ESTADO Y NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES RESÚMEN PARA EL ESTUDIANTE PROFESOR CHELO PABLO SEBASTIÁN

UNIDAD 1: A) Relaciones entre el Estado y la ciudadanía: un territorio complejo Hay una mutua necesidad que mantienen el Estado y la democracia ya que ese vínculo debe construirse y no darse por descontado. Ambos mantienen una compleja y tensa relación de doble vía porque la democracia necesita del Estado para tornar real y efectiva la promesa de ciudadanía pero al mismo tiempo le impone “un modo de operar” que resulta consistente con la expectativa de desconcentrar el poder. Esta desconcentración del poder es muy importante ya que con esa acción se evitan distorsiones y privilegios. Estas ambas caras del vínculo Estado-democracia en la Argentina reciente tiene sus vaivenes ya que en ocasiones el Estado concentra el poder (Menem, Macri) y en otras lo desconcentra (Kirchner). Lo que es incuestionable es que el Estado siempre debe tratar de proteger y de promover los derechos ciudadanos a través de la democracia.

La ciudadanía ¿Qué es la ciudadanía? Es la condición que reconoce a la persona una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un país. ¿Qué implica ser ciudadanos? Hay dos aspectos: a) Reconocimiento de la ciudadanía: Cada sociedad tiene la responsabilidad de asegurar que los requisitos para ser considerados ciudadanos sean justos. b) El ejercicio de la ciudadanía: Cada persona debe ejercer los deberes cívicos en los asuntos de importancia para la sociedad. ¿Quiénes son ciudadanos/as? En una democracia se considera ciudadano a toda persona que goza de los derechos civiles y políticos que le permiten participar en forma activa y autónoma. Para que las personas ejerzan plenamente su ciudadanía se deben respetar tres tipos de derechos: - Derechos civiles y políticos. - El derecho a participar en la producción de bienes de una sociedad. - Derecho a participar en la vida cultural de la sociedad. El ciudadano es un individuo con derechos garantizados por el Estado y con responsabilidades hacia la comunidad política de la que forma parte.

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Clasificación de los Derechos Humanos

CONCEPTO PRIMERA GENERACIÓN

SEGUNDA GENERACIÓN

TERCERA GENERACIÓN

CUARTA GENERACIÓN

ÉPOCA HISTÓRICA Y DE ACEPTACIÓN

Siglos 18 y 19. Revolución Inglesa.Revolución Francesa.

Siglos 19 y 20.Con la 2º Revolución Industrial: Revoluciones socialistas (1848; 1917).Movimientos obreros.

Siglos 20 y 21. Revoluciones anticolonialistas.Fenómenos de la globalización.

Siglo 21.Internet

TIPO DE DERECHOS

Civiles y políticos Económicos sociales y culturales

Desarrollo, paz, medio ambiente.

Informáticos. Los que surjan últimamente.

VALOR QUE DEFIENDEN

Libertades individuales

Igualdades colectivas Colectivos específicos: mujer, sexual, étnicos

Buen uso de la tecnología.

FUNCIÓN PRINCIPAL

Limitar la acción del poder, garantizar la participación política de los ciudadanos.

Garantizar unas condiciones dignas de vida para todos.

Promover relaciones pacíficas, de cooperación y productivas.

Derecho al acceso a la información. Derecho a la conectividad.

EJEMPLOS Derechos civiles: a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la propiedad, a tener un nombre.Derechos políticos: al voto, a la asociación, a la huelga.

Derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo.

Derecho a un medio ambiente sustentable, a la paz, al desarrollo, a la solidaridad. Derecho a la identidad sexual.Derechos de los pueblos originarios.

Bioética. Aborto, clonación, genética. Seguridad informática.

B) El proceso de declinación en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. La etapa pos-default, problemas con el ingreso, con el empleo y el aumento de la pobreza En 1999 asumió como presidente Fernando de la Rua cuando la recesión ya se notaba con fuerza. La estabilidad económica se convirtió en el estancamiento económico (incluso deflación en algunos casos) y las medidas económicas adoptadas no hicieron nada para impedirlo. De hecho, el gobierno continuó con las políticas de contracción económica de su predecesor Menem. La posible solución (abandono del cambio fijo, con una devaluación voluntaria del peso) se consideró un suicidio político y una receta para el desastre económico. A finales del siglo, una gran variedad de cuasi monedas había surgido. Mientras que las provincias siempre habían emitido moneda complementaria en forma de bonos y letras para hacer frente a la escasez de dinero en efectivo, el mantenimiento del régimen de convertibilidad provocó que esto se hiciera a una gran escala. La más fuerte fue el Bono Patacón de la provincia de Buenos Aires. El Estado nacional también emitió su propia cuasi-moneda, el Bono Lecop. Argentina perdió rápidamente la confianza de los inversores y la fuga de capitales fuera del país aumentó. En 2001, la gente temiendo lo peor comenzó a retirar grandes sumas de dinero de sus cuentas bancarias, dando vuelta de pesos a dólares y enviarlos al extranjero, provocando una corrida bancaria. Luego, el gobierno promulgó un conjunto de medidas, informalmente conocido como el "Corralito", que restringió la libre disposición de dinero en efectivo de plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorros. Debido a este límite de indemnización y de los graves problemas que causó en algunos casos, muchos ahorristas argentinos se

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enfurecieron y salieron a las calles de las ciudades más importantes del país, sobre todo Buenos Aires. Ellos participan en una forma de protesta popular que se conoció como "cacerolazo" (golpeando ollas y cacerolas). Estas protestas se produjeron sobre todo en 2001 y 2002. Al principio, los cacerolazos fueron solo manifestaciones ruidosas, pero pronto se incluyó la destrucción de propiedad y los saqueos, a menudo dirigida a bancos, empresas extranjeras privatizadas y hacia empresas estadounidenses y europeas, especialmente las más grandes. Muchas empresas instalaron barreras de metal, porque las ventanas y fachadas de vidrio estaban completamente rotas. Publicidad estática de empresas multinacionales como Coca-Cola y otras fueron destruidas por las masas de manifestantes. Los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos se convirtieron en algo común. Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio pero esta situación solo empeoró las cosas, ya que precipitó las violentas protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la Plaza de Mayo, donde los manifestantes se enfrentaron con la policía: terminó con varios muertos y precipitó la caída del gobierno. De la Rúa finalmente salió de la Casa Rosada en un helicóptero ese 20 de diciembre. Desde que el vicepresidente Carlos Álvarez había renunciado el 7 de octubre de 2000, se produjo una crisis política. Tras los procedimientos de la sucesión presidencial establecida en la Constitución, el presidente del Senado Ramón Puerta, asumió el cargo y la Asamblea Legislativa (la fusión de las dos cámaras del Congreso) fue convocada. Por ley los candidatos fueron los miembros del Senado además de los gobernadores de las provincias, quienes finalmente nombraron Presidente interino a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de San Luis. Éste declaró el default financiero, por lo que Argentina se declaraba insolvente para pagar las deudas contraídas. Esta acción fue muy popular entre los argentinos. Sin embargo, solo unos pocos días después de establecer el default, se descubrió que Rodríguez Saá había pagado US$ 150 millones al FMI. También presentó un proyecto diseñado para preservar el régimen de convertibilidad, apodada la "tercera moneda", que no prosperó. Los críticos llamaron a este plan "devaluación controlada". Hubo partidarios entusiastas del plan de la "tercera moneda" entre ellos Martín Redrado. Sin embargo, nunca pudo aplicarse porque el gobierno de Rodríguez Saá careció del apoyo político necesario y renunció antes de que finalizara el año. La Asamblea Legislativa fue convocada nuevamente y se nombró al ex gobernador y ex candidato presidencial Eduardo Duhalde para tomar su lugar. Y así fue. En enero de 2002 el presidente interino Eduardo Duhalde decidió dar fin a la Ley de Convertibilidad que había estado en vigor durante diez años. Un provisional "oficial" del tipo de cambio se fijó en 1,40 pesos por dólar. Además del corralito, el Ministerio de Economía dictó la pesificación, en la que todos los saldos bancarios en dólares se convertirían a pesos al tipo de cambio oficial. Esta medida enfureció a la mayoría de los ahorristas y se hizo un llamamiento por muchos ciudadanos para declarar su inconstitucionalidad. Después de unos meses el tipo de cambio se dejó flotar más o menos libremente. La situación económica era cada vez peor en lo que respecta a la inflación y el desempleo durante el año 2002. En ese momento la tasa de cambio se había disparado a cerca de 4 pesos por dólar, mientras que la inflación acumulada desde la devaluación fue del 35,2%. La calidad de vida de la media de los argentinos se redujo muchísimo. Muchas empresas cerraron o se declararon en quiebra, muchos de los productos importados se hicieron prácticamente inaccesibles y los sueldos se quedaron como estaban antes de la crisis. Varios argentinos sin hogar y sin trabajo optaron como salida laboral más rápida la de recolectores de cartón, más conocidos como cartoneros. Según una estimación de 2003, entre 30.000 y 40.000 personas recolectaban cartón de la calle para ganarse la vida mediante la venta a plantas de reciclaje. Este método se tenía en cuenta como solo una de las muchas maneras de hacer frente a un país que en ese momento sufría de una tasa de desempleo de cerca del 25%. Otros argentinos eligieron irse del país.

