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El presente informe es elaborado con el generoso apoyo de la Fundación Ford en México, su

contenido es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, por lo que

refleja únicamente la posición de Tlachinollan.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN A.C.

Mina 77, Colonia Centro, C.P. 41304Tlapa, Guerrero, México.Tel: (+52) (757) 476 1220 Fax: (+52) (757) 476 [email protected] Facebook: Tlachinollan - Centro de Derechos Humanos de La MontañaTwitter: @TlachinollanSkype: tlachinollan

D.G. Patricia Gasca Mendoza

Tlachinollan

TLAPA, GUERRERO, MÉXICO.NOVIEMBRE 2013.

Diseño editorial y portada

Fotografía y corrección de estilo

Este obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 México.

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DirecciónAbel Barrera Hernández.

Área Jurídica Isidoro Vicario Aguilar.Maribel Gonźalez Pedro.Neil Arias Vitinio.Santiago Aguirre Espinosa. Vidulfo Rosales Sierra.

Área Jurídica Oficina AyutlaFidela Hernández Vargas.Rogelio Téliz García.

Área Educativa Armando Campos Ochoa.Armando Galeana Méndez.Javier Ramírez Bautista.Olivia Arce Bautista.

Área de MigrantesIsabel Margarita Nemecio Nemesio.Isael Rosales Sierra.Paulino Rodríguez Reyes.

Área Internacional María Luisa Aguilar Rodríguez.

Área de Comunicación Román Alejandro Hernández Rivas.

Área de Desarrollo Institucional y Administración Dulce María Gática Nava.Epifania Ramírez Arias.Francisca Arias Iturbide.Gabino Santiago Jiménez.María del Rosario Ramón Torres.Violeta Codallos Escobar.

Comité téCniCo

COM

ITE

TECN

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Índice

Presentación

caPÍtulo i

1.1 Guerrero: un estado de miGrantes

1.2 radioGrafÍa de la miGración indÍGena de la montaña

1.3 situación de la Población indÍGena jornalera de la montaña: oriGen, rutas, destino, Género y edad

A. Origen, rutas y destino

B. Género y edad

caPÍtulo ii

2.1 las mujeres de la montaña: indÍGenas jornaleras asalariadas

A. El origen

B. La escuela

C. Los motivos para migrar

2.2 mujeres “contratistas”

2.3 el trayecto a los camPos aGrÍcolas

2.4 las mujeres indÍGenas jornaleras en los camPos aGrÍcolas: derechos violados

A. Trabajo agrícola femenino

B. Salarios mal pagados

C. Trabajadora, madre, esposa y ama de casa: sobre-jornadas de trabajo no reconocidas

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6 D. Jornadas de trabajo sin descansos: explotación laboral femenina

E. Maternidad

F. Acceso a servicios de salud y derecho a la seguridad social

• Salud

• Seguridad social y goce de prestaciones

G. Inspecciones de trabajo irregulares

2.5 ¿cómo Perciben a las mujeres indÍGenas jornaleras?

2.6 acoso sexual, maltrato y discriminación.

2.7 deseo de una vida diferente

caPÍtulo iii

3.1 ProGramas sociales diseñados Para la atención de la Población jornalera.

A. Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA): el ausente enfoque de derechos.

• Entrega de apoyos económicos

• Acompañamiento a la población jornalera

• Albergues

• Talleres

B. Secretaría del Trabajo y Previsión Social: complacencia frente a las violaciones a derechos humanos laborales.

3.2 recomendaciones en materia de PolÍtica Pública con enfoque de derechos humanos Para atender la situación de las mujeres indÍGenas jornaleras

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mujer jornalera originaria de Cochoapa el Grande, Guerrero, cargando una arpía de chile de 30 kilos en un campo agrícola del Ejido nuevo Lindero, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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PrEsEntaCión

PrEs

ENTa

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N

“Tenía como siete años, andaba cosechando maíz, pero tenía que apurarme para ayudar a mi hermano que

era medio lento, porque si no, venía el capataz con su chicote montado en su caballo, y le sonaba en

la espalda a mi hermano […] me dolía mucho que le pegaran por 10 pesos que nos pagaban […] por eso

duramos dos meses solamente […]”.

Isabel Piña, cuando trabajó en 1960 en las haciendas del Estado de México.

“Aquí no hay trabajo, y lo que hay te pagan muy poco, no alcanza,

por eso vamos por vida, aunque la perdamos en el camino”.

Juana de los Santos, Lindavista, Tlapa, Guerrero, 2012.

Haciendas como Santa Teresa o San Diego, en el Estado de México, entre los años 50’s y 60’s eran propiedades de gran-des terratenientes que se dedicaban a la siembra de maíz en grandes extensiones de tierra. Los propietarios empleaban a cientos de mujeres, hombres, niñas y niños indígenas mazahuas de las comunidades aledañas, para la cosecha del maíz. Laboraban desde los 7 u 8 años de edad; también trabajaban ahí personas adultas. Al día recolectaban y llenaban en promedio más de 100 costales, que los acarreaban para llenar un camión. Su día de labor comenzaba a las 8 de la mañana y concluía después de las 5 de la tarde. A los menores de edad al día se les pagaba entre 8 y 10 pesos; los adultos cobraban 10 pesos. En los campos había capataces que andaban montados a caballo para supervisar a los trabajadores, cuando los veían parados o realizando su trabajo a un ritmo más lento que el resto del grupo, eran azotados con un látigo en la espalda.

Las familias dormían en bodegas en malas condiciones, sin camas y sin servicios; Trabajaban de lunes a sábado. La cosecha duraba de 2 a 3 meses, dependiendo de la cantidad de trabajadores. Los capataces no les daban permiso para

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10 ir al baño, por eso no bebían agua. En otras haciendas no daban ni comida ni agua: pagaban 8 pesos, 4 para la comida y 4 como sueldo.

Este escenario es el mismo que describe Eduardo Maldonado Soto en su documental Jornaleros (1977), que indaga sobre las condiciones de vida de los campesinos en sus comunidades y las causas que los llevan a emigrar a la ciudad en busca de trabajo. En una segunda parte del film, recoge la experiencia de aquellos hombres que trabajan como jornale-ros, la difícil situación por la que atraviesan, denunciando la gravedad de este problema social.

Ambas realidades se asemejan a las condiciones de explotación, subordinación en el trabajo agrícola actual y que ha estado presente por más de un siglo en nuestro país, y que se perpetúa dada la subsistencia de dos extremos sociales que se alimentan mutuamente. Por un lado un sector muy amplio de población, proveniente sobre todo de las zonas rurales e indígenas, que ha padecido históricamente una pobreza lacerante y que conserva el saber tradicional agrícola; por el otro, una economía rural dominada por empresas, que ofertan trabajos indecentes, salarios miserables y condiciones de trabajo indignas. Miles de mujeres y hombres del medio rural han transitado generación tras generación por las rutas que enlazan la pobreza en que viven con la explotación laboral que padecen con tal de sobrevivir.

Aunque las migraciones en México siempre han existido, sobre todo hacia los Estados Unidos, en el contexto rural interno se fueron delineando rutas que han cobrado fuerza en las últimas décadas, los flujos de la migración de carác-ter rural-rural se ha ido incrementando, principalmente en el caso de la población indígena que habita zonas rurales, como ocurre en Guerrero.

El estado ocupa el quinto lugar de migración al extranjero y el primero a nivel nacional de migrantes internos1. En los últimos cinco años, también se ha vuelto poco a poco una entidad receptora de migrantes centroamericanos que se han establecido en algunas comunidades, particularmente en la región de la Montaña.

1 Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en el Primer Informe de Gobierno de la Secretaría de los Migrantes y Asuntos Internacionales (SEMAI) del Gobierno del Estado de Guerrero, Abril 2012, Pág. 6.

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Guerrero, por tanto, es una tierra de migrantes, con miles de historias que se han trazado de generación en generación a partir de la cultura migratoria que permea en miles de hogares de las zonas campesinas e indígenas.

Dentro de estas historias de vida, hay algunas que nunca se escuchan y que son menos visibles: las de las mujeres indígenas migrantes. Mujeres portadoras de experiencias que se han acumulado a lo largo de más de tres décadas, re-corriendo sitios ajenos a su lugar de origen, conociendo e identificando otras culturas, otras lenguas, otras costumbres e identidades. Sus experiencias muchas veces están atravesadas por el dolor, el olvido y la añoranza. Sus historias de vida, consumidas por la esperanza de acceder algún día a un nivel de vida diferente al que desde pequeñas conocieron.

mujer jornalera del municipiode tlapa cosechando chile serrano

en un campo agrícola de teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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12 Las mujeres indígenas migrantes –las jornaleras agrícolas, según las denominan los programas sociales–, no son sólo aquellas trabajadoras que aportan un ingreso a su hogar, asumiendo diferentes roles y sobrecargas de trabajo; son mu-jeres que han ido forjando su vida, sus sentimientos y su autopercepción a partir de su caminar por surcos de cultivo, cubiertas por paliacates que no sólo difuminan su rostro, sino que las silencian.

Esas historias de vida son las que compartimos en la siguiente publicación, con la finalidad de exponer las enormes brechas que prevalecen entre lo que señala el marco jurídico nacional e internacional en relación a la protección de las mujeres indígenas trabajadoras, y las realidades que en México ellas enfrentan.

Sabiendo que no son pocos los estudios que han abordado la situación de las mujeres y niñas jornaleras desde diferentes perspectivas, lo que pretende esta publicación es describir las complejidades que atraviesan en sus procesos migratorios y la percepción que ellas como sujetos de derechos y protagonistas de su historia han desarrollado. Con ello, teniendo en cuenta la identidad de Tlachinollan como Centro de Derechos Humanos, el fin último de la publicación es incidir en la adopción de nuevos esquemas legislativos y de políticas públicas que se hagan cargo de la específica problemática que enfrentan las mujeres indígenas migrantes.

Los testimonios fueron sistematizados a partir de una serie de entrevistas que se aplicaron en algunas zonas agrícolas de Sinaloa y Sonora, entre los meses de abril y mayo de 2013. Éstas se complementan con un análisis que busca identi-ficar los vacíos existentes en las normas y políticas públicas de México, principalmente en lo que toca a dos programas sociales orientados a la atención de las familias jornaleras de nuestro país. En este apartado, hemos complementado el análisis con cerca de 100 solicitudes de acceso a la información pública, para profundizar el escrutinio sobre dichos programas. Finalmente, la publicación concluye con una serie de recomendaciones en materia de derechos humanos.

Éste esfuerzo no hubiera sido posible sin el generoso apoyo de la Fundación Ford, que no ha dejado de impulsar el trabajo de Tlachinollan frente a una problemática tan compleja y ausente de la agenda política de nuestro país. Por ese apoyo incondicional, que ayuda a dar voz a quienes conforman un eslabón invisibilizado de la explotación laboral en México y de la agenda migratoria, externamos nuestro más sincero agradecimiento.

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dedicado a todas aquellas mujeres de la montaña que cubren sus rostros, su identidad, y su voz debajo de los paliacates.

Gracias a Leonarda, irene, irma, Griselda, Beatriz, Florencia, Vianey; a aquellas mujeres que solicitaron el anonimato para no perder su fuente de empleo; y a aquellas con las cuales conversamos en los surcos, por brindarnos un espacio para compartirnos parte de sus historias de vida.

a la memoria de Lorenza tapia, con cariño y afecto.

teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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Familias jornaleras de Cochoapa el Grande, Guerrero, después de haber concluido su jornada de trabajo, en un campo agrícola de Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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CaPI

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1.1 Guerrero: un estado de miGrantesEn México, la migración es un proceso social que en las últimas décadas adquirió gran relevancia, pues a partir de la introducción del modelo económico neoliberal implementado desde principios de los años ochenta se intensificaron las salidas de un gran número de familias, entre ellas indígenas2, a lo largo y ancho de nuestro país.

Así, se fueron configurando diferentes rutas y diferentes migraciones, como la migración de carácter rural-urbano y la migración rural-rural. Esto ha implicado que las familias provenientes del medio rural hallaran en la migración interna un medio por el cual pueden obtener ingresos que contribuyen a cubrir sus necesidades más elementales. Al incremento de estas rutas han contribuido los elevados niveles de desempleo y la amplia demanda de trabajo barato y flexible en las regiones receptoras3.

Se estima que en México más de 400 mil familias están en permanente movimiento entre sus lugares de origen y las zonas a las que migran. Alrededor del 26% de la población mexicana es migrante y de ellos, nueve de cada diez son

2 Al respecto se puede consultar a: Ibis Sepúlveda. Transferencia de tecnología para pequeños y medianos productores agropecuaria, Valoraciones y Propuestas; Tesis Doctoral; Universidad Autónoma Chapingo; México, 2000; Blanca Rubio. Explotados y excluidos; CEPAL, UNAM, Ed. Plaza y Valdés; México, 2004; Armando Bartra. El campo mexicano ante la globalización. Revueltas rústicas, en Revista Agricultura, Ciencia y Técnica; Vol. “El campo mexicano ante la globalización”; Nº 17, Mayo; UACh; México, 2003; Págs. 4-20.

3 Véase Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. “Migrar o Morir: el dilema de los jornaleros agrícolas”; Fundación Ford; Tlapa, Guerrero; México, 2005; Pág. 17.

CaPÍtuLo uno

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16 migrantes internos4. Por ello, los estados de México han sido agrupados en tres categorías de acuerdo con el papel que juegan en el proceso de migración: de atracción, de expulsión e intermedios.

Pero el factor económico no es el único determinante para que se den estas distintas migraciones. Los factores que sostienen e impulsan la migración interna en México son diversos y se relacionan con las condiciones prevalecientes en los lugares de origen y de destino, así como la densa red de relaciones sociales que las y los migrantes han ido cons-truyendo con el paso del tiempo.

Así ha ocurrido con la migración de tipo rural-rural que cobró gran relevancia a partir de la reestructuración de la agricultura en el campo mexicano, situación que se agravó con las modificaciones que se hicieron al artículo 27 constitucional5.

La población campesina e indígena de nuestro país ha tenido que recurrir a diferentes mecanismos para poder sub-sidiar su economía familiar. Uno de esos mecanismos ha sido la migración temporal, estacional o permanente hacia otros estados con ofertas de trabajo. Esta migración apoya la reproducción no sólo material y social de las familias, sino también la reproducción económica, política y cultural de poblados enteros, como ocurre con frecuencia en las zonas rurales de Guerrero.

El estado de Guerrero ha querido construir su identidad con base en la imagen de modernidad y progreso que sus famosos destinos turísticos proyectan al mundo, pero está conformado por regiones con los más altos índices de mar-

4 Cfr. Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. “Migrantes Somos y en el Camino Andamos”; Tlapa, Guerrero; México, 2011; Pág. 13.5 Una de las conquistas históricas de los campesinos, reconocida y elevada a rango constitucional -el derecho a ser dotados de tierra y su

intransferibilidad-, fue eliminada con las reformas al artículo 27 de la Constitución, aprobadas en lo general y en lo particular el 22 de febrero de 1992 por el Congreso de la Unión. La reforma al artículo 27 fue pensada en un principio para inducir la modernización del campo mexicano y hacerlo más productivo con base en el otorgamiento de certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra y en la posibilidad de asociaciones entre todo tipo de productores, lo que a su vez incidiría en una mayor inversión privada y en la capitalización del campo. La reforma introduce para ello un cambio radical a la situación prevaleciente desde principios del siglo XX, ya que rompe con el tabú del ejido como una institución intocable; se le retira, a partir de entonces, su carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable, permitiendo por primera vez la posibilidad de que se venda, se arriende o se hipoteque.

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17Vivienda de una familia que habita en la comunidad de Zacapexco,

tlapa, Guerrero. marzo 23, 2012.

ginación del país, donde sus habitantes de comuni-dades campesinas e indígenas enfrentan graves vio-laciones a sus derechos humanos; donde prevalece la desnutrición, la ausencia de servicios básicos de salud, vivienda y educación; la violencia doméstica; en un contexto agravado por el narcotráfico, la mi-litarización, el desempleo y la crisis económica que ha afectado de manera particular al campo.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), los Índices de Marginación por Enti-

dad Federativa y Municipio de 2010 indican que en Guerrero el 16.8% de la población de 15 o más años es analfabeta y que el 31.6% no terminó la primaria. En cuanto a la deserción escolar, mientras la media nacional es del 32%, en Guerrero hay un 40% de estudiantes que no terminan sus estudios.

De igual forma, los datos de el CONAPO establecen que el 19.6% de los habitantes de Guerrero ocupan viviendas sin drenaje ni sanitario; 4.4% reside en viviendas sin energía eléctrica; 29.8% no tiene agua entubada; 50.2% ocupa viviendas en condiciones de hacinamiento; 19.6% habita en viviendas con piso de tierra; 49.7% vive en localidades con menos de 5 mil

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san miguel amoltepec El Viejo, Cochoapa el Grande, Guerrero. septiembre 29, 2013.

habitantes; y 54.9% de la población ocupada gana hasta dos salarios mínimos.

Paralelamente con la falta de empleos, Guerrero atraviesa por una carencia de inversión para la habi-litación de infraestructura básica, la inversión públi-ca que se destina se reduce en ocasiones a la edifica-ción de clínicas o centros de salud, que a la larga se ven forzadas a cerrar por la falta de mantenimiento, medicinas o personal humano que las atienda.

Es notable la prevalencia de casos de desnutrición, amibiasis, parasitosis intestinal, infecciones intesti-nales, infecciones respiratorias, enfermedades cró-nicas degenerativas, entre otros, sin dejar de men-cionar las muertes materno-infantiles que siguen ocurriendo y que patentizan la precaria salud de las mujeres, sobre todo de aquellas que habitan en las zonas indígenas. Cabe mencionar que de acuerdo con información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2010, Gue-rrero encabeza la lista de muertes materno-infantil, siendo la entidad federativa que presenta las ma-yores tasas de mortalidad infantil con defunciones que superan las 17 por cada mil nacimientos, al igual que Chiapas y Oaxaca.

El informe del INEGI detalla que la mitad de las defunciones infantiles registradas en 2010 son producidas por afecciones originadas en el perio-do perinatal; una de cada cinco originadas por malformaciones congéni-tas, deformidades y anomalías cromosómicas y cuatro de cada cien por neumonía. Es por ello que la tasa de mortalidad infantil es considerada como uno de los indicadores que reflejan el nivel de vida de la población.

En lo que refiere a la mortalidad materna, el informe indica que Guerre-ro, Oaxaca y Chiapas encabezan las estadísticas, al presentar más de 73 defunciones por cada cien mil nacimientos, lo que representa un grave

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19Familia de Juana Espinoza, murió por haber tenido complicaciones

en su embarazo. tlacoxochapa, atlixtac, Guerrero. agosto 7, 2011.

problema de salud pública y refleja las inequidades en el acceso a los ser-vicios de salud y la desigualdad de los recursos económicos en ciertas regiones.

Bajo este contexto, el gobierno del estado ha impulsado iniciativas para abatir los índices de mortalidad materno-infantil. Pero, en Guerrero, el rezago es tal que los indicadores en este rubro en municipios indígenas de la región de la Montaña en el estado, equivalen a los indicadores pro-medio del país en la década de los años cincuenta6. De esta manera, el

6 Véase información en línea: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/05/28/901363

CONAPO señala con base en sus estadísticas que Guerrero tiene un índice de marginación de 2.5, lo que representa un grado de marginación “muy alto”, ocupando desde el 2005 el primer lugar en el contexto nacional.

Esta información indica que el 75.3% de sus muni-cipios tienen grado de marginación alto y muy alto, y se ubican principalmente en la región de la Cos-

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20 ta Chica, Centro y Montaña. Esto significa que la población de estas regiones, sobretodo la indígena, difícilmente puede acceder a fuentes de empleo en sus localidades o regiones, e igualmente son visi-bles los bajos índices de prestación de servicios pú-blicos en estas comunidades indígenas, agudizando las condiciones de pobreza, que se vuelve un factor que lleva a que estas familias indígenas realicen fuera de sus hogares, diferentes actividades como estrategias de sobrevivencia para generar ingresos.

