y a su vez en algunos Municipios de las
Entidades Federativas que a continuación enunciamos: Aguascalientes,
Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito federal, Estado de México,
Guanajuato, Guerrero. Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca,
Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz,
Zacatecas y nuestro Estado; sin embargo, esta figura que los
Inicialistas pretenden introducir a las normas jurídicas de Baja
California, para ser aplicada a todos los servidores públicos de elección
popular solo se contemplan en las Constituciones Locales de los
25
Estados de Chihuahua y Sinaloa.
La Constitución local de Sinaloa, respecto a la revocación de
mandato estipula que:
“Art. 150. El referéndum, plebiscito y la revocación de mandato
son formas de consulta y participación ciudadana que se sujetarán
a las siguientes disposiciones:
El referéndum es el acto conforme al cual, en los términos que
establezca la ley, los ciudadanos sinaloenses opinan sobre la
aprobación o rechazo de leyes estatales, excepto de las de carácter
fiscal o tributario, cuya competencia es materia exclusiva del
Congreso del Estado, ni respecto de reformas a la Constitución
Política o a las leyes locales que se hubieren expedido para
adecuar el marco jurídico de la entidad a las reformas o adiciones
que se hicieren a la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
El referéndum puede ser total o parcial, según se refiera a toda
una ley o solamente a algunos de sus preceptos.
El plebiscito es el acto conforme al cual, en los términos que
establezca la ley, los ciudadanos sinaloenses expresan su
aprobación o rechazo a los actos, propuestas o decisiones del
Poder Ejecutivo del Estado u organismos e instituciones de la
administración pública paraestatal, así como de los ayuntamientos
u organismos e instituciones de la administración pública
municipal.
En la legislación reglamentaria se establecerán las materias que
pueden ser objeto de referéndum y plebiscito, los requisitos para
convocar y el órgano facultado para hacerlo, así como los plazos
para su realización, los procedimientos a que estará sujeto, los
porcentajes mínimos de participación ciudadana y los efectos que
produzcan sus resultados.
La ley establecerá un sistema de medios de impugnación que dará
definitividad a las distintas etapas del referéndum o plebiscito. La
interposición de los medios de impugnación no producirá efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.
26
Las autoridades estatales y municipales están obligadas a
coadyuvar en todo aquello que les sea requerido en la realización
del referéndum y el plebiscito.
Los resultados del referéndum y plebiscito serán obligatorios para
las autoridades competentes.
La revocación de mandato es el acto mediante el cual la
mayoría absoluta de los ciudadanos en ejercicio pleno de
sus derechos, habitantes de un pueblo o región cualquiera,
tienen derecho para recusar el nombramiento de
autoridades, hecho por el Ejecutivo, por el Supremo
Tribunal de Justicia o por los Ayuntamientos, conforme a las
siguientes bases:
I. La petición será presentada por escrito a la Superioridad de
quien haya emanado el nombramiento para su
reconsideración.
II. Si los peticionarios no fueren satisfechos por la
Superioridad que hizo el nombramiento, podrán recurrir al
Congreso del Estado, quien oyendo a las partes resolverá en
justicia. Si la resolución favorece a los peticionarios, el
Congreso la comunicará a quien corresponda para su
cumplimiento. En la legislación reglamentaria se
establecerá el procedimiento. “
En Chihuahua, la Constitución Local establece lo siguiente:
“ARTICULO 21. Son derechos de los ciudadanos chihuahuenses:
I. Votar en las elecciones populares del Estado, así como participar
en los procesos plebiscitarios, de referéndum y de revocación
de mandato;
II. a la VI…”
La Ley Electoral del Estado de Chihuahua establece lo siguiente:
“Artículo 1.-…
1. …
2. …
a) y b)…
27
c) Las autoridades electorales encargadas de organizar las
elecciones de diputados, de Gobernador, de miembros de los
ayuntamientos y de síndicos, así como los procedimientos
plebiscitarios, de referéndum y de revocación de mandato;
d) y e)
3. … “
“ARTICULO 39. Todo acto u omisión ilegales en los procesos
electorales, plebiscitarios, de referéndum y de revocación de
mandato será causa de responsabilidad. La ley determinará las
sanciones correspondientes.”
“ARTICULO 46. El Tribunal Estatal Electoral resolverá las
impugnaciones que se interpongan en contra de las declaratorias
de validez de elecciones y de las constancias de mayoría y de las
de asignación proporcional otorgadas a los candidatos a diputados.
Del mismo modo, las que se presenten en materia de referéndum,
plebiscito y revocación de mandato.”
…
“Artículo 386.
1. Se entiende por revocación del mandato de los funcionarios
públicos electos mediante el voto, el procedimiento por el cual los
ciudadanos del Estado, los distritos, municipios o secciones
municipales, según sea el caso, manifiestan su voluntad de
destituir de su cargo a un ciudadano electo popularmente.
2. Es procedente la revocación cuando haya transcurrido la tercera
parte o más del periodo para el cual fue electo el funcionario.
3. La solicitud de revocación deberá estar suscrita cuando menos
por el 10% de los ciudadanos del Estado, el distrito, el municipio, o
la sección, según se trate de remover, respectivamente, al
gobernador; los diputados; los presidentes municipales,
presidentes seccionales, regidores o síndicos.”
“Artículo 387.
1. La solicitud para remover la revocación de un funcionario público
electo mediante el voto, podrá presentarse tan pronto como haya
transcurrido una tercera parte del periodo que para cada caso
28
establezca la Constitución Política del Estado; y cumplir además
con los siguientes requisitos:
a) Dirigirse al Instituto Estatal Electoral;
b) Identificar al funcionario o funcionarios de elección popular. En
este caso la solicitud deberá ir firmada por los ciudadanos y
acompañada de copia, de ambas caras, de su credencial de elector
para votar, y
c) La causa o causas por virtud de las cuales inician el proceso de
revocación. Para este efecto, los iniciadores del proceso deberán
invocar las causas previstas en la legislación aplicable: En el caso
de Gobernador y diputados, en la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Chihuahua para la procedencia
de juicio político; y en los casos de presidentes municipales,
síndicos y regidores, en el Código Municipal para el Estado de
Chihuahua.
2. Recibida la solicitud el Instituto Estatal Electoral, por medio de
su Consejo General, calificará su procedencia en un término no
mayor a ocho días hábiles que se contarán a partir del día
siguiente de la presentación de la solicitud. Para tal efecto el
Instituto Estatal Electoral analizará de oficio lo siguiente:
a) Si la solicitud se ha promovido con posterioridad a que haya
transcurrido una tercera parte del periodo constitucional para el
cual fue electo el funcionario sujeto a remoción;
b) Si el número de ciudadanos promoventes alcanza el porcentaje
requerido, y
c) La expresión de causas que se invocan para solicitar la
revocación, requisito sin el cual se desechará de oficio.
3. Si la solicitud no cumple con los requisitos señalados en este
artículo, el Instituto Estatal Electoral, de oficio, la declarará
improcedente. Si el Instituto Estatal Electoral no acuerda y
determina su procedencia en el plazo a que se refiere el párrafo
anterior, la solicitud se considerará aceptada.”
“Artículo 388.
Una vez admitida la solicitud, se ordenará la consulta de
inmediato, de acuerdo a los siguientes plazos:
a) Si afecta al Gobernador del Estado, dentro de los 60 días
posteriores a dicha declaración.
29
b) Si afecta a uno o más diputados, dentro de 45 días posteriores a
dicha declaración.
c) Si afecta a un presidente municipal, presidente seccional,
regidor o síndico, dentro de los 30 días posteriores a dicha
declaración.”
“Artículo 389.
1. El voto será libre, secreto y obligatorio. Votarán por un “sí” los
electores cuya voluntad sea que se revoque el mandato conferido
al funcionario de que se trate; y por un “no” los que estén a favor
de que continúe en el cargo para el cual fue electo.
2. Para que la revocación del mandato surta sus efectos de
destitución, se requerirá una votación emitida superior al número
de sufragios que el funcionario impugnado obtuvo para triunfar en
las elecciones. En caso contrario, quedará ratificado y ya no podrá
ser objeto de un nuevo procedimiento revocatorio.”
“Artículo 390.
El Instituto Estatal Electoral efectuará el cómputo del resultado y
ordenará su publicación en el Periódico Oficial del Estado. Así
mismo, ordenará se publique que ha procedido la revocación a
efecto de que conforme a la Ley se proceda a sustituir al
funcionario. Para el caso de que la revocación haya sido rechazada,
igualmente se procederá a su publicación en el Periódico Oficial del
Estado. Si se impugnan los resultados el Tribunal Estatal Electoral,
en lo conducente, acatará lo establecido en este artículo.”
Ahora bien, para el análisis y estudio a la propuesta de reforma
que presentan los Diputados Inicialistas es necesario precisar el fin de
la figura de revocación de mandato y ante ello tenemos que:
Según la Real Academia de la Lengua Española define a la
revocación como: “Anulación, sustitución o enmienda de orden o fallo
por autoridad distinta de la que había resuelto. Y, acto jurídico que deja
sin efecto otro anterior por la voluntad del otorgante”.
Sobre este mismo vocablo, en el Diccionario de Derecho Procesal
Civil de Eduardo Pallares, señala que la revocación de mandato es “la
anulación, casación, retractación, haciendo referencia a actos
unilaterales que emanan de una voluntad que rectifica”.
30
La definición de Mandato según el diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española en su quinta acepción se establece como;
“Encargo o representación que por la elección se confiere a los
diputados, concejales, etc.”
En materia constitucional entendemos que el mandato es el
instrumento por medio del cual se orienta la participación indirecta del
ciudadano en los asuntos públicos.
En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el
Constituyente Federal estableció en el Titulo Cuarto denominado “De
las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del
Estado”, en su artículo 109, sanciones administrativas, civiles, penales
y políticas para los servidores públicos que realicen determinadas
conductas, siendo las siguientes:
A) Responsabilidad penal: Se actualiza cuando el servidor público
realice una conducta que se tipifique como delito y para que
de origen es necesario realizar el procedimiento de
“declaración de procedencia”.
B) Responsabilidad administrativa: Da lugar cuando el servidor
público falta a los fines para los cuales se le asigno el cargo o
fue electo, siendo éstos salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, empleos, cargos o comisiones.
C) Responsabilidad política: En el ámbito federal se sanciona
mediante el “juicio Político” cuando incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales o de su buen despacho así como por
violaciones graves a la Constitución, a Leyes y por el manejo
indebido de fondos y recursos públicos.
D) Responsabilidad civil: Se procede cuando el servidor público
mediante actos ilícitos cause un daño patrimonial al erario
público.
En virtud de lo anterior, el Constituyente Local basado en lo
dispuesto en los párrafos precedentes estableció en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California lo siguiente:
“ARTÍCULO 93.- Podrán ser sujetos de Juicio Político los
Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial
31
del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario
General de Gobierno, Oficial Mayor del Gobierno del Estado,
Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador
General de Justicia del Estado, Procurador de los Derechos
Humanos, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores,
Síndicos Municipales y demás miembros de los Ayuntamientos de
Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus
equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de
Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a
éstas y Fideicomisos Públicos.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en
su inhabilitación para desempeñar funciones, cargos o comisiones
de cualquier naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto,
el Congreso del Estado, a través de una comisión de su seno
instruirá, el procedimiento respectivo que concluirá en
proposiciones concretas sobre la responsabilidad del inculpado
previa audiencia de éste.
El Congreso del Estado concurriendo cuando menos las dos
terceras partes del número total de sus miembros, se erigirá en
Jurado de Sentencia una vez practicadas las diligencias
correspondientes con audiencias del acusado, emitirá el fallo
correspondiente tomado por acuerdo de las dos terceras partes del
número total de diputados. En ese caso no votarán quienes hayan
integrado la Comisión Instructora.
Las resoluciones que emita el Congreso del Estado, serán en
ejercicio pleno de su soberanía, y por lo tanto, resolverá en forma
libre y discrecional. Dichas resoluciones serán definitivas e
inatacables, por lo que no procederá juicio, recurso o medio de
defensa ordinario o extraordinario alguno en contra de las
mismas.”
“ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador,
los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder
Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado,
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia del
Estado, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los
32
Ayuntamientos del Estado, por la comisión de delitos durante el
tiempo de su encargo el Congreso declarará por mayoría calificada
de sus integrantes si se trata del Gobernador o Presidentes
Municipales, o por mayoría absoluta de miembros presentes en
sesión cuando se refiera a los demás Servidores Públicos aquí
mencionados, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo
procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la
imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma
no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder, el
sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para
que actúen con arreglo a la Ley.
En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados,
Magistrados del Poder Judicial del Estado y Consejeros de la
Judicatura del Estado, sean declarados responsables en Juicio
Político por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o
sujetos de declaración de procedencia por la Cámara de Diputados
del mismo Congreso, la Legislatura del Estado determinará las
sanciones de las señaladas en el Artículo 93 que deban imponerse
al acusado si se está en el primer caso, o decretará la separación
del Servidor Público de que se trate del cargo que ocupa y lo hará
saber así a la Autoridad que haya solicitado la remoción del Fuero
Constitucional.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el
inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a
proceso penal.
Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata
de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se
concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier
servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en
la legislación penal, y tratándose de delitos de cuya comisión el
autor obtenga un beneficio económico o cause daños y perjuicios
33
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido
y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados
por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.”
De la propuesta realizada por los Diputados Inicialistas, se observa
que los legisladores pretenden establecer en la Constitución Local un
nuevo sistema de responsabilidad, favorecido por los ciudadanos, el
cual consiste en la “revocación de mandato”.
Ahora bien, los procedimientos a los que los servidores públicos
electos mediante el voto popular pueden sujetarse por alguna
infracción a la Ley que hayan cometido, se encuentran previstos en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja
California, y ésta en su artículo 9 establece para el caso de juicio
político lo siguiente:
“ARTÍCULO 9.- Es procedente el Juicio Político, cuando en el
ejercicio de sus funciones los servidores públicos, incurran en
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho, por las siguientes
causas:
I.- El ataque a las instituciones democráticas, cuando cause
perjuicios graves al Estado o motive trastorno en el
funcionamiento de las mismas;
II.- El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo
y Popular del Estado; así como a la organización política y
administrativa de los Municipios;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías
individuales o sociales;
IV.- Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas
y presupuestos de la Administración Pública Estatal o Municipal y
demás normatividad aplicable en la recaudación, manejo,
administración y aplicación de los recursos económicos del Estado
o Municipios, incluyendo los recursos públicos provenientes de
convenios o acuerdos concertados con la Federación;
V.- El ataque a la libertad del sufragio;
VI.- La usurpación de atribuciones,
VII.- Cualquier acción u omisión en contra de la Constitución
34
Política del Estado o de las Leyes Estatales que atente contra el
patrimonio o se cause perjuicios graves a la Administración Pública
Estatal o Municipal o motive algún trastorno en el funcionamiento
normal a las instituciones; y,
VIII.- Por violación a los reglamentos estatales o municipales que
altere la estabilidad política o administrativa del Estado o Municipio
respectivo, atente contra su patrimonio o interfiera la prestación
de los servicios públicos municipales.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.”
Respecto a la declaración de procedencia el artículo 21 de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja
California establece que: “Realizada una averiguación previa en contra
de algún servidor público a los que se refiere el primer párrafo del
Artículo 94 de la Constitución Política del Estado y resuelta que sea por
la autoridad investigadora el ejercicio de la acción penal, el Ministerio
Público deberá solicitar al Congreso, por conducto de la Presidencia, la
Declaración de Procedencia antes de consignar al Juez competente”.
Para efectos de la responsabilidad administrativa, la Ley citada en
párrafos precedentes, señala que:
“ARTÍCULO 46.- Todo servidor público debe desempeñar su
función, empleo, cargo o comisión observando siempre los
principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y
Eficiencia, actuando dentro del orden jurídico, respetando en todo
momento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California y las Leyes, Decretos y Acuerdos que de una y otra
emanen.
En tal virtud, los servidores públicos tienen las siguientes
obligaciones:
I.- Cumplir con la diligencia requerida el servicio que le sea
encomendado;
II.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión
o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido
de un empleo, cargo o comisión;
III.- Formular y ejercer, en su caso, los planes, programas y
presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las
35
Leyes, Reglamentos y disposiciones administrativas que determinen
el manejo de recursos humanos, económicos y materiales públicos;
IV.- Utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño
de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean
atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su
función exclusivamente para los fines a que están afectos;
V.- Custodiar y cuidar la documentación e información a la cual
tenga acceso por razón de su empleo, cargo o comisión, así como
los bienes muebles e inmuebles que conserve bajo su cuidado,
impidiendo o evitando el uso indebido, sustracción, inutilización,
ocultamiento, daños o destrucción;
VI.- Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión,
dirigiéndose con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las
personas con las que tenga relación con motivo de éste;
VII.- Observar en la dirección de sus subordinados, respeto y las
debidas reglas del trato y abstenerse de incurrir en agravio,
desviación o abuso de autoridad;
VIII.- Observar respeto y subordinación legítimas, respecto a sus
superiores, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el
ejercicio de sus atribuciones;
IX.- Comunicar por escrito al titular de la dependencia o entidad en
la que presten sus servicios, el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en este artículo o las dudas fundadas que le suscite la
procedencia de las órdenes que reciba;
X.- Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o
pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones
que por ley le corresponda por el desempeño de su función, sean
para él o su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o
sociedades de las que el servidor público o las personas antes
referidas formen o hayan formado parte;
XI.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de
situación patrimonial de Inicio, Modificación Anual y de Conclusión
de encargo, ante la autoridad competente según el caso, en los
términos de esta Ley;
XII.- Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y
resoluciones que reciba de los Síndicos Procuradores, el Órgano de
Control o de la Dirección, según sea el caso, conforme a la
36
competencia y facultades de éstos; proporcionando oportunamente
los datos, la información y los documentos relacionados con la
Administración y ejercicio de las Finanzas Públicas, y no obstaculizar
la práctica de visitas, inspecciones o auditorias y el acceso a los
archivos, que le requieran las autoridades en las formas, términos y
condiciones señaladas por la normatividad aplicable;
XIII.- Denunciar por escrito ante las autoridades a las que se refiere
el artículo 5 de la presente ley, en los ámbitos de sus respectivas
competencias, los actos u omisiones que en ejercicio de sus
funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público
que preste sus servicios en su área de adscripción y que pueda
constituir responsabilidad administrativa en los términos de la ley;
XIV.- Respetar el derecho a la formulación de las quejas y
denuncias a las que se refiere esta Ley y evitar que con motivo de
éstas se causen molestias indebidas al quejoso;
XV.- Custodiar, vigilar, proteger, conservar y mantener en buen
estado los sistemas y programas de informática que se establezcan,
así como llevar catálogos y actualizar inventarios de sistemas de
informática, conforme a las normas y procedimientos establecidos
en las leyes correspondientes;
XVI.- Presentar en tiempo y forma las Cuentas Públicas y las
solventaciones a las observaciones derivadas de su fiscalización, así
como la documentación e información que establecen las leyes
relacionadas con la Cuenta Pública, y lo expresamente solicitado por
la Dirección, los Síndicos Procuradores o la Contaduría Mayor de
Hacienda del Congreso del Estado;
XVII.- Facilitar la información, documentación y/o expedir copias
certificadas a quienes siendo o habiendo sido servidores públicos
hayan sido requeridos por la Comisión de Fiscalización del Gasto
Público del Congreso del Estado y/o el Órgano de Fiscalización
Superior para esclarecer las observaciones derivadas de la
fiscalización de las Cuentas Públicas en las cuales se encuentren
relacionados;
XVIII.- Informar por escrito al titular de la dependencia o entidad
de adscripción, cuando por motivo de salud deba someterse al
tratamiento médico que implique el consumo de algún tipo de
sustancia psicotrópica, enervante, depresiva, estupefaciente o
similar; y
XIX.- Las demás que establezcan las leyes, reglamentos y
disposiciones administrativas.”
37
Para el caso de Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores, la Ley
de Régimen Municipal para el Estado de Baja California, estipula que:
“ARTÍCULO 41.- De la Revocación del Mandato de Munícipes.-
Sólo por causa grave, el Congreso del Estado y a petición del
Ayuntamiento, con audiencia del afectado, procederá a la
revocación del mandato y separación definitiva de un Munícipe.
Para los efectos de éste artículo se considera causa grave
cualesquiera de las siguientes:
I.- Cuando un Munícipe se encuentre afectado en su estado de
salud, de tal forma que le sea imposible o inconveniente el
continuar en el desempeño de su cargo o el desarrollo de sus
funciones;
II.- Cuando un Ayuntamiento, de conformidad con su reglamento
interno, adopte resolución de responsabilidad en contra de un
Munícipe, por los siguientes motivos:
a).- Realizar actos que impliquen la violación a las Leyes y
Reglamentos vigentes en el Estado;
b).- Ejecutar planes o programas o disponer de recursos públicos
de manera distinta a la aprobada por el Ayuntamiento, y
c).- Cuando un Munícipe dejare de asistir a las sesiones de Cabildo
o de las comisiones instituidas por el Ayuntamiento, o sea omiso
en el desempeño de sus funciones y con ello se cause perjuicio
grave a las instituciones municipales o a la comunidad.
En todo caso, para que el Congreso del Estado pueda proceder a la
revocación del mandato y separación del cargo de un Munícipe,
será necesario que el Ayuntamiento del cual éste forme parte,
adopte resolución en ese sentido.
En la sesión de Cabildo en la que deba de resolverse respecto de la
solicitud de separación de un Munícipe, el afectado tendrá el
derecho de audiencia previa, así como el de emisión de voto.
El Ayuntamiento llamará al suplente a ocupar el cargo vacante,
hasta que el Congreso del Estado resuelva en definitiva la
remoción solicitada. En caso de resultar improcedente la solicitud
de remoción, el Munícipe de que se trate se reintegrará al
Ayuntamiento correspondiente, debiendo restituírsele el goce de
38
los derechos y prerrogativas que hubiere dejado de disfrutar
durante el desarrollo del procedimiento.”
“ARTÍCULO 44.- Bases que Rigen el Procedimiento
Administrativo.- Las actuaciones administrativas que realicen los
Ayuntamientos y sus Autoridades Municipales, deberán regirse por
los principios de legalidad, igualdad, publicidad y audiencia,
salvaguardando las garantías constitucionales, de conformidad con
lo que establezcan en la reglamentación respectiva y atendiendo a
las siguientes prescripciones generales:
I.- El procedimiento administrativo podrá iniciarse de oficio o a
petición del interesado. Las manifestaciones, informes o
declaraciones rendidas por los interesados ante la Autoridad
competente se presumirán ciertas, salvo prueba en contrario, aun
cuando estén sujetas al control y verificación de la propia
Autoridad. Si los informes o declaraciones proporcionados por el
particular resultan falsos, se aplicarán las sanciones
administrativas correspondientes, sin perjuicio de las penas en que
incurren aquellos que se conducen con falsedad, de acuerdo con
los ordenamientos legales aplicables. La actuación administrativa
de la autoridad y la de los interesados se sujetará al principio de
buena fe;
II.- En los procedimientos administrativos no procederá la gestión
oficiosa. Quien promueva a nombre de otro deberá acreditar su
personalidad en los términos de Ley;
III.- En los procedimientos y trámites respectivos, no se podrán
exigir mayores formalidades y requisitos que los expresamente
establecidos en los ordenamientos reglamentarios de cada
materia. Los interesados tendrán en todo momento el derecho de
obtener información sobre los procedimientos y el estado en que
se encuentran, así como el acceso a los expedientes que con
motivo de sus solicitudes, o por mandato legal, formen las
Autoridades Municipales;
IV.- Sólo podrá negarse la información o el acceso a los
expedientes, cuando esté protegida dicha información por el
secreto industrial, comercial o por disposición legal; o porque el
solicitante no sea el titular o causahabiente, o no acredite su
interés legítimo en el procedimiento administrativo; o se
involucren cuestiones relativas a menores de edad o de defensa y
seguridad nacional, y
39
V.- Las actuaciones se verificarán en las oficinas de las
dependencias o entidades competentes. En los casos en que la
naturaleza de la diligencia así lo requiera y sea necesario o
conveniente para agilizar el procedimiento, el desahogo de la
diligencia podrá trasladarse a otro sitio, previa constancia
debidamente fundada y motivada de esta circunstancia.”
Ahora bien, retomando lo establecido en el primer párrafo del
artículo 109 de la Constitución Federal, donde se establece que:
“El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro
de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las
leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás
normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este
carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las
siguientes prevenciones:…”
Respecto de lo anterior, resulta aplicable la siguiente tesis de
jurisprudencia:
"RESPONSABILIDADES DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUS
MODALIDADES DE ACUERDO CON EL TÍTULO CUARTO
CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos
108 al 114 de la Constitución Federal, el sistema de
responsabilidades de los servidores públicos se conforma por
cuatro vertientes: A). La responsabilidad política para ciertas
categorías de servidores públicos de alto rango, por la comisión de
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho; B). La
responsabilidad penal para los servidores públicos que incurran en
delito; C). La responsabilidad administrativa para los que falten a
la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en la
función pública, y D). La responsabilidad civil para los servidores
públicos que con su actuación ilícita causen daños patrimoniales.
Por lo demás, el sistema descansa en un principio de autonomía,
conforme al cual para cada tipo de responsabilidad se instituyen
órganos, procedimientos, supuestos y sanciones propias, aunque
algunas de éstas coincidan desde el punto de vista material, como
ocurre tratándose de las sanciones económicas aplicables tanto a
la responsabilidad política, a la administrativa o penal, así como la
inhabilitación prevista para las dos primeras, de modo que un
servidor público puede ser sujeto de varias responsabilidades y,
40
por lo mismo, susceptible de ser sancionado en diferentes vías y
con distintas sanciones."
(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo III, abril de 1996, tesis P. LX/96, página 128).
Por lo que hace a la “revocación de mandato” de los Munícipes, la
Constitución Federal prevé en el párrafo tercero, fracción primera del
artículo 115 la figura antes mencionada, artículo que se transcribe para
una mayor comprensión.
“Artículo 115. Los Estados…
I. Cada Municipio…
…
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de
sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que
éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a
alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la
ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos alegatos
que a su juicio convengan.”…
De igual forma, la Constitución Local en el artículo 27 establece
que:
“ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I a la VIII…
IX.- Por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes,
suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y
suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por
alguna de las causas graves que la Ley prevenga, siempre y
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para
rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio
convenga;…”
La Ley de Régimen Municipal señala en el artículo 41:
“De la Revocación del Mandato de Munícipes.- Sólo por causa
grave, el Congreso del Estado y a petición del Ayuntamiento, con
audiencia del afectado, procederá a la revocación del mandato y
separación definitiva de un Munícipe. Para los efectos de éste
artículo se considera causa grave cualquiera de las siguientes…”
41
De lo anterior se desprende una clara contradicción entre la
propuesta de los legisladores y lo establecido en los ordenamientos
citados, pues pretenden instaurar una figura que ya se encuentra
contemplada en la Constitución Local respecto de los munícipes,
síndicos y regidores así como en la Ley de Régimen Municipal para el
Estado de Baja California, es decir; el artículo 27 de la Constitución
Local le otorga como facultad exclusiva al Congreso del Estado la
revocación de mandato de los Munícipes por las causas que la Ley
especial prevé.
De ser aprobado en los términos que fue presentado el proyecto
que se analiza, se estaría vulnerando lo establecido en el numeral 115
de la Carta Magna, ya que es ahí donde se sientan las bases para que
los Congresos locales revoquen el mandato de los munícipes.
Para fortalecer lo anterior se cita el siguiente criterio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL ACTO POR EL CUAL
LA LEGISLATURA DE UN ESTADO DECLARA LA SUSPENSIÓN
O DESAPARICIÓN DE UN AYUNTAMIENTO, SIN CUMPLIR
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 115,
FRACCIÓN I, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, TRANSGREDE LA PRERROGATIVA CONCEDIDA A
DICHO ENTE MUNICIPAL, CONSISTENTE EN
SALVAGUARDAR SU INTEGRACIÓN Y CONTINUIDAD EN EL
EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE GOBIERNO. De la
exposición de motivos de la reforma al artículo citado, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1983, se
advierte que el Poder Reformador de la Constitución Federal
estableció como prerrogativa principal de los Ayuntamientos la
salvaguarda de su integración y continuidad en el ejercicio de sus
funciones de gobierno, toda vez que son el resultado de un
proceso de elección popular directa, por el que la comunidad
municipal otorga un mandato político a determinado plazo, el cual
debe ser respetado, excepto en casos extraordinarios previstos en
la legislación local. En ese tenor, si el artículo 115, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece
como requisitos para que las Legislaturas Locales suspendan
Ayuntamientos o declararen su desaparición, o suspendan o
revoquen el mandato de alguno de sus miembros, que la ley
42
prevea las causas graves para ello, que se haya otorgado
previamente oportunidad para rendir pruebas y formular alegatos,
y que dicho acuerdo de suspensión o desaparición de un
Ayuntamiento o de suspensión o revocación del mandato de
alguno de sus miembros, sea tomado por las dos terceras partes
de los integrantes de la legislatura, es indudable que cualquier
acto que afecte tanto el ejercicio de las atribuciones como la
integración del mencionado ente municipal, sin cumplir con tales
requisitos, es inconstitucional.
Controversia constitucional 49/2003. Municipio de San Miguel
Quetzaltepec, Mixe, Estado de Oaxaca. 24 de agosto de 2004.
Unanimidad de diez votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. “
Derivado de la intención de los inicialistas de retirar del proceso
legislativo las reformas planteadas tanto a la Ley de Participación
Ciudadana como a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electores,
ambas para el Estado de Baja California, es necesario observar que
para poder materializar, en el supuesto de ser aprobado el presente
dictamen, que deberán hacerse las adecuaciones necesarias a las Leyes
secundarias con el fin de que la Institución que se intenta introducir a
la Constitución Local, pueda materializarse.
Recientemente se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la
Nación acción de inconstitucionalidad, radicada con el expediente
número 63/2009, y que fuera promovida por el Procurador General de
la República, quien demando la inconstitucionalidad de los artículos 14,
16, 96, 143, 386, 387, 388, 389 y 390 de la Ley Electoral del Estado
de Chihuahua, Estado que introdujo en su sistema jurídico la figura de
“revocación de mandato”. El tercer concepto de invalidez argumentado
por el procurador de manera textual señala lo siguiente:
“Los artículos 386 a 390 de la Ley Electoral del Estado de
Chihuahua son inconstitucionales, en tanto que contrarían lo
dispuesto en los artículos 14, 109 y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que establecen la revocación
del mandato popular, a efecto de destituir a los servidores públicos
electos mediante el voto que incurran en algunas de las causas de
responsabilidad política previstas en la legislación correspondiente,
todo ello sin la debida observancia a la garantía de audiencia; esto
es, se establece la figura de la revocación de mandato popular,
misma que será solicitada a petición de la ciudadanía al manifestar
43
su voluntad por escrito ante el Instituto Estatal Electoral, con un
porcentaje del diez por ciento de la población del Estado, Municipio
o distrito, según sea el caso, para el efecto de destituir del cargo al
servidor público electo mediante el voto que haya incurrido en
alguna o algunas de las causas de responsabilidad política previstas,
tratándose del gobernador y de los diputados en la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de
Chihuahua, y tratándose de presidentes, síndicos y regidores
municipales, en el código municipal de la entidad.
Así, los preceptos impugnados disponen que se realizará una
consulta donde el voto será secreto, libre y obligatorio; votarán por
un "sí" los que estén de acuerdo con la destitución, y por un "no"
los que consideren que el servidor público se debe mantener en el
cargo; y, si la votación por la afirmativa es superior al número de
sufragios que se hubieren obtenido para el triunfo electoral, surtirá
efectos la destitución; todo lo anterior sin que se respete la garantía
de audiencia del servidor público en contra del cual se haya incoado
dicho procedimiento de revocación de mandato.
Asimismo, aduce que la norma impugnada violenta flagrantemente
el artículo 115 constitucional, puesto que pretende que por consulta
pública, la ciudadanía revoque el mandato de las autoridades
municipales, cuando esa norma constitucional prevé que ello
solamente lo puede llevar a cabo la Legislatura Local, es decir, del
artículo 115 de la Carta Magna se advierte, claramente, que el único
ente constitucionalmente facultado para revocar el mandato de un
miembro del Cabildo, es precisamente el Congreso Local, por las
causas que al efecto se determinen y siempre que se conceda al
miembro la garantía de audiencia y debido proceso”.
IV.- DE LA ADENDA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 y 118 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, en fecha 4
de abril de 2011, ante la Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales, se presentó ADENDA en virtud de que los
inicialistas consideraron pertinente realizar modificaciones a la iniciativa
que se analiza, con el propósito de armonizar el proceso especial con
las reformas Constitucionales, de la misma manera, estimaron
necesario retirar del proceso legislativo la pretensión de reforma y
44
adición a las Leyes de Participación Ciudadana y de Instituciones y
Procedimientos Electores, ambas del Estado de Baja California.
En razón de lo anterior, se transcribe de manera integra el
contenido de la Adenda presentada ante la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales y que ahora dictamina de manera
conjunta con la Comisión de Reforma de Estado, y que a la letra dice:
“ANTECEDENTES
Primero.- Con fecha 23 de febrero de 2011 se presento iniciativa
de reforma a diversos artículos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, la Ley de Participación
Ciudadana, así como la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales, ambas del Estado de Baja California ha efecto de
considerar dentro del marco legal la figura de revocación de
mandato para los servidores públicos electos mediante el voto
popular de los ciudadanos del Estado.
Segundo.- Que del análisis y seguimiento que se ha realizado a la
iniciativa presentada, se ha considerado realizar algunas
modificaciones a la misma, para armonizar el proceso especial de
reformas Constitucionales por el constituyente permanente y el
proceso legislativo ordinario esto a través de la figura de adenda
establecida en el marco jurídico interno.
En este contexto encontramos necesario que en un primer
momento se realicen las reformas constitucionales necesarias y
una vez vigentes en un plazo perentorio el Congreso se obligue a
trasmitirlas la marco jurídico ordinario por lo cual es nuestra
voluntad retirar del proceso legislativo la pretensión de adición a la
fracción IV del artículo 2, de agregar un Capítulo Quinto al Título
Segundo, y en virtud de ello resulta ya innecesaria la
remuneración de los artículos 74 al 80 de la Ley de Participación
Ciudadana; así como también desistirme de la pretensión de
reforma al artículo 128, a la fracción VII del artículo 130, las
fracciones XXXIV y XXXV del artículo 145 y la fracción XXI del
artículo 155 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electores.
Ahora bien, otro punto medular es aclarar la intención legislativa
en la pretendida reforma al artículo 11 de la Constitución Local
45
para dar certeza jurídica a la creación de la figura de participación
ciudadana denominada Revocación de mandato.
Tercero.- Para estar en concordancia con las modificaciones a las
reformas motivo de esta adenda se hace necesario modificar el
artículo Primero Transitorio así como incluir un artículo Cuarto
Transitorio, para que se legisle en un tiempo considerable dentro
de las leyes secundarias correspondientes la figura de revocación
de mandato.
Por lo anteriormente expuesto presento las siguientes
modificaciones a la iniciativa en comento mediante la
presente adenda:
PRIMERO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
…
…
…
…
Es revocable el mandato de los servidores públicos cuando
los ciudadanos manifiestan su voluntad de destituir de su
cargo a un ciudadano electo popularmente. La ley
establecerá las bases y procedimientos para la revocación
así como los medios de impugnación.
SEGUNDO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
Primero.- Una vez aprobada la presente iniciativa por esta
Legislatura túrnese a los Ayuntamientos para su participación en la
reforma constitucional.
TERCERO.- SE ADICIONA UN ARTÍCULO CUARTO TRANSITORIO
PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:
Cuarto.- El Congreso del Estado, realizará las adecuaciones a las
leyes correspondientes, a más tardar en ciento ochenta días
posteriores a la entrada en vigor de las presentes reformas.”
46
TRANSITORIOS
Primero.- Una vez aprobada la presente iniciativa por esta Legislatura
túrnese a los Ayuntamientos para su participación en la reforma
constitucional.
Segundo.- De ser aprobada por la mayoría de los ayuntamientos
declarase por este Poder Legislativo legalmente aprobada la presente
iniciativa.
Tercero.- La presente entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Cuarto.- El Congreso del Estado, realizará las adecuaciones a las leyes
correspondientes, a más tardar en ciento ochenta días posteriores a la
entrada en vigor de las presentes reformas.
Ahora bien, con el propósito de saber si los Legisladores Locales
tienen la facultad de realizar reformas constitucionales respecto del
tema que nos ocupa, se analizará de manera detallada las disposiciones
jurídicas que se encuentran plasmadas en la Carta Magna que se han
considerado aplicable al caso.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
“Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno”.
Este precepto contiene el principio de Soberanía popular, señala
que la soberanía es la facultad del pueblo para hacer y aplicar sus
leyes, además de que tener el derecho de la autodeterminación, es
decir; de escoger y modificar de manera libre la forma en que quiere
ser gobernado. De tal forma que, el pueblo a través de sus
representantes en los Congresos, que han sido electos mediante el
voto, se sujetan a las leyes derivadas de las acciones de aquellos. Por
consecuencia, las condiciones que crean al Estado democrático siempre
será la voluntad del pueblo, teniendo siempre la facultad de alterar o
modificar su forma de gobierno.
47
“Siendo el pueblo el soberano es el que se da su gobierno, elige
sus representantes, los cambia según sus intereses, en una palabra
dispone libremente de su suerte.”1
En este contexto, la soberanía de un Estado Federativo, se
muestra independiente respecto a otro, en razón de que ninguno de
ellos debe de intervenir en las decisión que adopte cada uno respecto a
su régimen interior, el cual solo puede ser modificable por los
ciudadanos que formen parte del él.
Ignacio Burgoa, señala que: “en la parte final del articulo 39,
considera que el pueblo tiene el inalienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno. Según esta consideración, el aludido
“derecho popular” no es otro que el poder constituyente que le
pertenece como aspecto teleológico de la soberanía. Ahora bien, ese
derecho solo lo tiene el pueblo para alterar o modificarla forma de su
gobierno2.
Todo lo anterior, ha sido inclusive plasmado en las tesis de
Jurisprudencia que a continuación se citan:
Quinta Época
No. Registro: 279405
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
“SOBERANIA DEL PUEBLO.
La soberanía se ejerce por medio de los Poderes de la Unión y de
los Estados, en los términos establecidos por las Constituciones
Federal y Locales, las que, en ningún caso, podrán contravenir las
estipulaciones de la Federal. La soberanía de la Federación
comprende la de los Estados, pero todas giran armónica e
independientemente, dentro de sus órbitas, y los Estados pueden
obrar sin limitaciones, siempre que no contravengan el Pacto
Federal, y fuera de esto, su soberanía no tiene cortapisa alguna.”
Quinta Época
No. Registro: 287609
1 Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero. Mexicano ésta es tu Constitución. 2 Ignacio Burgoa. Derecho Constitucional Mexicano. P. 269
48
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional
“PODER PÚBLICO.
El poder público sólo dimana del pueblo, en quien radica esencial y
originalmente la soberanía nacional, y los tres poderes en los
cuales se divide, no pueden hacer más que lo que el pueblo, en su
Ley Fundamental, establece”.
“Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental”.
El precepto antes invocado contiene elementos importantes a
saber, entre ellos se señala “República”, la cual consiste en la “forma
de gobierno democrático en la que el Presidente de la república es
elegido libremente por los ciudadanos con el carácter de temporal,
ejerciendo su cargo en representación del pueblo”3, así pues que la
posibilidad que ofrece un gobierno democrático es la de seleccionar al
mas apto para ocupar un cargo de elección popular, y que dicha
selección sea la voluntad del pueblo, así el sistema republicano se
encuentra estrechamente vinculado con la democracia.
Ante tal precisión, podemos aludir que los Estados en el sistema
federal son libres y soberanos, porque sus ciudadanos, a través de las
respectivas legislaturas, tienen la facultad para elaborar su propio
régimen jurídico y su Constitución, siempre y cuando se sujeten a las
disposiciones del pacto federal.
Otro de los elementos substanciales que contiene el texto de
artículo 40 de la Carta Magna es “democracia”, la cual consiste en un
“sistema de gobierno caracterizado por la participación de la sociedad.
Totalmente considerada, en la organización del poder público y en su
ejercicio.
3 Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. P. 418
49
La democracia se funda en la consideración elemental, de sentido
común, según la cual las cosas que interesan o afectan a todos debe
tratarse y resolverse con el concurso de todos”.4
Así pues, la democracia ha sido una constante aspiración de todos
los pueblos, ya que en ella se reconoce una forma justa de gobierno, y
ésta se consolida cuando las leyes se elaboran por medio de
representantes electos por los ciudadanos.
De modo que la democracia es resultante del liberalismo político,
por cuanto constituye la formula conciliatoria entre la libertad individual
y la coacción social. Esta forma de sociedad consiste en que el poder de
mando del Estado sea exclusivamente determinado por los individuos
sujetos a el. 5
Según se ha dilucidado por la SCJN, en la tesis que se enuncia y
cuyo contenido literal es el siguiente:
Séptima Época
No. Registro: 232593
Instancia: Pleno
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
127-132 Primera Parte
Materia(s): Constitucional
“LEYES LOCALES. EMANAN DEL EJERCICIO DEL PODER
SOBERANO DE LOS ESTADOS DE LA UNION.
La Ley Fundamental del país, al consignar la forma de gobierno del
pueblo mexicano (artículo 40), señala que ésta es la de una
República representativa, democrática, federal, compuesta de
estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior, pero unidos en una Federación establecida según los
principios de la propia Constitución y que, al regular el ejercicio del
poder soberano (artículo 41), establece que dicho poder se ejerce
por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la
competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus
regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos
en la propia Carta Magna y las Constituciones particulares de los
4 Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho. P. 208 5 Felipe Tena Ramírez. Derecho Constitucional Mexicano. P. 90
50
Estados; postulados éstos que indudablemente consagran la
autonomía de las entidades federativas en cuanto a su régimen
interno, así como el ejercicio soberano del poder local. Por lo
tanto, atentas las razones anteriores, resulta incuestionable que la
facultad de las Legislaturas de los Estados para expedir leyes que
habrán de regir dentro de sus límites territoriales, emana única y
exclusivamente del ejercicio del poder soberano que en cuanto a
sus regímenes interiores les es propio; razón por la cual no puede
sostenerse válidamente que una ley local encuentre su origen en
una delegación de facultades concedida por los Poderes Federales
en favor de los Estados, ya que, amén de que constitucionalmente
no es posible que los Poderes de la Unión deleguen en favor de los
Estados facultades que les son propias -salvo los casos previstos
en el artículo 118 de la Carta de Querétaro-, ello se traduciría en
una manifiesta contravención del sistema de gobierno y,
especialmente, en un evidente atentado a la autonomía de las
entidades federativas; atributo que constituye la esencia y la razón
de ser del sistema federal.”
“Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal y las
formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los
partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación
del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los
51
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social
diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación
corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que
señalen esta Constitución y la ley.
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales
cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo
sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el
financiamiento de los propios partidos y sus campañas
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos
prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que
mantengan su registro después de cada elección, se compondrá
de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención
del voto durante los procesos electorales y las de carácter
específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que
disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus
actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente,
multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el
padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario
mínimo diario vigente para el Distrito Federal. El treinta por
ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la
obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente
de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá
al cincuenta por ciento del financiamiento público que le
corresponda a cada partido político por actividades ordinarias
en ese mismo año; cuando sólo se elijan diputados federales,
52
equivaldrá al treinta por ciento de dicho financiamiento por
actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas
a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y
política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres
por ciento del monto total del financiamiento público que
corresponda en cada año por actividades ordinarias. El treinta
por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo señalado
anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo
con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos
de selección de candidatos y las campañas electorales de los
partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que
tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total
no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por
ciento del tope de gastos establecido para la última campaña
presidencial; asimismo ordenará los procedimientos para el
control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que
cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el
incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la
liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su
registro y los supuestos en los que sus bienes y remanentes
serán adjudicados a la Federación.
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de
manera permanente de los medios de comunicación social.
Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad
única para la administración del tiempo que corresponda al
Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al
ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de
acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la
jornada electoral quedarán a disposición del Instituto
Federal Electoral cuarenta y ocho minutos diarios, que
53
serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada
hora de transmisión en cada estación de radio y canal de
televisión, en el horario referido en el inciso d) de este
apartado;
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos
dispondrán en conjunto de un minuto por cada hora de
transmisión en cada estación de radio y canal de
televisión; el tiempo restante se utilizará conforme a lo
que determine la ley;
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para
cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el
ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible a
que se refiere el inciso a) de este apartado;
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de
televisión se distribuirán dentro del horario de
programación comprendido entre las seis y las veinticuatro
horas;
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos
políticos se distribuirá entre los mismos conforme a lo
siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y el
setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de
la elección para diputados federales inmediata anterior;
f) A cada partido político nacional sin representación en el
Congreso de la Unión se le asignará para radio y televisión
solamente la parte correspondiente al porcentaje
igualitario establecido en el inciso anterior, y
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B
de esta base y fuera de los periodos de precampañas y
campañas electorales federales, al Instituto Federal
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del
tiempo total de que el Estado disponga en radio y
televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier
modalidad; del total asignado, el Instituto distribuirá entre
los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un
cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para
fines propios o de otras autoridades electorales, tanto
federales como de las entidades federativas. Cada partido
54
político nacional utilizará el tiempo que por este concepto
le corresponda en un programa mensual de cinco minutos
y el restante en mensajes con duración de veinte
segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que
se refiere este inciso se harán en el horario que determine
el Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del
presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto
podrá disponer de los tiempos correspondientes a
mensajes partidistas a favor de un partido político, cuando
así se justifique.
Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o
adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier
modalidad de radio y televisión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por
cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y
televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de
los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o
de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida
la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes
contratados en el extranjero.
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores
deberán ser cumplidas en el ámbito de los estados y el
Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.
Apartado B. Para fines electorales en las entidades
federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los
tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en
las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se
trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
a) Para los casos de los procesos electorales locales con
jornadas comiciales coincidentes con la federal, el tiempo
asignado en cada entidad federativa estará comprendido
dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y
c) del apartado A de esta base;
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará
en los términos de la ley, conforme a los criterios de esta
base constitucional, y
55
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos,
incluyendo a los de registro local, se realizará de acuerdo
a los criterios señalados en el apartado A de esta base y lo
que determine la legislación aplicable.
Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total
en radio y televisión a que se refieren este apartado y el
anterior fuese insuficiente para sus propios fines o los de
otras autoridades electorales, determinará lo conducente para
cubrir el tiempo faltante, conforme a las facultades que la ley
le confiera.
Apartado C. En la propaganda política o electoral que
difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que
denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que
calumnien a las personas.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales
federales y locales y hasta la conclusión de la respectiva
jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los
medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales,
como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito
Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las
únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de
información de las autoridades electorales, las relativas a
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la
protección civil en casos de emergencia.
Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base
serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante
procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de
cancelación inmediata de las transmisiones en radio y
televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten
violatorias de la ley.
IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los
procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a
cargos de elección popular, así como las reglas para las
precampañas y las campañas electorales.
56
La duración de las campañas en el año de elecciones para
Presidente de la República, senadores y diputados federales será
de noventa días; en el año en que sólo se elijan diputados
federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las
precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo
previsto para las campañas electorales.
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra
persona física o moral será sancionada conforme a la ley.
V. La organización de las elecciones federales es una función estatal
que se realiza a través de un organismo público autónomo
denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el
Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio
de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional
en su desempeño; contará en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General
será su órgano superior de dirección y se integrará por un
consejero Presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán,
con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los
representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo;
la ley determinará las reglas para la organización y
funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando
entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del
personal calificado necesario para prestar el servicio profesional
electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con
autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los
ingresos y egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley
electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo
General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores del
organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral
se integrarán mayoritariamente por representantes de los
partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla
estarán integradas por ciudadanos.
57
El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser
reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su
cargo nueve años, serán renovados en forma escalonada y no
podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán
elegidos sucesivamente por el voto de las dos terceras partes de
los miembros presentes de la Cámara de Diputados, a propuesta
de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia
consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero
Presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, el
sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. La
ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán
tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos
en que actúen en representación del Consejo General y de los
que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales,
de investigación o de beneficencia, no remunerados. La
retribución que perciban será igual a la prevista para los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El titular de la Contraloría General del Instituto será designado
por la Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes
de sus miembros presentes a propuesta de instituciones públicas
de educación superior, en la forma y términos que determine la
ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una
sola vez. Estará adscrito administrativamente a la presidencia del
Consejo General y mantendrá la coordinación técnica necesaria
con la entidad de fiscalización superior de la Federación.
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos
terceras partes del Consejo General a propuesta de su
Presidente.
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su
designación el consejero presidente del Consejo General, los
consejeros electorales, el Contralor General y el Secretario
Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido
como consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario
Ejecutivo no podrán ocupar, dentro de los dos años siguientes a
la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos en cuya
elección hayan participado.
58
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los
grupos parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las
Cámaras. Sólo habrá un Consejero por cada grupo parlamentario
no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso
de la Unión.
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral
y directa, además de las que le determine la ley, las actividades
relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral,
los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos
políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales
electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en
los términos que señale la ley, declaración de validez y
otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y
senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales
uninominales, así como la regulación de la observación electoral y
de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las
sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán
públicas en los términos que señale la ley.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales
estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del
Instituto Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo
titular será designado por el voto de las dos terceras partes del
propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley
desarrollará la integración y funcionamiento de dicho órgano, así
como los procedimientos para la aplicación de sanciones por el
Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones el
órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario,
fiduciario y fiscal.
El órgano técnico será el conducto para que las autoridades
competentes en materia de fiscalización partidista en el ámbito
de las entidades federativas puedan superar la limitación a que se
refiere el párrafo anterior.
El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las
autoridades competentes de las entidades federativas que así lo
soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los
términos que disponga la legislación aplicable.
59
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y
legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá
un sistema de medios de impugnación en los términos que
señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará
definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y
garantizará la protección de los derechos políticos de los
ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos
del artículo 99 de esta Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de
impugnación, constitucionales o legales, no producirá efectos
suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado”.
Para efectos de realizar el estudio del tema que nos ocupa,
solamente nos abocaremos a lo que establece el primer párrafo del
artículo antes citado. Como ya se ha plasmado dentro del presente
documento, la soberanía es una, y reside esencialmente en el pueblo,
sin embargo es necesario precisar que la misma se ejerce por medio de
dos grupos de órganos diferentes y en dos planos distintos: Nacional e
Internacional, esto es a través de los poderes federales, y la local por
conducto de los poderes de los respectivos Estados que actúan dentro
de sus correspondientes territorios6.
De la misma forma se advierte que la Constitución Federal, de una
manera clara y precisa establece las competencias, las materias y
funciones reservadas en forma exclusiva a los poderes federales, lo
cual analizaremos mas adelante, y determina que las Constituciones de
cada uno de los Estados integrantes de la federación con excepción de
las Garantías Individuales, de las atribuciones que expresamente
concede la Constitución a la Federación y las obligaciones que les
impone, cuentan con la libertad para legislar y aplicar sus Leyes. “Los
Estados son tan soberanos en su orden jurídico, que así soberanos
expiden su propia legislación”.7
Tratándose de los derechos fundamentales, por ser derechos
mínimos, es posible ubicarlos fuera de las competencias de las
autoridades, pues cuando la Constitución federal reconoce las
libertades y derechos, no lo hace solamente para la autoridad federal,
sino que es extensivo para todas las demás autoridades en el ámbito
de su competencia; por ello, los derechos fundamentales no
6 Emilio O. Rabasa y Gloria Caballero. Mexicano ésta es tu Constitución. P. 163 7 Guillermo Pacheco Pulido. Supremacía Constitucional y federalismo jurídico
60
necesariamente están en las relaciones de competencias, sino que
pueden trascender a éstas y, precisamente, ésta es la cualidad
expansiva de esos derechos, porque los consagrados por una autoridad
federal pueden ser ampliados por las demás autoridades en sus
ámbitos espacial y personal de validez.
Para abundar, resulta de suma importancia que en un sistema
federal, en el cual estamos inmersos, cada uno de los Estados que
integran la federación deben de tener su propia Constitución, tal cual lo
establece el primer párrafo del artículo 41 de la Carta Magna, al
señalar: “...… los términos respectivamente establecidos por la
presente Constitución Federal y las particulares de los Estados….”. Por
lo que respecta a las garantías individuales que se consagran en la
Carta Magna, no pueden ser disminuidas en las locales, sin embargo
estas pueden ampliarse, tal como lo establece la nuestro máximo
tribunal en la tesis de jurisprudencia que ha continuación se cita:
Novena Época
No. Registro: 187998
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
“EDUCACIÓN. EL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY RELATIVA DEL
DISTRITO FEDERAL, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL
GOBIERNO DE DICHA ENTIDAD DE PRESTAR, ADEMÁS DE LA
EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, LA PREESCOLAR Y
MEDIA SUPERIOR, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 3o. DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.
El artículo 4o. de la Ley de Educación del Distrito Federal que
establece la obligación del gobierno de dicha entidad de atender y
prestar a todos sus habitantes la educación preescolar, primaria,
secundaria y media superior, no transgrede el artículo 3o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues si bien
es cierto que este precepto fundamental prevé que el Estado debe
impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, siendo
obligatorias sólo las dos últimas; también lo es que de dicho texto
constitucional no se desprende limitación alguna para que los
legisladores locales puedan establecer, dentro del ámbito de sus
respectivas competencias, la obligación de impartir la preescolar y
la media superior; de manera que lo anterior se traduce
únicamente en que dichas autoridades se autoimponen una
obligación con el reconocimiento a favor de los gobernados de un
61
derecho correlativo, que ocasiona un beneficio a los habitantes de
la entidad. Además, si la Norma Fundamental en cita dispone que
el Estado impartirá la educación preescolar, primaria y secundaria,
es inconcuso que la obligatoriedad de que se imparta por el
Gobierno del Distrito Federal la preescolar y la media superior,
prevista en el artículo 4o. de la Ley de Educación del Distrito
Federal, lejos de transgredir la Constitución Federal, cumple con
ella.”
Con la tesis de jurisprudencia que se ha citado, se clarifica lo
señalado en el párrafo precedente, en cuanto a que las garantías que
consagra la Constitución Federal no pueden ser limitadas, en cambio
pueden ser aumentadas en las locales. De tal forma que pueden
constituir obligaciones positivas hacia los habitantes de la entidad
federativa de que se trate, siempre y cuando no se contravenga el
Pacto Federal.
Retomando el contenido de los artículos 39, 40 y 41 de la
Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, se establece de
una manera clara que la forma de gobierno de es Representativa,
Democrática y Federal, y en atención a ello, los estados federativos
tienen la facultad de nombrar a sus representantes populares de una
manera democrática, atendiendo a su Constitución Local, siempre y
cuando no contravengan las disposiciones de la Carta Magna. Para que
pueda considerarse democrático un Estado, la Constitución de este
debe de contemplar que su origen, su contenido y su finalidad es el
pueblo.
En cuanto a las limitaciones de índole político, los Constituyentes
locales pueden establecer las que consideren pertinentes, tal y como se
aprecia en la Constitución Política de nuestro Estado, en su artículo 41,
fracción tercera, que de manera textual enuncia:
“ARTÍCULO 41.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:
I.-…
II.-…
III.- Tener vecindad en el Estado con residencia efectiva, de por lo
menos quince años inmediatos anteriores al día de la elección.
…
62
IV a la VI…
Atendiendo a la Constitución Federal en la fracción primera,
párrafo segundo, inciso b, del artículo 116, establece como requisito
para ser gobernador entre otros, que sea vecino de la Entidad
Federativa de la que se trate, la cual tiene que ser efectiva en un
tiempo que no sea menor al de 5 años, tal y como se aprecia en el
texto siguiente:
“Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un
ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con
residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente
anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día
de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política
de la Entidad Federativa.”
De acuerdo a las disposiciones normativas que se citaron en los
párrafos precedentes, se afirma lo ilustrado por “Felipe Tena Ramírez”
en el capítulo VIII de su libro de “Derecho Constitucional Mexicano”. De
tal forma que nuestra Carta Magna ratifica en cada uno de los
preceptos anteriores la autonomía del Estado en cuanto su régimen
interior, y que desde la óptica jurídica, esta se ejercita, en el ámbito
político, mediante la facultad de elegir a sus gobernantes. Respecto a
su forma de gobierno, la autonomía del Estado esta limitada
únicamente por lo que establece el articulo 124 del Pacto Federal, y
que enuncia “Las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas
a los Estados”.
En consecuencia del lo anterior, Ignacio Burgoa expone que la
orbita autónoma de los Estados dentro de nuestro régimen federal se
extiende a las materias siguientes:
a) Democrática: En el sentido de poder elegir o nombrar a sus
órganos de gobierno.
b) Constitucional: En cuanto a que pueden darse sus propias
constituciones conforme a los principios establecidos en la
Carta Magna y sin contravenir los mandamientos de esta.
c) Legislativa: Traducida en la expedición de leyes que regulen
materia que no sean competencia del Congreso de la Unión o
que nos transgredan las prohibiciones impuestas por la
63
Constitución Federal ni manifiesten incumplimiento a las
obligaciones estatales en ella consignada.
d) Administrativa: En lo que atañe a la aplicación de su legislación
en los diferentes ramos de su gobierno interno.
e) Judicial: Para dirimir los conflictos jurídicos en los casos no
expresamente atribuidos a la jurisdicción federal.
Como se desprende del articulo 124 del la Ley Suprema, cuando se
expone que los Estados pueden legislar sobre las materias que no se
encuentran reservadas a la Federación, las cuales se encuentran
enunciadas de manera limitativa en el artículo 73 del mismo Pacto
Federal, mismo que trascribimos para una mejor apreciación:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
II. Derogada.
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los
existentes, siendo necesario al efecto:
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados,
cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes,
por lo menos.
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los
elementos bastantes para proveer a su existencia política.
3o. Que sean oídas las Legislaturas de los Estados de cuyo
territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia
de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar
su informe dentro de seis meses, contados desde el día en
que se les remita la comunicación respectiva.
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el
cual enviará su informe dentro de siete días contados
desde la fecha en que le sea pedido.
64
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos
terceras partes de los diputados y senadores presentes en
sus respectivas Cámaras.
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la
mayoría de las Legislaturas de los Estados, previo examen
de la copia del expediente, siempre que hayan dado su
consentimiento las Legislaturas de los Estados de cuyo
territorio se trate.
7o. Si las Legislaturas de los Estados de cuyo territorio se
trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación
de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las
dos terceras partes del total de Legislaturas de los demás
Estados.
IV. Derogada.
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la
Federación.
VI. Derogada;
VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el
Presupuesto.
VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar
empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aprobar esos
mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la
deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para
la ejecución de obras que directamente produzcan un
incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen
con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de
conversión y los que se contraten durante alguna emergencia
declarada por el Presidente de la República en los términos del
artículo 29. Asimismo, aprobar anualmente los montos de
endeudamiento que deberán incluirse en la ley de ingresos,
que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las
entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley
correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al
Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo
efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que
65
sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere
realizado. El Jefe del Distrito Federal informará igualmente a la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la
cuenta pública;
IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se
establezcan restricciones.
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos,
minería, sustancias químicas, explosivos, pirotecnia, industria
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos,
intermediación y servicios financieros, energía eléctrica y
nuclear y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del
artículo 123;
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y
señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones.
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente
el Ejecutivo.
XIII. Para dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o
malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas
al derecho marítimo de paz y guerra.
XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la
Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea
Nacionales, y para reglamentar su organización y servicio.
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y
disciplinar la Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos
que la forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales,
y a los Estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina
prescrita por dichos reglamentos.
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los
extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización,
emigración e inmigración y salubridad general de la República.
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente
del Presidente de la República, sin intervención de ninguna
66
Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán
obligatorias en el país.
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de
invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría
de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser
después sancionadas por el Presidente de la República.
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones
serán obedecidas por las autoridades administrativas del
País.
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la
Campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias
que envenenan al individuo o degeneran la especie
humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir
la contaminación ambiental, serán después revisadas por
el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación, y
sobre postas y correos, para expedir leyes sobre el uso y
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal.
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que
ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo
de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de
pesas y medidas;
XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y
enajenación de terrenos baldíos y el precio de estos.
XX. Para expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático
y del Cuerpo Consular mexicano.
XXI. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y
fijar los castigos que por ellos deban imponerse; expedir una
ley general en materia de secuestro, que establezca, como
mínimo, los tipos penales y sus sanciones, la distribución de
competencias y las formas de coordinación entre la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios;
así como legislar en materia de delincuencia organizada.
67
Las autoridades federales podrán conocer también de los
delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con
delitos federales;
En las materias concurrentes previstas en esta Constitución,
las leyes federales establecerán los supuestos en que las
autoridades del fuero común podrán conocer y resolver sobre
delitos federales;
XXII. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento
pertenezca a los tribunales de la Federación.
XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación
entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los
Municipios, así como para establecer y organizar a las
instituciones de seguridad pública en materia federal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta
Constitución.
XXIV. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad
de fiscalización superior de la Federación y las demás que
normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la
Unión y de los entes públicos federales;
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República
escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y
profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de
enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de
minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios
y demás institutos concernientes a la cultura general de los
habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a
dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos
fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e
históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así
como para dictar las leyes encaminadas a distribuir
convenientemente entre la Federación, los Estados y los
Municipios el ejercicio de la función educativa y las
aportaciones económicas correspondientes a ese servicio
público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la
República. Los Títulos que se expidan por los establecimientos
de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para
68
legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la
propiedad intelectual relacionadas con la misma.
XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y para
constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que
deba substituir al Presidente de la República, ya sea con el
carácter de substituto, interino o provisional, en los términos
de los artículos 84 y 85 de esta Constitución.
XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la
República.
XXVIII. Para expedir leyes en materia de contabilidad
gubernamental que regirán la contabilidad pública y la
presentación homogénea de información financiera, de
ingresos y egresos, así como patrimonial, para la Federación,
los estados, los municipios, el Distrito Federal y los órganos
político-administrativos de sus demarcaciones territoriales, a
fin de garantizar su armonización a nivel nacional;
XXIX. Para establecer contribuciones:
1o. Sobre el comercio exterior;
2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos
naturales comprendidos en los párrafos 4º y 5º del artículo
27;
3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados
directamente por la Federación; y
5o. Especiales sobre:
a) Energía eléctrica;
b) Producción y consumo de tabacos labrados;
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d) Cerillos y fósforos;
69
e) Aguamiel y productos de su fermentación; y
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de
estas contribuciones especiales, en la proporción que la ley
secundaria federal determine. Las legislaturas locales
fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en
sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía
eléctrica.
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la Bandera,
Escudo e Himno Nacionales.
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de
asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines
previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta
Constitución.
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo
económico y social, así como en materia de información
estadística y geográfica de interés nacional;
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción,
concertación y ejecución de acciones de orden económico,
especialmente las referentes al abasto y otras que tengan
como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y
servicios, social y nacionalmente necesarios.
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión
mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la
transferencia de tecnología y la generación, difusión y
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que
requiere el desarrollo nacional.
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del
Gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y de los
70
municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en
materia de protección al ambiente y de preservación y
restauración del equilibrio ecológico.
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo
contencioso-administrativo, dotados de plena autonomía para
dictar sus fallos, y que tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la administración pública
federal y los particulares, así como para imponer sanciones a
los servidores públicos por responsabilidad administrativa que
determine la ley, estableciendo las normas para su
organización, su funcionamiento, los procedimientos y los
recursos contra sus resoluciones;
XXIX-I. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las
cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los
municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección
civil, y
XXIX-J. Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases
generales de coordinación de la facultad concurrente entre la
Federación, los estados, el Distrito Federal y municipios;
asimismo de la participación de los sectores social y privado, y
XXIX-K. Para expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las
bases generales de coordinación de las facultades
concurrentes entre la Federación, Estados, Municipios y el
Distrito Federal, así como la participación de los sectores social
y privado.
XXIX-L. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del
gobierno federal, de los gobiernos de las entidades federativas
y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas
competencias, en materia de pesca y acuacultura, así como la
participación de los sectores social y privado, y
XXIX-M. Para expedir leyes en materia de seguridad nacional,
estableciendo los requisitos y límites a las investigaciones
correspondientes.
XXIX-N. Para expedir leyes en materia de constitución,
organización, funcionamiento y extinción de las sociedades
71
cooperativas. Estas leyes establecerán las bases para la
concurrencia en materia de fomento y desarrollo sustentable
de la actividad cooperativa de la Federación, Estados y
Municipios, así como del Distrito Federal, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
XXIX-Ñ. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las
cuales la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito
Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo
lo dispuesto en la fracción XXV de este artículo. Asimismo,
establecerán los mecanismos de participación de los sectores
social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el
párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución.
XXIX-O. Para legislar en materia de protección de datos personales
en posesión de particulares.
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de
hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras
concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
De lo anterior se aprecia, que el Congreso de la Unión, única y
exclusivamente puede legislar respecto a lo estipulado en el artículo
que anteriormente fue citado, y que cualquier acción distinta a las
previstas implicaría una anulación del los actos derivados de las
mismas, ya que su facultad se limita al contenido de cada una de las
treinta fracciones que componen el numeral 73 de la Constitución
Federal.
Como se puede observar, el contenido del numeral 73 de nuestra
Carta Magna, le atribuye al legislador federal las facultades para
legislar respecto a: Empréstitos sobre la Nación, impedir que en el
comercio entre entidades federativas se establezcan restricciones,
legislar sobre hidrocarburos, nacionalidad y condición jurídica de los
extranjeros, así como de la ciudadanía, salubridad general (ante este
tema, se prevé la concurrencia de los Estados), propiedad privada,
suspensión de garantías, en materia educativa, respecto a la
expropiación, respecto a la tipificación de delitos y faltas oficiales
federales en que pueden incurrir los servidores públicos, en cuanto a la
legislación del trabajo, cultos religiosos, en materia ecológica, entre
otras.
72
De manera tal que las Legislaturas de los Estados se encuentran
facultadas para legislar sobre los temas que no están reservados para
la federación. Ante esto, la doctrina considera que la competencia de
las Legislaturas locales, es de carecer reservado y no prohibido.
Ahora bien, sobre las responsabilidades de los servidores públicos,
se ha considerado por las Leyes; la necesidad de establecer un sistema
que permita la aplicación de sanciones a aquellos ciudadanos que
fueron elegidos mediante el voto popular, así como de aquellos que por
alguna otra vía, que las normas jurídicas han previsto, ocupan cargos
de primer nivel, como pueden ser los miembros del Poder Judicial,
entre otros, y que han realizado conductas que las leyes penales
tipifican como delitos, o bien, cuando su conducta atenta en contra del
buen despacho de los asuntos que les fueron encomendados, de tal
forma que las responsabilidades a que nos referimos son, de acuerdo a
la Constitución Federal, la civil, la penal y la administrativa.
Responsabilidades que se plasman en los artículos 108, 109, 110, 111,
113 y 114, los cuales se insertan de manera textual:
“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que
alude este Título se reputarán como servidores públicos a los
representantes de elección popular, a los miembros del Poder
Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los
funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza
en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el
Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía,
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo,
sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del
orden común.
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia
Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las
Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos federales.
73
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en
los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los
efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los
Estados y en los Municipios.”
“Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias,
expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores
públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes,
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas
en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público
será perseguida y sancionada en los términos de la legislación
penal; y
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que
se deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento
ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su
encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita
persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran
bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya
74
procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de
dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y
mediante la presentación de elementos de prueba, podrá
formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el
presente artículo.”
“Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores
y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura
Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el
Procurador General de la República, el Procurador General de
Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces
de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común del Distrito
Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el
consejero Presidente, los consejeros electorales, y el secretario
ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los magistrados del
Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes de
los organismos descentralizados, empresas de participación
estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas
y fideicomisos públicos.
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados
de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, sólo podrán
ser sujetos de juicio político en los términos de este título por
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que
de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y
recursos federales, pero en este caso la resolución será
únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales
para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como
corresponda.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y
en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos
o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
75
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto,
la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante
la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría
absoluta del número de los miembros presentes en sesión de
aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento
respectivo y con audiencia del inculpado.
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en
Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente
mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros
presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias
correspondientes y con audiencia del acusado.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y
Senadores son inatacables.”
“Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y
senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura
Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea
del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el
Procurador General de la República y el Procurador General de
Justicia del Distrito Federal, así como el consejero Presidente y
los consejeros electorales del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de
su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría
absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a
proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo
procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la
imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la
misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a
disposición de las autoridades competentes para que actúen con
arreglo a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del
76
artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá
con base en la legislación penal aplicable.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los
Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de
los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso,
los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se
seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero
en este supuesto, la declaración de procedencia será para el
efecto de que se comunique a las Legislaturas Locales, para que
en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.
Las declaraciones y resoluciones de la Cámaras de Diputados
Senadores son inatacables.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el
inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a
proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el
inculpado podrá reasumir su función. Si la sentencia fuese
condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio
de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier
servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto
en la legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión
el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o
perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el
lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y
perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de
los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.”
“Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la
Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a
que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un
delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su
encargo.
77
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones
propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo
distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá
de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto.”
“Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas
de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y
eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y
comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en
que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las
leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así
como en sanciones económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados
por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del
artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de
su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o
derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los
particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las
bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.”
“Artículo 114. El Procedimiento de juicio político sólo podrá
iniciarse durante el período en el que el servidor público
desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones
correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año
a partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del
encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo
con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que
nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se
interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de
los encargos a que hace referencia el artículo 111.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad
administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia
de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del
78
artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los
plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.”
Refriéndonos al contenido del artículo 108 del Pacto Federal,
podemos advertir que existe una notable relación con el contenido del
artículo 74 del ordenamiento en cita, en virtud de que es ahí donde se
establece la facultad de los Diputados Federales de realizar la
declaración para proceder penalmente con relación a un servidor
público cuando este ha realizado conductas típicas, antijurídicas y
culpables de las que la ley de la materia refiere en sus hipótesis
normativas. De igual forma tienen la facultad exclusiva de fungir como
órgano de acusación en el caso del juicio político, de acuerdo a las
causales que la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos establece. También guarda estrecha relación con el artículo 76
fracción VII, en razón de que el Senado actuara como jurado de
sentencia cuando de lugar la declaración de procedencia realizada por
la Cámara de Diputados.
En cuanto a los servidores públicos de los Estados federativos, el
artículo 108 de la Constitución Federal alude que “Los Gobernadores de
los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los Magistrados de
los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán
responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales,
así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales”. Ante
esto, podemos deducir que los servidores públicos de cada uno de los
Estados, pueden ser responsables por delitos federales y cuando
manejen recursos públicos de la federación de una manera ineficiente
que pueda causar un perjuicio al erario público federal.
De lo anterior, se deriva que los servidores públicos del Estado,
pueden ser sujetos de juicio político así como de la declaración de
procedencia cuando sus conductas causen perjuicio a la federación de
acuerdo con las Leyes Federales. Respecto a la responsabilidad ante el
Estado, el artículo 109 de la Constitución Federal, faculta a las
Legislaturas de los Estados a establecer en sus Leyes de
Responsabilidades, las causas, procedimientos, sanciones y autoridades
ante quienes se sustanciaran los procedimientos en caso de violaciones
a las mismas. Observando con ello el contenido del artículo 41 de la
Constitución Federal, en cuanto a la autonomía de los Estados para
darse sus propias Leyes.
79
En el artículo 109 de la Constitución Federal, se encuentran
previstas de manera general, las bases jurídicas a las que el Congreso
Federal y los Locales deberán de sujetarse al expedir las Leyes de
responsabilidades de los servidores públicos. De manera imperativa, en
el penúltimo párrafo expone que no deberá de aplicarse dos veces por
una misma conducta sanciones del mismo tipo, en cambio una sola
conducta puede originar la aplicación de sanciones diversas, como por
ejemplo: Se puede aplicar una sanción penal y una administrativa para
el mismo hecho.
Con referencia a los servidores públicos estatales, tal y como lo
establece el artículo 108 de la Ley Suprema, pueden ser sujetos de
responsabilidad federal además de la responsabilidad local.
Por lo que refiere a la fracción I del artículo 109 del ordenamiento
jurídico en estudio, nos señala otra limitante la cual protege el derecho
social vertido en el artículo 6 de la Carta Magna. De tal suerte que los
servidores públicos, no pueden ser sujetos de responsabilidad de
ningún tipo por la manifestación de sus ideas.
En otro contexto, los servidores públicos que realicen conductas las
cuales causen un perjuicio a los intereses públicos fundamentales o de
sus buen despacho, podrán ser sujetos de responsabilidad política, la
cual puede fincarse a través del juicio político, que persigue como fin la
inhabilitación o destitución del infractor, independientemente si de la
conducta, ya sea de acción u omisión se derive algún hecho
constitutivo de delito y de ser así, cuando sea removido del cargo,
deberá iniciarse procedimiento ante la autoridad competente.
La fracción II del artículo en estudio, prevé la responsabilidad
penal de los servidores públicos. Atendiendo a esto, por facultad
exclusiva de la Cámara de Diputados, instaura el juicio de procedencia
en contra del presunto responsable con el propósito de que sea juzgado
por los tribunales.
En cuanto a la responsabilidad de carácter administrativo, el
párrafo III del artículo 109, establece: Cuando se realicen conductas
por los funcionarios públicos que afecten la legalidad, honradez,
imparcialidad, lealtad y eficiencia que deban de observar en su
encargo, serán sujetos de dicha responsabilidad. No podemos dejar de
mencionar el contenido del artículo 113, el cual tiene una estricta
relación con párrafo III del 109, ya que en el numeral antes citado, se
80
establecen las conductas que pueden originar la responsabilidad
administrativa, así como las sanciones previstas para tales y las
autoridades que conocerán de dicho procedimiento.
Una situación que es de suma importancia señalar, es la contenida
en el artículo 113 de la Constitución Federal en virtud de que en este
precepto se dispone de manera implícita, que las autoridades locales
pueden establecer otro tipo de sanciones para las conductas que son
sujetas de responsabilidad administrativa, con la obligación de
contemplar dentro de las leyes locales las de suspensión, destitución e
inhabilitación, así como las sanciones económicas.
Otra de las instituciones a las que alude el precepto 109
Constitucional, es la Acción Popular para denunciar responsabilidades
de servidores públicos y esta se encuentra en el último párrafo del
numeral en cita al referir que “cualquier ciudadano bajo su mas estricta
responsabilidad, siempre y cuando medien los elementos de prueba,
podrá presentar ante la Cámara de Diputados, denuncia respecto a las
conductas a las que refiere el articulo en estudio.
De lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Federal se
aprecia que dicho precepto regula las sanciones, el procedimiento, los
órganos donde se ventilan los juicios políticos, y los servidores públicos
que son susceptibles de ser enjuiciados. En el segundo párrafo del
artículo en estudio, se desprende que por lo que hace a los
Gobernadores de los Estados, los Diputados locales, Magistrados,
miembros del Consejo de la Judicatura, el juicio tendrá efectos
únicamente declarativos; es decir, la resolución de la Cámara de
Diputados, se comunicará a las Legislaturas locales para que en el
ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Los
funcionarios a los que alude este artículo, respecto al ámbito federal,
podrán sujetarse a juicio político únicamente por violaciones graves a la
Constitución y a las Leyes Federales, así como por el manejo indebido
de recursos federales.
De lo previsto en el texto del artículo 111, se puede observar, que
es ahí donde se establecen las bases constitucionales de la
responsabilidad penal de los servidores públicos, así como el
procedimiento a seguir para efectos de retirar la inmunidad de la que
gozan determinados funcionarios públicos.
81
El artículo 113, versa sobre las Leyes de responsabilidad
administrativa, donde deberá preverse las obligaciones de los
servidores públicos, así como los motivos por los cuales pueden ser
sujetos al procedimiento, y la manera en la que se sustanciará el
mismo, ya sea en el ámbito local o federal. Queremos destacar que en
el precepto en estudio se establecen las sanciones que se pueden
aplicar a los servidores públicos sujetos a dicho procedimiento y que las
mismas consisten en la suspensión, inhabilitación y destitución, además
de las sanciones económicas y de acuerdo a lo que prevé la Ley
reglamentaria, se puede aplicar la amonestación. A manera de
reafirmar lo antes escrito, se inserta de manera textual el contenido del
artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos:
“ARTÍCULO 13.- Las sanciones por falta administrativa
consistirán en:
I.- Amonestación privada o pública;
II.- Suspensión del empleo, cargo o comisión por un período no
menor de tres días ni mayor a un año;
III.- Destitución del puesto;
IV.- Sanción económica, e
V.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o
comisiones en el servicio público.
Cuando no se cause daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro
alguno, se impondrán de seis meses a un año de inhabilitación.
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto
u omisión que implique beneficio o lucro, o cause daños o
perjuicios, será de un año hasta diez años si el monto de aquéllos
no excede de doscientas veces el salario mínimo general mensual
vigente en el Distrito Federal, y de diez a veinte años si excede de
dicho límite. Este último plazo de inhabilitación también será
aplicable por conductas graves de los servidores públicos.
En el caso de infracciones graves se impondrá, además, la sanción
de destitución.
82
En todo caso, se considerará infracción grave el incumplimiento a
las obligaciones previstas en las fracciones VIII, X a XIV, XVI, XIX,
XXII y XXIII del artículo 8 de la Ley.
Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos
de la Ley por un plazo mayor de diez años, pueda volver a
desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una
vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá
que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda
ingresar, dé aviso a la Secretaría, en forma razonada y justificada,
de tal circunstancia.
La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será
causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley,
quedando sin efectos el nombramiento o contrato que en su caso
se haya realizado.”
De tal forma que atendiendo lo antes descrito, se puede advertir,
que el legislador local, en el ejercicio de sus atribuciones, tiene la
facultad de legislar sobre la responsabilidad del servidor público y en
sus leyes, establecer las sanciones, aparte de las previstas en la
Constitución Federal, las que considere convenientes. Esto se concluye
en virtud de que la Carta Magna, establece en su Título Cuarto, de una
manera general, el tipo de responsabilidades a lo que pueden sujetarse
los servidores públicos, y que en la Ley secundaria puede preverse
alguna otra. Ubicándose en el mismo supuesto las Legislaturas locales.
Lo anterior se reafirma en la Tesis Aislada, emitida por nuestro
máximo tribunal, misma que se cita de manera textual:
“Registro No. 168795
Localización: Novena Época
Instancia: Segunda Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Septiembre de 2008
Página: 282
Tesis: 2a. CXXIV/2008
Tesis Aislada
Materia(s): Constitucional, Administrativa
83
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL
ARTÍCULO 53, FRACCIONES III Y V, DE LA LEY FEDERAL
RELATIVA, NO VIOLA EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO,
ÚLTIMA PARTE, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (LEGISLACIÓN VIGENTE
HASTA EL 13 DE MARZO DE 2002 EN EL ÁMBITO FEDERAL,
AÚN EN VIGOR EN EL DISTRITO FEDERAL).
El precepto legal citado, al prever la aplicación de suspensión y
sanción económica a los servidores públicos que incurran en falta
administrativa, no viola el artículo 5o., primer párrafo, última
parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
conforme al cual nadie puede ser privado del producto de su
trabajo sino por resolución judicial. Lo anterior es así, en virtud de
que tal prohibición no es aplicable a todo acto privativo de orden
patrimonial, sino sólo a los que deban ser materia de
pronunciamiento jurisdiccional, como es el caso de los alimentos
exigidos judicialmente ante el incumplimiento del deudor; por
tanto, la suspensión y la sanción económica precisadas, cuya
imposición atañe a las autoridades administrativas, en términos del
artículo 57 de la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, vigente hasta el 13 de marzo de 2002 en el
ámbito federal, aún en vigor en el Distrito Federal, no se rigen por
el precepto constitucional citado, pues al tratarse de sanciones
aplicables a los servidores públicos de la entidad citada, por
responsabilidad administrativa, tienen fundamento en los artículos
109, fracción III, y 113 constitucionales, que regulan el sistema de
responsabilidades de los servidores públicos en su vertiente
administrativa y que facultan expresamente al legislador federal y
al local, a fin de que determinen en las leyes ordinarias respectivas
las obligaciones de aquéllos y las sanciones por su incumplimiento,
así como los procedimientos y las autoridades competentes para
aplicarlas.”
Del artículo 114 Constitucional se deriva la prescripción de la
responsabilidad del juicio político, así como la responsabilidad penal.
Sobre la prescripción de responsabilidad administrativa, deberá de
contenerse en la Ley Reglamentaria, y como única prevención, se
establece que cuando se trate de faltas graves, el plazo de prescripción
no deberá ser menor a tres años.
84
En otro contexto y en razón de lo que establece el artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el primer
párrafo que cita lo siguiente:
“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo
como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes…”
Rafael de Pina Vara, expone en su texto de Derecho Constitucional
Mexicano: que “el invocado precepto señala los lineamientos que las
entidades federativas deben respetar al organizarse, sin que ello
entrañe que, acatándolos, no puedan ampliar las condiciones mínimas
que representan, ni reglamentarlas en su legislación constitucional u
ordinaria. Negar esta posibilidad equivaldría a eliminar la autonomía de
los Estados y proscribir, por lo tanto, el régimen federal. ”8
Del referido precepto constitucional, en el párrafo tercero de la
fracción I, que textualmente establece lo siguiente:
“Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes
de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que
éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno
de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido
oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos alegatos
que a su juicio convengan.”
De lo anterior, deducimos que los Congresos locales, se
encuentran facultados para intervenir en la integración de los
Ayuntamientos que forman parte de los Estados a los que pertenezcan,
de tal forma que, la Ley secundaria deberá de prever los supuestos a
los que refiere el precepto constitucional, así como fijar de manera
clara el procedimiento a seguir para cada una de las hipótesis, y en el
caso muy particular de revocación de mandato, se respetaran siempre
todas y cada una de las formalidades esenciales del proceso.
Con relación a la revocación de mandato para los integrantes del
Ayuntamiento que prevé el articulo 115 de la Constitución Federal, la
8 Rafael de Pina Vara. Derecho Constitucional Mexicano. P. 936
85
Ley de Régimen Municipal, establece el procedimiento para hacerlo
efectivo, mismo que cita lo siguiente:
“ARTÍCULO 41.- De la Revocación del Mandato de Munícipes.-
Sólo por causa grave, el Congreso del Estado y a petición del
Ayuntamiento, con audiencia del afectado, procederá a la
revocación del mandato y separación definitiva de un Munícipe.
Para los efectos de éste artículo se considera causa grave
cualesquiera de las siguientes:
I.- Cuando un Munícipe se encuentre afectado en su estado de
salud, de tal forma que le sea imposible o inconveniente el
continuar en el desempeño de su cargo o el desarrollo de sus
funciones;
II.- Cuando un Ayuntamiento, de conformidad con su reglamento
interno, adopte resolución de responsabilidad en contra de un
Munícipe, por los siguientes motivos:
a).- Realizar actos que impliquen la violación a las Leyes y
Reglamentos vigentes en el Estado;
b).- Ejecutar planes o programas o disponer de recursos públicos
de manera distinta a la aprobada por el Ayuntamiento, y
c).- Cuando un Munícipe dejare de asistir a las sesiones de Cabildo
o de las comisiones instituidas por el Ayuntamiento, o sea omiso
en el desempeño de sus funciones y con ello se cause perjuicio
grave a las instituciones municipales o a la comunidad.
En todo caso, para que el Congreso del Estado pueda proceder a la
revocación del mandato y separación del cargo de un Munícipe,
será necesario que el Ayuntamiento del cual éste forme parte,
adopte resolución en ese sentido.
En la sesión de Cabildo en la que deba de resolverse respecto de la
solicitud de separación de un Munícipe, el afectado tendrá el
derecho de audiencia previa, así como el de emisión de voto.
El Ayuntamiento llamará al suplente a ocupar el cargo
vacante, hasta que el Congreso del Estado resuelva en definitiva la
remoción solicitada. En caso de resultar improcedente la solicitud
de remoción, el Munícipe de que se trate se reintegrará al
Ayuntamiento correspondiente, debiendo restituírsele el goce de
86
los derechos y prerrogativas que hubiere dejado de disfrutar
durante el desarrollo del procedimiento.”
El artículo 116 de la Carta Magna establece la división de poderes,
así mismo, establece las bases de la organización de los Estados
federativos, reafirmando la autonomía de cada uno de ellos para darse
sus propias normas:
“Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la
Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes
normas:
I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su
encargo más de seis años.
La elección de los gobernadores de los Estados y de las
Legislaturas Locales será directa y en los términos que dispongan
las leyes electorales respectivas.
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección
popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún
motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.
Nunca podrán ser electos para el período inmediato:
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para
concluir el período en caso de falta absoluta del constitucional, aun
cuando tenga distinta denominación;
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que,
bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del
gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años
del periodo.
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un
ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con
87
residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente
anteriores al día de los comicios, y tener 30 años cumplidos el día
de la elección, o menos, si así lo establece la Constitución Política
de la Entidad Federativa.
II. El número de representantes en las legislaturas de los
Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en
todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados
cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en
aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800
mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior
a esta última cifra.
Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser
reelectos para el período inmediato. Los diputados suplentes
podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de
propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los
diputados propietarios no podrán ser electos para el período
inmediato con el carácter de suplentes.
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados
elegidos según los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, en los términos que señalen sus
leyes;
Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación anual
del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las
remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las
bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución.
Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los
organismos con autonomía reconocida en sus constituciones
locales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos,
los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone
perciban sus servidores públicos. Estas propuestas deberán
observar el procedimiento que para la aprobación de los
presupuestos de egresos de los Estados, establezcan las
disposiciones constitucionales y legales aplicables.
Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de
fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de
gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su
88
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los
términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se
desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad,
legalidad, imparcialidad y confiabilidad.
El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas
será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes
en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y
deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control,
auditoría financiera y de responsabilidades.
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los
tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus
funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las
Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las
condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes
sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.
Los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales Locales,
deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del
artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las
personas que hayan ocupado el cargo de Secretario o su
equivalente, Procurador de Justicia o Diputado Local, en sus
respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación.
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los
Poderes Judiciales Locales serán hechos preferentemente entre
aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su
honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la
profesión jurídica.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargado el tiempo
que señalen las Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si
lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos
que determinen las Constituciones y las Leyes de
Responsabilidades de los Servidores Públicos de los Estados.
89
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración
adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante
su encargo.
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia
electoral garantizarán que:
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se
realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que
la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año
que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se
celebren en el año de los comicios federales y no coincidan en la
misma fecha de la jornada federal, no estarán obligados por esta
última disposición;
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las
autoridades electorales, sean principios rectores los de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad;
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de
las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias
en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones;
d) Las autoridades electorales competentes de carácter
administrativo puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se
haga cargo de la organización de los procesos electorales locales;
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social
diferente y sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan
reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo
dispuesto en el artículo 2o., apartado A, fracciones III y VII, de
esta Constitución;
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en
los asuntos internos de los partidos en los términos que
expresamente señalen;
90
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa,
financiamiento público para sus actividades ordinarias
permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los
procesos electorales. Del mismo modo se establezca el
procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su
registro y el destino de sus bienes y remanentes;
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las
erogaciones de los partidos políticos en sus precampañas y
campañas electorales, así como los montos máximos que tengan
las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no
excederá el diez por ciento del tope de gastos de campaña que se
determine para la elección de gobernador; los procedimientos para
el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con
que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por
el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas
materias;
i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión,
conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base
III del artículo 41 de esta Constitución;
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas
electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para
quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no
deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni
de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o
ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos
terceras partes de las respectivas campañas electorales;
k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre
el Instituto Federal Electoral y las autoridades electorales locales
en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos,
en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de la base
V del artículo 41 de esta Constitución;
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para
que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten
invariablemente al principio de legalidad. Igualmente, que se
señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los
ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o
parciales de votación;
91
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de
gobernador, diputados locales y ayuntamientos, así como los
plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de
las etapas de los procesos electorales, y
n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia
electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.
V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir
Tribunales de lo Contencioso-Administrativo dotados de plena
autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las
controversias que se susciten entre la Administración Pública
Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su
organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos
contra sus resoluciones;
VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus
trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas
de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus
disposiciones reglamentarias; y
VII. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán
convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus
funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de
servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga
necesario.
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con
sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los
servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el
párrafo anterior.”
Otro de los preceptos de la Constitución Federal que le da vida a la
democracia en el país es el que refiere a la educación y que citamos a
continuación:
“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El
Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-,
impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La
92
educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la
educación básica obligatoria.
La educación…
I. …
II. El criterio que orientará a esa educación se basará en los
resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y
sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.
Además:
a) Será democrático, considerando a la democracia no solamente
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo;
b) y c) …
III. a VIII. … “
De tal manera que la democracia, es considerada por nuestro
máximo ordenamiento jurídico como una forma de vida, más que como
un régimen jurídico y político. Lo más destacable de este precepto, y
que podemos encaminar al tema que nos ocupa, es el hecho de que la
educación que reciban los habitantes del Estado deberá estar siempre
orientada por el principio de democracia. Atendiendo a que el artículo
tercero de nuestra Carta Magna consagra uno de los derechos sociales
más importantes para el ser humano, el Constituyente Federal
consideró que para el desarrollo del mismo como para la vida política
del país, era fundamental plasmarlo en la parte dogmática.
Convirtiéndose la vida en democracia en una garantía Constitucional.
Retomando el tema que nos ocupa y que lo es la revocación de
mandato; la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo
30, fracción LX, contempla la revocación de mandato de Gobernadores,
Diputados y Munícipes:
“Artículo 30.- Son facultades y atribuciones del Congreso del
Estado:
I a la XXXIX.-…
XL.- Declarar desaparecido un Ayuntamiento, así como revocar el
mandato de sus integrantes, mediante el acuerdo de las dos
93
terceras partes de los Diputados que integran el Congreso, previo
el cumplimiento del procedimiento respectivo.
Para el ejercicio de las facultades señaladas en esta fracción, se
deberá garantizar en todo momento, que él Regidor afectado tenga
oportunidad para ofrecer pruebas y alegar en su defensa.
XLI.- Revocar el mandato conferido al Gobernador del Estado, y a
los Diputados en lo particular. En ambos casos será necesaria la
determinación del sesenta y cinco por ciento de los electores
inscritos en el listado nominal correspondiente, comunicada al
Congreso y aprobada por el voto unánime de la Legislatura en el
caso del Gobernador, y de las dos terceras partes en el de los
Diputados.”
El día 6 de abril del año en curso se aprobaron una serie de
reformas que afectan la Constitución Política de Oaxaca, las cuales
como referencia del tema que nos ocupa citaremos, la iniciativa en
comento y que fue dividida en 5 ejes:
a) “Una nueva relación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo.”
b) “El fortalecimiento al Poder Judicial.”
c) “La autonomía de los Órganos de Estado.”
d) “La instauración de los Mecanismos de Democracia Directa.”
e) “Una nueva Gestión Pública responsable con orientación social.”
En lo referente al inciso “d” que versa sobre la implementación de
mecanismos de democracia directa, se incluyó la revocación de
mandato, y sobre ese tópico, el dictamen de la Comisión de Estudios
Constitucionales del Congreso del Estado de Oaxaca vierte lo siguiente:
“Revocación de Mandato. La fracción III del apartado C del artículo
25 de la presente iniciativa, introduce por primera vez el
procedimiento de revocación de mandato, para el cargo de
Gobernador, por el posible ejercicio pernicioso de su mandato por
violaciones graves cometidas contra la Constitución en el ejercicio
de sus funciones y en consecuencia por la pérdida de confianza,
apoyo y legitimidad de su responsabilidad.”