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C) La triple fractura distributiva, en sus dimensiones social, espacial y temporal Existen en nuestro país tres brechas distributivas a considerar: la social, la espacial y la temporal: - La brecha social: que sigue existiendo (30 a 1, el que más gana con respecto al que menos gana, midiendo ingresos, ya sean trabajadores, cuentapropistas, profesionales, jubilados pensionados percibidos en negro o en blanco). La recuperación salarial por convenios y paritarias todavía es insuficiente. - La brecha espacial: ésta refiere a cómo se distribuyen espacialmente los ingresos, la inversión y las oportunidades laborales. Las fracturas espaciales regionales también continúan. Se puede decir al respecto que se mantiene una concentración espacial del producto y de la inversión, como contracara, una distribución territorial de la pobreza, la cual alcanza, por ejemplo, al 65% de las familias que se sitúan en las provincias del NEA. El 75% de la riqueza se concentra en la región Centro. El 54% de los préstamos se otorgan en la Ciudad de Buenos Aires. La dimensión territorial de éstas hace a la problemática no solamente de la cohesión social sino también de la pérdida de integración territorial. El 74% de la inversión realizada en el país se concentra en apenas cinco distritos: la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y las provincias de Córdoba, Santa Fe y Mendoza. Las cinco provincias más atractivas concentraron el 84% del total material de transporte, el 77% del total nacional en maquinaria y equipo y el 70% de la construcción. - La brecha temporal: refiere a cómo se distribuye la riqueza intergeneracionalmente. Por un lado, hacia la tercera edad ya que está por debajo de la línea de pobreza y apenas sobre la de la indigencia. La brecha temporal refiere también a los jóvenes y, al respecto de éstos, estamos viendo la situación más riesgosa de jóvenes que no estudian ni trabajan (los famosos ni-ni) alcanzando el millón, según datos de CEPAL. Existen 9 millones de chicos que viven en hogares pobres, con problemas de desnutrición (10.000 por año) con sus secuelas posteriores irreversibles.

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UNIDAD 2: Los movimientos sociales: Introducción Los nuevos movimientos sociales en la Argentina reflejan los esfuerzos de reconstrucción de los lazos sociales, a través de nuevas formas de organización. Esto es un enfoque más atento a la construcción social de los movimientos y no sólo a sus formas de protesta y movilización. Los emprendimientos encarados por los movimientos de trabajadores de empresas recuperadas, organizaciones de desocupados y asambleas barriales se inscriben en lo que hoy se denomina "economía social", un espacio público en donde el trabajo no se intercambia sólo ni principalmente por sueldos. Las formas impulsadas actualmente por los movimientos tienen una dimensión política: en estas nuevas formas el trabajo es la política. El trabajo es la política La pobreza y el desempleo son hoy el núcleo de deslegitimación del sistema económico vigente, lo que el normal funcionamiento de la economía de mercado no puede resolver. Como contrapartida, los movimientos sociales obtienen buena parte de su legitimidad mostrando soluciones originales para la pobreza y el desempleo por fuera del sistema económico institucionalizado. Los movimientos sociales se orientan hacia la construcción de redes de economía alternativa que les posibiliten consolidar su desarrollo, partiendo de las necesidades e impulsando la generación de actividades frente a un problema central: la generación de empleos. La respuesta estatal ha sido desplazar el problema del empleo al ámbito de la política social, mediante la implementación de subsidios masivos a jefes y jefas de hogar desocupados. Esto refleja las dificultades de una economía que sólo puede generar empleos de manera paulatina y lenta, contrastando con la magnitud del desempleo, que afecta a unos dos millones de desocupados que reciben subsidios y a aproximadamente otros 2,2 millones que no los reciben (datos anteriores a la administración Macri) . El desarrollo de una nueva economía social impulsada por los movimientos constituye una orientación netamente política, diferente tanto de la que prevaleciera en la década de los años noventa como del desarrollo de las cooperativas en la Argentina. En los ‘90 diversas formas de economía social y solidaria fueron hechas como medidas compensatorias al ausentarse el Estado, las estrategias formuladas por los movimientos sociales actuales se orientan sobre todo a sustituir el mercado. Con respecto a las cooperativas, las nuevas formas de economía social y solidaria mantienen con ellas relaciones instrumentales y en algunos casos de complementariedad. Además, los movimientos promueven la participación y la horizontalidad en la toma de decisiones.

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Algunas características de los proyectos de autogestión de los nuevos movimientos sociales Las representaciones del trabajo en la nueva economía social cuestionan las modalidades tradicionales del trabajo asalariado. Este cuestionamiento se centra en la explotación del trabajo supuesta en las relaciones de dependencia salarial y en la subordinación organizativa, a la que se oponen mecanismos diversos de autogestión y cooperación en el trabajo. Las nuevas redes alternativas en formación incorporan actores colectivos con motivaciones diferentes: en las de las organizaciones de desocupados son las necesidades de subsistencia básica, terreno en el cual deben afrontar la contradicción entre apelar sistemáticamente a subsidios, o independizarse de los mismos impulsando emprendimientos autosustentables. - La primera estrategia conduce a sostener una política que reproduce de modo permanente las condiciones que lo originaron, en este caso, sostener la movilización social por el reclamo de subsidios. - La segunda estrategia conduce a las organizaciones de desocupados a abandonar el reclamo por subsidios, para lo cual deben ampliar la articulación en redes a fin de ampliar la escala de los emprendimientos e, incluso, para competir en el mercado. Los trabajadores de empresas recuperadas, en cambio, buscan consolidar su comunidad de trabajo. Su articulación en redes con otros actores se realiza con la finalidad de ampliar la escala de sus actividades y para fortalecer los lazos solidarios y políticos que compensen su precariedad jurídica y económica. Para las asambleas barriales el impulso de la nueva economía social y solidaria tiene un decidido matiz político, como modo de articulación con otros movimientos, como forma de intervención en el espacio urbano y como desarrollo alternativo al del sistema económico vigente.

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Los piquetes Los movimientos de desocupados están conformados por varias decenas de grupos que responden a orientaciones políticas diferentes: algunas se vinculan con partidos políticos o centrales sindicales; otros privilegian su autonomía con respecto a los mismos; otros siguen a líderes populistas. De este modo, una misma denominación, piqueteros, recubre orientaciones muy distintas, más allá de su enorme impacto político y sobre todo mediático. En esta presencia inciden, sin duda, sus dimensiones. Según estimaciones de los propios grupos piqueteros, su capacidad de movilización agregada (la de todas las organizaciones que agrupan a los desocupados) incluye más de 100.000 personas en todo el país. Sin embargo, esta cifra empalidece frente a los varios millones de desocupados y subocupados, por lo que más que su dimensión, es la acción misma de los piquetes la que explica su visibilidad: los cortes de ruta alcanzan un fuerte efecto político, multiplicado a través de los medios de comunicación. Se trata de acciones maximalistas, que contrastan con los fines en principio minimalistas que animan las movilizaciones: éstas se concentran mayormente a obtener subsidios por desempleo y bolsas de alimentos. Aunque algunos grupos piqueteros se limitan sólo a sostener estos reclamos, otros destinan los recursos hacia actividades diversas: merenderos y comedores, centros educativos y, sobre todo, emprendimientos productivos en los que vuelcan los subsidios y alimentos obtenidos a través de las movilizaciones, como el desarrollo de huertas comunitarias, la venta directa de la producción a través de redes de comercialización alternativas, la elaboración y manufactura artesanal e industrial de productos frutihortícolas, panaderías, tejidos y confecciones artesanales e industriales, entre otras. La organización de estas actividades económicas adquiere formas autogestionarias y cooperativas, aunque en los diferentes grupos piqueteros no existen criterios comunes sobre el carácter de estos emprendimientos, su viabilidad y desarrollo futuro. Entre los distintos grupos piqueteros se comprueba que se vuelcan progresivamente al desarrollo de emprendimientos productivos y exploran las posibilidades de desarrollo de una nueva economía implantada en redes sociales que trascienden a la economía capitalista. Los trabajadores de empresas recuperadas La visibilidad pública del movimiento de las empresas recuperadas por los trabajadores es reciente. Hacia mediados de los años noventa comenzaron a registrarse movimientos de trabajadores que intentaban reactivar empresas paralizadas, las que presentaban rasgos comunes: habían sido afectadas por la importación o por dificultades para exportar (frigoríficos, textiles, tractores, acoplados, metalúrgicas, plásticos, etcétera) y se encontraban en proceso de quiebra, convocatoria de acreedores o abandonadas por los empresarios. Los trabajadores eran acreedores o damnificados, ya que en general la crisis de cada empresa fue precedida por la ruptura de los contratos de trabajo, traducida en disminuciones de sueldos y salarios, pago en vales, falta de cumplimiento empresario de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social, etcétera. La recuperación de las empresas supone la transición hacia un nuevo régimen jurídico en el que los trabajadores toman a su cargo la producción, estableciendo acuerdos con proveedores y/o clientes que les aseguran un cierto capital de trabajo y fijan una retribución mínima con retiros periódicos equivalentes a un sueldo mínimo, a veces combinados con pagos en especie o mercaderías. En la mayoría de las empresas recuperadas se constata en el principio un abandono empresario que puede ser parcial o total. Si es parcial, es posible que los anteriores propietarios se mantengan como asociados en la nueva forma jurídica que adopte la empresa. Estas formas son variadas, aunque entre ellas prevalecen las cooperativas; inicialmente se propusieron nuevas figuras, como la de "estatización con control obrero" que no llegó a concretarse plenamente, pero también figuras más tradicionales como la participación accionaria en sociedades anónimas. En cualquiera de estas formas los trabajadores deben tomar a su cargo la gestión, por lo que deben redefinir su anterior rol dependiente y subordinado. Y también esto abre una instancia de redefinición de la relación de los trabajadores con el sindicato. Si bien los trabajadores de empresas recuperadas son percibidos como un movimiento, contienen diversas corrientes, actores y organizaciones que se consolidaron y renovaron a partir del colapso institucional de diciembre de 2001: en el seno de la crisis económica, la recuperación de empresas fue percibida como una respuesta adecuada para sostener los esfuerzos productivos de la sociedad. Las distintas organizaciones del movimiento proporcionan asesoría legal, técnica y política a los trabajadores. Frente a los tradicionales valores de la sociedad mercantil que privilegian el derecho de propiedad, estos nuevos trabajadores tienen s negociación colectiva: éstos ya no pueden apelar a su recurso de última instancia, el cierre del establecimiento (huelga de inversiones o lock out) como instrumento de presión sobre los trabajadores, quienes, ante la amenaza, pueden contestar ahora con la posibilidad de ocupar y autogestionar las empresas en dificultades.