Una de las estrategias a la que más recurren estas familias depende de las ofertas de empleo del mer-cado de trabajo rural en nuestro país. En este ru-bro, la mayor demanda proviene de las actividades agrícolas asociadas a la siembra y cosecha de hor-talizas orientadas a la exportación. Ante el auge de esta actividad económica y frente a la ausencia de otras opciones, ha incrementado entre la población indígena el interés y la necesidad de insertarse en estas fuentes de empleo, aumentando la migración temporal y permanente en algunas regiones del es-tado. Hoy, más de 500 comunidades indígenas del estado expulsan fuertes contingentes de población jornalera agrícola.

El fenómeno migratorio, actualmente, involucra a un número creciente de hombres, mujeres, niños, niñas y jóvenes, especialmente de comuni-dades indígenas, denominados jornaleros y jornaleras agrícolas migran-tes, que en el estado ha incrementado de manera significativa en las tres últimas décadas.

Actualmente no existe una fuente censal o estadística que permita tener un conocimiento certero, acerca de la magnitud de la fuerza de trabajo de Guerrero ocupada en el campo asalariado. Sin embargo, algunos da-tos oficiales dan cuenta de la dimensión del fenómeno, de la intensidad de sus flujos, de las rutas trazadas, de los procesos adaptados a partir de los ciclos migratorios con los ciclos de cosecha en otros estados, de la movilidad individual y familiar, de la procedencia y características de la población.

Igualmente, estas cifras dan cuenta de la situación de pobreza y margina-ción que prevalecen en estas comunidades migrantes. La pobreza es una de las condiciones que propicia la vulnerabilidad de los derechos de las y los jornaleros agrícolas indígenas. Quienes migran para vivir, siguen siendo víctimas de todo tipo de abusos, los cuales terminan siendo acep-tados por la imperiosa necesidad de subsistir. Una realidad de la que se benefician patrones abusivos y explotadores que en complicidad con au-toridades y sindicatos cierran los ojos mientras niegan que exista explo-tación de hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes con necesidad de trabajar.

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Ante esta realidad, existe una gran ausencia del Estado como garante de derechos. No hay, al día de hoy, una estrategia gubernamental clara para atender las demandas básicas de la población indígena jornalera en nuestro país. Empero, el abandono y la invisibilidad que históricamente han sufrido, han producido una profunda brecha de inequidades, que no debiera de ser un obstáculo para garantizar y asegurar la protección apegada a los estándares nacionales e interna-cionales de derechos humanos.

Familias jornaleras abordando el autobús que los llevará a los campos agrícolas de sinaloa. ayotzinapa, tlapa, Guerrero. noviembre 10, 2013.

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22 san miguel amoltepec El Viejo, Cochoapa El Grande, Guerrero.

octubre 02, 2013.

1.2 radioGrafÍa de la miGración

indÍGena de la montaña

En Guerrero 38 de los 81 municipios que conforman la entidad viven en condiciones de muy alta marginación; casi el 50%. El estado tiene 2 558 localidades con grado de marginación muy alto, lo que representa el 11.4%; 450 mil habi-tantes (19.4%) viven en localidades con grado de marginación muy alto, de acuerdo con las estadísticas del CONAPO 2010. Estas pequeñas comunidades se ubican principalmente en la región Centro, Costa Chica y la Montaña.

La Montaña es una de las zonas con mayor presencia indígena a nivel estatal y nacional. Ahí se encuentran municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc, que en el contexto nacional ocupan el primero y sexto lugar entre las 10 lo-calidades más marginadas del país.

Estas cifras son alarmantes, sobre todo en lo que se refiere a Cochoapa el Grande. Este municipio, creado en 2005 a partir de su separación con Metlatónoc, cuya población total es de 18.8 mil personas, es representativo de las desigual-

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23dades en el interior del país entre los municipios situados en los extremos de la marginación. Así lo demuestran los Índices de Marginación Municipal del CONAPO, que señalan que es la unidad político-administrativa más excluida. Las privaciones que padece su población se refleja en que 66.7% de habitantes de 15 o más años de edad es analfabeta y 81.3% no terminó la primaria.

Además, 89.9% de sus habitantes ocupa viviendas sin drenaje ni sanitario; 23.4% habita viviendas sin energía eléctrica y 46.4% sin agua entubada; 77.6% de las viviendas tiene algún grado de hacinamiento y 31.4% de sus habitantes ocupa viviendas con piso de tierra. La totalidad de la población del municipio de Cochoapa el Grande vive en localidades con menos de 5 mil habitantes, y 95.1% de sus trabajadores obtiene ingresos de hasta dos salarios mínimos.

Respecto de Metlatónoc, el 61% de la población mayor de 15 años es analfabeta, 76% no terminó la primaria, 76% de sus habitantes ocupan viviendas sin drenaje ni sanitario, 24% vive en casas sin energía eléctrica, 29% vive en viviendas sin agua entubada, 77% de las viviendas tienen algún grado de hacinamiento, 86% reside en casas con piso de tierra y 88% percibe menos de dos salarios mínimos diarios.

Frente a situaciones como las que imperan en Cochoapa el Grande o en Metlatónoc, las familias indígenas que habitan en la Montaña se ven orillados a migrar fuera de su lugar de origen, como una alternativa para garantizar su subsisten-cia. En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) 20097 de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)8, existen 2,040,414 jornaleros agrícolas que de manera temporal o permanente realizan actividades relacionadas con la agricultura, y por las cuales reciben una remuneración en efectivo, quienes integran junto con los miembros de sus hogares, una población jornalera total de 9,206,429 personas. Es importante resaltar que 40% de las y los jornaleros agrícolas son indígenas. La edad promedio es de 36 años, y entre los 18 y 45 años de edad se concentra 43.6% de esta población.

7 Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO) 2009. Información disponible en línea: http://www.cipet.gob.mx/jornaleros/8 La ENJO presenta limitaciones en la recopilación y análisis de la información, sin embargo es un ejercicio que logró compilar datos, rutas, estadísticas,

así como un mapa georeferencial de los procesos migratorios internos en nuestro país, de ahí la importancia de que la información de la encuesta se actualice con base en los datos que recaba la SEDESOL anualmente en los estados expulsores y receptores.

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24 Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

La encuesta también señala que 90% de la población jornalera carece de contrato formal. 48.3% de los jornaleros tiene ingresos de 3 salarios mínimos, 37% ganan dos salarios mínimos, el 72.3% gana por jornal o día de trabajo, mientras que el 23.8% recibe su pago a destajo. Al 76.5% de las y los jornaleros les pagan cada semana y el 18.4% recibe su pago de manera diaria. La mayoría de la población jornalera, el 60.9%, trabaja seis días a la semana y el 13.9%, es decir uno de cada siete, trabaja todos los días.

De conformidad con el Diagnóstico Integral sobre los jornaleros agrícolas y sus familias que presentó la SEDESOL de Guerrero en 20099, durante los últimos 13 años han emigrado alrededor de 388 mil jornaleros y jornaleras agrícolas de las zonas indígenas y rurales del estado. Sus rutas migratorias son principalmente a estados del noroeste del país como Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur y Chihuahua.

9 Véase información en línea: http://biblioteca.colson.edu.mx:8082/repositorio-digital/jspui/bitstream/2012/11577/1/Nota_Hem_6067.pdf

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ternacionales, lo que provoca que en muchas ocasiones enfrenten condi-ciones que bien pueden calificarse como formas modernas de esclavitud.

La población agrícola migrante de la Montaña de Guerrero es un sector nómada e invisibilizado que recorre territorios y fronteras al no encon-trar alternativas de desarrollo en las comunidades de origen. Su vulnera-bilidad se debe a la discriminación y violencia estructural que enfrentan por ser indígenas. Las mujeres, niñas, niños, o adolescentes son aún más vulnerables como consecuencia de la triple discriminación que padecen por ser mujeres, indígenas y pobres.

Durante los últimos años, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha docu-mentado la adversa realidad que enfrenta la pobla-ción indígena, que decide migrar temporalmente para convertirse en jornalero o jornalera agrícola. Así, hemos identificado que se trata de un sector de la población pobre y olvidada, que enfrenta con-diciones donde el trabajo, las normas sanitarias, el alojamiento, el transporte y la educación, son infe-riores a lo señalado por las normas nacionales e in-

mujeres en asamblea exigiendo su derecho a la salud, Chiepetepec, tlapa,

Guerrero. Febrero 26, 2013.

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1.3 situación de la Población indÍGena jornalera de la montaña: oriGen, rutas, destino, Género y edad

Como ya se ha dicho, en Guerrero la pobreza lacera especialmente a la población indígena, que asciende a 600 mil personas de los pueblos Na Savi, Me’phaa, Naua y Ñomndaa, concentradas en un 80%, aproximadamente, en la región Montaña.

a. Origen, rutas y destinO

En los últimos años se ha identificado que de los 19 municipios que conforman la región de la Montaña, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Tlapa, Copanatoyac, Atlixtac, Xalpatláhuac, Alcozauca y Atlamajalcingo del Monte son los 8 municipios con mayor índice de expulsión de jornaleras y jornaleros agrícolas al interior de nuestro país.

Familias jornaleras de la montaña de Guerrero en espera de ser trasladados a los campos agrícolas de la zona de isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abil 30, 2013.

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27Durante la última temporada de migración, entre septiembre de 2012 y enero de 2013, Tlachinollan conjuntamente con el Consejo de Jor-naleros Agrícolas de la Montaña (CJAM)10, del total de personas re-gistradas, el 97% son originarias de algún pueblo indígena. Solo el 3% son mestizos.

Varios de los municipios de la Montaña de donde procede el mayor número de migrantes agrícolas, son principalmente los municipios con el índice de desarrollo humano más bajo de México, con un grado de marginación muy alto comparado con las ciudades de los estados don-de migran anualmente como Culiacán (Sinaloa), León (Guanajuato) o Hermosillo (Sonora), tal y como se refleja en las siguientes gráficas.

10 El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña (CJAM), se constituyó en 2006, después de que diversas comunidades expulsoras de jornaleros y jornaleras agrícolas iniciaron una reflexión colectiva a través de asambleas regionales, donde participaron 600 jornaleros y jornaleras aproximadamente, provenientes de 10 municipios de la región de la Montaña. En agosto de 2006 presentaron en una primera asamblea a la que convocaron a los titulares de las dependencias encargadas de la atención de la población jornalera, el documento denominado “Consideraciones y Planteamientos Básicos para la Implementación de un Programa Emergente de Jornaleros Agrícolas de la Montaña de Guerrero.” El Consejo de Jornaleros a través de sus representantes, dio seguimiento a las acciones derivadas de los acuerdos asumidos en las asambleas, así como la interlocución con las autoridades de los tres órdenes de gobierno. El Consejo desde el 2006 ha establecido una agenda de trabajo derivando en compromisos concretos para la atención que se brinda particularmente en el Comedor Comunitario de Jornaleros que se ubica en la Unidad de Servicios Integrales de la SEDESOL (USI) de Tlapa, donde se documenta el registro de la población jornalera antes de su salida, se brindan alimentos, hospedaje y otros servicios en la unidad. Sin embargo, la agenda contempla temas que están vinculados con sus procesos migratorios y que amerita la atención particular de los diversos programas sociales que se ejecutan en el estado, de ahí que han mantenido activamente la interlocución con las secretarías de Asuntos Indígenas, Desarrollo Social (federal y estatal), del Trabajo y Previsión Social, Salud, de los Migrantes y Asuntos Internacionales, entre otras. Actualmente el Consejo está representado por 18 integrantes, hombres y mujeres jornaleras provenientes de comunidades indígenas de los municipios de Tlapa, Alcozauca y Copanatoyac.

Migración pOr pueblO indígena

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28 “cOMparativO del gradO de Marginación entre lOs MunicipiOs expulsOres y ciudades receptOras de pOblación jOrnalera de la MOntaña”

MUNICIPIOSÍNDICE DE

MARGINACIÓNGRADO DE

MARGINACIÓN

Cochoapa el Grande 4.36321 Muy alto

Metlatónoc 3.11646 Muy alto

Alcozauca 2.74521 Muy alto

Xalpatláhuac 2.50334 Muy alto

Copanatoyac 2.46852 Muy alto

Atlixtac 2.25124 Muy alto

Atlamajalcingo del Monte 1.93278 Muy alto

Tlapa 0.52763 Alto

CIUDADES RECEPTORAS

ÍNDICE DE MARGINACIÓN

GRADO DE MARGINACIÓN

Yurécuaro, Mich. 0.52584 Alto

León, Gto. 0.06075 Medio

Culiacán, Sin. -0.26018 Medio

Atlatlahucan, Mor. -0.27213 Medio

Casas Grandes, Chih. -0.51977 Bajo

Comondú, BCS -0.68129 Bajo

Hermosillo, Son. -0.70347 Bajo

Ensenada, BC -1.14015 Muy bajo

Fuente: Elaboración propia con base en la información sobre los Índices de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2010, de la Unidad de Microrregiones de la Cédula de Información Municipal de la Secretaría de Desarrollo Social 2013; y del Índice de marginación por entidad federativa y municipio del Consejo Nacional de Población 2010.

De esta manera, entre 2006 y 2012, Tlachinollan y el CJAM han documentado la migración de más de 49 mil jornaleras y jornaleros agrícolas, provenientes de 362 comunidades indígenas de la región, y han establecido sus rutas migratorias a 17 entidades federativas del país: Sinaloa, Sonora, Baja California Norte y Sur, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Morelos y Estado de México. Además hemos documentado un flujo intraestatal hacia Ciudad Altamirano, región Tierra Caliente, entre los límites de Guerrero y Michoacán.

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Durante la última temporada del ciclo migratorio 2012-2013, Tlachino-llan registró la salida de más de 8 mil 400 personas de la región Montaña. Siendo noviembre el mes con el más elevado flujo migratorio, 41% de la población migrante salió de la entidad durante ese mes; mientras que di-ciembre, mes en que los habitantes de las comunidades Me’phaa migran para trabajar en el inicio del ciclo invierno-primavera conjuntamente con migrantes procedentes de otras comunidades indígenas, concentró el 37%.

En 2013, Sinaloa concentró el 90% de la población jornalera provenien-te de la región Montaña y Costa de Guerrero. Esta entidad ha sido por tradición el estado con mayor recepción de población jornalera, como se ha constatado con la información del CJAM, desde el 2007, Sinaloa es el estado eminentemente receptor de mano de obra jornalera de la Mon-taña, salvo en el ciclo migratorio de 2010-2011, cuando se redujo a un

FlujOs MigratOriOs de jOrnaleras y jOrnalerOs arícOlas · 2007-2013

teMpOrada alta de Migración 2012-2013

82%, debido a las sequias que dañaron los culti-vos de hortalizas, afectando considerablemente la contratación de mano de obra. Además, de que diversas comunidades del municipio de Cochoapa el Grande y Metlatónoc presentaron problemas en sus cultivos, por lo que decidieron no migrar con el objetivo de volver a sembrar. Por otro lado, de acuerdo con estos datos se ha visto una evolución en la conformación de nuevas rutas migratorias a partir de 2011, que incluyen los estados de Hidal-go, Nayarit, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato y Jalisco, intensificando aún más los flujos migrato-rios de la ruta del Pacífico y Centro.

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registro de la población jornalera en la unidad de servicios integrales, tlapa, Guerrero. noviembre 11, 2013.

b. génerO y edad

La migración interna desde la Montaña era, en un inicio, fundamentalmente masculina. Hoy en día, la oferta laboral en las zonas agrícolas, permite que la migración sea familiar, ya que se emplean prácticamente a todos los integrantes de los grupos domésticos.

De los datos obtenidos por el CJAM en 2012-2013, el 53 % eran hombres y 47 % mujeres, lo que refleja que los hombres migran más que las mujeres. Sin embargo, estas cifras muestran la alta movilidad de las mujeres, sea que vayan con sus esposos, o por sí mismas en compañía de sus hijas e hijos. Es común que viajen mujeres jóvenes con sus hermanos menores11, o en compañía de algún familiar como sus abuelos, tíos, padrinos o vecinos.

11 De acuerdo con los registros del CJAM y Tlachinollan en la Unidad de Servicios Integrales (USI) durante cada ciclo migratorio se registraron varias mujeres menores de edad con hermanos y/o hermanas de edad inferior.

estadOs receptOres · 2012-2013

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Migración pOr génerO

niña jornalera de la comunidad me´phaa de Lindavista, tlapa, en un campo agrícola de isla

del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 30, 2013.

Igualmente, las cifras indican que las mujeres indígenas emplean su fuerza de trabajo en actividades agrícolas como asalariadas. Sus medios y recursos los distribuyen de una manera organizada para empatar sus actividades como jornaleras, esposas y madres.

Las mujeres indígenas recientemente han tomado un papel más activo dentro de la estructura compleja de las formas de contratación de mano de obra jornalera. Al-gunas han adquirido la figura de “mujeres contratistas”, desempeñando el papel de representante de un grupo, o de líder -como suelen denominarlas-, similar al de los varones, con las mismas funciones y responsabilidades. Según estos mismos datos, el rango de edad más representado entre la población jornalera indígena migrante se encuentra entre los 16 y los 60 años, lo que representa el 52% del total registrado.

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Asimismo, el 42% de las y los migrantes tiene menos de 15 años. Cabe destacar tam-bién que del total de la población jornalera que registraron su salida, el 6% eran niños y niñas menores de un año. Estas cifras muestran la amplitud del fenómeno de la migración interna en las y los jóvenes; asimismo evidencia que prevalece la migra-ción de niños y niñas, quienes siguen siendo parte del trabajo infantil en las zonas agrícolas de nuestro país.

A través de estos datos puede determinarse que el grueso de los jefes de familia que migran, se encuentran en el rango de edad de 18 a 45 años. Del total de jefes de fami-lia, el 81% tiene algún vínculo de pareja, es decir, que están casados o viven en unión libre, lo que influye en que esta migración sea de carácter familiar.

Migración pOr edad

Familia originaria de metlatónoc, Guerrero, se encuentra a la orilla de un campo de cultivo mientras consumen sus alimentos. Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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33En la Montaña la migración no sólo involucra a las personas adultas, sino que incorpora niñas, niños, jóvenes, mujeres embarazadas y personas adultas mayores, que tienen que desplazarse a los campos agrícolas sin que existan programas gubernamentales para atender las especificidades de su condición y necesidades. En el caso de las mujeres jornaleras, su identidad queda desdibujada; se les ve como las acompañantes y las madres, o hijas, pero no como mujeres asalariadas con las mismas capacidades para las actividades agrícolas que los varones.

Además, las mujeres indígenas que migran realizan un sinfín de labores que no les son reconocidas. Son mujeres que han sorteado situaciones que van desde la violencia y olvido por parte del Estado, hasta las que viven en sus hogares o en los surcos del campo. Enseguida, intentaremos trazar un perfil de estas valerosas mujeres.

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menores de edad originarios del municipio de tlapa, Guerrero, cortado chile serrano en un campo agrícola de teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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CaPÍtuLo Dos

CaPI

TulO

DO

s

2.1 las mujeres de la montaña: indÍGenas jornaleras asalariadas

La migración interna que se registra en nuestro país se ha ido feminizando, lo que tiene un efecto trascendental tanto en sus lugares de origen, como en los estados receptores, así como al interior de sus familias.

Sin duda, las mujeres al igual que las niñas y niños, han cobrado importancia en los procesos migratorios, asumiendo un papel más protagónico. Pese a ello, las mujeres indígenas jornaleras de la Montaña enfrentan fuertes rezagos socia-les, que se expresan en el incumplimiento y goce limitado o nulo de sus derechos humanos.

Las mujeres indígenas jornaleras no sólo comparten con los varones la desigualdad étnica y de clase, también sufren mecanismos de exclusión que operan particularmente contra ellas, por ser mujeres. Tanto en el ámbito privado del ho-gar y la vida familiar, como en el público, donde la comunidad debate y decide los asuntos de interés común, es posible constatar la inequidad, la discriminación, la subordinación o la violencia contra las mujeres12.

12 Rosalba Díaz, Gisela Espinosa, Margarita Nemecio y Karina Ochoa. “Desarrollo y equidad de género en el mundo rural de Guerrero”, en El desarrollo rural desde la mirada local; Coords. Gisela Espinosa Damián y Arturo León López; Colección Teoría y Análisis, Universidad Autónoma Metropolita-Unidad Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades; México, 2009; Pág. 132.