“…Se establecen causales para la revocación de mandato para
evitar riesgos de ingobernabilidad en el Estado de Oaxaca;
asumiendo con claridad que las reglas con las que el Congreso
desarrollará el juicio de revocación de mandato serán en
94
observación a las ya establecidas en el artículo 118 de la
Constitución. De igual modo, se establecieron condiciones precisas
para que el resultado de la votación sea válido y de pleno
derecho.”
Los artículos de la Constitución de Oaxaca, que tocan lo relativo a
la revocación de mandato, quedaron de la siguiente manera:
“Artículo 24.- Son prerrogativas de los ciudadanos del Estado:
I.- Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de
plebiscito, referéndum, revocación de mandato, audiencia pública,
cabildo en sesión abierta, consejos consultivos y en los que
establezcan las leyes;
II a V.-..”
“Artículo 25.- El sistema electoral y de participación ciudadana
del Estado se regirá por las siguientes bases:
A. DE LAS ELECCIONES
…
I a III …
IV.- La ley regulará la forma y términos en que se realicen el
plebiscito, referéndum, revocación de mandato, audiencia pública,
cabildo en sesión abierta, consejos consultivos ciudadanos y demás
instrumentos de consulta que establezcan esta Constitución y las
leyes;
V …
B. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
…
I al XII…
C. DE LOS MECANISMOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se reconocen como mecanismos de participación ciudadana: el
voto libre y secreto, el plebiscito, el referéndum, la revocación de
mandato, la audiencia pública, el cabildo en sesión abierta y los
consejos consultivos ciudadanos; que serán regulados por la
Constitución y la ley, bajo las siguientes bases y criterios:
I.-…
II.-…
95
III.- Procede la revocación de mandato del Gobernador del Estado
cuando se presenten los supuestos y se cumplan los requisitos que
a continuación se enuncian:
a) Se formule la solicitud por escrito y la suscriban cuando menos
veinte por ciento de los ciudadanos oaxaqueños inscritos en la lista
nominal de electores del Estado, ante el Instituto Estatal Electoral
y de Participación Ciudadana,
b) Haya transcurrido al menos la mitad del mandato del
Gobernador del Estado,
c) Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar
la revocación del mandato por violaciones graves a la Constitución
Política del Estado,
d) Se expresen los fundamentos y las razones que llevan a solicitar
la revocación del mandato por acciones atribuibles directamente al
Gobernador del Estado que puedan ser consideradas como delitos
de lesa humanidad, y
e) Se presente la solicitud en la forma y términos que marque la
ley ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
certificará el cumplimiento de los requisitos de la solicitud.
La certificación del Instituto podrá ser recurrida de acuerdo con lo
siguiente:
a) Cuando el recurrente considere mal apreciados los requisitos
relativos a los incisos a) o d), el recurso se solventará ante el
Tribunal Estatal Electoral, y
b) Cuando el recurrente considere mal apreciados los requisitos
relativos a los incisos c) y e), el recurso se solventará ante la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia.
Una vez que el Instituto Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana certifique que se han cubierto los requisitos previstos en
esta Constitución y la ley, dará vista al Congreso del Estado.
El Congreso del Estado solventará el juicio de procedencia para la
revocación de mandato en observancia de las reglas previstas en el
artículo 118 de esta Constitución, y deberá:
a) Requerir al representante común de los solicitantes que aporte
las pruebas de las que se derive directa y objetivamente la
responsabilidad del Gobernador del Estado por las violaciones
graves a la Constitución Política y que motivan la solicitud de
96
revocación, o bien por las acciones de éste que pudieran
considerarse como delitos de lesa humanidad, y
b) Dar vista al Gobernador del Estado para que ofrezca pruebas y
formule alegatos.
Una vez desahogado el juicio de procedencia para la revocación del
mandato, el Congreso del Estado, con el voto aprobatorio de las
dos terceras partes de los diputados presentes, dará vista al
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para los
efectos de que organice la consulta a la ciudadanía del Estado a fin
de que ésta se pronuncie mediante sufragio libre, directo, secreto y
universal.
Procederá la revocación del mandato cuando de la consulta resulte
que existe una mayoría simple de los electores del Estado.
Para que el resultado de la votación sea válido y de pleno derecho,
es indispensable que el número de electores que participe en la
consulta para la revocación de mandato sea superior al que
participó en las elecciones en las cuales fue electo el Gobernador y
que el número de votos en favor de la revocación del mandato sea
superior al que obtuvo el Gobernador del Estado en esa votación.
El mecanismo de revocación de mandato procederá solamente una
vez en el periodo para el que fue electo el Gobernador.
La revocación de mandato es una figura independiente del juicio
político a que podrá sujetarse al Gobernador del Estado.
En caso de que el mandato del Ejecutivo sea revocado, se estará a
lo dispuesto en el artículo 72 de esta Constitución;
…
D. DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
…
...
E. Derogado“
“Artículo 59.- Son facultades del Congreso del Estado:
I al XXVI …
97
XXVII.- Expedir el decreto correspondiente para que el Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, convoque a
elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos en los
periodos constitucionales o cuando por cualquier causa hubiere
falta absoluta de estos servidores públicos, así como para declarar
la procedencia de la consulta de revocación de mandato;
XXVII BIS.- a LXVIII. …”
“Artículo 72.- …
I…
A)…
B) Cargos de responsabilidad oficial, revocación de mandato o
delitos del orden común calificados por el Congreso del Estado,
erigido en Gran Jurado;
C) a E)..
D)…
II a VII…”
“Artículo 111.- El Poder Judicial contará con Tribunales
Especializados, de carácter permanente, autónomos en su
funcionamiento e independientes en sus decisiones, los cuales
contarán con las siguientes características y atribuciones:
I.- a VII.-..
A. El Tribunal Estatal Electoral, es la máxima autoridad
jurisdiccional en materia electoral del Estado de Oaxaca, y tendrá
las siguientes atribuciones:
I a IV.-…
V. El Tribunal Estatal Electoral emitirá, en su caso, la Declaratoria
de Revocación de Mandato de Gobernador del Estado, en los
términos de esta Constitución y las Leyes; y
VI….
B a C…
…
A. DE LA DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO
DE OAXACA…
I a V.- …
…
98
B. DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
La organización, desarrollo y vigilancia de las elecciones,
plebiscitos, referendos y revocación de mandato en el Estado
estará a cargo de un órgano autónomo del Estado denominado
Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. El ejercicio
de sus funciones se sujetará a los principios rectores de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. El Consejo
General estará integrado por siete Consejeros.
El Instituto contará con las siguientes facultades:
I.-…
II.- Desempeñar las actividades relativas a la capacitación
electoral, la educación cívica, el desarrollo de materiales
electorales impresos y electrónicos, la preparación de la jornada
electoral y los procesos de plebiscito, referéndum y, en su caso,
revocación de mandato, la realización de cómputos, la calificación
y, en su caso, la declaración de validez de las elecciones y el
otorgamiento de constancias, así como la remisión del expediente
del cómputo al Tribunal Estatal Electoral, para los efectos
constitucionales. Asimismo, atenderá lo relativo a los derechos y
prerrogativas de los partidos políticos;
III a V.-…
C. DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES…”
De acuerdo a lo anterior, se puede apreciar que en el Estado de
Oaxaca, las recientes reformas a la Constitución introdujeron la figura
de revocación de mandato, única y exclusivamente para el Gobernador,
ya que por lo que respecta a los integrantes de los Ayuntamientos se
encontraba prevista en la fracción IX del articulo 59.
En el ordenamiento Legal antes citado, se establecen las bases que
regulan el procedimiento de revocación de mandato del Gobernador
Constitucional, las causas que pueden dar origen a ello y la autoridad
ante quien se substanciará el procedimiento.
99
En otro contexto y retomando lo ya establecido dentro del estudio
que se ha realizado, se ha señalado que el régimen jurídico al que
estamos sujetos, tal y como lo establecen los artículos 39, 40 y 41 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
republicano, representativo, democrático, federal, de Estados libres y
soberanos para gobernarse con sus propias Leyes. Se ha tratado de
desmembrar cada uno de los preceptos Constitucionales invocados con
el único propósito de establecer de una manera clara y concisa de que
el Congreso del Estado, esta facultado para realizar reformas a la
Constitución Local las cuales pueden versar sobre la vida política del
Estado y su estructura.
Ahora bien, se considera conveniente, analizar las figuras de
participación ciudadana que contempla la Constitución Política de
nuestro Estado, así como los preceptos jurídicos que tratan sobre los
derechos de sus habitantes, artículos que se transcriben para una
mejor comprensión:
“ARTÍCULO 7.- El Estado de Baja California acata plenamente y
asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales
consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como los demás derechos que otorga esta
Constitución; …..
…
…
…
…
…
…
…
…
…”
“ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:
I.- Si son mexicanos, los que conceda la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y la
presente;
II.- a III.-
IV.- Si además de ser mexicanos, son ciudadanos tendrán los
siguientes:
a) Votar en las elecciones para integrar los órganos de elección
popular de la entidad;
b) Participar en los términos de esta Constitución y de la Ley en los
100
procesos de Plebiscito y Referéndum;
c) Ser votados siempre que reúnan los requisitos que determina
esta Constitución y las leyes;
d) Desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de
los ayuntamientos, cuando la persona reúna las condiciones que
exija la Ley para cada caso; y
e) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma
pacífica en los asuntos políticos del Estado; así como al partido
político de su preferencia o asociación de que se trate.
V.-...
VI.-…”
“ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I.- a V, y;
VI.- A los ciudadanos residentes en el Estado, en los términos que
establezca la Ley.”
“ARTÍCULO 34.-….
…
…
…
…
…
…
…
…
Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de índole
tributario o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum, conforme
lo disponga la Ley.
…
…
…”
“ARTÍCULO 112.- …
…
Las reformas o adiciones efectuadas a esta Constitución,
aprobadas de conformidad al procedimiento señalado, podrán ser
sometidas a Referéndum, de conformidad a las disposiciones que
la Ley establezca.
…”
Por lo que toca al artículo 7 de la Constitución Local, podemos
101
apreciar que esta acoge todas y cada unas de las Garantías
consagradas en la Federal, además de las que la misma Constitución
Local otorga, de manera tal que los habitantes del Estado de Baja
California, pueden hacer efectivos sus derechos en cualquier momento,
apegados desde luego a los procedimientos que establecen las Leyes.
Una de las prerrogativas que otorga la Ley Suprema de nuestro
Estado referente al tema de participación ciudadana y que se
encuentran estipuladas en el artículo 8, son las de votar en los
procesos de plebiscito y referéndum, en los términos previstos por la
Ley Especial. Así pues, que de una manera clara se aprecia que la
Constitución local, concede derechos, bajo determinadas
circunstancias, a los ciudadanos que habitan en el Estado, sin que estos
se encuentren contemplados en la Constitución Federal. Como ya ha
sido referenciado en el presente estudio, que según criterios de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las Constituciones de cada
uno de los Estados pueden ampliarse las garantías de sus habitantes o
en su defecto; otorgar nuevos derechos.
El artículo 28 de la Constitución Local, establece también como una
forma de participación ciudadana, la facultad para presentar iniciativas
de Ley a los habitantes del Estado, reuniendo los requisitos que señala
la misma Constitución como la Ley reglamentaria.
El artículo 34 del multicitado ordenamiento, prevé que cualquier
Ley que expida el Congreso del Estado, con excepción las de índole
tributaria podrá ser sujeta a referéndum. De la misma manera el
articulo 112 refiere que las reformas a la Constitución local pueden
sujetarse al referéndum y este se define como: “Institución política
mediante la cual el cuerpo electoral acepta o rechaza las Leyes
aprobadas por un órgano legislativo. Es una institución característica
del régimen democrático. Supone esta institución una amplia facultad
otorgada al cuerpo electoral para la ratificación o desaprobación de
leyes; requiere para su buen funcionamiento la existencia de un gran
espíritu ciudadano, y el consiguiente interés por los asuntos públicos9.
En el contexto de lo que representa la participación de los
ciudadanos, encontramos que otra de las figuras a las que refiere la
Ley, es el “plebiscito” que la Ley de la materia, en el numeral 13,
concede el derecho a los habitantes del Estado de solicitar el plebiscito
cuando se realicen actos trascendentes para la vida pública del Estado
9 Rafael de Pina Vara. Diccionario de Derecho p. 403
102
o de los Ayuntamientos, de la misma forma, cuando el Congreso del
Estado realice conductas tendientes a la supresión o formación de
nuevos municipios.
La Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Baja
California, fue aprobada por el Congreso del Estado en fecha 18 de
enero de 2001, con el propósito de reglamentar los artículos 5, 8, 28,
34 y 112 de la Constitución del Estado, “así como el fomentar,
impulsar, promover, consolidar y establecer los instrumentos y
mecanismos que permitan regular la participación ciudadana en el
ámbito de competencia del Gobierno del Estado, así como establecer
las bases generales para que los Ayuntamientos reglamenten sus
figuras que prevé este ordenamiento, que aseguren la participación
ciudadana y vecinal en el ámbito municipal”10.
De todo lo vertido en el presente documento, se observa que las
iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y la propia del Diputado miembro del
Partido de la Revolución Democrática, así como la Adenda presentada
por el Diputado David Jorge Lozano Pérez, no vulneran los principios
establecidos en la Carta Magna, en cuanto a que; la misma
Constitución Federal le otorga autonomía a los Estados Federativos
para darse sus propias Leyes y legislar sobre los temas que no se
encuentren reservados al ámbito federal, además de lo anterior, por
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Estados,
pueden otorgar derechos a sus habitantes los cuales no necesariamente
deben encontrarse insertos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, y de las garantías que ya se encuentran
consagradas en el Pacto Federal, cada uno de los Estados puede
ampliarlas, más nunca restringirlas.
En esta tesitura, de la Iniciativa y Adenda presentadas, se
establece un nuevo derecho en favor de los ciudadanos, que es el de
revocar el mandato de sus Gobernantes que han sido electos mediante
el voto, ampliando con esto, los derechos políticos de los habitantes de
Baja California.
La viabilidad juridica de la pretension se aprecia en razon de lo que
se ha expuesto en el presente estudio puesto que se amplian los
derechos de los ciudadanos al crear un nuevo instrumento jurídico por
10 Dictamen 126 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la XVI Legislatura de Estado
de B.C.
103
medio del cual, los habitantes del Estado pueden destituir de su
encargo a sus gobernates.
Es de suma importacia señalar que México a signado diversos
Tratados Internacionales que versan sobre los derechos de sus
ciudadanos, entre ellos, encontramos que la Carta de las Naciones
Unidas expresa que los Estados tienen igualdad de derechos y gozan de
una libre determinación, por tanto el derecho de decidir sobre su
condición política y procurar su desarrollo político, económico, social y
cultural y la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el
artículo 21 expresa: “Toda persona tiene derecho a participar en el
gobierno de su país, directamente o por medio de representantes
libremente escogidos y que la voluntad del pueblo es la base de la
autoridad del poder público”; por lo tanto atendiendo a lo establecido
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, se considera viable
por estas Comisiones Dictaminadoras la reforma propuesta al artículo 8
de la Constitución Local.
En lo que toca a la pretensión de los inicialistas de reformar el
artículo 11 de la Constitución del Estado, proponen en su texto lo
siguiente:
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
…
…
…
…
Es revocable el mandato de los servidores públicos cuando los
ciudadanos manifiestan su voluntad de destituir de su cargo a un
ciudadano electo popularmente. La ley establecerá las bases y
procedimientos para la revocación así como los medios de
impugnación.
Se considera jurídicamente viable la pretensión de reforma del
artículo 11 de la Constitución Local, en virtud de que no existe
prohibición expresa en la Constitución Federal para que las Legislaturas
locales aborden el tema de la revocación de mandato, así mismo,
porque la institución en estudio es un derecho mas que se le otorga al
ciudadano bajacaliforniano.
104
Como ya se ha analizado, la figura de revocación de mandato, es
un procedimiento que persigue como único fin la destitución de un
servidor público que ha sido elegido popularmente siendo estos, los
Diputados tal y como lo precisa el artículo 14 de la Constitución Local,
el Gobernador del Estado, que es elegido bajo los principios que
establece el artículo 44 de la Constitución estatal y los integrantes de
los Ayuntamientos que son elegidos mediante el sufragio universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible, según el artículo 78 y
79 del ordenamiento antes citado, sin embargo, a la propuesta de
reforma del artículo 11 es necesario es necesario observar lo siguiente:
- Respecto a la revocación de mandato del Gobernador del
Estado:
Se considera necesario que debe precisarse en el artículo 46 de la
Constitución local, la revocación de mandato como una causa de falta
absoluta del Titular del ejecutivo así como el procedimiento a seguir
para suplirlo.
Es conveniente establecer en el artículo 91 de la Constitución
local que el Gobernador del Estado, puede ser sujeto del procedimiento
de revocación de mandato y para efectos que se lleve a cabo no se
requerirá declaración de procedencia.
- Respecto a la revocación de mandato de los integrantes de un
Ayuntamiento:
En el supuesto al que se hace referencia en el párrafo anterior, es
necesario considerar que dicho procedimiento lo prevé la Constitución
del Estado como una facultad del Congreso, en la fracción IX del
artículo 27, señalando que procederá solo por las causas graves que la
Ley prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido
oportunidad suficiente para rendir pruebas y hacer los alegatos que a
su juicio convengan. Ante tal prevención, y con el afán de no
contravenir lo ya establecido en dicho precepto, es necesario reformar
la Ley de Régimen Municipal con el fin de establecer un procedimiento
especial para la revocación de mandato de los integrantes del
Ayuntamiento cuando así lo soliciten los habitantes del Municipio que se
trate, en virtud que las propuestas analizadas en el presente
documento van encaminadas a otorgarle al ciudadano una mayor
participación en la vida política tanto del Estado como de los Municipios
y tomando en cuenta que la Ley especial, solo faculta al Ayuntamiento
105
a solicitar la revocación de alguno de sus integrantes por las causas
graves que ahí se contemplan, y atendiendo a lo establecido en el
artículo 115 de la Ley Suprema y el artículo 27 de la Constitución local,
la revocación de mandato en el ámbito municipal es atribución única y
exclusivamente de los Diputados.
En otro contexto, se ha considerado conveniente hacer las
siguientes observaciones a la propuesta en general, las cuales
consisten en:
- Especificar en la Ley de Régimen Municipal para el Estado
de Baja California cuales serán las causas que pueden dar
origen a la revocación de mandato. Debiendo ser estas
diversas a las ya establecidas para el juicio político y la
declaración de procedencia.
- Deberá establecerse, quienes serán los ciudadanos que
tendrán el derecho a solicitar la revocación de mandato, es
decir; se deberá delimitar la circunscripción de la consulta
de revocación de acuerdo al ámbito de función del servidor
público de que se trate, verbigracia: si se trata de un
Diputado, la consulta deberá de realizarse en el distrito al
que corresponda el Diputado.
- Para no violentar los derechos del servidor público al que
se pretenda revocar, es necesario observar en el
procedimiento que deberá establecerse en la Ley
secundaria los principios del debido proceso.
- Es necesario considerar como se suplirá la ausencia
definitiva del funcionario al que se le haya revocado el
mandato.
Como quedó asentado en el antecedente I, por solicitud de la
Presidencia de la Mesa Directiva, el Dictamen 9 de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se regresó para ser
estudiado de nueva cuenta con el propósito de integrar la iniciativa
presentada en Sesión de Pleno de este Congreso el día 21 de octubre
de 2010 por el Diputado Francisco Javier Sánchez Corona, integrante
del Partido de la Revolución Democrática, la INICIATIVA DE
REFORMA QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 5, 8
FRACCIÓN IV INCISO B, 16 PÁRRAFO SEGUNDO, 27 FRACCIÓN
106
XXXII, 46 FRACCIÓN VI; 68 FRACCIONES II AL VI Y 78
PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA. (identificada
con el número 2.)
Atendiendo la decisión del Pleno, éstas Comisiones Unidas de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Reforma de
Estado, consideran necesario verter las consideraciones expuestas en
el dictamen 9 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales:
DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Expone el autor que:
“I.- En un régimen democrático el poder se legitima por el
consentimiento del pueblo y se ejerce por la participación de él,
que es quién ostenta la soberanía, pues es mediante el mandato
popular como los ciudadanos participan indirectamente en los
asuntos públicos.
El concepto de soberanía ha transitado por diversas discusiones,
desde los griegos hasta Juan Jacobo Rousseau, este último decía
que el solo hecho de votar no garantizaba un buen gobierno, que
era indispensable la constante presencia del pueblo vigilando sus
actos, para corregirlos si desempeñan mal su función o incluso
revocarles su mandato, si a juicio de quienes los eligieron persisten
en sus errores.
También hay quienes opinan que la presencia constante del pueblo
en la política es innecesaria, pues no dejaría gobernar, y que
celebrada la elección se agota la participación de los ciudadanos,
pues estos ceden su representación en aquellos a quienes eligieron,
es decir los gobernantes, quedando el pueblo en posición de
gobernado.
Estos puntos de vista ejemplifican la diferencia entre una
democracia directa y una democracia participativa.
En el Partido de la Revolución Democrática estamos convencidos
que en una democracia debe haber vigilancia constante de las
acciones de gobierno. Que no debemos dejar margen a acciones de
107
impunidad ni autoritarismo, que los gobernantes deben evitar la
discrecionalidad en su actuación y que el pueblo debe participar
activamente en la formación, ejecución y control de la función
pública.
Y si bien es cierto que nuestro Estado cuenta ya con instrumentos
de participación ciudadana, los que consideramos que es necesario
revisarlos, pues aunque no los hemos visto en su aplicación,
debemos avanzar en su perfeccionamiento hasta la revocación del
mandato, como una forma de promover e incentivar la participación
ciudadana en los asuntos de gobierno, ya que estamos convencidos
que es mediante la participación activa como se alcanzan mejores
niveles de desarrollo social.
II.-El pasado primero de Octubre, en el marco de la sesión de
instalación de la XX Legislatura del Congreso del Estado de Baja
California, señalamos de manera puntual que nos anima el hecho de
poder ser parte de una legislatura que reúne una composición sin
precedente en la historia política de nuestra Entidad, y que como tal
tiene el enorme reto de salir al rescate y el ejercicio de los valores
democráticos, como requisito indispensable para desarrollar un
liderazgo que retome la ruta de la consolidación de nuestra vida
democrática.
Dijimos que esta nueva etapa de gobierno dividido o gobierno
compartido, que se caracteriza por la ausencia de una hegemonía
partidista o de un partido dominante, abre la puerta para repensar y
replantear el régimen político, pensando en primer lugar en la
ampliación y en el respeto de los derechos ciudadanos.
En este sentido y desde esta máxima tribuna pública de nuestro
estado, refrendamos nuestra convocatoria a todas las fuerzas
democráticas y sectores de la sociedad civil, a reivindicar
firmemente su derecho a la representación abierta y a construir
juntos una agenda legislativa legitimada por todos, que coloque al
ciudadano en el centro del quehacer público.
En congruencia con lo anterior, promovemos como una primera
acción de nuestro desempeño legislativo, la presente Iniciativa de
Reforma, que tiene por objeto modificar diversos artículos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,
para instituir en el marco jurídico de nuestra Entidad la figura de la
108
Revocación de Mandato, como un mecanismo o procedimiento
mediante el cual los ciudadanos del Estado, de los distritos o
municipios, manifiestan su voluntad de destituir de su encargo a un
ciudadano electo popularmente a través del voto.
III.- Karl R. Popper, reconocido filósofo y sociólogo europeo,
planteaba como pregunta central de la democracia…''¿qué podemos
hacer para configurar nuestras instituciones políticas, de modo que
los dominadores malos e incapaces nos ocasionen los menores
daños posibles y podamos deshacernos de ellos sin derramar
sangre?, reconociendo con ello que no basta con el hecho de que
los ciudadanos puedan ejercer el derecho a votar para elegir a sus
gobernantes y garantizar con ello la existencia de buenos gobiernos.
Para Mauricio Merino, distinguido politólogo mexicano, “un gobierno
democrático tiene que ser un gobierno responsable, en el doble
sentido del término, Pero no puede llegar a serlo, paradójicamente,
si los ciudadanos a su vez no logran establecer y utilizar los cauces
de participación indispensables para asegurar esa responsabilidad.
Camino de doble vuelta, la representación política y la participación
ciudadana suponen también una doble obligación: de los gobiernos
hacia la sociedad que les ha otorgado el poder, y de los ciudadanos
hacia los valores sobre los que descansa la democracia: hacia los
cimientos de su propia convivencia civilizada.
Como sabemos, existen diversos mecanismos para promover la
participación ciudadana en la toma de decisiones políticas, más allá
de los procesos electorales. Quizá los procedimientos más conocidos
y comunes son el referéndum, que consiste preguntar sobre ciertas
decisiones que podrían modificar la dinámica del gobierno, o las
relaciones del régimen con la sociedad; y el plebiscito, que pone a
consideración de la ciudadanía la elección entre dos posibles
alternativas. Ambas figuras ya han sido incorporadas al marco
jurídico de nuestra entidad, tanto en el ámbito constitucional como
en la Ley de Participación Ciudadana, en donde se establecen
requisitos procedimentales, sin que a la fecha hayan sido utilizados
entre otras cosas por la misma forma en que originalmente fueron
concebidos en su diseño.
Igualmente existe la figura de la iniciativa ciudadana y la del
derecho de petición, que buscan abrir la posibilidad de que los
ciudadanos organizados participen directamente en el proceso
109
legislativo y en la forma de actuación de los poderes ejecutivos, y
de manera muy especial nos encontramos con el llamado derecho
de revocación del mandato, que en determinadas circunstancias
permite la posibilidad de interrumpir el mandato otorgado aun
representante político, aunque haya ganado su cargo en elecciones
legítimas.
IV.- Por su reconocido profesionalismo y profundo sentido
pertinencia, agrego a la presente exposición de motivos una valiosa
reflexión que desde la perspectiva académica ha formulado el
maestro politólogo Leopoldo Martínez Herrera, a propósito del
objeto de la presente iniciativa de reforma constitucional, que busca
instituir la figura jurídica de la revocación del mandato, como un
derecho del pueblo de Baja California.
La revocación como otros (instrumentos de decisión) constituyen
mecanismos de democracia directa en un escenario de consenso
negativo respecto a que la llamada democracia representativa ya no
significa la mejor opción, esto parece cierto, sin embargo el enfado
respecto a ello no ha sido suficiente como para que la sustituyamos
por otra forma u otro sistema. De ser esto cierto, entonces, el
plebiscito, el referéndum, la iniciativa ciudadana así como el
referendo revocatorio constituyen solo disyuntivas probabilísticas
para evitar los sesgos y los yerros de la democracia representativa
que todavía sigue siendo vigente.
También dichos instrumentos, no están configurados como factores
prescriptivos ni consecuencialistas ya que cualquier enfoque
valorativo queda fuera de control cuando estos son aplicados en un
sistema político. Lo cual quiere decir que nada puede garantizar la
neutralidad de sus propósitos y efectos.
Lo anterior quiere decir también que por mediación de la
aquiescencia de los ciudadanos la revocación de mandato puede
tener un efecto laudatorio es decir, enderezar un entuerto de la
democracia, cometido por los propios ciudadanos, cuando deciden a
sus representantes en un proceso comicial, pero también, puede
suceder que con fines aviesos algún actor institucional puede
propiciar la marcha de este dispositivo, en contra de una autoridad
del bando opositor.
110
Es decir, que los mecanismos de democracia directa no poseen
candados de seguridad, por lo que su aplicación no atiende a
ninguna regla ética en consecuencia se encuentra situada y
contaminada por el contexto y los intereses de los actores políticos;
esta condición me parece ineludible.
Una vez anticipados los riesgos vale la pregunta:
¿Podemos encontrar incentivos suficientes para aceptar este
mecanismo en nuestro estado?
Existen tres argumentos para contestar afirmativamente:
La mayoría de los países de América del Sur y Centro América lo
tienen en operación con distintos elementos reglamentarios.
No se encuentra públicamente, literatura sobre el tema que efectúe
una evaluación negativa de dicho mecanismo.
Dado el descrédito de la democracia representativa en nuestro país
vale la pena experimentarla a efecto de obtener, después de un
tiempo prudente, una evaluación de sus consecuencias.
Sin embargo, en virtud de que, como ya se señaló, la revocación del
mandato, registra los síntomas de su eficacia tal vez en razón
directa de su diseño, sería conveniente construir un modelo, que lo
ponga a salvo de eventualidades, intereses y conductas
voluntariosas de algunos actores a efecto de que cumpla con
algunos principios pertinentes para su construcción, enseguida se
proponen algunos:
1. Exhaustividad:
Requiere de la precisión necesaria a efecto de generar certidumbre
acerca de los puestos de elección que estarán sujetos al
procedimiento, así como también establecer los procedimientos y
fases para llevar a feliz término la revocación de mandato.
2. Integridad:
Se refiere al establecimiento de las reglas y procedimientos a través
de una secuencia, de tal manera que las partes que constituyen al
procedimiento, deben ser finiquitados en forma absoluta y
secuencial, así como también, determinar la relación estricta con
otras reglas o normas afines.
3. Accesibilidad.
Se refiere a que las reglas, los procedimientos y los conceptos
deberán establecerse en una forma sencilla, clara y comprensible de
111
tal manera que los ciudadanos puedan entenderlo y aplicarlo en
todas sus fases.
4. Operacionalidad.
El instrumento deberá caracterizarse por su viabilidad, es decir, que
las reglas y los requisitos para su inicio y desarrollo puedan ser
ejercidos y cumplidos por los ciudadanos y la autoridad que lo
realiza, sin que tengan que salvar dificultades.
5. Efectividad.
Se refiere a que este instrumento pueda cumplir su cometido una
vez que ha llegado al final de su operación, es decir, que logre la
expresión decisoria de los ciudadanos en forma clara y cierta;
además que, tanto las reglas como las autoridades
correspondientes garanticen la ejecución de su resultado.
Pienso que para el caso de Baja California, resulta interesante
iniciar un ejercicio de esta naturaleza a efecto de lograr colmar un
principio constitucional respecto a la detentación originaria de la
soberanía; no sobra insistir en el temor siempre presente, en el
sentido de que su diseño, puede estar marcado por el interés de los
que detentan el poder, logrando con ello, una verdadera simulación
en contraste con lo que pudiera ser una valiosa aportación al
desarrollo democrático.
Finalmente, no está por demás señalar que este instrumento, debe
contar, abundando mas al principio de exhaustividad, con otros
elementos que contribuyan a una mejor actuación de los ciudadanos
y autoridades, a efecto de que el referendo revocatorio se desarrolle
también con objetividad; me refiero concretamente que en forma
inmediata y complementaria se deberá desarrollar un sistema
integral de rendición de cuentas en todos los niveles y campos en
los cuales se pretenda su aplicación; pues dicho sistema constituiría
una especie de tenaza que junto con el referendo cerraría el circuito
a este respecto.
V.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece en su artículo 39, que la soberanía nacional reside
esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en
todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma
de su gobierno, y precisamente en base a este precepto de
112
soberanía que la presente iniciativa encuentra su fundamento,
partiendo que es precisamente para el ejercicio de este derecho que
se establece la realización de elecciones libres auténticas y
periódicas, mediante las cuales se renovarán los Poderes Públicos.
VI.- La presente iniciativa, instituye que en el Estado de Baja
California, todos los puestos de elección popular son revocables y
como derecho de los habitantes del Estado, participar en los
términos de la Constitución del Estado y de la Ley de Participación
Ciudadana, en los procesos de Plebiscito, Referéndum y Revocación
de Mandato.
Igualmente establece que el Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana del Estado de Baja California, tendrá a su cargo en los
términos que señale la Constitución local y la Ley de Participación
Ciudadana, la realización de los procesos de Plebiscito, Referéndum
y Revocación de Mandato.
Asimismo, la presente iniciativa le da al Tribunal de Justicia
Electoral del Estado de Baja California, la facultad de resolver en los
términos de la Constitución local y de la Ley, sobre las
impugnaciones que se presenten durante y fuera del desarrollo de los
procesos de Plebiscito, Referéndum y Revocación de mandato, con
motivo de actos o resoluciones de la autoridad electoral.
En el mismo sentido, la presente iniciativa prevé como falta
absoluta, la declaratoria de procedencia de la revocación del cargo,
para que en consecuencia sea facultad de Congreso del Estado
llevar a cabo el nombramiento del Gobernador.
Para el caso de Diputados, Presidente Municipal, Regidores y Síndico
Procurador, cuando hubiere conclusión anticipada y no hubiera
suplente para sustituirlo, corresponderá el Congreso del Estado llevar
a cabo el nombramiento.
VII.- La presente iniciativa establece la obligación del Congreso del
Estado de Baja California, de realizar las adecuaciones
correspondientes en las leyes secundarias que regulan el ejercicio
de los mecanismos y procedimientos de la participación ciudadana,
el funcionamiento del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana, el Tribunal de Justicia Electoral, y del propio Poder
113
Legislativo local, en un plazo no mayor a ciento ochenta días
después de la entrada en vigor de la reforma constitucional.
VIII.- El derecho ciudadano a promover la Revocación de Mandato
constituye en la actualidad parte de las agendas legislativas de
diversas entidades del país y del propio Congreso de la Unión, así
como también ya se encuentra incorporado en las constituciones de
varios estados, como es el caso de Chihuahua y Yucatán, en el
ejercicio de su soberanía interior.
Para el caso de nuestro estado, la presente Iniciativa busca abrir el
debate sobre el tema de la Revocación de Mandato y con el
concurso de todas las fuerzas políticas representadas en la XX
Legislatura, de los sectores organizados de la sociedad civil y de la
ciudadanía en general, construir los nuevos consensos para avanzar
en la consolidación de la gobernabilidad democrática en la entidad.
Por esta ruta y como punto de partida, vamos a trabajar por la
renovación de nuestro pacto político, con la más amplia e intensa
participación ciudadana.”
- INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa de reforma
en estudio, se desprende que el Legislador intenta incorporar la figura
de Revocación de Mandato en la Constitución Política del Estado Libre y
soberano de Baja California con la mención de que “en el Estado de
Baja California, todos los puestos de elección popular son revocables”.
Pretendiendo además establecer, que en caso de que no exista
suplente del funcionario que fue cesado, el Congreso del Estado de Baja
California deberá de llevar a cabo el nombramiento. En la misma
forma, cuando se de el supuesto de falta temporal que exceda de
treinta días por parte del Gobernador. La autoridad que deberá realizar
el proceso de revocación de mandato será el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, la autoridad que
deberá de conocer de los recursos por las resoluciones del Instituto es
el Tribunal Electoral de Justicia Electoral del Estado de Baja California.
Ahora bien, del estudio realizado a la propuesta se puede deducir
que el inicialista pretende lo siguiente:
114
- El fundamento constitucional donde se pretende incorporar esta
figura es en el artículo 5, con la mención de que “en el Estado de
Baja California, todos los puestos de elección popular son
revocables”.
- Señala que en caso de que no exista un suplente del funcionario
que fue cesado, el congreso deberá de llevar a cabo el
nombramiento. Así como cuando se de el supuesto de falta
temporal que exceda de treinta días por parte del Gobernador.
- El inicialista propone que todos los cargos de elección popular
sean sujetos a revocación.
- La autoridad que deberá realizar el proceso de revocación de
mandato es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California, la autoridad que deberá de conocer de
los recursos por las resoluciones del Instituto es el Tribunal
Electoral de Justicia Electoral del Estado de Baja California.
De la propuesta que fuera presentada por el Diputado Francisco
Javier Sánchez Corona, se observa lo siguiente:
En el artículo 5 de la propuesta, se adiciona en el primer párrafo
que todos los puestos de elección popular son revocables; así como
también prevé en un segundo párrafo que la falta de funcionarios
cesados por la revocación de mandato será cubierta por los suplentes.
Recorriéndose los párrafos y sus apartados. En el apartado B, del
mismo artículo 5, en su cuarto párrafo se añade la figura de Revocación
de Mandato. Propuesta que se considera jurídicamente procedente,
además de que coincide en todos y cada uno de los términos de la
propuesta presentada en sesión de pleno de fecha 23 de febrero del
año en curso por los Diputados integrantes de la Fracción Parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el artículo 8, de la fracción IV, inciso B donde se establece
que los ciudadanos pueden participar en los procesos de plebiscito y
referéndum, se incluye la revocación de mandato. Propuesta que se
considera jurídicamente procedente, además de que coincide en todos
y cada uno de los términos de la propuesta presentada en sesión de
pleno de fecha 23 de febrero del año en curso por los Diputados
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional.
Del artículo 16 propone agregar un segundo párrafo, donde se
establece que los Diputados cesados por procedencia de revocación de
115
mandato no podrán ser elegidos para el periodo inmediato como
propietarios ni como suplentes.
Ante la pretensión de reformar el artículo 16 de la Constitución
local, se considera jurídicamente improcedente en razón de que se
vulnera lo establecido por el artículo 35 de la Carta Magna en lo que
refiere al derecho de los ciudadanos de se votados en elecciones
populares. Trastoca además, lo previsto en el numeral 116, fracción II,
del cuerpo jurídico en mención en virtud de que este precepto alude a
la no reelección de Diputados, es decir; establece como única limitante
el hecho de que un Diputado no podrá ser reelecto para el periodo
inmediato, de igual forma limita el derecho de ser votado al Diputado
suplente cuando este haya estado en ejercicio.
La Convención Interamericana de los Derechos Humanos, de la
cual México es un Estado adherido, en su artículo 23 apartado 2,
establece que todos los ciudadanos deben gozar el derecho a ser
elegidos en elecciones periódicas, autenticas, realizadas por sufragio
universal e igual, por voto secreto, y que la ley puede reglamentar el
ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia,
idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez
competente, en proceso penal.
En el artículo 27 donde se encuentran establecidas las facultades
del Congreso se propone adicionar texto en la fracción que actualmente
se encuentra derogada a fin de indicar que una de las facultades del
Congreso del Estado es la de nombrar a Diputados, Presidente
Municipal, Regidores y Síndico Procurador, cuando ocurra conclusión
anticipada del encargo por revocación de mandato y no hubiere
suplente.
Se considera improcedente la propuesta de reforma al artículo 27
de la Constitución local de acuerdo a los siguientes puntos:
- En relación a los integrantes del Ayuntamiento: Se considera
improcedente debido a que en el articulo 86 del mismo cuerpo
legal, ya se encuentra la forma en que deberá de suplir a
ausencia de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en caso
de darse la revocación de mandato.
- En relación al nombramiento de Diputados, se considera
improcedente en virtud de que, la Constitución local en su
artículo 14, establece que la integración del Congreso del Estado
116
será de Diputados electos mediante el voto, libre, secreto,
directo, personal e intransferible; dieciséis serán electos en forma
directa mediante el principio de mayoría relativa, y hasta 9,
electos mediante el principio de representación proporcional. El
numeral 15 del mismo cuerpo normativo, establece como se hará
la designación de los Diputados de representación proporcional,
advirtiendo, además, que dicha asignación la hará el Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado.
En el artículo 46 del texto vigente de la Constitución Local, se
establece el procedimiento a seguir por parte del Congreso del Estado
cuando se de el supuesto de que el Gobernador del Estado llegara a
faltar por mas de 30 días. Ahora bien, el inicialista propone reformar el
texto de la fracción VI del artículo antes citado, entonces quedaría
expresada en la fracción mencionada que la revocación de mandato del
Gobernador será considerada como una falta absoluta.
Propuesta que se considera jurídicamente procedente por estas
Comisiones Dictaminadoras.
De tal forma que es conveniente establecer este supuesto en los
términos en que es propuesto por el inicialista, sin embargo, se
considera conveniente dejar el contenido de la fracción en VI dentro de
una nueva fracción, es decir, se recorrerá el contenido de la fracción VI,
pasando a formar la fracción VII.
Del artículo 68 tenemos en la propuesta del inicialista que en la
fracción tercera del tercer párrafo se precise sobre las impugnaciones
que se presenten durante el desarrollo de los procesos de plebiscito,
referéndum y revocación de mandato.
Respecto a la viabilidad jurídica de la pretendida reforma al
artículo 68, estas Comisiones que suscriben lo consideran procedente,
sin embargo, es necesario de acuerdo a lo que establece la técnica
Legislativa, respecto del principio de interpretación y de claridad de la
Ley, es necesario cambiar la estructura de la propuesta, planteando
estas Comisiones Dictaminadoras lo siguiente:
ARTÍCULO 68.- ...
…
…
I.- a IV.- …
117
V.- Las impugnaciones que se presenten durante el desarrollo
de los procesos de Plebiscito, Referéndum y Revocación de
mandato, con motivo de actos o resoluciones de la autoridad
electoral y los recursos que se presenten contra actos o
resoluciones de la autoridad electoral, fuera de los procesos de
Plebiscito, Referéndum o Revocación de Mandato.
VI.- Las demás que señale la Ley.
…
…
…
En el artículo 78 se propone en su tercer párrafo adicionar que los
integrantes de los Ayuntamientos duraran tres años en su encargo,
salvo en los casos de procedencia de revocación de mandato. La
propuesta realizada por el inicialista, se considera improcedente en
razón de que ya se encuentra previsto dentro del numeral 86 del
mismo ordenamiento legal.
Para concluir, afirmamos que el artículo 41 constitucional establece
el principio republicano de gobierno, mediante el cual el pueblo elector
ejerce su soberanía a través de los poderes constituidos de sus
respectivos Estados, organizados a través de sus correspondientes
Constituciones estatales, por lo que la estructura y demás
características es resuelta por los representantes del pueblo a través
de las leyes y de las Constituciones respectivas, aprobadas por órganos
constituidos. Que la única limitación a la soberanía del pueblo en los
Estados, ejercida a través de sus representantes, es la de no infringir
ninguna prohibición expresa en la Constitución Federal,
La forma republicana de gobierno es, en consecuencia, un gobierno
representativo, de la misma manera que la organización y estructura
de los poderes de un Estado se hace conforme a la Constitución y leyes
de los Estados, votadas por los poderes del mismo. De tal forma, que
este poder Legislativo, esta facultado para reformar su Constitución y
que crear una nueva institución como lo es la revocación de mandato,
es una ampliación a los derechos políticos de los ciudadanos del Estado,
partiendo del hecho, que las consagradas en la Carta Magna, son
solamente un catálogo mínimo de los derechos fundamentales que
deben ser respetados por los Estados Federativos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
118
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado de conformidad
con el artículo 27 fracción I, de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, legislar, reformar, abrogar y derogar las
Leyes y Decretos Estatales así como participar en las reformas a la
Constitución.
SEGUNDO.- Con fecha de 23 de febrero del 2011, los C. DIPUTADOS
JULIO FELIPE GARCÍA MUÑOZ, DAVID JORGE LOZANO PERÉZ,
VIRGINIA NORIEGA RÍOS, JUAN VARGAS RODRÍGUEZ, FAUSTO
ZÁRATE ZEPEDA, ALFONSO GARZÓN ZATARAÍN, JUAN BAUTISTA
MONTEJANO DE LA TORRE, ELÍ TOPETE ROBLES, NANCY GUADALUPE
SÁNCHEZ ARREDONDO, CARLOS MURGUÍA MEJÍA Y GREGORIO
BARRETO LUNA, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno de la XX
Legislatura Constitucional del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Baja California, INICIATIVA DE REFORMA A LOS
ARTÍCULOS 5, 8, 11 Y 68 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, Y SE AGREGAN LOS ARTÍCULOS 81 AL 84 DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, REFORMA DEL
ARTÍCULO 128, LA FRACCION VII DEL ARTÍCULO 130, LAS
FRACCIONES XXXIV Y XXXV DEL ARTÍCULO 145, LA FRACCION XXI
DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE BAJA CALIFORNIA.
TERCERO.- Que la iniciativa de Reforma en análisis reúne los
requisitos que señala el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, consistente en que sea aprobada por escrito y
firmada, ante la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del
Estado con la exposición de motivos en las que se expongan las
consideraciones jurídicas, políticas, sociales o económicas que
justifican, explican, motivan y dan procedencia a la proposición de
creación, reforma, derogación o abrogación de una ley o artículo.
CUARTO.- Que con fecha 24 de febrero de 2011, la Presidencia de la
Mesa Directiva de la XX Legislatura del Estado turnó la iniciativa en
comento a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales para su estudio y dictaminación.
119
QUINTO.- Que en fecha 04 de abril de 2011, se presentó ante la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
escrito donde se solicita sea retirada de la iniciativa lo referente a las
reformas a la Ley de Participación Ciudadana y a la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales, ambas para el Estado de
Baja California, así como ADENDA DE INICIATIVA DE REFORMA A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, LEY DE PARTICIPACIÍN CIUDADANA, ASÍ COMO A LA LEY
DE INSTITUCIONES Y PROCESOS ELECTORALES, AMBAS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA signado por el Diputado DAVID JORGE LOZANO
PÉREZ.
SEXTO: Que en fecha 07 de abril, en sesión de Pleno y a petición del
Diputado Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, solicitóó a la Mesa Directiva
de ésta H. autoridad, que la iniciativa presentada en fecha 23 de
febrero del año en curso, así como la Adenda respectiva, fueran
turnadas a la Comisión de Reforma de Estado para que se
dictaminaran de manera conjunta con la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales. En la misma fecha la Presidencia
de la Mesa Directiva, realizó solicitud respecto al Dictamen 9 de la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y que
versa sobre la reforma a diversos artículos de la Constitución Política
del Estado a fin de que sea incluida la figura de revocación de mandato
para los funcionarios públicos de elección popular con el propósito de
que sea regresado para su estudio y dictaminado por estas Comisiones
Unidas con la iniciativa que fuera presentada por los Diputados
integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario
Institucional en fecha 23 de febrero de 2011. Tales peticiones fueron
aprobadas.
SÉPTIMO.- Los inicialistas consideran respecto a la inclusión de la
figura de revocación de mandato y que tiene como propósito la
destitución del servidor público elegido mediante el voto, en el
supuesto de que los gobernados estimen que la elección de sus
representantes no fue la adecuada y que el ejercicio gubernamental no
rinde los resultados esperados, podrá subsanarse dicha situación. De
igual forma, lo Inicialistas estiman pertinente que con la introducción
de ésta figura a nuestro sistema jurídico se lograra ejercer una
verdadera soberanía en cuanto a la elección o rectificación de sus
gobernantes, permitiendo que los actos de gobierno y los recursos
públicos se antepongan al beneficio general de los ciudadanos, y no al
interés de los partidos políticos.
120
OCTAVO: Que en atención a lo establecido en el numeral 39 de la
Carta Magna se puede apreciar que los gobernantes son agentes que
representan a los votantes, los cuales tienen el tienen derecho a
remplazarlos contiene el principio de Soberanía popular y que la
soberanía es la facultad del pueblo para hacer y aplicar sus leyes, y que
los pueblos tienen el derecho de la autodeterminación, es decir; de
escoger y modificar de manera libre la forma en que quiere ser
gobernado. De tal forma que, el pueblo a través de sus representantes
en los Congresos, que han sido electos mediante el voto, se sujetan a
las leyes derivadas de las acciones de aquellos. Por consecuencia, las
condiciones que crean al Estado democrático siempre será la voluntad
del pueblo, teniendo siempre la facultad de alterar o modificar su forma
de gobierno.
NOVENO: Que el texto de artículo 40 de la Carta Magna es señala que
la voluntad del pueblo es constituirse en una república democrática, y
que esta consiste en un sistema de gobierno caracterizado por la
participación de la sociedad. Totalmente considerada, en la
organización del poder público y en su ejercicio. De la misma forma se
advierte que la Constitución Federal, de una manera clara y precisa
establece las competencias, las materias y funciones reservadas en
forma exclusiva a los poderes federales y determina que las
Constituciones de cada uno de los Estados con excepción de las
Garantías Individuales, de las atribuciones que expresamente concede
la Constitución a la Federación y las obligaciones que les impone,
cuentan con la libertad para legislar y aplicar sus Leyes.
DÉCIMO: Que el legislador local, en el ejercicio de sus atribuciones,
tiene la facultad de legislar sobre la responsabilidad del servidor público
y en sus leyes, establecer las sanciones, además de las previstas en la
Constitución Federal, las que considere convenientes. Esto se afirma en
virtud de que la Carta Magna, establece en su Titulo Cuarto, de una
manera general, el tipo de responsabilidades a lo que pueden sujetarse
los servidores públicos, y que en la Ley secundaria puede preverse
alguna otra.
DÉCIMO PRIMERO: Que una de las prerrogativas que otorga la Ley
Suprema de nuestro Estado referente al tema de participación
ciudadana y que se encuentran estipuladas en el articulo 8, son las de
votar en los procesos de plebiscito y referéndum, en los términos
previstos por la Ley Especial. De forma tal, se aprecia de manera que
121
la Constitución local, concede derechos, bajo determinadas
circunstancias, a los ciudadanos que habitan en el Estado, sin que estos
se encuentren contemplados en la Constitución Federal y que según
criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las
Constituciones de cada uno de los Estados pueden ampliarse las
garantías de sus habitantes o en su defecto; otorgar nuevos derechos y
que de las propuestas presentadas se establece una nueva prerrogativa
en favor de los ciudadanos, que es el de revocar el mandato de sus
Gobernantes que han sido electos mediante el voto, ampliando con
esto, los derechos políticos de los habitantes de Baja California.
_____________________________
3. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 27 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, A FIN DE ESTABLECER LA RATIFICACIÓN DE LOS
NOMBRAMIENTOS Y REMOCIONES DE LOS TITULARES DE LA
SECRETARÍA DE GOBIERNO, DE DESARROLLO SOCIAL,
PLANEACIÓN Y FINANZAS, DE SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO
DE LOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS PARAESTATALES Y
FIDEICOMISOS, POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO,
presentada el 23 de febrero de 2011 por el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
I.- ASPECTOS GENERALES
DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En la literatura especializada se menciona que la ratificación de
gabinete se puede dar al principio de cada gobierno, de forma
periódica, o en su caso en determinado momento que considere el Congreso, evaluar a un miembro del gabinete. Esto tiene un carácter
de contrapesos entre la división de poderes, ya que esto nos lleva,
hablar de un voto de censura por parte del Congreso.
Nuestro Partido considera que la construcción de contrapesos en la
división de poderes, permite contar con un sistema electoral que de respuesta a la lógica pluralista, sin vulnerar la soberanía del voto.
122
Consideramos que la ratificación del gabinete del Ejecutivo Estatal por
parte del Congreso, contribuirá en el mejoramiento de programas de
gobierno y de acciones legislativas que den base para la implementación y reformulación de políticas públicas en beneficio de
los habitantes de nuestro Estado.
Hay que destacar que la facultad de ratificación de gabinete es una
larga tradición dentro del constitucionalismo mexicano, un ejemplo de
esto, es la ratificación del gabinete que se estipula en la Constitución
de Apatzingán de 18121, en donde se le otorgaba al Congreso la facultad para nombrar al inicio del periodo de gobierno a los
Secretarios del Supremo Gobierno, y que a la letra decía:
Capítulo VIII
De las Atribuciones del Supremo Congreso
Al supremo Congreso pertenece exclusivamente:
Art. 103. Elegir los individuos del Supremo Gobierno, (…) los secretarios de estas corporaciones (…) bajo la forma que prescribe
este decreto, y recibirles a todos el juramento correspondiente para la
posesión de sus respectivos destinos.
Actualmente la ratificación de gabinete se encuentra previsto para
diversos cargos, como el del Procurador General de la República, los
Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, según lo dispuesto por el
artículo 76, fracción II de la Constitución.
De esta forma, la ratificación de gabinete debe entenderse como una
decisión del Congreso para confirmar a un funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, en cuanto a los requisitos mínimos exigidos, como
lo son el de carácter profesional y éticos, para el buen desempeño del
cargo al que fue nombrado. A los ojos de la sociedad, la ratificación de
gabinete muestra que en la división de poderes existen compromisos compartidos que facilitan la implementación de políticas de Estado.
Con lo mencionado anteriormente, no se busca debilitar la división de poderes, puesto que resulta incuestionable la facultad del Titular del
Ejecutivo Estatal, el nombramiento del primer círculo de funcionarios
que conforman la Administración Pública Estatal. Sin embargo, el Congreso del Estado de Baja California, debe tomar un papel inclusivo
en el marco de la colaboración de funciones, principalmente en la
ratificación de funcionarios de alto nivel, como lo son los Titulares de
las Secretarías, debido al peso que tienen en la conducción del Estado.
Estamos conscientes de la responsabilidad que llevamos hacia con los
habitantes de nuestro Estado, por lo tanto, el Congreso debe extender el alcance de corresponsabilidad de ciertos nombramientos y
remociones de los funcionarios de alto nivel que nombre o remueva el
Titular del Ejecutivo Estatal.
123
La ratificación de gabinete es una medida de control y absoluta
verificación sobre la idoneidad de los funcionarios cercanos al Gobernador del Estado, esta no pretende impedir o limitar la
capacidad de gobernar a través de la Administración Pública del
Estado, por el contrario, su única meta es impedir la improvisación de funcionarios que no cuenten con las capacidades reales para afrontar
la problemática que se vive en nuestro Estado, y de esta manera, se
pretende evitar que el ejercicio del poder público se lleve a cabo de
una manera irresponsable, con consecuencias graves a corto y largo plazos de nuestra sociedad.
La ratificación de gabinete por parte del Congreso del Estado en cuanto a la efectividad del actuar del gobierno, facilita la cooperación
política entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, aún con un escenario
en donde el partido del Ejecutivo Estatal no cuente con la mayoría en el congreso.
Bajo los principios de responsabilidad hacia los habitantes de nuestro
Estado para que las políticas públicas implementadas por el gobierno solucionen los múltiples problemas que los aquejan, resultaría absurdo
que el Congreso ratifique a los funcionarios del primer círculo del
gobernador, para que más adelante se le impida su labor. Sin duda, el proceso de ratificación no obliga a nada en concreto a quien la
recibe, ni mucho menos a quien la concede, pero sí genera un clima
más propicio y los incentivos para un mayor entendimiento de
poderes.
La ratificación de gabinete se traduce en una colaboración del Poder
Legislativo en las decisiones más importantes que atañen al Estado y que actualmente son llevadas a cabo por una sola persona. Esta
medida evita que se nombren Secretarios de manera improvisada y
apresurada, y que en algunos casos desconozcan el área de la que se van a encargar. De esta forma, se contribuye a una mayor
profesionalización de los funcionarios de las dependencias más
importante de la administración pública estatal. Además, y no menos
importante, la opinión pública contaría con mejores y mayores elementos de juicio con respecto a la idoneidad de los nombramientos
de esos funcionarios más cercanos al Gobernador.
Con la ratificación de gabinete por parte del Congreso del Estado, se
impide un nombramiento desacertado que pudiera incidir
desfavorablemente en la sociedad. De esta forma, el Titular del Ejecutivo Estatal estaría obligado a ponderar mejor las aptitudes del
candidato para ocupar el cargo, con esto, lo más factible para el
Gobernador, será optar por personas idóneas y de competencia
probada, así como de un alto prestigio. Debemos destacar y aclarar que en el caso de la no ratificación, no es un conflicto político entre el
Ejecutivo Estatal y el Legislativo, puesto que únicamente debe ocurrir
cuando sea a todas luces sea notorio que la propuesta de nombramiento no resulta idónea.
124
En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
pugnamos por el impulso de mecanismos más modernos para mejorar
la relación y el diálogo permanente que debe existir entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, contribuyendo con esto, a un mayor equilibrio
institucional, que resulte más funcional y práctico para la solución de
diversos problemas que aquejan a la sociedad, y a su vez, redunde en beneficio de los habitantes de nuestro Estado.
Por las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional somete a consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa que reforma y adiciona la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California al tenor del siguiente:
DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona una nueva fracción XVII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 27; y se reforma la fracción X del artículo
49, todas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 27.-...
I a XVI.-…
XVII.- Ratificar los nombramientos y remociones que el
Gobernador del Estado haga a los Secretarios de Gobierno, de
Desarrollo Social, de Planeación y Finanzas, y de Seguridad Pública, así como de los Titulares de los Organismos
Paraestatales y Fideicomisos, en los términos que la Ley
disponga;
XVIII.- Convocar a elecciones, cuando fuere necesario, conforme a lo
establecido en la Ley;
XIX.- Revolver acerca de las licencias definitivas de los Diputados y
del Gobernador; así como respecto a las renuncias y remociones; de
los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, y de los Consejeros de la Judicatura designados por el Congreso;
XX.- Otorgar licencias a los diputados y al Gobernador para separarse de sus cargos; y a los Magistrados del Poder Judicial cuando esto sea
por más de dos meses;
XXI.- Aprobar o reprobar los convenios que el Gobernador celebre con
las vecinas Entidades de la Federación respecto a la cuestión de
límites, y someter tales convenios a la ratificación del Congreso de la
Unión;
XXII.- Cambiar provisionalmente, y por causa justificada, la
residencia de los Poderes del Estado;
XXIII.- Resolver las competencias y dirimir las controversias que se
susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal Superior, salvo lo prevenido
125
en los Artículos 76 Fracción VI y 105 de la Constitución General de la
República;
XXIV.- Elegir a los tres Magistrados Numerarios del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, así como a los dos Supernumerarios en
orden del prelación, y resolver respecto a su reelección, renuncias y remociones;
XXV.- Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los
servidores públicos que hubieren incurrido en delito, en los términos del Artículo 94 de esta Constitución
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a
que se refiere el Artículo 93 de esta Constitución y fungir, a través de una Comisión de su seno, como órgano de acusación en los juicios
políticos que contra estos se instauren;
XXVI.- Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político
de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su
buen despacho, en los términos del Artículo 93 de esta Constitución;
XXVII.- Crear o suprimir municipios, fijar, delimitar y modificar la
extensión de sus territorios, autorizar mediante Decreto los convenios amistosos que sobre sus respectivos límites celebren los municipios;
así como dirimir de manera definitiva las controversias o diferencias
que se susciten sobre límites territoriales intermunicipales,
modificando en su caso el Estatuto Territorial. Lo previsto en esta fracción se sujetará, a la emisión del voto aprobatorio de las dos
terceras partes de los Diputados integrantes del Congreso;
XXVIII.- Conceder amnistía por delitos de carácter político de la
competencia de los tribunales del Estado, cuando la pena no exceda
tres años de prisión, no se trate de reincidentes y siempre que sea acordada por dos tercias partes de los diputados presentes;
XXIX.- Otorgar premios o recompensas a las personas que hayan
prestado servicios de importancia a la Nación o al Estado, y declarar beneméritos a los que se hayan distinguido por servicios eminentes al
mismo Estado;
XXX.- Conceder pensiones a los familiares de quienes hayan prestado
servicios eminentes al Estado, siempre que su situación económica lo
justifique;
XXXI.- Designar entre los vecinos, a propuesta del Gobernador del
Estado, los Consejos Municipales en los términos de esta Constitución
y las Leyes respectivas;
XXXII.- Legislar respecto a las relaciones de trabajo entre el Estado,
los Municipios, las Dependencias paraestatales y paramunicipales y sus trabajadores, con base en lo dispuesto en el Apartado B del
Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
126
XXXIII.- Derogada.
XXXIV.- Aprobar los convenios de asociación que celebren los
municipios del Estado con los de otras entidades federativas que
tengan por objeto la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que le correspondan, y
XXXV.- Erigirse en Asamblea de Transición por medio de la Mesa
Directiva del Congreso a fin de preparar y cumplir con el proceso de entrega y recepción de una Legislatura a otra, en los términos que
disponga la Ley;
XXXVI.-Elaborar y aprobar el Plan de Desarrollo Legislativo en los
términos de esta Constitución y de lo que disponga la Ley;
XXXVII.- Expedir el Reglamento Interior del Congreso y demás
acuerdos que resulten necesarios para la adecuada organización
administrativa del Congreso.
XXXVIII.- Citar a los Secretarios del ramo, Procurador de Justicia del
Estado, Titulares o Administradores de los Organismos
Descentralizados Estatales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, así como al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y
del Consejo de la Judicatura y a los Titulares de los Órganos
Constitucionales Autónomos, para que informen cuando se discute una
Ley, se realice la Glosa del Informe que rindan el Titular del Ejecutivo del Estado o del Poder Judicial o cuando se estudie un asunto
concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
…
ARTÍCULO 49.-…
I al IX.-…
X.- Nombrar y remover, con ratificación del Congreso del Estado, a los Secretarios de Gobierno, de Desarrollo Social, de
Planeación y Finanzas, y de Seguridad Pública, así como de los
Titulares de los Organismos Paraestatales y Fideicomisos en los términos que las Leyes dispongan. Nombrar y remover
libremente al resto de los funcionarios y empleados cuyo
nombramiento o remoción no corresponda a otra autoridad
XI a XXV.- …
INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
De la exposición de motivos se desprende que los legisladores
pretenden reformar y adicionar los artículos 27 y 49, ambos de la
127
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la
cual establece la ratificación de gabinete del gobernador, que debe
entenderse como una decisión del Congreso, para confirmar a un
funcionario en el ejercicio de sus atribuciones, en cuanto a los
requisitos mínimos exigidos, como lo son el de carácter profesional y
éticos, para el buen desempeño del cargo al que fue nombrado. Con la
cual se impediría un nombramiento desacertado a los funcionarios de
primer círculo del gobernador, ya que se encuentran sujetos dichos
funcionarios a la ratificación del gabinete del Ejecutivo Estatal por parte
del Congreso, con el fin de tener una medida de control y absoluta
verificación sobre la idoneidad de estos funcionarios, siendo su única
meta impedir la improvisación de los funcionarios y evitar que el
ejercicio del poder público se lleve a cabo de una manera irresponsable,
en perjuicio de la sociedad; así como facilitar la cooperación política
entre el poder ejecutivo y el legislativo, sobre todo en un escenario en
el cual el partido del Gobernador pudiera no tener la mayoría
parlamentaria y generar un clima más propicio y los incentivos para un
mayor entendimiento entre poderes.
II.- ASPECTOS PARTICULARES
ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO
Con el objetivo de ofrecer un referente en esta materia que
proponen los inicialistas, se presentan los siguientes cuadros
comparativos a nivel del Senado de la Repúbica, Congreso del Estado
de Baja California y entidades federativas.
CUADRO QUE EJEMPLIFICA CARGOS QUE PROPONE EL
EJECUTIVO Y QUE SON APROBADOS O RATIFICADOS POR EL
SENADO.
FIGURA
ACCION DEL EJECUTIVO
ACCION DEL SENADO
Junta de Gobierno del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía.
Designación (art. 26) Aprobación
Magistrados de los Tribunales Agrarios
Proponer (art. 27) Designación
Presidente del Banco
Central
Designación (art. 28) Aprobación
128
PGR Nombramiento (art. 76, fracción II Designación (art. 89 fracción IX, art. 102
Ratificación
Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás Jefes Superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales
Nombramiento (art. 76, fracción II y 89 fracción III y IV
Ratificación
Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
Nombramiento (art. 76,
fracción VIII y art. 96)
Designación
CUADRO QUE EJEMPLIFICA CARGOS QUE PROPONE EL
EJECUTIVO Y QUE SON APROBADOS O RATIFICADOS POR EL
CONGRESO DEL ESTADO.
FIGURA
ACCION DEL
EJECUTIVO
ACCION DEL
CONGRESO
Magistrados numerarios
del Tribunal Superior,
así como Supernumerarios en
orden de prelación
Nombramiento,
ratificación o no
ratificación (art. 27 XV y 58)
Magistrado del Tribunal Superior de Justicia
Electoral
Nombramiento y Ratificación (art. 27 IV y
58)
Consejeros de la
Judicatura
Designación (art. 49
fracc VII)
Nombramiento (art. 27
IV y 58)
Sustitución del Gobernador en faltas
temporales y absolutas
Designación (art. 27 XVI)
Magistrados Numerarios
del Tribunal de lo
contencioso
Administrativo
Elegir y reelegirlos (art.
27 XXIII)
Magistrados
Supernumerarios en orden de prelación
Elegir y reelegirlos (art.
27 XXIII)
129
Procurador General de la
República
Designación y remoción
(art. 49 fracc XXIII y
XXIV)
CUADRO COMPARATIVO CON OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS.
ENTIDAD FEDERATIVA
DISPOSICIÓN NORMATIVA
OAXACA
Constitución Política del Estado de
Oaxaca.
Artículo 59.- Son facultades de la
Legislatura:
I al XII.-… …
XIII.- Designar, a propuesta del
Gobernador, a los integrantes de los
Consejos Municipales;
XIV al XXVII.- … ….
XXVIII.- Ratificar los nombramientos de
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia y elegir a los Magistrados del
Tribunal Estatal Electoral;
XXIX al XXXI… …
XXXII.- Resolver sobre las renuncias de sus
propios miembros, del Gobernador y a los
demás servidores públicos que ella elija o
nombre;
XXXIII.- Elegir al Procurador General de
Justicia, de entre la terna que someta a
su consideración el Gobernador del
Estado;
XXXIV.- Ratificar los nombramientos del
Secretario General de Gobierno y
Subsecretario que el Ejecutivo hiciere;
XXXV … …
XXXVI.- Elegir y remover al Titular de la
Auditoría Superior del Estado y a los Sub-
Auditores;
XXXVII.- … …
XXXVIII.- Crear y suprimir, con las
limitaciones que establezcan las leyes,
empleos públicos del Estado, y señalar,
aumentar o disminuir sus dotaciones;
130
XXXIX al LIV.- … …
LV.- Legislar sobre todo aquello que la
Constitución General y la particular del Estado,
no someten expresamente a las facultades de
cualquier otro poder;
LVI al LXV… …
LXVI.- Todas las demás que le confiera esta
Constitución y las leyes reglamentarias
ENTIDAD FEDERATIVA
DISPOSICIÓN NORMATIVA
MORELOS
Constitución Política del Estado de.
ARTICULO 40.- Son facultades del Congreso:
I al V… …
VI.-Legislar sobre todo aquello que la
Constitución General de la República no
encomiende expresamente al Congreso de la
Unión.
VII al XXXI… …
XXXII.- Admitir la renuncia de sus cargos a los
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
del Tribunal Estatal Electoral, del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, del Consejero
Presidente y Consejeros Estatales Electorales
del Instituto Estatal Electoral, del Procurador
General de Justicia, de los Consejeros del
Instituto Morelense de Información Pública y
Estadística y del
Auditor Superior Gubernamental;
XXXIII al XXXVI… …
XXXVII.- Designar a los Magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de entre la
terna que someta a su consideración el
Consejo de la Judicatura Estatal; a los
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral
de conformidad con lo previsto en esta
Constitución; a los Magistrados del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Estado; al Consejero Presidente y
Consejeros Electorales del Consejo
Estatal Electoral, así como al Procurador
General de Justicia del Estado, este
131
último de entre la terna de ciudadanos
que someta a su consideración el
Ejecutivo del Estado y por el voto
aprobatorio de las dos terceras partes de
los integrantes de la Legislatura; Las
designaciones a que alude esta fracción,
deberán reunir el voto aprobatorio
previsto en el Artículo 44 de la presente
Constitución;
XXXVIII.- … …
XXXIX.- Nombrar, a propuesta en terna
del Ejecutivo, persona que represente al
Estado ante la Suprema Corte de Justicia,
cuando se suscite alguna controversia
con otro Estado o con la Nación.
XL.- Nombrar a los Consejeros
propietarios y suplentes del Instituto
Morelense de Información Pública y
Estadística, previa consulta pública;
XLI.- Declarar que ha lugar o no a la
formación de causa por delitos oficiales o del
orden común en contra de los Diputados,
Gobernador, Procurador General de Justicia,
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,
Magistrados del Tribunal Estatal Electoral,
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Consejero Presidente y
Consejeros Estatales Electorales del Instituto
Estatal Electoral, Consejero Presidente y
Consejeros del Instituto Morelense de
Información Pública y Estadística, Auditor
Superior Gubernamental y los Presidentes
Municipales y Síndicos;
XLII.- Declarar sobre la culpabilidad de los
mismos funcionarios, por los delitos que
cometan en el ejercicio de sus funciones.
XLIII al XLV… …
XLVI.- Expedir leyes o decretos a fin de crear
organismos descentralizados, empresas de
participación o fideicomisos públicos, sean
estatales o municipales y sus modificaciones.
Así mismo, para integrar, con el voto de la
tercera parte de los Diputados, las comisiones
que procedan para la investigación del
funcionamiento de los citados organismos
auxiliares estatales o municipales o de
132
cualquier dependencia de la administración
central de ambos órdenes de gobierno, dando
a conocer los resultados al Ejecutivo o al
Ayuntamiento, sin demérito de la intervención
que corresponda en su caso a la Auditoría
Superior Gubernamental;
XLVII.- Por conducto del Organismo Superior
de Auditoría Gubernamental, practicar toda
clase de visitas, inspecciones, revisiones y
auditorías de seguimiento, operación,
cumplimiento, financieras
y de evaluación, a las cuentas públicas del
Gobierno del Estado y de los Municipios,
verificando su congruencia con el Plan Estatal
de Desarrollo y los Planes Municipales de
Desarrollo, los programas operativos anuales
sectorizados y por dependencia u organismo,
en su caso con los programas financieros o de
deuda pública, determinando las
responsabilidades que en su caso procedan;
XLVIII al LII… …
LIII.- Aprobar por mayoría simple de los
integrantes de la Legislatura, la solicitud
de remoción del Procurador General de
Justicia que presente el Titular del Poder
Ejecutivo del Estado.
LIV… …
LV.- Incoar el procedimiento sobre
responsabilidades políticas y de declaración de
procedencia a los servidores públicos
señalados en los artículos 136 y 137 de esta
Constitución; determinar las responsabilidades
administrativas a que alude el artículo 141 de
este ordenamiento y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado de Morelos, a los servidores
públicos estatales y municipales, sea que
presten sus servicios en la Administración
Central o en cualquier organismo auxiliar,
cuando éstas se deriven de los actos de
fiscalización a los recursos humanos,
materiales y financieros, plan o planes, y
programas tanto del erario público estatal
como de los municipales, e iniciar los juicios
civiles o las querellas o denuncias respectivas,
considerando la excepción prevista en el
133
artículo 145 de esta Constitución.
Esta atribución será ejercida por el Organismo
de Auditoría Superior Gubernamental o por la
Comisión, órgano o dependencia que el
Congreso determine;
LVI… …
LVII.- Las demás que expresamente le
confiera esta Constitución.
ENTIDAD FEDERATIVA
DISPOSICIÓN NORMATIVA
PUEBLA
Constitución Política del Estado de
Puebla.
ARTICULO 57.- Son facultades del Congreso:
I.- Expedir, reformar y derogar leyes y
decretos para el buen gobierno del Estado y el
constante mejoramiento económico, social y
cultural del pueblo.
II al IX… …
X.- Nombrar y remover a los servidores
públicos que por ley le correspondan; así
como al Titular del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado, de
acuerdo a lo previsto en esta
Constitución;
XI.- … ….
II.- Crear y suprimir empleos públicos,
señalando, aumentando o disminuyendo sus
dotaciones; así como conceder premios y
recompensas;
XIII al XXX… …
ENTIDAD FEDERATIVA
DISPOSICIÓN NORMATIVA
Constitución Política del Estado.
134
QUINTANA ROO
ARTICULO 75.- Son facultades de la
Legislatura del Estado:
I.- Legislar en su orden interno en todo cuanto
no esté reservado por la Constitución General
de la República a los funcionarios federales.
II al XII… …
XII.- Designar mediante el procedimiento
previsto en esta Constitución y en las leyes
respectivas, a los Consejeros Electorales,
propietarios y suplentes, del Consejo General
del Instituto Electoral de Quintana Roo, al
igual que al Contralor Interno del mismo, así
como a los Magistrados Numerarios,
propietarios y suplentes, y al Contralor Interno
del Tribunal Electoral de Quintana Roo y
tomarles la protesta de Ley;
XIII al XVII… …
XVII.- Erigirse en Gran Jurado para calificar
las causas de responsabilidad de sus
miembros por delitos cometidos en el
desempeño de sus funciones.
XVIII… …
XIX… …
XX.- Designar a los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y aprobar o
rechazar, en su caso, las renuncias o
destituciones de éstos, en los términos de esta
Constitución.
XXI.- Legislar en todo lo relativo a la
administración pública, planeación y desarrollo
económico y social, así como para la
programación y ejecución de acciones de
orden económico, en la esfera de la
competencia estatal y otras cuya finalidad sea
la producción suficiente y oportuna de bienes y
servicios, social y estatalmente necesarios.
XXII al XXVII.. …
XXVIII.- Nombrar y remover, conforme al
procedimiento previsto en esta
Constitución o en la Ley correspondiente,
a los Titulares de las dependencias del
Poder Legislativo, así como al Titular del
Órgano Superior de Fiscalización del
Estado;
XXIX al XXXVIII… …
135
XXXIX.- Designar por el voto de las dos
terceras partes de los integrantes de la
Legislatura, a los miembros de los
Concejos Municipales, en los casos
previstos por esta Constitución y por la
ley de los Municipios.
XL al XLIII… …
XLIV.- Recibir la protesta de ley y aprobar
o rechazar el nombramiento de
Procurador General de Justicia que
otorgue el Gobernador del Estado; y
XLV.- Designar, mediante el
procedimiento que la ley determine, al
Presidente y a los integrantes del Consejo
Consultivo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Quintana Roo, así
como recibirles la protesta de ley;
XLVI.-… …
XLVII.- Expedir todas las leyes y decretos que
sean necesarios para hacer efectivas las
facultades anteriores.
ENTIDAD FEDERATIVA
DISPOSICIÓN NORMATIVA
NUEVO LEÓN
Constitución Política del Estado de Nuevo
León.
ARTICULO 63.- Corresponde al Congreso:
I al XXI… …
XXII.- Elegir al Consejero de la Judicatura
del Estado a que se refiere el artículo 94,
párrafo noveno, de esta Constitución y
conocer, para su aprobación, de la
propuesta que sobre los cargos de:
Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia, Magistrados del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo y Presidente
de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, le presente el Titular del Poder
Ejecutivo.
XXIII.- La facultad de aprobar la
propuesta que sobre los cargos de
Procurador General de Justicia y de
Secretario de Finanzas y Tesorero General
136
del Estado, realice el Ejecutivo, siguiendo
el procedimiento establecido en el
artículo 87 de esta Constitución;
XXIV al XLVIII… …
XLIX.- Ejercer las demás facultades que le
otorgan esta Constitución y las Leyes.
ENTIDAD FEDERATIVA
DISPOSICIÓN NORMATIVA
SINALOA
Constitución Política del Estado de
Sinaloa.
ARTICULO 64.- El Congreso tendrá
facultades:
I. Para iniciar leyes y decretos ante el
Congreso de la Unión.
II al XV… …
XVI. Para resolver sobre la renuncia de sus
propios miembros y la del Gobernador, y para
conceder licencias a unos y otro.
XVII… …
XVIII. Para aprobar o rechazar los
nombramientos de los Magistrados del
Supremo Tribunal de Justicia y del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, que sean
hechos por el Ejecutivo.
XIX. Para aceptar a dichos funcionarios la
renuncia de sus respectivos cargos y
concederles licencia hasta por dos meses con
goce de sueldo y por más de ese tiempo sin
goce de él.
XIX BIS.- Para ratificar o rechazar el
nombramiento del Procurador General de
Justicia que haga el Ejecutivo del Estado;
XX.- Para nombrar a los magistrados
propietarios y a los magistrados suplentes
comunes del Tribunal Estatal Electoral y a los
consejeros estatales electorales propietarios y
suplentes comunes del Consejo Estatal
Electoral, según el procedimiento establecido
por esta Constitución y la ley.
137
XXI. Para nombrar al Diputado acusador y
erigirse en jurado de sentencia con el fin de
conocer en juicio político de las faltas u
omisiones graves que redunden en perjuicio
de los intereses públicos fundamentales y de
su buen despacho, que cometan los servidores
públicos a que alude la fracción I del artículo
144 de esta Constitución.
XXI A. Para declarar si ha o no lugar a
proceder penalmente contra los servidores
Públicos que hubieren incurrido en delito, en
los términos del artículo 146 de esta
Constitución.
XXI B. Para conocer y decidir sobre la
resolución que dicte la Cámara de Senadores y
la declaración de procedencia que emita la
Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, en los términos de los artículos 110 y
111 de la Constitución General de la
República.
XXII al XXIV… …
XXIV-BIS. Para legislar sobre la organización
del Instituto Superior de Auditoría y
Fiscalización y, en general, expedir las leyes
que normen la gestión, control y evaluación de
los Poderes del Estado, de los organismos
constitucionalmente autónomos, de los
Ayuntamientos y de los entes públicos
estatales y municipales.
XXV… …
XXVI. Para crear y suprimir empleos públicos
del estado y señalar, aumentar o disminuir sus
dotaciones.
XXVII… …
XXVII Bis.- Para citar al Secretario de
Gobierno y los demás Secretarios de Estado, al
Procurador General de Justicia, a los directores
y administradores de los organismos
descentralizados o de las empresas de
participación estatal mayoritaria, con el objeto
de que quienes sean convocados rindan la
información que resulte pertinente cuando se
analice una ley o un asunto concerniente a sus
respectivos ramos o actividades,
especificándose en cada caso si la
comparecencia de que se trate se realizará
138
ante el Pleno o ante alguna o algunas de las
comisiones del Congreso.
XXVIII al XXXI… …
XXXII.- Para nombrar y remover, conforme a
esta Constitución y a las leyes, a sus
funcionarios y empleados, excluidos los del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
que serán nombrados por el titular de esta
oficina.
XXXII BIS.- Para coordinar, vigilar y evaluar el
desempeño de las funciones del Instituto
Superior de Auditoría y Fiscalización, sin
perjuicio de su autonomía técnica y de gestión
que deberá ser reconocida y respetada por
todas las leyes secundarias, por medio de una
Comisión de su seno en los términos que se
establezcan en la legislación de la materia.
XXXIII al XXXIV… …
XXXV.- Para velar por la conservación de los
derechos de los ciudadanos y habitantes del
Estado y proveer, por cuantos medios estén a
su alcance, a su prosperidad general.
XXXV BIS al XLIV… …
Resulta importante transcribir lo publicado en el diario oficial de
fecha del 27 de Abril del 2007, en relación a ciertos párrafos de la
sentencia relativa a la Controversia Constitucional 99/2004 promovida
por el Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en contra del Congreso
del propio Estado.
“…f) Que de conformidad con la tesis bajo el rubro
“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. SU CUMPLIMIENTO CUANDO SE
TRATE DE ACTOS JURIDICOS QUE NO TRASCIENDAN DE MANERA
INMEDIATA, A LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES”, cuando
el acto impugnado no trasciende de forma directa en la esfera jurídica de los
particulares, sino de órganos de autoridad, basta con que en la ley que rija el
funcionamiento de la autoridad emisora exista disposición expresa que la
faculte a realizar la conducta desplegada e impugnada, así como la existencia
constatada de hechos que permitan deducir la justificación de su actuar;
premisas que se satisfacen en el caso, toda vez que el Poder Legislativo
Estatal tiene facultades para emitir normas que tengan como efecto
regular la administración pública y el gobierno interno del Estado, así
como para crear y suprimir empleos públicos, y que, en todo caso, las
ampliaciones y disminuciones de empleos públicos dentro de la esfera
139
del Poder Ejecutivo, que deban ser autorizadas por el Congreso local,
deben ser motivadas en el dictamen respectivo, lo que sí aconteció en la
especie.
g) Que del numeral 69, fracción XII, de la Constitución Política de la
entidad, se deduce que existe la posibilidad de que algunos
nombramientos de servidores públicos se encomienden a autoridades
distintas del Gobernador, sin que esto signifique que se invada su
esfera competencial…
…Ahora bien, aunque las normas constitucionales establecen los
supuestos de que a cada Poder le son otorgadas todas las
atribuciones necesarias para ejercer sus funciones, ello no significa
que la distribución de aquéllas, sigan necesariamente un patrón rígido
que únicamente atienda a la lógica formal de cada Poder, pues
aunque esto opera en términos generales, existen excepciones y
temperancias que permiten la interrelación de los Poderes, sin
embargo ello debe siempre llevarse a cabo dentro del marco que la
Constitución establece.
De acuerdo con ello, si bien la autonomía de los Poderes Públicos implica, en
general, la no intromisión o dependencia de un Poder respecto de otro, la
propia Constitución impone particularidades que tienen por objeto, bien la
colaboración de Poderes para la realización de algunos actos o bien el control
de ciertos actos de un Poder por parte de otro.
MARCO JURÍDICO
Para efecto de determinar si la iniciativa objeto del presente
dictamen es procedente o improcedente, entraremos a estudiar y
analizar los ordenamientos legales aplicables al caso, mismos que se
transcriben para su mayor comprensión:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
ARTÍCULO 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I...
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del
Procurador General de la República, Ministros, agentes diplomáticos,
cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en los términos que la ley disponga;
140
III al VII…
VII. Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político de las
faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en
los términos del artículo 110 de esta Constitución.
VIII. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presidente
de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las
solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le someta dicho
funcionario;
IX. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos
previstos en esta Constitución;
X…
XI…
XII. Las demás que la misma Constitución le atribuya.
ARTÍCULO 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una
Comisión Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán
Diputados y 18 Senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera
de la clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las
Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.
La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le
confiere esta Constitución, tendrá las siguientes:
I a la VI…
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de
ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados
superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la
ley disponga, y
VIII…
ARTÍCULO 89. Las facultades y obligaciones del Presidente, son las
siguientes:
I…
II. Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho,
remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de
Hacienda, y nombrar y remover libremente a los demás empleados de
141
la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro
modo en la Constitución o en las leyes;
III. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules
generales, con aprobación del Senado.
IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás
oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y
los empleados superiores de Hacienda.
V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, con arreglo a las leyes.
VI a la VIII…
IX. Designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la
República;
X a la XV…
XVI. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones, el
Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que
hablan las fracciones III, IV y IX, con aprobación de la Comisión
Permanente;
XVII. Se deroga.
XVIII. Presentar a consideración del Senado, la terna para la
designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia y someter
sus licencias y renuncias a la aprobación del propio Senado;
XIX al XX…
ARTÍCULO 96. Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del
Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará
al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de
las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del
improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de
dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha
terna, designe el Presidente de la República.
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna
propuesta, el Presidente de la República someterá una nueva, en los términos
del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo
la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.
142
ARTÍCULO 102. A. La ley organizará el Ministerio Publico de la Federación,
cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo
con la ley respectiva. El Ministerio Público de la Federación estará
presidido por un Procurador General de la República, designado por el
Titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus
recesos, de la Comisión Permanente. Para ser Procurador se requiere: ser
ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años
cumplidos el día de la designación; contar, con antigüedad mínima de diez
años, con título profesional de licenciado en derecho; gozar de buena
reputación, y no haber sido condenado por delito doloso. El procurador podrá
ser removido libremente por el Ejecutivo.
Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le
corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados;
buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos;
hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración
de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir
en todos los negocios que la ley determine.
El Procurador General de la República intervendrá personalmente en las
controversias y acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.
En todos los negocios en que la Federación fuese parte; en los casos de los
diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir
el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o
por medio de sus agentes.
El Procurador General de la República y sus agentes, serán responsables de
toda falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus
funciones.
La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la
dependencia del Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.
B…
ARTÍCULO 124. Las facultades que no están expresamente concedidas
por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas
a los Estados.
CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
143
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente
a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes:
el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y
libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de
los fines del Estado.
Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo estatal,
garantizando que éste sea integral y sustentable, asegurando de manera
simultánea, el crecimiento económico, la equidad y la sustentabilidad
ambiental.
… …
Las relaciones entre el Municipio y el Gobierno del Estado, se conducirán por
los principios de subsidiariedad y equidad, en los términos de esta
Constitución, con el propósito de lograr el desarrollo social y humano
tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes del Estado.
ARTÍCULO 12.- No pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona
o corporación ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo.
ARTÍCULO 13.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en una
asamblea de representantes del pueblo, que se denomina Congreso del
Estado.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del
Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que
expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución,
observando para el caso los requisitos establecidos;
II a la IV.-…
V.- Crear y suprimir los empleos públicos, según lo exijan las
necesidades de la Administración, así como aumentar o disminuir los
emolumentos de que éstos gocen, teniendo en cuenta las condiciones
de la Hacienda Pública y lo que disponga la Ley del Servicio Civil del
Estado;
144
XV.- Nombrar a los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de
Justicia, así como a sus respectivos Supernumerarios en orden de
prelación, y resolver respecto a su ratificación o no ratificación.
Nombrar a los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral y
designar a dos Consejeros de la Judicatura del Poder Judicial;
XVI.- Designar, en los términos que previene esta Constitución, al
ciudadano que deba substituir al Gobernador en sus faltas temporales
o absolutas;
XVII a la XXII..
XXIII.- Elegir a los tres Magistrados Numerarios del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, así como a los dos Supernumerarios en
orden del prelación, y resolver respecto a su reelección o no
reelección, renuncias y remociones;
XXIV a XXVIII..
ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola
persona que se denomina Gobernador del Estado. El Gobernador del Estado
conducirá la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y
Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que
distribuirá los asuntos del orden administrativo del Gobierno del
Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General de Gobierno, la
Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, las
Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases de
creación de las entidades Paraestatales, la intervención del
Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la
Secretaría General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la
Procuraduría General de Justicia, las Secretarías y las Direcciones del
Ramo.
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y
demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado.
II.- Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que redunden en beneficio del
pueblo.
III.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad
del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el
mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su
desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida.
IV.- …
145
V.- Rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la
Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del primer
periodo de sesiones ordinarias;
VI.- Pedir y dar informes al Congreso y al Tribunal Superior de Justicia.
VII.- Designar a un Consejero de la Judicatura del Poder Judicial;
VIII.- …
IX.- …
X.- Nombrar y remover libremente al Secretario de Gobierno y a los
Funcionarios y empleados cuyo nombramiento y remoción no
corresponda a otra autoridad.
XI a la XVII…
XXIII.- Nombrar libremente al Procurador General de Justicia del
Estado, quien deberá reunir los requisitos que establezca la Ley de la
materia;
XXIV.- Remover al Procurador General de Justicia del Estado, en los
términos de la Ley de la materia.
XXV.- Las demás que le señalen expresamente esta Constitución y las Leyes
Federales.
ARTÍCULO 58.- El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por trece
Magistrados Numerarios como mínimo y tres Supernumerarios. Funcionará en
los términos que disponga la Ley.
El Congreso del Estado esta facultado para resolver soberana y
discrecionalmente respecto a los nombramientos, ratificación o no
ratificación y remoción de los Magistrados del Tribunal Superior de
Justicia. En los mismos términos resolverá sobre la designación y
remoción de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Dichas
resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá
juicio, recurso o medio de defensa ordinario o extraordinario alguno
en contra de las mismas.
La Ley establecerá sistemas permanentes de evaluación del
desempeño de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y
Jueces del Poder Judicial, para garantizar que quienes ocupen dichos
cargos, durante el tiempo que los ejerzan, cumplan de manera
continua y permanente con los requisitos y principios que esta
Constitución señala para su nombramiento o su ratificación.
146
Seis meses antes de que concluya el período de los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras
partes de sus integrantes, procederá a realizar los nuevos nombramientos
entre los aspirantes que integren la lista que le presente el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, la cual deberá
contener únicamente a los profesionistas que hayan resultado aprobados en el
examen que practique el Consejo de la Judicatura conforme al reglamento
respectivo.
El Tribunal de Justicia Electoral se integrará por tres Magistrados Numerarios
y hasta dos Supernumerarios nombrados por mayoría calificada del Congreso
del Estado que desempeñarán su cargo por tres años, eligiéndose de entre
ellos al Presidente, en sesión de Pleno. Los Magistrados del Tribunal de
Justicia Electoral podrán ser ratificados, y si lo fueren, solo podrán ser
privados de su cargo al cumplir nueve años en el mismo contados a partir del
momento de su nombramiento o actualizarse alguno de los supuestos que se
señalan en los incisos a), c) y d) de este artículo. Para el proceso de
ratificación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, la Comisión
de Administración actuará de conformidad a lo que establecen los párrafos
antepenúltimo y penúltimo de este artículo, pero además tendrá la obligación
de rendir informes semestrales al Congreso del Estado para que este se
encuentre en condiciones de realizar una evaluación objetiva durante este
proceso de la actuación de los Magistrados del citado Tribunal.
El nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia se efectuará
bajo el siguiente procedimiento:
I…
II…
III…
IV…
Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su cargo seis
años, contados a partir de la fecha en que rindan protesta de Ley, al término
de los cuales podrán ser ratificados y, si lo fueren, sólo podrán ser privados
de su cargo en cualquiera de los siguientes supuestos:
a) Al cumplir setenta años de edad.
b) Al cumplir quince años en el cargo de Magistrado del Tribunal Superior
de Justicia.
c) Por incapacidad física o mental que impida el buen desempeño de sus
funciones.
d) En los demás casos que establezca esta Constitución y la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
147
Tratándose de los incisos a) y b) de este artículo el Consejo de la Judicatura
notificará al Magistrado, a más tardar seis meses antes, la fecha en que
concluirá en definitiva su encargo, señalando la causa en que se funda la
privación de su puesto. El supuesto previsto en el inciso c), se tendrá por
acreditado en los términos de las disposiciones legales aplicables.
Un año antes de que concluya el periodo para el que fue nombrado el
Magistrado, el Consejo de la Judicatura procederá a elaborar un dictamen
técnico de evaluación en el que analice minuciosamente su actuación y
desempeño y emita una opinión al respecto. El dictamen, así como el
expediente del Magistrado, deberá ser remitido al Congreso, dentro de los
noventa días naturales siguientes, debiendo contener todos aquellos
elementos objetivos y requisitos que señale la Ley y que den a conocer si el
Magistrado sujeto a proceso de ratificación, durante su desempeño, ha
ejercido el cargo con excelencia profesional, honestidad, diligencia y que goza
de buena reputación y buena fama en el concepto público, además de
precisar si conserva los requisitos requeridos para su nombramiento previstos
en el artículo 60 de esta Constitución.
El Congreso con base en lo anterior, y una vez que escuche al Magistrado
sujeto a proceso de ratificación, resolverá sobre su ratificación o no
ratificación, mediante mayoría calificada de sus integrantes, a más tardar seis
meses antes de que el Magistrado concluya su encargo.
Si el Congreso resuelve la no ratificación, el Magistrado cesará en sus
funciones a la conclusión del periodo para el que fue nombrado y se
procederá a realizar un nuevo nombramiento en los términos de este
artículo.
LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA
ARTICULO 2.- El Poder Legislativo es el órgano de gobierno del Estado de
Baja California, al que le corresponde el ejercicio de las funciones legislativas,
de fiscalización, así como el ámbito de la gestoría comunitaria, que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Local
le confieren, así como las demás que le otorgan la presente Ley, y otras
disposiciones legales.
ARTICULO 17.- Son obligaciones de los Diputados:
I a la XII…
XIII.- Las demás que le confiere la Constitución Local, esta Ley, sus
Reglamentos y las que deriven de acuerdos del Pleno del Congreso del
Estado.
148
ARTICULO 167.- Para la designación de los Servidores Públicos que
por disposición Constitucional o Legal le corresponda realizar al Poder
Legislativo, se atenderá al procedimiento previsto en el Reglamento,
excepto en los casos en que dicho procedimiento se encuentre
regulado por otro ordenamiento legal.
LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
ARTICULO 2o.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al
Gobernador del Estado, quien tendrá las atribuciones, funciones y
obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja
California y demás Disposiciones Legales aplicables.
LEY DE LAS ENTIDADES PARAESTATALES DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA
ARTICULO 1.- La presente ley es de orden público y tiene por objeto regular
la constitución, organización, funcionamiento y control de las entidades
paraestatales del Estado de Baja California.
Las entidades paraestatales son auxiliares de la Administración Pública del
Estado y se sujetarán a lo establecido en esta Ley, así como en las leyes,
decretos o acuerdos especiales de creación y sus reglamentos internos y, en
lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda.