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Las asambleas barriales La respuesta más novedosa de quienes optaron por la voz y la protesta ante el colapso institucional del 2001 fue la de quienes organizaron espontáneamente las asambleas barriales en Buenos Aires, en varios partidos del conurbano y en otras ciudades del resto del país como en La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba. Las asambleas barriales expresan las capacidades de auto organización de la sociedad, de construir y regenerar lazos sociales, que no son reconocidas en la cúspide del sistema político, donde se las concibe como un factor de inestabilidad, precisamente por la dificultad de controlar y canalizar las movilizaciones dentro del esquema institucional vigente. En las asambleas los emprendimientos autogestionados son el producto de una elección ideológica. Esta politización se acentúa en la exploración de articulaciones concretas de las asambleas con los otros movimientos sociales, tanto para defender las posiciones conquistadas como para redefinir actividades económicas alternativas. Tensiones en la economía social La incorporación de los movimientos en la economía social constituye una novedad en un espacio en el que prevalecían las cooperativas. Éstas constituyen una forma asociativa institucionalizada, sujeta a regulaciones públicas para su conformación y funcionamiento y su legitimidad deriva de su desarrollo en el ámbito del consumo, de la producción y la provisión de servicios públicos y financieros, en el ámbito urbano y rural. Las cooperativas fueron duramente afectadas por las reformas pro-mercado de los años noventa, particularmente en el sector financiero, aunque lograron desarrollarse en ciertas áreas sujetas a privatizaciones, como la provisión de energía eléctrica y los servicios telefónicos, que en muchas localidades del interior del país son gestionados por cooperativas de consumidores. Otra área de desarrollo importante fue el sector de cooperativas de trabajo, pero su multiplicación durante los años noventa constituyó en gran medida un mecanismo de flexibilización laboral de las empresas, que las utilizaban para evitar los gastos de contratación de trabajadores. Como por definición los socios de una cooperativa no son asalariados, los costos de la protección de salud y previsionales se transfieren individualmente a cada uno de sus miembros. De allí que frecuentemente las cooperativas de trabajo sean vinculadas con el fraude laboral, lo que tiende a deslegitimar esta forma asociativa. Esta tensión interna del cooperativismo se transfiere a sus relaciones con los nuevos movimientos sociales, ya que si bien busca integrarlos dentro de su ámbito, también trata de diferenciar las verdaderas cooperativas de las modalidades de subsistencia económica que prevalecen en los movimientos. El cooperativismo se acerca a los movimientos cuando prioriza los valores tradicionales de la cooperación, pero se aleja de ellos cuando privilegia el discurso empresarialista. El primer significado es afín al que promueven los movimientos, para quienes la cooperación constituye una manera de superar la alienación y explotación del trabajo, precisamente los mismos fines que animaron el cooperativismo en sus orígenes, en tanto que el que vincula la forma cooperativa con la actividad empresaria tiende a ser rechazado por los movimientos, ya que lo asocian con una orientación pro capitalista. En los movimientos se observan posiciones diversas sobre las formas organizativas de la economía social. Entre los trabajadores de las empresas recuperadas, la necesidad de consolidar su status jurídico determina la adopción de la forma de cooperativa, que es de hecho la prevaleciente, aunque no la única. La forma jurídica de cooperativa fue en principio cuestionada por algunos partidos políticos de izquierda, que promovieron la figura de estatización con control obrero, particularmente en la empresa de confecciones Brukman de Buenos Aires, y en la fábrica de cerámicas Zanón en Neuquén. Esta posición apuntaba a reorientar el papel del Estado en la economía y a resolver la articulación de los ingresos de los trabajadores con la protección de la salud y la jubilación, postura que produjo situaciones de bloqueo en la resolución jurídica de la tenencia de los bienes de las empresas por parte de los trabajadores, debilitándola como opción. En los emprendimientos encarados por las asambleas barriales la conformación de cooperativas se observa una recuperación de las tradiciones anarquistas de constitución de grupos de afinidad y de autogestión.

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Una nueva economía La politización, tal como es promovida en los nuevos movimientos sociales, constituye una diferencia clave respecto de los desarrollos de la economía social durante los años noventa. En aquel contexto la economía social aparecía como complementaria del retiro del Estado de la actividad económica y fue impulsada por los organismos multilaterales de crédito que alentaban su desarrollo al mismo tiempo que el de los mercados. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) promovieron el apoyo a micro emprendimientos autónomos, destinados a consolidar un amortiguador social de lo que conceptualizaban como los costos de la transición hacia una moderna economía de mercado. El colapso de esa ilusión encuentra a los actores sociales más afectados por el modelo en la dura lucha por la supervivencia, apelando a mecanismos relativamente similares a aquellos, pero implementados en oposición a ese modelo: las actividades de la economía social son impulsadas como alternativas frente al fracaso de la economía de mercado; si antes sustituían la intervención estatal, ahora tratan de suplir las carencias de una economía basada en la empresa privada, incapaz de responder a las necesidades de la población. De empezar como un paradigma alternativo a la intervención estatal, la economía social comienza a ser concebida como paradigma alternativo a la economía de mercado. En los movimientos, los emprendimientos de economía social surgen del propio proceso de movilización y participación, son inescindibles de éstos y del componente contracultural de los movimientos sociales, que reflejan la emergencia de nuevos valores: igualitarismo, solidaridad, cooperación, como opuestos al individualismo egoísta del empresarialismo predominante en la actualidad. En esta nueva economía social el trabajo se articula en un espacio público en el que la retribución de los agentes no es necesariamente, ni tan sólo, de carácter monetario. Las actividades de la economía social son públicas y se diferencian de las del espacio privado características del mercado o la economía doméstica. También se diferencian de las actividades estatales donde si bien éstas son públicas, la retribución de sus agentes es principalmente monetaria. En los emprendimientos impulsados por movimientos piqueteros, asambleas barriales y trabajadores de empresas recuperadas hay una regla de horizontalidad en la vinculación entre los miembros de cada movimiento. La solidaridad constituye a la vez un objetivo y una condición de existencia; la confianza deriva de la propia pertenencia al movimiento. El contexto actual de desarrollo de los nuevos enfoques de la economía social en la Argentina se caracteriza por el crecimiento del desempleo y la pobreza. Las respuestas a estos problemas aportadas por los economistas ortodoxos (tradicionales) son más de lo mismo: el desempleo sólo podrá resolverse en la medida del crecimiento económico, por lo tanto aun cuando la crisis pueda superarse en el corto o mediano plazo sólo a muy largo plazo se logrará bajar la tasa de desocupación abierta. Estos tiempos son muy diferentes a los de la gente por lo que los movimientos encaran los emprendimientos autogestionados desde las necesidades inmediatas, como mecanismos de subsistencia que responden a las urgencias. Pero además de la pobreza y la desocupación, un rasgo notorio del contexto económico y social contemporáneo es la enorme extensión de la informalidad que se verifica en los datos de las encuestas de hogares: en mayo de 2002 el 60 por ciento de los ocupados padecía algún tipo de precariedad en su inserción laboral. Las plazas y parques de los grandes centros urbanos del país se poblaron cotidianamente de gente que acude a colocar el producto de su trabajo, o incluso sus pertenencias, en puestos de venta precarios. La presencia de estas ferias informales fueron similares al paisaje de otros países de América Latina. Sin embargo, la Argentina mostró cierta especificidad: si por una parte la creciente informalización de la economía tendió a alinearla con buena parte de los países de la región la enorme tasa de desocupación abierta relacionó nuestro mercado de trabajo con el de los países desarrollados o centrales. Es como si la Argentina combinara, con la crisis, dos tipos de mecanismos de ajuste del mercado de trabajo, el ajuste por desocupación, como en Europa y el ajuste por informalidad, como en América Latina.

