Centro ExxonMobil para el Estudio de la Energía y el ... · cuenta de la importancia del trabajo...

Centro ExxonMobil para el Estudio de la Energía y el Desarrollo

MemoriasIX Congreso Internacional de

Minería y Petróleo

© CoediciónUNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDAExxonMobil de Colombia S.A.

MemoriasIX Congreso Internacional de Minería y Petróleo

Fredy Andrés Barrero Escobar (compilador)Edición: abril de 2014

Queda prohibida toda reproducción por cualquier medio sin previa autorización escrita del editor.

Edición realizada por el Fondo de PublicacionesUniversidad Sergio ArboledaCarrera 15 No. 74-40Teléfonos: (571) 325 7500 ext. 2131/ (571) 322 0538www.usergioarboleda.edu.coBogotá, D.C.

Director editorial: Jaime BarahonaDiseño y diagramación:Jimmy F. Salcedo Sá[email protected]

Impresión: DigiprintBogotá, D.C.

ISSN: 2357-5859

ContenidoPresentación ......................................................................................... 7

Instalación ............................................................................................ 9Adriana MartínezPresidente del comité organizador Julián Santos Gerente de Asuntos Públicos y Gobierno Región Andina. ExxonMobil de Colombia S.A.John Morrison Director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IHRB). Londres, Reino UnidoJuan Manuel SantosPresidente de la República de Colombia

Módulo 1. La renta minera y petrolera: ¿cómo maximizar esta excelente oportunidad para acelerar el desarrollo económico y social del país? .................................................................................... 35

La participación de la industria extractiva en el desarrollo económico: un balance de gobierno ................................................. 37Federico RenjifoMinistro de Minas y Energía

Impactos de la renta petrolera y minera en la economía de los países: una visión de actualidad ....................................................... 45Eduardo LoraEx economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, Estados Unidos Guillermo PerryEx Ministro de Hacienda y Crédito PúblicoModerador: Alejandro Martínez VillegasPresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo

La renta minera y petrolera como factor de crecimiento de otros sectores empresariales ...................................................................... 55Jorge Alberto Marín DíazDirector técnico de la Cámara Colombiana de infraestructuraJavier DíazPresidente de Analdex Hermes AguirrePresidente Consejo Directivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol)Antonio José VicentelliPresidente & CEO, director de Petronova

¿Cómo impulsar el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las industrias minera y petrolera? .................................................... 75Germán Arce ZapataPresidente de la Agencia Nacional de HidrocarburosMaría Constanza GarcíaPresidenta de la Agencia Nacional de Minería

¿Cómo impulsar el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las industrias minera y petrolera? .................................................... 91Javier Gutiérrez P.Presidente de EcopetrolLuis PachecoVicepresidente de Planeación y AIT, Pacific Rubiales EnergyJoao CarreloCEO, Eco Oro Minerals Corp.Humberto Calderón BertiPresidente de VetraGroupFelipe MárquezVP y Consejero General de AngloGold AshantiModerador: León TeicherEmpresario y ex presidente de El Cerrejón

Módulo 2. Territorio y entorno social ............................................ 115

Seguridad y actividades económicas estratégicas ......................... 117Jorge Enrique BedoyaViceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales, Ministerio de Defensa

Estrategia gubernamental para la prevención de incidentes por conflictividad social ........................................................................ 133María Claudia Medina Asesora del Ministro del Interior de la República de Colombia

Panel. Los actores y sus visiones: propuestas para una agenda compartida ....................................................................................... 141Carlos Eduardo GechemViceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del InteriorAlfredo GruberDirector general de Vetra EnergyEduardo JunguitoDirector de la Oficina Ambiental y Social del Ministerio de Minas y EnergíaJuan RiveraDirector de las Asociación de Municipios PetrolerosModerador: Francisco LloredaConsejero Presidencial para la Seguridad y Convivencia Ciudadana

Los elementos clave en la identificación de una agenda compartida .......165Ernesto Borda Medina Director de Trust. El valor de la confianza.

Módulo 3. El modelo de licenciamiento ambiental enfocado a la calidad de la gestión pública y privada ........................................... 173

Modelos de licenciamiento ambiental. Visión internacional ....... 175Jim DilayBoard Member Energy Resources Conservation Board, ERCB, Alberta, Canadá.Fabián Marcelo PalmadaDirector regional para la evaluación de impactos y planificación (Latinoamérica y Caribe). Consultor principal y socio ERM Group, Argentina

Modelos de licenciamiento ambiental: la experiencia internacional.... 193Joe David KueblerURS Corporation

Panel. Oportunidades frente al modelo de licenciamiento ambiental colombiano .................................................................... 199Jim DilayBoard Member Energy Resources Conservation Board, ERCB, Alberta, Canadá Fabián Marcelo PalmadaDirector regional para la evaluación de impactos y planificación (Latinoamérica y Caribe). Consultor principal y socio ERM Group, ArgentinaNicolás LópezCountry Manager de IAMGOLD CorporationFabián ArjonaDirector ejecutivo de The Nature Conservative ColombiaJoe David KueblerURS CorporationEduardo JunguitoDirector de la oficina de asuntos ambientales y sociales, Ministerio de Minas y EnergíaLuz Helena SarmientoDirectora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA)Moderador: Eduardo UribeEx Viceministro de Medio Ambiente

Clausura ........................................................................................... 225Cesar DíazDirector Ejecutivo de la Cámara de MineríaJavier DíazPresidente de ANALDEXAlejandro MartínezPresidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACPAdriana MartínezPresidente de CinmipetrolEduardo MontealegreFiscal General de la Nación

Presentación

El desarrollo social y económico está ligado al avance de la locomotora minero energética, principal soporte del

desempeño económico de nuestro país. A su vez, dichos de-sarrollos están concatenados con los compromisos que las empresas del sector adquirimos con las comunidades y con el medio ambiente con el fin de asegurar un desarrollo susten-table y armónico en los territorios en los que operamos, en un contexto en el que las alianzas público privadas, APPs, dan cuenta de la importancia del trabajo mancomunado basado en la ética y en la responsabilidad empresarial.

En estas memorias del IX Congreso Internacional de Mine-ría y Petróleo, editadas por el Centro ExxonMobil para el es-tudio de la Energía y el Desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda, se retoman las principales discusiones académicas, las posiciones del gobierno nacional y de los gobiernos sub-nacionales, así como las mejores experiencias y prácticas del sector en materia ambiental y trabajo en la comunidad, bajo la urgencia de saber cómo impulsar el crecimiento económi-co y social a partir de la renta minera y petrolera en contextos que pudieran propender a la conflictividad social.

La compilación de estas memorias busca compartir el cono-cimiento especializado y pragmático de quienes desde cada sector buscamos generar respuestas a las necesidades del país, mediante el planteamiento de soluciones desde lo público y lo privado para genera cambios significativos de largo plazo.

Nuevamente y como cada año, queremos agradecer a todos los participantes de este gran evento, pues de sus experiencias y conocimiento se elaboran éstas memorias, las cuales son

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fuentes fundamentales para entender nuestras realidades y promover el desarrollo.

En ExxonMobil de Colombia S.A. y en la Universidad Sergio Arboleda sabemos que el conocimiento es la mayor fuente de energía que permite el movimiento de la humanidad.

Camilo Durán MartínezPresidente

ExxonMobil Colombia S.A.

Rodrigo Noguera CalderónRector

Universidad Sergio Arboleda

Instalación

Adriana MartínezPresidente del comité organizador

Señor Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos, Señor Ministro de Minas y Energía, Dr. Carlos Rodado

Noriega, Señora Alta Consejera presidencial para la Gestión Ambiental y la Biodiversidad Dra. Sandra Bessudo, Señora Alcaldesa Mayor de Cartagena, Dra. Judit Pinedo, Dr. Ca-milo Durán- Presidente de ExxonMobil de Colombia S.A., Ing. Hugo Nielson, Secretario General de Olami. Señoras y señores:

Como presidente del comité organizador quiero darles la bienvenida a todos a esta novena edición del Congreso Inter-nacional de Minería y Petróleo.

El país cuenta con los sectores de minería, petróleo y energía como una de las locomotoras que impulsan la prosperidad de todos los colombianos. En los últimos años ha sido vigoroso su crecimiento y las proyecciones hacia el futuro muestran que esa tendencia continuará, al menos durante esta década.

Esto demuestra que la actual política de minas, petróleo y energía está teniendo éxito. Pero, como bien dice el ex minis-tro Hernán Martínez Torres, “vamos bien, pero todavía hace falta”, puesto que estas proyecciones no son todavía una rea-lidad. Es necesario el esfuerzo mancomunado de los sectores público y privado para atender los retos que dichas proyec-ciones implican.

El congreso internacional que instala el Presidente de la Re-pública será el foro donde expertos y académicos nacionales e internacionales, líderes empresariales y autoridades guber-


namentales del más alto nivel se reúnan para “volver realidad las pro-yecciones”.

Se han identificado cuatro ejes temáticos, alrededor de los cuales gira-rán las conferencias y paneles:

1. La competitividad del país y las condiciones económicas para in-vertir.

2. Los retos que imponen los entornos social y ambiental.

3. Las necesidades en infraestructura.

4. Los marcos regulatorios e instituciones públicas que se requieren para que sigan creciendo estos sectores.

Se han escogido las anteriores dimensiones porque en ellas se agrupan los principales retos por atender, los cuales se resumen en una expec-tativa generalizada, en la que se requiere 1. estabilidad en las condicio-nes económicas para las inversiones y 2. viabilidad/sostenibilidad de las operaciones.

Los inversionistas esperan que los tributos y cargas contractuales no aumenten, que no haya inesperadas e injustificadas prohibiciones am-bientales para trabajar en las áreas y bloques de operaciones, que las licencias ambientales se resuelvan en tiempos razonables, al igual que los procesos de consulta a las minorías étnicas; esto, por supuesto, con pleno respeto al medio ambiente y a los derechos culturales de dichas minorías, que las autoridades gubernamentales prevengan las vías de hecho en contra de las operaciones y si se bloquean las operaciones que ellas actúen para que haya pleno ejercicio de derechos y deberes por parte de todos. Debe haber una institucionalidad minera tan fuerte y eficaz como la petrolera y condiciones económicas competitivas, con-diciones de entorno que garanticen la viabilidad y sostenibilidad de las inversiones, de las operaciones.

Por su parte, los empresarios deben fortalecer su gestión empresarial frente al medio ambiente, las comunidades campesinas y minorías ét-nicas. Porque, evidentemente, se trata de generar riqueza, de llevar al país por un sendero de prosperidad, pero no de cualquier manera; es fundamental la responsabilidad empresarial frente a dichos entornos.

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No podrá jamás un gobierno o un sector empresarial considerar como legítimas las operaciones que causan daños graves al medio ambien-te, a los ecosistemas frágiles o que violan los derechos de comunida-des vecinas a las mismas. Así pues, estos sectores significan enormes oportunidades para el crecimiento y bienestar de los colombianos, y en este congreso internacional se está buscando identificar avenidas que permitan conjuntamente atender los retos que dicho crecimiento im-plica. Hay que tener en cuenta acá que la política de minas y energía está teniendo éxito, lo cual pone de presente el hecho de que pareciera ser más difícil manejar y hacer sostenible el éxito que administrar el fracaso. Pero estamos convencidos de que con el trabajo conjunto de todos lo podremos hacer de la mejor manera posible en beneficio de toda la sociedad. Esa será la tarea que acometeremos en estos tres días de deliberaciones.

Finalmente, en nombre de mi hermano Alejandro y en el mío propio, como hijos de Aurelio Martínez Canabal, promotor de esta iniciativa y ejecutor del certamen en sus seis versiones anteriores, quiero agradecer la presencia de todos ustedes hoy, ya que sabemos que muchos están aquí cumpliendo una cita que nuestro padre nos puso a todos, hace un año en este mismo lugar, para dar inicio al IX Congreso Internacional de Minería y Petróleo. Muchas gracias.

Julián Santos Gerente de Asuntos Públicos y Gobierno Región Andina.

ExxonMobil de Colombia S.A.

En ExxonMobil estamos convencidos de que la educación es el pilar del desarrollo económico y social, por esto nos

hemos unido con organizaciones públicas y privadas con el fin de contribuir positivamente a la educación en lugares donde operamos, ExxonMobil centra sus esfuerzos a nivel global en programas de alto impacto educativo con sus iniciativas edu-cando en ciencias y matemáticas y ofreciendo oportunidades económicas para la mujer. Desde los primeros años escolares hasta la universidad, apoyamos programas con la premisa de educar a los estudiantes de hoy para que se conviertan en los científicos del mañana. Hoy Colombia requiere de mayores espacios de debate que fomenten el estudio y la investigación sobre el impacto de la energía en la realidad nacional, para crear de esta manera conciencia sobre la importancia de este sector en el desarrollo económico y social de nuestro país. En ExxonMobil creemos que podemos aportar a esta realidad.

Como parte de esta necesidad de conocimiento y debate, en 2007 conformamos, con la Universidad Sergio Arboleda, el Centro ExxonMobil para el estudio de la energía y el desa-rrollo, en un esfuerzo conjunto para promover el avance del conocimiento en temas energéticos y sus implicaciones para el desarrollo sostenible en nuestra sociedad. Con la creación del centro buscamos generar espacios de discusión, haciendo énfasis en el estudio e investigación del impacto de la energía en la vida diaria de los colombianos, a partir de un programa estructurado y formal, y aportar a los jóvenes con talento las herramientas para que sean los líderes del mañana.


Durante estos últimos seis años hemos desarrollado la cátedra perma-nente de Geopolítica y Energía, contando con la asistencia de numerosos estudiantes a los foros y encuentros sobre temas energéticos. Creamos el Centro de Documentación de la biblioteca central de la Universidad Sergio Arboleda, que concentra más de tres mil documentos, estable-cimos una página web con noticias diarias del sector y realizamos una serie de documentos sobre temas afines al centro.

Hoy, con orgullo, tenemos las memorias del IX Congreso Internacio-nal de Minería y Petróleo, que constituyen una publicación que con la Sergio Arboleda hemos decidido realizar como aporte al estudio de temas energéticos en nuestro país y como registro de importantes te-mas y análisis que se llevan a cabo en este congreso. La posibilidad de entender el presente para construir un mejor futuro, es quizá la mayor riqueza que podrán encontrarse en estas memorias. Las ponencias que allí se recogen son de la mayor trascendencia para entender los retos a los que se enfrenta Colombia y el mundo; en ellas se rescatan las posi-ciones de académicos, funcionarios del Gobierno nacional y reputados empresarios en búsqueda de respuestas a las necesidades del desarrollo sostenible de este sector.

En ExxonMobil sabemos que solo a través de la educación podremos enfrentar el gran desafío energético que nos desafía, por eso seguiremos invirtiendo en programas como el que desarrollamos con la Universidad Sergio Arboleda, para garantizar así que en el futuro sigamos suministrando la energía que Colombia y el mundo necesitan de una manera económica, ambiental y socialmente responsable.

John Morrison Director ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos y

Empresas (IHRB). Londres, Reino Unido

Business and human rights is an emerging agenda that has grown in importance in the past two decades, and Mr.

President, your government has played a critical role in en-suring that Colombia remains an important participant in that conversation. Colombia’s enthusiastic acceptance of this agenda has made sure that business, government, and civil society work together to deal with the complex problems po-sed by the interplay between private sector activity and res-pect for international human rights standards.

Placing a human rights presentation in the opening plenary of this conference and other similar conferences in other nations around the world is, I believe, an indication that the extractive industries see how international standards increasingly relate to the materiality of any company and its social license to operate. Business is a social as well as an economic actor: good social management has economic benefits. Poor social management will threaten the financial performance of most companies. There are an increasing number of CEOs of oil and mining companies around the world who get this, that see social risk as potentially more expensive to their companies than any technical issue. This calls for new skills both in the Board Room and for operational managers who understand the social sciences as much as they understand geology or engineering.

I have three key messages for you today. First, human rights are no longer an optional matter for business in Colombia or in any of the world’s leading economies. Second, Colombian


companies have played a major role in dealing with very hard ques-tions about conflict, security and human rights. There are lessons here in Colombia that could be imparted to other parts of the world. And finally, as peace negotiations currently taking place in Havana have shown, once conflict ceases, business has a major role to play to making cease peace sustainable. Businesses will have to work together to make sure that old conflicts and underlying grievances do not resurface, and peace becomes real.

When my colleagues and I mention that we work at the Institute for Human Rights and Business, we often get met with skepticism and surprise. What could business and human rights have to do with each other? There are some who think the question is muted because they believe that business can only have a positive influence on human rights: business pays taxes, creates jobs, and corporate social respon-sibility initiatives lead to the development of infrastructure in remote parts of the world. Sometimes where the reach of the government does not extend. But there are others who believe that business can never do any good for human rights, they have in mind stories of oil companies polluting countryside, mining companies in conflict with indigenous communities, and the horrific conditions in which people continue to work, in informal mines in Africa, or in garment factories in Bangla-desh for example.

However the truth is inevitably in between, reality is complex, it is not as straightforward as this false dichotomy where business can do only good, or where can only do bad. Business can do good and bad; busi-ness itself is not good or bad. And it is our responsibility as citizens, as government officials, as activists, and indeed, as executives of compa-nies to ensure that the impact of business is good, and where the impact is likely to be bad, that mitigating steps are taken to prevent human rights abuses.

Colombia has a long experience of what business can do good and bad. Go back 85 years to 1928, to December 6th, in the town of Cienaga close to Santa Marta. You know the story I am about to tell as much better than I do, but indulge me just for a few moments. It is a sto-ry I learned from the gifted pen of Gabriel Garcia Marquez. We know this, the workers at the plantation of the United Fruit Company wanted written contracts, eight-hour work-days and six-day work-weeks, and

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when they could not get these, they went on strike which went on for more than a month; the government of the United States threatened to send troops unless the company’s interests were protected; to ward off an American incursion, Colombia sent troops; and an unknown num-ber of workers died in the incidents that followed. That was a long time ago; Colombian history has changed since.

Gabriel Garcia Marquez has said he was inspired by that incident when he wrote the banana massacre in “One Hundred Years of Solitude.” In the novel, when the banana company originally arrived in the fictional town of Macondo, it brought with it modernity as well as its conse-quences. With typical flourish of magic realism, Garcia Marquez wrote that the company “changed the pattern of the rains, accelerated the cy-cle of harvests and moved the river from where it had always been.” But it also unleashed a “wave of bullets” on striking workers in the plaza.

Colombia today is a vastly different place, significant amongst leading emerging economies; it has provided rare leadership in embracing the business and human rights agenda. Companies here are aware of the high cost conflict imposes on business. They know about production loss, and the loss of time because workers cannot report to work. They know the impact of armed opposition groups, which terrorize workers and communities and attack assets. They understand the damage caused to the environment when a pipeline is destroyed. And so, companies have come together here in this country to search for new approaches, and have played a useful role in brokering dialogue between parties in conflict to bring about peace.

Let me turn to some international developments which are of great rele-vance to Colombia. Over the past decade, at the United Nations, a pro-cess developed and culminated in the unanimous adoption of the Uni-ted Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in 2011. These Guiding Principles provide a roadmap firstly for governments, yes governments, regarding what they must do to protect human rights. Whether or not governments are competent in their role, the Guiding Principles also make it clear that companies have an independent res-ponsibility to respect human rights. To do so, not only do they need to develop a human rights policy, but also conduct a due diligence process, which includes assessing risks and impacts of their activities, and esta-blishing internal processes including tracking and monitoring perfor-


mance, and reporting on it, to ensure that human rights are respected. Finally, where gaps exist, remedies must be developed.

Now, Colombia is considered a leader in offering itself as a laboratory where recommendations in the Guiding Principles can be tested. Indeed, at your Universal Periodic Review recently at the United Nations Human Rights Council in Geneva, your Vice-President expressed Colombia’s willingness to make available the actions of the State in connection with the implementation of the Guiding Principles. And I quote “The work undertaken in this sphere represents a body of experience that may provide a positive contribution towards developing good international practices in the area of human rights,” the Colombian report said.

The Colombian statement reveals how the conversation about business and human rights is no longer one of rich nations against poor nations, large companies and weak states. Our globalized world has become en-meshed, that conversation now involves each and every one of us. And there are few countries in the world, which understand the context be-tter than Colombia itself. Foreign and local businesses have operated here for a long time, and the impacts are visible in all parts of the coun-try, Colombian farmers benefit from the export of flowers, just as coffee growers benefit from the international trade in coffee. Juan Valdez is a brand competing with the biggest coffee shops in cities around the world. And at the time, new investments coming are increasingly from countries like China and Brazil, and not only the United States, Cana-da, and Europe. Yesterday’s markets are today’s investors; yesterday’s recipients are today’s donors.

Let me turn to one concrete example of how Colombia is seeking to ad-vance the business and human rights agenda. The Voluntary Principles on Security and Human Rights is an initiative involving governments, companies and civil society actors, where Colombia has metamorpho-sed from being the poster-child country where abuses had occurred to a leader of international best practice. The Voluntary Principles were launched in 2000 simultaneously in Washington and London, as a fra-mework designed to help ensure that companies protecting their people and assets would do so in ways that protected fundamental freedoms of the communities in their neighborhoods.

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The initiative came about because oil, mining and gas companies ope-rating internationally often found that security forces guarding their facilities were being accused of committing human rights abuses. The companies claimed they did not want those abuses to be committed, but felt they were powerless to do anything about it, because the secu-rity was being provided by sovereign states. The Voluntary Principles provided an ingenious method whereby companies and civil society groups and governments were expected to work together to ensure that security forces upheld human rights.

Before the Voluntary Principles (or “VPs”) were drawn up, one of the countries where companies had faced problems was Colombia, others included Indonesia and Nigeria. The VPs were created to deal with such problems, but the VPs could not have fulfilled without the role that the Colombian companies had played, and yet it took some time befo-re Colombia could become fully part of the VPs process. Fortunately, Colombian based companies, local and international like Occidental Petroleum, Ecopetrol, or Cerrejon Coal did not wait. They began to make serious efforts to implement the Voluntary Principles with an in-ternational NGO (International Alert) to assess risks and impacts of their activities, to put in place protocols and procedures to minimize human rights risks.

What Cerrejon achieved in its relationship with the Wayu’u commu-nity in La Guajira, and Ecopetrol and Occidental did in Magdalena Medio testifies that sincere efforts to support human rights can and do reduce the likelihood of a crisis going out of hand. But Colombian companies were not only satisfied with a tool that was useful with the extractive sector. The electricity generation company ISAGEN has be-come interested in improving community relations, and other compa-nies, including dairies and agricultural companies, wanted to be part of the process.

While the Voluntary Principles process globally was not yet ready to expand, Colombia went ahead, and established the Guías Colombia or the Colombian Guidelines which extended the VPs to include re-lationships with trade unions and how companies can deal with the existence of armed groups.


A strengthened dialogue with unions is of vital importance, conside-ring the number of trade union leaders who have faced (and still face) threats of violence, and the tragically large number who have been ki-lled. This concern extends beyond the oil and gas sector. Guías Colom-bia is an important document, and so is the initiative of mining and energy companies, which have formed the Comité Minero Energético (CME).

These are both noteworthy and laudable initiatives, but their ultimate success and credibility will require strong support of, and participation by civil society. Even within the extractive sector there is much that needs to be done, including the treatment of workers in the informal, artisanal mining sector. As many Afro-Colombian communities have rights under Colombian laws, their artisanal mining should not be con-fused with illegal mining. The challenge is not only to assure that the rights of these communities are respected by companies, but that the necessary engagement of communities and companies are not inter-fered with by armed organizations. This is just an example where the protection of rights by the state and their respect by companies needs support and a constructive dialogue to develop policies to facilitate the actions of companies ready to commit.

While the focus on the security sector in extractive industries makes sense and has been useful in catalyzing action, it is not yet time to rest on those laurels. Excessive focus on security issues alone can also be counter-productive. Human Security is everyone’s right; it is not a pri-vilege that someone in authority grants those without power. Everyone in Colombia deserves to have their human rights respected and pro-tected, not only those who live in areas where companies and security forces adhere to international standards.

It is a job that cannot be ignored. As Colombia has signed free trade agreements with major trading powers, its corporate conduct will come under greater scrutiny. With Colombia keen to join the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), it is vital that its companies establish high standards of due diligence based on broad and effective participation of stakeholders, including grievance and re-medy mechanisms.

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And so to conclude, Colombia is showing real leadership globally and across Latin America and across the world. We salute this, Mr. Presi-dent. The country’s commitment to business and human rights will be tested when short-term economic or political imperatives come call-ing, when other governments, perhaps less proactive on human rights, come on trade missions or negotiate bilateral trade agreements. Given the courage of all the Colombian people in facing down internal divi-sions, we have great hope that this commitment to business and human rights will continue in this country. This commitment is at its heart a commitment to social sustainability, a commitment not just for every Colombian community, but also to your children and your children’s children. The new peace will bring great opportunities for you all to create such a legacy.

It feels daunting, I understand. Creating such a legacy at a time of press-ing global challenges and domestic economic needs some might even sound crazy. But as Garcia Marquez wrote in Love and Other Demons: “Crazy people are not crazy if one accepts their reasoning”. Muchas gracias.

Juan Manuel SantosPresidente de la República de Colombia

Señor Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, Se-ñora presidente del Congreso Internacional de Minería

y Petróleo, Adriana Martínez, Señor Director Ejecutivo de la Cámara Colombiana de Minería, César Díaz, Señor Pre-sidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo, Alejandro Martínez, Señor Presidente Ejecutivo de Analdex, Javier Diaz, Señor Gerente de Asuntos Públicos y de Gobier-no de ExxonMobil, Julián Santos, Señor John Morrison, con-ferencista y director ejecutivo del Instituto de Derechos Hu-manos y Empresas, Señora presidenta de la Agencia Nacional Minera, María Constanza García, Señora Viceministra de Minas, Natalia Gutiérrez, Señora presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Canadiense, Olga Fernández de Soto, Señores directivos y representantes de las entidades gremia-les del sector minero, de la industria extractiva hidrocarburí-fera y petrolera del país, señores conferencistas, empresarios, y representantes de la comunidad internacional invitados a este evento, representantes del sector comercial, industrial y financiero que patrocinan el evento, invitados especiales, amigos de los medios de los medios de comunicación. Seño-ras y señores.

Antes que nada, hoy quiero dejar muy en claro tres cosas:

Primero: el sector minero-energético responsable y sostenible es el principal financiador de la transfor-mación que estamos teniendo en Colombia. Ustedes son un sector crucial para este país. Tan solo el año pasado generaron el equivalente a un tercio del total de nuestro recaudo. Sin sus aportes, que alcanzaron los 31.7 billones


de pesos, entre regalías, impuestos y dividendos, nos quedaría im-posible, imposible construir un país justo, un país moderno y un país seguro, que es lo que yo quiero y lo que quieren todos los co-lombianos.

Segundo: Este Gobierno va a seguir trabajando para que este sector crezca. Este Gobierno va a seguir respaldando al sector, porque valoramos su aporte, porque necesitamos de sus recursos y la energía que producen y porque se convierte además, en una de las prioridades para todo el mundo, en un generador de más empleo. Hay que dejar claro que esto no lo haremos a cualquier precio; como siempre lo he dicho y como ustedes lo entienden perfectamente, apoyamos la inversión minera y en hidrocarburos siempre y cuando sea legal y que cumpla con dos responsabilidades fundamentales: la responsabilidad social y la responsabilidad ambiental. Así pues, respaldamos inversionistas que cumplan con los estándares.

Tercero: No se puede seguir generalizando por lo bajo y hasta satanizando la actividad minera y de hidrocarburos en este país, por cuenta de algunas malas experiencias, ¿Por qué no?, porque existen tres tipos de minería: la empresarial, la artesanal y la criminal, y no podemos unirlas todas.

Hemos sido y somos enemigos de las generalizaciones por una simple razón: le hacen daño al sector y al país. Nos impiden organizar la ac-tividad y le hacen la vida más difícil a los que sí quieren trabajar bien. Las explotaciones bien hechas, transparentes y responsables cuentan y contarán con nuestro apoyo, con el apoyo del Gobierno; por el contra-rio, a las que pretenden saltarse las normas y estándares les aplicamos todo el rigor de la ley.

Desde el día cero de nuestro gobierno entendimos a este sector como uno de los principales financiadores de nuestro desarrollo y por eso lo incluimos en la lista de las cinco locomotoras. Se quiere construir una Colombia justa, moderna, segura, pero eso cuesta mucho pues necesi-tamos tener con qué hacer las enormes inversiones y con qué financiar las reformas que esto supone. Así pues, la industria minero-energética está a la altura de este reto. El sector de hidrocarburos dejó 8,5 billones de pesos el año pasado, un 55 % más que en 2010. Las regalías del sector

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minero, por su parte, llegaron a los 2 billones, un 65 % más que en 2010. Esto es muy importante porque con las regalías todos podemos cons-truir. Construimos una mejor calidad de vida en las regiones del país por la forma como estamos distribuyendo esas regalías, así que todos los que tienden a ver el “vaso medio vacío” deberían recordar la cifra ya mencionada que incluye regalías, impuestos y dividendos: 31,7 billones de pesos.

¿Qué podemos hacer con esos recursos? Con casi 32 billones de pe-sos puede financiarse el 80 % del presupuesto de inversión de este año para educación, transporte y salud, además de los numerosos progra-mas sociales que estamos adelantando, como Familias en Acción o la Red Unidos. Los logros en materia social que hemos obtenido en estos últimos dos años han sido señalados como ejemplo para el mundo en la reducción de pobreza: por ejemplo, desde un indicador redujimos la pobreza del país en dos años un 4,5 % y desde otro indicador el 6,5 %. Eso se traduce en 1.700.000 colombianos menos por debajo del umbral de la pobreza, es decir, son 700.000 colombianos menos en la pobreza extrema. Asimismo, otro uso que que se les puede dar a estas regalías es pagar en solo un año y medio los 44 billones de pesos que nos cuesta la Cuarta Generación de Concesiones en Infraestructura, que va a ser la revolución en el país, y la cual ya está en marcha. Si el sector logró hacer aportes de esa dimensión es porque las cosas se están haciendo bien.

Otro aspecto importante por tener en cuenta es que por primera vez desde que se llevan las cifras la tendencia que tenía la economía era po-sitiva, la economía crecía, pero ese crecimiento era desigual, no era sano porque los ricos se volvían más ricos y los pobres se volvían más pobres, o sea que no era un crecimiento sostenible. Nosotros nos propusimos romper esa tendencia y lo logramos, y redujimos la desigualdad del país en una proporción, en términos relativos, nunca antes vista. Somos el país que más ha reducido la pobreza en la región, junto con Perú, y la desigualdad, junto con Ecuador. Esto no hubiese sido posible si no hu-biéramos tenido los recursos para los programas sociales.

Otro uso que podríamos hacer con esta plata, podríamos pagar en sólo un año y medio la totalidad de los 44 billones de pesos que nos cuesta la Cuarta Generación de Concesiones en Infraestructura, que va a ser la revolución en el país, que ya está en marcha. Si el sector logró hacer


aportes de esa dimensión es porque las cosas se están haciendo bien del lado de ustedes y pienso que del lado nuestro.

La producción está creciendo, estamos produciendo 30 % más de crudo y 12 % más de gas en lo que lleva este gobierno; de igual manera, un 20 % más de carbón y un 24 % más de oro. También entre 2010 y 2012, se ganó la entrada a la lista de los viente países que producen un millón de barriles diarios de petróleo, meta que nos habíamos impuesto y la cual hemos logrado. La inversión también se ha disparado, pues esta-mos recibiendo ocho veces más inversión extranjera directa que hace diez años. El año pasado se invirtieron 8.400.000 de dólares en minería, en gas y en hidrocarburos; esto no solo significa más recursos, sino más confianza en el país y en el sector.

Asimismo, las reservas están aumentando; el año pasado las reservas de petróleo aumentaron un 5,2 % frente a 2011, y llegaron a casi 2400 millones de barriles, por eso hoy contamos con las reservas necesarias para unos siete años, manteniendo los mismos niveles de producción. Ahora, si bien este es un panorama positivo, aún falta y por eso estamos explorando más. El año pasado hubo un récord en la exploración de pozos, y para los que tengan dudas: sí hay gas y va a haber aún más en Colombia. En 2012, después de dos años sin incrementos, las reservas crecieron 5,7 %, por eso hoy la relación entre producción y reservas está en 16 años y medio.

Así pues, para seguir por esta senda, también estamos explorando más, hemos liberado las exportaciones para hacer el mercado más atractivo y hemos venido modernizando la regulación; además, estamos trabajan-do en el desarrollo del gas metano asociado al carbón. Al sector le está yendo bien, pero queremos que le vaya aún mejor para concretar más transformaciones en el país, ya que esto es lo que financia una parte de nuestras transformaciones. Para conseguirlo es indispensable que la actividad cumpla con todas las responsabilidades sociales y ambienta-les, y que además los inversionistas encuentren un ambiente de eficien-cia, estabilidad y de claridad en nuestro país. Esto solo es posible con instituciones fuertes que puedan intervenir y solucionar los problemas más sensibles del sector, algo que hemos estado tratando de hacer, que a veces nos demoramos más de la cuenta es posible, pero ustedes enten-derán que las reformas institucionales en un Estado no se hacen de la noche a la mañana, pero las estamos haciendo.

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La definición del Plan Nacional de Ordenamiento Minero va a ser un avance fundamental, porque facilita el hecho de que la actividad mine-ra contribuya a maximizar el bienestar de la sociedad al reglamentar la extracción de los recursos de forma ordenada y sostenible. El éxito de esto dependerá, como en casi todo, de la coordinación entre las insti-tuciones, las regiones y los departamentos. Yo le he pedido al Ministro Renjifo que promueva la participación constructiva, proactiva de alcal-des, de gobernadores y de todos los demás actores en la realización de este plan.

En todos los planes que son concertados, cuando la gente se siente partícipe en la elaboración de un plan casi que automáticamente encuentra una buena base de apoyo. Los planes que son hechos a escondidas, a espaldas de la gente, a espaldas de muchos de los interesados, generalmente lo que se encuentra es rechazo hacia esto. Por esta razón, nos estamos enfocando en cinco áreas, que serán descritas a continuación, para que el desempeño de la industria sea más eficiente y más responsable.

En primer lugar, definimos áreas estratégicas para la extracción de once minerales que van a ser asignados mediante el procedimiento que uste-des conocen bien, mediante subastas. Las medianas y grandes empresas van a tener que competir y solo ganarán las que ofrezcan las mejores condiciones y las que puedan aportar mayor valor para el país. Estas rondas comienzan en 2014 porque queremos una minería racional que cumpla con los más altos estándares internacionales y que sea impul-sada con inversiones de buena calidad; así funciona un país moderno.

En segundo lugar, hemos apostado duro a la formalización de la mine-ría artesanal con dos objetivos muy claros y sencillos: eliminar la ilega-lidad y mejorar las condiciones de empleo en el sector. No puede haber un país justo si no permitimos que los pequeños mineros puedan aso-ciarse para crear empresas con proyección, empresas sostenibles en el largo plazo, buenas condiciones de seguridad y empleos de calidad; en esto debemos todos trabajar unidos porque a todos nos interesa este ob-jetivo. Debe abrirse el espacio para que los pequeños mineros se asocien con empresas serias y comprometidas, y por eso estamos dialogando con los pequeños mineros, para apoyarlos en esta transformación, en este objetivo, y para apoyarlos de la mejor manera.


La tercera área de trabajo es la regulación. Si bien la reforma al Código Minero perdió vigencia, nos preparamos para evitar que la actividad y su relación con los recursos naturales queden desamparadas. La pro-hibición de no hacer minería en páramos, en humedales Ramsar y en reservas forestales protectoras se mantiene, tal como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, emitimos varios decretos con el Ministerio de Minas y Energía y con el Ministerio de Medio Ambiente para “blindar” los otros temas que generaban mucha incertidumbre; vamos a asegurar que el minero tradicional esté am-parado y pueda formalizarse, que no se volverá a esa feria de títulos, y no vamos a bajar la guardia con los titulares mineros, en cuanto a las prórrogas de los contratos y los periodos. Además, “blindamos” la definición de zonas excluidas a la minería, y las únicas entidades que podrán hacerlo son el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Minas y Energía, con base en criterios objetivos, en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales.

Hay un cuarto tema en el que estamos comprometidos y muy com-prometidos y es la lucha contra la minería criminal, a esos criminales que están haciendo el peor uso posible de nuestros recursos naturales les tengo un mensaje muy claro; a estos los estamos combatiendo y los vamos a seguir combatiendo cada vez con más contundencia, y lo hare-mos sin contemplación. En lo que va del recorrido de este Gobierno lle-vamos más de 300 operaciones en todo el país, pasamos de tres en 2010 a 148 el año pasado, esto nos ha permitido intervenir casi 1.300 minas y capturar a más de 4.200 personas, en los últimos dos años. En cuanto a la destrucción de maquinaria ilegal, hemos destruido varias piezas de maquinaria por más de 5 mil millones de pesos, en seis municipios de Antioquia, Bolívar, Caldas y Córdoba también. En este gobierno es muy claro que, no vamos a tolerar esta clase de minería que patrocina el crimen, que destruye el medio ambiente y que, además, explota y daña el nombre de nuestros pequeños mineros tradicionales.

Eso sí, que quede muy claro, vamos detras de los criminales y no, no va-mos detrás de los pequeños mineros tradicionales; estos, son dos objeti-vos totalmente diferentes. A esos pequeños mineros lo que buscamos es , como lo decía antes, formalizarlos para que puedan trabajar mejor y no caigan en las garras de organizaciones criminales o, mafiosas que los explotan, que los aprovechan, que los ponen muchas veces como ampa-

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ro para protegerse de las propias autoridades que están interesadas en ir detrás de los criminales.

El quinto gran eje de nuestro impulso que son algo que se que ustedes les interesa muchísimo, son las licencias ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) sigue trabajando para que el proceso de licenciamiento ambiental sea cada vez más ágil y cumpla con altos estándares. La entidad implementó sistemas como la Ventani-lla Integral de Trámites Ambientales (VITA), y los sistemas de Radica-ción Ágil y Rápido (RADAR) y el de regionalización. Somos conscien-tes que ahí ha habido demoras, cuellos de botella.

Nuevamente nosotros creamos precisamente el Ministerio de Medio Ambiente para darle importancia al tema y en esa transformación he-mos tenido dificultades que se están resolviendo; y que espero que cada vez sean más ágiles los procedimientos. Por eso en la atención de soli-citudes hemos visto progreso: por ejemplo el 80 % de los procesos asu-midos por la ANLA en 2011 estaban fuera de términos; en la actualidad el 90 % de esos procesos han sido atendidos. Además, ha mejorado el balance entre las solicitudes que entran y las que salen. Aquí es impor-tante reconocer y agradecer el trabajo conjunto y la colaboración que hemos tenido con gremios como la ANDI que nos ha ayudado muchí-simo y la Asociación Colombiana del Petróleo. Sabemos, sin embargo, que nos falta mucho para alcanzar la completa eficiencia en este tema de las licencias ambientales, y continuaremos realizando un seguimiento serio a este trabajo.

No puedo terminar sin hablar del supuesto dilema que existe entre la extracción de recursos minero–energéticos y el medio ambiente. La discusión acerca del impacto ecológico está, por decirlo en términos coloquiales, al “rojo vivo”, está encendida porque cada vez somos más conscientes del efecto que tienen nuestras acciones sobre nuestro plane-ta, sobre el cambio climático, sobre nuestro medio ambiente. En nues-tro caso, el debate es especialmente importante y así lo tenemos que percibir, y así lo percibe el mundo porque somos un país privilegiado.

Por un lado, tenemos el país más biodiverso por kilómetro cuadrado del mundo entero, tenemos fuentes de agua, como pocos países en el mundo. El agua es uno de esos recursos naturales que todos los ana-listas, todos los futurólogos están diciendo, es lo que más deben cuidar


los países que la tienen porque se va acabar, y en el futuro va a haber guerras, va a haber guerras alrededor del agua y nosotros somos un país muy privilegiado en materia de fuentes de agua. Por otro lado tenemos un potencial minero y un potencial energético enorme, así lo establecen todos los estudios, todos los que saben de geología dicen: “Colombia está en un sitio privilegiado”.

Por otro lado, tuve la ocasión de tener en mi oficina hace unos meses a un antiguo director de la CIA, John Deutch, que hoy es un eminente profesor de MIT y es el presidente de la comisión que organizó el pre-sidente Obama para el estudio y el análisis del shell gas. Deutch decía: “ustedes, Presidente Santos, no han logrado entender o por lo menos creo que no han captado que Colombia es de los países que más poten-cial del mundo entero tiene en este sentido”, y me dio una lección sobre este tipo de energía que yo no conocía pero que es muy interesante. Por eso, no es igual hablar de explotación petrolera en Arabia Saudita que hablar de explotación petrolera en los llanos Orientales o de explota-ción minera en el desierto chileno que en alguna de nuestras cordille-ras. Nosotros tenemos la obligación, el deber de manejar un equilibrio muy delicado. Pero no por delicado es imposible de lograr. No por deli-cado hay que adoptar una posición extrema en un sentido o en el otro. Sé que es un tema que genera muchas pasiones y muchas reacciones, y por esto la mejor aproximación es permitir una evaluación rigurosa del costo y el beneficio para cada circunstancia y para cada proyecto. Hay que comparar los beneficios de corto plazo contra los costos que tendrían que asumir las nuevas generaciones.

Debemos tener en cuenta la opinión de las comunidades afectadas y las comunidades beneficiadas, las cuales han sido más de una vez mani-puladas, manipuladas por razones políticas y por razones de otro tipo. La participación amplia y transparente de la opinión pública no solo es bienvenida, es indispensable. Por lo mismo que les decía sobre los planes que se hacen a escondidas, ya que cuando a la gente no les con-sultan, no les cuentan, la gente reacciona casi que automáticamente en contra. Y viene una compañía a hacer una exploración en alguna región del país y las comunidades se enteran por aquellas personas que están interesadas en detener esa inversión.

La primera reacción va a ser en contra y después cambiar de opinión es más difícil. Por eso esa participación de la opinión pública, esa so-

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cialización son fundamentales, es más porque cada vez hay más gente interesada en detener cualquier tipo de inversión. Para lograr entonces el equilibrio “delicado” que he llamado necesitamos instituciones sóli-das y bien estructuradas, como ya dije; para esto hemos trabajado para mejorar las instituciones del sector, las instituciones ambientales, y hay que hacer otro tipo de pedagogía como con las instituciones de control.

Por otro lado, hemos aumentado los recursos en el presupuesto, hemos capacitado funcionarios y nos hemos asesorado muchísimo en ir asi-milando y adaptando las mejores prácticas internacionales. Hemos sido claros también en el ehcho de que vamos a defender nuestros ecosiste-mas estratégicos y privilegiados; asimismo, ratificamos que los páramos y los humedales no son compatibles ni con la minería, ni con ninguna otra actividad económica, y por esot ampliamos los parques naturales y delimitaremos las zonas estratégicas. Hemos protegido nuestros mares para que no se contaminen al embarcar carbón o cualquier otro pro-ducto y debemos ser inflexibles con quienes no cumplen los estándares ambientales. También seremos implacables con quienes no cumplan las reglas tributarias y de competencia, las obligaciones laborales o las sanitarias. De igual manera, entendemos que la actividad minero-ener-gética es de largo plazo y que requiere grandes inversiones, razón por la cual estamos comprometidos. Debe reiterarse el mantener unas reglas de juego estables para todos. Lo que se busca afirmasr entonces es que sí es posible la sana convivencia entre una minería responsable y la pro-tección al medio ambiente; así ha ocurrido en varios países del mundo y así lo estamos demostrando en Colombia.

Sin duda, los retos son muchos y estamos avanzando un trecho difícil, pero tenemos una motivación fuerte: construir un país más justo, más moderno y más seguro. No tengo duda de que para lograr este objetivo necesitamos un sector minero y de hidrocarburos sostenible y respon-sable, que produzca recursos, que produzca energía, que optimice su actividad y que al mismo tiempo respete el medio ambiente. El otro ingrediente que se necesita es un gobierno comprometido, porque uni-dos vamos a seguir puliendo la actividad para poder sacarle el mayor y el mejor provecho posible; no vamos a “empeñarle el alma al Dia-blo”, porque la minería y la explotación de hidrocarburos bien hechas traen desarrollo social, bienestar y crecimiento. No vamos a sacrificar nuestros recursos, porque podemos lograr que esta industria sea cada


vez más respetuosa con el medio ambiente y no vamos a seguir conde-nando a justos por pecadores, porque a cada quien le estamos dando el trato que se merece: a los mineros artesanales, apoyo y formalización; a las empresas que operan, condiciones para invertir, y a los criminales, mano dura.

Así como respaldamos fuertemente la minería legal, responsable y sustentable, la guerra también es con todo contra la minería criminal. Empecé dándoles tres mensajes que quiero reafirmar al concluir estas palabras. Primero, pueden estar tranquilos porque tenemos muy clara la importancia de este sector, de ustedes, para el desarrollo del país. Segundo, queremos que el sector siga creciendo y crezca cada vez más y para lograrlo vamos a trabajar con inversionistas y empresas que por supuesto cumplan los estándares y ahí seremos también muy rigurosos.

Tercero, somos enemigos y tengan la seguridad de que nosotros no compartimos las generalizaciones y de las “satanizaciones” frente a un sector que está aportando tanto al país. En Colombia, en lo que se refie-re al sector minero-energético, hemos venido consolidando una divi-sión del trabajo muy positiva y eso no lo vamos a cambiar. El Gobierno pone las reglas y ustedes, como empresas, trabajan con responsabilidad.

Porque como les decía, unidos todos, cada cual haciendo su trabajo de la mejor manera, vamos a seguir transformando los recursos y la ener-gía en lo que para que podemos obtener lo que todos queremos: más empleo y más bienestar, más prosperidad para todos los colombianos. Sin ustedes repito, eso se dificulta enormemente, con ustedes trabajan-do de manera responsable eso se facilita y por eso ustedes pueden en-contrar en el gobierno un gran aliado. Muchas gracias.

Módulo 1. La renta minera y petrolera: ¿cómo maximizar esta

excelente oportunidad para acelerar el desarrollo económico y

social del país?

La participación de la industria extractiva en el desarrollo

económico: un balance de gobiernoFederico Renjifo

Ministro de Minas y Energía

Que interesante es el nombre que decidieron darle a este encuentro: Economía, sociedad y medio ambiente: hacia

la identificación de metas comunes. Precisamente ese título recoge la visión que tiene este gobierno sobre el desarrollo del sector minero-energético. Hace dos años cuando decidimos darle el título de locomotora a esta industria, nos aseguramos de que esa apuesta estuviera enmarcada dentro de la perspectiva de la sostenibilidad. El desarrollo sostenible incorpora tres factores: social, económico y ambiental; por esa razón, nos hemos obsesionado con fortalecer la institucionalidad, con proteger zonas del país que son fuentes de enormes recursos hídricos y forestales, y con velar porque los recursos que produzca ese sector se traduzcan en un mayor bienestar social. De esta forma, nos estamos asegurando de que el desarrollo de este sector se convierta en prosperidad para todos los colombianos.

Permítanme comenzar por señalar que la política hacia el sector ha mostrado resultados y las cifras son el fiel reflejo que el desarrollo esperado se ha materializado. Hace cinco años cuando la economía mundial pasaba por una enorme crisis financiera, la economía colombiana mostró su solidez y creció en medio de pérdidas en el producto de muchos paí-ses del mundo; en este destacado desempeño y en el proceso de recuperación, el sector minero-energético tuvo un aporte fundamental.


Recordemos que en 2009, año en que Colombia sintió los efectos de la crisis mundial, el sector minero-energético creció a una tasa 10,5 % y los años subsiguientes 2011, 2012 y 2013 tuvo una tasa de crecimiento promedio de 10,3 %, mientras que la economía lo hacía a 4,9 % en pro-medio en esos mismos años. Es decir, este sector ha jalonado sistemáti-camente el crecimiento económico de Colombia, con lo que eso repre-senta en términos de estabilidad macroeconómica, percepción de los inversionistas, estabilidad fiscal, empleos y desarrollo para las regiones. Estos resultados recogen las ventajas de haber pensado el desarrollo del sector desde una década atrás en una perspectiva de largo plazo, lo que supuso tener una política clara y estable.

En este Gobierno, como mencionaba el Presidente de la República, nos hemos mantenido firmes en esa visión y nos hemos fortalecido para mostrar hoy los mejores resultados que ha obtenido este sector en la última década. En la actualidad, producimos más de un millón de ba-rriles de crudo promedio por día, cifra que significa estar un 30 % por encima de la producción existente en julio de 2010 hacemos parte del selecto grupo de 22 países que han alcanzado estos niveles de produc-ción). Asimismo, la producción de gas es 12 % superior a la de 2010 y podemos decir que hemos conectado más de un millón de usuarios adicionales al servicio, lo que sin duda es un gran motivo de orgullo y satisfacción, por lo que representa en términos de bienestar de los colombianos.

Por otra parte, cabe destacar los grandes avances que ha tenido la acti-vidad exploratoria en el país. Hace pocos días anunciamos que las re-servas de crudo aumentaron anualmente 5,22 % en 2012, y se ubicaron en 2.377,00 de barriles. Con este nivel de reservas podemos afirmar que el país cuenta con autosuficiencia de crudo para 6,9 años si se mantiene este mismo nivel de producción. Seguir aumentando nuestra relación de reservas/producción en medio de un incremento del nivel de pro-ducción es una muestra de que la política de exploración y producción ha rendido sus frutos.

En minería también hemos alcanzado cifras récord. Actualmente pro-ducimos más del 20 % más de Carbón, 23 % más de oro, y lo mismo ocurre con muchos otros minerales. Asimismo, hoy como nunca antes, el mundo ha volcado sus ojos hacia Colombia y hacia el sector mine-ro-energético, hecho reflejado en el crecimiento de la inversión extran-

39La participación de la industria extractiva en el desarrollo económico: un balance de gobierno

jera directa hacia Colombia. En 2012 la inversión extranjera directa destinada a los sectores de minería, hidrocarburos y energía batió el récord al totalizar 8400 millones; esta cifra es ocho veces superior a la inversión que recibíamos hace diez años. El desarrollo del sector mi-nero-energético ha impactado de forma significativa los recursos que perciben las regiones y la nación; como ya sabemos, este sector pasó de generar 17,3 billones en 2010, por concepto de regalías, impuestos y participaciones, a 31,7 billones en 2012. Este mismo año representó alcanzar un récord en materia de regalías mineras e hidrocarboníferas al aportar 10,5 billones, ya que esperábamos 9,1.

Mirar la positiva evolución del recaudo de impuestos y regalías genera-do por el sector no puede ser separado de una realidad de competitivi-dad frente a otros países, vecinos y no vecinos, que se disputan como nosotros los recursos disponibles para la inversión; tenemos que seguir siendo competitivos para que los recursos que garanticen la actividad en Colombia sigan llegando, incluso con países con niveles de prosperidad comparables como Argentina, Perú y Brasil. Nuestro gran reto, ade-más de obtener información geológica que nos permita calentar áreas, es asegurarnos de que las condiciones económicas sean atractivas para que ellos sigan viniendo. No podemos caer en los falsos dilemas de mi-nería o desarrollo social, minería o medio ambiente. Tenemos que bus-car las complementariedades y como país así ya lo decidimos, no otra cosa hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno, que fue enfático en dicho sentido cuando denominó al sector minero-ener-gético como una de las cinco locomotoras para el desarrollo. Este sector representa la oportunidad de aprovechar de manera responsable nues-tra riqueza en recursos naturales para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e intergeneracional.

Las voces que irresponsablemente piden una moratoria a la actividad extractiva no tienen en cuenta los grandes costos sociales que eso ten-dría. Los recursos que genera el sector minero-energético se invierten en nuevas escuelas, en la reducción de la pobreza y en la infraestructura que el país tanto necesita para la competitividad. Nos enfrentamos a la disyuntiva de dejar una gran riqueza en el subsuelo y una enorme des-igualdad y pobreza en la superficie, y es que este sector tiene un enorme potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo. Para los próximos años, esperamos que la producción de crudo continúe incrementándo-


se, aquí tenemos el importante reto de contar con la infraestructura adecuada para llevar el recurso natural de los campos hacia los puertos del país. En este sentido, el mes pasado avanzamos estratégicamente con la creación de Cenit, ahora la segunda empresa más grande del país, que ayudará a ampliar y fortalecer la red de oleoductos y poliduc-tos bajo los mejores estándares internacionales.

Por otro lado, en cuanto a los recursos no convencionales, Colombia cuenta con siete cuencas de gas y crudo no convencionales, lo que nos ubica como el tercer país en Sudamérica con mayor potencial en estos recursos después de Argentina y tal vez de Brasil. Cabe destacar que en la actualidad tenemos 19 bloques con potencial de yacimientos no con-vencionales, trece de ellos pertenecientes a contratos ya existentes y seis que fueron asignados a la exitosa ronda Colombia 2012. Los escenarios de incorporación de reservas de hidrocarburos para los próximos 20 años muestran un potencial de gas no convencional de entre el 32 y el 60 % adicional y de crudo no convencional de entre el 11 y el 26 % del total de las reservas, ese es un potencial nada despreciable. Por supues-to, somos conscientes de que tenemos retos muy importantes concen-trados en los aspectos ambientales y sociales; por esta razón, hemos hecho el esfuerzo interinstitucional para la planeación adecuada de las actividades de manera coordinada e integrada, en el Ministerio de Mi-nas y Energía, Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la ANH.

Como parte del programa de gestión del conocimiento del medio am-biente, hemos realizado varios talleres que han involucrado la partici-pación de excelentísimos académicos, como lo han dicho el Presidente de la República, el profesor John Deutch del MIT, los consultores y re-guladores de Estados Unidos como John Hanger, ex regulador ambien-tal del Estado de Pensilvania y David Goldwyn, ex embajador especial del Departamento de Estado para asuntos energéticos, y en palabras de varios expertos de alto nivel que nos han apoyado, Colombia no solo está en el camino correcto a través del aprendizaje, sino que está te-niendo una aproximación única a nivel global basada en fundamentos técnicos y científicos para la planeación de actividades de exploración y producción de yacimientos no convencionales. En el caso de la minería, en particular con relación al Carbón térmico, las proyecciones también son muy favorables, nuestro conocimiento apunta a que los planes de

expansión nos permitan producir 23 millones de toneladas adicionales de aquí a 2018. En el caso de nuestro potencial en recursos mineros aún nos falta mucho por descubrir.