ARTICULO 2.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por:
I. Entidades Paraestatales.- A los organismos descentralizados, las
empresas de participación estatal y los fideicomisos públicos;
II… …
III. Acuerdo Especial de Sectorización.- Al Acuerdo Especial de
Sectorización expedido por el Ejecutivo del Estado por el que las
entidades paraestatales se agrupan en sectores administrativos, en
razón de la concurrencia de su objeto u objetivos con las atribuciones
de las dependencias de la administración pública centralizada.
IV… …
V. Titular de la Entidad.- A la persona física designada por el Ejecutivo
del Estado, como responsable de la Entidad Paraestatal, de
conformidad al instrumento de creación;
VI… …
VII… …
149
VIII… …
IX… …
X… …
XI. Registro de Organismos: Al Registro Público de Organismos
Descentralizados del Estado a que se refiere el Capítulo III de esta Ley.
ARTICULO 12.- El Ejecutivo del Estado emitirá el Acuerdo Especial de
Sectorización a que se refiere la fracción III del artículo 2 de esta Ley,
guardando la primacía que tienen las dependencias de la administración
pública centralizada como auxiliares directas del Poder Ejecutivo para conducir
la política del desarrollo estatal.
ARTICULO 15.- Los organismos descentralizados son entidades
jurídicas públicas con personalidad y patrimonio propios, creadas por
el Congreso o Ejecutivo del Estado, los cuales tendrán por objeto:
I. La prestación de un servicio público o social;
II. La explotación de bienes o recursos propiedad del Gobierno del Estado;
III. La investigación científica y tecnológica; o
IV. La obtención o aplicación de recursos, para fines de asistencia o seguridad
social.
ARTICULO 21.- El titular del organismo descentralizado será
designado y removido libremente por el Ejecutivo del Estado, o a
indicación de éste a través de la Coordinadora de Sector al que se
adscribe el organismo descentralizado, debiendo recaer tal
nombramiento en persona que reúna los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
II. Contar con un perfil profesional acorde al objeto o fines del organismo
descentralizado y con experiencia en materia administrativa; y
III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser miembro del
órgano de gobierno señalan las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 19 de
esta Ley.
Lo anterior puede ser corroborado, con lo siguiente:
Novena Época
Registro: 166964
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Julio de 2009
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 78/2009
Página:1540
DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA
FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA
150
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE
FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO
SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN LES
ASIGNA.
El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se
divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no
podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo individuo o
corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado de esta
Suprema Corte que la división funcional de atribuciones que
establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino
flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada
uno de los poderes no constituye una separación absoluta y
determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe
presentar una coordinación o colaboración para lograr un
equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la
unidad política del Estado. Como se advierte, en nuestro país
la división funcional de atribuciones no opera de manera
tajante y rígida identificada con los órganos que las ejercen,
sino que se estructura con la finalidad de establecer un
adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de
cooperación y coordinación que funcionan como medios de
control recíproco, limitando y evitando el abuso en el
ejercicio del poder público, garantizando así la unidad del
Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del
estado de derecho. Por su parte, el artículo 133 de la
Constitución Federal consagra el principio de supremacía, que
impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse
todos los órganos del Estado y todas las autoridades y
funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el
hecho de que la división de poderes opere de manera flexible
sólo significa que entre ellos existe una colaboración y
coordinación en los términos establecidos, pero no los faculta
para arrogarse facultades que corresponden a otro poder,
sino solamente aquellos que la propia Constitución les asigna.
De este modo, para que un órgano ejerza ciertas funciones es
necesario que expresamente así lo disponga la Constitución
Federal o que la función respectiva resulte estrictamente
necesaria para hacer efectivas las facultades que le son
exclusivas por efectos de la propia Constitución, así como que
la función se ejerza en los casos expresamente autorizados o
indispensables para hacer efectiva la facultad propia.
Controversia constitucional 41/2006. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión. 3 de marzo de 2008. Unanimidad de diez
151
votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón
Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia
Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el primero de julio en curso, aprobó, con el
número 78/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a primero de julio de dos mil nueve.
Novena Época
Registro: 170873
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVI, Diciembre de 2007
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: P./J. 94/2007
Página: 861
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL. TRATÁNDOSE DEL
NOMBRAMIENTO DE SUS DIRECTORES O ADMINISTRADORES,
PUEDEN ESTABLECERSE EN LA LEY MECANISMOS DE
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.
Dentro de la administración pública paraestatal se ubican los
organismos públicos descentralizados, cuyas características los
distinguen de la administración centralizada en virtud de que tienen
personalidad jurídica y patrimonio propios, así como funciones que se
encuentran separadas de la administración; por tanto, respecto de
organismos descentralizados sí pueden establecerse en la ley
mecanismos de colaboración interinstitucional para el
nombramiento de sus directores o administradores, siempre
que exista razón que justifique la intervención de otro poder,
porque aun cuando conforme a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, el Poder Ejecutivo Federal actúa como conductor
principal de la administración pública, ello no significa que sea el
único que ejerce competencia en ese ámbito, ya que conforme al
artículo 90 constitucional, el legislador tiene amplias
facultades para configurar, a través de una ley, la forma e
intensidad de la intervención del Poder Ejecutivo en la
administración pública; sin embargo, esta libertad tampoco es
absoluta, ya que está limitada por disposiciones constitucionales en
este sentido, así como por el principio de división de poderes. Por
consiguiente, la atribución conferida al Congreso de la Unión en los
artículos 73, fracción XXX y 89, fracción II, última parte, de la
Constitución Federal, para que a través de una ley sea configurado un
sistema que contenga la determinación del procedimiento y la
participación de los órganos que puedan intervenir en la designación
de los demás empleados de la Unión, no es absoluta sino que, en todo
caso, el Congreso tendrá que verificar que ese sistema no sea
152
contrario a las facultades reservadas y, por ende, exclusivas
que tienen los tres poderes de la Unión, esto es, aquellas
facultades que constitucionalmente les han sido conferidas,
derivado de las funciones que a cada uno corresponde, pues
tal proceder colocaría a alguno de ellos por encima del resto,
es decir, en condiciones de superioridad situación contraria al
principio de división de poderes.
Acción de inconstitucionalidad 32/2006. Procurador General de la
República. 7 de mayo de 2007. Mayoría de ocho votos. Ausente: José
de Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano
y José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Sergio A. Valls Hernández.
Secretaria: Laura García Velasco.
El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el
número 94/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.
Novena Época
Registro: 175872
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Febrero de 2006
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 11/2006
Página: 1527
OMISIONES LEGISLATIVAS. SUS TIPOS.
En atención al principio de división funcional de poderes, los órganos
legislativos del Estado cuentan con facultades o competencias de
ejercicio potestativo y de ejercicio obligatorio, y en su desarrollo
pueden incurrir en diversos tipos de omisiones. Por un lado, puede
darse una omisión absoluta cuando aquéllos simplemente no han
ejercido su competencia de crear leyes ni han externado
normativamente voluntad alguna para hacerlo; por otro lado, puede
presentarse una omisión relativa cuando al haber ejercido su
competencia, lo hacen de manera parcial o simplemente no la realizan
integralmente, impidiendo el correcto desarrollo y eficacia de su
función creadora de leyes. Ahora bien, combinando ambos tipos de
competencias o facultades -de ejercicio obligatorio y de ejercicio
potestativo-, y de omisiones -absolutas y relativas-, pueden
presentarse las siguientes omisiones legislativas: a) Absolutas en
competencias de ejercicio obligatorio, cuando el órgano legislativo
tiene la obligación o mandato de expedir una determinada ley y no lo
ha hecho; b) Relativas en competencias de ejercicio obligatorio,
153
cuando el órgano legislativo emite una ley teniendo una obligación o
un mandato para hacerlo, pero lo realiza de manera incompleta o
deficiente; c) Absolutas en competencias de ejercicio
potestativo, en las que el órgano legislativo decide no actuar
debido a que no hay ningún mandato u obligación que así se lo
imponga; y, d) Relativas en competencias de ejercicio potestativo,
en las que el órgano legislativo decide hacer uso de su competencia
potestativa para legislar, pero al emitir la ley lo hace de manera
incompleta o deficiente.
Controversia constitucional 14/2005. Municipio de Centro del Estado
de Tabasco. 3 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos.
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío
Díaz. Secretarios: Laura Patricia Rojas Zamudio y Raúl Manuel Mejía
Garza.
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número
11/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito
Federal, a tres de enero de dos mil seis.
Novena Época
Registro: 175820
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXIII, Febrero de 2006
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 23/2006
Página: 1533
RATIFICACIÓN O NO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES
LOCALES. LA DECISIÓN CORRESPONDIENTE ES UN ACTO QUE
TRASCIENDE LOS ÁMBITOS INTERNOS DE GOBIERNO, POR LO
QUE ES EXIGIBLE QUE ESTÉ DEBIDAMENTE FUNDADA Y
MOTIVADA.
La ratificación o no de funcionarios judiciales tiene una dualidad de
caracteres, ya que, por un lado, es un derecho a su favor que se
traduce en que se tome en cuenta el tiempo ejercido como juzgador y
en conocer el resultado obtenido en su evaluación y, por otro, es una
garantía que opera en favor de la sociedad, ya que ésta tiene
derecho a contar con juzgadores idóneos que aseguren una
impartición de justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
Así, la decisión sobre la ratificación o no de los Magistrados de
los Tribunales Locales no es un acto que quede enclaustrado
en los ámbitos internos de gobierno, es decir, entre
autoridades, en atención al principio de división de poderes,
154
sino que aunque no está formalmente dirigido a los
ciudadanos, tiene una trascendencia institucional jurídica muy
superior a un mero acto de relación intergubernamental, pues
al ser la sociedad la destinataria de la garantía de acceso
jurisdiccional, y por ello estar interesada en que le sea
otorgada por conducto de funcionarios judiciales idóneos que
realmente la hagan efectiva, es evidente que tiene un impacto
directo en la sociedad. En virtud de lo anterior debe exigirse
que al emitir este tipo de actos los órganos competentes
cumplan con las garantías de fundamentación y motivación, es
decir, que se advierta que realmente existe una consideración
sustantiva, objetiva y razonable y no meramente formal de la
normatividad aplicable.
Controversia constitucional 4/2005. Poder Judicial del Estado de
Tlaxcala. 13 de octubre de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente:
José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz.
Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el tres de enero en curso, aprobó, con el número
23/2006, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito
Federal, a tres de enero de dos mil seis.
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
Antes de entrar al fondo del asunto, abundaremos en los
antecedentes de la materia en análisis:
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, “ratificación
implica acción y efecto de ratificar”11 Ahora bien ratificar, significa
aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y
ciertos. Por su parte el Diccionario Universal de Términos
Parlamentarios establece que “etimológicamente ratificación proviene
del latín ratus confirmado y facere, hacer, por lo tanto por ratificación
se entiende aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos
por valederos y ciertos”12. Si por ratificación se entiende aprobar o
confirmar actos, es menester ver que se entiende por aprobar. De
acuerdo al Diccionario de la Lengua Española la palabra aprobar,
11 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, versión
electrónica. 12 Idem. 13 Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, Op. Cit., p. 807.1
155
proviene del latín approbare, significa calificar o dar por bueno o
suficiente algo o a alguien. Aprobar a una persona para un cargo”13
Ahora bien, la ratificación aplicada al ámbito parlamentario debe
entenderse como una decisión del Congreso, o de una de sus Cámaras,
para confirmar a un funcionario en el ejercicio de un cargo con una
función ya sea política, técnica, judicial, de mando o de representación.
A efecto de hacer aún más explícito el objetivo que se pretende
alcanzar con la presente iniciativa de reforma, tenemos que el término
gabinete proviene del antiguo francés “gabinet” y del francés
“cabinet”.14
El gabinete es el conjunto de altos funcionarios llamados también
ministros secretarios de Estado según sea el caso, en quienes recae la
responsabilidad de coadyuvar en la función ejecutiva del Estado al
frente de las carteras, jefaturas o departamentos que les han sido
confiados.
Dicha ratificación se basa, de manera fundamental, en la
comprobación cierta de que dicha persona cumple con unos requisitos
mínimos exigidos, de carácter profesional y éticos, para desempeñar el
cargo para el que es nombrado.
La preocupación fundamental de Montesquieu, partió del análisis
de las diferencias en los pueblos que explicaban la peculiaridad de sus
leyes, para encontrar una fórmula en la que la estructura
gubernamental garantice la libertad humana dentro de la sociedad.
En el Capítulo IV del Libro Undécimo de su obra dice:
La democracia y la aristocracia no son estados libres por su
naturaleza. La libertad política no se encuentra más que en los
gobiernos moderados. Aunque no siempre se da sólo cuando nadie
abusa del poder; pero es una experiencia eterna que todo
hombre que tiene poder está inclinado a abusar de él; se
conduce así siempre que no encuentra límites.
4 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Op. Cit.
156
Establece la fórmula: “Para que no pueda abusarse del poder, es
preciso que, por la disposición de las cosas, el poder detenga al
poder (le pouvior arrete le pouvoir).
Tanto en Locke, como en Montesquieu hay la prescripción:
Evitar la concentración del poder en una sola persona física
o colectiva.
Asignar cada función a un órgano peculiar.
Establecer entre los órganos “medios compensatorios”;
diríamos “equilibrios; para evitar el predominio de uno
sobre el otro y procurar su actuación regular y
conjunta.
Asegurar la independencia de los jueces.
En ambos pensadores la “división de poderes”
correspondía a un fenómeno social real, ya que el Legislativo
representaba a las nuevas clases sociales en tanto que el Ejecutivo era
nada menos que el monarca.
La idea de equilibrio destacada por Blackstone es muy
importante. Una sesgada interpretación de Montesquieu ha concebido
la separación como un sistema rígido, sin existir coordinación entre sus
facultades. Esto explica el fracaso de las Constituciones francesas
revolucionarias que desembocaron a un nuevo absolutismo, y de
muchas otras que no entendieron que la llamada “separación” es solo
parte de un conjunto que incluye equilibrio y necesaria
colaboración.
Es importante destacar que la preocupación de Locke y
Montesquieu, más tarde compartida por Blackstone, es legítima en
cuanto a que la concentración de tal poder en un solo individuo u
órgano conduce a la tiranía de uno o de la mayoría.
En México, la facultad de ratificación de algunos cargos por parte
del Senado se contempla desde el texto original de la Constitución de
1917, con las reminiscencias de lo establecido por la Constitución de
1857, lo mismo que ocurre con la designación y la aprobación,
conceptos que se han manejado indistintamente como sinónimos, pues
en todos los casos se está hablando de ocupar un puesto cuando éste
está vacante y por lo tanto se está dando la autorización para que se
157
desempeñe en él y no de considerar la continuación de quien ya lo está
ocupando para un periodo más de tiempo, al confirmar su desempeño
en el mismo.
En la Constitución de Apatzingán de 181415 se le otorgaba al
Congreso la facultad para nombrar al inicio del periodo de gobierno a
los secretarios del Supremo Gobierno, posteriormente lo haría a
propuesta del propio Supremo Gobierno, bajo los mecanismos que le
dictaba dicho ordenamiento:
“Capítulo VIII
De las atribuciones del supremo Congreso
Al Supremo Congreso pertenece exclusivamente: Art. 103. Elegir los individuos del Supremo Gobierno, […], los secretarios de estas corporaciones […] bajo la forma que prescribe este decreto, y recibirles a todos el juramento correspondiente para la posesión de sus respectivos destinos.”
Con el artículo 158 se confirma la facultad otorgada al Supremo
Congreso para nombrar a los secretarios de despacho:
“Art. 158. Por la primera vez nombrará el Congreso los
secretarios del Supremo Gobierno, mediante escrutinio en que haya examen de tachas y a pluralidad absoluta de votos. En lo de
adelante hará este nombramiento a propuesta del mismo Supremo
Gobierno, quien la verificará dos meses antes que se cumpla el término de cada secretario.”
En la Constitución de 1857 originalmente y recordando la época
en que el Poder Legislativo fue unicamaral, es decir, sólo se contaba
con la Cámara de Diputados, se otorgaba como facultad y obligación
del Presidente nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules
generales, con aprobación del Congreso y en sus recesos de la
diputación permanente, ahora Comisión Permanente (art. 85, fracción
III); asimismo, nombrar con aprobación del Congreso, los coroneles y
demás oficiales superiores del ejército y armada nacional y los
empleados superiores de hacienda (art. 85, fracción IV). Con las
reformas del 13 de noviembre de 1874, cuyo objeto entre otros fue
restablecer el sistema bicamaral al habilitar nuevamente el Senado, se
otorga a éste como facultad exclusiva la ratificación de los
nombramientos que el Presidente de la República hiciera de los cargos
15
Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingan a 22 de
octubre
158
ya mencionados, como se deja ver en el artículo 72, apartado B,
fracción II, de dichas reformas.16
En el sentido institucional, si el Estado es una persona jurídica
con atribuciones y funciones específicas, que actúa como unidad, el
hablar de una “división de poder del poderes” podría entenderse como
la más grande de las incongruencias. El poder social es uno solo, y su
ejercicio, indivisible. No hay fundamentos teóricos que funden una
división del poder. Sostenerlo es negar al Estado y volver a la
poliarquía medieval. En realidad hay un solo poder y tres órganos
que lo ejercitan.
La especialidad de las funciones estatales, por otra parte, es una
necesidad evidente que se deriva de la naturaleza misma del orden
jurídico.
En Concepto material y formal de las funciones estatales, si bien
es posible asignar una función específica a un órgano determinado, el
principio práctico no puede ser llevado a la práctica con rigidez. Eso
implica que, por una parte, la función legislativa se asigne al órgano
legislativo, la ejecutiva al órgano administrativo o Ejecutivo, y la
jurisdiccional al órgano judicial. Pero ninguno de ellos está privado en
principio de realizar facultades que expresamente les asigne la
Constitución, que, en principio, por su naturaleza intrínseca
pertenecerían a otro órgano.
En ciertos casos, el órgano legislativo actúa desarrollando función
de carácter administrativo, como en el caso de nombramiento de un
funcionario, y facultades judiciales, como el juicio político a los
funcionarios que cometan determinadas faltas. Otro tanto podemos
decir del Ejecutivo, quien en ocasiones realiza facultades de naturaleza
legislativa, como es el caso típico de la reglamentación ordinaria, y de
facultades extraordinarias para legislar para hacer frente a situaciones
de emergencia perfectamente definidas.
La Constitución inviste a determinados individuos o conjuntos de
individuos como realizadores de una función estatal. Les asigna la
16
Tena Ramírez, Felipe, Leyes Fundamentales de México 1808-1999, Editorial Porrúa, Vigésimo segunda
edición, México, 1999, Págs. 618, 621, 703.
159
creación de normas generales, en ampliación de la Constitución o la de
normas individualizadas, en aplicación de normas generales.
Respecto a las funciones constitucionales, se crean también
órganos para la reforma constitucional, el control de constitucionalidad
y la suspensión de vigencia de la norma suprema en casos de
emergencia.
Se acostumbraba designar a los órganos como poderes,
calificación ciertamente impropia. No hay más que un poder: el
socialmente organizado por las normas constitucionales. Hablar de
diversos poderes implica romper la necesaria unidad del Estado y
reconocer diversas entidades autónomas capaces, de cada una por su
cuenta, de establecer y ejercitar por sí misma relaciones de
subordinación y crear y aplicar normas en forma independiente, como
ocurrió en la época medieval antes del advenimiento del Estado.
Sin embargo, la designación está fuertemente arraigada y es
utilizada en casi todas las constituciones.
Los individuos que integran los órganos del Estado se denominan
funcionarios o servidores públicos independientemente de los
sustantivos correspondientes al cargo específico que desempeñan. El
cargo tiene un estatuto especial que conlleva una serie de derechos y
obligaciones.
Dentro de este enfoque teórico, cada órgano del Estado
representa, dentro de sus límites, el poder del Estado. Es posible,
entonces, hablar de una división de competencias, pero no de una
división de poderes. El poder del Estado es uno solo a pesar de la
existencia de diversos órganos.
En términos actuales, la famosa división de poderes responde a la
necesidad de distribuir y controlar el ejercicio del poder político. Estos
diversos órganos estatales que se distribuyen el ejercicio del poder se
ven necesitados a cooperar en la tarea de gobernar. Si el poder está
distribuido y ejercido conjuntamente está, al mismo tiempo, limitado y
controlado.
En México y en términos generales podemos afirmar que los así
llamados poderes de la unión tienen las siguientes funciones:
160
1.- El Poder Ejecutivo tiene la función de promulgar y ejecutar leyes
que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera
administrativa a su exacta observancia a través de la facultad
reglamentaria.
2.- El Poder Legislativo tiene por su parte principalmente la función de
establecer el Derecho, al dictar las reglas generales, abstractas e
impersonales de observancia obligatoria, es decir, elaborar leyes.
3.- Al Poder Judicial le corresponde administrar la justicia y decir el
Derecho, con lo que realiza la función jurisdiccional y garantiza el
respecto al Estado de Derecho al interpretar la ley.
Actualmente y de acuerdo con el Artículo 89 de la Constitución
Política, el Senado de la República, ratifica ministros, agentes
diplomáticos y cónsules, generales, a los coroneles demás oficiales
superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, a los
empleados Superiores de Hacienda (Senado) y al Procurador General
de la República, y en base a los artículos 27 y 58 de nuestra
Constitución Política en el Estado, se faculta al Congreso de nuestro
Estado, para el nombramiento y ratificación de los Magistrados
Numerarios del Tribunal Superior de Justicia, y Supernumerarios en
orden de prelación; así como Magistrados del Tribunal de Justicia
Electoral, Consejeros de la Judicatura, Magistrados Numerarios del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Supernumerarios en orden
de prelación y sustitución al Gobernador en faltas temporales y
absolutas.
Por lo antes expuesto, se concluye que con la iniciativa en
estudio, logra establecer las bases prácticas para garantizar la
realización de metas sociales, que funcionen con eficacia; pues a todas
luces, ha quedado evidenciado que no se viola la división de poderes,
sino, solo se evita que se abuse del poder por parte del Ejecutivo y en
beneficio del gobernado. Por otro lado, al no existir limitación por parte
de la Constitución Federal y Local (artículo 124 CPEUM y artículo 4
CPEBC), que como se ha expresado en el presente dictamen, esta
última estableció que es competente para legislar respecto a la
ratificación de gabinete del Gobernador (artículos 27 fracción I, 28, 29
CPEBC y artículos 2, 17 de LOPLEBC) al dar la facultad de remover
libremente al Secretario de Gobierno y a los funcionarios y empleados
cuyo nombramiento y remoción no corresponde a otra autoridad,
dejando abierto al legislador para modificar y limitar dicha facultad
(artículos 40 y 49 fracción X de la CPEBC); siendo restrictivo por parte
161
de nuestra Constitución Local, solamente el nombramiento y remoción
al Procurador General de Justicia del Estado, (artículos 49 XXIII y XXIV
CPEBC, artículo 167 de la LOPLEBC y artículo 2 LOAPEBC) que
corresponde al Ejecutivo; y a solicitud por parte de los legisladores en
el proyecto de iniciativa, solo se solicita, sean ratificados de los
nombramientos y remoción de los Titulares de la Secretaría de
Gobierno, de Desarrollo Social, Planeación y Finanzas, y de Seguridad
Pública, así como de los Titulares de los Organismos Paraestatales y
Fideicomisos, sin que con ello limite el poder que se le ha destinado
para el cumplimiento de sus obligaciones al Ejecutivo, pues no violenta
la esfera de su competencia, ya que la facultad de designar a estos
funcionarios no se encuentra delimitada en nuestra Constitución, y de
aprobarse esta iniciativa, se convertiría el legislativo colaborador del
Poder Ejecutivo, al ratificar los nombramientos y remover a los
servidores públicos, designados por el Gobernador, en cumplimiento de
sus facultades, quedando sujetos dichos encargos al buen desempeño o
que cumpla con los requisitos mínimos solicitados para el ejercicio de
sus funciones.
Cabe señalar que la iniciativa no es un debilitamiento del Poder
Ejecutivo, al contrario, es una posibilidad de fortalecer las relaciones
entre ambos poderes y que esto posibilite tener también hacia futuro
una democracia más funcional, al garantizar eficacia, aptitud y probidad
en la gestión de gabinete del Gobernador y al mismo tiempo impedir se
siga dando el mal desempeño o deficiente de los servidores públicos
designados.
No pasa inadvertido para esta Comisión, que si bien la iniciativa
resulta procedente, es necesario realizar adecuaciones a la misma con
el fin de seguir los lineamientos que marca la técnica legislativa, de tal
forma que lo propuesto por los inicialistas quedaría expresado en la
fracción XXXII, misma que dentro del texto vigente del artículo en
estudio se encuentra derogada. De la misma forma, y derivado de los
consensos realizados en seno de esta Comisión, así como las
propuestas vertidas por los diversos actores políticos y grupos de
representación social se ha estimado pertinente establecer los plazos
en que el Congreso del Estado deberá realizar las ratificaciones,
únicamente por lo que hace a los Secretarios de Educación y Bienestar
Social, de Salud, de Desarrollo Social y de Seguridad Pública, así como
de los titulares de las entidades paraestatales, quedando de la
siguiente manera:
162
“ARTÍCULO 27.- (…)
I a XXXI.- (…)
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir
de que los reciba, los nombramientos que el Gobernador
haga de los Secretarios de Educación y Bienestar Social, de
Salud, de Desarrollo Social, y de Seguridad Pública; así
como los titulares de las entidades paraestatales. Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido resolución alguna,
se entenderán como ratificado el aspirante propuesto.
El Congreso podrá acordar la no ratificación de los aspirantes propuestos, hasta en dos ocasiones continuas
respecto al cargo que se proponga, en cuyo caso el
Gobernador procederá libremente a hacer la designación
correspondiente;
XXXIII a XXXVIII.- (…)”
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado, resolver sobre
las iniciativas de Ley, Iniciativas con Proyecto de Decreto y Proposición
con Punto de Acuerdo presentados por los Diputados de conformidad a
lo señalado en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- Que toda iniciativa de reforma presentada a esta
Honorable Asamblea, debe reunir los requisitos de fondo que previene
el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja
California.
TERCERO.- Que dentro de las atribuciones de la Comisión de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, se encuentra las
referentes al conocimiento, estudio y dictamen de las modificaciones,
reformas, adiciones, derogaciones o abrogaciones de la Constitución
Local y de las Leyes Ordinarias del Estado, acorde a lo previsto por el
artículo 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
CUARTO.- Que en tal virtud, las facultades que no estén expresamente
otorgadas por nuestra Carta Magna a los funcionarios federales, se
entiende reservadas a los Estados, conforme a lo establecido por el
artículo 124 del ordenamiento citado, por lo cual se entiende, que los
Estados conservan todo el poder no delegado al gobierno federal por la
Constitución, por lo que la Legislatura del Estado Libre y Soberano de
163
Baja California está facultada para expedir leyes sobre el ámbito de su
competencia.
QUINTO.- Con fecha 23 de febrero del 2011, los diputados señalados
en el proemio de este dictamen, presentaron ante el Pleno del
Honorable Congreso del Estado, la iniciativa que ahora se dictamina,
con el objeto de reformar y adicionar los artículos 27 y 49 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a
fin de establecer la ratificación de los nombramientos y remociones de
los Titulares de la Secretaria de Gobierno, de Desarrollo Social,
Planeación y Finanzas, y de Seguridad Pública, así como de los Titulares
de los Organismos Paraestatales y fideicomisos, por parte del Congreso
del Estado.
SEXTO.- Presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa
Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad
conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f, y 118 de la Ley
Orgánica de este Congreso, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 55 y 56 numeral 8 del mismo ordenamiento, se turnó a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales el
documento de referencia para su estudio, análisis, dictaminación y en
su caso, su aprobación.
SEPTIMO.- De conformidad con las atribuciones conferidas en el
artículo 62, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
solicitó a la Dirección General de Consultoría Legislativa, a través de la
Secretaría de Servicios Parlamentarios, el estudio y análisis respectivo
de la presente iniciativa, mediante oficio número JBMT/043/11 de fecha
02 de marzo de 2011.
OCTAVO.- Mediante oficio número SSP-CES/031/2011, de fecha 07 de
Marzo del 2011, la Secretaria de Servicios Parlamentarios, turnó a la
Dirección General de Consultoría Legislativa la iniciativa en comento
para su análisis y estudio, el cual fue recibido con fecha de 07 de Marzo
del 2011, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica antes citada.
NOVENO.- Que como resultado del estudio y análisis de la Iniciativa,
se concluye que es viable y procedente establecer la ratificación por
parte del Congreso del Estado de Baja California de los nombramientos
de los Secretarios de Educación y Bienestar Social, de Salud, de
164
Desarrollo Social y de Seguridad Pública, así como de los Titulares de
las entidades paraestatales.
DÉCIMO.- De lo anterior se desprende que la iniciativa en estudio, se
encuentra apegada con el orden jurídico establecido en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la local del Estado de
Baja California. En tal virtud, la iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona los artículos 27 y 49 de la Constitución Política del
Estado de Baja California, resulta legalmente procedente de
conformidad con las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente
instrumento.
______________________________
4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
DEROGAN, REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA, presentada el 07 de abril de 2011 ante esta
H. Soberanía por los C. C. Diputados Julio Felipe García Muñoz, Nancy
Guadalupe Sánchez Arredondo, Virginia Noriega Ríos, Juan Vargas
Rodríguez, Fausto Zárate Zepeda, Laurencio Dado Alatorre, Alfonso
Garzón Zataraín, Juan Bautista Montejano de la Torre, Elí Topete
Robles, David Lozano Pérez, Gregorio Barreto Luna, Elisa Rosana Soto
Agüero, Carlos Murguía Mejía, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Claudia
Josefina Agatón Muñíz y Marco Antonio Vizcarra Calderón, de los
Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del
Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido
Estatal de Baja California.
I.- ASPECTOS GENERALES
A).- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA
“Los suscritos, Diputados del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del
Partido del Trabajo y del Partido Estatal de Baja California, conforme a
las facultades establecidas en los artículos 27 fracción primera y 28
fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
165
de Baja California, así como los artículos 110, 115, 116, 117 y 118 de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, nos
permitimos someter al Pleno de esta Honorable Legislatura, INICIATIVA
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN, REFORMAN Y
ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, lo anterior en
los términos de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
De acuerdo a la doctrina, la Constitución es una norma jurídica
fundamental de carácter obligatorio y fuente formal de validez de todo
el sistema normativo de un Estado. En ella, se contienen las decisiones
políticas sobre la forma de Estado y de gobierno, los derechos
fundamentales, las garantías y los principios rectores del sistema
electoral.
Estas decisiones políticas reflejan el sentir social y de sus demandas
legítimas, estas decisiones políticas, plasman en la Constitución, el
sentir de una nación, de una entidad, de un pueblo.
Asimismo, la Constitución contiene los requisitos para ser ciudadano
sus derechos y obligaciones, las características del sufragio, la
existencia de partidos políticos, la previsión de organismos electorales
administrativos y jurisdiccionales, así como las reglas básicas de tipo
procedimental, dejando que en normas de menor jerarquía se
desarrolle su contenido y aplicación.
En nuestra entidad, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
del Estado de Baja California fue promulgada el 16 de agosto de 1953.
En ese entonces, uno de los siete constituyentes que tuvieron la
relevante tarea de redactarla, el Diputado Evaristo Bonifaz Gómez,
pronunció lo siguiente:
"…Los Diputados Constituyentes no pretendemos haber
realizado una obra inamovible y eterna, Incurriríamos en una
imperdonable vanidad si afirmáramos eso. Sabemos que las
aspiraciones humanas no tienen metas definitivas y por eso
toda obra legislativa esta sujeta a un movimiento de
constante adaptación y superación. Y sabemos también que
la vida de los pueblos ofrece aspectos que varían según el
carácter de sus caudillos, según la ideología de sus estados.
166
Cada gobernante imprime a su época el sello de su propia
personalidad.. .”
Ahora, bajo estos principios nobles y puntuales y a escasos dos años de
que se cumplan seis décadas de su publicación, hacemos una reflexión
sobre la importancia que conlleva la dinámica social en nuestra entidad
y que nos exige de manera legítima la revisión del sistema político-
jurídico para fortalecer el Estado de Derecho.
Ahora, como integrantes de la XX Legislatura local, nos sentimos
comprometidos con la justicia social, nos sentimos comprometidos con
nuestra gente, con Baja California. Los Grupos Parlamentarios del PRI,
PVEM, PEBC y PT, pretendemos con las presentes reformas a nuestra
Constitución, hacer valer la legítima demanda de la ciudadanía, hacer
valer una aspiración claramente planteada por los partidos políticos ya
desde los inicios de la transición democrática y en un clima sin
precedentes de identificación con los postulados del Estado de Derecho
por la mayoría de los ciudadanos.
Debemos contar con el tiempo suficiente para su debate en la sociedad
de las reformas planteadas, para que se tenga una correcta
información y máxima reflexión en la sociedad, lo que las transformaría
meramente en un acuerdo entre diversos sectores.
Conscientes de la demanda ciudadana que marca una coyuntura muy
importante en el desarrollo de la democracia y la participación social,
nos hemos dado a la tarea de trabajar en la búsqueda de alternativas
que fortalezcan las garantías político-electorales de los ciudadanos, en
esta tesitura, en días pasados presentamos una primera iniciativa que
aborda el Empate de Elecciones federales y locales, dicha iniciativa
forma parte de un conjunto integral de reformas al régimen político,
forma parte de una reingeniería constitucional.
Coincidir en las elecciones federales de 2012 con la renovación de
alcaldías, Congreso y gubernatura en Baja California, contribuye
significativamente a elevar la participación ciudadana a niveles que
proporcionan alta legitimidad para proveer a los electos de mejor
respaldo popular, potenciar su desempeño y ahorrar recursos de un
proceso electoral, representados en 300 millones de pesos.
167
Nuestra propuesta de empate electoral ahorra recursos que serán
destinados al mantenimiento y creación de las escuelas, y, al
equipamiento tecnológico de !as mismas.
Llevar a los Ayuntamientos, Congreso y Gobernador a un periodo de 5
años arroja dividendos en la coordinación institucional, capaz de
supera- cualquier diferendo en el largo plazo.
Ha sido una constante en todo el país, que las elecciones para el relevo
de la Presidencia de la República y gubernaturas, incentivan más la
participación ciudadana. Las elecciones intermedias locales o federales
registran menor índice de participación electoral.
Hacer coincidir el proceso electoral 2012 con la renovación de poderes
en Baja California, detonaría la participación ciudadana con dos
procesos que si por separado son estimulantes, juntos constituirían una
de las más prometedoras oportunidades para la legitimidad política de
las autoridades, máxime si gobiernan por un periodo más largo, como
en el caso de Ayuntamientos y Congreso del Estado.
Si bien, en sondeos y encuestas de opinión pública una amplia mayoría
poblacional avala el empate electoral, la reticencia en algunos sectores
es el tiempo que las autoridades electas estarían en su cargo.
Ante esto, debemos explicar que la participación ciudadana arroparía
de legitimidad a los electos por cinco años con una fuerza social como
hace 15 años no sucede, desde que en 1994 se eligió Presidente de la
República con un 70% de índice de votación. La legitimidad es
elemento indispensable, particularmente si se trata de gobiernos a
cinco años.
Ello, como resultado de un año intensivo que tendrían las autoridades
administrativas electas para preparar proyectos de inversión,
particularmente aquellos que derivan de fondos federales, que han de
prepararse y presentarse con seis o más meses de anticipación para
hacerlos efectivos al año siguiente.
En función de lo anterior, el primer año de gestión que suele ser "de
aprendizaje" de los gobernantes, tampoco costaría al erario público su
proceso de actualización y conocimiento, porque el año que transcurre,
entre la elección y la toma de protesta, tendría la oportunidad de
visualizar, programar, planear y profundizar en las tareas públicas
168
administrativas. Es decir, se interiorizan y potencian la capacidad de
respuesta y de gestión.
Además, en uno de los artículos transitorios del paquete de reforma
que hoy presentamos ante este Honorable Congreso, proponemos por
única ocasión que los alcaldes electos, mientras permanezcan en esta
figura, tendrán la obligación de llevar a cabo una amplia consulta
ciudadana, incorporando a los distintos grupos de la sociedad y a la
comunidad académica para plantear alternativas a las estructuras
gubernamentales que actualmente están rebasadas, y así, elaborar el
Plan Estratégico de Desarrollo del Estado a partir de microrregiones. En
este punto, será fundamental la participación del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana del Estado de Baja California, para que
conforme a la Ley y a sus atribuciones, realice los trabajos necesarios
para recoger las propuestas.
Por otro lado, cabe mencionar que existen ejemplos de candidatos
electos que se mantuvieron en esta figura por algunos meses, así como
la duración en si en el cargo, todo ello para llevar a cabo el empate
electoral, de tal suerte que en el Estado de Hidalgo, el Gobernador fue
electo el primer domingo de julio de 2010, iniciando su ejercicio
constitucional el pasado primero de abril del presente año y concluirá el
4 de septiembre de 2016. El tiempo transcurrido de la elección y toma
de posesión fue de 8 meses con 4 semanas, y el tiempo en el cargo
será de 5 años con 6 meses.
Respecto a los integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de
Hidalgo, serán electos el primer domingo de julio de este año, y
tomarán posesión de su encargo el 16 de enero de 2012 y concluirán el
4 de septiembre de 2016. El tiempo transcurrido de la elección y toma
de posesión será de 6 meses con 2 semanas, y el tiempo en el cargo
será de 4 años, con 7 meses y 20 días.
Los integrantes de la Sexagésima Primera Legislatura del Estado de
Hidalgo que resultaron electos el primer domingo de julio de 2010,
iniciaron su Ejercicio Constitucional el pasado primero de abril de este
año y lo concluirán el 4 de septiembre de 2013. El tiempo transcurrido
de la elección y toma de posesión fue de 8 meses con 4 semanas, y el
tiempo en el cargo será de 2 años, con 5 meses y 4 días.
Con este paquete de reformas que hoy presentamos ante el Pleno,
buscamos que la voluntad general y la suma de todos los actores
169
políticos se conviertan en una fuerza legítima en beneficio del interés
social. Con este paquete de reformas, buscamos la modernización del
régimen político que impulse los mecanismos de participación plural,
que cada día se torna en una participación exigente y demandante, y
que obliga a los políticos a generar condiciones que garanticen un
mejor futuro para los bajacalifornianos.
Entendemos que la modernización del régimen político se convierte en
un mandato para la negociación política y la construcción de acuerdos
entre las fuerzas políticas. Si somos capaces de construir un consenso
en el que todos los bajacalifornianos ganemos, tendremos la posibilidad
de hacer realidad la modernización de Baja California mediante un
cambio democrático con rumbo y con visión política acorde a los
anhelos y aspiraciones de la gente.
Estamos conscientes de nuestra soberanía, que es la base y
justificación de nuestra Constitución, para lograr un desarrollo regional
equilibrado, generadora de instituciones jurídicas en búsqueda de
justicia y armonía social.
1.- Mecanismos de Control Parlamentario.
Nuestra propuesta para establecer una rendición de cuentas efectiva, lo
constituye en primer lugar la moción de censura. Actualmente los
Acuerdos son las resoluciones que adopta el Congreso del Estado para
expresar su postura y que generalmente tienen como finalidad
exhortar, o en algunos casos ordenar, al Ejecutivo, o a otra autoridad,
para que cambie ciertas políticas o enmiende alguna resolución; en
caso extremos, como en el caso de la moción de censura, pueden
iniciar con el apercibimiento y culminar con la destitución de un
funcionario público de alto nivel.
Sin duda, de la revisión del derecho comparado latinoamericano,
podemos deducir que el sistema presidencial clásico se encuentra en
franca retirada.
Prácticamente la totalidad de los países de nuestro subcontinente han
optado por introducir mecanismos de control por parte del Congreso
parecidos a los que se encuentran en sistemas parlamentarios de
gobierno.
México es. prácticamente el único país que conserva un sistema de
presidencialismo tradicional; y se ha quedado rezagado en la adopción
170
del tipo de controles que permiten una mejor fiscalización y rendición
de cuentas por parte de los poderes públicos.
En la Constitución argentina se establece la posibilidad de llamar a los
ministros a comparecer en el Congreso; estos deben presentar
informes de labores periódicos y pueden tomar parte de los debates y
las sesiones de dicho poder; el jefe de gabinete, por su parte, debe
comparecer mensualmente, y puede ser censurado por el legislativo, lo
que acarrea su destitución.
En Bolivia, la Asamblea controla y fiscaliza a los órganos del Estado,
puede interpelar a los ministros, y llegado el momento censurarlos, con
la correspondiente remoción del cargo.
En Colombia, la Constitución ordena que la asamblea pueda citar a los
ministros, exigirles información, proponer su censura y remoción del
cargo. También puede crear comisiones especiales de investigación,
con la finalidad de estudiar cualquier asunto que considere pertinente.
En Ecuador la Constitución prevé la posibilidad de que los ministros del
gobierno puedan estar sujetos a una moción de censura, que si llega a
prosperar implicara su destitución.
En Guatemala, los ministros tienen la obligación de presentarse al
Congreso, a fin de contestar las interpelaciones; también se prevé que
si se emite un voto de falta de confianza a un ministro, aprobado por la
mayoría absoluta del total de diputados, el ministro presentará
inmediatamente su dimisión.
Cuando se solicite su presencia, los Ministros están obligados a asistir a
las sesiones del pleno del Congreso o a las comisiones; podrán asistir y
participar con voz en toda discusión relacionada con su carrera
ministerial.
Adicionalmente, el Congreso puede nombrar comisiones de
investigación en asuntos de la administración pública, que planteen
problemas de interés nacional.
En Perú, la Constitución estipula la posibilidad de que el Consejo de
Ministros en pleno o los ministros por separado pueden concurrir al
Congreso y participar en sus debates. También concurren cuando son
invitados para informar; y el Presidente del Consejo o uno de los
171
ministros asiste periódicamente para ser sometido a una sesión de
preguntas.
Dichos funcionarios pueden ser interpelados y censurados, en cuyo
caso deben renunciar forzosamente.
En Venezuela está dispuesto que la Asamblea Nacional tiene facultad
para censurar al Vicepresidente y a los Ministros, pudiendo ser
destituidos en su caso; para ejercer el control mediante las
interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, las autorizaciones y
las aprobaciones parlamentarias; y puede crear comisiones de
investigación.
Los Ministros están obligados a presentar anualmente, ante la
Asamblea Nacional, un informe sobre su gestión; tienen derecho de
palabra en la Asamblea Nacional y en sus comisiones, y podrán tomar
parte en sus debates, sin derecho al voto.
Propuesta
Nuestra propuesta contempla la creación en el artículo 36 de la
Constitución Política para establecer la Moción de Censura a petición de
por lo menos de una tercera parte de los miembros del Congreso en
contra de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, así
como de los titulares e integrantes de Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones
asimiladas a estas y Fideicomisos Públicos.
Para aprobar la moción de censura se requerirá la mayoría de votos de
los miembros presentes en caso de que el efecto sea el apercibimiento
del funcionario; y cuando el efecto sea la remoción del cargo se
requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes.
Proponemos además la facultad potestativa del Gobernador de acudir al
Congreso a dar un informe verbal sobre el estado que guarda la
administración pública, con derecho a réplica de los grupos
parlamentarios y del Gobernador del Estado.
Adicionalmente los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal,
incluido el Secretario General de Gobierno y el Procurador General de
Justicia del Estado, así como de los titulares e integrantes de Consejos
Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos
Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y
172
Asociaciones asimiladas a estas y Fideicomisos Públicos, estarán
obligados a acudir a comparecer, bajo protesta de decir verdad, ante el
Pleno o las Comisiones respectivas cuando así lo Acuerde el Congreso.
2.- Fuero Constitucional.
Una de las instituciones que desde hace años está siendo revisada en
los estudios de constitucionalismo mexicano es la contemplada en el
Título Cuarto de la Carta Magna, sobre la responsabilidad de los
funcionarios públicos.
En la Constitución Política de nuestro Estado, esas responsabilidades se
encuentran contempladas en el Título Octavo Capítulo Único "De las
Responsabilidades de los Servidores Públicos".
De acuerdo al Segundo Informe de Seguridad Pública presentado por la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, Baja California no está
exenta de las estadísticas nacionales que aseguran que la tasa de
impunidad llega hasta el 98% del total de los delitos cometidos.
Los Grupos Parlamentarios que suscribimos esta Iniciativa estamos
conscientes de que es urgente atender el reclamo social que exige que
los altos funcionarios sean llamados a cuentas, siempre en un ámbito
de respeto a la legalidad y sin que con la excusa de ese llamado se
puedan ejercer presiones políticas o avanzar agendas personales.
La inmunidad procesal que a los funcionarios les otorga el artículo 94
de nuestra Constitución local debe entenderse propia del puesto que
ocupa el servidor público, y en ningún momento como algo personal. Lo
que se protege es la función y no al funcionario en turno.
De acuerdo al Dr. J. Jesús Orozco Henríquez esta inmunidad procesal,
otorgada también en el artículo 111 de la Constitución General de la
República es con el propósito de proteger la función constitucional
desempeñada por ciertos servidores públicos de alta jerarquía. Es decir,
el fuero constitucional protege la función en contra de obstrucciones,
agresiones o represalias con fines políticos de las demás ramas de
gobierno.
La inmunidad o fuero tiene como objetivo evitar acusaciones sin
fundamento, que puedan distraer al servidor público de sus altas tareas
públicas, de manera que pueda desempeñar dicho cargo en libertad y
sin presiones.
173
Sin embargo, por el comportamiento de algunos de estos funcionarios o
legisladores, y por los excesos y el abuso de este fuero, se encuentra
en franco desprestigio; pues, al amparo de la inmunidad se han
cometido importantes violaciones al estado de derecho y a las garantías
individuales.
Nuestros Grupos Parlamentarios, desde el Congreso del Estado,
sostenemos que es indispensable replantear esta institución
constitucional, con la finalidad de que cumpla cabalmente con razón de
existir; que garantice la autonomía de los funcionarios y la realización
de su trabajo sin presiones injustificadas, evitando primordialmente
que su uso se convierta en un atropello o en un motivo para la
impunidad.
Un servidor público está obligado a cumplir el principio del Estado de
Derecho y la rendición de cuentas en el ejercicio de su cargo; esos son
dos valores irrenunciables de los servidores públicos en cualquier
sistema político democrático.
El objetivo de esta reforma es mantener a salvo a los responsables
gubernamentales, frente a eventuales acciones arbitrarias y sin
fundamento, que pudieran llegar a afectar su trabajo, garantizando al
mismo tiempo que esta inmunidad, en la práctica, no se convierta en
arbitrariedad.
Para ello se modifica todo el procedimiento de declaración de
procedencia, eliminando en la medida de lo posible las decisiones de
órganos políticos. Se encarga su tramitación al Tribunal Superior de
Justicia, en tanto órgano jurisdiccional de tipo técnico y políticamente
neutro.
Propuesta
Se propone, en primer lugar, eliminar el juicio político cuando se trate
de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, incluido el
Secretario General de Gobierno y el Procurador General de Justicia del
Estado, así como de los titulares e integrantes de Consejos Municipales,
Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos
Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, sociedades y
Asociaciones asimiladas a estas y Fideicomisos Públicos, ya que en su
caso se contempla el apercibimiento o la remoción del cargo por medio
174
de la moción de censura, contemplado en el artículo 36 de la
Constitución.
Se reforma todo el proceso de declaración de procedencia previsto en
el artículo 94. En caso de presunta responsabilidad penal, cometida por
los funcionarios públicos que cuentan con inmunidad constitucional, y
una vez ejercitada la acción penal por parte del Ministerio Público, el
juez de la causa detendrá el procedimiento y solicitará al Presidente
Tribunal Superior de Justicia que se integre una sala especial,
compuesta por 3 magistrados, cuya función exclusiva será valorar los
elementos aportados por el Ministerio Público y decidir si ha lugar a la
apertura del procedimiento penal.
En caso de que así lo decida la sala especial, el funcionario quedará a
disposición del juez, para que desahogue el proceso penal
correspondiente. En tanto se lleve a cabo dicho proceso, el funcionario
podrá seguir en el cargo.
En caso de que se dicte una sentencia condenatoria, el juez que
conozca de la causa la turnará de oficio al Pleno del Tribunal Superior
de Justicia. En caso de ser confirmada, el procesado cesará en el cargo
y deberá cumplir con la pena.
Si se trata de un miembro del Congreso será comunicado al Congreso
para que ésta decida si ha lugar la remoción del cargo y la aplicación de
la pena.
En cuanto al artículo 95, se precisa que una vez iniciado el proceso
penal no podrá recobrarse la inmunidad constitucional.
3.- Creación del Distrito XVll.
Nuestros Grupos Parlamentarios asumen el reto de modificar la
geografía electoral del Estado de Baja California, creando un distrito
electoral nuevo y exclusivo del municipio de Playas de Rosarito, para
que a través de esa representación legislativa, se vaya transformando
este municipio a la nueva realidad, caracterizada por un lado, por un
cambio en el territorio o geografía política del Estado de Baja California,
y por el otro, buscar a través de esa nueva representación, la ejecución
de los elementos y proyectos previstos en la búsqueda de establecer
una ciudad con una planeación modelo.
175
Lo anterior es plenamente alcanzable, porque la densidad poblacional
de la ciudad de Playas de Rosarito así lo requiere, ya que de las
189,921 personas en la lista nominal que tiene el Distrito XVI de Baja
California, distribuido entre los municipios de Tijuana y Playas de
Rosarito, 69,277 personas de ellas tienen su residencia en esta última
ciudad, lo que genera un municipio fuerte y pujante, que requiere de
una representación propia y exclusiva para su población.
Con ello pasaría la sede del XVI Distrito Electoral, al municipio de
Tijuana, creándose el Distrito XVll para el municipio de Playas de
Rosarito, sin que fuera el caso que se impactara la economía del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, ya que al crearse el XVll
Distrito Electoral, se propone que las diputaciones por representación
proporcional quede disminuida a ocho diputados, con lo cual quedaría
conformado el Congreso Local por !os mismos veinticinco
representantes populares que actualmente tiene.
El número de personas registradas que tiene el municipio de Playas de
Rosarito, justifica ampliamente la creación del XVll Distrito Electoral
para el Estado de Baja California, aunado al hecho de que por su
ubicación geográfica privilegiada y su relativa nueva vida municipal, se
prende dar impulso a un modelo de ciudad que vendrá a posicionar al
Estado de Baja California, como un punto positivo de referencia en la
geografía estatal y nacional, con alcances que trasciendan las fronteras
del país.
El artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, establece la estructura y formación del Congreso del
Estado, disponiendo que habrá un total de veinticinco Diputados,
determinando cuántos serán electos en forma directa, y cuántos por el
principio de representación proporcional, teniendo esta fórmula como
finalidad sustentar las bases para la representación del pueblo
bajacaliforniano, a fin de que todas las zonas geográficas del Estado se
encuentren soportadas adecuadamente, y tengan en sus Diputados, el
medio a través del cual puedan ser escuchados.
Propuesta
Para la creación del distrito XVll pretendemos la reforma al artículo 14
de la Constitución Política del Estado a fin de establecer en XVll el
número de diputados que serán electos en forma directa mediante el
principio de mayoría.
176
4.- Candidaturas Comunes.
La figura de las candidaturas comunes es una hipótesis jurídica que se
encuentra regulada en algunas Leyes Electorales Locales como las de
los Estados de San Luis Potosí, Morelos y Yucatán. De igual forma,
históricamente la encontramos en la Ley Federal Electoral de 1973 en
sus artículos 107 y 162, así como en el artículo 67 de la abrogada Ley
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en 1990 (COFIPE), se suprimió la figura de
la candidatura común misma que, como ya se ha señalado arriba,
subsiste en legislaciones locales, las cuales aun la mantienen en los
mismos términos en que se contemplaba en los anteriores
ordenamientos electorales federales.
En el caso particular de San Luis Potosí los legisladores profundizaron
mas allá de lo que disponía la Ley federal, previendo que las
candidaturas comunes sean asumidas vía acuerdos aprobados en las
respectivas convenciones o congresos certificados ante notario público,
y no solo candidato, como lo establecía la legislación partidistas,
debidamente mediante la anuencia del federal, dejando de ser un acto
estrictamente personal de los candidatos para convertirse en un asunto
de interés de los partidos políticos que los postulan.
En el contexto político-electoral de nuestro país, y sobre todo a partir
de los años noventas, alcanzamos importantes avances
Constitucionales y reglamentarios que vinieron a fortalecer las
instituciones encargadas de la organización de los procesos electorales.
De esta manera, los partidos políticos en México tienen hoy mejores
condiciones para la competencia política y los ciudadanos un alto grado
de certidumbre respeto de la transparencia de los procesos electorales.
No son pocos los logros que en materia de ciudadanización de los
órganos electorales se han alcanzado ni tampoco desdeñables los
avances que en materia de profesionalismo se han conseguido respecto
de quienes tienen la alta encomienda de brindar un servicio electoral
certero, imparcial, objetivo y apegado estrictamente a la legalidad.
No obstante lo anterior, lograr la participación ciudadana y una cultura
política democrática son asignaturas pendientes por lo que los
esfuerzos que hagamos para mejorar las condiciones de competencia
política, no deben ser soslayadas.
177
En la búsqueda por crear condiciones para una deseable alternancia en
el poder es importante tener presente el significado que ello tiene para
la sociedad ya que, como ha quedado demostrado, los largos periodos
de permanencia de un grupo político al frente de la responsabilidad de
gobernar, prohíja vicios y ataduras que llegan a convertirse en
verdaderos obstáculos para la vida democrática de la sociedad.
Es por eso que este proyecto de reforma, busca promover la mejoría en
las condiciones de la participación de los ciudadanos organizados en
partidos políticos y pretender contribuir a configurar, en las diferentes
instancias de Gobierno, una expresión más genuina de la
representación electoral de la sociedad.
Quienes impulsamos el presente proyecto, estamos convencidos de que
la conformación de candidaturas comunes genera, entre otros
beneficios, que cada partido político no ponga en riesgo la estabilidad
de sus base electoral y por ende las posibilidad. de su subsistencia
como corriente reconocida y aceptada por los electores. También trae
aparejada la ventaja de que la asignación del financiamiento público a
cada partido no se diluya entre las necesidades y estrategias de cada
organización participante, como llega a suceder con las alianzas,
además de necesitar de menores requisitos con respecto de los
requeridos para registrar coaliciones conforme a la legislación vigente.
Otra ventaja estriba en el hecho de que al respetarse la voluntad del
ciudadano que vota por uno u otro partido que postula a un mismo
candidato, la representación proporcional en el Congreso y los
Ayuntamientos se preserva para la corriente política que logra obtener
los votos necesarios para acceder a ella.
Sin duda, las diferencias y ventajas existentes entre las Coaliciones y
Candidaturas Comunes quedan claras, no obstante ello, resulta
pertinente resaltar que las candidaturas comunes como figura electoral
utilizada en el pasado, representa una fuerte posibilidad de estimular la
competencia electoral sin perder la identidad de cada partidos político
contendiente.
Para el caso particular de Baja California, esta figura representa una
atractiva posibilidad de llegar al poder por la vía de conformar amplias
coincidencias entre partidos políticos y agrupamientos con afinidades
ideológicas pero que la propia idiosincrasia de sus orígenes y su
178
desenvolvimiento social les impiden configurar compromisos que
abonen mas allá de los estrictamente coyunturales que se dan en la
común lucha política.
A lo anterior hay que agregar que la tendencia al bipartidismo, surgida
prácticamente desde el nacimiento de la entidad como Estado
Soberano, ha impedido que se exprese una amplia presencia electoral
de corrientes políticas y sociales que, con una fuerte raíz sociocultural,
subsisten al margen de los partidos dominantes sin encontrar una vía
de expresión institucional que les permita presentarse ante amplias
capas de la población con sus planteamientos y visión política de la
sociedad a la que aspiran.
Tal es el caso de organismos no gubernamentales, de agrupaciones
empresariales, de organizaciones campesinas, de movimientos
urbanos, de grupos culturales, de corrientes sindicales, estudiantiles y
otras muchas mas que emergen en la dinámica del crecimiento de
nuestras ciudades y que no encuentran una identificación por entero
con el PRI ni con el PAN, generándose de esta forma un desenfado y
abulia respecto de la participación electoral de estos sectores, dada la
carencia de condiciones idóneas que les posibiliten ocupar el espacio
que les corresponde en la geografía electoral del estado. Muestra de lo
anterior lo encontramos en el fuerte crecimiento del abstencionismo en
Baja California.
Las experiencias de los anteriores procesos electorales demuestran que
los partidos políticos dominantes por si solos no pueden incrementar
sus porcentajes de votación de manera importante y con dificultad
alcanzan a ocupar los espacios de representación mayoritaria en las
diversas instancias colegiadas, particularmente en el Congreso del
Estado.
Propuesta.
Por las anteriores razones, es que pretendemos introducir al artículo
5to de nuestra ley estatal suprema la figura de candidatura común.
5.- Modificación de porcentaje para acceder a diputados de
representación proporcional.
Durante el siglo XX, en México, en el tema de la representación de los
partidos políticos en los poderes legislativos se han impulsado al
respecto diversas reformas a nuestra Constitución y a las leyes
179
electorales a efecto de otorgar la participación en la discusión y
decisión de los asuntos públicos a las diversas corrientes de
pensamiento, que fueron la base de una nueva ruta en la vida política
de México, entre las que destacan:
La reforma de junio de 1963 que crea la figura de diputados de
partido y se permite por primera vez que otras instituciones
políticas tengan acceso a la Cámara de Diputados.
De igual forma se debe citar la reforma de 1977 que introdujo la
representación proporcional y con esto el acceso en la toma de
decisiones de las denominadas minorías.
Estas reformas impulsadas desde el poder público revelan la voluntad
indeclinable del pueblo mexicano para fortalecer la estructura
democrática de la Nación, y dejar al Estado sujeto a un régimen de
gobierno republicano, representativo y federal, por estimarlo el mas
idóneo para garantizar la libertad política de todos los hombres y de
todas las regiones de nuestro territorio.
Es en este contexto donde la democracia funciona como el vehículo
para analizar nuestros retos, y paralelamente para examinar, conciliar
o resolver pacíficamente nuestras contradicciones e impulsar
institucionalmente las transformaciones sociales.
De ahí que consideramos un imperativo de nuestra responsabilidad
como Poder Legislativo actualizarse permanentemente, ya que solo a
través de la constante revisión de nuestro marco legal alcanzaremos el
perfeccionamiento de las normas que rigen nuestra vida colectiva.
Como puede apreciarse, actualmente en Baja California, la mayoría de
las fuerzas políticas y corrientes ideológicas tienen vías de
participación. Prueba de ello, es la integración de esta XX Legislatura,
donde se encuentran representados 7 partidos políticos: PRI, PAN,
PVEM, PANAL, PRD, PT Y PEBC. Sin embargo, Convergencia y el Partido
Encuentro Social no cuentan con representación en el Congreso.
Y es entonces precisamente aquí en donde debemos resaltar que es el
propio estado democrático quien establece los cauces para que
cualquier individuo pueda participar en el sistema con cualquier
demanda de acción u omisión y, a la vez, tener la certeza que no va a
180
ser de antemano rechazada y la confianza de que podrá ser satisfecha
en la mayor medida posible.
Transformándose en mayoría, la minoría podrá, decidir en positivo y el
hecho de que este cambio pudiera hacerse realidad, convierte la
decisión mayoritaria en una decisión provisional en la que la minoría no
renuncia a las razones que ha hecho valer en la deliberación anterior a
la toma de la decisión, si no que renuncia a darles plasmación
normativa hasta que en un nuevo proceso alcancen la mayoría de los
votos.
Se escucha frecuentemente que el control parlamentario es ineficaz
porque numéricamente para las minorías parlamentarias resulta difícil
su oposición.
Como afirma Thomas Jefferson, el primer principio de la democracia es
la ley de la mayoría, sin embargo el hecho de adoptarse la decisión de
la mayoría no significa que-se prescinda de la minoría. La minoría
ejercita también la parte que !e corresponde en la soberanía
popular, al desempeñar las funciones de critica y control que
incumben a la oposición.
La representación de las minorías en la cámara legislativa es una
expresión genuina de la democracia, estos representan importantes
sectores de la sociedad, además de la función de representación
ejercen un control político sobre los partidos mayoritarios, así como del
gobierno, es por ello debe orientarse a fortalecer el papel de control de
las minorías y no a debilitarlo u obstaculizarlo.
El origen de la representación proporcional, como lo hemos venido
analizando en la historia fue precisamente darle voz a las minorías, que
si bien no iban a obtener los votos suficientes para tomar una decisión,
por lo menos fueran escuchadas y en mucho de los casos ,como en la
mayoría de los parlamentos del mundo construir con las minorías
coaliciones parlamentarias que impulsen tanto temas comunes como la
gobernabilidad en el poder legislativo.
Propuesta.
Actualmente, el artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California establece los mecanismos para la elección
de los diputados de representación proporcional, sin embargo,
consideramos que el requisito establecido en el inciso b de la fracción I
181
relativo al porcentaje para tener derecho a la asignación de un diputado
no permite que grupos minoritarios sean representados e inclusive va
en contrasentido con nuestra Constitución Federal al establecer como
requisito para accesar el haber obtenido por lo menos el cuatro por
ciento de la votación estatal emitida en la elección de Diputados
por el principio de representación proporcional.
Por lo tanto. se propone que la asignación de los diputados por el
principio de representación proporcional que le correspondan a cada
partido político o coalición, se hará además de lo que se establezca en
la Ley, haber obtenido por lo menos el Tres por ciento de la votación
estatal emitida en la elección de diputados por el principio de
representación proporcional.
6.- Eliminación de listas para diputados de representación
proporcional.
Sin temor a equivocarnos el tema de las diputaciones de lista es uno de
los que ha causado mayores controversias a lo largo de su vigencia, las
versiones en contra en el sentido de que representan un espacio de
partido y no propiamente ciudadano, son el principal indicador de la
negativa de estas listas.
Hoy en día cuando en el escenario del Congreso del Estado es plural y
en el convergen sistemáticamente 7 fuerzas políticas es menester
modificar las figuras de representación proporcional en el Congreso.
A este respecto el artículo 15 de nuestra constitución local señala:
"La asignación de los Diputados por el principio de representación
proporcional que le correspondan a cada partido político o
coalición, se hará de acuerdo con el procedimiento que se
establezca en la Ley, y atendiendo lo siguiente:
c) Haber obtenido el registro de la lista de candidatos a Diputados
por el principio de representación proporcional..."
Ante este escenario los partidos políticos deben registrar ante el
instituto electoral una lista de candidatos que paradójicamente sin
participar en la campaña electoral y mucho menos en el contacto con la
gente, de acuerdo a los resultados pueden accesar al Congreso del
Estado.
182
Así nuestro sistema de representación proporcional permite que en la
distribución de los 9 espacios que integran esta figura en el congreso
local se intercalen entre quienes obtuvieron los mejores segundos
porcentajes de votación en su distrito y quienes integran esta lista.
En atención a estas precisiones consideramos menester derogar la
parte relativa a la obligación de registrar una lista de candidatos a
representación proporcional.
De esta forma se abrirá un parte aguas en la contienda electoral que
permitirá una competencia más ardua entre los actores políticos en la
búsqueda de mejores resultados que les permita acceder a una
diputación mediante el sistema de representación proporcional cuando
por mayoría relativa no se haya alcanzado.
Bajo este método sin denostar a nadie consideramos que se integrarán
legislaturas con mayor sensibilidad política y con conocimiento de las
necesidades ciudadanas que se han recogido durante el trayecto de la
campaña electoral.
Propuesta.
Se deroga el inciso c) de la fracción I del artículo 15, en donde la
asignación de los diputados por el principio de representación
proporcional que le correspondan a cada partido político o coalición, se
hará de acuerdo con lo que se establezca en la Ley, y haber obtenido el
registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de
representación proporcional.
7.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estará
facultado para recopilar información y emitir su opinión sobre el
desempeño que, como representantes populares, hubieren
tenido previamente los candidatos registrados.
El conjunto de las democracias modernas pasa actualmente por un
proceso de cambio en sus instituciones y prácticas de gobierno, y el
régimen democrático de México no es la excepción. La ciudadanía exige
nuevas formas de participación que le permitan el acceso a las
decisiones políticas, un mayor control sobre las élites políticas, y
procesos de decisión que efectivamente respondan a sus demandas.
La transformación fundamental en el proceso democrático tiene dos
vertientes que corren en forma paralela: innovación en las formas de
183
la democracia directa y el mejoramiento de los procesos del gobierno
representativo. En ambos casos se trata de renovar el compromiso
democrático que rige la relación entre los gobernados y gobernantes, y
superar el distanciamiento que la complejidad de la sociedad moderna
ha originado entre poder público y los ciudadanos.
Entre los factores que permitirán reconstruir este compromiso
democrático y atender la inquietud de participación ciudadana se han
identificado los siguientes: mejorar los puntos de acceso a las
instituciones y a quienes toman las decisiones; la transparencia en el
ejercicio del poder a través de un mejor conocimiento de las opciones
políticas y los métodos del gobierno; la rendición de cuentas por parte
de los gobernantes, y una diseminación de la información que permita
dar voz a los ciudadanos para que estén en posibilidad de influir en las
decisiones y sus resultados.
Estos cuatro elementos -acceso, transparencia, rendición de cuentas e
información- están interrelacionados y son la base para sustentar la
adaptación a un régimen democrático a las nuevas exigencias de
participación ciudadana. Son también determinantes para, por un lado,
ilustrar a los ciudadanos sobre las alternativas políticas existentes, y
para ayudar a decidir quien debe tomar las decisiones y como deben
ser seleccionados los gobernantes. Por otro lado, también son
elementos básicos para que los candidatos electos se desempeñen en
el gobierno de acuerdo a sus compromisos de campaña y plataformas
electorales. La clave es construir los mecanismos que permitan renovar
el compromiso democrático entre gobernantes y gobernados.
En términos prácticos, el hecho de que se haya perdido la conexión
directa entre el gobernante y la ciudadanía, ha propiciado que los
candidatos hagan un buen numero de promesas, incluso a pesar de que
no son viables, con tal de ganar el voto de los electores. Una vez
elegidos, tienden a conducir sus acciones por criterios diferentes al
cumplir con las promesas de campaña e incluso las plataformas
electorales de los partidos que los postularon como candidatos.
Este problema ha sido reconocido como una "Crisis de la política
representativa" que es causante de gran parte del desencanto que
conduce al abstencionismo y la indiferencia de la población por los
temas políticos. Para combatir este problema, se han creado diferentes
mecanismos para acercar a los gobernantes a la ciudadanía, con objeto
184
de exigirles el cumplimiento de aquello que los ciudadanos esperan de
ellos, con base en los compromisos de su campaña.
La mayoría de los mencionados mecanismos se encuentran ligados a la
transparencia respecto a los actos gubernamentales. La transparencia
es el mejor de los controles, pues expone al ojo público los fallos e
insuficiencias cometidos en las actividades de los gobernantes. En
México se han tenido avances en lo que se refiere a la transparencia de
los actos de gobierno, a través de la expedición de la Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Considerando que muchas de las personas que se presentan como
candidatos para diferentes cargos en nuestro país, ya fueron alguna
vez servidores públicos, se considera necesario contar con algún
instrumento que permita al electorado conocer como se desempeñaron
en dichos cargos. En México no existe ninguna dependencia u
organismo, que de manera oficial, registren y den publicidad al
desempeño que tuvieron las personas que hayan sido representantes
populares, cuando fungieron como servidores públicos en
administraciones o legislaturas anteriores.
Propuesta.
En la presente reforma se adiciona el artículo 5 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California para que El
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana esté facultado para
recopilar información y emitir su opinión sobre el desempeño que,
como representantes populares, hubieren tenido previamente los
candidatos registrados a presidente municipal, diputado local o
gobernador, en relación con las plataformas electorales y las inscritas
en el proceso eiectoral por medio del cual asumieron previamente otro
cargo. Por otro lado, del banco de datos que se forme, el Instituto
Electoral dará publicidad a las propuestas y su efectivo cumplimiento
en legislaturas y administraciones anteriores, de las personas que se
postulen con una nueva candidatura para un cargo de elección popular.
Este novedoso mecanismo pretende abarcar a los candidatos a
diputados locales, gobernador, y presidentes municipales, con objeto
de exhibir los méritos y defectos, las actuaciones positivas y negativas,
así como las omisiones que hayan cometido los candidatos en
anteriores gestiones. Los dictámenes que publique el Instituto tendrán
un carácter vinculatorio, de tal forma que de no cumplir con las
185
promesas, un candidato no podrá ser registrado a ocupar otro cargo de
elección popular en un periodo de hasta diez años.
Efectivamente, sería de extrema utilidad a la ciudadanía conocer si, por
ejemplo, un determinado candidato para una diputación local cumplió
con lo prometido en campaña cuando fue presidente municipal; y, en
caso de no haberlo hecho, saber sus motivos o justificaciones.
La principal de las ventajas que aportaría la presente reforma, es el
control y fiscalización ciudadana sobre la actuación de los servidores
públicos. Así, los electores tendrían la información oficial del
desempeño de los candidatos, desvinculada en principio de los vaivenes
de los escándalos mediáticos, lo que proporcionaría un elemento
insustituible para decidir su voto de una manera más razonada.
Por otra parte, los gobernantes se verían en la obligación de cumplir,
tanto sus promesas de campaña, como !a plataforma electoral de su
partido, si es que desean postularse en una nueva ocasión a algún
cargo de representación popular. En este sentido, si los candidatos
cumplen en el gobierno lo prometido en campaña, tendrán más
posibilidades de ser electos para otro cargo de elección popular,
estimulándose de esta manera un buen desempeño y profesionalización
de los candidatos ganadores, y se eliminaría en buena medida la
demagogia en las campañas. Ante el peligro de que las promesas se
conviertan en ambiguas e imprecisas, existe la ventaja de que aquellas
que se hagan, sean completamente viables, dentro de las posibilidades
efectivas que la realidad permite.
Este lineamiento describe con claridad la función que tendría el
Instituto Electoral: obtener la información necesaria y emitir una
opinión sobre el desempeño previo de los candidatos en otros puestos
de elección popular, para que la ciudadanía pueda conocer cabalmente
su trayectoria como servidores públicos elegidos mediante el voto
popular. Aquí se parte de la premisa de que un candidato que
previamente no hubiera cumplido significativamente con sus
propuestas de campaña anteriores, difícilmente tendría calidad moral
suficiente para presentarse al electorado nuevamente. Además, la
opinión del Instituto Electora!, la debe dar a conocer públicamente por
lo menos quince días antes de que se lleve a cabo la jornada electoral.
Los candidatos deberán registrar ante el Instituto Electoral, sus
propuestas de campaña una vez terminada la misma, y hasta antes del
186
día de la jornada electoral, estando el Instituto Electoral, obligado a dar
seguimiento a su realización por parte de los candidatos ganadores,
debiendo dar a conocer trimestralmente si efectivamente están
cumpliendo con las mismas.
Bajo este texto se desprenden dos elementos fundamentales de esta
propuesta: que exista obligación para los candidatos de entregar al
lnstituto Electoral todo lo que consideran que demuestra el
cumplimiento de sus promesas de campaña anteriores, y el derecho de
presentar la documentación y los argumentos que consideren idóneos
para defender sus gestiones anteriores.
Así pues, una vez que el lnstituto emita un dictamen sobre el
incumplimiento en sus promesas de campaña, aquel servidor público
que de acuerdo al dictamen del lnstituto Electoral no haya cumplido con
sus promesas de campaña, no podrá ser registrado como candidato; e
incluso, este dictamen estará ligada a la revocación de mandato.
8.- Consulta Popular.
Es necesario contar con un mecanismo pertinente como lo es la
consulta popular, para dar legitimidad y certeza a las acciones de
gobierno, y en este sentido, establecer los lineamientos a seguir por la
Institución encargada de llevar a cabo dicha consulta popular.
Diversos países de América Latina han ido introduciendo en su marco
constitucional la posibilidad de que sus ciudadanos puedan intervenir
directamente en la toma de decisiones de su país y sus localidades, y
por lo tanto en el devenir político, social y económico. El espíritu de
estas iniciativas es el involucrar al conjunto de los ciudadanos en el
proceso de toma de decisiones, mas allá de la elección de sus
representantes.
Hay que decir que no existe contradicción entre democracia
representativa y los distintos mecanismos de participación directa de
los ciudadanos, puesto que a través de estos mecanismos, como por
ejemplo, la consulta 'popular, se obtiene una mayor legitimación del
sistema político y aumenta considerablemente la participación
ciudadana. La ya basta experiencia de los países en donde existen
estos mecanismos de participación ciudadana directa, demuestra que
más que debilitar o suplantar a las instituciones representativas, las
complementan.
187
El principal motivo para la adopción de los distintos mecanismos de
participación ciudadana, tiene que ver con la falta de canales
adecuados para que la sociedad participe de manera directa en los
problemas que los afectan. Con estos mecanismos de democracia
directa, los representados pueden involucrarse y controlar de mejor
manera a sus representantes y evitar que se siga sin escuchar y
atender sus demandas.
De esta forma se busca una mayor participación e intervención
ciudadana en la toma de decisiones políticas y sociales, todas ellas
trascendentes en la vida pública.
Además, estos mecanismos son entendidos en la literatura de la
materia, como válvulas de escape frente a un creciente descontento
popular, posibilitando de esta manera el control de aquellos
funcionarios y representantes populares que son concebidos como
ineficaces por la población, y a su vez, permiten que demandas sociales
de gran envergadura que normalmente no son escuchadas, tengan voz.
Las consultas populares pueden ser de distintos tipos, por ejemplo, se
encuentran las consultas obligatorias y facultativas u opcionales. Las
consultas populares obligatorias a su vez, se dividen en obligatorias y
acotadas. En este caso existen determinadas resoluciones que pueden
afectar a la soberanía nacional, y por lo tanto, de manera automática
se somete a consulta popular.
En el caso de consulta popular obligatoria acotada, se encuentran
precisamente las modificaciones constitucionales y que deben ser
sometidas a la opinión popular, por ejemplo, se puede someter a
consulta popular obligatoria únicamente cuando el Presidente y el
Congreso discrepan sobre el contenido de la modificación
constitucional.
Propuesta.
Se podrá convocar a Consulta Popular sobre temas de amplio interés
estatal, exceptuando las materias electoral y fiscal. La Consulta Popular
podrá realizarse a solicitud del Gobernador con el acuerdo del
Congreso; a petición del dos por ciento de los ciudadanos inscritos en el
padrón electoral, previa certificación del número de firmas por la
autoridad electoral, y con el acuerdo del Congreso; y, a solicitud de dos
tercios de los integrantes del Congreso.
188
9.- Síndicos y Regidores de primera minoría.
En los últimos años, el tema de la distribución del poder ha
permanecido abierta con urgentes y necesarias reformas, debido a una
visión acotada de la realidad política de nuestro Estado, de la pluralidad
y diversidad políticas que día a día se multiplica, aun después de la
alternancia.
Se perdió un tiempo valioso en los últimos gobiernos, puesto que con
falsas expectativas dieron esperanzas de llegar a una verdadera
distribución del poder, por lo que consideramos que se tiene que
legislar sobre la integración de los Ayuntamientos.
La libertad municipal, en la que debemos retomar el reconocimiento del
poder político del municipio y del ejercicio de la soberanía que también
se da en este espacio, a la reforma del sistema de electoral municipal,
y el fortalecimiento del cabildo como órgano de representación popular.
La reforma del Estado requiere de la modernización de su estructura así
como la democratización del poder público. En ese tránsito en el que
está empeñada la sociedad bajacaliforniana, se debe involucrar nuevos
ámbitos de las relaciones entre gobernantes y gobernados, a través de
la reforma electoral municipal para que se abran los verdaderos cauces
para una verdadera democracia representativa. Hoy es el momento
adecuado y necesario para dar los siguientes pasos y lograr el ideal de
una democracia consolidada en Baja California.
Si los municipios son depositarios de la soberanía y esta se expresa a
través del voto popular en las elecciones, es impostergable reconocer al
poder municipal expresado en la pluralidad de su integración de los
Ayuntamientos, como órganos que realmente ejercen su soberanía
emanada del pueblo.
Dado que la naturaleza jurídica del poder de los Ayuntamientos emana
del pueblo, es urgente conformar una estructura del sistema electoral
municipal acorde a las exigencias ciudadanas. Esto debiera ser evidente
para todos los actores políticos, puesto el municipio es la primera
expresión del ejercicio de esa soberanía y base de la voluntad
ciudadana porque es el ámbito de gobierno más inmediato a los
ciudadanos, el primer vínculo con el sistema de gobierno y el orden
jurídico. Estamos obligados al reconocimiento explícito al municipio
como un poder político, por lo tanto, proponemos una reforma que
signifique una verdadera evolución para la concepción municipalista.
189
Para lograr la consolidación de las distintas fuerzas políticas, es
necesario un nuevo marco jurídico que transforme la soberanía popular
del ámbito municipal, de tal forma que pueda ser cauce de la
participación ciudadana. Hay que reconocer que como poder del
Estado, los ayuntamientos devienen del sufragio como expresión de la
soberanía, todo ello, para convertirse en agente activo del desarrollo
económico y social.
Propuesta.
Además de la conformación que se dispone en el artículo 79 de nuestra
Constitución local, los Ayuntamientos se integraran por un Síndico de
Hacienda y Normatividad electo por mayoría relativa, un Síndico de
Social y Vinculación Ciudadana asignado a la primera minoría, y por
regidores de primera minoría.
Las regidurías de primera minoría, les serán asignadas al partido
político que, por si mismo o en coalición, haya ocupado el segundo
lugar en número de votos para elección de Presidente Municipal.
Los regidores asignados por el principio de primera minoría, ocuparán
el cargo de primer regidor del Ayuntamiento, siempre y cuando el
candidato que haya ocupado el segundo lugar en las elecciones
mencionadas arriba, acepte ocupar el cargo, de lo contrario, se
procederá conforme a la asignación de regidores mediante el principio
de representación proporcional.
El Síndico de Social y Vinculación Ciudadana, le será asignado al
partido político que, por si mismo o en coalición, haya ocupado el
segundo lugar en número de votos para elección de Síndico de
Hacienda y Normatividad.
Candidaturas independientes.
En el artículo 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que es una prerrogativa del ciudadano:
"poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y
nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las
calidades que establezca la ley".
190
A pesar de ello, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales dispone que corresponde exclusivamente a los partidos
políticos el derecho de solicitar el registro para contender por cargos de
elección popular, esta disposición es una de las contradicciones del
sistema político mexicano, que en nuestro Estado en un principio, se
pretende evitar al reformar nuestra Constitución para que se contemple
y respete los derechos de la sociedad a presentar candidaturas
independientes al cargo de diputado.
Hay que destacar que los derechos políticos contribuyen a la promoción
y consolidación de la democracia y de una sociedad de avanzada,
además, impulsan y legitiman la creación de un Estado de Derecho. Es
imperante que los ciudadanos participen en los asuntos públicos,
puesto que forma parte de los derechos democráticos establecidos por
los tratados y convenciones internacionales, como es el derecho a la
participación política, el derecho a la igualdad de oportunidades de
todos los ciudadanos para presentarse como candidatos y el derecho de
acceso, en condiciones de igualdad, a la función pública en sus países.
Un claro ejemplo de vanguardia en este tema, es el Congreso de
Yucatán, quien aprobó el 17 de mayo de 2006 una reforma a su
legislación electoral, en la que se establece la posibilidad de registrar
candidaturas independientes a cargos de elección popular en dicha
entidad.
Propuesta.
Se reforma el APARTADO A del artículo 5 de nuestra Constitución para
eliminar la exclusividad a los partidos políticos del derecho para solicitar
el registro de candidatos a cargos de elección popular. Además, para la
presentación y registro de candidaturas independientes al cargo de
diputado, se deberán presentar un número de firmas no menor al uno
por ciento del padrón electoral que corresponda a la demarcación.
Estas firmas deberán corresponder a ciudadanos que residan en la
misma demarcación y satisfagan los requisitos que para el ejercicio del
voto establezca la Ley.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja
California, validará las firmas para el registro de los candidatos
independientes, y la Ley determinará las reglas a las que se sujetarán
el financiamiento, las erogaciones en las campañas electorales y el
acceso a medios de comunicación para los candidatos independientes”
191
B) INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
La pretensión legislativa de las C C. Diputadas y Diputados
pertenecientes a los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y
Partido Estatal de Baja California, en su carácter de inicialistas,
pretenden que se reformen diversos artículos de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, con objeto
de incluir y modificar temas de contenido sustantivo como son los
siguientes:
Establecer la moción de censura en contra de los Titulares de las
Dependencias del Ejecutivo Estatal, así como de los titulares e
integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus
equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de
Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a
estas y Fideicomisos Públicos;
Eliminar el juicio político para determinados servidores
públicos, cuando se trate de los Titulares de las Dependencias del
Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de Gobierno y el
Procurador General de Justicia del Estado, así como de los titulares
e integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus
equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de
Participación Mayoritaria, sociedades y Asociaciones asimiladas a
estas y Fideicomisos Públicos. Esto en virtud de que se incluye la
moción de censura.
Reformar el proceso de declaración de procedencia previsto en
el artículo 94 de la Constitución, en caso de presunta
responsabilidad penal, cometida por los funcionarios públicos que
cuentan con inmunidad constitucional;
Creación del Distrito Electoral XVII, con circunscripción
territorial en el municipio de Playas de Rosarito, en virtud de la
densidad poblacional y de las características particulares.
Regular las candidaturas comunes, con la finalidad de que los
partidos políticos puedan registrar a un mismo candidato de
elección popular sin que medie coalición.
192
Modificación del porcentaje para tener derecho a diputados
por el principio de representación proporcional, privilegiando
de esta manera una mayor pluralidad en el máximo órgano de
representación popular en el Estado, el cual se reduce de 4 a 3 por
ciento de la votación estatal emitida en esta elección.
Eliminación de las listas de diputados por el principio de
representación proporcional, quedando únicamente la modalidad
de asignación de diputados por este principio en base a los
porcentajes mayores obtenidos en las elecciones por mayoría
relativa de los distritos electorales.
Facultar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
para emitir opinión relativa al desempeño de los servidores
públicos de elección popular de aquellos ciudadanos que fueran
registrados como candidatos a ocupar un nuevo cargo de elección.
Establecer el mecanismo de la consulta popular para dar
legitimidad y certeza a las acciones de gobierno, fortaleciendo el
régimen democrático en nuestra entidad.
Establecer la asignación de regidurías a la primera minoría
en la integración de los Ayuntamientos del Estado. Asimismo, se
crea las figuras de Síndico de Hacienda electo por mayoría y
un Síndico de Social y Vinculación Ciudadana asignado a la
primera minoría.
Establecer las candidaturas independientes, para que los
ciudadanos interesados, de manera independiente de los partidos
políticos, puedan solicitar su registro a la autoridad electoral
correspondiente como candidato a algún puesto de elección popular
en la entidad, cumpliendo con los requisitos exigibles.
II.- ASPECTOS LEGALES DE LA INICIATIVA
A).- MARCO JURÍDICO APLICABLE
El contenido de la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política
del Estado de Baja California, tiene sustento jurídico en los artículos 40,
108, 109, 111, 112, 113, 115 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 5, 11, 14, 19, y 27 fracción I,
193
28 fracción I, 44, 78 y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California; y en los artículos 16, 55, 56, 62 y 68 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, y
demás aplicables a las materias de esta Iniciativa.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la
norma fundamental que unifica y da validez a todas las legislaciones
que constituyen un orden jurídico y determinado; es decir, la variedad
de codificaciones que componen el derecho que se observa en el Estado
Mexicano, respetando los principios que se consagran en ella; por lo
que la propuesta en estudio, debe ser congruente con lo que señala
nuestra Carta Magna, a fin de no atentar contra el principio de
Supremacía Constitucional contenido en el artículo 133 de este
ordenamiento superior.
En esta tesitura, el artículo 124 del mismo ordenamiento, enfatiza
que las facultades que no están expresamente concedidas por esta
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los
Estados. En cuanto al marco Constitucional local, se dispone en su
artículo 4 que el Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a
su régimen interno, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el
artículo 27 fracción I, se señala que entre las facultades del Congreso
del Estado se prevé el de legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado, y reformar, abrogar y derogar las leyes y
decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta
Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos.
En tal virtud, se procederá al estudio y análisis exhaustivo del
marco jurídico de orden federal, y considerando que los Estados
conservan todas aquellas atribuciones y obligaciones que la
Constitución General no le reserva a la federación, para determinar si el
Congreso del Estado de Baja California está facultado para aprobar
reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California en la materia que proponen los inicialistas; y además,
determinar si esta iniciativa de reforma es congruente y armónica con
las disposiciones de la Carta Magna, con el marco normativo
constitucional y legal del Estado de Baja California, y en general, con el
marco jurídico nacional.
194
Para proceder al estudio y análisis, de manera enunciativa y no
limitativa, es pertinente plasmar el contenido de los preceptos jurídicos
medulares que resultan aplicables, y que fueron referidos con
antelación, iniciando en el mismo orden.
ÁMBITO FEDERAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental.
Artículo 108. …
…
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las
Legislaturas Locales, los Magistrados de los Tribunales
Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de
los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por
violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así como
por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán,
en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y
para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de
servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o
comisión en los Estados y en los Municipios.
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas
competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los
servidores públicos y las demás normas conducentes a
sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en
responsabilidad, de conformidad con las siguientes
prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones
indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados
en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones
195
incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los
intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
…
II. …
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar
en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones
mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la
misma naturaleza.
…
…
Artículo 110. Podrán ser sujetos de juicio político los senadores
y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General
de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal,
los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y
jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la
Judicatura del Distrito Federal, el consejero Presidente, los consejeros
electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, los
magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de
participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas
a éstas y fideicomisos públicos.
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales,
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y,
en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas
Locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los
términos de este título por violaciones graves a esta
Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales,
pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se
196
comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de
sus atribuciones, procedan como corresponda.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor
público y en su inhabilitación para desempeñar funciones,
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el
servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este
precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación
respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de
la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en
sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el
procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en
Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante
resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en
sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con
audiencia del acusado.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y
Senadores son inatacables.
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y
senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los
Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito
Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador General
de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal,
así como el consejero Presidente y los consejeros electorales del
Consejo General del Instituto Federal Electoral, por la comisión de
delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados
declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión,
si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo
procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la
imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no
prejuzga los fundamentos de la imputación.
197
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a
disposición de las autoridades competentes para que actúen con
arreglo a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a
acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110.
En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la
legislación penal aplicable.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra
los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales,
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los
Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las
Judicaturas Locales, se seguirá el mismo procedimiento
establecido en este artículo, pero en este supuesto, la
declaración de procedencia será para el efecto de que se
comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de
sus atribuciones procedan como corresponda.
Las declaraciones y resoluciones de la (las, sic DOF 28-12-1982)
Cámaras de Diputados (y, sic DOF 28-12-1982) Senadores son
inatacables.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el
inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso
penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá
reasumir su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un
delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al
reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier
servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor
obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y
con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su
conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.
198
Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la
Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que
hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito
durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o
ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero
de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo
dispuesto en dicho precepto.
Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades
administrativas de los servidores públicos, determinarán sus
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables
por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos
y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que
señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e
inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por
sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109,
pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos
o de los daños y perjuicios causados.
…
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal
y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se
ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad
intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para
su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán
199
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su
encargo más de seis años.
La elección de los gobernadores de los Estados y de las
Legislaturas Locales será directa y en los términos que
dispongan las leyes electorales respectivas.
ÁMBITO LOCAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo
concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas.
…
…
La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá
celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda.
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes:
el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y
libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los
fines del Estado.
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible;
200
dieciséis serán electos en forma directa mediante el principio de
mayoría relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el
territorio del Estado, y en su caso, hasta nueve Diputados electos por el
principio de representación proporcional en una circunscripción estatal.
Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente.
…
…
ARTÍCULO 19.- El Congreso se renovará totalmente cada tres
años y se instalará el día 1ro. de Octubre posterior a la elección.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes
y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a
esta Constitución, observando para el caso los requisitos
establecidos;
II a la XI …
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I.- A los diputados;
ARTÍCULO 44.- El Gobernador será electo cada seis años,
mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal
e intransferible y entrará a ejercer sus funciones el día primero
del mes de Noviembre posterior a la elección.
ARTÍCULO 78.- Los ayuntamientos se compondrán de
munícipes electos por el sufragio universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible y mediante los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional.
Los ayuntamientos iniciarán el ejercicio de sus funciones el
día primero de diciembre que siga a su elección. Al efecto, el día
inmediato anterior, se reunirán los munícipes electos, en sesión
solemne con la finalidad de rendir protesta ante la comunidad e instalar
los ayuntamientos.
Los integrantes de los ayuntamientos durarán en su cargo
tres años y no podrán ser reelectos para el período inmediato, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 115,
201
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o
reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de
adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos
tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los
Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere
provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de
los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición
o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Congreso del Estado, las que
derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
la Constitución Local y de las Leyes que de ella emanen, de la presente
Ley y de los Reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 55.- Las Comisiones, como órganos de trabajo del
Congreso del estado, conforme a los dispuesto en el Artículo 39 de esta
Ley, les corresponde el ejercicio y cumplimiento de las facultades
atribuidas al Congreso por la Constitución Local, así como de acuerdo a
su denominación, les corresponde sus funciones en relación a las
respectivas áreas de la administración pública estatal o municipal.
…
Las comisiones de dictamen legislativo conocerán de las
iniciativas que correspondan a su materia y serán las
responsables de su dictaminación. Elaborarán informes y
opiniones, respecto de los asuntos que se les turnan; y ejercen
las facultades de información, evaluación y control que les
correspondan.
…
…
…
ARTÍCULO 56.- Las Comisiones de dictamen legislativo son:
1 a 7. …
8. Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales;
9 a 10. …
11. Reforma del Estado;
12 a 14. …
202
ARTÍCULO 62.- Corresponde a la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales el conocimiento, estudio y
dictamen de los siguientes asuntos:
I.-…
II.- Los concernientes a Leyes Reglamentarias u Orgánicas
que se deriven de preceptos de la Constitución Local y de los
que la Constitución Federal autorice reglamentar;
III.- a la XVIII…
ARTÍCULO 68.- Cuando la naturaleza de un asunto tenga
conexión o relación con otra u otras comisiones podrán éstas
unirse a solicitud de la Comisión responsable de los Trabajos
para su desarrollo en forma conjunta.
Las Comisiones Unidas serán de carácter transitorio y se
extinguirán cumplido el objetivo u objetivos que la formaron.
III.- ASPECTOS PARTICULARES
A) ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA
Para un anális ordenado de esta Inicitaiva, es pertinente englobar
su contenido en dos temas centrales que son: a) responsabilidad de los
servidores públicos, y b) político-electorales. En el primer grupo se
incluyen los siguientes temas:
1) Moción de censura, 2) Eliminación del juicio político para
determinados servidores públicos, y 3) Modificación al proceso de
declaración de procedencia.
En el segundo grupo lo constituyen los siguientes temas:
1) Creación del Distrito Electoral XVII, 2) Regulación de las
candidaturas comunes, 3) Modificación del porcentaje para tener
derecho a diputados por el principio de representación proporcional, 4)
Eliminación de las listas de diputados por el principio de representación
proporcional, 5) Facultar al Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana para emitir opinión relativa al desempeño de los servidores
públicos de elección popular, 6) Establecer el mecanismo de la consulta
popular, 7) Establecer la asignación de regidurías a la primera minoría,
8) Crear las figuras de Síndico de Hacienda electo por mayoría y un
203
Síndico de Social y Vinculación Ciudadana asignado a la primera
minoría, y 9) Establecer las candidaturas independientes.
Respecto del primer grupo de los temas concernientes a la
responsabilidad de los servidores públicos, iniciemos el estudio y
análisis de las propuestas en el mismo orden enlistadas.
ESTABLECER LA MOCIÓN DE CENSURA.