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Dentro de este contexto, los espacios asignados a las mujeres indígenas están directamente vinculados a las dinámicas cotidianas de la familia y la casa. De este modo, se construye una economía invisible, generadora de valor, desde los espacios, estrategias y necesidades de las mujeres; así, el espacio doméstico constituye el medio central de actividad, trabajo y desarrollo de las mujeres indígenas. A partir del cumplimiento del rol que les ha sido asignado, ellas han establecido en sus “dominios” prácticas cotidianas y relaciones sociales particulares que responden a estrategias de organización para la reproducción. De este modo, la cultura de las mujeres indígenas es sobre todo, la cultura de lo cotidiano dentro de la cual ellas se desempeñan tanto como reproductoras de fuerza de trabajo y como fuerza de tra-bajo propiamente, logrando así que las actividades femeninas agreguen valor al trabajo masculino y generen, al mismo tiempo, su propio valor13.

13 Paloma Bonfil S. “Las relocalizaciones forzosas en la vida de las mujeres indígenas: memoria y presente de lo perdido. Foro Familia, género y políticas sociales”, en Familia, Género y Pobreza; Compiladoras María de la Paz López y Vania Salles; Miguel Ángel Porrúa y Grupo Interdisciplinario sobre

Ejido nuevo Lindero, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

La desigualdad y la exclusión de género son gene-ralizadas, pero adquieren un sello peculiar en cada contexto cultural. En el caso particular de las muje-res indígenas que trabajan como jornaleras agríco-las, viven la marginación y la extrema pobreza tan-to en sus lugares de origen como en los de destino; son las asalariadas más explotadas y desprotegidas del medio rural y están sujetas a un proceso de pau-perización paulatina, cuya alta movilidad obstacu-liza su propia organización.

A partir del trabajo de campo de Tlachinollan y del CJAM, es posible afirmar que en general, la mujer indígena jornalera es:

ª Monolingüe, presenta altos índices de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad.ª Presenta altos niveles de desnutrición.ª Viven en comunidades con los más bajos índices de desarrollo humano y los más altos índices de marginación.ª Son sujetas a distintas formas de explotación y discriminación dada su condición de género.

Además, de acuerdo con la concepción tradicional, persiste la idea de que las mujeres indígenas no trabajan en el cam-po, sino que “sólo ayudan”14, lo que complejiza las relaciones al interior de la familia y de la comunidad. No obstante, actualmente son muchas las que trabajan y han asumido un papel más activo, aunque persisten mecanismos de control

Mujer, Trabajo y Pobreza (GIMTRAP); México, 2000, Págs. 251-252.14 Janet Gabriel Townsend y Emma Zapata-Martelo. “Mujeres y Poder” en Las Mujeres y el Poder. Contra el patriarcado y la pobreza; Plaza y Valdés

Editores, Especialidad Género: Mujer Rural, Colegio de Posgraduados; México, 2002; Pág. 21.

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38 y subordinación, tanto al interior de sus hogares como en las comunidades y en los lugares de traba-jo, lo que limita la posibilidad de que se conviertan en agentes de sus propias decisiones.

En el caso concreto de la mujeres indígenas jorna-leras de la Montaña, ellas realizan los trabajos más pesados y su percepción económica es igual o me-nor al de sus esposos. Son discriminadas, lo que se evidencia en el trato de los contratistas, superviso-res, capataces, personal médico, lugareños y com-pañeros de trabajo.

A ello se añade que difícilmente son contratadas en las empacadoras, donde la jornada de trabajo es mejor remunerada. Este tipo de actividades se destinan a las mujeres jornaleras locales o de pro-cedencia no indígena, debido a que pueden manio-brar con agilidad la selección y empaque del pro-ducto, así como el uso del equipo tecnificado para la limpieza de las hortalizas y no tienen dificultad con el idioma.

Estas contrataciones de mano de obra femenina res-ponden a esquemas basados en la discriminación y estigmatización de las mujeres jornaleras indígenas. Por lo general, a ellas se les dan las actividades más laboriosas, extenuantes y están relacionadas con el

mantenimiento en los surcos: deshierbar, acomodar los hilos para las guías de las matas, los amarres, el corte, etcétera. Difícilmente ocupan puestos de mando y organización como supervisoras o mayordomas, ya que estos puestos son ocupados por personas no indígenas o por jornaleros locales u oriundos de la misma comunidad o de otros estados expulsores.

Sin embargo, dentro de la estructura organizativa del trabajo en el campo, las mujeres empiezan a desempeñar responsabilidades mayores. Algunas de ellas asumen la responsabilidad de ser “apuntadoras” para llevar la re-lación de los nombres de los trabajadores, la cantidad de baldes y tareas realizadas al día. Ellas al final de la semana contabilizan los datos. Con esas cifras, del dinero que les entregó el productor o el responsable de la empresa, van pagando a sus compañeros y compañeras el salario corres-pondiente de la semana.

Las “apuntadoras” no realizan actividades relacionadas con el corte; se enfocan en anotar en una libreta la relación de las jornadas de las y los trabajadores agrícolas, y sobre ellas recae la responsabilidad de adminis-trar los sueldos de las y los trabajadores. De acuerdo con la propia percep-ción de las mujeres entrevistadas, los agricultores les dan estos cargos por ser más responsables que los hombres. Sin embargo, esta función sólo la realizan mujeres que hablan español, que saben leer y escribir, y que por lo general son jóvenes y solteras.

Para la gran mayoría de las mujeres indígenas de la Montaña, el desco-nocimiento del idioma español se vuelve un enorme obstáculo laboral. Muchas de ellas se enfocan en memorizar y articular algunas palabras en castellano para ocultar su lengua materna, en aras de sobrellevar el trabajo.

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san Francisco del rincón, Guanajuato. Junio 09, 2013.

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

La mayoría de las mujeres esperan que sean sus es-posos o hijos los que hablen o respondan por ellas.

La edad productiva de las mujeres jornaleras va de los 7 a los 50 años de edad. En general siempre han carecido de alguna posibilidad de un empleo for-mal. La constante ha sido la ausencia de oportuni-dades en sus zonas de origen, así como la carencia total o parcial de tierra laborable de su propiedad, aunada a las malas cosechas, la falta de crédito para el campo y los magros apoyos del Estado.

La situación de las jornaleras agrícolas de la Mon-taña es una de las menos atendidas, tanto por las autoridades gubernamentales, como por quienes desde otras instancias se interesan en los temas migratorios. Su proceso migratorio apenas es vi-sibilizado, sin que hasta ahora se le haya dado la importancia que reviste. No se ha dimensionado la gravedad de sus causas y repercusiones.

En estas condiciones, la vulnerabilidad de las mu-jeres indígenas que migran para trabajar como jor-naleras se acrecienta. No gozan plenamente de sus derechos y cotidianamente les son negados los me-dios y recursos para denunciar los atropellos que se comenten contra ellas. Estos abusos no se llevan a cabo exclusivamente en una sola etapa del proceso

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irene maldonado. Villa Juárez, sinaloa, mayo 01, 2013.

migratorio, sino que las acompañan desde sus lugares de origen, durante sus trayectos, en las zonas de trabajo y de regreso a sus poblaciones.

A continuación presentamos el proceso de migración en el que las mu-jeres indígenas jornaleras de la Montaña van enfrentando una cadena de abusos y violaciones a sus derechos humanos y especialmente, sus dere-chos humanos laborales. Estos apartados se fueron estructurando a partir del testimonio de mujeres jornaleras originarias de diferentes comunida-des de municipios como Tlapa, Alcozauca, Chilapa, Metlatónoc, y de los estados de Oaxaca y Sinaloa.

a. el Origen

“[…] soy de Guerrero, bueno, pero no nací en Guerrero, sino aquí, en Sinaloa, pero en Guerrero se embarazó mi mamá, entonces llegó aquí, […] aquí nací, aquí en Sinaloa por

Costa Rica […] nací en un hospital que está, no sé si es un hospital o un seguro, pero ahí nací. Entonces […] luego […]

me registraron en Guerrero”.

Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

La gran mayoría de las mujeres jornaleras de la Montaña nacieron en Guerrero. Pero algunas en algunos casos, teniendo escasos meses de naci-das sus padres se las llevaron a las zonas de trabajo en Morelos, Sinaloa o Baja California. Otras nacieron en estos lugares, aunque posteriormente fueron registradas en su lugar de origen.

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irma maldonado. Villa Juárez, sinaloa. mayo 01, 2013.

Todas, sin embargo, han establecido desde pequeñas un vínculo identi-tario, cultural y social, combinando aspectos tanto de su entorno comu-nitario como de los campos agrícolas a donde sus padres iban a laborar, lugar donde crecieron hasta antes de cumplir los 8 o 10 años, edad en que varias de ellas comenzaron a trabajar o acompañar a sus padres en los surcos.

“Mi papá se fue, dice, cuando se casaron, se fue a vivir pa’ la Baja (California), me tuvieron pa’ la Baja y yo nací

en una colonia que le dicen Guerrero […], estuvieron 6 años viviendo ahí, me tuvieron a mí y cuando regresé al

pueblo yo ya tenía 3 años […], estuvimos como cuatro meses y nos venimos para acá, yo crecí en Sinaloa […], nos íbamos

para allá y regresábamos. La primera vez que me acuerdo cuando me metí a trabajar, […] me vine con mi papá y ahí es

donde yo me acuerdo donde me metí a trabajar, […] eran 25 botes por el día y si logra uno cortar otros 25 botes son dos días, mi papá andaba ahí y yo quería ayudarle y él

no quería. […] Me dedicaba a cortar tomate […] y después el checador me sacó y me midió, […] cuánto de estatura y, […]

me dijeron pues cuánto pesaba, y me pesaron así, y, ¿no sé?, tuve suerte porque el checador me dio una ficha y ahí es

cuando yo me metí a trabajar, pero yo no acarreaba el bote porque yo no podía, porque yo nada más cortaba y llenaba el bote, iba mi papa a vaciarme (el bote), (tomaba) mi papá

mi número, y así andábamos”.

Irma Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

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42 La presencia de la mujer guerrerense en los campos de trabajo de Sinaloa es destacada desde el ciclo agrícola de 199315. Entre los aspectos que influyen en una mayor ocupación de mujeres y niños para el trabajo de jornalero agrícola están el proceso o tipo de trabajo que se realiza y el cultivo que se produce16. Por ello, como estrategia familiar, las madres y las familias viajan con niños y niñas pequeñas, quienes desde los ocho y nueve años se empiezan a incorporar al tra-bajo. El incremento en la ocupación de mano de obra infantil, desciende hacia 2002, por las incipientes prohibiciones respecto del trabajo de infantes menores de edad, generado por las denuncias sobre la persistencia menores laborando en los campos. Sin embargo, este tipo de migración continúa con intensidad17.

A lo largo de tres generaciones, las mujeres indígenas de la Montaña han migrado con sus padres, después con sus hijos e hijas, y recientemente, varias de ellas, en compañía de sus nietos y nietas. Se trata de abuelas muy jóvenes, que apenas han pasado los 30 o 40 años, que adquieren esta condición cuando sus primeros hijos o hijas establecen relaciones de pareja, volviéndose madres a temprana edad, como lo hicieron sus progenitores.

b. la escuela

Las posibilidades que tienen las mujeres de asistir a la escuela son muy variables, y quedan condicionadas a factores como la pobreza, accesibilidad, el trabajo, la falta de aulas escolares, la ausencia o falta de personal docente, y la calidad misma de la educación que se ofrece en la región de la Montaña.

En la región, debe recordarse, existe un alto índice de rezago educativo en la gran mayoría de los municipios, prin-cipalmente en aquellos que tienen los más elevados índices de migración de jornaleras. Por ejemplo, en Cochoapa el Grande el analfabetismo alcanza al 66.5% de la población de 15 años, el 12.5% no concluyó la primaria, y el 12.2 no

15 Beatriz Canabal Cristiani. Hacia todos los lugares… Migración jornalera indígena de la Montaña de Guerrero; CIESAS, UNISUR, Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado de Guerrero, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco, Coordinación de Extensión Universitaria; México, 2008; Pág. 66.

16 Ibíd. Pág. 69.17 Ibíd. Pág. 74.

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43Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

terminó la secundaria, lo que representa el 91.2% de rezago total en el municipio. Metlatónoc tiene un rezago educativo del 84.0%, y Tlapa, el 54.7%18, por mencionar tan sólo a tres de los ocho municipios considerados de fuerte expulsión en la Montaña.

Sin embargo, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico (INE-GI), de acuerdo a grupos quinquenales a partir de los 15 años y, el rezago educativo de las mujeres de los 8 municipios de expulsión de población jornalera son muy elevados, dejando entrever que un porcentaje de este sector de la pobla-

18 Ver información en línea proporcionada por la Dirección de Planeación, Administración y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), sobre la Población de 15 años y más en Rezago Educativo del Censo de Población y Vivienda, 2010 por Municipio: http://www.inea.gob.mx/transparencia/pdf/rez_censo_edos/rez_mun_gro.pdf

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Ejido nuevo Lindero, Guanajuato. Junio 09, 2013.

romita, Guanajuato. Junio 08, 2013.

ción de la Montaña no cuenta con ningún grado de escolaridad. Por ejemplo, en Alcozauca 2,660 (11%) mujeres no han cursado la escuela, en At-lamajalcingo del Monte son en promedio 603 mu-jeres (3%); en Atlixtac, 3,270 (14%); Cochoapa el Grande, 3,524 (15%); Copanatoyac, 2,558 (11%); Metlatónoc, 2,707 (11%); Tlapa, 6,512 (27%); y Xalpatláhuac con 1,814 mujeres (8%).

Desde 1980 la política educativa ha pretendido atender los requerimientos educativos de los jorna-leros migrantes; a lo largo de más de 30 años. Desde entonces instituciones como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y la Secretaría de Educación Pública (SEP), han diseñado diversas acciones y estrategias para que las niñas y los niños migrantes puedan asistir, permanecer y concluir la educación primaria19.

En el estado de Guerrero la presencia del CONAFE inició desde 1973. La SEP consideró pertinente re-tomar la experiencia de la Escuela Rural Mexicana y con base en ello, se generó un modelo denomina-do Sistema de Cursos Comunitarios, el cual estaba

19 Véase Teresa Rojas Rangel. Inequidades. Op. cit. Pág. 71.

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45enfocado a atender el rezago educativo en comunidades rurales, que por su dispersión y escasa población no podían recibir el servicio formal de la SEP.

Posteriormente, a partir del año de 1980, cuando se incorpora el Programa de Preescolar Comunitario y posterior-mente y en forma paulatina los Programas de Museos Comunitarios, el Proyecto de Atención Educativa a la Población Indígena (MAEPI), el Modelo Educativo Intercultural para la Población Infantil Migrante (MEIPIM) y POSPRIMA-RIA20, que estaban orientados para pasar de cubrir a la población con falta de infraestructura educativa, a la de ser un complemento sustancial de la tarea educativa en los estados, atendiendo así a comunidades marginadas, de escasa po-blación y dispersas. Igualmente, se atendía a población vulnerable, como los niños migrantes, las poblaciones indígenas de localidades pequeñas y otras con dificultades de acceso a servicios educativos. Actualmente ya no son programas complementarios, sino que cuentan con una propuesta pedagógica propia, con un certificado de la calidad educativa para esas comunidades.

Por ejemplo, el MEIPIM es el modelo que desde 1989 imparte educación de nivel primaria a las niñas y niños migrantes en el país, bajo la premisa de que cuenta con una propuesta pedagógica propia y un enfoque intercultural; garantizando así, la entrega de una boleta única, y la generación de puentes interinstitucionales para mejorar la atención educativa de la niñez migrante y de sus familias.

De esta manera, la oferta educativa para la población jornalera de los municipios de población jornalera de la Montaña, está orientada para cubrir los municipios con índices de desarrollo humano más bajos, con fuerte rezago educativo y con alta movilidad migratoria. No obstante, la experiencia de las propias mujeres revela las limitaciones de los progra-mas educativos gubernamentales para este sector poblacional:

20 Ver información en línea proporcionada por Antonio Landa Guevara. Evaluación del Impacto del Programa Sistema de Estudios a Docentes (SED) que opera el Consejo Nacional de Fomento Educativo, en la Formación y Trayectoria de los Exdocentes de los Estados de Guerrero, Puebla y Veracruz, Octubre, 2008: http://www.conafe.gob.mx/transparencia/estudiosopinones/eval-impacto-sed.pdf

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46 “Fui en primaria, pero con los CONAFE que da los jornalero, […] porque mi papá pidió […] los maestros para nosotros, para los migrante, porque mi pueblo es algo extraño allá, porque

nosotros somos jornaleros, andamos de aquí para allá, pues como estamos aquí 4 meses y vamos a mi pueblo 7 meses, así andamos todo los años, entonces […] los maestros que están en mi pueblo no aceptan los niños migrantes, entonces mi papá tuvo que ir con los jornaleros (PAJA-Tlapa) para solicitar un maestro para los migrantes, entonces si nos mandaron maestro. Pero lo que

pasa es que ahí mandaron maestro de español y, en mi pueblo […] hay maestro pero de mixteco, o sea que el mismo dialecto, pues […] la mayoría lo que sabe más es puro mixteco, pero algunos que estudia con los migrantes ellos son los que, los que saben español como nosotros […] No termine

la primaria, nomás llegue en tercero de la primaria […] estaba yo estudiando bien y luego cuando pasé a segundo año, ahí es donde yo empezaba a reprobar, ahí donde a mí no me gustó

porque en ese tiempo ya cumplí 12 años […] y luego ahí me agarró otra enfermedad del corazón […] entonces ahí fue donde tomé la decisión de ser campesina”.

Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

Los esfuerzos realizados por la SEP a través del Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes (PRO-NIM), y por el CONAFE han sido insuficientes para ofrecer educación primaria de calidad a este sector de la población. La cobertura es limitada, pero también hay cuestiones que van desde el nivel educativo de los instructores comunitarios, pasan-do por los estímulos que les brindan, hasta el des-

conocimiento de la lengua materna de la comunidad donde son asigna-dos, lo que dificulta la impartición de los cursos.

Hay comunidades donde no operan ni el CONAFE ni el PRONIM, por-que cuentan con escuelas bajo el sistema oficial de educación; éstas, sin embargo, no atienden a niñas y niños migrantes. En otras comunidades indígenas de la Montaña, los instructores no cuentan con aulas escolares e improvisan espacios en las comisarías o delegaciones municipales, de suerte que los y las menores tienen que llevar sus sillas, lo que dificulta tener un espacio digno y seguro para que tomen clases.

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47Con todo, la culminación de la educación preescolar, primaria y secunda-ria no ha sido priorizada en la oferta educativa dirigida hacia la población jornalera. Quienes logran concluir la educación primaria y se incorporan a los servicios generales o regulares, tampoco cuentan con un seguimien-to específico sobre su inscripción en este nivel educativo. La educación secundaria, media superior y superior de las y los jornaleros, no ha sido objeto de preocupación para quienes diseñan la política educativa, ya que las acciones del Estado se han centrado fundamentalmente en la atención de la educación primaria.

“Tengo 16 años […] Llegué al quinto, pero llegué […] al grado de tercero y no sé cómo explicarle […] y es que […]si se de

las matemáticas y me avanzaron hasta el quinto grado, no pasé el cuarto,[…] ahí me hicieron un examen global y ya salí de la primaria, tenía 11 años cuando salí de

la primaria, […] iba a entrar a la, ¿cómo se llama la otra escuela?, secundaría, y no fui, porque estaba bien lejos y ese año cuando mis papas se dejaron y nos quedamos así, sin papá, […] y luego no quise ir a la escuela y ya nos dedicamos a trabajar, y dejé la escuela, hasta ahora”.

Leonarda Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

Leonarda maldonado. Villa Juárez, sinaloa. mayo 01, 2013.

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miguel alemán, sonora, mayo 04, 2013.

En algunas comunidades que cuentan con la in-fraestructura y la planta docente para los diferentes niveles de educación básica, existe la posibilidad de cursar la secundaria. No obstante, los planteles son escasos lo que en ocasiones implica que los alum-nos y las alumnas que habitan en comunidades circunvecinas tengan que caminar horas a píe para llegar a la escuela.

En otras comunidades, que son la ma-yoría, la falta de infraestructura aunada a la ausencia de maestros, de material didáctico y escolar, entre otros, dificulta la enseñanza de calidad y seguimiento de los planes de estudio.