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La reorientación de las demandas al Estado En síntesis, la organización autónoma de los agentes de la nueva economía social difiere de la registrada en los años noventa ante el retiro del Estado. La nueva economía social puede ser comprendida atendiendo, en especial, al carácter esencialmente político que incorpora a las actividades económicas. Las formas de organización de los agentes económicos (la empresa privada, la cooperativa o mutual y la asociación civil) son formas jurídicas que parecen hoy limitadas para contener las fuerzas solidarias liberadas por la nueva economía social, lo que implica la necesidad de encontrar nuevas figuras jurídico-organizativas capaces de potenciar su desarrollo. Aunque sigue vigente la demanda de subsidios individuales, crecientemente los movimientos piqueteros se orientan a derivar al menos parte de esos recursos para sostener emprendimientos colectivos. Algunos movimientos reclaman subsidios directos a sus emprendimientos colectivos en lugar de los individuales, mientras otros se proponen obviarlos en la medida en que sus emprendimientos sean sustentables. Otros finalmente, rechazan todo tipo de subsidios. La diversidad se observa claramente entre los trabajadores de empresas recuperadas: si bien algunos sostienen el reclamo de subsidios, los derivan a la organización colectiva a fin de garantizar la igualdad de ingresos de sus miembros. Pero en la medida que los trabajadores trascienden el nivel de subsistencia, las demandas se orientan hacia recursos que tornen viables económicamente las empresas autogestionadas, sean financieros (como créditos), técnicos (como capacitación), o institucionales, con la finalidad de superar su precariedad jurídica. La demanda de recursos asistenciales de las asambleas barriales son más amplias y variadas destacándose las de habilitaciones para las múltiples actividades que emprenden. Aun cuando recurran a subsidios estatales sus reclamos se fundamentan en derechos ciudadanos vinculados con la apropiación o reapropiación colectiva de espacios públicos (locales ocupados, plazas y parques, mercados municipales), de gestión solidaria (comedores comunitarios, cooperativas) y de intervención cultural (movidas culturales, cursos de capacitación, cinematecas). En suma, al encarar emprendimientos que suponen una construcción social y colectiva de vasto alcance, los movimientos destinan ahora los subsidios a sostenerlos. La necesidad de revisión teórica En conclusión, cabría extraer algunos interrogantes de esta breve descripción. Estos interrogantes deberían trascender los surgidos de las tradiciones teóricas convencionales, en las que las novedades aportadas por la acción de los movimientos sociales en la Argentina constituyen poco menos que extravagancias. Para los economistas convencionales, por ejemplo, la pregunta por la sustentabilidad de esta nueva economía encuentra una respuesta negativa, no tanto porque hayan explorado sus posibilidades de desarrollo, sino porque difiere del modelo de empresa privada supuesto como agente económico principal en sus esquemas de reflexión. Pero también en las tradiciones que provienen del marxismo las preguntas sobre la viabilidad de esta nueva economía tienden a ser respondidas de forma tradicional ortodoxa. En general la exploración de formas productivas alternativas en el marxismo es una cuestión planteada hacia el futuro, para una etapa posterior a la revolución social; en el presente y en el seno de un sistema capitalista todo lo que existe tendería a estar regido por sus leyes. Lamentablemente, estos enfoques ayudan poco a la comprensión de las nuevas formas productivas promovidas por los movimientos sociales. En verdad, éstos se preocupan poco de estas teorizaciones ya que están más ocupados de su subsistencia cotidiana.

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El cambio de época: articulaciones entre Estado y sociedad Este cambio de época estimula la posibilidad de pensar creativamente las articulaciones entre Estado y sociedad, entre democracia representativa y democracia directa y participativa, entre lo institucional y lo no-institucional, entre el espacio público estatal y el espacio público no-estatal, entre otros. No es un dato menor recordar que la apertura del nuevo ciclo de luchas contra la globalización neoliberal y asimétrica no provino de las fuerzas encuadradas en la política institucional. En las últimas décadas, los movimientos sociales en América Latina se han multiplicado y han extendido su capacidad de representación, ampliando su plataforma discursiva y representativa en relación con la sociedad: movimientos indígenas y campesinos, movimientos urbanos territoriales, movimientos socio-ambientales, movimientos y colectivos glttb, en fin, colectivos culturales, dan cuenta de la presencia de un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respectivos clivajes identitarios, configurando un campo multiorganizacional extremadamente complejo en sus posibilidades de articulación. Heterogéneos en sus demandas, al igual que en otras latitudes, los movimientos sociales nos trasmiten una tendencia a la reafirmación de la diferencia y el llamado al reconocimiento. Sin embargo, no es menos cierto que en América Latina, en los últimos tiempos, una de las problemáticas centrales y potencialmente unificadora es aquella de la tierra y del territorio. De manera más reciente, también hay resistencias locales y regionales contra los avances de lo que genéricamente se ha denominado extractivismo. Por extractivismo entendemos aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”. Por ende, no contempla solamente actividades típicamente extractivas (minería y petróleo), sino también otras actividades (como el agronegocios o los biocombustibles), que abonan una lógica extractivista a través de la tendencia a la consolidación de un modelo monoproductor. Es una tendencia a la reprimarización de la economía, caracterizada por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales. En suma, lejos de la pura linealidad este cambio de época que señala la desnaturalización de la asociación entre globalización y neoliberalismo establecida durante los ´90, instala a los países latinoamericanos en un espacio de geometría variable donde se entrecruzan diferentes tendencias, que van señalando la emergencia de nuevas tensiones y contradicciones, independientemente del carácter o signo político-ideológico de los gobiernos.

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Tipologías y modelos de militancia Los movimientos sociales son heterogéneos en sus demandas y al mismo tiempo poseen una potencialidad antagónica. La articulación de las luchas no depende solamente de la potencialidad unificadora de ciertos temas y marcos de acción sino también de los vínculos que se entretejan entre las diversas tradiciones político-ideológicas presentes en el campo militante contestatario. Este campo contestatario tiene cuatro matrices político-ideológicas diferentes: 1) La indígena comunitaria 2) La nacional-popular 3) La izquierda clasista tradicional 4) La “nueva” narrativa autonomista. 1) La matriz indígena comunitaria se inserta en el marco de la “memoria larga” de los pueblos indígenas, coloca en el centro la idea de resistencia, derechos colectivos y poder comunal; y su dinámica política se inscribe permanentemente en la tensión entre un proyecto de recreación de las autonomías indígenas y el proyecto identitario de refundación o vuelta a las comunidades pre-hispánicas. Como afirma H.Díaz Polanco (2008) quien dice autonomía para aludir a los procesos de lucha indígena está aludiendo tanto al reconocimiento de los derechos colectivos (culturales y territoriales) así como a la autodeterminación, concepto cuyo contenido es decididamente político. Así, en primer lugar, uno de los datos mayores del actual escenario latinoamericano es el avance de las luchas y conquistas de las autonomías indígenas, lo cual incluye escenarios políticamente tan contrastantes como Bolivia, México y Perú. En este sentido, el nuevo despertar político de los pueblos indígenas se instala tanto en el terreno de la memoria larga como en el de la memoria corta de las luchas: en efecto, la relegitimación de la matriz comunitaria ha tenido como telón de fondo el avance de la globalización neoliberal, expresado en la actualidad a través de la expansión de las fronteras del capital hacia los territorios antes considerados como improductivos. Dichos antagonismos han ido configurando respuestas diferentes que, por encima de las tensiones existentes colocan en el centro la temática de la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y en algunos casos, la refundación de la nación a través de la creación de Estados plurinacionales y el reconocimiento de una “legalidad originaria” por la vía de Asambleas Constituyentes y reformas constitucionales. Uno de los temas fundamentales es el reconocimiento del derecho de consulta previa a los pueblos originarios tal como lo postula el convenio 169 de la OIT (1989) recogida por casi todas las constituciones latinoamericanas y la Declaración de las Naciones Unidas (2007). Dicho tema deviene central, en la medida en que las nuevas modalidades de dominación colisionan de lleno con los modos de vida de las poblaciones originarias y campesinas y amenazan en su conjunto la preservación de los recursos básicos para la vida (tierra y territorio). 2) Por su parte, la matriz nacional-popular se asocia a la “memoria mediana” (las experiencias populistas de los años 30 40 y 50) y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmación de la nación, el estado redistributivo y conciliador, el liderazgo carismático y las masas organizadas (el pueblo). Su dinámica suele instalarse en la tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por los sectores subalternos (la figura del pueblo) junto a un líder o una dirigencia política y el proyecto de la participación controlada, bajo la clara dirección del líder y el tutelaje estatal. En tercer lugar, la desnaturalización de la relación entre globalización y neoliberalismo, nos inserta en un escenario transicional en el cual una de las notas mayores es la reactivación de la matriz nacional-popular, ligada a la reivindicación del Estado (como constructor de la nación); a un ejercicio de la política que instala una permanente contradicción entre dos polos antagónicos y por último, a la centralidad de la figura del líder. En Argentina la tradición peronista ha naturalizado un sentido más estrecho, ligado al cuasi monopolio o captura de lo nacional popular por parte del Movimiento Justicialista, más allá de la heterogeneidad evidente de las figuras de lo popular, sobre todo a partir de 1980 y muy especialmente durante los `90, cuando el propio Partido Justicialista realizó un fuerte giro neoliberal.Por otro lado, la Argentina actual también da cuenta del retorno de la matriz nacional popular. Sin embargo, el devenir nacional-popular del kichnerismo fue paulatino. Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) los movimientos tácticos en busca de una identidad progresista se articularon sobre dos ejes mayores: la reivindicación de los derechos humanos como política de Estado y el latinoamericanismo. También hubo un intento de construcción de una fuerza transversal progresista. Esta última tentativa, más bien errática y prontamente descartada, otorgaba un lugar a las organizaciones piqueteras deudoras de la matriz nacional-