En principio, es importante determinar el significado del término
moción de censura para entender el alcance de esta propuesta, para lo
cual nos auxiliaremos del Diccionario Universal de Términos
Parlamentarios editado por la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, en colaboración con la Editorial Miguel Ángel Porrúa.
“moción de censura”
El término moción proviene del latín motio, -onis, que significa proposición que se hace o se sugiere en una junta que delibera. Mientras que el vocablo censura proviene del latín censura, el cual tiene dos acepciones relativas al desarrollo de esta figura, la primera, consiste en aquel dictamen y juicio que se hace o da acerca de un obra y, la segunda, es aquella nota, corrección o reprobación de alguna cosa.
La moción de censura es la principal característica de los regímenes parlamentarios, con lo cual los sistemas presidenciales, generalmente, carecen de ella. Al respecto, la institución representativa (parlamento o Asamblea) la ejerce como uno de los medios más fuertes de control sobre el gobierno, cuya consecuencia, si la misma es aprobada, será la exigencia de responsabilidad política -dependiendo de la regulación- colectiva o individual del gobierno. La relación que genera este medio de control, entre el gobierno y el parlamento, es la subordinación del primero y la superioridad del segundo. Particularmente en España el procedimiento para presentar una moción de censura, a grandes rasgos, es el siguiente: la moción de censura debe ser propuesta por una décima parte de los diputados del Congreso, mencionando un candidato a la Presidencia del Gobierno, es decir, que en este país existe la denominada moción de censura “constructiva”, cuyo antecedente está en la Ley Fundamental de Bonn de 1949, y sólo es la Cámara Baja la que conoce de ella. Posteriormente el candidato y los diputados debaten el programa de trabajo presentado por el primero, para lo cual no tienen un límite de tiempo. Al finalizar dicha intervención, el presidente del Congreso deberá interrumpir la sesión, para que intervenga un representante de cada Grupo Parlamentario durante 30 minutos, con derecho de rectificación por espacio de 10 minutos. Después de cinco días de haberse presentado la moción de censura, deberá efectuarse la
204
votación pública de la misma, aprobación que requerirá de una mayoría absoluta; si esto sucede, el Presidente del Gobierno deberá presentar su dimisión al rey, quedando investido de la confianza del Congreso el candidato previsto, quien será nombrado, por el jefe de Estado, Presidente de Gobierno. Si la moción de censura no se aprueba, el Presidente del Gobierno tiene la facultad de disolver las cámaras, asimismo, los firmantes de la moción de censura o de las mociones alternativas serán sancionados. Sanción que consiste en no presentar otra moción de censura durante el mismo periodo de sesiones. En la actualidad la moción de censura es considerada como el instrumento de control parlamentario por excelencia, sin embargo su utilidad ha estado restringida a la sujeción de un procedimiento con mayoría calificada, última condición que con frecuencia no se puede lograr en la actual democracia de partidos, aunado a que en contadas ocasiones se ha hecho efectiva.
La moción de censura consiste en aquella votación calificada, emitida por el parlamento, a través de la cual se censura la actuación del gobierno, ya sea en su conjunto o respecto de algún ministro en particular. Los presupuestos causales, para presentar una moción de censura, son que los actos del gobierno sean violatorios de un precepto jurídico o que sus actos políticos sean inoportunos. La consecuencia de aprobar una moción de censura es la dimisión del gobierno en su conjunto o del ministro, según sea el caso. Para algunos autores el hecho relativo a que la moción de censura no alcance su objetivo, es decir, la dimisión del gobierno no significa que su formulación sea estéril, sino que en este caso se producirá un desgaste del gobierno u otras consecuencias que implicarán una responsabilidad política difusa o efectos mediatos. En ámbito parlamentario de otros países, la moción ha sido la característica más representativa del régimen parlamentario, al grado de ser punto de referencia del mismo en contra posición del régimen presidencial. Sin embargo, su aplicación ha sido muy limitada, debido a la actual democracia de partidos. En Inglaterra, desde 1894 hasta la fecha, sólo se han aprobado dos mociones de censura, la primera, en 1895 y, la segunda, en 1979. Mientras que en Francia, desde 1958 hasta la actualidad, sólo una en 1962, aunque se han presentado varias, sin que se hayan aprobado. En Alemania, una en 1982, en la Comunidad o Unión Europea, desde 1968, el Parlamento europeo cuenta con la facultad de presentar una moción de censura sobre la Comisión Europea, hasta el momento se han presentado cuatro mociones de censura, de las cuales ninguna se ha aprobado. A pesar que la moción de censura es la característica principal del sistema parlamentario, varios países de Latinoamérica la han consagrado recientemente a nivel constitucional; por ejemplo, la Constitución argentina de 1994 (art. 100, 101 y 102, en relación con la disposición transitoria duodécima), la Constitución boliviana de 1967
205
reformada en 1994, la Constitución colombiana de 1991 (art. 141, en relación con el 135), la Constitución paraguaya de 1992 (art. 194) y la Constitución peruana de 1993 (art. 132). En México no existe la moción de censura, ya que tenemos un sistema presidencial, sin embargo la misma se asemeja con el juicio político, regulado éste por el artículo 110 y 111 de la Constitución mexicana de 1917 vigente, así como por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982 (SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA LLAVE).”
Esta Iniciativa prevé incorporar la moción de censura mediante la
adición del artículo 36, cuyo contenido en el siguiente:
ARTÍCULO 36.- A petición de por lo menos una tercera parte de los miembros
del Congreso, se podrá proponer una moción de censura en contra de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, así como de los titulares e integrantes de Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a estas y Fideicomisos Públicos. Para aprobar la moción de censura se requerirá la mayoría de votos de los miembros presentes en caso de que el efecto sea el apercibimiento del funcionario; y cuando el efecto sea la remoción del cargo se requerirá el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. La moción de censura será discutida en una sola sesión. El servidor público sujeto a este procedimiento tendrá derecho a ser oído durante dicho debate. La votación no podrá llevarse a cabo en la misma sesión, ni con posterioridad a los siguientes siete días. En caso de no realizarse en este plazo, se tendrá por desechada y no podrá presentarse una nueva moción de censura dirigida al mismo funcionario, dentro de un año después. Las decisiones que determine en esta materia el Congreso del Estado son definitivas e inatacables.
Una vez comprendido el significado de moción de censura,
pasaremos al estudio y análisis de esta Iniciativa, para lo cual es
conveniente realizarlo primeramente en lo general, y posteriormente en
lo particular, analizando cada uno de sus párrafos, con el propósito de
contar con una visión amplia y específica del tema.
La exposición de motivos de esta Iniciativa encuentra su
justificación principalmente en el derecho comparado latinoamericano,
señalando en principio que nuestro país es el único que conserva
un sistema presidencialista tradicional, y que se ha quedado
rezagado en la adopción del tipo de controles que permitan una
206
mejor fiscalización y rendición de cuentas por parte de los
poderes públicos.
Lo manifestado por los inicialistas en esta parte de la exposición de
motivos tiene pertinencia, en virtud de que su propuesta es un
instrumento de control parlamentario, que se practica
preponderantemente en los regímenes parlamentarios, pero que en
Sudamérica la mayoría de los países han incorporado esta figura,
paralelamente con otros mecanismos de control, no obstante tener
regímenes presidenciales.
Sin pretender abordar el tema del Presidencialismo, porque no es
el objeto de este estudio, reproducimos los siguientes párrafos del
ensayo del Dr. Diego Valadés Ríos, investigador de la U.N.A.M.
denominado “Problemas y perspectivas del sistema presidencial
mexicano”, publicado en el libro CÓMO HACER QUE FUNCIONE EL SISTEMA
PRESIDENCIAL de Andrew Ellis J. Jesús Orozco Henríquez y Daniel Zovatto,
editado por la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO y el
INSTITUTO INTERNACIONAL PARA LA DEMOCRACIA Y LA ASISTENCIA
ELECTORAL ( México, 2009), con el propósito de que lo vinculemos al
problemas de la falta de suficientes controles parlamentarios en el régimen
presidencialista en vigor en nuestro país.
“Por eso es conveniente revisar la duración del periodo presidencial en
México. La razón es que ninguna de las causas que justificaron
extender el periodo de cuatro a seis años, en 1928, subsiste. Por el
contrario, en las condiciones cada día más competitivas de una
democracia en proceso de consolidación, el periodo sexenal puede
endurecer la vida política del país al aumentar los niveles de tensión y
antagonismo.
Quienes preconizan la conveniencia de adoptar el sistema
parlamentario señalan que una de sus más importantes ventajas
consiste en que los jefes de Gobierno carecen de periodos fijos. Esta
circunstancia permite modificar la composición del gobierno, según los
electores deseen ratificar o rectificar el rumbo de la política y evita uno
de los factores de rigidez del presidencialismo. Hay otro aspecto positivo
del parlamentarismo, también señalado por Linz, y consiste en que a
diferencia del sistema presidencial, en el parlamentario el jefe de
Gobierno no ocupa, por sí solo, todo el espectro del Poder Ejecutivo. En
cambio el triunfo en una elección presidencial genera una tendencia a
“tomarlo todo”: el gobierno al completo queda en manos del presidente y
de su grupo.
207
A diferencia del sistema parlamentario, en el que es posible convocar a
elecciones antes de que se agote la legislatura, el sistema presidencial
es rígido en cuanto al tiempo que debe durar un gobierno. Si los elec-
tores se equivocan o los candidatos los engañan, una vez realizada una
elección no queda más remedio que esperar hasta la siguiente, para la
que transcurren varios años. Entre tanto, los ciudadanos y los partidos
no tienen recursos para remediar su inconformidad, porque no hay
moción de censura para los ministros. Los gobiernos, a su vez, tampoco
pueden convocar nuevos comicios si se topan con un congreso adverso.
La experiencia política mexicana indica que se entra en un proceso de
rigidez que endurece las posiciones y acentúa la animosidad entre las
partes. Como no es viable acudir a los ciudadanos para dirimir las
diferencias, no queda otra opción que el encuentro frontal entre
oponentes, ni otro recurso que intentar la paralización recíproca o
incluso la anulación política. Por eso hay quienes consideran que el
sistema parlamentario ofrece mayores y mejores posibilidades de
estabilidad política, en tanto que es más flexible y poroso frente a las
demandas que en cada momento plantea el ejercicio del poder.
El periodo presidencial de seis años resulta largo en exceso para
canalizar y atenuar las presiones y tensiones de una política donde no
existen incentivos para el consenso. Este periodo presenta además otro
problema: obliga a que se lleve a cabo una elección intermedia para
renovar la Cámara de Diputados, con el riesgo para el gobierno de que
se configure una mayoría adversa a su partido. Las consecuencias de
este fenómeno no son fáciles de procesar por un sistema constitucional
tradicional.
Un periodo más breve, por ejemplo de cuatro años, permitiría que los
diputados, senadores y presidente de la República fueran elegidos
simultáneamente en todos los casos, evitando así la elección
intermedia. La aparente inquietación política que surgiría con motivo de
elecciones presidenciales más próximas entre sí, se vería compensada
por dos hechos importantes: evitar una elección intermedia para el
congreso, y disminuir el grado de virulencia entre los contendientes.
El periodo presidencial sexenal sólo subsiste en América Latina en
México y en Venezuela. Siete países han optado por cinco años:
Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay; los
otros nueve se rigen por cuatrienios: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y República Dominicana.
En seis de esos casos la prohibición de reelección es absoluta y en los
restantes se admite sólo de manera discontinua o sucesiva por una sola
vez. Desde luego, en el caso mexicano la reelección debe descartarse
para siempre, aun cuando se redujera el periodo presidencial.
208
La visión de Estado obliga a pensar en la estabilidad de las
instituciones; la visión de gobierno hace pensar sólo en el ejercicio
prolongado del poder. Ahí está el dilema. La consolidación democrática
de México requiere adecuaciones constitucionales importantes. Reducir
el periodo presidencial y preservar la elección en una vuelta son una
parte de ellas. También debe considerarse la adopción de
modificaciones análogas en los estados de la Federación, donde las
desviaciones caciquiles están haciendo progresos ostensibles.
No se trata, como resulta obvio, de modificaciones que puedan
adoptarse sin un intenso debate previo y sin quedar sujetas a los
normales procesos de ajuste que todo cambio institucional trae
aparejado. Es menester advertir que durante largas décadas se ha ido
fraguando una cultura política que aceptó como un hecho inmutable una
presidencia con poderes omnímodos; frente a esa cultura se
identifican hoy manifestaciones crecientes que exigen soluciones
institucionales razonables.
Lo anterior resulta interesante porque los periodos presidenciales
en los países sudamericanos son más cortos que en nuestro país, salvo
Venezuela que también son de 6 años, y por ello se requiere contar con
controles parlamentarios que acoten el poder del Ejecutivo y generen
los equilibrios necesarios, y sobre todo, corrijan las deficiencias e
incompetencias de los responsables de los órganos públicos.
No obstante lo anterior, como se explica en la exposición de
motivos, la mayoría de los países de esta región, en sus Constituciones
políticas prevén controles parlamentarios como son la rendición de
cuentas a través de informes o comparecencias de los funcionarios,
pudiendo ser interpelados y censurados; la existencia de Comisiones de
investigación en asuntos de la administración pública; acuerdos de falta
de confianza al servidor público; mociones de censura contra aquellos
funcionarios que demuestren incompetencia en el desempeño de sus
funciones; desafuero constitucional por faltas o delitos graves. Estas
son algunas de las herramientas con que cuentan los parlamentos para
tener un mayor control del Poder Ejecutivo y su administración.
En el siguiente ensayo “Alcance de los poderes presidenciales
en los países latinoamericanos” de J. Jesús Orozco Henríquez y
Daniel Zovatto, publicado en la misma obra referida con anterioridad,
tomamos un breve extracto para tener una visión más completa en
209
este punto del sistema político latinoamericano, y sirva de referente
para el análisis a realizar a la presente propuesta.
“…la institución de la moción de censura por parte del Legislativo, en
tanto que se prevé en doce Constituciones de la región, en el entendido
de que mientras en seis tiene como efecto la dimisión automática del
ministro censurado (Argentina, Colombia, Guatemala Perú, Uruguay y
Venezuela), en los seis restantes se encuentra sujeta a lo que decida el
presidente de la República (Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua,
Panamá y Paraguay). Como se recordará, esa diferencia en cuanto a
los efectos de la censura fue la que condujo a clasificar a los primeros
como presidencialismos parlamentarizados y a los segundos como
presidencialismos con matices parlamentarios. Asimismo, el hecho de
que las Constituciones de Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, México y
República Dominicana no contemplen la moción de cesura supuso la
razón esencial para considerarlos como sistemas presidenciales puros
e, incluso, respecto del último, debido a la preeminencia del Ejecutivo en
relación con los otros órganos del poder público, como presidencialismo
predominante.
Además, prácticamente todas las Constituciones de los dieciocho
países estudiados contemplan la facultad de los órganos legislativos de
requerir informes a los titulares de los ministerios o secretarías de
Estado e, incluso, de citarlos para que comparezcan ante el propio
Legislativo. En catorce países se prevé formalmente que se pueda
interpelar a los ministros: Argentina (sólo al jefe de Gabinete), Bolivia,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y
Venezuela.”
En el siguiente cuadro comparativo elaborado en base a la
investigación realizada en la obra referida “CÓMO HACER QUE
FUNCIONE EL SISTEMA PRESIDENCIAL”, se relacionan diversos
países sudamericanos, incluyendo nuestro país, con los mecanismos de
control parlamentario instituidos en sus ordenamientos jurídicos, en
donde podemos observar que la moción de censura está vigente en la
mayoría de estos países.
País
Moción de
censura
Requerimiento
de información y
comparecencia
Interpelaciones
Comisiones
de
investigación
210
Argentina
Sí
Art. 101, sólo del
Jefe de Gabinete
Sí
Arts. 71 y 101
Sí Art. 101
(Sólo al jefe de
Gabinete)
No
Bolivia
Sí Art. 158
No
Sí Art. 158
Sí Art. 158
Brasil
No
Sí Art. 58
No
Sí Art. 58
Chile
No
Sí Art. 48
No
Sí Art. 52
Colombia
Sí Art.135
Sí Art. 135
Sí Art. 135
Sí Art. 137
Costa Rica
Sí Art. 121
(decide el
presidente)
Sí Art. 121
Sí Art. 121
Sí Art. 121
Ecuador
Sí Art. 131
No
No
No
El Salvador
Sí Art. 131
(decide el
presidente)
Sí Art. 131 y 165
Sí Arts. 201 y
251
Sí Art. 131
Guatemala
Sí Art. 167
Si Arts. 166 y 168
Sí Art. 166
Sí Art. 171
Honduras
No
Sí Art. 251
Sí Arts. 205 y
251
Sí Art. 205
México
No
Sí Art. 93
No
Sí Art. 93
Nicaragua
Sí Art. 118
(decide el
presidente)
Sí Art. 138
Sí Arts. 138 y
151
Sí Art. 138
211
Panamá
Sí Art. 161
(decide el
presidente)
Sí Art. 161 y 198
Sí Art. 161
Sí Art. 161
Paraguay
Sí Art. 194
(decide el
presidente)
Sí Art. 192
Sí Art. 193
Sí Art. 195
Perú
Sí Art. 132
Sí Art. 129
Sí Art. 131
Sí Art. 97
República Dominicana
No
Si Art. 137
Sí Art. 37
No
Uruguay
Sí Arts. 147 y 148
Sí Art. 119
Sí Art. 119
Sí Art. 120
Venezuela
Sí Arts. 187 y 240
Sí Art. 222
Sí Art. 222
Sí Art. 222
Es importante acotar que los países enlistados tiene un sistema
político presidencialista, al igual que México, sin embargo en algunos
países encontramos que estos sistemas contienen elementos o rasgos
característicos con tendencia a los sistemas parlamentarios, como lo es
la moción de censura, permitiendo con esta herramienta destituir de
sus cargos a miembros del gabinete cuyo desempeño se considera
deficiente o por causas más graves. Así lo señalan algunos estudiosos
de estos temas como el Dr. Jorge Carpizo, en su ensayo
“Características esenciales del sistema presidencial e influencias para
su instauración en América Latina”.
“Existe tendencia en los sistemas presidenciales, especialmente en los
de América Latina, y desde su creación, a introducir matices o
instrumentos parlamentarios; tendencia que se ha venido fortaleciendo;
por ejemplo, actualmente, en varios países de la región, se aceptan
diversas modalidades de censura o falta de confianza al gabinete o a
los ministros individualmente; incluso en ciertas situaciones, en tres de
nuestros países, el presidente puede disolver el congreso. Esta última
institución, en la realidad, ha sido utilizada excepcionalmente, cuando
menos hasta ahora. También se ha venido creando la figura de jefe de
gabinete o premier. Al respecto el panorama es variado y disímbolo”.
(Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época. Vol. 8. 2007 (49-86)
212
En resumen, los diversos instrumentos de vigilancia y control en
manos de los parlamentos o Congresos son necesarios en cualquier
régimen político, sea con sistema parlamentario cuyas facultades de
control y censura es su característica, con las variantes y modalidades
que cada país le imprima, pero también en los sistemas
presidencialistas su exigencia es mayor en razón de que sus elementos
esenciales lo constituyen el poder unitario como Jefe de Estado y Jefe
de Gobierno; designa y remueve libremente a los Secretarios de Estado
y un número muy importante de servidores públicos; emite
reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes para el funcionamiento de
la administración del Estado; tiene la facultad de hacer valer el derecho
de veto, entre muchas atribuciones que las Constituciones y leyes le
otorgan.
Respecto del análisis en lo particular de esta Iniciativa,
destacaremos en principio que toda norma jurídica debe estar en
congruencia y correspondencia con la Ley Fundamental, esto de
conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, que establece el órden jerárquico del
sistema jurídico en nuestro país. De la revisión exhaustiva a este
ordenamiento supremo, la figura de moción de censura que los
inicialistas pretenden incorporar en la Constitución local, no contraviene
el sistema jurídico nacional, es decir lo sipuesto por la Carta Magna,
Convenciopnes Internacionales y leyes federales aplicables, así como
las Tesis de Jurisprudencia aplicables.
Este medio de control no invade, violenta o perturba las facultades
y atribuciones del Poder Ejecutivo Estatal previstas en la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California,
específicamente, las estipuladas en su artículo 49, que en obvio de
repeticiones tómese como si a la letra estuviere inserto su contendo;
aún más, se encuentra en armonía con el Título Octavo, Capítulo Único,
De las responsabilidades de los servidores públicos, cuyos artículos 91,
92, 93, 94 y 95 establecen las bases para que el Congreso del Estado
expida la normas relativas a sancionar las conductas de los servidores
públicos que cometan actos que afecten la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia. Asimismo, marca el procedimiento para
fincar responsabilidad política y administrativa a los servidores públicos
indicados en estos dispositivos.
213
A manera de cotejo, es pertinente plasmar los artículos
constitucionales relativos a las resonsabilidades de los servidores
públicos.
TÍTULO OCTAVO
CAPÍTULO ÚNICO
DE LAS RESPONSABILIDADES
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
ARTÍCULO 91.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este
Título se reputarán como servidores públicos los representantes de elección
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los funcionarios y empleados; y,
en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de
cualquier naturaleza en la Administración Pública Estatal o Municipal, quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño
de sus respectivas funciones.
El Gobernador del Estado durante el tiempo de su encargo solo podrá ser
acusado por delitos graves del orden común.
ARTÍCULO 92.- El Congreso del Estado, dentro de los ámbitos de su
competencia, expedirá la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes teniendo este
carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes
prevenciones:
I.- Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el Artículo
93 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el
ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en
perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II.- La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será
perseguida y sancionada en los términos de la penal.
III.- Se aplicarán las sanciones administrativas a los servidores públicos por los
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y
eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola
conducta sanciones de la misma naturaleza.
Las leyes determinarán los casos y circunstancias en las que se deba sancionar
penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que
214
durante el tiempo de su encargo o por motivos del mismo, por sí o por
interpósita persona, aumenten substancialmente su patrimonio, adquieran
bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos cuya procedencia no pudiesen
justificar.
La Ley penal sancionará con el decomiso y con la privación de la propiedad de
dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el
Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere el presente
Artículo.
La resolución emitida por el Congreso estará investida de soberanía, por lo que
será definitiva e inatacable.
ARTÍCULO 93.- Podrán ser sujetos de Juicio Político los Diputados del
Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de
la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Oficial Mayor del
Gobierno del Estado, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado,
Procurador General de Justicia del Estado, Procurador de los Derechos
Humanos, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Jueces,
Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales y demás miembros
de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores
Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas
de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y
Fideicomisos Públicos.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su
inhabilitación para desempeñar funciones, cargos o comisiones de cualquier
naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el Congreso
del Estado, a través de una comisión de su seno instruirá, el procedimiento
respectivo que concluirá en proposiciones concretas sobre la responsabilidad
del inculpado previa audiencia de éste.
El Congreso del Estado concurriendo cuando menos las dos terceras partes del
número total de sus miembros, se erigirá en Jurado de Sentencia una vez
practicadas las diligencias correspondientes con audiencias del acusado, emitirá
el fallo correspondiente tomado por acuerdo de las dos terceras partes del
número total de diputados. En ese caso no votarán quienes hayan integrado la
Comisión Instructora.
Las resoluciones que emita el Congreso del Estado, serán en ejercicio pleno de
su soberanía, y por lo tanto, resolverá en forma libre y discrecional. Dichas
resoluciones serán definitivas e inatacables, por lo que no procederá juicio,
recurso o medio de defensa ordinario o extraordinario alguno en contra de las
mismas.
215
ARTÍCULO 94.- Para proceder penalmente contra el Gobernador, los Diputados
del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros
de la Judicatura del Estado, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Secretario General de Gobierno, Procurador General de Justicia
del Estado, Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los
Ayuntamientos del Estado, por la comisión de delitos durante el tiempo de su
encargo el Congreso declarará por mayoría calificada de sus integrantes si se
trata del Gobernador o Presidentes Municipales, o por mayoría absoluta de
miembros presentes en sesión cuando se refiera a los demás Servidores
Públicos aquí mencionados, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la resolución del Congreso fuese negativa se suspenderá todo procedimiento
ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del
delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio de su
encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a
disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la
Ley.
En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados del Poder
Judicial del Estado y Consejeros de la Judicatura del Estado, sean declarados
responsables en Juicio Político por la Cámara de Senadores del Congreso de la
Unión o sujetos de declaración de procedencia por la Cámara de Diputados del
mismo Congreso, la Legislatura del Estado determinará las sanciones de las
señaladas en el Artículo 93 que deban imponerse al acusado si se está en el
primer caso, o decretará la separación del Servidor Público de que se trate del
cargo que ocupa y lo hará saber así a la Autoridad que haya solicitado la
remoción del Fuero Constitucional.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será
separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal.
Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido
durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público
no se requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación penal, y tratándose de delitos de cuya comisión el autor obtenga un
beneficio económico o cause daños y perjuicios patrimoniales, deberán
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios
obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
216
ARTÍCULO 95.- No se requerirá declaración de procedencia del Congreso del
Estado cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el
Párrafo Primero del Artículo 94, cometa un delito durante el tiempo en que se
encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido
nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los
enumerados por el Artículo 94, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en
dicho precepto.
Las Leyes sobre Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos,
determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos,
cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que
incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas
sanciones, además de las que señalen las Leyes, consistirán en suspensión,
destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas y deberán
establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el
responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u
omisiones a que se refiere la Fracción III del Artículo 92 pero que no podrán
exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios
causados.
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad
administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, será
objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.
El procedimiento de juicio político solo podrá iniciarse durante el período en el
que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las
sanciones correspondientes se aplicarán en un período no mayor de un año a
partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo de su encargo por
cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de
prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres
años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público
desempeñe alguno de los encargos a que hace referencia el Artículo 94.
La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa
tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos u omisiones a que
hace referencia la Fracción III del Artículo 92. Cuando dichos actos u omisiones
fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.
Por otra parte, un tema relevante que se desprende de la misma
propuesta es lo relativo a que la moción de censura es una herramienta
de control parlamentario muy importante a ejercer por el Congreso del
217
Estado respecto de la administración pública estatal y municipal, y su
incorporación en el sistema normativo exige la certidumbre jurídica y
las garantías de todo proceso.
El tema sustantivo en forma específica es la comisión de hechos,
conductas o actos realizados por los servidores públicos en el
desempeño de sus funciones por los cuales se justifique la presentación
de la moción de censura en su contra. Sabemos que un derecho
fundamental de las personas es el de la seguridad jurídica el cual se
plasma preponderantemente en la parte relativa de los derechos
humanos, reconocida también como garantías individuales, de la
Constitución General de la República, principalmente en los artículos
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Asimismo, en las
Convenciones Internacionales de las que el Estado mexicano es parte,
como son la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto
de los Derechos Civiles y Políticos. La seguridad jurídica también está
garantizada en las diversas tesis aisladas y de jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, como también en los principios
generales de derecho.
Lo anterior es pertinente porque no obstante que la Iniciativa no
señala hechos, causas, actos, omisiones, hipótesis o supuestos por los
cuales un servidor público podrá ser sujeto a la moción de censura por
parte del Congreso del Estado, es dable su incorporación a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en
virtud de que en ésta se establecen los principios y conceptos
funfamentales que rigen la vida política, social y económica de una
nación, así como la organización del poder político, garantizando el
funcionamiento de un Estado mediante la racionalización del ejercicio y
limitación del poder. En el caso particular, la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, establece esos mismos
principios, conceptos e Instituciones fundamentales para el desarrollo
en todos sus ámbitos.
El ilustre político y abogado Ferdinand Lassalle señalaba que la
Constitución es la suma de los factores reales de poder de un país.
Dichos factores son decisivos para estructurar y permitir el
funcionamiento de un Estado, así como para mantener vigente el
sistema jurídico, puesto que participan en su creación.
Asimismo, el jurista y teórico Jorge Jellinek, nos brinda los rasgos
esenciales de la Constitución en las siguientes líneas: “Cualquier tipo de
218
Unión que pretenda perdurar precisa de un ordenamiento que haya
delimitado su ámbito y regulado la condición de sus miembros. Un
ordenamiento de estas características se denomina Constitución. De ahí
que todo Estado disponga necesariamente de una Constitución. Según
lo anterior, la Constitución contiene, por regla general, las normas
jurídicas que caracterizan los órganos supremos del Estado, establecen
la forma de crearlos, sus relaciones recíprocas y sus áreas de
influencia, además de la posición fundamental del individuo respecto al
poder estatal”.
De acuerdo al jurisconsulto Konrad Hesse, “La Constitución es el
orden jurídico fundamental de la Comunidad. La Constitución fija los
principios rectores con arreglo a los cuales se debe formar la unidad
política y se deben asumir las tareas del Estado. Contiene los
procedimientos para resolver los conflictos en el interior de la
Comunidad. Regula la organización y el procedimiento de formación de
la unidad política y la actuación estatal. Crea las bases y determina los
principios del orden jurídico en su conjunto”.
Agrega Hesse que, “En cuanto orden jurídico fundamental de la
Comunidad, la Constitución no se limita a la ordenación de la vida
estatal. Sus normas abarcan también -de forma especialmente clara
en garantías tales como las del matrimonio y la familia, la propiedad, la
educación o la libertad del arte y la ciencia- las bases de la ordenación
de la vida no-estatal”.
Así, la Constitución, en su calidad de norma suprema, es el
andamiaje que sostiene al sistema jurídico de la nación. Y tratándose
de las entidades federativas que conforman la República Mexicana, sus
Constituciones son el marco normativo de todo el sistema jurídico local,
cuyo contenido debe estar en congruencia con el texto de aquella y con
las Convenciones Internacionales celebradas por nuestro país.
En consecuencia, la figura de moción de censura que los inicialistas
pretenden introducir en el cuerpo de la Constitución local, no requiere
señalar o enlistar las causas o hipótesis por las cuales procederá, ya
que éstas se establecerán en las leyes o normas secundarias. Ejemplo
de ello es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Baja California, que es reglamentaria del Título Octavo,
Capítulo Único, “De las responsabilidades de los servidores públicos”, la
cual regula las causas por las cuales procede el juicio político de
determinados servidores públicos, el procedimiento del juicio de
219
procedencia, las obligaciones y prohibiciones del servidor público, las
sanciones administrativas correspondientes, así como los recursos de
defensa con que cuenta el servidor público sujeto al procedimiento
sancionador.
ARTICULO 9.- Es procedente el Juicio Político, cuando en el ejercicio de sus
funciones los servidores públicos, incurran en actos u omisiones que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho,
por las siguientes causas:
I.- El ataque a las instituciones democráticas, cuando cause perjuicios graves al
Estado o motive trastorno en el funcionamiento de las mismas;
II.- El ataque a la forma de Gobierno Republicano, Representativo y Popular del
Estado; así como a la organización política y administrativa de los Municipios;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales;
IV.- Las violaciones graves y sistemáticas a los planes, programas y
presupuestos de la Administración Pública Estatal o Municipal y demás
normatividad aplicable en la recaudación, manejo, administración y aplicación
de los recursos económicos del Estado o Municipios, incluyendo los recursos
públicos provenientes de convenios o acuerdos concertados con la Federación;
V.- El ataque a la libertad del sufragio;
VI.- La usurpación de atribuciones,
VII.- Cualquier acción u omisión en contra de la Constitución Política del Estado
o de las Leyes Estatales que atente contra el patrimonio o se cause perjuicios
graves a la Administración Pública Estatal o Municipal o motive algún trastorno
en el funcionamiento normal a las instituciones; y,
VIII.- Por violación a los reglamentos estatales o municipales que altere la
estabilidad política o administrativa del Estado o Municipio respectivo, atente
contra su patrimonio o interfiera la prestación de los servicios públicos
municipales.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
De esta manera se garantiza la seguridad jurídica de los servidores
públicos al establecerse las causas por las cuales pueden ser sometidos
al régimen de responsabilidades, en este caso, mediante juicio político.
Incluyéndose también, como se ha señalado, las causas por las cuales
se pueden aplicar las sanciones administrativas que correspondan por
las faltas cometidas.
220
A nivel federal, la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, reglamentaria del título cuarto de la Constitución
General de la República en materia de responsabilidades, establece las
causales de manera más específica para la instauración del juicio
político a los servidores cuyo actuar los coloque en esas hipótesis.
ARTÍCULO 6o.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. ARTÍCULO 7o.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos
fundamentales y de su buen despacho:
I.- El ataque a las instituciones democráticas;
II.- El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal;
III.- Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o
sociales;
IV.- El ataque a la libertad de sufragio;
V.- La usurpación de atribuciones;
VI.- Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando
cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la
misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento
normal de las instituciones;
VII.- Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción
anterior; y
VIII.- Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y
presupuestos de la Administración Pública Federal o del Distrito Federal
y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos
federales y del Distrito Federal.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
El Congreso de la Unión valorará la existencia y gravedad de los actos u
omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan
carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que
alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.
221
Como se aprecia, en las leyes reglamentarias del orden local y
federal se especifican las causas por la que procede iniciar juicio político
contra los servidores públicos, generando certidumbre jurídica para el
gobernado y a los órganos responsables de su aplicación. Al primero,
porque está en conocimiento de que la realización de determinadas
acciones u omisiones en su desempeño con ese carácter se le puede
instituir juicio político en su contra; y al segundo, porque le delimita el
marco de aquellas acciones u omisiones realizadas por los servidores
públicos susceptibles de juicio político, evitando la discrecionalidad o
toma de decisiones arbitrarias que causen un daño mayor al propio
Estado, que lo que se pretenda corregir. En el mismo sentido, la
moción de censura que a rango Constitucional se establecezca, se
reglamentará su ejercicio en la norma secundaria correspondiente,
respetando en todo momento las garantías de legalidad y seguridad
jurídica, contenidas en su expresión genérica en los artículos 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
ELIMINAR EL JUICIO POLÍTICO PARA DETERMINADOS
SERVIDORES PÚBLICOS.
Esta Iniciativa consiste en eliminar este procedimiento de juicio
político cuando se trate de los Titulares de las Dependencias del
Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario General de Gobierno, así como
a los Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos
Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y
Asociaciones asimiladas a estas y Fideicomisos Públicos. Esto en virtud
de que para estos servidores públicos se les podrá instituir la moción
censura.
El marco jurídico federal en materia de responsabilidad de los
servidores públicos para las entidades federativas está previsto en los
artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, para lo cual se transcriben.
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude
este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes
de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del
222
Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión
de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o
en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el
desempeño de sus respectivas funciones.
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo
podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden
común.
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas
Locales, los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia
Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las
Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones a esta
Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo
indebido de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en
los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los
efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores
públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los
Estados y en los Municipios.
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los
Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias,
expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores
públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes,
teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas
en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en
actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses
públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público
será perseguida y sancionada en los términos de la legislación
penal; y
223
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores
públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en
el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una
sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se
deba sancionar penalmente por causa de enriquecimiento ilícito a los
servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos
del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten substancialmente
su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre
ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de
dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las
conductas a las que se refiere el presente artículo.
Como se aprecia, la Iniciativa pretende que el procedimiento de
juicio político pueda instaurarse en contra de los servidores públicos
que señala la Constitución federal y la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, dejando fuera de este
procedimiento a los servidores públicos que no se incluyen en los
ordenamientos federales.
La justificación de esta propuesta, está señalada al final del mismo
párrafo en los siguientes términos: “…no procederá el juicio
político, únicamente se les podrá fincar responsabilidad política
por medio de la moción de censura.” Y de conformidad con el
estudio y análisis de la propuesta de incorporar la figura de moción de
censura elaborado con antelación en este mismo proyecto, se ha
concluido que es procedente en virtud de no estar en oposición con el
sistema jurídico nacional y local.
En este sentido, la propuesta se ciñe a lo estipulado en la norma
fundamental y a su ley reglamentaria, resultando por ello legalmente
procedente.
224
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
REFORMA AL PROCESO DE DECLARACIÓN DE
PROCEDENCIA.
La presente Iniciativa consiste en modificar las reglas de la
declaración de procedencia previsto en los artículos 94 y 95 de la
Constitución Política del Estado de Baja California.
Es conveniente, previo al análisis de esta propuesta, comprender
mejor el significado de juicio de procedencia con la ayuda del
Diccionario Universal de Términos Parlamentarios editado por la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, reproducimos la parte
que nos interesa.
“II. El término declaración de procedencia, antes denominado fuero constitucional es conocido con el mismo sentido de constituir una garantía en favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades, en virtud de la cual su enjuiciamiento se halla sometido a jueces especiales. III. Término introducido en el capítulo IV de la Constitución vigente en la reforma de 1982 que pretendió eliminar del vocabulario político el término de "fuero constitucional" (vid. infra, fuero constitucional). La declaración de procedencia se aplica para dar curso al procedimiento de responsabilidad penal en que posiblemente incurran los servidores federales que enuncia el artículo 111 constitucional, así como contra los gobernadores, diputados y magistrados de las entidades federativas, cuando incurriesen en delitos federales. La declaración se refiere a la manifestación y examen que hace el Congreso de la Unión de los hechos presumiblemente delictivos cometidos por alguno de los servidores públicos enumerados, con el objeto de que las acusaciones temerarias o sin fundamento no procedan contra el servidor durante el periodo de su encargo y pueda así desempeñarse libremente en el ejercicio de su función sin presiones por parte de acusaciones falsarias. Por otra parte, la Constitución establece claramente que la no declaración de procedencia no equivale a una exculpación del acusado, sino que suspende la tramitación de las etapas procesales correspondientes, las cuales pueden reanudarse, sin afectar las reglas de caducidad o prescripción, una vez que el servidor hubiese dejado el cargo público que venía desempeñando. La declaración de procedencia sólo es necesaria tratándose de imputaciones de responsabilidad penal, mas no así en cuanto a la responsabilidad civil ni equivale a la acusación de la responsabilidad política que la Cámara de Diputados hace ante el Senado, en el
225
procedimiento de juicio político marcado en el artículo 110 constitucional. La declaración de procedencia constituye un decreto de la Cámara de Diputados que afecta la situación de un servidor público suspendiéndolo de su función y sometiéndolo a la autoridad del juez de distrito en materia penal que conoce del asunto. El momento procesal idóneo para solicitar la declaración de procedencia es cuando la averiguación previa se ha integrado y el ministerio público federal ha procedido a consignar al servidor inculpado ante el juez de distrito correspondiente, para que éste decida pedir la declaración respectiva. La responsabilidad penal no se prueba con la aceptación de declarar la procedencia por parte de la Cámara de Diputados, sino que esta acción constituye tan sólo la verificación de que los hechos imputados presumiblemente inculpan al servidor público y de que las etapas de la procuración de justicia han sido debidamente conducidas sin privar al servidor de sus garantías.”
Destacamos de esta definición las disposiciones jurídicas en
materia de declaración de procedencia a nivel federal, cuyos requisitos
están señalados en el artículo 111 de la Constitución General de la
República, y en el título segundo, capítulo tercero de la Ley Federal de
las Responsabilidades de los Servidores Públicos. A nivel local, se
prevén los requisitos de procedencia en el artículo 94 y 95 de la
Constitución, así como en el título segundo, capítulo tercero de la Ley
de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja
California.
Del estudio y análisis del texto propuesto, se advierte que no
existe contradicción con lo estipulado en los artículos 109 y 110 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; tampoco
contradice el marco legal aplicable en esta materia contenido en la
Constitución Política del Estado de Baja California.
En este tema es importante acotar que la declaración de
procedencia es una figura distinta al juicio político. El primero se
instaura para determinar si al servidor público que goza de fuero se le
separa o no del cargo por la posible comisión de delitos, a fin de que
sin la protección del fuero constitucional las autoridades competentes
procedan en su contra. El juicio político es un procedimiento que se
desahoga al seno del Congreso de la Unión o de las legislaturas
estatales, con el fin de sancionar a determinados servidores públicos
cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones
226
que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de
su buen despacho.
La aclaración anterior es pertinente para determinar qué órganos
públicos son los facultados para ejecutar estos procedimientos del juicio
político y la declaración de procedencia (también denominado juicio de
procedencia o desafuero), en virtud de las características propias de
cada uno.
En cuanto al juicio político, la Ley fundamental establece en su
artículo 109, fracción I, lo siguiente:
Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias,
expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones: I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
Hemos subrayado las frases medulares, pero analizando todo el
texto, se indican los siguientes imperativos:
A) Todos los Estados de la República deben contar con Leyes de
responsabilidades de los servidores públicos;
B) Sancionar a los servidores públicos que incurran en
responsabilidad;
C) Para las sanciones a los servidores se deben establecer
determinadas prevenciones; y
D) Dentro de las prevenciones para sancionar a los servidores públicos se exige la instauración del juicio político.
De lo anterior, queda claro que la regulación del juicio político en
los ordenamientos estatales es de carácter obligatorio. Lo regulan todos
los Estados en términos similares al orden jurídico federal y con la
misma denominación, con excepción del Estado de Colima que lo
denomina “acción popular”, pero que en esencia se trata de un juicio
político.
227
En la Constitución local, el primer párrafo del artículo 93 señala
textualmente:
ARTÍCULO 93.- Podrán ser sujetos de Juicio Político los Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario General de Gobierno, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del Estado, Procurador General de Justicia del Estado, Procurador de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos Municipales y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos.
Asimismo, la fracción XXXV del artículo 27 del mismo
ordenamiento local, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
XXV.- Erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político
de las faltas u omisiones que cometan los servidores públicos y que
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su
buen despacho, en los términos del Artículo 93 de esta Constitución;
Con lo anterior, también es irrebatible el hecho de que el juicio
político debe ser desahogado por el Poder Legislativo, sin la
intervención de ningún otro órgano, e imponer las sanciones previstas
en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, artículo 93 segundo párrafo de la Constitución Política del
Estado de Baja California, así como en el artículo 11 de la Ley de
Responsabilidades del Estado de Baja California.
Respecto de la declaración de procedencia la Constitución
General de la República no exige para las entidades federativas un
procedimiento determinado, un plazo que deba cumplirse, así como
tampoco define al órgano que deba aplicarlo, a diferencia del juicio
político, y sólo establece lo siguiente:
Artículo 111. Para proceder penalmente contra los diputados y
senadores al Congreso de la Unión…
…
…
…
228
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los
Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y, en su caso, los
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se seguirá el
mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este
supuesto, la declaración de procedencia será para el efecto de que se
comunique a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus
atribuciones procedan como corresponda.
Como se observa, únicamente en tratándose de delitos federales
la Cámara de Diputados resolverá en su declaración de procedencia que
“se comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio
de sus atribuciones procedan como corresponda”. No se define en
la Ley fundamental qué corresponde que hagan las legislaturas locales.
Aunque, como hemos explicado, sí existe la obligación constitucional de
que los Estados tengan leyes para exigir las responsabilidades a los
servidores públicos en el ámbito estatal, pero no hay una definición del
efecto que puede tener la declaración de procedencia por delitos
federales cometidos por servidores públicos locales, de manera deben
ser las legislaturas estatales quienes deben regular el procedimiento en
esta materia.
En el tema del debate sobre la declaración de procedencia, se
reproduce un extracto del estudio “El Sistema Constitucional de
Responsabilidades en México. Juicio Político y Desafuero” del jurista y
político Eduardo Andrade Sánchez.
“Naturaleza jurídica del proceso para la declaración de procedencia.-
Nuestro connotado constitucionalista (Mtro. Tena Ramírez) reconoce
que hay una “apreciación de los hechos” que realiza la Cámara de
Diputados y admite la posibilidad de que los presupuestos que la
Constitución señala para la actuación de las Cámaras queden
sometidos a control jurisdiccional. De esta manera se corrobora la
existencia de un conjunto de presupuestos legales que deben ser
cumplidos durante el proceso y que la Cámara no actúa en el ámbito de
la absoluta discrecionalidad política, sino sujeta a un marco jurídico de
carácter procesal para emitir finalmente un juicio, por virtud del cual
puede modificarse la situación jurídica de un funcionario de manera tan
radical que deje de ejercer la función. El acto de la Cámara no es
equivalente a la decisión discrecional del titular del Ejecutivo de remover
a un Secretario de Estado; ése si es un acto meramente administrativo
que no requiere la verificación de ningún hecho atribuible al servidor
público ni está sujeto a normas procesales, pero la Cámara no remueve
229
libremente a un funcionario cuando decide sobre su desafuero, ya que
debe cumplir determinados requisitos procedimentales.
Pero admitamos por un momento, aunque sea como hipótesis de
trabajo, que la regulación constitucional anterior a 1982 pudiese ser
interpretada en el sentido de que la Cámara no desarrolla una labor
jurisdiccional cuando resuelve si procede o no acusar penalmente a un
funcionario. Habría que preguntarse si prevalece la misma situación en
el régimen vigente y la respuesta tiene que ser absolutamente negativa.
Debemos recordar que el régimen de responsabilidades establecido a
partir de 1982 se dio a raíz de una reforma constitucional que, junto con
los cambios al texto de los artículos 108 a 114 de la Carta Magna,
incluyó una nueva Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos que se remitió al Congreso de manera simultánea con la
iniciativa de modificaciones constitucionales.
La mencionada LFRSP prevé un procedimiento muy detallado que
elimina cualquier posibilidad de considerar la resolución de la Cámara
como un acto de índole política para convertirlo en un juicio respecto de
cuestiones jurídicamente muy concretas como son la existencia de un
delito y la probable responsabilidad del funcionario al que se le imputa el
mencionado delito. El proceso que se sigue ante la Cámara tiene que
ceñirse a las formalidades de un procedimiento jurisdiccional y la
autoridad competente, que es la Sección Instructora, debe valorar
jurídicamente las pruebas aplicando criterios propios del Derecho
Procesal Penal e incluso las normas de éste se aplican con carácter
supletorio.
La mayoría de la Sección Instructora de la LVIII Legislatura en sus
resoluciones ha insistido en la antigua tesis de que se trata de un mero
acto administrativo, pero desconoce el contenido expreso de la LFRSP
según el cual está obligada a pronunciarse sobre puntos de naturaleza
penal como la existencia del delito y la probable responsabilidad del
inculpado y debe señalarlo así en su dictamen.
Podría argüirse que debe prevalecer el texto constitucional del artículo
111 según el cual la resolución de la Cámara “no prejuzga los
fundamentos de la imputación”, pero nos encontramos aquí con una
situación paradójica, la Constitución previene que la resolución no
prejuzga sobre los fundamentos de la imputación, pero la ley
reglamentaria que rige el procedimiento que aplica la Sección
Instructora conlleva la necesidad de establecer una valoración de la
conducta o los hechos que son materia de la denuncia y si la Sección
Instructora basándose en las constancias que obren en el expediente
llega a la conclusión por ejemplo, de que el delito no existe o el
230
procesado no participó en él, tiene que aludir a estas circunstancias
legalmente previstas.
Resulta pues incontrovertible, bajo la regulación jurídica actual del
régimen de responsabilidades, la naturaleza plenamente jurisdiccional
del proceso por el que la Cámara de Diputados declara si ha o no lugar
a proceder penalmente contra un servidor público y la condición de
“juicio” que tiene el mencionado proceso. Para constatar estos extremos
es necesario cuestionarnos acerca de la esencia de los actos que
desarrolla la Cámara y los efectos que los mismos producen.
El plazo para desahogar el juicio de procedencia es importante
porque genera certidumbre jurídica y evita la discrecionalidad, por ello
resulta conveniente establecer la duración de este procedimiento
considerando que no tiene carácter jurisdiccional sino estrictamente
político, y por lo tanto, requiere que el mismo sea resuelto en un
tiempo breve y razonable.
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
En cuanto al segundo grupo de los temas en materia político-
electorales, comenzaremos por analizar la primera propuesta.
CREACIÓN DEL DISTRITO ELECTORAL XVII CON
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE
PLAYAS DE ROSARITO.
Para esta propuesta se prevé reformar el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado, con el fin de crear un nuevo distrito
electoral con circunscripción exclusiva en el municipio de Playas de
Rosarito, y en consecuencia, modificar la integración del Congreso del
Estado respecto del número de diputados que serán electos mediante el
principio de mayoría relativa, aumentando de 16 a 17, y disminuyendo
los diputados de representación proporcional, de 9 a 8, cuyo contenido
es el siguiente:
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por Diputados
que se elegirán cada tres años; electos mediante sufragio universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible; diecisiete serán electos
en forma directa mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada
231
Distrito Electoral en que se divida el territorio del Estado, y en su caso,
hasta ocho Diputados electos por el principio de representación
proporcional en una circunscripción estatal. Por cada Diputado
Propietario se elegirá un Suplente.
Esta iniciativa para aumentar una diputación de mayoría relativa,
implica forzosamente crear un nuevo distrito electoral, en este caso se
propone que sea el Distrito Electoral XVII del Estado de Baja California,
cuya circunscripción territorial corresponderá exclusivamente al
municipio de Playas de Rosarito, y que actualmente la circunscripción
de este municipio está comprendida en el Distrito Electoral XVI, mismo
que comparte una parte con el municipio de Tijuana.
La justificación que los inicialistas esgrimen en su exposición de
motivos para crear este nuevo distrito, es que la densidad poblacional
del municipio de Playas de Rosarito requiere una representación propia
y exclusiva, aunado al hecho de su ubicación geográfica y su relativa
nueva vida municipal. Se establece en el propio documento lo
siguiente:
“Lo anterior es plenamente alcanzable, porque la densidad poblacional
de la ciudad de Playas de Rosarito así lo requiere, ya que de las
189,921 personas en la lista nominal que tiene el Distrito XVI de Baja
California, distribuido entre los municipios de Tijuana y Playas de
Rosarito, 69,277 personas de ellas tienen su residencia en esta última
ciudad, lo que genera un municipio fuerte y pujante, que requiere de
una representación propia y exclusiva para su población.”
Los datos que señalan los inicialistas respecto del número de
ciudadanos en el listado nominal del Distrito XVI y del Municipio de
Playas de Rosarito, son coincidentes con los que se exhiben en el portal
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja
California con corte al 31 de marzo de 2010, los cuales son los
siguientes:
Municipio
Distrito
Padrón
Lista
%
1 XIV 148,482 147,836 99.56
1 XV 178,019 177,171 99.52
ENSENADA 326,501 325,007 99.54
2 I 96,196 95,837 99.63
232
2 II 99,592 99,837 99.61
2 III 83,411 83,106 99.63
2 IV 151,847 151,249 99.61
2 V 94,050 93,671 99.60
2 VI 153,402 152,668 99.52
MEXICALI 678,498 675,733 99.59
3 VII 75,382 75,105 99.63
TECATE 75,382 75,105 99.63
4 VIII 168,127 167,447 99.60
4 IX 114,674 114,331 99.70
4 X 145,159 144,585 99.60
4 XI 170,952 170,446 99.70
4 XII 119,859 119,473 99.68
4 XIII 328,834 327,838 99.70
4 XVI 121,166 120,644 99.57
TIJUANA 1,168,771 1,164,764 99.66
5 XVI 69,605 69,277 99.53
PLAYAS DE ROSARITO 69,605 69,277 99.53
Distrito XVI 190,771 189,921 99.55
ESTADO 2,318,757 2,309,886 99.62
Pero es necesario conocer los datos más actualizados de los
ciudadanos inscritos en el padrón electoral proporcionados por la
misma institución electoral, los cuales se generaron con corte al 1º de
enero del 2011, siendo estos los siguientes:
Municipio Distrito
Padrón
Lista
Nominal %
2 I
96.695 78.228 80,90
2 II
100.221 83.172 82,99
2 III
83.056 67.314 81,05
2 IV
158.573 141.249 89,08
4 IX
114.014 90.303 79,20
2 V
95.908 79.078 82,45
2 VI
159.677 142.685 89,36
3 VII
77.423 67.554 87,25
4 VIII
172.938 147.365 85,21
4 X
146.198 124.130 84,91
4 XI
173.079 151.223 87,37
4 XII
119.344 97.118 81,38
4 XIII
344.520 318.912 92,57
233
1 XIV
152.168 132.483 87,06
1 XV
183.137 163.007 89,01
4 XVI
126.053 111.463 88,43
5 XVI
72.282 66.237 91,64
Total 2.375.286 2.061.521 86,79
Municipio
Padrón Lista Nominal %
Ensenada
335.305 295.490 88,13
Mexicali
694.130 591.726 85,25
Tecate
77.423 67.554 87,25
Tijuana
1.196.146 1.040.514 86,99
Playas de Rosarito
72.282 66.237 91,64
Total
2.375.286 2.061.521 86,79
Estos datos son muy importantes, en virtud de que la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California
establece los requisitos que se deben tomar en cuenta para realizar la
división territorial del Estado en distritos electorales, en cuyo artículo
213 señala lo siguiente:
ARTÍCULO 213.- Para los efectos de dividir territorialmente al Estado,
en Distritos y Secciones Electorales, la Dirección General del Instituto
Electoral podrá formular un proyecto de división territorial, atendiendo
los criterios de carácter técnico, geográficos, demográficos y procurando
equilibrar el número de electores por distrito a la media estatal. En caso
de que un Municipio cuente con más del cincuenta por ciento del
promedio que resulte de dividir el total de electores del Padrón Electoral
entre los dieciséis distritos, tendrá derecho a un distrito electoral
circunscrito a su ámbito Municipal.
Es de apreciarse que este artículo establece un aspecto medular
que es el demográfico, procurando equilibrar el número de electores
por distrito a la media estatal; y para el caso de aquel municipio que
deba contar con un distrito electoral circunscrito a su ámbito territorial,
debe cumplir con el número de ciudadanos inscritos en el padrón
electoral que determina la fórmula prevista en la misma norma.
De conformidad con esta fórmula, debemos dividir el total de
electores del padrón electoral del Estado de Baja California, entre los
16 distritos electorales. De este resultado, y de acuerdo a una regla
simple de 3, que consiste en dividir el promedio estatal con el padrón
234
electoral del Municipio de Playas de Rosarito y multiplicar el resultado
por 100.
En la aplicación de la fórmula con los datos más actualizados del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana que hemos señalado,
obtendremos la siguiente operación:
2,375,286 (padrón electoral)
_________________________ = 148,455 (promedio estatal)
16 (distritos electorales)
148,455 (promedio estatal)
_________________________ X 100% = 48.68%
72,282 (Playas de Rosarito)
Como se constata, una vez aplicada la fórmula, el Municipio de
Playas de Rosarito está muy cerca de cumpir con el mínimo de
ciudadanos inscritos en el padrón electoral que debe ser más del 50%
del promedio de la media estatal, llegando a un máximo de 48.68%,
sin embargo, el aumentar un diputado por el principio de mayoría
relativa, no implica que necesariamente deba ser exclusivo del
Municipio de Playas de Rosarito, porque esta decisión le compete al
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a través del órgano
superior normativo, de conformidad con el dispositivo 145 del
ordenamiento electoral vigente, como podemos apreciar.
ARTÍCULO 145.- El Consejo General tendrá las siguientes
atribuciones
XVI. Ordenar y aprobar en su caso, el proyecto que formule la Dirección General del Instituto Electoral, sobre la división del
territorio del Estado en distritos electorales;
Esta fórmula tiene estrecha vinculación con el equilibrio que debe
existir de los electores por distrito electoral, y como se desprende de
los mismos datos obtenidos del padrón electoral, vemos que el
promedio estatal del número de ciudadanos inscritos en este
instrumento registral de los 16 distritos electores del Estado, es de
148,455, por lo que los 72,282 ciudadanos del municipio de Playas de
Rosarito está por debajo de este promedio. No obstante los datos
235
anteriores, esta Iniciativa es factible por tres razones importantes que
son:
Primera. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California establece en su artículo 14 el número de diputados por
el principio de mayoría relativa y de representación proporcional que
integrarán el Congreso del Estado de Baja California. Respecto de los
diputados que se eligen en las circunscripciones electorales, que a
saber atualmente son 16 que corresponden al mismo número de
diputados por este principio, en este ordenamiento no se determina el
marco geográfico para su elección, porque es una facultad de la
autoridad electoral prevista en la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Baja California, como se explicó líneas arriba.
Segunda. En la exposición de motivos se señala que existe un
desequilibrio en cuanto al número de electores en los distritos
electorales, particularmente en el distrito XIIl con cabecera en el
Municipio de Tijuana, y podríamos agregar otros del mismo municipio,
como se constata en los cuadros sobre el número de electores por cada
distrito electoral en el Estado, lo que implica que es necesaria una
redistritación a nivel estatal, de acuerdo con las reglas que señala la ley
electoral local, por tanto, la reforma Constitucional que se propone
sentaría las bases de una eventual redistritación, con el propósito de
buscar los equilibrios y las proporciones que debe corresponder.
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
REGULAR LAS CANDIDATURAS COMUNES.
Esta Iniciativa tiene la finalidad de que los partidos políticos
puedan registrar a un mismo candidato de elección popular sin que
medie coalición.
Para incluir esta figura se propone reformar el párrafo quinto del
APARTADO A del artículo 5 de la Constitución local, en los siguientes
términos:
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. …
236
… … … … …
APARTADO A. Los partidos políticos: …
… …
Corresponde a los partidos políticos el derecho para solicitar el registro
de candidatos a cargos de elección popular y podrán hacerlo de manera
unipartidista o mediante las figuras de coalición o candidato común
conforme lo establezca la ley de la materia.
…
El sistema político-electoral de nuestro país tiene su fundamento
en la Constitución General de la República, particularmente en los
artículos 39, 40, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 80, 81, 99, 105, 115 y
116.
Los preceptos constitucionales que específicamente establecen
los conceptos fundamentales, principios rectores e instituciones en
materia político–electoral que deben regir en las entidades federativas,
se plasman en los artículos 41 primer párrafo, fracción I, 99 fracción
IV, 105 fracción II, inciso f) y penúltimo párrafo, 115 fracción I y VIII y
116 fracciones I, II y IV.
En principio, debemos determinar si la figura del candidato
común contraviene o no alguna disposición de carácter federal prevista
en los artículos referidos, cuyo contenido es el siguiente:
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.
…
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas
específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos
políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones
estatales, municipales y del Distrito Federal.
237
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en
la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad
jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de
la Federación.
Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma
permanente con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de
resolución serán públicas, en los términos que determine la ley. Contará
con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado
funcionamiento.
La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El
Presidente del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus
miembros, para ejercer el cargo por cuatro años.
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e
inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la
ley, sobre:
IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de
las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar
y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante
los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del
proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía
procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y
jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible
antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación
de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;
Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en
los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y
esta Constitución.
238
Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma,
por:
f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral,
por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes
electorales federales o locales; y los partidos políticos con registro
estatal, a través de sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes
electorales expedidas por el órgano legislativo del Estado que les otorgó
el registro.
Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse
por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en
que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber
modificaciones legales fundamentales.
Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y administrativa el
Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento...
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la
representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de
todos los municipios.
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I. Los gobernadores de los Estados…
II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será
proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá
ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a
400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de
este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados
cuya población sea superior a esta última cifra.
239
Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos
para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos
para el período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no
hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán
ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.
Las legislaturas en los Estados se integrarán con diputados elegidos
según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en los términos que señalen sus leyes;
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y que la jornada
comicial tenga lugar el primer domingo de julio del año que corresponda.
Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en el año de los
comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada
federal, no estarán obligados por esta última disposición;
b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades
electorales, sean principios rectores los de certeza, imparcialidad,
independencia, legalidad y objetividad;
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la
materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en
sus decisiones;
d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo
puedan convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la
organización de los procesos electorales locales;
e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin
intervención de organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y
sin que haya afiliación corporativa. Asimismo tengan reconocido el
derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de
elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o.,
apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;
f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los
asuntos internos de los partidos en los términos que expresamente
señalen;
240
g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento
público para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a
la obtención del voto durante los procesos electorales. Del mismo modo
se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que
pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes;
h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de
los partidos políticos en sus precampañas y campañas electorales, así
como los montos máximos que tengan las aportaciones de sus
simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por ciento del tope
de gastos de campaña que se determine para la elección de
gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del origen y
uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; y
establezcan las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que
se expidan en estas materias;
i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a
las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41
de esta Constitución;
j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales
de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las
infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder
de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días
cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las
precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las
respectivas campañas electorales;
k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto
Federal Electoral y las autoridades electorales locales en materia de
fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, en los términos
establecidos en los dos últimos párrafos de la base V del artículo 41 de
esta Constitución;
l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos
los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al
principio de legalidad. Igualmente, que se señalen los supuestos y las
reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional,
de recuentos totales o parciales de votación;
m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador,
diputados locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes
para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en
cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos
electorales, y
241
n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral,
así como las sanciones que por ellos deban imponerse.
De la revisión de estas disposiciones del marco político-electoral de
nuestra Constitución General de la República no se prevé impedimento
alguno, de forma expresa o que se infiera, la prohibición de establecer
en los ordenamientos estatales la figura del candidato común. Tampoco
encontramos impedimento en las Convenciones Internacionales sobre
derechos humanos signados y aprobados por el Estado Mexicano,
particularmente el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y la
Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
En la parte relativa de la exposición de motivos de la Iniciativa, se
afirma un aspecto interesante que nos ayuda a comprender el tema de
las candidaturas comunes, la cual transcribimos:
“La figura de las candidaturas comunes es una hipótesis jurídica que se
encuentra regulada en algunas Leyes Electorales Locales como las de
los Estados de San Luis Potosí, Morelos y Yucatán. De igual forma,
históricamente la encontramos en la Ley Federal Electoral de 1973 en
sus artículos 107 y 162, así como en el artículo 67 de la abrogada Ley
Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales de 1977.
Con la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en 1990 (COFIPE), se suprimió la figura de
la candidatura común misma que, como ya se ha señalado arriba,
subsiste en legislaciones locales, las cuales aun la mantienen en los
mismos términos en que se contemplaba en los anteriores
ordenamientos electorales federales.”
En cuanto a las entidades federativas que regulan las candidaturas
comunes, además de San Luis Potosí y Morelos, se cuentan Baja
California Sur (únicamente para Gobernador), Chiapas, Chihuahua,
Coahuila, Colima, Distrito Federal, Michoacán, Sinaloa, Sonora,
Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. En total son 13 Estados y el Distrito
Federal que en sus ordenamientos establecen el marco normativo para
que dos o más partidos políticos puedan postular a un mismo
candidato, una misma planilla o fórmula de candidatos, en una
demarcación electoral, a un cargo de elección popular, designados
previo acuerdo estatutario que emitan los partidos políticos respectivos.
242
Por otra parte, también se establece que con la expedición del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se
suprimió la figura de la candidatura común, la cual se regulaba en los
ordenamientos electorales federales como son la Ley Federal Electoral
de 1973, la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos
Electorales de 1977, y el Código Federal Electoral de 1987. Es
importante aclarar que a nivel Constitucional no se restringieron las
candidaturas comunes en las diversas reformas en materia electoral
realizadas a partir de abril de 1990 hasta septiembre de 2008. Es decir,
la restricción se plasmó en la ley secundaria que es el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales. Similar situación sucedió
cuando en las leyes electorales federales se restringía el derecho a
votar a las mujeres en nuestro país al señalar que era un derecho
exclusivo de los varones, no obstante antes de la reforma de octubre
de 1953, la Constitución General no discriminaba a las mujeres del
ejercicio de este derecho.
En este mismo punto, reiteramos que la Carta Magna no restringe
la posibilidad de que dos o más partidos políticos soliciten el registro de
un mismo candidato, de manera conjunta o de forma individual, esta
restricción la impone el ordenamiento electoral federal. Por ello, el
Senador Ulises Ramírez Núñez, a nombre de los Senadores de los
Grupos Parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la
Revolución Democrática y de Convergencia, presentaron ante la
plenaria en septiembre de 2010 proyecto de decreto que reforma y
adiciona diversos artículos del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales que incorpora la figura de las
candidaturas comunes, para la elección del Presidente de la
República y los legisladores del Honorable Congreso de la
Unión.
Por la importancia de esta Iniciativa, la cual fue remitida a las
Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la
Cámara de Senadores, mismas que solicitaron ampliación del plazo
para su dictaminación, es pertinente conocer su contenido,
particularmente de su exposición de motivos, cuyo extracto es el
siguiente:
“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El desarrollo democrático de nuestro país en los últimos treinta años, ha
sido marcado por procesos de reformas las más de las veces pausadas
cuyos cambios no siempre han mantenido el vigor con el que en
243
principio fueron impulsados, dada la ineficacia y en ocasiones la
incongruencia con la realidad que pretendieron regular.
La presente iniciativa de reforma, representa la decisión de fortalecer el
Estado de derecho y vigoriza las formas democráticas que rigen la
convivencia social de los mexicanos. Para ello se ha asumido el camino
de renovar el derecho por la vía del derecho, para reducir el margen de
lo arbitrario y para ampliar los cauces normativos que rigen el ejercicio
del poder público.
Una reforma electoral no es un acto ni un momento, sino un proceso
que exige, por igual, reformas jurídicas y el esfuerzo de todos los
mexicanos para promover el desarrollo y perfeccionar las instituciones
democráticas que estamos empeñados en mantener y mejorar.
La propuesta mantiene los grandes postulados de nuestra tradición
democrática, fortalecida y enriquecida con nuevas normas que
coadyuvarán al propósito medular de mejorar nuestra organización
política, ofreciendo amplias posibilidades para la expresión de las
diferentes corrientes y fuerzas políticas existentes en el país. Hoy
creemos que las Candidaturas Comunes guardan coherencia
constitucional con el régimen de partidos políticos en México y
congruencia política con el pluralismo y la representación.
A partir de criterios democráticos la Candidatura Común es otra forma
de asociación política, que permite a los electores expresar su voluntad
a favor de una pluralidad de intereses que convergen en un ideario de
acción política hacia el progreso social y de fortaleza representativa.
El fortalecimiento del sistema democrático y régimen de partidos
políticos exige la concurrencia e incursión de la figura de la Candidatura
Común, al presentar una visión crítica, veraz y objetiva, cobijado en la
insoslayable condición de libertad y pluralismo; su regulación en el
mundo jurídico, garantiza el debate de las ideas, la construcción de
acuerdos, la divergencia y convergencia de pensamientos plurales, todo
ello tendente a conquistar formas más eficaces de gobernar.
La figura de la Candidatura Común esta presente en la Constitución
Política del Estado de Yucatán y en los estados de Morelos y San Luis
Potosí; en su Ley secundaria en materia electoral.
La participación en la vida democrática no debe tener otro marco que el
de la libertad garantizada, elemento por antonomasia de toda
democracia, misma que según Robert Dahl se fundamenta en dos
componentes: la participación (elección) y la oposición (pluralismo), de
244
modo que la transición a la democracia (transición y democratización)
supone una competencia libre y pluralista de partidos políticos
acompañada de la celebración de elecciones universales y libres para
ocupar mandatos y funciones públicas.
La Candidatura Común, centra su interés en la fortaleza y legitimación
de los procesos internos y los procesos electorales constitucionales, con
la postulación de ideas convergentes a partir de postulados diversos se
incentiva la participación ciudadana, se transparentan las plataformas
electorales y se consigue que el ejercicio del sufragio sea ante todo
informado y razonado en beneficio del interés superior del país, que es
su población.
Se dice que “el pluralismo democrático supone la institucionalización de
la diversidad y de la competencia… Los equilibrios políticos dependen
hoy mucho más de los partidos políticos que de las disposiciones
constitucionales… ”. Por tanto, es dable afirmar que en parte la
legitimidad democrática es producto de procesos electorales competidos
y en los procesos electorales los competidores son los partidos políticos,
en el más puro sentido de su definición como “…cualquier grupo político
que se presenta a elecciones y que puede colocar mediante elecciones
a sus candidatos en cargos públicos” lo que se cristaliza a través de
formas de participación en los procesos electorales diversificadas,
menos atadas a aspectos de democracia formal y potencializadoras de
la democracia sustancial, que concibe a los partidos políticos como
actores fundamentales de la representación política e irremplazables en
el juego democrático, cuya finalidad preponderante es ganar elecciones
como medio para alcanzar y conservar el poder.
La conformación de Candidaturas Comunes, fortalece el régimen interno
de los partidos políticos, pues los métodos intrapartidarios adoptados se
afrontan al reto democrático de avenir pluralidad de intereses
sustentado en la declaración de principios, el programa de acción y sus
estatutos a fin de garantizar la auténtica participación de mayorías y
minorías.
Por otra parte, la configuración nacional de los partidos políticos,
atendiendo el respeto a los principios federativos, posibilitaría la
comunicación decisoria de los órganos partidarios a favor de la
construcción de acuerdos en contextos inmediatos con la realidad
política en todos los niveles competenciales federales; sin desconocer
que toda decisión adoptada por los partidos políticos, invariablemente
se sujeta al control de constitucionalidad y legalidad, confirmándose que
el proceso de conformación de la Candidatura Común, al cual le
245
resultan exigibles y de manera permanente todos los controles jurídicos
en la salvaguarda y tutela de derechos político-partidarios.
Que el sistema político mexicano abra cauces que canalicen las
inquietudes políticas y sociales dándole viabilidad por la vía institucional
a las Candidaturas Comunes es aceptar la diversidad de opiniones,
opciones y partidos políticos con sus respectivos proyectos, medios y
fines para que contribuyan al bien estatal, como signo de la madurez
política de la sociedad, que refuerza y amplía nuestra unidad nacional a
través de captar mejor pluralidad en la representación popular,
auspiciando la tolerancia entre los diversos sectores y corrientes de
pensamiento.
Con esta propuesta se concretizan los derechos de las minorías y se
garantizan los de la oposición, así se avanza en la consolidación y
depuración de la democracia mexicana. Además como apunta
Habermas “los flujos de comunicación quedan filtrados y sintetizados de
tal suerte que se condensan en opiniones públicas agavilladas en torno
a temas específicos”, esto hace evidente la existencia real de una
formación libre e informada de la opinión pública y sobre todo si existe
una pluralidad de convicciones políticas, sustentadas en la libertad de
pensamiento y expresión, aunada a las libertades de divergencia,
disentimiento, oposición, reunión y asociación política, bajo el
denominador común de respeto irrestricto a los derechos, facultades y
prerrogativas de los sujetos de Derecho Electoral, en el ejercicio de las
facultades jurídicas y prerrogativas de determinados ciudadanos.”
Jueves, 30 de Septiembre de 2010. Primer Periodo Ordinario. No. Gaceta: 148
La figura del candidato común es una forma de participación de los
partidos políticos en los procesos electorales en nuestro país. Por un
largo periodo a nivel federal y prácticamente en todos los Estados, esta
participación se realizaba mediante las coaliciones o las candidaturas
comunes. La eliminación de esta última de los ordenamientos
electorales no se debe a razones jurídicas o de naturaleza
inconstitucional. Esta figura se inscribe dentro del marco del derecho
constitucional, y en este sentido claro y contundente se ha manifestado
la máxima autoridad judicial de nuestro país al resolver las Acciones de
Inconstitucionalidad relativas a las candidaturas comunes promovidas
por diversos partidos políticos a raíz de las reformas constitucionales y
legales en el Estado de Guanajuato (I60/2009 y su acumulada
61/2009) y el Estado de México (26/2010 y sus acumuladas 27/2010,
28/2010 y 29/2010), en el año 2009 y 2011, respectivamente.
246
En el caso del Estado de Guanajuato, durante la Sesión de Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada en enero de
este año los ministros resolvieron el litigio sometido a su escrutinio
constitucional consistente en la reforma realizada por el Congreso del
Estado de Guanajuato que eliminó de su texto constitucional la figura
de las candidaturas comunes. Los promoventes alegaron su
inconstitucional al vulnerar el derecho de asociación en materia política
(artículo 9º de la Constitución federal) y, además, la restricción para
que los partidos políticos pudieran cumplir con una de sus principales
finalidades que es promover la participación de la ciudadanía en la vida
democrática y contribuir a la integración de la representación nacional
(artículo 41 de la Constitución federal).
En la sentencia de la Corte afirmó que el derecho de asociación es
una libertad “que implica la potestad de los individuos para
unirse y construir una entidad o personal moral, con
sustantividad propia y distinta de los asociantes y que tiende a
la consecución de objetivos plenamente identificados, cuya
realización es constante y permanente.” Además estableció que no
es posible desprender del derecho de asociación un derecho de los
partidos políticos a las candidaturas comunes, ni tampoco concluir que
la prohibición de las candidaturas comunes afecta el derecho de los
individuos a asociarse para formar organizaciones políticas. En este
sentido, para los ministros de la Suprema Corte la eliminación de las
candidaturas comunes no afecta en ningún sentido la posibilidad de que
un grupo de individuos constituya un partido político y, a través de
éste, acceda eventualmente a los diversos puestos de representación
popular.
Respecto al argumento de que la prohibición de las candidaturas
comunes dificulta que los partidos políticos cumplan con su finalidad de
promover la participación ciudadana, la Corte consideró que en este
tema tanto el Congreso federal como las legislaturas locales
tienen amplia discrecionalidad para determinar las modalidades
en que los partidos políticos podrán participar en los procesos
electorales, siempre y cuando se constriñan a lo previsto en la
Constitución General de la República, particularmente en los
artículos 41 y 116 fracción IV.
En el caso del Estado de México, la Suprema Corte reiteró los
argumentos jurídicos esgrimidos un año antes al resolver la
impugnación contra la prohibición de las candidaturas comunes en el
247
Estado de Guanajuato, resolviendo la confirmación de los decretos, y
en consecuencia su constitucionalidad.
En resumen, los derechos político-electorales de los ciudadanos
están garantizados en las disposiciones constitucionales en esta
materia, específicamente el derecho de asociación previsto en el
artículo 9, y el derecho al voto activo y pasivo previsto en el artículo
35; respecto de los partidos políticos, el artículo 41 párrafo segundo,
fracción I, señala lo siguiente: Los partidos políticos son entidades de
interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su
registro legal y las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral. Esto implica que corresponde al legislador federal o
local, según el ámbito de sus competencias y atribuciones,
establecer esas formas y procedimientos para que los partidos
políticos participen dentro del marco constitucional vigente.
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
MODIFICACIÓN DEL PORCENTAJE PARA TENER
DERECHO A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.
Con esta propuesta, de acuerdo a su exposición de motivos, los
inicialistas pretenden privilegiar una mayor pluralidad en el máximo
órgano de representación popular en el Estado, al reducir el porcentaje
de la votación estatal emitida de representación proporcional para que
los partidos políticos tengan derecho a diputados por este principio.
Antes de entrar al análisis de la Iniciativa que propone reformar el
artículo 15 fracción I, inciso b) de la Constitución local, es importante
recordar los antecedentes más importantes en el contexto nacional y
local, con el objeto de de comprender mejor el significado y alcance de
esta propuesta.
El concepto de representación proporcional se incorporó por
primera vez al sistema electoral mexicano con la reforma política de
diciembre de 1977 que abarcó varios artículos de la Constitución
General de la República en materia electoral, como son el 41, 51, 52,
53, 54, 55 y 60. Específicamente el artículo 52 establecía lo siguiente:
248
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y hasta 100 diputados que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Una década después, en 1987 se reformó este mismo artículo 52
para aumentar a 500 diputados, de los cuales 200 serían electos
mediante la modalidad de representación proporcional, pasando de
25% a 40% del total de sus miembros, misma que se mantiene hasta
el presente, aunque con algunas variantes y requisitos, como la
elevación del umbral del porcentaje de 1.5% a 2% de la votación
nacional emitida para tener derecho los partidos políticos a esta
representación.
Con la reforma a la Constitución federal de agosto de 1996 se
estableció en el artículo 116 la obligación para las entidades federativas
de incorporar esta modalidad de representación proporcional en la
elección de los diputados locales, sin embargo, este principio fue
incorporado en diferentes momentos a partir de la reforma de 1977. En
el caso de nuestra entidad, por primera vez se estableció la elección de
diputados por el principio de representación proporcional con la reforma
a la Constitución local de febrero de 1979, en cuyo artículo 14 se
estableció lo siguiente:
“El Congreso del Estado se compone de diputados cada tres años. Por
cada diputado propietario se elegirá un suplente.
El Congreso del Estado se integrará por doce diputados electos según
el principio de votación mayoritaria relativa mediante el sistema de
distritos electorales uninominales y hasta dos diputados que serán
electos según el principio de representación proporcional mediante el
sistema de listas, votadas en una circunscripción plurinominal única que
abarcará todo el Estado, de acuerdo con lo establecido por esta
Constitución y la ley respectiva.
Los diputados electos por uno u otro sistemas tendrán las mismas
obligaciones y gozarán de las mismas prerrogativas”
Asimismo, el artículo 15 establecía en la parte que nos interesa lo
siguiente:
249
“La elección para los dos diputados según el principio de
representación proporcional se sujetará a las bases generales
siguientes y a lo que en lo particular disponga la Ley:
I.- …
II.- Tendrán derecho a que le sean atribuidos diputados electos según el
principio de representación proporcional todo aquél partido que: A) no
haya obtenido 2 o más constancias de mayoría y B) que alcance por lo
menos el 1.5% del total de la votación emitida para todas las listas.
III.- …
IV. …
Lo anterior nos permite visualizar que al paso del tiempo con las
distintas reformas a la Constitución local y a la leyes electorales, el
umbral o porcentaje de la votación estatal emitida para tener derecho
los partidos políticos a diputados de representación proporcional se ha
elevado sustancialmente, de tal manera que en el presente somos la
entidad federativa que registra el mayor porcentaje que es el
4% de la votación estatal emitida para diputados por este
principio. Es decir, de 1.5% que se estableció en 1979, se ha elevado
al 4%, lo que representa un incremento de casi tres tantos. En cambio
a nivel federal de 1.5% que se estableció en 1977, se ha elevado al
2%, lo que representa solamente medio punto porcentual de
incremento.
En el siguiente ejercicio comparativo con las demás entidades
federativas corroboremos que somos el Estado que destaca con el más
alto umbral para tener derecho a diputados de representación
proporcional.
ENTIDAD
FEDERATIVA
PORCENTAJE DE LA
VOTACIÓN ESTATAL EMITIDA PARA TENER
DERECHO A DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL
AGUASCALIENTES
2.5%
BAJA CALIFORNIA
SUR
2.0%
CAMPECHE
250
3.0%
CHIAPAS
2.0%
CHIHUAHUA
2.0%
COAHUILA
2.0%
COLIMA
2.0%
DISTRITO FEDERAL
2.0%
DURANGO
2.5%
GUANAJUATO
Entre 2-3% y 3% en
adelante
GUERRERO
3%
HIDALGO
3%
JALISCO
3.5%
MÉXICO
1.5%
MICHOACÁN
2.0%
MORELOS
3.0%
NAYARIT
1.5%
NUEVO LEÓN
1.5%
OAXACA
1.5%
PUEBLA
2.0%
QUERÉTARO
3%
QUINTANA ROO
2%
SAN LUIS POTOSÍ
251
3%
SINALOA
Entre el 2.5% y 5%
SONORA
3%
TABASCO
Entre el 2.5% y 5%
TAMAULIPAS
1.5%
TLAXCALA
3.125%
YUCATÁN
1.5%
VERACRUZ
2%
ZACATECAS
2.5%
A NIVEL NACIONAL
2%
De esta relación de 31 entidades federativas tenemos que el
promedio del porcentaje es de 2.29% como umbral para tener derecho
a diputados por representación proporcional, sensiblemente mayor a lo
que establece la Constitución General de la República. Como se aprecia,
Baja California se ubica por arriba de la media nacional de las entidades
federativas con el 4%, y comparado con el ordenamiento federal
representa el doble.
Respecto del marco constitucional en este rubro, y como lo hemos
señalado, los dispositivos constitucionales que establecen los conceptos
fundamentales, principios rectores e instituciones en materia político–
electoral que deben regir en las entidades federativas, se plasman en
los artículos 41 primer párrafo, fracción I, 99 fracción IV, 105 fracción
II, inciso f) y penúltimo párrafo, 115 fracción I y VIII y 116 fracciones
I, II y IV, y que en obvio de repeticiones, únicamente transcribimos lo
conducente en este punto.
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.
252
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
II. Los gobernadores de los Estados…
II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados
será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no
podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no
llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población
exceda de este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los
Estados cuya población sea superior a esta última cifra.
Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos
para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos
para el período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no
hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán
ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.
Las legislaturas en los Estados se integrarán con diputados elegidos
según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en los términos que señalen sus leyes;
En cuanto al número de representantes en las legislaturas de los
Estados, la segunda fracción de este precepto señala que será
proporcional al número de habitantes, para lo cual establece un mínimo
de legisladores dependiendo del número de habitantes. Y para la
integración de las legislaturas únicamente se establece en el tercer
párrafo de esta misma fracción, que será mediante diputados elegidos
en las modalidades de mayoría relativa y de representación
proporcional en los términos que señalen sus leyes.
Sin embargo, esta disposición constitucional de carácter general no
significa que las legislaturas estatales tengan amplia discrecionalidad
para regular estos aspectos medulares del sistema electoral en cada
una de las entidades federativas, en virtud de las diferentes tesis de
jurisprudencia emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación sobre esta materia, mismas que reproducimos:
DIPUTADOS LOCALES. LA LIBERTAD LEGISLATIVA DE LOS
ESTADOS PARA COMBINAR LOS SISTEMAS DE ELECCIÓN
(MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL) EN
LA INTEGRACIÓN DE SUS CONGRESOS LOCALES, ESTÁ SUJETA
253
A LOS LÍMITES IMPUESTOS POR LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO
116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, TOMANDO EN CUENTA LOS PORCENTAJES
SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 52 DE LA PROPIA CONSTITUCIÓN.
El precepto constitucional citado inicialmente establece un principio
general según el cual el número de representantes en las Legislaturas
de los Estados debe ser proporcional al de sus habitantes y establece
los números mínimos de diputados según el número de habitantes. Por
otro lado, la Constitución General de la República no prevé el número
máximo de diputados que pueden tener las Legislaturas de los Estados,
por lo que este aspecto corresponde a cada uno de éstos dentro de su
margen de configuración legislativa. Ahora bien, el párrafo tercero de la
fracción II del artículo 116 constitucional dispone que para la integración
de las Legislaturas debe atenderse a los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, sin señalar condiciones adicionales,
razón por la cual gozan en la materia de un amplio espacio de
configuración legislativa y en esa medida están facultadas para imprimir
al sistema electoral las particularidades de sus realidades concretas y
necesidades, a condición de instaurar un sistema electoral mixto,
aunado a que ante la falta de disposición constitucional expresa que
imponga a las entidades federativas reglas específicas para combinar
los sistemas de elección conforme a los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, debe tomarse como parámetro el
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en su artículo 52 para la integración de la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, esto es, en un 60% y 40%,
respectivamente. Por tanto, las Legislaturas Estatales, dentro de la
libertad de que gozan, no deben alejarse significativamente de las
bases generales previstas en la Ley Fundamental, a fin de evitar la
sobrerrepresentación de las mayorías y la subrepresentación de
las minorías, o viceversa.
Acción de inconstitucionalidad 21/2009. Partido de la Revolución Democrática. 25 de agosto de 2009. Once votos en relación con los puntos resolutivos de la sentencia respectiva y mayoría de ocho votos en favor del criterio contenido en esta tesis. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Antonio Abel Aguilar Sánchez.
El Tribunal Pleno, el quince de febrero en curso, aprobó, con el número 8/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a quince de febrero de dos mil diez.
Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Febrero de 2010 Página: 2316 Tesis: P./J. 8/2010 Jurisprudencia Materia: Constitucional
254
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. LAS BARRERAS LEGALES
QUE ESTABLEZCAN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS
PARA EL ACCESO A DIPUTADOS POR ESE PRINCIPIO DEBEN
SER RAZONABLES.
El artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación para los Estados
de integrar sus legislaturas con diputados electos, según los principios
de mayoría relativa y de representación proporcional; sin embargo, no
prevé reglas específicas sobre la forma en que deben hacerlo, por lo
que para que cumplan con dicho dispositivo fundamental es suficiente
con que adopten ambos principios dentro de su sistema electoral local,
de lo que deriva que el establecimiento de los porcentajes de votación
requeridos es facultad de dichos Estados. Lo anterior no implica que,
ante la falta de una disposición expresa, haya una libertad absoluta
e irrestricta de los Estados para establecer barreras legales, sino
que debe atenderse al sistema integral previsto por la Ley
Fundamental y a su finalidad; es decir, debe tomarse en cuenta,
razonablemente, la necesidad de que organizaciones políticas con
una representación minoritaria, pero suficiente para ser
escuchadas, puedan participar en la vida política; por tanto, cada
entidad debe valorar, de acuerdo con sus condiciones particulares,
cuál es el porcentaje adecuado, siempre y cuando no se haga
nugatorio el acceso a partidos que, en atención a su porcentaje de
votación, reflejen una verdadera representatividad.
Acción de inconstitucionalidad 13/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretarios: Makawi Staines Díaz y Marat Paredes Montiel.
El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 140/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de octubre de dos mil cinco. Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Noviembre de 2005 Página:156 Tesis: P./J. 140/2005 Jurisprudencia Materia: Constitucional
En resumen, la presente Iniciativa para reducir el porcentaje del
umbral para que los partidos políticos tengan derecho a diputados de
representación proporcional, se acerca más al parámetro que indica la
Constitución General de la República en su artículo 54 que es de 2%;
asimismo, se armoniza con el contenido de la jurisprudencia número
140/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en el
sentido de establecer las condiciones para una representación más
auténtica de las minorías al seno del Congreso del Estado atendiendo y
255
privilegiando la pluralidad política y la participación democrática
organizada en los partidos políticos.
También con esta Iniciativa nos acercamos un poco más a la
media nacional en cuanto al porcentaje previsto en las entidades
federativas para la representación proporcional, aún cuando nuestra
entidad se mantendría dentro de los porcentajes más altos después de
Jalisco y Tlaxcala, y a la par de los Estados de Sonora, San Luis Potosí,
Morelos, Querétaro, Hidalgo, Guerrero y Campeche.
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
FACULTAR AL INSTITUTO ELECTORAL Y DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EMITIR OPINIÓN
RELATIVA AL DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE ELECCIÓN POPULAR DE AQUELLOS
CIUDADANOS QUE FUERAN REGISTRADOS COMO
CANDIDATOS A OCUPAR UN NUEVO CARGO DE
ELECCIÓN.
Esta propuesta de reforma se asienta mediante adición al artículo
5, apartado B), párrafos vigésimo quinto, vigésimo sexto, vigésimo
séptimo, vigésimo octavo y vigésimo noveno, de la Constitución Política
del Estado de Baja California
En el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Baja
California se establecen los principios rectores de la función pública
electoral, sus conceptos fundamentales y la estructura, integración y
funciones de la institución electoral de naturaleza administrativa
encargada de organizar los procesos electorales y las consultas públicas
a través del plebiscito y referéndum.
Específicamente en el apartado B de este artículo 5 de la
Constitución local se establece lo correspondiente a esta institución
electoral denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
cuyo contenido es el siguiente:
APARTADO B. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California.
256
La organización de las elecciones estatales y municipales es una
función pública que se realiza a través de un organismo público
autónomo e independiente denominado Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuya integración concurren
los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la Ley. En el
ejercicio de esta función pública, serán principios rectores la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana podrá convenir con el
Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los
procesos electorales locales, cuando exista causa justificada para ello, y
en los términos que disponga la Ley.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana agrupará para su
desempeño, en forma integral y directa, además de las que determine la
Ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica,
geografía electoral, derechos y prerrogativas de los partidos políticos,
impresión de materiales electorales, preparación de la Jornada
Electoral, cómputos, otorgamiento de constancias de mayoría, y
asignaciones por el principio de representación proporcional. Así como
lo relativo a la regulación de la observación electoral y de las encuestas
o sondeos de opinión con fines electorales. Además, tendrá a su cargo
en los términos que señale esta Constitución y la Ley, la realización de
los procesos de Plebiscito, y Referéndum.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana será autoridad en la
materia, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus
decisiones y profesional en su desempeño; contará en su estructura con
un órgano normativo, un órgano directivo, órganos operativos, de
vigilancia, técnicos y una Contraloría General.
El órgano superior normativo, denominado Consejo General Electoral,
se integrará por siete Consejeros Electorales electos por el Poder
Legislativo, y representantes de los partidos políticos acreditados
paritariamente, con voz pero sin voto, y un Secretario Fedatario
nombrado mediante votación aprobatoria de las dos terceras partes de
los integrantes del Consejo General Electoral a propuesta del Consejero
Presidente.
Los Consejeros Electorales del Consejo General Electoral durarán en su cargo tres años; pudiendo ser considerados para la designación de un período inmediato en términos de Ley; no podrán tener empleo, cargo o comisión en la Administración Pública, salvo las actividades académicas o docentes. La retribución que perciban será determinada en la Ley, igual impedimento es aplicable al titular del órgano directivo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
257
Los Consejeros Electorales designarán de entre ellos mismos, con la
aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes a quien fungirá
como Consejero Presidente. En caso de que transcurridas tres rondas
de votaciones ninguno de los Consejeros alcanzare la votación
requerida, la elección se hará por mayoría simple de los Consejeros
Electorales que integran el Consejo General Electoral. La renovación del
Consejo General Electoral se realizará cada tres años, el Consejero
Presidente durará en su encargo tres años pudiendo ser reelecto.
Los Consejeros Electorales del Consejo General Electoral no podrán
ocupar cargos públicos de primer y segundo nivel en la Administración
Pública Estatal o Municipal, sino transcurrido un año después de
haberse separado del cargo.
El órgano directivo será la Dirección General del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, a cargo de un titular, quien será nombrado por
el órgano superior normativo a propuesta del Consejero Presidente, con
la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, durará en
su encargo cuatro años con la posibilidad de ser reelecto por una sola
ocasión, mediante el procedimiento que señale la Ley; en el supuesto
de que transcurridas dos rondas de votación, el aspirante propuesto no
alcanzare la votación requerida, la designación se hará por mayoría
simple del Consejo General Electoral en los términos que disponga la
Ley. La Dirección General, contará con direcciones ejecutivas.
La Contraloría General contará con autonomía técnica y de gestión, y
tendrá a su cargo la fiscalización de todos los ingresos y egresos del
Instituto, así como la imposición de sanciones en los términos que
determine la Ley.
El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por el
Congreso del Estado por mayoría calificada a propuesta de instituciones
públicas de educación superior, centros de investigación, y colegios de
profesionistas del ramo contable debidamente registrados, en la forma
y términos que determine la ley; en el supuesto de que transcurridas dos
rondas de votación, ninguno de los aspirantes propuestos alcanzare la
votación requerida, la designación se hará por mayoría absoluta del
Pleno del Congreso.
El Contralor durará cuatro años en el cargo y podrá ser reelecto por una
sola vez. Estará adscrito administrativamente al Consejo General
Electoral y mantendrá la coordinación técnica necesaria con el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos estará a cargo
de un órgano técnico del Consejo General Electoral del Instituto, dotado
de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las
258
dos terceras partes del propio Consejo a propuesta del Consejero
Presidente, que deberá satisfacer los requisitos que señala la Ley. De
igual forma la ley desarrollará los procedimientos para la aplicación de
sanciones por el Consejo General Electoral en esta materia.
Los Consejos Distritales son órganos operativos del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana, que se integrarán por cinco Consejeros
Electorales Distritales nombrados por las dos terceras partes de los
integrantes del órgano superior normativo del cual dependen; así como
por representantes acreditados por los partidos políticos, con voz pero
sin voto, en la forma que establezca la Ley y, un Secretario Fedatario
nombrado mediante votación de las dos terceras partes de los Consejos
Distritales a propuesta de cada uno de los Consejeros Presidentes, la
Ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación.
Las Mesas Directivas de Casilla estarán integradas por ciudadanos. El
órgano de vigilancia que determine la Ley se integrará mayoritariamente
por representantes de los partidos políticos.
Los órganos técnicos y el órgano directivo dispondrán del personal
calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral.
La Ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de
los órganos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, así
como las relaciones de mando entre éstos. Las relaciones de trabajo de
los servidores del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California, se regirán por la Ley del Servicio Civil de los
Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e
Instituciones Descentralizadas de Baja California.
Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán
públicas, en los términos que disponga la Ley.