En el país solo tenemos cartografía geológica básica en el 52 % en geo-química y geofísica; el conocimiento solo llega al 35 % en todo el terri-torio nacional. Aunque hemos avanzado y estamos haciendo las licita-ciones para culminar estos estudios por varios millones de dólares con las mejores firmas internacionales, estamos lejos de ser un país minero, pues de los 9600 títulos vigentes otorgados para la exploración y explo-tación de recursos minerales, el área que ocupan representan apenas el 4,73 % de todo el territorio nacional, es decir, 5,44 millones de hec-táreas. Nuestra decisión es materializar todo ese potencial, y para esto tenemos que garantizar que la extracción se haga de manera racional, que el sector genere importantes encadenamientos productivos y de esa forma se impulse el desarrollo de las industrias y que la actividad sea haga con responsabilidad y transparencia. Todo lo anterior lo haremos acompañado de una equilibrio ambiental que debemos alcanzar con la institucionalidad que hemos creado para que la minería se haga con las mejores prácticas.

Podemos mostrar resultados importantes en este sentido, voy a mencio-nar algunos, con el nuevo esquema de fiscalización minera que implica abundantes recursos de las regalías, (2 % de las regalías) y, que abarca aspectos económicos, ambientales, técnicos, jurídicos y de seguridad minera; asimismo, estamos avanzando a pasos agigantados en la fisca-lización de la totalidad de los más de 9.000 títulos en todo el país, así como en todos los contratos que se firmen en el futuro. Si bien todavía no tenemos por esa complejidad, el total de títulos mineros fiscalizados, los resultados parciales proveen información clave sobre actividad en el país, una radiografía que solo hasta hoy revela con transparencia cómo está la minería en el territorio.

En este primer corte parcial y tras completar la visita de 2.702 títulos mineros, (casi una tercera parte del total nacional), el 100% visitado varias veces estará en junio del año 2014, en 23 departamentos del país haciendo una selección de los que más nos interesaban inicialmente se encontró que casi el 80 % presenta algún tipo de incumplimiento, y por esto estaremos prestos a imponer las sanciones, en la medida que no se solucionen estos problemas.



Otro tema que también ha llamado la atención a este sector y al país es la descongestión de lo que se denominó en su momento “la feria mine-ra”, de títulos, quiero anunciarles. De las 19.629 pendientes en 2010, se han resuelto 17.728 en primera instancia, es decir, el 88 % y solamente 1270 se han convertido en títulos, el 6,4 %, más del 90 % ha sido recha-zada. Igualmente, esperamos reabrir en julio la ventanilla de radicación de solicitudes mineras para contratos de concesión, que se cerró desde febrero de 2011 con el objetivo de poner la “casa en orden”, como le he mencionado, y asegurar una evaluación rigurosa de cada una de ellas. Hay que destacar también que Colombia será parte en próximos días de la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (ITIE). En un estándar global en el que se reportan los flujos de pagos de las empresas mineras, petroleras y de gas y sus impactos sobre los ingresos de los Estados, de forma transparente y abierta. Aprovecho esta opor-tunidad para que los gremios y compañías se sumen, respalden y parti-cipen activamente en este proceso que permitirá comunicar al país y al mundo el aporte que esta industria le hace al país.

Ahora bien, respecto al tema minero-energético ambiental, también es-tamos avanzando de manera positiva. En materia de hidrocarburos, he-mos definido una agenda conjunta con el Ministerio de Medio Ambien-te y Desarrollo Sostenible, la ANLA y la industria para revisar temas estructurales relacionados con el fortalecimiento institucional y el li-cenciamiento ambiental. Estos temas incluyen la optimización o elimi-nación del permiso de investigación científica, la elaboración y revisión de los términos de referencia para estudios de impacto ambiental para yacimientos convencionales como para no convencionales y el levanta-miento de información de línea base regional, entre otros. Quiero hacer un reconocimiento especial a la labor que ha desarrollado la ANLA en los últimos meses, pero sabemos que el tema ambiental requiere mucha constancia y no nos podemos tranquilizar.

Me gustaría hacer referencia al marco jurídico sobre el cual se desa-rrollará en los próximos meses el sector minero. Lo primero que tengo que decir es que el sector minero en Colombia cuenta con un Código de Minas, la Ley 685 de 2001, que garantiza un marco jurídico sólido y le permite al Gobierno nacional regular actividades mineras. Si bien la reforma al código, la Ley 382 de 2010, perdió vigencia desde el pasado 11 de mayo, eso no quiere decir que la actividad minera y su relación

con los recursos naturales van a quedar desamparados jurídicamen-te. Hemos reglamentado la Ley 685 de 2001 con el objetivo de darle continuidad a los procesos de formalización de los mineros tradicio-nales que se habían acogido al programa de legalización y a fortalecer el programa de formalización minera, reafirmar la competencia de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minas y Energía para determinar áreas excluidas para la minería con base en estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, ordenar y endurecer los mecanismo de entrada para la solicitud de títulos mineros. Con esta reglamentación queremos que los proponentes sean verdaderos empre-sarios mineros con la experiencia y capacidad económica donde estén debidamente soportadas las actividades mínimas de exploración y es-timativos de inversión económica. Estamos expidiendo el otro decreto que desarrolla y precisa los requisitos para acceder a las prórrogas de los contratos para que el Estado pueda consentir dichas prórrogas.

En materia de protección ambiental tenemos que decir que los pára-mos, los humedales Ramsan y las reservas forestales protectoras en Colombia no pierden vigencia como zonas excluidas de la minería, ya que su prohibición quedó establecida en la Ley 1450 de 2010 del Plan Nacional de Desarrollo y estamos pendientes de la delimitación de esos páramos. Con este paquete de medidas, no solo estamos haciendo fren-te a la inexequibilidad a la Ley 382 de 2010, sino que queremos seguir ordenando al sector para que este se convierta en la palanca para ge-nerar desarrollo sostenible, enmarcado en importantes exigencias am-bientales y sociales.

Finalmente, nosotros estamos plenamente convencidos de que este Go-bierno está desarrollando una política que garantice el desarrollo de la actividad y que no afecte el potencial medio ambiental del país. Tene-mos retos y tenemos que seguir avanzando, por eso hago la invitación para que discutamos de una manera objetiva e informada los temas que causan controversia: el ambiental, el régimen fiscal del sector y hasta el impacto sobre la violencia.


Impactos de la renta petrolera y minera en la economía de los países:

una visión de actualidadEduardo Lora

Ex economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del Banco Interamericano de Desarrollo,

Washington, Estados Unidos

Guillermo PerryEx Ministro de Hacienda y Crédito Público

Moderador: Alejandro Martínez VillegasPresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo

Moderador

Estos dos sectores que están hoy en día generando una terce-ra parte de los recursos del país, para que el país prospere y se desarrolle, en términos económicos, ¿qué impactos tienen? ¿Qué ha sucedido en otros países? ¿Cómo ha impactado posi-tivamente al desarrollo económico de esos países? ¿Qué pro-blemas o impactos negativos genera para tratar de llegar, de forma constructiva y positiva, a la identificación de propues-tas e iniciativas para que el país le pueda sacar el mayor pro-vecho a esta que, sin duda, es la mejor oportunidad que tiene el país hoy para acelerar su desarrollo económico y social? La política del Gobierno está teniendo éxito, estamos invirtien-do, la producción está aumentada, estamos en una ventana de oportunidad, ¿cómo aprovechar eso?

Eduardo Lora

Si hay una maldición sobre los recursos minerales y petro-leros, ¿dónde está esa maldición y en qué consiste? ¿Es po-sible prevenirla o conjurarla? Quiero tomar como punto de referencia los últimos diez años, porque los precios de los


productos mineros y petroleros fueron mucho más altos que la década anterior y fueron también bastante volátiles; por lo tanto, pensar qué ocurrió en la década de 2000 en comparación con los años noventas es una excelente forma de ver si hay o no una maldición cuando llegan más recursos y más ingresos gracias al petróleo y la minería.

Hay básicamente cinco maldiciones posibles de las que se han ocupa-do los economistas durante décadas, y han discutido intensamente si los recursos minerales y petroleros son o no una maldición. Esas cinco posibles maldiciones son volatilidad macro, insostenibilidad por falta de ahorro, especialización no innovadora, enfermedad holandesa y el deterioro institucional. ¿Qué evidencia hay sobre esto? ¿Qué podemos decir?

La maldición de la volatilidad básicamente dice una cosa muy sencilla: la inestabilidad de los precios del petróleo y los minerales se traduce en crecimiento económico que es errático y en volatilidad del tipo de cambio real, porque a veces entran muchos recursos y a veces muy po-cos, y esto causa desórdenes en la economía. ¿Qué evidencia hay de que entonces eso fue lo que pasó en los 2000? Porque si esa maldición existe, deberíamos haber visto que en los 2000 la volatilidad tendría que haber sido mayor que en los noventas, dado los cambios en los precios, pero no es eso lo que encontramos en general, sino que el crecimiento eco-nómico en los países minero-petroleros como Bolivia, Ecuador, Chile, Perú y México ha sido más estable y menos volátil, excepto con notable excepción en Venezuela.

Si se mira las tasas de cambio de reales, qué tanto se han movido, qué tanto a fluctuado el tipo de cambio real, se encuentra que también los tipos de cambio reales fueron más estables en la década de 2000 que en la época de los noventas, nuevamente con la excepción de Venezuela y también Bolivia. La evidencia sobre esta maldición no parece muy fuerte y básicamente la explicación se encuentra en las políticas que adoptaron los países para reducir la volatilidad, entre las cuales es muy importante destacar tres políticas: una, evitar el comportamiento pro cíclico del gasto público. Obviamente si el Gobierno gasta más cuan-do le llegan más recursos, y no ahorra, y gasta menos cuando le lle-gan menos, naturalmente que el sector minero y petrolero va a generar inestabilidad por este mecanismo. Las otras dos, muy importantes en Colombia y en otros de los países que redujeron la volatilidad, son la

mayor independencia y la credibilidad del banco central que esencial-mente permite estabilidad o reducción de la inflación con cambios me-nos abruptos en los tipos de interés. Cuando el banco central carece de credibilidad le toca hacer unos cambios enormes en las tasas de interés y medidas demasiado bruscas para poder reducir la inflación y poder lograr sus otros objetivos que fue en parte lo que pasó a final de la dé-cada de los noventas y la adopción de un sistema de metas de inflación, con una intervención controlada en el mercado cambiario que ayuda a absorber los shocks de manera razonable y evita los grandes cambios bruscos en los tipos de cambio. De tal manera que Colombia ha hecho cambios muy importantes para reducir la volatilidad y efectivamente es lo que uno observa en las cifras.

La segunda maldición, la maldición de la insostenibilidad, indica que los países que tienen muchos recursos minero-petroleros no ahorran lo suficiente para reponer y aumentar su capital productivo, es decir, se gastan ese recurso e invierten muy poco. En esta maldición hay cierta verdad, pues si se toma el ahorro total de la economía, se le resta la parte del ahorro que va para reponer el capital depreciado y a su vez se le qui-ta la extracción de los recursos que se está haciendo se observa que en México y en Perú ese saldo es positivo, pero en los demás países (Chile, Venezuela, Ecuador, Colombia y Bolivia) es apenas 0 o incluso negativo y en algunos casos tenemos deterioros importantes en esa posición. De tal manera que aquí hay alguna evidencia de que esta maldición puede ser cierta, los países no están ahorrando ni invirtiendo lo suficiente. En los países latinoamericano no se invierte mucho y los mineros no son una excepción; vemos tasas de inversión que no son especialmente elevadas y que no aumentaron en los años 2000 en algunos países, a pe-sar de la enorme abundancia de recursos. Pero se debe reconocer, para redondear el argumento, que aparte de la inversión física puede estar la inversión de capital humano, donde sí es cierto que los países están invirtiendo más. Este es un elemento que habría que tener en mente, que la única inversión que hay no es en capital físico, sino también en capital humano. Por fortuna, aunque Colombia queda relativamente mal frente a esta maldición, la maldición de que no siembra suficiente de los recursos que extrae del subsuelo, para Colombia se han adoptado recientemente varias políticas para ahorrar y así invertir mejor, de las cuales algunas se describen a continuación.

47Impactos de la renta petrolera y minera en la economía de los países: una visión de actualidad


La primera es la regla fiscal que básicamente muestra déficit fiscal debe ser pequeño y además debe ayudar a estabilizar la economía, y lo que se adoptará como regla fiscal, a partir del año entrante, es que el défi-cit fiscal máximo se reducirá de 2,3 % del PIB gradualmente hasta al 1 % del PIB en 2022. Hubiera sido preferible tener una regla fiscal más rígida más austera, pero esto va a representar de todas maneras una mejoría respecto del pasado, lo mismo que la adopción del principio de sostenibilidad fiscal como principio constitucional que posiblemente va a facilitar el manejo de los recursos minero-petroleros.

En segundo lugar, es importante destacar que la ley de regalías en Colombia prevé algunos mecanismos de ahorro por parte de los re-cursos que le van a llegar a los gobiernos subnacionales. Quizá, más importante que lo anterior, prevé además cuertoss de coordinación y de evaluación de los proyectos de inversión pública que hagan las regiones, porque gran parte de los recursos de regalías van a llegar a las regiones. La pregunta es entonces, ¿cómo lograr que el gasto con esos recursos sea mejor que el que se ha hecho en el pasado? Y en ese sentido hay dos grandes avances que se hicieron en la ley: uno, que los recursos vayan a todos las regiones y que no solamente estén concentrados en las regio-nes, como ocurría con el sistema de regalías anterior; dos, que las inver-siones que se hagan pasen por un proceso de evaluación y control en el cual el Gobierno nacional tiene un poder de veto y que haya un esfuerzo de coordinación dentro de las regiones de los gobiernos subnacionales que se van a ocupar del manejo de esos recursos. Estos son avances muy importantes para mejorar la calidad de las inversiones que se hagan con los recursos minero-petroleros.

Así pues, estas son medidas para profundizar el mercado de capital do-méstico y para llevar al sector privado a que invierta más en las áreas de infraestructura. Esto también es un esfuerzo que ha hecho el país y que seguramente redundará en mejor y más inversión pública. Aunque Colombia no queda muy bien calificada, seguramente obtendrá mejo-res resultados en el futuro.

Las dos maldiciones siguientes serán tratadas juntas, aunque sean con-ceptualmente diferentes: las maldiciones de la enfermedad holandesa y la especialización no innovadora. Básicamente, las mayores exportacio-nes, en este caso de minerales y petróleo, llevan a apreciar los tipos de cambio y las monedas; llevan a aumentar el gasto público, a expandir

los sectores no transables, los sectores de servicios y como resultado de todo eso se va a tener un decaimiento de la industria, menores ex-portaciones de manufactura y en general menor actividad innovadora, con el prejuicio de que hay poca actividad innovadora en el sector mi-nero-petrolero, prejuicio que por supuesto no es correcto. ¿Son ciertas estas maldiciones? ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia es bastante mezclada. Si se empieza por el tema del tipo de cambio, en realidad lo que uno observa es que en la década de 2000 los tipos de cambio estu-vieron más depreciados en los países exportadores de estos recursos, que en la década de los noventa.

Por su parte, frente a esto Colombia prácticamente no muestra cambio, pues el tipo de cambio real promedio de los últimos diez años fue muy semejante al de la década anterior. Lo que sí parece ser cierto en todos los países es el aumento del gasto corriente del Gobierno, en algunos casos en cifras muy grandes. Colombia es un país relativamente prome-dio en esto. También es cierto que en algunos países el sector servicios se ha expandido y este es el caso de Colombia, no el caso necesariamen-te de otros países. Asimismo, en relación con ambas maldiciones, en muchos países la industria ha perdido participación, en algunos países de forma muy marcada, como en Venezuela y en Chile. Entonces, hay aspectos que parecen conformarse con las causas del problema, los re-sultados del problema; sin embargo, no son tan fuertes. Porque si estas teorías son ciertas habría menos exportaciones industriales y en reali-dad no es eso lo que ha pasado en estos países exportadores de estos re-cursos. En general, las exportaciones industriales como porcentaje del PIB han aumentado en algunos países considerablemente, como es el caso de México e incluso el de Colombia, pero no se encuentra el resul-tado final que se espera por el hecho de que se den las dos maldiciones.

Tampoco es cierto que se haya frenado el esfuerzo en investigación y desarrollo; se pueden ver aumentos en varios países en cuanto a estos dos aspectos mencionados, aunque se tiene que reconocer que aun el es-fuerzo en investigación y desarrollo en los países minero-petroleros es bastante modesto, puesinvierten relativamente poco en esos dos temas; no obstante, no se vio un deterioro en la década de 2000. Lo mismo hay que decir respecto a las patentes. No es cierto que se haya disminuido el esfuerzo innovador por el hecho de que existan más recursos mine-ro-petroleros, pero hay que reconocer, nuevamente, que en los casos de



Ecuador, Perú y Colombia la generación de patentes es aún muy peque-ña, es decir, el resultado de los esfuerzos de innovación aún son muy pequeños; por lo tanto, en este punto habría mucho que hacer. Vale la pena mencionar algunas de las que serían las políticas centrales para enfrentar estas dos maldiciones, la maldición de la enfermedad holan-desa, que es ese deterioro industrial, y la maldición de la innovación, que es la pérdida de esfuerzo innovador y creación de nuevas tecnolo-gías y nuevos sectores productivos. Obviamente las políticas para aho-rrar e invertir mejor ya mencionadas sirven para evitar estas maldicio-nes, pero en adición a eso vale la pena mencionar: si uno de verdad está preocupado por la enfermedad holandesa y por los problemas de una especialización no innovadora, lo último que hay que hacer es adoptar medidas proteccionistas.

A veces se cree que si el tipo de cambio se aprecia y le está yendo mal a algunos sectores agrícolas o algunos sectores industriales entonces hay que protegerlos de la competencia internacional y hay que darles subsi-dios, pero sería exactamente contrario a lo que uno quiere evitar que es la falta de innovación y la pérdida de impulso para inventarse cosas más productivas y adoptar nuevas tecnologías. También es crucial el fortale-cimiento de los derechos de propiedad intelectual, ya que si no los hay el esfuerzo innovador, obviamente, va a ser débil. Por último es necesario dedicar más recursos públicos a la innovación y, en particular, que par-te de los recursos que generan las bonanzas minero-petroleras vayan a fomentar la innovación. En este aspecto hay que alabar la decisión de la ley de regalías en Colombia que estableció que el 10 % de las regalías deben dedicarse a este fin.

Es un poco desafortunado, sin embargo, que tengan que hacerlo los gobiernos y las regiones, las unidades políticas subnacionales, pues muchas de ellas no tienen esa capacidad. Por fortuna el Gobierno ha tomado medidas para que haya también un sistema de control sobre la manera como se gastan esos recursos de innovación. Los proyectos tendrán que ser aprobados por decisión tripartita en la que participan Colciencias, Planeación Nacional y los gobernadores y eso quizás ayu-de a que estos recursos no se malgasten. Habrá que ver cómo resulta la implementación, pero en principio la idea central de que hay que gastar más en innovación es esencialmente correcta.

La última maldición a la que se hará referencia es la más grave para cualquier país que tenga recursos naturales abundantes: la maldición institucional. Principalente, cuando hay rentas en abundancia se des-pliegan fuerzas para tratar de apropiarse de esas rentas y eso lleva, en ciertas circunstancias, a mayor inestabilidad política, a debilitamiento del Estado de derecho y al aumento de la corrupción. Ciertamente es algo que se puede observar en algunos países ¿Podemos observarlo en los países latinoamericanos minero-petroleros? La respuesta es que en algunos sí, en otros ciertamente no. Colombia realmente es un país que queda muy bien en este aspecto y lo que se observa es la calidad de las instituciones respecto a la última década y la década de los noventa. En los indicadores del Banco Mundial de Governance Indicator se dice que Colombia estáen mejor en cuanto a Estado de derecho, está mejor en control de la corrupción y básicamente lo mismo en estabilidad polí-tica; también han tenido mejoras en este sentido Chile, México y Perú, no así los demás países, especialmente Bolivia y Venezuela donde la maldición de las instituciones es evidente.

Habría muchas políticas de qué hablar en relación con el tema insti-tucional, pero se mencionarán dos esenciales. Una es la instituciona-lización de los partidos políticos y la competencia con un número de partidos relativamente moderado. El proceso político es esencial para el buen uso de los recursos minero-petroleros, esas no son decisiones que toman los gobiernos, sino las sociedades a través de sus sistemas políticos, y la competencia partidista a través de partidos instituciona-lizados es esencial para que haya una mira relativamente de largo plazo y un uso relativamente eficiente de los recursos. El segundo ingredien-te esencial para evitar la maldición institucional es el fortalecimiento de los pesos y contrapesos, de los balances de poder entre los poderes de Gobierno. Cuando hay un ejecutivo dominante sobre el Congreso o sobre el sector judicial, es muy difícil contener el daño institucional que pueden producir las rentas de los recursos petrolero-mineros; por lo tanto, los esfuerzos que se hagan por fortalecer la justicia, por man-tenerla independiente, por mantener el Congreso independiente, y a su vez los controles entre los tres poderes, son absolutamente esenciales para evitar el daño institucional que puede producir esa competencia que generan las rentas que crea el subsuelo.



En síntesis, cuando uno toma todos los indicadores (las cinco maldicio-nes), hay unos países que quedan mejor que otros; México, en particular, queda bastante bien. No se está hablando de las políticas de manejo del sector minero o petrolero en México, sino de las políticas macro para manejar las rentas petroleras en México y, en ese sentido, México saca muy buen puntaje en las cinco dimensiones. Tampoco lo han hecho mal Chile, Perú, Ecuador y Colombia, aunque cada uno de ellos tiene algún problema: Chile, por ejemplo, tuvo un problema claro de enfermedad holandesa, Perú tiene un problema de falta de innovación relativamente marcado. Ecuador también tiene problemas de innovación y Colombia tiene problemas en varias dimensiones, algo de enfermedad holandesa, problemas de innovación y falta de ahorro, aunque ha tomado medidas en la mayoría de esos frentes para evitar los problemas. De Venezuela y Bolivia es mejor no hablar, ya conocemos cuáles son sus calificaciones.

Por lo tanto, mi conclusión es la siguiente: ¿maldición? Todo depende, se puede hablar de que las rentas que está obteniendo México podrían ser mayores si explotara bien sus recursos minero-petroleros, pero el uso que hace de ellas y las políticas alrededor de ellas no lo dejan mal parado. Chile, Perú, Ecuador y Colombia pasan el examen, Colombia pasa “raspando” apenas, pero pasa y a Bolivia y a Venezuela no les va bien en el examen de cómo prevenir y conjurar las maldiciones.

Por último, se presenta un resumen para la discusión de las que consi-dero son las políticas centrales para conjurar las maldiciones: en el área macro, las políticas fiscales contra cíclicas, la independencia del banco central y la flexibilidad cambiaria. En materia sectorial, profundización del mercado de capital doméstico, asociación público-privada en in-fraestructura y los derechos de propiedad intelectual y recursos públi-cos para la innovación. En el área institucional, competencia efectiva entre partidos políticos institucionalizados y el fortalecimiento de los pesos y contrapesos entre los poderes del Gobierno.

Guillermo Perry

A continuación se presentarán dos partes: una está relacionada con el interrogante acerca de qué lecciones tenemos a nivel global sobre este tema;la otra es la visión comparativa de los países de la región en el último periodo, en el periodo del boom de 2003 en adelante. En esta discusión se debe empezar por el lado positivo: los recursos naturales

deberían ser una bendición. Deberían ser una bendición porque es un factor de producción casi gratuito. En los libros de texto de economía 1, se habla de tres factores de producción: el capital, que hay que esfor-zarse mucho para producirlo; el trabajo, que también requiere esfuerzo, para mejorar el capital humano; y la tierra y los recursos naturales, que se suponen son gratis, pero no son gratis puesto que hay que invertir para encontrarlos, pero son casi gratis. Los países que tienen buenos recursos naturales tienen otro factor de producción, además permiten desarrollar ventajas comparativas en actividades conexas, por ejemplo en la agroindustria. En Brasil, por ejemplo, es impresionante la revolu-ción agrícola y agroindustrial que ha habido en los últimos quince años.

Los países con petróleo, en general, son países exportadores de la pe-troquímica y tienen una ventaja locacional. Por ejemplo, en el caso del petróleo, lo que está pasando en Colombia con el auge de los servicios petroleros es impresionante. Esto permite generar un encadenamien-to para atrás y para delante incluso en sectores que no son tecnoló-gicamente intensivos, pero que son muy importantes en términos de empleo como son los sectores de construcción, de servicios de alimen-tación, de transporte y de procesamiento; asimismo, permite obtener abundantes ingresos fiscales en moneda extranjera. De esta manera, en principio se generarían bienes públicos, infraestructura y educación, sin necesidad de gravar tanto a las demás actividades.

Volviendo al tema de las maldiciones, los ingresos altos en moneda ex-tranjera pueden serlo también, pues conducen por lo general a la sobre-valuación cambiaria, lo cual tiene efectos adversos sobre la industria y, en algunos países como en Colombia, sobre la propia agricultura y, por tanto, sobre una concentración inconveniente en la producción y ex-portación de recursos naturales que puede llevar a una alta volatilidad macroeconómica. De igual manera, es un desastre, como se ha dicho en algunas ocasiones, concentrarse en estos recursos porque existían términos de intercambio declinantes y los precios iban cayendo con el tiempo, ya que también puede frenar el crecimiento y productividad en la economía y la lucha de rentas que lleva a la corrupción, al conflicto, a debilitar instituciones y democracia. ¿De qué depende que sean lo uno o lo otro? ¿Qué son las lecciones que nos da la historia de los países ricos en recursos naturales?



En primer lugar, hay un papel clave para la política fiscal y monetaria, para evitar la volatilidad macro, haciendo políticas contracíclicas o an-ticíclicas y para generar ahorros de largo plazo. Esto puede hacerse de dos maneras: generando superávit fiscales estructurales como lo está haciendo Chile o Noruega y otros países, y la acumulación amplia de reservas internacionales que permiten mitigar la sobrevaluación cam-biaria. Segundo, se deben aprovechar bien los encadenamientos para crear ventajas comparativas, para crear nuevos sectores de exportación, como lo ha hecho Australia con la minería, que hoy día exporta más servicios tecnológicos asociados a la minería que productos minerales. Así mismo, es importante evitar la captura y la corrupción, y aprove-char las rentas para mejorar la infraestructura y la educación, y por esa vía la productividad del resto de la economía. Por último, hay que mejo-rar el clima de inversión y reducir trabas y sobrecostos para la actividad privada y estimular la innovación.

La renta minera y petrolera como factor de crecimiento de otros

sectores empresariales Jorge Alberto Marín Díaz

Director técnico de la Cámara Colombiana de infraestructura

Javier DíazPresidente de Analdex

Hermes AguirrePresidente Consejo Directivo de la Cámara Colombiana de

Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol)

Antonio José VicentelliPresidente & CEO, director de Petronova

Jorge Alberto Marín Díaz

Han invitado a la Cámara Colombiana de Infraestructu-ra a presentar un panorama de cuáles deberían ser los

principales proyectos de infraestructura de transporte, que debería cometer el país en la medida en que existe este auge minero-energético. De alguna manera, creemos conveniente mostrar cuatro bloques; lo primero que queremos mostrar son unas perspectivas económicas y una evolución reciente que tiene que ver con el sector de obras civiles. A partir de allí miraremos cuál es la tendencia de desarrollo económico del país y del comercio exterior, el portafolio de proyectos y sobre todo los proyectos que este sector necesita para continuar con la dinámica que se ha venido mostrando. Se terminará con unos retos y unas medidas que van a ayudar a impulsar la locomotora de la infraestructura.

En primer lugar, se tiene el crecimiento anual del PIB. No-sotros claramente de la crisis de 2008 tuvimos una fuerte


recuperación y rápida sobre todo para tener un pico en 2011; pero nue-vamente la crisis europea empieza a impactar fuertemente la dinámica económica del país. La discriminación en 2012 por ramas de actividad económica es bien interesante; un PIB del 4 % en el que el sector de mi-nería jalona notablemente el PIB con un 5,9 %. Es pertinente entonces mostrar cómo las obras civiles asociadas a la infraestructura de trans-porte realmente tienen un débil comportamiento con apenas un 2,2 %. Este asunto se asocia básicamente al hecho de que este Gobierno ha preferido un poco la calidad de los proyectos a la rapidez de los mismos y en eso el Gobierno está acertando indiscutiblemente. Esas obras civi-les del 2,2 % del año pasado posiblemente en 2013 tampoco van a des-pegar notoriamente. Nuestra perspectiva de crecimiento como cámara de infraestructura para el país, es de un 4,1 %, donde el factor de obras civiles cerró con un 2,2 %, pero tendrá un comportamiento en el cual se puede acercar este año a un 4,4 %.

El PIB de la construcción no solo son obras civiles, sino también de edi-ficación. La proyección que hacemos nosotros para este año es que va a cerrar en total con un 5,7 %, a pesar del incremento de la inversión en el sector transporte en los últimos años. Hay que anotar que en 2006 está-bamos hablando de recursos asociados a infraestructura de transporte de 3,4 billones de pesos, y ahora hemos pasados en 2010 a 8,5 billones de pesos; sin embargo, eso en términos relativos como porcentaje del PIB es el 1,6 %, y muy seguramente las cifras de 2011 y 2012 se van a acercar al 2 %. No obstante, aún estamos lejos del nivel de inversión requerido, es decir, para cerrar la brecha en infraestructura, ese gran rezago del país y además para responder a la demanda futura, pues necesitaríamos invertir 3,1 % del PIB anualmente durante una década completa. Estas cifras fueron precisamente expuestas el año anterior, en un estudio encargado a Fedesarrollo y que demostró que la inversión en infraestructura de transporte, tanto para nueva infraestructura como para dotaciones, para mantenerla debe ser por una década mínimo de 3,1 % del PIB.

Así pues, estamos un poco lejos, pues está faltando prácticamente un 1 % adicional en el PIB. El país básicamente desde nuestra perspectiva tiene dos grandes sectores que son los que van a dinamizar la economía a futuro: uno es el auge minero-energético y otro la implementación de los tratados de libre comercio actualmente en desarrollo. En cuan-

to al primero sector, el auge minero-energético, cerca del 70 % de las exportaciones en 2012 fueron del sector minero energético. Colombia en este momento es el primer productor de carbón en América Latina y el noveno en el mundo, y se prevé que hacia 2019 la producción de carbón esté cerca de 140 millones de toneladas anuales. Por su parte, en el sector de hidrocarburos y sus derivados, se cerró, como bien decía el ministro Rengifo en el anterior panel, con una producción promedio de enero a diciembre de 945 mil barriles por día y para 2014 se estima que esa producción promedio llegue a 1,25 millones de barril promedio por día.

Ahora bien, el sector minero-energético ha generado regalías por más de 16 billones de pesos, en este caso para 2013 y 2014, y gran parte de esas regalías se está yendo efectivamente para proyectos de infraestruc-tura de transporte. En la vigencia anterior con los recursos de regalías se aprobaron 2080 proyectos por un valor de 4,3 billones, cerca del 29 % de estos recursos se destinaron a 591 proyectos del sector transporte. Se está hablando acá de proyectos de infraestructura de transporte que tiene que ver con las regiones principalmente. El otro gran factor de crecimiento son los tratados de libre comercio y su implementación, que por supuesto es un tema de mediano plazo pero que va a tener unos impactos alrededor de cuatro o cinco años, y cuando estén completa-mente implementados indiscutiblemente va a haber un cambio en las exportaciones reales que se pueden resumir en el 2,68 % y en las im-portaciones reales del 1,93 %. Se prevé que el impacto efectivo en el PIB finalmente puede ser superior al 0,8 % cercano al 1 % del PIB. Con este panorama se busca entonces introducir cuáles son los proyectos que el país debe cometer para enfrentar esos retos. Sobre todo el sector mine-ro-energético necesita de unos muy buenos puertos. En cuanto al tema portuario, el año pasado se movilizaron por los puertos colombianos 174 millones de toneladas anuales y el 80 % de ese comercio exterior correspondió a carbón e hidrocarburos, lo cual constituye a los puertos como el modelo de transporte más efectivo o el más necesario para el sector.

Cuando uno mira el mapa, evidentemente en el tema portuario no hay una mayor diferencia; siempre se encuentra que están las zonas portua-rias de La Guajira, Santa Marta, las sociedades portuarias de Barran-quilla, Cartagena en el litoral atlántico y Coveñas, Turbo, en fin, y en

57La renta minera y petrolera como factor de crecimiento de otros sectores empresariales


el litoral Pacífico hay una mayor deficiencia en el tema de capacidad portuaria de Buenaventura y Tumaco, pero ese auge minero-energético lo que ha denotado es que ya empieza a haber señales de saturación de la capacidad instalada en los puertos nacionales. En una consultoría que contrató el Departamento Nacional de Planeación, se midió esta satu-ración, y los estándares internacionales determinan saturación cuando la relación volumen o tráfico portuario contra la capacidad instalada supera el 75 %. Los resultados para estos tres casos son los siguientes: en la zona portuaria de La Guajira, cuando hablamos de zona nos refe-rimos a todos los puertos públicos y privados ubicados allí, la relación volumen/capacidad supera el 100 % para el carbón y en carga suelta es el 99 %, ya superamos el índice de saturación. En Buenaventura la rela-ción es del 77 % para los graneles sólidos; en la zona portuaria de Santa Marta los hidrocarburos presentan una relación del 80 %, es decir, ya superamos el índice donde ya es necesario −y se evidencia− un aumen-to en la capacidad portuaria instalada del país.

Esa consultoría muestra unos resultados que evidencian lo siguiente: para el litoral atlántico y en un escenario que se proyecta a 2030, se requieren 88 millones de toneladas anuales adicionales a la capacidad instalada y en el litoral Pacífico, 86 millones. Y efectivamente la ma-yor proporción está en el sector minero y en el de hidrocarburos. Con base en estos resultados lo que se avizora es que en el litoral atlántico va a ser necesario uno o tal vez dos nuevos puertos que puedan ex-portar esa carga de carbón y de hidrocarburos; y en el litoral Pacífico, más evidente aún, también va a ser necesario en el corto plazo empezar a implementar dos puertos, uno básicamente de hidrocarburos en la parte sur del país, posiblemente alrededor de Nariño y Cauca puesto que la actividad está cerca, y para responder al comercio exterior un puerto, sobre el Chocó, y habría que mirar en qué punto para exporta-ciones de carbón.

¿Qué está haciendo el Gobierno? Recientemente, el Conpes 3744, que establece la política portuaria para un país más completo, estableció unas líneas de acción en este sentido para responder sobre todo a estos temas de auge minero energético y TLC, priorizando principalmen-te los puertos de servicio público, porque también los puertos son de carácter privado, pero el Gobierno va a priorizar aquellos puertos que tengan vocación de servicio público. En este punto creemos que ese

Conpes tiene unos lineamientos buenos, y evidentemente el diagnósti-co que se hace muestra que el Gobierno conoce la necedidad de ampliar la capacidad portuaria para poder responder a estas exigencias; si se tienen unos buenos puertos necesariamente se tienen buenas conexio-nes a esos puertos y en el caso principalmente minero, evidentemente el modo de transporte más eficaz, más eficiente, es el ferrocarril. En el tema férreo, desafortunadamente, por lo menos hasta ahora no han sido muy buenos los proyectos que hasta hace poco se operaban.

En este momento solo operan en el país las líneas entre Chiriguaná y Ciénaga, y opera la concesión del Pacífico, pero básicamente entre Buenaventura y Buga y el resto de red existe pero no se opera. ¿Qué está haciendo el Gobierno en este momento? En cuanto a toda la red central, del ferrocarril central que conecta el interior del país con Chiriguana, más la red de Bogotá-Belencito, la Agencia Nacional de Infraestructura se encuentra en este momento licitando una concesión corta, simple-mente para rehabilitar los puntos críticos y empezar a dar operación a algún tipo de carga que ya tienen identificada. Es una concesión de tres años y la rehabilitación se haría en la propia trocha angosta; en este punto hay un debate interesante en términos de ingeniería, puesto que diversos estudios, inclusive el del Ministerio de Transporte, con-cluyen que el país debe evolucionar hacía trocha estándar, es decir, una trocha que le permite al modo férreo tener mayor capacidad por sus condiciones físicas, pero más allá de estas dos concesiones cortas que la Agencia de Infraestructura está licitando, el Gobierno tiene puestas sus esperanzas de este modo de transporte en las iniciativas privadas, a partir de la Ley 1508 de 2012 (ley de APP). Existen también otras líneas que son iniciativas privadas que se han presentado a la Agencia para su estudio y que en este momento están en etapa de prefactibilidad.

El mapa de la red férrea ahora es un mapa que se podría construir en un horizonte de tiempo no inferior a diez años porque hay una serie de ferrocarriles de cruce con cordillera, sobre todo aquel que denominan Transandino desde la zona de la altillanura, y que conecta con el puerto del Pacífico. En la zona del litoral Atlántico empiezan a destacarse las áreas portuarias de La Guajira y de Santa Marta, es decir, seguramente en las zonas portuarias van a quedar ubicados los nuevos puertos que requiere este sector. Por el litoral Pacífico hay una iniciativa privada que desde la zona del César lo proyecta para salir a dicho litoral, en este



caso a Cupicá. No está aquí la posibilidad de un nuevo puerto, mucho más abajo, que tenga que ver con el transporte de hidrocarburos que se movilizan por obvias razones de otra forma, pero el mapa es muy interesante porque el Gobierno espera, dando trámite a estas iniciativas privadas,conformar esta red férrea para la totalidad del país.

¿Cuál es el otro modo de transporte clave para este sector?, la navega-ción fluvial e indiscutiblemente el rio Magdalena. La principal hidrovía del país da la posibilidad de mover muchos de los minerales del centro del país hacia la costa Atlántica. ¿Qué está pasando en este momen-to con el rio Magdalena? CorMagdalena, la entidad encargada de ga-rantizar su navegabilidad, ya tiene manifestaciones de interés, a través de una sucesión público-privada, para ejecutar unas obras hidráulicas de encauzamiento entre Puerto Salgar y Barrancabermeja. Esta zona en el rio Magdalena tiene muy poco calado, y para poder garantizar transporte de carga se necesita obtener una mayor profundidad y las acciones que se venían cometiendo de solo dragado no son sostenibles porque mataba el fondo del rio. Así pues, lo que se está adelantando en este momento para llegar a la ejecución de unas obras, son unas cons-trucciones hidráulicas que garanticen que la velocidad del rio, la propia velocidad del rio, aumente y en esa propia condición natural el calado sea suficiente para el transporte de carga. Entre Barrancabermeja y Ba-rranquilla el canal es ya navegable, pero habría que mejorar mucho los sistemas de navegación satelital y a través del Fondo de Adaptación el gobierno nacional va a invertir más de un billón de pesos para la nave-gabilidad del canal del dique.

El tema del canal del Dique es complejo, puesto que esas obras tienen unos impactos ambientales, y por eso el Fondo de Adaptación ha in-vertido el tiempo suficiente para realizar los estudios definitivos que garanticen que las obras tengan sostenibilidad ambiental. En resumen en el tema de navegación fluvial, también el Gobierno tiene ya dos pro-yectos en marcha que van a garantizar movilización de minerales y de hidrocarburos; en este momento se transportan hidrocarburos desde Barrancabermeja hacía el norte. El cronograma de esos proyectos, te-niendo en cuenta que evidentemente son obras de gran complejidad en ingeniería y la propia APP requiere unos términos mínimos para su culminación, muestra que aproximadamente en unos cuatro años

a partir del recibo de las manifestaciones de interés se tengan las obras ejecutadas para poder movilizar carga en este río.

Por último, y es algo que se utiliza mucho para el transporte de hi-drocarburo, está el sistema carretero. Gran parte de esos recursos que ingresan a las arcas del país se van a destinar a proyectos de lo que la Agencia Nacional de Infraestructura llama “la cuarta generación de concesiones viales”, que es simplemente una APP de iniciativa 100 % pública. Por su parte, el Gobierno espera construir o contratar 8170 km de carreteras del país, que son aproximadamente 30-35 proyectos, y con una inversión estimada de 47 billones de pesos. En este momento hay 26 contratos que suman cerca de 5000 km. Así pues, con las nuevas concesiones se espera llegar a cerca de 10.000 km, pero lo importante de esto es que los corredores se conformen en dobles calzadas porque finalmente los corredores existen. La gran mayoría de estos proyectos son nuevos; sin embargo, el objetivo final es que toda esta gran red ar-terial del país se conforme en dobles calzadas. En este sentido, la Cáma-ra de Infraestructuras ha tenido una seria de diferencias cordiales con la Agencia Nacional de Infraestructura, en la medida en que se les ha insistido mucho en que varios de esos proyectos no tienen las mejores especificaciones en términos de ingeniería y por lo tanto no resultan muy competitivos.

Como ejemplo de lo mencionado anteriormente está el corredor peri-metral del oriente, del cual en diez días aproximadamente la agencia va a recibir manifestaciones de interés, tiene velocidades de diseño que están entre 40 y 60 km/h y tiene pendientes máximas de hasta el 14 % en algunos tramos de ese corredor, aspecto que evidentemente demues-tra que no va a ser una carretera competitiva, más aún en la medida en que la Agencia plantea que ese corredor básicamente lo que hace es ser una vía alterna para no cruzar Bogotá, pues parte de Cáqueza, sube a Choachí, sube a La Calera y termina en Sopó. Esto implicaría llevar la carga dese los llanos Orientales hacia el norte para que no cruce Bogotá. Evidentemente estamos hablando de tráfico de carga; estamos hablan-do, por ejemplo, de los carros tanques que llevan estos hidrocarburos, y con pendientes del 14 % no van a ser muy eficientes esas carreteras. Hay que anotar a lo dicho anteriormente que en este momento el país con esta urgencia de proyectos competitivos no puede darse seguir constru-yendo carreteras con este tipo de especificaciones. Se va a llegar en el



corto plazo en 2013 la construcción de 300 km de nuevas dobles calza-das. En este año esos 300 km se van a concentrar mucho en el proyecto Ruta del sol (carretera que conecta a Bogotá con la costa Atlántica, en sus sectores 1, 2 y 3).

Por otro lado, en el sector aeroportuario, y esto obedece un poco más a los temas de los TLC, lo que en este momento el Gobierno plantea es volver a dar en concesión el aeropuerto de Barranquilla, el Ernesto Cortissoz, y está estructurando la agrupación de cuatro aeropuertos, los de Armenia, Cartago, Popayán y Neiva, para entregar en concesión. Básicamente en el sector aeroportuario la totalidad de los aeropuertos grandes están concesionados y en este momento se trabaja en el plan maestro del aeropuerto El Dorado, el cual aumenta la capacidad del aeropuerto sobre todo en la terminal de pasajeros, más allá de las obras que en este momento acomete el actual concesionario.

Por último, en estos proyectos se debe pensar qué debe hacerse para terminar de impulsar la locomotora como se ha venidpo haciendo. En este punto, se parte con la institucionalidad. Para la Cámara eviden-temente el Gobierno ha centrado mucho los esfuerzos en dar un ade-cuado ambiente de institucionalidad, la tecnificación del Ministerio de Transporte, la creación de los dos viceministerios, uno que trate el tema de transporte como servicio y otro el de infraestructura. El antiguo In-cuo, que evolucionó satisfactoriamente hacia la Agencia Nacional de Infraestructura, maneja todo lo que tiene que ver con las asociaciones público-privadas en el sector. Se creó la autoridad nacional ambiental, con todas las dificultades que se padecen en este tema de licenciamien-to, pero como institucionalidad creemos que es un paso en la dirección correcta; también se creó la agencia nacional de contratación, en la cual Margarita Zuleta está al frente de esta y seguramente va a dar linea-mientos claros en materia de contratación pública y, lo más importante de todo, en la ley de asociaciones público-privadas la 1508 del año pa-sado, que regula no solo las iniciativas o las APP de iniciativa pública, sino también las iniciativas privadas. A partir de allí se generan todas las expectativas del Gobierno en cuanto al tema de que el sector privado presente proyectos, que se les pueda dar viabilidad y que esos recursos provengan del sector privado y no del Gobierno central.

¿Cuál es la problemática que existe en todo caso transversal a la ejecución de proyectos de infraestructura? El año pasado hicimos una

encuesta a los 26 concesionarios viales y se mostró que el obstáculo más frecuente que se presentaba tenía que ver con la adquisición de predios, el licenciamiento ambiental, el traslado de las redes de servicios y la consulta con las comunidades. En el tema ambiental, que es uno de los más críticos, estos resultados son preocupantes, pues a la mayoría de esos concesionarios les tardó el licenciamiento de 12 a 18 meses, en otro caso fue de 24 a 30 meses, el 23 %, y superior a 30 meses el 15 %, lo cual evidencia una situación que se debe corregir. Como el Gobierno tiene claro que esos cuatro obstáculos no le han dado celeridad a la ejecución de las obras públicas, en este momento se tramita en el Congreso un proyecto de ley de infraestructura que pretende por lo menos dar solu-ción, si no total sí parcial, a cuatro aspectos: licenciamiento ambiental, adquisición de predios, interferencia de las redes de servicio y el tema de las consultas a las comunidades porque; este último es un tema que requeriría de una ley estatutaria y en este momento el Gobierno consi-dera que va a utilizar otra vía administrativa y no a incorporar dentro del trámite ordinario de esta ley. Se espera que este proyecto de ley me-jore, pues aunque está bien enfocado hay algunas preocupaciones; no obstante, el proyecto de ley seguramente va a servir para dinamizar la ejecución de los proyectos.

Así pues, ¿qué hacer mientras sale la ley? Posiblemente salga y pueda quedar firme para el segundo semestre de este año, pues el Gobierno puede por ahora, para dinamizar la economía, activar las obras civiles y dar mayor seguridad al sector privado. Asimismo, se podrían dinami-zar obras que actualmente están en ejecución mediante el adelanto de vigencias futuras, podría haber una gestión contractual más eficiente, sobre todo en relación con las concesiones que vienen en ejecución, es decir, que la Agencia Nacional de Infraestructura vea al concesionario como su socio y de alguna manera compartan la gestión de las licen-cias ambientales, las consultas previas y apoye la adquisición predial. Evidentemente hay que acelerar el paso con el estudio y el trámite de las iniciativas privadas, como ha podido verse en el tema portuario; en el tema ferroviario todo también son iniciativas privadas. Así las cosas, podríamos avanzar en algunas obras a través del mecanismo de obra pública y por último agilizar el trámite de las regalías previstas para el sector de infraestructura de transporte.



Javier Díaz

Para comenzar, hay que responder a la siguiente pregunta: ¿en que invertir la renta minera desde el punto de vista del comercio exterior? Parto primero de saber que Colombia tradicionalmente ha sido un país que no ha estado muy vinculado con la economía internacional, ya que si se mira el desarrollo productivo del país, este estuvo pensando más en el producto interno y por ello el aparato productivo se estableció en Bo-gotá, en Medellín, en Cali y no en las costas, porque se estaba pensando más en mercado doméstico que en el internacional. Se ha iniciado un proceso de inserción de nuestra economía en la economía internacio-nal a partir de los años noventa, el proceso de apertura económica, y eso nos ha llevado a tener un mayor comercio y un mayor intercambio con la economía internacional. Si uno va diez años atrás puede ver que el país estaba exportando en 2002 doce mil millones de dólares. En ese momento Colombia estaba por debajo del promedio latinoameri-cano y solo superaba en exportaciones a Haití y a Bolivia, un indicador no muy positivo para el país, pero muestra que el tema externo no era nuestra prioridad. A lo largo de esta década hemos crecido en mate-ria de comercio y el año pasado se llegó más de sesenta mil millones de dólares en exportaciones, es decir, en diez años multiplicamos por cinco nuestro comercio exterior y nuestras exportaciones.

Sin embargo, cuando uno mira qué es lo que ha jalonado ese crecimien-to de las exportaciones, se puede ver que tuvimos en dichas exporta-ciones el mayor desempeño en 2008, y en ese momento vino la crisis de los Estados Unidos y la crisis en 2009 del mercado de Venezuela y empezamos nuevamente a disminuir; hoy todavía no recuperamos ese desempeño que tuvimos en 2008 en materia de exportaciones difer-entes a las minero-energéticas. Si uno ve lo anterior en términos de la “torta”, de la participación, pues en 2001 las exportaciones minero en-ergéticas eran el 40 % del total de nuestras exportaciones y las demás eran el 60 %. El año pasado el área minero-energética ya no era el 40 % sino el 73 % y las diferentes a las minero-energéticas eran el 26 % o 27 %. Ha habido entonces una gran concentración en esas exportaciones de productos minero-energéticos y ello ha estado acompañado de un pro-ceso de apreciación de nuestra moneda: la tasa de cambio en la última década, como la reevaluación entre 2001 y 2012 fue del 20,7.

Como ya se ha mencionado en otras ponencias, aquí hay indudable-mente un síntoma de enfermedad holandesa, así como una concen-tración del comercio en los productos básicos minero energéticos y cómo ese proceso va acompañado de una apreciación cambiaria. Esa apreciación tendió a disminuir en los primeros meses de 2013, pero muy levemente. Al parecer dicho fenómeno no se ha superado y se ha tratando de responder si se tiene un recurso natural. Se ha hablado de consumir ese recurso, de si hay una pérdida de riqueza, o si se puede ahorrar o convertir ese recurso natural en capital físico y principal-mente en infraestructura o en capital humano en ciencia, tecnología e innovación. Guillermo Perry ha dicho que deberíamos ahorrar bue-na parte de esa renta económica, y uno podía estar de acuerdo con no invertir todo de una vez; por el contrario, hacia el futuro se debería tener capacidad de inversión también. La pregunta en todo este asunto es, más que cuanto ahorro se puede obtener, cuáles son las reglas para desahorrar, porque hace unos años fue establecidoel fondo de estabi-lización petrolera, pero un Gobierno puede que llegue y lo desahorre, toma la decisión de consumirlo, de volverlo gasto corriente y ahí surge la pregunta de cuál es el verdadero objetivo del ahorro; debería haber unas reglas de juego para ese desahorro.

El otro elemento que debe tenerse en cuenta es el capital físico, la in-fraestructura, el capital humano, ¿hacia donde debería ir entonces esa inversión? Cuando uno mira los índices de competitividad, Colombia está en una situación en términos generales con un puntaje similar a Rusia, Ecuador, Argentina y Uruguay, pero en la región estamos por debajo de Perú, Brasil, México y Panamá, que tienen una mejor posi-ción en ese ranking. Colombia pasó del puesto 68 en 2012 al puesto 69; perdió un puesto en el último año entre 144 países. En el momento de buscar dónde calificaron mal a Colombia, dónde se tiene que hacer el pulso remedial para habilitar esas materias, primero surge el tema de innovación y de las instituciones, lo cual sorprende un poco porque si de algo nos preciamos en Colombia es de tener una institucionali-dad fuerte, ya que hemos podido superar muchas crisis gracias a esto. Cuando se entra a ver a las instituciones y qué es lo que está mal cali-ficado surge el tema de justicia, realmente ese es el “lunar” en manera institucional, y en este punto se perdió una oportunidad para hacer unas reformas. Este es es un elemento que está afectando de manera grave al país; por ejemplo, una resolución de un conflicto dura diez o



quince años en un proceso ejecutivo, esto debe cambiar, hay que pensar qué se puede hacer al respecto.

El otro elemento es la infraestructura. Cuando se mira lo que pasa en infraestructura aparecen mediciones como la que tiene el doing busi-ness del Banco Mundial. Exportar un contenedor en Colombia vale 2255 dólares, sacarlo del centro del país al puerto, en promedio, vale 2255 dólares; esa misma operación en Chile vale 980, y en Perú, 890 de dólares. El promedio de América Latina es de 1268 y el promedio de los países de la OCDE −donde queremos ingresar− es de 1028, estamos por fuera de la competencia porque estamos 1000 dólares por encima del promedio latinoamericano. Así pues, cuando se busca la razón por la cual califican tan bajo a Colombia, puede verse el tema del transporte interior y el manejo del mismo, por el cual estamos siendo castigados porque no se tiene una infraestructura, ni infraestructura física, ni red vial o ferroviaria o fluvial, no hay un sistema de transporte moderno pues tenemos uno basado en camiones viejos que hemos mantenido a través de una tabla de fletes que subsidia al más ineficiente y cuando pretendemos salirnos de la tabla de fletes vienen los paros y nuevamen-te viene una regulación. En conclusión, tenemos que actuar si queremos ser competitivos, debemos estar rápidamente por lo menos en el pro-medio de los países latinoamericanos.

Frente a lo anterior, ¿qué debe hacerse entonces? Se está hablando de los corredores de la prosperidad, pero esto es simplemente un nuevo nom-bre de lo que identificamos desde que empezamos el proceso de aper-tura en el 91, lo que llamamos “plan vial de la apertura”. Lo que se ha hecho cada Gobierno es cambiarle de nombre, pero las obras realmente no se han ejecutado, y si se ve el mapa puede observarse cuáles son las vías fundamentales y cómo estas están definidas desde el 91; ya se ha hablado de cómo unir el centro del país con los puertos, la Ruta del sol. La prioridad entonces está en ejecutar los proyectos: o desarrollamos la infraestructura, conectamos el centro del país con los puertos en el Atlántico y en el Aacifico o sencillamente no vamos a ser competitivos y no vamos a poder hacer crecer las exportaciones diferentes a las mine-ro-energéticas, porque los elementos de logística y de infraestructura lo van a impedir. El Gobierno ha desarrollado de manera reciente un plan de impulso a la productividad del empleo y allí aparecen unas medidas de carácter transversal, unas medidas sectoriales, el tema de infraes-

tructura, pero esto aparece muy débil. La prioridad del país es desa-rrollar este plan para interconectar el centro del país con los puertos, con vías, con unas especificaciones modernas. No hay que dar muchas vueltas para entender hacia dónde deberíamos dirigir los recursos que genera el sector minero-energético.

Hermes Aguirre

A continuación se hablará de tema planteado en la renta minera y pe-trolera, un factor de crecimiento en el sector empresarial. En primer lugar, quisiera aproximarla desde el punto de vista del encadenamiento del sector de hidrocarburos en Colombia y la manera como estamos viéndola a través de una propuesta regional. Estos encadenamientos realmente son los que le dan la sostenibilidad y la fuerza a la industria petrolera a nivel nacional, la sostenibilidad y la visión a largo plazo será lo que se muestre acá. Junto con la forma como estamos trabajando a nivel de industria y qué es lo que necesitamos hacer realmente para potenciar esta renta para el futuro de la industria.