Desde luego, también hay factores que limitan el acceso o la permanencia en el sistema escolar, como las condiciones extremas de pobreza en la que viven, la alta vulnerabilidad social, la falta de al-ternativas de autoempleo o empleo. No sorprende, por tanto, que la gran mayo-ría de las mujeres indígenas jornaleras cambien los libros y los cuadernos, por los surcos y las hortalizas.

“Sí estudié un poco, tengo la secundaria terminada, aunque no terminé la secundaria cuando era chica, pero ya estando ya casada terminé la secundaria abierta, […] pero pues de todas maneras no tiene caso porque no nos dan trabajo, pues no hay dónde trabajar tampoco, […] no conviene, por eso mucha de las veces pues el estudio no

nos llega ayudar en mucho”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel

Alemán, Sonora, mayo 2013.

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Vianey antonia mapo. Estación Pesqueira, sonora. mayo 05, 2013.

En este orden de ideas, la educación que se debería de impartir a la población indígena jornalera ten-dría que estar fuertemente vinculada con la preser-vación de su identidad, con su cultura, con la parte de sus usos y costumbres que tienen como pueblos originarios y adecuada a sus ciclos migratorios.

“Tengo 21 años […] estudié el segundo de secundaria y también por lo mismo,

porque ya no puedo estudiar porque en Sinaloa se quemó toda la siembra y ya no

hubo trabajo, y mis papas, pues andaban en el tomate, en el tomatillo, y ya no

tuvieron pa’ los estudios”.

Vianey Antonia Mapo, Ahome, Sinaloa, entrevistada en el campo “Viñedo 2000”, Estación Pesqueira,

Sonora, mayo 2013.

c. lOs MOtivOs para Migrar

La migración interna de la población jornalera es generacional. Esta cultura migratoria se desprende de diversos factores como la crisis de las economías tradicionales indígenas, los problemas de tenencia de la tierra, los bajos rendimientos de los precios de los productos agrícolas regionales, la degradación ecológica y las presiones demográficas. Son estas con-diciones las que obligan a familias enteras a salir de sus comunidades para vender su fuerza de trabajo como jornaleras agrícolas en los complejos agroindustriales ubicados en el norte, noroeste y en algunas entidades del sureste del país21. Son factores determinantes que dejan como única alternativa para las mujeres indígenas de la Montaña la migración.

21 Teresa Rojas Rangel. Inequidades. La educación primaria de niñas y niños jornaleros agrícolas migrantes; Horizontes Educativos, Universidad Pedagógica Nacional; México, 2011; Págs. 30-31.

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50 “ […] no hay trabajo allá para uno, no puede uno salir adelante y uno piensa siempre en los hijos en que

uno debe de mejorar, uno debe de buscar la manera de cómo darle

lo que uno pueda a nuestros hijos y que no crezcan como nosotros

crecimos sufriendo, por eso uno sale de nuestro lugar para uno tener trabajo, para darles de perdida

para que vivan, porque pues para tener algo así, mucho, pues no se puede, pero de perdida para que

tengan diariamente para comer, pues si para eso nosotros nos salimos de allá, dejamos nuestro pueblo y nos

venimos por acá”.Mujer originaria de Guerrero, entrevistada

en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora,

mayo 2013.

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

La migración como estrategia de sobrevivencia de las comunidades de la Mon-taña comprende tanto los procesos migratorios en que han participado las mu-jeres de manera voluntaria como aquellos en los que, como ocurre la mayoría de las veces, participan de manera forzosa para complementar sus ingresos.

De ahí que la toma de decisión del lugar a dónde van a migrar, así como todo lo relacionado con estos procesos migratorios queda supeditado a los varones. Ellos son quienes establecen los vínculos con los responsables de incorporarlos en las actividades de los campos agrícolas, definiendo los roles que asumirán las mujeres y sus hijos e hijas como asalariadas u acompañantes.

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2.2 mujeres “contratistas”

En las comunidades de origen inicia el proceso que se hace a través de contratistas22 o enganchadores23, quienes son personas que las empresas agrícolas subcontratan para que se hagan responsables de llevar a cabo todas las gestiones necesarias para contratar la mano de obra jornalera que los campos demandan.

22 Contratista: es el representante formal de la empresa agrícola y quien establece las relaciones laborales con los grupos de familias jornaleras, sin que se firmen acuerdos por escrito. Pactan exclusivamente las cuestiones laborales, el traslado de los grupos a los campos agrícolas, la alimentación para el trayecto, pero nunca se desplazan a los campos o realizan actividades agrícolas. En algunas ocasiones llevan a cabo visitas a los campos pero sólo para supervisar el retorno de los grupos. Los contratistas pueden ser originarios de la misma región, hablar una lengua indígena o ser de los estados receptores de mano de obra migrante.

23 Enganchador: es el intermediario entre las y los jornaleras agrícolas y el contratista. Suelen ser originarios de las mismas comunidades o hablar alguna lengua indígena. Ellos explican de manera anticipada a los grupos de familias jornaleras las condiciones laborales en los campos, y a partir de ahí establecen los nexos con los contratistas.

mujer jornalera entregando fichas por cada arpía de chile que cortan

las y los trabajadores. Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

Los empresarios agrícolas, productores, agriculto-res o “patrones” usufructúan la lealtad étnica a tra-vés de intermediarios indígenas que representan a la empresa o a los productores. Estos intermediarios son quienes establecen el acuerdo laboral. Empero, su intervención en el proceso no necesariamente representa ningún beneficio concreto para las fa-milias jornaleras, ya que todos los acuerdos sobre las condiciones en que harán el viaje a los campos agrícolas –los lugares donde van a vivir, los servicios que les brindará el agricultor, así como el pago de sus salarios, tiempo extra, retiro, pago de los auto-buses, servicios médicos, albergue y educación para los hijos e hijas de los trabajadores, indemnizacio-nes por riesgos, accidentes y muertes de trabajo, y otras prestaciones– no se hacen por escrito sino de manera verbal, las cuales en muchas ocasiones no garantiza su cumplimiento ni satisface los mínimos obligatorios de conformidad con la ley.

La relación jornalero o jornalera–productor agrí-cola no es directa. Siempre es a través de los con-tratistas y de algún representante de las empresas o del agricultor; esa es la única relación patronal que prevalece en este tipo de actividad agrícola. De ahí que el enganche no debe confundirse con una contratación formal, pues aunque a menudo se

considera que por el hecho de llegar a la zona de trabajo a través de algún representante del empresario agrícola las y los jornaleros cuentan con un contrato que garantiza las prestaciones que por ley corresponden, en la práctica no sucede así.

Asimismo, es posible que en algunos campos las y los jornaleros se in-corporen a su fuente laboral en los esquemas diseñados por los contratos colectivos de protección que imponen los sindicatos corporativos que operan en la zona. No obstante, como ocurre regularmente en México respecto de estos “contratos”, los jornaleros y jornaleras desconocen su contenido y no cuentan con un sindicato que en los hechos efectivamente vele por sus intereses. La movilidad, en este sentido, dificulta e impide cualquier tipo de adscripción gremial genuina.

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53Ante la falta de un contrato de trabajo o el desconocimiento de éste cuando en papel llega a existir, las jornaleras y los jornaleros difícilmente pueden exigir el cumplimiento de dichos acuerdos, y los productores se deslindan de cualquier responsabilidad.

Ante los constantes abusos, engaños, injusticias e incumplimiento de los acuerdos, y del trato que reciben por parte de los contratistas o enganchadores, en algunas comunidades comenzaron a tener presencia jornaleros y jornaleras a los que se les ha denominado “mayordomos” o “responsables de grupo”24; su aparición surge después de que jornaleros o jornaleras tomaron la iniciativa de comenzar a organizar por su cuenta a las familias indígenas migrantes de sus co-munidades, logrando establecer relaciones laborales directas con los representantes de las empresas agrícolas o con los mismos productores.

Es de destacar que recientemente en algunas comunidades de municipios como Cochoapa el Grande y Tlapa, mujeres indígenas han participado de este esquema. La aparición de esta figura responde también a la capacidad de liderazgo que han asumido y a los lazos de confianza y redes que han establecido con las familias jornaleras. Por lo general, las denominan “contratistas” pero desempeñan la misma función que los responsables de grupo o mayordomos.

Ellas establecen un vínculo directo con las familias jornaleras, así como los mismos acuerdos verbales con los produc-tores y se emplean como asalariadas en los campos de cultivo. De la misma forma que los varones, este liderazgo feme-nino se fue construyendo a partir de la pertenencia étnica, de la lengua, del paisanaje, del parentesco, de las relaciones de compadrazgo y de la cultura; estos son fuertes elementos que vinculan a estas mujeres con las familias indígenas de las comunidades.

24 Mayordomo o responsable de grupo: Es el nombre que se le atribuye a la persona que va al frente o como representante de los grupos conformados por jornaleros y jornaleras agrícolas. Actualmente en algunas comunidades se han ido nombrando o conformado grupos en donde las responsables son mujeres. Son originarios u originarias de la misma comunidad, hablan alguna lengua materna, y su legitimidad se sustenta por el papel que han desempeñado en sus comunidades y por la aceptación de las y los jornaleros. Establecen la relación laboral de manera directa con los agricultores o con algún representante de las empresas agrícolas. Ellos o ellas representan al grupo desde el momento en que salen de su comunidad de origen, así como en los campos agrícolas y cuando están de retorno. Realizan las mismas actividades que el resto del grupo. En algunos casos, por disposición del agricultor, desempeñan otras funciones en el campo.

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54 Ejido nuevo Lindero, Guanajuato. Junio 09, 2013.

Es un código étnico que se ha ido estableciendo entre esta nueva figura con los diferentes grupos de jornaleros y jor-naleras agrícolas. Esta lealtad étnica, les otorga a ellas prestigio y legitimidad ante los contratistas o enganchadores, pero también se traduce en la conformación de nuevas redes laborales y de solidaridad que se entretejen entre ellas y las familias de sus comunidades.

No obstante, los acuerdos siguen siendo de manera verbal, lo que tampoco les garantiza el cumplimiento de los mis-mos, y no se traduce en una mejora en las condiciones de vida y trabajo, aunque si les ha permitido tener mayor segu-ridad para que no sean objeto de extorsiones, abusos, manipulaciones o engaños por parte de los patrones.

Las mujeres indígenas “contratistas” pactan los arreglos de acuerdo con su experiencia y con sus necesidades laborales. Sin embargo, en caso de que haya algún incumplimiento de lo convenido o si la pérdida de confianza se hiciera presen-

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55te, los grupos de migrantes agrícolas pueden abandonarlas y decidir no ir a trabajar con ellas la siguiente temporada. Esta nueva responsabilidad también representa para los varones una competencia, ya que ven afectado su porcentaje en cuanto al reclutamiento de migrantes agrícolas se refiere, y van perdiendo terreno en las relaciones que establecían anteriormente en las zonas receptoras.

Es un papel sumamente importante el que han venido desempeñando mujeres como Florencia García de Cochoapa el Grande; Juana Gatica de Coachimalco, Tlapa; Juana Villa y Lorenza Tapia de Chiepetepec, Tlapa25. Mujeres indígenas que asumen un liderazgo frente a los grupos de familias que ellas reclutan, pero que también son madres y esposas, además de que desempeñan las mismas actividades en el campo agrícola que cualquier mujer jornalera. Es un liderazgo frente a los varones, el cual se puede interpretar como empoderamiento o como lo tituló Janet Gabriel Townsend26 el poder desde dentro, que se basa en la conciencia de la realidad externa.

25 Lorenza Tapia, originaria de la comunidad naua de Chiepetepec, municipio de Tlapa, fue una mujer indígena que como todas, se casó muy joven y fue conformando su vida en ese vaivén, entre su comunidad y los campos de Morelos y Sinaloa. Después de separarse de su esposo, ella se organizó con el señor Miguel Martínez Peralta, quien estaba cobrando fuerza y una presencia entre varias familias jornaleras de la comunidad naua. Es así, como ella inicia reclutando algunas familias y comienza a establecer vínculos con los representantes de la Agrícola Primavera en Sinaloa. Entre 1996-2005 conjuntamente con Miguel Martínez llegaron a integrar cuadrillas de más de 100 trabajadores, lo que representaba entre 60 o 70 autobuses que enviaban cada ciclo migratorio (septiembre-diciembre) al estado de Sinaloa. Posteriormente, trabajando en los campos agrícolas, Lorenza enferma, le diagnostican diabetes y un problema en la piel asociado (sin un diagnóstico preciso) al contacto con agroquímicos y exposición al sol. En el 2006, estando de regreso en su comunidad, toma parte en las acciones que desde Tlachinollan se comienzan a realizar con jornaleros, contratistas, mayordomos, para la conformación del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña (CJAM) en Tlapa. Lorenza apoyó en los trabajos y, en particular en el Comedor Comunitario de Jornaleros que se ubica en la Unidad de Servicios Integrales de la SEDESOL (USI), para la atención y registro de las familias jornaleras de la Montaña que lleva a cabo cada temporada de migración el CJAM. El estado de salud de Lorenza se fue deteriorando, por lo que regresó a su comunidad para estar al lado de sus tres hijos pequeños, mientras los más grandes seguían trabajando cada temporada en Sinaloa. En noviembre de 2012, Lorenza falleció debido a las complicaciones en su estado de salud. Todo el trabajo realizado, los esfuerzos por brindar alternativas diferentes para las mujeres y hombres jornaleros de la Montaña, están basados en la experiencia, en la voluntad y humildad de una mujer, aunque tímida en su hablar, sencilla de corazón, era extraordinaria como una mujer que trascendió en un ámbito considerado sólo para los hombres. En Chiepetepec, Tres Caminos y comunidades que se ubican como anexos la reconocen más allá de ser una mujer contratista.

26 Véase Janet Gabriel Townsend., “Poder desde dentro: ¡Salir de la casa!”, en Las Mujeres y el Poder, Op. cit. Townsend cita a Rowlands y define el proceso de empoderamiento como un lugar preponderante que lo ocupa el desarrollo de la confianza en sí misma y la autoestima, así como cierto sentido de la capacidad de actuar.

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56 isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 30, 2013.

Mujeres como Florencia García, Juana Villa, Juana Gatica y Lorenza Tapia, desarrollaron la capacidad de actuar, de po-der decidir, de enfrentar los obstáculos que persisten por su condición de género, y enfrentar el miedo, la subordinación y el control, lo cual no significa que ellas desechen sus roles tradicionales, pero sí que han aprendido a valorar el papel que juegan dentro de la familia y a reconocer que son capaces de hacer cosas distintas, de que cuentan con opciones y pueden definirse como “mujeres trabajadoras”. Es un proceso donde ellas se perciben como capaces de ocupar los es-pacios de toma de decisiones que eran tradicionalmente ocupados por varones: sus padres, sus esposos, algún familiar, vecinos de la comunidad, o los propios contratistas.

Estas mujeres “contratistas” o “responsables de grupo” fueron perdiendo el miedo a organizarse y organizar a las familias jornaleras. Han sido capaces de darse a explicar aun con las limitaciones que representa el dominio del castellano; frente a sus grupos, el lazo se teje porque hablan la misma lengua materna y porque ellas dominan ese espacio y ese lugar.

Desempeñar un papel fuera del hogar, significa para estas mujeres indígenas salir de un espacio restrictivo, limitado y creador de impedimentos para ellas. Estar fuera de ese espacio les da la oportunidad de unirse a otras mujeres, de par-

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57ticipar, organizarse y de establecer vínculos con los varones que lideran las relaciones laborales en los campos agrícolas (productores, supervisores, mayordomos generales). Sin embargo, no se traduce en mejores acuerdos o ni supone por sí mismo la erradicación de los abusos; inclusive, las más de las veces es posible que prevalezcan las dificultades concretas que enfrentan en sus relaciones cercanas o con los grupos de familias jornaleras.

2.3 el trayecto a los camPos aGrÍcolasLas mujeres jornaleras en compañía de sus familias realizan su trayecto en autobuses que los productores o agricultores contratan, a través de los servicios de empresas de autotransportes27.

El espacio para transportar a 45 pasajeros que normalmente tienen los autobuses, en realidad hacina en ocasiones hasta el doble de personas. En los asientos sólo pueden ir sentados quienes están en edad de trabajar; por lo tanto, durante estos largos trayectos los niños y las niñas se sientan en las piernas de sus padres u ocupan los pocos espacios que que-dan libres en el pasillo del autobús.

Hay quienes viajan por su cuenta en camionetas particulares. En estos vehículos los espacios también son reducidos, porque estos grupos están integrados hasta por cinco o seis familias, sabiendo que en promedio entre 6 o 10 personas conforman cada familia jornalera. Normalmente, viajan juntas familias originarias de una misma comunidad a las que las unen lazos de parentesco. Por el sobrecupo viajan hacinados. Por lo general, las niñas, niños y mujeres jóvenes viajan en la parte trasera de las unidades, mientras que las mujeres y hombres adultos viajan en la cabina.

27 Algunas de estas empresas han ido cambiando los modelos de los autobuses, pero la mayoría de los camiones que llegan a Tlapa -punto de partida- son modelos de los años ochenta o noventa, que en general se encuentran en muy mal estado. Aunado a ello, sus operadores no cuentan con sus documentos en regla, sus permisos están vencidos, al igual que el seguro -en caso de tenerlo- o en su defecto, son falsos.

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Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

ayotzinapa, tlapa, Guerrero. noviembre 10, 2013.

En cuanto a las distancias que recorren, estas varían de acuerdo al estado al que se dirigen. Sin embargo, las condiciones denigrantes en el traslado son las mismas, causadas por el estado en el que se encuen-tran los autobuses28. Lejos de enfocar sus acciones en revisar las unidades que por deterioro son ya in-seguras, las autoridades se concentran en detener los vehículos para verificar los documentos de la población jornalera mediante agentes de la Policía Federal, del Instituto Nacional de Migración, de las Policías Municipales o Estatales, y hasta del Ejér-cito. Estos son controles de seguridad para la ubi-cación y detención de migrantes centroamericanos

28 Es por ello que debido a que las malas condiciones de los autobuses ponen en riesgo la vida de las familias jornaleras, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha recibido la recomendación de que a través de sus delegaciones estatales, así como las autoridades municipales y de tránsito puedan también vigilar y supervisar los tipos de contratos establecidos, así como las condiciones en que son trasladados los grupos de jornaleros y jornaleras agrícolas, para verificar las condiciones mecánicas de los autobuses, además del estado de salud de los operadores para prevenir o evitar el consumo de alguna sustancia tóxica o droga, ya que por viajar en estas condiciones se expone a una situación de alto riesgo a las y los jornaleros, por otro lado es indispensable que el sobrecupo de los autobuses sea también supervisado para evitar accidentes.

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59y migrantes que se dirigen a la frontera norte para cruzar a los Estados Unidos.

Recientemente, para los traslados se han venido implementando ciertas restricciones para las mu-jeres jornaleras y sus hijos, sobre todo respecto de los menores de 14 o 16 años de edad. Esto responde a una serie de medidas relacionadas con la entrega de distintivos que en México están basados en las experiencias de certificación de compromisos de responsabilidad social empresarial.

De ahí que algunas empresas agrícolas de todo el país –sobre todo las ubicadas en el noroeste– co-menzaron a adoptar una política de cuidado y pro-tección infantil, rechazando la utilización de mano de obra de menores y promoviendo la protección de la niñez trabajadora.

Actualmente estas medidas se han trasladado a los lugares de origen de la población jornalera y se tra-ducen en que los autobuses en los que se hace el traslado solamente admitan a padres y madres sin menores de edad; o bien sólo podrán llevar consigo a los mayores de 14 o 16 años, según lo disponga la empresa agrícola.

Bajo este contexto, los empresarios agrícolas en el estado de Sinaloa lle-van a cabo una revisión estricta respecto al trabajo de menores de edad, la contratación de mujeres embarazadas y mujeres lactantes, a quienes también están negando su traslado a los campos agrícolas.

La advertencia que han estado difundiendo para el ciclo agrícola 2013-2014 (invierno–primavera), es que las mujeres en estas condiciones no serán admitidas en las empresas, negándoles viajar junto con su familia. Estas medidas, que en principio podrían parecer medianamente benéficas, también han trascendido al espacio laboral en los campos, pero han traído un sinfín de impactos negativos en las familias particularmente en el caso de las niñas, niños y mujeres jornaleras, lo que se expondrá más adelante.