La Ley fijará el régimen de responsabilidades a que estarán sujetos los
servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana;
para estos efectos, se consideran servidores públicos del Instituto el
Consejero Presidente, los Consejeros Electorales del Consejo General y
de los Consejos Distritales, el Director General, el Contralor General, los
directores de área, los jefes de departamento, los funcionarios y
empleados, y en general, toda persona que desempeñe un empleo,
cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Instituto Electoral.
Compete a la Contraloría General del Instituto Electoral, conocer de las
responsabilidades administrativas que cometan los servidores públicos
del Instituto, así como imponer las sanciones que disponga la Ley.
259
En los párrafos segundo y cuarto de este apartado B del artículo 5
de la Constitución local se establecen las funciones del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana, destacándose en primer orden
la organización de las elecciones estatales y municipales, en cuyo
ejercicio de esta función pública serán principios rectores la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
La ley reglamentaria de este precepto constitucional es la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California,
la cual consta de 9 libros, conteniendo en su Libro Cuarto la estructura,
integración y funciones del Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana en cuyo artículo 130 se enmarcan los fines a realizar:
ARTÍCULO 130.- Son fines del Instituto Electoral:
I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado;
II. Fortalecer el régimen de partidos políticos;
III. Administrar el Registro de Electores;
IV. Asegurar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y el cumplimiento de sus obligaciones;
V. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones
para renovar la integración de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, y los Ayuntamientos del Estado;
VI. Preservar la autenticidad y efectividad del sufragio;
VII. Realizar los procesos de plebiscito y referéndum en los términos de la ley de la materia, y
+ VIII. Llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar al
fortalecimiento y difusión de la cultura cívica y política. Las actividades del Instituto Electoral se regirán por los principios de
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Para el
desempeño de sus actividades contará con el personal capacitado que
sea necesario para su funcionamiento.
De conformidad con el artículo 5 de la Constitución local y la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales, la máxima autoridad del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, es el Consejo General
Electoral, órgano normativo superior colegiado responsable de vigilar el
cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia
electoral, así como de preservar que en las actividades del Instituto se
260
observen los principios que rigen la función pública electoral, cuyas
atribuciones se establecen en el artículo 145 del referido ordenamiento
electoral que se transcribe:
ARTÍCULO 145.- El Consejo General tendrá las siguientes
atribuciones:
I. Aprobar las iniciativas de Ley o Decreto en materia electoral para ser enviadas al Congreso del Estado;
II. Expedir los reglamentos y acuerdos necesarios para hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; así como, los reglamentos interiores, circulares y lineamientos necesarios para el funcionamiento del Instituto Electoral, y fijar las políticas y programas de éste;
III. Garantizar la oportuna integración, instalación y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto, así como conocer de los informes específicos que estime necesario solicitarles;
IV. Designar o remover por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a ello, al Secretario Fedatario del Consejo General, conforme a la propuesta del Consejero Presidente; y en caso de ausencia, designar de entre los directores ejecutivos, a la persona que fungirá como Secretario Fedatario en la sesión;
V. Designar o remover a los consejeros electorales numerarios y supernumerarios de los Consejos Distritales Electorales, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a ello, a propuesta de la comisión respectiva, así como al Consejero Presidente de cada uno de los Consejos Distritales Electorales, de entre los propios consejeros, a propuesta del Consejero Presidente del Consejo General;
VI. Designar o remover al Director General del Instituto Electoral, conforme al procedimiento establecido en la presente Ley;
VII. Designar o remover a los directores ejecutivos de Procesos Electorales, del Registro de Electores, de Informática y Estadística Electoral, y de Administración, de la Dirección General del Instituto Electoral, por mayoría de votos de sus integrantes y conforme a la propuesta que presente el Director General del Instituto;
VIII. Designar o remover al Coordinador de Comunicación Social del Consejo General a propuesta del Consejero Presidente, así como expedir el Reglamento para el funcionamiento de la Coordinación;
IX. Integrar las Comisiones Permanentes y Especiales del Consejo General, a propuesta del Consejero Presidente, o en su caso, de la mayoría de los consejeros electorales numerarios.
X. Aprobar, a propuesta de la Dirección General del Instituto Electoral, dentro de cada uno de los Distritos Electorales, el domicilio que les servirá de cabecera, a los Consejos Distritales Electorales;
XI. Resolver, en los casos previstos por esta Ley, el otorgamiento o la cancelación del registro de los partidos políticos estatales o el
261
otorgamiento o la cancelación de la acreditación de los partidos políticos nacionales;
XII. Aprobar anualmente las ministraciones para la entrega del financiamiento público a los partidos políticos, y el calendario mensual correspondiente;
XIII. Determinar el tope máximo de cada una de las campañas que deban erogar los partidos políticos en las elecciones locales, conforme a la propuesta que presente la Dirección de Fiscalización;
XIV. Registrar la plataforma electoral que para cada proceso electoral deben presentar los partidos políticos en los términos de esta Ley;
XV. Resolver sobre los convenios de coalición o fusión que celebren los partidos políticos;
XVI. Ordenar y aprobar en su caso, el proyecto que formule la Dirección General del Instituto Electoral, sobre la división del territorio del Estado en distritos electorales;
XVII. Aprobar el modelo de las actas de la jornada electoral y la demás documentación y material electoral;
XVIII. Declarar la definitividad del Listado Nominal de Electores con fotografía entregado por el Instituto Federal Electoral en los términos del convenio correspondiente;
XIX. Solicitar la impresión de los Listados Nominales de Electores con fotografía por distrito y sección electoral;
XX. Registrar las candidaturas a Gobernador del Estado, Munícipes, y la lista de Diputados por el principio de representación proporcional;
XXI. Recibir supletoriamente las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa, cuando exista imposibilidad por parte de la Autoridad Distrital Electoral competente de recibirlas, para su posterior remisión al órgano correspondiente;
XXII. Realizar el cómputo estatal de la elección de Diputados por el principio de representación proporcional y asignar las diputaciones correspondientes;
XXIII. Informar al Congreso del Estado sobre el otorgamiento de las constancias de asignación de diputados por el principio de representación proporcional;
XXIV. Realizar el cómputo municipal de la elección de munícipes, declarar la validez de la misma y expedir la constancia de mayoría correspondiente;
XXV. Asignar los Regidores de representación proporcional de cada municipio, informando al Ayuntamiento respectivo, y al Congreso del Estado;
XXVI. Realizar el cómputo estatal de la elección de Gobernador, declarar la validez de la misma y expedir la constancia de mayoría correspondiente, informando al Congreso del Estado;
262
XXVII. Aprobar anualmente el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto Electoral, el cual deberá contener por separado los programas de prerrogativas que corresponden a los partidos políticos, para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado, que el Ejecutivo proponga al Congreso del Estado;
XXVIII. Conocer de las infracciones y faltas, en el ámbito de su competencia, y en su caso, imponer las sanciones que correspondan, en los términos establecidos en la esta Ley;
XXIX. Conocer y acordar lo conducente respecto del informe anual que deba rendir el Director General del Instituto Electoral;
XXX. Autorizar la celebración de convenios de apoyo y colaboración con las autoridades federales o estatales electorales, en materia de catálogo general de electores, padrón electoral, seccionamiento, listas nominales de electores, credencial para votar y cartografía electoral, y demás en materia electoral;
XXXI. Ordenar la elaboración de proyectos y estudios, con el fin de analizar la viabilidad de otras formas de organización y votación electoral, tendientes a facilitar y eficientar el desarrollo de la jornada electoral, mediante el uso de nuevas tecnologías, sin demérito de la autenticidad y el secreto del voto, y aprobarlos en su caso;
XXXII. Autorizar la instalación selectiva de casillas o centros de votación, para implementar los proyectos y estudios señalados en la fracción anterior;
XXXIII. Expedir las convocatorias para las elecciones ordinarias, las cuales se sujetarán a las bases que contenga la misma y a las disposiciones de esta Ley;
XXXIV. Aprobar el proyecto para la realización del proceso electoral extraordinario, plebiscito y referéndum, a propuesta de la Dirección General del Instituto Electoral; convocando en su caso, a los Consejos Distritales Electorales necesarios;
XXXV. Aprobar los instrumentos que se señalan en el artículo 196 de esta Ley, necesarios para la realización del proceso electoral extraordinario, plebiscito y referéndum, a propuesta de la Dirección General del Instituto Electoral;
XXXVI. Otorgar el registro para participar como observador electoral;
XXXVII. Procurar que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a esta Ley y cumplan con las obligaciones a que están sujetos;
XXXVIII. Procurar que en lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos se actúe con apego a esta Ley;
XXXIX. Vigilar que las autoridades de la administración pública centralizada y descentralizada, estatales y municipales para que no realicen propaganda gubernamental, durante el tiempo que comprenda la campaña electoral y hasta la conclusión de la jornada comicial, y en
263
su caso, turnarla al superior jerárquico, a aquellas autoridades que no acaten dicha disposición;
XL. Ampliar o modificar los plazos y términos del proceso electoral establecidos en esta Ley, tanto para elecciones ordinarias como extraordinarias, cuando exista imposibilidad material para realizar las actividades previstas, y resulte necesario para el cumplimiento de las diversas etapas del proceso electoral. Las convocatorias para estas elecciones se sujetaran a las bases que contenga la misma y a las disposiciones de esta Ley;
XLI. Ordenar la publicación en el Periódico Oficial del Estado, en los diarios de mayor circulación y en aquellos medios que se consideren convenientes, las modificaciones a los plazos y términos del proceso electoral, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de su aprobación;
XLII.- Aprobar las solicitudes de transferencias, ampliación, creación o supresión de partidas presupuestales que le sean presentadas, cuando así proceda, ordenando su remisión al Congreso del Estado para su autorización, de conformidad con la normatividad aplicable;
XLIII.- Aprobar anualmente, previo informe del Director General del Instituto Electoral, el cierre del ejercicio presupuestal y programático, autorizando su publicación en el Periódico Oficial del Estado; cierre que deberá integrarse a la cuenta pública que se turna al Congreso del Estado, para los efectos legales correspondientes, y
XLIV.- Las demás que disponga esta Ley.
Como se aprecia, los fines del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, así como las atribuciones del Consejo General
Electoral, son eminentemente electorales, además de realizar las de
carácter administrativas inherentes a todo órgano público.
La actividad sustantiva del organismo electoral, de conformidad
con el marco constitucional y legal, y de acuerdo al objeto y motivación
de su origen, es el de garantizar a los ciudadanos del Estado de Baja
California el derecho a elegir a sus autoridades y representantes
mediante el voto secreto, así como el derecho de ser electo,
organizando para ello los procesos electorales en todas sus etapas,
actuando siempre en apego irrestricto a los principios rectores de la
función pública electoral; asimismo, garantizar la participación de los
partidos políticos con los derechos y obligaciones previstos en la norma.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación recientemente ha
dictado la siguiente Tesis Jurisprudencial con respecto a la naturaleza y
las características esenciales de los órganos constitucionales
autónomos, que incluye a los organismos electorales.
264
ÓRGANOS CONSTITUCIONALES AUTÓNOMOS. NOTAS
DISTINTIVAS Y CARACTERISTICAS. El Tribunal en Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de los órganos
constitucionales autónomos ha sostenido que: 1. Surgen bajo una idea
de equilibrio constitucional basada en los controles de poder,
evolucionando así la teoría tradicional de la división de poderes
dejándose de concebir la organización del Estado derivada de los tres
tradicionales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que, sin perder su
esencia, debe considerarse como una distribución de funciones o
competencias, haciendo más eficaz el desarrollo de las actividades
encomendadas al Estado. 2. Se establecieron en los textos
constitucionales, dotándolos de garantías de actuación e independencia
en su estructura orgánica para que alcancen los fines para los que
fueron creados, es decir, para que ejerzan una función propia del
Estado que por su especialización e importancia social requería
autonomía de los clásicos poderes del Estado. 3. La creación de este
tipo de órganos no altera o destruye la teoría tradicional de la división de
poderes, pues la circunstancia de que los referidos órganos guarden
autonomía e independencia de los poderes primarios, no significa que
no formen parte del Estado mexicano, pues su misión principal radica en
atender necesidades torales tanto del Estado como de la sociedad en
general, conformándose como nuevos organismos que se encuentran a
la par de los órganos tradicionales. Atento a lo anterior, las
características esenciales de los órganos constitucionales autónomos
son: a) Deben estar establecidos directamente por la Constitución
Federal; b) Deben mantener, con los otros órganos del Estado,
relaciones de coordinación; c) Deben contar con autonomía e
independencia funcional y financiera; y d) Deben atender funciones
primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente
atendidas en beneficio de la sociedad.
Tesis de Jurisprudencia, P./J. 20/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Página 1647, Novena Época, Registro No. 172456. El Tribunal Pleno, el diecisiete de abril en curso, aprobó, con el número 20/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a diecisiete de abril de dos mil siete.
El realizar evaluaciones del desempeño de los servidores públicos
de elección popular respecto del cumplimiento o no de los compromisos
de campaña no les separa o desvía de las funciones esenciales que le
corresponda a un organismo electoral, porque son parte del ejercicio de
segumiento de los actos de quienes ocupan eventualmente cargos de
elección popular.
265
Vinculado estrechamente a lo anterior, debemos tener presente
que los organismos electorales deben sujetar su actuación a los
principios rectores de la función pública electoral. A nivel de entidades
federativas, las autoridades electorales estatales deben cumplir con los
principios previstos en el artículo 116 fracción IV, inciso b), y que a
saber son el de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y
objetividad; principios que para nuestra entidad se reiteran en el
artículo 5 APARTADO B), segundo párrafo de la Constitución Política del
Estado de Baja California.
El significado de estos principios ha sido explicado por el Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la siguiente
Jurisprudencia:
FUNCIÓN ELECTORAL A CARGO DE LAS AUTORIDADES
ELECTORALES. PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. La
fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece que en el ejercicio de la función electoral a
cargo de las autoridades electorales, serán principios rectores los de
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Asimismo
señala que las autoridades electorales deberán de gozar de autonomía
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. La Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha estimado que en materia electoral el
principio de legalidad significa la garantía formal para que los
ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o
desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto
normativo; el de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus
funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,
desviaciones o la proclividad partidista; el de objetividad obliga a que las
normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar
situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral,
durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, y el de
certeza consiste en dotar de facultades expresas a las autoridades
locales de modo que todos los participantes en el proceso electoral
conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a que su
propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Por
su parte, los conceptos de autonomía en el funcionamiento e
independencia en las decisiones de las autoridades electorales implican
una garantía constitucional a favor de los ciudadanos y de los propios
partidos políticos, y se refiere a aquella situación institucional que
permite a las autoridades electorales emitir sus decisiones con plena
imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al caso, sin
tener que acatar o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias
266
o insinuaciones provenientes de superiores jerárquicos, de otros
Poderes del Estado o de personas con las que guardan alguna relación
de afinidad política, social o cultural.
Acción de inconstitucionalidad 19/2005. Partido del Trabajo. 22 de agosto de 2005. Unanimidad de diez votos. Ausente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Laura Patricia Rojas Zamudio.
El Tribunal Pleno, el dieciocho de octubre en curso, aprobó, con el número 144/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a
dieciocho de octubre de dos mil cinco.
Con el fin de identificar mejor esta interpretación de la Corte sobre
estos principios rectores en materia electoral, los desglosaremos de la
siguiente forma:
a) El principio de legalidad es la garantía formal para que los
ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las
disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o
desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto
normativo.
b) El principio de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus
funciones las autoridades electorales eviten irregularidades,
desviaciones o la proclividad partidista.
c) El principio de objetividad obliga a que las normas y mecanismos del
proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas
sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y
en las etapas posteriores a la misma.
d) El principio de certeza consiste en dotar de facultades expresas a las
autoridades locales de modo que todos los participantes en el proceso
electoral conozcan previamente con claridad y seguridad las reglas a
que su propia actuación y la de las autoridades electorales están
sujetas.
El estudio de las facultades y atribuciones de los organismos
electorales y los principios rectores a que deben sujetarse en el
ejercicio de las mismas, tiene pertinencia en virtud de que la función
sustantiva de los organismos electorales es de vital importancia para
fortalecer el sistema político-electoral y garantizar la renovación
pacífica de los poderes constitucionales.
267
Los principios de la función pública electoral no estarían en riesgo
con esta propuesta, porque la autoridad electoral al elaborar la
evaluación del cumplimiento de los compromisos de campaña de los
servidores públicos que hayan resultado electos y dictaminar su
cumplimiento o no al año siguiente del ejercicio de su encargo, se
apegará estrictamente a los principios aplicables, particularmente la
objetividad, imparcialidad y certeza en su veredicto.
El organismo electoral debe ser celoso defensor de estos principios
fundamentales porque son un imperativo legal y político, y los poderes
constitucionales deben coadyuvar en este objetivo de acuerdo a sus
competencias, correspondiendo al Poder Legislativo otorgarle las
herramientas jurídicas que le permitan garantizar en todo momento
este atributo, cuya importancia queda manifiesta en la siguiente Tesis
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación.
AUTORIDADES ELECTORALES. LA INDEPENDENCIA EN SUS
DECISIONES ES UNA GARANTÍA CONSTITUCIONAL.— Conforme a
las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, las cuales prevén que las autoridades en materia
electoral deben gozar de autonomía en su funcionamiento e
independencia en sus decisiones, este último concepto implica una
garantía constitucional en favor de los ciudadanos y los propios partidos
políticos, y se refiere a aquella situación institucional que permite a
las autoridades de la materia, emitir sus decisiones con plena
imparcialidad y en estricto apego a la normatividad aplicable al
caso, sin tener que acatar o someterse a indicaciones,
instrucciones, sugerencias o insinuaciones, provenientes ya sea
de superiores jerárquicos, de otros poderes del Estado o incluso,
de personas con las que guardan alguna relación afectiva ya sea
política, social o cultural.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-009/2001.—Partido de Baja California.—26 de febrero de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Fernando Ojesto Martínez Porcayo.—Secretario: Arturo Martín del Campo Morales.
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
ESTABLECER EL MECANISMO DE LA CONSULTA POPULAR
268
La presente Iniciativa, de conformidad con su exposición de
motivos, tiene el propósito de otorgar legitimidad y certeza a las
acciones de gobierno, fortaleciendo el régimen democrático en nuestra
entidad.
La consulta ciudadana es una herramienta que permite atender el
sentir de la población respecto de asuntos públicos, sea para la
ejecución o no de determinados actos de gobierno o la aprobación o no
de determinadas leyes, a través de los procesos de plebiscito y de
referéndum, respectivamente.
Con las reformas a los artículos 8 y 28 de la Constitución Política
del Estado de Baja California, publicadas en el Periódico Oficial del
Estado, el 6 de octubre de 1997, se establecieron los derechos
ciudadanos del plebiscito, referéndum e iniciativa ciudadana que son
instituciones de la democracia participativa. Como consecuencia de ello
el 16 de febrero de 2001, se publicó en el mismo medio la Ley de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California, reglamentaria de
los artículos 5 apartado B), párrafo cuarto, 8 fracción, IV inciso b) y 28
fracción VI de la Constitución Política del Estado de Baja California, que
regula estos instrumentos de consulta y propuesta ciudadana.
La Iniciativa en cuestión pretende incluir una nueva herramienta
de consulta ciudadana denominada consulta popular, con la finalidad de
que la sociedad exprese su sentir sobre temas de amplio interés
estatal, con excepción de los temas de carácter electoral y fiscal.
El marco jurídico general en que se sustenta la Iniciativa está
contenido en los artículos 26, 40, y 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 25 del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, y artículo 23 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, para lo cual se transcribe la parte aplicable:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 26.- A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación.
269
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan
nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior;
pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Artículo 115.- Los estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, y teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS
Artículo 25.- Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: a) Participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes libremente elegidos;
CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
Artículo 23.-
Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente elegidos;
De lo anterior se concluye que la participación de las personas en
los asuntos públicos forma parte de los derechos humanos que el
Estado mexicano debe garantizar, estableciendo para ello mecanismos
democráticos y abiertos que permitan manifestar libremente a la
población su opinion en relación con aquellos problemas que le afecten.
270
Respecto del régimen jurídico local, hemos constatado los
instrumentos de consulta y participación como son el plebiscito,
referéndum e iniciativa ciudadana, los cuales se prevén en los artículos
5, 8 y 28 de la Constitución, mismos que se regulan en la Ley de
Participación Ciudadana.
En cuanto a la justificación de esta propuesta, se coincide con lo
asentado en la exposición de motivos de la Iniciativa, de la cual
tomamos estos dos párrafos:
“El principal motivo para la adopción de los distintos mecanismos
de participación ciudadana, tiene que ver con la falta de canales
adecuados para que la sociedad participe de manera directa en los
problemas que los afectan. Con estos mecanismos de democracia
directa, los representados pueden involucrarse y controlar de
mejor manera a sus representantes y evitar que se siga sin
escuchar y atender sus demandas.
De esta forma se busca una mayor participación e intervención
ciudadana en la toma de decisiones políticas y sociales, todas ellas
trascendentes en la vida pública.”
Lo anterior es un aspecto medular que merece especial interés
porque se vincula estrechamente con la legitimación de los actos de
gobierno, es decir, que estén amparados por el consenso de la
colectividad, para que de esa manera sean realizados con la aceptación
general y se eviten, hasta donde sea posible, las imposiciones o
decisiones unilaterales que mucho perjudican a diversos sectores
sociales o a la sociedad en su conjunto.
Los beneficios que se obtienen de la participación directa de la
ciudadanía en la toma de decisiones a través de los diferentes
instrumentos jurídicos, particularmente del plebiscito, quedan
establecidos en el siguiente cuadro elaborado por el Centro de
Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, titulado “Democracia Directa: Referéndum,
Plebiscito e Iniciativa Popular”.
INDIVIDUAL
SOCIAL
ESTRUCTURA
INSTITUCIONAL
Mayor motivación
Más debate público
(Temáticamente) políticas más
271
política político
abiertas y accesibles
Políticamente mejor informado
Más debate público
político
Mayor legitimidad en las decisiones
Mayor comunicación política
Mayor aprendizaje
social
Menor distancia entre ciudadano y político
Mayor cualificación política
Más interacciones dentro de la comunidad
Mayor transparencia en los motivos de la toma de decisión
Mayores oportunidades de participación
Mejor división de
poderes
Políticas más abiertas y medios de comunicación más accesibles
Mejor orientación política
Mayor integración
social
Elimi
Nac Eliminación del monopolio político
La mayoría de los Estados de la República establecen en su
sistema jurídico las figuras de consulta pública, principalmente el
plebiscito, como a continuación podemos observar.
ENTIDAD
FEDERATIVA
CONSULTA CIUDADANA
AGUASCALIENTES
Plebiscito
BAJA
CALIFORNIA SUR
Plebiscito.
CAMPECHE
Ninguna
CHIAPAS
Plebiscito Referéndum
Consulta ciudadana
Audiencia pública
272
CHIHUAHUA
Plebiscito
Referéndum
Revocación de mandato
COAHUILA
Plebiscito
Referéndum
COLIMA
Plebiscito
DISTRITO FEDERAL
Plebiscito
DURANGO
Plebiscito
Referéndum
GUANAJUATO
Plebiscito
GUERRERO
Plebiscito
Referéndum
HIDALGO
Ninguna
JALISCO
Plebiscito
Referéndum
MÉXICO
Referéndum
MICHOACÁN
Plebiscito
Referéndum
MORELOS
Plebiscito Referéndum
NAYARIT
Plebiscito
Referéndum
NUEVO LEÓN
Ninguna
273
OAXACA
Plebiscito
Referéndum
PUEBLA
Plebiscito
Referéndum
QUERÉTARO
Referéndum
QUINTANA ROO
Referéndum
SAN LUIS POTOSÍ
Plebiscito Referéndum
SINALOA
Plebiscito
Referéndum
SONORA
Ninguna
TABASCO
Plebiscito
Referéndum
TAMAULIPAS
Plebiscito
Referéndum
TLAXCALA
Plebiscito
Consulta popular
Referéndum
YUCATÁN
Plebiscito
Referéndum
VERACRUZ
Plebiscito
Referéndum
ZACATECAS
Plebiscito
Referéndum
274
Son 25 entidades federativas que han establecido en sus
ordenamientos jurídicos la figura del plebiscito, incluyendo a Baja
California, haciendo de esta el mecanismo más importante de consulta
ciudadana. Solamente Campeche, Hidalgo, México, Quintana Roo,
Querétaro y Sonora no cuentan con este instrumento, y en el caso de
Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Sonora no cuentan con ningún
mecanismo de consulta ciudadana. En este último Estado, su
Constitución prevé que el Poder Legislativo tiene facultades para
legislar y fomentar la participación ciudadana en el Estado y sus
Municipios, regulando las figuras que se estimen convenientes, entre
las cuales deberá considerar el referéndum, plebiscito, iniciativa
popular y consulta vecinal, como instituciones básicas de participación,
sin embargo no están reguladas en ninguna ley.
En cuanto a la figura de Consulta Popular, únicamente el Estado
de Tlaxcala cuenta con este tipo de consulta pública, además del
plebiscito. Esta figura se regula en la Ley de Consulta Ciudadana para
el Estado de Tlaxcala, y la diferencia principal entre esta y el plebiscito
estriba en que la consulta popular es un proceso permanente que los
órganos de gobierno pueden realizar para recoger y conocer la
opinión y las propuestas de los diversos sectores de la
población, mediante la aplicación de cuestionarios, de encuestas
generales o segmentadas, de sondeos de opinión y entrevistas,
de foros, seminarios y reuniones públicas; y de otros medios e
instrumentos que sean eficaces y propicien la participación social a fin
de recopilar la opinión y las propuestas de los ciudadanos.
En cambio el plebiscito, es un procedimiento de consulta pública
que puede solicitarse por los ciudadanos, el Poder Ejecutivo y
Legislativo, y los Ayuntamientos, para someter a consideración de los
ciudadanos y expresen su aprobación o rechazo de determinados actos
relativos a obras y servicios públicos o decisiones a tomar por el
Gobierno del Estado o de los Ayuntamientos.
Otra figura muy similar a la consulta popular es la que incluye el
Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de
Chiapas, denominada consulta ciudadana, instrumento a través del
cual el Gobernador y las dependencias de la Administración Pública del
Estado, someten a consideración de la ciudadanía por medio de
preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta,
cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos
275
ámbitos temáticos y territoriales en el Estado de Chiapas, sin que sus
resultados tengan carácter vinculatorio.
Lo anterior guarda pertinencia porque la Iniciativa que se presenta
para incorporar en nuestro sistema jurídico local la figura de consulta
popular, es distinta a la consulta popular y consulta ciudadana de los
Estados de Tlaxcala y Chiapas, respectivamente, por cuanto hace a los
convocantes y al procedimiento. En el caso de estas figuras, compete a
las autoridades su instrumentación a través de variadas formas de
consulta, como puede apreciarse, para conocer la opinión de la
ciudadanía sobre asuntos de interés a nivel estatal o municipal. En
cambio, la Iniciativa en estudio es un mecanismo que por sus
características se asemeja más al plebiscito, como podemos observar
en el siguiente cuadro.
PLEBISCITO
CONSULTA POPULAR
OBJETO.- Consultar a los
ciudadanos para que expresen su
aprobación o rechazo sobre actos
trascendentes del Poder Ejecutivo,
de los Ayuntamientos y el
Congreso del Estado (formación
de nuevos municipios)
OBJETO.- Consultar a los ciudadanos para que expresen su
opinión sobre temas de amplio
interés estatal.
SOLICITUD.- Podrán solicitar:
El Congreso del Estado (Dos
terceras partes de sus
miembros) El Gobernador.
Los Ayuntamientos.
Los ciudadanos.
SOLICITUD.- Podrán solicitar:
El Gobernador con el acuerdo del Congreso del Estado.
El Congreso del Estado (Dos
terceras partes de sus miembros)
Los ciudadanos.
CIUDADANOS SOLICITANTES.-
Deben constituir el 1% de los
electores de la Lista Nominal de
Electores, o en su caso, la
correspondiente al Municipio
respectivo.
CIUDADANOS SOLICITANTES.-
Deben constituir el 2% de los
electores inscritos en el Padrón
Electoral, con el acuerdo del
Congreso del Estado.
276
En este mismo ejercicio, no soslayamos aspectos muy importantes
que se vinculan con lo que se manifiesta en la exposición de motivos de
esta Iniciativa, en relación a la participación ciudadana en los asuntos
públicos. Un primer aspecto que se destaca, es que la consulta popular
se podrá convocar sobre temas de amplio interés estatal. Esto se
traduce en que los temas o asuntos que sean de jurisdicción municipal
no podrán ser sometidos a este mecanismo de consulta, en virtud de
que deben ser temas de interés estatal, o sea, que afecten o tengan
impacto en el Estado. Esto se confirma porque los Ayuntamientos no se
incluyen como solicitantes para esta consulta.
Un segundo aspecto relativo a los sujetos solicitantes para la
consulta popular, es que ésta podrá realizarse a solitud del Gobernador,
siempre y cuando el Congreso del Estado lo apruebe.
Finalmente, un tercer aspecto relevante y significativo, lo es en
cuanto al número de ciudadanos para solicitar la consulta popular que
debe ser al menos el 2% de los ciudadanos inscritos en el Padrón
Electoral, en tanto que para solicitar el plebiscito se requiere el 1% de
los ciudadanos registrados en la Lista Nominal de Electores. En
números, de acuerdo a los datos del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado de Baja California con corte al 1º de
enero del 2011, esto se traduce así:
Municipio
CIUDADANOS INSCRITOS EN EL:
Padrón Lista Nominal 2%
Padrón
1%
Lista Nominal
Ensenada 335.305 295.490
Mexicali 694.130 591.726
Tecate 77.423 67.554
Tijuana 1.196.146 1.040.514
Playas de Rosarito 72.282 66.237
Total 2.375.286 2.061.521 47,505 20,615
Es de observarse que para solicitar la consulta popular por parte
de la ciudadanía, se deberá adjuntar las firmas de cuando menos
47,505 ciudadanos que representan el 2% del Padrón Electoral. En
cambio para solicitar la consulta vía plebiscito se requiere cuando
277
menos de 20,615 ciudadanos, que representa el 1% del Listado
Nominal de Electores. Este simple ejercicio nos indica que la consulta
popular exige más del doble de ciudadanos respecto de los que se
requieren para el plebiscito, luego entonces, la consulta popular resulta
menos accesible como instrumento ciudadano de participación.
Lo anterior es importante porque la intención de los inicialistas es
buscar una mayor participación de los ciudadanos en los asuntos
públicos, como lo señalan en su exposición de motivos en el siguiente
párrafo:
“De esta manera se busca una mayor participación e intervención
ciudadana en la toma de decisiones políticas y sociales, todas ellas
trascendentes en la vida pública.”
Sin embargo, de acuerdo al análisis del contendido de esta
Iniciativa, quizás no se alcance a lograr este objetivo, cuyos obstáculos
mayores son el umbral como porcentaje para solicitarlo, y que se limita
a temas de carácter estatal. No olvidemos la experiencia de las
entidades federativas, y sobre todo de nuestro Estado, nos indica que
estos instrumentos de consulta pública todavía no forman parte de
nuestra cultura política porque no es una práctica regular, no obstante,
como hemos visto, la mayoría de los Estados de la República reconocen
en sus leyes vigentes las figuras del plebiscito (también el referéndum
y en menor medida la iniciativa popular). Esto se debe a una serie de
factores que inciden negativamente en la instrumentación de estas
figuras, tales como la falta de cultura política de la sociedad en su
conjunto, la falta de una promoción de la importancia y significado de
estas formas de participación y su aplicación real; asimismo, los
umbrales tan altos que se han establecido, particularmente para que
sus resultados tengan efectos vinculatorios, etcétera, hacen que en la
práctica sean contados los procedimientos de consulta pública en
nuestro país. Aún así, esta propuesta representa una herramienta
adicional al servicio del los ciudadanos y del Gobierno del Estado para
los efectos descritos en el cuerpo de este documento.
Por lo anterior, esta propuesta es procedente.
Una vez concluido el estudio y análisis de la iniciativa de reforma a
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Baja
California, procedemos a plasmar lo siguiente:
278
Por todo lo anterior, la Iniciativa de reforma a diversos artículos de
la Constitución Política del Estado de Baja California, objeto del estudio
y análisis realizado en este proyecto de Dictamen por las Comisiones
Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y de
Reforma de Estado de este H. Congreso del Estado de Baja California,
con el apoyo y auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y de
la Dirección General de la Consultoría Legislativa, resuelve que es
procedente en los temas y articulado que se plasman como conclusión
en este documento, los cuales reúnen los requisitos formales, con la
debida fundamentación y motivación, para lo cual se exponen los
siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, así como los Diputados integrantes del Partido Verde
Ecologista de México, del Partido del Trabajo y el Partido Estatal de
Baja California, en su carácter de inicialistas de esta XX Legislatura
Constitucional del Congreso del Estado de Baja California, presentaron
ante el Pleno de esta H. Soberanía, durante la Sesión Ordinaria de
fecha 07 de Abril de 2011, la Iniciativa que reforma diversos artículos
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California.
SEGUNDO.-Recibida que fue la Iniciativa en comento, la Presidencia de
la Mesa Directiva, de acuerdo a la facultad conferida por los artículos 50
fracción II, inciso f), y 118 primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, la turnó a las Comisiones
Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y
Comisión de Reforma de Estado, para que se procediera a su estudio y
dictamen.
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la
Constitución Política Local, el Congreso del Estado tiene la facultad de
legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así
como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el
caso los requisitos establecidos.
279
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 55, tercer párrafo, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, las
comisiones de dictamen legislativo conocerán de las iniciativas que
correspondan a su materia y serán las responsables de su
dictaminación. Elaborarán informes y opiniones, respecto de los
asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información,
evaluación y control que les correspondan.
QUINTO.- Que como resultado del estudio y análisis exhaustivo de
cada uno de los temas de esta Iniciativa de reforma, como se constata
en el cuerpo de este proyecto, se tiene que es legalmente procedente
en los temas y preceptos correspondientes, materia de este análisis.
______________________________
5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
ADICIONA PÁRRAFO OCTAVO AL ARTÍCULO 5 Y FRACCIÓN IV AL
ARTÍCULO 92, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE QUE SE
APLIQUEN EXÁMENES ANTIDOPAJE A CANDIDATOS Y
FUNCIONARIOS, presentada el 13 de abril de 2011 a cargo de los
Diputados Julio Felipe García Muñoz, Claudia Josefina Agatón Muñiz,
Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo,
Juan Montejano de la Torre, Eli Topete Robles, Juan Vargas Rodríguez,
David Jorge Lozano Pérez, Fausto Zarate Zepeda, Carlos Murguía Mejía,
Laurencio Dado Alatorre, Alfonso Garzón Zataraín y Rosana Soto
Agüero; del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido Estatal
de Baja California y del Partido del Trabajo.
I.- ASPECTOS GENERALES
DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Las autoridades deben estar al pendiente de que los candidatos a un
cargo de elección popular no tengan sospechas de vínculos o
financiamientos del narcotráfico. Los servidores públicos deben
realizarse exámenes de antidopaje que aseguren que los
funcionarios, candidatos a un cargo de elección popular o incluso los
280
propios procesos electorales no estén financiados con dinero de
dudosa procedencia.
El análisis de orina es el principal método institucional de control
antidopaje para revelar la presencia de sustancias dopantes. Ha
demostrado ser eficaz en la detección de sustancias exógenas que el
cuerpo humano no es capaz de sintetizar, como la mayoría de los
estimulantes, narcóticos, esteroides, anabolizante y diuréticos.
Frente al uso de productos y métodos dopantes, es importante
contar con acciones de gobierno que eviten que los funcionarios
públicos utilicen estas sustancias, con ello se reduce el peligro físico
del propio funcionario, y a su vez, se colabora de manera indirecta
en beneficio de la ciudadanía en general. Asimismo, con los
exámenes antidopaje se contribuye en gran medida a persuadir a los
funcionarios públicos que pudieran tener esta problemática, para que
no sigan consumiendo sustancias psicoactivas. Este tipo de medidas
son la mejor demostración de responsabilidad de un gobierno hacia
los ciudadanos.
Queremos destacar que la prueba antidopaje es necesaria y ofrece la
opinión pública, la certeza de que los funcionarios no tienen ningún
problema al respecto. Al ser los funcionarios personas que llevan la
administración pública de los recursos, es imprescindible que
realicen de manera comprometida y profesional sus labores, y así
lograr mantener la credibilidad de dichos funcionarios ante la
ciudadanía. En su momento, se tendrá que legislar en la Ley de la
materia para ver la oportunidad de que dichos exámenes sean
aplicados con un sofisticado sistema de control y que se puedan
realizar sin previo aviso. Hay que aclarar que no es un asunto
persecutorio, tiene que ver con la responsabilidad y profesionalismo
en las labores cotidianas de los servidores públicos, y si alguno de
los servidores públicos tuvieran un problema en cuanto al consumo
de sustancias psicoactivas, resulta pertinente que sea tratado y
canalizado a donde pueda ser orientado y pueda resolverlo.
Hay que decir que el dopaje es una práctica que no encaja con la
administración pública y los representantes populares. Su práctica es
contraria a la ética de cualquier servidor público, puesto que si uno
de los objetivos es contribuir al desarrollo integral de la sociedad en
un marco de legalidad y certeza, cuando aparece el dopaje se anula
este noble propósito, porque su práctica corrompe al servidor
público.
281
Por otro lado, el dopaje es deshonesto porque contradice la finalidad
de la administración pública, que como se mencionó anteriormente,
es la búsqueda del desarrollo integral de la sociedad.
El dopaje es un problema social que no distingue posición ni cultura,
y cuya solución supone la aplicación de diversas estrategias y
acciones. Por lo tanto, es pertinente que se realicen las reformas a
nuestra Constitución para que se implemente en la administración
pública eficaces medidas disuasorias, y que influyan en sentido
positivo para que si llegara a dar el caso de servidores públicos con
la problemática de consumo de sustancias psicoactivas, se eviten
riesgos mayores. Estas medidas disuasorias se pueden llevar a la
práctica bajo acciones controladoras. Los controles antidopaje
permiten por su efecto disuasorio, el consumo de drogas. También
las acciones sancionadoras son complementarias a los exámenes de
antidopaje, puesto que sin sanciones, los controles serían inútiles. En
este sentido, hay que señalar que las sanciones deben ser justas y
equitativas.
El propósito de esta Iniciativa, consiste en que los candidatos a
ocupar un puesto de elección popular, se someterán a la aplicación
de exámenes toxicológicos conocidos como antidopaje. La Ley
electoral establecerá las reglas de aplicación y sanciones, y aquellos
que resulten electos, se someterán a un examen anual de antidopaje
de carácter obligatorio.
Los candidatos a ocupar un puesto de elección popular que resulten
electos, se someterán anualmente a un examen antidopaje,
asimismo, esta obligación se aplicará a todos los servidores públicos
de primero y segundo nivel de los Ayuntamientos, del Gobierno del
Estado y del Poder Judicial.
Por lo anteriormente expuesto y motivado se presenta Iniciativa por
la que adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, al tenor del siguiente:
DECRETO
ÚNICO.- Se adiciona párrafo octavo al artículo 5 y fracción IV al
artículo 92, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana el pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
…
…
282
…
…
…
…
Los candidatos a ocupar un puesto de elección popular, se
someterán a la aplicación de exámenes toxicológicos
conocidos como antidopaje. La Ley electoral establecerá las
reglas de aplicación y sanciones, asimismo, aquellos que
resultaran electos, se someterán a un examen anual de
antidopaje de carácter obligatorio conforme al artículo 92 de
esta Constitución.
APARTADO A. Los partidos políticos:-…
APARTADO B. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California.-…
APARTADO C. Justicia Electoral.-…
ARTÍCULO 92.- El Congreso del Estado, dentro de los ámbitos de su
competencia, expedirá la Ley Estatal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos y las demás normas conducentes a sancionar a
quienes teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de
conformidad con las siguientes prevenciones:
I a III.-….
IV.- Aquellos candidatos a ocupar un puesto de elección
popular que resultaran electos, se someterán anualmente a
un examen antidopaje, asimismo, esta obligación se aplicará
a todos los servidores públicos de primero y segundo nivel de
los Ayuntamientos, del Gobierno del Estado y del Poder
Judicial.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO.- Las presentes reformas entraran en vigor el
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Baja California.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En un término que no exceda de 90 días a
partir de su vigencia el Congreso del Estado realizará las
modificaciones necesarias a la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Baja California.
ARTÍCULO TERCERO.- En un término que no exceda de 90 días a
partir de su vigencia el Congreso del Estado realizará las
modificaciones necesarias a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado de Baja California.
283
ARTÍCULO CUARTO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Baja California, cuando la iniciativa de adición o reforma haya
sido aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total
de diputados, se enviará está a los Ayuntamientos, con copia de las
actas de los debates que hubiere provocado, para que a su vez, los
Ayuntamientos remitan a este Honorable Congreso el resultado de su
votación.
I.- INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
De la exposición de motivos se desprende que los legisladores
pretenden adicionar la fracción IV al artículo 92 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, a fin de
establecer la aplicación de exámenes para la detección de drogas de
abuso a candidatos, servidores públicos de elección popular y a
servidores públicos del primer nivel de los Ayuntamientos y del
Gobierno del Estado.
II.- ASPECTOS PARTICULARES
Para efecto de determinar si la iniciativa objeto del presente
dictamen es procedente o improcedente, entraremos a estudiar y
analizar los ordenamientos legales aplicables al caso, mismos que se
transcriben para su mayor comprensión:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
ARTÍCULO 5.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la
profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución
gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se
ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del
producto de su trabajo, sino por resolución judicial.
La Ley determinará en cada Estado, cuáles son las profesiones que
necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deban
llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo.
284
Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa
retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto
como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo dispuesto
en las fracciones I y II del artículo 123.
En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los
términos que establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los
jurados, así como el desempeño de los cargos concejiles y los de
elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y
censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas
aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta
Constitución y las leyes correspondientes. Los servicios profesionales
de índole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la
ley y con las excepciones que ésta señale.
El Estado no puede permitir que se lleve a efecto ningún contrato,
pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el
irrevocable sacrificio de la libertad de la persona por cualquier causa.
Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su
proscripción o destierro, o en que renuncie temporal o
permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o
comercio.
El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por
el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del
trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia,
pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.
La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al
trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabilidad
civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su persona.
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:
285
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las normas y requisitos para su registro legal y las
formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las
elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la
representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con
los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán
formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a
ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y
cualquier forma de afiliación corporativa.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que
señalen esta Constitución y la ley.
II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de
manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y
señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios
partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los
recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.
El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su
registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones
destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes,
las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y
las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo siguiente y a lo
que disponga la ley:
a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades
ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número
total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y
cinco por ciento del salario mínimo diario vigente para el Distrito
Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el
286
porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados
inmediata anterior.
b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la
obtención del voto durante el año en que se elijan Presidente de la
República, senadores y diputados federales, equivaldrá al cincuenta por
ciento del financiamiento público que le corresponda a cada partido
político por actividades ordinarias en ese mismo año; cuando sólo se
elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho
financiamiento por actividades ordinarias.
c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la
educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así
como a las tareas editoriales, equivaldrá al tres por ciento del monto
total del financiamiento público que corresponda en cada año por
actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los
partidos políticos en forma igualitaria y el setenta por ciento restante
de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la
elección de diputados inmediata anterior.
La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de
selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos
políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las
aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder
anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope de gastos
establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los
recursos con que cuenten y dispondrá las sanciones que deban
imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.
De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación
de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los
supuestos en los que sus bienes y remanentes serán adjudicados a la
Federación.
III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera
permanente de los medios de comunicación social.
Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la
administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y
televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los
287
partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que
establezcan las leyes:
a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada
electoral quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta
y ocho minutos diarios, que serán distribuidos en dos y hasta tres
minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal
de televisión, en el horario referido en el inciso d) de este apartado;
b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en
conjunto de un minuto por cada hora de transmisión en cada estación
de radio y canal de televisión; el tiempo restante se utilizará conforme
a lo que determine la ley;
c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el
derecho de los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento
del tiempo total disponible a que se refiere el inciso a) de este
apartado;
d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se
distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las
seis y las veinticuatro horas;
e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se
distribuirá entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por
ciento en forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo a
los resultados de la elección para diputados federales inmediata
anterior;
f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de
la Unión se le asignará para radio y televisión solamente la parte
correspondiente al porcentaje igualitario establecido en el inciso
anterior, y
g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta
base y fuera de los periodos de precampañas y campañas electorales
federales, al Instituto Federal Electoral le será asignado hasta el doce
por ciento del tiempo total de que el Estado disponga en radio y
televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del total
asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales
en forma igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo
utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto
288
federales como de las entidades federativas. Cada partido político
nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda en un
programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con
duración de veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones
a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el
Instituto conforme a lo señalado en el inciso d) del presente Apartado.
En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de los tiempos
correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político,
cuando así se justifique.
Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir,
por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio
y televisión.
Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de
terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a
influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en
contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección
popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este
tipo de mensajes contratados en el extranjero.
Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser
cumplidas en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a
la legislación aplicable.
Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el
Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan
al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura
en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que
determine la ley:
a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas
comiciales coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada
entidad federativa estará comprendido dentro del total disponible
conforme a los incisos a), b) y c) del apartado A de esta base;
b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los
términos de la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional,
y
c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo
a los de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados
289
en el apartado A de esta base y lo que determine la legislación
aplicable.
Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y
televisión a que se refieren este apartado y el anterior fuese
insuficiente para sus propios fines o los de otras autoridades
electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo faltante,
conforme a las facultades que la ley le confiera.
Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los
partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las
instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales
y locales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá
suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, tanto de los poderes federales y estatales,
como de los municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus
delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo
anterior serán las campañas de información de las autoridades
electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las
necesarias para la protección civil en casos de emergencia.
Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán
sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos
expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las
transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios,
que resulten violatorias de la ley.
IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos
partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de
elección popular, así como las reglas para las precampañas y las
campañas electorales.
La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente
de la República, senadores y diputados federales será de noventa días;
en el año en que sólo se elijan diputados federales, las campañas
durarán sesenta días. En ningún caso las precampañas excederán las
dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas electorales.
La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra
persona física o moral será sancionada conforme a la ley.
290
V. La organización de las elecciones federales es una función estatal
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado
Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión,
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios
rectores.
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia,
independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su
desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección,
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su órgano
superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los
consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos
políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las reglas para la
organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones
de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del
personal calificado necesario para prestar el servicio profesional
electoral. Una Contraloría General tendrá a su cargo, con autonomía
técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y egresos del
Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con
base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de
trabajo con los servidores del organismo público. Los órganos de
vigilancia del padrón electoral se integrarán mayoritariamente por
representantes de los partidos políticos nacionales.
Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.
El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser
reelecto una sola vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo
nueve años, serán renovados en forma escalonada y no podrán ser
reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesivamente
por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la
Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios,
previa realización de una amplia consulta a la sociedad.
De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera de
los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el
periodo de la vacante. La ley establecerá las reglas y el procedimiento
correspondientes.
291
El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener
otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que
actúen en representación del Consejo General y de los que
desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de
investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que
perciban será igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación.
El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la
Cámara de Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes a propuesta de instituciones públicas de educación
superior, en la forma y términos que determine la ley. Durará seis años
en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito
administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá
la coordinación técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior
de la Federación.
El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras
partes del Consejo General a propuesta de su Presidente.
La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su
designación el consejero presidente del Consejo General, los consejeros
electorales, el Contralor General y el Secretario Ejecutivo del Instituto
Federal Electoral; quienes hayan fungido como consejero Presidente,
consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, dentro
de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes
públicos en cuya elección hayan participado.
Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos
parlamentarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo
habrá un Consejero por cada grupo parlamentario no obstante su
reconocimiento en ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y
directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas
a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y
prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón
y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de
la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley,
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones
de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los
292
Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales
uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de
las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones
de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los
términos que señale la ley.
La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales
estará a cargo de un órgano técnico del Consejo General del Instituto
Federal Electoral, dotado de autonomía de gestión, cuyo titular será
designado por el voto de las dos terceras partes del propio Consejo a
propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará la integración y
funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la
aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de
sus atribuciones el órgano técnico no estará limitado por los secretos
bancario, fiduciario y fiscal.
El órgano técnico será el conducto para que las autoridades
competentes en materia de fiscalización partidista en el ámbito de las
entidades federativas puedan superar la limitación a que se refiere el
párrafo anterior.
El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las
autoridades competentes de las entidades federativas que así lo
soliciten, la organización de procesos electorales locales, en los
términos que disponga la legislación aplicable.
VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de
los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de
medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y
la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los
procesos electorales y garantizará la protección de los derechos
políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los
términos del artículo 99 de esta Constitución.
En materia electoral la interposición de los medios de impugnación,
constitucionales o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la
resolución o el acto impugnado.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
293
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo
concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las
que establece la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
ARTÍCULO 8.- Son derechos de los habitantes del Estado:
I.- Si son mexicanos, los que conceda la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan y la presente;
II.- Ejercer el derecho de petición de manera respetuosa y pacífica,
teniendo la autoridad la obligación de contestar en breve término; en
materia política sólo ejercerán este derecho los ciudadanos mexicanos;
III.- Si son extranjeros, gozarán de las garantías individuales y
sociales, así como de los derechos establecidos en la Constitución
General de la República, la presente y en las disposiciones legales que
de ellas emanen. En ningún caso los extranjeros gozarán derechos
políticos; y
IV.- Si además de ser mexicanos, son ciudadanos tendrán los
siguientes:
a) Votar en las elecciones para integrar los órganos de elección popular
de la entidad;
b) Participar en los términos de esta Constitución y de la Ley en los
procesos de Plebiscito y Referéndum;
c) Ser votados siempre que reúnan los requisitos que determina
esta Constitución y las leyes;
d) Desempeñar cualquier empleo, cargo o función del Estado o de los
ayuntamientos, cuando la persona reúna las condiciones que exija la
Ley para cada caso; y
e) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica
en los asuntos políticos del Estado; así como al partido político de su
preferencia o asociación de que se trate.
V.- En su condición de padres, deben ser asistidos en la forma que la
legislación lo disponga para la protección y cuidado de los hijos.
294
VI.- Si son personas menores de dieciocho años de edad, tendrán los
siguientes derechos:
a) Vivir y crecer en forma saludable y normal en un nivel de vida
adecuado para su desarrollo físico, mental afectivo, moral y social, en
el seno de la familia, la escuela, la sociedad y las instituciones, así
como a ser protegidos contra cualquier forma de maltrato, perjuicio,
daño, agresión, abuso o explotación, en condiciones de libertad,
integridad y dignidad.
b) Que el Estado les garantice de manera subsidiaria la protección
nutricional, estableciendo los apoyos y lineamientos necesarios a cargo
de las instituciones públicas, en los términos que determine la ley.
c) Si son menores de doce años que hayan realizado una conducta
prevista como delito en la Ley, sólo serán sujetos a rehabilitación y
asistencia social.
d) Si son adolescentes que se encuentran entre doce años de edad y
menores dieciocho años, sujetos a un procedimiento por la comisión de
conductas tipificadas como delito, se observará la garantía del debido
proceso legal en instituciones, tribunales y autoridades especializadas
en la procuración e impartición de justicia para ellos, así como la
independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta
realizada y tendrán como fin su reintegración social y familiar, así como
el pleno desarrollo de su persona y capacidades.
ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los habitantes del Estado:
I.- Si son mexicanos, las que se señalan en el artículo 31 de la
Constitución General de la República y en la presente.
II.- Si además de mexicanos, son ciudadanos, las contenidas en
los Artículos 5, 31 y 36 de la Constitución General de la
República, las que señala la presente Constitución y las que
establezca la Ley.
III.- Si son extranjeros, acatar y respetar en todas sus partes lo
establecido en la Constitución General de la República, en la del Estado
y en las disposiciones legales que de ambas emanen; sujetarse a los
fallos y sentencias de los tribunales sin poder intentar otros recursos
que los que se concede a los mexicanos y contribuir a los gastos
295
públicos de la manera que dispongan las leyes y autoridades del
Estado.
IV.- Sin son padres de familia, tienen la obligación de educar, proteger
y alimentar a sus hijos, propiciando un ambiente familiar armónico y
afectivo, que garantice su desarrollo integral.
V.- Cuidar y conservar el medio ambiente para mejorar las condiciones
de vida de la población.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del
Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que
expidieren, así como participar en las reformas a esta Constitución,
observando para el caso los requisitos establecidos;
II a la XXVIII.-…
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 2.- El Poder Legislativo es el órgano de gobierno del Estado
de Baja California, al que le corresponde el ejercicio de las funciones
legislativas, de fiscalización, así como el ámbito de la gestoría
comunitaria, que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Local le confieren, así como las demás que
le otorgan la presente Ley, y otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 17.- Son obligaciones de los Diputados:
I a la XII..
XIII.- Las demás que le confiere la Constitución Local, esta Ley, sus
Reglamentos y las que deriven de acuerdos del Pleno del Congreso del
Estado.
ARTICULO 167.- Para la designación de los Servidores Públicos que
por disposición Constitucional o Legal le corresponda realizar al Poder
Legislativo, se atenderá al procedimiento previsto en el Reglamento,
excepto en los casos en que dicho procedimiento se encuentre regulado
por otro ordenamiento legal.
296
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 25.- A la Dirección de Control y Evaluación
Gubernamental, le corresponde la atención y trámite de los
siguientes asuntos:
I.- Planear, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación
gubernamental de la Administración Pública Estatal.
II.- Expedir las normas y criterios que regulan el funcionamiento de los
instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública
Estatal, y en su caso requerir de las dependencias competentes, la
instrumentación de normas complementarias para el ejercicio de
facultades que aseguren el control;
III.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así
como, planear, organizar, coordinar y apoyar a los órganos de control
internos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública
Estatal;
IV.- Establecer las bases generales para la evaluación y realización de
auditorias en las dependencias y entidades de la Administración
Pública, así como realizar aquellas que se requieran en sustitución o
apoyo de sus propios órganos internos de control;
V.- Comprobar el cumplimiento, por parte de las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, de las obligaciones
derivadas de las disposiciones en materia de planeación,
presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda,
patrimonio y fondos y valores de la propiedad o al cuidado de las
mismas;
VI.- Realizar, por sí o a solicitud de la Secretaria de Planeación y
Finanzas, Oficialía Mayor de Gobierno o de la Coordinación del Sector
correspondiente, auditorias y evaluaciones a las dependencias y
entidades con el objeto de promover la eficiencia en sus operaciones y
verificar el cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en sus
programas;
VII.- Inspeccionar y vigilar directamente o a través de los órganos
internos de control que las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal, cumplan con las normas y disposiciones
en materia de registro y contabilidad, contratación y pago de personal,
contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos,
conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes
297
muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos
materiales;
VIII.- Designar y establecer los requisitos para el
nombramiento de los titulares de los órganos internos de
control y de comisarios públicos o sus equivalentes en los
órganos de vigilancia de los Órganos de Gobierno de las
Dependencias y de las Entidades de la Administración Pública
Estatal, y en su caso, realizar la remoción de éstos por causa
justificada;
IX.- Establecer y mantener coordinación e intercambiar información y
documentación con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, del
Congreso del Estado, sobre las normas, procedimientos y sistemas de
contabilidad y sobre los procedimientos de archivo contable de los
libros o documentos justificativos y comprobatorios del ingreso y del
gasto público;
X.- Recibir y registrar las declaraciones de Situación Patrimonial que
deban presentar los servidores públicos de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal y verificar y practicar las
investigaciones que fueren pertinentes de acuerdo con las leyes y
reglamentos;
XI.- Atender las quejas que presenten los particulares con motivo de
acuerdos, convenios, o contratos que celebran con las dependencias y
entidades de la Administración Pública Estatal, de acuerdo con las
normas que se emitan.
XII.- Conocer e investigar los actos, omisiones o conductas de
los servidores públicos para constituir responsabilidades
administrativas, aplicar las sanciones que correspondan en los
términos que las leyes señalan, y en su caso, hacer las
denuncias correspondientes ante el Ministerio Público,
presentándole para tal efecto la colaboración que le fuere
requerida.
XIII.- Recibir del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, los
informes sobre las irregularidades en los procedimientos y sistemas de
contabilidad que localice al revisar la Cuenta Pública, para dictar las
medidas que correspondan, en coordinación con la Secretaría de
Planeación y Finanzas;
XIV.- Coadyuvar con las dependencias normativas en el
establecimiento de los lineamientos que en materia de desarrollo y
modernización administrativa deberán observar las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Estatal, a fin de que los recursos
298
humanos, patrimoniales y los procedimientos técnicos y tecnológicos se
lleven en un marco de legalidad y transparencia;
XV.- Proponer la intervención de organismos de la sociedad civil en
acciones de vigilancia y evaluación de los programas ejecutados por el
Gobierno del Estado, que impulsen la mejora y transparencia de los
trámites, obras y servicios públicos responsables, cuando se estime
conveniente y que no sea de aquellas que estén exceptuadas por Ley;
XVI.- Certificar, autorizar y dar fe de las actuaciones administrativas,
que se practiquen en los asuntos de su competencia, y
XVII.- Las demás que le encomienden expresamente las leyes,
reglamentos y demás ordenamientos de observancia general.
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público, de
observancia general en el Estado de Baja California y tienen por objeto
dar certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad al
ejercicio de la función pública electoral.
ARTÍCULO 2.- La presente Ley reglamenta las normas
constitucionales relativas a:
I. El ejercicio de los derechos, prerrogativas y obligaciones
político electorales de los ciudadanos;
II. La constitución, registro, organización, función, prerrogativas,
derechos y obligaciones de los partidos políticos;
III. La función pública de organizar las elecciones ordinarias y
extraordinarias para la integración de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo del Estado, y de los Ayuntamientos de la Entidad;
IV. El Sistema de Medios de Impugnación para garantizar la legalidad
de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, y
V. Las faltas y sanciones administrativas, así como el Régimen de
Responsabilidades y sanciones de los consejeros electorales y de los
servidores públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Baja California.
299
ARTÍCULO 4.- Corresponde la ejecución y aplicación de las
normas contenidas en esta Ley, dentro de su respectivo ámbito
de competencia, al Poder Legislativo, al Instituto Electoral y al
Tribunal Electoral, quienes tendrán la obligación de velar su estricta
observancia y cumplimiento.
ARTÍCULO 12.- No podrán ejercer el derecho de voto los
ciudadanos que se encuentren comprendidos dentro de los
supuestos siguientes:
I. Sujeto a proceso penal por delito que merezca pena privativa de la
libertad, desde que se dicte el auto de formal prisión;
II. Compurgando pena privativa de la libertad;
III. Sujeto a interdicción o incapacidad judicial declarada;
IV. Ser prófugo de la justicia, en los términos que establezca la Ley
correspondiente;
V. Condenado por sentencia ejecutoriada a la suspensión o pérdida de
los derechos político electorales, hasta en tanto no se le hayan
restituido, o
VI. Encontrarse en los demás casos que expresamente señalen
las leyes.
ARTÍCULO 36.- El presente Libro tiene por objeto regular:
I. Los procedimientos para la constitución y registro de los partidos
políticos estatales, su función, sus formas específicas de participación y
responsabilidad, el desarrollo de sus actividades, las garantías para el
cumplimiento de sus fines, el ejercicio de sus derechos y el disfrute de
prerrogativas, y
II. La acreditación, participación y responsabilidad de los partidos
políticos nacionales en el desarrollo de sus actividades en los procesos
locales, así como el ejercicio de sus derechos y el disfrute de
prerrogativas.
300
ARTÍCULO 249.- Para ser candidato a Diputado Propietario o Suplente
al Congreso del Estado, se deberán de reunir los requisitos que
establece el artículo 17 de la Constitución del Estado.
ARTÍCULO 250.- Para ser candidato a Munícipe de un Ayuntamiento
del Estado, se deberán reunir los requisitos que establece el artículo 80
de la Constitución del Estado.
ARTÍCULO 251.- Para ser candidato a Gobernador del Estado, se
deberán reunir los requisitos que establece el artículo 41 de la
Constitución del Estado.
ARTÍCULO 252.- Son impedimentos para ocupar los cargos de
Gobernador, munícipes o diputados, además de los que en forma
específica se señalen para cada caso de ellos en la Constitución Federal
y en la Constitución del Estado, los siguientes:
I. Ser Consejero Electoral o funcionario electoral del Instituto Electoral
o del Instituto Federal Electoral, Magistrado o Secretario del Tribunal
Electoral, a menos que se separen de sus funciones, un año antes de la
fecha de la elección de que se trate, y
II. Ser Magistrado o Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación, a menos que se separen de sus funciones seis meses
antes de la fecha de la elección de que se trate.
LEY DEL RÉGIMEN MUNICIPAL PARA
EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 1.- Del Objeto de la Ley.- La presente Ley es
reglamentaria del Título Sexto de la Constitución Política del
Estado de Baja California; sus disposiciones son de orden
público e interés social, y tienen por objeto establecer las bases
generales para el gobierno y la administración pública municipal así
como de sus actos y procedimientos administrativos
.
ARTÍCULO 41.- De la Revocación del Mandato de Munícipes.- Sólo por
causa grave, el Congreso del Estado y a petición del Ayuntamiento, con
audiencia del afectado, procederá a la revocación del mandato y
separación definitiva de un Munícipe. Para los efectos de éste artículo
se considera causa grave cuales quiera de las siguientes:
301
I.- Cuando un Munícipe se encuentre afectado en su estado de salud,
de tal forma que le sea imposible o inconveniente el continuar en el
desempeño de su cargo o el desarrollo de sus funciones;
II.- Cuando un Ayuntamiento, de conformidad con su reglamento
interno, adopte resolución de responsabilidad en contra de un Munícipe,
por los siguientes motivos:
a).- Realizar actos que impliquen la violación a las Leyes y
Reglamentos vigentes en el Estado;
b).- Ejecutar planes o programas o disponer de recursos públicos de
manera distinta a la aprobada por el Ayuntamiento, y Congreso del
Estado de B.C.
c).- Cuando un Munícipe dejare de asistir a las sesiones de Cabildo o de
las comisiones instituidas por el Ayuntamiento, o sea omiso en el
desempeño de sus funciones y con ello se cause perjuicio grave a las
instituciones municipales o a la comunidad.
En todo caso, para que el Congreso del Estado pueda proceder a la
revocación del mandato y separación del cargo de un Munícipe, será
necesario que el Ayuntamiento del cual éste forme parte, adopte
resolución en ese sentido.
En la sesión de Cabildo en la que deba de resolverse respecto de la
solicitud de separación de un Munícipe, el afectado tendrá el derecho
de audiencia previa, así como el de emisión de voto.
El Ayuntamiento llamará al suplente a ocupar el cargo vacante, hasta
que el Congreso del Estado resuelva en definitiva la remoción
solicitada. En caso de resultar improcedente la solicitud de remoción, el
Munícipe de que se trate se reintegrará al Ayuntamiento
correspondiente, debiendo restituírsele el goce de los derechos y
prerrogativas que hubiere dejado de disfrutar durante el desarrollo del
procedimiento.
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 20.- No podrá recaer ningún nombramiento de la
Administración de Justicia en individuos ciegos, sordomudos o
con enfermedades transmisibles que constituyan un peligro para la
302
salubridad y dificulten gravemente el desempeño de las
funciones respectivas.
ARTÍCULO 119.- Corresponde al Congreso del Estado, instruir el
procedimiento relativo al juicio político por las causas y con las
formalidades establecidas por la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, así como imponer en su caso, las sanciones que
juzgue aplicables de acuerdo con la misma ley.
ARTÍCULO 131.- Constituyen faltas administrativas comunes a todos
los servidores públicos de la Administración de Justicia:
I.- Incumplir, con la mayor diligencia el trabajo que le sea
encomendado, o realizar actos u omisiones que hagan deficiente
su labor.
II.- No asistir puntualmente al desempeño de sus funciones.
III.- Dejar de asistir sin motivo justificado al despacho de su oficina o
cerrarla limitando indebidamente las horas de trabajo.
IV.- Autorizar a un subordinado a no asistir a sus labores sin causa
justificada, así como otorgarle indebidamente permisos, licencias o
comisiones con goce parcial o total de sueldo, cuando las necesidades
del servicio público no lo requieran.
V.- No atender con la debida corrección a los litigantes y al público en
general.
VI.- Solicitar o recibir dádivas, préstamos, regalos y obtener toda clase
de percepciones provenientes, directa o indirectamente, de alguna de
las partes o de sus representantes o intermediarios, en negocio
sometido a su conocimiento, o en el que haya de intervenir.
VII.- Obtener o tratar de obtener por el desempeño de su función,
beneficios adicionales a las prestaciones que le sean cubiertas con
cargo al Erario Público.
VIII.- Influir, directa o indirectamente, en el nombramiento,
promociones, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier
servidor público de la Administración de Justicia, ya sea por interés
303
personal, familiar o de negocios, o porque con ello pretenda derivar
alguna ventaja o beneficio para sí o para un tercero.
IX.- Abstenerse de cumplir las comisiones que legalmente se le
confieran o retardar injustificadamente su ejecución.
X.- No presentar con oportunidad y veracidad la declaración sobre la
situación patrimonial, ante la autoridad correspondiente, en los
términos que señala la Ley de Responsabilidades.
XI.- No informar a su superior jerárquico o al titular de su dependencia
de todo acto y omisión de los servidores públicos sujetos a su dirección,
que puedan implicar inobservancia de las obligaciones propias del
cargo.
XII.- Expedir nombramiento en favor de quien se encuentra inhabilitado
por resolución firme de autoridad competente, teniendo conocimiento
de ello.
XIII.- Desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o
particular, que la Ley prohiba.
XIV.- Ejercer funciones de un empleo, cargo o comisión cuando haya
concluído el período para el cual se le designe, o haber cesado, por
alguna otra causa, en el ejercicio de sus funciones.
XV.- Desempeñar su labor en estado de embriaguez hacer uso indebido
de estupefacientes; practicar juegos prohibidos, u observar, en general
un comportamiento inmoral, en el lugar en que le tocare
desempeñarse.
XVI.- Dar el uso inadecuado al equipo de cómputo, electrónico o de
cualquier otro que se le facilitare para el desarrollo de sus labores, o
que existe en el lugar de su trabajo.
XVII.- Todo incumplimiento de los deberes propios del cargo.
ARTÍCULO 273.- Las responsabilidades de todos los servidores
públicos del Tribunal, se regirán por el Título Octavo de la
Constitución Política del Estado, el Título Décimo de esta Ley en
lo que resulte conducente, y demás disposiciones de este
Capítulo.
304
Para estos efectos, las facultades señaladas para el Consejo de la
Judicatura del Estado, se entenderán atribuidas al Pleno del Tribunal.
Los Magistrados Electorales del Tribunal, sólo podrán ser removidos
de sus cargos, en los términos de la Constitución Política del
Estado.
Lo anterior puede ser corroborado, con las siguiente tesis
y jurisprudencias:
Novena Época
Registro: 179168
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXI, Febrero de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.7o.A.349 A Página: 1797
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES IMPROCEDENTE
CONTRA EL ACUERDO POR EL QUE SE LE SUSPENDE TEMPORALMENTE EN SUS FUNCIONES A UN POLICÍA CON
MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDADES
SEGUIDO EN SU CONTRA, POR HABER OBTENIDO UN
RESULTADO POSITIVO EN UN EXAMEN TOXICOLÓGICO. De conformidad con el artículo 124, fracción II, de la Ley de
Amparo, la suspensión del acto reclamado es improcedente
cuando con su otorgamiento se siga perjuicio al interés
social o se contravengan disposiciones de orden público. En
caso de que el quejoso señale como acto reclamado el acuerdo por el cual se le suspende en el cargo de policía, con motivo del
procedimiento de responsabilidades iniciado en su contra, por haber
obtenido un resultado positivo en un examen toxicológico, debe
negarse la medida cautelar solicitada, ya que de concederse y permitir al agraviado seguir en sus funciones, se
contravendrían disposiciones de orden público, tales como
los artículos 17, primer párrafo, y 115, fracción III, inciso h),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen, respectivamente, que nadie puede hacerse
justicia por sí misma y que es responsabilidad del Estado
prestar el servicio de seguridad pública por medio de sus
agentes; asimismo, se causaría un perjuicio al interés social, por ser obvio que un individuo que consume estupefacientes
puede verse afectado en sus capacidades físicas y mentales,
con independencia de que tal actuar constituya un delito y,
por tanto, grave. Además, la conducta atribuida al
305
impetrante de amparo en el procedimiento administrativo es
incompatible con las funciones de policía que desempeña, al
resultar incongruente que un elemento de seguridad pública
a quien se encomienda la prevención de delitos, incluso aquellos contra la salud (posesión, venta, compra y
suministro de sustancias tóxicas), probablemente consuma
drogas.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
Incidente de suspensión (revisión) 5077/2004. Eduardo Meraz
Méndez. 8 de diciembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: Carlos Alfredo Soto Morales.
Novena Época
Registro: 177736 Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXII, Julio de 2005 Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 60/2004
Página: 778
CANDIDATOS A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR. EL
ARTÍCULO 32, FRACCIÓN II, DE LA LEY ELECTORAL DE
QUINTANA ROO, AL SEÑALAR QUE AQUÉLLOS DEBERÁN
SATISFACER LOS REQUISITOS QUE SEÑALA LA CONSTITUCIÓN LOCAL Y, ADEMÁS, SER ELECTOS O
DESIGNADOS CON ESE CARÁCTER POR UN PARTIDO
POLÍTICO O COALICIÓN, DE CONFORMIDAD CON SUS
PROCEDIMIENTOS DEMOCRÁTICOS INTERNOS, NO
TRANSGREDE EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
Del citado precepto constitucional se advierte que los partidos
políticos son entidades de interés público que como organizaciones de ciudadanos tienen, entre otros fines, el de hacer posible el
acceso de aquéllos al ejercicio del poder público, de acuerdo
con los programas, principios e ideas que postulan;
asimismo, que los citados institutos políticos podrán participar en elecciones estatales y municipales, en cuyo
caso su intervención se ajustará a los lineamientos locales
sobre la materia. Consecuentemente, puede decirse que los
ciudadanos mexicanos sólo pueden contender por un cargo
de elección popular a través de los partidos políticos. Por lo tanto, el artículo 32, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de
306
Quintana Roo al señalar como requisito para aspirar a ocupar un
cargo de elección popular en la entidad el ser electo o designado
candidato por un partido político o coalición, aunque la Constitución
Local no lo establezca, no transgrede lo previsto en la fracción I del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Acción de inconstitucionalidad 14/2004 y sus acumuladas 15/2004 y 16/2004. Partidos Políticos Convergencia, Acción Nacional y de la
Revolución Democrática. 15 de junio de 2004. Unanimidad de diez
votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Sergio
Salvador Aguirre Anguiano. Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Alejandro Cruz Ramírez.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintitrés de
agosto en curso, aprobó, con el número 60/2004, la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintitrés de agosto de dos mil cuatro.
Nota: La presente tesis que aparece publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de 2004, página 801, se publica nuevamente con el
texto correcto.
Novena Época Registro: 177752
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXII, Julio de 2005
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 55/2005
Página: 796
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN. LOS
ARTÍCULOS 90, FRACCIONES VI Y X, 91, 111, FRACCIONES
VI Y X, 120, FRACCIONES VI Y X, Y 281, FRACCIONES VII Y
XI, DEL CÓDIGO ELECTORAL DE ESA ENTIDAD, AL ESTABLECER LOS REQUISITOS PARA OCUPAR LOS CARGOS
DE CONSEJEROS CIUDADANOS Y SECRETARIOS TÉCNICOS
DEL CONSEJO ELECTORAL, DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y
MUNICIPALES, ASÍ COMO MAGISTRADOS NO CONTRAVIENEN LOS PRINCIPIOS RECTORES DE INDEPENDENCIA,
IMPARCIALIDAD Y AUTONOMÍA PREVISTOS EN EL ARTÍCULO
116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
De los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, incisos b) y c),
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las
307
autoridades electorales son principios rectores los de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; sin embargo,
no existe precepto constitucional que imponga a las
Legislaturas Locales la obligación de establecer requisitos para seleccionar a las personas que ocuparán un cargo
dentro de los órganos encargados de la función electoral, de
manera que para que las citadas legislaturas cumplan y se
ajusten a los mencionados principios rectores es suficiente con que los adopten en su sistema electoral. En ese sentido, el
hecho de que los artículos del Código Electoral establezcan como
requisito para ser consejero ciudadano o secretario técnico del
Consejo Electoral Estatal, de los Consejos Distritales y Municipales, o Magistrado del Tribunal Electoral Local, no haber sido candidato a
cargo de elección popular o dirigente en los órganos nacionales,
estatales o municipales de algún partido político durante los tres
años previos a la elección, no viola los principios de independencia,
autonomía e imparcialidad que deben regir el ejercicio de la actividad electoral por parte de las autoridades electorales, porque
en todo caso ese plazo es el que el legislador local consideró
suficiente para presumir que los aspirantes se encuentran
desvinculados con la institución dentro de la cual hubieran compartido un fin político común.
Acción de inconstitucionalidad 18/2003. Diputados integrantes de la
Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán. 7 de octubre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente:
Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos
Pérez.
El Tribunal Pleno, el catorce de junio en curso, aprobó, con el
número 55/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a catorce de junio de dos mil cinco.
Tercera Época
Registro: 920948
Instancia: Sala Superior Tesis Aislada
Fuente: Apéndice (actualización 2001)
Tomo VIII, P.R. Electoral
Materia(s): Electoral Tesis: 179
Página: 213
Genealogía:
Revista Justicia Electoral 2001, Tercera Época, suplemento 4,
página 54, Sala Superior, tesis S3EL 027/2000.
308
REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO
A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE,
CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA
SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD.- No le perjudica a un partido político el hecho de que un candidato
de otro partido político haya sido seleccionado sin cumplir algún
requisito estatutario del partido postulante; lo anterior, en razón de
que un partido político carece de interés jurídico para impugnar el registro de un candidato de otro partido, cuando éste, no obstante
que cumple con los requisitos constitucionales y legales de
elegibilidad, es cuestionado porque su designación no fue hecha
conforme con los estatutos del partido que lo postula o que en la misma designación se cometieron irregularidades, toda vez que, en
este último caso, sólo los ciudadanos miembros de este partido
político o los ciudadanos que contendieron en el respectivo proceso
interno de selección de candidatos, cuando ese partido político o
coalición admita postular candidaturas externas, pueden intentar, en caso de que la autoridad electoral otorgue el registro solicitado
por el propio partido o coalición, alguna acción tendente a reparar la
violación que, en su caso, hubiere cometido la autoridad. Lo
anterior debe ser así, porque para que sea procedente la impugnación de un partido político en contra del registro de un
candidato postulado por otro partido, es necesario que invoque
que no cumple con alguno de los requisitos de elegibilidad
establecidos en la respectiva Constitución o ley electoral, en virtud de que dichos requisitos tienen un carácter general y
son exigibles a todo candidato a ocupar un determinado
cargo de elección popular, con independencia del partido
político que lo postule, esto es, se trata de cuestiones de orden público, porque se refieren a la idoneidad
constitucional y legal de una persona para ser registrado
como candidato a un cargo de elección popular y, en su caso,
ocuparlo; lo cual no sucede en el caso de que la alegación verse
sobre el hecho de que algún candidato no cumple con cierto requisito estatutario del partido político que lo postuló, ya que estos
requisitos tienen un carácter específico y son exigibles sólo a los
aspirantes a ser postulados por parte del partido político que los
propone, toda vez que varían de partido a partido y de estatuto a estatuto.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-075/2000.-
Partido Acción Nacional.-31 de mayo de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-Secretario:
Armando I. Maitret Hernández.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-292/2000.-
Partido Revolucionario Institucional.-9 de septiembre de 2000.-
309
Unanimidad de votos.-Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.-
Secretario: Armando I. Maitret Hernández.
Revista Justicia Electoral 2001, Tercera Época, suplemento 4, página 54, Sala Superior, tesis S3EL 027/2000.
Tercera Época
Registro: 919185
Instancia: Sala Superior
Tesis Aislada Fuente: Apéndice 2000
Tomo VIII, P.R. Electoral
Materia(s): Electoral
Tesis: 114
Página: 137 Genealogía:
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1,
páginas 45-47, Sala Superior, tesis S3EL 032/97.
INELEGIBILIDAD DEL CANDIDATO. PUEDE SER PLANTEADA
EN EL RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DE SONORA).-
A través del principio de definitividad de las diversas etapas del
proceso electoral los actos correspondientes adquieren firmeza para todos los efectos legales, si no son combatidos mediante los medios
de impugnación que establezcan las leyes, o cuando estos se
interponen y en ellos se confirman los actos electorales. En la
etapa del registro de candidatos se deben acreditar los requisitos de elegibilidad previstos en la legislación
correspondiente, como requisito para la obtención del
registro. Por tal razón la definitividad de esta etapa sólo se
produce con relación al otorgamiento, y no a la elegibilidad, con la
consecuencia de que los candidatos, la fórmula o la planilla de que se trate, adquieren el derecho a contender en la elección y todas las
prerrogativas que deriven de esa calidad, y contraigan las
obligaciones correspondientes, sin que esos aspectos puedan
revisarse nuevamente por algún medio. Corrobora lo anterior el contenido de los artículos 196 fracción IV inciso c), y 202 fracción
III inciso c), ambos del Código Electoral para el Estado de Sonora.
En el primero se establece que una elección será nula cuando el
candidato no reúna los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución Federal o en la Constitución Local; en el segundo se
determina la procedencia del recurso de queja contra la declaración
de validez de la elección de Ayuntamientos y el consecuente
otorgamiento de la constancia de mayoría y validez respectiva,
cuando se estime que existen causales de nulidad establecidas en dicho código. Esto pone de manifiesto que si se declara válida la
310
elección de un Ayuntamiento, en la que haya obtenido la victoria un
candidato que no reúna los requisitos de elegibilidad, y se le otorga
la constancia de mayoría y validez, estos actos pueden ser
impugnados a través del recurso de queja, sin que constituya impedimento legal la circunstancia de que con anterioridad se haya
otorgado el registro al candidato, y que tal otorgamiento no haya
sido impugnado. De una correcta intelección de los artículos 245,
fracción III, y 247 del código referido, resulta claro que la consideración hecha en la etapa de registro de candidatos, respecto
a la elegibilidad de éstos, no produce la definitividad, es decir no
trae como efecto la imposibilidad de su examen posterior, sino que
al contrario, esto debe ser examinado nuevamente al calificar la elección, y si no se hace o se incurre en infracciones en tal examen,
el tema puede ser planteado ante la autoridad jurisdiccional
electoral a través del recurso de queja. De no considerarlo así, se
tendría que llegar a la conclusión de que son inaplicables las
disposiciones mencionadas, porque la etapa de registro de candidatos precede a la de la jornada electoral, que es donde se
lleva a cabo la elección, y a la de calificación de los comicios, y
como este último acto es el impugnable en queja por inelegibilidad
de los candidatos haría imposible la concurrencia de los requisitos necesarios para interponer el recurso de queja contra la declaración
de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias
respectivas, pues no se podrían dar cuando se otorga el registro,
porque cuando esto ocurre obviamente que no se podría hacer porque todavía no se ha llevado a cabo la elección, y la nulidad
recae sobre la elección; y tampoco tendría viabilidad después de la
votación y de hecha la declaración de validez y el otorgamiento de
las constancias respectivas, porque la elegibilidad ya habría quedado firme y definitiva desde antes de la elección y la
declaración de validez. Estos extremos son claramente inadmisibles,
porque un principio fundamental en la interpretación de las leyes se
orienta a que en el resultado de la intelección todos los preceptos
del ordenamiento surtan sus efectos, sin que se admita que para conferir cierto alcance a uno se prive a otro de eficacia totalmente,
a menos que exista conflicto de normas.
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-080/97.-Partido Acción Nacional.-5 de septiembre de 1997.-Unanimidad de votos.-
Ponente: Leonel Castillo González.-Secretario: José Herminio Solís
García.
Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1,
páginas 45-47, Sala Superior, tesis S3EL 032/97.
311
Novena Época
Registro: 166898
Instancia: Pleno
Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXX, Julio de 2009
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 51/2009 Página: 1445
PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 22, PÁRRAFO 6, DEL
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES RESTRINGE LA FACULTAD QUE AQUÉLLOS
TIENEN EN EL ÁMBITO DE SU VIDA INTERNA PARA
ESTABLECER REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD.
El citado precepto prevé que en los requisitos de elegibilidad que
regulen los estatutos de los partidos políticos sólo se podrán establecer exigencias de edad, nacionalidad, residencia,
capacidad civil y sentencia ejecutoriada en materia penal.
Por otra parte, todo partido político, en ejercicio de su
libertad auto-organizativa e ideológica reconocida en el artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, tiene la facultad de establecer en sus
normas estatutarias que los candidatos que postule, aun
cuando no sean sus afiliados o miembros, satisfagan determinados requisitos relativos a su identificación con los
programas, principios e ideas del partido y otros requisitos,
siempre y cuando sean razonables y no vulneren el
contenido esencial del derecho a ser votado establecido en el artículo 35, fracción II, constitucional y otros derechos
fundamentales. En esa virtud, y teniendo en cuenta, bajo una
interpretación sistemática, que el artículo 27 del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales
dispone que los estatutos de los partidos políticos establecerán las normas para la postulación democrática de
sus candidatos, es indudable que el artículo 22, párrafo 6,
del Código citado, al utilizar en su formulación normativa el
adverbio "sólo", restringe la facultad que los partidos políticos tienen en el ámbito de su vida interna para
establecer otros requisitos de elegibilidad, siempre y cuando
sean razonables y no vulneren el contenido esencial del
derecho a ser votado y otros derechos fundamentales.
Acción de inconstitucionalidad 61/2008 y sus acumuladas 62/2008,
63/2008, 64/2008 y 65/2008. Partidos Políticos Nacionales
Convergencia, del Trabajo, Nueva Alianza, Alternativa
Socialdemócrata y Campesina y Verde Ecologista de México. 8 de julio de 2008. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio A. Valls
312
Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas.
Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
El Tribunal Pleno, el veinte de mayo en curso, aprobó, con el número 51/2009, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a veinte de mayo de dos mil nueve.
ANÁLISIS DE LA INICIATIVA
Antes de entrar al fondo del asunto, precisaremos el contenido en
la propuesta, con objeto de comprender mejor el alcance de la misma:
La Etimología del término “candidato” era cuando los tribunos de
la antigua Roma emprendían sus campañas políticas, siempre iban
vestidos con una toga blanca (la toga candida), con el fin de causar una
buena impresión entre sus electores. La palabra latina candidatus, que
significa persona vestida de blanco, llegó a convertirse en sinónimo de
toda aquella persona que busca alguna dignidad, honor o
cargo.17
Ahora bien, el concepto de candidato que nos da el Manual de la
Lengua Española, “es la persona que solicita y pretende un cargo,
premio o distinción”.
Respecto a la definición de funcionario, el Diccionario
Enciclopédico Larousse, lo define como: “persona que desempeña una
función pública”.
El funcionario público en México es un servidor del Estado,
designado por disposición de la ley para ocupar grados superiores de la
estructura orgánica de aquél y para asumir funciones de
representatividad, iniciativa, decisión y mando. Este concepto se
fundamenta en un criterio orgánico, de jerarquía y de potestad pública
que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios
públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que
prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir,
ejecutan órdenes de la superioridad y no tienen representatividad del
órgano al que están adscritos.18
17 es. wikipedia.org/wiki/candidato
18 Acosta Romero Miguel, Teoría general del derecho administrativo; 3a. edición, México, Porrúa, 1979
313
Este concepto, desde el punto de vista administrativo, se adapta
con mayor claridad al campo de lo propiamente administrativo y del
ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo que la Constitución le
confiere en la esfera administrativa, lo que excluye la situación de los
demás funcionarios de los órganos constitucionales como el Congreso
de la Unión que acceden al servicio del Estado, mediante elección
popular. Tratándose del Poder Judicial, y aun cuando en éste la
designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es hecha
por el presidente de la República, el régimen jurídico de sus relaciones
con el Estado, es un régimen especial y acorde con la naturaleza de la
función que desempeñan.19
En doctrina, desde Teodosio Lares hasta los administrativistas de
nuestros tiempos, se ha subrayado la tajante distinción entre
funcionarios y empleados públicos. Esta distinción que recurre a ciertas
características del trabajo que desempeñan unos y otros y a la
legislación vigente, pone de relieve que por la naturaleza de sus
funciones y debido a que la designación de los primeros y su revocación
del cargo, corresponde al titular del Ejecutivo, ser removidas por éste
en cualquier tiempo y, por lo tanto, el ejercicio de sus funciones no es
permanente; en cambio, tratándose de los empleados que son meros
auxiliares y que únicamente ejecutan, el régimen jurídico de sus
relaciones con el Estado les garantiza estabilidad en el empleo y su
remoción o destitución se da en función de los supuestos de
incumplimiento, a través de los cuales la ley considera que debe darse
término a dicha relación y no de la confianza que se encuentra implícita
en el acto del nombramiento. La denominación de funcionario público,
en consecuencia, no proviene de la naturaleza misma de la función
pública, puesto que también ésta es desempeñada por la otra categoría
de servidor público llamado empleado.20 Los funcionarios públicos al
iniciar sus servicios ante el Estado tienen deberes y obligaciones que
cumplir. Así, por ejemplo, el artículo 128 de la Constitución ordena
que sin excepción alguna todo funcionario público, antes de tomar
posesión de su cargo, debe rendir la protesta de guardar la
Constitución y las leyes que de ella emanen.
Ahora bien, respecto al término de dopaje, se define como: “La
administración a una persona sana, o la utilización por ella misma y por
cualquier medio de una sustancia extraña al organismo o de una
19 Fraga Gabino, Derecho administrativo 20ª. Edición, México, Porrúa, 1080
20 “La ciencia de la acción y de la competencia del Poder Ejecutivo, num. 56, abril-junio de 1982
314
sustancia fisiológica en cantidades o por vías anormales, con el único
fin de aumentar artificialmente y de forma ilegal el rendimiento de esta
persona cuando participe en una competición”21
Respecto al término antes citado, tenemos también que: La
Agencia Mundial Antidopaje define el dopaje o doping como la
violación de cualquiera de estas reglas:
1. La presencia de una sustancia prohibida, sus metabolitos o
marcadores, en el cuerpo de un atleta.
2. El uso, o intento de uso, de una sustancia o método prohibidos.
3. Rehusarse a suministrar una muestra, no hacerlo sin causa
justificada, o evadir de cualquier modo la recolección de muestras.
4. No estar disponible para las pruebas fuera de competición, no
presentar los papeles debidos, o no indicar dónde se encuentra en
todo momento (en tres ocasiones a lo largo de 18 meses).
5. Hacer trampa, o intentar hacer trampa de cualquier forma durante
los controles.
6. La posesión de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos.
7. La compraventa o intento de compraventa de sustancias
prohibidas o de métodos prohibidos.
8. Administrar o intentar administrar sustancias o métodos
prohibidos a un atleta, o ayudar, alentar, asistir, encubrir o entrar
en cualquier tipo de complicidad que involucre una violación o
intento de violación de una regla antidopaje.
No se sabe a ciencia cierta de donde proviene la palabra doping,
unos la asocian a una antigua palabra inglesa "dope", que era como
una pasta o grasa lubricante, aunque hoy el término se usa como
genérico de droga. La Enciclopedia Británica la atribuye a la voz
flamenca "doop" que se usa para determinar una mezcla. También se
comenta que proviene del término surafricano "Dope", que era una
21www.feddi.org/upload%5Creglamentos%5CReglamento%20Control%20de%20D... - Similares
315
bebida alcohólica que se usaba para poder realizar correctamente unas
danzas ceremoniales.22
Cabe señalar que conforme a la exposición de motivos y después
de los conceptos antes expuestos, el objetivo de la iniciativa, es que se
realicen a nuestra Constitución reformas para que se implemente en la
administración pública eficaces medidas disuasorias, y que influyan en
sentido positivo para que en caso de que servidores públicos consuman
sustancias psicoactivas, se pueda evitar riesgos mayores o de lo
contrario sería en perjuicio al interés social, ya que de permitirse seguir
en funciones u obtener una candidatura, se contravendrían
disposiciones de orden público.
Resulta obvio que un individuo que consume estupefacientes
puede verse afectado en sus capacidades físicas y mentales, con
independencia de que tal actuar constituya un delito contra la salud,
como: la posesión, compra y suministro de sustancias tóxicas; pues la
regla de observancia general, prohíbe el consumo de sustancias
psicotrópicas y de estupefacientes.
Es por ello, que al ser exigible el multicitado examen en la
Constitución Local, daría la certeza a la ciudadanía de que los
funcionarios públicos y candidatos de elección popular se encuentren
exentos de estupefacientes y se lograría una mayor certeza a la
ciudadanía sobre su trabajo y actuación.
Por lo tanto se debe garantizar a la sociedad que los ciudadanos
que asuman un puesto político sean individuos de ejemplar salud, física
y mental, libre del consumo de tóxicos que alteren sus capacidades.
La presente propuesta de reforma constitucional estableciendo
como requisito para ser candidato a cualquier cargo de elección popular
y para los servidores públicos que desempeñen funciones en la
administración pública de primer y segundo nivel de los
Ayuntamientos, Gobierno del Estado y del Poder Judicial, la aplicación
de exámenes toxicológicos (antidopaje), es procedente en razón del
marco jurídico aplicable, el cual fue expuesto con anterioridad, sin
embargo, es pertinente agregar las siguientes consideraciones
22 es.wikipedia.org/wiki/Dopaje
316
jurídicas, con objeto de confirmar la constitucionalidad de esta
reforma.
Específicamente sobre esta materia, la Constitución General de la
República establece lo siguiente: artículo 15, tercer párrafo, restricción
para la reelección inmediata de munícipes, al señalar “Los
presidentes municipales, regidores y síndicos de los
ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no
podrán ser reelectos para el periodo inmediato. ….”; el artículo
116, fracción I, inciso b), segundo párrafo, requisitos mínimos para ser
gobernador de un Estado, consistentes en: “Sólo podrá ser
gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano
por nacimiento, y nativo de él, o con residencia efectiva no
menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los
comicios, y tener 30 años cumplidos al día de la elección, o
menos, si así lo establece la Constitución Política de la Entidad
Federativa.”; artículo 116, fracción, segundo párrafo, restricción para
la reelección inmediata de los diputados locales, al señalar: “Los
diputados de las legislaturas de los estados no podrán ser
reelectos para el periodo inmediato. Los diputados suplentes
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de
propietario, siempre que no hubiera estado en ejercicio, pero
los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo
inmediato con el carácter de suplentes”
Como es de apreciarse, la Carta Magna no impone mayores
requisitos para que los ciudadanos puedan ser registrados como
candidatos a puestos de elección popular en los Estados de la
República, en congruencia con el pacto federal plasmado en el artículo
40 y 41, primer párrafo. Pero además, no podemos soslayar las
convenciones internacionales en materia de derechos humanos
celebradas por el Estado mexicano, porque son parte del sistema
jurídico nacional, conforme lo prevé el artículo 133 de la misma
Constitución, que son de cumplimiento obligado para todos los poderes
constitucionales y autoridades en nuestro país. En esta revisión, la
propuesta de reforma constitucional no vulnera derechos político-
electorales establecidos en los instrumentos internacionales,
particularmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
en cuya parte aplicable contenida en el artículo 25 señala lo siguiente:
Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de las
distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin
317
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y
oportunidades:
a) Participar en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o por medio de representantes libremente
elegidos;
b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas,
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la
voluntad de los electores;
c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad
a las funciones públicas de su país.
En principio, las distinciones a que se refiere el artículo 2 de esta
Convención, son de carácter ingénito a las personas como lo es la
nacionalidad, raza, color, sexo, idioma, nacimiento, religión, ideología y
condición social. Respecto a los derechos contenidos en este artículo, al
cotejarlos con la iniciativa, vemos que no existe vulneración alguna, y
asimismo, podemos afirmar en forma categórica que tampoco se hace
discriminación por las características o calidades de las personas.