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popular, que se integraron al gobierno bajo el nombre políticamente correcto de “organizaciones sociales” (Barrios de Pie, Movimiento Evita y Federación de Tierras y Viviendas. No obstante, en términos de figuras militantes, estas fuerzas no fueron capaces de generar una alternativa a la que presentaba la generación de 2001. Desde una mirada en eso tuvo mucho tuvo que ver el rechazo y estigma que medios hegemónicos, clases medias y el propio gobierno habían contribuido a instalar, durante la fuerte puja que se llevó a cabo en el espacio público entre 2003 y 2004 con las organizaciones piqueteras opositoras. Pero lo cierto es que ni la reivindicación de las luchas antineoliberales de la década del 90, ni la evocación de una época setentista alcanzaron para dotar de legitimidad a un actor social que en definitiva continuaba siendo visto por una gran parte de la sociedad como “clase peligrosa”. En realidad, ya en su primera etapa, el kirchnerismo optó por apoyarse sobre los sectores sindicales tradicionales. En 2004 la CGT se unificó bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durante los años 90 encabezó el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), nucleamiento sindical peronista donde conviven las apelaciones a la tradición nacional-popular con un sindicalismo empresarial. El conflicto que el gobierno de Cristina F. de Kirchner, apenas asumido, tuvo con los productores agrarios en 2008, fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado nacional-popular. La dinámica virulenta que adquirió el conflicto económico hizo que éste adoptara claras dimensiones políticas: tanto la respuesta inflexible del gobierno (llamándolos “piquetes de la abundancia”) como la rápida reacción de sectores de clase media porteña, que salieron a la calle a apoyar a los sectores agrarios, cuestionando el estilo político “autoritario” del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos enfrentamientos (“la grieta”). Civilización o Barbarie, Unitarios y federales, conservadores y radicales; Peronismo o Antiperonismo; Pueblo y Antipueblo. Como consecuencia de ello, Argentina comenzó a transitar un escenario de polarización político-social, comparable al de otros países latinoamericanos (como es el caso Venezuela). Sin embargo, el modelo kirchnerista presenta numerosos elementos tradicionales (la alianza con los sectores más empresariales del sindicalismo, los intendentes del Conurbano Bonaerense y gobernadores. 3) La matriz de la izquierda clasista tradicional, se instala en el marco de la memoria mediana y se nutre de las diferentes variantes del marxismo partidario, entre las cuales se destaca la superioridad de la forma partido y una determinada concepción del poder ligada a la idea antagónica de clases y la construcción del socialismo. Su dinámica suele instalarse en la tensión/articulación entre la vía revolucionaria (la lógica de la toma del poder) y la vía reformista institucional (la lógica electoral). 4) La nueva narrativa autonomista, tiene “memoria corta”. Los elementos centrales que configuran su matriz son la afirmación de la autonomía, la horizontalidad y la democracia por consenso. En este caso tiene mucho que ver la experiencia personal de las personas más que la importancia de la comunidad, el pueblo o la clase social. Es una narrativa que se nutre del fracaso general de las izquierdas tradicionales así como de los procesos de desinstitucionalización de las sociedades contemporáneas. Afirma como crucial la desburocratización y democratización de las organizaciones y se alimenta de una gran desconfianza respecto de las estructuras partidarias y sindicales, así como de toda instancia articulatoria superior. La autonomía aparece no sólo como un eje organizativo sino también como un planteo estratégico que lleva a la autodeterminación. La nueva narrativa presentaba antecedentes tanto en el campo de las organizaciones de derechos humanos (como en la agrupación HIJOS) así como en el de las organizaciones de desocupados. Pero es a partir de la crisis de 2001 que el tejido social organizativo mostró cambios ostensibles, con fuerte formato territorial y aspiraciones de democratización. Rápidamente, una nueva generación militante, la de 2001, se iría consolidando articulada sobre la territorialidad, el activismo asambleario, la demanda de autonomía y la horizontalidad de los lazos políticos. Un ritual de viaje los unía en todo el país: el recorrido territorial que iba del centro de la ciudad hacia la periferia, en especial, aquellos que iban hacia los lugares más pobres del Conurbano Bonaerense. El desafío tenía como corolario la necesidad de la construcción “desde abajo” y la exigencia de la articulación entre política y ética. A partir de 2003 este tipo de organizaciones fue tomando rumbos más autocríticos y menos exacerbados, difundiéndose en otros espacios organizacionales, entre ellos, en los numerosos colectivos culturales que comenzaron a desplegarse en el campo de la documentación (video-activismo), el periodismo alternativo, la educación popular, entre otros. Posteriormente, la nueva subjetividad militante anclada en la defensa de la autonomía, se haría presente también en las asambleas de vecinos autoconvocados contra la megaminería a cielo abierto. En 2006 surgió la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio autonomista en el cual convergen las diferentes asambleas de base, que combina nuevos temas y repertorios de acción, con el rechazo muchas veces extremo, a la delegación, lo cual suele conspirar contra la posibilidad de consolidar dicha instancia de segundo grado, en función de una lógica de acumulación política.