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60 isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 30, 2013

2.4 las mujeres indÍGenas jornaleras

en los camPos aGrÍcolas:

derechos violados

a. trabajO agrícOla FeMeninO

Las hortalizas tienen la característica de ser intensivas en mano de obra. Lo mismo ocurre con otros cultivos como las flores de ornato, los frutos y vegetales exóticos, los granos, la caña de azúcar, el café, el tabaco, entre otros. La constante de estos mercados de trabajo rural es que la demanda de mano de obra se concentra en ciertas zonas geográficas, donde los agricultores no pueden satisfacer tal demanda con la población local, por lo que se ven en la necesidad de mandar enganchadores a las zonas indígenas del sur del país29, o de otras zonas que oferten mano de obra migrante jornalera.

La incorporación de las mujeres indígenas a estos mercados laborales, obedece a una creciente demanda de mano de obra temporal, flexible y a su creciente integración en los campos agrícolas de diferentes estados del país.

29 Celso Ortiz Marín. Las organizaciones de jornaleros agrícolas indígenas en Sinaloa; Colección Tlatemoa, Universidad Autónoma de Chapingo, Departamento de Sociología Rural; México, 2007. Pág.121.

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61Son mujeres que están impuestas a los trabajos pesados, con jornales bajos y en condiciones laborales sumamente des-ventajosas. En estos mercados de trabajo rural se admite a las mujeres con su familia, sin hablar el castellano, sin saber leer ni escribir, con las condiciones de instrucción y de calificación que poseen; lo importante para las empresas es que sean mujeres de zonas rurales o campesinas, que sepan trabajar la tierra y se sometan a las condiciones de trabajo im-puestas por los patrones o previstas por la demanda del mercado internacional y nacional.

“En cuanto yo llegué aquí (Campo Don Enrique, Sonora), me puse a trabajar en los campos, he ido en diferentes campos a trabajar, en uno de ellos es aquí en Don Enrique, […] este campo es un poco pesado el trabajo, aquí ponen a las personas de tarea a trabajar y dan de 14 a 15 líneas de tarea, muchas de las veces las personas no aguantan sacar la tarea, […] porque son demasiadas líneas largas. El planteo lo vienen pagando la línea por 40 pesos, 15 pesos vienen pagando la línea […] y luego el calor no deja. Aquí […] pagan con tarjeta […] no depositan el dinero en la tarjeta y muchas de las veces uno trabaja por necesidad, porque uno necesita el dinero y se pone uno a trabajar con la esperanza de que llegue el sábado y que uno llegue a cobrar ese dinero, y resulta que no más no, no viene ni un solo peso en la tarjeta […] si no sacan la línea, la tarea, pues no más no les pagan […] es muy pesado ese trabajo […] es muchísimo el trabajo”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

b. salariOs Mal pagadOs

El trabajo de las mujeres jornaleras consiste en la pizca que se hace por bote o balde, por caja, o costal. De acuerdo con los datos recopilados en el más reciente trabajo de campo de Tlachinollan, se considera que al día cada mujer debe realizar hasta cuatro o seis tareas aproximadamente, que consisten en trabajar 16 surcos o más. El pago promedio es de 120 o 160 pesos al día. Por lo general, una jornalera con un sueldo de 120 pesos al día, viene ganando alrededor de 720 pesos por seis días de trabajo. Para ganar un poco más de lo que les dice el empleador, las jornaleras tienen que hacer más de 6 tareas, lo que depende en la habilidad que tengan ellas, o bien, en que trabajen los siete días de la semana.

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62 teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

Las cifras de la ENJO 2009, realizada por la SEDE-SOL, revelan que los ingresos de las trabajadoras agrícolas, se ubican entre los más bajos en México. El 14.1% de jornaleras agrícolas del país recibe un ingreso diario superior a los 171 pesos, y poco más de 35% percibe ingresos inferiores a los 115 pesos al día. Con el ingreso que reciben, difícilmente logran satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Por otra parte, 65.6% de las jornaleras migrantes tiene un ingreso mensual menor a 3 mil 180 pesos

que corresponde a la línea de pobreza alimentaria rural estimada para esta población.

La inserción de las mujeres indígenas jornaleras en los sectores de activi-dad agrícola, guarda una estrecha relación con el tipo de tareas que des-empeñan, como escarbar, deshierbar, plantar, hilar, cortar, seleccionar, empacar y cargar. En ocasiones, laboran un número de horas semanales que puede calificarse como sobre-jornada. Ellas tienen la condición y capacidad física de resistir las actividades agrícolas que les impongan, sin que los productores o agricultores reparen en la integridad, seguri-dad, protección, interés y dignidad de estas mujeres jornaleras.

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63“Los tomates lo echamos en el bote, cargamos dos botes, de uno al otro hombro, cargamos así. Hay una tina y los vaciadores lo vacían y vamos a cortar y, así. Y nos apuntan el bote, cuántos botes hacemos al medio día y en la tarde. Cuando hay bastante tomate lo que he llegado hacer es […] 220, […] pal medio día, y […] en la tarde, cortar de 120 pa’ arriba, todo el bote, porque a veces cortaba 150 en la tarde, pero andaba como loca, pero por […] todo el día cortaba de 300 pa’ arriba, 350, 360, y les ganaba a todos, como andaba con la cuadrilla, hay muchos hombres y yo era la que le ganaba a todos los hombres y me tenían mucha envidia […]”.

Leonarda Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

A la par, las percepciones económicas que obtienen las mujeres jornaleras dependen del tipo de cultivo y de la zona en donde se encuentren laborando. Para una familia jornalera compuesta por 5 integrantes, donde trabajan todos, con un ingreso de 720 pesos por cada uno, a la semana reúnen un aproximado de más de 3 mil pesos. Sin embargo, estos ingre-sos se reducen cuando sólo trabajan dos o tres miembros de una familia.

“Andaba yo trabajando con el azadón, andábamos azadonando la uva […] más o menos un pedazo así; todo ese pedazo lo teníamos que dejar limpio donde están las matas de uva, todo eso lo íbamos quitando toda la yerba, lo íbamos dejando limpio, así todo eso lo íbamos quitando, íbamos dejando limpio. (Me pagaban) 120 (pesos) por el día. Entrábamos a las 6 y salíamos a las 6 (de la tarde), 12 horas de andar azadonando uva, andar cortando calabaza de esa italiana, andar cortando Kabosha, andar […] sembrando […] la sandía […]. Pues nos pagarían […] con todo y domingo veníamos cobrando como mil, mil 100, mil 200, con todo y el domingo. (Trabajamos) todos los días, (cortando y colocando las matas de uva) en cajas […] verdes grandes, las recogíamos […] y las teníamos que cargar, ya que se iban llenando, las íbamos sacando pa´ fuera y las íbamos apilando”.

Griselda Meza, Chilapa, Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

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64 Los ingresos que perciben son para subsistir y buena parte de sus ahorros son invertidos básicamente en expendios que funcionan como verdaderas tiendas de raya30 que se ubican en los campos agrícolas, donde se abastecen de alimentos no perecederos como harina de maíz (maseca o minsa), arroz, frijol y pastas, alimentos enlatados, garrafones con agua, artículos domésticos, de aseo personal, entre otros31.

“Los que estamos (acá) […] pagan 21 pesos por arpía, lo que estamos cortando hoy. Dónde hay chile yo corto 6 arpías, hasta 7 donde hay, y donde no hay, 5 arpías o 4 arpías, pero a veces (la) gente (el patrón) pagan 25 (pesos) al día, a veces […] pagan 20, 21 o 22 (pesos), así es lo que pagan

[…]. ¿Para ahorrar?, no sé cuánto […] porque aquí hace calor (y) tomamos soda […] o refresco, […] compramos maseca, frijol o todo […] lo que necesita compramos, dinero lo que queda, guardamos, y

dinero lo que estamos gastando, gastamos […] compramos ropa, compramos arroz y leche y maicena, eso es lo que nosotros necesitamos también, porque […] necesitamos esos alimentos que estamos

alimentando y gastamos […] dinero”.

Florencia Félix, San Antonio, Metlatónoc, Guerrero, entrevistada en Teacapán, Sinaloa, abril 2013.

30 Debido a la pobreza en la que se encuentran, al llegar a los campos son objeto de extorsión por parte de los tenderos, quienes son los responsables o encargados de atender las tiendas que se ubican dentro de los campamentos o campos agrícolas, por lo general se les denomina “tiendas de raya”. Estas tiendas están abastecidas de todo lo necesario (garrafones con agua embotellada, artículos enlatados y embolsados, fruta, verduras, enceres domésticos, artículos de higiene y aseo personal, etc.) para proveer las necesidades y requerimientos de la población jornalera. Estás tiendas por lo general están supervisadas y reguladas por las empresas agrícolas. En ocasiones, los dueños son familiares de algún empleado de la empresa, a quienes se les otorgan para que funcione como negocio, o bien lo rentan a particulares.

31 Estas tiendas se regulan por sistemas de crédito de acuerdo a las mercancías que requiera el jornalero agrícola. Llevan un control con el nombre de la trabajadora o su número de empleada que aparece en la nómina, de esta forma va anotando todas las compras que realizan a lo largo de una semana o de un mes. Cuando cobran, el salario se destina a pagar la deuda contraída en la tienda de raya. Hay familias que prefieren liquidar su cuenta cada semana, después de que cobran su nómina, para evitar que el adeudo se incremente; otros más prefieren pagar al final de cada mes o después de concluir la temporada de cosecha, pero en ocasiones sólo alcanza para cubrir la deuda.

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Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

El pago de salarios es por jornada, por tarea o por día. Es decir, un sistema a destajo cuyas tarifas están sujetas a las leyes de la oferta y la demanda. En ocasiones las mujeres jornaleras trabajan 12 o 14 horas diarias para obtener un pago apenas superior a los salarios mínimos.

“(Los baldes pesan) como 30 kilos, no, creo como 25 kilos, porque lo podemos levantar con una mano, lo llevamos así, cuando tenemos mucha prisa, le levantamos entre las dos manos y vamos corriendo para hacer más botes, y como pagan el bote a 20 pesos, andamos en chinga para hacer más botes para ganar más”.

Leonarda Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa

Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

En algunos campos agrícolas el pago no se hace en efectivo, como en el caso de algunas empresas del estado de Sonora, donde les dan tarjetas bancarias a las trabajadoras, y deben de ir a cobrar su pago cada fin de semana, en caso de que les hagan el depósito. Bajo este sistema, por las comisiones bancarias que les retienen los bancos, las mujeres no cobran su salario completo. En campos agrícolas de Baja California el pago lo hacen con cheques, que de igual forma no los aceptan las tiendas donde las mujeres hacen sus compras.

“Si pagaran así con dinero mejor, pero ellos pagan con puro cheque, y luego en las tiendas no los quiere cambiar, […] arriba de 200 sí, para

bajo no lo cambia, no lo quiere cambiar, […]”.

Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez,

Sinaloa, mayo 2013.

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“Es que hay campos que dan tarjeta y hay unos que no saben usarla y pues lo sacan, hay muchos que si saben y te dicen todavía, pero batallas mucho para sacarla. Es con tarjeta, tú vas al banco y se lo saca. Pues de ahí de la máquina te falta el dinero, te quita otros 20 o te quita otros 25, 26 pesos, no te sacan completo, a veces no lo sacas completo, te quitan, a veces nomás no hay, yo me pongo nerviosa, es que a veces saca nomás 500 pesos, y lo demás pues ahí se queda, y vas a la tienda y te preguntan por tu credencial de elector, y si no tienes, ahí se queda, se queda y no lo sacas ya. (Sería mejor) el pago así en la mano, […]”.

Beatriz de Jesús, San Juan Copala, Oaxaca, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

miguel alemán, sonora. mayo 04, 2013.

Es cierto que gran parte del problema estriba en los precarios salarios que perciben las jornaleras agrícolas al igual que el resto de las familias, así como las condiciones en que viven y trabajan. En la medida en que estos no mejoran, las mujeres jornaleras se ven orilladas a recurrir a otro tipo de mecanismos para duplicar o garantizar su ingreso familiar. Es decir, que prolongarán aún más sus jornadas de trabajo, buscarán recolectar más productos a marchas forzadas, extendiendo las condiciones de sobreexplotación sobre ellas y sus familias.

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67“Yo pienso que […] mejor deberían de ponerse de acuerdo y tomar más conciencia que, no sé, algún otro apoyo que nos den o que paguen más bien en los campos, que pongan un precio, un salario pero ya más o menos, para que las personas se defiendan o para que les sirva de algo, porque,

hay familias que si dependen del campo, y a veces no nos alcanza el salario que nos pagan en los campos, por más que uno trabaje todo los días, a veces no nos alcanza el salario, […]

porque yo he visto que en las noticias pasan, suben el precio de gasolina, suben el precio […] de los empresarios, sube todo, pero menos […] para nosotros como jornaleros. Como trabajadores

del campo a nosotros no nos suben el precio, en las tiendas va subiendo el precio de las cosas, pero a nosotros nada, […] hay campos que si llegan a subir el precio, o cuando dicen van a

subir, un peso, dos pesos es lo único que aumentan en los campos […]”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

c. trabajadOra, Madre, espOsa y aMa de casa: sObre-jOrnadas de trabajO nO recOnOcidas

Las jornadas de las mujeres jornaleras son más prolongadas porque ellas se hacen cargo del trabajo doméstico en los cuartos de los albergues que les brindan algunos agricultores; o bien, en los cuartos que rentan por su cuenta, con ser-vicios precarios de agua, luz y gas. La jornada inicia para ellas a las 4 de la mañana con la preparación del desayuno y del “almuerzo” que se llevarán al campo las familias trabajadoras. Si tienen hijos pequeños, les preparan lo necesario para llevarlos a la guardería o estancia infantil, en caso de que el agricultor se los provea. También preparan a las y los que acuden a la escuela, en caso de que el campo cuente con aulas escolares y con maestros. Posteriormente, a las 6 de la mañana las familias empiezan a abordar los autobuses o las camionetas32, aunque algunas se desplazan caminando por su cuenta a los campos donde van a laborar.

32 Los traslados dentro de los campos se realizan en camiones descontinuados o camionetas que reciben concesiones para poder transportan a los grupos de jornaleros en condiciones denigrantes, que ponen en riesgo la vida de los trabajadores. En ocasiones, son las mismas personas las que tienen que cubrir estos traslados. Sea de una forma o de otra, en varias ocasiones estas condiciones son factor de riesgo, ya que se han registrado

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El trabajo agrícola se extiende hasta las 6 o 7 de la noche o más si se trabaja a destajo o por tareas, situación genera-lizada actualmente. Tras la jornada, las mujeres regresan a los campamentos o “cuarterías”33 y se incorporan al “queha-cer de las viviendas”. La intensificación de su esfuerzo va en detrimento de su salud por las largas jornadas que realizan, dado que trabajan en el surco al mismo ritmo que los hombres y tienen muchas más responsabilidades.

“(Acá vienen) muchas mujeres con sus niños. Pues las mujeres cortan, cortan con sus maridos y pues ganan bien. (Entramos) a las 7(y salimos) a las 6 de la tarde. […] Pues ahorita (nos) están pagando 220 pesos […]”.

Vianey Antonia Mapo, Ahome, Sinaloa, entrevistada en el campo “Viñedo 2000”, Estación Pesqueira, Sonora, mayo 2013.

diversos accidentes donde desafortunadamente no son solo lesionados los que resultan, sino hasta la muerte de algún jornalero, donde al final nadie se hace responsable de cubrir los gastos médicos o las indemnizaciones correspondientes, mucho menos se cubren los gastos de traslado cuando alguno de ellos pierde la vida en estos accidentes.

33 Las cuarterías son viviendas en obra negra que están habilitadas con cuartos de dimensiones que varían, se ubican en las proximidades de localidades cercanas a los campos agrícolas donde laboran las familias jornaleras. Pertenecen a particulares, y las rentan entre los mil y mil 500 pesos mensuales. Algunos brindan los servicios de agua y luz, o los integran a la renta de la vivienda, sin embargo, algunas familias tienen que cubrir los servicios por su cuenta. El gas lo pone cada familia, así como otros servicios que requieren.

antes de salir al campo a trabajar. teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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69d. jOrnadas de trabajO sin descansOs: explOtación labOral FeMenina

“Imagínese usted, y eso es donde nosotros más peor, el trabajo está más duro, […] porque no te dejan ni platicar, ni oír […] música […] y también cuando […] anda uno ahí platicando, y luego cuando (anda) así despacio no te dejan que te sientas a descansar un rato, ahí no te dejan si vas un poquito más, […] si andas por el tarea pus más mejor, porque si andas por tarea haces lo que tú quieras, porque por tarea no dicen nada; pero por el día es más peor, más pesado ahí, no nos gustó nada ahí […] y luego (el) horario es más, vamos a las 5 y luego a las 5 (salimos)”.

Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

Las mujeres jornaleras no pueden tomar un espacio para descansar, resguardarse del sol o ir a los sanitarios, ya que tienen que ir al ritmo que se les marca para poder sacar la producción requerida para ese día. En caso de que una mujer interrumpa la jornada sin autorización, se le sanciona descontándole parte de su pago.

“Pues no te dejan ni descansar, si andan descargando la calabaza te dicen: agarra la caja y vete a trabajar porque para eso te paga el patrón, no te pagan para estar parada esperando que agarre el camión […], y luego de ahí la gente pues andan en chinga, aunque estén cansados del lomo, pues ahí andan, agachada todavía. Y todavía te

Familias jornaleras originarias de tlapa, Guerrero, trabajando en el corte de chile serrano en un campo agrícola del municipio de manuel Doblado, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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70 salen allá, y quieres ir al baño, luego dice: ustedes ya fueron ahorita, acaban de ir, yo les vi ahorita, y métanse a trabajar, ¡no vayan al baño!, y ahí van otra vez, aunque se vayan haciendo. Pues […] a la gente no les gusto, y le digo ¿a ti qué te pasa? y dice: pues a nosotros también nos da ganas de ir al baño, pues nosotros tenemos derecho de ir, a poco nos pagan por no ir al baño. Y […] si no quiere trabajar, pues lárguese –le dijo–, ahí está la carretera para que se vaya; y la gente pues también sale porque ya la corrió. Luego te corren y todavía no te pagan ese mismo día, te corren y […] vas a pie a cobrar […] Así hacen la gente (de la empresa agrícola) pues no te cuidan bien, […] luego el baño no lo lavan, y todavía dicen que quieren que el baño esté limpio. Pero qué le vamos hacer, nosotros no lo vamos a lavar, sino que el ingeniero es el que manda pa’ que lo laven”.

Beatriz de Jesús, San Juan Copala, Oaxaca, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

En otras ocasiones, también son multadas las mujeres si el corte del producto que realizan no es el correcto. Es decir, por cada corte mal realizado se les descuenta en su nómina. Incluso se les descuenta medio día, y en situaciones extre-mas se les suspende hasta por tres días.

“Se dan cuenta de que uno esté trabajando, pero no se dan cuenta de que si tienen una necesidad o si necesitan algo de agua, o algo de descanso, […] si ve a alguien descansando

o tomando aire, simplemente les gritan: que aquel está parado ya córranlo, simplemente despídanlo o mañana ya no lo traigan porque está parado. Pero también la gente tiene que

quedarse un rato parado para descansar, porque es muy pesado el trabajo también, sobre eso yo pienso que los dueños de los campos deberían de tomar conciencia que no es simplemente tener

un campo, porque también la gente que trabaja, también se cansa. Hay muchas personas que a veces están muy cansados y así los tienen trabajando, o por necesidad, con razón las personas no tienen, no pueden fallar el trabajo, y de ahí se aprovechan ellos (los patrones), al fin y al

cabo vuelven, al fin y al cabo vuelven a trabajar”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

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71“Lo que hace mal, […] lo que más no me gusta […] es cuando perdemos un balde, nos descuentan de más, […] si perdemos un balde nos descuenta 150 pesos. Entonces ellos (los de la empresa agrícola en Baja California) pagan 90 pesos […] pero el balde no están, cómo te diré, no son nuevos […] ya están todas rotas, ya le falta todo, […] y eso vale 80 pesos […], según dicen. […] Y cuando nos descuentan, nos descuentan 150 pesos por un balde […]”.Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

e. Maternidad

La mujer jornalera, como ya se dijo, viaja con sus hijos. A los niños y a las niñas ellas las tienen que cuidar. Cuando una mujer jornalera está embarazada, se encuentra en riesgo pues se ve orillada a trabajar en actividades intensivamente. Ante ello, en estados como Sinaloa, los productores agrícolas llevan a cabo una revisión estricta respecto del trabajo de la contratación de mujeres embarazadas y mujeres lactantes. Más recientemente, a las jornaleras que están en esta situación se les está negando su traslado a los campos agrícolas.