También el Estado mexicano es parte de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 22 relativo a los
derechos políticos, se inscribe lo siguiente:
1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes
derechos y oportunidades:
a) de participar en la dirección de los asuntos
públicos, directamente o por medio de representantes
libremente elegidos;
b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas
auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de
voluntad de los electores, y
c) de tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los
derechos y oportunidades a que se refiere el inciso
anterior, exclusivamente por razones de edad,
nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad
318
civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal.
Los derechos previstos en la Convención son respetados por la
Iniciativa de reforma, siendo la capacidad civil o mental el aspecto
relacionado con esta, en virtud de que la aplicación de exámenes
toxicológicos tiene como finalidad verificar el estado de salud mental de
los ciudadanos que pretendan ser postulados como candidatos a ocupar
algún cargo de elección popular, así como a los servidores públicos de
primer y segundo nivel en los Ayuntamientos, Gobierno del Estado y
del Poder Judicial, lo cual es permitido que se establezcan regulaciones
como lo determina la misma Convención. Acotando que no se vulnera
el derecho pasivo del voto, puesto que los resultados de esos
exámenes no se podrán utilizarse para fines distintos a los que la
Iniciativa puntualiza, que son para cubrir un requisito para quienes
aspiran a ser candidatos y la aplicación de sanciones para los
servidores públicos en cuyos exámenes resulten positivos.
En cuanto al aspecto de las sanciones a los servidores públicos,
es importante recordar que están previstas en el título tercero, capítulo
tercero la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del
Estado de Baja California, en cuyo artículo 47 se señala lo siguiente:
ARTÍCULO 47.- Los servidores públicos, en el desempeño
de sus funciones, empleos o comisiones, estarán sujetos
a las prohibiciones siguientes:
XII.- Consumir drogas enervantes, estupefacientes,
sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos
similares o asistir al desempeño de su empleo, cargo o
comisión bajo el efecto de éstas;
XIV.- Negarse a la práctica de los exámenes de
detección de consumo de drogas enervantes,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que
produzcan efectos similares.
Las autoridades señaladas en el artículo 5 de esta ley, en
sus respectivos ámbitos de competencia tendrán la
facultad de llevar a cabo los procedimientos tendientes a
la práctica de exámenes de detección de consumo de
drogas enervantes, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas u otras que produzcan efectos similares;
319
Como se aprecia, esta Iniciativa se inserta de manera armónica
en el contexto jurídico de nuestra entidad, sin violentar o vulnerar los
derechos y garantías constitucionales y legales de los ciudadanos.
Cabe señalar que el Distrito Federal reformó recientemente su
Código Electoral para establecer el requisito del exámen de antidoping
para el registro como candidato a ocupar un cargo de elección popular,
en los siguientes términos:
Artículo 244. Para el registro de candidaturas a todo cargo de elección
popular, el Partido Político o Coalición postulante a través de sus
órganos de dirección local debidamente acreditados ante el Instituto,
deberá presentar:
I. La solicitud de registro de candidaturas, la cual deberá señalar el
Partido Político o Coalición que las postulen y los siguientes datos de los
candidatos:
a) Nombre y apellidos completos;
b) Lugar y fecha de nacimiento;
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo;
d) Ocupación;
e) Clave de la Credencial para Votar;
f) Cargo para el que se les postula;
g) Denominación, color o combinación de colores y emblema del
Partido Político o Coalición que los postula;
h) Las firmas de los funcionarios del Partido Político o Coalición
postulantes;
i) Dictamen de no rebase de gastos de precampaña del precandidato
ganador;
j) Dos fotografías tamaño infantil (2.5 x 3.0 cm.), de frente, del
candidato(a) respectivo, a excepción de los candidatos a Diputados por
el principio de representación proporcional;
320
k) Declaración patrimonial, bajo protesta de decir verdad; y
l) Presentar el dictamen favorable de no rebase de topes de gastos de
precampaña emitido por la Unidad Técnica de Especializada de
Fiscalización del Instituto.
II. Además de lo anterior, el Partido Político o Coalición postulante
deberá acompañar:
a) La solicitud de la declaración de aceptación de la candidatura, copia
del acta de nacimiento y de la Credencial para Votar, así como en su
caso, la constancia de residencia de propietarios y suplentes, la cual
debe ser acreditada con documental pública expedida por la autoridad
local o por fedatario público;
b) Manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad, que los
candidatos cuyo registro se solicita, fueron seleccionados de
conformidad con las normas estatutarias del propio Partido Político;
c) En el caso de solicitud de registro de las listas de candidaturas a
Diputados por el principio de representación proporcional, deberá
acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos
anteriores, de la constancia de registro del total de candidaturas para
Diputados por el principio de mayoría relativa, las que se podrán
acreditar con las registradas por el Partido Político o Coalición;
d) Manifestación por escrito, en su caso, de la forma de integración de
la lista de representación proporcional, de acuerdo a lo establecido por
el Artículo 12 de este Código; y
e) Constancia de registro de la plataforma electoral.
Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular deberán
someterse a la práctica de dos exámenes antidoping. El primer
examen antidoping será realizado dentro de los cinco días
posteriores a que haya concluido el procedimiento de registro
de candidatos al cargo de elección popular de que se trate; el
segundo examen antidoping será realizado diez días previos al
inicio de la Jornada Electoral. Los resultados del examen
antidoping serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal y en la página de Internet del Instituto Electoral del
Distrito Federal.
321
En caso de incumplimiento de la obligación referida en el
párrafo anterior, el candidato se hará acreedor a una multa que
el propio Consejo General del Instituto determine.
También recientemente se presentaron en el Senado de la República
dos Iniciativas de reforma relativas a esta materia, la primera de ellas
en fecha 22 de febrero de 2011, a los artículos 55, 82, 91 y 95 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de
adicionar un requisito para ocupar los cargos de Diputado Federal,
Presidente de la República, Secretario de Estado y Ministro de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el mismo en
cada caso.
“Tener la salud física y mental suficiente para desempeñar el cargo y
no ser sujeto de ninguna adicción”
La segunda iniciativa presentada el 31 de marzo del mismo año,
propone adicionar el artículo 15 Bis, y reformar y adicionar el 17 Bis de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de igual manera
se propone la reforma y adición de los artículos: 8, 9, 106, 107, 108,
109, 212 fracción VI, 215 fracción VIII, 216 fracción VI y 217 fracción
V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como la
reforma y adición de los artículos 7, 44 y 224 del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con esta segunda iniciativa se pretende establecer la obligación a
los aspirantes a cargos de representación ciudadana, y a cargos de alta
responsabilidad en los Poderes de la Unión, empezando por el
Presidente de la República, los Secretarios de despacho, el Procurador
General de la República, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, así como los legisladores federales, para que presenten
tres exámenes previos al asumir el cargo que son: examen de
aptitudes, examen de salud física (que incorpore los relativos al
antidoping y a la no adicción al alcohol) y examen de salud
mental, y que los resultados de estos estudios sean públicos.
Asimismo, en forma paralela se propone que para acreditar la
salud física y mental se tendrá que presentar un certificado médico
emitido por una institución de salubridad que goce de prestigio
nacional, de máximo 90 días de expedición, en el cual se deberá
informar acerca de si la persona sigue algún tratamiento de
322
enfermedad crónica o si sufre o ha sufrido de algún tipo de adicción a
las drogas o sustancias psicotrópicas
Estas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones Unidas de
Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República. La
exposición de estos hechos resultan pertinentes en razón de la
importancia que cobra cada día en nuestro país y el mundo el grave
problema de salud mental provocada por sustancias psicoactivas, que
en el caso del servicio público, entorpecen y ponen en riesgo su buen
funcionamiento, para lo cual se requiere hacer frente a esta realidad
con los instrumentos legales apropiados, sin trastocar las garantías
individuales consagradas en el sistema jurídico mexicano, como es la
intención de los inicialistas con esta propuesta de reforma.
También resulta importante mencionar que los requisitos de
elegibilidad, tienen un carácter general y exigible a todo candidato y
servidor público, ya que se trata de cuestiones de orden público,
porque se refieren a la idoneidad constitucional y legal de una persona
para ocupar tal función.
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado, resolver sobre
las iniciativas de Ley, Iniciativas con Proyecto de Decreto y Proposición
con Punto de Acuerdo presentados por los Diputados de conformidad a
lo señalado en el artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- Que toda Iniciativa de reforma presentada a esta
Honorable Asamblea, debe reunir los requisitos de fondo que previene
el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja
California.
TERCERO.- Que dentro de las atribuciones de Comisiones Unidas de
Reforma de Estado y Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales, se encuentra las referentes al conocimiento, estudio y
dictamen de las modificaciones, reformas, adiciones, derogaciones o
abrogaciones de la Constitución Local y de las Leyes Ordinarias del
Estado, acorde a lo previsto por los artículos 62 y 64 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado.
323
CUARTO.- Que en tal virtud, las facultades que no estén
expresamente otorgadas por nuestra Carta Magna a los funcionarios
federales, se entiende reservadas a los Estados, conforme a lo
establecido por el artículo 124 del ordenamiento citado, por lo cual se
entiende, que los Estados conservan todo el poder no delegado al
gobierno federal por la Constitución, por lo que la Legislatura del
Estado Libre y Soberano de Baja California, está facultada para expedir
leyes sobre el ámbito de su competencia.
QUINTO.- Con fecha 13 de Abril del 2011, los diputados señalados en
el proemio de este dictamen, presentaron ante el Pleno del Honorable
Congreso del Estado, la iniciativa que adiciona párrafo octavo al
artículo 5 y fracción IV al artículo 92, de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, a fin de que se apliquen
exámenes antidopaje a candidatos y funcionarios.
SEXTO.- Presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa
Directiva de este Poder Legislativo, de conformidad con la facultad
conferida por el artículo 50, fracción II, inciso f, y 118 de la Ley
Orgánica de este Congreso, y de conformidad con lo previsto en el
artículo 55 y 56 numeral 8 del mismo ordenamiento, se turnó a la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales el
documento de referencia mediante oficio número 1684 de fecha 13 de
Abril del 2011, para su estudio, análisis, dictaminación y en su caso, su
aprobación.
SEPTIMO.- De conformidad con las atribuciones conferidas en el
artículo 62, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la
Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales,
solicitó a la Dirección General de Consultoría Legislativa, a través de la
Secretaría de Servicios Parlamentarios, el estudio y análisis respectivo
de la presente iniciativa, mediante oficio número JBMT/090/11 de fecha
14 de Abril de 2011.
OCTAVO.- Mediante oficio número SSP-CES/092/2011, de fecha 14 de
Abril del 2011, la Secretaria de Servicios Parlamentarios, turnó a la
Dirección General de Consultoría Legislativa la iniciativa en comento
para su análisis y estudio, el cual fue recibido con fecha de 25 de Abril
del 2011, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley
Orgánica antes citada.
324
NOVENO.- De la exposición de motivos se desprende que los
legisladores pretenden adicionar el párrafo octavo al artículo 5 y
fracción IV al artículo 92, ambos de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, a fin de establecer la aplicación de
exámenes para la detección de drogas de abuso (conocida como
antidopaje) a candidatos a ocupar un cargo de elección constitucional y
a servidores públicos del primero y segundo nivel de los
Ayuntamientos, del Gobierno del Estado y del Poder Judicial.
DECIMO.- De lo anterior se desprende que la iniciativa en estudio, se
encuentra en congruencia con el orden jurídico establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la particular
del Estado de Baja California, y en general, con el sistema jurídico
nacional, siendo legalmente procedente en los términos propuestos de
la Iniciativa.
______________________________
6. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 33 y 34 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES DEL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO A FIN DE REGULAR EL “VETO
DE BOLSILLO”, presentada el 12 de mayo de 2011 ante esta
Soberanía de la XX Legislatura Constitucional del Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Baja California, por los C. C. Diputados
Julio Felipe García Muñoz, Nancy Sánchez Arredondo, Juan Montejano
de la Torre, Juan Vargas Rodríguez, David Lozano Pérez, Fausto Zárate
Zepeda, Laurencio Dado Alatorre, Gregorio Barreto Luna, Alfonso
Garzón Zataraín, Elisa Rosana Soto Agüero, Víctor Navarro Gutiérrez,
Marco Antonio Vizcarra Calderón, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista y
del Partido Estatal de Baja California.
I.-ASPECTOS GENERALES
A. DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Exponen los autores que:
325
“Una ley aprobada por el Congreso, representa la voluntad de los
ciudadanos y del interés general.
El artículo 27 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California, establece que es facultad del Congreso:
“Legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del
Estado…” Para lo cual, la Ley Orgánica del Poder Legislativo de
nuestro estado, establece el proceso que han de seguir las Iniciativas
de Leyes o Decretos a fin de ser aprobados, dejando las etapas de la
sanción y la Promulgación como facultades exclusivas del ejecutivo
estatal.
De lo anterior se concluye que, legislar es la facultad primordial del
Congreso, por ello resulta necesario dar certeza a todas las etapas
del Proceso Legislativo, incluyendo la Sanción, el acto que le da fuerza
de ley a un proyecto y la promulgación, misma que se materializa con
la Publicación de la ley.
En base a lo anterior es importante, hacer algunas reflexiones respecto
de la facultad del Ejecutivo Estatal al participar en las mencionadas
etapas del proceso legislativo, facultad contenida en el artículo 34 de
nuestra Constitución;
Cuyo texto vigente establece:
ARTÍCULO 34.- Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer observaciones
a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá negarle su sanción y
devolverlo con sus observaciones a éste Poder dentro de los ocho días
siguientes a aquel en que se le haga saber, para que tomadas en
consideración, se examine y discuta de nuevo.
En casos urgentes a juicio del Congreso, el término de que se trata será
de tres días y así se hará saber al Ejecutivo.
Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se
devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados
términos, a no ser que, corriendo éstos hubiere cerrado o suspendido
sus sesiones el Legislativo, en cuyo caso, la devolución deberá hacerse
el primer día hábil que siga al de la reanudación de las sesiones.
El proyecto de ley a que se hubieren hecho observaciones, será
sancionado y publicado si el Congreso vuelve a aprobarlo por dos
tercios del número total de sus miembros.
Todo proyecto de ley al que no hubiere hecho observaciones el
326
Ejecutivo dentro del término que establece este artículo, debe ser
publicado en un plazo de quince días, como máximo, a contar de la
fecha en que le haya sido remitido.
Los proyectos de ley que hubieren sido objetados por el Ejecutivo,
conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados por el
Congreso, deberán ser promulgados en un término que no exceda de
cinco días, a contar de la fecha en que hayan sido remitidos
nuevamente al Ejecutivo.
Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general que
hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y sancionadas por el
Ejecutivo deberán ser publicados en el Periódico Oficial del Estado.
Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia
general, no fijan el día en que deben comenzar a observarse, serán
obligatorias tres días después de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado.
Los asuntos que sean materia de acuerdo económico, se sujetarán a los
trámites que fije la Ley.
Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de índole
tributario o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum, conforme lo
disponga la Ley.
Los proyectos de Ley y los decretos aprobados por el Congreso, se
remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario del
Congreso.
El Gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre los
decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los emitidos
por éste cuando actúe en funciones de Jurado de Sentencia y las
reformas constitucionales aprobadas en los términos del artículo 112 de
esta Constitución.
El Congreso del Estado tendrá facultades plenas para expedir,
reformar, adicionar o abrogar la ley que regulará su estructura y
funcionamiento internos. Esta Ley o las reformas a la misma no podrán
ser vetadas ni sujetas a observaciones, ni necesitarán de promulgación
del Ejecutivo del Estado para tener vigencia.
Del texto del precepto legal transcrito, se desprende que puede ocurrir
que el Ejecutivo Estatal tenga algunas observaciones y propuestas de
modificación que hacer a la ley o decreto, para lo cual se establece
este mecanismo especial; de esta forma este derecho que ejerce el
titular del Ejecutivo para formular observaciones y propuestas de
327
modificación a la ley o decreto y devolverla al órgano legislativo, se
conoce en la doctrina constitucional como "derecho de veto".
Actualmente este derecho de veto que tiene el Gobernador, consiste
en otorgarle 8 días posteriores a la fecha en que se le haga saber
dicha iniciativa o decreto, para el ejercicio de la mencionada facultad,
de lo contrario, según la legislación vigente, se considerará aprobado
si no es devuelto con observaciones al Congreso.
Tal medida, se estableció en nuestra Constitución a efecto de asegurar
la preclusión del derecho de observación de leyes y la consiguiente
publicación de los instrumentos legislativos aprobados por el Congreso,
sin embargo, la ausencia de una disposición expresa que obligue al
Ejecutivo a la publicación de leyes o decretos, permite que éste pueda
postergar la publicación en el Periódico Oficial del Estado por tiempo
indefinido, lo que sin duda obstaculiza el trabajo legislativo para
adecuar el marco legal a las circunstancias y necesidades de la
actualidad.
La falta de un mecanismo de sanción al incumplimiento de dicha
disposición, genera la existencia de un poder de facto que va mas allá
del otorgado en la constitución al Ejecutivo, a lo que doctrinariamente
se ha llamado "veto de bolsillo", el cual consiste en la negativa por
parte del Ejecutivo para promulgar y publicar una ley o decreto, aun
cuando formalmente no presente observación alguna ante el Congreso
y haya transcurrido el término constitucional para hacerlo, es decir, el
Ejecutivo "guarda en el cajón o en bolsillo" un proyecto de ley.
Considerando lo anterior y con la finalidad de avanzar en el
perfeccionamiento del proceso legislativo, ante la necesidad de
prevenir el acto suspensorio del Ejecutivo Estatal al no promulgar un
proyecto, es que se considera acertado facultar al Presidente del
Congreso a que ordene su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, ello con el objetivo de dar seguridad y certidumbre a las
decisiones legislativas.
Con la aprobación de esta propuesta, es obvio que no se cumpliría con
lo señalado en el artículo 48 constitucional, que establece lo que la
doctrina ha denominado el "refrendo ministerial". Refrendo significa
firmar o volver a firmar un despacho después de la firma del superior,
por lo que es de precisarse que las leyes cuya publicación
ordene el Presidente del congreso, no requerirá refrendo
alguno.
328
Nuestra división del poder se basa en un sistema de pesos y
contrapesos, con lo que es clara la colaboración del Ejecutivo en el
proceso legislativo, ya que la existencia de una institución como el
veto del Ejecutivo se traduce en la doctrina y en la práctica político-
constitucional como una cuestión esencial para el equilibrio de
poderes; sin embargo, sentimos que el Congreso se ve en un estado
de indefensión ante la decisión del Ejecutivo al no promulgar y publicar
las leyes y decretos que no fueron objeto de observaciones,
particularmente al no devolvérsela al Legislativo para que éste pueda
ejercer su facultad de superar el veto.
Es con esta propuesta de reforma como se obliga al Ejecutivo de la
entidad a agilizar la promulgación de las leyes aprobadas por el
Congreso o bien en hacer las observaciones o vetos correspondientes
en el plazo de 8 días naturales o en su caso la publicación de la misma
en los 15 días posteriores al plazo antes aludido y en caso contrario, se
considerará promulgado el proyecto de ley o decreto, facultándose al
Presidente del Congreso para ordenar su publicación en el Periódico
Oficial del Estado y así concluir el proceso legislativo.
En cuanto a la constitucionalidad de esta promulgación ipso Jure y de
la orden de publicación en el Periódico Oficial del estado, es preciso
señalar que, aunque se trata de atribuciones exclusivas del Ejecutivo -
las referidas a la promulgación-, la Constitución puede establecer
mediante la vía de la reforma constitucional excepciones a la norma
constitucional prevista en el artículo 49 fracción I.
Debe recordarse que en México, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, ha considerado que las reformas constitucionales no pueden
ser inconstitucionales por razón de procedimiento ni de sustancia o
materia (controversia constitucional 82/2001, promovida por el
Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Quiatoni Tlacolula, Estado de
Oaxaca. Fallada el 6 de septiembre de 2002).
La reforma que se plantea responde a un principio fundamental de
todo Estado de Derecho que se precie de tal, que consiste en darle
"fuerza normativa" a la Constitución, es decir, tanto los preceptos
constitucionales como los legales, son aprobados para que tengan
vigencia y validez, para que produzcan consecuencias en la realidad.
Las normas no son aprobadas en el Congreso para quedar
resguardadas en un cajón de escritorio, se producen y aprueban para
329
que resuelvan o coadyuven a resolver problemas sociales, económicos
o políticos. Las leyes aprobadas por el Congreso son expresión de la
soberanía popular, la que se ejerce por medio del Congreso del Estado
(artículo 13 Constitucional). Es decir, una ley aprobada representa no
solamente la voluntad del Congreso, representa la voluntad de los
ciudadanos y del interés general.
Del incumplimiento del Poder Ejecutivo de la obligación de promulgar y
publicar las leyes aprobadas por el Congreso no pueden derivarse
derechos y privilegios a favor de él, tal como ocurre con el llamado
"veto de bolsillo", lo cual implica el ejercicio abusivo de atribuciones
constitucionales, lo que es contrario a los principios de
constitucionalidad y legalidad. Hay contrariedad con el principio de
constitucionalidad porque se infringe la supremacía constitucional, la
que el Ejecutivo en todo momento debe acatar (artículo 109 de la
Constitución) y hay antagonismo con el principio de legalidad porque
las autoridades, incluido el Ejecutivo, sólo pueden hacer lo que las
normas jurídicas expresamente les facultan. La Constitución puede,
por tanto, establecer consecuencias jurídicas para el caso de ese
ejercicio indebido de atribuciones constitucionales que entraña el "veto
de bolsillo".
Con esta reforma no se pretende obstruir la labor del Ejecutivo Estatal,
pues no se elimina el derecho a vetar leyes, ya que, como se ha
referido, ello es parte del equilibrio de poderes, sino simplemente se
pretende acabar con el veto suspensivo y que el Ejecutivo cumpla su
obligación de promulgar las leyes expedidas por el Congreso, y con
esto respetar los acuerdos y reformas que emita el Congreso del
Estado dándole certidumbre jurídica a sus decisiones."
CONSIDERACIONES
El espíritu de la reforma en estudio, consiste en perfeccionar el
procedimiento para la creación de las leyes, con ello el Poder
Legislativo otorgará a los gobernados certeza jurídica, en cuanto a
aquellas leyes elaboradas por el mismo, y evitar que éstas no sean
obstaculizadas por discrecionalidad del Poder Ejecutivo, toda vez que
la certeza jurídica no sólo se plasma en una Ley, sino también en el
procedimiento mismo de emisión.
El derecho de veto, tiene como principal antecedente la teoría de la
división de poderes como sistema rector del Estado, en cuanto a la
330
existencia de medios de control político y control del ejercicio del
poder, ello se explica desde el punto de vista jurídico político como la
atribución que tiene el Ejecutivo estatal, para detener y hacer
observaciones a las iniciativas de ley aprobadas por el cuerpo
legislativo, en el entendido que dicha atribución queda a plena
consideración del Ejecutivo, con el objeto de proteger al pueblo, toda
vez que siempre existe la posibilidad de que el órgano colegiado
pretenda emitir leyes que impongan excesivas cargas económicas o
rebasen y transgredan los derechos mínimos de todo individuo.
Además de lo anterior, al derecho de veto en nuestros días se le
conceptualiza desde el punto de vista parlamentario y constitucional,
como aquella atribución del Ejecutivo estatal para tres funciones
principales:
1. Precipitaciones legislativas.
2. Aprovechar la experiencia del Ejecutivo en la ejecución de la ley.
3. Escudo protector contra la invasión de esferas, así como la
sobre imposición de la voluntad legislativa.
Como en toda ciencia del derecho, las doctrinas y teorías deben
evolucionar en torno a las necesidades sociales. El derecho de veto
hoy en día tiene que ser visto como un derecho cuyo ejercicio debe
tener una temporalidad específica, ello con el fin de evitar
discrecionalidades indebidas por parte del Ejecutivo estatal.
Como lo menciona Hans Kelsen en su libro "Teoría General del Derecho
y del Estado" la división de poderes debe ser entendida como una
distribución de competencias, que más que separar los poderes, evita
que se concentre el poder en uno solo.
La Minuta en estudio está motivada en generar equilibrio político entre
los poderes ejecutivo y legislativo, debido a que el derecho de veto es
un medio de control de poder, y de aprobarse la reforma se evitará el
abuso discrecional por parte del titular de tal facultad.
Con el objeto de fortalecer este criterio es necesario entender que, el
Constituyente de 1917, plasmó la facultad de veto como una
institución de procedencia, de naturaleza suspensiva y alcances
331
limitados, para que el Ejecutivo Federal estuviese en condiciones de
hacer llegar al Congreso, información, objeciones y cuestionamientos
adicionales, que pudieran no haber sido tomados en cuenta al
discutirse y aprobarse la respectiva iniciativa durante el proceso
legislativo.
El derecho de veto, nunca se pensó como un instrumento que alterara
la división de poderes, sino por lo contrario robustece el juego de pesos
y contrapesos, siendo un instrumento valioso para establecer equilibrio
entre dichos poderes.
En este mismo proyecto se atiende a la reciente reforma, del Articulo
22 y que deroga el articulo 36, de la Constitución Política del Estado,
Publicada en el Periódico Oficial de fecha 28 de Enero de 2011; misma
que se refiere al establecimiento de los Periodos Ordinarios y la
desaparición de la comisión permanente, por lo que se reforma el
articulo 34 en su Párrafo tercero, eliminando la posibilidad de que el
Congreso cierre o suspenda las sesiones; sustituyendo además en el
citado párrafo la palabra “aprobado“ por “sancionado”, dado que la
aprobación de la ley o decreto le corresponde en todo caso al
legislativo.
Por otra parte, en esta misma iniciativa, propongo se corrijan 2
palabras que aparecen escritas de manera errónea en el artículo 33 de
la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Baja California;
dichas palabras son “aquirirán” y “Constutucion”, sustituyéndolas
por “adquirirán y Constitución” respectivamente.
CONCLUSIONES
Primero. La reforma constitucional es procedente toda vez que no
elimina el derecho de veto, sino que lo regula, ello en aras del
beneficio de los gobernados.
Segundo. Con la presente reforma se evitará que la labor legislativa
del Congreso se vea obstaculizada, por discrecionalidades del Poder
Ejecutivo.
Tercero. En virtud de que actualmente no hay una disposición
constitucional ni secundaria que resuelva la hipótesis para cuando el
332
Poder Ejecutivo detenga la publicación de una ley sin haber ejercido el
derecho de veto; es necesario aprobar la reforma en estudio.
Cuarto. Consideró conveniente modificar la Constitución, en el sentido
de facultar al Presidente del Congreso, como aquella que ordene su
publicación.
Quinto. Por lo anterior, se realiza reforma, ello por ser necesario para
favorecer el equilibrio entre poderes, así como para dar certidumbre
jurídica a los proyectos de ley o decretos emanados del Congreso
Estatal.”
B. INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
Dicho por los inicialistas, nuestro esquema de Gobierno se basa
en un sistema de pesos y contrapesos, y la colaboración del Poder
Ejecutivo en el proceso Legislativo es de suma importancia, ya que el
Ejecutivo con la facultad que le es atribuida, refiriéndonos al Veto, se
traduce en la doctrina y en la práctica político-constitucional como una
cuestión esencial para el equilibrio de poderes; sin embargo, el
Congreso se ve en un estado de indefensión ante la decisión del
Ejecutivo al no promulgar y publicar las leyes y decretos que no fueron
objeto de observaciones, particularmente al no devolvérsela al
Legislativo para que éste pueda ejercer su facultad de superar el veto.
Es con la propuesta que se analiza; que se obliga al Ejecutivo a
agilizar la promulgación de las leyes aprobadas por el Congreso o bien
a hacer las observaciones correspondientes en el plazo de 8 días
naturales o en su caso la publicación de la misma en los 15 días
posteriores al plazo antes aludido y en caso contrario, se considerará
promulgado el proyecto de ley o decreto, facultándose al Presidente
del Congreso para ordenar su publicación en el Periódico Oficial del
Estado y así concluir el proceso legislativo.
II. ASPECTOS PARTICULARES
A. DEL CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Para una mejor comprensión de lo anteriormente señalado, se
inserta de manera textual el contenido de la Iniciativa:
333
Reforma a los artículos 33, primer párrafo, 34, tercer párrafo,
adicionando un Párrafo a dicho artículo 34, ambos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 33.- Las iniciativas adquirirán el carácter de ley
cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el
Ejecutivo, salvo lo previsto en el artículo 34 de esta Constitución.
Si la ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será
obligatoria en todo el Estado tres días después de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO 34.- Si el Ejecutivo juzga…
En casos…
Se reputará sancionado por el Ejecutivo todo proyecto que no se
devuelva con observaciones al Congreso dentro de los
mencionados términos, a no ser que, corriendo éstos hubiere
cerrado o suspendido sus sesiones el Legislativo, en cuyo caso, la
devolución deberá hacerse el primer día hábil que siga al de la
reanudación de las sesiones.
El proyecto…
Todo proyecto de ley al que no hubiere hecho observaciones el
Ejecutivo dentro del término que establece este artículo, debe ser
publicado en un plazo de quince días, como máximo, a contar de la
fecha en que le haya sido remitido.
Transcurridos los términos que establece este artículo, sin
haberse hecho la publicación, el Presidente del Congreso del
Estado, ordenará dentro de los diez días naturales siguientes, su
publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin requerir
refrendo.
Los proyectos…
Las leyes…
Si los…
Los asuntos…
Las leyes…
Los proyectos…
334
El Gobernador del Estado no podrá…
El Congreso…
TRANSITORIO
ÚNICO.- La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de
su aprobación por el Congreso del Estado de Baja California, una
vez se haya dado cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 112
de la Constitución Política del estado Libre y Soberano de Baja
California.
B. REGÍMEN JURÍDICO AL QUE SE SUJETA LA INICIATIVA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.
ARTÍCULO 41.- El Pueblo ejerce su Soberanía por medio de los
Poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos y por los de
los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, los que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.
I a la IV.-…
ARTÍCULO 49. El supremo poder de la federación se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso
de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 131, se otorgaran facultades
extraordinarias para legislar.
ARTÍCULO 116.- El poder público…
335
Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I a la VIII.-…
ARTÍCULO 124.- Las facultades que no estén expresamente
concedidas por esta Constitución a los Funcionarios Federales, se
entienden reservadas a los Estados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y
libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los
fines del Estado.
Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo estatal,
garantizando que éste sea integral y sustentable, asegurando de
manera simultánea, el crecimiento económico, la equidad y la
sustentabilidad ambiental.
El Municipio es el orden de gobierno representativo de la voluntad de
los ciudadanos.
Las relaciones entre el Municipio y el Gobierno del Estado, se
conducirán por los principios de subsidiariedad y equidad, en los
términos de esta Constitución, con el propósito de lograr el desarrollo
social y humano tendientes a mejorar la calidad de vida de los
habitantes del Estado.
ARTÍCULO 12.- No pueden reunirse dos o más poderes en una sola
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todo los ramos que sean de la competencia del Estado
y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así
como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el
caso los requisitos establecidos;
336
II a la XXXV….
ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en
una sola persona que se denomina Gobernador del Estado.
El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal,
que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que
expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo
del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General
de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de
Justicia, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases
de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del
Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría
General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría
General de Justicia, las Secretarías y las Direcciones del Ramo.
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y
demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado.
II.- …
III.- a la XXV.-…
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 48.- Corresponde a la Mesa Directiva, bajo la autoridad del
Presidente, preservar la libertad de las deliberaciones, cuidar la
efectividad del trabajo legislativo, y aplicar con imparcialidad las
disposiciones de esta Ley y los Acuerdos que emita el Pleno del
Congreso, así como informar públicamente al término de cada Período
el destino de los recursos ejercidos y su correspondencia con el
presupuesto de egresos del Poder Legislativo.
ARTÍCULO 161.- Los proyectos de Leyes y los Decretos aprobados por
el Congreso, se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el
Secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
337
ARTÍCULO 162.- Las iniciativas, adquirirán el carácter de Ley, cuando
sean aprobadas por el Congreso del Estado y publicadas por el
Ejecutivo.
Si la Ley no fija el día en que deba comenzar a observarse, será
obligatoria en todo el Estado tres días después de la fecha de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
ARTÍCULO 163.- En el caso de que el Ejecutivo juzgue conveniente
hacer observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso del
Estado, éste podrá ejercitar su derecho de Veto, atendiendo a lo
previsto por el Artículo 34 de la Constitución Local.
ARTÍCULO 164.- El Gobernador del Estado no podrá hacer
observaciones sobre los Decretos que manden abrir o cerrar Sesiones
del Congreso o los emitidos por este cuando actúe en funciones de
Jurado de Sentencia.
III. ESTUDIO DE LA INICIATIVA
A. ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA
El sistema de Gobierno Mexicano, tal y como lo señalan los
inicialistas en su exposición de motivos, se divide para su ejercicio en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Lo antes apuntalado se prevé en el
artículo 11 de la Constitución Local, la cual, delimita las funciones de
cada uno de ellos.
Dentro del Derecho Parlamentario existe una rama denominada
“del ceremonial”, la cual se integra por el conjunto de disposiciones
relativas a la observancia y ejecución de ciertos actos, formales y
solemnes, necesarios para legitimar su propia función o indispensables
por ser de requerida aplicación en los procesos internos o externos que
compete cumplir al órgano o conjunto de órganos encargados de
realizar y articular los procedimientos inherentes a la forma, creación,
expedición, sanción, promulgación y publicación de las normas.23
El poder Legislativo, lo ejerce el Congreso del Estado, el cual se
conforma de representantes populares electos mediante el voto. Una
de las funciones principales del Poder Legislativo, en su nombre se
23 www.diputados.gob.mx/cedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla
338
encuentra expresada; es la de legislar, cumpliendo con el
procedimiento señalado para ello, el cual se divide en diferentes
etapas, las cuales consisten en:
Iniciativa: “Atribución conferida a determinados órganos o
personas para presentar a la Cámara Legislativa proposiciones de
Ley”.24
Según la Constitución Local en su artículo 28, la facultad a la que
se refiere la definición anterior esta concedida a: los Diputados, al
Gobernador, al Tribunal Superior en asuntos relacionados con la
organización y funcionamiento de la administración de Justicia; así
como al Tribunal de Justicia Electoral en asuntos inherentes a la
materia electoral, a los Ayuntamientos, al Instituto Estatal Electoral,
exclusivamente en materia electoral y a los ciudadanos residentes en el
Estado, en los términos que establezca la Ley.
Discusión: La discusión del Proceso Legislativo donde los
diputados realizan un ejercicio deliberativo sobre las distintas
iniciativas de ley. La discusión se realiza con base a un debate
parlamentario. En esta etapa los diputados hacen uso de la
tribuna para exponer sus argumentos en pro o en contra de un
proyecto de ley.
Esta etapa del proceso legislativo, se realiza de la siguiente forma;
se hace la exposición del tema a tratar, puede o no existir por parte del
expositor, un discurso sobre el tema, enseguida de las preguntas,
después las repreguntas, interpelación, y al final el cierre o clausura
del debate. Es de suma importancia, dentro de la discusión seguir al
pie de la letra las reglas del debate ya que éste es considerado como
un proceso racional pues ayuda a los legisladores a considerar o en su
caso a convencer sobre los argumentos que apoyan para aprobar o
desechar una iniciativa.
Aprobación: Discutido un proyecto de Decreto o Ley, por el
Pleno del Congreso, se remite al Poder Ejecutivo para que sea
Sancionado.
24 Diccionario de Derecho. Rafael de Pina Vara
339
Sanción: Agotada la discusión de un proyecto de Ley o Decreto,
debe de remitirse al titular del Ejecutivo para su aceptación total
o parcial de la ley.
La etapa del proceso legislativo que se precisa en las líneas
precedentes, corresponde llevarla a cabo al Poder Ejecutivo, en esto
estriba la participación del mismo en el proceso de creación de leyes,
es decir, consiste en las observaciones que el titular del Ejecutivo
puede realizar a un proyecto de ley, a esto también se le ha llamado
“derecho de veto” y su efecto es el de suspender la promulgación del
mismo.
Esta facultad es concedida por única ocasión, pues al vetar el
Ejecutivo un proyecto de Ley, lo devuelve al Congreso para una nueva
discusión que deber partir de las observaciones realizadas,
procediendo el Congreso a votar por segunda ocasión el proyecto,
adoptando las observaciones realizadas o si los representantes del
pueblo, deciden que el proyecto de Ley deberá de aprobarse en los
términos en que fue remitido al Ejecutivo, y obteniendo el voto de las
dos terceras partes que integra al Poder Legislativo, se refutara como
“veto superado” y será obligación del Gobernador, el promulgar el
Proyecto de Ley o Decreto.
Promulgación y Publicación: La publicación y/o acto formal
por medio del cual las leyes aprobadas por el Poder Legislativo y
sancionadas por el Ejecutivo son dadas a conocer por éste, y de
manera indubitable, a la población en general. Para que esta
publicación surta sus efectos legales deberá plasmarse en un
periódico que el Estado posee llamado Diario Oficial de la
Federación.
“la notificación solemne de una ley a sus súbditos”.25
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas
ejecutorias, entiende a ambos conceptos como sinónimos:
“La promulgación no es otra cosa que la publicación
formal de una ley y ambas voces se empelan como
sinónimos, tanto en el lenguaje común como en el
jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta
conclusión, el que en la doctrina, también jurídica,
25 Diccionario de Derecho. Rafael de Pina Vara
340
existe una corriente de opinión que pretende encontrar
diferencias entre la promulgación y la publicación de
las leyes pues tales diferencias son meramente
teóricas, al resultar que la ley fundamental emplea las
dos palabras con el mismo significado, según se
desprende la consulta, entre otros, de los artículos 70,
72, inciso a y 89, fracción I, de la Propia Constitución.”
Amparo en Revisión.
2260,74
Vols. 139-144,
primera parte
p.224
Iniciación de la Vigencia: Es la determinación del momento
específico en que una ley comenzará a surtir sus efectos. Entre la
publicación y la entrada en vigor de toda ley debe mediar un
espacio de tiempo, a efecto de que esta será efectivamente
conocida por sus destinatarios. A este lapso se le conoce como
Vacatio Legis.
Ahora bien, la colaboración del Ejecutivo y Legislativo respecto a
la creación de Leyes se da en el derecho de presentar Iniciativas de
Ley, en la promulgación y publicación de las mismas, así como en el
derecho de veto.
Tal y como lo establece el “Diccionario Universal de Términos
Parlamentarios” de la Cámara de Diputados; el acto de legislar no solo
emana del Poder Legislativo. De hecho, en la antigüedad y en los
regímenes con monarquía absoluta, dictar leyes era facultad soberana,
inseparable de las dos que le suceden, esto es, aplicarla y juzgar con
respecto a ella. A medida que esta concentración cedió al paso del
estado de derecho, que conlleva a la división de poderes, esta facultad
da origen justamente a un organismo formado por representantes del
pueblo, al que corresponde el ejercicio del Poder Legislativo. Esto no
significa sin embargo, que el Poder Ejecutivo haya sido excluido del
ejercicio del acto legislativo, ya que es parte de sus facultades
reglamentarias y administrativas, las que se traducen en documentos
con carácter de Ley o Decretos en alguna materia o actividad
específica.
De manera reciente, el Senado de la República, realizó reformas
a la Constitución Federal, en sus artículos 71, 72 y 78, los cuales
341
versan sobre el derecho de “veto” del titular del Ejecutivo. La minuta
en referencia fué enviada a este Poder Legislativo en fecha 16 de
diciembre de 2010, con el fin de dar cumplimiento a lo que establece el
artículo 135 de la Carta Magna, por lo cual el Congreso del Estado
emitió voto aprobatorio, publicándose en el periódico Oficial del Estado
en fecha 25 de abril de 2011. El proyecto en mención consiste en
“establecer que las observaciones del Ejecutivo deberán ser devueltas
a la cámara que se lo hubiese remitido y una vez vencido el plazo
señalado para ello, el Ejecutivo disponga de 10 días naturales para
promulgar y publicar la ley o decreto, señalando que trascurrido este
segundo plazo, sin que el Ejecutivo Federal lo haga, la Ley o Decreto se
considerara promulgado y el Presidente de la Cámara de Origen
ordenará dentro de los diez días naturales siguientes su publicación en
el Diario Oficial de la Federación, sin que requiera refrendo. Los plazos
no se interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sesiones, en cuyo
caso, la devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente”.
De lo anterior, se entiende que la propuesta se basa
principalmente en cancelar la posibilidad del llamado “veto de bolsillo”
por parte del Ejecutivo. La Cámara de Diputados expresa ante las
reformas constitucionales que: “Es necesario dar certeza jurídica a las
últimas etapas del proceso legislativo, que culminan con la
promulgación y publicación de la Ley”.
Ahora bien, de las propuestas de reforma se puede advertir, que
por lo tocante a la pretensión de reformar el primer párrafo del artículo
33, es improcedente, en virtud de que en fecha 15 de abril de 2011, se
público en el Periódico Oficial del Estado, Fe de erratas, con el objetivo
de subsanar las omisiones que refieren los inicialistas. Por lo que hace
a la intensión de adicionar un segundo párrafo al artículo en estudio, se
considera jurídicamente procedente ya que los inicialistas pretenden
establecer el tiempo en que adquirirá vigencia una Ley cuando no se
especifique.
La facultad del Ejecutivo de promulgar y publicar una Ley, es una
obligación, una vez que el proyecto de Ley ha cumplido con su trámite.
Así pues, lo que el Ejecutivo recibe por parte del Congreso, es una Ley
que debe de poner en vigor conforme lo dispone el Legislativo, de caso
contrario el Congreso tendría la acción respectiva para iniciar una
controversia constitucional. Además de que incurre en responsabilidad
de acuerdo con lo establecido en el Titulo Octavo del máximo
ordenamiento jurídico local. Considerando que después de transcurrido
342
los términos a los que refiere el artículo 34 de la Constitución local, y
superados estos, el proyecto ya no es tal, si no es considerado como
una verdadera Ley.
Por lo que toca a la pretendida reforma del párrafo tercero del
artículo 34, se considera procedente, en virtud de que la sanción es un
acto realizado por en Ejecutivo, en cambio la aprobación, como se
establece en el párrafo en mención, es parte del proceso legislativo que
realiza el Congreso del Estado.
Respecto de la pretensión de reforma del artículo 34 de la
Constitución local, podemos advertir que, resulta jurídicamente viable
la intención de los inicialistas, en cuanto al establecer que:
“trascurridos los términos que establece este artículo, sin haberse
hecho la publicación, el presidente del Congreso del Estado ordenará
dentro de los diez días naturales siguientes, su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, sin requerir refrendo”.
Lo anterior, encuentra sustento en la acción de
inconstitucionalidad que se cita a continuación:
Novena Época
Registro: 177981
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta
XXII, Julio de 2005
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 53/2005
Página: 921
DIVISIÓN DE PODERES. EL ARTÍCULO 32 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 21 DE JULIO
DE 2003, RESPETA ESE PRINCIPIO.
El indicado precepto prevé un sistema de colaboración entre los
Poderes Ejecutivo y Legislativo de dicho Estado, consistente en
el derecho de veto traducido en la facultad del Ejecutivo de
realizar observaciones a las iniciativas de ley o decreto
343
expedidas por la Legislatura, la cual deberá discutirlas de
nuevo y, en su caso, confirmarlas o aceptarlas por el voto de
las dos terceras partes del número total de los diputados, caso
en el cual volverá al Ejecutivo para su publicación dentro de los
10 días hábiles siguientes, estableciendo que ante la falta de
publicación en ese plazo el propio Congreso Local la ordenará;
dicho sistema respeta el principio de división de poderes aun
cuando al Ejecutivo Local le corresponda, ordinariamente, la
facultad de promulgar las leyes, toda vez que el artículo 116 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé
un amplio margen decisorio de las entidades federativas en ese
ámbito, al no establecer un marco que impida que un Congreso
Estatal, a través de un sistema razonablemente equilibrado,
comparta con aquél la facultad de ordenar la publicación de las
leyes, tomando en cuenta que dicha regulación permite el
ejercicio de la facultad de veto, a la vez que impide que, a
propósito de su ejercicio, el Ejecutivo obstaculice la función de
creación de leyes encomendada al Legislativo, sin que ello
produzca una distorsión que desarmonice el sistema
constitucional de competencias.
Controversia constitucional 78/2003. Poder Ejecutivo del
Estado de Aguascalientes. 29 de marzo de 2005. Once votos.
Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Fernando
Silva García.
El Tribunal Pleno, el catorce de junio en curso, aprobó, con el
número 53/2005, la tesis jurisprudencial que antecede. México,
Distrito Federal, a catorce de junio de dos mil cinco.
De acuerdo al criterio establecido por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y en legislación comparada se cita la Constitución
del Estado de Aguascalientes:
ARTÍCULO 32. Aprobada una iniciativa de Ley o Decreto por
el Congreso del Estado, pasará al Ejecutivo, quien, si no
tuviere observaciones qué hacer o transcurrido el plazo sin
haberlas hecho, lo publicará dentro de los diez días hábiles
siguientes. En caso contrario, el Congreso del Estado ordenará
su publicación.
Se reputará sancionada por el Poder Ejecutivo toda Ley o
Decreto no devuelto con observaciones al Congreso del
344
Estado, dentro de los siguientes veinte días hábiles en que se
recibió; a no ser que corriendo este término hubiere cerrado
el Congreso sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá
hacerse a la Diputación Permanente.
La iniciativa de Ley o Decreto vetada total o parcialmente por
el Ejecutivo, será devuelta con sus observaciones al Congreso
del Estado, quien deberá discutirlo de nuevo y si fuere
confirmado o aceptadas las observaciones por el voto de las
dos terceras partes del número total de los Diputados, la
iniciativa será Ley o Decreto y volverá al Ejecutivo para su
publicación dentro de los diez días hábiles siguientes al de su
recepción; de no hacerlo, el Congreso del Estado ordenará su
publicación.
Las votaciones serán nominales. El Ejecutivo del Estado, no
podrá vetar las resoluciones del Congreso cuando éste actúe
como Colegio Electoral o como Gran Jurado. Tampoco podrá
hacerlo respecto de los Decretos que expida la Diputación
Permanente convocando al Congreso a períodos
extraordinarios de sesiones.
Sin embargo, es necesario hacer las siguientes precisiones a la
iniciativa que es sujeta de estudio, en virtud de que el texto vigente del
artículo, establece términos distintos para determinadas situaciones y
con el propósito de que exista una claridad en los tiempos cuando deba
referirse a la facultad del Congreso local de publicar una Ley. Los
términos a los que nos referimos en este párrafo son los siguientes:
- 8 días: Para que el Ejecutivo devuelva con observaciones un
proyecto que ha sido aprobado por el Congreso.
- 3 días: Para que el Ejecutivo devuelva un proyecto que ha sido
aprobado por el Congreso cuando se trate de casos urgentes.
- 15 días: Para que el Ejecutivo publique el proyecto, cuando no se
realizó observación.
- 5 días: Para que publique el Ejecutivo un proyecto cuando ha
sido ratificado por el Congreso.
345
- 3 días: Para la iniciación de la vigencia de una Ley a partir de su
publicación cuando en esta no se especifique el término en que
deberá entrar en vigor.
Ahora bien, por lo que se desprende de la exposición de motivos
que realizan los Diputados inicialistas se deduce que la intención es
implementar un mecanismo de sanción cuando se enfrenten al
incumplimiento por parte del Ejecutivo al concluir el proceso legislativo,
aun cuando constitucionalmente se encuentre obligado a hacerlo.
Otorgándole facultad al Presidente del Congreso de ordenar publicar
una Ley. Además de que dentro de la propuesta de reforma al artículo
en mención se aprecia la derogación del último párrafo, donde se
establece que; “Esta Ley o las reformas a la misma no podrán ser
vetadas ni sujetas a observaciones, ni necesitarán de promulgación del
Ejecutivo del Estado para tener vigencia”, refiriéndose a la Ley que
estructura al Congreso, de tal forma que es necesario subsanar esta
omisión. Por tal motivo, se sugiere la siguiente redacción:
ARTÍCULO 34.- …
…
Se reputará sancionado por el Ejecutivo todo proyecto que no se
devuelva con observaciones al Congreso dentro de los mencionados
términos, a no ser que, corriendo éstos hubiere cerrado o suspendido
sus sesiones el Legislativo, en cuyo caso, la devolución deberá hacerse
el primer día hábil que siga al de la reanudación de las sesiones.
…
Todo proyecto de ley al que no hubiere hecho observaciones el
Ejecutivo dentro del término que establece este artículo, debe ser
publicado en un plazo de quince días, como máximo, a contar de la
fecha en que le haya sido remitido. Si después de trascurrido el
término referido no se ha publicado, el Presidente del Congreso
del Estado ordenará su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, dentro de los diez días posteriores, sin requerir
refrendo.
Los proyectos de ley que hubieren sido objetados por el
Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido ratificados
por el Congreso, deberán ser promulgados en un término que no
exceda de cinco días, a contar de la fecha en que hayan sido remitidos
nuevamente al Ejecutivo. Si después de trascurrido el término
346
referido no se ha publicado, el Presidente del Congreso del
Estado ordenará su publicación en el Periódico Oficial del
Estado, dentro de los diez días posteriores, sin requerir
refrendo.
Las leyes….
Si los reglamentos…
Los asuntos…
Las leyes…
Los proyectos…
El Gobernador…
El Congreso…
Esta Ley...
En relación al artículo transitorio que es propuesto por los
inicialistas, esta Comisión Dictaminadora, considera necesario
redactarlo de una forma distinta en razón de que el transitorio refiere a
la entrada en vigor de las reformas al día siguiente en que haya sido
aprobada por el Congreso. Tal condición se considera superada al
momento de que ha sido votada en Sesión de Pleno, de manera que
puede entenderse que a lo que los inicialistas se refieren es la
Declaratoria que deberá emitir el Congreso después de que los
Ayuntamientos hayan expresado su aprobación. Por tal motivo, se
propone la siguiente redacción al artículo transitorio, adicionando un
segundo transitorio:
ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobadas que sean las presentes
reformas, con el anexo del acta de debates correspondiente, remítase
para consulta a los Ayuntamientos del Estado, a efecto de
cumplimentar lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 112 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
ARTÍCULO SEGUNDO.- En su oportunidad, pronunciada la
Declaratoria en los términos establecidos por el artículo 112 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, se
envíe al Ejecutivo el Dictamen de la presente Reforma Constitucional
para su publicación, la cual entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Otra de las consideraciones que deberán tomarse en cuenta, es la
347
necesidad de reformar lo establecido en el artículo 27 del cuerpo
normativo en estudio, con el propósito de establecer como una facultad
del Congreso, la de realizar publicaciones en los casos que prevé el
artículo 34. Asimismo, se deberá hacer lo propio en la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se llegan a los
siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado de conformidad
con el artículo 27 fracción I, de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, legislar, reformar, abrogar y derogar las
Leyes y Decretos Estatales.
SEGUNDO.- Con fecha de 12 de mayo del 2011, los CC., DIPUTADOS
JULIO FELIPE GARCÍA MUÑOZ, NANCY SÁNCHEZ ARREDONDO, JUAN
BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE, JUAN VARGAS RODRÍGUEZ,
DAVID LOZÁNO PÉREZ, FAUSTO ZÁRATE ZEPEDA, LAURENCIO DADO
ALATORRE, GREGORIO BARRETO LUNA, ALFONSO GARZÓN ZATARAÍN,
ELISA ROSANA SOTO AGÜERO, VÍCTOR NAVARRO GUTIÉRREZ, MARCO
ANTONIO VIZCARRA CALDERÓN, integrantes del Grupo Parlamentario
del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista,
del Partido Estatal de Baja California, y Partido del Trabajo,
presentaron ante el Pleno de la XX Legislatura Constitucional del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Baja California,
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
LOS ARTÍCULOS 33 y 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESPECTO A LAS
PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO A FIN DE
REGULAR EL “VETO DE BOLSILLO”.
TERCERO.- Que conforme a lo establecido por el artículo 77 ter,
párrafo cuarto de La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de
Baja California, y mediante oficio SSP-CES/121/2011 de fecha 18 de
mayo, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, remitió a la Dirección
General de Consultoría Legislativa, la iniciativa en comento para su
estudio, análisis y dictaminación correspondiente.
CUARTO.- Que el propósito de la presente propuesta es el de agilizar
la promulgación de las leyes aprobadas por el Congreso o bien a hacer
las observaciones correspondientes en el plazo de 8 días naturales o en
348
su caso la publicación de la misma en los 10 días posteriores al plazo
antes aludido y en caso contrario, se considerará promulgado el
proyecto de ley o decreto, facultándose al Presidente del Congreso para
ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado sin necesidad
de refrendo, y así concluir el proceso legislativo, y transcurrido este
segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado y el
Presidente del Congreso ordenará dentro de los quince días naturales
siguientes su publicación en el Periódico Oficial del Estado, sin que se
requiera refrendo. Asimismo, el proyecto de decreto o de ley al que se
hubieren hecho observaciones, será promulgado y publicado si el
Congreso en un plazo de treinta días naturales contados a partir del día
siguiente a que reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos
tercios del número total de sus miembros. Vencido este plazo, se
tendrá por no ratificado el proyecto de que se trate.
QUINTO: Que esta Iniciativa es legalmente procedente por no estar en
oposición al marco legal aplicable contenido en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Baja California, y en general, con todo el sistema
jurídico nacional y local.
_____________________________
7. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22, 36 Y 49 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE BAJA CALIFORNIA (Iniciativa preferente), presentada el 09 de
junio de 2011 ante esta Soberanía de la XX Legislatura Constitucional
del Honorable Congreso del Estado de Baja California, por los C. C.
Diputados Rubén Alanís Quintero, Gustavo Magallanes Cortés, Lizbeth
Mata Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional y los Diputados Juan Montejano de la Torre, Virginia Noriega
Ríos, Gregorio Barreto Luna, Alfonso Garzón Zataraín, Rosana Soto
Agüero y Fausto Zárate Zepeda integrantes de la Fracción
Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional.
I. ASPECTOS GENERALES
A. DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
349
“A dos décadas de haber transcurrido la alternancia en el Poder
Ejecutivo de Baja California, han sido innumerables las
transformaciones sociales y económicas que han beneficiado a
nuestro Estado, lo cual sin duda ha sido decisivo en la
construcción de un sistema democrático moderno, plural,
incluyente y abierto.
Hoy en día, nuestro régimen de Gobierno requiere avanzar en
una dirección de mayor acompañamiento con la sociedad, con
nuevas normas de cooperación entre poderes sin demérito de su
necesaria división y equilibrio. El objetivo debe centrarse en
fortalecer las facultades y capacidades de los dos poderes de
elección popular, estableciendo nuevas bases para la
gobernabilidad democrática con los debidos controles y
contrapesos por parte del Poder Legislativo y del Poder
Ejecutivo.
Debemos admitir que urge fortalecer la colaboración entre los
Poderes del Estado y entre las fuerzas políticas. En un contexto
plural, como el que actualmente se vive en Baja California, la
capacidad institucional del Gobernador del Estado para generar
acuerdos con el Congreso Local se dificulta por la falta de
mayorías, esto hace necesario priorizar la revisión de los
mecanismos legislativos de diálogo entre Poderes, con el fin de
fortalecer la cooperación gubernamental en beneficio del
funcionamiento del régimen político.
Es por lo anterior que la presente iniciativa propone incorporar a
la Carta Magna Local un nuevo mecanismo de diálogo legislativo
entre Poderes, inédito en nuestra historia como Estado 29, pero
de reconocida experiencia normativa y práctica en otras
naciones democráticas, e incluso ya explorada por otras
entidades federativas del país; se trata de la “Iniciativa
Preferente” en favor del titular del Poder Ejecutivo del Estado.
Cabe acotar que hablar de iniciativa preferente, es refecurrir a
una figura parlamentaria cuyo principal objetivo es permitir, en
contextos de gobiernos divididos, el diálogo necesario entre el
Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo respecto de temas que se
consideren apremiantes para el bienestar colectivo y que por
ende requieren de una atención especial o urgente, facilitando la
350
concertación y la definición de una agenda legislativa compartida
en el ejercicio del poder público.
Sirve como referente, la relación institucional que han
mantenido el Ejecutivo Federal y el Congreso de la Unión,
transcurrida ya una década desde la alternancia en el Gobierno
Federal, donde en no pocas ocasiones, los disensos y hasta los
conflictos políticos entre grupos parlamentarios han generado
situaciones de incertidumbre o riesgo de parálisis institucional,
lo que obligó al Senado de la República a dar pasos firmes para
la reforma política, a fin de establecer nuevas condiciones de
pluralidad, como lo fue la reforma al artículo 71 de la
Constitución Federal que instituye en favor del Presidente de la
República, la presentación de hasta dos iniciativas con carácter
preferente al inicio de cada periodo ordinario de sesiones del
Congreso de la Unión, faltando tan solo el pronunciamiento de la
Cámara de Diputados para consolidar esta nueva forma de
diálogo legislativo entre poderes.
El derecho comparado y el estudio de las mejores prácticas en
esta materia nos muestran que la iniciativa preferente es un
medio, una vía, para que el Ejecutivo tenga garantía de que el
Congreso habrá de pronunciarse sobre las iniciativas de reforma
constitucional o legal que aquél señale al momento de
presentarlas; el carácter de preferente no prejuzga ni condiciona
la decisión que adopte el Poder Legislativo; solamente asegura
la atención del asunto en un plazo predeterminado en la propia
norma constitucional.
La facultad del Poder Ejecutivo para presentar proyectos de
leyes y decretos al Parlamento, se remonta al sistema inglés de
los siglos XI y XII. El modelo presidencial (adoptado
originariamente en los Estados Unidos de América y,
posteriormente, por la gran mayoría de las naciones
iberoamericanas) retomó la facultad del Ejecutivo para presentar
iniciativas ante la representación popular. Así, como ya fue
planteado, nuestra Carta Magna en su artículo 71 establece la
facultad del Presidente de la República para iniciar leyes o
decretos. Asimismo, establece su remisión inmediata a
comisiones.
351
En el caso del Gobernador del Estado, dicha facultad se
encuentra prevista en los artículos 28 y 49 de la Constitución
Política de Baja California; sin embargo, la reglamentación de
trámite legislativo posterior tanto a nivel federal como a nivel
local, no garantiza que dichas iniciativas se discutan en un
periodo determinado o que lleguen siquiera a dictaminarse. Es
decir, no existe certidumbre respecto de la resolución del
proyecto legislativo presentado por el Ejecutivo Federal o por
Ejecutivo Estatal.
En ese contexto, se propone que el Gobernador del Estado,
como principal responsable de la acción del gobierno a través de
la conducción de la administración pública del Estado, tenga la
facultad de presentar iniciativas para trámite preferente, con
objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso de Baja
California en un breve lapso; se trata de prever la atención
legislativa preferente de aquellas iniciativas que la ameriten,
cuando sean de asuntos cuya relevancia, trascendencia y
urgencia a juicio del titular del Poder Ejecutivo del Estado, así lo
justifiquen.
La propuesta consiste en crear un proceso legislativo preferente,
que ya existe con variaciones y matices, en algunas democracias
consolidadas como es el caso Francia y Alemania, así como en
varios países de América Latina como Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Nicaragua, Paraguay y Uruguay , lo cual consiste en
acotar los tiempos para la votación de una iniciativa presentada
por el Ejecutivo, a partir del establecimiento de plazos
específicos que agilicen la discusión y votación correspondientes.
Además, ya se abordo líneas atrás que esta nueva figura
institucional de colaboración entre Legislativo-Ejecutivo, tiene
precedentes vigentes en el marco jurídico del país, como es el
caso de Nayarit, México y Oaxaca; así por ejemplo el la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
mediante reforma publicada el 16 de diciembre de 2010,
establece en su artículo 49 párrafo segundo que dentro de los
primeros 5 días hábiles siguientes al inicio de cada periodo
ordinario de sesiones, el Gobernador podrá presentar una
iniciativa de decreto o ley con el carácter de preferente, que
deberá ser votada por el Congreso dentro de los 30 días
siguientes a su presentación, exceptuando de preferencia las
352
iniciativas que el Gobernador presente en materia constitucional,
presupuestal, fiscal y electoral.
Por lo que respecta a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México, el artículo 51 reformado mediante decreto
publicado el 31 agosto de 2011, establece en su párrafo
segundo que el Gobernador tendrá derecho a presentar hasta 3
iniciativas preferentes al inicio del periodo ordinario de sesiones,
debiendo sustentar las razones por las que otorga dicho
carácter; dichas iniciativas deberán someterse a discusión y
votación, a más tardar, en la última sesión del periodo ordinario
en que fueren presentadas, prohibiéndose además iniciativas
preferentes en materia electoral, creación de impuestos, Ley
de Ingresos y Presupuesto de Ingresos.
En cuanto a la Constitución Política del Estado del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca, mediante reforma a los artículos 51 y 79,
publicada el 15 de abril de 2011, se prevé la siguiente
modalidad de iniciativa preferente: El Gobernador del Estado
podrá presentar 1 iniciativa de reforma constitucional y hasta 2
iniciativas de ley o decreto con carácter preferente; lo deberá
hacer durante los primeros 15 días naturales de cada periodo
ordinario de sesiones del Congreso. Dichas iniciativas deberán
ser dictaminadas y votadas por el Pleno antes de que concluya
el periodo.
Además, se dispone que si las comisiones no presentan el
dictamen correspondiente en el plazo de 30 días naturales, la
Mesa Directiva del Congreso formulará excitativa pública para
que lo hagan en los siguientes 10 días; en caso de que no
presenten dictamen, la Mesa Directiva presentará la exposición
de motivos de la iniciativa como dictamen y lo someterá a
consideración del Pleno, para que éste lo discuta y vote a más
tardar en la siguiente sesión del mismo periodo ordinario. En el
caso de que la Mesa Directiva no cumpla con ese procedimiento,
sus integrantes dejarán de ejercer ese cargo, con independencia
de las sanciones que ameriten.
Así las cosas, ha quedado constatado el desarrollo institucional
en el sistema político de diversas Entidades federativas, al
instrumentar la figura de la iniciativa preferente en favor de los
Gobernadores de los Estados facilitando que sus mandatos sean
353
más eficaces, con el propósito de responder a las tareas de
Estado más apremiantes.
Es importante destacar que el carácter de preferente no limita
de modo alguno las facultades del Congreso Local de modificar o
rechazar en su totalidad las propuestas que presente el
Ejecutivo Estatal, sino que simplemente incide en el plazo para
el desahogo y resolución de las mismas, es decir, el Poder
Legislativo conserva, intocada, su potestad de aprobar,
modificar o rechazar las iniciativas del Gobernador del Estado.
El trámite legislativo preferente procederá ante la solicitud que
formule el Gobernador del Estado, al respecto, conviene precisar
que no se trata de un trato preferente respecto del contenido de
los argumentos o del sentido de la votación; por el contrario, la
preferencia consiste exclusivamente en la obligación del
Congreso de pronunciarse sobre las iniciativas, como ya se ha
referido, para aprobarlas en sus términos, modificarlas o
rechazarlas.
Con el objetivo de establecer el trámite preferente se propone
reformar el párrafo tercero del artículo 22 constitucional para
establecer en primer lugar, que en cada Período de Sesiones
Ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los
asuntos que señale su Ley Orgánica, así como de las
iniciativas que el Gobernador del Estado haya señalado
con ese carácter conforme a la Constitución del Estado.
Asimismo se busca modificar el artículo 36, actualmente
derogado, para instaurar 3 nuevos párrafos que regulen el
procedimiento legislativo de iniciativa preferente, de la siguiente
forma:
El día de la apertura de cada periodo de sesiones
ordinarias del Congreso del Estado, el Gobernador podrá
presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o
señalar con tal carácter alguna que hubiere presentado en
periodos anteriores y no hayan sido votadas en el Pleno
del Congreso. Asimismo deberá sustentar las razones por
las que otorga dicho carácter a cada iniciativa.
354
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada en las
Comisiones de dictamen legislativo que corresponda, así
como en el Pleno del Congreso, durante el periodo de
sesiones ordinarias en que se presente. Si no fuere así, la
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el
primer asunto que deberá ser discutido y votado en la
última sesión de dicho periodo.
La Ley Orgánica del Congreso regulará el trámite
legislativo de las iniciativas que el Gobernador presente o
señale con carácter preferente, así como las sanciones
aplicables a los Diputados que infrinjan los plazos y
términos previstos en esta Constitución por el ejercicio de
esta facultad.
Respecto de la enmienda al artículo 49 fracción I, se pretende
modificar para institucionalizar como facultad del Gobernador del
Estado, el iniciar ante el Congreso leyes y decretos que
redunden en beneficio del pueblo, así como señalar con
trámite preferente las iniciativas que considere necesario
aprobarse por la legislatura, en el periodo de sesiones
ordinarias que corresponda, conforme a la Constitución
del Estado.
Es importante señalar que el hecho de otorgar trámite legislativo
expedito a las iniciativas presentadas por el titular del Poder
Ejecutivo del Estado no implica una subordinación del Poder
Legislativo frente al Gobernador, sino un espacio de preferencia
en la agenda legislativa para que discutan aquellos asuntos que
por su naturaleza representen prioridad Estatal.
En resumen, con la aprobación de esta iniciativa lograremos un
adecuado equilibrio entre el derecho del Poder Ejecutivo a
señalar la preferencia que decide otorgar a sus iniciativas ante el
Congreso y la potestad soberana de éste último para aprobar,
rechazar o modificar las iniciativas presidenciales, dentro de los
plazos y con los procedimientos que establecerá la Constitución
y reglamentará la Ley del Congreso.
Los Diputados del PAN y del PRI, en aras de encauzar
progresivamente el rumbo del desarrollo Estatal, dada la
dinámica que impone la divergencia y la pluralidad de la nueva
355
realidad política de Baja California, estimamos factible y urgente
la incorporación de esta figura atípica de iniciativa, más aún
siendo el carácter de preferente únicamente en cuanto al trámite
legislativo que deberá seguirse en la Legislatura, garantizando
con ello de manera cierta y efectiva, que este Congreso del
Estado se pronuncie en breve término sobre la proposición que
en uso de tal prerrogativa haga el Gobernador del Estado.
Solo resta reiterar que la finalidad de esta Reforma
Constitucional busca promover la cooperación entre los Poderes
Ejecutivo y Legislativo con el objeto de determinar una agenda
legislativa común, con prioridades perfectamente determinadas,
para el beneficio de la ciudadanía.”
B. INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
De la lectura a la propuesta realizada, se desprende que la
intención es la de fortalecer las relaciones interinstitucionales, por
medio de un adecuado equilibrio de poderes entre el derecho del titular
del Ejecutivo a presentar iniciativas con el carácter de preferentes ante
el Congreso del Estado. Dicho de otro modo, se propone que el
Gobernador del Estado, en razón de las atribuciones conferidas por la
Constitución Local de presentar iniciativas de ley o Decreto ante el
Poder Legislativo, y en aras de llevar a cabo la administración pública
de la entidad de una forma eficiente, que repercuta en beneficio a los
gobernados.
II. ASPECTOS PARTICULARES
Para una mejor comprensión de lo anterior, se inserta de manera
textual el contenido de la propuesta:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 22.- …
…
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará
de manera preferente de los asuntos que señale su Ley
Orgánica, así como de las iniciativas que el Gobernador del
356
Estado haya señalado con ese carácter conforme a esta
Constitución.
…
…
…
ARTÍCULO 36.- El día de la apertura de cada periodo de
sesiones ordinarias del Congreso del Estado, el
Gobernador podrá presentar hasta dos iniciativas para
trámite preferente, o señalar con tal carácter alguna que
hubiere presentado en periodos anteriores y no hayan
sido votadas en el Pleno del Congreso. Asimismo deberá
sustentar las razones por las que otorga dicho carácter a
cada iniciativa.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada en las
Comisiones de dictamen legislativo que corresponda, así
como en el Pleno del Congreso, durante el periodo de
sesiones ordinarias en que se presente. Si no fuere así, la
iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, será el
primer asunto que deberá ser discutido y votado en la
última sesión de dicho periodo.
La Ley Orgánica del Congreso regulará el trámite
legislativo de las iniciativas que el Gobernador presente o
señale con carácter preferente, así como las sanciones
aplicables a los Diputados que infrinjan los plazos y
términos previstos en esta Constitución, por el ejercicio
de esta facultad.
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.-…;
II.- Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que redunden en
beneficio del pueblo, así como señalar con trámite
preferente las iniciativas que considere necesario
aprobarse por la legislatura, en el periodo de sesiones
ordinarias que corresponda, conforme a esta Constitución
y la Ley Orgánica del Congreso.
III a la XXV-. - …
TRANSITORIOS
357
PRIMERO.- Córrase el trámite legislativo previsto en el artículo
112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Baja California.
SEGUNDO.- Una vez efectuado el voto aprobatorio de los
Ayuntamientos, emítase la declaratoria de incorporación
Constitucional correspondiente.
TERCERO.- La presente enmienda entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Baja California.
CUARTO.- La Legislatura del Estado contarán con un plazo de
30 días para actualizar la legislación secundaria, contados a
partir de la entrada en vigor de las presentes reformas.
A.- MARCO JURÍDICO
Para efecto de determinar la viabilidad jurídica o no de la
iniciativa objeto del presente dictamen, se estudiará y analizará los
ordenamientos legales aplicables al caso, mismos que se transcriben
para su mayor comprensión:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS
ARTÍCULO 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente
en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para
beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho
de alterar o modificar la forma de su gobierno.
ARTÍCULO 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados
libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero
unidos en una federación establecida según los principios de esta ley
fundamental.
ARTÍCULO 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes
de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos
358
respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las
particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir
las estipulaciones del Pacto Federal.
La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases:
I. …
II. …
a) a la c) …
III. …
Apartado A….
a) a la g)…
…
…
…
Apartado B….
a) a la c) …
…
Apartado C...
Apartado D…
IV a la VI…
…
ARTÍCULO 49. El supremo poder de la federación se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso
de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo
dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en
el segundo párrafo del artículo 131, se otorgaran facultades
extraordinarias para legislar.
ARTÍCULO 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como
base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
…
ARTÍCULO 116.- El poder público…
359
Los poderes de los Estados se organizaran conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I a la VIII.-…
ARTÍCULO 117. Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las
Potencias extranjeras.
II. Derogada.
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado.
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio.
V. Prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio,
ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera.
VI. Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o
extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por
aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija
documentación que acompañe la mercancía.
VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que
importen diferencias de impues (impuestos, sic DOF 05-02-1917) o
requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o
extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la
producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes
de distinta procedencia.
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con
gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros,
o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio
nacional.
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas,
inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas
públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una
ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen
360
anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán
de su ejercicio al rendir la cuenta pública.
IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en
forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso de la Unión
autorice.
El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados dictarán,
desde luego, leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.
ARTÍCULO 118. Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de
la Unión:
I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni
imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o
exportaciones.
II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de guerra.
III. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, exceptuándose
los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no admita
demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la
República.
ARTÍCULO 124.- Las facultades que no estén expresamente
concedidas por esta Constitución a los Funcionarios Federales, se
entienden reservadas a los Estados.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a
su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
…
361
…
…
…
…
…
APARTADO A. Los partidos políticos:
APARTADO B. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del
Estado de Baja California.
APARTADO C. Justicia Electoral.
…
…
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y
libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los
fines del Estado.
Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo estatal,
garantizando que éste sea integral y sustentable, asegurando de
manera simultánea, el crecimiento económico, la equidad y la
sustentabilidad ambiental.
…
…
ARTÍCULO 12.- No pueden reunirse dos o más poderes en una sola
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo.
ARTÍCULO 22.- El Congreso del Estado tendrá cada año tres períodos
de Sesiones ordinarias, el Primer Período inicia a partir del primero de
octubre al último día de enero de cada año, el Segundo Período
comprende del primero de febrero al último día de mayo de cada año,
y el Tercer Período será a partir del primero de junio al último día de
septiembre de cada año.
En los tres períodos ordinarios, la Legislatura del Estado estudiará y
votará los dictámenes de las cuentas públicas y modificaciones
presupuestales, que sean presentados a su consideración, así como las
362
iniciativas de Leyes, decretos o acuerdos económicos; y resolverá los
demás asuntos que le correspondan, conforme a esta Constitución.
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de
manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, concluida la Glosa del
Informe, el Congreso del Estado podrá solicitar durante los siguientes
15 días al Gobernador ampliar la información mediante el
procedimiento de Pregunta Parlamentaria, misma que se hará por
escrito y tendrá un plazo de 30 días para su respuesta. Los titulares de
las dependencias del Poder Ejecutivo o de las entidades paraestatales,
al comparecer ante el congreso rendirán sus informes bajo protesta de
decir verdad. La Ley del Congreso y sus reglamentos regularán el
ejercicio de esta facultad.
En el Primer Período Ordinario de cada año, antes de concluir el año, el
Congreso del Estado examinará, discutirá y aprobará las Leyes de
Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los Presupuestos de
Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los
Organismos Públicos Autónomos, en los términos de la Ley de la
materia.
En el Segundo Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá
concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso, aprobación o
no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el ejercicio
anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la Ley de la
materia.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todo los ramos que sean de la competencia del Estado
y reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así
como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el
caso los requisitos establecidos;
II a la XXXV….
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I.-…
II.- Al Gobernador;
363
III.-….
IV.-….
V.-…
VI.-…
ARTÍCULO 29.- Las iniciativas de ley o decreto deberán sujetarse a los
trámites siguientes:
I.- Dictamen de Comisiones;
II.- Discusión;
III.- Votación.
ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en
una sola persona que se denomina Gobernador del Estado.
El Gobernador del Estado conducirá la Administración Pública Estatal,
que será Centralizada y Paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que
expida el Congreso, que distribuirá los asuntos del orden administrativo
del Gobierno del Estado, que estarán a cargo de la Secretaría General
de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría General de
Justicia, las Secretarías y las Direcciones del Ramo, y definirá las bases
de creación de las entidades Paraestatales, la intervención del
Gobernador en su operación y las relaciones entre éstas y la Secretaría
General de Gobierno, la Oficialía Mayor de Gobierno, la Procuraduría
General de Justicia, las Secretarías y las Direcciones del Ramo.
ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.-…
II.- Iniciar ante el Congreso leyes y decretos que redunden en beneficio
del pueblo.
III.-Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del
Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo, el
real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo,
bienestar y mejor calidad de vida.
IV a la XXV.-…
364
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 2o.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al
Gobernador del Estado, quien tendrá las atribuciones, funciones y
obligaciones que le señalan la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja California
y demás Disposiciones Legales aplicables.
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 2.- El Poder Legislativo es el órgano de gobierno del Estado
de Baja California, al que le corresponde el ejercicio de las funciones
legislativas, de fiscalización, así como el ámbito de la gestoría
comunitaria, que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y la Constitución Local le confieren, así como las demás que
le otorgan la presente Ley, y otras disposiciones legales.
ARTÍCULO 9.- …
El ejercicio de las funciones del Congreso se llevará a cabo en
Legislaturas, Períodos y Sesiones.
…
Los Períodos, se constituyen por la realización de una serie continuada de
sesiones durante un determinado lapso de tiempo.
La sesión, es la reunión oficial de los integrantes del Pleno del Congreso
del Estado, en el recinto parlamentario denominado “Benito Juárez
García”; podrá habilitar otro lugar como recinto parlamentario mediante
acuerdo aprobado por mayoría calificada.
Asimismo, se denominan sesiones las reuniones de los
integrantes de las Comisiones, en la sala de juntas de las
mismas o en la que se acuerde, para tratar todo lo inherente al
desarrollo de sus funciones.
ARTÍCULO 17.- Son obligaciones de los Diputados:
I a la VI.- …
365
VII.- Votar a favor o en contra tanto en las votaciones del Pleno del
Congreso, como de las Comisiones que formare parte, en caso de
abstención deberá fundar la misma;
VIII a la XII.-…
XIII.- Las demás que le confiere la Constitución Local, esta Ley, sus
Reglamentos y las que deriven de acuerdos del Pleno del Congreso del
Estado.
ARTÍCULO 39.- Las Comisiones del Congreso, son órganos de trabajo
que se integran de conformidad con esta Ley, y cuyo objeto lo
constituye el estudio, consulta, supervisión, vigilancia, investigación,
opinión o dictamen de los asuntos que esta Ley o la Mesa Directiva les
atribuya o encomiende, para el cumplimiento de las facultades de la
Constitución Local que le confiere al Congreso del Estado.
ARTÍCULO 50.- Son atribuciones del Presidente del Congreso:
I.-…
II.- En las sesiones del Congreso:
a) Presidir, abrir y clausurar las sesiones así como prorrogarlas y
suspenderlas por causa justificada;
b a la e)…
f) Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deban recaer
en éstos, así como turnar a las Comisiones respectivas el estudio de los
asuntos que les corresponda;
g) a la l)...
III a la VI.- …
VII.- Requerir a las Comisiones para que presenten dictamen o informe
de estudio sobre los asuntos que se les hubieren encomendado,
exhortándolas para que lo hagan en el plazo establecido en el Artículo
124 de la presente Ley y para el caso de que no lo hicieren, señalarles
un término para presentarlo; si la omisión persiste, turnar el asunto a
la Comisión que para ese efecto designe la Asamblea, la cual deberá
proceder a dictaminar o presentar informe de estudio según
corresponda en el plazo que la misma Asamblea establezca;
VIII a la XVI.-…
366
ARTÍCULO 88.- El Congreso del Estado tendrá cada año tres períodos
de Sesiones ordinarias, el Primer Período inicia a partir del primero de
octubre al último día de enero de cada año, el Segundo Período
comprende del primero de febrero al último día de mayo de cada año, y
el Tercer Período será a partir del primero de junio al último día de
septiembre de cada año.
En los tres períodos ordinarios, la Legislatura del Estado estudiará y
votará los dictámenes de las cuentas públicas y modificaciones
presupuestales, que sean presentados a su consideración, así como las
iniciativas de Leyes, decretos o acuerdos económicos; y resolverá los
demás asuntos que le correspondan, conforme a la Constitución.
En cada periodo de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de
manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
…
…
…
ARTÍCULO 103.- Durante los períodos ordinarios, previstos por la
Constitución Local, el Congreso del Estado deberá celebrar sesiones
cuantas veces sea necesario, para el oportuno despacho de los asuntos
de su competencia, debiendo al efecto hacerlo cuando menos dos veces
por mes según el calendario que fije la Mesa Directiva.
ARTÍCULO 104.- Las sesiones podrán ser:
I.- Previas;
II.- Ordinarias;
III.- Extraordinarias;
IV.- Solemnes;
V.- Públicas; y,
VI.- Privadas.
ARTÍCULO 106.- Son sesiones ordinarias aquellas que se celebran en
la fecha fijada en el calendario de Sesiones del Congreso del Estado.
Se entenderá por sesiones extraordinarias aquellas que se celebren
fuera de las fechas fijadas en el Calendario de Sesiones al que se
refiere el párrafo que antecede.
367
ARTÍCULO 115.- Las Iniciativas de Leyes y Decretos corresponde:
Reforma
I.-…
II.- Al Gobernador del Estado;
III.-…
IV.-…
…
ARTÍCULO 116.- Las Iniciativas de Ley o Decreto deberán sujetarse a
los trámites siguientes:
I.- Dictamen de Comisiones;
II.- Discusión; y,
III.- Votación.
B.- ANÁLISIS JURÍDICO COMPARATIVO
Con el propósito de establecer de una manera precisa las
pretensiones vertidas en la iniciativa, se trascribe a continuación
cuadro comparativo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, en su texto vigente, con la propuesta
presentada por los inicialistas
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA
(texto vigente)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA
(texto propuesto)
ARTÍCULO 22.- El Congreso del
Estado tendrá cada año tres
períodos de Sesiones ordinarias, el
Primer Período inicia a partir del
primero de octubre al último día
de enero de cada año, el Segundo
Período comprende del primero de
febrero al último día de mayo de
ARTÍCULO 22.-…
368
cada año, y el Tercer Período será
a partir del primero de junio al
último día de septiembre de cada
año.
En los tres períodos ordinarios, la
Legislatura del Estado estudiará y
votará los dictámenes de las
cuentas públicas y modificaciones
presupuestales, que sean
presentados a su consideración,
así como las iniciativas de Leyes,
decretos o acuerdos económicos; y
resolverá los demás asuntos que
le correspondan, conforme a esta
Constitución.
En cada Período de Sesiones
Ordinarias el Congreso se ocupará
de manera preferente de los
asuntos que señale su Ley
Orgánica.
Durante el Primer Período
Ordinario de Sesiones, concluida la
Glosa del Informe, el Congreso del
Estado podrá solicitar durante los
siguientes 15 días al Gobernador
ampliar la información mediante el
procedimiento de Pregunta
Parlamentaria, misma que se hará
por escrito y tendrá un plazo de 30
días para su respuesta. Los
titulares de las dependencias del
Poder Ejecutivo o de las entidades
…
En cada Período de Sesiones
Ordinarias el Congreso se ocupará
de manera preferente de los
asuntos que señale su Ley
Orgánica, así como de las
iniciativas que el Gobernador
del Estado haya señalado con
ese carácter conforme a esta
Constitución.
…
369
paraestatales, al comparecer ante
el congreso rendirán sus informes
bajo protesta de decir verdad. La
Ley del Congreso y sus
reglamentos regularán el ejercicio
de esta facultad.
En el Primer Período Ordinario de
cada año, antes de concluir el año,
el Congreso del Estado examinará,
discutirá y aprobará las Leyes de
Ingresos del Estado y de los
Municipios, así como los
Presupuestos de Egresos de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial y de los Organismos
Públicos Autónomos, en los
términos de la Ley de la materia.
En el Segundo Período Ordinario
de cada año, el Congreso deberá
concluir la revisión, análisis,
dictaminación y, en su caso,
aprobación o no aprobación, de las
Cuentas Públicas recibidas en el
ejercicio anterior, que hayan sido
fiscalizadas en los términos de la
Ley de la materia.
…
…
ARTÍCULO 36.- Derogado.
ARTÍCULO 36.- El día de la
apertura de cada periodo de sesiones ordinarias del
Congreso del Estado, el
Gobernador podrá presentar
hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar
con tal carácter alguna que
hubiere presentado en
periodos anteriores y no hayan sido votadas en el Pleno del
Congreso. Asimismo deberá
sustentar las razones por las
que otorga dicho carácter a
370
cada iniciativa.
Cada iniciativa deberá ser
discutida y votada en las Comisiones de dictamen
legislativo que corresponda,
así como en el Pleno del
Congreso, durante el periodo de sesiones ordinarias en que
se presente. Si no fuere así, la
iniciativa, en sus términos y
sin mayor trámite, será el
primer asunto que deberá ser discutido y votado en la última
sesión de dicho periodo.
La Ley Orgánica del Congreso regulará el trámite legislativo
de las iniciativas que el
Gobernador presente o señale
con carácter preferente, así como las sanciones aplicables
a los Diputados que infrinjan
los plazos y términos previstos
en esta Constitución, por el ejercicio de esta facultad.
ARTÍCULO 49.- Son facultades y
obligaciones del Gobernador:
I.- Promulgar, ejecutar y hacer
que se cumplan las leyes, decretos
y demás disposiciones que tengan
vigencia en el Estado.
II.- Iniciar ante el Congreso leyes
y decretos que redunden en
beneficio del pueblo.
III.- Velar por la conservación del
orden, tranquilidad y seguridad del
ARTÍCULO 49.- Son facultades y
obligaciones del Gobernador:
I.- …
II.- Iniciar ante el Congreso leyes
y decretos que redunden en
beneficio del pueblo, así como
señalar con trámite preferente
las iniciativas que considere necesario aprobarse por la
legislatura, en el periodo de
sesiones ordinarias que
corresponda, conforme a esta Constitución y la Ley Orgánica
del Congreso.
371
Estado, así como el garantizar a
toda persona residente en el
mismo, el real disfrute de un
medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor
calidad de vida.
IV.- Presentar cada año al
Congreso, a más tardar el día primero de Diciembre, los
Proyectos de Ley de Ingresos y
Presupuestos de Egresos para el
ejercicio fiscal siguiente.
V.- Rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la
Administración Pública,
remitiéndolo al Congreso a la
apertura del primer periodo de sesiones ordinarias;
VI.- Pedir y dar informes al
Congreso y al Tribunal Superior de
Justicia. VII.- Designar a un Consejero de
la Judicatura del Poder Judicial;
VIII.- Visitar los Municipios del
Estado cuando lo estime conveniente, proveyendo lo
necesario en el orden
administrativo, dando cuenta al
Congreso, o al Tribunal Superior,
de las faltas que notare y cuyo remedio corresponda a dichos
Poderes, y solicitar al Congreso del
Estado la suspensión de
Ayuntamientos, que declare que éstos han desaparecido y la
suspensión o revocación del
mandato de alguno de sus
miembros, por alguna de las causas graves que la ley
prevenga, proponiendo al
Congreso en su caso los nombres
de los vecinos, para que designe a
los integrantes de los Consejos Municipales, en los términos de
esta Constitución y las Leyes
respectivas.
IX.- Prestar a los Tribunales el auxilio que éstos requieran para el
III.- a la XXV.- …
372
ejercicio expedito de sus funciones
y hacer cumplir sus fallos y
sentencias.
X.- Nombrar y remover libremente al Secretario de Gobierno y a los
Funcionarios y empleados cuyo
nombramiento y remoción no
corresponda a otra autoridad. XI.- Cuidar la recaudación y
correcta inversión de los caudales
del Estado.
XII.- Fomentar, impulsar y
promover el desarrollo sustentable de la pesca y acuacultura en el
Estado, considerando la
participación del sector social y
privado, así como coordinarse con la Federación y los Municipios de
nuestra Entidad, cuando su
intervención sea requerida para el
ejercicio de las atribuciones que en esta materia les competan de
conformidad con la presente
Constitución y las leyes que
correspondan. XIII.- Expedir los títulos
profesionales con arreglo a las
leyes y reconocer la validez de los
que se expidan, en otras entidades
de la Federación, observando lo dispuesto en la fracción V del
Artículo 121 de la Constitución de
los Estados Unidos Mexicanos.
XIV.- Conceder, conforme a la Ley, conmutación de penas.
XV.- Celebrar convenios sobre
límites del Estado sometiéndolos a
la aprobación del Congreso para los efectos del artículo 27 fracción
XX de esta Constitución.
XVI.- Formular y expedir los
reglamentos para el buen
despacho de la administración pública.
XVII.- Decretar expropiación de
bienes por causas de utilidad
pública, en la forma que determinen las leyes.
373
XVIII.- Tener el mando directo de
la fuerza pública de los municipios
cuando el Congreso del Estado
suspenda o declare desaparecidos a los Ayuntamientos, y tomar en
caso de invasión o de trastornos
interiores, medidas extraordinarias
para hacer respetar la Soberanía del Estado y restablecer el orden
con la aprobación del Congreso del
Estado.
XIX.- Conceder licencias de
acuerdo a la Ley del Servicio Civil y demás disposiciones aplicables
en la materia y aceptar las
renuncias de los funcionarios y
empleados del Ejecutivo. XX.- Proveer a la ejecución de las
obras públicas.
XXI.- Fomentar el turismo, el
desarrollo industrial, agrícola, ganadero y el aprovechamiento de
las fuentes renovables de energía.
XXII.- Celebrar convenios con la
Federación sobre participación de impuestos y coordinar sus
esfuerzos en el Estado, a efecto de
atender lo relativo a educación,
salubridad y asistencia pública y
para la construcción de caminos vecinales, así como en aquellas
obras cuya ejecución pueda
llevarse a cabo en cooperación con
el Gobierno Federal y sujetándose el Ejecutivo Local a lo dispuesto
por las Leyes respectivas.
XXIII.- Nombrar libremente al
Procurador General de Justicia del Estado, quien deberá reunir los
requisitos que establezca la Ley de
la materia;
XXIV.- Remover al Procurador
General de Justicia del Estado, en los términos de la Ley de la
materia.
XXV.- Las demás que le señalen
expresamente esta Constitución y las Leyes Federales.
374
Del este cuadro comparativo se desprende que la pretensión de
los inicialistas al reformar el artículo 22 de la Constitución Local
consiste en señalar que en cada periodo de sesiones ordinarias el
Congreso del Estado, además de ocuparse de los asuntos preferentes
que la Ley Orgánica del Poder Legislativo señale, lo deberá de hacer
con las iniciativas presentadas por el titular del Poder Ejecutivo cuando
este la haya señalado con tal carácter.
En cuanto a lo pretendido sobre el artículo 36, en la Constitución
Local vigente, el texto se encuentra derogado, es así, que en este
numeral se intenta insertar la facultad del Gobernador de presentar al
inicio de cada periodo de sesiones del Congreso del Estado, hasta dos
iniciativas señaladas con el carácter de preferente, con el fin de que
sean turnadas a la Comisión respectiva para que esta realice el
Dictamen correspondiente y pueda someterse a votación en Sesión de
Pleno del Poder Legislativo en el mismo periodo en que fue presentada.
Además de lo establecido en el párrafo anterior, la pretensión de
los inicialistas es de establecer dentro del mismo numeral que en caso
de que la Comisión encargada de analizar y discutir la Iniciativa
presentada por el Gobernador, no fuera dictaminada en los términos
establecidos para ello en la Ley Orgánica del Poder Legislativo de
Estado de Baja California, deberá de ser el primer asunto que sea
discutido y votado en Sesión, (la propuesta no especifica si en Sesión
de Pleno o en Sesión de Comisión, pero se presupone que deberá de
ser en Sesión Plenaria del Congreso del Estado).
Por lo que hace al artículo 49, únicamente pretende reformar la
fracción segunda de dicho numeral, pues establece en el como una
facultad del Titular del Ejecutivo, de presentar ante el Congreso del
Estado Iniciativas de Ley y Decretos, y de estimarlo conveniente, podrá
señalar hasta dos iniciativas con el carácter de preferente.
III.- ESTUDIO DE LA INICIATIVA
a) ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA
Sin duda, la función primordial del Poder Legislativo es la
creación y modificación de Leyes, de acuerdo a lo establecido en los
preceptos del Pacto Federal, de la Constitución Local, como en la propia
375
Ley Orgánica de dicho Poder.
De conformidad a lo señalado en el máximo ordenamiento
jurídico local, la facultad para iniciar Leyes le corresponde a; los
Diputados, al Gobernador, al Tribunal Superior en asuntos relacionados
con la organización y funcionamiento de la administración de Justicia;
así como al Tribunal de Justicia Electoral en asuntos inherentes a la
materia electoral, a los Ayuntamientos, al Instituto Estatal Electoral,
exclusivamente en materia electoral y a los ciudadanos residentes en el
Estado.
El proceso Legislativo consta de diversas etapas las cuales son;
presentación de la Iniciativa, Discusión, Aprobación, Sanción,
Promulgación y/o Publicación e Iniciación de la Vigencia. Dentro del
proceso legislativo, una de las etapas más importantes sin duda, es la
discusión de la iniciativa dentro de las Comisiones de trabajo, pues es
ahí donde se realiza el estudio y análisis del impacto jurídico, político,
social y económico de la pretensión realizada por los facultados para
ello por Constitución Local. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Baja California señala los tiempos en los que deberá de
concluir esta etapa; partiendo de la presentación de la Iniciativa ante el
Presidente del Congreso del Estado, reuniendo los requisitos que el
artículo 117 de la citada Ley señala, y que son; la exposición de
motivos, la reforma propuesta, la firma del o de los inicialistas.
Turnada la Iniciativa por el presidente del Congreso a la
Comisión, ésta solicitara al Instituto correspondiente una opinión al
respecto, contando para ello con 20 días para que dicho Instituto
remita la opinión de la iniciativa a la Comisión que lo solicito. La
Comisión de Dictamen legislativo tiene un término de 30 días para
elaborar el dictamen y presentarlo ante el Pleno del Congreso, tiempo
que podrá ampliarse por una sola ocasión hasta por 15 días. Para que
la Comisión de trabajo legislativo sesione, deberá de convocar con por
lo menos 24 horas de anticipación, tomando en cuenta que cuando se
discuta un asunto en Comisión y éste sea de interés para el Ejecutivo,
los Ayuntamientos o el Poder Judicial, se deberá de invitar con por lo
menos 5 días antes de la fecha de Sesión, a la autoridad competente
con el propósito de que mande a un representante, el cual tendrá el
derecho de tomar parte en los trabajos de la Comisión, en el asunto de
que se trate.