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La asunción de Kirchner y la reconfiguración del espacio piquetero. Le Monde Diplomatique, edición de diciembre de 2011. Por Maristella Svampa. Apenas asumido, Néstor Kirchner se encontró con organizaciones piqueteras que contaban con un gran poder de convocatoria, pero golpeadas por la represión, y con una fuerte tendencia a la fragmentación, ya visible en la emergencia del Bloque Piquetero Nacional (Diciembre de 2010, creado por los partidos de izquierda y algunos grupos independientes), y en la pregnancia juvenil de las organizaciones autónomas. Estas fueron desplazando en el liderazgo y en las acciones públicas al coloso matancero, producto de la alianza entre la Federación de Tierras y Viviendas (FTV), ligada a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) , y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), vinculada al Partido Comunista Revolucionario (PCR). La política de Néstor Kirchner consistió en poner en acto, simultáneamente, el abanico de estrategias disponibles para integrar, cooptar y disciplinar a las organizaciones piqueteras, pero evitando la represión abierta y sistemática, luego de lo ocurrido en el Puente Pueyrredón. Asimismo, las políticas del nuevo gobierno, que tendrían como eje la defensa de los derechos humanos, el retorno gradual del Estado y el latinoamericano, despertaron nuevas expectativas en el campo militante. Esto encontró una primera traducción en el realineamiento al interior del espacio piquetero, ilustrado, por un lado, en la institucionalización y la integración de las corrientes afines a la tradición nacional-popular (como la FTV y Barrios de Pie); por otro lado, en la oposición y la movilización de las vertientes ligadas a la izquierda partidaria (sobre todo, en sus variantes trotskistas) y las corrientes autónomas. La reorganización del mapa piquetero fue mostrando entonces fuertes diferencias. El gobierno consolidó una relación privilegiada con aquellas organizaciones que optaron por la vía de la institucionalización, otorgándoles recursos económicos y organizativos, al tiempo que, desde la estructura del estado, buscó promover la expansión de nuevas agrupaciones, como es el caso del Movimiento Evita. Estas agrupaciones adoptaron el nombre políticamente correcto de “organizaciones sociales” y varios de sus dirigentes obtuvieron puestos menores dentro del Estado nacional, sobre todo en el área social, y otros más destacados en la provincia de Buenos Aires. A la institucionalización de estos grupos, se contrapuso la aplicación de una estrategia de disciplinamiento y criminalización sobre los grupos opositores más movilizados. Pocos lo recuerdan ya, pero el gobierno nacional alentó una política de estigmatización de la protesta (contraponiendo la movilización callejera a la exigencia de “normalidad institucional”) impulsando la difusión de una imagen de la democracia, acosada por las agrupaciones piqueteras. Poco importaba si las declaraciones gubernamentales daban cuenta de un vaivén peligroso que iba de la judicialización al reconocimiento de las necesidades de los desocupados, del cuestionamiento de la representatividad de las organizaciones a la afirmación del derecho legítimo a la protesta. La campaña de descalificación verbal tuvo momentos de alto voltaje entre octubre de 2003 y agosto de 2005. Las simplificaciones ganaron el lenguaje periodístico, reduciendo la experiencia piquetera a una metodología de lucha (el piquete) y acusando a las organizaciones de asistencialismo y hasta de nuevo clientelismo de izquierda. El resultado fue la instalación de un consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública, que no sólo manifestaban un lógico hartazgo hacia los cortes de calle sino también un rechazo radical a la figura del piquetero. Los movimientos de desocupados también contribuyeron a esta situación de aislamiento y deslegitimación. Por ejemplo, las organizaciones ligadas a los partidos de izquierda tuvieron serias dificultades para reconocer el cambio de oportunidades políticas (la demanda de normalidad) y la productividad política del peronismo, por lo cual diagnosticaron (equivocadamente) que Kirchner representaba una pura continuidad respecto de los gobiernos anteriores. En consecuencia, tendieron a impulsar la movilización callejera, multiplicando los focos de conflicto y, en última instancia, olvidando la vulnerabilidad de las bases y la gran asimetría de fuerzas y recursos existentes. Por otro lado, desde 2004, ya había comenzado a operarse un desplazamiento de los conflictos, de lo territorial a lo sindical, en un contexto que aunaba crecimiento económico con precariedad. En este contexto, todas las organizaciones piqueteras opositoras sufrieron procesos de fragmentación organizacional y, en un fuerte marco de crítica, se vieron obligadas a revisar sus estrategias de intervención en el espacio público. Una de las agrupaciones opositoras que mejor sorteó este período de reflujo y reconfiguración organizacional fue el Frente Darío Santillán (FDS), proveniente de la Coordinadora Aníbal Verón, que apuntó a ampliar la acción hacia otros espacios (el frente estudiantil, cultural y campesino) incorporando otras problemáticas (por ejemplo, la defensa de los recursos naturales como “bienes comunes”). Incluso, ésta y otras organizaciones de origen piquetero, como Barrios de Pie y el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), tuvieron un notable protagonismo en la creación de Bachilleratos Populares, en CABA y la provincia de Buenos Aires. Bibliografía: Boyanovsky, Christian (2010) El aluvión. Del piquete al gobierno, Bs. As, Sudamericana. Svampa, M. y Pereyra (2003) Entre la ruta y el barrio,Bs As, Biblos. Svampa, M.(2011) “Del que se vayan todos a la exacerbación de lo nacional-popular” Nueva Sociedad No 235, septiembre-octubre de 2011,

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UNIDAD 3: A) Alternativas de construcción de un nuevo pacto Estado – ciudadanía. B) El fortalecimiento de las políticas de gestión estatal en la provincia de Buenos Aires. Del modelo tecnocrático a la reconstrucción de una gestión pública promotora del desarrollo y la inclusión social.

Editorial de año 2011 de la publicación État de résistances dans le Sud Autor: Bernard Duterme. Traducción: S. Seguí. Continente de fuerte crecimiento económico, democracias frágiles y desigualdad extrema, América Latina está atravesada por una dinámica sostenida de rebeliones y protestas sociales con formas, identidades y reivindicaciones renovadas. Sin embargo, los movimientos sociales de la región tienen una dura tarea por delante para seguir existiendo e influir en la política. Los movimientos de protesta y sus presiones emancipadoras ofrecen un rostro plural y unas características que incluyen, por una parte, el riesgo de disolución, fragmentación o represión en los países donde los gobiernos se han mantenido dentro de las corrientes dominantes del neoliberalismo y el Consenso de Washington, o han vuelto a ellas; y, por otra parte, el riesgo de manipulación, cooptación o institucionalización en los países en que los poderes tienden, poco o mucho, a recuperar la soberanía y redistribuir los dividendos de las riquezas exportadas.Una doble división prevalece también en la izquierda social de América Latina. La primera –de fondo– es la que separa a los partidarios y los opositores del neodesarrollismo1: por un lado, el nacionalismo popular; por el otro, el ecosocialismo. La segunda (más estratégica) la que opone a los partidarios de una salida política para las movilizaciones y los defensores de una mayor autonomía, “basistas” o “localistas” del cambio social. La cuestión es que, desde Chile hasta México, de Brasil a Venezuela, de Uruguay a Guatemala, de Bolivia a Honduras, y en el resto de América Latina, los movimientos sociales (campesinos, urbanos, indígenas, estudiantiles) influencian en diferente medida, bien que mal, la redefinición de la participación democrática y la ciudadanía política.Pero volvamos, por orden, a lo que sin duda ha marcado la actualidad sociopolítica latinoamericana de esta primera década del siglo XXI, es decir, el “giro a la izquierda”. Un giro de geometría variable, es cierto, a la vez que parcial, atípico, múltiple, coyuntural, limitado y reversible, entre otros calificativos, pero también efectivo y sin precedentes: nunca antes en el continente tantos partidos de izquierda habrían tenido tanto poder en tantos lugares. Con la contribución indudable de los movimientos de protesta. Antes, durante, después de este giro, e incluso a contrapié del mismo, dichos movimientos ocupan un lugar central en una misma voluntad de transformación social y democratización que se expresa de manera desigual desde Tijuana a Ushuaia. Tres lecturas del giro a la izquierda Entre los observadores, han prevalecido en los últimos años tres lecturas a la hora de abordar esta tendencia. Una primera que pone de relieve su singularidad (una misma mar de fondo), una segunda que hace hincapié en su dualidad (dos izquierdas distintas) y una tercera que lo hace en su multiplicidad (diversidad de situaciones).En líneas generales, la primera lectura se basa en tres observaciones de alcance continental: un contexto favorable al surgimiento de una política de hartazgo social y político, la aparición de nuevos actores populares de izquierda y un mismo aire de familia que comparten los nuevos poderes. De hecho, el triste balance del proceso, más o menos simultáneo, de liberalización política y económica iniciado en América Latina en la década de 1980 (elecciones multipartidarias libres, propagación de las políticas neoliberales, mayor dependencia financiera y tecnológica, volatilidad del crecimiento, aumento de la desigualdad, pobreza)  ha alimentado una gran decepción democrática en casi todos los países (Alternatives Sud, 2005). Mientras tanto, nuevos movimientos sociales surgían en todo el continente: organizaciones indígenas y de agricultores; de campesinos sin tierra y desempleados; del sector informal y de la mujer; vecinales y de derechos humanos; junto a experiencias alternativas autogestionarias de resistencia. Todas estas dinámicas contestatarias, surgidas de la apertura de espacios favorecida por la liberalización, de la pérdida de legitimidad de las representaciones y mediaciones tradicionales, y de las nuevas formas de exclusión y discriminación de un modelo de desarrollo que afecta a nuevos sectores, se caracterizarán por la diversidad de su implantación, sus métodos y sus objetivos. En otras palabras, por la articulación en sus movilizaciones de aspectos originales e innovadores junto a otros más tradicionales o antiguos (Alternatives Sud, 2005).Estas organizaciones y movimientos luchan por la redistribución de recursos y riqueza, por supuesto, pero también por el reconocimiento cultural, el respeto del medio ambiente y la mejora de la democracia. En el mejor de los casos, son, a la vez,  identitarios, demócratas, ecologistas y revolucionarios. Son actores sociales, étnicos, generacionales, culturales, locales, regionales o nacionales, y combinan u oscilan entre