A las mujeres jornaleras no se les sede un espacio idóneo y acondicionado para que puedan amamantar a sus hijos, tienen que hacerlo en el mismo surco mientras realizan su trabajo. Esta situación se presenta porque a las trabajadoras jornaleras no les brindan albergues, guarderías, ni estancias infantiles como lugares dignos y seguros para sus hijos.

“Pues a lo mejor que saliéramos más temprano, porque había muchas veces que, yo me tocó mirar que, supongamos salían, entraban temprano y salían tarde, pues ya nomás llegaban, un ratito miraban a sus hijos, ya, ya no era igual pues. Esa parte para las mujeres está mal, andan trabajando así y hasta esa hora pues ya no, ya no miran pues lo suficiente a sus niños. Luego hay muchas que así se los llevan, los llevan a trabajar ahí, y no”.

Griselda Meza, Chilapa, Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

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72 El embarazo para las mujeres jornaleras pocas ve-ces es una razón para posponer los viajes, ya que la necesidad del ingreso de la mujer es indispensable para el sostenimiento de la familia. Muchas mujeres migran embarazadas e incluso lo ocultan para con-seguir el empleo. Las extenuantes jornadas en los campos agrícolas les pueden hacer sufrir compli-caciones, especialmente en aquellas que se encuen-tran en el segundo y tercer trimestre de gestación. Después del parto, la mayoría de las jornaleras en pocos días se reintegran al trabajo de los campos, con tan sólo unos días de recuperación y bajo las condiciones de trabajo en que se encuentran, su desgaste físico es muy alto. Al no tener donde dejar a sus bebes, muchas veces los cargan en la espalda durante su jornada de trabajo34.

Las mujeres laboran igual que los hombres, con la misma intensidad, pero no tienen la posibilidad de contar con su jornal en caso de no asistir al trabajo por casos de embarazo, parto o cualquier otro tipo

34 Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., Los Derechos Humanos Laborales violados en los campos agrícolas de Sinaloa. PRODESC, CDHM Tlachinollan; México, 2009; Pág. 36.

teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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73de enfermedad como lo establece la Ley del Federal del Trabajo (LFT)35. Las mujeres jornaleras indígenas enfrentan situaciones que acrecientan su vulnerabilidad y las violaciones respecto a sus derechos laborales que tienen como mu-jeres trabajadoras.

Las mujeres embarazadas y las madres en período de lactancia requieren una especial protección para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, y necesitan un tiempo adecuado para dar a luz, para su recuperación y para la lactancia. Al mismo tiempo, requieren una protección que les garantice que no van a perder sus empleos por el embarazo o la lac-tancia. La garantía de la salud de las mujeres jornaleras embarazadas y en período de lactancia, y la protección contra la discriminación en el trabajo, son condiciones requeridas para alcanzar una genuina igualdad de oportunidades y de trato para hombres y mujeres en el trabajo.

F. accesO a serviciOs de salud y derechO a la seguridad sOcial

salud La atención a la salud que reciben las mujeres jornaleras es limitado, sobre todo considerando los riesgos físicos a los que están expuestas por su trabajo. Entre las enfermedades más frecuentes durante su estancia en los campos agrícolas son: parasitosis, gastroenteritis, intoxicación y deshidratación. Las intoxicaciones se deben a la ingesta de alimentos o agua contaminados con agroquímicos o a su absorción directa a través de la piel.

“Sí, me había dado mucha calentura de que habíamos trabajado hasta muy tarde, según habían dicho que era de cansancio. No, nomás el contratista que decía que si me sentía mal que nos iba

a traer pa´ acá. (Fui al doctor) el contratista lo pagó”.

Griselda Meza, Chilapa, Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013

35 Beatriz Canabal Cristiani. Hacia todos los lugares. Op. cit., Pág. 151.

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74 A todo esto se suma el riesgo de mordeduras de víboras36, picaduras de moscos o de alacrán cuyo hábitat son los campos de cultivo, así como urticaria o salpullido provocado por el roce con la maleza que crece entre las matas de chile. Estas situaciones deben ser atendidas de inmediato y profesionalmente, condiciones imposibles en campos alejados de las clínicas y sin medios de transporte oportunos, porque generalmente las jornaleras son trasladadas a las galeras hasta el final de la jornada o si acaso, podrían contar con transporte que las lleve ante una emergencia.

El sol es otro factor determinante de las condiciones de trabajo. Por el tipo de labor que realiza la población jornalera, las mujeres están expuestas directamente al sol sin protección alguna. Como los campos de cultivo se encuentran en lugares muy cálidos y a la intemperie, ello les provoca quemaduras en su piel, insolaciones y otros males por la exposición cotidiana al sol.

“Sí, nosotras como mujeres a veces en los campos se nos hace muy difícil, porque somos mujeres, y aparte de eso […] en los campos a veces si dan agua, no digamos que no, pero hay campos que […] que definitivamente no ponen agua, prefieren que uno lo lleve. A veces nosotras no tenemos dónde llevar el agua, también hay muchas personas que no nos avisan […] que llevemos agua, y a veces vamos sin agua y no tomamos agua en todo el día, y […] ni por más calor que haiga los campos, no toman la molestia de poner agua ahí para la gente, […] cuando la gente ya está en esa situación de que se están desmayando, los cuadrilleros […] no toma importancia, no tienen […] medicina para la gente, no tienen precaución, no cuidan la salud de las personas, deberían darnos de perdida suero, de perdida agua, pero no, no dan nada, no dan ni pastilla, ni suero, ni nada, ahí nomás la gente, ahí quedan, ahí nada más se desmayan, ya no regresan y, con el seguro ni hablar porque no responden por nadie”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

36 Es frecuente que mientras están realizando sus actividades en el campo, algunos jornaleros sean atacados por serpientes venenosas, debido al cúmulo de agua y de maleza que crece alrededor de los surcos, lo que dificulta la visión para identificar a las serpientes..

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75En estados como Sinaloa, Baja California, Morelos, algunos campos agrícolas disponen de módulos o consultorios mé-dicos que dependen de la Secretaria de Salud o del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sólo brindan el servicio por la mañana cuando la gran mayoría de las mujeres jornaleras agrícolas se encuentran trabajando en el cam-po. Por lo anterior, cuando requieren de atención médica tienen que recurrir en ocasiones con médicos particulares, lo que les genera gastos para la compra de medicamentos o de algún estudio de laboratorio que es necesario practicarse, además de los traslados que tienen que realizar.

“Pues aquí si se enferma uno, un niño tiene que uno correr allá a Hermosillo, porque no hay doctor, no hay medicina, no hay nadie, y si se asolean, nada más vienen los del Centro de Salud

de Pesqueira, y ya, pero uno tiene que correr con ellos allá a Hermosillo”.

Vianey Antonia Mapo, Ahome, Sinaloa, entrevistada en el campo “Viñedo 2000”, Estación Pesqueira, Sonora, mayo 2013.

Además, las trabajadoras jornaleras están generalmente sobreexpuestas al uso de plaguicidas al realizar su trabajo. No se le proporciona el equipo adecuado, por lo que les genera serios problemas en su salud como: cáncer de piel, leucemia, llagas, granos, resequedad en la piel, dermatitis, mucosidades en las vías respiratorias, conjuntivitis, problemas cardio-rrespiratorios, secreciones, problemas en vías respiratorias , entre otros.

El contacto con los plaguicidas, agroquímicos, pesticidas, herbicidas o fertilizante puede ocurrir de diversas formas: al penetrar en su piel los residuos agrotóxicos que quedaron en el fruto o follaje durante la pizca o cosecha de los cultivos, por la deriva de las aspersiones aéreas en sus viviendas o parcelas, al comer en los campos fumigados, al lavar sin guantes ropa contaminada usada por su marido u otros miembros de la familia. Para las mujeres embarazadas los plaguicidas o agroquímicos son especialmente peligrosos, ya que el feto en formación puede verse dañado, lo que se traduce en mal-formaciones de nacimiento o abortos espontáneos37.

37 Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C., Los Derechos Humanos Laborales violados en los campos agrícolas de Sinaloa. Op. cit., Pág. 37.

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76 En ningún caso los patrones proporcionan cubrebocas o guantes para las personas jor-naleras, y sólo se provee de equipo básico a los que rocían los agroquímicos. Tampoco se acostumbra el pago de indemnizaciones por accidentes o enfermedades de trabajo por es-tar expuestos a materiales tóxicos. En ningún caso ni los empresarios agrícolas, ni el Estado a través de la Secretaria de Salud han creado programas especiales para la elaboración de diagnósticos para identificar las enfermeda-des relacionadas con el trabajo que realiza la población jornalera y su contacto con agro-químicos, herbicidas y pesticidas38.

Por otro lado, acudir en horario laborable para recibir una consulta médica provoca que el día de trabajo lo consi-dere como nulo el agricultor y se les descuenta de su nómina a las trabajadoras, o bien que no se los pague. En otras ocasiones, ellas prefieren no solicitar la atención porque la clínica del IMSS o los consultorios privados se encuentran retirados del campo de cultivo, por lo que requieren pagar un transporte que las lleve, o en su defecto esperar para que el agricultor o su personal dispongan de un vehículo para que las traslade. En ocasiones sólo puede ir la paciente, lo que representa un serio problema, ya que ante la dificultad para hablar el español, siempre requieren de un acompañante.

38 Sin embargo, existen normas de sanidad específicas a nivel mundial y nacional que regulan el tipo de plaguicida o agroquímico que se debe emplear en las actividades agrícolas, En el caso de México, estas normas se emplean para todo tipo de producto de exportación, así como en el uso y manejo de agroquímicos, y los cuidados de higiene y seguridad que debe de emplear la empresa con sus trabajadores, ya que de ahí dependen las certificaciones que les entrega el Gobierno Federal, las certificaciones de Responsabilidad Social y aquellas que permiten distribuir sus productos en los mercados internacionales.

mujer jornalera atendida por una brigada de salud en el municipio de manuel Doblado, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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77“Para mí lo que […] nos hace falta para todo la gente en general, […] es un doctor, […] que esté cerca, […] pa’ los niños […] hay doctora en el campo que estamos […] pero para nosotros los mayores […] no hay doctores, porque según dicen que […] nosotros los mayores tenemos que quedar un día para ir hasta La Palma, hasta donde está el mero seguro, […] el mismo patrón paga, pero lo que yo no me gusta de ahí, es que tenemos que quedar un día. Perdemos un día para ir con el doctor, y está bien cuando tenemos enfermedades más grandes, pero cuando tenemos enfermedad pequeña como por ejemplo el gripa, eso, bueno para mí el gripa no es una enfermedad tan grande, […] luego […] ¿si me agarra la gripa en el trabajo? […], entonces lo que yo quiero que este doctor ahí en la tarde para atendernos, para que nosotras no perdemos un día pues, porque ese día nos hace falta, porque […] ahorita el patrón paga 97 pesos […] ese día es valioso para mí”.

Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

Enfrentan problemas asociados a la falta de aceptación de documentos como el Seguro Popular (o Cartillas de Vacuna-ción de sus hijos). En los institutos de atención a la salud, no hay personal que pueda dar una atención culturalmente apropiada para las mujeres jornaleras indígenas, se carece de intérpretes.

seguridad social y goce de prestacionesEn México el instrumento básico del sistema de seguridad social es el IMSS, organismo público y descentralizado que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios individual y colectivo. En el caso de las mujeres jornaleras agrícolas y sus familias, la seguridad social es prácticamente inexistente. La Ley del Seguro Social, que a pesar de sus modificaciones, es limitada para las trabajadoras del campo (a diferencia de quienes laboran en otras actividades). La seguridad social prevé el derecho a recibir atención médica en los campos agrícolas durante el tiempo en que son contratadas. Algunos agricultores pagan una cuota anual al IMSS según el número de jornaleras y jornaleros que requiera un cultivo durante determinado tiempo y espacio.

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El Reglamento del Seguro Social Obligatorio para los Trabajadores del Campo, comprende la protección de los trabaja-dores estacionales del campo, que son los que laboran únicamente determinadas épocas del año. Dicha ley estipula que puede ser contratado por uno o más patrones durante un año, por periodos que en ningún caso podrán ser superiores a 27 semanas por cada patrón. En caso de rebasar dicho periodo por patrón, será considerado trabajador permanente. Para calcular las semanas laboradas y determinar la forma de cotización se hará de acuerdo a lo previsto en la ley y en el reglamento respectivo.

Sin embargo, el sistema no contempla el pago de incapacidad de ningún tipo, ni la atención médica para el seguimiento de enfermedades crónicas o degenerativas que en el caso de las jornaleras, son frecuentes por el desgaste físico y la ex-posición prolongada a los agroquímicos. En caso de accidentes de trabajo que lleguen a ocasionar la muerte, la familia no recibe la indemnización correspondiente. Algunas veces los patrones prefieren contratar médicos particulares a fin de no tener que reportar decesos por causas de trabajo.

mujer jornalera originaria de ometepec, Guerrero, trabajando en el corte de chile serrano; presenta un embarazo de nueve

meses. manuel Doblado, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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79“Pues nos tratan mal y luego todavía, pues no nos pagan bien, […] nos quitan todavía 20 pesos, dicen que es del seguro, y luego llega uno allá a responderle, y dicen que: aquí no está registrado el seguro, y luego te quitan todavía los 20 pesos de seguro, y luego no te pagan completo el dinero, […] después nos fuimos a otro campo a trabajar”.

Beatriz de Jesús, San Juan Copala, Oaxaca, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

El reglamento está encaminado a proporcionar los beneficios de la seguridad social a las trabajadoras jornaleras, de ahí que los productores agrícolas están obligados a proporcionar al IMSS datos relacionados con sus trabajadoras y asegurarse de que éstas obtengan su número de afiliación. Si los patrones recurren a intermediarios para contratar a la población jornalera, tienen junto con los intermediarios la obligación de cumplir con el Reglamento del Seguro Social con respecto a la inscripción y pago de cotizaciones en representación de las trabajadoras agrícolas.

Con todo, las jornaleras migrantes quedan fuera del conjunto de prestaciones como jubilaciones, pensiones, derechos de incapacidad, protección por riesgos, y otras, enumeradas en el régimen obligatorio del IMSS (aguinaldo, pago del séptimo día, prima vacacional); para la atención médica, sólo cuentan en algunos lugares con servicio médico del IMSS, pero no en todas las zonas donde acuden a trabajar cada temporada agrícola.

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80 g. inspecciOnes de trabajO irregulares

La Ley Federal del Trabajo en su artículo 541, en relación a las inspecciones de traba-jo contempla vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, en relación a los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, el trabajo de mujeres, niñas y niños, y de las que determinan las medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene. Para ello, la ley determina llevar a cabo visitas de inspección a las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo (diurno o noc-turno), previa identificación.

“Yo pienso que no es lo normal […] y deberían tomar conciencia en eso o deberían poner a alguien que ande revisando, pero en serio que lo revisen, que no avisen cuando vengan a revisar los campos, que simplemente lleguen de sorpresa, porque a veces hay campos que saben que van a ir los que van a venir a investigar, vienen y le dicen a la gente, mañana van a venir a supervisar el campo o van a venir a supervisar los empaques, y ahí sí, no digan esto, […] digan que si hay agua, digan que si […] trato bien, […] o sea nos dicen que es lo que tenemos que decir, y eso no está bien, porque la gente que sea libre, que diga lo que es en realidad, y […] no tienen por qué correr a la gente, porque a veces por hablar o por decir las cosas simplemente les dicen los cuadrilleros a los taxistas o […] van con el taxista, nos apuntan el nombrecito y le entregan el papelito al taxista, ya

niña jornalera originaria de Cochoapa el Grande, Guerrero, cortando chile serrano en un campo agrícola de Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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81no pases por estas personas mañana y el taxi simplemente no se presenta por la persona, por qué por defender su derecho. Eso es lo que ellos quieren que uno se quede callado, y uno no se puede quedar callado porque uno está defendiendo su derecho como persona. Que traten de respetarnos también como jornaleros, porque también de nuestras manos también se trabaja y sale toda la cosecha, como tanto ellos dependen de nosotros, nosotros dependemos de ellos, así es que deben de respetar a las personas también, y que respeten a nuestro trabajo”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

En estas visitas el inspector puede interrogar a los trabajadores y patrones sobre las condiciones del lugar, o bien, so-bre cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo. El inspector puede sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo identificadas durante la inspección, así como la eliminación de los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación inmediata en caso de peligro inminente.

El inspector puede ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. En este caso, si así son autorizados, los inspectores deberán decretar la restricción de acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo detectadas. De esta forma, los inspectores del trabajo dentro de las 24 horas siguientes, tendrán que hacer llegar un informe detallado por escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), con copia del mismo, al patrón.

Para el caso concreto de las inspecciones en campos agrícolas, a pesar de lo dispuesto en la ley, se realizan con mayor frecuencia en los estados donde se ubican las agroempresas dedicadas a la horticultura de exportación. En aquellas entidades donde la contratación de mano de obra por agricultor es menor a 500 trabajadores, es visible la ausencia de las inspecciones de trabajo, a pesar de que se ha constatado la presencia de menores de edad y de mujeres emba-

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82 razadas trabajando en los campos de cultivo. Las inspecciones federales sólo contemplan la supervisión en los espacios confinados a la zona de cultivo, dejando los espacios de vi-vienda, guarderías, aulas y módulos de salud a la Dirección del Trabajo que hay en cada entidad. Asimismo, se envía un oficio a los propietarios solicitando la confirmación para la realización de las visitas de inspección.

Cuando se notifica previamente cualquier inspección, es evidente la complicidad en algunos casos de la autoridad con los pro-pietarios de los campos, o bien, el personal incurre en omisiones claras, y de amenaza sobre los trabajadores para evitar denunciar cualquier irregularidad en las condiciones de infraestructura y servicios en las zonas labo-rales o de vivienda.

“Cuando vienen ¿cómo se les puede llamar?, […] supervisor […] ya cuando mira que van a llegar, hasta entonces va y limpia el baño o recoge la basura, y ya iba atendiendo las gentes, […] y

ya cuando ellos no vienen pues ahí lo dejan en suciedades, pues todo lo tiran así, […] cuando vienen el patrón ya nos regaña, […] nos vienen regañando, pues ellos no traen el baño pero nos

vienen regañar, ni siquiera el papel higiénico lo dejan dentro del baño […]”.

Mujer originaria de Oaxaca, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

Bodega habilitada como vivienda, alberga a más de cincuenta familias jornaleras de los municipios de Cochoapa el Grande y metlatónoc.

Las maravillas, manuel Doblado, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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2.5 ¿cómo Perciben a las mujeres indÍGenas jornaleras?

Las mujeres indígenas jornaleras de la Montaña enfrentan otro tipo de situaciones paralelas a las relaciones laborales establecidas en los campos agrícolas, estas están relacionadas íntimamente con la percepción que se tiene del trabajo agrícola que realizan, más allá de considerar que sólo desempeñan actividades domésticas. De entrada no es bien visto que las mujeres migren solas a los campos agrícolas, tampoco se considera que están en igualdad de condiciones para desarrollar las actividades agrícolas que les impongan. Se considera que éste tipo de trabajo por su naturaleza es “rudo” y sólo es apto para los varones, a pesar de que las actividades que ellas realizan están dadas con las mismas características.