Cuando el dictamen es sometido ante el Pleno del Congreso y se
inicia la discusión, de ser necesario se regresa a la Comisión para la
376
realización de un nuevo estudio, contando con un lapso de 15 días para
presentar el Dictamen ante el Pleno.
Resumiendo lo anterior, se aprecia lo siguiente; la Comisión de
trabajo legislativo, cuenta con un tiempo de hasta 45 días para
presentar un Dictamen ante el Pleno del Congreso.
Por lo que hace a la “iniciativa preferente”, esta es considerada
como una figura parlamentaria que permite a los Poderes Legislativo y
Ejecutivo promover una cooperación de trabajo en conjunto, donde se
da prioridad a aquellos asuntos que el titular del Ejecutivo considere
necesarios para el buen funcionamiento de la Administración Pública,
siempre y cuando beneficien a los habitantes del Estado.
Sobre el tema que nos ocupa, en Derecho Internacional
Comparado, se observa que diversos países han implementado la figura
a la que hacen referencia los Inicialistas:
PAÍS QUE REGULA LA
INICIATIVA PREFERENTE
CONTENIDO
CONSTITUCIÓN DE LA
REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL
Art. 64. La discusión y votación
de los proyectos de ley de
iniciativa del Presidente de la
República, del Supremo Tribunal
Federal y de los Tribunales
Superiores se iniciarán en la
Cámara de los Diputados.
1.-El Presidente de la República
podrá solicitar tramitación de
urgencia para los proyectos de su
iniciativa.
2.-Si, en el caso del parágrafo
anterior, la Cámara de los
Diputados y el Senado Federal no
se manifestarán cada cual,
sucesivamente, sobre la propuesta
en un plazo de cuarenta y cinco
días será ésta incluida en el
siguiente orden del día,
aplazándose la deliberación de los
demás asuntos, para que se últime
377
la votación.
3.-La apreciación de las
enmiendas del Senado Federal por
la Cámara de los Diputados se
hará en el plazo de diez días,
observándose en los demás lo
dispuesto en el parágrafo anterior.
4.-Los plazos del 2 no corren en
los períodos de vacaciones del
Congreso Nacional, ni se aplican a
los proyectos de código.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LA REPÚBLICA DE CHILE
Art. 71. El Presidente de la
República podrá hacer presente la
urgencia en el despacho de un
proyecto, en uno o en todos sus
trámites, y en tal caso, la Cámara
respectiva deberá pronunciarse
dentro del plazo máximo de treinta
días.
La calificación de la urgencia
corresponderá hacerla al
Presidente de la República de
acuerdo a la ley orgánica
constitucional relativa al Congreso,
la que establecerá también todo lo
relacionado con la tramitación
interna de la ley.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
NICARAGUA
Artículo 141.-…. En caso de
iniciativa urgente del Presidente de
la República, la Junta Directiva podrá someterla de inmediato a
discusión del plenario si se hubiera
entregado el proyecto a los
diputados con cuarenta y ocho horas de anticipación. Los
proyectos de códigos y de leyes
extensas, a criterio del plenario
pueden ser considerados y
aprobados por capítulos…
378
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
Artículo 163º.- El Presidente de la República podrá solicitar trámite
de urgencia para cualquier
proyecto de ley.
En tal caso, la respectiva cámara deberá decidir sobre el mismo
dentro del plazo de treinta días.
Aun dentro de este lapso, la
manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas
constitucionales del proyecto. Si el
Presidente insistiere en la
urgencia, el proyecto tendrá prelación en el orden del día
excluyendo la consideración de
cualquier otro asunto, hasta tanto
la respectiva cámara o comisión
decida sobre él.
Si el proyecto de ley a que se
refiere el mensaje de urgencia se
encuentra al estudio de una comisión permanente, ésta, a
solicitud del Gobierno, deliberará
conjuntamente con la
correspondiente de la otra cámara para darle primer debate.
Es importante hacer referencia a las reformas Constitucionales
aprobadas por el Senado de la República y que otorgan el derecho al
Presidente de presentar Iniciativas con el carácter de preferentes,
siempre y cuando no excedan de dos por año, exceptuando las
relativas a las Reformas Constitucionales y al Presupuesto de Egresos.
A la fecha, la cámara de Diputados no se ha pronunciado al respecto.
Por lo que hace a la legislación de los Estados federativos, el
Estado de México, prevé lo siguiente:
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
MÉXICO
379
Artículo 51.- El derecho de iniciar leyes y decretos corresponde:
I. Al Gobernador del Estado;
II a la VI.-…
El Gobernador del Estado tendrá derecho a presentar hasta tres
iniciativas de carácter preferente al inicio del periodo ordinario de
sesiones, debiendo sustentar las razones por las cuales les otorga
dicho carácter.
Las iniciativas con carácter preferente deberán ser sometidas a
discusión y votación de la asamblea, a más tardar, en la última sesión
del periodo ordinario en el que fueren presentadas. La ley establecerá
los mecanismos aplicables para dar cumplimiento a lo previsto por el
presente artículo.
No podrán incluirse como iniciativas preferentes las que modifiquen
disposiciones en materia electoral, las relacionadas con la creación de
impuestos o las referidas en el artículo 61 fracción XXX de esta
Constitución.
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
Artículo 82.- Ninguna iniciativa podrá discutirse sin que primero pase
a las comisiones correspondientes, a excepción de aquéllas cuyo
trámite se hubiese dispensado y las que, con carácter de preferente,
hubiere presentado el Gobernador del Estado en el período de
sesiones ordinario de que se trate, y que no hubieren sido
dictaminadas antes de la penúltima sesión del Pleno dentro de dicho
período. Estas últimas serán incorporadas en el orden del día para su
discusión y votación en los términos de lo dispuesto por el numeral 2,
párrafo segundo, del artículo 62 BIS de la presente ley.”
Afín al mismo, el Estado de Oaxaca de manera reciente aprobó
una serie de reformas a su Constitución local, entre ellas, la que versa
sobre la Iniciativa Preferente:
“ARTÍCULO 51. La discusión y aprobación de las leyes se hará con
estricta sujeción al Reglamento de debates; pero las iniciativas del
Ejecutivo y del Tribunal Superior de Justicia, se pasarán desde luego a
Comisión respectiva.
380
El Gobernador del Estado podrá presentar una iniciativa de reforma
constitucional y hasta dos iniciativas de ley o decreto con carácter de
preferente, durante los primeros quince días naturales de cada periodo
ordinario de sesiones. Dichas iniciativas deberán ser dictaminadas y
votadas antes de concluya dicho periodo.
En caso de que el Congreso no dictamine y vote las iniciativas
preferentes en el periodo ordinario del que se trate, se entenderán
como aprobadas en los términos en los que fueron presentadas por el
Ejecutivo estatal, para surtir inmediatamente los efectos conducentes.
“ARTÍCULO 79. Son facultades del Gobernador:
I. Presentar iniciativas de ley ante la Legislatura del Estado. Podrá
presentar una iniciativa de reforma constitucional y hasta dos
iniciativas de ley o decreto con carácter de preferente durante los
primeros quince días naturales de cada periodo ordinario de sesiones;
II a la XXIV.-…”
El Estado de Nayarit norma la figura de iniciativa preferente en el
artículo 49 de su Constitución:
“ARTÍCULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete:
I.-… II. Al Gobernador del Estado.
III a la V.-…
Dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, el Gobernador podrá
presentar una iniciativa de decreto o ley con el carácter de
preferente, que deberá ser votada por el pleno del Congreso
dentro de los treinta días siguientes a su presentación, de
conformidad al procedimiento que establezca la ley.
No serán preferentes las iniciativas que el Gobernador presente
en materia presupuestal, fiscal y electoral, ni reformas
constitucionales.”
De la legislación antes referida, es pertinente hacer notar que,
por lo que hace al Poder Legislativo de Oaxaca, este tiene dos periodos
ordinarios de sesiones, es decir, el Ejecutivo puede presentar hasta 2
Iniciativas constitucionales y 4 Iniciativas de Ley o Decreto con el
carácter de preferentes al año; los tiempos en los que Sesiona el
Congreso del Estado de Oaxaca son del 15 de noviembre al 31 de
marzo y 1 de junio al 15 de agosto.
381
La Constitución Local del Estado de México, señala que el
Congreso, tiene dos periodos de sesiones ordinarias, del 5 de
septiembre al 30 de diciembre y del 2 de mayo al 31 de julio. De tal
forma que el Titular del Ejecutivo, puede presentar hasta 6 Iniciativas
preferentes al año, exceptuando determinadas materias.
El Congreso del Estado de Nayarit, sesiona por dos ocasiones al
año en periodos ordinarios; del 18 de agosto al 17 de diciembre, cual
se puede prorrogar hasta el 30 del mismo mes, y del 18 de febrero al
17 de mayo, esto permite al Gobernador, presentar hasta dos
Iniciativas preferentes al año. La excepción respecto a la materia de la
Iniciativa es cuando versen sobre temas fiscales, constitucionales,
presupuestarios y electorales.
Ahora bien, del planteamiento hecho por los inicialistas y
derivado de la exposición de motivos, se advierte que el hecho de que
el titular del Ejecutivo tenga el derecho de señalar en cada periodo
ordinario de sesiones del Congreso del Estado hasta dos Iniciativas,
presentadas por el mismo, con el carácter de preferente, no implica la
subordinación del Legislativo hacia el Ejecutivo, tampoco se trastoca el
principio de división de Poderes, puesto que, el hecho de que una
Iniciativa sea preferente no implica la aprobación por parte de la
Comisión de trabajo Legislativo, o del Pleno del Congreso, del proyecto
presentado, dicho en otros términos, la Comisión, al momento de hacer
su estudio y análisis del proyecto presentado, puede declararlo
improcedente por los argumentos que considere convenientes de
acuerdo al estudio jurídico, que se haya realizado, tomando en cuenta
además los factores político, económico y sociales que se afectarían con
la propuesta del Ejecutivo. Nuestro máximo Tribunal, respecto a la
división de poderes y la colaboración entre ellos establece lo siguiente
en una de sus tesis:
Instancia: Pleno.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca. Tomo XXX, Julio de 2009. Pág. 1540.
Tesis de Jurisprudencia
DIVISIÓN DE PODERES. EL QUE ESTE PRINCIPIO SEA FLEXIBLE SÓLO SIGNIFICA QUE ENTRE ELLOS EXISTE UNA
COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN EN LOS TÉRMINOS
ESTABLECIDOS, PERO NO LOS FACULTA PARA ARROGARSE
FACULTADES QUE CORRESPONDEN A OTRO PODER, SINO SOLAMENTE AQUELLOS QUE LA PROPIA CONSTITUCIÓN
LES ASIGNA.
382
“El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que el Supremo Poder de la Federación se
divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrán reunirse dos o más de estos poderes en un solo
individuo o corporación. Sin embargo, ha sido criterio reiterado
de esta Suprema Corte que la división funcional de atribuciones
que establece dicho numeral no opera de manera rígida, sino flexible, ya que el reparto de funciones encomendadas a cada uno
de los poderes no constituye una separación absoluta y
determinante, sino por el contrario, entre ellos se debe presentar
una coordinación o colaboración para lograr un equilibrio de fuerzas y un control recíproco que garantice la unidad política del
Estado. Como se advierte, en nuestro país la división funcional de
atribuciones no opera de manera tajante y rígida identificada con
los órganos que las ejercen, sino que se estructura con la
finalidad de establecer un adecuado equilibrio de fuerzas, mediante un régimen de cooperación y coordinación que
funcionan como medios de control recíproco, limitando y evitando
el abuso en el ejercicio del poder público, garantizando así la
unidad del Estado y asegurando el establecimiento y la preservación del estado de derecho. Por su parte, el artículo 133
de la Constitución Federal consagra el principio de supremacía,
que impone su jerarquía normativa a la que deben sujetarse
todos los órganos del Estado y todas las autoridades y funcionarios en el ejercicio de sus atribuciones, por lo que, el
hecho de que la división de poderes opere de manera flexible sólo
significa que entre ellos existe una colaboración y coordinación en
los términos establecidos, pero no los faculta para arrogarse facultades que corresponden a otro poder, sino solamente
aquellos que la propia Constitución les asigna. De este modo,
para que un órgano ejerza ciertas funciones es necesario que
expresamente así lo disponga la Constitución Federal o que la
función respectiva resulte estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son exclusivas por efectos de la
propia Constitución, así como que la función se ejerza en los
casos expresamente autorizados o indispensables para hacer
efectiva la facultad propia.”
De la misma forma, el Pleno del Congreso del Estado, puede o no
aprobar el Dictamen presentado por la Comisión correspondiente. Por
lo tanto la preferencia estriba en el trámite que se le dará a la
propuesta del Ejecutivo, debiendo ser estudiada, discutida y votada en
el mismo periodo de Sesiones en que fuera presentada, siendo esta
una vía para que el Ejecutivo tenga garantía constitucional de que el
Congreso habrá de pronunciarse sobre las iniciativas de reforma que
aquél señale al momento de presentarlas, reiterando que el carácter de
383
preferente no prejuzga ni condiciona la decisión del Poder Legislativo;
solamente asegura la atención del asunto en un plazo determinado.
Lo anterior, es fortalecido por el criterio que sustenta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que a continuación se
trascribe.
Registro No. 162318
Localización: Novena Época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXXIII, Abril de 2011 Página: 228
Tesis: 1a./J. 32/2011
Jurisprudencia
Materia(s): Constitucional
“Proceso legislativo. Las cámaras que integran el
Congreso de la Unión tienen la facultad plena de aprobar,
rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley o
decreto, independientemente del sentido en el que se hubiere presentado originalmente la iniciativa
correspondiente.
La iniciativa de ley o decreto, como causa que pone en marcha el
mecanismo de creación de la norma general para satisfacer las
necesidades que requieran regulación, fija el debate parlamentario en
la propuesta contenida en la misma, sin que ello impida abordar otros
temas que, en razón de su íntima vinculación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la nueva normatividad. Así, por virtud de la
potestad legislativa de los asambleístas para modificar y adicionar el
proyecto de ley o decreto contenido en la iniciativa, pueden modificar
la propuesta dándole un enfoque diverso al tema parlamentario de
que se trate, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos no prohíbe al Congreso de la Unión cambiar las razones o
motivos que lo originaron, sino antes bien, lo permite. En ese sentido,
las facultades previstas en los artículos 71 y 72 de la Constitución
General de la República, específicamente la de presentar iniciativas de
ley, no implica que por cada modificación legislativa que se busque
establecer deba existir un proyecto de ley, lo cual permite a los
órganos participantes en el proceso legislativo modificar una
propuesta determinada. Por tanto, las Cámaras que integran el
Congreso de la Unión tienen la facultad plena para realizar los actos
que caracterizan su función principal, esto es, aprobar, rechazar,
modificar o adicionar el proyecto de ley, independientemente del
sentido en el que hubiese sido propuesta la iniciativa correspondiente,
384
ya que basta que ésta se presente en términos de dicho artículo 71
para que se abra la discusión sobre la posibilidad de modificar,
reformar o adicionar determinados textos legales, lo cual no vincula al
Congreso de la Unión para limitar”
En contexto con lo expuesto anteriormente se considera que la
pretensión de los inicialistas es jurídicamente procedente.
En cuanto a la pretensión de reforma al artículo 49, se considera
jurídicamente procedente, pues la esencia de la propuesta es la de
ampliar una facultad al Gobernador del Estado, en cuanto a señalar con
el carácter de preferente hasta dos iniciativas que presente al inicio de
cada periodo de Sesiones Ordinarias del H. Congreso del Estado, o en
su defecto, darle ese privilegio a cualquiera de las ya presentadas y
que este pendiente por concluir el proceso legislativo, con el propósito
de que sean dictaminadas y votadas en Sesión de Pleno en el periodo
Ordinario de Sesiones que fueran presentadas, o en su caso, en que
fueran señaladas como iniciativas preferentes. Por lo cual, resulta
viable que se reforme el artículo pretendido, ya que en el, se
establecen las facultades del Titular del Ejecutivo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emiten los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado de conformidad
con el artículo 27 fracción I, de la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, legislar, reformar, abrogar y derogar las
Leyes y Decretos Estatales así como participar en las reformas a la
Constitución.
SEGUNDO.- Que la Iniciativa de reforma reúne los requisitos que
señala el artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado, consistente en que sea aprobada por escrito y firmada, ante la
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado con la
exposición de motivos en las que se expongan las consideraciones
jurídicas, políticas, sociales o económicas que justifican, explican,
motivan y dan procedencia a la proposición de creación, reforma,
derogación o abrogación de una ley o artículo.
TERCERO.- Que con fecha 13 de junio de 2011, la Presidencia de la
Mesa Directiva de la XX Legislatura del Estado turnó la iniciativa en
385
comento a las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales y Reforma de Estado para su estudio y
dictaminación.
CUARTO.- Que mediante oficio SSP-CES/147/2011, de fecha 14 de
junio de 2011 la Secretaría de Servicios Parlamentarios de este H.
Congreso, remitió a la Dirección General de Consultoría Legislativa la
Iniciativa en comento para su estudio, análisis y dictaminación, de
conformidad con lo establecido en artículo 77 ter, párrafo cuarto de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
QUINTO.- Que la intención de los inicialistas es la de fortalecer las
relaciones interinstitucionales, por medio de un adecuado equilibrio de
poderes entre el derecho del titular del Ejecutivo a presentar iniciativas
con el carácter de preferentes ante el Congreso del Estado. Dicho de
otro modo, se propone que el Gobernador del Estado, en razón de las
atribuciones conferidas por la Constitución Local de presentar
Iniciativas de ley o Decreto ante el Poder Legislativo, y en aras de
llevar a cabo la administración pública de la entidad de una forma
eficiente, que repercuta en el beneficio a los gobernados.
SEXTO.- Que la intención de la Iniciativa Preferente estriba en el
trámite que se le dará a la propuesta del Ejecutivo, debiendo ser
estudiada, discutida y votada en el mismo periodo de Sesiones en que
fuera presentada, reiterando con ello, que el carácter de preferente no
prejuzga ni condiciona la decisión del Poder Legislativo; solamente
asegura la atención del asunto en un plazo determinado.
SEPTIMO.- Que resulta procedente la reforma a los artículos 22 y 36
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, para que el Congreso del Estado atienda de manera
preferente las Iniciativas de Ley o Decreto que el Titular del Poder
Ejecutivo persente con ese carácter, exponiendo las razones en que
funde su petición, con el único propósito de que sean dictaminadas por
la Comisión de trabajo legislativo y votadas en pleno, sin que esto
influya en la procedencia o no del proyecto presentado.
______________________________
8. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA (Eliminación de Diputados de Lista),
386
presentada el 07 de abril de 2011 ante esta H. Soberanía por los C. C.
Diputados Rubén Alanís Quintero, María del Rosario Rodríguez Rubio,
Gustavo Magallanes Cortes, José Máximo García López, Lizbeth Mata
Lozano y Ricardo Magaña Mosqueda del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.
I.- ASPECTOS GENERALES.
A).- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA.
Previo al análisis y estudio de la presente Iniciativa de Reforma
Constitucional, es pertinente conocer su Exposición de Motivos y la
propuesta de reforma, misma que a continuación se transcribe:
Exposición de Motivos y Propuesta de Reforma
“Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en la Vigésima Legislatura Constitucional del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 y 28
ambos en su fracción I, de la Constitución Política de del Estado Libre y
Soberano de Baja California; así como en los numerales 110 fracción I,
112, 115 fracción I, 116, 117 y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California, presentamos ante este
Congreso Iniciativa de Reforma al articulo 15 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en la
fracción II del artículo 116, la obligación a cargo de las legislaturas de
las entidades federativas de establecer en la integración de los
congresos estatales el principio de representación proporcional, en este
sentido la suprema corte de justicia de la nación ha establecido
parámetros para considerar que los Estados cumplen con desarrollar en
su legislación el principio referido.
Así tenemos que de acuerdo a las previsiones del máximo interprete de
la Constitución en nuestro país, para que se considere que una
legislación es acorde al mandato constitucional, esta debe reunir al
menos los siguientes requisitos: Primera. Condicionamiento del registro
de la lista de candidatos plurinominales a que el partido participe con
candidatos a diputados por mayoría relativa en el número de distritos
uninominales que la ley señale. Segunda. Establecimiento de un
387
mínimo porcentaje de la votación estatal para la asignación de
diputados. Tercera. Asignación de diputados independiente y
adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen
obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación. Cuarta.
Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en
las listas correspondientes. Quinta. El tope máximo de diputados por
ambos principios que puede alcanzar un partido, debe ser igual al
número de distritos electorales. Sexta. Establecimiento de un límite al
sobre-representación. Séptima. Establecimiento de las reglas para la
asignación de diputados conforme a los resultados de la votación.
En este sentido, la legislación de Baja California cumple a cabalidad
dichos lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así
tenemos que la legislatura se integra con diputados electos bajo el
principio de mayoría relativa y de representación proporcional, y en
este ultimo caso en un sistema mixto, en el cual se integran diputados
de primera minoría que hayan participado por la vía de la mayoría
relativa sin resultar electos, y por otra parte los registrados en una lista
votada por circunscripción estatal.
El propósito de la presente iniciativa, es eliminar dicho sistema mixto
en la representación proporcional para que únicamente se contemple
para participar en la asignación de representación proporcional a
aquellos candidatos que habiendo participado por mayoría relativa no
hayan alcanzado constancia de mayoría y tengan de acuerdo a su
porcentaje de votación, y la de su partido derecho a ello.
Esta iniciativa es acorde a las bases generales dictadas por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y una vez aprobada por el constituyente
permanente local, habrán de realizarse los ajustes a la legislación
secundaria para armonizarla con la constitución local.
Es por todo lo antes expuesto que, en corolario de las justificaciones y
motivaciones contenidas en el presente instrumento legislativo, nos
permitimos someter a consideración de esta Soberanía, a efecto de su
análisis, dictamen y procedimiento parlamentario correspondiente, la
siguiente:
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA PARA
QUEDAR COMO SIGUE:
388
ARTÍULO 15.- La asignación de los Diputados por el principio de
representación proporcional que le correspondan a cada partido político
o coalición, se hará de acuerdo con el procedimiento que se establezca
en la Ley, y atendiendo lo siguiente:
I.-Para que los partidos políticos o coaliciones tengan este derecho
deberán:
a) Participar con candidatos a Diputados por el principio de mayoría
relativa en por lo menos el cincuenta por ciento de los distritos
electorales; y
b) Haber obtenido por lo menos el cuatro por ciento de la votación
estatal emitida en la elección de Diputados por el principio de
representación proporcional.
II.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Baja California una vez verificados los requisitos de la fracción anterior,
asignara un Diputado a cada partido político o coalición que tenga
derecho a ello.
En caso de que el número de partidos políticos o coaliciones sea mayor
que el de diputaciones por asignar, estas se otorgaran a los que tengan
mayor porcentaje en orden descendente hasta agotarse;
III.- Si después de asignadas las diputaciones señaladas en la fracción
anterior, aun quedasen diputaciones por asignar, se otorgaran a los
partidos políticos o coaliciones, en los siguientes términos:
a) Se obtendrá el porcentaje de votación de los partidos políticos o
coaliciones que reúnan los requisitos que señala la fracción I de este
artículo, mediante el siguiente procedimiento:
1.-Realizará la sumatoria de los votos obtenidos por los partidos
políticos o coaliciones, en la elección de diputados por el principio de
representación proporcional, que reúnan los requisitos, y
2.-La votación de cada partido se dividirá entre la sumatoria obtenida
en el numeral anterior y se multiplicará por cien;
b) Se procederá a multiplicar el porcentaje de la votación obtenido por
los partidos políticos o coaliciones, en la elección de Diputados por el
389
principio de representación proporcional de cada partido político o
coalición, por veinticinco;
c) Al resultado obtenido en el inciso anterior se le restaran las
diputaciones obtenidas de mayoría y la asignada conforme a la fracción
anterior;
d) Se asignará una diputación de representación proporcional por cada
número entero que se haya obtenido en la operación señalada en el
inciso anterior, procediendo en estricto orden de prelación conforme al
porcentaje obtenido, de cada partido político o coalición, en los
términos del párrafo segundo de la fracción II de este articulo e inciso
a) de esta fracción; y
e) Hechas las asignaciones anteriores, si aun existieren diputaciones
por asignar, éstas se otorgarán a los que conserven los restos mayores,
una vez deducidas las que se asignaron en el inciso d) anterior;
IV.- Ningún partido político o coalición podrá tener mas de dieciséis
Diputados por ambos principios, y
V.- La asignación de los Diputados por el principio de representación
proporcional que le corresponda a cada partido político o coalición, la
hará el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Baja California, en los términos que señale la Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobada que sea ésta Iniciativa por esta Honorable
Asamblea, envíese a los Ayuntamientos del Estado copia del acta de los
debates que hubiere provocado, para efecto de dar cumplimiento con lo
previsto por el articulo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- En su oportunidad, pronunciada la Declaratoria en los
términos establecidos por el artículo 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, remítase al Ejecutivo la
presente Reforma Constitucional para los efectos conducentes.
TERCERO.-La presente reforma entrara en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
390
CUARTO.- El Congreso del Estado de Baja California, deberá realizar las
adecuaciones conducentes a la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales de Baja California, en un plazo no mayor a noventa días
posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.”
B) INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
La pretensión legislativa de los C. C. Diputadas y Diputados
pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en
su carácter de inicialistas, pretenden que se reforme la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, en su
dispositivo 15, para eliminar la lista de candidatos a Diputados por el
principio de representación proporcional, contenida en la fracción I del
inciso c) de este precepto jurídico.
II.- ASPECTOS LEGALES DE LA INICIATIVA
A).- MARCO JURÍDICO APLICABLE
El contenido de la Iniciativa de Reforma a la Constitución Política
del Estado de Baja California, tiene sustento jurídico en los artículos 40,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
artículos 4, 5, 14, 15, 20, 27 fracción I, 28 fracción I, y 112 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California; y
en los artículos 16, 55, 56 numerales 8 y 11, 62 fracción I y 68 de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la
norma fundamental que unifica y da validez a todas las legislaciones
que constituyen un orden jurídico y determinado; es decir, la variedad
de codificaciones que componen el derecho que se observa en el Estado
Mexicano, respetando los principios que se consagran en ella; por lo
que la propuesta en estudio, debe ser congruente con lo que señala
nuestra Carta Magna, a fin de no atentar contra el principio de
Supremacía Constitucional contenido en el artículo 133 de este
ordenamiento superior.
En esta tesitura, el artículo 124 del mismo ordenamiento,
enfatiza que las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservados
391
a los Estados. En cuanto al marco Constitucional local, se dispone en su
artículo 4 que el Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a
su régimen interno, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el
artículo 27 fracción I, se señala que entre las facultades del Congreso
del Estado se prevé el de legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado, y reformar, abrogar y derogar las leyes y
decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta
Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos.
En tal virtud, y después de un análisis exhaustivo del marco
jurídico de orden federal, y considerando que los Estados conservan
todas aquellas atribuciones y obligaciones que la Constitución General
no le reserva a la federación, es de confirmarse que el Congreso del
Estado de Baja California está facultado para aprobar reformas a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en
la materia que proponen los inicialistas; y además, esta iniciativa de
reforma es congruente y armónica con las disposiciones de la Carta
Magna, con el marco normativo constitucional y legal del Estado de
Baja California, y en general, con el marco jurídico nacional.
Para constatar lo anterior, es pertinente plasmar el contenido de
los preceptos jurídicos que resultan aplicables, y que fueron referidos
con antelación, iniciando en el mismo orden.
ÁMBITO FEDERAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental.
Artículo 115.- Los estados adoptarán para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, y
teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
392
…
Artículo 116.- El poder público de los estados se dividirá, para
su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o
corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
I.- …
La elección de los gobernadores de los Estados y de las
Legislaturas Locales será directa y en los términos que
dispongan las leyes electorales respectivas.
II. …
Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados
elegidos según los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, en los términos que
señalen sus leyes.
ÁMBITO LOCAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo
concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y
periódicas.
…
…
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes:
393
el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, los cuales actúan separada y
libremente, pero cooperando en forma armónica a la realización de los
fines del Estado.
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible;
dieciséis serán electos en forma directa mediante el principio de
mayoría relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el
territorio del Estado, y en su caso, hasta nueve Diputados electos
por el principio de representación proporcional en una
circunscripción estatal. Por cada Diputado Propietario se elegirá un
Suplente.
…
…
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes
y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a
esta Constitución, observando para el caso los requisitos
establecidos;
II a la XI …
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I.- A los diputados;
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o
reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de
adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos
tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los
Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere
provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de
los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición
o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
394
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Congreso del Estado, las que
derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
la Constitución Local y de las Leyes que de ella emanen, de la presente
Ley y de los Reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 55.- Las Comisiones, como órganos de trabajo del
Congreso del estado, conforme a los dispuesto en el Artículo 39 de esta
Ley, les corresponde el ejercicio y cumplimiento de las facultades
atribuidas al Congreso por la Constitución Local, así como de acuerdo a
su denominación, les corresponde sus funciones en relación a las
respectivas áreas de la administración pública estatal o municipal.
…
Las comisiones de dictamen legislativo conocerán de
las iniciativas que correspondan a su materia y serán las
responsables de su dictaminación. Elaborarán informes y
opiniones, respecto de los asuntos que se les turnan; y
ejercen las facultades de información, evaluación y control
que les correspondan.
…
…
…
ARTÍCULO 56.- Las Comisiones de dictamen legislativo son:
1 a 7. …
8. Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales;
9 a 10. …
11. Reforma del Estado;
12 a 14. …
ARTÍCULO 62.- Corresponde a la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales el conocimiento, estudio y
dictamen de los siguientes asuntos:
I. Los que se refieran a modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o a la Constitución
Local.
II. a la XVIII…
395
ARTÍCULO 68.- Cuando la naturaleza de un asunto tenga
conexión o relación con otra u otras comisiones podrán éstas
unirse a solicitud de la Comisión responsable de los Trabajos
para su desarrollo en forma conjunta.
Las Comisiones Unidas serán de carácter transitorio y se
extinguirán cumplido el objetivo u objetivos que la formaron.
B).- MARCO JURÍDICO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA CON
EL TEXTO VIGENTE.
Para una mejor comprensión del contenido de la reforma que se
propone, sirva la siguiente tabla comparativa en cuya columna del lado
izquierdo se transcribe el dispositivo constitucional vigente, y del lado
derecho la propuesta de reforma a ese mismo dispositivo, señalando
entre paréntesis el inciso que se deroga.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 15.- La asignación de
los Diputados por el principio de
representación proporcional que
le correspondan a cada partido
político o coalición, se hará de
acuerdo con el procedimiento que
se establezca en la Ley, y
atendiendo lo siguiente:
I.- Para que los partidos políticos
o coaliciones tengan este derecho
deberán:
a) Participar con candidatos a
Diputados por el principio de
mayoría relativa en por lo menos
el cincuenta por ciento de los
ARTÍCULO 15.- La asignación de
los Diputados por el principio de
representación proporcional que
le correspondan a cada partido
político o coalición, se hará de
acuerdo con el procedimiento que
se establezca en la Ley, y
atendiendo lo siguiente:
I.- Para que los partidos políticos
o coaliciones tengan este derecho
deberán:
a) Participar con candidatos a
Diputados por el principio de
mayoría relativa en por lo menos
el cincuenta por ciento de los
396
distritos electorales;
b) Haber obtenido por lo menos el
cuatro por ciento de la votación
estatal emitida en la elección de
Diputados por el principio de
representación proporcional; y
c) Haber obtenido el registro de la
lista de candidatos a Diputados
por el principio de representación
proporcional;
II.- El Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Baja California una vez
verificados los requisitos de la
fracción anterior, asignará un
Diputado a cada partido político o
coalición que tenga derecho a
ello.
En caso de que el número de
partidos políticos o coaliciones sea
mayor que el de diputaciones por
asignar, éstas se otorgarán a los
que tengan mayor porcentaje en
orden descendente hasta
agotarse;
III.- Si después de asignadas las
diputaciones señaladas en la
fracción anterior, aún quedasen
diputaciones por asignar, se
otorgarán a los partidos políticos
o coaliciones, en los siguientes
términos:
a) Se obtendrá el porcentaje de
votación de los partidos políticos o
coaliciones que reúnan los
requisitos que señala la fracción I
distritos electorales;
b) Haber obtenido por lo menos el
cuatro por ciento de la votación
estatal emitida en la elección de
Diputados por el principio de
representación proporcional; y
(Se deroga el inciso c)
II.- El Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Baja California una vez
verificados los requisitos de la
fracción anterior, asignará un
Diputado a cada partido político o
coalición que tenga derecho a
ello.
En caso de que el número de
partidos políticos o coaliciones sea
mayor que el de diputaciones por
asignar, éstas se otorgarán a los
que tengan mayor porcentaje en
orden descendente hasta
agotarse;
III.- Si después de asignadas las
diputaciones señaladas en la
fracción anterior, aún quedasen
diputaciones por asignar, se
otorgarán a los partidos políticos
o coaliciones, en los siguientes
términos:
a) Se obtendrá el porcentaje de
votación de los partidos políticos o
coaliciones que reúnan los
requisitos que señala la fracción I
de este artículo, mediante el
397
de este artículo, mediante el
siguiente procedimiento:
1.- Realizará la sumatoria de los
votos obtenidos por los partidos
políticos o coaliciones, en la
elección de diputados por el
principio de representación
proporcional, que reúnan los
requisitos, y
2.- La votación de cada partido se
dividirá entre la sumatoria
obtenida en el numeral anterior y
se multiplicará por cien;
b) Se procederá a multiplicar el
porcentaje de la votación
obtenido por los partidos políticos
o coaliciones, en la elección de
Diputados por el principio de
representación proporcional de
cada partido político o coalición,
por veinticinco;
c) Al resultado obtenido en el
inciso anterior se le restarán las
diputaciones obtenidas de
mayoría y la asignada conforme a
la fracción anterior;
d) Se asignará una diputación de
representación proporcional por
cada número entero que se haya
obtenido en la operación señalada
en el inciso anterior, procediendo
en estricto orden de prelación
conforme al porcentaje obtenido,
de cada partido político o
coalición, en los términos del
párrafo segundo de la fracción II
de este artículo e inciso a) de esta
siguiente procedimiento:
1.- Realizará la sumatoria de los
votos obtenidos por los partidos
políticos o coaliciones, en la
elección de diputados por el
principio de representación
proporcional, que reúnan los
requisitos, y
2.- La votación de cada partido se
dividirá entre la sumatoria
obtenida en el numeral anterior y
se multiplicará por cien;
b) Se procederá a multiplicar el
porcentaje de la votación
obtenido por los partidos políticos
o coaliciones, en la elección de
Diputados por el principio de
representación proporcional de
cada partido político o coalición,
por veinticinco;
c) Al resultado obtenido en el
inciso anterior se le restarán las
diputaciones obtenidas de
mayoría y la asignada conforme a
la fracción anterior;
d) Se asignará una diputación de
representación proporcional por
cada número entero que se haya
obtenido en la operación señalada
en el inciso anterior, procediendo
en estricto orden de prelación
conforme al porcentaje obtenido,
de cada partido político o
coalición, en los términos del
párrafo segundo de la fracción II
de este artículo e inciso a) de esta
fracción, y
e) Hechas las asignaciones
398
fracción, y
e) Hechas las asignaciones
anteriores, si aún existieren
diputaciones por asignar, éstas se
otorgarán a los que conserven los
restos mayores, una vez
deducidas las que se asignaron en
el inciso d) anterior;
IV.- Ningún partido político o
coalición podrá tener más de
dieciséis Diputados por ambos
principios, y
V.- La asignación de los Diputados
por el principio de representación
proporcional que le corresponda a
cada partido político o coalición, la
hará el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Baja California, en los
términos que señale la Ley.
anteriores, si aún existieren
diputaciones por asignar, éstas se
otorgarán a los que conserven los
restos mayores, una vez
deducidas las que se asignaron en
el inciso d) anterior;
IV.- Ningún partido político o
coalición podrá tener más de
dieciséis Diputados por ambos
principios, y
V.- La asignación de los Diputados
por el principio de representación
proporcional que le corresponda a
cada partido político o coalición, la
hará el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Baja California, en los
términos que señale la Ley.
Como se aprecia en el cuadro, la reforma consiste en derogar el
inciso c) de la fracción I del artículo 15 de la Constitución Política del
Estado de Baja California, para eliminar la modalidad de la elección de
diputados por el principio de representación proporcional a través del
registro de las listas de candidatos, sin afectar el número de diputados
que se tengan que designar por este mismo principio.
Con el propósito de contar con mayores elementos para
comprender su contenido y alcance, consideramos pertinente recurrir al
derecho comparado sobre esta materia tomando como base los
ordenamientos de las entidades federativas de nuestro país en donde
establecen el procedimiento para la asignación de las diputaciones por
el principio de representación proporcional.
399
ENTIDAD FEDERATIVA
CONSTITUCIONES Y LEYES ELECTORALES
AGUASCALIENTES
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
ARTÍCULO 17.- En el Estado la renovación de
los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos se verificarán por medio de
elecciones democráticas directas, a través del
ejercicio del sufragio universal y secreto.
A. El Congreso del Estado estará integrado por
dieciocho Diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa mediante el
sistema de Distritos electorales uninominales y
nueve Diputados electos según el principio
de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una
circunscripción plurinominal cuya
demarcación es el Estado.
BAJA CALIFORNIA SUR
(No establecen listas)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Artículo 41.- El Congreso del Estado de Baja
California Sur se integrará con dieciséis Diputados de Mayoría Relativa, electos en su
totalidad cada tres años por votación directa y
secreta mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y hasta con cinco
Diputados electos mediante el principio de
Representación Proporcional, apegándose en ambos casos, a las siguientes reglas:
II.- La asignación de diputados por el
principio de representación proporcional se hará de acuerdo con el procedimiento que
se establezca en la Ley, y se sujetará a las
siguientes bases:
a).- Se constituirá una sola circunscripción
plurinominal que comprenderá todo el Estado.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR
400
ARTÍCULO 265.- El Consejo General …
I.- …
II.- Elaborará una lista en orden descendente de cada partido político o coalición, con los
candidatos a diputados de mayoría relativa que
no hayan obtenido la constancia de mayoría, de acuerdo a su porcentaje de votación válida
en el distrito respectivo. El porcentaje se
tomará hasta diezmilésimas, sin redondear la
última cifra;
III.- Hará la asignación de Diputados a cada
partido político o coalición conforme al orden descendente que se observe en la lista;
CAMPECHE
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE
ARTÍCULO 31.- El Congreso estará integrado
por veintiún diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el
sistema de distritos electorales uninominales, y
por catorce diputados que serán asignados según el principio de
representación proporcional, mediante el
sistema de listas propuestas en una circunscripción plurinominal.
CHIAPAS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS
ARTÍCULO 16.- …
…
El Congreso del Estado, se integrará con
veinticuatro diputados electos según el principio de mayoría relativa, mediante el
sistema de distritos uninominales y por
dieciséis diputados electos según el principio de representación proporcional,
de acuerdo al sistema de listas votadas en
cuatro circunscripciones plurinominales, conforme lo determine la ley.
CHIHUAHUA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA
ARTÍCULO 40. …
…
401
Para la asignación de diputados electos
por el principio de representación
proporcional, cada partido político deberá registrar una lista de seis fórmulas de
candidatos propietarios y suplentes, la cual
no podrá contener entre propietarios y suplentes más del 70% de candidatos de un
mismo género.
COAHUILA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA
Artículo 35. Para tener derecho a participar en la asignación de diputaciones de representación
proporcional, los partidos políticos deberán
satisfacer los requisitos que establezca la ley. …
IV. La ley establecerá las fórmulas, reglas,
porcentajes específicos, rondas de asignación, requisitos y demás
procedimientos para la asignación de los
diputados de representación proporcional.
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA
Artículo 16.
1.
2. Para tener derecho al registro de la lista de candidatos a diputados por el
principio de representación
proporcional, cada partido político deberá registrar al menos nueve fórmulas de
candidatos a diputados de mayoría relativa.
COLIMA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA
Artículo 22.- Se deposita el ejercicio del Poder
Legislativo en un Congreso integrado por
dieciséis Diputados electos según el principio de mayoritaria relativa y por nueve Diputados
electos según el principio de representación
proporcional, el cual se sujetará al
402
procedimiento que disponga el Código Electoral
del Estado. Al efecto, el Estado se dividirá en
dieciséis distritos electorales uninominales y
una circunscripción plurinominal.
Para la elección por representación
proporcional y lista regional se deberá observar el Código Electoral. En todo caso
el partido político que solicite el registro
de su lista regional, deberá acreditar que
tiene su registro y que participa con sus candidatos a Diputados por mayoría relativa en
por lo menos la mitad de los distritos
uninominales.
DISTRITO FEDERAL
ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
ARTÍCULO 37.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 diputados
electos según el principio de votación
mayoritaria relativa, mediante el sistema de
distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de
representación proporcional. La demarcación
de los distritos se establecerá como lo determine la Ley.
La elección de los diputados según el principio de representación proporcional y
el sistema de listas en una sola
circunscripción plurinominal, se sujetará a
las siguientes bases y a lo que en particular disponga la Ley:
a) Un partido político para obtener el registro de su lista de candidatos a diputados a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
deberá acreditar que participa con candidatos
por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal.
DURANGO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO
ARTÍCULO 31.- El Congreso del Estado se integrará con treinta diputados, de los cuales
diecisiete serán electos según el principio de
votación mayoritaria relativa en distritos
electorales uninominales, y trece que serán
403
electos según el principio de
representación proporcional, mediante
listas votadas en la circunscripción
plurinominal que corresponderá a la totalidad del territorio del Estado.
GUANAJUATO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO
ARTÍCULO 42. El Congreso del Estado estará integrado por veintidós Diputados electos
según el principio de mayoría relativa,
mediante el sistema de distritos electorales
uninominales, y catorce Diputados electos según el principio de representación
proporcional, mediante el sistema de
listas a que se refiere la fracción I del Artículo 44 de esta Constitución.
GUERRERO
LEY NÚMERO 571 DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL
ESTADO DE GUERRERO
ARTÍCULO 18.- Para la asignación de diputados por el principio de representación
proporcional, que corresponda a cada partido
político conforme al artículo que antecede, los partidos políticos registraran una lista de
candidatos a diputados de representación
proporcional.
HIDALGO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL
ESTADO DE HIDALGO
Artículo 29.- El Congreso se integra con
Diputados de mayoría electos por votación
directa, secreta y uninominal en dieciocho distritos electorales y Diputados de
representación proporcional, quienes como
resultado de la misma elección se designarán en el número y mediante el procedimiento que
la Ley de la materia establezca.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO
Artículo 86.- El Consejo General tiene las
siguientes facultades y obligaciones:
XXI.- Registrar las listas de candidatos a
404
Diputados de representación proporcional;
JALISCO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE JALISCO
Artículo 20.- La ley que establezca el
procedimiento aplicable para la elección de los diputados según el principio de representación
proporcional y el sistema de asignación, deberá
contener por lo menos las siguientes bases:
I. Un partido político, para obtener el
registro de sus listas de candidatos a
diputados de representación proporcional, deberá acreditar que participa con candidatos a
diputados por mayoría relativa, por lo menos
en dos terceras partes del total de distritos
estatales uninominales;
MÉXICO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO
Artículo 38.- El ejercicio del Poder Legislativo
se deposita en una asamblea denominada
Legislatura del Estado, integrada por diputados electos en su totalidad cada tres años,
conforme a los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE
MÉXICO
Artículo 22.- Para efectos de la elección de
diputados por el principio de representación proporcional, se constituirá una circunscripción
plurinominal que comprenderá los cuarenta y
cinco distritos de mayoría relativa en que se divide el territorio del Estado.
Cada partido político en lo individual,
independientemente de participar coaligado, deberá registrar una lista con ocho
fórmulas de candidatos, con sus
propietarios y suplentes a diputados por el principio de representación proporcional.
En la lista podrán incluir para su registro en un
mismo proceso electoral, hasta cuatro fórmulas de las postuladas para diputados por el
principio de mayoría relativa.
405
MICHOACÁN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
MICHOACÁN DE OCAMPO
Artículo 20.- El Congreso del Estado se
integra con representantes del pueblo, electos
en su totalidad cada tres años. La elección se celebrará el segundo domingo del mes de
noviembre del año anterior en que concluya su
función la Legislatura.
El Congreso del Estado estará integrado por
veinticuatro diputados electos según el
principio de mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y
dieciséis diputados que serán electos
según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de lista
de candidatos votados en una
circunscripción plurinominal.
MORELOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE MORELOS
ARTÍCULO 24.- El Poder Legislativo se
deposita en una asamblea que se denomina
Congreso del Estado de Morelos, integrada por dieciocho Diputados electos por el principio de
mayoría relativa, mediante el sistema de
Distritos Electorales Uninominales, y por doce Diputados que serán electos según el
principio de representación proporcional,
mediante el sistema de listas votadas en
una sola circunscripción territorial. La ley determinará la demarcación territorial de cada
uno de los distritos y el territorio del Estado
comprenderá una circunscripción plurinominal única.
NAYARIT
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
ARTÍCULO 27.- Para la asignación de los
diputados por el principio de representación proporcional, se observarán las disposiciones
que establezcan la ley y las siguientes bases:
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT.
406
Artículo 21.- Para la elección de los
Diputados según el principio de
Representación Proporcional, se constituirá una sola circunscripción electoral en el Estado.
b) Haber registrado listas estatales de candidatos para esta elección de hasta un
número de doce ciudadanos para cada partido
político o coalición;
NUEVO LEÓN
(No establecen listas)
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN
ARTÍCULO 46.- …
Cada Legislatura estará compuesta por veintiséis Diputados electos por el principio de
mayoría relativa, votados en distritos
electorales uninominales, y hasta dieciséis
diputados electos por el principio de representación proporcional, designados
de acuerdo a las bases y formas que
establezca la Ley.
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO
LEÓN
Artículo 211. Para la asignación de las
diputaciones de representación proporcional, la
Comisión Estatal Electoral tendrá en cuenta las siguientes bases:
I. Tendrán derecho a participar de la asignación de Diputados de representación proporcional
todos los partidos políticos que:
a) Obtengan el 1.5% de la votación total
emitida en el Estado; y
b) No hubieren obtenido la totalidad de las diputaciones de mayoría relativa.
II. Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido
político serán asignadas a los candidatos que,
no habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren obtenido el mayor
porcentaje de votos en su distrito a favor
de sus partidos. La suplencia será asignada a
su compañero de fórmula;
407
OAXACA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
Artículo 33.- El Congreso del Estado estará
integrado por 25 diputados electos según el
principio de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 17 diputados que
serán electos según el principio de
representación proporcional mediante el
sistema de lista votada en una sola circunscripción plurinominal y se sujetará a
lo que en lo particular disponga la ley y a las
bases siguientes:
PUEBLA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
ARTÍCULO 35.- La Elección de Diputados por
el principio de representación proporcional, se sujetará a lo que disponga el Código respectivo
y las siguientes bases:
I.- Un Partido Político, para obtener el
registro de sus listas, deberá acreditar su
registro como tal y que participa con candidatos a Diputados por mayoría relativa en
por lo menos las dos terceras partes de los
Distritos Electorales Uninominales.
QUERÉTARO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO
ARTÍCULO 16. El Poder Legislativo se deposita
en una asamblea que se nombrará Legislatura
del Estado, integrada por representantes populares denominados diputados, los que
serán electos cada tres años. Quince según el
principio de mayoría relativa y diez según el
principio de representación proporcional. Por cada diputado propietario se elegirá un
suplente.
LEY QUE REFORMA LA LEY ELECTORAL DEL
ESTADO DE QUERÉTARO
Artículo 65. El Consejo General tiene
competencia para:
408
XVII. Registrar las listas de candidatos a
diputados de representación proporcional
que presenten los partidos políticos;
QUINTANA ROO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
ARTÍCULO 54.- La elección de los diez
diputados según el principio de representación
proporcional, se sujetará a las bases siguientes y a lo que en particular disponga la Ley de la
materia.
I.- Para obtener el registro de sus listas de candidatos a Diputados por el principio de
representación proporcional, el Partido
Político que lo solicite deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por
mayoría relativa en cuando menos ocho de los
distritos electorales. y
SAN LUIS POTOSÍ
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE SAN LUIS POTOSÍ
ARTÍCULO 43.- Los partidos políticos con
derecho a participar en las elecciones locales
podrán postular un candidato para cada distrito
uninominal y una lista de doce candidatos para
ser electos por el principio de representación proporcional
en la circunscripción estatal.
SINALOA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL
ESTADO DE SINALOA
Artículo 24. El Congreso del Estado se
integrará con 40 Diputados, 24 de ellos electos
por el sistema de mayoría relativa en distritos electorales uninominales y 16 Diputados
electos de acuerdo con el principio de
representación proporcional, mediante el
sistema de lista de candidatos votada en circunscripción plurinominal.
SONORA
CÓDIGO ELECTORAL PARA EL ESTADO DE SONORA
409
ARTÍCULO 174.- El Poder Legislativo se
deposita en el Congreso, el cual estará
integrado por veintiún diputados electos de forma directa por el principio de mayoría
relativa y hasta doce diputados por el
principio de representación proporcional, conforme a las siguientes disposiciones:
…
II.- Se asignarán hasta doce diputados de
representación proporcional de conformidad con lo
siguiente:
… Las asignaciones a que se refieren los incisos
a) y c) se realizarán mediante un sistema de
listas de tres fórmulas a diputados por el principio de representación proporcional
que registrarán los partidos, alianzas entre
partidos o coaliciones ante el Consejo Estatal.
En las listas los partidos, alianzas entre partidos o coaliciones definirán el orden de
preferencia y deberán respetar los principios de
paridad y alternancia de género.
TABASCO
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO
ARTÍCULO 13.- Se elegirá un diputado
propietario y un suplente por cada uno de los
Distritos Electorales Uninominales, que corresponde a la demarcación territorial que en
términos de la ley reglamentaria se determine,
según el principio de votación mayoritaria relativa. Ningún municipio tendrá menos de un
distrito; asimismo, la ley de la materia
determinará el número de los diputados que deberán ser electos según el principio de
representación proporcional, mediante el
sistema de listas regionales en cada una
de las dos circunscripciones plurinominales.
TAMAULIPAS
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
ARTÍCULO 26.- El Congreso del Estado se integrará por 22 Diputados electos según el
principio de votación Mayoritaria Relativa,
mediante el sistema de Distritos Electorales
410
Uninominales, y con 14 Diputados que serán
electos según el principio de
Representación Proporcional y el sistema
de listas estatales, votadas en la circunscripción plurinominal que constituye
la Entidad.
TLAXCALA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA
ARTÍCULO 32. El Congreso del Estado estará
integrado por treinta y dos diputados electos
en su totalidad cada tres años; diecinueve
según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales
y trece electos según el principio de
representación proporcional en una circunscripción plurinominal, mediante el
sistema de listas de candidatos. Las listas
se integrarán y votarán de acuerdo con las
bases que determina esta Constitución y con las reglas y los procedimientos que establece
la ley de la materia. Por cada Diputado
propietario se elegirá un suplente y ambos conformarán una misma fórmula.
YUCATÁN
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE YUCATÁN
Artículo 20.- El Congreso del Estado de Yucatán se compondrá de veinticinco Diputados
electos popularmente cada tres años, de los
cuales, quince serán electos por el principio de
mayoría relativa y los restantes, por el de representación proporcional, mediante el
procedimiento que la Ley establezca. Por
cada Diputado Propietario de mayoría relativa, se elegirá un Suplente.
LEY DE INSTITUCIONES Y
PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DEL ESTADO DE YUCATÁN
Artículo 189. Las disposiciones del presente capítulo regulan el procedimiento de registro
de candidatos a cargos de elección popular.
b) Las candidaturas a diputados a elegirse
por el principio de representación
proporcional, se registrarán por medio de
411
listas de 5 candidatos propietarios.
VERACRUZ
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Artículo 21. El Congreso del Estado se
compondrá de diputados elegidos por el principio de mayoría relativa en los distritos
electorales uninominales, y de diputados
elegidos por el principio de representación proporcional, conforme a las listas que
presenten los partidos políticos en la
circunscripción plurinominal que se constituya
en el territorio del Estado; en un porcentaje de sesenta y cuarenta, respectivamente; de
acuerdo a la fórmula establecida en la ley
ZACATECAS
LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS
ARTÍCULO 25.- …
1. Para la elección de diputados por el principio
de representación proporcional habrá una sola
circunscripción plurinominal correspondiente a todo el territorio del Estado.
2. Las diputaciones que deberán asignarse a los partidos políticos serán 12. Cada partido o
coalición podrá solicitar se registre una
lista de candidatos propietarios y
suplentes, cuyos integrantes podrán ser los mismos que se hayan registrado en las
fórmulas por el principio de mayoría relativa.
La lista no deberá contener más del 60% de candidaturas propietarias de un mismo género,
lo que también será aplicable a los suplentes.
A NIVEL NACIONAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300 diputados electos según el
principio de votación mayoritaria relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados que serán
electos según el principio de
412
representación proporcional, mediante el
Sistema de Listas Regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se
integrará por ciento veintiocho senadores, de
los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio
de votación mayoritaria relativa y uno será
asignado a la primera minoría. Para estos
efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La
senaduría de primera minoría le será asignada
a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo,
haya ocupado el segundo lugar en número de
votos en la entidad de que se trate.
Los treinta y dos senadores restantes
serán elegidos según el principio de
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola
circunscripción plurinominal nacional. La
ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.
En este trabajo de derecho comparado, se aprecia que 29
entidades federativas han establecido el procedimiento de asignación
de diputados por el principio de representación proporcional mediante
las listas registradas ante el órgano electoral, incluyendo a nivel federal
cuya Carta Magna, como también se aprecia, establece este mismo
sistema para otorgar el 40% de los diputados federales y el 25% de los
senadores a los partidos políticos o coaliciones que tengan derecho.
También vemos que únicamente los estados de Baja California
Sur y Nuevo León no contemplan el sistema de registro de listas de
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional
para efectos de hacer la asignación, realizándose en base al porcentaje
mayor obtenido por los candidatos de mayoría relativa que no
obtuvieron constancia por este principio.
Es pertinente acotar que la norma constitucional no establece un
sistema específico para que se distribuyan los diputados por el principio
de representación proporcional en los Estados, únicamente se señala
que las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados
413
elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. Ante esta
disposición las entidades federativas pueden optar por modelos o
sistemas que consideren más convenientes para la representación
política, siempre y cuando se incluyan ambos principios, como lo exige
la norma superior.
Respecto de los diputados de representación proporcional, en
nuestra entidad la norma vigente aplica un sistema ecléctico o mixto,
es decir, la asignación se realiza en base a dos sistemas previstos en
los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales, que son mediante la lista de candidatos por el principio de
representación proporcional presentada por los partidos políticos o
coaliciones ante la autoridad electoral la cual fue aprobada en tiempo y
forma, y en base a la lista que elabora esta misma autoridad con las
fórmulas de candidatos registrados por el principio de mayoría relativa
con los porcentajes mayores de votación en orden descendente, pero
que no recibieron constancia de mayoría. Esta asignación se hace
primeramente mediante la fórmula de candidatos de representación
proporcional por listas, y en seguida por quienes encabecen las listas
elaboradas por la autoridad con los candidatos que hayan obtenido los
mayores porcentajes en el distrito correspondiente sin haber obtenido
constancia de mayoría.
III.- ASPECTOS PARTICULARES
A) ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa de reforma al artículo 15 fracción I inciso c)
de la Constitución Política del Estado de Baja California, consistente en
eliminar el sistema de asignación por listas de diputados por el principio
de representación proporcional presentadas por los partidos políticos o
coaliciones durante el periodo de registro de candidatos para ser
aprobadas por el Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana, no contraviene el marco jurídico nacional y
local en esta materia, en virtud de que subsistirá en la norma la
integración del Congreso del Estado en los términos que exige la
Constitución General de la República, que son por mayoría diputados de
mayoría relativa y de representación proporcional.
414
Como se reitera, en la norma estatal vigente se contemplan dos
sistemas para la asignación de los diputados por el principio de
representación proporcional, que en resumen son el sistema de listas
que los partidos políticos o coaliciones solicitan su registro ante el
organismo electoral y los porcentajes mayores de la votación obtenida
por los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa que
no obtuvieron constancia por este principio. De estos últimos, la
autoridad electoral elabora una lista para efectos de realizar las
asignaciones de las curules que correspondan a los partidos políticos o
coaliciones, procediendo para su asignación a intercalar ambas
modalidades, iniciando con quienes encabezan la lista registrada ante la
autoridad electoral, misma que aparece al reverso de las boletas
electorales de los diputados de mayoría relativa en cada uno de los
distritos electorales, y enseguida quienes encabezan la lista elaborada
por la autoridad electoral con los porcentajes mayores obtenidos en
cada uno de los candidatos de mayoría relativa de todos los distritos
electorales que no obtuvieron el triunfo en las elecciones.
En consecuencia, el eliminar una modalidad para la asignación de
los diputados de representación proporcional de la Constitución Local,
como lo proponen los inicialistas, dejando subsistente la asignación en
base a los porcentajes mayores obtenidos en las elecciones de mayoría
relativa, contraviene el marco jurídico en esta materia, pues la elección
de los diputados por el principio de representación proporcional en base
a este único modelo sería de entre los mismos candidatos por el
principio de mayoría relativa, lo que equivale a una especie de doble
candidatura.
Por todo lo anterior, consideramos que la presente iniciativa de
Reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, objeto del análisis realizado en este
proyecto de Dictamen por las Comisiones Unidas de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, y de Reforma de Estado, de este
H. Congreso del Estado de Baja California, con el apoyo y auxilio de la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, reúne los requisitos formales y
que está debidamente fundada y motivada, para lo cual se exponen los
siguientes:
CONSIDERANDOS
415
PRIMERO.- Que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en
su carácter de inicialista de esta XX Legislatura Constitucional del
Congreso del Estado de Baja California, presentaron ante el Pleno de
esta H. Soberanía, durante la Sesión Ordinaria de fecha 07 de abril de
2011, la Iniciativa de Reforma al artículo 15 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- Que el artículo 116, fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que las Legislaturas de los
Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que
señalen sus leyes.
TERCERO.- Que el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de
Baja California, señala que el Congreso del Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante sufragio
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; dieciséis
serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría
relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del
Estado, y en su caso, hasta nueve Diputados electos por el principio de
representación proporcional en una circunscripción estatal. Por cada
Diputado Propietario se elegirá un Suplente.
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la
Constitución Política Local, el Congreso del Estado tiene la facultad de
legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así
como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el
caso los requisitos establecidos.
QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 55, tercer párrafo, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, las
comisiones de dictamen legislativo conocerán de las iniciativas que
correspondan a su materia y serán las responsables de su
dictaminación. Elaborarán informes y opiniones, respecto de los
asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información,
evaluación y control que les correspondan.
______________________________
9. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 14 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
416
BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO AL ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE BAJA
CALIFORNIA (Aumentar a 28 Diputados el Congreso del Estado,
18 de mayoría relativa y hasta 10 de representación
proporcional), presentada el 04 de mayo de 2011 ante esta H.
Soberanía por los C. C. Diputados Arcelia Galarza Villarino y Gregorio
Carranza Hernández del Grupo Parlamentario del Partido Nueva
Alianza.
I.- ASPECTOS GENERALES
A).- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA
Previo al análisis y estudio de la presente Iniciativa de Reforma
Constitucional y legal, es pertinente conocer su Exposición de Motivos y
la propuesta de reforma, misma que a continuación se transcribe:
Exposición de Motivos y Propuesta de Reforma
“1. Principios Fundamentales de Nuestra Forma de Gobierno
Desde su promulgación, nuestra carta Magna ha definido que es la
voluntad del pueblo mexicano constituirse en una Republica (sic)
Representativa Democrática y Federal. Esta voluntad popular se ha
mantenido intacta, tan es así que el artículo 40, al que nos referimos,
no ha sufrido modificación alguna desde 1917.
Por otra parte la misma Constitución, en sus artículos 51, 52 y 53
establece que la Cámara de Diputados se compondrá con
Representantes de la Nación y que esta a su vez se integra con 300
Diputados electos por el Principio de Mayoría relativa, y 200 por el
principio de Representación Proporcional.
En Baja California, nuestra Constitución Estatal retoma estos principios
que se reflejan en el artículo 11, que establece que la forma de
gobierno del Estado es Republicana Representativa y Popular. Por su
parte el Artículo 14 establece que el Congreso del Estado se integra
por 16 diputados electos en forma directa por el Principio de Mayoría
Relativa y hasta 9 por el Principio de Representación Proporcional.
La Constitución Federal no explica el porqué (sic) de ese número en
específico y tampoco prevé la modificación de esta cifra, es decir los
417
300 distritos electorales federales que conforman al país, sin embargo
para los estados deja abierta la posibilidad de adecuar el número de
legisladores locales en razón a la proporcionalidad de la población de
dichas entidades y fija las bases mínimas para la conformación de las
legislaturas estatales, donde establece que por lo menos habrá 7
diputados en aquellos Estados donde la población no llegue a los
400,000 habitantes y de 9 diputados en las entidades con población
menor a 800,000 y, de 11 en los Estados que excedan esta cantidad
(Art. 116 fracc. II CPEUM)
2. Antecedentes
En Baja California, a partir de 1991 entro (sic) en funciones el Registro
Estatal de Electores, y la primera elección en el Estado con credencial
estatal se realizo (sic) en los comicios del 2 de agosto de 1992. Por lo
que a finales del año de 1991 y en los primeros meses de 1992 debió
estar integrada la distribución de los distritos en el Estado, para ese
proceso y ya contar con cartografía oficial por parte del Registro
Estatal de Electores.
El 3 de noviembre de 1995, el Consejo Estatal Electoral en sesión
extraordinaria, acordó ordenar a la Dirección General del Registro
Electoral que realice los estudios y en su momento formule, y presente
al Consejo Estatal Electoral, el proyecto de redistritación y
reseccionamiento del Estado en quince distritos electorales. Este
acuerdo fue turnado a la Dirección General del Registro Estatal de
electores (REE) el 7 de noviembre, quien tuvo conocimiento de este el
día 8 del mismo mes.
En enero de 1996 se iniciaron los trabajos con el objetivo de definir las
necesidades y procedimientos para la redistritación electoral que el
Registro Estatal Electoral debería realizar para ser aplicada en la
jornada electoral de 1998.
En el proceso fueron elaborados los estudios y análisis sobre los
criterios de distritación que culminarían en agosto de 1997 con la
presentación de las propuestas de redistritación electoral. Y en ese
mismo año, se realizo (sic) la última redistritación en el Estado.
3. Situación actual
A partir de la desaparición de la Credencial Estatal de Elector y de la
entrada en vigor de la nueva Ley Electoral en el Estado, se
homologaron los límites geográficos y números de secciones
418
electorales federales y estatales para quedar una sola: la
nomenclatura federal.
Actualmente, según datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda
2010 realizado por el Instituto de Estadística Geografía e Informática
(INEGI) nuestro Estado cuenta con una población al 2010, de
3,155,070 habitantes y conforme a las últimas cifras que
proporciona la Comisión Local de Vigilancia del Registro Federal de
Electores, se tiene un total de 2,404,511 Electores que se desglosan
porcentualmente por Municipio y Distrito de la siguiente manera:
MUNICIPIO
HABITANTES
%
PADRON
DISTRITOS
%
ENSENADA
466,814
14.80
339.647
14 y 15
14.13
MEXICALI 936,826 29.70 702,280 1,2,3,4,5,6 29.21
TECATE 101,079 3.20 78,741 7 3.27
TIJUANA 1,559,683 49.43 1,210,562 8,9,10,11,1
2,13 y 16
50.35
ROSARITO 90,668 2.87 73,281 16 3.05
TOTAL 3,155,070 100.00 2,404,511 16 100.00
MUNICIPIO
DISTRITOS PADRON %
MEXICALI I 97,105 4.04
MEXICALI II 100,340 4.17
MEXICALI III 82,718 3.44
MEXICALI IV 161,756 6.73
MEXICALI V 96,829 4.03
MEXICALI VI 163,532 6.80
TOTAL
MEXICALI
6 702,280 29.21
419
TECATE VII 78,741 3.27
TOTAL TECATE 1 78,741 3.27
TIJUANA VIII 175,225 7.29
TIJUANA IX 113,565 4.72
TIJUANA X 146,770 6.10
TIJUANA XI 173,833 7.23
TIJUANA XII 119,150 4.96
TIJUANA XIII 353,068 14.68
TIJUANA XVI 128,951 5.36
TOTAL TIJUANA 7 1,210,562 50.35
ENSENADA XIV 154,111 6.41
ENSENADA XV 185,536 7.72
TOTAL ENSENADA
2 339,647 14.13
PLAYAS DE
ROSARITO
XVI 73,281 3.05
TOTAL DISTRITO XVI
1 202,232 8.41
TOTAL ESTADO 16 2,404,511 100
De esta manera, Tijuana que tiene los Distritos 8, 9, 10, 11, 13 y parte
del 16, y de estos, como se desprende de la tabla anterior, el distrito
XIII, por si mismo tiene más electores que todo el municipio de
Ensenada, por lo que debería contar con, al menos, un distrito
electoral más, de acuerdo con el número de habitantes que indica el
último censo de población y vivienda, así como el incremento
poblacional posterior.
Actualmente solo en el municpio de Tijuana viven poco menos de la
mitad de toda la población del Estado de Baja California y más de la
mitad de los electores del Estado.
420
En este orden de ideas, la redistritación electoral es una necesidad
impostergable, que debe resolverse de inmediato, toda vez que de no
hacer al respecto, los próximos comicios electorales, como el que
vivimos meses atrás, una vez más serán inequitativos, pues el número
de electores entre los distritos como están determinados son
totalmente desproporcionados y violatorios a las disposiciones
contenidas en el artículo 213 de la ley en comento, así como de los
principios rectores de todo proceso electoral.
En efecto, el artículo 213 de la Ley Electoral Local señala:
ARTÍCULO 213.- Para los efectos de dividir territorialmente al Estado, en
Distritos y Secciones Electorales, la Dirección General del Instituto Electoral
podrá formular un proyecto de división territorial, atendiendo los criterios de
carácter técnico, geográficos, demográficos y procurando equilibrar el número de
electores por distrito a la media estatal. En caso de que un Municipio cuente con
más del cincuenta por ciento del promedio que resulte de dividir el total de
electores del Padrón Electoral entre los dieciséis distritos, tendrá derecho a un
distrito electoral circunscrito a su ámbito Municipal.
De la lectura del artículo invocado, se desprenden problemas de índole
legal y técnica que dificultan acatar lo dispuesto en dicho numeral ya
que no determina claramente el cómo, ni señala la periodicidad para
realizarlo. Por ejemplo para el caso específico de Tijuana, si dividimos
el total de electores entre el número de distritos nos da como
resultado un factor de 150,281.93 electores promedio por
distrito, situación que si se aplica al municipio de Tijuana sobre sale
(sic) el caso del distrito XIII que al contar con 353,068 electores sobre
pasa (sic) en más de 100% el número de la media, pero si se aplica el
factor que señala el artículo 213, es decir el 50% del factor
mencionado, tenemos como resultado que para tener derecho a un
distrito más en un municipio se debe tener por lo menos un mínimo de
75,140 electores, por lo que tan solo el distrito XIII sobre pasa (sic) en
un 200% el factor numérico que la ley señala para que se asigne un
distrito más a la circunscripción municipal.
Lo anterior se puede corroborar con otra operación matemática más
simple aún:
Si se divide el total de electores entre la media aritmética que debe
tener cada distrito nos da como resultado que el municipio de Tijuana
le corresponden por lo menos 8 distritos, veamos:
421
Media aritmética (150,282 electores) dividido entre el Total de
electores que cuenta el municipio (1, 210,562 electores)=8.06
distritos.
4. Primera Propuesta
En este sentido, la primera reforma que proponemos, consiste en lo
siguiente:
Que cuando hayan cambiado las condiciones poblacionales
demográficas, o cuando menos cada diez años, el Consejo General del
Instituto, deberá realizar los estudios necesarios para redistritar el
Estado.
Cabe señalar que nuestra propuesta es consistente con el criterio de la
Sala Superior de Justicia del Poder Judicial de la Federación, al resolver
la Acción de Inconstitucionalidad No. 12/99, mediante sentencia
emitida el 14 de diciembre de 1999, al declarar que:
…los incisos b) y c) del artículo 116 de la Constitución Federal,
…obligan a considerar que tratándose de los estados, las autoridades
electorales encargadas de organizar las elecciones, tiene
facultad y obligación de determinar lo relativo a la geografía
electoral de la entidad, con las formalidades que se establezcan en la ley..”
La Jurisprudencia correspondiente, es visible en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Junio de 2000, Tesis:
P/J.63/2000, Pag. 340.
Adicionalmente, nuestra propuesta de reforma permitiría en su caso,
ajustar el número de distritos electorales actuales. Por lo tanto, el
número de distritos electorales actuales, podría ser el mismo, o bien,
incrementarse o reducirse, de conformidad con los resultados de los
estudios que realice el órgano Electoral.
Así las cosas, será necesario modificar el artículo 213, de la Ley
Electoral vigente, para que dentro de las facultades y obligaciones del
referido Órgano Electoral, se incluya la obligación de CÓMO Y CUANDO
debe aprobar la redistritación del Estado.
Lo anterior es acorde con lo ya establecido en el propio ordenamiento
electoral, que otorga facultades tanto al Consejo General Electoral
como a la Dirección General del Instituto, para que realicen los
estudios y proyectos tendientes a tener actualizada y sobre todo
dentro del marco legal, la demarcación electoral de Baja California.
422
De no realizarse una adecuación a la cartografía electoral adecuada a
los principios que deben regir, nuestra entidad seguirá teniendo un
Congreso en donde haya Diputados de Primera y Diputados de
Segunda, o sea Diputados que representan a muchos electores y
Diputados que representan muy pocos electores, o bien,
sobrerepresentados y subrepresentados, lo que conllevara (sic) a
continuar con procesos electorales inequitativos.
La geografía electoral y los criterios para elaborarla, están previstos por
el artículo 213 de la precitada Ley. Cabe señalar que la conformación
de los actuales distritos electorales es prácticamente la misma, desde
el año 1997, no obstante del incumplimiento por parte del Órgano
Electoral del Estado a las disposiciones establecidas en el numeral
antes señalados (sic), sito en la fracción XIX del artículo 155 que ha
quedado señalado, pues como lo reitero hace más de trece años que
esta actualización no se hace.
Así las cosas, la redacción del artículo 213 además de no señalar de
manera clara cuál es el procedimiento específico a seguir y cuales (sic)
los supuestos para la aplicación del mismo, sigue teniendo conceptos
que ya no son aplicables como el de “secciones electorales” y en su
caso el número de distritos, por lo que se propone suprimirlo.
De igual forma, para hacer más sencillo y por ende màs comprensible
la redacción del artículo en comento, se propone que la referencia al
50% de la media aritmética, sea en función del distrito y no del
municipio como actualmente señala el artículo, de tal suerte que al
momento de que un distrito en específico entre en el supuesto de estar
con un 50% más de electores que la media aritmética estatal, sea
asignado un distrito más al municipio del cual forma parte.
Además la propuesta pretende establecer plazos y procedimientos fijos
para hacer jurídica y fácticamente viable el procedimiento de
distritación.
Por lo que se somete a su consideración el siguiente cuadro
comparativo:
Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales,
Dice
Debe decir
423
ARTÍCULO 213.- Para los efectos de
dividir territorialmente al Estado, en
Distritos y Secciones Electorales, la
Dirección General del Instituto Electoral
podrá formular un proyecto de división
territorial, atendiendo los criterios de
carácter técnico, geográficos,
demográficos y procurando equilibrar el
número de electores por distrito a la
media estatal. En caso de que un
Municipio cuente con más del cincuenta
por ciento del promedio que resulte de
dividir el total de electores del Padrón
Electoral entre los dieciséis distritos,
tendrá derecho a un distrito electoral
circunscrito a su ámbito Municipal.
ARTÍCULO 213.- Para los efectos de
dividir territorialmente al Estado, en
Distritos, la Dirección General del
Instituto Electoral podrá formular un
proyecto de división territorial,
atendiendo los criterios de carácter
técnico, geográficos, demográficos y
procurando equilibrar el número de
electores por distrito a la media estatal.
En caso de que un DISTRITO cuente
con más del cincuenta por ciento del
promedio que resulte de dividir el total
de electores del Padrón Electoral entre
LOS DISTRITOS QUE CONFORMAN
EL ESTADO, SE ASIGNARA un
distrito electoral MAS circunscrito a su
ámbito Municipal.
Cuando hayan cambiado las
condiciones de la fracción II de este
artículo, o máximo cada diez años, el
Consejo General Electoral del Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana
del Estado de Baja California, deberá
ordenar el procedimiento para
establecer la demarcación territorial de
los distritos electorales uninominales
existents sujetándose a lo siguente:
I. A más tardar el 01 de marzo del año
inmediato anterior al del proceso
electoral, el Consejo General del
Instituto, expedirá un acuerdo general
que establezca las bases, principios y
estudios en que debe sustentarse el
anteproyecto para divider el territorio
del estado en los distritos
uninominales, que resulten.
Dicho acuerdo deberá publicarse en el
Periódico Oficial, Órgano de Gobierno
del Estado;
II. En el mencionado acuerdo general,
se insertarán, entre otros aspectos, la
424
fórmula de distribución y el modelo a
aplicar. Se atendrá a la actual división
municipal, a la concentración y
dispersión demográfica, de
conformidad con el último Censo
General de Población y Vivienda o, en
su caso, al último conteo de Población
y Vivienda que lleva a cabo el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía,
atendiendo en lo posible a los
accidentes geográficos y vías de
comunicación del Estado;
III. El Consejo General ordenará, la
formulación del anteproyecto de
redistritación a través de su
presidente. Celebrará en su caso
convenios de colaboración con las
instituciones u organizaciones que
considere pertinentes para el
desarrollo del anteproyecto antes
mencionado.
IV. Concluido el anteproyecto de
redistritación, el Consejo General lo
pondrá a consideración de los
representantes de los partidos politicos
acreditados ante el Instituto, para que
dentro del plazo de veinte días
naturales, presenten sus
observaciones;
V. Transcurrido el plazo que se refiere
la fracción anterior, el Consejo General
analizará las observaciones que
formularen los partidos, emitiendo el
proyecto de redistritación;
VI. Del 15 al 30 de mayo del año
inmediato anterior al del proceso
electoral, el Consejo General, remitirá
a la Legislatura del Estado, el proyecto
de redistritación para su revisión y
aprobación. Si se rechazare la
425
Legislatura lo devolverá con
observaciones al Instituto, y una vez
que este hiciere las correcciones lo
presentará nuevamente a la
Legislatura, en un plazo que no
excederá de treinta días y;
VII. A más tardar el 15 de septiembre
del año inmediato anterior al del
proceso electoral, la Legislatura del
Estado deberá expedir el decretro en
que se aprueba la nueva distritación.
5. Segunda Propuesta
La segunda propuesta de modificación, lo es solo para efectos de
presentación de esta propuesta, ya que si bien se presenta en segundo
término, para efectos de jerarquía debería ser expuesta en primer
lugar, toda vez que se refiere a una modificación a la Constitución del
Estado, en lo que se refiere al artículo 14 de la misma, sin embargo se
consideró oportuno presentarla de esta manera para sensibilizar la
necesidad de dejar en claro las reglas y los supuestos que hacen
necesario una redistritación, antes que solo presentar una modificación
constitucional, que por no ser reglamentaria, no puede ser tan
especifica como la que se propone al 213 de la ley reglamentaria en
materia electoral.
Esto debe ser así toda vez que la redacción actual del artículo 14 de la
Constitución Local se refiere a la conformación del Congreso del Estado
por ambos principios, tanto el de Mayoría Relativa y el de
Representación Proporcional, de manera rígida sin dejar posibilidad a
que esta se modifique, por lo que resultaría jurídicamete inviable
modificar la Ley secundaria sin hacerlo en primer término con la
constitucional, veamos:
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e
intransferible; dieciséis serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada Distrito
Electoral en que se divida el territorio del Estado, y en su caso,
hasta nueve Diputados electos por el principio de
426
representación proporcional en una circunscripción estatal. Por
cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente.
Todos (…) (…)
La redacción actual del artículo 14 solo da lugar a que se elijan 25
diputados como máximo, por lo cual no podría ser consecuente con el
resto de ordenamientos que facultan a la autoridad electoral a realizar los estudios y proyectos tendientes a actualizar la cartografía electoral
por lo que se propone que el artículo 14 quede abierto a esta
posibilidad para quedar de la siguiente manera:
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; dieciocho serán electos en forma directa
mediante el principio de mayoría relativa, uno por cada Distrito
Electoral en que se divida el territorio del Estado, y en su caso,
hasta diez Diputados electos por el principio de representación proporcional en una circunscripción estatal. Por cada Diputado
Propietario se elegirá un Suplente.
…
…
Por lo que se refiere a modificar el número de diputaciones por el
Principio de Representación Proporcional, esto de debe a que el número
de 9 diputaciones por este principio corresponde al 56.25 por ciento de
los 16 distritos actuales, mientras que a nivel federal, 200 diputaciones
representan el 66.66 por ciento de los 300 distritos electorales del país.
De esta forma no se deja al arbitrio ni a capricho, la conformación del
Congreso del Estado por este Principio y se busca tener un equilibrio en
cuanto a la integración del Congreso, sobre todo tomando en cuenta
que los Poderes Legislativos de los Estados tienen facultades para
legislar en relación a su intergración, siempre y cuando se respeta la
integración de los mismos por ambos principios.
Esto es congruente con la tesis de jurisprudencia emitida por la sala
superior del tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, cuyo
rubro y texto se transcribe:
LEGISLATURAS LOCALES. ALCANCE DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II,
TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PARA EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN. Del artículo
116 fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se obtiene que, conforme a las base rectoras fundamentales en
427
materia electoral, las legislaturas locales deben introducir los principios de
mayoría y de representación proporcional en su sistema electoral
correspondiente, de acuerdo con sus propias leyes, sin que se advierta la más
mínima expresión de que están obligados a seguir reglas específicas para
efectos de la reglamentación atinente, en el entendido de que el sistema que se
establezca en cada una de ellas, no puede ser de tal entidad, que sólo se
contemple en el documento y en la práctica opere otro distinto, ya que lo que el
Constituyente federal prescribe, es que en la integración de las legislaturas de los
Estados, se observe un sistema electoral mixto, en el cual se combinen los
principios de mayoría relativa y de representación proporcional. Por tanto, para
que las legislaturas locales cumplan con la norma constitucional que se comenta,
basta que adopten dicho principio dentro de su sistema electoral respectivo, en
tanto que el propio numeral, reserva a dichas legislaturas la facultad de
reglamentar, entre otras situaciones, los porcentajes de votación requerida, así
como las fórmulas de asignanción de diputaciones por el principio de
representación proporcional, con lo que se respeta la autonomía concedida a las
entidades federativas en los artículos 40 y 41 constitucionales. De este modo,
con la reforma electoral de 1996 al artículo 116 de la Ley Fundamental, se hizo
extensivo el sistema de representación mixto en las legislaturas de los estados,
dejándolos en plena libertad de precisar la forma de combinar los sistemas de
eleción de mayoría relativa y de representación proporcional. Por tanto,
conforme a ello, cada una de las legislaturas locales, tomando en
consieración sus propias necesidaes y circunstancias políticas, está
obligada a establecer el número de diputados por ambos principios que
integren sus congresos locales; el número de distritos electorales en que
se divida la entidda federativa; la fórmula electoral de aplicación para la
asignación por el principio de representación proporcional, así como de las
circunscripciones en las que deberá dividirse el territorio de la entidad.
Sala Superior, S3ES 069/2001
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-104/2001. Ana María Fuentes Díaz, 28 de septiembre de 2001. Unanimidad
de cinco votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretaria: Aidé Macedo
Barceinas.
Así las cosas, tomando en cuenta la conformación geográfica de los
distritos, el número de habitantes que en ellos habitan y el número de
electores que en ellos se encuentran registrados, la conformación del
congreso con estas modificaciones nos atenderíamos a un congreso
integrado con 18 diputados electos por el principio de Mayoría Relativa
y 10 diputaciones por el principio de Representación Proporcional, en el
entendido de que el número de diputaciones asignadas por este
principio solo podrá ser con números enteros sin posibilidad de que
suban al entero siguiente, si esto da como resultado que la asignación
428
de REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, sea mayor al 60 por ciento de
las diputaciones de Mayoría Relativa.
En cuanto a los límites y conformación de electoral (sic) de los distritos
electorales de Baja California, sería el Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana el encargado de realizar, conforme a lo
estipulado en la propia ley, el proyecto respectivo para su posterior
aprobación por parte de este poder legislativo.
Por último, no pasan desapercibidos los comentarios en sentido
negativo sobre el aumento del número de diputados, sin embargo
creemos que en todo caso no es un gasto innecesario, en todo caso ese
es un tema distinto. Más bien el tema que nos ocupa es que lo que se
intenta es privilegiar la representación popular, de tal suerte de que la
representación que se haga de un sector poblacional sea la adecuada a
la capacidad técnica y humana de su representante.
Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos a esta presidencia, turnar
la presente iniciativa con carácter de urgente, a la Comisión de la
Reforma de Estado (sic) a efecto de que se estudie y en su caso se
apruebe en sus términos, el siguiente proyecto de:
DECRETO
Primero.- Se reforma la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California en su Artículo 14, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por Diputados
que se elegirán cada tres años; electos mediante sufragio universal,
libre, secreto, directo, personal e intransferible; dieciocho serán electos
en forma directa mediante el principio de mayoría relativa, uno por
cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del Estado, y en su
caso, hasta diez Diputados electos por el principio de representación
proporcional en una circunscripción estatal. Por cada Diputado
Propietario se elegirá un Suplente.
…
…
Segundo.- Se reforma la Ley de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Baja California, por modificación del artículo
213, para quedar como sigue:
429
ARTÍCULO 213.- Para los efectos de dividir territorialmente al Estado,
en Distritos, la Dirección General del Instituto Electoral podrá formular
un proyecto de división territorial, atendiendo los criterios de carácter
técnico, geográficos, demográficos y procurando equilibrar el número
de electores por distrito a la media estatal. En caso de que un distrito
cuente con más del cincuenta por ciento del promedio que resulte de
dividir el total de electores del Padrón Electoral entre los distritos que
conforman el estado, se asignara un distrito electoral mas circunscrito a
su ámbito Municipal.
Cuando hayan cambiado las condiciones de la fracción II de este
artículo, o máximo cada diez años, el Consejo General Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja
California, deberá ordenar el procedimiento para establecer la
demarcación territorial de los distritos electorales uninominales
existents sujetándose a lo siguente:
I. A más tardar el 01 de marzo del año inmediato anterior al del
proceso electoral, el Consejo General del Instituto, expedirá un acuerdo
general que establezca las bases, principios y estudios en que debe
sustentarse el anteproyecto para divider el territorio del Estado en los
distritos uninominales, que resulten.
Dicho acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano de
Gobierno del Estado;
II. En el mencionado acuerdo general, se insertarán, entre otros
aspectos, la formula de distribución y el modelo a aplicar. Se atenderá
a la actual división municipal, a la concentración y dispersión
demográfica, de conformidad con el último Censo General de Población
y Vivienda o, en su caso, al último conteo de Población y Vivienda que
lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, atendiendo
en lo posible a los accidentes geográficos y vías de comunicación del
Estado;
III. El Consejo General ordenará, la formulación del anteproyecto de
redistritación a través de su presidente.
Celebrará en su caso convenios de colaboración con las instituciones u
organizacuiones que considere pertinentes para el desarrollo del
anteproyecto antes mencionado.
IV. Concluido el anteproyecto de redistritación, el Consejo General lo
pondrá a consideración de los representantes de los partidos politicos
430
acreditados ante el Instituto, para que dentro del plazo de veinte días
naturales, presenten sus observaciones;
V. Transcurrido el plazo que se refiere la fracción anterior, el Consejo
General analizará las observaciones que formularen los partidos,
emitiendo el proyecto de redistritación;
VI. Del 15 al 30 de mayo del año inmediato anterior al del proceso
electoral, el Consejo General, remitirá a la Legislatura del Estado, el
proyecto de redistritación para su revisión y aprobación. Si se
rechazare la Legislatura lo devolverá con observaciones al Instituto, y
una vez que éste hiciere las correcciones lo presentará nuevamente a
la Legislatura, en un plazo que no excederá de treinta días y;
VII. A más tardar el 15 de septiembre del año inmediato anterior al del
proceso electoral, la Legislatura del Estado deberá expedir el decreto en
que se aprueba la nueva distritación.
Transitorios:
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SEGUNDO.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 112
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, cuando la iniciativa de adición o reforma haya sido aprobada
por acuerdo de las dos tercias partes del número total de diputados, se
enviará ésta a los Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates
que hubiere provocado, para que a su vez, los Ayuntamientos remitan
a este Honorable Congreso el resultado de su votación.
B) INTENCIÓN DE LA INICIATIVA:
La pretensión legislativa de los C. C. Diputados pertenecientes al
Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, en su carácter de
inicialistas, pretenden que se reforme la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano del Estado de Baja California, en su precepto 14, para
establecer que el Congreso del Estado de Baja California se integrará
por 18 diputados que serán electos por el principio de mayoría relativa,
y hasta 10 diputados electos mediante el principio de representación
proporcional. Asimismo, pretenden que se modifique el contenido del
artículo 213 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de
Baja California, con el propósito de establecer los requisitos y el
431
procedimiento para realizar la división territorial del Estado de Baja
California en distritos electorales sin especificar su número.
II.- ASPECTOS LEGALES DE LA INICIATIVA
A).- MARCO JURÍDICO APLICABLE
El contenido de la Iniciativa de Reforma al artículo 14 de la
Constitución Política del Estado de Baja California, tiene sustento
jurídico en los artículos 40, 115 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 5, 11, 27 fracción I, 28 fracción
I, y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California; y en los artículos 16, 55, 56 numerales 8 y 11, 62 fracción I
y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la
norma fundamental que unifica y da validez a todas las legislaciones
que constituyen un orden jurídico y determinado; es decir, la variedad
de codificaciones que componen el derecho que se observa en el Estado
Mexicano, respetando los principios que se consagran en ella; por lo
que la propuesta en estudio, debe ser congruente con lo que señala
nuestra Carta Magna, a fin de no atentar contra el principio de
Supremacía Constitucional contenido en el artículo 133 de este
ordenamiento superior.
En esta tesitura, el artículo 124 del mismo ordenamiento,
enfatiza que las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservados
a los Estados. En cuanto al marco Constitucional local, se dispone en su
artículo 4 que el Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a
su régimen interno, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el
artículo 27 fracción I, se señala que entre las facultades del Congreso
del Estado se prevé el de legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado, y reformar, abrogar y derogar las leyes y
decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta
Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos.
432
En tal virtud, y después de un análisis exhaustivo del marco
jurídico de orden federal, y considerando que los Estados conservan
todas aquellas atribuciones y obligaciones que la Constitución General
no le reserva a la federación, es de confirmarse que el Congreso del
Estado de Baja California está facultado para presentar, discutir, y en
su caso aprobar, reformas a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California y a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de Baja California, en la materia que
proponen los inicialistas.
Para constatar lo anterior, es pertinente plasmar el contenido de
los preceptos jurídicos que resultan aplicables, y que fueron referidos
con antelación, iniciando en el mismo orden.
ÁMBITO FEDERAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental.
Artículo 115.- Los estados adoptarán para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, y
teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni
depositarse el legislativo en un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
II. El número de representantes en las legislaturas de los
Estados será proporcional al de habitantes de cada uno; pero,
en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los
433
Estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de
nueve, en aquellos cuya población exceda de este número y no
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya
población sea superior a esta última cifra.
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados
elegidos según los principios de mayoría relativa y de
representación proporcional, en los términos que señalen sus
leyes;
Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:
a) Las elecciones de los Gobernadores, de los miembros de las
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se
realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; …
ÁMBITO LOCAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo
concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas.
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes
434
y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a
esta Constitución, observando para el caso los requisitos
establecidos;
II a la XI …
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
I.- A los diputados;
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o
reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de
adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos
tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los
Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere
provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de
los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición
o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Congreso del Estado, las que
derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
la Constitución Local y de las Leyes que de ella emanen, de la presente
Ley y de los Reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 55.- Las Comisiones, como órganos de trabajo del
Congreso del estado, conforme a los dispuesto en el Artículo 39 de esta
Ley, les corresponde el ejercicio y cumplimiento de las facultades
atribuidas al Congreso por la Constitución Local, así como de acuerdo a
su denominación, les corresponde sus funciones en relación a las
respectivas áreas de la administración pública estatal o municipal.
Las comisiones de dictamen legislativo conocerán de
las iniciativas que correspondan a su materia y serán las
responsables de su dictaminación. Elaborarán informes y
opiniones, respecto de los asuntos que se les turnan; y
ejercen las facultades de información, evaluación y control
que les correspondan.
ARTÍCULO 56.- Las Comisiones de dictamen legislativo son:
435
1 a 7. …
8. Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales;
9 a 10. …
11. Reforma del Estado;
12 a 14. …
ARTÍCULO 62.- Corresponde a la Comisión de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales el conocimiento, estudio y
dictamen de los siguientes asuntos:
I. Los que se refieran a modificaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos o a la Constitución Local.
II. a la XVIII…
ARTÍCULO 68.- Cuando la naturaleza de un asunto tenga
conexión o relación con otra u otras comisiones podrán éstas
unirse a solicitud de la Comisión responsable de los Trabajos
para su desarrollo en forma conjunta.
Las Comisiones Unidas serán de carácter transitorio y se
extinguirán cumplido el objetivo u objetivos que la formaron.
B).- MARCO JURÍDICO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA CON
EL TEXTO VIGENTE.
Para una mejor comprensión del contenido de la reforma que se
propone, sirvan las siguientes tablas comparativas en cuya columna del
lado izquierdo se transcribe el dispositivo vigente, y del lado derecho la
propuesta de reforma a esos mismos dispositivos, resaltando el texto
que se agrega o modifica.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 14.- El Congreso del
Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada
tres años; electos mediante
ARTÍCULO 14.- El Congreso del
Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada
tres años; electos mediante
436
sufragio universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible;
dieciséis serán electos en forma
directa mediante el principio de
mayoría relativa, uno por cada
Distrito Electoral en que se divida
el territorio del Estado, y en su
caso, hasta nueve Diputados
electos por el principio de
representación proporcional en
una circunscripción estatal. Por
cada Diputado Propietario se
elegirá un Suplente.
…
…
sufragio universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible;
dieciocho serán electos en forma
directa mediante el principio de
mayoría relativa, uno por cada
Distrito Electoral en que se divida
el territorio del Estado, y en su
caso, hasta diez Diputados electos
por el principio de representación
proporcional en una circunscripción
estatal. Por cada Diputado
Propietario se elegirá un Suplente.
…
…
LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DE BAJA CALIFORNIA
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 213.- Para los efectos
de dividir territorialmente al Estado,
en Distritos y Secciones Electorales,
la Dirección General del Instituto
Electoral podrá formular un proyecto
de división territorial, atendiendo los
criterios de carácter técnico,
geográficos, demográficos y
procurando equilibrar el número de
electores por distrito a la media
estatal. En caso de que un Municipio
cuente con más del cincuenta por
ciento del promedio que resulte de
dividir el total de electores del
Padrón Electoral entre los dieciséis
distritos, tendrá derecho a un
distrito electoral circunscrito a su
ámbito Municipal.