Primero quisiera referirme al contexto de la industria petrolera, global y nacional. Lo que pasa en el contexto regional y global, sobre las con-diciones de bienes y servicios, va a mostrarse desde tres puntos de vista: las actividades de adquisición sísmica, la actividad del comportamiento de taladros y los pozos, tanto de producción como de. Se verá también dónde estamos hoy en día, para finalmente concluir con algunas de las propuestas que desde la industria se han generado, desde Campetrol obviamente asociado con varias de los gremios, de las operadoras y del Gobierno para poder llevar estudios y proyectos que nos permitan po-tenciar la renta petrolera, tanto en la industria, como en todos los sec-tores que nosotros influenciamos.

Hemos hablado y hemos visto la historia de las últimas décadas en la industria de la producción a nivel mundial y la evolución del precio del crudo en los últimos años, y durante la historia hemos tenido una serie de eventos que a nosotros nos hacen reflexionar o que impactan la industria ya sea local, regional o global; adicionalmente, dependien-do de cómo estemos nosotros posicionados para afrontar estos retos, recibiremos en mayor o mejor medida estos impactos. Al hablar de los impactos negativos, el último se presentó con la recesión de 2008 que a nivel global tuvo un impacto muy grande. Nosotros hemos visto que a



nivel nacional, aquí en Colombia no vimos ese impacto en la produc-ción porque estábamos en un proceso importante de crecimiento, en un proceso positivo y eso nos ayudó muchísimo en ese momento para absorber el impacto dentro de la industria petrolera; sin embargo, en la industria de servicios tuvimos algunas afectaciones, pero lo positivo es que creció la industria, inclusive en 2008 la industria de bienes y servi-cios petroleros también creció de forma importante en el país.

A nivel nacional, se han tenido algunos cambios, algunos retos impor-tantes; por ejemplo, se puede ver cómo la producción en los últimos años se ha venido incrementando; asimismo, a finales de los 90 se pre-sentaron unos picos de producción importantes, gracias a los descu-brimientos que se dieron en su momento, como Luciana, Copiagua, los cuales aportaron al país en términos de producción. Asì pues, el reto grande que tenemos hoy en día son las reservas. Ha habido un esfuerzo importante que se viene haciendo en las inversiones de ex-ploración para poder traer nuevas reservas al país; los esfuerzos que se están haciendo en hidrocarburos no convencionales y en off shore”ç son algunas de las expectativas que tenemos para incrementar la actividad de la industria y al mismo tiempo responder a estas necesidades que se presentan. Entonces, para posicionamos desde el punto de vista de los retos que tenemos edbemos aprender a comportarnos y estar muy bien preparados para cuando tengamos las condiciones regionales, nacio-nales o globales para los impactos dentro de nuestra industria y hacer sostenible nuestra industria de bienes y servicios y todo lo que esto lleva detrás, que son todos los encadenamientos que veremos más adelante.

Por otro lado, está el tema del comportamiento de taladros. ACP y Campetrol han hecho un análisis muy detallado respecto a todos los taladros que hay en el país, desde los más pequeños (los que hacen worl-dcover) hasta los taladros que hacen todas las actividades y se ha visto un crecimiento importante. Se observado que la producción viene de la mano de la actividad de taladros que tengamos en el país, si nosotros hablamos de todos los taladros estos suman cerca de 260. Si se habla de los taladros de 750 caballos a 3000, por ejemplo, que son los que hacen la actividad de los pozos de mayor dimensión, hay alrededor de 120 ta-ladros en el país. Entonces, las estadísticas pueden variar dependiendo de la discriminación que se haga. Cabe anotar que se ha hecho un gran esfuerzo para tener tecnología en el paí;, esta tecnología se ha venido re-

novando, pero en los últimos dos años la tasa de ocupación de taladros viene disminuyendo, en el último año marcamos casi un 12 % y 13% en la disminución de la ocupación de taladros y esa obviamente es una afectación que tenemos hacia la actividad. De esta manera, si se habla de cuál es la causa de la disminución de la actividad de perforación está en la ocupación de los números de taladros que se tengan hoy en día.

Antonio José Vicentelli

Se comenzará hablando acerca de la importancia para la sobreviven-cia de nuestras empresas, y al hablar de sobrevivencia me refiero la in-corporación de estos bienes y servicios producidos nacionalmente, en nuestras actividades y nuestros proyectos.

En primer lugar, está el tema de nuestra industria, la industria atrac-tiva. Para todos es conocido que esta industria es y ha sido blanco a lo largo de la historia de toda clase de críticas, de ataques y golpes, para impulsar movimientos políticos, laborales, etcétera, somos un blanco fácil. Estas acciones se han traducido muchas veces en expropiaciones, en complicaciones o en incrementos elevadísimos de los impuestos o de las regalías que simplemente nos llevan a unas operaciones económicas que no son factibles, ese es nuestro mundo; un mundo que además es muy poco conocido en el entorno de la sociedad en general. Nosotros los conocemos bien pero realmente poca gente conoce los riesgos, las inversiones y los trabajos que tenemos que llevar para poner un barril de petróleo o de mineral en el mercado.

Dentro de ese entorno, se presentan frecuentemente como depreda-dores unos vampiros extractores que tenemos en la sociedad a llevar simplemente un producto. llaman la atención algunas palabras del pre-sidente Santos: por un lado, dijo que la tercera parte de los recursos del Estado provienen de este sector y que esa tercera parte cubre el 80 % del presupuesto en educación, en salud y en transporte, eso suma 37,1 bi-llones de dólares. Además, manifestó que somos una industria que está “satanizada”. Hay que reconocer entonces que afuera hay una realidad diferente, y es claro que un país o un sector empresarial con muchos niveles de desempleo, con pobreza, con falta de comunicación, obvia-mente no es viable y cuando no es viable empiezan a ocurrir fenómenos que atacan a nuestras empresas y si la empresa no está vinculada a su entorno, es frágil y es un blanco muy fácil. Hay así una relación muy



estrecha entre nuestras empresas, el desarrollo de nuestras empresas, la supervivencia de nuestras empresas y el desarrollo de nuestro entorno social.

Lo que se busca comentar acá es que la inserción de nuestras empre-sas en la sociedad es fundamental, pero no se limita única y exclusiva-mente al tema de insertarnos en las comunidades con las que estamos viviendo. Tenemos que insertarnos y darnos a conocer, dar a conocer los beneficios que nosotros traemos para la sociedad en general, a la sociedad en su conjunto y muy particularmente a la sociedad empre-sarial del país. Nosotros debemos ser para la sociedad empresarial una fuente de riqueza, de creación de ideas, de comercio de su producto. Lo anterior nos lleva un poco al análisis de la responsabilidad social de las empresas. Cuando vemos las visiones tradicionales y clásicas que siguen siendo la esencia de una empresa se habla de que las funciones principales de esta son generar buenos productos, productos de calidad que le sirvan a la sociedad, que mejoren su calidad de vida, que en las empresas se atienda bien a sus empleados, que sean responsables con el medio ambiente y que paguen sus impuestos; esas son las funciones principales de una empresa. Con el tiempo esa función fue derivan-do un poco en actividades de tipo filantrópico, a veces por razones de quitarse el fastidio de alguien que está al lado, a veces por razones de las personas que prometen en esas empresas. Pero se empezó a presen-tar un problema, pues dicha actividad filantrópica en nuestros países se empezó a canalizar como una limosna, como una dádiva y la gente empiezó a acostumbrarse a esto. La dàdiva tiene un problema y es que genera dependencia y a nosotros los seres humanos eso de estar depen-diendo no nos gusta mucho y cuando nos empiezan a quitar nuestra libertad, de la dependencia al rencor hay un pedacito y del rencor al odio hay un pedacito más chiquito.

Nos empezamos a encontrar entonces con situaciones en las que, cuando vamos a esos sitios, vienen es a pedirnos y no es precisamente a pedirnos trabajo y progreso. Hay una sensación de obligación de dar. Esto se va atacando primero a través de la responsabilidad social corporativa y desarrollo sustentable, y ya en visiones más modernas, como diría el profesor en la universidad: “caramba, es que no estamos tomando en cuenta que hay una relación entre la empresa y la sociedad, y que la empresa para ser competitiva necesita tener gente preparada,

gente saludable, vías, transporte que le permita ser competitivo”. Yo voy un paso más allá y digo que también hay una relación político-estratégica, pues si nuestras empresas trabajan en un sitio donde hay otras oportunidades de trabajo, donde la gente no va precisamente a los portones de nuestra fábrica, si las empresas trabajan en unos sitios donde son reconocidas como proveedores de buen empleo, como proveedores y adquisidores de materiales y servicios nacionales, empiezan a ser queridas por la sociedad y, en esa medida, en ese entorno, no estarán satanizadas.

Volviendo al tema de la industria satanizada, este me intrigó un poco y debería entocnes proponerse, entre tantos otroas índices, el índice de la satanización de las empresas, porque creo que vamos a encontrar que los países donde las empresas son más satanizadas son los que están en la parte baja de la curva y en los países donde las empresas son bien re-cibidas y son bien llevadas, las empresas están en la parte más alta de la curva. Eso me lleva a pensar que hoy estamos viviendo, que Colombia está viviendo una oportunidad histórica en este desarrollo y nosotros como empresa somos partícipes de esa oportunidad y si la aprovecha-mos dejaremos de ser satanizados y pasaremos a ser queridos.

La curva mencionada muestra cómo ha crecido la inversión extranjera en Colombia en los últimos años. Si nosotros nos ubicamos diez años atrás y se dijera que en los próximos ocho o diez años se van a inver-tir 45 mil millones de dólares en este sector, probablemente nadie lo creería, porque si uno ve que estamos en los mil millones se pregun-taría cómo se va a hacer para invertir 45 mil millones en los próximos ocho o diez años. La ANH contrata unos estudios (que se mencionarán más adelante) y su proyección optimista en ese estudio (para octubre de 2009) era que el millón de barriles se alcanzaría en 2020. Su proyección base era que se alcanzaría en 2020 y su proyección optimista era que se alcanzaría en 2016, y se alcanzó a finales de 2012. Esto quiere decir que que hay una oportunidad para soñar, para pensar que si nosotros hu-biésemos sabido que se iban a gastar 45 mil millones de dólares podría-mos haber creado políticas que hubiesen instaurado una mayor interac-ción y una mayor participación de la sociedad, de la sociedad industrial en particular, en los proyectos petroleros. Más aún, creo que hoy en día podemos pensar, dado el punto donde estamos, que en los próximos diez años se van a invertir 80 mil millones de dólares en esta industria.



¿Por qué se van a invertir?, porque la industria intensiva el capital; los proyectos están ahí, están las concesiones. Estos contratos están recién otorgados y, salvo que ocurra un colapso mundial, es bastante seguro pensar en una inversión grande y sostenida.

Así las cosas, estamos en un momento muy oportuno para poner esas políticas en práctica, para seguir adelante creando una industria que demanda vienes del capital, de calidad, que después se derraman a otras industrias del país, que forma gente y la cual está por empezar a crecer en forma sustancial; esta industria es la que al final del día va a generar aún más bienestar y más empleo. Entonces, esa oportunidad histórica nos permite tener la seguridad de que vamos a tener los proyectos, de que vamos a tener inversiones, nos permite pensar en promover fuerte-mente la inversión nacional y extranjera, fomentar el ahorro en el país y el desarrollo de redes industriales. Se ha hablado varias veces de en-cadenamiento y creo que ese es un elemento fundamental en el tema del desarrollo de esta industria. Está la posibilidad de que esta industria abra nuevos mercados a los sectores industriales existentes del país.

Colombia cuenta con una pequeña y mediana industria extraordina-ria en diferentes áreas: metalmecánica y eléctrica que son suplidores naturales de esta industria, donde encuentran grandes clientes que le permiten desarrollar mercados de exportación, porque hay formación de personal, de un talento humano y de ramas hacia otras industrias, lo cual permite enfocar un desarrollo integral del país con la generación de realmente otras fuentes de empleo y no únicamente la que la propia industria genera. Esto es un alto contenido nacional, es una vía expe-dita del tema social, del desarrollo social justo, del crecimiento fuerte y sólido de nuestras empresas y una vía libre hacía el desarrollo del país.

Hay que recordar que no todo es fácil en esta industria, están las opor-tunidades pero hay muchas amenazas, muchos mitos y obstáculos. Creo que el principal obstáculo es la falta de conocimiento de lo que nosotros como industria necesitamos y de lo que el país, como indus-triales de bienes y servicios ofrece. Se han hecho trabajos importantes, como por ejemplo uno que se preparó para la ANH en 2009, que se llamó “La cadena de hidrocarburos: una oportunidad para la industria colombiana”; sin embargo, todavía falta construir los puentes entre esos dos factores para poder avanzar. Está también el tema de la falta de po-líticas, pues el desarrollo no se impone, se construye y no se construye

poniendo metas donde los proyectos tienen que tener cierto porcentaje de contenido nacional, se construye poniendo metas focalizadas hacia ciertas áreas. Igualmente, hay muchos mitos que cuando se escuchan tienen que reconocerse como mito.

Hay muchas cosas que redundan favorablemente y que nos permiten llevar esto hacia adelante; la primera es informar, tenemos que infor-mar qué hay, qué necesidades tenemos en el país, hay que establecer políticas claras. Las instituciones son las que nos establecen las polí-ticas de desarrollo, y hay que asegurarse de que cuando se piensa un proyecto haya cabida en el ámbito nacional y que se incorpore desde el principio; de igual forma, hay que fomentar alianzas entre empresas na-cionales y extranjeras, asegurando la igualdad de oportunidades para el proveedor local. Otro aspecto importante, y sobre todo en los gran-des proyectos en un “downstream” de refinación, es la gerencia de esos proyectos, para que tenga un conocimiento real y verdadero de lo que se hace y de lo que se puede hacer en el país, sobre todo sus unidades de procura y contratación; de no ser así, uno especifica lo que conoce, uno especifica lo que tiene cerca y una vez que las especificaciones salen es difícil lograr que estas se incorporen al proyecto.

Para concluir, considero que el desarrollo de una sólida estructura na-cional que soporte la industria de hidrocarburos y que vaya hacia otros sectores es algo que se puede hacer, está demostrado. Tenemos que pen-sar que ya se ha hecho en muchos sitios: vemos, por ejemplo, lo que ocurrió en el Mar del Norte, en Escocia, en Suecia, en Noruega; este último era un país con el ingreso per capita más bajo de la comunidad europea, hoy en día es el país con el ingreso per capita más alto de la comunidad europea, es un país de pescadores donde ni siquiera hay que pescar, y hoy en día es un país industrializado, con industria de punta, exportándola a todos los países. En los lugares donde esto ocurrió de manera positiva el impacto en lo social y en lo empresarial fue fenó-meno, las empresas en esos países no son vistas como satánicas, sino como los factores claves en el desarrollo y la creación de la riqueza y no como enemigo. Cuando uno ve este tema a través del tiempo, puede ver que no tardó tanto, los resultados vinieron relativamente rápido, y eso se debió a unas políticas y a un manejo claro, transparente y orientado de las áreas donde el país podía recibir realmente el beneficio de un encadenamiento hacia el resto de las actividades económicas del país.



Como empresarios podemos ver esto de muchas formas. Podemos ver la responsabilidad social como algo que tenemos que hacer para quedar bien, para que nos salgan las consultas previas o las consultas con las comunidades; también podemos verlo realmente como un punto den-tro de nuestra estrategia empresarial y si la supervivencia de nuestras empresas no es estrategia empresarial, entonces no sé realmente qué es estrategia empresarial.

¿Cómo impulsar el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las

industrias minera y petrolera?Germán Arce Zapata

Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos

María Constanza GarcíaPresidenta de la Agencia Nacional de Minería

Germán Arce Zapata

Hoy voy a hablar de la historia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de cuáles son los retos, de queé hemos

hecho y para dónde vamos; hablaré también de los aciertos que hemos tenido como industria y como Estado, y de los retos que tenemos hacia adelante. Los esfuerzos que el Es-tado ha hecho para que nos encontremos en este punto hoy en día muestran la inversión extranjera directa y la partici-pación que tiene el sector de hidrocarburos de esa torta, 35 % del total de inversión extranjera de 2012, cifra que no solo es histórica, sino que plantea un enorme reto, ya que cuando se habla de un sector que atrae un tercio del total de la in-versión extranjera, puede verse que este tiene unos enormes retos, como cumplir la promesa a través de la cual se traen las inversiones y además garantizar la sostenibilidad de esas inversiones en el largo plazo.

Aquí no solamente hay inversión extranjera, aquí todos po-nen, incluso el Estado; por ejemplo, el plan de inversiones de Ecopetrol de esta década es de ochenta billones de dólares, las inversiones programadas en 2013 son de nueve billones de dólares. Aquí estamos hablando de recursos muy importan-tes, extranjeros, nacionales, públicos, privados, y esa es una de las razones que nos obliga a pensar muy seriamente cómo


garantizamos que estas inversiones lleguen a feliz término y que pro-duzcan los retornos que el Estado y los ámbitos privados esperan.

En esto de nuevo estamos todos muy jugados y la Agencia no ha sido la excepción, pues arrancó en 2004 con un presupuesto tímido de in-versión de 17 mil millones de pesos, las inversiones que la ANH está haciendo en 2013 en adquisición de conocimiento, en sus programas de estudios regionales, ascienden a más o menos 313 mil millones de pe-sos. Estamos hablando de que una Agencia del Estado, de su presupues-to de inversión, que se invierte en conocimiento, de aproximadamente 150 millones de dólares anuales; esto no son peanuts, son recursos muy importantes que el Estado redirecciona hacia esta industria con el ob-jetivo claro de adquirir conocimiento que no teníamos. A veces surgen preguntas como: ¿por qué si estamos al lado de los venezolanos, no te-nemos tanto petróleo? No sé si no tenemos la mism cantidad de petró-leo, pero sí sé que no hacíamos inversiones en conocimiento, no tenía-mos grandes inversiones en exploración; no estábamos pavimentando el terreno para poder mostrar los resultados que estamos empezando a cosechar de decisiones muy importantes que el Estado tomó hace una década, como la decisión de cambiar de modelo, de contrato, de listar la compañía de petróleos de Colombia, de crear la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Las recientes decisiones que se tomaron en el marco de la reforma del Estado de 2011, que creó la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la exición del Ministerio de Ambiente, la defini-ción de los roles de las agencias tanto de hidrocarburos como minería, son acciones claras y concretas cuando se tiene una estrategia de largo plazo.

Es preciso aclarar que aquí no estamos improvisando, y una muetra de eso es que los resultados que hemos empezado a ver de las cosechas de las decisiones que se tomaron hace una década atrás son el comienzo de una década muy importante para recoger frutos y de la cual esperamos en el sector de la minería que evolucione de la misma manera. Nosotros, por ejemplo, invertíamos en 2005 en promedio, en 11.800 km de sísmi-ca, 2D equivalente, y este año estamos haciendo 25.665 km; esas son inversiones reales. Se está invirtiendo en adquisición de conocimien-to, estamos entrando en áreas a las que históricamente la industria no había entrado porque no tenía ningún nivel de conocimiento. En este punto, en ocasiones los periodistas por qué sucede lo mencionado an-

teriormente si todo el esfuerzo se ha hecho en los Llanos; efectivamente en los Llanos se ha hecho un gran esfuerzo porque era una región don-de había más información. Nosotros nos estamos moviendo hacía nue-vas fronteras, donde esperamos llamar la atención de la industria con conocimiento específico, no con smartgets. Buscamos entonces aportar a la industria los estudios y el conocimiento que estamos adquirien-do y mostrarle hacia dónde estamos viendo las nuevas oportunidades; acá confiamos que en las próximas rondas podamos armar paquetes de información mucho más completos, de información integrada donde recojamos la vieja historia del banco de información petrolera, don-de aportemos los nuevos estudios de sísmica que estamos adquiriendo, donde aportemos los pozos y todas las inversiones en exploración que hemos venido haciendo, donde podamos mostrar lo que estamos ha-ciendo en el estudio de núcleos de rocas. Hay pues un esfuerzo muy grande que se ha venido haciendo durante estos últimos años, esfuerzo de inversión de recursos públicos, orientados a adquirir conocimientos que le ayuden a la industria a tomar decisiones de inversión.

Las decisiones de inversión se toman a riesgo, este es un negocio de ries-go, pero el cual se puede construir sobre unas bases mucho más sólidas, en la medida en que tengamos panoramas más claros de inversiones, reglas claras del juego, acceso a capitales, reducción de los costos de financiamiento de algunos de estos proyectos de inversión. Nosotros como agencia y como Estado tenemos claro que es parte de nuestra responsabilidad contribuir en esa adquisición de conocimiento, aspecto que no hacíamos en el pasado y, claramente, si no teníamos capacidad de ofrecerle a la industria niveles de información básica sobre el recurso que teníamos en el subsuelo, era mucho más difícil que la industria por su cuenta entrara en ciego a hacer inversiones en este sector.

En el tema de las estadísticas de pozos, si hacíamos 35 pozos explo-ratorios, claramente los resultados eran del tamaño de esos 35. Hoy en día hemos avanzado a 135 pozos, una cifra que muestra una clara tendencia de que estamos mejorando nuestros indicadores de explo-ración. Claramente se necesita un ambiente muy estable de negocios que le permita a la industria tomar decisiones de inversión que ayuden a mejorar esas estadísticas. Este es un resultado de lo que ha logrado la Agencia Nacional de Hidrocarburos desde los años de su existencia, hoy en día tenemos 400-418 oportunidades de hacer negocios con la

77¿Cómo impulsar el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las industrias minera y petrolera?


industria en las distintas modalidades, en los contratos de evaluación técnica. Hemos logrado también migrar hacia más contratos de IAMP y esperamos en el futuro contribuir con un mayor número de compro-misos de inversión en IAMP. Este asunto ha mostrado resultados que no son casualidad, pues cuando hablábamos, por ejemplo, de las me-tas de corto y largo plazo fijamos unas metas ambiciosas que parecían de corto plazo, como el target del millón de barriles de producción, meta que alcanzamos este año y de manera sostenida, ahora se los voy a mostrar. Ahora estamos buscando precisamente mantener los niveles de producción, niveles que ya son un reto per se, pero que se convierten en un mayor reto en términos de la capacidad que tenemos de adqui-rir nuevas reservas. En este punto, la discusión entonces es mejorar los niveles de producción, las tasas de recobro de los yacimientos y de los descubrimientos que ya teníamos, esto es clave para mantener el flujo.

En los datos de producción de 2013 se muestra que llegamos al millón de barriles, tuvimos una pequeña reversa en febrero, pero el promedio de lo que va corrido del año se está consolidando por encima del millón de barriles y creemos que vamos a cumplir nuestras metas de 1.060.000 mil barriles que teníamos propuestas en el plan de desarrollo para 2013. Lo mismo se espera con la producción de gas, ya que hemos logrado mantener y cumplir todas nuestras metas en términos de gas. En este aspecto se discute si somos o no capaces de adicionar nuevas reservas de manera sostenible con los niveles de producción actuales. Creo que una de las noticias más importantes de lo que nos pasó en el balance de reservas de 2012, es que mejoramos la relación reservas-producción; eso es realmente difícil de mantener en el tiempo. Por otro lado, vale la pena mencionar que hace diez años las discusiones de la insosteni-bilidad del balance energético del país mostraban un panorama muy negro, ya que Colombia no era capaz ni siquiera de autoabastecerse; sin embargo, todos los años consistentemente hemos logrado mejorar las tasas de producción y mejorar el aporte de reservas; estamos logrando incorporar reservas por encima de lo que nos estamos comiendo, por encima de lo que sacamos de la tierra todos los años.

El perfil de los últimos cuatro años sobre el balance de reservas mues-tra que las áreas que se han ganado en cuatro años de desarrollo son importantes porque hemos logrado recuperar toda la producción que se le ha sacado al subsuelo en estos últimos cuatro años. Acá es impor-

tante resaltar algunos puntos del balance de reservas de 2012. Nosotros veníamos de 2259 millones de barriles de petróleos de reserva, el nú-mero de 2012 son 2377, y algunos analistas dicen que solamente creció 522; crecer 522, cuando uno logra una producción de 346 millones de barriles (número histórico más alto de producción que hemos tenido), no es cualquier cosa. El total de balance que se incorporó en este año fue de 464 millones de barriles, es decir, estamos aportando de manera positiva, estamos reemplazando la producción del año y estamos apor-tando un delta positivo. En el caso de 2012 se habla de 118 millones de barriles, sifra nada insignificante cuando se hace break down de cuál es la composición del aporte; por primera vez el aporte de nuevos descu-brimientos superó la media del 10 % anual. En nuestro caso, del total de barriles incorporados en el año, más o menos un 10 % provenía de nuevos descubrimientos y casi un 90 %, de revalorizaciones y aumentos en las tasas de recobro; en 2012 el 33 % de ese aporte provino de nuevos campos y descubrimientos. Esta es una cifra muy importante y mante-ner esa dinámica es parte de lo que nos va a ayudar a consolidar un ba-lance de reservas mucho más estable en el tiempo. Estamos aportando un tercio con los nuevos descubrimientos y de ese tercio más o menos la mitad viene de contratos ANH y la otra mitad, de Ecopetrol.

A través de esos contratos de asociación se están empezando a ver los frutos. La ANH produce 133.000 barriles promedio diario, algo que no existía hace una década, no había una agencia que estuviera haciendo este tipo de inversiones y que estuviera construyendo las relaciones que hemos construido con la industria durante estos años. Nosotros toda-vía estamos en el dilema de que somos un país con petróleo, con ganas de ser un país petrolero, pero esta es una industria que se construye paso a paso. Hay decisiones en todo este asunto muy importantes que se tomaron hace una década, sin las cuales no estaríamos mostrando los resultados actuales. Pero la clave es reconocer qué decisiones estamos tomando hoy para la próxima década; como sector tenemos el gran reto de mandar las señales correctas a la industria para que en diez años estemos recogiendo las semillas de esta siembra. Esta simplemente es la evolución del balance histórico.

Las condiciones de permeabilidad y de material orgánico en esta for-mación empiezan a ser muy interesantes. Creemos que si logramos fo-calizar gran parte de nuestros estudios y conocimientos en esta zona,



en la cuenca del Sinú San Jacinto, en el margen Pacífico que acabamos de hacer donde se realizó una adquisición de sísmica muy importante, en el off shore del Caribe vamos a poder redireccionar inversiones hacia zonas que históricamente no han tenido tanta exploración. Los resul-tados iniciales han sido muy positivos, y esto no es una campaña de expectativas; por el contrario, la información estará disponible para los inversionistas, para que podamos tantear cuál es la oportunidad real que vamos a ofrecerle a la industria en 2014. Hay entonces una posibi-lidad real de que podamos avanzar en esa tarea de exploración y pro-ducción que empezamos hace una década atrás. Parte del ejercicio que hemos venido haciendo durante este semestre ha sido alinear el nivel de conocimiento que tienen las distintas instancias del Estado sobre lo que significa este tipo de desarrollos. Nosotros nos vamos a meter en este tema y lo haremos garantizando las condiciones regulatorias que nos permitan decirle al país que vamos a desarrollar las tecnologías de yacimientos de manera sostenible ambiental y socialmente.

En cuanto a lo mencionado anteriormente, tenemos uno de los retos más grandes como industria. Desde hace unos años se ha venido dando la discusión sobre el tema ambiental, pero francamente creo que noso-tros ya pasamos el peor momento en el tema ambiental, hicimos una reestructuración, se creó una institucionalidad, se pusieron los recur-sos; asimismo, estamos saliendo del “trancón” de solicitudes que estuvo estancado por algún tiempo. Creo que la disposición de la autoridad ambiental es total y que en lo social nos enfrentamos a muchos más agentes, a más stakeholders; necesitamos entender que si vamos a entrar en estas regiones, lo tenemos que hacer con una política del buen veci-no. Nosotros necesitamos lograr que las regiones quieran que llegue-mos con nuestro desarrollo a ellas y para eso hay una serie de iniciativas que la Agencia ha venido impulsando, porque somos conscientes de que nosotros como socios del Estado de las compañías, debemos ayudar a que puedan entrar de manera sostenible y responsablemente a las co-munidades. Así pues, creemos que podemos definir un modelo de apro-ximación social al territorio que nos va a ayudar, a mí no me gusta el término de licencia social, porque parece el pedido de un sello. A las co-munidades les debe interesar que lleguemos a las comunidades, y esto no es una discusión acerca de que nos den permiso, sino de encontrar la manera de llegar responsablemente a las comunidades y nos ganemos el aprecio de la comunidad para poder estar allí por muchos años.

En el desarrollo de no convencionales o de shale gas o de shale oil, hay que hacer un esfuerzo grande por romper esos mitos provenientes de la desinformación. Nosotros nos hemos encargado a través de los talleres y de los expertos que hemos traído al país de generar conocimiento, de poder tener una discusión sobre unas mismas ideas, nos salimos un poco de Google knowledge y nos metemos en lo que es y no en lo que podría ser. En cuanto a la definición de los términos de referencia, ya tenemos un draft bajo discusión construido entre el Ministerio de Am-biente, la ANH, la industria y el Ministerio de Minas y Energía; allí ya tenemos una base sobre la cual estamos trabajando y esperamos en los próximos meses resolver esa aprte de la discusión para poder tener condiciones muy claras y términos para la industria para la próxima ronda, en la cual esperamos poder ofrecer áreas con prospectividad en shale gas y shale oil. Como el Presidente ya lo mencionó, este no es un negocio para todo el mundo, sino para unos jugadores con el compro-miso y con el convencimiento de que esto hay que hacerlo bien para que nos dure como industria, para que podamos crecer todos de manera sostenible.

Algunas condiciones para el crecimiento sostenible de la industria son promocionar y fortalecer la información, y esto requiere dinero para poder mostrar los resultados. Creo que el ambiente empresarial es in-mejorable, pues me ha sorprendido el tipo de dinámica que tiene esta industria con el Estado, el tipo de diálogo, la constructividad de las dis-cusiones. Yo he estado en varios paros cafeteros, pero aquí hay un acti-vo de una industria que tiene una relación clara, directa y abierta con el Estado. De esto se tienen que ver resultados, pues no es igual en otros sectores de la economía, no es casualidad que el 35 % de la inversión extranjera sea acá, no es casualidad que el aporte que le hace la indus-tria al PIB sea del tamaño y las dimensiones que hace. Ese es un activo que tenemos que preservar, debemos tener una relación muy clara, muy directa y muy abierta entre el Estado y la industria, porque a todos nos conviene que nos vaya bien, al Estado y a los privados.

Mantener estabilidad en los términos contractuales es un reto impor-tante; hay unas amenazas en algunas de las discusiones que se están dando de iniciativas de proyectos de ley, y en este aspecto no podemos cometer el error de matar a la gallina de los huevos de oro, pues llegar a donde hemos llegado ha tomado mucho tiempo; mantenernos y sos-



tenernos en estos niveles de desarrollo ha sido un reto. Es importante entender que llegar a construir este nivel de competencia ha tomado mucho tiempo y tenemos que cuidar el marco y el ambiente de negocios sobre el cual estamos trabajando, y hay que recordar que los grandes retos están en el tema social, ya que las dificultades que hemos tenido en el tema ambiental las hemos venido superando de manera consistente.

Uno de los retos grandes que tenemos es incrementar la relación de reserva-producción, si logramos mantener los niveles actuales de pro-ducción el crecimiento que se proyectó el hecho de seguir incorporando reservas al balance se vuelve crítico para poder tener un modelo mucho más fuerte de largo plazo. En la relación con las comunidades es esen-cial el desempeño ambiental y en esto creo que todos estamos constru-yendo legislaciones y regulaciones, hay que dar pasos muy claros y muy consistentes, en cuanto al desarrollo de yacimientos de shell gas y de shale oil, los desarrollos de costa afuera. Asimismo, la construcción de la infraestructura de transporte es esencial porque si no tenemos capa-cidad de sacar el recurso no lo vamos a hacer, y claramente hay un reto en todo el tema de tecnología, servicios y todos los servicios conexos que nos permitan poder ejecutar esos planes de inversión.

La historia de la ANH ha sido pensada en función de desarrollar una industria, con unos compromisos claros de largo plazo y con un com-promiso de hacer que esta industria arroje los resultados que nos ha venido dando. Creo que tengo el honor de pensar en la próxima década y de hacer inversiones y alinear esos incentivos; eso lo vamos a poder hacer en conjunción con la industria y el Gobierno.

María Constanza García

Hoy tenemos una empresa donde muchos han tenido la oportunidad de estar, donde todos son bienvenidos con sus ideas, con sus conoci-mientos en temas ambientales, de sostenibilidad ambiental, de sosteni-bilidad social, de acuerdos particulares . En esta agencia hay un camino recorrido muy importante y sobre estos pasos venimos construyendo, teniendo muy claras las diferencias de los dos sectores y de las particu-laridades de nuestra minería en términos de mediana, pequeña y gran escala.

En cuanto al potencial minero en nuestro país, hay un reto muy im-portante, el que no busca no encuentra, y Colombia, así como el sector

de hidrocarburos, ha hecho una apuesta importante por conocer. En el sector de la minería tenemos un 51% de conocimiento geológico, un 30 % del conocimiento geoquímico y solo un 5 % de geofísica. Esta informa-ción reposa hoy en el servicio geológico colombiano y producto de esa escisión de Ingeominas donde se creó una entidad de ciencia y tecno-logía especializada en el conocimiento. A lo anterior se le debe sumar la información que se ha venido recogiendo a través de la exploración que han hecho las empresas particulares, donde estas cifras saltarán in-mediatamente y nos darán mejoras en este proceso mejora. ¿Qué hizo entonces el Gobierno nacional?, declaró unas áreas estratégicas y unos minerales estratégicos, como el oro, cobre, hierro, platino, carbón, col-tan, que es la abreviación de colombita y tantalio o niobio y tantalio, fosfatos de potasio, de magnesio, níquel y uranio.

El país es un destino de inversión, ocupa el puesto siete en cuanto a la inversión extranjera. Venimos trabajando y dando muestras de que efectivamente Colombia es un país donde podemos trabajar, donde las leyes y los contratos son para cumplirse, y es una relación que debe ser equilibrada de lado y lado, el Estado hace un esfuerzo por respetar, mantener y dar las garantías para que estas inversiones efectivamente se puedan dar. Colombia es el cuarto país con mayor facilidad para hacer negocios, el séptimo mejor destino de inversión en el mundo y en cuanto al potencial minero, ocupa el puesto 21 en el mundo y el segundo en América Latina. Esto lo dicen validadores como el Banco Mundial, el Instituto Fraser. Vamos a trabajar con el BID en un tema de cooperación, de seguir trayendo ese conocimiento y toda esa expe-riencia que han venido recogiendo expertos para este potencial y estas buenas acciones. Respecto a este tema se ha hablado de si una bendi-ción o un mal necesario, y Agencia Nacional de Minería y el Gobierno nacional están convencidos de que estos sectores extractivos son una bendición, y así lo hemos visto reflejado en la posibilidad que hemos tenido de hacer inversiones en infraestructura de transporte, en salud, en educación y demás.

El sector ha tenido un crecimiento sostenido y podemos demostrar que la apuesta del país realmente es hacer un país minero, donde se tienen todas las condiciones y se busca que todo este atractivo, que se siga me-jorando con base en el conocimiento, en cifras, en hechos reales que podamos mostrarle al mundo. En este punto encontramos también el



tema de la transparencia, de hacer negocios sobre la mesa muy claros; esta es otra de nuestras grandes apuestas y es uno de los trabajos que hemos hecho en las institucionalidades, que todo lo que hacemos se pu-blique inmediatamente en la página web, que todo tenga un abc de las prórrogas, de las negociaciones, de los procesos a los que todos y cada uno de los colombianos y de los interesados de todas partes del mundo en tiempo real puedan tener información. Se debe poder acceder a ella.

Colombia está ubicada dentro de los diez países productores y expor-tadores de carbón, seguido por Bolonia en el caso de producción; en el caso de exportación de carbón está antes Estados Unidos y después Suráfrica. Colombia juega un papel muy importante en el comercio internacional del carbón, y vemos cómo expertos como UdmeKinsy muestran un panorama mucho más optimista de cómo será el creci-miento, la senda de crecimiento en particular de estos minerales. El sector minero generó 2,4 billones de pesos en regalías, particularmente concentradas en carbón, el cual aportó el 29 % de esas regalías mineras y la apuesta es a que la participación del sector siga creciendo.

Tenemos cincuenta nuevos proyectos de inversión en 13 regiones. Revi-sando el catastro minero, una herramienta muy importante que hemos venido fortaleciendo son los 1563 títulos vigentes que cubren alrededor de un área de 1,2 millones de hectáreas y proyectamos seguir creciendo en esa participación del sector en la minería en el país. Por otro lado, el oro en la exploración y producción ha sido un tema complejo de seguir, pues hay empresas importantes dedicadas no solo en la tarea de explo-ración, sino directamente en exploración En cuanto al níquel, tenemos en Colombia hasta ahora solo una empresa productora, esta producción y este incremento en la capacidad en la apuesta que hemos hecho en el proceso que culminamos de análisis y de otorgar una prórroga básica-mente pasa por un incremento real de esa capacidad de producción en el negocio minero. Aquí, más que la recuperación de esta inversión en particular, lo que queremos es producir más níquel para que la empresa y el Estado en particular y la región tengan mayores recursos. Eso basa-do se logras con el soporte, no solo de nuestra capacidad técnica colom-biana, sino también con el acompañamiento de expertos como CRU Strategies, que a nivel internacional es una de las empresas que más conoce de los recursos naturales, o como BSD, una empresa suiza que a nivel internacional es altamente reconocida por los análisis y estánda-

res sociales y ambientales, o con empresas colombianas y especialistas en temas financieros para que todos los aspectos que llevaron a esa po-sibilidad de que el país tenga un incremento en la capacidad del níquel efectivamente estén respaldados por el conocimiento del estado del arte en esta materia en el mundo.

Un tema muy importante y sobre el cual hay una gran expectativa es la posibilidad que establece el código minero de tener acceso a un título, porque cuando llegamos al Gobierno encontramos un represamiento de solicitudes de más de 19.000, algunas de ellas desde 1968, pero des-pués de unas jornadas muy duras de trabajo, se logró evacuar un 90 % de estas solicitudes, antes de que se cayera la Ley 1382, porque eso tenía implicaciones de la forma como se evaluaban las solicitudes. Esto quie-re decir que hoy tenemos una respuesta clara para Colombia y el mun-do de más de 17.300 solicitudes que encontramos, hecho que implicó evaluaciones muy juiciosas desde el punto de vista técnico, financiero y legal. Aquí un punto para destacar es que otra de las decisiones que tomó el Gobierno fue recoger las delegaciones que teníamos en seis de-partamentos, porque había disparidad en los criterios y se daban. Vol-viendo a las solicitudes, básicamente el 10 % que está pendiente y sobre el cual seguimos trabajando son solicitudes de expedientes estamos reconstruyendo, estamos acabando de recoger todos estos expedientes que estaban regados por el país y esperamos que en muy poco tiempo se pueda acabar de armar ese gran rompecabezas y poder dar respuestas.

Las principales razones de rechazo de las solicitudes fueron: la superposición de las áreas con títulos ya existentes, no pago del canon superficiario del 30 %, desistimiento y lo que en algún momento llamaron “la piñata de los títulos”; desafortunadamente las condiciones, la administración y la institucionalidad permitían que alguien pidiera un título y simplemente se lo llevara bajo su brazo y no hiciera ninguna intervención y buscara o convirtiera en un tema especulativo. Creemos nosotros que el 30 % de desestimiento en muchos casos pudo responder a eso, y a algunas otras razones por temas técnicos, por temas jurídicos que podamos ver. De estos títulos, de estas revisiones, de estas 17.300, se volvieron efectivamente títulos 1270, es decir, quedaronalgunas pendientes. La apuesta entonces es que en el sector de la minería tan importante para el país y para las regiones tengamos los mejores jugadores, pues fue así como en este estudio riguroso, efectivamente se volvieron títulos las mejores propuestas.



En fiscalización integral es la otra herramienta con la que cuenta la agencia, la institucionalidad, la capacidad de tener en el interior un equipo técnico y el acompañamiento externo de empresas como Bureau Veritas, como Genibart la seccional Colombia de Canadá, que están re-corriendo el 100 % de los títulos en el país. Estas empresas acompañadas de los equipos técnicos y en algunos casos solo el equipo técnico de la agencia cuentan con un equipo entre la agencia y los contratistas exter-nos de 800 personas vinculadas en el proyecto. ella antigua autoridad minera no contaba con más de 20 personas; entonces cuantitativamen-te tenemos un sato considerable. Adicionalmente, tenemos recursos fi-nancieros, ya que el Gobierno nacional se comprometió en invertir el 2 % de las regalías para la fiscalización. Entonces, ¿qué tenemos actual-mente?, hemos tenido 3600 evaluaciones documentales, 2500 inspec-ciones de campo y 900 informes integrales 900; ahí que paso estamos dando lo que coloquialmente podría llamarse “la muerte” a ese expe-diente que muchos conocieron, hojas y hojas amarillas llenas de ácaros, que siendo un activo tan importante para muchos no contaba con todas las seguridades debidas. Hoy tenemos todos esos expedientes, están en proceso de estar absolutamente sistematizados, además con una o dos copias en sitios seguros para que se sepa que ese activo está debidamen-te custodiado por la autoridad minera colombiana.

Los títulos donde se han realizado las visitas están la mayoría en An-tioquia, se tomó la decisión por la magnitud y la cantidad de minera-les que en el departamento se maneja de mantener temporalmente la delegación de la autoridad. Tenemos un trabajo con los mismos linea-mientos y ese es el compromiso: un trabajo permanente con ellos de revisión, y fueron los que primero tenían los expedientes listos para ser sistematizados y evaluados, pero estamos visitando y vamos a seguir visitando, y esperamos que en agosto de este año se tenga el primer barrido completo del 100 % de los títulos, con visitas, evaluaciones y sistematización de los expedientes.

Algo muy importante en este primer trimestre del año es que, mien-tras en los años anteriores teníamos visitas promedio de 1100, en solo el primer trimestre de 2013 tenemos 2702. Adicionalmente, las visitas de agora lo tienen todo, tienen un equipo, no es un tema de papel y lá-piz, pues hay todo un equipo no solo humano sino técnico respaldando estas visitas para que efectivamente el producto y la información nos

lleven a tener un censo, una idea muy clara de qué y cómo se están operando nuestras minas en el país. Actualmente se hacen más de 400 visitas para las inspecciones de campo. Este ha sido un tema que ha ido creciendo de manera importante, fue un reto pues nos tocó hacer un llamado de atención a uno de los contratistas. Todo esto son procesos que, dado el gran cambio cualitativo y cuantitativo a la fiscalización, tuvimos que hacer de manera conjunta.

Básicamente, ¿cuáles son los resultados que esperamos?, tener hallaz-gos sobre incumplimientos de obligaciones contractuales legales, reco-mendaciones y proyecto de actuaciones frente a esos hallazgos, trámites pendientes. Inclusive, esta ha sido para nosotros una muy buena forma de encontrar y de generar las alertas de temas pendientes por resolver. Claro que ahora en el proceso de descongestión traíamos temas casi sin resolver desde hace 50 años, como la información minera, una línea base de información de cada uno de los títulos. En cuanto a explora-ción, se están recogiendo más de 86 datos, en construcción y montaje, 90 y en explotación, 110 datos por cada uno de los títulos; adicional-mente, se hacen en promedio, dependiendo de las etapas, entre dos y cuatro visitas al año. Como puede verse este es un análisis integral so-bre la historia y el estado del arte de todos y cada uno de los títulos legales que tenemos en Colombia.

En cuanto a los hallazgos, actualmente el 78% de los títulos presentan algún tipo de hallazgo, desde el punto de vista jurídico, económico, am-biental, de seguridad e higiene minera y manejo técnico. ¿Qué hacemos con cada uno de ellos?, dependiendo de si el hallazgo es subsanable o no, hacemos el requerimiento al titular minero; si las condiciones no se mejoran y el hallazgo no es subsanable, desafortunadamente ten-dríamos que tomar la decisión de caducar el título. Así pues, hay temas importantes y dentro del imaginario esto nos lleva a tener evidencias de que las realidades y a veces las percepciones que existen del sector son infundadas y esta información nos va a ayudar también a demos-trar que por ejemplo solo hay un 10 % en hallazgos ambientales. Esto quiere decir que la minería legal efectivamente está cumpliendo con los mejores estándares ambientales, está cumpliendo con los requisitos de la autoridad, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, en cada uno de los casos dependiendo del tamaño con la corporación y la autoridad local.



En temas de seguridad e higiene minera hay otra puesta importante que venimos haciendo desde el Estado y es renovar todo este equipo de salvamiento minero, hicimos una inversión de más de doce mil mi-llones de pesos en equipos y tenemos los técnicos que los van a operar viajando a México, porque el reto es que ellos sean capaces (sobre todo en minería subterránea) de armar y desarmar estos equipos, que son de última tecnología y que reemplazan los que ya tenían 30 años. Otra de nuestras apuestas importante es que no tengamos una sola pérdida de vidas y que la accidentalidad y la huella ambiental sean mínimas.

El tema de la generación de empleo es bien importante, pues volvemos a revivir la cifra de DANE. La pequeña y mediana minería generan 28 empleos, 40 % de ellos directos y 60 % indirectos; 20 % calificados y 80 % no calificados. Con esta información podíamos proyectar que se generan 300 mil empleos, es decir, el 1,3% del total nacional. El DANE reporta un 1,2%. El PIB de explotación de minas y canteras en 2011 fue el 11 % del PIB. Otro aspecto importante es que la pequeña y mediana minería están haciendo en promedio ocho millones de dólares y si a esto le agregamos un reciente estudio que mostraba que cada peso in-vertido en minería tiene un efecto multiplicador en la cadena de 2,4 %, realmente tenemos razones de sobra para demostrar que efectivamente el sector minero es una bendición para Colombia y para el mundo.

Respecto a las modalidades de avance, tenemos la exploración geológi-ca superficial, donde está el 60 % de los títulos, en explotación el 76 % a cielo abierto. Si uno revisa puede darse cuenta de que a cielo abierto estamos haciendo muchísimo, pero básicamente el gran porcentaje está en materiales de construcción. Como es bien sabido, la ley en Colom-bia establece las autorizaciones temporales particularmente para vías y para obras de interés nacional, yla segunda empresa o conglomerado de personas que tiene la mayor cantidad de títulos mineros en Colom-bia es la Ruta del sol II, de la cual, a diferencia de lo que algunos han dicho, se han construido 70 kilómetros nuevos ya entregados y 50 de rehabilitación entregados a satisfacción cumpliendo los mayores están-dares. Con 120 kilómetros de doble calzada de las mejores calidades y que han requerido para su construcción grandes cantidades de material de construcción y por ella se han solicitado más de 150 autorizaciones temporales.

Resumiendo, la sostenibilidad y el crecimiento tienen que ser parte de este triángulo virtuoso, la sostenibilidad tiene que tener el desarrollo económico, el equilibrio ambiental y la prosperidad social; teniendo en cuenta esos tres grandes aspectos podemos efectivamente hacer que esa bendición tenga la aceptación y el impacto positivo que todos queremos, ese desarrollo económico, una explotación racional, los encadenamien-tos productivos, la responsabilidad y la transparencia, la protección de la riqueza ambiental, la prosperidad social, entre otras. Es importante que a las empresas las vean como ese gran hermano que realmente trae prosperidad.


¿Cómo impulsar el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las

industrias minera y petrolera?Javier Gutiérrez P.

Presidente de Ecopetrol

Luis PachecoVicepresidente de Planeación y AIT, Pacific Rubiales

Energy

Joao CarreloCEO, Eco Oro Minerals Corp.

Humberto Calderón BertiPresidente de VetraGroup

Felipe MárquezVP y Consejero General de AngloGold Ashanti

Moderador: León TeicherEmpresario y ex presidente de El Cerrejón

Moderador. ¿Cómo impulsar el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las industrias minera y petrolera? Quisiera hacer referencia a dos cosas: primero, sabemos que hay unos ciclos muy largos desde la planeación, hasta la inversión y la ejecución o producción para obtener el retorno para la inver-sión. En meses recientes la actividad de taladros de perfora-ción se ha caído notablemente en Colombia; los taladros, por supuesto, son utilizados para buscar el petróleo que deben conseguir aumentar nuestras reservas, que es lo que nos pue-de permitir aumentar nuestra producción y esa relación de reservas de producción. Surge entocnes la siguiente pregunta: ¿Cómo encajar este escenario con estas proyecciones, tanto de las empresas privadas, como del sector público? En mine-ría haría el paralelo, porque la más reciente encuesta del Fra-


ser Institute de Canadá, que es una de las más respetables y conocidas en el mundo, muestra cómo desde los dos aspectos, con los cuales cla-sifica a los países desde el punto de vista potencial geológico y potencial política, sí hay recursos y si y el conjunto de políticas y de ambiente se presta para que se desarrollen estos recursos. En el potencial geológico en 2010 Colombia tenía 64 puntos de 100 y en 2012, 47 puntos de 11. Y en el potencial político, que es sobre el que tenemos más control, pasa-mos de 51 puntos sobre 100 a 38 puntos sobre 100.

Javier Gutiérrez P.

Dentro del tema de sostenibilidad son muchas las cosas importantes, pero al final del día la pregunta de fondo es si contamos con los recursos para efectivamente crear una senda sostenible de desarrollo en el sec-tor de los hidrocarburos. En este sector somos un poco incrédulos; por ejemplo, nadie creía que fuéramos a llegar al millón de barriles, pero llegamos al millón de barriles y estamos sostenidos en ese millón. Sin embargo, la gente dice que eso va a caer, que no hay recursos. Lo pri-mero que quiero resaltar, y es una característica, es que durante los úl-timos cinco o seis años ha habido un volumen importante de actividad porque también hay muchas empresas que están invirtiendo y que están haciendo actividad, las dos cosas son absolutamente necesarias, sino no hay inversión pues no se puede estudiar, no se hace sísmica ni ni se taladran pozos. Estamos entonces haciendo 20 mil kilómetros de sísmica y anteriormente hacíamos 3500, pero lo importante aquí es que hay una actividad sostenida y que hay que sostener.

De 130 pozos exploratorios, 44 son productores. Sí, aquí no ha apare-cido ningún Cusiana o ningún Caño Limón, pero finalmente son unos pozos que están contribuyendo a sostener esta senda de crecimiento de la producción que cerrando 2012 estaba sobre 1.147.000 de barriles de producción equivalente; de 940 mil de crudo, este año estamos en un millón y estamos sobre 200 mil barriles en gas. Asimismo, si miramos la senda de reservas, en 2007 había dos mil millones de barriles que, si nos comparamos con Venezuela, son menos del 1 % de lo que tie-ne ese país. Pero es cierto que en este tiempo nosotros hemos logrado acumular 3382 millones de barriles que son las reservas. Pero más allá de eso, un hecho que no es tan evidente siempre, sobre el cual quiero resaltar para tener una proporción de qué se está haciendo, es que el país viene adicionando 600 millones de barriles de reservas promedio

por año. Entonces la gran pregunta es si el país es capaz de seguir a este ritmo para efectivamente mantenernos en el millón. Voy a hacer una hipótesis: hoy la vida media de las reservas es de ocho años, pero que-remos tener por lo menos diez años y queremos tener una producción de 1.600.000 barriles para 2025. Esto implica crecer la producción a 2,6 por año y el hechod e tener que agregar 9700 millones de barriles en el periodo 2013-2025. ¿De dónde pueden aparecer estos recursos?

Básicamente nosotros contamos con cuatro fuentes de las cuales po-demos agregar reservas. La que sin lugar a dudas ha mantenido la base de crecimiento durante estos años en Colombia tiene entre 55 mil y 65 mil millones de barriles en aceite original, de los cuales solo hemos extraído el 18 %, si aumentáramos un 10 % esto representaría más de cinco mil millones de barriles. Suponiendo que pudiéramos sacar entre 2,5 y 5 billones de barriles entre el periodo 2013-2025 que realmente no sería nada distinto de lo que hemos viniendo haciendo, no staríamos proponiendo grandes revoluciones ; además, hay una serie de nuevas tecnologías que hoy en día se están implementando: perforación infill, pozos multilaterales, recobro término no térmico. Algo bien interesan-te es que la segunda fuente tiene que ver con la perforación onshore, lo que tradicionalmente ha venido haciendo el país. Se muestra que el país durante el periodo 1986-2006 tuvo 157 descubrimientos, es decir, del orden de ocho por año. De esos, el 77 % estuvo entre uno y diez millo-nes de barriles, solamente tuvimos 20 % entre diez y cien y solamente 3 % que estarían entre 100 y 1000 millones de barriles. ¿Qué ha pasa-do durante el periodo 2007-2012? Hemos tenido 143 descubrimientos, prácticamente lo mismo que tuvimos en 21 años 1986 a 2006, y la pro-porción se mantiene, pues estamos hablando nuevamente de mantener el 85 %. Hemos mantenido un tren de descubrimientos pequeños, pero que ha permitido a más de 100 agentes, 50 empresas productoras en Colombia que nos ha permitido mantener el ritmo de la producción y de las reservas. No descartaríamos que aparezcan esas del 3 % y según los geólogos siguen siendo áreas muy atractivas el piedemonte llanero, el Caguan, Putumayo, el cinturón de los crudos pesados donde, a lo mejor, tengamos una buena sorpresa.

Aquí podríamos agregar entre uno y dos billones de barriles entre 2013 y 2025. Tenemos dos fuentes potenciales que son las perforaciones offshore y lo que tendríamos en hidrocarburos no convencionales. En



offshore hay posibilidades interesantes, lo muestran los estudios; hoy hay jugadores muy reconocidos que se están posicionando en el offshore colombiano, como Anadarko, Repsol o Shell, que antes no estaban, y aquí estamos hablando de 0,4 y 1 millón de barriles entre 2013 y 2025. Adicionalmente, está el tema del desarrollo de las capacidades más todo lo que tiene que ver con la regulación para que el país pueda realmente enfrentar estos retos. Finalmente, el tema de los hidrocarburos no convencionales, hay diferentes estudios que dicen que hay un potencial interesante, como los que ha hecho la ANH. Nosotros ya hemos perforado tres pozos estratigráficos, básicamente La luna y Prometeo, lo cual muestra que puede haber posibilidades interesantes.