“Lo que paso es que como mi papá y mi mamá se dejaron, […] mirábamos mucho la película, […] -vimos esa película- y dijimos así vamos a hacer, vamos a ir a Sinaloa y ahí fue donde nosotras hablamos con mi mamá, […] le decíamos […] vamos a salir adelante, sea lo que sea, pero vamos a salir, y […] mi mamá no sabía porque estaba desesperada, […] mi mamá no quería creernos, […] y después de ahí […] empezamos a sembrar, sembramos maíz, […]

mujer jornalera originaria de Cochoapa el Grande, cortando chile serano en un campo agrícola

de Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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84 frijol, ese año sí dio, y después cuando llega el momento de levantar todas las cosechas, levantamos la cosecha, […], y después de ahí, nos empacamos las maletas y decíamos a mi mamá, te vas a quedar mamá porque vamos a ir, y después de ahí venimos, teníamos otros hermanos […], y ahí fue cuando nosotras salimos y cuando llegamos ahí, a ese campo donde estamos, ahí llegamos y anduvimos trabajando, ahí mandábamos dinero a mi mamá […] Mi mamá dice que se sentía orgullosa de nosotras porque ella pensaba que nosotras no podíamos trabajar […] y fue ahí donde nosotras andamos solas ahora, pero ya tenemos dos años que andamos solas”.

Irma Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

Estas percepciones se entretejen desde sus comunidades, las cuales se supeditan a la concepción que se tiene en torno a la mujer, subordinada a los roles establecidos cultural y socialmente desde su hogar y en la comunidad. De ahí, que no sea bien visto que mujeres jóvenes migren solas. Por lo general se considera que realizar un viaje fuera de su comunidad a otro estado, debe de ser en compañía de los padres, hermanos o algún familiar. Se hace una interpretación basada en el estigma de que la mujer que viaja sola va con un fin distinto. Son señaladas, son objeto de burlas o descalificaciones, y cualquier situación relacionada con ellas, puede interpretarse con la finalidad de desacreditarlas.

“(En mi pueblo dicen que) somos unas prostitutas, […] porque nosotras andamos aquí, en Sinaloa, para trabajar, […] eso es lo que ellos dicen pues […], y también algo muy importante, hay algunas personas que nos dicen que somos unas cualquiera, […] hay algunas mujeres que se enojan por eso. No sé porqué, […] las mujeres pensamos diferentes, yo pienso diferente, ella diferente, […] entonces hay unas mujeres que piensan, […] lo que diga la gente nos vale, que digan lo que digan, pero nosotras si estamos bien como estamos, pues así hay que estar […]”.

Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

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Las mujeres indígenas jornaleras de la Mon-taña, durante su estancia en los campos agrí-colas, también están insertas en la interacción con otros grupos de jornaleras y jornaleros de la misma región o de otros estados. Esta-blecen lazos de paisanaje, de parentesco y de una red de relaciones sociales que dan cuenta de la percepción que existe entre las mujeres jornaleras y su convivencia con otras mujeres u hombres en el mismo campo. Por un lado, las redes se pueden fortalecer porque esta-blecen un vínculo identitario entre las y los jornaleros que se ubican en estos contextos migratorios, y por el otro, puede derivar en un factor dentro de las relaciones laborales de competencia y desventaja, entre hombres y mujeres, que trae consigo envidias y des-acreditación en el trabajo que realizan ellas.

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

“Nosotras las mujeres aguantamos más […] que los hombres, a veces […] hay hombres que se burlan de nosotras, porque nosotras mujeres somos más fuerte que ellos, porque nada más llegamos y levantamos los botes así, y corremos, y a veces los hombres dicen: […] quisiera ser mujer para ser más fuerte, porque veo a esas mujeres si son más fuertes que yo. Nosotros solo miramos que ellos dicen que nosotros somos más fuertes, nosotras pensamos que ellos se burlan de nosotras, […] no sé cómo te lo diré, pero casi no puedo explicar muy bien así, porque yo no puedo muy bien hablar el español”.

Irma Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

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86 “Ya me quebraron el pie el año pasado, dure un mes, no podía caminar y había bastante tomate, nomás llegaba de 250 (baldes) no podía de 300 porque me dolía el pie, porque me lo quebraron. (Melo quebraron) porque me rendía más, por eso, una vez llegue de 380 (baldes), casi pensaba llegar a los 400 botes, pero no puede, nada más me faltaron 20, y el señor llego con 300, nada más le gane con 80 botes, me pateó. Como yo fui a vaciar y el señor a penas venia, me golpeó con el codo aquí en el pecho -como aquí es delicado para las mujeres-, me caí con el bote, solté todos los botes, se cayeron todos los tomates, […] y me golpee una piedra aquí y se quebró, […] casi no puedo caminar muy bien, y hasta ahora, no puedo correr […] porque tengo la pata quebrada, y fui con el doctor y me están aplicando ampolletas, cada seis meses me aplicó ampolleta, […] cuando siento que ya no puedo andar con los pies, me aplico las ampolletas y empiezo de nuevo, ya me dejaron una enfermedad en el pie”.

Leonarda Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

“(Me tenían envidia) porque les ganaba a los hombres, según los hombres son más fuertes que la mujer, como el año pasado fuimos a la Baja […] y los que andan ahí ya llevan años, y yo, cuando entre, empecé a enredar a la misma velocidad, ellos hacían de dos tareas, y yo igual, y ya empezaron a tener envidia igual la misma canción siempre me tienen envidia […] yo hacía 2 tareas pa’ mí, y 2 tareas pa’ mi mamá, en total hacia 4 tareas a las 2 de la tarde, y los muchachos que andaban ahí, hacían 2 tareas para ellos solos, […] por eso me tenían envidia”.

Leonarda Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

Estas redes dejan entrever que hay una concepción de que la familia llega a los campos agrícolas con todos sus integran-tes, siendo el varón quien va al frente como jefe de familia. Se había hecho mención de que en estos procesos migratorios hay mujeres que se desplazan solamente con sus hijos, asumiendo la jefatura de su hogar. Sin embargo, se percibe de manera diferente cuando esta situación se da en mujeres jóvenes y solteras, porque se considera desde la perspectiva

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87tradicionalista de las comunidades indígenas que deben de ir o estar en compañía de un hombre, porque estando en lugares ajenos al contexto comunitario las coloca en situaciones de riesgo, y vulnerabilidad, sugiriendo que requieren de la presencia masculina para que alguien “las defienda”.

“La gente critica eso de que ustedes vengan solas como mujeres, porque piensan que necesitan siempre de un hombre que las esté cuidando. Casi la mayoría de las mujeres que los hombres tienen que cuidar las mujeres, que sin los hombres no somos nada, y eso dicen, que tiene que casarse una para que el hombre este para protegernos […] Pero para mí eso no es así, porque las mujeres podemos defendernos aunque los hombres no tienen que estar siempre a defendernos, cuando llega el momento de que no esté ¿qué vamos hacer? Tenemos que aprender a defendernos a nosotras mismas, no tiene que estar siempre el hombre para defendernos”.Leonarda Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

2.6 acoso sexual, maltrato y discriminación

“Pues sí […] nosotros como somos Oaxaca y piensan los de aquí, Sonora yo creo, nos dicen que, pues nos creen que nosotras no sabemos hablar, dicen que ustedes son triquis que no sirven pa’ trabajar, no hacen caso, son bien burros, y que váyanse mejor, para que vienen si no sirven ni pa’ trabajar. Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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88 Pero luego hay muchos que saben hablar español también, no crean que todos somos así, habla puro en idioma y no hablamos en español, pero hablamos pero muy a penas pues, contestamos una que otra palabra pero muy a penas, y hay muchas palabras que nosotros no podemos responderlas y pues ahí, y pues nos dicen mejor váyanse ustedes, […] y te mandan pa’ fuera mejor, te corren, ahí ya luego uno se enoja y se sale también, por maltrato que te dicen, […]”.

Beatriz de Jesús, San Juan Copala, Oaxaca, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

Las mujeres indígenas migrantes son víctimas de violencia, discriminación y ataques contra su integridad física. En-frentan diferentes abusos en el ámbito familiar, colectivo, legal, lo que limita e impide su derecho a una vida libre de discriminación y violencia, que se agudiza cuando ellas se insertan en los procesos migratorios que las conducen a los campos agrícolas del país. Ante la falta de mecanismos de información, seguridad, protección, denuncia y acompa-ñamiento, las mujeres difícilmente denuncian las vejaciones de las cuales son víctimas, que pueden ser perpetradas por sus parejas o por otros hombres con los que conviven en sus espacios de trabajo como los contratistas, capataces, supervisores, camperos, o bien, jornaleros o jornaleras oriundas de su comunidad, de otros pueblos o estados. Esta situación se agudiza si se trata de mujeres jóvenes solteras o de madres jefas de familia.

“Los hombres en este campo donde estamos […] casi la mayoría nos molesta a las mujeres, pero nosotras, como mi papá y mi mamá nos enseñó cómo defendernos, y nosotras le decimos que no nos molesten y ya no nos molestan, […] Cuando alguno me molesta […] luego los golpeo, como el año pasado golpee dos, porque me estaban diciendo cosas. Un señor me quería abrazar, por eso lo golpee, pero no me abrazo, lo intento, pero me defendí […], pero son esos lo que se fuman […] y el señor se confundió conmigo con su mujer, […] eso decía el señor, pero quien sabe si será cierto o lo inventó para quedarse bien […] Como ellas no fueron trabajar ayer (mis hermanas), un señor de tractorista me molestó otra vez, me empezó a decir cosas, pensaba que yo era como las prostitutas, empezó a decir así muy acá, por eso le dije groserías, y luego se fue, […] (él pensó) que andaba sola y no podía defenderme […]”.

Leonarda Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

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89Las mujeres y madres solteras jóve-nes son permanentemente víctimas de acoso sexual y abusos por parte de los mayordomos generales, capataces o camperos quienes se aprovechan de su posición de poder de selección y asignación de trabajos, para solicitar o conceder favores vinculados a “mejo-res” condiciones laborales si las muje-res se someten a sus exigencias, la ma-yoría de las veces de naturaleza sexual.

Suele estigmatizarse la situación de las mujeres jornaleras. Son desacreditadas o señaladas cuando se atreven a de-nunciar el acoso sexual que padecen por parte de los hombres en el campo. Si ellas se niegan, las consecuencias se reflejan inmediatamente en la sus-pensión de su trabajo y son denigradas delante de otros hombres o mujeres, lo que crea una imagen falsa y alterada de la violencia que sufren en los campos, respecto de la cual ellas prefieren guar-dar silencio.

Por ejemplo: una mujer naua originaria del municipio de Tlapa, que en 2011 traba-jaba en un campo de producción de vegetales chinos de exportación, fue acosada sexualmente por un mayordomo general. Ella comentó lo sucedido con el contratis-ta, pero fue amenazada y sus argumentos minimizados diciéndole que “ella lo había provocado”. Posteriormente, con el pasar de los días, se percató que las demás fami-lias hablaban rumores de ella, y un día después del trabajo, de camino a su vivienda, el mayordomo la tomó por la fuerza, ella se defendió y lo abofeteó y pudo escapar. Regresó a su vivienda minutos más tarde. Cuando entró, fue agredida por su padre, quien le cuestionó lo sucedido. Ella argumentó los hechos, sin embargo, su padre sólo hizo caso de los rumores de la gente.

La Palma, navolato, sinaloa. mayo 01, 2013.

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90 La trabajadora nunca quiso platicar sobre lo ocu-rrido con la trabajadora social de la empresa, por temor a perder su empleo. La siguiente temporada, en 2012, cuando las familias se encontraban en Tla-pa a punto de abordar los autobuses que los lleva-rían a Sinaloa, no la dejó subir el contratista, con el argumento de que tenía órdenes de la empresa de no hacerlo porque era una mujer conflictiva. Ella no insistió, decía que ya se hablaba mucho de ella en su pueblo desde que había fallecido su esposo ocho años atrás y que no quería más problemas con su familia. Desde entonces, se quedó a trabajar en Tlapa, los fines de semana visita a sus tres hijos y los provee de lo necesario.

El maltrato puede ser físico, verbal o psicológico. De acuerdo con información de la ENJO 2009, el abuso y el maltrato físico o psicológico son riesgos presentes en los campos agrícolas. El 6.5% de las y los jornaleros agrícolas declara haber sufrido algún tipo de maltrato, pero entre los migrantes, el 11% lo ha experimentado. El 9.5% de las mujeres sufren del maltrato en mayor proporción que los hombres (5.8%). El sitio donde los jornaleros padecen más maltrato es el lugar donde trabajan (40.2%), situa-ción que destaca entre los migrantes (56.1%). Por el

contrario, las mujeres lo padecen más en el hogar (60.8%) que en su lugar de trabajo (19.6%).

“Pues yo pienso que deberíamos de hablar (con) […] los cuadrilleros, que traten bien a la gente, que no los maltraten, que no usen palabras ofensivas, que no ofendan a la gente, porque muchas de las veces hay cuadrilleros que no respeta, ofenden a las personas”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel

Alemán, Sonora, mayo 2013.

La jornalera migrante, por razones culturales, por su condición de gé-nero y por la falta de educación formal, recibe maltrato de la población y autoridades de las localidades donde trabaja. Pero esta situación se patentiza en general respecto de toda la población migrante indígena. Son víctimas de agresiones verbales o físicas, de discriminación por parte del personal del campo agrícola, de jornaleros locales, lugareños, vendedores o de la misma autoridad.

“Trabajamos una semana y nos […] tocó con abejas, […] y que nos tuvieron toreando ahí, y que nos estuvieron picando, pero no eran poquitos, sino que eran montón, […] El ingeniero pasa ahí, y miraba nada más, no hacía nada, […] na más te dejan así, na más te miran y se van, […] na más se ríe y se va, y después, como a un señor le pico como 10 abejas, […] a mi esposo se le ocurrió llamar ambulancia, pues […] le corrieron, y nos venimos

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91nosotros, y no nos pagaron, […] le preguntó la que anda checando la gente, le preguntó que quién fue que marco el teléfono […] fue el Daniel dijeron. […] le dijeron que quién fue el que habló al teléfono para que viniera la ambulancia, si ya sabe bien que la ambulancia no la queremos aquí, y lo corrieron. Corren a la gente, o si no, vienen los otros a checar y te van a correr también a ti, pues nos corrieron a nosotros, y nos venimos a pie, sin carro, sin nada, […] hasta aquí, casi a las 2 de la mañana, caminando pues quien va a dar raíte”.

Beatriz de Jesús, San Juan Copala, Oaxaca, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán,

Sonora, mayo 2013.

En el caso de las mujeres indígenas jornaleras, a la discriminación sexual se suma la discriminación racial. Esta situa-ción la padecen en el continuo de las actividades desempeñadas en el campo por parte del personal de la empresa o del campo agrícola, del personal médico, de los lugareños o por parte de los jornaleros locales.

“Eso hay mucho, sucede muchísimo, por nuestra baja estatura, por el color de piel, […] yo no he tenido el problema sobre el lenguaje, porque pues, ahí me defiendo más o menos, pero si he visto que hay muchas personas que, los que vienen de Sinaloa, o los que viven ya mucho tiempo aquí,

son los que ya empiezan a ofender a las personas que apenas van llegando empiezan a decir

Ermelina García Valeriano, originaria de Lindavista, tlapa, presenta un embarazo de nueve meses, se encuentra en la cuartería que renta junto con su familia

en isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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92 de cosas, ofenden, discriminan, eso, hay mucha discriminación, hay muchísimo,

y es lo que yo no entiendo, ¿porqué hacen eso? […] si somos uno solo, pues

seamos de Guerrero, de Oaxaca, de donde vengamos, de Chiapas, de lo que sea, somos

gente trabajadora, somos gente que sabe trabajar, no somos de esas personas, las

personas que a veces critican. Sí es cierto, son de buen ver, tienen estatura,

tienen color bien, pero muchas de las veces no hacen el trabajo como uno lo

hace, porque uno por más bajita que esté, uno hace el trabajo, cansada o no cansada, pero lo termina uno haciendo,

porque eso se propone uno, a trabajar, a hacer el trabajo bien, y eso yo pienso, que no es de ese lado que discriminen nuestra estatura porque no está bien”.

Mujer originaria de Guerrero, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

2.7 deseo de una vida diferenteLa situación en que viven, se desarrollan, conviven y laboran es un esce-nario plagado de muchas limitaciones para las mujeres indígenas jorna-leras de la Montaña.

“Bueno, sí sé, bueno yo mi parte sí […] si me siento orgullosa y siento fuerte para levantar mi familia, mis

hermanas para que no le haga falta […]”.

Irene Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

romita, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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93Sin embargo, poco a poco ellas han ido constru-yendo anhelos y esperanzas, sueños que esperan realizar algún día, con la posibilidad de tener una vida diferente para ellas, sus hijos y nietos. Ellas se sienten orgullosas de sí mismas, de estar en espa-cios públicos y realizar actividades o adentrarse en la construcción de relaciones sociales fuera del espacio comunitario, que están considerados ex-clusivos de los varones. Se perciben como mujeres trabajadoras.

“No pues es importante vivir la vida, […] yo para mis hijos ya no quisiera llevarlos para allá, quisiera decir que hubiera trabajo en Sinaloa y hubiera manera de estudiar, yo buscara un trabajo estable y allá me quedara con mis hijos, y es que ahorita no hay trabajo y todos andan buscando la manera de sobrevivir, de manera de sacar a los niños adelante y ya no andar de arriba pa’ abajo, […]”.

Vianey Antonia Mapo, Ahome, Sinaloa, entrevistada en el campo “Viñedo 2000”, Estación Pesqueira, Sonora, mayo 2013.

Algunas de ellas han trascendido barreras dentro del papel tradicional de la mujer indígena, papel relacionado con es-tablecer vínculos matrimoniales a temprana edad. En muchas comunidades no es concebible que una mujer después de los 15 o 20 años de edad no se haya casado y tenga hijos; por lo general, cuando sucede, se le estigmatiza y se prejuzga su situación, sin comprender los motivos personales o familiares para no mantener el rol tradicional.

integrantes de tlachinollan informan sobre derechos de la población migrante, Estación Pesqueira, sonora. mayo 05, 2013.

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“No, para mí es bien, porque yo me siento contenta a mí misma, me siento orgullosa de mi porque todavía no me he casado, porque todavía no quiero casarme, porque no estoy preparada para eso. Porque hay muchas mujeres que se casan y luego se arrepienten, porque no tenía otra cosa que hacer y luego se casaron, y ya. Pero por decir, también miro a mi mamá, se casó muy chica, pero ella se siente orgullosa de tener a sus hijos a su lado, y nos da consejo de que también se puede casar uno, pero cuando nosotras decidimos que hacer con nuestra vida, verdad. […] Si me gustaría tener a mis hijos, pero más después, porque ahorita todavía no quiero tener, porque no sé, me da miedo tenerlos bebes, porque hay unas que cuando están embarazada corren riesgo de perder a su bebe, por eso a mí me da mucho miedo tener bebe, veo a mi mamá muchas veces, nace su bebe de ella, y tengo miedo a casarme y tener hijos, quiero seguir así, más después me casaré”.

Irma Maldonado, Almolonga, Alcozauca, Guerrero, entrevistada en Villa Juárez, Sinaloa, mayo 2013.

Prevalece el deseo de tener una vida diferente. Quisieran acceder a la es-cuela para continuar o iniciar sus estudios.

“Ándale estoy sola, sola con mi esposo y no tengo mi mamá ni mi papá, nadie pues, nadie, ni siquiera tengo mis tías, nadie, […] yo estoy sola […] quiero trabajar y quiero […]echar ganas, quiero […] entrar ahí en prepa, pero ahí me dijeron que cobra dinero, todo pues, sobre libro y yo no tengo dinero, ni siquiera tengo ni un apoyo, y necesito trabajar pues para conseguirla, para comer, […] si yo no trabajo pues yo no tengo ni siquiera mandado, jabón para lavar nada, nada pues, si yo no trabajo pues”.

Mujer originaria de Oaxaca, entrevistada en el Poblado de Miguel Alemán, Sonora, mayo 2013.

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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Familias jornaleras originarias de ometepec y tlapa, Guerrero, iniciando su jornada de trabajo en un campo agrícola de teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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3.1 ProGramas sociales diseñados Para la atención de la Población jornalera

En México, se adolece de una verdadera política pública integral que permita dignificar las condiciones de vida de las mujeres indígenas jornaleras y sus familias. En su ausencia, se instrumentan diversos programas sociales de corte asistencial, cuyos resultados no han podido contrarrestar las condiciones de pobreza, marginación y desigualdad en las que viven.

Las mujeres indígenas jornaleras y sus familias no son reconocidas en la práctica como trabajadoras con derechos, lo que se traduce en que las políticas públicas no promuevan un trato equitativo en cuanto a sus condiciones de trabajo y al otorgamiento de prestaciones sociales.