ARTÍCULO 213.- Para los efectos
de dividir territorialmente al
Estado, en Distritos, la Dirección
General del Instituto Electoral
podrá formular un proyecto de
división territorial, atendiendo los
criterios de carácter técnico,
geográficos, demográficos y
procurando equilibrar el número de
electores por distrito a la media
estatal. En caso de que un distrito
cuente con más del cincuenta por
ciento del promedio que resulte de
dividir el total de electores del
Padrón Electoral entre los distritos
que conforman el estado, se
asignara un distrito electoral mas
circunscrito a su ámbito Municipal.
437
Cuando hayan cambiado las
condiciones de la fracción II de
este artículo, o máximo cada
diez años, el Consejo General
Electoral del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana
del Estado de Baja California,
deberá ordenar el
procedimiento para establecer
la demarcación territorial de los
distritos electorales
uninominales existentes
sujetándose a lo siguente:
I. A más tardar el 01 de marzo
del año inmediato anterior al
del proceso electoral, el
Consejo General del Instituto,
expedirá un acuerdo general
que establezca las bases,
principios y estudios en que
debe sustentarse el
anteproyecto para dividir el
territorio del Estado en los
distritos uninominales, que
resulten.
Dicho acuerdo deberá
publicarse en el Periódico
Oficial, Órgano de Gobierno del
Estado;
II. En el mencionado acuerdo
general, se insertarán, entre
otros aspectos, la formula de
distribución y el modelo a
aplicar. Se atenderá a la actual
división municipal, a la
concentración y dispersión
demográfica, de conformidad
con el último Censo General de
Población y Vivienda o, en su
438
caso, al último conteo de
Población y Vivienda que lleva
a cabo el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía,
atendiendo en lo posible a los
accidentes geográficos y vías
de comunicación del Estado;
III. El Consejo General
ordenará, la formulación del
anteproyecto de redistritación
a través de su presidente.
Celebrará en su caso convenios
de colaboración con las
instituciones u organizacuiones
que considere pertinentes para
el desarrollo del anteproyecto
antes mencionado.
IV. Concluido el anteproyecto
de redistritación, el Consejo
General lo pondrá a
consideración de los
representantes de los partidos
politicos acreditados ante el
Instituto, para que dentro del
plazo de veinte días naturales,
presenten sus observaciones;
V. Transcurrido el plazo que se
refiere la fracción anterior, el
Consejo General analizará las
observaciones que formularen
los partidos, emitiendo el
proyecto de redistritación;
VI. Del 15 al 30 de mayo del
año inmediato anterior al del
proceso electoral, el Consejo
General, remitirá a la
Legislatura del Estado, el
proyecto de redistritación para
439
su revisión y aprobación. Si se
rechazare la Legislatura lo
devolverá con observaciones al
Instituto, y una vez que éste
hiciere las correcciones lo
presentará nuevamente a la
Legislatura, en un plazo que no
excederá de treinta días y;
VII. A más tardar el 15 de
septiembre del año inmediato
anterior al del proceso
electoral, la Legislatura del
Estado deberá expedir el
decreto en que se aprueba la
nueva distritación.
III.- ASPECTOS PARTICULARES
A) ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA
La presente Iniciativa consta de dos propuestas de reforma, la
primera al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Baja
California, y la segunda, al artículo 213 de la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de Baja California.
El estudio y análisis de las Iniciativas exige un orden cuando se
contienen propuestas vinculadas en ordenamientos jerárquicamente
distintos, en virtud de que las normas superiores rigen las normas
inferiores. El contenido de las leyes secundarias debe estar acorde con
la norma constitucional, por lo tanto todo proyecto de reforma debe
partir de del marco jurídico superior normativo.
La propuesta de reforma al artículo 14 de la Constitución Política
del Estado de Baja California, consistente en aumentar la integración
del Congreso del Estado a 28 diputados, 18 por el principio de mayoría
relativa y hasta 10 por el principio de representación proporcional, y de
acuerdo a la exposición de motivos de la misma, su justificación estriba
440
en que es necesaria esta reforma constitucional para estar en aptitud
de modificar la división del territorio del Estado en distritos electorales,
lo que se conoce como distritación o redistrititación.
A este respecto, los inicialistas asumen que es necesaria la
reforma constitucional “... toda vez que la redacción actual del
artículo 14 de la Constitución Local se refiere a la conformación
del Congreso del Estado por ambos principios, tanto el de
Mayoría Relativa y el de Representación Proporcional, de
manera rígida sin dejar posibilidad a que esta se modifique, por
lo que resultaría jurídicamete inviable modificar la Ley
secundaria sin hacerlo en primer término con la constitucional”.
En este sentido, de acuerdo al texto se requiere modificar la integración
del Congreso del Estado aumentado su número de diputados por ambos
principios, y pasar de 25 que actualmente lo integra (16 de mayoría
relativa y 9 de representación proporcional) a 28 (18 de mayoría
relativa y 10 de representación proporcional).
Además, afirman los inicialistas que la redacción actual del artículo
14 de la Constitución local, sólo da lugar a que se elijan 25 diputados
como máximo, por lo cual no podría ser consecuente con el resto de
ordenamientos que facultan a la autoridad electoral a realizar los
estudios y proyectos tendientes a realizar la cartografía electoral por lo
que se propone que el artículo 14 quede abierto a esta posibilidad.
Como se comprende con claridad, los inicialistas vinculan
estrechamente el número de los integrantes del Congreso del Estado
con la posibilidad de que la autoridad electoral realice los estudios y
anteproyectos para modificar la actual división territorial en distritos
electorales, en virtud de que con la redacción actual no podría variar el
número de distritos electorales en la entidad, señalando además que
el artículo 14 constitucional quede abierto a esta posibilidad.
En primer lugar nos encontramos con una contradicción en la
exposición de motivos de la presente Iniciativa con el contenido de la
propuesta, la cual radica en que, por una parte se afirma que se debe
dejar abierta la posibilidad de modificar la cartografía electoral respecto
de los distritos electorales en la entidad, y que la redacción actual del
artículo 14 de la Constitución local no lo permite en razón de su rigidez
al constreñir a 25 el número de diputados por ambos principios,
particularmente el de mayoría relativa, pues su base lo representa el
número de distritos electorales, y por otra parte se propone que el
441
número de diputados se acote a 28, de los cuales 18 serán por el
principio de mayoría relativa y hasta 10 por el principio de
representación proporcional, como se observa en la misma propuesta
de reforma:
“ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante sufragio
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible; dieciocho
serán electos en forma directa mediante el principio de mayoría
relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el territorio del
Estado, y en su caso, hasta diez Diputados electos por el principio de
representación proporcional en una circunscripción estatal. Por cada
Diputado Propietario se elegirá un Suplente.”
…
…
De lo anterior se desprende que en caso de aprobarse la propuesta
de reforma, de manera necesaria e impostergable se tendría que
proceder a llevar a cabo la división territorial con la nueva demarcación
de las 18 circunscripciones electorales en correspondencia a igual
número de diputados por el principio de mayoría relativa. Por lo que
la norma constitucional seguiría siendo cerrada y no abierta
como se pretende justificar, para efectos de modificar el número de
distritos electorales, con la diferencia de que en lugar de 16 diputados
de mayoría relativa se tendrían 18.
Vínculado estrechamente con lo anterior, en la misma exposición
de motivos de la Iniciativa se afirma textualmente lo siguiente:
“Adicionalmente, nuestra propuesta de reforma permitiría en
su caso, ajustar el número de distritos electorales actuales. Por
lo tanto, el número de distritos electorales actuales, podría ser
el mismo, o bien, incrementarse o reducirse, de conformidad
con los resultados de los estudios que realice el órgano
Electoral.”
Como se observa, la propuesta de reforma constitucional, base
para llevar a cabo la reforma a la ley reglamentaria, al establecer que
la integración del Congreso del Estado será de 18 diputados de mayoría
relativa y hasta 10 diputados de representación proporcional, entra en
conflicto con los argumentos justificatorios de la Iniciativa de
reforma, pues evidentemente el número de distritos electorales
no podrían ser los mismos que actualmente tiene, como
442
tampoco reducirse, sino incrementarse forzosamente a un
número exacto de 18.
Si bien es cierto que el marco jurídico de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos establece que en la integración de las
legislaturas de los Estados se deberán incorporar los principios de
mayoría relativa y de representación proporcional, sin especificar el
número de sus integrantes y las modalidades que deban aplicarse en
estos sistemas de elección, con la condición de un mínimo de
legisladores que deberá ser proporcional al de sus habitantes, también
es cierto que dicha integración debe obedecer a las exigencias de la
realidad política, social, demográfica, entre otros factores que
prevalezcan en las entidades para determinar el número de diputados
de sus legislaturas.
Cada Estado de la República, en base a lo estipulado en la Ley
fundamental, determina el número de miembros en sus cámaras de
diputados, incorporado sistemas de elección en su integración con
diferentes variantes, optando por modelos o procedimientos que
consideran más convenientes para la representación política, siempre y
cuando se incluyan ambos principios, como lo exige la norma superior.
En Baja California la forma directa de elección de los integrantes
del Congreso del Estado se realiza desde el nacimiento del mismo
Estado, y desde febrero de 1979 se estableció el sistema mixto de
elección de mayoría relativa y de representación proporcional. Ambos
sistemas de elección registran pocos cambios desde su incorporación,
teniendo mayores variaciones el sistema de representación
proporcional, particularmente en cuanto al número de diputados electos
por este sistema y los requisitos para tener derecho a estos cargos de
representación popular.
Estos cambios y variaciones en la integración del Congreso del
Estado en nuestra entidad han obedecido a diversas causas,
principalmente demográficas, como ha sucedido en todos los Estados
de la República y con la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión. El aumento poblacional trae consigo un aumento de electores
que requieren estar representados de manera proporcional y
equilibrada.
Ahora se presenta una Iniciativa que pretende cambiar la
integración del Congreso del Estado aumentado su número, con el
propósito de modificar el ordenamiento electoral para regular más
443
ampliamente lo concerniente a la división territorial en distritos
electorales, que indefectiblemente tendría como resultado la división en
18 distritos, por las razones que hemos explicado.
En este tenor, consideramos que la justificación que se esgrime
para modificar el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de
Baja California, en los términos propuestos, no es consecuente con el
planteamiento central de la Iniciativa que es la modificación de la
división territorial de los distritos electorales en la entidad. Las razones
por las cuales consideramos que no son compatibles con el aspecto
central de la Iniciativa son las siguientes:
1. La modificación a la división territorial de las circunscripciones
electorales denominadas distritos electorales no debe estar
condicionada o sujeta a un determinado número de miembros del
Congreso del Estado mediante una reforma constitucional. En todo
caso, debería ser a la inversa, en donde dicha modificación sería como
consecuencia de una posible variación del número de integrantes del
Congreso (de mayoría relativa), ya sea su incremento o disminución.
Para la redistritación no debe modificarse necesariamente el
número de diputados del Congreso del Estado como lo proponen los
inicialistas, porque el término redistritar significa delimitar los distritos
electorales buscando con ello los equilibrios y las proporciones de los
electores en cada uno de ellos. Empero, en esta propuesta la
redistritación debe pasar por el aumento de las diputaciones no sólo de
mayoría relativa, sino también de representación proporcional, lo cual
no tiene sustento sólido que amerite reforma el artículo 14
constitucional para aumentar los integrantes del Congreso.
2. El contenido de la Iniciativa de reforma constitucional se
contradice con la exposición de motivos al afirmar que la norma vigente
es rígida porque no permite modificar el número de distritos electorales
al ordenar que sean 16 diputados por el principio de mayoría relativa
sin dejar abierta la posibilidad de modificación en la división territorial
de los distritos electorales cuyo resultado sea mantener, disminuir o
incrementar su número, sino que la mantiene cerrada en 16. Sin
embargo, la propuesta de reforma también sería rígida y cerrada, con
la diferencia que en lugar de 16 sería 18 distritos electorales, que
correspondería a los 18 diputados electos por el principio de mayoría
relativa.
444
Por otra parte, respecto de este mismo punto, también
encontramos cierta incongruencia con la propuesta de reforma al
artículo 213 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales,
pues mientras se propone a nivel constitucional que sean 18 diputados
de mayoría relativa, en la fracción I de la propuesta deja abierta la
posibilidad de modificar el número de distritos electorales, como se
advierte.
“I. A más tardar el 01 de marzo del año inmediato anterior al del proceso
electoral, el Consejo General del Instituto, expedirá un acuerdo general
que establezca las bases, principios y estudios en que debe sustentarse
el anteproyecto para dividir el territorio del Estado en los distritos
uninominales, que resulten.”
3. Consideramos que cualquier Iniciativa de reforma que tenga
como propósito modificar la integración del Congreso del Estado, en
este caso al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Baja
California, debe justificarse ampliamente en base a estudios
convincentes de carácter demográficos, geográficos, sociales y
políticos, e incluso de carácter económicos, y en su caso, adecuar
la representación popular a estos cambios, sin embargo la exposición
de motivos, específicamente en el apartado señalado “5. Segunda
Propuesta”, no se presenta este estudio base de una propuesta
con esta trascendencia. Es decir, la Iniciativa de reforma al artículo
14 de la Constitución local carece de motivación que justifique
plenamente la necesidad de aumentar el número de diputados del
Congreso del Estado en los términos propuestos.
En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 213 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales, con la finalidad de regular
más ampliamente el procedimiento para llevar a cabo la modificación a
la división territorial de los distritos electorales de la entidad, resulta
inatendible toda vez que toma como base la propuesta de reforma al
artículo 14 de la Constitución local, y como hemos explicado esta
reforma constitucional es improcedente porque adolece de la debida
motivación que la justifique, y en consecuencia, la propuesta de
reforma a la ley secundaria no cuenta con el soporte constitucional que
se requiere. Al respecto, los propios inicialistas lo admiten en su
exposición de motivos en con las siguientes palabras:
“Esto debe ser así toda vez que la redacción actual del artículo 14
de la Constitución Local se refiere a la conformación del Congreso del
Estado por ambos principios, tanto el de Mayoría Relativa y el de
445
Representación Proporcional, de manera rígida sin dejar posibilidad a
que esta se modifique, por lo que resultaría jurídicamete inviable
modificar la Ley secundaria sin hacerlo en primer término con la
constitucional,…”
Por todo lo anterior, consideramos que la presente iniciativa de
Reforma al artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, así como al artículo 213 de la Ley de
Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California, objeto del
análisis realizado en este proyecto de Dictamen por las Comisiones
Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, y de
Reforma del Estado, de este H. Congreso del Estado de Baja California,
con el apoyo y auxilio de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios,
carece de la debida motivación, para lo cual se exponen los siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el grupo parlamentario del Partido Nueva Alianza, en
su carácter de inicialista de esta XX Legislatura Constitucional del
Congreso del Estado de Baja California, presentaron ante el Pleno de
esta H. Soberanía, durante la Sesión Ordinaria de fecha 11 de mayo de
2011, la Iniciativa de Reforma al artículo 14 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como al artículo 213
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja
California.
SEGUNDO.- Que el artículo 116 fracción II de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que el número de
representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al
de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de
siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil
habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este
número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya
población sea superior a esta última cifra. Asimismo señala que las
legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en
los términos que señalen sus leyes.
TERCERO.- Que de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la
Constitución Política Local, el Congreso del Estado tiene la facultad de
legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así
446
como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el
caso los requisitos establecidos.
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 55, tercer párrafo, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, las
comisiones de dictamen legislativo conocerán de las iniciativas
que correspondan a su materia y serán las responsables de su
dictaminación. Elaborarán informes y opiniones, respecto de los
asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de
información, evaluación y control que les correspondan.
QUINTO.- Que el contenido de la Iniciativa de Reforma al artículo 14
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, consistente en modificar la integración del Congreso del
Estado de 25 a 28 diputados, adolece de la debida motivación,
entendida esta como el estudio base de carácter político, social,
demográfico, e inclusive económico, para su procedencia, y que se da
cuenta en el apartado A) ANÁLISIS PARTICULAR DE LA
INICIATIVA, de este proyecto.
SEXTO.- Que el contenido de la Iniciativa de Reforma al artículo 213
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja
California, consistente en ampliar la regulación de la modificación a la
división territorial en distritos electorales de la entidad, en base a la
propuesta de reforma al artículo 14 constitucional, es inviable en virtud
de la improcedencia por la razón que se ofrece en el considerando
anterior.
_____________________________
10. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA (Elección de Regidores por demarcaciones
territoriales), presentada el 13 de abril de 2011 ante esta H.
Soberanía por los C. C. Diputados Rubén Alanís Quintero, María del
Rosario Rodríguez Rubio, Gustavo Magallanes Cortes, José Máximo
García López, Lizbeth Mata Lozano y Ricardo Magaña Mosqueda del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
447
I.- ASPECTOS GENERALES
A).- DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA INICIATIVA
Previo al análisis y estudio de la presente Iniciativa de Reforma
Constitucional, es pertinente conocer su Exposición de Motivos y la
propuesta de reforma, misma que a continuación se transcribe:
Exposición de Motivos y Propuesta de Reforma
“Los suscritos Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional en la Vigésima Legislatura Constitucional del
Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 y 28
ambos en su fracción I, de la Constitución Política de del Estado Libre y
Soberano de Baja California; así como en los numerales 110 fracción I,
112, 115 fracción I, 116, 117 y demás aplicables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Baja California, presentamos ante este
Congreso Iniciativa de Reforma al articulo 15 (sic) de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, bajo la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El derecho a votar y ser votado, es un derecho constitucional y de
conformación legal que adopta diversas modalidades en atención a la
soberanía de las entidades federativas y conforme a los lineamientos
que para tal efecto prevé la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La doctrina liberalista que define al derecho electoral, sostiene que esta
disciplina del derecho está diseñada única y exclusivamente para
garantizar dicha prerrogativa ciudadana; en tanto que la doctrina
conservadora nos dice que la prioridad de esta rama del derecho es la
conformación de autoridades públicas para garantizar todas las
instituciones comiciales, en las que se incluye el derecho a votar y ser
votado.
Bajo cualquiera de estas dos corrientes doctrinales, es inobjetable que
el sistema de derecho electoral gira en torno a la conformación de los
órganos de gobierno, para lo cual es necesario el ejercicio del voto
activo y pasivo. En este sentido mucho se ha escrito que no basta con
fijar reglas mínimas para el ejercicio de tales derechos y para la
448
conformación de dichos entes, sino que es necesario que estas normas
garanticen a plenitud una auténtica representación popular.
Generalmente este tema de la integración de la representación popular
se aborda en atención a los requisitos de elegibilidad que deben reunir
quienes aspiren ocupar (sic) un cargo público, pero en esta ocasión nos
queremos referir a la integración de los ayuntamientos que si bien se
integran por votación directa de los ciudadanos del Estado, se elige de
manera conjunta al presidente municipal, síndico procurador y a una
planilla de regidores cuyo (sic) cantidad varía de acuerdo al total de
población por municipio.
Este esquema es el utilizado por la mayoría de las legislaciones
Estatales de nuestro País, pero creemos que si bien es perfectamente
compatible con el mandato constitucional de integrar los cabildos con
munícipes electos por mayoría relativa y de representación
proporcional, no se cumple a cabalidad con el ejercicio del derecho del
voto del ciudadano, ya que su única opción es votar por las planillas
que le presenten los partidos políticos, sin que pueda distinguir entre
quien desea que sea su presidente municipal y quienes sus regidores,
perdiéndose así la esencia de votar para elegir a sus gobernantes.
Esta situación no permite que se genere compromiso entre el elector y
sus eventuales gobernantes, ya que el contacto que se pudiera dar en
la campaña es meramente circunstancial por el hecho de aparecer en
una planilla municipal, sin que exista un ejercicio real de comparación
de propuestas electorales para elegir de manera informada y como
consecuencia el vinculo directo entre gobernado y gobernante que
permita un ejercicio real de rendición de cuentas.
Las funciones que nuestros ordenamientos constitucionales y legales
atribuyen a los regidores son de gran importancia e impacto diario en la
vida cotidiana del ciudadano, en cada sesión de cabildo realizada se
toman decisiones que repercuten de manera inmediata en el
ciudadano: modernización de vialidades, endeudamientos, impuestos
municipales, programas de seguridad, recolección de basura,
alumbrado público entre otras.
Por ello consideramos urgente, que sean los propios ciudadanos que de
manera directa elijan a estos funcionarios municipales de manera
directa (sic) sin que formen parte de una planilla municipal.
449
De esta forma existirá un mayor vínculo y compromiso entre autoridad
y ciudadano permitiendo así una mayor participación social en la toma
de decisiones, transparencia y rendición de cuentas, elementos
esenciales en toda democracia.
Con esta iniciativa proponemos sentar las bases en la
constitución local a efecto de que los regidores sean electos de
manera directa y también existan los regidores de
representación proporcional por ser este un mandato
constitucional.
Para logra lo anterior, se tomarían las mismas bases que ya dispone la
Constitución Local en cuanto al número de regidores en atención a la
cantidad de habitantes por municipio, precisando que los regidores
de mayoría habrán de elegirse por zonas municipales.
Estas zonas municipales se conformarán por el Consejo General
Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, al
dividir el total de secciones electorales en cada municipio entre
el número de regidores de mayoría relativa que le correspondan
a dicha municipalidad, esto ya que las secciones electorales son
la mejor unidad de medida para equilibrar poblacionalmente
dichas zonas municipales, facilitándose también así la recepción
de la votación.
Las reglas para asignar regidores por representación proporcional, son
prácticamente las mismas, adicionando que para participar en la
asignación habrá que registrar candidatos a regidores en todas las
zonas municipales que es el mismo requisito numérico que prevé la
legislación vigente; y, reglas para evitar una subrepresentación
electoral, prohibiendo que los partidos políticos o coaliciones obtengan
más de la cantidad totalidad de regidores por mayoría por ambos
principios.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de
esta asamblea la siguiente:
INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CALIFORNIA PARA QUEDAR COMO SIGUE:
ARTÍCULO 79.- Los Ayuntamientos se integrarán por un
Presidente Municipal, un Síndico Procurador y por regidores de mayoría
450
relativa y de representación proporcional, en el número que resulte de
la aplicación a cada Municipio de las siguientes bases:
I.- El número de Regidores de mayoría relativa y de
representación proporcional será:
a) Los Municipios cuya población sea menor de doscientos
cincuenta mil habitantes, tendrán cinco regidores electos según el
principio de mayoría relativa y hasta cinco regidores de representación
proporcional;
b) Los municipios cuya población se encuentre en el rango
comprendido de doscientos cincuenta mil a quinientos mil habitantes,
tendrán siete regidores electos según el principio de mayoría relativa y
hasta seis de representación proporcional;
c) Los Municipios cuya población exceda de quinientos mil
habitantes, tendrán ocho Regidores electos según el principio de
mayoría relativa y hasta siete regidores de representación proporcional.
II.- La elección de regidores por mayoría se realizará en
los siguientes términos:
a) En los municipios de las características indicadas en el
inciso a) de la fracción anterior, de dividirá el número de
regidores por mayoría a elegir, conformando así una zona
municipal en la cual habrá de elegirse un regidor por mayoría;
b) En los municipios de las características indicadas en el
inciso b) de la fracción anterior, de dividirá el número total de
secciones electorales entre el número de regidores por mayoría
a elegir, conformando así una zona municipal en la cual habrá
de elegirse un regidor por mayoría;
c) En los municipios de las características indicadas en el
inciso c) de la fracción anterior, de dividirá el número total de
secciones electorales entre el número de regidores por mayoría
a elegir, conformando así una zona municipal en la cual habrá
de elegirse un regidor por mayoría;
El Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana determinará las zonas municipales en
las que habrá de dividirse cada municipio en los términos de
esta fracción, buscando la mayor proporcionalidad en la
cantidad de habitantes entre las zonas.
451
III.- Para que los partidos políticos o coaliciones tengan derecho a
la asignación de regidores por el principio de representación
proporcional, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber obtenido el registro de regidores por mayoría
relativa en todas las zonas municipales en el Municipio que
corresponda;
b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la
votación emitida para regidores de mayoría en el municipio
correspondiente; y
c) No haber obtenido la totalidad de las constancias de
mayoría en el municipio constancia de mayoría respectiva.
En ningún caso un partido politico o coalición podrá
obtener por ambos principios más del total de regidores por
mayoría en cada municipio.
IV.- La asignación de regidores mediante el principio de
representación proporcional se sujetará, a lo que disponga la Ley
respectiva y mediante el siguiente procedimiento:
a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado
de Baja California determinará qué partidos políticos o coaliciones
cumplen con lo estipulado en la fracción anterior;
b) Primeramente asignará un Regidor a cada partido político o
coalición con derecho a la representación proporcional.
En caso de que el número de partidos políticos sea mayor que el
de regidurías por asignar, éstas se otorgarán a los que tengan mayor
porcentaje en orden descendente hasta agotarlas;
c) Si después de efectuada la operación indicada en el inciso
anterior aún hubiera regidurías por asignar, se realizarán las siguientes
operaciones:
1.- Se sumarán los votos de los partidos políticos o coaliciones
con derecho a la representación proporcional, que servirá como base
para obtener los nuevos porcentajes de participación a que se refiere el
numeral siguiente:
2.- Se deberá obtener el nuevo porcentaje de cada partido
político o coalición, que tenga derecho a la asignación mediante el
452
cociente natural que se obtiene multiplicando la votación municipal de
cada partido político o coalición por cien, y dividiendo el resultado entre
la suma de los votos de los partidos políticos o coaliciones
participantes;
3.- Se obtendrá la expectativa de integración al Ayuntamiento de
cada partido político o coalición, con derecho a ello mediante el
cociente natural que se obtiene multiplicando el porcentaje obtenido en
el numeral anterior de cada partido político o coalición por el número
de regidurías de representación proporcional que corresponda, según la
fracción I de este Artículo, dividiéndolo entre cien, y
4.- Se le restará de la expectativa de integración al Ayuntamiento
a cada partido político o coalición, la asignación efectuada en los
términos del inciso b) de esta fracción;
d) Se asignará a cada partido político o coalición alternadamente,
tantas Regidurías como números enteros se hayan obtenido de la
operación realizada en el numeral 4 del inciso anterior;
e) En caso de que aún hubieren más regidurías por repartir, se
asignarán a los partidos políticos o coaliciones que conserven los restos
mayores, después de deducir las asignaciones efectuadas en el inciso
anterior, y
f) La asignación de las regidurías de representación
proporcional que correspondan a cada partido político o
coalición, la hará el Consejo General Electoral del Instituto
Estatal Electoral, elaborando una lista en orden descendente de
cada partido politico o coalición con los candidates que no
hayan obtenido la constancia de mayoría, de acuerdo a su
porcentaje de votación válida en la zona respectiva. El
porcentaje se tomará hasta diezmilésimas, sin redodndear la
última cifra.
Se entenderá por votación válida, la sumatoria de los votos
obtenidos por los partidos politicos y coaliciones en el municipio
de que se trate.
Los integrantes de los ayuntamientos contarán con sus
respectivos suplentes.
Los conceptos que señala el Artículo 15 de esta Constitución,
serán aplicables para el desarrollo de la fórmula de asignación aquí
453
prevista.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Aprobada que sea esta iniciativa por esta Honorable
Asamblea, envíese a los Ayuntamientos del Estado copia del acta de los
debates que hubiere provocado, para efecto de dar cumplimiento con lo
previsto por el artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- En su oportunidad, pronunciada la Declaratoria en los
términos establecidos por el artículo 112 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California, remítase al Ejecutivo la
presente Reforma Constitucional para los efectos conducentes.
TERCERO.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
CUARTO.- El Congreso del Estado de Baja California, deberá realizar
las adecuaciones conducentes a la Ley de Instituciones y
Procedimientos Electorales de Baja California, en un plazo no mayor a
noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto.
QUINTO.- El Consejo General Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, a más tardar el mes de octubre del año
anterior a la elección ordinaria a celebrarse en 2013, deberá determinar
las zonas municipales en los términos de la presente reforma.”
B) INTENCIÓN DE LA INICIATIVA
La pretensión legislativa de los C. C. Diputadas y Diputados
pertenecientes al Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en
su carácter de inicialistas, es que se reforme la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, en su precepto
79, para establecer que los regidores de mayoría relativa de los
Ayuntamientos de la entidad sean electos en manera directa a través
de zonas municipales determinadas por el Consejo General Electoral del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.
II.- ASPECTOS LEGALES DE LA INICIATIVA.
454
A).- MARCO JURÍDICO APLICABLE.
El contenido de la Iniciativa de Reforma al artículo 79 de la
Constitución Política del Estado de Baja California, tiene sustento
jurídico en los artículos 40, 115 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; artículos 4, 5, 11, 27 fracción I, 28 fracción
I, y 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California; y en los artículos 16, 55, 56 numerales 8 y 11, 62 fracción I
y 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja
California.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la
norma fundamental que unifica y da validez a todas las legislaciones
que constituyen un orden jurídico y determinado; es decir, la variedad
de codificaciones que componen el derecho que se observa en el Estado
Mexicano, respetando los principios que se consagran en ella; por lo
que la propuesta en estudio, debe ser congruente con lo que señala
nuestra Carta Magna, a fin de no atentar contra el principio de
Supremacía Constitucional contenido en el artículo 133 de este
ordenamiento superior.
En esta tesitura, el artículo 124 del mismo ordenamiento,
enfatiza que las facultades que no están expresamente concedidas por
esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservados
a los Estados. En cuanto al marco Constitucional local, se dispone en su
artículo 4 que el Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a
su régimen interno, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, en el
artículo 27 fracción I, se señala que entre las facultades del Congreso
del Estado se prevé el de legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado, y reformar, abrogar y derogar las leyes y
decretos que expidieren, así como participar en las reformas a esta
Constitución, observando para el caso los requisitos establecidos.
En tal virtud, y después de un análisis exhaustivo del marco
jurídico de orden federal, y considerando que los Estados conservan
todas aquellas atribuciones y obligaciones que la Constitución General
no le reserva a la federación, es de confirmarse que el Congreso del
Estado de Baja California está facultado para aprobar reformas a la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en
455
la materia que proponen los inicialistas; y además, esta iniciativa de
reforma es congruente y armónica con las disposiciones de la Carta
Magna, con el marco normativo constitucional y legal del Estado de
Baja California, y en general, con el marco jurídico nacional.
Para constatar lo anterior, es pertinente plasmar el contenido de
los preceptos jurídicos que resultan aplicables, y que fueron referidos
con antelación, iniciando en el mismo orden.
ÁMBITO FEDERAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Artículo 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una
República representativa, democrática, federal, compuesta de
Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una federación establecida según los
principios de esta ley fundamental.
Artículo 115.- Los estados adoptarán para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, y
teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
I. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular, integrado por un Presidente Municipal y el
número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de
representación proporcional en la elección de los ayuntamientos
de todos los municipios.
Artículo 116. …
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
456
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:
a) Las elecciones de los Gobernadores, de los miembros de las
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se
realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; …
ÁMBITO LOCAL
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
ARTÍCULO 4.- El Estado es Libre y Soberano en todo lo
concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que
establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 5.- Todo poder público dimana del pueblo y se instituye
para beneficio de éste.
La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los
Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres,
auténticas y periódicas.
ARTÍCULO 11.- La forma de Gobierno del Estado es republicana,
representativa y popular.
ARTÍCULO 27.- Son facultades del Congreso:
I.- Legislar sobre todos los ramos que sean de la
competencia del Estado y reformar, abrogar y derogar las leyes
y decretos que expidieren, así como participar en las reformas a
esta Constitución, observando para el caso los requisitos
establecidos;
II a la XI …
ARTÍCULO 28.- La iniciativa de las leyes y decretos corresponde:
457
I.- A los diputados;
ARTÍCULO 78.- Los Ayuntamientos se compondrán de
munícipes electos por el sufragio universal, libre, secreto,
directo, personal e intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
ARTÍCULO 112.- Esta Constitución sólo podrá adicionarse o
reformarse con los siguientes requisitos: cuando la iniciativa de
adición o reforma haya sido aprobada por acuerdo de las dos
tercias partes del número total de diputados, se enviará ésta a los
Ayuntamientos, con copia de las actas de los debates que hubiere
provocado; y si el cómputo efectuado por la Cámara, de los votos de
los Ayuntamientos, demuestra que hubo mayoría en favor de la adición
o reforma, la misma se declarará parte de esta Constitución.
LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA.
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del Congreso del Estado, las que
derivan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
la Constitución Local y de las Leyes que de ella emanen, de la presente
Ley y de los Reglamentos respectivos.
ARTÍCULO 55.- Las Comisiones, como órganos de trabajo del
Congreso del estado, conforme a los dispuesto en el Artículo 39 de esta
Ley, les corresponde el ejercicio y cumplimiento de las facultades
atribuidas al Congreso por la Constitución Local, así como de acuerdo a
su denominación, les corresponde sus funciones en relación a las
respectivas áreas de la administración pública estatal o municipal.
Las comisiones de dictamen legislativo conocerán de
las iniciativas que correspondan a su materia y serán las
responsables de su dictaminación. Elaborarán informes y
opiniones, respecto de los asuntos que se les turnan; y
ejercen las facultades de información, evaluación y control
que les correspondan.
ARTÍCULO 56.- Las Comisiones de dictamen legislativo son:
1 a 7. …
8. Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales;
458
9 a 10. …
11. Reforma del Estado;
12 a 14. …
ARTÍCULO 62.- Corresponde a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales el conocimiento, estudio y
dictamen de los siguientes asuntos:
I. Los que se refieran a modificaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos o a la Constitución
Local.
II. a la XVIII…
ARTÍCULO 68.- Cuando la naturaleza de un asunto tenga
conexión o relación con otra u otras comisiones podrán éstas
unirse a solicitud de la Comisión responsable de los Trabajos
para su desarrollo en forma conjunta.
Las Comisiones Unidas serán de carácter transitorio y se
extinguirán cumplido el objetivo u objetivos que la formaron.
B).- MARCO JURÍDICO COMPARATIVO DE LA PROPUESTA CON
EL TEXTO VIGENTE.
Para una mejor comprensión del contenido de la reforma que se
propone, sirva la siguiente tabla comparativa en cuya columna del lado
izquierdo se transcribe el dispositivo constitucional vigente, y del lado
derecho la propuesta de reforma a ese mismo dispositivo, resaltando el
texto que se agrega o modifica.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO
ARTÍCULO 79. Los
Ayuntamientos se integrarán por
un Presidente Municipal, un
Síndico Procurador y por
regidores de mayoría relativa y de
ARTÍCULO 79. Los Ayuntamientos
se integrarán por un Presidente
Municipal, un Síndico Procurador y
por regidores de mayoría relativa y
de representación proporcional, en
459
representación proporcional, en el
número que resulte de la
aplicación a cada Municipio de las
siguientes bases:
I.- El número de Regidores de
mayoría relativa y de
representación proporcional será:
a) Los Municipios cuya población
sea menor de doscientos
cincuenta mil habitantes, tendrán
cinco regidores electos según el
principio de mayoría relativa y
hasta cinco regidores de
representación proporcional;
b) Los municipios cuya población
se encuentre en el rango
comprendido de doscientos
cincuenta mil a quinientos mil
habitantes, tendrán siete
regidores electos según el
principio de mayoría relativa y
hasta seis de representación
proporcional;
c) Los Municipios cuya población
exceda de quinientos mil
habitantes, tendrán ocho
Regidores electos según el
principio de mayoría relativa y
hasta siete regidores de
representación proporcional.
el número que resulte de la
aplicación a cada Municipio de las
siguientes bases:
I.- El número de Regidores de
mayoría relativa y de
representación proporcional será:
a) Los Municipios cuya población
sea menor de doscientos cincuenta
mil habitantes, tendrán cinco
regidores electos según el principio
de mayoría relativa y hasta cinco
regidores de representación
proporcional;
b) Los municipios cuya población
se encuentre en el rango
comprendido de doscientos
cincuenta mil a quinientos mil
habitantes, tendrán siete regidores
electos según el principio de
mayoría relativa y hasta seis de
representación proporcional;
c) Los Municipios cuya población
exceda de quinientos mil
habitantes, tendrán ocho Regidores
electos según el principio de
mayoría relativa y hasta siete
regidores de representación
proporcional.
II.- La elección de regidores
por mayoría se realizará en los
siguientes términos:
a) En los municipios de las
características indicadas en el
inciso a) de la fracción anterior,
de dividirá el número de
regidores por mayoría a elegir,
conformando así una zona
municipal en la cual habrá de
460
II.- Para que los partidos políticos
o coaliciones tengan derecho a la
asignación de regidores por el
elegirse un regidor por
mayoría;
b) En los municipios de las
características indicadas en el
inciso b) de la fracción anterior,
de dividirá el número total de
secciones electorales entre el
número de regidores por
mayoría a elegir, conformando
así una zona municipal en la
cual habrá de elegirse un
regidor por mayoría;
c) En los municipios de las
características indicadas en el
inciso c) de la fracción anterior,
de dividirá el número total de
secciones electorales entre el
número de regidores por
mayoría a elegir, conformando
así una zona municipal en la
cual habrá de elegirse un
regidor por mayoría;
El Consejo General Electoral del
Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana
determinará las zonas
municipales en las que habrá
de dividirse cada municipio en
los términos de esta fracción,
buscando la mayor
proporcionalidad en la cantidad
de habitantes entre las zonas.
III.- Para que los partidos políticos
o coaliciones tengan derecho a la
asignación de regidores por el
principio de representación
proporcional, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
461
principio de representación
proporcional, deberán cumplir los
siguientes requisitos:
a) Haber obtenido el registro de
planilla completa de candidatos a
munícipes en el Municipio que
corresponda;
b) Haber obtenido por lo menos
el tres por ciento de la votación
emitida en la elección de
munícipes correspondientes; y
c) No haber obtenido la
constancia de mayoría respectiva,
y
III.- La asignación de regidores
mediante el principio de
representación proporcional se
sujetará, a lo que disponga la Ley
respectiva y mediante el siguiente
procedimiento:
a) El Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del
Estado de Baja California
determinará qué partidos políticos
o coaliciones cumplen con lo
estipulado en la fracción anterior;
b) Primeramente asignará un
a) Haber obtenido el registro
de regidores por mayoría
relativa en todas las zonas
municipales en el Municipio que
corresponda;
b) Haber obtenido por lo menos
el tres por ciento de la votación
emitida para regidores de
mayoría en el municipio
correspondiente; y
c) No haber obtenido la
totalidad de las constancias de
mayoría en el municipio
constancia de mayoría
respectiva. (sic)
En ningún caso un partido
politico o coalición podrá
obtener por ambos principios
más del total de regidores por
mayoría en cada municipio.
IV.- La asignación de regidores
mediante el principio de
representación proporcional se
sujetará, a lo que disponga la Ley
respectiva y mediante el siguiente
procedimiento:
a) El Instituto Electoral y de
Participación Ciudadana del Estado
de Baja California determinará qué
partidos políticos o coaliciones
cumplen con lo estipulado en la
fracción anterior;
b) Primeramente asignará un
Regidor a cada partido político o
coalición con derecho a la
representación proporcional.
En caso de que el número de
462
Regidor a cada partido político o
coalición con derecho a la
representación proporcional.
En caso de que el número de
partidos políticos sea mayor que
el de regidurías por asignar, éstas
se otorgarán a los que tengan
mayor porcentaje en orden
descendente hasta agotarlas;
c) Si después de efectuada la
operación indicada en el inciso
anterior aún hubiera regidurías
por asignar, se realizarán las
siguientes operaciones:
1.- Se sumarán los votos de los
partidos políticos o coaliciones con
derecho a la representación
proporcional, que servirá como
base para obtener los nuevos
porcentajes de participación a que
se refiere el numeral siguiente:
2.- Se deberá obtener el nuevo
porcentaje de cada partido
político o coalición, que tenga
derecho a la asignación mediante
el cociente natural que se obtiene
multiplicando la votación
municipal de cada partido político
o coalición por cien, y dividiendo
el resultado entre la suma de los
votos de los partidos políticos o
coaliciones participantes;
3.- Se obtendrá la expectativa de
integración al Ayuntamiento de
cada partido político o coalición,
con derecho a ello mediante el
cociente natural que se obtiene
partidos políticos sea mayor que el
de regidurías por asignar, éstas se
otorgarán a los que tengan mayor
porcentaje en orden descendente
hasta agotarlas;
c) Si después de efectuada la
operación indicada en el inciso
anterior aún hubiera regidurías por
asignar, se realizarán las siguientes
operaciones:
1.- Se sumarán los votos de los
partidos políticos o coaliciones con
derecho a la representación
proporcional, que servirá como
base para obtener los nuevos
porcentajes de participación a que
se refiere el numeral siguiente:
2.- Se deberá obtener el nuevo
porcentaje de cada partido político
o coalición, que tenga derecho a la
asignación mediante el cociente
natural que se obtiene
multiplicando la votación municipal
de cada partido político o coalición
por cien, y dividiendo el resultado
entre la suma de los votos de los
partidos políticos o coaliciones
participantes;
3.- Se obtendrá la expectativa de
integración al Ayuntamiento de
cada partido político o coalición,
con derecho a ello mediante el
cociente natural que se obtiene
multiplicando el porcentaje
obtenido en el numeral anterior de
cada partido político o coalición por
el número de regidurías de
representación proporcional que
corresponda, según la fracción I de
463
multiplicando el porcentaje
obtenido en el numeral anterior
de cada partido político o coalición
por el número de regidurías de
representación proporcional que
corresponda, según la fracción I
de este Artículo, dividiéndolo
entre cien, y
4.- Se le restará de la expectativa
de integración al Ayuntamiento a
cada partido político o coalición, la
asignación efectuada en los
términos del inciso b) de esta
fracción;
d) Se asignará a cada partido
político o coalición
alternadamente, tantas
Regidurías como números enteros
se hayan obtenido de la operación
realizada en el numeral 4 del
inciso anterior;
e) En caso de que aún hubieren
más regidurías por repartir, se
asignarán a los partidos políticos
o coaliciones que conserven los
restos mayores, después de
deducir las asignaciones
efectuadas en el inciso anterior, y
f) La asignación de las regidurías
de representación proporcional
que correspondan a cada partido
político o coalición, la hará el
Instituto Estatal Electoral de la
lista de candidatos a Regidores
que haya registrado cada partido
político o coalición, en el orden
que los mismos fueron
registrados.
este Artículo, dividiéndolo entre
cien, y
4.- Se le restará de la expectativa
de integración al Ayuntamiento a
cada partido político o coalición, la
asignación efectuada en los
términos del inciso b) de esta
fracción;
d) Se asignará a cada partido
político o coalición alternadamente,
tantas Regidurías como números
enteros se hayan obtenido de la
operación realizada en el numeral
4 del inciso anterior;
e) En caso de que aún hubieren
más regidurías por repartir, se
asignarán a los partidos políticos o
coaliciones que conserven los
restos mayores, después de
deducir las asignaciones efectuadas
en el inciso anterior, y
f) La asignación de las
regidurías de representación
proporcional que correspondan
a cada partido político o
coalición, la hará el Consejo
General Electoral del Instituto
Estatal Electoral, elaborando
una lista en orden descendente
de cada partido politico o
coalición con los candidatos
que no hayan obtenido la
constancia de mayoría, de
acuerdo a su porcentaje de
votación válida en la zona
respectiva. El porcentaje se
tomará hasta diezmilésimas,
sin redondear la última cifra.
464
Los integrantes de los
ayuntamientos contarán con sus
respectivos suplentes.
Los conceptos que señala el
Artículo 15 de esta Constitución,
serán aplicables para el desarrollo
de la fórmula de asignación aquí
prevista.
Se entenderá por votación
válida, la sumatoria de los
votos obtenidos por los
partidos politicos y coaliciones
en el municipio de que se trate.
Los integrantes de los
ayuntamientos contarán con sus
respectivos suplentes.
Los conceptos que señala el
Artículo 15 de esta Constitución,
serán aplicables para el desarrollo
de la fórmula de asignación aquí
prevista.
Como se aprecia en el cuadro, la reforma consiste en establecer
la elección directa de los regidores de los Ayuntamientos de la entidad
a través de zonas municipales en que se dividan los municipios por
parte de la autoridad electoral, manteniéndose el mismo número de
regidores por ambos principio que actualmente integran los
Ayuntamientos.
III.- ASPECTOS PARTICULARES
A) ANÁLISIS PARTICULAR DE LA INICIATIVA
La presente iniciativa de reforma al artículo 79 de la Constitución
Política del Estado de Baja California, consistente en elegir de manera
directa y por mayoría relativa a los regidores de los Ayuntamientos del
Estado, mediante la división territorial de los municipios por parte de la
autoridad electoral en base a la población de cada uno de ellos
denominadas zonas municipales, en los rangos que se establecen en el
mismo precepto constitucional, no contraviene el marco jurídico
nacional y local en esta materia, en virtud de que subsistirá en la
norma la integración de los Ayuntamientos del Estado por el principio
de representación proporcional en los términos que exige la
Constitución General de la República en el artículo 115 fracción VIII.
465
El marco jurídico vigente a nivel federal y local en la integración de
los Ayuntamientos previsto de manera específica, es el siguiente:
Artículo 115, fracción VIII de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos:
Artículo 115.- Los estados adoptarán para su régimen interior, la
forma de gobierno republicano, representativo, popular, y
teniendo como base de su división territorial y de su organización
política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases
siguientes:
I. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de
elección popular, integrado por un Presidente Municipal y el
número de regidores y síndicos que la ley determine. La
competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal
se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.
VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de
representación proporcional en la elección de los ayuntamientos
de todos los municipios.
Artículo 78, primer párrafo y 79 de la Constitución Política del
Estado de Baja California, se omite éste último por obvia repetición y
ser el precepto que se propone reformar:
ARTÍCULO 78.- Los Ayuntamientos se compondrán de munícipes
electos por el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal
e intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional.
Artículo 4, primer párrafo de la Ley del Régimen Municipal del
Estado de Baja California:
ARTÍCULO 4.- Del Órgano de Gobierno Municipal.- El
Ayuntamiento, es el órgano de gobierno del Municipio; se
integra por un Presidente Municipal, un Síndico Procurador y el
número de regidores que establezca la Ley Electoral, de
466
conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California.
Como se advierte, la Ley fundamental establece que los
Ayuntamientos en todo el territorio nacional se integrarán con un
Presidente Municipal y los regidores y síndicos que la ley determine. El
primer aspecto medular que se destaca de este imperativo es que no
establece un número determinado de regidores y síndicos que deban
integrar los Ayuntamientos; y el segundo punto, y que se desprende
del primero, es que deja que el legislador local establezca en la ley el
número de estos servidores públicos de elección popular.
Esta lógica jurídica que el constituyente plasmó en este precepto
se debe a que cada Ayuntamiento tiene características y necesidades
distintas, empezando por el número de habitantes y el territorio en que
se asientan. Estas condiciones son determinantes para establecer el
número de regidores y de síndicos en cada Ayuntamiento.
Asimismo, se establece que las leyes de los Estados introducirán
el principio de representación proporcional en la integración de los
Ayuntamientos de todos los municipios. Como sabemos, en la elección
de los legisladores del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos en
todos los Estados de la República se eligen en base a dos principios: de
mayoría relativa y de representación proporcional. El sufragio será
universal, libre, secreto y directo ordena la Carta Magna en el inciso a),
fracción IV, artículo 116. Mediante la característica del voto directo es
que se eligen a los candidatos a diputados y presidentes municipales en
una circunscripción territorial, lo que se conoce como elección por el
principio de mayoría relativa. En lo tocante al principio de
representación proporcional para elegir a los integrantes de los
Ayuntamientos, la Constitución General ordena en forma especial en el
artículo 115 fracción VIII que en todos los municipios se introducirá el
principio de representación proporcional para efecto de elegir a los
integrantes del Ayuntamiento.
A nivel local, el primer párrafo del artículo 78 de la Constitución
ordena de manera puntual y sintetizando lo estipulado por las normas
de la Constitución Política de la República en esta materia, que los
Ayuntamientos se compondrán de munícipes electos por el sufragio
universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y mediante
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
Asimismo, el artículo 79 establece la integración de cada Ayuntamiento
467
por ambos principios, y requisitos que se deben cumplir para tener
derecho a regidores de representación proporcional, así como la
fórmula general que deba aplicarse para este efecto.
Las leyes secundarias a nivel local que regulan esta materia, son
la Ley del Régimen Municipal para el Estado de Baja California y la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales de Baja California. El
primer ordenamiento regula las bases del régimen municipal y de las
funciones de los Ayuntamientos; el segundo, de la elección e
integración de los Ayuntamientos.
En resumen, el marco jurídico de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos establece que en la integración de los
Ayuntamientos se deberán aplicar los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, sin especificar el número de sus
integrantes (regidores y síndicos) y las modalidades que deban
aplicarse en estos sistemas de elección.
Cada Estado de la República, en base a lo estipulado en la Ley
fundamental, ha incorporado ambos sistemas de elección en la
integración de los Ayuntamientos con diferentes variantes, optando por
modelos o procedimientos que consideran más convenientes para la
representación política, siempre y cuando se incluyan ambos principios,
como lo exige la norma superior.
En Baja California se ha reconocido e incorporado la forma directa
de elección desde que se eligen a las primeras autoridades municipales,
y desde febrero de 1979 el sistema de representación proporcional para
la asignación de regidores por este principio. La modalidad de ambos
sistemas de elección ha variado al paso de los años, registrando
mayores variaciones el sistema de representación proporcional,
particularmente en cuanto al número de regidores y los requisitos para
tener derecho a estos cargos.
Ahora se presenta una Iniciativa que pretende cambiar
sustancialmente la modalidad de elección directa para el caso de los
regidores de los Ayuntamientos, consistente en que el electorado los
elija por voto directo. Para esto se propone la conformación de zonas
municipales que serán las circunscripciones territoriales en donde
surgirá el regidor de mayoría relativa, lo que significa eliminar las
panillas de munícipes que rige la norma vigente. También repercutirá
de manera importante en la modalidad de la designación de los
468
Regidores por el principio de representación proporcional, pues al
eliminarse las planillas de munícipes la designación se hará en base a
los porcentajes mayores obtenidos por los candidatos a Regidores por
el principio de mayoría relativa.
En lugar de planillas completas de candidatos a munícipes
integradas por un Presidente Municipal, un Síndico Procurados y el
número de Regidores según cada Municipio, los partidos políticos o
coaliciones solicitarán el registro de las fórmulas de candidatos
integradas por propietario y suplente de Presidente Municipal y Síndico
Procurador, y por separado, Regidores en cada zona municipal.
Las zonas municipales, de conformidad con la Iniciativa, serán
determinadas por el Consejo General Electoral del Instituto Electoral y
de Participación Ciudadana, procurando la mayor proporcionalidad en la
cantidad de habitantes entre las mismas. El número de zonas estaría
en función del número de Regidores que actualmente se integran los
Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa.
Cabe puntualizar entonces los efectos jurídicos y prácticos de esta
reforma para una mejor comprensión de su contenido y alcance:
1.- No se reducirá el número de Regidores de mayoría relativa y
de representación proporcional en los Ayuntamientos del
Estado.
En efecto, el número de regidores que integran cada uno de los
cinco Ayuntamientos en el Estado por el principio de mayoría relativa y
de representación proporcional se mantendrá sin variación, tal y como
lo prevé la propuesta de reforma, no obstante repercutir
significativamente en la modalidad de amos sistemas de elección. Para
el caso de los Regidores de representación proporcional no se tendrá
que solicitar el registro de planillas ante la autoridad electoral en virtud
de que éstos surgirán de los mismos candidatos a Regidores por el
principio de mayoría relativa que competirán en las zonas municipales
que correspondan, sin embargo, la asignación de de regidores por
ambos principios se mantiene con los mismos números que señala la
norma vigente. Lo anterior se advierte en la misma propuesta para
elegir a los Regidores por voto directo, tal como se prevé en la fracción
II del artículo 79 constitucional, en los siguientes términos:
II.- La elección de regidores por mayoría se realizará en los
siguientes términos:
469
a) En los municipios de las características indicadas en el inciso
a) de la fracción anterior, de dividirá el número de regidores por
mayoría a elegir, conformando así una zona municipal en la cual
habrá de elegirse un regidor por mayoría;
b) En los municipios de las características indicadas en el inciso
b) de la fracción anterior, de dividirá el número total de
secciones electorales entre el número de regidores por mayoría
a elegir, conformando así una zona municipal en la cual habrá
de elegirse un regidor por mayoría;
c) En los municipios de las características indicadas en el inciso
c) de la fracción anterior, de dividirá el número total de
secciones electorales entre el número de regidores por mayoría
a elegir, conformando así una zona municipal en la cual habrá
de elegirse un regidor por mayoría;
Esta reforma respeta el mandato constitucional de incorporar los
principios de representación proporcional y mayoría relativa en la
integración de los Ayuntamientos, con la única variante en éste último
en la forma o procedimiento de su elección.
2.- No se altera el derecho de los partidos políticos de la
representación política ante los Ayuntamientos por ambos
principios.
La nueva modalidad que se pretende implantar en la norma
constitucional, puede altera los derechos de los partidos políticos o
coaliciones en materia de registro de candidatos a munícipes, como
también en la asignación que deba hacer la autoridad electoral de los
Regidores de mayoría relativa y de representación proporcional. En
este último, la iniciativa mantiene el mínimo de porcentaje de la
votación emitida en cada Municipio para tener derecho a Regidores por
este principio que es de 3%, como se puede constatar en el contenido
de la fracción III de la propuesta (II de la norma vigente) del artículo
79 de la Constitución local, cuyo contenido es el siguiente:
III.- Para que los partidos políticos o coaliciones tengan derecho a la
asignación de regidores por el principio de representación proporcional,
deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Haber obtenido el registro de regidores por mayoría relativa
en todas las zonas municipales en el Municipio que corresponda;
470
b) Haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación
emitida para regidores de mayoría en el municipio
correspondiente; y
c) No haber obtenido la totalidad de las constancias de mayoría
en el municipio constancia de mayoría respectiva. (sic)
En ningún caso un partido politico o coalición podrá obtener por
ambos principios más del total de regidores por mayoría en
cada municipio.
Cabe acotar en este punto, y que se ha hecho referencia con
antelación, es que en lugar del registro de todos los candidatos en una
planilla única, como lo exige la norma vigente, los partidos politicos o
coaliciones tendrán que solicitar el registro de las fórmulas de
candidatos a Regidores por cada zona municipal, lo cual puede
restringir y lesionar los derechos de estos. Y es precisamente el inciso
a) de esta fracción que se propone, consistente en “haber obtenido el
registro de regidores por mayoría relativa en todas las zonas
municipales en el Municipio que corresponda”, eliminando así las
planillas de candidatos.
3.- Se establece el voto diferenciado para Presidente Municipal y
Síndico Procurador, respecto de los Regidores.
Con este esquema que se propone los electores tendrían los
electores que votar de manera diferenciada por el Presidente Municipal
y Síndico Procurador respecto de los Regidores, independientemente
del partido político o coalición que los hayan postulado, lo que daría
lugar a una confusión con los riesgos de la misma elección.
Como se señala en la exposición de motivos, de acuerdo a la
norma vigente los ciudadanos deben elegir a la planilla completa que
haya registrado un partido político o coalición de partidos, “…ya que
su única opción es votar por las planillas que le presenten los
partidos políticos, sin que pueda distinguir entre quien desea
que sea su presidente municipal y quienes sus regidores,
perdiéndose así la esencia de votar para elegir a sus
gobernantes”, la incorporación de esta reforma el elector emitirá dos
votos, uno para la fórmula de candidatos a Presidente Municipal y
Síndico Procurador y otro para un Regidor, que obviamente pueden ser
471
del mismo partido político o coalición o de diferentes partidos políticos o
coaliciones.
Por todo lo anterior, consideramos que la presente iniciativa de
Reforma al artículo 15 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California, objeto del análisis realizado en este
proyecto de Dictamen por las Comisiones Unidas de Gobernación,
Legislación y Puntos Constitucionales, y de Reforma del Estado, de este
H. Congreso del Estado de Baja California, con el apoyo y auxilio de la
Secretaría de Asuntos Parlamentarios, reúne los requisitos formales y
que está debidamente fundada y motivada, para lo cual se exponen los
siguientes:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en
su carácter de inicialista de esta XX Legislatura Constitucional del
Congreso del Estado de Baja California, presentaron ante el Pleno de
esta H. Soberanía, durante la Sesión Ordinaria de fecha 14 de abril de
2011, la Iniciativa de Reforma al artículo 79 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- Que el artículo 115 fracciones I y VIII, y 116 fracción IV,
inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ordenan que en cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento
de elección popular, integrado por un Presidente Municipal y el número
de regidores y síndicos que la ley determine. Que las leyes de los
estados introducirán el principio de representación proporcional en la
elección de los ayuntamientos de todos los municipios. Asimismo, que
las elecciones de los Gobernadores, de los miembros de las legislaturas
locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante
sufragio universal, libre, secreto y directo;
TERCERO.- Que el artículo 78 de la Constitución Política del Estado de
Baja California, señala que los Ayuntamientos se compondrán de
munícipes electos por el sufragio universal, libre, secreto, directo,
personal e intransferible y mediante los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional.
CUARTO.- Que de conformidad con el artículo 27 fracción I, de la
Constitución Política Local, el Congreso del Estado tiene la facultad de
legislar sobre todos los ramos que sean de la competencia del Estado y
reformar, abrogar y derogar las leyes y decretos que expidieren, así
472
como participar en las reformas a esta Constitución, observando para el
caso los requisitos establecidos.
QUINTO.- Que de conformidad con el artículo 55, tercer párrafo, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, las
comisiones de dictamen legislativo conocerán de las iniciativas
que correspondan a su materia y serán las responsables de su
dictaminación. Elaborarán informes y opiniones, respecto de los
asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de
información, evaluación y control que les correspondan.
______________________________
Por todo lo anteriormente expuesto, las Comisiones Unidas de
Reforma del Estado y de Gobernación, Legislación y Puntos
Constitucionales del Congreso del Estado de Baja California,
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente
proyecto de Dictamen de las doce Inicitivas de reforma a diversos
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, al tenor de los siguientes Considerandos:
CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Que es facultad del Congreso del Estado, de conformidad
con el artículo 27 fracción I Y 28 fracción I de la Constitución del
Estado Libre y Soberano de Baja California, legislar, reformar, abrogar
y derogar las Leyes y Decretos Estatales así como participar en las
reformas a la Constitución.
SEGUNDO. Que de conformidad con el artículo 55, tercer párrafo, de
la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, las
comisiones de dictamen legislativo conocerán de las iniciativas que
correspondan a su materia y serán las responsables de su
dictaminación. Elaborarán informes y opiniones, respecto de los
asuntos que se les turnan; y ejercen las facultades de información,
evaluación y control que les correspondan.
TERCERO. Que las Iniciativas de reforma que modifican y adicionan los
artículos 5, 8, 16, 27, 46, 68, y 78 de la Constitución Política del
473
Estado Libre y Soberano, de Baja California que establecen la
revocación de mandato de los gobernantes que han sido electos
mediante el voto, se inscribe en la ampliación de los derechos de los
ciudadanos en el Estado en consonancia con los principios
fundamentales del Estado mexicano que se acrisolan en la sentencia
constitucional de que la soberanía nacional reside esencial y
originariamente en el pueblo.
CUARTO. Que la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y
adiciona los artículos 27 y 49 de la Constitución Política del Estado de
Baja California, para instituir la ratificación de los nombramientos de
los Secretarios de Educación y Bienestar Social, de Salud, de
Desarrollo Social y de Seguridad Pública, así como de los Titulares de
las entidades paraestatales, resulta jurídica y legalmente procedente,
por las consideraciones vertidas en el cuerpo del presente instrumento.
QUINTO. Que la Iniciativa de reforma a diversos artículos de la
Constitución Política del Estado de Baja California, como son el 5, 8,
14, 15, 18, 42, 49, 79, 93 y 94, es procedente en base al estudio y
análisis exhaustivo contenido en el cuerpo de este proyecto, bajo un
orden temático, de las propuestas que son viables jurídicamente por
estar en congruencia y armonía con el sistema jurídico nacional y local
de nuestro país.
SEXTO. Que la Iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado de Baja California, por el que se adiciona el párrafo octavo al
artículo 5 y fracción IV al artículo 92, a fin de establecer la
aplicación de exámenes para la detección drogas de abuso (antidopaje)
a candidatos a ocupar un cargo de elección constitucional, así como a
quienes desempeñen cargo, empleo o comisión de primer nivel en los
Ayuntamientos o en los Poderes del Estado, es legalmente procedente
en virtud de las razones y consideraciones vertidas en el cuerpo de este
documento.
OCTAVO. Que la Iniciativa de reforma a la Constitución Política del
Estado de Baja California en su precepto 79, para establecer la figura
de Síndico Social en los Ayuntamientos comprendidos en los rangos
poblacionales previstos en la norma, no contraviene el marco jurídico
nacional y local en esta materia, en virtud de que la integración de los
Ayuntamientos se realizará en los términos que exige la Constitución
General de la República y la particular del Estado de Baja California,
474
mediante los principios de mayoría relativa y de representación
proporcional.
NOVENO. Que la Iniciativa de reforma al artículo 34 de la
Constitución Política del Estado de Baja California, cuya parte medular
consiste en regular los plazos para agilizar la promulgación y
publicación de las leyes por parte del Ejecutivo del Estado que sean
expedidas por el Congreso del Estado, o bien a hacer las
observaciones correspondientes en el plazo de 8 días naturales o en su
caso la publicación de la misma en los 10 días posteriores al plazo
antes aludido, y en caso contrario, de considerarse promulgado el
proyecto de ley o decreto, facultándose al Presidente del Congreso
para ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado sin que
se requiera refrendo, y así concluir el proceso legislativo, no
contraviene norma alguna del sistema jurídico nacional o local, por
tanto es procedente en los términos planteados.
DÉCIMO. Que la Iniciativa de reforma a los artículos 22, 36 y 49 de
la Constitución Política del Estado de Baja California, consistente en
que el trámite que se le dará a las Iniciativas de ley o decreto que el
Ejecutivo del Estado presente al Congreso del Estado con carácter
preferente, en donde exponga las razones para que sea atendida con
ese carácter, será estudiada, discutida y votada en forma prioritaria, es
legalmente procedente por estar en consonancia con el marco jurídico
aplicable.
DÉCIMO PRIMERO.- Que en fecha 21 de septiembre de los corrientes,
se celebró Sesión de las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de
Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, en cuyo orden del
día se sometió a consideración de los presentes el presente Proyecto de
Dictamen que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California en
materia político-electoral, el cual se aprobó a favor por unanimidad de
los miembros presentes, de los Diputados Víctor Hugo Navarro, Juan
Bautista Montejano de la Torre, Gustavo Magallanes Cortéz, Nancy
Guadalupe Sánchez Arredondo y Ricardo Magaña Mosqueda.
Con fundamento en los anteriores Considerandos y en todo lo
expuesto en este documento, las Comisiones Unidas que suscribimos,
475
sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente
punto:
R E S O L U T I V O:
ÚNICO: Se reforman el ARTÍCULO 5, APARTADO A. párrafo quinto,
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero, décimo
segundo; APARTADO B párrafo cuarto; APARTADO C. párrafos primero,
segundo y tercero; ARTÍCULO 8, fracción IV, inciso b); ARTÍCULO
11, párrafos tercero, cuarto y quinto; ARTÍCULO 12, párrafo primero;
ARTÍCULO 14, párrafo primero; ARTÍCULO 15, fracciones II y IV;
ARTÍCULO 18, fracción V; ARTÍCULO 22, párrafos tercero, quinto y
sexto: ARTÍCULO 27, fracción XXXII; ARTÍCULO 34 párrafo primero,
segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno,
décimo primero y décimo segundo; ARTÍCULO 35; ARTÍCULO 42,
párrafo cuarto; ARTÍCULO 49, fracción V y X; ARTÍCULO 79, párrafo
primero; ARTÍCULO 93, párrafos primero, segundo, tercero, cuarto y
quinto; y, ARTÍCULO 94, párrafo cuarto, quinto, sexto, séptimo,
octavo y noveno.
Se adicionan los párrafos décimo tercero y décimo cuarto del
APARTADO A; párrafos quinto y sexto del APARTADO B; párrafos
quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero del
APARTADO C; APARTADO D del ARTÍCULO 5; párrafo sexto del
ARTÍCULO 11; fracciones I, II, III, IV y V del párrafo primero del
ARTÍCULO 12; párrafo séptimo del ARTÍCULO 22; ARTÍCULO 36;
párrafo tercero del ARTÍCULO 40; párrafos segundo, tercero y cuarto
del inciso c), fracción I del ARTÍCULO 79; fracción IV del ARTÍCULO
92; párrafos sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo primero
y décimo segundo del ARTÍCULO 93; y, párrafo décimo del
ARTÍCULO 94.
Se derogan el inciso c) de la fracción I del ARTÍCULO 15; párrafos
segundo, décimo tercero y décimo cuarto del ARTÍCULO 34; párrafo
segundo de la fracción V del ARTÍCULO 49. Todos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 5.- …
…
476
…
…
…
…
…
APARTADO A. …
…
…
…
Corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho para
solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, y
podrán hacerlo de manera unipartidista o mediante las figuras de
coalición o candidato común, conforme lo establezca la ley de la
materia.
Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán
registrar por lo menos con quince días de anticipación a la
celebración de la jornada electoral, sus compromisos de campaña
ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el cual
tendrá la obligación de registrarlos para efectos de su posterior
consulta por cualquier interesado. El Instituto, en año no electoral,
dará seguimiento de los compromisos de campaña mediante la
emisión de informes anuales, debiendo remitirlos al Congreso del
Estado.
Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán
presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la
jornada electoral, los resultados del examen para la detección de
drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta días
anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta
por cualquier interesado.
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que
señalen esta Constitución y la ley.
El acceso de los partidos políticos a los tiempos en radio y televisión
se estará a lo previsto en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y leyes aplicables.
477
Los partidos políticos de acuerdo a las disponibilidades
presupuestales, recibirán en forma equitativa, financiamiento
público permanente y de campaña electoral, para la realización de
sus fines.
La Ley determinará los montos máximos a que se sujetarán las
aportaciones de los simpatizantes de los partidos políticos, cuya
suma total anual no excederá el diez por ciento del tope de gastos
de campaña que se determine para la última campaña de
gobernador actualizada en términos de Ley.
La Ley establecerá los medios de justificación del gasto y los plazos
o modalidades de las entregas, así como los procedimientos para la
fiscalización del origen y aplicación de los recursos que ejerzan los
partidos políticos en Baja California; igualmente señalará las bases
bajo las cuales se determinarán los límites o topes a las erogaciones
de los partidos políticos en sus precampañas y campañas
electorales.
El procedimiento para la liquidación de los partidos políticos
estatales que pierdan su registro y el destino de sus bienes y
remanentes, se hará en los términos que establezca la Ley.
El incumplimiento de las normas que regulen la comprobación de
ingresos, egresos, topes de gastos y aportaciones, así como la
liquidación de los partidos políticos, serán sancionados en los
términos que señale la Ley.
APARTADO B. …
…
…
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana agrupará para su
desempeño, en forma integral y directa, además de las que
determine la Ley, las actividades relativas a la capacitación y
educación cívica, geografía electoral, derechos y prerrogativas de
los partidos políticos, impresión de materiales electorales,
preparación de la Jornada Electoral, cómputos, otorgamiento de
constancias de mayoría, y asignaciones por el principio de
representación proporcional. Así como lo relativo a la regulación de
la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con
fines electorales. Además, tendrá a su cargo en los términos que
478
señale esta Constitución y la Ley, la realización de los procesos de
Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
APARTADO C. Participación Ciudadana.
Los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana serán la
Consulta Popular, el Plebiscito, el Referéndum y la Iniciativa
Ciudadana.
La Ley fomentará, impulsará, promoverá y consolidará los
instrumentos y mecanismos de participación ciudadana; igualmente
establecerá las reglas que permitan regular el proceso democrático
de participación ciudadana en el ámbito de competencia del Estado
y de los Ayuntamientos, sujetándose a las bases que establece esta
Constitución.
Los principios rectores de la participación ciudadana serán la
libertad, la democracia, la justicia, la corresponsabilidad, la
solidaridad, la subsidiariedad, la legalidad, la sustentabilidad, la
tolerancia y la equidad.
Tratándose de Plebiscito, Referéndum y Consulta Popular, la
participación ciudadana podrá realizarse a través de medios
electrónicos, en los términos que determine la Ley.
479
La Consulta Popular se realizará sobre temas de amplio interés
estatal, siempre que así lo acuerde el Congreso, a solicitud de
cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, del
Gobernador, o de por lo menos el dos por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores.
Cuando la participación en la Consulta Popular corresponda, al
menos, al veinte por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista
nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los Poderes
del Estado y demás autoridades competentes.
No podrán ser objeto de Consulta Popular la materia electoral; los
ingresos, egresos o el régimen interno y de organización de la
administración pública del Estado; la seguridad pública; los actos de
expropiación o limitación a la propiedad particular; y los demás
cuya realización sea obligatoria en los términos de la Ley.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tendrá a su cargo
la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de
la Consulta Popular. Asimismo, tratándose de la solicitud ciudadana,
verificará que se acompañe de las firmas correspondientes, a
solicitud del Congreso, realizando la certificación respectiva.
La Consulta Popular, Plebiscito y Referéndum, que se celebren en
años electorales, deberán realizarse el mismo día de la jornada
electoral para la celebración de elecciones ordinarias en el Estado.
La Iniciativa Ciudadana es el mecanismo mediante el cual los
ciudadanos del Estado podrán presentar propuestas para crear,
modificar, reformar, adicionar, derogar o abrogar leyes o decretos,
con las excepciones y demás requisitos que contemple la Ley. La
Iniciativa Ciudadana podrá presentarse por escrito ante el Congreso
del Estado, siempre que se acompañe de los nombres y firmas de
por los menos quinientos ciudadanos incluidos en la lista nominal de
electores del Estado.
APARTADO D. Justicia Electoral.
Para garantizar el principio de legalidad de los actos y resoluciones
electorales se establecerá un sistema de medios de impugnación en
los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y
480
garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos
de votar, ser votado y de asociación, en los términos de la fracción
III del Artículo 68 de esta Constitución. Además, este sistema
deberá observar la garantía de audiencia y los principios de
publicidad, gratuidad, economía, prontitud y concentración procesal.
En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación
constitucionales y legales no producirá efectos suspensivos sobre la
resolución o el acto impugnado.
Los actos o resoluciones dictados con motivo del desarrollo de los
instrumentos y mecanismos de participación ciudadana relativos a
la Consulta Popular, Plebiscito o Referéndum, podrán ser
impugnados ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial
del Estado, en los términos que señale la Ley.
ARTÍCULO 8.- …
I.- a la III.- …
IV.- …
a) …
b) Participar en los términos de esta Constitución y de la Ley, en
los procesos de Consulta Popular, Referéndum, Iniciativa
Ciudadana, Plebiscito y Revocación de Mandato;
c) a la e).- …
V.- a la VI.- …
TÍTULO SEGUNDO
CAPÍTULO I
DEL PODER PÚBLICO Y DE LA FORMA DE GOBIERNO
ESTATAL Y MUNICIPAL
ARTÍCULO 11.- …
…
481
No pueden reunirse dos o más poderes en una sola persona o
corporación ni depositarse el Legislativo en un sólo individuo.
Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo
estatal, garantizando que éste sea integral y sustentable,
asegurando de manera simultánea, el crecimiento económico, la
equidad y la sustentabilidad ambiental.
El Municipio es el orden de gobierno representativo de la voluntad
de los ciudadanos.
Las relaciones entre el Municipio y el Gobierno del Estado, se
conducirán por los principios de subsidiariedad y equidad, en los
términos de esta Constitución, con el propósito de lograr el
desarrollo social y humano tendientes a mejorar la calidad de vida
de los habitantes del Estado.
CAPÍTULO II
DE LA REVOCACIÓN DE MANDATO
ARTÍCULO 12.- Es revocable el mandato de los servidores
públicos de elección popular, en los términos que dispone esta
Constitución y las leyes de la materia, a través de los
mecanismos siguientes:
I. Por los ciudadanos, por responsabilidad política, mediante el
juicio político, que podrá interponer cualquier ciudadano;
II. Por responsabilidad penal, mediante la declaración de
procedencia;
III. Por la incapacidad total y permanente para ejercer el cargo;
que será declarada por autoridad judicial y ratificada por el
Congreso del Estado.
IV. De conformidad a lo dispuesto en la fracción I del artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
corresponde al Congreso del Estado, la Revocación del Mandato y
separación definitiva de un Munícipe, por causa grave que
determine la Ley, y a petición del Ayuntamiento correspondiente,
siempre y cuando el afectado haya tenido oportunidad suficiente
482
para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio
convengan.
V. En los casos en que lo acuerde o solicite la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, conforme a las disposiciones aplicables.
ARTÍCULO 14.- El Congreso del Estado estará integrado por
Diputados que se elegirán cada tres años; electos mediante
sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible;
diecisiete serán electos en forma directa mediante el principio de
mayoría relativa, uno por cada Distrito Electoral en que se divida el
territorio del Estado, y en su caso, hasta nueve Diputados electos
por el principio de representación proporcional en una
circunscripción estatal. Por cada Diputado Propietario se elegirá un
Suplente.
…
…
ARTÍCULO 15.- ...
I.- …
II.- El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Baja California una vez verificados los requisitos de la fracción
anterior, asignará un Diputado a cada partido político o coalición
que tenga derecho a ello, la cual corresponderá a quien ocupe el
primer lugar en la lista a que se refiere el inciso c), de la fracción I
de este artículo.
…
III.- …
IV.- Ningún partido político o coalición podrá tener más de
diecisiete Diputados por ambos principios, y
V.- …
ARTÍCULO 18.- …
I.- a la IV.- …
483
V.- Los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores, Síndicos
Sociales, y Regidores de los Ayuntamientos, salvo que se separen
de sus cargos en forma provisional, noventa días antes del día de
la elección;
VI.- a la VII.- …
ARTÍCULO 22.- …
…
En cada Período de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de
manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica, así
como de las iniciativas que el Gobernador del Estado haya señalado
con ese carácter conforme a esta Constitución.
…
Adicionalmente a lo dispuesto en el párrafo anterior, los Titulares
de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, incluido el Secretario
General de Gobierno y el Procurador General de Justicia del Estado,
así como los titulares e integrantes de Consejos Municipales,
Directores Generales o sus equivalentes de las entidades
paraestatales, estarán obligados a acudir a comparecer, bajo
protesta de decir verdad, ante el Pleno o las Comisiones
respectivas, cuando así lo acuerde el Congreso, por votación
mayoritaria de sus integrantes.
En el Primer Período Ordinario, antes de concluir el año,
examinará, discutirá, y en su caso, modificará y aprobará las Leyes
de Ingresos del Estado y de los Municipios, así como los
presupuestos de Egresos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial y de los organismos públicos autónomos, correspondiente
al siguiente Ejercicio Fiscal, en los términos de la ley de la materia.
Si al iniciarse el año fiscal correspondiente, el Congreso del Estado
no hubiese aprobado las leyes de ingresos del Estado y de los
Municipios, así como los presupuestos de Egresos
correspondientes, en tanto sean expedidas, continuará rigiendo el
Presupuesto que hubiere estado vigente el año anterior.
En el Segundo Período Ordinario de cada año, el Congreso deberá
concluir la revisión, análisis, dictaminación y, en su caso,
aprobación o no aprobación, de las Cuentas Públicas recibidas en el
ejercicio anterior, que hayan sido fiscalizadas en los términos de la
Ley de la materia.
484
ARTÍCULO 27.- …
I.- a la XXXI.- …
XXXII.- Ratificar, en un plazo de diez días naturales a partir de que
los reciba, los nombramientos que el Gobernador haga de los
Secretarios General de Gobierno, de Planeación y Finanzas, de
Educación y Bienestar Social, de Salud, de Desarrollo Social, y de
Seguridad Pública; así como los titulares de las entidades
paraestatales. Vencido el plazo anterior, sin que se haya emitido
resolución alguna, se entenderán como ratificado el aspirante
propuesto.
El Congreso podrá acordar la no ratificación de los aspirantes
propuestos, hasta en dos ocasiones continuas respecto al cargo
que se proponga, en cuyo caso el Gobernador procederá
libremente a hacer la designación correspondiente;
XXXIII.- a la XXXVIII.- …
ARTÍCULO 34.- Si el Ejecutivo juzga conveniente hacer
observaciones a un proyecto aprobado por el Congreso, podrá
negarle su sanción y devolverlo con sus observaciones a este Poder
dentro de los quince días siguientes a aquel en que se le haga
saber, o para que tomadas en consideración, se examine y se
discuta de nuevo.
A. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto que no se
devuelva con observaciones al Congreso dentro de los
mencionados términos. Vencido el plazo a que se refiere el párrafo
anterior, el Ejecutivo dispondrá de diez días para promulgar y
publicar la ley o decreto. Transcurrido este segundo plazo, la ley o
decreto será considerado promulgado y el Presidente del Congreso
ordenará dentro de los quince días siguientes su publicación en el
Periódico Oficial del Estado, sin que se requiera refrendo.
B. El proyecto de decreto o de ley al que se hubieren hecho
observaciones, será promulgado y publicado si el Congreso en un
plazo de treinta días contados a partir del día siguiente a que
reciba las observaciones, vuelve a aprobarlo por dos tercios del
485
número total de sus miembros. Vencido este plazo, se tendrá por
no ratificado el proyecto de que se trate.
Los proyectos de decreto o de ley que hubieren sido objetados por
el Ejecutivo, conforme a esta Constitución, y que hayan sido
ratificados por el Congreso en el plazo indicado en el párrafo
anterior, deberán ser promulgados y publicados en un término que
no exceda de cinco días, contados a partir de la fecha en que
hayan sido remitidos nuevamente al Ejecutivo.
C. Los proyectos de ley y los decretos aprobados por el Congreso,
se remitirán al Ejecutivo firmados por el Presidente y el Secretario
del Congreso, en un plazo máximo de diez días a su aprobación. En
un plazo similar, se deberán remitir a los Ayuntamientos, las
iniciativas de adición o reforma a esta Constitución, que haya sido
aprobada por acuerdo de las dos tercias partes del número total de
Diputados, para los efectos previstos en el artículo 112 de esta
Constitución.
Las leyes, ordenamientos y disposiciones de observancia general
que hayan sido aprobados por el Congreso del Estado y
sancionadas por el Ejecutivo deberán ser promulgados y publicados
en el Periódico Oficial del Estado.
D. Si los reglamentos, circulares y demás disposiciones de
observancia general, no fijan el día en que deben comenzar a
observarse, serán obligatorias tres días después de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado.
E. Las leyes que expida el Congreso del Estado, excepto las de
índole tributario o fiscal, podrán ser sometidas a Referéndum,
conforme lo disponga la Ley.
F. Los asuntos que sean materia de acuerdo, se sujetarán a los
trámites que fije la Ley.
G. El Gobernador del Estado no podrá hacer observaciones sobre
los decretos que manden abrir o cerrar sesiones del Congreso, los
emitidos por éste cuando actúe en funciones de Jurado de
Sentencia y las reformas constitucionales aprobadas en los
términos del artículo 112 de esta Constitución.
486
H. El Congreso del Estado tendrá facultades plenas para expedir,
reformar, adicionar o abrogar la ley que regulará su estructura y
funcionamiento internos. Esta Ley o las reformas a la misma no
podrán ser sujetas a observaciones, ni necesitarán de sanción,
promulgación y publicación del Ejecutivo del Estado para tener
vigencia.
ARTÍCULO 35.- Cuando en esta Constitución o en la Ley, se
señale que una atribución que ejerza el Congreso del Estado debe
ser aprobada por mayoría calificada o por dos terceras partes de
sus integrantes, se entenderá que se requieren por lo menos
dieciocho votos de los Diputados.
ARTÍCULO 36.- El día de la apertura de cada periodo de sesiones
ordinarias del Congreso del Estado, el Gobernador podrá presentar
hasta dos iniciativas para trámite preferente, o señalar con tal
carácter alguna que hubiere presentado en periodos anteriores y
no hayan sido votadas en el Pleno del Congreso. Asimismo deberá
sustentar las razones por las que otorga dicho carácter a cada
iniciativa.
Cada iniciativa deberá ser discutida y votada en las Comisiones de
dictamen legislativo que corresponda, así como en el Pleno del
Congreso, durante el periodo de sesiones ordinarias en que se
presente. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor
trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en
la última sesión de dicho periodo.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Congreso regulará el
trámite legislativo de las iniciativas que el Gobernador presente o
señale con carácter preferente, así como las sanciones aplicables a
los Diputados que infrinjan los plazos y términos previstos en esta
Constitución, por el ejercicio de esta facultad.
ARTÍCULO 40.- …
…
La administración de las entidades paraestatales estará a cargo del
titular de la entidad, y por un órgano de gobierno integrado con no
menos de cinco ni más de trece integrantes propietarios, de los
cuales la mayoría deberá pertenecer a la administración pública.
Los titulares de las entidades paraestatales deberán ser ratificados
487
por el Congreso del Estado, en los términos del artículo 27 de esta
Constitución.
ARTÍCULO 42.- …
…
…
Los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, Diputados
locales, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores, Síndicos
Sociales, y Regidores de los Ayuntamientos, salvo que se separen de
sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la
elección.
ARTÍCULO 49.- …
I.- a la IV.- …
V.- Rendir un informe general, por escrito, del estado que guarde la
Administración Pública, remitiéndolo al Congreso a la apertura del
primer periodo de sesiones ordinarias; sin perjuicio de lo anterior,
podrá emitir un mensaje ante el Congreso, bajo protesta de decir
verdad, en cuyo caso cada grupo parlamentario tendrá derecho a
expresar su opinión sobre el contenido del mismo. Tanto el
Gobernador del Estado, como los grupos parlamentarios, tendrán por
una sola ocasión, derecho de réplica.
VI.- a la IX.- …
X.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás
funcionarios y empleados cuyo nombramiento y remoción no
corresponda a otra autoridad. Los nombramientos de los Secretarios
General de Gobierno, de Planeación y Finanzas, de Educación y
Bienestar Social, de Salud, de Desarrollo Social, y de Seguridad
Pública; así como los titulares de las entidades paraestatales, estará
sujeta a la ratificación del Congreso conforme lo señala esta
Constitución;
XI.- a la XXV.- …
ARTÍCULO 79.- Los Ayuntamientos se integrarán por un Presidente
Municipal; hasta por dos Síndicos, uno electo por el principio de
488
mayoría relativa, y otro, por el principio de representación
proporcional; y por Regidores de mayoría relativa y de
representación proporcional, en el número que resulte de la
aplicación a cada Municipio de las siguientes bases:
I.- …
a) a la c) …
Los Municipios comprendidos en los rangos poblacionales previstos
en el inciso a) de esta fracción, tendrán un Síndico Procurador electo
por mayoría relativa.
Los Municipios comprendidos en los rangos poblacionales previstos
en los incisos b) y c) de esta fracción, tendrán un Síndico Procurador
electo por mayoría relativa, y un Síndico Social electo por el principio
de representación proporcional.
El Síndico Social le será asignado al partido político que, por sí
mismo o en coalición, haya ocupado el segundo lugar en número de
votos para la elección de munícipes, correspondiendo al candidato a
Síndico registrado en la planilla respectiva.
II.- a la III.- …
ARTÍCULO 92.- …
I.- a la III.- …
…
…
…
…
…
IV.- Se establecerá la obligación de los servidores públicos de
elección popular, así como de los que desempeñen empleo, cargo o
comisión de primer nivel en los Poderes del Estado, Ayuntamientos y
los órganos autónomos, de someterse anualmente a examen para la
detección de drogas de abuso.
ARTÍCULO 93.- En materia de Juicio Político y Moción de Censura,
489
se observarán las siguientes bases:
A. Del Juicio Político.- Podrán ser sujetos de Juicio Político: los
Diputados del Congreso del Estado, Magistrados del Poder Judicial
del Estado, Consejeros de la Judicatura del Estado, Secretario
General de Gobierno, Titulares de las Secretarías del Ejecutivo del
Estado, Procurador General de Justicia del Estado, Procurador de los
Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, Jueces, Presidentes Municipales, Regidores, Síndicos
Municipales y demás miembros de los Ayuntamientos de Elección
Popular, Consejos Municipales, Directores Generales o sus
equivalentes de los Organismos Descentralizados, Empresas de
Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a
éstas y Fideicomisos Públicos.
En el caso de los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal,
incluido el Secretario General de Gobierno, así como a los Directores
Generales o sus equivalentes de los Organismos Descentralizados,
Empresas de Participación Mayoritaria, Sociedades y Asociaciones
asimiladas a éstas y Fideicomisos Públicos, además del Juicio Político,
se les podrá remover de su cargo por medio de la Moción de
Censura.
Las sanciones en el Juicio Político consistirán en la destitución del
servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones,
cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público
por un período de seis meses hasta veinte años.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el
Congreso del Estado, a través de una comisión instruirá el
procedimiento respectivo que concluirá en proposiciones concretas
sobre la responsabilidad del inculpado previa audiencia de éste.
El Congreso del Estado concurriendo cuando menos las dos terceras
partes del número total de sus miembros, se erigirá en Jurado de
Sentencia una vez practicadas las diligencias correspondientes con
audiencias del acusado, emitirá el fallo correspondiente tomado por
acuerdo de las dos terceras partes del número total de diputados. En
ese caso no votarán quienes hayan integrado la Comisión
Instructora.
Las resoluciones que emita el Congreso del Estado, serán en ejercicio
490
pleno de su soberanía, y por lo tanto, resolverá en forma libre y
discrecional. Dichas resoluciones serán definitivas e inatacables, por
lo que no procederá juicio, recurso o medio de defensa ordinario o
extraordinario alguno en contra de las mismas.
B. De la Moción de Censura.- A petición de por lo menos una tercera
parte de los miembros del Congreso, se podrá proponer una Moción
de Censura en contra del Secretario General de Gobierno, de los
Titulares de las Dependencias del Ejecutivo Estatal, así como a los
Titulares de las Entidades Paraestatales
Para aprobar la Moción de Censura se requerirá la mayoría de votos
de los miembros presentes en caso de que el efecto sea el
apercibimiento del funcionario; y cuando el efecto sea la remoción
del cargo se requerirá el voto de las dos terceras partes de los
miembros presentes.
La Moción de Censura será discutida en una sola sesión, el servidor
público sujeto al procedimiento tendrá derecho a ser oído durante
dicho debate.
La votación no podrá llevarse a cabo en la misma sesión, sino con
posterioridad a los siguientes siete días hábiles, en caso de no
realizarse en este plazo, se tendrá por desechada y no podrá
presentarse una nueva moción de censura dirigida al mismo
funcionario, dentro de un año después.
Las decisiones que determine en esta materia el Congreso del Estado
son definitivas e inatacables.
ARTÍCULO 94.- …
…
…
El procedimiento de declaratoria de procedencia, tratándose de
delitos graves, deberá desahogarse en un plazo no mayor de sesenta
días hábiles.
En el caso de que el Gobernador del Estado, Diputados, Magistrados
del Poder Judicial del Estado y Consejeros de la Judicatura del
Estado, sean declarados responsables en Juicio Político por la
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o sujetos de
491
declaración de procedencia por la Cámara de Diputados del mismo
Congreso, la Legislatura del Estado determinará las sanciones de las
señaladas en el Artículo 93 que deban imponerse al acusado si se
está en el primer caso, o decretará la separación del Servidor Público
de que se trate del cargo que ocupa y lo hará saber así a la
Autoridad que haya solicitado la remoción del Fuero Constitucional.
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el
inculpado, será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a
proceso penal.
Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir
su función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito
cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al reo
la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier
servidor público no se requerirá declaración de procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la
legislación penal, y tratándose de delitos de cuya comisión el autor
obtenga un beneficio económico o cause daños y perjuicios
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y
con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su
conducta ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los
beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al
día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Baja California, con las consideraciones que se establecen en los
artículos subsecuentes, previo cumplimiento del procedimiento que
prescribe el Artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Baja California.
SEGUNDO.- El Congreso del Estado deberá adecuar las legislaciones
secundarias, a más tardar dentro de los ciento ochenta días
siguientes a la entrada en vigor de las presentes reformas.
492
TERCERO.- Un distrito local electoral de los diecisiete que tenga el
Estado de Baja California corresponderá al Municipio de Playas de
Rosarito.
CUARTO.- La reforma al artículo 35 de esta Constitución entrará en
vigor en la próxima renovación del Poder Legislativo del Estado de
Baja California que corresponderá a la XXI Legislatura.
QUINTO.- Las reformas a los artículos 27 fracción XXXII y 49
fracción X, del presente Decreto, entrarán en vigor el primero de
noviembre del año dos mil trece.
Dado en la Sala de Sesiones “Sala Estado 29” del H. Congreso del
Estado de Baja California, a los veintún días del mes de septiembre
del año dos mil once.
COMISIÓN DE REFORMA DEL ESTADO
DICTAMEN N° 2
DIPUTADO VÍCTOR HUGO NAVARRO GUTIÉRREZ
P R E S I D E N T E
DIPUTADO JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE
S E C R E T A R I O
493
DIPUTADO GREGORIO CARRANZA HERNÁNDEZ
V O C A L
DIPUTADO DAVID JORGE LOZANO
V O C A L
DIPUTADO GUSTAVO MAGALLANES CORTÉS V O C A L
DIPUTADA CLAUDIA JOSEFINA AGATÓN MUÑÍZ V O C A L
494
COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, LEGISLACIÓN Y PUNTOS
CONSTITUCIONALES
DIPUTADO JUAN BAUTISTA MONTEJANO DE LA TORRE
P R E S I D E N T E
DIPUTADO RICARDO MAGAÑA MOSQUEDA S E C R E T A R I O
DIPUTADO DAVID JORGE LOZANO PÉREZ
V O C A L
DIPUTADO JULIO FELIPE GARCÍA MUÑOZ
V O C A L
DIPUTADA LIZBETH MATA LOZANO V O C A L
DIPUTADA NANCY GUADALUPE SÁNCHEZ ARREDONDO
V O C A L
495
1. INICIATIVA DE REFORMA QUE MODIFICA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 5, 8
FRACCIÓN IV INCISO B, 16 PÁRRAFO SEGUNDO, 27 FRACCIÓN XXXII, 46
FRACCIÓN VI; 68 FRACCIONES II AL VI Y 78 PÁRRAFO TERCERO, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA.
2. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 5, 8, 11 Y 68 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Y SE AGREGAN LOS ARTÍCULOS 81 AL
84 DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y REFORMA DEL ARTÍCULO 128,
LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 130, LAS FRACCIONES XXXIV Y XXXV DEL
ARTÍCULO 145 Y LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
3. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 27 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, A FIN DE ESTABLECER LA RATIFICACIÓN DE
LOS NOMBRAMIENTOS Y REMOCIONES DE LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO, DE DESARROLLO SOCIAL, PLANEACIÓN Y FINANZAS, DE
SEGURIDAD PÚBLICA, ASI COMO DE LOS TITULARES DE LOS ORGANISMOS
PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS, POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO.
4. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN,
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.
5. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA
PÁRRAFO OCTAVO AL ARTÍCULO 5 Y FRACCIÓN IV AL ARTÍCULO 92, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA, A FIN DE QUE SE APLIQUEN EXÁMENES ANTIDOPAJE A
CANDIDATOS Y FUNCIONARIOS.
6. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 33 y 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, CON RESPECTO A LAS PUBLICACIONES DEL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO A FIN DE REGULAR EL “VETO DE BOLSILLO”.
7. INICIATIVA DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 22, 36 Y 49 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
CALIFORNIA.
8. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA.
9. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, ASÍ COMO AL
ARTÍCULO 213 DE LA LEY DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ELECTORALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
10. INICIATIVA DE REFORMA AL ARTÍCULO 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA
DGCL/FJTA/dgg-kvp/201
496