En resumen, estamos planteando un panorama en el cual el país ha venido agregando 600 millones de barriles por año, pero requeriría agregar 750 millones de barriles por año. Estamos suponiendo que en el caso de hidrocarburos no convencionales 2016-17 deberían poderse declarar las primeras reservas y en el caso de offshore no somos tan op-timistas y suponemos que en 2018 estaríamos con posibilidades. Enton-ces, si queremos llegar a 1.600.000 barriles, para mantener en 1.200.000, incluidos 200.000 de gas, serán 500 millones de barriles por año que ni siquiera son los 600.000 que hemos mantenido por año.

Claramente, hay muchos factores que se necesitan y para esto el país tiene que seguir siendo atractivo para los inversionistas, debe tener es-tructura competitiva de regalías, incentivos fiscales, las rondas tienen que ser periódicas, el marco institucional, el licenciamiento ambiental tienen que ser más ágil, la infraestructura y transporte, todos son facto-res que se necesitan pero es importante asegurar ese incremento de re-servas por año. Por otro lado, es importante que lleguen más jugadores con distintas características, con nuevas ideas y que realmente puedan generar un ambiente más competitivo. Hoy vemos al nivel de los juga-dores como Exxon, Shell, Chevron que están en offshore en no conven-cionales, en NOCS tenemos a ONGC, Petrobras offshore e inshore de los independent, Anadarko, Conoco, Repsol, Tasliman y los jugadores regionales aPacific. Hay más de 100 jugadores. En conclusión, ¿cuál es el reto?, que Colombia mantenga las condiciones para atraer empresas, nacionales e internacionales, que inviertan en el país, y así podemos al-canzar una producción de 1.600.000 barriles, podemos llegar a ese RP, la vida media de reservas de diez años, y se debe tener el reto de agregar

750 millones de barriles por año. De esa forma podremos seguir siendo motor de la economía colombiana y continuar manteniendo ese desa-rrollo regional, creo que en cifras, si nos organizamos y miramos lo que el país ha hecho es perfectamente posible tener una senda sostenible y no seguir teniendo las dudas que usualmente expresamos, y generar así la confianza para realmente seguir jalonando el desarrollo de este sector.

Luis Pacheco

El petróleo por su naturaleza es una industria extractiva y por lo tanto todos los días tiene que renovarse, tiene que correr lo más rápido que pueda para mantenerse y para poder llegar a un lado. Cuando uno ve los número y las oportunidades, uno se da cuenta de que Colombia lo tiene. Lo primero que hay que entender es que en Latinoamérica, en particular lo que es el sector andino, dado el crecimiento económico que tiene el mundo que sobre todo viene dado y alado por las economías emergentes, hay una ventaja competitiva que en este momento países como Colombia tienen y también la cuenca andina son sus recursos na-turales. Explotar los recursos naturales o producirlos es la oportunidad que nosotros tenemos, es lo primero que debemos entender; nosotros lo entendemos como industria, nuestro reto es cómo entenderlo hacia afuera. Por supuesto, eso tiene que ver con el hecho de que hay una competencia. Los países no están aislados, Colombia puede tener todas las ventajas que quiera, pero tiene que competir. Los datos muestran cuán exitosa ha sido la ANH, pero por otro lado vemos que al 2013 la mayoría de contratos otorgados no han dado frutos. Eso tiene dos caras: por un lado, muestra cuál es el tamaño de la oportunidad que todavía tenemos por acceder; por otro lado, dice qué tan complejo ha sido y sigue siendo realizar esa oportunidad. El tratar de romper ese nudo gordiano es el reto que tal vez tenemos.

¿Cuál es mi hipótesis? En un mundo donde hay una creciente demanda por recursos naturales, y sobre todo energéticos, hay al mismo tiempo una creciente conciencia de conservar el ambiente, o la naturaleza, o las comunidades indígenas y eso se ha convertido en una tensión des-tructiva lejos de ser una destrucción creativa. Por un lado, están los que llaman los desarrollistas, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? ¿Cómo esa oportunidad puede generar riqueza al Estado y al entorno? Tam-bién los desarrollistas dicen que no nos preocupemos, esa visión que



tenemos de explotar los recursos naturales es destructiva es una visión decimonónica; existe la tecnología para poder hacerlo sin eso y al mis-mo tiempo decimos que si no hay desarrollo ni creación de riqueza, no puede haber desarrollo social ni reducción de pobreza.

Por otro parte, están los conservacionistas que argumentan que la ac-tividad va en contra del equilibrio ecológico, que de alguna manera arbitrariamente debe ser estable en el tiempo, que va en contra de las comunidades ancestrales, que el mal uso de la renta genera corrupción y la enfermedad holandesa. Estas dos dos fuerzas pelean entre sí con una manera de compartimiento estancado, no buscan intersecciones, pues pareciera que es lo uno o lo otro; es la conservación del paraíso perdido versus la búsqueda de la industrialización, una búsqueda de riqueza y eso, al final del día, es una síntesis que solamente puede ser política, que se escapa de nosotros porque somos actores en ella, pero es el país político el que tiene que buscar eso. Esa es una discusión de la cual uno se escapa.

Nosotros entendemos el desarrollo del negocio de los hidrocarburos como un espacio donde hay tres actores o sectores que interactúan o debieran interactuar entre sí: Gobierno, sociedad e industria. La in-dustria en la sociedad, la vemos como una fuerza de cambio hacia el Gobierno, como una fuerza de crecimiento y entre el Gobierno y la so-ciedad lo que se busca es el desarrollo. Hay entonces que argumentar esto, hay que instrumentarlo, es lo único que nos va a hacer crear valor, tenemos que crear síntesis que elimine la tensión destructiva que hoy tenemos. ¿Cómo cerrar esa brecha? Cuando los actores ni siquiera se reconocen uno al otro, cuando pareciera que hay unas compañías que son del Estado y otras que son privadas desarrollando un recursos con la presunción de que eso genera riqueza y por el otro lado de la barrera hay gente que habla de destrucción de cultura, de ambiente. Lo primero que hay que reconocer es que esa brecha existe, después tenemos que construir un lenguaje común, tenemos que promover el diálogo y en-tender que esto es una actividad que genera riqueza y que la riqueza ge-nera bienestar y que el bienestar destruye la pobreza. Tenemos que de-rrotar la percepción del petróleo como enclave y tenemos que hacerlo al mismo tiempo formando gente, no es sostenible esta industria así haya recursos si no hay gente que lo descubra, que lo produzca y lo refine.

Lo anterior tampoco es sostenible si no hay gente del otro lado, del lado de los que regulan, que entiendan eso y entiendan que la regulación es una manera de mantener el equilibrio. Esa es la única manera como podemos mitigar aquello del fenómeno del PeakOil. El tema no es el riesgo del subsuelo, el problema con la industria petrolera es el riesgo de superficie, el ambiente, la interacción social, la interacción política y las reglas claras y estables. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que hay que reconocer es que la industria de minería y petróleo es intensiva en tecnología, en inversión y en gente, y que toda esa combinación es ne-cesaria para enfrentar los riesgos asociados a esto, pero no lo podemos hacer si los actores no se conciertan, la sociedad, el Estado y la industria como un todo.

Joao Carrelo

¿Cómo impulsar el crecimiento y la sostenibilidad en el tiempo de las industrias minera y petrolera? Los comentarios del Papa enfatizan las consecuencias de una falta de decisión de un país para movilizar las riquezas, encaminarse a un sistema que de respuestas a las necesidades inmediatas y a la visión del futuro. Es una falta de decisión que se re-sumen en la conclusión de que no creamos fuentes de trabajo. Pero en Colombia necesitamos generar futuro a partir de la propia riqueza del país cumpliendo con las leyes vigentes, protegiendo el ambiente y cum-pliendo con los más altos estándares internacionales asociados a la mi-nería responsable. Hay que hacerlo ya, antes de que la estructura social vigente aprenda la forma de sobrevivir otra década sin cambiar mucho y los que más necesitan de un desarrollo sostenible no se benefician de una locomotora minera que aún no alcanza velocidad de crucero. Se ha escuchado al presidente Santos y al ministro Renjifo hablar sobre las producciones que están creciendo, las inversiones que se han dispara-do y que eso significa confianza en el país y en el sector. No obstante, hay una estadística que ya empezó a crear preocupación entre algu-nos inversionistas, y es que ya pasaron veinte años sin un solo proyecto a media y grande escala en el sector metálico que obtenga, desde los estudios de factibilidad, las licencias correspondientes y que se haya transformado en una operación productiva. Eso sí es preocupante, los pasos concretos se darán para trasformar empresas exploradoras en empresas productoras, de lo contrario, naturalmente, las inversiones en ese sector se van a reducir.



Sin embargo, para contestar adecuadamente a esta pregunta sería útil identificar algunos puntos positivos y negativos asociados a la imagen de Colombia. Hay indudablemente una abundante riqueza y potencial en los sectores mineros, pero ha habido poca exploración y explotación especialmente en metales preciosos como oro, plata y platino y básicos cobre, níquel, aluminio y zinc, lo que paradójicamente incentivará en el tiempo el crecimiento de las inversiones y por ende de estas industrias. Hay disponibilidad de significativas inversiones para la construcción de proyectos, todavía esperando definiciones de licenciamiento o de-finiciones de otra índole, una situación que ha limitado el desarrollo de los proyectos a la fase de exploración y de estudios. Tenemos acce-so a otros países que han tenido experiencias positivas internacionales en aspectos mineros; por lo tanto, tenemos posibilidad de hacer buen bench-marking sin tener que reinventar la rueda en muchos aspectos. Está el potencial para optimizar el eje de encadenamiento económico, que la minería impulse otros sectores de la economía.

Por otro lado, en cuanto a algunos aspectos negativos, está el conflicto armado interno y el hecho de que este es un país que es poco compe-titivo en el sentido de los servicios logísticos, y hay cambios frecuentes en el régimen de tributación, hay un interminable proceso de reforma institucional minera y ambiental.

Nosotros seguro hemos experimentado como empresa las consecuen-cias de la inseguridad jurídica en el tema ambiental y minero, y creo que se ha hecho un gran trabajo en esa área pues las empresas que están en bolsas de valores son muy sensibles a esto. Hay trabajo por hacer sobre la información prospectiva, confiable e inventarios lógicos. Aho-ra, vale la pena comentar la manera como nosotros entendemos el cre-cimiento y la sustentabilidad en esta área, más específicamente, cómo está estructurada en Eco-oro hacia su aporte al crecimiento económico y al programa de sustentabilidad en su área de influencia. Hace 18 años que el Gobierno colombiano mostró un potencial geológico y mineral a inversionistas a través de nuestra empresa. En esos momentos no ha-bía ninguna mención de parques y páramos y desde entonces nosotros hemos podido conseguir financiación e inversión de estos 130 millones de dólares aunque nosotros nos encontrábamos, en esos momentos, en la fase de estudio de prefactibilidad.

En términos ambientales, tenemos un programa del más alto nivel, pero realmente se necesita la definición de áreas estratégicas y de conserva-ción ambiental en todo el país, Hay que darles claridad a las autoridades ambientales respecto a exigencias por compensación y restauración que deben hacer las empresas mineras que tienen la voluntad, la exigencia y la responsabilidad con el medio ambiente. En lo social, promover la inversión en infraestructura vial, saneamiento básico, salud, vivienda y educación para que la empresa minera no desplace al Estado. Hay que promover el diálogo para que haya una concertación de cómo actuar correctamente, evitar la desinformación, la polarización y convertir los desafíos en oportunidades. De igual forma, hay que promover la capaci-dad de los gobiernos locales para generar y acompañar proyectos de in-versión social en áreas de influencia minera; fomentar la participación de la ciudadanía para veeduría y control en procesos mineros, y la for-mación y capacitación del talento humano mediante el fortalecimiento de las instituciones técnicas, tecnológicas y profesionales en el sector minero, y mejorar la capacidad de oferta local de bienes y servicios.

En términos de instituciones gubernamentales, el compromiso de pa-sar del dicho al hecho es importante, así como la articulación entre el sector público y privado, cada vez estamos fortaleciendo esa relación. También se debe continuar mejorando la institucionalidad y asegurar la presencia del Estado; establecer reglas claras avanzando a un marco regulatorio e institucional más acorde con la dinámica global del sec-tor de estabilidad jurídica, fiscal, ambiental, minero-tributaria y labo-ral relacionada con el sector que promueve la inversión extranjera. La coordinación entre las entidades gubernamentales frente al sector es imprescindible y realmente queremos ver cada vez más el fortalecer la capacidad técnica del recurso humano de las entidades gubernamen-tales para aprovechar los insumos técnicos, económicos y ambientales, y todo lo que traen las empresas mineras internacionales. Finalmente, promocionar el posicionamiento del sector en los medios de comuni-cación.

Si vamos a los pilares rápidamente, capital humano y permanente, ca-pacitación y formación es lo que hacemos nosotros; también hacemos la implementación, certificación y mejoramiento continuo de sistemas integrados de gestión, somos ISO 9001 y OHSAS 18000. Realizamos comunicación permanente con los grupos de interés para conocer sus



necesidades, cumplimiento de estándares internacionales como las normas de desempeño del IFC y una gestión ambiental y social para prever, prevenir y controlar los impactos ambientales asociados que se generan por la actividad minera. Yendo al tejado de la visión, la inver-sión en tecnologías limpias de los procesos productivos mineros con el fin de mitigar el impacto ambiental y social que se da en la producción de minerales. Está también el centro de entrenamiento de minería, la promoción de la transparencia y el diálogo con actores para dar a cono-cer permanentemente los desafíos del proyecto minero; abrir el encade-namiento organizado y controlar la minería a menos escala, promover los encadenamientos productivos con proveedores locales y apalancar las actividades económicas y vocacionales de la región para impulsar las empresas locales.

Como conclusión, ¿cuál es finalmente el argumento que aquí defende-mos?, una minería de manera responsable con los recursos naturales para poder transformarlos en la generación de ingresos para el país, porque si no lo hacemos nosotros con una minería regulada, supervi-sada y con participación de las comunidades afectadas, lo va a hacer la ilegalidad, perpetuando, ahí sí, en las generaciones venideras la mise-ria, la pobreza y la violencia que nadie quiere. Este es el momento para movilizar la locomotora minera en Colombia, como dijo el Presidente Santos, unidos cada cual haciendo su trabajo de la mejor manera vamos a seguir transformado los recursos y la energía en lo que realmente que-remos, más empleo y más bienestar para los colombianos.

Humberto Calderón Berti

Hay que pensar un poco sobre lo que fue nuestra experiencia en Vene-zuela y lo que puede ser quizás una buena enseñanza para Colombia. Venezuela hasta 1943 tuvo un sin número de leyes que se aplicaban a distintas áreas, muchas áreas con muchas leyes vigentes. La adminis-tración de eso era extremadamente complicada desde el punto de vista del control y fiscalización del sector. En 1943, con sabiduría de los go-bernantes de esa época, introdujeron un proyecto de ley que fue la Ley de hidrocarburos de 1943, la cual permitió la figura de la adaptación, es decir, que todas las concesiones vigentes bajo distintas legislaciones se acogieran a la nueva ley. De inmediato, la renovación de las concesio-nes por 40 años, todas las compañías sin excepción se acogieron y en esa ley se establecieron algunos preceptos interesantes que en aquella

época significaron avances importantes; por ejemplo, parte del petró-leo que se producía debía refinarse en Venezuela y acogerse a un nuevo sistema de legislación fiscal venezolana que apenas fechaba muy poco el impuesto sobre la renta, porque anteriormente solo se pagaban los impuestos aduanales y las regalías.

Esta ley de hidrocarburos de 1943 originó el portentoso crecimiento de la producción venezolana a partir de este año. En 1970 la producción venezolana fue de 3.700.000 barriles por día, la postguerra en Vene-zuela significó un boom petrolero. En 1971, en el Congreso venezolano, se introdujo una ley que se llamó la ley de reversión de la concesión de hidrocarburos. Esa oficina lo que pretendía era administrar eficazmen-te la ley que comprometía las empresas concesionarías a conservar bien las instalaciones, a manejar adecuadamente los yacimientos de hidro-carburos con las mejores técnicas aplicables y llevar a feliz término las concesionas hasta 1983, donde se iban a renovar las concesiones. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Esa ley de reversión trajo como consecuencia un frenazo de las inversiones, se dejó de invertir, las reservas cayeron y la producción se vino al foso, de manera que en el año 1976 Venezuela producía apenas 2.200.000 barriles por día. El petróleo estaba ahí, los yacimientos estaban ahí, y a las compañías se les dijo que en 1983 no iba a haber renovación de las concesiones, y nosotros lo que pretendíamos era administrar hasta el 83 esa ley. Nos precipitó entonces la naciona-lización de 1976, se tuvo que nacionalizar por que aquellos nos iban a llevar al desastre. Nos tomó a nosotros 30 años recuperar la producción a apenas 3.400.000 barriles antes de que ocurriera la tragedia de 1999 en nuestro país.

Cuando uno tiene un país que está creciendo tiene el derecho a criticar, tiene el derecho a señalar, porque las cosas no son eternas y se pueden perder. El descrédito permanente a las instituciones, a la instituciona-lidad, a los partidos, a la política y a los políticos es lo que trae esas consecuencias. Quiero hacer una analogía con Colombia: este país han tenido un inusitado crecimiento de la actividad petrolera en el trans-curso de los últimos años debido a reglas de juego claras, seguridad jurídica, transparencia en los concursos; la gente se siente a gusto in-virtiendo acá, pero hay problemas, se ha mejorada la infraestructura de transporte y todo el sistema de otorgamiento de licencias ambientales, pero hay mucho por hacer.



Hay señales amarillas que se están prendiendo, por ejemplo, la infor-mación acerca de la cantidad de taladros inactivos cuando hay cente-nares de millones de dólares que no se están invirtiendo, ¿por qué está pasando eso? La explicación es muy sencilla: primero, el retardo en los permisos ambientales; en segundo lugar, porque la situación de seguri-dad se ha descompuesto en las zonas petroleras y eso es innegable, y en tercer lugar, porque las fuerzas insurrectas de este país están usando a las comunidades para ponerlas en contra de la industria petrolera y los bloqueos, los paros y las interrupciones de la actividad petroleras le está causando un enorme daño a este país y a eso hay que ponerle un freno.

Un buena parte de la producción petrolera de este país ha venido del sector privado, Ecopetrol ha mejorado mucho, pero más del 50 % de producción de este país viene del sector privado y este sector tiene hoy expectativas, tiene interrogantes, se pregunta qué va a pasar con los contratos que tenemos vigentes con el Estado colombiano o con em-presas del Estado colombiano. No quisiera ver que a Colombia que le pasara lo mismo que le pasó a Venezuela: verse en la necesidad de tomar decisiones apresuradas con respecto a la vigencia de algunos contratos o no definirle qué es lo que se va a hacer con esos contratos. Si yo fuera un hacedor de políticas en este país, me estaría planteando eso hoy en día y estaría tratando de buscarle una salida, tal vez una ley que extien-da la vigencia de los contratos hasta el límite económico; esto sería una magnifica señal para los inversionistas y sería bueno para la economía colombiana. Lo que posiblemente no es bueno para el país es entrar en unas discusiones interminables contrato por contrato, que no van a conducir a nada y sí van a generar presiones y al final del camino no van a beneficiar al país.

Por último, manifuesta una sola reflexión y una sola inquietud: ¿qué hacer con los contratos que se van a vencer? El único interés que tengo es ver a Colombia teniendo un futuro como el que se merece en el sector petrolero, crecimiento y mucho beneficio social para la gente, que es la que finalmente le va a dar estabilidad al país.

Felipe Márquez

Decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto con el silencio como con la mentira, y una de las labores que tenemos como compañías mineras es acabar con esa parte del silencio, eliminar tanta mentira que hay por

falta de data de información, trata de hacer que tantas personas que están en oposición a la minería o en el dogmatismo antiminero puedan empezar un debate que debe hacerse, pero un debate serio y sano que se base en la verdad. Eso es lo que queremos en AngloGold, un modelo económico que se base en los valores: el primero, es que las comuni-dades van a estar mejor gracias a nuestra presencia y lo que queremos manifestar en este aspecto es que vamos a respetar todas las vocacio-nes existentes en todas las zonas del territorio desde donde estamos operando, si son la agricultura, la ganadería, la minería artesanal o el turismo, eso es lo que debe seguir siendo la vocación del departamento, como es el caso del Tolima. Queremos tener una inclusión donde po-damos generar empleo y compras locales, desarrollar encadenamientos todo en beneficio de la región, de las zonas donde estamos operando. Para eso es importante mejorar la calidad de vida, salud, educación e infraestructura.

El segundo valor de la compañía es respetar el medio ambiente. En An-gloGold vamos más allá de la ley, somos una compañía que cotiza en cinco bolsas de valores, entre ellas la de Londres y la de Nueva York, he-cho que nos obliga a tener unos estándares internacionales que muchas veces están por encima de los que nos pide el país. Pero tenemos ciertas restricciones que nos pueden poner las autoridades que nos obligan a innovar, y esa parte de la innovación ha sido una cuestión muy grata para nosotros. En el desarrollo del proyecto la Colosa hemos tenido que desarrollar toda la infraestructura basado en guadua en un manejo que es único en el mundo y que es totalmente amigable con el ambiente. He-mos presentado soluciones para el asunto del agua con el fin de elimi-nar ese falso dilema de que la minería va a acabar con el agua; también es falso que la minería arrasa con todo; por el contrario, lo que arrasa con todo es la extracción ilícita de minerales, no la minería formal ni la gran minería ni la más pequeña. La minería artesanal debe entrar en ese ciclo para que todos tengamos una medida formal de diferentes ta-maños en pro del país. La extracción ilícita de minerales genera trabajo infantil, empleo informal, violencia, devastación ambiental y no tiene regulación. Una minería formal se compromete con una legislación na-cional e internacional, paga impuestos y otras contribuciones, genera encadenamientos, tiene una responsabilidad ambiental y social, tiene seguridad industrial y genera empleo.



El 70 % del agua del mundo se usa en la agricultura, solo el 22 % en la industria y el 8 % para uso doméstico. Dentro de ese 22 % entre el 2% y el 5 % lo utiliza la minería y en Colombia es el sector agrícola el que más consume el agua, aunque no estamos debatiendo que deba haber minería o agricultura, hay espacio para los dos. En AngloGold toma-mos una mínima cantidad de agua, utilizamos cuatro litros por segun-do que eso es menos de lo que usa una finca de recreo con una piscina, 60 % del agua se recircula y tratamos de utilizar la mayor cantidad de agua lluvia. Si llegásemos a tener una producción, es decir, una mina y no un proyecto minero, seguiríamos utilizando el agua lluvia, segui-ríamos recirculando el 60 % del agua, y en el peor de los casos utiliza-ríamos diez litros por segundo, que sigue siendo poco, y medio litro en las épocas de invierno. Todos los vertimientos se hacen conforme a los estándares y tenemos pensado una solución para la escasés del recurso hídrico en el Tolima.

Otro mito acerca de la minería es que esta se lleva la riqueza y deja de-solación y pobreza. 1200 trabadores y sus familias son testigos de que eso es mentira, pues hemos ayudado a que cambien la forma de com-portarse socialmente bajando el consumo de alcohol y seguimos con nuestro compromiso de que las comunidades estén mejores con nuestra presencia que sin ella. Hay también 19 mil millones de pesos en com-pras locales en Cajamarca, San Roque y Jericó de los 277.500 millones de pesos invertidos el año pasado produciendo información geológica. Tenemos 153 mineros artesanales que han sido formalizados y 30 mil beneficiarios de los programas sociales en los tres municipios y hasta ahora estamos empezando, hasta ahora estamos en fase de exploración.

Un mito más es que AngloGold acapara títulos mineros y no ha hecho nada con ellos. Hemos explorado 5,7 millones de hectáreas en el país, se ha entregado la información geológica, hemos pagada más 76 mil millones de pesos por canon superficiario, se generan más de 1000 em-pleos cada año y en el país se han invertido más de 925 mil millones de pesos. Otro mito, que aplica para toda la minería, es que cuando An-gloGold agote sus minas va a dejar huecos enormes por siempre. Desde el momento en que se solicita la licencia ambiental, ya está planificando cómo se va a cerrar. El cierre de la mina hace parte del compromiso de una compañía con el Estado. Estos son algunos de los ejemplos de cie-rres sostenibles: minas que tenemos en Brasil que se van cerrando con-

forme a lo pactado con la autoridad ambiental de la localidad. Casos en Colombia, está la catedral de sal de Zipaquirá, y una que ha sido la que más premios han ganado, la mina de Caolín en Inglaterra que ahora es el proyecto Edén, es un proyecto que muestra biodiversidad del planeta y que genera más ingresos para la municipalidad por el proyecto, de lo que antes generaba por la extracción minera. Lo que la minería le está proponiendo al país es solucionar un problema de sostenibilidad inte-gral para unas regiones que normalmente son más apartadas.

¿Qué es lo que queremos?, una mejor Antioquia y una mejor Tolima. ¿Qué vemos para Antioquia?, un Gramalote que va a generar 1,3 billo-nes de pesos en ingresos anuales durante la vida útil de la mina, que tenga más de 4000 empleos directos y 15 mil indirectos durante su eta-pa de construcción, que en su inversión va a tener recursos por 2,5 bi-llones, mil empleos directos y una mejora en infraestructura, educación y salud. Para el Tolima estamos viendo una compañía que va a generar 3,7 billones de ingresos anuales durante la vida de esa mina, más de 10 mil empleos directos y 50 mil indirectos en la fase de construcción, una inversión de 11,1 billones de pesos, más de 1500 empleos permanen-tes, ingresos al Estado por más de 900 mil millones de pesos anuales. Se hace entonces una invitación a que apoyemos a las autoridades que están entendiendo que la minería es parte del desarrollo sostenible y una invitación a aquellos que no han entendido que tenemos una buena locomotora que no traten de desarmarla, sino que a través del debate constructivo nos ayuden a que esta camine por el riel correcto.

Moderador. ¿Sería posible que más allá de la idea de yacimientos con prospectividad pueda haber yacimientos con sus licencias ambientales y sociales? Es decir, ¿no le queda más fácil al Estado entre sí mismo negociar una licencia ambiental y entregársela al sector privado ya li-cenciada que entregársela al privado para que vuelva a negociarla con el Estado?

Javier Gutiérrez P.

En Ecopetrol actuamos con las mismas reglas que actúa cualquier otra empresa. Con lo que fue la reforma al sector el 1760 actuamos exacta-mente con las mismas condiciones; de hecho, hoy en día nos presen-tamos a las rondas que hace la ANH, y a veces ganamos, a veces no, como cualquier empresa. Lo que se menciona creo que sí es una buena



práctica. Algunos países en la región efectivamente acostumbran a ha-cer el trabajo previo de licenciamiento y entregan no solo en el caso del sector del petróleo, sino también en el caso de infraestructuras que es bastante típico en el desarrollo de vías, de infraestructura eléctrica, ya directamente licenciado y ya con un trabajo previamente hecho. No me cabe la menor duda de que este es un instrumento que facilita mucho el desarrollo de las inversiones y que indudablemente hace mucho más fácil el relacionamientos con las comunidades y con las autoridades lo-cales. Pienso que claramente puede ser materia de estudio y que podr-ñia ser aplicable a Colombia, pero es una buena práctica y en muchos países ha dado muy buenos resultados. Sin embargo, eso implica un esfuerzo grande por parte del Estado que puede encontrar una mejor posición para entra a hacer el licenciamiento y las inspecciones corres-pondientes.

Moderador. La siguiente está dirigida a las distintas empresas privadas que tranzan sus acciones en los mercados públicos. Todos han reco-nocido a la ANH a la ANM por los esfuerzos y el avance que se han hecho en el desarrollo institucional que permiten el crecimiento y la sostenibilidad de la industria petrolera de la industria minera; también se han hablado de las críticas que se han hecho al sector minero-ener-gético. ¿Qué opinan sus accionistas de las declaraciones de la Contralo-ra General de la República?, ¿tienen un impacto sobre el inversionista, sobre el accionista que está comprometido con el desarrollo del sector en Colombia?

Felipe Márquez

Sin lugar a dudas estas declaraciones tienen impacto, todos los que con-formamos esta industria sabemos que hay una base: que Colombia es un Estado de derecho y que acá se respetan las normas y que cuando las vamos a cambiar lo vamos a ahcer conforme a una institucionalidad. Siempre nos hemos caracterizado por tener debates, muchos o pocos, respecto a la institucionalidad, pareciera que el informe de la Contra-loría tiene un contenido político que busca cambiar esa estructura de nuestro Estado y que esa estructura le da a la Contraloría un poder de indicar qué se va a desarrollar y que no; esa es la lectura que están em-pezando a tener los inversionistas para decir: “eso no es para lo que a mí me invitaron”. Creo que un mensaje como el que está dando la Contra-lora a través de esas investigaciones de esos libros que está publicando,

en el que se ataca tanto a un sector sin fundamento, es nocivo para el mensaje que este país le quiere dar al inversionista internacional.


No he tenido la oportunidad de leer las declaraciones de la Contralora, pero quiero hacer un comentario conceptualmente. Siempre he defen-dido el derecho que le asiste a los Estados y a los gobiernos de establecer las reglas de juego que quieran, incluso las que son absurdas. Cualquier inversionista las estudia, las evalúa y decide si puede vivir con ellas y decide invertir en un país. Después de que un inversionistas toma la decisión de invertir en un país lo que quiere y aspira es que no le cam-bien las reglas del juego, ese es el tema, lo demás no importa. Yo puede aceptar hoy unas regalías del 30 % y un impuesto a la renta del 70 %, si yo saco mis cuentas y esas cuentas me dan, perfecto, pero espero que después no las vayan a cambiar. Creo que una de las cuestiones que más valora la comunidad internacional frente a Colombia es la estabilidad en las reglas del juego, sucumbir ante la tentación de cambiarlas sería una pésima señal que le haría un tremendo daño al país.

Joao Carrelo

Cuando llegué a la empresa había dos condicionantes para seguir invir-tiendo en la empresa, desde la perspectiva de la bolsa y el mercado: una del parque de Santurban y la otra del ecosistema páramo. En este punto ya había problemas en términos de la fluidez de inversión hacia nuestro proyecto hasta que hubiera una definición de los dos ítems. Los mer-cados están muy sensibles hacia algo que se ve como una inseguridad jurídica o contractual y no están en condiciones de invertir en empresas que presentam una jurisdicción que cada vez está más compleja. Des-pués del estudio de la Contraloría, inmediatamente los inversionistas querrían saber qué pasa, cuáles serían las consecuencias, qué significa-ría esto para el proyecto. Esta información se divulga rápidamente y no hace nada para construir una buena imagen para el país. Estamos todos comprometidos con Colombia y creemos que el desarrollo del título minero debe ir al encuentro de los deseos del Presidente y de la mayoría de los colombianos, pero creo que ha sido un paso negativo el informe de la Controlaría.

Por otro lado, seguimos esperando el páramo en nuestro caso. Esto tie-ne consecuencias para los inversionistas y también en términos socia-



les, porque el año pasado no tuvimos ninguna declaración del parque y del páramo, y por esto tuvimos que reducir nuestras actividades en Santurban; desgraciadamente eso significó más desempleo. La semana pasada, un empresa vecina de nosotros también redujo su plantel. Te-nemos entocnes más de 300 personas desempleadas en una zona donde debería ser al contrario: se tendría que estar creando puestos de traba-jo. Desde septiembre del año pasado estamos con más de 1500 desem-pleados, situaciñon que genera otro tipo de problema a título nacional e internacional. Esperamos que esto se solucione rápidamente, y para esto las empresas están haciendo todo lo que pueden para entregar los insumos a las autoridades para que todo eso se declare y haya menos incertidumbre.

Luis Pacheco

Creo que el Presidente empezó los diálogos más importantes que se ne-cesita tener: el diálogo político. Independientemente de las bondades o maldades que pueda tener un funcionario u otro, uno no se imaginaba que esto ocurriera en el petróleo, cuando el petróleo estaba en 500 mil barriles, porque el país político normalmente reacciona cuando se en-cuentra en situaciones límite. Es normal, el hecho de que cuando la in-dustria extractiva es exitosa, los gobiernos cambian las reglas de juego. Los gobiernos al ver le éxito piensan que alguien se está quedando con más de lo que debería, eso es parte de la dinámica. Lo que ha distin-guido a Colombia es la línea de derecha que se tienn en el respeto a las instituciones y creo que la percepción de bonanza sí empieza a percollar el discurso político. Así pues, sí estamos entrando en un ambiente que no es proclive, no a que a las inversiones se vayan, pero sí a tener un efecto importante en la percepción que uno tiene respecto a los riesgos de superficie que el país tiene. Esa es una discusión política, donde la industria debe participar, pero en últimas es el país político o el país nacional el que tiene que decidir qué es lo que quiere hacer, si quiere abrazar la bandera mientras el barco se hunde, o izar la bandera y se-guir con el barco adelante.

Pregunta del público. Para el doctor Calderón: por lo que usted dice, si los campos revierten a la nación, ya no es a una agencia la que revierten, sino que reverterían a Ecopetrol, pareciera que usted no tuviera con-fianza en que si revierten Ecopetrol lo harían bien, ¿o no?


En mi opinión, Ecopetrol debe sentirse muy satisfecha por los resulta-dos que sus socios están obteniendo y los beneficios que la empresa les reporta. Nosotros somos una empresa pequeña, pero la mitad de lo que tenemos se lo damos a Ecopetrol sin riesgos, yo creo que eso es muy im-portante. No estoy diciendo que Ecopetrol no juegue un rol importante, pero hay que analizar con mucho detenimiento qué es más beneficioso para el país: continuar con el statu quo de los contratos sin riesgo o revertir eso para que lo asuma Ecopetrol con todas las complicaciones que genera la explotación de un campo petrolero, sobre todo con lo que se le está presentando a Colombia con la explotación de crudos pesados, y cada vez más pesados. No sé si Ecopetrol pueda asumir la operación del campo Rubiales que actualmente opera la gente de Pacific. Es un campo bien complicado con crudo de doce grados API que está apli-cando tecnología de punta. ¿Qué me conviene a mi más, que otro lo haga, que otro asuma los riesgos o los voy a asumir yo? Nosotros tuvi-mos que hacerlo en Venezuela por unas circunstancias muy peculiares, porque la gente que siempre está fastidiando a los países, propuso la Ley de Reversión en el Congreso, el mundo político aprobó y al día siguien-te las compañías frenaron las inversiones, se nos cayó la producción y tuvimos que nacionalizar sin querer. Las empresas del Estado tienen una posición privilegiada para unas cosas, pero complicada para otras, si se empiezan a abrir huecos y los pozos resultan secos les cae encima el mundo político. En cambio, si los que están haciendo los huecos son otros y los que corren los riegos son otros, la cosa se disipa un poco y los señalamientos son pocos. Creo que hay que revisar todo, y tomar la decisión que se deba en beneficio de los intereses del país.

Javier Gutiérrez

Hoy el país produce un millón de barriles en crudo y 200 mil barriles equivalentes en gas. Es muy importante resaltar lo que es hoy la parti-cipación y la producción de las empresas privadas, que de ese millón de barriles representa unos 400 mil barriles y nosotros aportamos unos 650 barriles. Claramente poder contar con empresas de distinto tama-ño y de distinto tipo es lo que va generando la fortaleza que permite tener una base sólida a la industria. El modelo que Colombia ha adop-tado es que Ecopetrol vaya a la bolsa de valores y que cada tres meses tenga que rendir cuentas ante el mercado y responder el mismo tipo de



preguntas. Con esto justamente se busca que una empresa como Eco-petrol vaya siendo capaz de comportarse y actuar como se actúa en los ambientes competitivos y comerciales.

Este modelo que Colombia adoptó en su momento no es un modelo que el país se haya se inventó, realmente hay empresas muy importan-tes hoy en el mundo que compiten palmo a palmo, que son empresas de origen estatal como seríamos nosotros. Por ejemplo, Petrobras no se ha ganado ser el líder del offshore en el mundo gratuitamente, lo ha hecho compitiendo con las empresas más grandes del mundo. Entonces la realidad nuestra hoy en día es competir desde las mismas condicio-nes; claro está, con esto nos beneficiamos, pero también se benefician las empresas que invierten con nosotros en contratos de asociación. En definitiva, esta es una asociación de la cual se beneficia el inversionista privado y nos beneficiamos nosotros; es un proceso que se viene dando de manera conjunta y tenemos un número importante de los contratos de asociación, pero cada vez termina siendo más representativa la pro-ducción a los contratos nuevos de la Agencia Nacional de Hidrocarbu-ros que representa un factor muy importante.

Así pues, la relación debe ser de igual a igual, y no creo que se trate de decir si es Ecopetrol capaz o no. Creo que es un tema que trasciende. ¿Qué es lo más conveniente? Hoy en día, Pacific Rubiales nos ha pedido la extensión, pero ¿qué es lo que realmente seríabeneficioso con la ex-tensión? Creo que el argumento fuerte no es decir si Ecopetrol es inca-paz de operar Rubiales, pues somos capaces y lo puedo decir indudable-mente. Hoy en día operamos Castilla-Chichimene que van a producir cantidades similares, pero ¿cuál es el valor agregado, valor en términos de tecnología? Ecopetrol tiene mucho que aprender y hay áreas en las que no tenemos experiencia, en eso estamos interesados. Probablemen-te eso es lo que haga la diferencia, la diferencia que ya no está sobre los factores tradicionales, o el acceso al mercado de capitales, ahora hay factores diferenciadores y por eso estamos dispuestos y a aprender. Te-nemos entonces que ceder intereses para aprender en hidrocarburos no convencionales, y eso tiene que ser una relación de igual a igual; noso-tros reconocemos lo que ha hecho Pacific, todo lo que ha aportado, no nos cabe la menor duda, pero la pregunta es: ¿cómo podemos seguir y, efectivamente, cuál sería esa diferenciación que llegaría a fortalecer

dicha relación? Nosotros reconocemos lo que hemos aprendido lo que hemos recibido, pero también qué es lo que hace la diferencia.

Así pues, reconocemos lo que hemos aprendido, lo que han aportado, lo que hemos construido porque es una relación conjunta, y estamos dispuestos, no obstante las diferencias, a seguir construyendo.


La pregunta acerca de si Ecopetrol es capaz o no la tienen que resolver los ejecutivos de la empresa. Es importante resaltar lo que se dijo ante-riormente y es que tenemos una relación ganar-ganar. Lo que uno tiene que tratar de analizar es que si hay una relación buena en la cual lo dos ganan, ¿cuál es el sentido para cambiarla? No solo me refiero a Pacific, me refiero al general de los contratos habidos y por haber. El mensaje que quise transmitir es remover la incertidumbre, no dejar que la incer-tidumbre esté mucho tiempo, porque va a llegar un momento en el que las personas dirán que se frenan en un punto, que no invierten más y esto puede tener efectos perjudiciales para el buen funcionamiento de los campos que están operando alguna empresas.

Luis Pacheco

El tema de las compañías petroleras en general es cómo acceden al máximo de oportunidades posibles. Hoy en día las compañías petro-leras o los plays petroleros del mundo son tan complejos que nadie va solo. ¿Cómo se toman los riegos, cómo se comparten los riegos? Yo creo que la empresa estatal Ecopetrol lo ha aprendido, lo aprende con noso-tros, lo aprendió hace dos días con Brasil, donde está entrando en zona de frontera y espera que el Gobierno brasilero le respete las reglas y la considere como un buen socio, y cuando llegue el momento pida que le extienda el contrato. La vida es muy dinámica y es importante tratar de divorciar dos cosas: la bandera como elemento ideológico y tratar de sacar la política de esto, que es medio imposible, pero es lo que hay que hacer. ¿Puede Ecopetrol producir campo Rubiales? Seguramente que sí, por la gente que está en Rubiales. Esto es otra vez un problema de recursos versus oportunidades. Lo que las compañías traen a cualquier parte del mundo son recursos humanos, tecnológicos y financieros que apalancan lo que ese país tiene. Creo que eso es lo que hay que buscar, y que lo que tenemos que demostrar es que los dos podemos crear más valor juntos que separados.



Pregunta del público. Hace bastante tiempo no estábamos en una se-sión de reflexiones tan interesantes y profundas. Cuando uno está gran-de le cuesta más estar arriba y cuando uno produce un millón de barri-les tiene que encontrar un tercio de Cusiana cada año, para poder hacer sostenible esa producción. Quisiera pedirle a Humberto que desde su experiencia cuente qué tendríamos que hacer en el país para encontrar un tercio de Cusiana año tras año y hacer esto sostenible.


En Venezuela se descubrió la franja del Orinoco en 1930. Siendo yo un muchacho, recién graduado, participé una vez en un congreso petrolero y oí hablar al geólogo Hugo Velarde y al Dr. Galaviz diciendo que al norte del Orinoco y en la parte sur de los estados de Anzoátegui y Mo-nagas había una acumulación de petróleo gigantesca que podría tener 60 mil millones de barriles en sitio. Al salir de la reunión todos dijeron que estos dos tipos estaban locos, advertían que no se les creyera.

Pasaron muchos años y las compañías concesionarias de la Exxon en Monagas y luego en la Mene Grande en Anzoátegui empezaron a ex-plorar el borde norte de la faja, se producían en los pozos de 150 a 250 barriles por día. Se descubrió, casuísticamente, la eficacia de la inyec-ción alterna de vapor en la lagunilla; los pozos eran de varillas y estas se atascaban, se utilizaba entonces el vapor para limpiar el pozo y resultó que el líquido se vino de manera natural, el vapor entraba al yacimien-to, bajo la viscosidad, y los pozos empezaron a fluir. En ese momento no se sabía la cantidad de petróleo que había; por esas volteretas de la vida llegué a ser Ministro de Energía y Minas, siempre me llamó la atención aquél comentario de la faja, posteriormente decidí hablar con los repre-sentantes de Petróleos de Venezuela y dicté un lineamiento de política que permitiera adelantar un proyecto de exploración intenso para saber cuántos recursos yacían en ese territorio: la Faja Bituminosa del Ori-noco. Se perforaron, en el periodo en el que yo fui ministro, 916 pozos slimholes delgados con el fin de determinar registros, se adelantaron es-tudios sísmicos y se determinó la existencia de mucho más petróleo de lo que supusieron en aquellas investigaciones anteriores. Se estableció la permanencia de 1,2 billones de barriles de petróleo en sitio y ahora se habla de un producto recuperable de 200 mil millones de barriles.


Mutatis mutandis, el petróleo de la faja del Orinoco se originó en el norte de la cuenca, migró hacia el sur y en ese movimiento de 200 a 300 kilómetros perdió los elementos volátiles y se depositaron los cru-dos pesados en la faja, es decir, contra el escudo de Guayana y las islas guayanesas. La cuenca del oriente de Venezuela no tiene nada que ver con la cuenca oriental colombiana, que es la misma de los llanos de Ve-nezuela, ubicada en el Alto del Baúl, aquella zona geográfica separa la cuenca del oriente con la de los llanos; el petróleo que se encuentra en Colombia se originó en el occidente y migró hacia el este.

¿Qué pudo pasar en Colombia? Que a medida que el petróleo se acercó al escudo fue perdiendo ingredientes volátiles y es bastante probable que en las zonas en las que no se ha desarrollado la suficiente explora-ción, recostadas al escudo brasilero-guayanés, deba haber una impor-tante acumulación de crudos pesados; se han hecho interesantes acti-vidades de exploración en aquella zona, la ANH está haciendo algunos esfuerzos. Creo que hay que efectuar un plan maestro de evaluación de los recursos petrolíferos de crudos pesados de lo que llaman ahora el cinturón de crudos pesados de Colombia, eso es fundamental porque es muy difícil planificar sin saber lo que se tiene. No se puede propo-ner una política de producción en reservas si no se tiene conocimiento sobre las mismas, es imposible pensar en plantas de mejoramiento de crudo si no se han descubierto volúmenes importantes para sostener una planta de esas características, para montar una planta de 100 mil barriles se necesitan 700 millones de barriles de reserva. En este mo-mento Colombia tiene en tierra dos cuencas sedimentarias con muchas posibilidades de éxito que están ubicadas en los llanos y el Putumayo, también hay algunas zonas situadas en el mar, pero no me detendré en ellas. Lo que es cierto es que en el país todavía hay miles de kilóme-tros de cuencas sedimentarias que no han sido exploradas y una de las cuestiones fundamentales es que alguien tiene hacer ese trabajo. Esas cuencas, creo yo, tienen que ser exploradas por el sector privado.

Módulo 2. Territorio y entorno social

Seguridad y actividades económicas estratégicas

Jorge Enrique BedoyaViceministro para las Políticas y Asuntos Internacionales,

Ministerio de Defensa

En primera instancia quiero transmitir el mensaje de go-bierno del señor Presidente de la República, doctor Juan

Manuel Santos, un espaldarazo y un respaldo al sector mi-nero-energético de nuestro país; un compromiso de conti-nuar impulsando y apoyando a una locomotora que verda-deramente jalona el desarrollo y la prosperidad de todos los colombianos.

Es necesario precisar que para que haya prosperidad y desa-rrollo la seguridad es un concepto básico e integral que debe hacer parte, no solo de la política pública, sino de la realidad que tenemos en todo el territorio nacional, es un elemento fundamental que debe estar presente en el ánimo de generar un país más justo, moderno y por supuesto, dentro de nuestra nacionalidad, un país más seguro. Quiero compartir con us-tedes la perspectiva que tenemos desde el Ministerio de De-fensa Nacional en cuanto a las estrategias de seguridad que se acompasan y se acompañan, junto a otros programas del Go-bierno nacional, con el objetivo de consolidar en nuestro país formas más justas, modernas y con una seguridad más plena.

En el campo de la seguridad tenemos básicamente dos es-trategias que buscan atacar y atender las preocupaciones de todos los colombianos en tres frentes. El plan de guerra “Es-pada de honor” continúa dando resultados luego de más de un año de implementación contra las estructuras terroristas de las FARC y el ELN y en función de todo lo que esto signi-fica, desde sus fuentes de financiación, su centro de gravedad


que es la población civil, las redes de apoyo al terrorismo, sus estructu-ras armadas, los objetivos de alto valor estratégico (los cabecillas de los frentes y las columnas móviles de los grupos) y, sin duda alguna, todo lo que tiene que ver con el apoyo que reciben en diferentes escenarios de la geografía nacional.

En el caso del plan “Corazón verde”, que es la estrategia de la Policía Nacional, se consolida la seguridad ciudadana, se atacan fenómenos criminales como la extorsión, el secuestro —o lo que queda de este— y un elemento que es importante para este escenario: la minería crimi-nal. En esta problemática el Gobierno del presidente Santos ha hecho una claridad y una diferenciación bastante importante a resaltar en este contexto; una cosa es la minería artesanal, que se debe conducir a los procesos de formalización acompañados por el Ministerio de Minas y otra cosa es la minería criminal, que solamente busca suplantar como fuente de financiamiento de los grupos terroristas y de las bandas cri-minales a lo que es la exportación o la explotación de cocaína, marihua-na y en general de los cultivos ilícitos. Para esto el Gobierno nacional ha expedido unas medidas que se han venido implementando poco a poco, particularmente en lo que hace referencia a la destrucción de la ma-quinaria que está involucrada en la explotación ilícita de yacimientos mineros y empezaremos, ojalá en algunas semanas, a darle tránsito en el Congreso de la República a un proyecto de ley que contiene medidas más contundentes contra la explotación ilícita de la riqueza mineral de nuestro país.

Esa estrategia de seguridad, que se complementa con la seguridad en el territorio nacional, debe ser un concepto integral con la equidad y la superación de la pobreza, el reconocimiento de la reparación de las víc-timas (Ley 1448) y un ejemplo y elemento de cooperación para nuestro país, la diplomacia para la seguridad y por supuesto en el fin del con-flicto. Como colombianos debemos sentirnos muy orgullosos de nues-tro país, el Estado colombiano como un todo y el Gobierno nacional vienen trabajando con las víctimas del conflicto a pesar de que su exis-tencia continúa. Nada conseguimos en el Ministerio de Defensa con hacer presencia con nuestras Fuerzas Militares o la Policía Nacional en la zona de Catatumbo, Arauca, Putumayo, Nariño, lugares donde están concentradas las operaciones militares contra lo que queda de las FARC y el ELN si no llega el resto del Estado colombiano, si no buscamos

reducir esa brecha de inequidad y logramos generar soluciones que per-mitan un empoderamiento político, social y ciertamente permitan el desarrollo económico, es esto lo que finalmente consolida la seguridad como un concepto integral y genera posibilidades para la consecución de una paz estable y duradera.

Si vemos la manera en que viene desarrollándose e implementándose toda esta estrategia, en lo que hace referencia a algunas de las políticas económicas y sociales de nuestro país, se evidencian algunos de los re-sultados que sin duda alguna contribuyen a generar un país más justo, más moderno y más seguro.

Cuando uno habla de seguridad y de percepción de seguridad se en-cuentra con varios elementos. Lo primero a resaltar es que los colom-bianos nos acostumbramos —y lo digo de buena manera, “nos acos-tumbramos” — a que la seguridad debe estar en la primera lista de prioridades en materia de las políticas de los gobiernos. Hemos vivido en un conflicto por más de cuarenta años, sufrido los embates del nar-cotráfico, atentados terroristas y un sinfín de preocupaciones en mate-ria de la seguridad ciudadana.

Pasamos desde el 2002, finalizando los diálogos del Caguán, de unas estructuras de las FARC que llegaron a tener hasta 25000 hombres a una generación marcada por una política de Fuerza Pública, de forta-lecimiento de operaciones militares sostenidas en el tiempo y de resul-tados contundentes contra estas estructuras terroristas, quienes tenían una presencia casi que nacional junto a las autodefensas o grupos para-militares. Nos encontrarnos hoy una condición que ya no se convierte en una amenaza nacional, simplemente es una amenaza local diferen-ciada. Por supuesto, como Gobierno nacional nos preocupa y actuamos en todo el territorio colombiano.

Actualmente más del 86% de nuestro país no presenta un solo atentado terrorista, una cifra similar demuestra que una gran parte del territo-rio colombiano no tiene presencia de bandas criminales. Sin embargo es importante afirmar que las amenazas, en lo que hace referencia a las FARC, el ELN, el crimen organizado (las bandas criminales y los problemas de seguridad ciudadana), son fenómenos que no tienen una total cobertura, un alcance nacional, estas están simplemente particu-larizadas. En unos territorios aislados, que son de mayor importancia

119Seguridad y actividades económicas estratégicas


para el Gobierno y curiosamente son espacios donde hay una gran falta de presencia del Estado por décadas, el tema de la seguridad ciudadana es un asunto donde la Policía Nacional tiene como objetivo proyectar a futuro, y en un continuo programa para su transformación y fortaleci-miento, la implementación, y ojalá demos mayores resultados, de estra-tegias que ataquen las preocupaciones de lo que llamamos “el crimen de calle”, la “microextorsión”, el “microtráfico” y en general todo lo que le preocupa a los ciudadanos de las principales ciudades en el territorio colombiano.

En consecuencia, para abordar estos tres fenómenos y en particular el primero de ellos, desarrollamos el plan de guerra “Espada de honor” que tiene un concepto estratégico bastante simple pero contundente y efectivo. El centro de gravedad y lo que buscamos trabajar de manera integral es la población civil, este es un esfuerzo coordinado entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el resto del Estado. ¿Por qué? Cuando miramos lo que pasa en varias zo-nas de Norte de Santander, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Chocó, nos encontramos con lugares del país donde se concentra la amenaza terrorista y el Estado nunca ha hecho presencia.

Cuando viajamos a Carmen del Darién, un municipio que no tiene acueducto, donde se llega solo por río, un lugar que no tiene puesto de salud y los médicos que van no se quedan porque no hay donde alojar-los y además existen pocas oportunidades de trabajo para más de 1200 pobladores, se generan unos retos enormes en materias de seguridad, en contextos de conflictividad social y por supuesto en temáticas de de-sarrollo económico. Toda vez que la fuerza militar y policial hace pre-sencia efectiva en esas zonas del país se diseña una estrategia que per-mite que el resto del Estado llegue de manera articulada. Cabe destacar que mientras llegan las instituciones del Estado los ingenieros militares adelantan labores y contribuyen al desarrollo social y en particular a la estructura social de esas zonas del país.

El Ministerio de Defensa destinó para el periodo 2012-2014 más de US$100 millones del presupuesto de la Fuerza Pública para ser invertido en obras de infraestructura, en labores de recreación, carreteras, puen-tes, polideportivos, con el ánimo de darle a la población civil de esas zonas una esperanza de lo que será la presencia del Estado en los años siguientes. Estas acciones contribuyen a la seguridad porque la pobla-

ción, en esas zonas que tanto han sufrido a las FARC y al ELN, empieza a ver que la presencia del Estado no son solamente nuestros soldados y policías, se empieza a generar un cambio que facilita, además de conti-nuar debilitando al enemigo, su pronta judicialización y la intervención de la Fiscalía General y los jueces de la República.

El segundo elemento son las fuentes de financiamiento, el narcotráfico. En un esfuerzo que también realizamos con el DPS de la Presidencia de la República y los grupos móviles de radicación manual, la aspersión para los cultivos ilícitos y todos los fenómenos de interdicción marí-tima y aérea en materia de la incautación de cocaína, se contribuye a doblegar las fuentes de financiamiento a estos grupos al margen de la ley. Nuestras intervenciones han generado que estos grupos traten de derivar sus acciones no solamente en la minería criminal sino que en algunas zonas del país vemos, obviamente con preocupación pero tam-bién con decisión de trabajar, cómo se incrementa en algunos casos el fenómeno de la microextorsión. Cabe puntualizar que también con la Policía Nacional y las Fuerzas Militares venimos implementando estra-tegias focalizadas para atacar este fenómeno.

Con respecto a las redes de apoyo al terrorismo, y esto es bien impor-tante que lo tengamos presente, por allá en el año 1998 al 2000, e inclu-sive hacia el 2002, se evidenciaba que los grupos terroristas actuaban en grandes conjuntos, se conformaban inmensos enfrentamientos con-tra nuestros soldados, contra nuestros infantes de marina; la estrategia militar era prácticamente de combates frente a frente, teníamos unos resultados muy importantes que permitieron una reducción sustancial en el número de hombres de estas organizaciones. Pero el enemigo se adaptó para ser más difícil enfrentarlo, se quitaron los uniformes, se vistieron de civil, diseminaron sus grupos y ahora andan en estructuras muy pequeñas de dos o tres personas, se esconden entre la población civil, inciden o tratan de afectar con artefactos explosivos improvisados el avance de nuestras tropas y se escudan, literalmente, con escudos humanos, niños y mujeres, para evitar que les efectuemos operaciones militares y entrar en combate. Adicionalmente se constituyeron redes de apoyo al terrorismo que buscaban afectar la tensión de las tropas, atentar contra la industria crítica del país, la infraestructura minera, energética, los oleoductos que transportan el crudo para beneficio de todos los colombianos, eso obligó también a que cambiáramos toda la



estrategia, no solo desde el punto de vista militar/policial, sino también desde la perspectiva judicial.