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modos de acción en red y modos más centralizados, entre experimentación y  delegación, entre ámbitos de acción social o política, entre formas de organización democráticas, participativas, pero también más verticalistas, mediatrices o representativas2.Muy pronto, el aire de familia común a las nuevas izquierdas en el poder aparecerá y confirmará la lectura unificadora de “una misma mar de fondo” a escala continental. De la primera elección de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998 a la de Ollanta Humala a la de Perú en 2011, pasando por las victorias del PT en Brasil (2002, 2006 y 2010), los socialistas en Chile (2002 y 2006), Kirchner en Argentina (2003, 2007 y 2011), el Frente Amplio en Uruguay (2005 y 2009), Evo Morales en Bolivia (2005 y 2009), Rafael Correa en Ecuador (2006 y 2009), el FSLN en Nicaragua (2006 y 2011), Fernando Lugo en Paraguay (2008) y el FMLN en El Salvador (2009 ), todas significarán, de una manera u otra, un cierto “regreso del Estado”, la promoción de nuevas políticas sociales, un movimiento voluntarista de reapropiación de los recursos naturales y un interés por formas de integración de América Latina alternativas a las subordinadas a Estados Unidos. La segunda lectura del giro a la izquierda en América Latina se centra en una  valoración dicotómica de la tendencia, que opondría entre sí a dos grupos de países con proyectos distintos. El “polo de Chávez”, por un lado, asociado principalmente con las experiencia de Venezuela, Bolivia y Ecuador, y el “polo de Lula”, por el otro, asociado a las experiencias de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, El Salvador e incluso Chile. El primero agruparía a la izquierda radical (considerada “populista” por sus detractores); el segundo, a la izquierda moderada (tenida por “abandonista” por sus detractores). Y, en efecto, en virtud de determinados criterios se imponen dos polos de afiliación y convergencia políticas: mientras que los gobiernos del primero nacen de crisis nacionales de los sistemas políticos tradicionales (Bolivia, Ecuador, Venezuela), los del segundo son resultado de un juego de alternancias y coaliciones más tradicional (Brasil, etc.). En este proceso, los primeros se han lanzado a la ambiciosa empresa de reescribir las constituciones nacionales y reconstruir el Estado, basándose en referéndums populares y asambleas constituyentes, lo que no ha sido el caso del otro grupo. En los programas del primer polo figuran la nacionalización, una retórica antiimperialista en política internacional y la promoción de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA); en los del segundo la asociación entre lo público y lo privado, la retórica contra el proteccionismo en el comercio internacional y la participación en la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Lo cual no obsta para que, en opinión de Emir Sader, director del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de Buenos Aires, ninguno de los países que han girado hacia la izquierda, sea cual sea el polo de referencia, ha conseguido realmente romper con la hegemonía neoliberal y, mucho menos, con el capitalismo. Para los partidarios de la tercera lectura, la singularidad de las circunstancias nacionales es irreductible a sólo una o dos tendencias continentales. Así pues, habría tantos casos como países, y encontraríamos otras divergencias y agrupaciones, además de la distinción entre un polo radical y un polo moderado, tanto si tomamos en consideración la historia nacional, como la estabilidad política, la vulnerabilidad al golpe de Estado, la dependencia respecto al exterior, la configuración social interna, los recursos principales, el estilo y modo de gobierno, la composición del gobierno, la lealtad de la oposición, las políticas sociales y económicas, la relación real con el FMI, los tratados de libre comercio con Estados Unidos, etc. Los primeros resultados son en sí mismos de geometría variable. Disminución más o menos sensible de la pobreza, el analfabetismo, la desnutrición y las desigualdades; avances más o menos claros de los derechos de los pueblos indígenas; reformas agrarias y fiscales más o menos tímidas; iniciativas participativas e implicaciones democráticas más o menos conseguidas; reapropiación desigual de los beneficios de los recursos exportados; pérdida de influencia más o menos acentuada de Estados Unidos. Immanuel Wallerstein zanja la cuestión como sigue: “Lo cierto es que América Latina está más a la izquierda que antes (…) aunque la evolución política, hecha de altos y bajos, no es nunca perfectamente lineal (…) y varía con arreglo a los criterios adoptados. (Wallerstein, 2008 y 2007). Tiende a prevalecer un esquema aproximativo de capitalismo de Estado más o menos pronunciado, apenas menos dependiente del Norte y de Asia, pero más social, más keynesiano, más desarrollista, más participativo, más soberano, más redistributivo o más intercultural que antes, dependiendo del país. Sin embargo, con intensidades también variables, el clientelismo, la inflación, la corrupción, la inseguridad, la delincuencia, el tráfico de drogas, la evasión de impuestos, la desigualdad y la inflación siguen socavando la mayoría de las sociedades latinoamericanas, en medio de la debilidad de las instituciones democráticas y la consolidación de la estructura primaria, extractiva y agroexportadora de la economía (Coha, 2011; Clacso, 2011; Dabène, 2008; Bajoit, 2008 , San Upéry, 2008, Seoane et al, 2011).

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Relación entre los movimientos sociales y el poder político. Además de la singularidad de las circunstancias nacionales y la variabilidad de unos primeros balances, las particularidades de las relaciones existentes entre las sociedades civiles, los movimientos sociales de protesta y los poderes en cada país, además de disuadir las generalizaciones simplificadoras invitan a una lectura caso por caso, aun cuando se puedan establecer ocasionalmente puntos de comparación (…). En Argentina, resulta difícil cuestionar, desde el campo de las luchas sociales, los éxitos de la pareja Kirchner, en el poder desde 20036 . Con un auge de la economía, que crece a un 9% anual, impulsada en parte por el alto precio de las materias primas y la soja de la que es uno de los mayores exportadores del mundo, la reactivación industrial, la reducción del desempleo, la integración o reflujo del movimiento piquetero7  anterior a 2004, el intervencionismo estatal, las prestaciones sociales y una oposición dividida, los logros del kirchnerismo son apreciados por los sindicatos tradicionales ubicados en la gran corriente nacional-popular del peronismo. O más bien por algunos de los sindicatos, teniendo en cuenta los enfrentamientos intersindicales entre los sectores de mayor o menor afinidad con el Gobierno (Svampa, 2011). Al mismo tiempo (y sin ningún tipo de relación con las posiciones sindicales más en línea con el desarrollismo del poder) nuevas luchas socioambientales han surgido por todo el país. Opuestas a la expropiación y apropiación de tierras por los sectores agroexportadores, minero o turístico, tienen problemas para hacer frente tanto a las presiones como a la represión pura y dura de diversos actores públicos y privados (…). En un plano mundial, las formas que han tomado en general la protesta y la rebelión en América Latina desde la caída de las dictaduras y la liberalización política y económica del continente siguen siendo un patrón de referencia. De hecho, sigue  prevaleciendo un tipo de movilización que, a pesar de las profundas injusticias y desigualdades, y también de la represión, la tortura, las masacres y los exilios en masa como los que han roto recientemente a millones de nativos, en Guatemala en particular, no ha derivado en regresiones oscurantistas comunitaristas, en fundamentalismos reaccionarios o en terrorismos indiscriminados, como es evidente en otros continentes. Notas: 1-   En español en el original2- Los recientes trabajos de sociología de los movimientos sociales latinoamericanos, basados singularmente en marcos teóricos y conceptuales anglosajones, contribuyen a superar la oposición estéril entre los dos principales enfoques de origen europeo, frecuentemente normativos, que, por una parte, tienden a tomar en consideración únicamente las movilizaciones tenidas por expresión obligada de las relaciones de clase, reacciones a las formas de explotación socioeconómica, vector de transformación política, y, por otra parte, absolutizan la originalidad de unos “nuevos movimientos sociales”, que se mueven exclusivamente por los retos culturales, de discriminación, de reconocimiento y de identidad. 6-  La presidenta Cristina Kirchner (elegida en 2007), esposa de Néstor Kirchner (presidente de 2003 a 2007, fallecido en 2010), fue reelegida en octubre de 2011.7- En español en el original.

C) El modelo económico actual ¿Qué medidas tomó Macri y qué modelo de país quiere la derecha? Mayo 16, 2016. Diario Contexto. Por Miguel Croceri. Apenas asumió, la gestión de Macri dejó en claro que apunta a restaurar el poder de las corporaciones y subordinar al país bajo los intereses del capitalismo financiero trasnacional y la dominación norteamericana. Con su oposición a la ley antidespidos y su apoyo apenas disimulado a los golpistas brasileños Mauricio Macri está dando una prueba más del perfil ideológico de derecha y de su alineamiento con los intereses del capital más concentrado, en pos de restaurar en la sociedad argentina el dominio de las corporaciones (económicas, mediáticas, judiciales, etcétera) y de ubicar nuevamente al país bajo la hegemonía de Estados Unidos. Numerosas son las medidas tomadas en sus cinco meses de gestión que dejan en claro a favor y en contra de quién está su gobierno y cómo es el modelo de sociedad que aspira a imponer si la relación de fuerzas se lo permite. El siguiente es un repaso, no exhaustivo pero sí suficientemente indicativo, de algunas decisiones fundamentales: – Apenas asumió, el macrismo copó la conducción del Banco Central mediante presiones indebidas que provocaron la renuncia de las anteriores autoridades. El nombramiento de nuevos funcionarios mostró al instante la ridícula pretensión, reiterada hasta el hartazgo durante años y años, del principio ultraliberal de que el Banco Central debe ser “independiente” del Gobierno. – Igualmente de inmediato y en un brutal acto de violencia jurídica, designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ambos con perfil conservador (aun cuando uno de ellos haya sido ministro de Néstor Kirchner, y con trayectorias profesionales en poderosos bufetes de abogados donde se ejerce la