Con estos objetivos trabajamos conjuntamente con la Fiscalía General de la Nación, en varias zonas donde existía esta problemática llegaron en total 22 fiscales especializados contra el terrorismo y 45 fiscales especializados contra las Bacrim. En su labor se ve reflejado el incremento sustancial del número de capturas de integrantes de estas organizaciones.

Finalmente, en lo que hace referencia a las estructuras armadas y a sus cabecillas, con nuestras operaciones especiales en El Cecoes, con las Fuerzas Especiales de las Fuerzas Militares, junto a una inteligencia muy precisa, hemos continuado dando golpes y acelerando el resultado de la campaña “Espada de honor”. Seguramente para un ciudadano del común que neutralicemos a un cabecilla puede no significar mucho, por ejemplo el caso de alias “Caliche”, el cabecilla de una columna mó-vil en el Cauca; para los habitantes de la región pueda que sea conocido, él es un tipo de más de veinte años en la organización terrorista, inte-grante del Estado Mayor Central de las FARC, muy cercano a Pablo Ca-tatumbo. Neutralizar a un personaje como estos, adscrito a un bloque, frente o una columna móvil de este grupo terrorista realmente les hace mucho daño por la pérdida de mando y control, por la eliminación de liderazgo, la desaparición de hombres con capacidades para pensar y ejecutar acciones terroristas contra la población civil y sin duda alguna por el golpe a la moral de los guerrilleros, que empiezan a incrementar los números en materia de desmovilización.

La distribución de la estrategia del plan de guerra “Espada de honor” en el territorio nacional es un programa que visibiliza la creación de un total de doce fuerzas de tarea conjunta en las que integramos el esfuer-zo del Ejército, la Armada, Fuerza Aérea y Policía Nacional en materia de operaciones y despliegue de nuestros hombres y sus equipos. Parti-cipan también la movilidad aérea, pilar tan importante en el territorio colombiano, la fusión de la inteligencia como un criterio que no sola-mente orienta la judicialización sino que adicionalmente permite dar resultados en el contexto del desarrollo de las operaciones militares. Un elemento adicional que ha sido un acelerante fundamental es la colabo-ración de la Policía Judicial de la DIJIN en esas fuerzas de tarea, acción

que contribuye a la captura de las redes de apoyo al terrorismo de estos grupos al margen de la ley.

Reiteramos entonces que el fenómeno del terrorismo se está concentra-do en zonas específicas del país, que curiosamente, y en particular con la extracción de crudo en Colombia, también se encuentra en las zonas donde tenemos un potencial de riqueza en esa materia. Es vital señalar que hemos venido desarrollando, y me referiré a ella posteriormente, una estrategia coordinada con el sector privado, con los gremios que representan tanto a la minería como la extracción de hidrocarburos, acciones programadas para la protección de la estructura crítica de nuestro país.

En materia de resultados —porque esto es con resultados—, y lo decimos con humildad, con orgullo por nuestros policías y soldados, porque finalmente son los que materializan estos logros para la seguridad de todos los colombianos, y afirmándolo todavía también con mucha humildad, nos falta mucho territorio por avanzar. Hay que continuar, y esa es la orden que hemos recibido del señor Presidente de la República, debilitando al máximo las estructuras de estos grupos al margen de la ley.

Lo que va corrido del Gobierno nacional se han neutralizado dos miem-bros del Secretariado de las FARC, cuatro del Estado Mayor Central y 35 comandantes de frente, 30 de ellos desde septiembre de 2011. En este primer trimestre del año 6 comandantes de frente y un miembro del Estado de Frente Mayor, 4000 neutralizados en el 2012, un incremento del 17% en comparación al año 2011 y un avance del 200% en las redes de apoyo al terrorismo que han sido capturadas por la Fuerza Pública.

Uno diría: “si vamos a ese ritmo en dos o tres años terminamos esto”, aquí hay que tener presente que estos grupos lo que buscan es también fomentar el reclutamiento de menores, de niñas, niños y adolescentes; por supuesto, con las estrategia que tenemos en materia de desmovili-zación contribuimos a seguirlos debilitando. Esto debe ser sinónimo de confianza en la Fuerza Pública, en sus soldados y policías, los resulta-dos día a día y semana tras semana se ven plasmados en el contexto de seguridad. Que no son tan significativos para la opinión pública como lo eran antes, como cuando dimos de baja al “Mono Jojoy”, a “Raúl Reyes”, inclusive a “Alfonso Cano”, porque, y en buena hora, la pobla-



ción se acostumbró a que la Fuerza Pública da muy buenos resultados, y como es de precisar estos tienen un componente estratégico que con-tinúa debilitando a estas estructuras al margen de la ley. Y ahí, simple-mente para los que no los conocen, se hace un resumen solamente en lo que hace referencia a los cabecillas de frente en el trabajo que se ha venido haciendo en lo corrido de este gobierno.

Nunca antes en la historia de este país se habían dado tantos golpes en tan poco tiempo, acciones estratégicas a la mayor amenaza terrorista de las FARC. Y aquí es importante tener algo presente: tres cabecillas de frente desmovilizados. La desmovilización es un factor determinante en esta guerra de guerrillas, la desmovilización de cabecillas de frente por el maltrato, por la falta de liderazgo asumida al ver a sus jefes en Cuba haciendo lo que están haciendo, eso genera una desmoralización al interior de la estructura terrorista. Nuestro trabajo es continuar, no solamente debilitándolos desde el punto de vista militar sino afectán-dolos con la desmovilización para facilitar condiciones de negociación en La Habana.

En el caso del ELN no me voy a detener pero quiero que sepan que en materia de desmovilizaciones y capturas también los incrementos son superiores en dos dígitos porcentuales, continúa debilitándose la capa-cidad armada y de intimidación a la población civil llevada a cabo por esta organización terrorista.

Ese es el primer fenómeno en materia de seguridad que a los colombia-nos les preocupa, el terrorismo. El segundo son las bandas criminales, grupos que básicamente están dedicados al negocio del narcotráfico y la extorsión y que también tienen una concentración regional.

Para ello, en la estrategia “Corazón verde” de la Policía Nacional, se crearon las operaciones Troya, unas que ya se instauraron y otras tres que se están construyendo y se encuentran en fase de implementación. Lo que se busca es atacar el fenómeno regional con inteligencia y judi-cialización para seguir desarticulando estas organizaciones criminales. Todos los jefes de las Bacrim, sin excepción, que hoy prácticamente son dos estructuras: los Urabeños y los Rastrojos, a enero de 2012 fueron abatidos, capturados o se entregaron a la justicia por la presión de nues-tras Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Más de 4500 personas neu-tralizadas en el 2012, de los cuales 4497 fueron capturados y puestos a

órdenes de la justicia. El quitarle los jefes y desactivarle las estructuras regionales y municipales que tienen las bandas criminales ha generado un fenómeno de debilitamiento, desorden e inclusive la producción de pugnas entre ellos, situaciones que han derivado desafortunadamente en asesinatos y el origen de fenómenos de microextorsión, problemáti-cas que afectan a algunos empresarios y ciudadanos en regiones espe-cíficas de nuestro país.

Vale la pena reiterar la invitación para continuar denunciando la ex-torsión, si no se denuncia, por más inteligencia que le metamos, por más operaciones que realicemos, no será tan fácil trabajarla de manera efectiva; de diez casos denunciados en materia de extorsión, nueve se resuelven favorablemente en muy corto plazo, así que es muy importan-te en el sector empresarial, en sus familias, en sus amigos, que cuenten con las autoridades, con los Gaula de la Policía y del Ejército.

Y por supuesto, la estrategia de protección de la infraestructura. Cuan-do llegamos al Ministerio de Defensa en el 2011 se direccionó una refor-ma estructural a nuestro Ministerio y en particular al Viceministerio, que tengo el honor de representar. Creamos una dirección de seguridad pública e infraestructura que ha liderado con mucho éxito la doctora Juliana García quien tiene la labor de coordinar, entre las empresas del sector privado, las Fuerzas Militares y la Policía, niveles estratégicos para llevar acciones a nivel táctico. Este trabajo se ha complementado con decisiones importantes en materia de inversión, despliegue de ca-pital humano de soldados y policías a las zonas de mayor nivel de riesgo para fortalecer la protección a la infraestructura y para buscar reducir el impacto de los atentados terroristas que se puedan presentar y siguen ocurriendo contra la estructura crítica del país.

¿Cómo protegemos a la población para que puedan hacer su vida con normalidad? Haciendo el paralelo entre lo que es el plan “Corazón ver-de” y lo que tiene que ver con la protección de nuestra infraestructura, el plan “Cuadrantes comunitarios”, que todos conocemos en las princi-pales ciudades de nuestro país y cuenta con más de 13000 uniformados de la Policía en más de 2600 zonas y el impulso al programa de redes “Aliados para la prosperidad”, que es un factor determinante en materia de información para la judicialización y para el efecto de las operacio-nes militares. Los ojos de la Fuerza Pública no solamente son los ojos de los policías sino también los ojos de la ciudadanía, de ahí lo fundamen-



tal en la interacción con los gremios de la producción, con los empre-sarios en las diferentes zonas del país, este proceso resulta ser un factor de éxito con la consolidación de dos elementos: la comunicación y la capacidad de respuesta. Esto nos permite alertar cuando vemos gente extraña, observamos grupos al margen de la ley en una zona específica, inmediatamente iniciamos acciones al conocer casos en materia de ex-torsión, lo que facilita una respuesta eficaz de la Fuerza Pública.

Las carreteras de nuestro país, tan importantes para la seguridad y el desarrollo económico, se intervienen tras la generación del centro inte-grado de inteligencia para la seguridad vial, los esquemas de protección, el despliegue de motorizados y uniformados en los principales corredo-res viales por donde se mueven no solamente los pasajeros sino la carga que genera el desarrollo económico de nuestro país. Los sistemas de inteligencia y prevención de atentados terroristas, tratados mediante la información que fluye de las zonas estratégicas en materia de explora-ción y que facilitan también el intercambio entre las unidades tácticas, los empresarios y los fiscales y jueces contribuyen a este esfuerzo. Solo en 2012 incautamos más de 78 toneladas de explosivos, eso es una gran cantidad de atentados terroristas que se lograron prevenir.

En particular, para la infraestructura productiva del territorio colom-biano, desarrollamos el plan “República”, un programa articulado con la estrategia “Espada de honor” de las Fuerzas Militares de nuestro Comando General, donde no solamente hemos hecho inversiones en materia de protección con la creación de batallones exclusivamente in-tegrados en la dedicación a la protección de la infraestructura, en el que involucramos tecnología de punta para la vigilancia, control y recaudo de información que nos permita la judicialización y la implementación de operaciones militares. El incremento, como consecuencia de este tema en materia de la judicialización, se debe a un trabajo bien inte-resante donde se ha trabajado en la implementación de estándares y protocolos de seguridad según el nivel de riesgo de las compañías.

En estas acciones, hablémoslo con franqueza, como una persona que viene del sector privado, uno busca apoyarse en el Gobierno para con-seguir seguridad, eso es lo lógico, lo natural y el deber ser en estos te-mas. También hay que tener presente que la seguridad debe ser un bino-mio donde se dé una articulación entre la Fuerza Pública y lo que hagan los empresarios En este sentido identificamos que en algunas zonas del

país existían oportunidades de mejora para nuestro despliegue opera-cional y táctico, pero también habían oportunidades de incremento en los protocolos de seguridad de las compañías.

Se hizo un trabajo articulado con la ACP, con la Cámara Colombiana de la Minería, trabajamos de la mano con el sector transportador; par-ticularmente identificamos para diversas zonas específicas dónde está presente la amenaza terrorista, cuáles eran los niveles de riesgo, cuáles eran los protocolos de seguridad que existían y cuál era el nivel de ar-ticulación que se requería para trabajar entre las empresas y nuestras unidades tácticas de la Policía y las Fuerzas Militares. Participaron más de 260 empresas de cinco sectores en un proceso continuo de imple-mentación, revisión, de manejo de crisis, que en efecto no garantiza que no vaya a haber atentados terroristas pero que sí nos ha permitido ob-tener resultados en materia de prevención y particularmente en formas de recuperación en estos temas.

Las redes de infraestructura que demandan protección permiten evi-denciar el despliegue de la ubicación estratégica en el territorio y el acompañamiento por parte de nuestra Fuerza Pública. También, para el contexto de la minería, específicamente en el caso del carbón y el oro, se demuestra uno de los indicadores de la efectividad del trabajo que hemos hecho coordinadamente, esto no es un triunfo de las Fuerzas Militares y de la Policía, esto es un resultado de lo que es un verdadero trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno nacional.

Pasamos en el 2011 de tener once días promedio de reparación, particularmente en los oleoductos después de un atentado, a tener ac-tualmente en promedio 4.2 días. Todavía nos falta por mejorar, lo que quisiéramos es que no haya tiempo de reparación, puesto que eso impli-ca que no hubo ningún acto terrorista, desafortunadamente en varias zonas se siguen presentando esas situaciones, la labor de la Fuerza Pú-blica es asegurar, contribuir a que la empresa llegue y arregle los daños, pero también prevenir en materia de inteligencia y judicialización.

Si bien los atentados terroristas se han incrementado, de 53 a 73, si uno compara abril de 2012 y 2013 la producción diferida de barriles en materia de seguridad bajó de 1.5 millones a 637 mil. Para nosotros no es satisfactorio, como tampoco lo debe ser para los empresarios y la sociedad en general, pero es una medida de progreso y una for-



ma de ver cómo vamos mejorando en materia de la protección de la infraestructura crítica del país.

Hemos generado a partir de 2010 un fortalecimiento del pie de fuerza en esas zonas estratégicas que son zonas del plan que guerra, espacios de presencia de estructuras criminales en las que al mismo tiempo reside y se desarrolla el sector minero-energético de nuestro país. La dirección de carabineros de la Policía Nacional, con sus escuadrones móviles, las compañías del “Plan meteoro” para el transporte de pasajeros y de car-ga en unas zonas específicas, los batallones energéticos viales y las com-pañías de inteligencia militar en el sector de hidrocarburos, es decir, inteligencia exclusivamente dotada para los sectores en función de las amenazas que se vienen presentando. Creamos 6 batallones energéticos y viales en el Putumayo, Arauca, Nariño, Norte de Santander y Ca-quetá, zonas donde hay una gran posibilidad y se vienen desarrollando unos proyectos de manera muy favorable pero con muchos riesgos, con atentados, por supuesto, pero que finalmente son espacios donde nos mantenemos permanentemente en operaciones contra las estructuras de estos grupos al margen de la ley.

Además de los batallones, que son conformados por soldados y tienen un costo importante para el país, pero que deben representar un bene-ficio en la seguridad, hemos hecho inversiones importantes en materia de equipos y también, trabajando de la mano con los convenios con el sector privado para fortalecer las capacidades de protección a la infraes-tructura ahora tenemos elementos adicionales, desde motos, camione-tas y hasta aviones remotamente tripulados, una tecnología que segu-ramente se ha expuesto en los medios de comunicación en las últimas semanas, esto nos permite tener una mejor capacidad de vigilancia día y noche para detectar a tiempo la posibilidad de atentados terroristas, descubrir redes de apoyo al terrorismo y contribuir a la judicialización y captura de los implicados por parte de la Policía Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

En abril y mayo están terminando de llegar dos UAB’s adicionales, dos ART’s que se usarán en el Catatumbo, el Norte de Santander y Arauca. Tenemos también el incremento de las capacidades de nuestra Armada con los botes, importantísimo en el Putumayo; llegarán los HordCraft en el segundo semestre de este año para la protección de la infraestruc-tura y de la población civil. Es fundamental destacar el fortalecimiento

de los ESMAD y todo lo que tiene que ver con antidisturbios; de la mano de los resultados efectivos, desde el punto de vista militar, a lo que han acudido en algunas regiones las FARC y el ELN, particular-mente el primer grupo, es tratar de movilizar a la población civil para generar bloqueos y disuadir la labor de las empresas en esas zonas del país.

Aquí, y conociendo cómo son los esquemas de decisión del Gobierno nacional, si hay que meter los ESMAD para los desbloqueos allá lle-gamos. Por supuesto, hay que buscar hacer acercamientos con la po-blación civil, disuadir y dispersar esas manifestaciones, si es que hay legítimos reclamos de los pobladores. En eso se trabaja en conjunto con el Ministerio del Interior, también con el Ministerio de Trabajo, básica-mente lo que quiero resaltar es la existencia de una estrategia coordina-da que busca siempre acelerar los resultados para evitar que se generen protestas sociales malintencionadas que vulneren el desarrollo empre-sarial y por ende el desarrollo social de todos los trabajadores.

Los ajustes al plan de la estrategia de la infraestructura van en el mis-mo sentido con la creación, hace un par de meses, de los batallones y el despliegue operacional que se efectuó, de la reorganización de los dispositivos de control, la mejora en la dotación de motorizados, radios de comunicación, elementos para el desarrollo de la inteligencia, de la creación de los Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura crítica, los COPEI, en una áreas críticas del país y particularmente en esas zonas donde identificamos los fenómenos más alarmantes.

Esos centros de integración tienen que trabajar y desarrollar planes en conjunto para la seguridad de la infraestructura. En esta estrategia se logra una labor conjunta de las tres Fuerzas Militares y la Policía, estas son la Jefatura de Operaciones del Ejército, nuestra Armada Nacional, la Fuerza Área y la Policía Nacional, en las que se destaca la participa-ción de oficiales de alto rango, de grado Coronel, con el fin de coordi-nar, entre todas las Fuerzas, las capacidades de reacción y prevención frente a los elementos terroristas que se puedan llegar a presentar. Se hacen mesas permanentes de trabajo con las empresas que residen en esos lugares para intercambiar información y avanzar en la prevención de estos temas.



Como lo decía anteriormente, el 87% de los municipios del país no tu-vieron un solo atentado terrorista en el año 2012. Nos preocupa enor-memente lo que ocurre en los municipios en donde hay presencia de estas acciones, allá es donde estamos operando hace más de un año y donde se están dando los resultados contra las FARC y el ELN. Es en esos lugares donde la población civil se ha venido dando cuenta que hay que colaborar con la autoridad, que estos bandidos no les dejan nada bueno, que por el contrario lo que hay que reafirmar es la presencia del Estado; esta es una labor para continuar reduciendo ese número de municipios que tienen presencia terrorista e incrementar las zonas que están libres de cualquier atentado terrorista. Esto ha sugerido y ha generado una conciencia de la ciudadanía frente a la preocupación en materia de la seguridad ciudadana.

Sin acciones subversivas se encuentra el 93% del total de los municipios, los sitios donde estos tienen injerencia son las mismas áreas donde hoy están marginalmente las FARC y el ELN, las mismas zonas donde es-tamos haciendo nuestro esfuerzo operacional. En el caso de las Bacrim son espacios propensos a las salidas de los corredores del narcotráfico hacia la costa del Pacífico y la costa del Caribe, son zonas cercanas a los departamentos y a los municipios donde se concentra más del 75% de los cultivos de coca del territorio colombiano, pero también son las áreas donde estamos desarrollando las operaciones Troya, a las que hi-cimos referencia anteriormente.

Y eso también, no solamente el tema de Bacrim y el terrorismo, sino la temática de la seguridad ciudadana, contribuye a que los colombianos vivan más seguros. La reducción en la tasa de homicidios y el número de municipios en nuestro país con más de diez homicidios han venido decreciendo sustancialmente. El 81% de los municipios de nuestro país actualmente tienen menos de diez homicidios, eso es una cifra impor-tante en materia de seguridad de los colombianos. Más del 90% de los municipios de nuestro país el año pasado no tuvieron un solo secuestro, ese también es un resultado bien importante para la tranquilidad de los ciudadanos y del sector empresarial. Por supuesto esa seguridad, el esfuerzo del medio millón de soldados y policías, ha contribuido a la ocupación hotelera, al desarrollo empresarial, a la inversión extranjera, al transporte de carga —ahora que vienen los TLC—, a ese gran desa-rrollo empresarial que buscamos todos los colombianos. Cada sacrificio

que hacen los soldados y los policías de nuestro país contribuye a que Colombia sea un país más justo, más moderno y más seguro.

Finalmente reitero que por parte del Ministerio de Defensa Nacional está latente ese compromiso indeclinable de los que realmente hacen el trabajo, de nuestros soldados y policías que día a día derraman su san-gre, que algunos entregan sus vidas, otros sacrifican su integridad per-sonal para proteger, no solamente la infraestructura crítica del país sino también los derechos, los bienes y la honra de todos los colombianos.


Estrategia gubernamental para la prevención de incidentes por

conflictividad socialMaría Claudia Medina

Asesora del Ministro del Interior de la República de Colombia

El Ministerio del Interior realizó una fase piloto de Alian-zas para la Prosperidad en el departamento de Casanare

durante los meses de febrero a junio de 2012, en trece muni-cipios y durante este proceso se llevaron a cabo cerca de cin-cuenta comités temáticos y se pudieron identificar una serie de problemáticas y asuntos de tensión entre las comunidades y la industria extractiva.

Básicamente los temas en donde identificamos estas proble-máticas tenían que ver con los asuntos laborales, la adquisi-ción de bienes y servicios por parte de la industria y los im-pactos ambientales y en la infraestructura vial; cambios en la vocación productiva del departamento, exhibiendo cierta tendencia a la petrolarización de la economía. Estos proble-mas, acompañados de una revolución de expectativas y una tendencia a la formación de apreciaciones confusas con res-pecto a quiénes son realmente los encargados de la proveedu-ría de bienes públicos y saber si le corresponde a la industria y qué tipo de bienes son los que debe suministrar el Estado, evidenciaban una percepción negativa asociada al nuevo Sis-tema General de Regalías, en particular se enfocaban dos as-pectos reunidos en la reducción de los recursos y con la pér-dida de cierta autonomía para la destinación de los mismos.

En ese orden de ideas nosotros, a partir del mes de octubre del año pasado y por solicitud del señor Ministro, hicimos una valoración y un diagnóstico de la primera experiencia en Casanare y propusimos una serie de ajustes metodológicos y


operativos a la estrategia, estas medidas son las que vamos a compartir a continuación.

En primer lugar y como punto de partida identificamos que en este escenario —y quiero dejar bien claro que para nosotros este es el Minis-terio de las regiones, lo que nos interesa es llegar, estar y operar desde la regiones— se debe centrar la estrategia en el territorio, que más allá de ser concebido como un espacio físico lo entendemos como una serie de relaciones que se suceden en un lugar y que adicionalmente tienen que ver con las representaciones, las relaciones de poder y la forma en la que los actores están presentes y comparten las cotidianidades e in-teractúan.

En este sentido identificamos tres actores fundamentales en la estra-tegia: la industria extractiva, las comunidades y el gobierno local. Por supuesto, y esto es bien importante, consideramos que estos territorios están inmersos en unos contextos naturales que a su vez se inscriben en un entramado nacional e internacional. Desde allí es más claro entender la problemática de la conflictividad social, asociada a varios asuntos y problemáticas medioambientales, que al menos en América latina muestran una tendencia creciente desde el 2009. Esta problemá-tica no solamente se desarrolla cuando se afirma que “en Casanare o en Putumayo se está elevando la conflictividad social”, evidentemente existen factores que son regionales y propios de cada uno de nuestros territorios y del país en general, pero no podemos olvidar las tendencias globales que nos hacen parte de un universo conectado, en donde las influencias externas están permanentemente circulando.

En cuanto a estos tres factores principales consideramos que orbitan otros que inciden en que la construcción de sus relaciones determinen el papel que efectuarían en esta problemática, el rol de los medios de comunicación, ONG, gremios y otros grupos de interés o el actuar de los contratistas, que tienen muchas de las empresas que también juegan un papel fundamental, adicionalmente es importante tener en cuenta la participación de los gobiernos departamentales, los gobiernos naciona-les y otros actores que permanentemente están orbitando e influencian-do estas relaciones a nivel de territorio.

Es vital reconocer el círculo vicioso que se presenta cuando un conflicto no es gestionado positivamente. En una primera fase, y es cuando par-

timos de la idea de reconocer que hay objetivos, posiciones y recursos que son diferentes entre estos actores, lo que se genera es una suerte de tensiones que en la medida en que no se van tramitando o gestionando positivamente llegan en algún momento a generar un proceso de sín-toma y de manifestación negativa que hacen evidente el conflicto; las diferencias generadas producen un proceso de tensiones dentro de las relaciones de las partes. No obstante, cuando en el trato del conflicto no se hace una gestión positiva se tienden a aumentar las manifestaciones en las que se expresan las tensiones e incluso se pueden presentar for-mas de violencia. En este contexto es cuando generalmente se requiere la participación y la presencia del Estado para devolver el orden público.

Me pregunto si esto es suficiente, que si esta normalidad, aparentemen-te real, en verdad logra terminar con una gestión positiva del conflicto, un proceso que finalizaría supuestamente en esta acción. En efecto, so-lamente pareciera que se generara una especie de latencia en un proceso que en algún momento vuelve a desatarse. Nosotros, desde el Ministe-rio del Interior estamos trabajando en dos tipos de atención: la preven-ción, que es la estrategia que a mí me han delegado y junto a un equipo estamos avanzando en la generación de propuestas, y una estrategia de gestión de crisis, que se concentra en la constitución de acciones a tomar en diferentes momentos del proceso de un conflicto.

Obviamente, y esta es la propuesta nuestra, prevenir es más barato, sencillo, sostenible y sobre todo más inteligente. ¿Cómo se previene? A través de una información imparcial compartida, una serie de es-trategias de inteligencia social para construir confianza. Es allí donde nosotros consideramos que es el diálogo la experiencia que nos permite acercar posiciones, construir acuerdos y presentar resultados. Este pro-ceso supone ponerse en los zapatos del otro, trabajar en conjunto, reali-zar un ejercicio de coordinación y buscar soluciones que nos beneficien a todos. Esto ciertamente es mucho más barato, inteligente, sencillo y sostenible que reaccionar ante la crisis con la violencia y la inestabilidad social.

Desde el Ministerio del Interior contamos con tres instancias que con-figuran mecanismos de acciones que proponemos en la resolución de conflictos, desde el punto de vista misional el Ministerio se ha pro-puesto el proceso de consulta previa, al igual que las formas de for-talecimiento de las juntas y el robustecimiento de las juntas de acción

135Estrategia gubernamental para la prevención de incidentes por conflictividad social


comunal. Desde el aspecto preventivo trabajamos tres mecanismos; el diálogo para llegar a acuerdos, que inicialmente se constituyó como un proyecto que fue llamado “Alianzas para la Prosperidad” y en el que es-tamos en un proceso de revisión del nombre, no solamente para evitar confusiones con el APP (Acuerdos Público-Privados) sino que adicio-nalmente pretendemos que semánticamente, y dentro del concepto de la estrategia, nos llegue a todos y exprese lo que realmente queremos transmitir. Tenemos también un trabajo de diálogos interculturales que se están llevando a cabo en el departamento de Putumayo, desarrollado en consonancia con todo un proceso de acompañamiento a la norma-tividad asociada.

Paralelamente hay un proyecto de ley de participación ciudadana en el cual “Alianzas para la Prosperidad” tiene un punto especial, la propues-ta está en este momento en revisión de la Corte, estamos esperando su resultado. Desde el punto de acción reactivo se está trabajando en un centro de convivencia, seguridad, orden público y unos protocolos de atención a la crisis.

Esta es una estrategia de participación ciudadana liderada por el Mi-nisterio, fundamentada en procesos de diálogo social entre las comu-nidades, empresas y los gobiernos municipales, departamentales y nacional con el objetivo de favorecer dos aspectos: la gobernabilidad y gobernanza, conceptos entendidos no solo como elementos para lograr la viabilidad social de los proyectos, sino acciones para coadyuvar a la participación activa de las comunidades en estos procesos y el desarro-llo sostenible.

En ese orden de ideas identificamos cuatro objetivos. El primero es promover la participación activa y sobre todo informada de los acto-res sobre los asuntos relacionados con la presencia de la industria, qué los afecta individual o colectivamente. El segundo, y bien importante, es crear sinergias y generar procesos colectivos de consenso social en torno al manejo de los impactos económicos, ambientales, sociales y culturales asociados a la presencia de la industria. El tercero es materia-lizar acciones concertadas orientadas al fortalecimiento del desarrollo local. Por último fomentar un proceso gradual y simultáneo de apren-dizaje social sobre la validez del diálogo; al final lo que nos interesa es que la lógica de desarrollo se dé en una convivencia pacífica.

En esta misma vía el enfoque de la estrategia, reitero, es preventivo y no reactivo. Busca ser sostenible en el tiempo, se enfoca en el desarrollo te-rritorial y contiene un especial énfasis en el escenario del territorio. De-finimos los principios democráticos que se subdividen en dos aspectos; la participación ciudadana informada y la reciprocidad entre derechos y deberes y la posibilidad de avanzar en la construcción de un modelo de actividad minero-energética, que la hemos llamado los RH. Esta la-bor pretende ser responsable ambientalmente, rentable económicamen-te y sobre todo humanamente digna; la estrategia se ordena de manera secuencial, tanto las acciones como los resultados se consiguen en la medida en que seguimos una metodología clara que va básicamente de abajo hacia arriba, es decir, desde lo local a lo nacional.

Teniendo en cuenta lo anterior identificamos tres estrategias integra-das en componentes importantes que tienen que ver con la promoción de la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento institucional, la idea es buscar romper las asimetrías en información y extender las capacidades para que los diálogos se den en un marco de discusión co-mún y conlleven a una promoción de la ciudadanía corporativa. Todo este marco expuesto está dedicado exclusivamente a las empresas. La pretensión es avanzar en una metodología para que nos acompañemos todos juntos, hacer posible que estos diálogos sean fructíferos y adi-cionalmente produzcan resultados para todos; tenemos una estrategia de comunicación ciudadana que trabaja en lo local, junto a las radios y emisoras comunitarias, en un proceso básico de acompañamiento y de expansión de las capacidades de los actores a nivel local.

La estrategia está acompañada de un sistema de información geográfico que permite el seguimiento acompasado de los diálogos y casi que en tiempo real de los acuerdos que se van haciendo en las instancias de conversación en los distintos territorios donde estamos avanzando.

Conforme al triángulo de los actores nos encontramos terminando la segunda fase de la metodología, ya levantamos unos mapas de actores y diseñamos unas líneas de contexto. Cabe destacar que los mapas de ac-tores fueron desarrollados en asocio con la Universidad de Antioquia, una metodología que da cuenta de los actores reales representativos, y esta es una de las cosas que intentamos corregir de la primera etapa, en los primeros comités la representatividad de las comunidades e inclu-sive de las empresas estaba limitada y las decisiones que se tomaban en



las instancias de diálogo carecían de la legitimidad suficiente. En este momento ya tenemos una suficiente información y mapas elaborados del departamento del Casanare, de unas zonas de Antioquia y Putuma-yo. La idea es que estos mapas también nos hablen de unos efectos de riesgo y la conveniencia o no de instalar los espacios de diálogo, que nos acerquen de manera segura; hay que tener en cuenta que los procesos sociales siempre tienen unas dinámicas propias. El propósito es el de avanzar o por lo menos determinar si la estrategia del diálogo es aún más provechosa para los territorios.

En síntesis, el proceso va acompañando de una serie de información que nos permite avanzar sobre seguro. En este punto estamos empezando el proceso de las convocatorias que surgieron en las primeras etapas, lo que esperamos es que las instancias de diálogo vayan definiendo a su propio ritmo una serie de ejercicios de diagnósticos compartidos, de planes de trabajo, priorización de necesidades y de realización de acciones que permitan ser monitoreadas y dinamicen este proceso en el tiempo. Todo este proceso está basado en dos cosas, el acceso de in-formación imparcial compartida y la nivelación de asimetrías entre los actores del diálogo.

Somos conscientes que las instancias locales son claves en esta estrate-gia, sin embargo si no hay un respaldo de coordinación desde el gobier-no central es muy poco lo que se puede avanzar. El Ministro del Interior ha liderado la conformación de una Comisión de Alto Gobierno que está integrada por ministros de seis carteras políticas, y altos conseje-ros, básicamente ellos tienen la labor de orientar y evaluar el desarrollo de esta política pública y empoderar a la Secretaria Política para lograr que las instituciones respondan a los requerimientos de acción e infor-mación que requieran las instancias de diálogo.

Finalmente hemos construido una Secretaria de Coordinación Guber-namental que a partir de enero desarrollará una agenda de reuniones, estamos estructurando por ahora la información de la oferta institu-cional e identificando simulaciones de demandas que las instancias de diálogos requieran para responder oportunamente a estas necesidades. Además se generará un comité departamental de seguimiento regional que tenga como función abordar temáticas que no están tratando las instancias de diálogo, donde se surte todo el proceso de la estrategia.

Desde el punto de vista de la Secretaria actualmente ya estamos or-ganizados, contamos con representantes, delegados de los ministros y consejeros del Ministerio del Interior, Ministerio de Minas y Ener-gía, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Transporte, de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Minería. Igualmente estamos trabajando con la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE, con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Departamento para la Prosperidad Social, en particular con la Unidad Administrativa para la Consolidación, todo el ingreso a Putumayo va a ser a través de ellos.


Panel. Los actores y sus visiones: propuestas para una agenda

compartidaCarlos Eduardo Gechem

Viceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior

Alfredo GruberDirector general de Vetra Energy

Eduardo JunguitoDirector de la Oficina Ambiental y Social del Ministerio de

Minas y Energía

Juan RiveraDirector de las Asociación de Municipios Petroleros

Moderador: Francisco LloredaConsejero Presidencial para la Seguridad y Convivencia

Ciudadana

Moderador. El propósito de esta discusión es lograr reflexio-nar sobre algunos de los temas que terminan siendo más complejos y espinosos en el desarrollo y la labor de la indus-tria. La idea es que los panelistas compartan con nosotros sus impresiones. En primera instancia voy a hacer una breve refe-rencia al tema, luego vamos a escuchar a los panelistas con el fin de que nos otorguen, a brevedad, sus primeras impresio-nes, acto seguido volveremos con cada uno de ellos con unas preguntas más específicas, tratando también de interpretar las inquietudes que surjan a partir de la lectura de la temática por parte de los participantes.

Inicio por decir los siguiente, y esto como recogiendo la posta de las intervenciones pasadas. Las diferencias y los conflictos son propios de toda sociedad y del desarrollo de todo tipo de


actividades, entre ellas destacamos las que efectúan los distintos actores en esta industria tan importante. Esperaríamos que las divergencias se puedan tramitar sin que se generen más fricciones de las meramente necesarias, también desearíamos que los conflictos que puedan surgir fueran atendidos y resueltos sin que se genere una parálisis de la indus-tria. Me atrevo a identificar tres aspectos gruesos con los cuales quiero llamar la atención y reflexión de los panelistas.

El primero tiene que ver con la articulación o desarticulación entre en-tidades del gobierno, es decir, con la labor que adelantan los distintos ministerios, el Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Medio Ambiente, pero también con las entidades territoriales, en las que se destaca la Gobernación, alcaldías, Corporaciones Autóno-mas Regionales y el punto de vista que yace de la experiencia en su gestión. ¿Qué podemos hacer para que exista una mejor articulación?, sin duda el que cada uno ande por su lado, aunque aquí priman unos tonos grises, puede generar la presentación de problemas, pero también de desafíos.

La segunda propuesta de discusión se enmarca en las asimetrías entre las expectativas que surgen en las entidades territoriales, en las comu-nidades y la oferta de las empresas. Este punto tiene que ver básicamen-te con el precisar ¿Quién es responsable de hacer qué?, ¿cuáles son y realmente cuáles deben ser las responsabilidades de las empresas?, aquí obviamente nos referimos a un componente de carácter social. Adicio-nalmente surge la pregunta sobre ¿Cuáles no son y no deben ser y cuáles efectivamente son las responsabilidades de las entidades de gobierno de cualquier nivel y orden?, ¿cómo lograr una mejor articulación de esos esfuerzos de las empresas y entidades territoriales en relación a esas expectativas y responsabilidades?

La tercera inquietud se enfoca a las expectativas que conciernen al cumplimiento de la ley, las perspectivas que surgen frente a mecanis-mos como la consulta previa al presupuesto, ¿cómo se ha tratado?, ¿de qué manera se materializa la aplicación de la ley cuando se presenta por ejemplo la obstrucción de vías públicas o cuando se desarrolla el cumplimiento de tiempos en los procesos de licenciamiento, temática que genera también una dicotomía entre expectativas por parte de la industria y los responsables del destino de estas premisas? Lo funda-mental es indagar si el haber incluido, como lo incluimos a propósito,

en la Ley de Seguridad Ciudadana el punto que habla sobre la crimi-nalización a la obstrucción de vías, si esto está haciendo letra muerta o no, ¿qué se puede hacer si la respuesta es positiva?, ¿cómo entender que, siendo bienvenida la protesta social, termine siendo instrumentalizada con otros propósitos?, ¿qué podemos hacer al respecto?

Alfredo Gruber

En Colombia buena parte del desarrollo petrolero ocurre en zonas so-cialmente deprimidas, esta coyuntura permite que a la gente de la más diversa naturaleza sea utilizada específicamente por las fuerzas irre-gulares para su propio interés, estos grupos, que la verdad logran ma-nipular muy bien a la población, tienen una estrategia de influir en las comunidades para que exista permanentemente un clima de conflicto en la región.

Particularmente, ante una de las situaciones que más nos preocupa, como lo son los bloqueos, actuamos aplicando el protocolo de crisis. No se puede negociar con las comunidades, entonces procedemos, de acuerdo al protocolo, a realizar las denuncias correspondientes, sin em-bargo notamos que hay verdaderamente mucha impunidad ante esta situación. En la mayoría de los casos surgen temores derivados por la misma amenaza que representa la fuerza que hay detrás de todo esto; a veces es necesario tomar algunas acciones en conjunto con el Minis-terio de Defensa para movilizar el ESMAD, y da la casualidad que en oportunidades en las que hemos tenido su presencia este ni siquiera se usa, tan pronto llegan los efectivos se levanta el bloqueo. Actualmente el bloqueo cuenta con propósitos que se acercan más a la índole política, como por ejemplo el que se desarrolló en la zona de Putumayo, el cual estaba relacionado con una protesta por la erradicación de los cultivos ilícitos.

No hay duda que nosotros tenemos una excelente relación con el Al-calde, específicamente en el Putumayo, con el Gobernador y las auto-ridades locales tenemos una muy buena simpatía e interactuamos de inmediato cuando ocurre un problema de estos, contamos también con el apoyo la Asociación Colombiana de Petróleos y con los diferentes ministerios, el Ministerio de Interior. A veces nos ha tocado pasar días enteros, y con frecuencia extendernos más de un día y hemos recibido un apoyo extraordinario, el cual agradecemos muchísimo. Por parte

143Panel. Los actores y sus visiones: propuestas para una agenda compartida


de los viceministros, quienes nos atienden de inmediato, hemos tenido una receptividad extraordinaria, esta situación también ocurre con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Defensa, quienes nos dan un apoyo asombroso para nuestras operaciones.

Buscamos y agotamos todos los medios posibles para tratar de llegar a un acuerdo, antes de tomar otras acciones que puedan ameritar el mo-vimiento de las Fuerzas Militares para levantar los bloqueos. Seguimos el protocolo de acuerdo a lo que fue establecido.

Moderador. La visión del doctor Juan Rivera nos dará luces del punto de vista de la Asociación de los Municipios Petroleros, luego le pediré a los demás panelistas que compartan con nosotros sus primeras apreciaciones.

Juan Rivera

Como director ejecutivo de la Asociación de Municipios Petroleros de Colombia, y desde esa óptica, voy a tratar de direccionar mi interven-ción.

Estos encuentros nos ponen a pensar en la necesidad de todos los ac-tores que intervienen en el desarrollo de estos grandes proyectos, los cuales tienen un amplio impacto sobre varias zonas, espacios que casi siempre se encuentran deprimidos, apartados y muy lejanos en el desa-rrollo. Este contexto se traduce en una desventaja muy grande para las compañías operadoras del sector, las comunidades allá asentadas ven con alguna ilusión que su problemática de desarrollo se va a ver solucio-nada por el hallazgo de algún prospecto petrolero o minero, obviamen-te ahí actúan los roles que nos corresponden a cada uno; los he definido como un triángulo donde participa el Estado, el responsable de trazar las políticas y definir un marco legal de acción para el desarrollo de estos proyectos. La compañía, que tiene el papel de inversionista puesto que direcciona y brinda los sistemas de operatividad para lograr que el proyecto se dé con muy buenas utilidades, se supone entonces que al Estado le corresponde prestar todas las garantías encaminadas a que esos proyectos no tengan ningún problema en su desarrollo.

En este contexto que señalo se origina la verdad de las regiones, salen a flote marcadas diferencias, que si no son bien manejadas pueden ge-nerar los conflictos de los que estamos hablando. Este es un tema con-

currente desde hace ya 25 años, hemos estado hablando de lo mismo, cabe señalar que hay actores ilegales que se aprovechan, como lo decía el doctor Gruber, de la ignorancia de esas comunidades para sacarles provecho y cumplir sus objetivos particulares.

Voy a tratar de centrarme en el rol de los alcaldes; llegan los proyectos y los alcaldes , afortunadamente en compañía y gracias a la intervención del Viceministro de minas, quien ha tenido una labor proactiva con las comunidades que así lo han solicitado, han buscado que se reconozca, por parte de las operadoras y en ausencia, muchas veces de un direc-cionamiento del Gobierno nacional, que haya un entendimiento que se anticipe al desborde del orden público.

Los alcaldes, entonces, buscamos que al Gobierno nacional, como efec-to de la inversión y el desarrollo de estos proyectos, en beneficio del país, se les notifique y se les entere ampliamente de la labor que se va a desarrollar en su zona de influencia y las particularidades de la acción del proyecto, ¿por qué no decirle a los alcaldes cuáles son sus necesida-des?, ¿qué exigencias de personal, de bienes y servicios se requieren?, esas necesidades pueden ser cubiertas por todos los locales, personas que muchas veces son las que generan esos desordenes. Se puede pre-tender que los empleos que va a generar la operación sean ocupados por ellos y que los bienes y servicios también sean prestados por la comu-nidad, así pues, tengan o no la idoneidad, capacidad o la calidad para prestarlos se cree en el derecho, puesto que es su espacio, donde viven y creen que por ese hecho lo deben hacer. En esta situación entran mu-chos actores ilegales a presionar algunas pretensiones, que obviamente no pueden ser resguardadas por las empresas, pero que si previamen-te se han consultado con los alcaldes, se tendrían una solución mucho más armónica, articulada, acciones que nos permita actuar sin ningún problema que genere el desbordamiento de orden público.

Carlos Eduardo Gechem

Podríamos tratar dos o tres temas de los que ya se han expuesto an-teriormente. Inicialmente quisiera explicar algo que a veces no es tan obvio, porque en varias reuniones me han preguntado “oiga, ¿pero si usted es del Ministerio de la Política, qué hacen ustedes relacionándose con la industria minero-energética, con el petróleo?”, y la verdad es que ahí yo quisiera hacer un paréntesis, creo que es importante decirlo, y es



que nosotros somos el Ministerio; yo tengo una tara y es que soy profe-sor de constitucional, entonces a veces arranco desde los orígenes. Hay un principio, que es el principio de lo fundamental de las democracias, el principio de legalidad, este consiste en que el Estado y las entidades públicas solo pueden hacer lo que se les está permitido en la ley, los particulares pueden hacer todo, salvo lo que está expresamente prohi-bido. Entonces, si uno se va a revisar la ley y a ver por qué el Ministerio del Interior está en estos temas, pues realmente encontraremos tres ejes fundamentales que son los que nos permiten estar hoy acá.

El primero, somos el Ministerio y los derechos fundamentales, aquí encontramos un punto importantísimo, finalmente el Ministerio tie-ne que hacer un equilibrio entre una serie de derechos fundamenta-les que son, como su nombre lo indica, esenciales para una sociedad. Por un lado la libertad de empresa, que es un derecho fundamental, la posibilidad de la propiedad privada, digamos que aunque en términos estrictamente jurídicos la jurisprudencia ha dicho que no es un derecho fundamental, sí es totalmente un derecho esencial. Obviamente el dere-cho de protesta es un derecho de participación ciudadana, un derecho de opinión es un derecho de expresar libremente las ideas, elemento que también tiene cualquier ciudadano colombiano. Realmente en ese factor de los derechos, en ese punto de los equilibrios de los derechos fundamentales el Ministerio tiene un papel importante por jugar.

Luego tenemos un tema de orden público y de convivencia, donde nosotros tenemos también un rol fundamental. Creo que es esencial apuntar que tenemos más o menos en nuestra agenda un 40% de las dificultades que en términos de huelgas, paros y asonadas, tienen que ver con el sector; a nivel nacional nuestro trabajo se enfoca a los temas que se concentran en la salud, las vías y absolutamente todos los secto-res de la sociedad, finalmente el 40% nos ocupa en ustedes. Teniendo en cuenta este panorama es realmente importante poder asistir a este tipo de eventos, las ideas que aquí se exhiben nos permiten diseñar una serie de estrategias, de la mano de ustedes, que nos posibiliten llegar hasta donde hemos llegado.

El tercer tema que permite nuestra intervención en este evento es una función de participación ciudadana. Normalmente cuando la gente habla de participación ciudadana piensa en la participación política, efectivamente nosotros tenemos una relación directa con los temas

electorales y una serie de factores que agrupan esta temática. La parti-cipación política es un elemento esencial, pero no es el único que atañe la participación ciudadana, aquí también tenemos que analizar el papel de las juntas de acción comunal, las que tienen una relación directa con el trabajo que ustedes hacen en cada uno de los departamentos; tam-bién hay que destacar finalmente cómo regulamos de alguna forma y cómo permitimos que la protesta social se haga dentro de un marco de normatividad, y englobada en un marco de legalidad, este objetivo nos obliga absolutamente a todos.

Con esto quisiera explicar, cuáles son nuestras funciones como Minis-terio y un tema interinstitucional que seguramente nos va a permitir a todos hacerle frente a los retos que tiene el sector.

Eduardo Junguito

En materia de articulación con las entidades de gobierno y las entidades territoriales, señalando que ese fue uno de los temas que al principio identificamos como un reto para todo el estamento gubernamental, el Ministerio de Minas, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambien-te y el Ministerio de Defensa, y frente a la tendencia creciente que es-tábamos registrando y que nos estaban informando desde el gremio petrolero, particularmente en el factor de conflictividad social y bajo la identificación de este desafío, que si bien ya es un proceso que está plenamente establecido desde la constitución y las leyes, se conforma-ron una serie de mandatos en materia de coordinación institucional, pues había que trabajar en el objetivo de poner en práctica esa conexión inter-institucional muy rápidamente.

También vimos desde el principio que ya había un avance en el que se trabajó a través de los protocolos, acciones de reacción que se encontra-ban establecidas para las compañías. Frente a situaciones de conflictivi-dad social evidenciamos que existía una necesidad dentro de la institu-cionalidad que consistía en adecuar sistemas, en consonancia con unos protocolos, que nos permitirían actuar ágilmente frente a los casos que se presentaran, específicamente en la generación de mecanismos de re-acción inmediata frente a esas situaciones.

Hemos venido trabajando en el establecimiento de estos protocolos, re-cientemente tuvimos un taller en Medellín, en donde participamos con toda la industria, ya tenemos unos borradores. Paralelamente, o lo que



hemos ido haciendo sobre la marcha, es precisamente mejorar los pro-cesos de comunicación y de reacción con el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, una labor que nos ha permitido hacerle frente a varias situaciones particulares, en varios de los departamentos críticos. Claro, cada departamento tiene sus particularidades, pero este es un reto en el que estamos trabajando y que esperamos complementarlo en el primer semestre de este año, ya con unos protocolos formalmente definidos, enmarcados en el objetivo de reaccionar muy rápidamente.

En materia de articulación, pensando no tanto en lo reactivo sino en lo preventivo, también se ha venido trabajando desde el año pasado. El Ministerio del Interior ha avanzado en las iniciativas de las Alianzas por la Prosperidad; por nuestra parte coordinamos con el Ministerio del Interior y las entidades territoriales la celebración, hace unos me-ses, de un convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la conformación de un programa de regionalización que tiene como pro-pósito llevar a las regiones la política pedagógica en materia de hidro-carburos. Ya tenemos un funcionario regional en cinco departamentos críticos que identificamos, aquellas zonas en las que se han registra-do los mayores niveles de conflictividad social (Putumayo, Casanare, Arauca, Norte de Santander y Meta).

Desde mayo de 2013 comenzaron a desarrollar labores estos funciona-rios, su misión inicial es acercarse a todas las autoridades territoriales e informar, a través de agendas programadas, cuál es el rol de las insti-tuciones en materia del negocio de hidrocarburos. ¿Qué expectativas?, ¿qué esperar de cada una de las instituciones?, ¿cuál es la actuación del municipio?, ¿cuál es el papel del departamento y el Gobierno nacional?, ¿cuál es el rol en el marco del contrato de exploración y producción petrolera que tiene subscritos a las compañías?, ¿cómo deben actuar las compañías y qué obligaciones le son atribuidas? En principio algunos pensarán en el programa de beneficio a las comunidades, pero además de eso es importante indagar ¿Cuál es verdaderamente?, ¿en qué con-siste? y ¿Cuál es el espíritu de esos contratos, qué esperar de estos en materia local?

Esos regionales también van a servir de facilitadores y de enlace entre las comunidades y las autoridades locales y con las demás instituciones, tanto a nivel regional como nacional. Esa es una apuesta que estamos haciendo muy concretamente en materia de prevención de conflictivi-

dad, entre otras cosas porque varias de las reclamaciones que muchas veces nos hacían conforme a las situaciones de los bloqueos y en las vías de hecho se presentaban, es que ustedes veían al Gobierno nacional o a las autoridades solamente cuando aparecían los problemas, pero no nos visibilizaban en el trascurso de nuestra gestión; esa es precisamente esa la conexión que queremos dejar muy bien establecida, queremos estar presentes permanentemente, en las buenas y en las malas.

Sobre las asimetrías y expectativas que tienen las comunidades y las autoridades locales nuestra percepción está enfocada en dos sentidos. En primer término hemos notado que buena parte de la industria lleva a cabo o pone en práctica modelos de acercamientos diversos, distin-tos, unos validos y otros no tanto. Desde el año pasado hemos venido anunciando la necesidad de tener una estandarización, unos mínimos en materia de buenas prácticas que dictaminen el proceso de relacio-namiento, acciones que sirvan como referente a la industria y también al Gobierno, marcos que demuestren la consolidación de esas buenas prácticas. En ese sentido también suscribimos un convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos que tiene el propósito de formu-lar una técnica de buenas prácticas, elementos que sean un punto de referencia para la industria y la forma en la que se llevan a cabo esos relacionamientos con la comunidad y las autoridades locales.

Va a ser una norma que va a estar dividida en varios capítulos o seg-mentos, tanto en materia de procesos de formación transparente a las comunidades sobre la operación, aspectos relacionados con la inversión social, los procesos de adquisición de bienes y de servicios, contratación de mano de obra y por supuesto recogiendo el andamiaje legal existen-te. También se retomarán buenas prácticas a nivel internacional y en las formas locales; este proceso se va a formular y diseñar en compañía con el ICONTEC, teniendo en cuenta unas etapas muy rigurosas desde el punto de vista técnico, nos basaremos además en la transparencia, y es-taremos volcados hacia la industria y esperando su retroalimentación.

Alfredo Gruber

Nuestro compromiso de actividad social en la zona de Putumayo y las relaciones que se han establecido con el Alcalde, el Gobernador y los líderes comunitarios consolidan una estructura de actuación tripartita. Con motivo de los 101 años de la celebración de la creación de Puerto



Así tuvimos en el programa la presentación del Alcalde y un estudio de factibilidad de una zona franca, el cual se realizó con unos expertos que se contrataron hace algunos meses. En el trabajo que efectuamos nos reunimos, no solamente con el Alcalde, el Gobernador y su Secretario de Gobierno, sino también con empresarios, quienes también partici-paron en talleres que habíamos establecido con este propósito.

La idea de estas discusiones es presentar un proyecto que ya estamos pronto a realizarlo. En este proceso hemos venimos trabajando también con la zona franca de Bogotá, los Ministerios, el APC y ECOPETROL, estamos precisando todas las informaciones que son requeridas para hacer un estudio suficiente para complementar nuestras propuestas. Lo que realmente está detrás de todo esto es dejar algo permanente, impactante, la conformación de un desarrollo industrial alto, amplio, importante, que pueda generarle a los jóvenes de Puerto Asís un nuevo porvenir; que la juventud no sea reclutada por fuerzas irregulares o que tengan que optar por salirse de la región en busca de oportunidades. Al mismo tiempo la idea es asentar la industria, la empresa de servicios, talleres, entre otros elementos, el objetivo es que podamos hacer un de-sarrollo con un verdadero impacto en la región.

El segundo tema que nosotros presentamos fue un anteproyecto de de-sarrollo moderno, urbano, de la ciudad de Puerto Asís. Este estudio lo hemos realizado con una serie de expertos que han hecho este tipo de investigaciones en Europa Oriental África y Latinoamérica logramos con ellos establecer una conexión y un trabajo que vamos a continuar desarrollando y que también fue exhibido tanto al Alcalde como al Go-bernador y al Secretario. Nuestro objetivo es establecer un modelo de desarrollo urbano en una ciudad que está en un desorden muy evidente.

Consideramos que nuestro aporte de financiación es fundamental. La zona franca de Bogotá, por ejemplo, ya estableció su interés en ser ope-rador, es perfecto que la comercialicen, la idea de constituir grupos de ingeniería para apoyar al Alcalde es vital para la constitución de pro-yectos. Esos son los aportes que nosotros haríamos directamente, pues los funcionarios regionales tienen el objeto de componer una mejor ca-lidad de vida para los ciudadanos en la zona.

El tercer programa fue la creación de una escuela deportiva y de fútbol, allí firmamos un convenio con Mauricio “el Chicho” Serna y Carlos

“el Pibe” Valderrama e iniciamos nuestro proyecto de formación. 120 niños fueron seleccionados de todas las veredas de Puerto Asís y ahora tenemos un efecto multiplicador, el Alcalde está haciendo lo mismo con una de las escuelas de Puerto Asís, esta es una actividad que tiene un verdadero efecto social. Con nuestra escuela estamos impulsando un proceso de transformación cultural que se enfoca a través de los niños, ellos son los que unen a la familia y consolidan un factor primordial de transformación social.

Otro programa, del cual estamos muy orgullosos y en el que tenemos un convenio con la Cancillería la Fundación Batuta, se basa en la crea-ción de una orquesta sinfónica juvenil en Puerto Asís. Ese mismo día y con motivo de los 101 años de la fundación de la ciudad, los jóvenes que ya están tomando sus clases nos dieron un concierto con cuatro piezas sinfónicas, fue impresionante, inclusive el Alcalde con sus lágrimas se mostró muy emocionado, y así estábamos todos. Este es otro programa de transformación cultural; la cara de las madres expresaba agradeci-miento y emoción cuando nosotros salimos de la Catedral de Puerto Asís, adecuada para ese evento.

Es fundamental resaltar estos programas tan importantes de formación de la niñez en Puerto Asís, los planes de educación que van a tener estos niños, quienes van a estar aprendiendo y seguramente van a ser gran-des músicos. Estamos muy orgullosos de nuestro director de orquesta, el reconocimiento internacional que él tiene garantiza que podamos también sacar de Puerto Asís a los niños que tengan una visión de vida diferente, que se transforme la perspectiva que tienen en estos momen-tos. Estamos empeñados en todos estos programas que consideramos de gran relevancia e impacto y que pueden ser elementos de transfor-mación en la sociedad.

Moderador. Siendo que las expectativas por parte de las comunidades son altas, y a veces terminan incrementándose por aspectos de carácter político evidenciamos que en distintas regiones la esperanza se centra en la relación con el empleo para los locales y la participación en la fabricación o prohibición de bienes y servicios, este factor frecuentemente termina estando mediado por el tráfico de influencias, por un sistema de corrupción que no contribuye a que se terminen beneficiando los locales realmente. Nos interrogamos entonces por la valoración, desde el punto de vista de lo que se está haciendo en varios



de los municipios, por las acciones para superar estos problemas, ¿dónde se presentan?, ¿qué más se puede hacer para que este no sea un factor de fricción, de conflicto?, ¿qué medidas tomar para que se logre hacer el mejor acompañamiento de los locales, tanto nivel operario como a nivel profesional?

Juan Rivera

En un diálogo proactivo con el señor Viceministro del Interior se pro-piciaron una serie de acercamientos directos con las empresas, y obvia-mente sin menoscabar su derecho a la libre empresa se reconocieron también a las comunidades en donde se desarrollan estos proyectos, concibiendo además que estas tuvieran una participación efectiva y pretendiendo que se beneficiaran socialmente.

Se logró que las compañías vincularan, en los diferentes renglones de exigencia de empleo, a los residentes de estas zonas. Este proceso tuvo logros importantes que se lograron tras las vinculación del Alcalde, que es la primera autoridad local. Tenemos que reconocer, pues hay situa-ciones en las que a veces se presenta un aprovechamiento político por parte de los mandatarios, que es vital organizar un diálogo sincero en el que intervengamos todos, donde se logre un acuerdo para satisfacer las necesidades de la compañía y saber, por supuesto, qué quieren también las comunidades; nadie más conoce su zona que el alcalde, de ahí su imprescindible participación en estos temas.

¿Por qué esa inconformidad se degenera en perturbación del orden pú-blico y al alcalde únicamente lo dejan con el comandante de policía?, Como primera autoridad se tomaron medidas para evitar el uso de formas de represión, obviamente ningún alcalde va a querer realizar estas acciones encima de su comunidad, quienes han sido los que lo han elegido; se logró entonces que la generación de oportunidades de vinculación a los proyectos se hiciera efectiva. Reflexionando un poco vemos con preocupación que muchas de esas oportunidades que se han brindado por las compañías han disminuido, que hoy se presenten pro-blemas de orden público obedece a ese factor. Finalizo advirtiendo que en cuanto a la infraestructura local compartida por las comunidades y las compañías operadoras la experiencia ha sido positiva en los últimos tiempos.

Moderador. La protesta social es un derecho constitucional, pero en ocasiones estas acciones están terminando en la paralización de la in-dustria. Existe la Ley de Seguridad Ciudadana en la cual se establece que la obstrucción de vías, en especial, es un delito. ¿Esta ley se está aplicando?, ¿En la medida en que se distinga la protesta social qué hay que hacer para que se aplique?, ¿qué medidas se establecen para que la protesta no paralice la industria, sobre todo a través de la obstrucción de vías?


Desde el Ministerio, y con la ayuda de muchas de las personas que tra-bajan en la industria, hemos hecho un listado de cuáles son las causas por las cuales se hacen protestas y especialmente hay bloqueos. La ver-dad es que la primera motivación son las vías, como sabemos todo el país se está paralizando por la calidad de las mismas; muchos de los problemas también tienen que ver con acuerdos que se hicieron ante-riormente y que se han incumplido, estos fenómenos traen como resul-tado la acción de la protesta.

En el punto al que volvíamos con anterioridad yace la segunda causa por la cual en esos departamentos la gente está bloqueando: el tema de contrataciones y suministro de bienes y servicios para los locales. Ya no estamos hablando de un tema estrictamente laboral, sino el cómo se contrata una y otra serie de bienes y servicios en estas zonas; es im-portante señalar también la manera en que se genera un tema de aspi-raciones sociales, consideraciones que realmente no tienen una relación directa con la empresa pero que efectivamente las afecta porque se pa-raliza su producción. Posteriormente existe un tema de servidumbres y luego viene un contenido de gestión ambiental; la verdad es que este año no se han presentado paros, no se han originado bloqueos por te-mas estrictamente ambientales, probablemente dentro de la argumen-tación hay un tema ambiental, porque sí ha habido solicitudes, pero este no es el un núcleo esencial de la protesta.

Finalmente identificamos otros temas que tienen que ver con la Ley de Regalías y una inconformidad bastante generalizada, el descontento con la empresa y el Estado. Hemos percibido que existen tres formas de hacerle frente a esta situación. Evidenciamos que de 2010 hasta 2012 se ha incrementado en el 383% el número de protestas en este sector.



Hemos adelantado tres tipos de medidas que nos permiten, de alguna u otra manera, hacerle frente a esta situación. La primera concierne a un tema estrictamente misional; en lo que el Ministerio debe esforzarse es en coordinar todo un proceso de consulta previa. Este sistema de aná-lisis está encabezado por el Ministerio y se desarrolla todo un trabajo interinstitucional. Cabe destacar que en el 2010 teníamos 40 solicitudes de consulta previa, en 2012 la cifra subió a 1400, realmente hay que adaptar constitucionalmente, no solo al Ministerio sino a toda una serie de entidades públicas para poder hacer frente a esta situación, es im-portantísimo fortalecer institucionalmente las autoridades locales, los departamentos y municipios.

En la Constitución de 1991 se habló de centralización de competencias, desconcentración de medios y una serie de figuras que no fueron nunca desarrolladas por la ley. No obstante y teniendo una normatividad que hablaba de esos elementos, no existía un plan, no poseíamos una Ley de Ordenamiento Territorial que por fortuna este Gobierno se puso en la tarea de hacer. Hoy no solamente contamos con esta Ley, sino además con la Ley de Municipios, la Ley de Distritos, la de Áreas Metropolita-nas y la de Participación Ciudadana, que actualmente está en la Corte Constitucional para su revisión, es decir, en estos días sí contamos con un marco legal que nos permite actuar, no solamente a nosotros, sino especialmente a las autoridades locales, quienes son las que finalmente necesitan enfrentar muchas de las situaciones que estamos discutiendo. Entonces, en ese tema y en ese marco legal, nosotros hemos actuado para poder obtener un contexto en el que se pueda desarrollar nuestra labor, un espacio propicio para la generación de acciones por las auto-ridades locales.

Finalmente nos encontramos con un tema que también, desde esa mis-ma mirada de descentralización, nos impide a nosotros como Gobierno nacional —lo que a veces el ciudadano común no percibe es que en muchos temas el Gobierno nacional es jefe de los gobiernos locales, es decir, no se puede dar una orden e inmediatamente hacerla cumplir desde esta instancia nacional—, dirimir en el acto las problemáticas. En esta cuestión nos trazamos el objetivo de realizar una serie de visitas a todos los departamentos. Efectuamos viajes a los 32 departamentos de Colombia, vamos allá, hablamos con la gente, les mostramos sus obli-gaciones legales y hallamos la posibilidad de ayudar a las compañías.

Coordinar un elemento que todos los gobernadores y alcaldes deben concebir, un plan integral de seguridad y convivencia, exige que no-sotros intervengamos bajo la premisa de asesorarlos para lograr com-prender a qué obliga la ley, qué se puede hacer. Desde el Ministerio les expresamos qué se tiene que hacer, nuestro objetivo es posibilitar que ellos se empoderen de sus funciones, tengan claro qué medidas tomar, hasta donde pueden llegar, cómo lo pueden hacer, finalmente propiciar un contexto para que la solución se dé. Esto es lo que tiene que ver con nuestro aspecto misional.

Hay un tema de prevención que busca y tiene un fin prioritario de ad-vertir, esta es un parte esencial que desde el Ministerio creemos que se debe abordar. Luego aparece un fortalecimiento de todo el tema de jun-tas de acción comunal y un trabajo serio que agrupe nuestra labor. En este elemento finalmente se tiene un problema serio en cada uno de los departamentos: una especie de intermediación laboral que en muchos casos trae también unos costos para el que trabaja y unos beneficios para quien sirve de intermediador. Hoy precisamente estamos traba-jando para poder evitar ese tipo de figuras y además lograr un proceso de fortalecimiento de esas juntas de acción comunal. Inicialmente les decía que el Ministerio tiene un tema de participación ciudadana, en ese punto estamos trabajando de manera conjunta con las juntas de acción comunal con el fin de propiciar la adecuación de programas en formación de formadores, adicionalmente nuestro objetivo es elaborar una serie de figuras que nos van a permitir llegar hasta cada uno de ellos.

Finalmente está el tema reactivo, en el que a partir de varias discu-siones se logró articular un protocolo para la atención de este tipo de crisis. Es decir, hacer que cada uno sepa qué tiene que hacer, cómo lo puede hacer, quién es competente para qué, hasta dónde se puede lle-gar; definitivamente, y como lo señalábamos con anterioridad, una de las principales causas de conflictividad se encuentra en el hecho de que hayan sido incumplidos los acuerdos previos, parte de la solución está en saber qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros, cuándo vamos a resolver los conflictos actuales. En estas preguntas juega una parte esencial lo que nosotros estamos trabajando desde el Ministerio.



Moderador. Eduardo realizó una destacable mención a la labor que cumple su Ministerio, como bisagra entre las entidades territoriales y las empresas. Por qué no nos amplía sobre lo que están trabajando y qué hallazgos han encontrado.

Eduardo Junguito

Hemos estado trabajando en algunos capítulos de lo que conformaría la norma de buenas prácticas, se han identificado algunos aspectos en los que podemos establecer unos protocolos o unos parámetros mínimos que pueden contribuir en evitar la formación de fenómenos de con-flictividad social. Adicionalmente se han hecho esfuerzos en lo que se refiere a los procesos de acompañamiento de la institucionalidad, en el momento en que se van a determinar los montos y las destinaciones de la inversión social o en los procesos de concertación con la comunidad en temas referidos a la contratación de mano de obra o la adquisición de bienes y de servicios.

En varias ocasiones hemos identificado que en los conflictos no hay un proceso verdaderamente metódico de acompañamiento de la institu-cionalidad como un todo, no solamente se trata de trabajar con el jefe de acción comunal y quienes conforman la junta, sino de realizar un labor conjunta con los lideres, es necesario, desde el punto de vista ins-titucional global, adelantar acciones que permitan elaborar un conoci-miento generalizado dentro del municipio, y si es necesario dentro de la región, de lo que se está acordando y de lo que se está haciendo. Este proceso, que puede ser que no garanticen un 100% de efectividad en el tratamiento del conflicto social, es una debida diligencia que permi-te crear blindajes en el proceso de concertación con las comunidades; hemos visto ya en reiteradas situaciones que varios acuerdos se hacen marginalmente y de manera dispersa en un municipio, de tal forma que cuando nos acercamos al alcalde este no tiene un buen conocimiento de lo que la compañía está haciendo, de qué actividades está desarro-llando, ahí es donde se pueden dar los quiebres. Hemos visto que es natural que el Alcalde establezca más simpatías por la comunidad en vista de que hay unas diferencias en la interpretación de los acuerdos de la compañía y la población, se hace difícil entonces, ya en una situación de conflictividad, pedirle al Alcalde que tome partido por la empresa.

De manera que ese tipo buenas prácticas, como por ejemplo el acom-pañamiento institucional desde el primer día, se deben llevar a cabo sustentando esfuerzos con toda la constitucionalidad, no solamente el alcalde, sino trabajando mancomunadamente y en la medida de lo posible con los organismos de control, que de alguna forma también generan unos pesos y contrapesos dentro del mismo acuerdo con la co-munidad. Ese es el tipo de aspectos que hemos venido identificando y de manera reiterativa en los fenómenos que generan conflictividad social. Definitivamente estamos convencidos que cumpliendo estas de-bidas diligencias, con esas buenas prácticas, vamos a evitar buena parte de estos fenómenos.

Moderador. Surgen algunos interrogantes a partir de las intervencio-nes de todos los panelistas, es necesario preguntar entonces, si desde la perspectiva de la Asociación se ha tenido la oportunidad de ver más a fondo qué esperan los alcaldes, cuáles son las expectativas de las admi-nistraciones locales y buena parte de las empresas que actualmente es-tán haciendo principalmente trabajos de producción o de exploración. El punto es saber qué espera la Asociación de las empresas, desde esta perspectiva qué visualización hay de futuro. Conocemos que una cosa es el tema del empleo, que es una problemática de carácter coyuntural, si de pronto la comunidad participa en la producción de bienes y servi-cios, el interrogante es qué va a pasar el día en que se vayan las empresas de una región, qué esperar que deje la compañía para ese municipio, para esa región y esa comunidad.

Juan Rivera

Como personas preocupadas por el desarrollo del proyecto esperamos, y con gran expectativa, que las compañías se queden, que contribuyan a esas comunidades allí asentadas. Nosotros buscamos acciones, que aunque previamente ya se han venido dando, logren que se le comuni-que a los mandatarios locales los proyecto que se van a desarrollar y el impacto que los mismos podrían tener en la zona.

Nuestro propósito es que haya una concertación de las compañías con los alcaldes en el uso y compartimiento de la infraestructura de la zona. Vemos que muchos de esos conflictos se generan porque obviamente para las compañías no es obligación ni construir ni reparar las vías que están en estos municipios, sin embargo estas sí la utilizan; yo creo que



una concertación con los alcaldes debe, en el porcentaje que correspon-da conforme a la utilidad de las empresas, la realización de algún aporte de este sector a la infraestructura, sabemos que una sobre utilización quiebra técnicamente su capacidad de peso.

Con lo anterior se advierte que esas vías terciarias que regularmente quedan en zonas apartadas y rondando unos municipios que tienen uso de presupuestos ínfimos, que en muchas ocasiones únicamente co-rresponden a los recursos que les envía el Gobierno nacional y carecen absolutamente de todo, necesitan de los efectos de una concertación con los alcaldes y las compañías; finalmente debemos procurar que la utilización de esa infraestructura y la construcción y reparación que sea necesaria también sea compartida. Tenemos que tener presente que el simple hecho de que se desarrollen proyectos de este tipo en estas zonas quiebra a todas luces su normal desarrollo, su modus vivendi se trans-forma totalmente. Además, si eso pasaba cuando se tenían unas regalías directas con una destinación libre por parte de los alcaldes, pues esta problemática se ha acentuado mucho más ahora que las regalías son centralizadas, lo que antes le correspondía a los municipios y las enti-dades territoriales productoras se ha repartido en lo que actualmente se llama “la mermelada”, una parte de toda la torta. Hemos probado en los municipios productores el sabor de esa mermelada y comprobamos que el sabor es de mora, demora en la repartición de regalías, demora en la aprobación de los proyectos, demora en el giro de los recursos y demora en absolutamente todo.

Prueba de ello es que de los 26 billones de pesos que publicita el Go-bierno nacional en los medios, solamente fueron en 2012 más o menos 12.5 billones, de los que lograron ser ejecutados, no por incapacidad de los municipios, sino por lo engorroso del trámite para el desarrollo de los proyectos, únicamente el 5% de ese año, ¿podemos creer que esto es operativo?, ¿eso es efectivo?

Obviamente la corrupción que se desea combatir se ha trasladado a todo el país; los municipios no tienen una infraestructura administra-tiva que les permita a ellos por si solos estructurar esos proyectos que tienen que ser aprobados. Por ejemplo, para construir una escuela, se necesita que otro alcalde dé su aprobación, que el gobernador manifies-te su visto bueno y que el Gobierno nacional, que no conoce la realidad de la zona, termine por dar su consentimiento al proyecto y la ejecución

de 200 millones de pesos; los alumnos se quedan sin escuela, los pro-fesores sin sueldo, los proyectos sin ejecutar, las necesidades continúan aumentando y mientras tanto los recursos dormidos en las cuentas. El Gobierno nacional, para quitarse ese peso de la presión de los alcaldes, en las reuniones que se establecieron en este mismo escenario hace ya veinte días, se terminó con la promesa del señor Presidente para que los recursos fueran girados. Y sí los giran, es verdad, ahora no están en las cuentas nacionales, sino en las cuentas municipales, pero no se pueden ejecutar porque los OCADS no funcionan.

Cómo es posible que a los funcionarios del Gobierno nacional que están encargados de la gerencia de los OCAD los cite el Alcalde de Barrancas en Guajira, estos los convoquen a Riohacha y la respuesta sea “es que yo únicamente puedo estar en el aeropuerto de Riohacha una hora, por-que si me extiendo el vuelo de regreso me deja, entonces váyase allá, elaboramos un actica y después miramos qué hacemos para aprobarle el proyecto; pero el proyecto tiene que ir para Bogotá”. Ahora, imagine-mos que los municipios que tienen un presupuesto de dos mil millones de pesos y por regalías les dan mil millones, gastan más en la acción de trámites, dejan de estar en sus municipios y tienen que ocupar su tiem-po en pura burocracia, trámites y traslados, los alcaldes dejan de admi-nistrar por irse a Bogotá; ustedes encuentran las colas de los alcaldes en el Departamento Nacional de Planeación, rogando el favor que les aprueben los proyectos, por su parte los funcionarios de orden medio dicen “yo le ayudo, pero usted sabe”. Y si no se logra ese trámite, ¿en-tonces les toca recurrir a qué? “Señor, pero para que le aprobemos eso necesitamos que usted se apadrine del congresista, porque esas zona se le asignó a determinada persona y tiene que ser así”.

Esta situación ocurre en la realidad, con toda franqueza la pongo sobre la mesa para que entre todos proactivamente pongamos el dedo sobre la yaga y se asuman responsabilidades de acuerdo al rol que le corres-ponde a cada quien. Es vital que los papeles designados los desarrolle-mos de una manera efectiva para que los recursos de las regalías efec-tivamente lleguen a estas comunidades, que muchas veces presionan a las compañías porque la responsabilidad del Estado se diluye por la tramitología, entonces, y como las soluciones no llegan, la población le insiste a la empresa argumentando premisas como “ustedes, que están aquí desarrollando este proyecto, háganme el favor y nos solucionan los



problemas”, luego vienen los desbordamientos de orden público, y a los alcaldes, las autoridades y a los policías únicamente les queda, como ya se ha mencionado, intervenir con los ESMAD para controlar el orden público, porque desde luego no se puede perturbar.

Ahí radican muchos de los problemas que se generan, simplemente por la falta de operatividad efectiva. Los OCADS son organismos absoluta-mente inoperantes, ¿cómo es posible que para aprobar un proyecto, por ejemplo en Putumayo, tenga que trasladarse un funcionario del orden nacional a darle el visto bueno a la propuesta, acercarse a una zona que no conoce, porque físicamente le es imposible tener una visión exacta de qué es lo que pasa? Entonces, y simplemente por un tecnicismo de un formulario, el cual dice que si usted no llenó esta casilla se le obli-ga al representante a devolverse de nuevo a San Miguel (Putumayo); “devuélvase con su proyecto y tráigalo a los quince días, le faltó otra cosita acá” la persona no tiene más alternativa, eso es inoperante. Los funcionarios del orden nacional tenemos que conocer la idiosincrasia, las verdaderas necesidades de las regiones, esto con el fin de que en-tre todos, de una manera proactiva, busquemos una solución para que efectivamente las necesidades se puedan suplir, alimentar de acuerdo a quien esté con la responsabilidad a su cargo.

Moderador. En lo que a mí respecta tengo que expresar que esta es una situación de la que el Gobierno nacional es muy consciente, tenemos que tomar nota para tratar estos problemas, que son en realidad muy serios.

Continuamos. Se habló de la importancia de la participación comunita-ria, no obstante a veces surge la impresión de que hay algo de temor con esta. A veces la participación comunitaria termina siendo o una especie de obstáculo para el avance y la consecución de los proyectos estratégi-cos y las inversiones estratégicas mediadas por todo tipo de intereses o un elemento que puede ser facilitador de los objetivos. ¿De qué manera entonces, desde el punto de vista del Ministerio del Interior, se puede hacer que la participación comunitaria sea más un elemento facilitador para fortalecer las iniciativas y no un obstáculo o un mecanismo de chantaje?


La respuesta sería la realización de un trabajo conjunto. Aquí no es opción —y efectivamente creo que ninguno de nosotros lo está ha-ciendo— satanizar ni a las empresas ni a quien protesta, finalmente todos tenemos derechos fundamentales. No podemos partir de la base que la empresa, como se dice frecuentemente, “viene, explota nuestros recursos y se lleva la plata, entonces nosotros quedamos aquí, todos fregados”, también sería irresponsable aducir que “hay unos tipos que quieren atravesarse en todo tipo de desarrollo”. Creo que en el trabajo conjunto de la industria con el Gobierno nacional, a través de todas sus entidades, está la respuesta para evitar que precisamente esto pase.

Tenemos la certeza de que a través del fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal, por ejemplo, vamos a lograr solucionar un tema de contratación de personal, este es un aspecto en el que se puede labo-rar conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Actualmente estamos haciendo un trabajo desde nuestro Ministerio y con las personas que se ocupan en este tema, la traza es poder sentarnos con ellos y llegar realmente a una solución que permita impedir la intermediación la-boral, finalmente lograr que ese tipo de participación ciudadana y de organizaciones cívicas, que efectivamente tienen que ser fortalecidas por el Estado, tengan la posibilidad de actuar dentro del marco de la ley. Reitero entonces que la solución es un trabajo conjunto, el cual, en última instancia, nos tiene aquí a todos reunidos.

Moderador. Entre otros elementos se mencionó el de la impunidad, que seguramente por dificultades existentes, se ha tenido en Putumayo, ¿que se requiere, incluso en el aspecto concreto donde ustedes están operando, para lograr que el sector Justicia pueda cumplir mejor con su labor en este contexto?

Alfredo Gruber

Previamente quiero exponer algunos apuntes sobre las inversiones de la industria. El año pasado ascendieron a 5.377 millones de dólares. La adquisición de bienes y servicios, que le da un desarrollo y un impacto económico a todas las regiones, ascendió a 37.5 billones de pesos, de los cuales 149 millones corresponde a compras locales. El empleo en el 2011 por parte de la industria generó 145.832 puestos y para 2012 pasó a 150 mil. Los proyectos sociales que se realizaron en todo el territorio



nacional ascendieron a 762 mil millones de pesos, de los que 241 mil millones fueron de inversión directa de las operadoras y el resto fue jalonado para apalancado por los diferentes organismos del Estado. En infraestructura y adecuación de vías se invirtieron 279 mil millones de pesos, se hicieron 10.600 socializaciones y ya van más de 11 mil las que se están haciendo este año, además hay 107 procesos de consulta. El fis-co recibió 31.7 millones de pesos como resultado de impuesto a regalías.

Estas son cifras realmente impactantes, impresionantes. No obstante nos preocupan por el alto grado de conflictividad al que hemos llegado en la industria petrolera, su impacto, el cual se manifiesta en bloqueos, atentados terroristas, disturbios y extorsión. Fíjese que en el 2010 hubo 91 bloqueos, en el 2011 ocurrieron 171, en el 2012 la cifra ascendió a 308 y ya para el 2013 vamos en 138, un escenario que inclusive va a superar las cifras del 2012. Esta es una situación que se presenta signifi-cativamente en los departamentos de Santander, Casanare y Meta, por supuesto que también en Putumayo.

Además de esto tenemos el problema de los atentados terroristas, que se han incrementado enormemente. En el año 2010 hubo 31 atentados a la W, 84 en el 2011, 153 en el 2012 y actualmente ya vamos en 64. Estas son situaciones que causan, además de serios problemas operaciona-les, una serie de pérdidas sustanciales de dinero y sobre todo también para la industria, de manera que esto imposibilita que sus ganancias puedan ser reinvertidas en sus actividades; esta es una situación a la que hay que buscarle solución. Estamos planeando alternativas, preci-samente en Putumayo, la idea es elaborar actividades sociales de apoyo más intensas, fortalecimiento institucional, de las organizaciones, la conformación de talleres que hacemos con la Junta de Acción Comunal —inclusive tuvimos un taller en Bogotá en donde trajimos a todos los presidentes de las Juntas Comunales, durante dos días nos encontra-mos con el objetivo de hallar esquemas para evitar este tipo de obstruc-ción y de restricciones que no nos permiten operar de forma normal—. De igual manera hicimos diversos talleres con los periodistas para que ellos entendieran de qué se trata la actividad petrolera y su efecto en la economía de las regiones, el desarrollo. Estos son algunos de los esfuer-zos que estamos haciendo.

Se hablaba entonces de la impunidad, en efecto, voy a plantear una anécdota; un señor de apellido Ríos, allá en Putumayo, era uno de los

principales afectados, frecuentemente lo bloqueaban por cualquier ra-zón, no había forma de evitarlo, eran cuatro o cinco personas quienes en muchas ocasiones obstruían la vía. Nosotros, efectivamente, y si-guiendo el protocolo, realizamos las denuncias penales correspondien-tes, pero nada ocurrió; el Fiscal no actuaba porque estaba amenazado, el Alcalde actual tampoco, sencillamente había una situación muy es-pecial en la zona, y bueno, es de entender que haya una actitud de pa-ridad; no sucedía nada. Esta ocurrencia precipitó a que tuviéramos que tomar otras medidas.

Esa es la situación para tener en cuenta, en la que unos bloquean bajo cualquier pretexto y nosotros no evidenciamos que haya la correspon-diente acción por parte del Estado, no se toman medidas contra perso-nas que irresponsablemente paralizan actividades, nada ocurre.

Moderador. El Ministerio de Minas es el que lidera la entrada a este sector. Hemos escuchado discursos sobre aspectos que van bien y otros que presentan serias dificultades, podemos destacar problemáticas en temas de licenciamiento, consulta previa, orden público, protestas, blo-queos, etc. Estamos ante una ventana de oportunidad que se amplía o se cierra y la inversión toca a la puerta una o dos veces, pero no tres, el que no encuentra las condiciones implemente se va.

¿Qué más se puede hacer desde el punto de vista del Ministerio de Minas para que esa ventana de oportunidad no se cierre, que ojalá se amplíe, que estas inquietudes, en las que reflexionan diferentes secto-res liderados por el Ministerio del Interior, logren ser superaradas y se consiga una situación de ganancia, tanto para el país como para las em-presas, como en las comunidades y en este propósito igualmente para la industria?

Eduardo Junguito

El sector extractivo, tanto el sector minero como el de hidrocarburos, en este momento está en una etapa que es distinta a la que se encontraba hace cinco o seis años. Cuando se expidió el Código de Minas en 2001 el incentivo fue atraer inversionistas y que aprovecháramos de la mejor manera nuestros recursos mineros; hoy, con la expedición de la Ley Nacional de Desarrollo, lo que ha hecho el Gobierno es proclamar la consigna “vamos a seguir impulsando el sector extractivo, por ejemplo el sector minero, pero lo vamos a hacer con unos criterios de respon-



sabilidad ambiental y social”, esta es la nueva variable que conforma el panorama que tiene el país en lo que respecta al escenario de hace unos años.

De alguna manera el país está dando la oportunidad de apostarle al sector, de avanzar elevando los estándares de la industria. No cabe duda que en principio esto pueda generar mayores costos, se puede provocar un resentimiento en la medida en que la industria se adapta a esos nue-vos estándares, tanto ambientales como sociales.

La voluntad política reflejada a partir de la Ley Plan Nacional de Desarrollo es caminar en esa vía, desarrollar el sector minero energético, pero no a cualquier precio, el objetivo es hacerlo mejorando nuestros estándares ambientales y sociales; en este sentido se construyeron varios aspectos en materia de prioridad de la conservación de determinados ecosistemas, ahora con la expedición de nuevas leyes se promueve la participación local en los procesos, en las actividades a nivel regional y local, pues se están suscitando esos nuevos niveles de responsabilidad social. Creo que esta es una etapa de madurez de la industria extractiva en Colombia, puede ser ambiciosa, pero el país le está apostando a eso, a una industria responsable en lo social y lo ambiental; tomamos como modelos y parámetros las experiencias que han sido exitosas en otros países en donde se ha desarrollado el sector de esa manera. Hemos visto casos en países desarrollados y en vía de desarrollo que han logrado ajustar la industria a esos nuevos estándares, esa es la apuesta que tiene el país desde la expedición de la Ley del Plan.

Moderador. Hemos llegado al final, se trataron temas relacionados con el trabajo y el desarrollo social, las expectativas y los problemas. Creo que en este escenario lo importante es entender que aquí solamente hay oportunidades, desafíos que se pueden alcanzar en la medida en que todos laboremos de manera conjunta.

Los elementos clave en la identificación de una agenda

compartidaErnesto Borda Medina

Director de Trust. El valor de la confianza.

Es necesario realizar una reflexión alrededor de los fun-damentos de una agenda común entre el Estado, las em-

presas y las comunidades, no quiero dar mi punto de vista de cómo debe actuar el Estado con las comunidades y las empresas en el despliegue de esfuerzos para hacer viable la industria en el territorio, quiero realizar una introversión que tenga que ver en cómo el Estado, las comunidades y la industria pueden trabajar en una agenda común para hacer viable al Estado. La realidad es que los problemas que enfren-ta la industria petrolera y minera sobre el territorio no son muy distintos a los que desafían a cualquier ciudadano en esos territorios, espacios que están desprovistos de condicio-nes de institucionalidad y desarrollo.

Es claro el aporte del sector minero-energético al crecimiento económico del país, de eso nadie puede tener duda, lo que no es evidente es su contribución a la gobernabilidad y el de-sarrollo de las regiones en donde esta actividad ocurre. Las noticias realizan un cubrimiento del sector, en los informes positivos se destacan los asuntos del crecimiento económico y los negativos generalmente se enmarcan alrededor de los problemas regionales y territoriales, asociados con esa falta de gobernabilidad y desarrollo.

Uno podría decir, para utilizar el lenguaje del gobierno, que una verdadera locomotora de la prosperidad tendría que atender los dos frentes a la vez, asegurar que su actividad contribuya efectivamente al crecimiento económico y adi-cionalmente asegurar que su actividad favorezca de manera


efectiva el mejoramiento de la calidad de la vida de la gente asociada a los entornos en donde ocurre la actividad. Sin embrago esto no es lo que pasa, nuestra coyuntura oscila entre el conflicto y la contradicción; o la industria actúa en escenarios en los que se considera que su actividad deteriora —o por lo menos no aporta— las condiciones de gobernabili-dad y de desarrollo, o es seriamente cuestionada y enfrentada. Hoy hay sectores que afirman que es mejor no tenerla, piensan que no son nece-sarios sus impactos en los territorios en donde ella pretende operar; no es mi intención detenerme en los casos, existen cientos de noticias en el día que ejemplifican esta realidad. ¿Cuál es nuestra coyuntura?, si a uno le preguntan en un ascensor qué es lo que le pasa a la industria uno puede contestar simplemente diciendo “esta es una industria que opera, moviliza y genera recursos en territorios desinstitucionalizados”.

La industria está operando —hoy los constatamos en los mapas del Vi-ceministro de Defensa— en los territorios del conflicto, en las zonas marginales, las periferias institucionales y políticas. Operamos en terri-torios donde hay recursos, violencia y al mismo tiempo no hay votos; la oferta política es deficitaria en los espacios de trabajo de esta industria, por tanto la oferta institucional es muy limitada también en esos mis-mos entornos.

Los epicentros de la actividad energética son periferias de la actividad política. La industria se constituye en territorios que por muchos años ha abandonado la nación. Estamos hablando de lugares que se dieron la espalda con el país; Arauca indómita, Arauca Saudita, un lugar del que se habló desde principios de los años 80; de un Casanare furioso, resentido y en bronca histórica contra el Estado, que empezó su bonan-za al tiempo con la descentralización política de 1991 y que vio las po-sibilidades de una autonomía en la administración de los recursos; De Putumayo no hay ni que hablar, el desarraigo, la desesperanza; los terri-torios nacionales, llamados así anteriormente, son áreas operacionales, Caquetá, Norte de Santander, espacios ubicados en nuestras fronteras,, son zonas que le dieron la espalda al Gobierno. Un Estado que les decla-ró la mayoría de edad pero que las dejo huérfanas en el 91. Zonas ricas, donde el problema no es la falta de recursos, sino de una abundancia sin reglas de juego; es ese el contexto que vemos sobre el territorio.

¿Cuál de las regiones en donde opera la industria petrolera o minera no recibe regalías, qué zona no recoge cuantiosísimos recursos como

resultado de la actividad y no es capaz de eslabonar bienes y servicios? El problema es que todo esto ocurre en el contexto de un profundo desorden, derivado en la ausencia de reglas del juego, provocado por el abandono de las instituciones, que más que edificios y funcionarios son una serie de normatividades en la mente de los pobladores. Estamos hablando de regiones a las que se movilizan muchas personas en busca de una opción, que incentivan los procesos migratorios; nos referimos a regiones en las que los jóvenes se van construyendo al compás de la actividad y en las que realmente las posibilidades de inclusión se ven seriamente frustradas, un contexto en el que tenemos a cantidades de excluidos; esa no es la historia petrolera, esa es la historia del país. Po-dríamos quitarle la temática del petróleo o la minería a este asunto e igualmente evidenciaríamos que este es un país en donde los conflictos están mediados por el tema de la inclusión; tenemos además el conflic-to armado, que ha enfrentado a la guerrilla con las instituciones del Estado, el Estado colombiano y con toda la sociedad colombiana por años. Se trata de un fenómeno de exclusión, y en la actual coyuntura esto sí que es fundamental comprenderlo; la problemática gira en torno a regiones en las que hace algunos años la insurgencia quiso sustituir al Estado, reemplazarlo, convertirse en Estado como resultado de su po-der militar y político. Hoy esa guerrilla, derrotada en esos propósitos, se da cuenta sin embargo que tampoco el Estado ha sido exitoso en estos espacios, que hay una oportunidad de competirle en el ejercicio de la soberanía sobre ellos.

El proceso de paz no es otra cosa que eso —y lo evidencian las declara-ciones que hemos podido leer del concejero de paz Jaramillo respecto a la óptica que el propio Gobierno tiene acerca del proceso de negociacio-nes de La Habana— exactamente el contenido de la agenda sustantiva por la paz es la reforma agraria integral, la lucha contra el narcotráfico, la participación política que se expresa y se concreta de una manera muy directa en torno al ejercicio de poder sobre los territorios y, claro está, sobre los grupos legales y los que están buscando la legalidad; se le está compitiendo al Estado, no solamente el territorio, sino la población que allí se asienta; nuestra industria es un claro catalizador de esfuerzos políticos que buscan afianzar esas posibilidades de poder sobre el terri-torio. Ese es el panorama, unas áreas desinstitucionalizadas con abun-dancia y que movilizan intereses de poder político en grupos legales y aquellos que están buscando su incursión a la legalidad y que por años

167Los elementos clave en la identificación de una agenda compartida


quisieron influir y ser Estado en esos enclaves. ¿Una agenda para qué?, para instalar las reglas del juego.

Si me preguntan, en esta coyuntura nacional, qué convoca al Estado y qué reúne a la comunidad y a la industria petrolera, veo que la necesi-dad no es simplemente la de viabilizar la industria, sino la de viabilizar al Estado sobre el territorio. Tendríamos que decir que nuestro desafío se traza en la construcción de reglas de juego con la gente y para la gente. De la población asentada en esos territorios poco hablamos, el al-calde de Puerto Gaitán dice que al suyo llegan entre 250 y 300 personas al día buscando una opción, no en la agroindustria ni en otras activida-des propias de la región, sino específicamente en la industria petrolera. ¿Cómo administrar una agenda para darle satisfacción a los intereses de tantos desesperanzados que se movilizan hacia nuestros territorios?, ese es el problema real, la contrariedad de los paros, los bloqueos, las oposiciones a la industria, las maldiciones que recaen sobre ellas y sobre las comunidades; los problemas reputacionales están asociados a una gente que ve frustradas sus expectativas.

Armar una agenda alrededor del afianzamiento de las reglas de juego y trazar el propósito de crear la institucionalidad con la gente y para la gente, se vuelve algo absolutamente fundamental que, aunque no es algo fácil de entender, nos convoca a conversar sobre los aspectos intan-gibles contenidos en una industria que se deleita y a la que le gustan los resultados palpables, más que los procesos. Se entiende que la industria lo que tiene que hacer es materializar los cambios, a algunos les cuesta mucho trabajo comprender que también existen procesos sociales, sen-deros que posibilitan la construcción de unos desarrollos políticos que a pesar de ser lentos son muy importantes; el camino es a veces más gratificante que el resultado, lo que se opta para llegar a él.

Es fácil decir que en una óptica de la contribución de las empresas a los territorios, estas desarrollan la construcción de puentes, establecen escuelas, se estructuran acueductos o se dan soluciones en materia de salud. La pregunta que queda está enfocada en reflexionar si esto cons-truye los lazos, si se tejen los vínculos que se tienen que construir en un país desintegrado, en un espacio en el que en las propias instituciones no hay una articulación de los niveles de gobierno y los alcaldes, go-bernadores y el Gobierno nacional escasamente se miran mutuamente para construir juntos; definitivamente el concepto de Unidad Nacional

no se ha hecho realidad. Construir los bienes públicos y la constitución de las discusiones sobre los derechos humanos, que son bienes públicos inmateriales, merece tener una agenda propia para su planeación y de-sarrollo, ¿a cuántos lugares llega la industria y en cuántos la comunidad responde pensando? ¿Qué necesidades va a satisfacer esa industria? Te-nemos que tener en cuenta las necesidades que requiere la propia gente y que muchos desconocen, a veces condenamos a las propias comuni-dades a hacer una lista rápida de aquello que creen que pueden capturar como beneficio de la industria petrolera; finalmente se acaba por cum-plir sus deseos y muchas veces estos los condenan.

El desarraigo es un fenómeno terrible y en el que estamos trabajando con comunidades afectadas en los entornos operacionales. ¿Cuántas de las comunidades que le hacen paro a la industria petrolera son realmente de origen en los entornos operacionales?, ¿quién ha hecho el inventario de las veces en que estas comunidades son migrantes, nómadas que van en busca de opciones que incluso llegan después de la actividad petrole-ra, pero que se asientan en esos territorios para legitimarse como pobla-dores que necesitan capturar las oportunidad que esta industria ofrece?, ¿cómo estamos atendimiento eso?, ¿lo estamos atendiendo bien?, ¿esta-mos aplicando los recursos en función de generarle orden a ese caos? O más bien, ¿estamos aplicando recursos para agravar y fomentar aún más y estimular ese desorden? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer en función de la construcción de una agenda. ¿Cómo generamos entonces el arraigo?, ¿cómo forjamos la inclusión?, ¿de qué manera lo-grar la inclusión de tanta gente que está viviendo sin bienes o servicios y pueda eslabonarse?, ¿cómo avanzamos en esa dirección? Un punto para reflexionar es indagar cómo le ponemos realismo a este asunto, consi-derar efectivamente las expectativas de la gente sobre la actividad y lo que se puede o no al respecto. En este sentido ¿cómo trabajamos con las comunidades y no solamente para las comunidades?, ¿cómo trabajamos en las comunidades?, ¿cómo activamos procesos que generen vínculos?, ¿de qué manera acercamos a las instituciones del Estado para cumplir ese propósito?, ¿cómo pintamos el futuro todos juntos?, ¿de qué forma definimos ese futuro? El Ministro del Interior ha asegurado, y con ra-zón, que la paz está en las regiones.

El Ministro afirma que se requiere un nuevo sistema de regulación en las relaciones entre el Gobierno nacional y los territorios, actualmente



se está siguiendo un proceso de empeño que contribuya al desarrollo de la Ley de Ordenamiento Territorial, sistema que hace parte de los propósitos del Gobierno. ¿Qué significa esto?, ¿simplemente hacer unas reformas para avanzar hacia una descentralización que condena al ais-lamiento y la ruptura de las relaciones entre los niveles de gobierno? No, es todo lo contrario, en esa discusión la industria puede ser una bisagra. Nosotros somos agentes permanentes en territorios y con vo-cación de permanencia en los espacios desinstitucionalizados, en com-petencia política, donde el Gobierno y el Estado necesitan consolidar la soberanía y los servicios del Estado de Derecho; esta industria tiene la capacidad de generar esas condiciones y de contribuir efectivamente a que en esos territorios el Estado pueda movilizar de una manera mucho más efectiva su propia agenda. Lo que concebimos no solamente hace parte del tema de la industria frente a los desafíos para operar, sino los propósitos para construir la institucionalidad del Estado; es esa óptica la que propongo comencemos a utilizar, en la que además nosotros no seremos clientes o socios incómodos de un Gobierno ocupado en cosas más importantes. ¿Cómo trabajar con los otros en una industria y un sector que es autista, que hace muchas cosas buenas pero que se ve mu-chas veces solo porque no construye vínculos con otros sectores en los propios territorios?

¿Cuándo vamos a tener en este diálogo una activa participación de otros agentes económicos que comparten el territorio con nosotros y que compiten por los recursos del territorio?, ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo. ¿Quién puede hoy hablar del desarrollo de la altillanu-ra y de la Orinoquía para el petróleo sin hablar del desarrollo de esta región en el tema de los alimentos y la agroindustria?, ¿cuándo vamos a hacer un debate organizado con los otros actores para no hacernos daño mutuamente?, es un poco esta lógica. La industria está muy pre-ocupada por no hacer daño —eso está bien, tenemos que llegar a cero, hay que dejar de restar, nuestros esfuerzos aún no son suficientes— y tiene que volcar sus arrestos junto al Gobierno y las comunidades en la generación de lo que hoy llamamos el valor compartido; eso signifi-ca nuevamente trabajar además de en los proyectos que generen la sa-tisfacción de unas necesidades que se materializan, en el objetivo de generar acciones que contribuyan a la satisfacción de esas necesidades inmateriales sustentadas en la organización del Estado de Derecho, de los derechos humanos, la conciencia sobre los bienes públicos, arraigo

y de inclusión, en síntesis, de la paz desde las regiones. Hoy el compro-miso que este propio sector de la economía ha hecho frente al país es apoyar los esfuerzos de paz.

Declaramos ese compromiso al Gobierno, pues la mejor manera de materializar estas conveniencias del sector con la paz no son necesa-riamente apoyando su esfuerzo en un proceso de reuniones con una guerrilla, sino creando las condiciones desde las regiones. Podemos preguntar a los presidentes de las Junta de Acción Comunal de Putu-mayo o Caquetá si creen en La Habana y la respuesta es que probable-mente los diálogos de paz van a funcionar, que seguramente ahí van a haber algunos acuerdos, lo que no sabemos es si eso es una buena o una mala noticia para nosotros, esa incertidumbre es una realidad que todos conocemos. ¿Cuánto efecto y cuánta capacidad tiene una nego-ciación como la de La Habana para transformar realidades regionales y cambiarlas para bien, recoger esa violencia e ilegalidad en soluciones realmente efectivas y duraderas?, ¿acaso vamos a tener un periodo de transición donde se agravarán los problemas de las regiones como con-secuencia de ese proceso? ¿Se puede dar el caso de que como siempre ocurre en las negociaciones de paz no se alcance a conciliar la realidad y reducir los contextos de la violencia sobre los territorios?, ahí tenemos que ocuparnos conjuntamente y muy duro, juntos, con el Gobierno. Basta recordar también que hemos trabajado en la agenda de la conso-lidación de la seguridad, una conquista del país en los últimos quince años, pero tenemos actualmente que laborar, ya no solamente sobre la agenda en una consolidación de la seguridad, sino especialmente sobre la agenda de la paz, que es esencialmente de inclusión.

Mi reflexión lleva a esto, esta ha sido la dinámica de las relaciones entre Estado, industria y comunidad. El Estado por mucho tiempo se desa-tendió de la actividad de las regiones y estas se apartaron también del papel del Estado, ese el mutuo abandono que precisaba; finalmente la industria reemplazó al Estado y llevamos años diciendo que esta no debe asumir sus funciones sobre el territorio. Lo cierto es que las comu-nidades ven en la industria la satisfacción de sus demandas, la despen-sa de la oferta institucional que el Gobierno no brinda por estar tanto tiempo ausente. Hay en este momento también una nueva dinámica, la comunidad presiona a las empresas y el Estado fuerza del mismo modo a la compañía, este asumiendo un rol de arbitro con el fin de que sean



los demás actores los que definan el inventario de necesidades y recur-sos que estén disponibles para tenderlos sobre los territorios; esta prác-tica resulta perversa. La propuesta que yo les hago es dejar de mirar las relaciones como sistemas transaccionales, aquellos en los que hay que dar algo a cambio para generar unas relaciones solidarias alrededor de temas que se establezcan en el modo de interés común y de perspectivas a largo plazo.

¿Por qué plantear esto de esta manera aquí?, preguntarán muchas per-sonas, la respuesta es simple. Estamos hablando de empresas que tienen compromisos con la sostenibilidad, declarados y a largo plazo, compa-ñías que llegaron para quedarse, que no pueden regar el jardín mientras se incendia la casa y obviamente este es un escenario y una atmósfera en donde ha estado siempre la presencia del Gobierno nacional en sus más altos niveles. No podemos simplemente hablar de la consulta pre-via o del ejercicio de los trámites necesarios para una licencia ambien-tal, es imprescindible conversar de cosas mucho más trascendentales; es más importante lo que pueda, por ejemplo, hacer esta industria para asegurar que se respeten los derechos culturales de nuestras poblacio-nes minoritarias a realizar simplemente los tramites de una consulta previa, los cuales acaban muchas veces no solo construyendo valor sino también destruyéndolo. Es esa la invitación que quería hacerles.

Módulo 3. El modelo de licenciamiento ambiental enfocado

a la calidad de la gestión pública y privada

Modelos de licenciamiento ambiental. Visión internacional

Jim DilayBoard Member Energy Resources Conservation Board,

ERCB, Alberta, Canadá

Fabián Marcelo PalmadaDirector regional para la evaluación de impactos y planificación (Latinoamérica y Caribe). Consultor

principal y socio ERM Group, Argentina

I had the opportunity to participate in a study group in my city, in Calgary, Alberta, with many seniors and officials,

Colombian regulatory agencies, the company and the government; and some companies that there are active in Colombia. And I’m pleased to continue those discussions here today. At Calgary we discussed many of the challenges faced by Colombia and it gave me some insight on those challenges, and some ability to relate them to similar challenges that we have in Alberta. And speaking in a important conference like this, I have found that is usable to start with a quotation by an Asian bright philologist, the Asian-Greek philosopher Heraclites said: “the only thing that is constant, is change ” and he didn’t say that at the turn of the century, and he didn’t say it at the last century, he said this in about 500 B.C. so it is pretty remarkable about that kind of comment and for my organization, I expect many of yours as well everything is changing. In Alberta the research base its changing from conventional to unconventional, the technology is changing to things like drilling and multistage fracture treatments, the industry itself is changing.

In the 1960 s ruefully speaking there were 12 companies that had about 80 percent of the mineral subtracted, and today


I think there’s something in the order of 1700 or 1800 companies that are active in Alberta. The public expectations and expertise’s is changing they want to be part of the decision making, the government expectations are changing, and finally I’ll just point that even my own organization is beginning to change in a very significant way, because the government wants to move to a single regulator concept and bring as many of the oil and gas regulatory functions as possible in to one single regulator and that’s happening know and it will happen more officially in about a month or 2.

So, Canada is the second largest country in the world by area and there’s about 10 million square kilometers and that’s about 10 times Colombia, Alberta is the 4th largest province and about 660 thousand kilometers, so about 2/3 of the area of Colombia and is a province, and I think it would be a department in Colombian terms. However, our population is a little bit different. In Canada there’s about, I think, 34 million so that’s smaller than Colombia. Alberta produces 74 percent of Canada’s energy and that’s the significant point I want to make on a very significant proportion of Canada’s energy production. I know there are other presentations that seem to be a preference for the imperial nationalist system, so I’m going to get this numbers to you, so you can see. On the conventional crude oil side, our reserves are 1 ½ billion barrels in the year of 2011, but in the past year over 2012 we had something very interesting happening with the drilling, we had 9 ½ percent increase in reserves, something that hasn’t happened in Alberta for decades. We were on the decline and in the last year we saw that nearly 10% and increased 1.7 billion barrels. But the more important part is that the next category, and that is the bitumen resource of 170 billion barrels, so a huge record in all terms. Now, I know this here is a little bit out of date but we did an update when Venezuela decided that it was 2nd in the world, but now it’s decided it’s 1st in the world so we will have to update it again, as you can see Canada comes out 3rd in these terms with 170 billion barrels.

This is just a blow up, and you can see the province, and unfortunately we don’t have an ocean, we don’t have deep water course which is causing some problems with getting our production to market, but I blew up the oil zones here and the largest one is here in the middle is called the Athabasca deposit, and I wanted to point that about the 20

percent of the deposit is Shawn, and the rest of it is too deep and we will have access by the way of deep wells. Just a very few statistics about the size of the industry in Alberta, think that there are something new in the order of 420 thousands wells that have been drilled in Alberta over the course of history, there are apparently over 180 thousands producing oil and gas as well, and over 200 thousand abandoned, nearly 400 thousand kilometer of refining plants, thousands of gas processing in accessing with gas processing plants, a 1/3 of which handle gases, and some of them are with a very high concentration of hydrogen, as you know is very poisoned and requires extreme care.

I’m not going to go through all of these statistics, but you can see a lot of infrastructure for a regulator to look after. In terms of production of crude oil, we saw a 14 percent increasing production in drilling, and we are talking about 2.3 millions barrels per day in production and bitumen of the 2012. So, it is a very significant production. Of course, our mayor of the present time is the United States, with the 60% going to the USA, and we will be going to other provinces in Canada. Similarly, the gas production goes to the United States and I think we will fill about the 50% of the United States need for gas. The coal production arranges around 500 years around which is very vast, and we used it in Alberta for electricity generation.

In the top of the corner you can see energy sources conservation board, that’s my organization, which is changing to the Alberta regulator operator in a singular regulator concept, then the Alberta environment and sustainable resource development. The function that is currently related to oil and gas and coal development would move to the new single regulator. The other thing that I want to point out in this slide, is that the department of energy that you see on the left hand side of the slide is the agency that issues the minority resource or minority concessions for oil and gas, and it states the energy policy for the province, and it collects the royalty’s on the oil and gas. So, I just want to make clear there’s a separation of functions between the department of energy and my organization, which is the regulator. This is just a basic diagram of the regulatory framework of the province, it’s probably a lot like most jurisdictions were the government sets the policy and it goes through legislation, the regulator, my organization in this case, that administers that policy through regulation instead of

177Modelos de licenciamiento ambiental. Visión internacional


created legislation, and perhaps there’s a significant difference between Alberta and Colombia, is that in Alberta it is only the private sector that carries out the development and we have no state oil or gas companies, and as you can see from the picture, the public has the significant role in the frame work as do some other government departments and it’s what changes as the single regulator comes in to being.

Similarly, just in terms of the energy portfolio in Alberta we are independent from government and we have to fit somewhere in the structure. We fit under the Ministry of Energy along with the committee conditions that handles all the utilities and downstream regulation.

I’ll just touch on property rights in Alberta, much of the surface of the land is owned by private individuals, by farm families, but it is often that in cases those surface owners do not own the mineral, so you have to set the title situation in which one part owns the surface and the other part gets permissions of the government for the oil and gas company, and each parts gets some equal rights and the way it works is a dispute between the surface owner and the mineral rights owner. If the oil and gas company can demonstrate in my board that the project is in the public interest, and affords to prepare the license or the pipe planting permit, then that project will go ahead by the objections of the surface owner. I do want to point that the majority of the projects go ahead by negotiation between the oil and gas company and the surface owner, and the surface owner is paid for the use of his land. Here’s the commercial, our mission is to insure that the discovery development and delivery of Alberta energy resources take place in a manner that is fair and responsible, and in the public interest. And that probably could be the mission statement of many agencies. The focus on this session is on environmental management, and we also have responsibilities for safety protection and for energy resource conservation, and further to the mandate we consider the usual of the environmental social and economic factors that you see on the screen.

I mentioned that the legislation that we administer on behalf of the government, and if you are interested in, all of these are available on the website and many of them have been adopted over the years by other jurisdictions.

So the 3 main areas, or the main functions, is what we have in our applications, so any project that companies want to take must be approved by my board. We also have significant field surveillance and operations, we have 8 field offices that are located in the province and they inspect the regulations, and they will respond to incidents and complaints. And last but not least, a large portion of our 900 people is dedicated to the collection of, and dissemination of data. Someone decided a long time ago that the resources of Alberta would be developed more efficiently if information was collected and leaving it in public bases. We collected about 6000 different data elements so if you log, or drill heading, or whatever it is, you can access from my board and most often you can accessed electronically.