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defensa de grandes negocios. La alevosía del decretazo fue tal que, por críticas desde su propia coalición política y por la oposición de su aliado fundamental y presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti, Macri dispuso un retroceso táctico para que los nombramientos se hagan según las reglas constitucionales. (Las designaciones están pendientes de aprobación en el Senado, donde sólo podrán consumarse si, tal como ocurrió con el pacto con los fondos buitre, una parte del bloque del PJ-Frente para la Victoria se somete a la voluntad de la derecha gobernante). – La ofensiva de los primeros días en el plano económico-social tuvo su pilar básico en la híperdevaluación del peso, en torno del 40% de su valor, para beneficio de los bancos extranjeros y del oligopolio exportador. Con la eliminación de los controles cambiarios (maniobra propagandizada como “fin del cepo al dólar”)  el Gobierno macrista disparó una inflación mucho más grave que la que existía, inició una etapa de recesión en la economía, reinstaló en el país los despidos laborales y el miedo a la desocupación que habían desaparecido durante el kirchnerismo y retrotrajo a capas populares muy pobres a situaciones cotidianas de privaciones extremas, incluidas las alimentarias. -- También apenas asumió y mediante decretazos, derogó de facto las cláusulas antimonopólicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y abolió organismos de aplicación de carácter plural y federal para reemplazarlos por un nuevo ente que integran funcionarios de su Gobierno más algunas presencias decorativas. Además, derogó de facto la Ley Argentina Digital (o de Telecomunicaciones) que regulaba entre otros los servicios de Internet y de telefonía móvil. La consecuencia inmediata fue la ampliación del campo de negocios del Grupo Clarín, que no sólo mantuvo intacta su posición dominante en el mercado de medios audiovisuales, sino que se expandió al mercado de las telecomunicaciones. – La dirección de los medios de comunicación públicos dependientes del Estado nacional fue copada por el oficialismo, aboliendo de facto los plazos y procedimientos legalmente previstos para la designación de autoridades y la determinación de contenidos. – El Gobierno de Jujuy, con el aval del Gobierno nacional más la complicidad de la corporación judicial y la agitación propagandística sobre la opinión pública del sistema de medios dominantes que forman parte del nuevo bloque de poder, decidió meter presa a la militante y líder popular Milagro Sala, violando todas las garantías del debido proceso y de defensa en juicio, pisoteando así las garantías del estado de derecho. La gravísima privación ilegal de la libertad de esa persona persiste hasta hoy. – En el hecho más grave por condicionar el provenir del país en las próximas décadas y por su proyección económico-social hacia las futuras generaciones, el Gobierno de Macri (en complicidad con una gran parte de los gobernadores y legisladores elegidos por el Frente para la Victoria) se sometió a la voluntad de los fondos buitre y del Poder Judicial norteamericano. Mediante un pacto que determina el pago de una deuda usuraria, introduce al país en un nuevo ciclo de deuda externa impagable a largo plazo y deja a la nación al arbitrio de mafias financieras trasnacionales. – La eliminación casi total de aranceles de exportación (normalmente llamados “retenciones”) para favorecer a las empresas cerealeras y a otras del sector agropecuario, e idéntica medida en favor de las compañías extractivas mineras, fueron decisiones de política económica que implican una directa transferencia de fondos a corporaciones económicas. O, lo que es lo mismo: perjuicio para las finanzas públicas y el conjunto de la sociedad y mayores ingresos para las clases sociales dominantes. – Al asumir, el Gobierno macrista inició una ola de despidos en el sector público que se mantiene hasta hoy. Las finalidades fueron al menos tres: agitar la acción psicológica propagandística sobre la sociedad respecto de un falso carácter parasitario de los trabajadores públicos, desmantelar las funciones económicas y sociales del Estado y la capacidad de sus prestaciones y perseguir por sus ideas políticas a personas empleadas en el ámbito estatal. – Similar a lo anterior, se ejerció una persecución laboral en medios de comunicación del Estado nacional y también en medios privados a través de presiones, contra periodistas afines al kirchnerismo o que, en general, expresaban discursos alternativos al de la derecha. En estos casos, además de procurar efectos similares a los despidos, se sumó como resultado objetivo la desaparición de voces críticas y de discursos contrahegemónicos en prácticamente la totalidad del sistema de medios más influyentes en la opinión pública. La situación sólo se contrarresta parcialmente con unos pocos medios privados de Buenos Aires y del resto del país y con múltiples medios alternativos generados desde la sociedad civil, las Universidades y las organizaciones populares, más las redes de comunicación digital. – En política exterior, el principal gesto de Macri ha sido el hostigamiento retórico y diplomático contra la revolución bolivariana de Venezuela y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa posición exhibe una rotunda subordinación a los intereses de Estados Unidos y de la derecha continental e hispánica (ya que también en España son muy fuertes los dispositivos de ataque contra los Gobiernos y/o fuerzas populares

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latinoamericanas). – Otra viga maestra de la política exterior macrista es el paulatino abandono de las políticas de integración con América Latina. El Gobierno argentino actual contribuye a la parálisis del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe). Como muestra de ello y en una actitud altamente demostrativa del boicot a las instituciones de cooperación regional, hasta se niega a pagar las remuneraciones de los parlamentarios argentinos del MERCOSUR, que corresponden por ley a la nación. – Durante la visita de Barak Obama se firmaron pactos reservados con Estados Unidos que incluyen temas como la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sin diferenciar seguridad y defensa; asistencia en la Triple Frontera; misiones militares en África; asilo a los sirios que huyen de los bombardeos; Centros de Fusión de Inteligencia, defensa hemisférica, fuerzas de seguridad en el Comando Sur; cooperación nuclear a espaldas de Brasil y apertura comercial irrestricta”, según un imprescindible documento periodístico escrito por Horacio Verbitsky y publicado en el diario Página/12 el 27 de marzo (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295548-2016-03-27.html). – La quita de subsidios, con tarifazos en electricidad, agua y cloacas, gas y transporte público y con aumentos en el precio de los combustibles, son formas de saqueo a la economía popular que tienen como perfecta contraparte mayores ingresos para empresas monopólicas de servicios esenciales y compañías oligopólicas del mercado hidrocarburífero. – El Gobierno de Macri eliminó áreas y organismos de control, vigilancia y persecusión de delitos económicos, entre ellos dependencias del Banco Central, el Ministerio de Economía y la Unidad de Información Financiera (UIF). Todas y cada una de esas decisiones convergen en facilitar la especulación financiera, la evasión impositiva, los abusos de precios y los ataques contra la moneda argentina y otorgan facilidades para el blanqueo de dinero de origen delictivo. En este último punto, el colmo de la alevosía ha sido designar como autoridades de la UIF a abogados de los bancos investigados por lavado de activos (como expresa el dicho popular, “el zorro cuida a las gallinas”). – Otra contribución al deterioro del poder de intervención del Estado democrático en la economía, para facilitar negocios, negociados y abusos de los grandes capitalistas (los habitualmente llamados “mercados”), ha sido el desmantelamiento de áreas del Ministerio de Economía destinadas al seguimiento de la estructura de costos de las grandes empresas y de forma congruente, el paulatino abandono del programa Precios Cuidados. – En igual sentido, Aerolíneas Argentinas empezó a cerrar rutas en beneficio de competidores privados y el Gobierno redujo drásticamente las fuentes públicas de financiamiento de la empresa nacional de aviación, recuperada por el kirchnerismo luego de que los propietarios privados la llevaran a la bancarrota. – Las clases sociales que más necesitan de políticas estatales activas para posibilitar su acceso al derecho a la educación sufren el desmantelamiento de los programas de promoción educativa PROG.R.ES.AR. y FinEs. – Finalmente, la más reciente y grave medida de política exterior, contraria al fortalecimiento de la democracia y la integración en América Latina y simétricamente favorable a la recuperación del dominio norteamericano en la región, es la convalidación del golpe parlamentario en Brasil. La administración macrista evitó todo respaldo a la presidenta Dilma Rousseff y en cambio emitió declamaciones diplomáticas acomodaticias (“respeto al proceso institucional”) que son perfectamente funcionales al operativo desestabilizador y legitiman al gobierno de facto. La enumeración de medidas podría ser más extensa, pero todo lleva a reafirmar que el Gobierno de Mauricio Macri integra un bloque de poder que vio disminuida su hegemonía durante más de una década y que busca reconstituirse. Sus metas apuntan a desmantelar los derechos sociales conquistados en el proceso político anterior, desgastar hasta eliminar el recuperado poder del Estado como regulador de las relaciones económicas y freno a la voracidad de los mercados, restaurar el dominio de las corporaciones, someter al país a los intereses del capitalismo financiero trasnacional y desmontar la estrategia de integración latinoamericana y autonomía nacional en sus relaciones con el resto del mundo, para alinear nuevamente a Argentina bajo la órbita de Estados Unidos. Que todo ello ocurra, completa o parcialmente, dependerá en gran medida de cuál sea el poder que pueda construirse para defender los intereses perjudicados, que son los de las mayorías populares.

BIBLIOGRAFIA:http://finesalejandra.blogspot.com.ar/2014/11/estado-y-nuevos-movimientos-sociales.htmlhttp://fines2draclaudiabenitez.blogspot.com.ar/p/blog-page.htmlhttp://problematicafines.blogspot.com.ar/http://www.maristellasvampa.net/publicaciones-ensayos.shtml

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