In terms of the world load and applications, you can see that we drill a lot of wells. Annual basis and this is 2011 which wasn’t different to much different of 2012, we processed over 40.000 applications of all kind, and these are for individual wells and pipe plants. I’m not going to go through the application process, it’s pretty basic, we check the application to make sure all the required information is there, we look at the surface owner and agrees with the proposal where there’s no objection, and if there’s no objection and all the information is there, we approve the application for an ordinary well license application. Once is submitted, it takes about 2 days to process the well license and that’s not to be confused with a complex oil, since main application of the environmental impact assailment and those kind of things, those big complicated controversial projects take months and sometimes years, our jurisdiction is such we must give anyone who is directly and adversely affected by a project a hearing, and this will be the case where someone objects to the project, and in spite of the high number of applications. We have very few hearings and most projects get completed through agreements between the companies and the surface owner, so you can think in terms of 10 or 12 applications per year going in to the public and if it goes to the public then the time line stretches out. I’m not going to spend any time on the hearing process, it’s a little bit like a court case and 3 people like me sit in judgment of the application, we listen to the evidence of the application of the applicant which is tested by questions, from the objection party similarly gets to present his or her evidence, and it gets tested through examination, and the board takes that evidence and makes a decision.



This is just a photograph of part of our court resource center, which I think is probably unique in the world in terms of its corpulence. In a very early stage, it was decided that the course of wells needed to be submitted to the board. In this facility, this is the well house part in the facility, the storage, and we have an automatic system of trucks that are computerized and pick up the orders, and they take their courses to the lab and study station, so they can look for a development of a place. I don’t know if you can find a facility like this in the world.

First, it’s independent from the government, my organization makes decisions without any political influence and I think it’s very important for regulatory agencies to think about. Secondly, we have this separation of the mineral disposition function from the regulatory function that does not exist in a lot of jurisdictions. Thirdly, we have another process, and I mentioned that the hearing process we operated in principal fairness and natural justice. Fourthly, we have a technical excellence in our organization in terms of our people and that’s a huge challenge for our main competitor. I think, like Colombia, in the industry that we regulate we have to provide some quality of life, kind of things to attract and retain people but is difficult with things like flexibility. We have in Alberta what we call local interceptor cost regulations and that is to recognize that there’s a farm family that probably can’t stand up for a large oil company that has lawyers and engineers and judges and all those kind of technical experts, so that farm family, if it wishes to oppose the application, they can hire a lawyer to assist and represent them, and they can hire their own experts to support their objection. The cost of hiring those experts and lawyers is bound by the company supply, so is a pretty unique process that we have in Alberta that gives individuals and families an opportunity to make their case.

The whole business of data information availability I think is been very helpful for us. We document our information and we have an overall guy that tells companies what they have to do, and with that, the regulation also provides some directions. But we also have individual directors that focus on issues. So for example, if you need to know everything about noise, we have a director for that, and if you need to know what the rules are for, we have a director for that and so on. We value transparence, our reasons are always available. For documents and requirement we also give the industry and other stake holders, so

they can look for any new requirements that they might be proposing. And finally, to continue with the single regulator is a continuous improvement step, and with that we have previously founded 50% by the government of Alberta and 50% by the industry who administrates, and we are moving to a 100% of founding by the industry. And so, people asks how can you be fair and objective if you get all of your needs from the company that you regulate, and what you have to recognize is that is not a gift or a donation, is an administration and tax that we impose on the industry and one of the things it might resolve is our ability to perhaps break away from the government salary structure which concerns us and gives us some problems is the technical and excellence that we see. I hope these been helpful, and Heracles said: “abundance of knowledge does not teach men to be wise “so I wish a Colombian regulatory agency.

Fabián Marcelo Palmada

La temática a abordar nace de una consulta previa con colegas de dis-tintos países en torno a una selección que permite comparar algunos puntos de vista sobre elementos clave, entre ellos el proceso de licencia-miento; se intentará disponer de distintas visiones de lo que significa la diversidad del licenciamiento ambiental. La estructura de presentación se enfocará en una breve exposición sobre cuál es la situación actual del licenciamiento ambiental en Latinoamérica, en términos generales, cuáles son los elementos clave que yo considero poner en discusión. Se encuentra a continuación el seguimiento a la comparación entre dis-tintos procesos de licenciamiento en distintos países y finalmente un estudio de caso que me parece interesante traer a colación, ¿cómo es el proceso de licenciamiento de la exploración y explotación de recursos no convencionales en la provincia de Neuquén, Argentina, lugar donde se ubica la mayor parte de la formación de vaca muerta, una de las es-tructuras geológicas más importantes en cuanto a recursos no conven-cionales en Latinoamérica y en el mundo?

Teniendo en cuenta la situación actual tenemos los distintos actores y cuál es su percepción o inquietudes respecto a lo que es el tema de li-cenciamiento. Realizando un énfasis a la sociedad civil sabemos que pretende que se asegure el desarrollo sustentable a través del licencia-miento, propone también que se incremente la participación pública en la toma de decisiones; por otra parte existe alguna percepción negativa



de ciertas organizaciones, esto tiene que ver con el proceso de flexibi-lización de los requerimientos de las licencias ambientales, situación que podría afectar realmente la cuestión del desarrollo sustentable. En cuanto a los promotores —me voy a concentrar en las empresas de pe-tróleo y gas— ellos tienen el desafío de lograr la generación de sus pro-yectos en sitios más sensibles, desde el punto de vista social y ambiental.

Particularmente en Latinoamérica los empresarios han demostrado su inquietud de acuerdo al proceso de licenciamiento. En el continente, con un documento que ARPEL, la Cámara Latinoamericana de Em-presas Productoras de Hidrocarburos y Biocombustibles, hizo público el año pasado, en mayo de 2012, se revelaron varias cuestiones relacio-nadas con los elementos clave del licenciamiento ambiental y algunos reclamos sobre el alcance y los contenidos que se referían a la informa-ción que es necesaria para los organismos en cuanto a la evaluación de impactos ambientales, sociales y los tiempos requeridos para el li-cenciamiento de proyectos. De acuerdo con los entes de gobierno que participan en el licenciamiento ambiental, existe un mayor número de proyectos de petróleo y gas, en muchos de nuestros países, que requie-ren licenciamiento; en ciertos casos existen limitaciones más o menos importantes en cuanto a los recursos disponibles y a las capacidades técnicas de los equipos de trabajo, que van a ser los revisores de esas evaluaciones de impacto ambiental, adicionalmente se tiene la confor-mación de un desafío importante que tiene que ver con el licenciamien-to de proyectos offshore, en algunos países es novedoso y por supuesto el tema de recursos no convencionales llama mucho la atención en el mundo y Latinoamérica.

Los elementos clave que he identificado, y se encuentran relacionados con el proceso de licenciamiento ambiental, tienen que ver por un lado con las autoridades ambientales involucradas, sean dependientes del país en términos de la composición orgánica que designa al que está a cargo. En unos casos esta acción depende de la complejidad del pro-yecto y directamente siempre ocupa la conformación de un organismo federal. En unas situaciones existen organismos del Estado a cargo de todo el proceso de licenciamiento ambiental y en otros contextos sola-mente son involucrados para la obtención de ciertos permisos, como el vertimiento de agua, descargas, deforestación, desmonte. Otra cuestión para señalar es el tema de los términos de referencia, en última instan-

cia lo que hacen es establecer cuáles son los criterios conforme a los contenidos mínimos de la información necesaria para poder evaluar adecuadamente un proyecto.

Creo que hay una evidente diversidad en el tratamiento particular de cada uno de los países, me interesa resaltar la siguiente cuestión: los términos de referencia no pueden ser aplicados literalmente de la mis-ma manera para cada contexto, existen países donde se disponen de términos de referencia, pero estos tienen que ser chequeados contra la sensibilidad ambiental y social del sitio de implantación del proyecto. Otro elemento clave es el tema de definición de las áreas de influencia, esto es un problema en el proceso de licenciamiento porque puede pa-sar que en algunos lugares donde se establece un área de influencia se prepare la evaluación de impacto ambiental y cuando esto va al regu-lador se afirme que la procedencia es negativa, que está mal calculada la proyección, se ordena entonces que el proyecto vuelva al casillero original, como si esto fuera un juego de la oca.

Entretanto el tema de participación pública, va a ser tratado en particu-lar después de reflexionar sobre los tiempos de obtención de las licen-cias, ¿cómo es este proceso en los distintos países? En algunos escena-rios donde pude conocer el tema de las campañas de campo, que tienen que ver con ese tiempo de preparación de los estudios y las generali-dades del proceso, se inicia con una descripción del proyecto, es decir, con un diseño de las actividades y acciones que el promotor va a llevar adelante, de manera tal que su función es explicarle a la Autoridad qué es lo que se quiere hacer, ver cuáles son esas acciones del proyecto y qué impacto tienen sobre el componente social y ambiental. Muchas veces nos encontramos con el problema que los departamentos ambientales —quienes son los que vienen a vernos a los consultores— nos muestran sus intenciones de conseguir una licencia para iniciar un proyecto de perforación, después de escucharlos indagamos sobre el lugar en el que se van a ubicar los pozos y ni siquiera ellos mismos los saben; se hace un poco difícil, entonces, hallar una solución para concebir cómo se resuelve esta cuestión de inscripción del proyecto; en unos casos ex-plícitamente se pide que el proyecto presente formas de factibilidad, en otros se plantea un diseño general, de tipo conceptual o de prefactibili-dad, vamos a ver estas cuestiones.



En Brasil el proceso se inicia con una presentación de la ficha de ca-racterización de la actividad, en función de eso el organismo federal, en este caso el IBAMA, que tiene competencia sobre los proyectos que involucren más de un Estado y todo lo que tiene que ver con el licen-ciamiento de proyectos offshore, lo que hace es categorizar el proyecto según su tamaño. Por supuesto los términos de referencia son distintos si el proyecto es sencillo y de bajo impacto frente a uno que sea más complejo y de gran incidencia; el organismo de control específico en-tra a establecer y preparar su labor en función de esa categorización, así desarrolla los términos de referencia específicos,. Después de esta sistematización el proyecto se prepara en distintos niveles, por ejem-plo en el caso de un relevamiento sísmico offshore, dependiendo de la profundidad y la distancia que consta, se clasifica en tres clases; desde luego con mayor sensibilidad y más cerca de la costa se tiene una menor profundidad.

En el caso de los estudios ambientales relacionados con la perforación —esto también tiene que ver con el entorno en offshore—, se debe de-terminar cuál es la profundidad, dónde se está trabajando, ¿cerca de la costa?, no es lo mismo si estamos a 100 kilómetros de la costa que encontrarnos a 10 o 5 kilómetros. Con mención al ensayo de pozos de larga duración en offshore también se plantean condiciones de depen-dencia en torno a la distancia con la costa, se indaga por la duración que va a tener el ensayo de pozos, en este apartado los requerimientos van disminuyendo y se hace menos exigente el pedido de la Autoridad ambiental. Los tipos de licencia que deben ser gestionados se denotan en una licencia previa, la cual tiene una duración de cinco años y se rea-liza con la presentación del estudio de impacto ambiental al relatorio; posteriormente se pasa a una segunda instancia donde se obtiene una licencia de instalación, que valora la estructuración o la construcción, se debe obtener un permiso que dura seis años y se define como contra-presentación de un plan ambiental; finalmente se adquiere una tercera licencia que es la de operación y dura 10 años, es una auditoria que se realiza en el área de proyectos de la Autoridad ambiental y se debe establecer que se han tratado adecuadamente todos los parámetros es-tablecidos en el programa de control ambiental.

En el caso del Reino Unido en petróleo y gas el 99.9% son proyectos offshore, tengamos eso en mente para el análisis de la situación.

Corresponde la preparación del environmental statement, en una de-claración ambiental ante la Autoridad ambiental, que es el equipo de gestión ambiental que depende del departamento de Energía y Cam-bio Climático. Por supuesto que además de la evaluación ambiental se requieren permisos específicos, por ejemplo los relacionados con te-mas particularmente técnicos, el permiso de perforación relacionado con el diseño de pozo y todas las características de la plataforma, las sustancias que se van a utilizar, la caracterización de vertimientos, etc. La evaluación de impacto se realiza a través de un taller, donde participa el equipo de ingeniería y el socioambiental. Estableciendo la manera en que se maneja la información pública todos los documentos están disponibles para el público y a pedido de los usuarios; el environ-mental statement final se publica en periódicos locales y nacionales, el público cuenta con 28 días para enviar sus comentarios y se incluyen allí todas las revisiones y sugerencias del proyecto

Respecto al manejo de los Estados Unidos esto depende de la comple-jidad del proyecto. El licenciamiento es responsabilidad del Estado, si se involucra más de uno se tiene que hay una magnitud mucho más importante, entonces aparece la Autoridad ambiental federal. La Auto-ridad ambiental federal es el ente de gestión de tierras; cuando el pro-yecto involucra tierras fiscales aparece esta Autoridad federal, que se encarga de dictaminar el licenciamiento. Se debe presentar un plan de operaciones con las actividades propuestas, lo que es bastante intere-sante es que aparecen ciertos elementos mandatorios para la realización inicial de un scoping.

El scoping es una fase inicial en el proceso de evaluación de impacto ambiental y social recomendado por las mejores prácticas, su objetivo es identificar cuáles son los impactos negativos y significativos del pro-yecto en su contexto de implantación de manera tal que con su diagnós-tico se establezcan términos de referencia específicos que justifiquen cuál es la información necesaria para colectar. Es decir, hay interac-ciones entre el proyecto y los factores ambientales sociales del entorno, en algunos casos esas relaciones se descartan y solamente se enfocan aquellas que son realmente importantes. Esto es una buena práctica internacional, considerada así por los manejos que se establecen por el national environmental policial, una legislación marco para la ob-tención de permisos ambientales a nivel federal. Un tema atrayente es



que la empresa de consultoría es contratada por la misma compañía promotora del proyecto; la empresa consultora trabaja para el organis-mo de licenciamiento, de manera tal que pasa formar parte del staff de esta agencia. Este proceso coincide con un factor contextual en Bolivia: un mecanismo legal de auditoría ambiental actúa cuando se produce un desastre ambiental importante, la obligación de los responsables es la de contratar una consultora que trabaja para la Autoridad ambiental en la evaluación de daños; una manera de hacer más independiente el proceso de evaluación.

Con respecto a la consulta pública esta existe de manera general en la fase de scoping y adicionalmente se desarrolla una posterior para la re-visión del borrador que presentó el reporte de impacto ambiental del promotor. En efecto estos proyectos son muy grandes, se tienen por ejemplo algunos que exhiben ductos que atraviesan varios Estados, los procesos de preparación de documentos y el desarrollo de revisión, en los que hay un montón de actores implicados, pueden llevar hasta tres años. El promotor debe demostrar que es capaz de implementar su pro-yecto gestionando los permisos correspondientes en todas las jurisdic-ciones, así como los recursos que sean necesarios para su construcción. Las campañas de muestreo, por ejemplo, son establecidas por los fun-cionarios, entretanto las campañas de muestreo biológico requieren la aprobación de los profesionales involucrados del organismo de control.

En el caso de Alberta, Canadá, se indica que hay regulaciones depen-dientes de la complejidad del proyecto; la Autoridad que corresponde, federal o del Estado, cuando aplica que el licenciamiento es federal con-viene a que la necesidad de coordinar el organismo federal se encargue de la intervención de todas las instituciones federales y a su vez esta-duales. Cuando se tratan proyectos muy complejos (si no son complejos existe una guía), que además pretenden grandes desarrollos, se contie-ne una negociación entre el promotor del proyecto y la Autoridad para el establecimiento de los términos de referencia. Esa negociación, que posteriormente va a consulta pública, organizada con el fin de indagar si hay objeciones en la organización y tratando el diálogo en los niveles de una audiencia pública, somete ante la comunidad esos documentos y recepciona comentarios. Entretanto existe una particularidad que defi-ne, una vez el director de la agencia otorgue el licenciamiento, que cual-quier particular que se sienta damnificado puede apelar a la decisión

del director. En el caso de que eso se dé existe una instancia arbitral, por tanto el proceso no se judicializa, como efectivamente sí ocurre en nuestros países, en donde el que se siente afectado va a un amparo; en este proceso que refiero existe un tribunal de arbitraje específicamente diseñado para resolver estas cuestiones, antes de ir a una causa judicial.

En general esto depende de los tiempos, la complejidad del proyecto y si tienen que hacerse ingresos en distintas estaciones, por una cuestión de migración de aves o un particular relacionado con los caudales; en este último caso existe el Acta del agua en Canadá, donde se le da una protección a este recurso, esto significa que en algunos casos se pueda requerir, por parte del organismo, el registro de caudales durante dos o tres años. Esto origina una gran variabilidad y por supuesto provo-ca que se alargue muchísimo el proceso de licenciamiento. En síntesis, si no se tienen estos problemas, no existe una audiencia pública y no se desarrollan cuestiones tan particulares en un sitio muy complejo, el tiempo que se requiere puede llevar de seis meses a un año.

En Perú el proceso es bastante complejo, el organismo a cargo es de carácter federal, el Ministerio de Energía-Minas, la Dirección General de Asuntos Ambientales. En primera instancia se establece una cate-gorización, el promotor presenta un documento inicial, asumido como una evaluación ambiental preliminar que explica su proyecto a partir de fuentes secundarias que el Estado clasifica y encuadra en una decla-ratoria más sencilla, bajo parámetros de serie de entallado o de tallado. Acto seguido el promotor presenta a la Autoridad los términos de refe-rencia de su proyecto, así como un plan de participación ciudadana; la Autoridad recibe ese requerimiento, lo divulga y realiza una consulta, el resultado final es que se establecen los términos de referencia espe-cíficos para el proyecto. Esto es en revisión en Perú, como la Autoridad estaba llevando mucho tiempo pasaban proyectos en zona de selva en el que son mandatarias la realización de dos campañas de campo, esto de acuerdo a temas hidrológicos, hidráulicos y biológicos, en los que hay que entrar en temporada seca y húmeda. Este proceso es más o menos constante en muchos países, en el retraso en la aprobación de los térmi-nos de referencia se perdía la ventana de tiempo para ingresar a campo.

Esto está en revisión en este momento y aparentemente, al menos en mi conocimiento, Perú estaría evaluando y revisando esta cuestión y ten-dería a establecer términos de referencia por tiempo de proyecto, como



ocurre en el contexto de Colombia. Lo que es interesante es el proceso de participación, que es bastante complejo, especialmente en zonas de alta sensibilidad social, donde hay comunidades nativas involucradas. En general en Perú se prepara el estudio, el borrador se somete a la Au-toridad, esta realiza una revisión, se desarrolla también una audiencia pública, se consolidan todas las observaciones de la Autoridad federal, tanto las estaduales, del público (la sociedad civil) y finalmente, des-pués de la audiencia pública, aparece la opinión técnica de otros orga-nismos: el Ministerio de Ambiente, la Agencia Nacional del Agua, etc. Asegurados los comentarios de todos los actores finalmente se da la aprobación de los condicionantes en función de las sugerencias y apun-tes que se han recibido.

En aquel país los tiempos de aprobación son muy largos, la preparación del instrumento de gestión ambiental lleva más o menos un año, esta-mos hablando de proyectos complejos, en bosques primarios de zonas de selva, donde el promotor, por ejemplo, quiere efectuar una licencia sísmica y pozos exploratorios, esto lleva más o menos un año y demora unos seis meses la revisión y la probación por parte de la Autoridad. En cuanto el proyecto sea más complejo, controversial o conflictivo, desde el punto de vista social, los tiempos son mayores.

Me interesa en este punto analizar este particular tema de participación pública. En Brasil tenemos generalmente una audiencia pública, que es para exponer los resultados de la evaluación de impacto ambiental, los comentarios que se reciben son utilizados por la Autoridad Ambiental Federal para los condicionantes de la licencia. Es obligatoria su reali-zación cuando es requerida por la Autoridad o es solicitada por una atribución civil, el Ministerio Público o al existir la firma de cincuenta o más ciudadanos que quieren la realización de la audiencia. En Alber-ta, Canadá, existe una variedad en la complejidad del proyecto, este se puede establecer solamente desde la publicación de un aviso de planifi-cación de un proyecto de desarrollo y realizar entonces la iniciación de los trámites de licenciamiento.

En este proceso puede haber reuniones con las partes interesadas, las cuales son identificadas por la Autoridad para participar en audiencias públicas o en casas abierta de la comunidad, en donde estén las colec-tividades potencialmente afectadas. En el caso de población aborigen o indígena el proceso es distinto, tiene sus propias guías donde participa

sí o sí la institución federal. En el caso de que un ciudadano se vea afec-tado, como precisé anteriormente, puede apelar a través de unos meca-nismos claros que están planteados. En el caso de Perú existe un regla-mento particular de participación ciudadana que regula la realización de talleres informativos y audiencias públicas. Me parece interesante ver cómo plantean esta cuestión.

En cuanto a la realización del EIA cuando la Agencia de hidrocarburos, que en este caso es Perúpetro, está en el proceso de hacer rondas de li-citación la primera presentación que se exhibe ante las comunidades la efectúa esta compañía, el objetivo es informar a los locales que se ha de-limitado un bloque exploratorio que los involucra. La segunda exposi-ción que hace Perúpetro es un EIA, que adjudicó el bloque al operador. Después, ya dentro del proceso de ella, y a cargo de la Dirección Gene-ral de Asuntos Ambientales, existe un primer taller informativo donde se anuncia el proyecto y se presenta la constructora que esté a cargo de EIA. El segundo taller informativo se plasma con los resultados de la línea de base y un tercer encuentro se realiza durante la revisión de EIA organizada por el promotor para revisión. Finalmente la última activi-dad, relacionada con una consulta previa, es la audiencia pública, quizá en una sede de gobierno regional o municipal. En el caso de Estados Unidos, como dije anteriormente, el DLM requiere una consulta pú-blica en la fase de scoping, cuando se están estableciendo realmente los términos de referencia específicos del proyecto y otra para la revisión del documento que entregó el promotor.

En el caso de las comunidades indígenas se asume el mismo procedi-miento que en Canadá, siempre se requiere la intervención del organis-mo federal, ya que en Estados Unidos se considera a las comunidades indígenas como naciones soberanas.

Ahora voy a exponer brevemente el tema de los no convencionales, en particular en la provincia de Neuquén. Nosotros tenemos un reservo-rio biológico, que es la formación Vaca Muerta, de la cual esperamos mucho los argentinos; la política nacional busca obtener de nuevo un autoabastecimiento a partir de recursos convencionales, aparentemen-te esto no puede darse, así lo dicen los técnicos, entonces tenemos la esperanza de que este propósito suceda mediante los recursos no con-vencionales.



Lo que quiero resaltar es que en algunas cuestiones, a nivel federal, no existe ninguna regulación sobre la exploración y explotación de recur-sos mineros no convencionales. La única provincia que cuenta con una gran tradición de hidrocarburos y que tiene décadas de actividad es la provincia de Neuquén, la cual está, digamos, alineada con el Gobierno nacional en el sentido de dar un paso y un fuerte impulso a la explo-ración y explotación de recursos no convencionales. Esta legislación es muy reciente, data de agosto de 2012; quiero resaltar que, a principios de mayo y según la información pública suministrada sobre los pro-ducidos a partir de recursos no convencionales, ya existen más de 200 pozos perforados en las formaciones de recursos no convencionales, actualmente se producen unos 7000 barriles de crudo. Apache perforó el primer pozo horizontal en formaciones no convencionales en Lati-noamérica en el 2011 y se expidió el decreto de la provincia de Neu-quén, que establece las normas y los procedimientos para la exploración y explotación de reservorios no convencionales. Este se basa en ciertas consideraciones, que a su vez establecen algunas obligaciones relacio-nadas con el licenciamiento ambiental y la conformación de prohibicio-nes y requisitos obligatorios a cumplir por la exploración y explotación de estos recursos. El primer considerando importante es que el plan quinquenal de Neuquén asegura que en cinco años se van a perforar 2500 pozos para explorar y explotar recursos no convencionales. Otro aspecto fundamental es que no se habla de factura hidráulica sino de estimulación hidráulica.

Por otro lado la normatividad apunta que el objetivo es la protección del agua, la cual tiene dos usos: el abastecimiento de poblaciones y la irri-gación. Se señala, además, que la perforación no convencional es simi-lar a la perforación convencional, la diferencia está en la estimulación hidráulica. Se prohíbe entonces la utilización de agua subterránea con la aptitud de satisfacer los usos de abastecimiento para la población y la irrigación. Se expresa que todos los proyectos requieren licenciamiento ambiental; el informe ambiental es el instrumento adecuado en el que se establece la evaluación de impacto correspondiente, en algunos casos se puede requerir una evaluación, un análisis de riesgo. Se debe presen-tar una declaración jurada de la composición de los fluidos utilizados, estos deben estar aprobados en Argentina. Finalmente se tienen que incluir las hojas de seguridad y radicar una declaración jurada sobre los volúmenes estimados de uso y la fuente.

Asimismo la transformación de un pozo convencional en uno no con-vencional, sencillamente demanda una duenda al informe ambiental vigente, con las nuevas acciones. Por otro lado la presentación requiere que el monitoreo del agua, el retorno el flowback, se realice sin exceder las 72 horas de aparición del líquido de retorno; el promotor tiene que hacer un seguimiento y tomar muestras periódicas según las exigencias de la Autoridad y se deben presentar los resultados de los análisis ante esta correspondencia, que puede ir verificar la situación cuando le pa-rezca necesario.

Entre otras cosas es imprescindible presentar una planificación semes-tral de los planes de perforación para recursos no convencionales, cada seis meses, a la Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Susten-table, a la Secretaría de Minería e Hidrocarburos y, una cuestión que me parece bien interesante, a la provincia de Neuquén. Se hace el siguiente razonamiento: si cada pozo requiere de 15.000 metros cúbicos de agua para la estimulación hidráulica y el plan quinquenal es el perforar 2500 pozos en cinco años, esto va a requerir solo el 0,67% del total del caudal mínimo anual de los tres ríos principales de la provincia de Neuquén, de estos tres ríos se utiliza solo un 5% para usos de abastecimiento e irrigación y el resto va a parar al océano, como diciendo “hay exceso de disponibilidad de agua”, se prohíbe el uso de aguas subterráneas pero se dice hay disponibilidad. Se requiere que el agua de retorno se reutilice o se haga una disposición final, el reúso tiene que ser en la industria de hidrocarburos, en riego, en procesos productivos forestales o de res-tauración ambiental o tiene que ser inyectado en pozos sumidero. Las metodologías de tratamiento de este flowback deben ser aprobados y requieren el diseño de locaciones con múltiples pozos para disminuir la huella del proyecto.


Modelos de licenciamiento ambiental: la experiencia

internacional Joe David Kuebler

URS Corporation

As you know, the oil and gas industry did over 2 billion dollars worth last year, and hope to do more this year.

I just give you a brief history of the Texas Oil and Gas Environmental regulatory framework. The Texas Railroad Commission was established in 1981 and so it’s been working in the oil and gas industry for a quite long period of time. The railroad commission began regulating the oil and gas industry about 1917 and the early 1960’s. We have an air quality, water quality regulations in Texas as well, as the program was growing in the United States overall with the Environmental Protection Agency.

Fifty years ago, the Texas Water Commission was created and it had some jurisdiction over the oil and gas industry. In 1967 the Texas Air Control Board was formed, and adopted the first air quality regulations in the state, including some regulations specific about gas and oil industry. Later in 60’s, the U.S. Environmental Protection Agency was created, and about 20 years ago the Texas Natural Resources Conservation commission was created, and it was a combination of the Texas Air Control Board and the Water Commission. Then, 10 years ago they changed the name to the Texas Commission on Environmental Quality and it was just to provide better coordination between these agencies as they related in the regulating of oil and gas industries.

Next, I’d like to explain the overall system which consists about the federal USEPA program as well as the state of Texas program, there is a mix of federal and state agencies involved


here. In Texas, we have minimal federal lands; most of our lands are privately owned, so there’s no really need for an environmental statement impact report for any projects for the most part. There, federal regulations are applicable to every project, but usually there’s no or minimal direct involvement by USEPA to the oil and gas industry in Texas. The Texas regulators are industry-knowledgeable, they know, the regulators know how the industry works, so that’s a good synergy between the people that are been regulated and the regulator itself. There are only two major state agencies that deal with it in Texas, the Railroad Commission and the TCEQ. Next, I want to explain is a little bit about the Federal Environmental Program. The umbrella organization is the US environmental protection agency, it promotes regulations for air quality, wastewater permitting, solid/hazardous waste permitting and oil spill planning, those are the four main areas, and each of those areas affects the Texas oil and gas industry. Next, we have the U.S Army Corps of Engineers, and this group establishes the regulations for stream crossings permits for roads or pipelines. Finally, they have the U.S Fish and Wildlife Service, and they promote regulations concerning threatened and endangered species, and other biological resources impacts.

So, for air quality there are three major programs: one is called the Prevention of Significant Deterioration, it’s been in effect for about 30 years now, and they established the criteria levels of emissions, about which you need in major pollutants is reached in 250 tons per year of criteria pollutants which is nitrogen monoxide, carbon monoxide and sulfur oxide. There s also fairly a more reasonable program as to do in greenhouse gases and it reaches the 100.000 tons per year, so if you have a project or dismiss more of this levels you need a major air permit. Next, you have the New Source Performance Standards, they meet the technology driven standards for the most part. In them, the impact of equipment in the industry, for example, the internal combustion engine in natural gas part, we have to control the nitrogen oxide and the formaldehyde emissions. In addition, we have the flash emissions for certain storage tank locations, in this you use flare or vapor recovery units to minimize these emissions. Finally, we have the National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants, and that’s a particular regulation that regulates the benzene from glycol dehydrators relative to air emissions. In addition, the EPA has other programs in other areas,

for instance, of water quality, waste management and oil spill planning, those are the other three main areas that the regulator looks at relative to oil and gas industry. Usually, they implement the best management practices for water pollution control. Something that’s maybe unique in Texas is the offsite disposal or deep well injection for produced water, I can think many areas in the state of Texas, is very typical to re-inject that water back into the formation. Also, onsite pits for drilling muds disposal and a spill prevention control and countermeasure plans for oil pollution protection.

Finally, on the federal level we have the U.S. Army Corps of Engineer and the U.S. Fish and Wildlife Service. One thing that the Army Corps have is the use of nationwide permit number twelve for oil and gas pipeline construction and number fourteen for road construction, by using this permits if your disturbance is less than 0.5 acre per crossing of a stream or water body, your basically permit to go ahead and construct that activity. There are some modification requirements but the agency doesn’t really get involved in looking at the details of your operation and this kind of nationwide permit conceives any word for six or eight months of permitting time. In addition, committees can develop a habitat conservation plan for certain threatened and endangered species. This plan also sometimes uses for large geographical areas. The oil and gas industry wants to utilize and wants to develop this plan because they can save the future in terms of development, so that also is a time consuming process to have to go through that. But once it’s done, it’s a speedy development of the oil and gas project.

So, now we will talk about how Texas does it, with the understanding there’s a federal overlay that impacts all projects. The TCEQ has received the authority to manage all USEPA programs with the exception of the greenhouse gas air permits, and they are still discussing, but the greenhouse permit is not really an impact to most oil and gas projects in term of production because there is not one large enough to want that permit. The TCEQ and the Railroad Commission are the two principal state permitting agencies for oil and gas activities and the TCEQ has streamlined oil and gas permitting process, yet still protects human health and the environment.

The typical project we are associated, with oil wells and tank battery, roads, gathering lines and the disposal well, so from an air permitting

195Modelos de licenciamiento ambiental: La experiencia internacional


stand point, there is no need for greenhouse gas air permit that’s not in the picture. As I said those activities are billed at the treasure level. TCEQ has called the permit by rule for air quality permit and its applicable for most every oil and gas project would be considered in the state of Texas, since air emissions will not trigger the PSD level air permit, this lower levels typically if you are less than 25 TPY of valued of organic compounds and SO2 and less than 250 TPY you can obtain a permit by rule in the state of Texas. The TCEQ ensures that the project will utilize emissions control technology to satisfy USEPA. Most small oil and gas projects do not require, not Barnett-shale, an application we basically document what’s your mission are and you are basically permitted by rule, so that’s how works for permitting oil and gas projects. What about water quality and waste management: there’s typically no wastewater discharge to streams you usually take the produced water and reinjected or trucked offside for disposal in another location.

There s no surface water disposal to speak of them. These projects will use best management practices for storm water runoff; this is not a permit subject. Also, companies do our requirements to prepare an SPCC oil spill plan there s no permit requirement they have to keep the plan onsite, they have to do inspections periodically and you better have that plan to prepare and share the regulators and show off for an audience. In Texas, all produced waters are safely reinjected. The Railroad Commission governs this reinjection process and the way of water disposal, the things to look primarily are the volume into disposing, mechanical integrity, depth or the disposal and the injection pressure. This all process for given well the location will take less than three months. Also Railroad Commission issues a permit for pit disposal of drilling fluid or completion workover wastes, that s called the rule 8 permit and again that process takes less than three months and the good thing about this is those permits can be tents as parallel they don’t have to be done sequentially you can have it at the same tame.

For a typical project in terms of land use, biology, archeology issues, the nationwide permit twelve or fourteen for pipeline and road crossings of rivers or streams, this is going to be able to be used in every oil and gas project in Texas. That permitting takes about 3 or 5 months, so there s a pretty sure process. If we have no threatened or endangered species are

impacted, then no permit required, the industry tries to avoid impacts, where possible. In rare cases, permitting could take 10 or 12 months. Finally, companies do an archeology survey to see if the project will impact cultural resources. Basically, the industries try to avoid impacts, where possible, if there are impacts and work with Texas Historical Commission for clearance letter and the approval timeframe is 3 or 5 months. All this permits can be done in parallel, not sequential.

In a study look at how Texas tax up with other states in the United States, we found for operating permits Texas is second fastest of the fourteen states for application processing time: 3 or 4 months. For water quality, in comparing the time for processing water permits, Texas ranks among the fastest of the fourteen states: 6 months. For solid waste permits, Texas falls in the middle range of the fourteen states for the shortest amount of time it takes to process these permit applications: 8 or 10 months, but I would say here that the many locations that the permit are about to accept oil waste in Texas, so individual projects don’t necessarily need to get a permit they can take most of this disposals and somebody will get a permit. For processing hazardous waste permits, Texas falls in the top half of the fourteen states surveyed: 10 or 12 months, but here I will note that the oil and gas wastes for the most part are not considered, as according to the USEPA regulations in matter, how this wastes that the industry generates is very small and can’t be handled outside as well.

Summarizing, not much federal land in Texas, so not many environmental impacts reports or impact statements. Texas has authority to administer all about federal program and the USEPA and Texas Regulatory programs work well together to permit oil and gas operations. The USEPA regulations have some technology controls for oil and gas production operations in things like tanks, IC engines and dehydrators. These regulations reduce overall air emissions for oil and gas operations. The federal nationwide permit program allows for roads and pipelines without a lengthy permitting effort. Railroad Commission does the permitting for disposal wells and pits, and it is efficient and timely. TCEQ air quality permit by a rule is a key factor in expediting the overall permitting effort for oil and gas operations, the most of the process isn’t sequential to save the people a lot of time. Finally, Texas regulatory agencies have many years of experience working with the oil and gas industry, industry for the most part knows

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that they going to get a fair shake when they deal with that agencies. Texas has developed an efficient and streamlined process that, number one, protects human health and the environment and, number two, does not create unnecessary barriers to the oil and gas industry.

Panel. Oportunidades frente al modelo de licenciamiento ambiental

colombiano Jim Dilay

Board Member Energy Resources Conservation Board, ERCB, Alberta, Canadá

Fabián Marcelo PalmadaDirector regional para la evaluación de impactos y planificación (Latinoamérica y Caribe). Consultor

principal y socio ERM Group, Argentina

Nicolás LópezCountry Manager de IAMGOLD Corporation

Fabián ArjonaDirector ejecutivo de The Nature Conservative Colombia

Joe David KueblerURS Corporation

Eduardo JunguitoDirector de la oficina de asuntos ambientales y sociales,

Ministerio de Minas y Energía

Luz Helena SarmientoDirectora de la Autoridad Nacional de Licencias

Ambientales (ANLA)

Moderador: Eduardo UribeEx Viceministro de Medio Ambiente

Moderador. Hace dos años la situación en el proceso de licen-ciamiento ambiental estaba siendo fuertemente cuestionada dado que había una avalancha grande de proyectos en proce-so de evaluación y una gran expectativa de inversión; existían


evidentes preocupaciones por la capacidad del Gobierno para tramitar, digerir y atender la demandad que se veía venir. Hace un año se disfru-taba de mucha expectativa porque el Gobierno había tomado decisio-nes tendientes a resolver esos problemas que se estaban empezando a sentir; el Gobierno, hace año y medio, resuelve crear la ANLA, Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, y la curiosidad aumentaba. El Gobierno ha tomado decisiones y empezó a estructurar la organización que se encarga de la evaluación y el seguimiento ambiental a los proyec-tos de desarrollo, si bien es cierto que no se hizo una revisión o un re-planteamiento de la regulación pertinente, lo que sí se posibilitó fue un profundo replanteamiento de la organización. La ANLA se crea como una organización con mayor independencia, autonomía administrativa y financiera, eso le permite fortalecerse en su capacidad, multiplicó por tres o por cinco el número de personas y su presupuesto se incrementó de manera muy significativa.

Como vemos han ocurrido una serie de cuestiones que, sumadas a las diferentes presentaciones que se conocieron anteriormente y nos mos-traron cómo funcionan los procesos en otros países, lo que nos sirve para contrastar lo que está pasando en nuestro país, reflexionando so-bre la experiencia particular frente a la internacional, podemos afirmar que, como observamos, año tras año se han venido tratando problemas y si bien no se han resuelto completamente, sí creo que hay una evolu-ción. Quisiera que cada ponente nos dijera cómo ve la cuestión colom-biana contextualizada con su visión y experiencia específica.

David Kuebler

The way that oil and gas is regulated here in Colombia seems like the process is similar to environmental impact statement process. I would say that in the United States, sometimes relative to when the Environmental Impact Reports are done, there can be as we call a categorical exclusion, and these are waste kind of short for the environmental process, but still protect the environment, so maybe Colombia could consider utilizing some of these approaches to help with the permanent time framing. The permitting seemed to take here in Colombia in a project permitting so the size and complexity of the project should also dictate how much study enters in the environmental impact report and for smaller projects wait for a short process, but still protect the environment.


No la conozco en profundidad, pero sí he trabajo en varios proyectos en Colombia y mi reflexión de acuerdo con las oportunidades de mejora son las siguientes: en primer lugar he participado en la revisión, invi-tado por la Asociación Colombiana de Petróleos, sobre los términos de referencia para los distintos tipos de proyectos en hidrocarburos; encuentro que son muy completos. Pienso sin embargo que lo que se puede mejorar tiene que ver con los tipos de proyectos en el contexto local, ¿qué quiero decir con esto? En mi intervención hablé de scoping, lo que esta fase hace en un proyecto de evaluación ambiental es iden-tificar cuáles son los impactos realmente significativos en el contexto local, de manera que no se deben desperdiciar esfuerzos en colecta de datos y solamente enfocarse en lo que realmente es necesario, trascen-dente o significativo, esto se puede hace mediante una categorización, que es la forma más simple de hacer un scoping, es decir, identificar dos o tres características —como en el caso de Brasil, donde el proyecto, si es offshore y de más de 50 kilómetros, específica que los requerimientos tienen que ser menores, sin duda, es más pequeña la sensibilidad—. En una fase más profunda, conforme a lo exhaustivos que son estos tér-minos de referencia, se hace un scoping y se determina realmente un alcance reducido en los casos que corresponda; no es lo mismo perforar un pozo donde hay una operación de sesenta años a la perforación de un pozo en un bosque primario donde hay comunidades indígenas, por ejemplo.

La otra oportunidad de mejora se basa en que si se genera la suficiente confianza a partir de las reformas dentro del ANLA se va a permitir que los operadores lleguen con sus proyectos mucho mejor definidos, que no empiecen su labor tan tempranamente, de manera que en la posteri-dad se tengan definiciones claves para hacer una evaluación de impac-tos seria y rigurosa. Yo creo que esto va a ser un gran avance.

Jim Dilay

It is relatively new, that and approaches that might be of some interest in the oil, there are a lot of developments, concentrated developments. The Government of Alberta has replaced what it calls the regional plan and the intent when this plan is completed, we are going to have air management, which will put limits for chemical emissions so when

201Panel. Oportunidades frente al modelo de licenciamiento ambiental colombiano


these limits have been approached there won’t be a further development about that. There is also going to be a biodiversity protection framework put it in place as a help to establish the limits of impact that can occur in this area, but it’s also true about some species in critical wildlife habitats, and there are some groups of indigenous people in the area, culture, artifacts, areas, the intend is put in place a project, which a proponent and others can understand the limits that are going to be imposed for the entire area.

Moderador. Quisiera que los demás ponentes nos hablaran del desa-rrollo que ha tenido el licenciamiento ambiental en Colombia. ¿Qué es lo que hemos ganado? ¿Cuáles son las fortalezas y ganancias que hemos tenido y qué nos falta? El propósito es que el año entrante podamos mirar en retrospectiva un nuevo panorama.

Fabio Arjona

Pienso que se ha ganado mucho, pero aún tenemos un gran rezago. Se ha avanzado en la agilidad de componer una organización de licen-cias como la ANLA, que tiene autonomía administrativa, financiera y mucha mayor capacidad de respuesta. Es indudable el crecimiento del país en los últimos años y medidas como estas lo exigen. También se ha prosperado en la formulación de herramientas que ya se encuentran en proceso, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en una de ellas, con el apoyo del Ministerio y de la ANLA, en Tremarctos, el sistema de información online para después del screening para alarmas tempranas de proyectos de infraestructura. Tremarctos lleva casi un año y medio al aire, tiene consultas diarias de aproximadamente 150 personas, es un servicio gratuito que está disponible y hace análisis sobre información de biodiversidad, generalmente especificando la in-formación compuesta por el Estado, los institutos de investigación, el IDEAM, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y otra serie de explo-radores, entre ellos nosotros, que han llevado a cabo trabajos en temas de biodiversidad. Es un sistema muy interesante, muy pocos existen en el mundo y de hecho quieren integrarlo en otros países.

Veo que hay un desequilibrio; cuando empezó el Gobierno se dijo que la gestión ambiental sectorial o la gestión ambiental para el licenciamien-to debería crecer equilibradamente con los sectores, no toda la carga hay que dejársela al regulador, pero veo que si bien existe la ANLA la

interlocución de los sectores no ha crecido mucho, tanto en los secto-res públicos como en los privados se ha quedado un poco y se toma el licenciamiento como un mero trámite. Casi todas las organizaciones tienen un personal dedicado a agilizar los trámites, la discusión se basa mucho en los tiempos. Pienso que hace falta incrementar un poco más el nivel de interlocución de los sectores, tuvimos una unidad ambiental a finales del siglo pasado en INVIAS que se perdió totalmente, posee-mos un rezago vial; hay un indicador del Banco Mundial que supone la cantidad de carreteras federales hechas por habitante, Estados Unidos tiene 28 mil, la Unión Europea llega a 23 mil, Alemania un poco más de 30 mil, la región 2500, en Colombia creo que estamos al nivel de Haití y pretendemos ser competitivos con Tratados de Libre Comercio. Con una gran parte de nuestra producción situada en el centro del país es obvio que necesitamos vías, pero también es clave que precisamos hacerlas bien, gran parte de eso es tener la información, generar pro-yectos ambientalmente amigables; sabemos que requerimos construir muchas vías, que si no se hacen bien pueden ser un factor de pérdida de servicios ambientales, por otra parte, si se estructuran de una manera adecuada, estas sí pueden ser un factor que posibilitaría la generación incluso de compensaciones de balance positivo.

Este es un tema de tecnología, de información, concibo que a pesar de haber un avance muy importante en generar una Autoridad ambiental con mayor capacidad de pensamiento, no solamente se está respondien-do al día a día, sino que se tiene una unidad de planificación, de estra-tegia; creo que los sectores necesitan incrementar y generar propuestas. Tremarctos ha sido un creador, no solo con la cooperación del Gobier-no sino también del sector privado: desde hace cinco años hemos tenido un acuerdo con Cerrejón que nos ha ayudado con Tremarctos, CCX Mineras también, Anglo Gold Ashanti ha generado información im-portante para apoyar Tremarctos. Somos, sin olvidar los avances, aún demasiado tímidos y se necesita aumentar el nivel de discusión sobre la sostenibilidad. Es imposible tener empresas sostenibles en sociedades fracasadas y eso es algo que deben tener muy en cuenta los sectores.

Nicolás López

Tenemos claro que hay una legislación ambiental fuerte; nosotros bus-caríamos tener un poco más de efectividad y practicidad en el proceso. Otro punto clave en el licenciamiento ambiental incluye lo que tiene



que ver con permisos, aspecto que en el tema minero está un poco diferenciado. En los últimos dos meses he sido invitado a unas char-las que propone el Viceministerio de Comercio Exterior y el Centro Internacional de Responsabilidad Social, en donde se están tratando de socializar las buenas prácticas, y la OCDE, una organización en la que Colombia pretende entrar y donde está el 65% de los países con el mayor PIB mundial; nuestro país quiere ingresar en esa comunidad y se trajeron un par de técnicos chilenos y españoles consultores. Los españoles hicieron un diagnóstico de minería e hidrocarburos en nues-tro territorio partiendo de la responsabilidad social empresarial, lo que arrojó unos resultados muy positivos. El grupo chileno, con experiencia en todo el mundo, determinó que la industria que mejores estándares, desde el punto de vista social y ambiental, consigue en el planeta es la minería. Esto obviamente se debe a que tenemos una actividad que posee grandes impactos desde el enfoque económico y donde hay una potencialización en los posibles impactos negativos.

Los principales países productores de oro en el 2012 fueron, en su or-den, China, Australia, Estados Unidos, Rusia, Sudáfrica, Perú, Canadá, Uzbekistán e Indonesia, al menos cinco de ellos comparten una carac-terística especial, están entre los veinte países con mayores indicado-res en el PIB y curiosamente también son top veinte en área. Adicio-nalmente las minas productivas que tienen estos países —hablando de oro— y que poseen un potencial productivo que supera el millón de onzas de oro, no sobrepasan las veinte minas; su capacidad de produc-ción está básicamente situada en esta cantidad de minas, entretanto los proyectos productivos no exceden este número, exceptuando el caso de Canadá que cuenta con cuarenta. Una situación curiosa es que las minas en producción tienen un tenor, una cantidad de oro por tonelada de minas de producción actual de 1,06 y los proyectos en desarrollo que hay actualmente cuentan un promedio de 0,66; esto quiere decir que gran parte de los proyectos que se han encontrado tendrán que quedarse ahí porque las condiciones de precio de onza o los costos de producción no les va a permitir realizar un proceso.

En Colombia tenemos, dentro del top cien de proyectos de oro, alrede-dor de cinco y lastimosamente varios de ellos tienen unos contenidos bajos para ser explotados. Es decir, el boom minero con el que conta-mos actualmente, que en los últimos diez años ha permitido un creci-

miento fuerte en petróleo y carbón, y nos satisface mencionar que es-tamos produciendo un millón de barriles de crudo al día, más o menos el 40% de lo que hoy produce Venezuela, y con el carbón, que ocupa un admirable 65% de las exportaciones, no es tal, en realidad lo que ha habido es un programa de exploración y Colombia tiene una potenciali-dad para entrar en grandes ligas con el oro y el cobre, de pronto metales básicos como zinc y plomo, sin embargo no se han descubierto cosas muy interesantes.

Lo cierto es que existe otra preocupación, los 5,6 millones de hectáreas que hay en títulos mineros actualmente otorgados, y es importante te-ner claro que una hectárea de título minero no es una hectárea de mina, ahí hay una diferenciación muy grande. Para eso voy a plantear unos datos: en el momento en que yo tomo una muestra de un sitio con algu-nas características anómalas que me puedan mostrar alguna potencia-lidad para que el lugar se convierta en una mina productiva conviene a una posibilidad a nivel del mundo que es de 25 años.

Asimismo, si yo comienzo un proyecto en etapas de prospección y ex-ploración y quiero tratar de sacarlo a nivel de factibilidad tengo que prospectar, para un proyecto de mediana escala, entre 300 mil a un millón de onzas, cerca de 200 prospectos; para lograrlo en un proyec-to de mayor escala, es decir de un millón de onzas en adelante, debo prospectar casi 1000, o sea, hay una relación de 1 a 200, una relación de 1 a 1000. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos socios que vengan a invertir a Colombia fuertemente, como se ha hecho en los últimos años, empresas que vengan a arriesgarse en 200 o 500 prospectos para poder encontrar algunas minas en Colombia. Dadas estas relaciones es importante que desde el punto de vista ambiental tengamos esa di-ferencia; en el proceso minero hay cuatro aspectos fundamentales: la prospección, exploración, construcción y montaje y la explotación, cada uno tiene unos impactos ambientales y sociales muy diferentes y que además se deben tener en cuenta en el momento de hacer el proceso de licenciamiento ambiental y adquirir los permisos requeridos, que al menos en la minería, resultan claves en un proceso de exploración que tiene varias etapas y puede ser descartado muy rápidamente.

En este momento Colombia —ahora, puesto que mañana puede ser más pequeño— tiene 114 millones de hectáreas que, según la Ley se-gunda de 1959 permitieron la creación de siete reservas forestales con



65 millones de hectáreas, de las cuales hoy conservamos vigentes 51,2, aproximadamente. Tenemos 17,2 en lo que se ha denominado como zo-nas de protección especial, que básicamente son los bosques protecto-res nacionales, locales y los parques naturales. 35 millones de hectáreas donde se establecen resguardos y comunidades negras, superpuestas o no, y además se contenía una seria de iniciativas que están tratando de poner otro tipo de protecciones a estos ecosistemas sensibles.

Para resumir esta situación quiero darles otro dato: en el tema de la pro-ducción decíamos que los grandes países productores tenían no más de veinte minas en actividad, si miramos un poco cómo funcionan estas minas vemos las funciones de un pit, que es lo que nos preocupa en in-tervención ambiental. El superpit en Australia, que alberga 10 millones de onzas, tiene tan solo 371 hectáreas, mientras que en Nueva Guinea el proyecto líder cuenta con 52 millones de onzas y su pit es de solo 211 hectáreas. Esto indica que en Colombia tenemos mucha fortuna, nos encontramos en los próximos diez años con diez minas, esto quiere de-cir que vamos a afectar 10 pits con un promedio de 450 hectáreas más servicios, estamos hablando de cerca de 8000 hectáreas que se podrían impactar por un proceso minero; si nosotros entramos a comparar esas 7000 u 8000 hectáreas frente a las 5,6 millones en concesión, o las reser-vas forestales, el paisaje cultural cafetero o cualquiera de las áreas que estamos protegiendo, pues digamos que el porcentaje no llega al 1%. Es importante que tengamos en cuenta el final de la historia: si nosotros logramos encontrar esas diez minas vamos a tener unas exportaciones al año de 7.500 millones de dólares, lo equivalente a lo que hoy produce el carbón; el oro se convertiría en el segundo o tercer punto en la eco-nomía colombiana. Para resumir, creemos que las empresas mineras estamos completamente comprometidas en la parte de responsabilidad social y ambiental, lo que queremos es un poco de celeridad, practici-dad en los requerimientos que se hagan para los procedimientos en la exploración y explotación.

Moderador. Dos preguntas para responder: la primera es ¿Qué hemos ganado en este año, qué ha ganado el proceso de licenciamiento este periodo? Y ¿Qué falta?, ¿qué debemos hacer hacia delante?

Eduardo Junguito

Sobre lo que hemos ganado quiero expresar un tema muy puntual, que en algunas empresas genera algún tipo de controversia. Como resul-

tado global es muy concreto el avance en materia de tiempos durante el proceso de licenciamiento del año, que ha mejorado con respecto al pasado. Si sacamos los resultados consolidados esa es una ganancia, el tiempo promedio toma menos exigencia en el proceso de licenciamien-to, desde la presentación del estudio de impacto ambiental hasta que esta se expide; esto no solamente sucede con este proceso sino también para el trámite de modificación de la licencia ambiental. En ese senti-do los resultados nos dejan mucho más tranquilos, no obstante faltan cuatro puntos que se nos presentan como retos en estos temas ambien-tales para el sector de hidrocarburos y minas. Primero, la continua-ción del proceso de consolidación del conocimiento técnico, tanto de las autoridades ambientales como minero-energéticas, en ese aspecto el Ministerio de Minas y Energía, en un programa de gestión del cono-cimiento, ha adelantado un esquema en donde hemos traído expertos para mejorar en los saberes técnico y minero energéticos que tienen que ver con yacimientos no convencionales y de costa fuera, este proceso ha sido conjunto con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Minas, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

En compromiso de mejorar el conocimiento para yacimientos no con-vencionales se han identificado temas críticos sobre los que seguramen-te los términos de referencia se van a enfocar; apartados relacionados con la huella ambiental de superficie, discusiones relacionados con el uso del agua, la microsismicidad inducida y el manejo de los flujos de retorno son temáticas sobre las que nuestros expertos han dedicado mucho tiempo y una gran cantidad de seminarios y talleres que se ocu-pan de su abordaje. Como resultado de ese proceso de consolidación del conocimiento también se han encontrado brechas regulatorias, no solamente en la parte ambiental —y ese también es un reto para noso-tros, desde la Institución— sino también en la parte minero-energéti-ca como tal, ambos aspectos los venimos tratando en conjunto con las cuatro instituciones.

El segundo tema que se nos presenta como desafío para trabajar es el que está referido a los cambios menores; habíamos visto una prioridad en materia regulatoria y en la medida en que ya había una legislación base que nos puede permitir identificar actividades que representen cambios menores y que nos eviten modificar el trámite de licencia am-



biental, siempre y cuando no hayan unos impactos ambientales adi-cionales respecto con los ya previstos en la licencia o que tengan que ver con el uso de más recursos naturales renovables a los establecidos en este documento. Con ese desarrollo reglamentario vamos a tener la posibilidad de evitarnos muchos de los problemas sobre el trámite de modificación de la licencia, aspecto que compete la Autoridad Ambien-tal. El Ministerio ha trabajo en brindar todo el apoyo técnico necesario.

El tercer punto que también hemos priorizado dentro de las actividades que se nos presentan tiene que ver con el permiso con fines de actividad científica, este ítem está identificado como un escollo que se ha venido presentando durante el proceso anterior a la actividad de licenciamien-to en la medida en que se nos han presentado algunas complicaciones, puesto que estamos frente a un proceso adicional. De la misma manera se ha dificultado la consulta previa, que en ocasiones se ha venido ne-cesitando para el trámite del permiso y a su vez se asume como con-dición para tramitar el estudio de impacto ambiental, visto como un término para obtener la licencia ambiental. Nuestra propuesta ha sido mirar, con una disposición constructiva, cómo podemos mejorar esa regulación, garantizando en todo caso las herramientas que podamos proponer en la protección a los recursos bióticos y genéticos; enfocados en cambiar el statu quo de lo que representa este permiso se han pre-sentado diferentes justificaciones en los diferentes espacios en los que hemos participado: justificaciones técnicas y legales para mostrar cómo eventualmente podemos trabajar en alternativas, como por ejemplo la inclusión de esa herramienta de protección dentro de los mismos térmi-nos de referencia para el estudio de impacto ambiental, si estos procesos necesariamente deben tener la figura de permiso o si lo pudiéramos manejar dentro del proceso de licenciamiento y no de manera previa.

Cuarto y último es la elaboración de los términos de referencia para lo que van a ser los proyectos exploratorios de los yacimientos no convencionales y el ajuste y modificación de los términos de referencia para yacimientos convencionales; esto se efectúa con miras a proyectar unos términos que garanticen mayor eficiencia en el proceso de licenciamiento.

Luz Helena Sarmiento

En este sentido nosotros creamos hace año y medio, y como consoli-dado desde junio del año pasado, a partir de la inyección de capital del

Estado para hacer la contratación —pasamos de 180 a 560 funcionarios, de los cuales el 80% es personal técnico dedicado en su mayoría para el tema de evaluación y la labor del conocimiento—. ¿Cuáles eran las preocupaciones cuando se creó la ANLA? Primero, los tiempos, dos, el aspecto de la discrecionalidad en nuestras decisiones y tres, que no te-níamos los recursos. Cuando nosotros estructuramos los diagnósticos, antes de crear la ANLA, se analizaban los procesos que correspondían a la Dirección de Licencias Ambientales del Ministerio anterior, veíamos que estos no tenían la capacidad suficiente para hacer andar las locomo-toras que ya estaban empezando a surgir; se incrementaron entonces el número de licencias y se acrecentó la complejidad de los proyectos, especialmente en el tema de infraestructura. Otra dificultad yacía en la discusión que se matizaba entre el Gobierno y los sectores privados sobre el tiempo del proceso de licenciamiento ambiental, que en parte en algunos sectores se mantiene, pero hemos evolucionado.

La Autoridad no solamente tiene una unidad para evaluar y entregar las licencias, tenemos un factor de conocimiento en el que estamos traba-jando muy fuerte en aras de evitar la discrecionalidad, que hayan reglas de juego claras. Hemos logrado en algunos casos bajar los tiempos de licenciamiento y estamos logrando cambios estructurales en la forma como realizamos el proceso. Puede ser que se diga que para un pozo o para un oleoducto no puede haber el mismo tiempo de licenciamiento, ni los mismos pasos; la esencia del proceso sí se debe conservar, pero lo que debemos hacer es usar herramientas más específicas, no tan ge-néricas. A veces se reglamenta una norma muy general y pretendemos que todos se adhieran a ella para que sea más fácil su desarrollo; en el caso ambiental y de licenciamiento mientras más claras sean las reglas mucho más templado y rápido será el proceso.

Actualmente, gracias a un trabajo conjunto y aunque el tema del tiempo sigue siendo importante, nos hemos concentrado en que el debate se vaya al tema de la calidad, pertinencia, a cómo mejoramos estructuralmente. Con los otros gremios ha sido más complejo porque persiste el tema de “cuánto se demora usted” o de “qué información tiene y está pidiendo”. En este año de consolidación de la ANLA, que para todos es Autoridad y no agencia, hemos visto cambios estructura-les para sentarnos a tener un diálogo claro y pertinente, la idea es que nuestros evaluadores y nosotros mismos miremos a fondo cuáles son



las preocupaciones y el cómo opera el sector; es muy fácil satanizar una actividad cuando no se conoce, entonces al abrir la puerta y descubrir cuáles son las acciones que se pueden hacer de una manera sostenible, el diálogo se empieza a abrir y estas mesas de conocimiento permiten posteriormente conversar de aspectos muy fuertes, como el examinar el tema de los hidrocarburos no convencionales. Como Autoridad te-nemos en una especie de stand by estos licenciamientos, hasta que no conozcamos totalmente cómo funciona esta discusión tan grande, que convoca a diversos sectores del mundo y donde se advierten lugares donde esto se realiza y otros en los que se afirma que la actividad no se puede hacer. Queremos ver todas las medidas pertinentes para que cuando se vayan a establecer en Colombia lo hagamos bien.

Estamos esperando que para finales de noviembre se den los términos de referencia de no convencionales, no obstante este trabajo conjunto de evidenciar cómo funciona esa explotación de recursos, el ir y ha-blar con las Autoridades que ya lo tienen regulado, nos lleva a tener un mayor éxito o al menos a enfrentar lo que nosotros estamos viendo hoy, y especialmente en el país, que condena ciertos sectores, donde se satanizan las industrias y los gremios. Tenemos un trabajo junto con las industrias y los Ministerios pertinentes con el fin de realizar una argu-mentación técnica y comprobable; nosotros podemos enfrentar y salir adelante en todo el tema que nos convoca a realizarlo de una manera sostenible, eso no quiere decir que cuando se dé una licencia el país o el medio ambiente estén perdiendo, sino que cuando se da un permiso el país gana en muchos factores: por el tema del desarrollo, por la cuestión social y se beneficia también desde la óptica mental; estos proyectos de-muestran que se puede intervenir el medio ambiente y todavía mejorar-lo, tener un entorno mucho mejor del que ustedes pudieron encontrar.

La ANLA ha venido evolucionando en este tema, hemos elaborado he-rramientas in house, una de las más importantes que tenemos es Tre-marctos, en la que estamos evolucionando para que por ejemplo todas las vías que vienen para el país pasen por este filtro, lo que ha hecho que muchas rutas cambien su dirección porque se han topado con espacios ambientales que no son posibles licenciar. Como vemos desde la pla-neación estamos bajando los tiempos, ya no nos vamos a encontrar con un proyecto que vaya a ser inviable en una parte y nos toque pararlo cuando esté cerca a la ejecución.

También tenemos un proceso de regionalización de la ANLA, que es un instrumento que sobre todo en el sector petrolero entrega todos los temas de la geo database, una forma nueva que solicitamos sobre el cómo nos entregan la información. La evaluación de ciertos sectores, particularmente en el Cesar, se adelanta con un grupo evaluador que inmediatamente recibe la información la ingresa, con unos requisitos de coordenadas, a nuestra base de datos y satelitalmente puede ver toda en detalle los aspectos que desee; ahí ellos puede ver 100 capas de in-formación, de manera que ya no se trata de leer estudios de impacto ambiental con una inmensidad de páginas, el estudio sí se necesita para algunas cosas, pero la evaluación se ciñe sobre parámetros fundamen-tales; la línea base la tenemos nosotros y se monta la información del proyecto directamente, de tal manera que estamos viendo el impacto acumulativo y si podemos o no dar ciertos permisos, o negar o dar la licencia o tomar las medidas correspondientes. Esto nos ha ayudado a que, recordando que la ANLA es una institución técnica, nuestras deci-siones sean rebatidas; nosotros siempre argumentamos que la evidencia la tenemos de acuerdo a la información que está en la Geo Database, que los usuarios entregaron, mientras tanto los datos fueron agregados con los diferentes institutos.

El año pasado invertimos aproximadamente 5 mil millones, este año 1.500 y el próximo solamente en una nube informática que va a tener la base, la cual va a ser para todos y posibilitará que en el futuro ya no se exija la línea base de licenciamiento ambiental; entendimos que por más que la ACP, la ANH o el Ministerio le digamos a las empresas que mejoren los estudios es mejor que la línea base sea alimentada por los diferentes institutos para minimizar las fallas. Tenemos 21 convenios: IDEAM, Von Humboldt, vamos a tener unas alianzas con Conserva-ción y las universidades, quienes van a tener todas las capas que alimen-tarán esta línea base; en solo Casanare y Meta vamos a invertir 12 mi-llones de dólares el próximo año para tener esta línea base que va a estar al servicio de ustedes y principalmente en asistencia para nosotros.

Estamos implementando herramientas, iniciando y reiniciando el tema de evaluación económica ambiental para que la licencia no sea el trá-mite que es hoy; cuando vemos que los empresarios, quienes son los que tienen que regular, hacer y presentar una serie de requisitos, que no sirven para la toma de decisiones. Pienso que no vale la pena invertir en



algo que solamente se hace por cumplir un decreto, entonces estamos internamente reevaluando, poniendo en función a gente realmente ca-pacitada en el tema, quienes se están dando la discusión interna para convertir esta herramienta en un instrumento verdaderamente perti-nente. Se ha visto la evolución de la ANLA, hemos sufrido conjunta-mente con ese tema, sin embargo ha habido un avance y unos cambios estructurales, aspecto que es bien importante.

Creo que debemos pensar en cuáles son los retos futuros que nosotros tenemos. El primero se refiere a cómo la ANLA va a seguir bajando la discrecionalidad, estamos encaminados en un proceso muy fuerte de trabajo sobre los términos de referencia más específicos del tema, el objetivo de tener una lista de compensaciones y no salirnos de ese entorno; si el estudio, por ejemplo, lo lee un sociólogo él pone medidas de compensación diferentes a las que establece un antropólogo, enton-ces debemos tener una regulación más clara al respecto, ya estamos trabajando con la industria en esto. Configuramos un nuevo manual de evaluación, mucho más pertinente, y hemos trabajado en el tema de cambios menores; las Autoridades tienen que dedicarse a los impactos, a lo verdaderamente importante, no parece razonable que alguien tenga un tubo que tiene un flujo y cuando lo quiera cambiar tenga que mo-dificar varios parámetros, eso nos quita tiempo a nosotros y les quita tiempo a las compañías, se paraliza el desarrollo. Ampliamos entonces una lista de cosas que no se necesitan modificar para dedicarnos a las cosas importantes.

Refiriéndome a los retos para la industria yo creo que hay que bajarle el tono a la polarización existente entre el supuesto conflicto entre me-dio ambiente y desarrollo y ambiente y los sectores. Debemos pensar como grupo en mirar cómo se muestran las cosas, en este momento nos encontramos en un diálogo de sordos en el que se oye al país decir: “es que Colombia está concesionada en empresas petroleras y mineras”; ningún gremio ha salido a decir que cuando hay exploración los blo-ques son muy grandes pero realmente lo que se va a utilizar es un área muy pequeña. Algunos expresan que en vez de ver un proyecto minero o petrolero como una amenaza hay que dejar que se convierta en una oportunidad, porque no va a ocupar mucho espacio, ni muchos recur-sos, pero sí puede aportar al país. Hemos permitido que avance el dicho de que el país está “concesionado”, entonces nos muestran mapas y una

serie de argumentos, me pregunto ¿Cuánto de eso va a quedar como huella al final en el tema minero y petrolero? Esa es una discusión que se debe dar de manera técnica y no desde sentidos políticos, me parece importante que la discusión, así esté dentro del panorama político, se maneje desde el punto de vista técnico y así se mire la huella de estas industrias.

Otro aspecto, que aplica más para el sector minero que para el de los hidrocarburos, es su consolidación como gremio; puede existir la canti-dad de asociaciones que sean, pero es importante que tengan el mismo discurso, que no se basen siempre en la exigencias sobre bajar los tiem-pos, sino que se hablen entre ellos mismos y sobre los cambios realmen-te estructurales para el mejoramiento del país, de los colombianos y de las empresas. El otro punto en el que tenemos que seguir reparando es el de la transparencia; yo escucho muchos consultores que me pregun-tan ¿cuál es mi cercanía con la ANLA, con la directora? Esto debe aca-barse definitivamente, los más cercanos son los que tienen las licencias más demoradas. Los atajos no llevan sino a problemas, hay que hacer las cosas bien, la cercanía con alguien de la ANLA no sirve, lo que es útil es que tenemos herramientas muy transparentes. El tema de la nue-va ventanilla única es vital, nos dio aportes significativos a la vez que están todas las corporaciones dentro del mismo sistema; las empresas y los proyectos pueden inscribirse e ingresar a VITAL, Ecopetrol ha sido un ejemplo en este tema, fue de los primeros que se inscribieron y que lo están utilizando. VITAL permite un proceso mucho más transpa-rente, se asegura que los usuarios entreguen todo en regla y se dirija un seguimiento a su proyecto dentro de esta herramienta y todo el proceso adyacente, establecer inclusive hasta los permisos que se tienen con las corporaciones, ya que estas se están integrando con VITAL. El año de consolidación de esta plataforma es este y el próximo, de modo que estamos esperando que para diciembre estén todas las corporaciones, razón que va a otorgar mucha más transparencia al proceso puesto que también la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía pueden entrar a indagar por el tiempo que nos estamos tomando, ya sea en términos de celeridad o por la lentitud. Esto de la transparencia es muy importante y las reglas son claras, el sector como tal y nosotros como Autoridad debemos promoverla en todo momento. Les decía que antes de tener ese relacionamiento y esa cercanía con la ANLA iba a mejorar supues-tamente la agilidad de las autorizaciones nuestras, pero eso no es así, ya



la ANLA tiene sistemas en el que la sistematización y la evaluación está yendo hacia la mínima discrecionalidad. Esto es lo que se está haciendo desde la ANLA, se busca que todos los procesos sean más transparen-tes, en cualquier caso todos debemos contribuir en este propósito.

El otro carácter se refiere a que tenemos que seguir en el tema de dis-crecionalidad. Para terminar creo que el punto crítico es: uno, la arti-culación de los gremios en un mismo discurso, no podemos subir el perfil en un país que está viendo más del otro lado, de lo malo de las industrias, digamos al común de la gente que es necesario concentrarse en algo más pertinente y más profundo, ¿en qué nos comprometemos frente los temas de responsabilidad social? Siempre he dicho que en el modelo de los cafeteros de los setenta y los ochenta, donde se concen-traban una o dos cosas, se decía entonces que en la zona cafetera del país todos tienen escuelas, vías y acueducto; puede ser que no sean las mismas cosas, pero concentrarse en lo mismo y decir actualmente que todos probablemente piensen eso de las zonas petroleras, donde todos tienen dos o tres cosas. En este tema lo que hay que hacer es concentrar-se como gremio, tener unas líneas muy claras que se puedan mostrar como desarrollo y de la transformación del tema. Creo que el reto más importante que tenemos y que todos esperan es el tema de la articula-ción interinstitucional de los diferentes entes del Gobierno, pueda ser que hayamos avanzado, pero es importante que se desarrolle una con-sulta previa, que el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Transporte podamos tener el mismo objetivo de que sí vamos a apoyar las industrias, dar las condiciones para que ustedes decidan como gremios. La idea es poder tener un interlocutor de uste-des hacia nosotros y como Gobierno tener una articulación que se está tratando de hacer con las mesas intersectoriales en hidrocarburos y en vías.

Tenemos que trabajar más de la mano y encontrar esa articulación que se está buscando, no solo es ir a denunciar los problemas que se están teniendo sino trabajar mancomunadamente y tener cronogramas de metas de la articulación.

Jim Dilay

I want to say a brief comment. Some things that we have done to address the type of the decisions, there are three of them: the first thing, I think

that some good work in trying to amount the analysis, in the amount of information that they need in the project, so for example we have a single well on a piece of land, we know how to do that, we are doing that for decades, is not something that you need in a exhausting process or for a environmental assessment, there are some industry recommended practices in how to construct the list, how to deal with that things, the you go up the line into a more complex problem, then the process and the information requirements become more complex and you need the complete environmental impact assessment so it is a lot of effort. So we have some things that we say: we really don’t need an application for that, we just not doing a requirement application any more, we took that walk away completely.

The second thing I want to mention, from time to time we will have problems with the companies submitting very poor quality applications and we simply say to the industries, you need to submit high quality and if you do that you will have a better and quicker result. And we say, if they are very poor we are not going to tell you where the information is missing, where just going to send it back, we are not processing that and that work that got their attention and it helps us to have better applications.

The third thing is almost too simplistic to be helpful, but really did focus us then, if there are objections by someone who has an interest in the matter we need to have a public hearing, and we have about recent years, we have ten or twelve hearings a year, and it s like a court case: three people like me sit in judgment, we hear the evidence, the evidence gest taste in the process and in the end of this hearing process and we are require by law to prepare the documents and reasons for decision. Years ago, we did that and the process was open-ended, it took… However, it took to produce that decision report and we said… and in some point we said: we are going to save an internal standard process for ourselves, we said to the decision report and the time we take are of 18 days from the hearing. Well, this is remarkably successful process, we did it and with few exceptions.

Moderador. Quiero hacer una pregunta que se deriva de la discusión dada, evidentemente hubo un cambio estructural en la organización de las licencias ambientales. Aparentemente, y por lo que sabemos, el resultado es positivo en tiempos por diversos asuntos, ahora lo que no



cambió fueron las reglas de juego; la regulación no se modificó para la evaluación, tal vez habría que replantear situaciones que podrían com-plementar la transformación de la organización, esto permitiría no solo acelerar sino simplificar el proceso de evaluación y hacer el esfuerzo de evaluación ambiental más pertinente y útil. ¿Hay alguna necesidad de hacer una revisión sobre la legislación actual sobre licenciamiento ambiental?, ¿cuál sería ese cambio que se necesitaría?


Como usuaria de la reglamentación vigente, porque nosotros la aplica-mos, no la realizamos, creo que sí deben existir algunos cambios. Por ejemplo, en términos de los tiempos, tenemos proyectos más complejos que otros y el tiempo es el mismo para todos. Una modificación en el tema de agroquímicos, que puede durar tres semanas, tiene las diez mismas semanas que una de hidrocarburos que pasa de un proceso de exploración a otro de producción; realmente ese tiempo es imposible de cumplir. Pienso que en el tema de tiempo hay que aclarar el plazo por actividad y por sector para establecer de manera real cuánto se demora cada proceso.

Aspectos como el del estudio de la investigación científica, donde el aporte a la evaluación que nosotros hacemos no es significativo, debe transformarse en una herramienta mucho más efectiva para la toma de decisión; debe pensarse es cómo cambiar o cuáles son las cosas que se necesitan para una toma de decisión pertinente. Concibo que sí hay oportunidades de mejoramiento en temas de legislación, no obstante debemos saber que cualquier modificación en la norma o en la Ley 99 exige tomar lo establecido para volvernos más eficientes, pertinentes y mucho más técnicos para tener unas decisiones sensatas y conseguir un diálogo con la industria, esto con el fin de avanzar hacia un desarrollo sostenible y verdadero.

Moderador. Entiendo que la ANLA sea una organización técnica, ¿se podría esperar que en el año que viene haya un cambio regulatorio que aproveche la experiencia internacional con miras a realizar un proce-dimiento más razonable de acuerdo con la dimensión de los proyectos? Se hablaba de exclusión categórica en algunos casos, ¿se puede esperar algo así?


Se han realizado trabajos en el tema de cambios menores para el sec-tor de hidrocarburos, hemos sacado actividades que realmente no me-recían entrar en el tema de licenciamiento o modificación, realmente el impacto o la utilización de recursos no era muy grande para poder dedicar todo un equipo de trabajo o que los empresarios pararan los proyectos por una modificación pequeña; esa reforma ya la tenemos. Actualmente estamos trabajando en una modificación del decreto 2820 de licenciamiento, vamos a incluir varias de las cosas que hemos detec-tado con el ánimo de fortalecer los procesos, además tendremos que analizar algunos aspectos que definitivamente deben ser excluidos en el licenciamiento.

Estamos mirando cómo podemos mejorar el diagnóstico ambiental de alternativas, que si bien efectúa una labor clave y cobra una importan-cia muy amplia, además se asume como obligatoria, los empresarios presentan lo que quieren. Hoy en día hay herramientas mucho más pertinentes, Tremarctos es una alternativa real de información, ahora estamos pensando en evolucionar en este tema para que herramientas ciertas e importantes como esta sean las que guíen la planeación de los proyectos. El decreto 2820 se va a modificar y estamos trabajando con los sectores sobre este tema.

Moderador. Se dijo inicialmente que el Gobierno había avanzado mu-cho más que el sector; ¿el Gobierno se modernizó, se fortaleció y uste-des siguen igual?

Fabio Arjona

El esfuerzo en el esquema de licenciamiento ambiental y de los sectores donde está el Gobierno no es equivalente. A principios de este Gobierno se dijo que el fortalecimiento de la gestión ambiental en los sectores se iba a llevar a cabo con mucha fuerza, eso es muy importante y no ha su-cedido. A finales del siglo pasado teníamos la mejor unidad en América Latina y tal vez a nivel global, en el espectro de las vías, eso desapareció. Creo que hay que fortalecer también el sector privado; hay que dar ese mensaje que daba el Estado. Hasta hace poco Ingeominas daba títulos en cualquier parte, un inversionista serio pensaba que eso estaba bien, posteriormente tenía todas las restricciones constitucionales en la ad-quisición de un título minero otorgado por el Estado; creo que eso lo



hemos superado, debemos mirar rápidamente hacia dónde vamos, los objetivos del milenio, los compromisos del país, es obligatorio pasar al tema de los servicios ecosistémicos dentro de los criterios de evaluación, no porque esto sea una moda sino porque es la forma más efectiva de hacer un trade-off de acuerdo con las consecuencias ambientales de un proyecto; también, como una tercera fase, tenemos que pasar a la cons-titución de mecanismos novedosos como el Bebop o iniciativas simila-res como la del Business and Biodiversity Offset. En unos casos estamos tratando de intentarlo, hay una alianza entre WCS, la iniciativa Bebop de Conservation International y AngloGold Ashanti que se enfoca en hacer un ejercicio donde eventualmente se va a establecer una mina en Antioquia, en Gramalote. Creo que estos son mecanismos modernos para plantear desde un principio cómo debería ser una intervención.

La escala de paisaje es muy importante para los proyectos de hidro-carburos y minería, hay que mirar el entorno, la cuenca, el área de in-fluencia del proyecto y no un punto específico. Creo que avanzar en el diálogo y tener una interlocución en ese sentido sería muy importante. En mi parecer el crecimiento económico está dado también a partir de la minería, pero realizando una actividad bien hecha, parte de asegurar este propósito está en utilizar todas estas herramientas e instrumentos. Mi sentir es que se ha avanzado más en el tema ambiental, en el caso del licenciamiento, sin embargo pienso que los objetivos deben ser iguales en todos los sectores, tanto gubernamentales como privados.

Moderador. Durante los últimos años la legislación ha venido exclu-yendo unas áreas específicas dentro de la actividad económica. Se esta-bleció una restricción en los páramos y humedales, es preocupante que esa lista crezca porque naturalmente sería negativo para los sectores. La pregunta es ¿no sería mejor una regulación que definiera cómo se deben hacer las cosas en determinados sitios en lugar de una establecer unas sentencias que se van por el camino fácil y simplemente excluyen unos sitios de la lista, posiblemente a un alto costo para la sociedad?


Cuando se escuchan las declaraciones de los diferentes sectores en el caso de los páramos, especialmente del sector minero, de forzar el tema para que se haga muy rápidamente la delimitación para establecer re-glas claras, y viviendo un momento de tanta polarización en el país,

en el que hay presiones del sector de extrema conservación en el tema de desarrollo, vemos que tomar decisiones en un momento como este puede llevar a un escenario de complicaciones muy fuertes. Creo que efectivamente deben existir algunas zonas que necesitan ser excluidas de las actividades, puesto que en casos el tema de los servicios ecosisté-micos es más valioso que lo que podemos obtener en recursos; la gene-ralización de los términos lleva también a la pérdida de muchas oportu-nidades, entonces y al haber situaciones específicas donde es mejor que se lleve caso por caso desde una óptica particular, donde intervienen elementos de exclusión derivados de los sentimientos, se generan unas discusiones basadas más en aspectos técnicos que pasionales.

Cuando vemos situaciones particulares como La Colosa o Santurban el tema se ha convertido en pasional; la argumentación técnica no se escucha, este es un diálogo de sordos, entonces se deciden excluir cier-tas áreas sin hacer un análisis, por lo menos casuístico o gremial, que enfoque a que el Ministerio de Minas se pronuncie sobre este potencial y el Ministerio de Ambiente pueda configurar un diagnóstico sobre la viabilidad ambiental de estos servicios ecosistémicos. Si no existe esa calma en la toma de decisiones y toda la información es clara, van a pre-dominar las pasiones y en eso es muy importante que se mire realmente cuáles son los potenciales y la información junto con un diálogo abierto y muy transparente.

Fabio Arjona

Hay ecosistemas frágiles además de los páramos, con estos tenemos una connotación: el 60% de los páramos del mundo quedan en Co-lombia, ahora se está haciendo la lista roja de los ecosistemas por parte de la OICN y estos tienen una figuración muy especial. Es importante dar la señal que el país tiene una responsabilidad sobre los ecosistemas. Sacarlos de tajo, tabla rasa, de actividades productivas; no sé si en el caso de la minería —podría ser poco práctico en términos generales— el manejar los temas ambientales de áreas protegidas o intangibles nos lleve a algún lugar, no vamos a tener ninguna gobernanza y en el caso de Santurban esto es bastante diciente: está en Santander, una pendien-te de más de 30 grados y un municipio que se llama California, el cual no es precisamente plano, y limita con otro municipio que se llama Ve-tas. Hay una explotación de oro artesanal, altamente deteriorada, que está afectando el ecosistema desde hace mucho rato, es posible que un



mecanismo de gobernanza sea el tratar todos esos mineros artesanales altamente contaminantes y apoyarlos tecnológicamente con represas de cola, con tecnología y demás herramientas que hagan menos agresiva la acción en términos ambientales, es posible además que una minería industrial cerca de un área de páramo tienda a afectar servicios ecosis-témicos determinantes, por eso el debate base se mueve en torno a estos elementos, en el hecho de unos servicios que están siendo afectados.

En el caso del carbón podemos afirmar que se enfrenta la pérdida de servicios ecosistémicos por una mala tecnología en su transporte, esta-mos hablando de daños enormes, incalculables. Tener un puerto cada cuatro kilómetros es horroroso, afecta tremendamente otros sectores de la economía, y esto no quiere decir que debamos dejar de exportar carbón, sin embargo tener un puerto de 35 millones de toneladas que cumple unos estándares mundiales, como Puerto Bolivar, que ya está en el timeline de parques y recibe nuestro apoyo para declarar un área protegida, versus lo que sucede en Santa Marta, nos exhibe casos que son dos caras de la misma moneda. Creo que este es un tema de tecno-logía y de hacer unos buenos esquemas de planificación, en Tremarctos por ejemplo solo hay 120 personas al día que actúan. No obstante para los ecosistemas, aún en el caso del páramo, el sentenciar su intangibili-dad es suficiente para proteger los páramos.

Moderador. Si las cosas se hacen bien, incluso ecosistemas como los páramos, podrían ser aprovechados; la legislación no deja hacerlo. Se siente la necesidad de construcción de un consenso en cambio de la exigencia de un cambio en la legislación. Me da la impresión que hacia eso se está pensando.


Hay ecosistemas que el tema de servicios ecosistémicos no permite to-car, creo que los páramos hay que protegerlos de algunas actividades y que tiene que haber una delimitación muy seria desde el punto de vista técnico, es fundamental que se evalúen los ecosistemas y su verdadera vulnerabilidad; en eso el Ministerio está trabajando.


Tengo una experiencia en un proyecto de minería y gas en una zona muy sensible, donde estuve trabajando para el proyecto de La Camisea,

en Perú. El área de implantación del proyecto era un bosque primario, territorio de comunidades nativas, por supuesto inicialmente fue un proyecto controversial pero la aplicación de medidas de mitigación de excelencia permitió que esto fuera posible. ¿Qué quiere decir una ges-tión de excelencia?, por ejemplo la evaluación de impacto ambiental se hizo en el 2002, se vio que los temas más importantes eran reducir la huella del proyecto, el tema de no abrir nuevos accesos, ¿de qué manera se solucionó? Primero, de acuerdo con el acceso el compromiso de la compañía fue el de llevar adelante un proyecto offshore in-line, es decir, el uso del transporte fluvial; la apertura de nuevos accesos generaba impactos por el tema de migración. El otro tema, relacionado con la reducción de la huella del proyecto, fue resuelto por el compromiso de la compañía y la construcción de locaciones con pozos múltiples, o sea, disminuir al máximo esa huella de las locaciones de los pozos. Por otro lado, respecto al compromiso de la conservación del ecosistema, se vio la necesidad de implementar un proyecto de vigilancia de biodiversidad a nivel regional, esa obligación ha sido cumplida, de hecho el monitoreo realizado en Camisea ha generado un montón de información de las características biológicas.

Finalmente, en áreas sensibles desde el punto de vista social y ambien-tal, lo que se requiere es una gestión de excelencia sustentada en la im-plementación de los proyectos bajo estándares internacionales, mucho más allá de lo que pide la legislación. En términos de la iniciativa Bebop me parece muy atendible el tema de la compensación de los impactos residuales mediante un mecanismo de consulta de las partes interesa-das. Hay que tener en claro que este es el último recurso, no podemos ir demasiado rápido en la compensación, antes de eso tenemos que pensar un poco mejor cómo mitigar y reducir.

Pregunta del público. Los proyectos actualmente están muy preocupa-dos porque se encuentran en una fase de exploración, algunos piensan que pueden entrar en producción en los próximos años y están en li-cenciamiento o en permisos menores en las Corporaciones Autónomas Regionales. Vemos como una preocupación la necesidad de una articu-lación, una sola política ambiental en el país, que las corporaciones en-tendidas en su autonomía también tengan un asocio con el Ministerio de Ambiente y las demás organizaciones de orden nacional. Ese es un llamado al sector minero, su articulación, además las Corporaciones Regionales deben tener políticas nacionales alrededor de este.




Creo que todos sabemos qué es lo pasa con el SINA, Sistema Nacional Ambiental, le falta más coordinación. Una de las partes que debemos estudiar junto con el sector es la pertinencia de las licencias en explo-ración. En el futuro vamos a estar supeditados a unas reglas de juego mucho más claras, el tema del fortalecimiento de la ventanilla única en línea también nos va a ayudar en ese tema; hemos visto lo tortuoso que ha sido pasar el proyecto de modificación de las CAR, esto básica-mente por el tema de consulta. Todos debemos, como grupo, discutir la pertinencia con el fin de quitar la discrecionalidad, no importa tener reglas de juego estrictas, lo fundamental es que sean claras. Como se ha visto en el fortalecimiento de la ANLA ya estamos llegando a cam-bios estructurales que definitivamente nos lleven a decisiones técnicas, a tiempos determinados, que haya un reglamente lúcido en el tema.

Pregunta del público. Debo decir que estoy complacido con los avan-ces en la eficiencia en términos de licenciamiento ambiental. Ya vemos que en este año se ha dado una reducción, no solo en temas de otorga-miento, sino además en las modificaciones de licencia. Hay un trabajo muy importante que ha adelantado la ANLA, no se está mirando sin embargo el tema del otorgamiento en un solo trámite, ¿cómo lograr un modelo de licenciamiento ambiental que sea más efectivo en el propó-sito de mejorar el proceso y sector productivo en el país? Creo que hay seguir profundizando en la medida, vamos por buen camino, no po-demos dejar de perseverar, tenemos que avanzar en temas de cambios menores, en materia de la línea base ambiental. Hay una serie de temas estructurales en los que debemos progresar y lograr una mayor eficacia en el licenciamiento ambiental. Es necesario pasar de un otorgamiento de licencias a una conversación donde podamos ver los temas esencia-les del sector y del Gobierno. A mi modo de ver estamos en el camino adecuado.

Respecto al tema minero, en esa discusión sobre la pertinencia de la li-cencia ambiental para la exploración petrolera, llegamos a la conclusión de que no toda la actividad petrolera requería licenciamiento y así se definió. El ciclo previo no requiere licencia ambiental, la etapa sísmi-ca la necesita solo en el caso de que haya una construcción de vías de acceso, en las demás situaciones no; como regla general se definió que solamente para la perforación exploratoria se requería esa licencia, esta

es una discusión que se puede dar con toda tranquilidad y estando téc-nicamente fundamentados. Entretanto en el sector petrolero estamos viendo que las Corporaciones Autónomas Regionales están empezando a exigir autorizaciones previas, no previstas en la ley, esto también nos preocupa y es un problema que debemos discutir con el Ministerio de Ambiente. Pienso que vamos a lograr resolver todos estos inconvenien-tes porque hay una decisión muy importante de mejorar.

Pregunta del público. Se ha mejorado mucho y hemos visto con com-placencia que todos los proyectos que van a la ANLA han mejorado en sus tiempos de respuesta. ¿Cuál es la mejora para los proyectos que están cobijados actualmente por las Autoridades Locales o Regionales? Si bien para el sector minero esto se resuelve hay para otros sectores, el de hidrocarburos, marítimo y portuario en los que no es tan claro este adelanto. Los proyectos se ven truncados muchas veces por el hecho de la demora en licenciarse, una modificación de una licencia tarda gran cantidad de tiempo y hay casos más graves en los que los mismos fun-cionarios de la Autoridad Local y Regional no saben si la competencia es de ellos, a pesar de que el expediente esté en sus manos. Desde la ANLA, que es la Autoridad rectora, ¿cuál es el proyecto que se tiene para mejorar esa competencia y asegurar una claridad que deben tener las autoridades locales frente al otorgamiento de las licencias?


Nosotros no tenemos la competencia, no somos ni funcional ni admi-nistrativamente la Autoridad encargada frente a las corporaciones. En este momento debería hacerse, en conjunto, un programa para que la industria hiciera un mapa de los permisos que tuviera que tramitar y tenerlo muy claro; cualquier autorización que se exija por fuera del marco legal no debe cumplirse. Debemos ser estrictos en el hecho de no abrir puertas que puedan llevar a que se soliciten más autorizaciones o que se exijan aquellas que no estén contempladas dentro de la ley, ese es un caso típico de las socializaciones. Hoy estamos viendo una conflictividad dentro de las socializaciones, hay gente y empresas que se quejan porque se les ha convocado muchas veces; la Autoridad tiene que documentar muy bien si la socialización se hizo, de tal manera que podamos constatar realmente los términos y se solicite lo establecido, esto con el fin de dar continuidad a los procesos. Debemos diseñar un mapa de proceso en donde estén todos los permisos y autorizaciones, se



trata de no permitir que entren otro tipo de autorizaciones que no están legalmente establecidas y documentar las discusiones con el propósito de presentarlas al Gobierno como tal.

Pregunta del público. Las intervenciones muestran claramente que sí hay instituciones, seguramente habrá la necesidad de ajustar y corregir una serie de situaciones, pero evidentemente hay que hacer un llamado para soportar y apoyar la institucionalidad minero ambiental colom-biana. Puede haber dificultades, demoras, seguramente en eso no nos vamos a poder de acuerdo, lo que sí es claro es que es necesario apoyar a la ANLA; no se puede dejar de hacer lo que no se hizo en siete meses, lo que se demoró en hacer en dos, tres o diez años y desarticuló por completo la institucionalidad minera colombiana, por ejemplo.

En segundo lugar es necesario reconocer el carácter técnico de la ANLA y del Von Humboldt y no recargarles a ellos las decisiones de carácter político que se deben tomar. En ese sentido celebramos la necesidad de que esa discrecionalidad siga bajando, esto plantea un término abso-lutamente estructural: el país tarde o temprano tendrá que darse a la tarea de revisar la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales. Recuerdo que hace un año y medio un Ministro decía que tenía perfec-tamente hecha la cartografía de cómo los congresistas tenían cooptadas todas las corporaciones, en esas circunstancias y mientras estas sean tan dispares y heterogéneas en recurso humano es poco lo que se puede hacer; si no hay un instrumento legal que las regule, tarde o temprano ese escenario se tendrá que propiciar.

Otro tema importante es que tenemos que adoptar el concepto de la realidad territorial en términos de la Ley segunda de 1959. Señalamos una realidad, hechos palpables y evidentes que obligan a repensar cuál es el modelo económico que tiene el país, esto no solamente puede lle-varse a cabo mediante discursos sino sobre la base de estudios técni-cos, sociales y ambientales que caractericen de manera permanente y con movilidad hacia el futuro todo este tipo de desarrollos. Nosotros creemos además que cuando todos los demás gremios transiten hacia uno solo, por ejemplo alrededor de Asomineros, y dejemos en claro que no tenemos un discurso diferente —hay diferentes expresiones, pero el discurso es el mismo— podemos tener la idealización de la unidad gremial.

Clausura

Cesar DíazDirector Ejecutivo de la Cámara de Minería

Unas breves palabras para agradecer la participación en este congreso. Un especial agradecimiento a los empresarios, Joao carrero, Felipe Márquez, Nicolás López, quienes nos compar-tieron la visión que tiene hoy una minería comprometida con el medio ambiente, y una minería con vena social. Creemos que esta ha sido una semana muy importante para el sector minero, hemos podido conocer, ver y sentir desde el primer día en el que el Presidente de la República nos manifestó acá su apoyo al sector minero, replicado en los diferentes fun-cionarios del sector ambiental, del sector minero, y de del sector infraestructura, su apoyo visto bueno a una industria que genera riqueza y una mejor calidad de vida, en diferentes regiones con grandes necesidades báscicas insatisfechas ende nuestro país.

Creemos que este año le cumplimos nuevamente, al sector, a nuestros afiliados y en especial al país; entregando diferentes visiones y retos que tiene la industria.

Muchas gracias a todos.

Javier DíazPresidente de ANALDEX

Creo que salimos más tranquilos de este congreso que cuan-do llegamos; antes había mucha incertidumbre, sobre todo por las miradas que se le estaban haciendo al sector. Creo que el mensaje que nos dejó el señor Presidente nos deja más tranquilos. Pienso que esa directriz del Presidente debe tra-ducirse en acciones concretas por parte de las entidades que


regulan o que actúan sobre el sector. Nos corresponde a nosotros, tanto a las empresas como a los gremios, hacer que esos criterios se concreten; particularmente en el caso del comercio exterior, que me compete, esas directrices deben ayudar a que en el sector no solo se trabaje alrededor del tema del control y regulación, sino específicamente en las operacio-nes y facilitación del comercio exterior, proyectado con el propósito de que Colombia sea una tierra atractiva para las inversiones, tanto en mi-nería como en petróleo. Esa es la tarea que nos queda, creo que dentro de un año tendremos que hacer un balance de qué tanto trabajamos en ese sentido. Muchas gracias.

Alejandro MartínezPresidente Ejecutivo de la Asociación Colombiana del Petróleo, ACP

Para el sector de minería e hidrocarburos esta edición de Cinmipetrol ha sido muy importante, hemos contado con una posición del Gobierno y del presidente Santos muy clara de defensa del sector. El Presidente ha dicho que no está de acuerdo con la generalización ni la satanización del sector, los diferentes Ministros, Viceministros y altos funcionarios nos lo han reiterado. Confiamos en poder seguir cumpliéndole al país con el enorme aporte que estamos haciendo para acelerar el desarrollo económico y social del mismo. Muchas gracias.

Adriana MartínezPresidente de Cinmipetrol

Podemos dar un parte de éxito de la jornada académica de esta sema-na. Iniciamos el martes con el apoyo al Comité Minero Energético en Seguridad y Derechos Humanos, en su segundo taller internacional, el cual contó con una importante nómina de expertos nacionales e inter-nacionales. Nos honró particularmente la presencia de los embajadores de Canadá y del Reino de los Países Bajos.

Fue un evento que mostró que el sector Minero Energético en Colombia está avanzando satisfactoriamente en la implementación de las buenas prácticas. Como ya lo dijeron mis compañeros, el señor Presidente de la Republica dio un mensaje muy claro, este en un sector con un aporte muy importante a la prosperidad del país; el Gobierno respalda a la minería formal e incentivará la pequeña minería, que se fortalecerá en el ataque contra la minería informal.

Clausura 229

El Gobierno no está de acuerdo con la generalización ni con la sata-nización de este sector extractivo. Fue una defensa del sector que los empresarios agradecen, solicitamos entonces que en estas jornadas se le diera una amplia difusión al interior del Gobierno y frente al país en general. Tuvimos tres talleres técnicos que trataron importantes asun-tos ambientales y sociales; se avanzó en el análisis y conocimiento de la evaluación económica de los impactos ambientales así como en la guía de socialización de proyectos que elaboraron tanto la ACP como el ANLA. En materia de minería se trató el tema sobre buenas prácticas en materia de licenciamiento ambiental y social para llevar los proyec-tos de la fase de factibilidad a la ejecución.

En el desarrollo de la agenda académica del congreso se pudo llegar a diversas conclusiones y propuestas para impulsar la aplicación de políticas en los tres sectores con los ejes temáticos que abordamos: 1. ¿Cómo aprovechar mejor la renta que está generando el sector minero y de hidrocarburos? 2. ¿Cómo generar un mejor relacionamiento con el entorno social, prevenir y atender las crisis surgidas de la conflictividad social? 3. ¿Cómo fortalecer el modelo de licenciamiento ambiental de nuestro país?

Puedo decir a título de conclusiones globales que:

Colombia cuenta con una renta que le genera el sector minero, petrole-ro y de gas natural que se ha constituido en la mejor oportunidad que tiene el país para acelerar su desarrollo económico y social.

Colombia ha manejado bien sus ingresos del sector extractivo pero de-bemos profundizar medidas en cuanto a la enfermedad holandesa para mejorar la competitividad de los sectores productivos y exportadores, la innovación, la inversión en ciencia y tecnología y el ahorro público.

La locomotora está creciendo y requiere de estabilidad en las reglas del juego, impulsar las oportunidades que tenemos para aumentar las reservas de petróleo y de minería, estimular las estrategias guberna-mentales de prevención de los conflictos sociales, fortalecer la imple-mentación de mejores prácticas empresariales, agilizar los desembolsos de recursos de regalías de las entidades territoriales, avanzar en la efi-ciencia del licenciamiento ambiental pero también en la calidad de la gestión ambiental. En fin, hemos visto que Cinmipetrol se ha vuelto un


referente en materia de las discusiones sobre la política pública en Co-lombia, siempre con una perspectiva internacional y con el ánimo cons-tructivo de identificar propuestas para el bien del país. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia.

Eduardo MontealegreFiscal General de la Nación

Quiero agradecer en primer lugar a ANALDEX, a la Asociación Co-lombiana de Petróleo, a la Cámara Colombiana de Minería, por la invi-tación a la clausura de este Congreso.

Después de la consolidación del Renacimiento, hace ya más de cinco siglos, se instauró un modo de ver el arte, la literatura y el teatro; los actuales críticos y analistas consideran que en este fenómeno tan inte-resante, que denominaron como el mundo al revés, retraban los artis-tas y participaban personajes importantes como Shakespeare; el rey se convertía en vasallo y el pastor de ovejas se describía y se pintaba como un guerrero, el loco se transformaba en sabio; era verdaderamente un modo de concebir el mundo a través del arte, se denominó con razón, el mundo al revés.

En el siglo XXI a veces nos preguntamos si en esta sociedad, que mu-chos han caracterizado como la sociedad de riesgo, una sociedad pos-moderna, no estaremos volviendo en este momento a esas figuras del arte y la literatura renacentistas, ubicadas en “el mundo al revés”. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presenciando, algunos con cierta incre-dulidad, otros con estupor, una transformación y una conversión de las competencias tradicionales al interior de un Estado social y democráti-co de derecho; los críticos y los economistas no entienden por ejemplo cómo un juez o un tribunal constitucional se convierte en un funciona-rio que diseña políticas públicas; no se concibe cómo las locomotoras del desarrollo tienen límites y cierto freno a través del discurso univer-sal de los derechos humanos y no se comprende por ejemplo cómo a través de la figura del llamado constitucionalismo militante los grupos sociales, las minorías, los indígenas logran a través de las decisiones de los tribunales constitucionales librar victorias y batallas que no han logrado llevar adelante en los escenarios naturales del parlamento y de la discusión social.

Clausura 231

Creo que esta descripción de los escenarios actuales, de las relaciones entre derecho y economía, nos permiten hacer una pregunta, muy in-teresante, de cómo frente a estos contextos modernos, que algunos entienden como un fenómeno del mundo al revés, podemos articular realmente los conceptos de Estado, sociedad y empresa. Creo que hay tres elementos fundamentales para lograr una articulación entre estos elementos centrales de la estructura de la sociedad contemporánea, la asociación entre Estado, sociedad y empresa. Considero que los aportes modernos que ha dado la llamada economía institucional, los desarro-llos que se han dado a un replanteamiento del concepto de crecimiento económico y un entendimiento real y verdadero de un nuevo modelo constitucional, que se denomina como constitucionalismo aspiracio-nal, nos puede permitir entender cómo vamos a lograr una verdadera articulación entre estos tres ejes fundamentales.

Hace cerca de una década la Academia sueca le confirió el premio No-bel de economía a Douglas North por un trabajo muy importante que se nombró como el giro institucional en la economía, según este se des-cartan las viejas concepciones neoclásicas de la economía y las nociones clásicas, centradas fundamentalmente en el análisis de la oferta y la de-manda y en los estudios de los actores racionales al interior de la econo-mía de mercado, para poner un énfasis muy importante en la influencia que tienen las instituciones en el cambio económico. El gran mérito del premio Nobel de economía fue el de haber abandonado las ópticas tradicionales y de explicación del crecimiento económico y entender que las instituciones y su diseño eran centrales en el cambio y desarro-llo económico. North entre otras cosas, centró sus trabajos básicos en explicar por qué, a partir del desarrollo de las instituciones, podíamos explicar unas diferencias tan abismales entre el modelo de desarrollo económico de Inglaterra y de los Estados Unidos: de acuerdo con el modelo de desarrollo económico de España y Latinoamérica en su con-junto la gran conclusión es que el fortalecimiento de las instituciones en uno y la burocratización de las instituciones en otro, el modelo cen-tralista de administración pública, las formas de absoluta regulación y dominio y la totalización del mercado, propia de la colonia española, habían señalado claramente dos rumbos abismales y diferentes en la vida económica de estos dos grandes continentes.


Un modelo inglés, norteamericano, centrado en unas instituciones fuertes y una verdadera democracia parlamentaria, un verdadero con-cepto de ideología liberal, política, institucional y otro modelo jerár-quico, semifeudal, patrimonialista, burocrático, propio de la España medieval; el concepto de North de destacar la importancia de las ins-tituciones en el cambio económico es uno de los conceptos más rele-vantes en este momento para explicar todas las reformas judiciales en América Latina. Uno de los elementos fundamentales que siempre se destacan en el concepto y en las propuestas de reformas judiciales en Colombia y en América Latina es el concepto de seguridad jurídica. Casi todas las reformas judiciales en América Latina o todos los plan-teamientos básicos y centrales que formulan las empresas, los grupos económicos, los importadores, tienen entre otros elementos, un aspecto básico como es el de destacar la importancia de la seguridad jurídica en el desarrollo económico, razón a la que asisten quienes formulan estos planteamientos.

Creo que la obra del más importante sociólogo alemán del siglo XX, Max Weber, en Economía y sociedad, se puso de presente cómo el con-cepto de seguridad jurídica era uno de los elementos básicos y funda-mentales en la construcción del verdadero desarrollo económico, se ponía como ejemplo que algunos países asiáticos, hace 200 o 300 años, no pudieron entrar a tiempo en la vía de la industrialización y el creci-miento económico, precisamente porque no tenían afianzado un ver-dadero concepto de seguridad jurídica; sus concepciones religiosas y filosóficas especiales del mundo los llevaban a privilegiar, por ejemplo, el concepto de solidaridad sobre el de seguridad jurídica; creo que uno de los elementos más importantes que surgen del discurso del llamado giro institucional, de la economía institucional, es entender claramente el papel que tienen las instituciones en el cambio económico, por eso es muy importante seguir insistiendo en Colombia y en América Latina en un discurso de fortalecimiento institucional del sistema jurídico con el fin de lograr una coherencia, estabilidad y predictibilidad del sistema judicial en la adopción de decisiones.

Otro de los elementos importantes que nos permiten entender la arti-culación entre el Estado, la sociedad y las empresas, es el nuevo concep-to de desarrollo que se ha producido en las últimas décadas y funda-mentalmente a partir de los trabajos de un premio Nobel de economía,

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Amartya Sen. Él planteó, también como North lo hizo en su momen-to con la economía clásica, que no podemos entender el desarrollo en términos clásicos de simple crecimiento económico. Amartya Sen, in-dio, premio Nobel de economía, formuló un gran aporte al entender que el desarrollo no es simplemente crecimiento económico y que este concepto debe entenderse en términos de desarrollo como libertad, es decir, se abre una clara orientación de la economía para entender que solamente puede existir crecimiento en el marco del discurso de la teo-ría de los derechos sociales, de los derechos humanos, en síntesis, de la teoría de los derechos fundamentales.

Este autor, un hombre extraordinario venido de la India, decía además que no sirven para nada las garantías formales, que no es útil el discur-so teórico de los derechos fundamentales si no existen garantías reales de ejercicio del discurso de los derechos humanos y fundamentalmente del discurso de la libertad.

Dos casos, muy llamativos, que destaca un trabajo reciente de Rodol-fo Arango sobre la obra de Amartya Sen, nos pueden mostrar cómo no basta con la retórica del discurso de los derechos humanos si no existen unas condiciones materiales reales para el ejercicio efectivo de esos derechos y las garantías del constitucionalismo moderno. Amar-tya Sen pone como ejemplo el caso de una población entre China e In-dia, una zona que está protegida legalmente por los dos países y es de reserva natural, donde viven los tigres de Bengala, una especie en vía de extinción que merece especial protección, muestra entonces cómo existen poblaciones supremamente pobres, que solamente pueden ob-tener su subsistencia de la extracción de una miel supremamente fina, de la cual depende la subsistencia de esas sociedades supremamente pobres en estos dos países; sucede que para que esas familias puedan extraer esa miel tienen que acudir a zonas pobladas de tigres de Ben-gala, anualmente mueren más de cincuenta personas por meterse a las zonas de reserva en busca de esa miel exquisita para sacar adelante y darle condiciones mínimas de subsistencia a su familia; es curioso, dice Amartya Sen, que haya protección para los tigres de Bengala pero no un amparo para esas familias que tienen que acudir a esos ritos peligrosos y sendas peligrosas para lograr mantener a sus familias. Amartya Sen narra otra anécdota en su libro El desarrollo como libertad, donde dice que siendo muy pequeño presenció algo que toda la vida lo impactó.


Cerca de su casa súbitamente vio como un joven aparecía y caía frente al jardín como consecuencia de unas puñaladas que le habían causado miembros de la religión hinduista de la India, resulta que esas heridas las habían causado un musulmán que se había atrevido a cruzar las fronteras invisibles, en las que tenía prohibición de ingreso la comuni-dad musulmana; este individuo lo había tenido que hacer para poder dar subsistencia a sus hijos.

Esto nos muestra cómo el discurso del desarrollo económico no se está midiendo actualmente en simples términos de crecimiento de la econo-mía, sino que claramente se liga el concepto del crecimiento económico con el discurso de los derechos humanos y los derechos fundamentales.

Creo que la alternativa que plantea Amartya Sen es una síntesis afor-tunada entre dos concepciones muy importantes del desarrollo econó-mico, y en general del entendimiento y la aplicación de garantías y de-rechos, como el derecho a la libertad de mercados y además el derecho a la protección de ciertos valores fundamentales de una sociedad. Es el equilibrio entre una concepción deontológica, centrada en valores y derechos, y un concepto del derecho orientado a las consecuencias; esta es una síntesis afortunada entre una forma de ver un tipo de derecho que combine los valores y también tenga en cuenta las consecuencias de la aplicación de las decisiones económicas.

La posición de Amartya Sen es mucho más de avanzada que aquellas posiciones que en su momento fueron de mucha vanguardia en Esta-dos Unidos, como la posición de Rawls, en el sentido de centrar ex-clusivamente o darle prevalencia siempre a una teoría de los derechos individuales sobre otras necesidades y valores constitucionales, como la necesidad del crecimiento y el desarrollo económico; logra Amartya Sen una síntesis que yo comparto entre una interpretación del desarro-llo, que mezcla crecimiento económico con derechos fundamentales.

Y hay un último elemento que me parece muy importante para enten-der cómo se articulan Estado, sociedad y empresa en el mundo contem-poráneo; creo que ustedes, los empresarios, los gremios, las personas que jalonan esa locomotora del desarrollo deben tener muy presente una moderna tendencia del derecho constitucional, que se ha llamado el constitucionalismo aspiracional.

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En un libro de hace cerca una década aproximadamente, un politólogo y jurista norteamericano de apellido Ackermann escribió una tesis muy importante sobre las revoluciones liberales y su el futuro; en su inves-tigación hacia un análisis de las consecuencias de la caída de la cortina de hierro y del comunismo en la Unión Soviética y todas las zonas de la Europa del este; se ponía de presente cómo uno de los méritos que había tenido la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y el discurso de los bolcheviques, que se apropiaron del discurso de la revolución y le hicieron creer a la humanidad que el único concepto de revolución era el socialista y totalitarista, marxista, leninista de la Revolución de Octubre. Él hace una propuesta, hay que trabajar con un concepto de revolución propia de las democracias liberales, centrada en un constitu-cionalismo militante, es decir, en un papel muy activo de los tribunales constitucionales en la construcción de las políticas públicas. Este es un concepto de alternativa, los discursos tradicionales, marxistas, leninis-tas, propios de la Revolución del 17, que cayeron afortunadamente en la década del 90, para buscar un nuevo concepto de revolución ajustado en las democracias liberales. Este es un constitucionalismo militante, el entendimiento de que como alternativa a planteamientos totalitarios tenemos que entender a que los tribunales constitucionales ayuden a la construcción de políticas públicas, de que los sectores y actores socia-les, las minorías, tienen que acudir ante los tribunales constitucionales como último elemento para la protección de sus derechos consagrados en las cartas políticas.

Quiero terminar diciendo que frente a todos estos mecanismos de arti-culación yo me inclinaría mucho por el proyecto ideológico y político, académico, de personas que como Amartya Sen tratan de buscar un equilibrio entre valores y principios constitucionales, hallar un equi-librio entre la teoría de los derechos fundamentales y valores, también muy importantes, de las sociedades modernas liberales como la con-cepción de la economía de mercado; no ponerle freno a la locomotora del desarrollo, pero sí entender que a través de un equilibrio hay que ponerle límites con base en la teoría y el discurso de los derechos fun-damentales.

Centro ExxonMobil para el Estudio de la Energía y el ... · cuenta de la importancia del trabajo...

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