Bajo estas premisas el Estado mexicano ha venido instrumentando diversos programas sociales de corte “asistencial”, que carecen de un enfoque integral de mediano y largo plazo, de ahí que poco ayuden a contrarrestar las causas es-tructurales que generan y reproducen la desigualdad económica y social prevaleciente en la población jornalera. Esto conlleva por un lado la perpetuación de las condiciones de explotación, de exclusión social y de extrema pobreza, y por el otro, al fortalecimiento de los intereses particulares que privan por encima de los derechos de la población jornalera, como lo son los intereses de los productores agrícolas, de algunas autoridades, de los intermediarios, de sindicatos y otras organizaciones con fines de lucro.

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La política pública que ha venido impulsando el Estado mexicano en relación a la atención de las mujeres jornaleras y sus familias, ha estado orientada en la conformación e instrumentación de diversos programas federales y estatales, con el propósito de favorecer el desarrollo social de esta población. Entre los programas federales vigentes más rele-vantes para la atención de las mujeres jornaleras agrícolas es el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) dependiente de la SEDESOL, orientada hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la población jornalera.

Sin embargo, con el tiempo se han sumado diferentes instancias de gobierno con programas o proyectos específicos, ta-les como: el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la familia (DIF) destinado para las cuestiones alimentarias; para la educación básica se crea el Programa de Educación Primaria para Niños y Niñas Migrantes (PRONIM-SEP); y la Modalidad de Educación Multicultural para la Población Infantil Migrante (MEIPIM-CONAFE); el Programa Vete Sano y Regresa Sano (SSA); y el Programa de Movilidad Laboral Interna (STPS) en materia de trabajo.

teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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99a. prOgraMa de atención a jOrnalerOs agrícOlas (paja): el ausente enFOque de derechOs

El Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) es, como ya se ha dicho, el instrumento de política pública especializado en el tema desde hace algunos años.

El PAJA opera con recursos del Ramo Administrativo 20, “Desarrollo Social”, destinados para la atención a la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación.

El programa, según su diseño, busca implementar acciones para promover la superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la generación de empleo, ingreso, autoempleo y capacitación; la protección social y los programas asistenciales; el desarrollo regional; la infraestructura social básica y el fomento del sector social de

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013. Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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100 la economía; conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social. El PAJA ejerce sus recursos conforme a sus Reglas de Operación (RO)39.

Hoy en día, las RO del PAJA tienen como objetivo contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población jorna-lera agrícola, mediante acciones y apoyos para la protección social, en materia de alimentación, educación, promoción del ejercicio de los derechos humanos y servicios básicos40. Para este ejercicio fiscal el PAJA tiene cobertura en lugares con presencia de población jornalera, denominados Regiones de Atención Jornalera (RAJ)41.

Las RO comprenden diferentes tipos de apoyo que se entregan a partir de las RAJ y están distribuidos en:

1. Apoyos Directos a la Población Jornalera Agrícola: comprenden estímulos para la asistencia y permanencia escolar y el apoyo económico al arribo.

2. Acciones para el Desarrollo de la Población Jornalera: servicios de acompañamiento a la PJA; acciones de promoción y participación social; apoyos especiales para contingencias.

3. Estudios e Investigaciones.

4. Acceso a Servicios y Vivienda: apoyos para infraestructura, incluyendo la definición de los tipos y montos de apoyo.

El PAJA ha sufrido diversas modificaciones desde su creación en 1989, lo que se ha reflejado año tras año en sus RO. En 2009, los objetivos, y por lo tanto las acciones institucionales, se redujeron considerablemente; aunado a ello, desde

39 Cfr. Información en línea sobre las Reglas de Operación del PAJA: http://www.normateca.sedesol.gob.mx/work/models/NORMATECA/Normateca/Reglas_Operacion/2013/rop_jornaleros_agricolas.pdf

40 Cfr. Información en línea sobre los tipos de apoyos que otorga el PAJA a las y los jornaleros agrícolas: http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Informacion_del_Programa_PAJA?page=1

41 Las Regiones de Atención Jornalera se dividen de manera geográfica en grupos de localidades denominados Subregiones de Atención Jornalera (SRAJ), que constituyen la unidad mínima de planeación para los apoyos que el programa entrega a la Población Jornalera Agrícola.

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101hace algunos años el PAJA se ha adscrito a la misma Dirección que maneja los Programas Setenta y más y Empleo Temporal, lo que ha multiplicado las acti-vidades del personal a cargo de asistir a la población jornalera y ha intensificado la orientación del pro-grama hacia un perfil de trasferencia de recursos.

Tras años de monitorear su desarrollo y de con-trastar las cifras oficiales con la vivencia directa de la población jornalera de la Montaña, es posible afirmar que el PAJA dejó de comprometerse con la promoción social en los campos agrícolas orienta-da hacia la mejorara efectiva de las condiciones de vida de las y los jornaleros, para orientarse hacia un esquema donde lo prioritario es la transferencia de recursos monetarios y la certificación de capacida-des y competencias laborales de la población jor-nalera, así como la instauración de estrategias para apoyar los procesos de certificación empresarial, en coordinación con otros programas. Adicionalmente, en un rubro crucial como lo es el de la construcción de infraestructura, SEDESOL ha entregado recursos públicos a particulares sin cerciorarse de que estos se ejerzan con respeto a los derechos de la población jornalera. Tal situación ha causado una afectación diferenciada en los derechos de las mujeres.

Esto puede comprobarse a partir de las entrevistas con la población jor-nalera y las visitas de campo, como las ha venido realizando Tlachinollan en los últimos años, pero también a partir del análisis de los datos que la propia SEDESOL ha entregado en respuesta a las solicitudes de infor-mación que hizo el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Por ello, enseguida se presenta información oficial respecto de algunos de los principales rubros que contemplan las RO del PAJA.

niñas originarias de tlapa, Guerrero, en espera de que sus padres concluyan su jornada de trabajo. isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 30, 2013.

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102 Entrega de apoyos económicos

Tlachinollan solicitó información sobre los apoyos económicos que la SEDESOL ha en-tregado. Así, específicamente preguntamos por: a) El número total de los Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar previs-tos en el PAJA que la SEDESOL ha entrega-do de 2006 a la fecha; b) El número total de apoyos económicos al arribo previstos que la SEDESOL ha entregado de 2006 a la fecha; c) El monto total en pesos al que ascienden los Estímulos para la Asistencia y Permanen-cia Escolar entregados de 2006 a la fecha; y, d) El monto total en pesos al que ascienden los Apoyos Económicos al Arribo entre-gados de 2006 a la fecha. Todo esto dentro de la solicitud identificada con el número 0002000086713.

Al respecto, la SEDESOL informó que los apoyos al arribo no se contemplaban en los ejercicios fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009. Igualmente, señaló que los Estímulos para la Asistencia y Permanencia Escolar no se con-templaban en los ejercicios 2006 y 2007.

Así las cosas, mientras que en 2008 y 2009 se entregaron apoyos por $1,976,125 pesos, respecto del ejercicio 2010, sin precisar el número de beneficiarios, la SEDESOL informó que en lo tocante al componente educativo, duran-te 2010 hubieron 14,474 beneficiarios de apoyos que en total ascendieron a $10,759,095 pesos. Durante 2011, 18,866 beneficiarios por apoyos que llegaron a los $14,636,451 pesos. En 2012, según la misma fuente, 24,828 personas se habrían beneficiado de la entrega de $22,817,104 pesos.

Respecto de este componente, en los tres años el estado donde más apoyos edu-cativos se entregaron fue Sinaloa, por amplia superioridad, con 11,828 en 2010; 12,871 en 2011; y 13,645 en 2012. Le siguieron Baja California Sur (818) y Na-

isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 30, 2013.

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103yarit (573) en 2010; Baja California (1,249) y Chihuahua (828) en 2011; y Chihuahua (2,951) y Baja California Sur (1,960) en 2012. En total, la SEDESOL refirió haber entregado $48,212,650 pesos por concepto de apoyos educativos.

En cuanto al apoyo al arribo, respecto del ejercicio 2010, la SEDESOL informó que durante 2010 hubieron 9,914 familias bene-ficiarias de apoyos que en total ascendieron a $7,953,600 pesos. Durante 2011, 30,444 familias beneficiarias habrían recibido por apoyos que llegaron a los $29,938,400 pesos. En 2012, según la misma fuente 34,450 fami-lias se habrían beneficiado con la entrega de $28,832,800 pesos.

Respecto de este componente, en los tres años el estado donde más apoyos al arribo se entregaron fue Sinaloa, por amplia superio-ridad, con 4,016 en 2010; 16,364 en 2011; y 17,508 en 2012. Le siguieron Baja California Sur (1,521) y Chihuahua (1,493) en 2010; Chihuahua (3,300) y Baja California Sur (1,922); y Sonora (3,231) y Sinaloa (17,508).

Como puede verse, la entrega de apoyos económicos ha ido en incremento en los últimos años, lo que da cuenta también de que los flujos migratorios se mantienen constantes. Sin embargo, como se verá enseguida, al reducirse la política social a la transferencia de recursos económicos, otras áreas quedan descuidadas.

acompañamiento a la población jornalera

Tlachinollan preguntó a SEDESOL, dentro de la solicitud 0002000087613, cuántos recursos había entregado como parte del Servicio de Acompaña-miento a la Población Jornalera Agrícola, previsto también en las Reglas de

isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 30, 2013.

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104 Operación del PAJA. Se trata de un rubro esencial, pues supone que servidores públicos asistan direc-tamente a la población y se conviertan en verdade-ros/as garantes de sus derechos.

Al respecto, las autoridades refirieron que otorgan apoyos temporales de alojamiento, alimentación y almacenamiento de pertenencias, así como orien-tación e información de interés para la población jornalera. La SEDESOL señaló que este tipo de apo-yo no se otorgó en los ejercicios fiscales 2006, 2007, 2008 y 2009. En cuanto a los otros ejercicios fiscales, SEDESOL informó que durante 2010 se entregaron $44,341,101.31; durante 2011, $23,472,407.30; y durante 2012, $38,839,821.99.

Sobre estos datos, es importante hacer notar cómo el gasto en el rubro de acompañamiento, funda-mental para fortalecer los derechos de la población jornalera, se ha venido reduciendo. De 2010 a 2011 disminuyó notablemente y si bien repuntó en 2012, no volvió a alcanzar el nivel del 2010.

Profundizando en ese tema, dentro de la solicitud de información 0002000087713, se solicitó a la SEDESOL que informara sobre el personal de la dependencia específicamente dedicado al acompa-

ñamiento de la población jornalera. La Secretaría señaló que sólo cuenta con personal destinado a esta valiosa actividad en los estados de Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Chihuahua, Guerre-ro, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxa-ca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz. Entidades en las que en años recientes ha aumentado el flujo de población jornalera, como Guanajuato, no cuentan con personal de SEDESOL para actividades de acompañamiento, de acuerdo con la res-puesta brindada por la autoridad.

Las respuestas entregadas por las delegaciones de la SEDESOL muestran que el personal dedicado especialmente a las tareas de acompañamiento ha disminuido, incluso en los estados que concentran la mayor parte de la migración de población jornalera. Así por ejemplo, la SEDESOL refirió que en Jalisco había 26 promotores en 2000 y que en el 2013 había solo 24; en Chihuahua, habían 44 personas dedicadas a ello en 2011 y sólo 17 en 2012; en Colima, mientras que en el 2011 fueron contratados 25 el número disminuyó a 12 en 2012 y se mantuvo en 19 durante este 2013; en Nayarit, había 38 personas en el 2008 y 33 en el presente 2013; y en Sina-loa, que como se ha visto tiene una significancia muy particular pues es la entidad a donde migra la mayor parte de la población jornalera, aunque la SEDESOL informó que durante el año 2000 había 85 personas dedica-das al acompañamiento, ahora sólo hay 42 y, como se verá en seguida, no están específicamente dedicados a atender a este sector.

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105En aquellos estados donde ha aumentado el núme-ro de las y los promotores, la propia autoridad ha aceptado que esto se debe a que al reubicar el Pro-grama de Atención a Jornaleros Agrícolas dentro del área de atención a grupos prioritarios, se han multiplicado las tareas a cargo de las y los promoto-res. Esto en virtud de que actualmente la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios (DGA-GP) se encarga de los programas Empleo Tempo-ral, Pensión para Adultos Mayores y Atención a Jornaleros Agrícolas.

La respuesta de la Delegación Baja California Sur, un estado donde como se ha visto el flujo migrato-rio de jornaleros y jornaleras es constante, resulta ilustrativo sobre este punto:

“Del período del 2004 al 2007 los promotores existentes estaban adscritos al Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, durante ese período varía tener (sic) 5 promotores a 6 pro-motores, que se desempeñaban en los distin-tos campos agrícolas. Para el ejercicio 2008 se implementó la Coordinación de Grupos Prio-ritarios con los Programas de 70y+, Jornale-ros Agrícolas y Empleo Temporal, sin embar-

go en dicho ejercicio se mantuvo la misma cantidad de promotores (6 promotores), pero derivado a las necesidades de trabajo de campo para el ejercicio 2009 se contó con 8 promotores, posteriormente fue incrementando considerablemente el patrón de beneficiarios del pro-grama 70y+, por lo que fue estrictamente indispensable el reforza-miento para el ejercicio 2010 con 10 promotores, con 12 promotores para el ejercicio 2011, 15 promotores para el ejercicio 2012 y 2013, de igual forma debido al incremento al Padrón de Beneficiarios del Programa 70y+, para el actual ejercicio es por el Padrón de Benefi-ciarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores”.

Es decir, el aumento de personal no se ha debido a la necesidad de brin-dar mejor atención a la población jornalera, sino a que al mismo personal se le han asignado nuevas tareas vinculadas con otros programas sociales.

En el mismo sentido, la Delegación Morelos, entidad con altos flujos mi-gratorios, señaló: “Con respecto al número de promotores (as) en la SEDE-SOL Delegación Morelos del año 2000 a la fecha, le comento que el número ha decrecido, contando en la actualidad con un total de 2 promotores per-manentes y como consecuencia no se cuenta con la misma capacidad de presentación (sic) de servicios de acompañamiento a la Población Jornalera Agrícola”. Como se aprecia, en esta respuesta es la propia autoridad la que acepta que la capacidad de atención a este sector poblacional ha dismi-nuido.

Igualmente, la Delegación Sinaloa contestó: “[…] actualmente la SEDE-SOL en Sinaloa cuenta con 42 promotores/as asignados para atender los

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Programas de Atención a Grupos Prioritarios entre los cuales se encuentran el de Atención a Jornaleros Agrícolas, Pensión para Adultos Mayores y Empleo Temporal, no cuenta con personal dedicado únicamente para la pre-sentación de servicios de acompañamiento a la población jornalera. En cuanto a la va-riación del número de promotores del 2000 a la fecha, en la siguiente tabla se enumera la cantidad de promotores para atención a Jor-naleros Agrícolas y sus familias con que ha contado la SEDESOL por año, así mismo le informo que en el mes de diciembre del año 2007 se fusionan los Programas de Atención a Jornaleros Agrícolas, Empleo Temporal y 70 y más, y se concentra el personal asigna-do a estos tres programas a los Programas de Atención a Grupos Prioritarios”.

Otra categoría prevista en el PAJA es la de los gestores. Al respecto, en la res-puesta que recayó a la solicitud de información 002000087813, la SEDESOL informó que el número de gestores con que cuenta la Dependencia es de 217 en total, concentrándose la mayoría en: Sonora (60), Sinaloa (42), Baja California (20) y Zacatecas (25). Llama la atención que Sinaloa, estado a donde se dirigen los flujos migratorios más numerosos, no sea el estado que cuente con más ges-tores. Sobresale también que estados que reciben un número alto de personas migrantes tengan pocos gestores como Michoacán (8) o Morelos (1), no tengan ninguno en absoluto como sucede según cifras oficiales con Chihuahua.

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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107albergues

El programa otorga apoyos específicos respecto de las condiciones de la vivienda que albergan a las y los jornaleros, que tienen que ver con la construc-ción o rehabilitación de sanitarios, dormitorios, te-chos, pisos, entre otros.

Tlachinollan también solicitó a la SEDESOL infor-mación respecto de los Albergues Comunitarios que opera la dependencia. Esto con el interés de identificar la proporción entre los albergues públi-cos y aquellos que operan particulares subsidiados por el Estado.

Sobre este tema, atendido en la solicitud de infor-mación de folio 0002000087913, la Dependencia respondió que: “De acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación citadas las Unidades de Servi-cios Integrales, las Sedes de Atención y los Albergues Comunitarios son los únicos inmuebles que podrán ser administrados por SEDESOL. Los demás debe-rán atenderse por las organizaciones como son los Productores o dependencias competentes tales Insti-tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE)”.

Cuarterías que rentan a la población jornalera en isla del Bosque, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

albergue Comunitario de sEDEsoL en isla del Bosque, Escuniapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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108 Adicionalmente, la autoridad responsable de la política social del Estado mexicano respondió que la relación de los lugares en los que se atiende a la población jornalera, considerando los diversos tipos de unidad de trabajo, es el siguiente: Albergues Comunitarios, 91; Albergues Priva-dos, 754; Centros de Atención y Educación Infantil, 26; Campamentos o Cuarterías, 60; Guarderías 16; Ludotecas, 9; Unidades de Servicios Inte-grales, 14; y Sedes de Atención, 995.

Esta información, sin embargo, contrastó con la que la propia autoridad proporcionó al responder la solicitud de información 0002000088013

donde Tlachinollan solicitó que se precisara: a) El número y la ubicación de los Albergues Comunita-rios previstos en el PAJA, que son únicamente ad-ministrados por la SEDESOL.

Al respecto, la SEDESOL presentó el siguiente cua-dro sobre albergues comunitarios administrados por la dependencia, en el que por cierto la cifra to-tal no coincide con la proporcionada en la solicitud precedente:

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109Así, si bien inicialmente la Secretaría afirmó que administraba 91 Albergues Comunitarios para la población jornalera, posteriormente aceptó que actualmente sólo 23 están activos.

De estas cifras, destaca la enorme disparidad que existe entre el número de albergues comunitarios y el número de albergues administrados por particulares. Estas cifras permiten inferir que la gran mayoría de la población jornalera habita durante el ciclo agrícola albergues proveídos por los propios empresarios, en espacios que en su mayoría han sido construidos con apoyos gubernamentales. Éstos, pese a que se beneficiaron con apoyos federales, no son objeto de ningún tipo de supervisión.

Tlachinollan intentó que la SEDESOL transparentara la lista de los campos agrícolas que han recibido apoyos y subsi-dios de la Secretaría para la construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de infraes-tructura. No obstante, al responder la solicitud de información 0002000089413, la dependencia señaló:

En el marco del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, el Tipo de Apoyo denominado “Apoyos para In-fraestructura” con las especificidades de los tipos de obras que abarca, y a través del cual brinda subsidios para la construcción, rehabilitación, ampliación, acondicionamiento y equipamiento de infraestructura para atender a la Población Jornalera Agrícola, fue implementado a partir del ejercicio fiscal 2008, por lo que no se cuenta con infor-mación correspondiente para los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007.

Ahora bien, por lo que hace a los ejercicios fiscales 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, se comunica que las Reglas de Operación vigentes para cada ejercicio fiscal de referencia, establecen que este tipo de apoyos se ejecutan a través de la aprobación de Proyectos y aquellos que se realicen en campos agrícolas, será obligatorio que se incluyan parti-cipaciones adicionales a los recursos federales, aportados por los productores y otras instancias.

Bajo esta tesitura, es obligatoria la aportación económica de los Productores, con base en los criterios y porcentajes descritos en las Reglas de Operación vigentes para cada ejercicio fiscal, lo que indica que los subsidios que se otorgan para este tipo de apoyos nos son entregados a los Productores de los campos agrícolas, son ellos quienes deberán realizar una aportación adicional.

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110 Ahora bien, las Instancias Ejecutoras son Dependencias, Entidades u Organismos responsables de la realización de las obras, proyectos o acciones. En los ejercicios fiscales 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008, la Unidad Responsable del Programa (DGAGP) así como las Delegaciones de la SEDESOL, eran las únicas dependencias o entidades que podían ser Instancias ejecutoras; es a partir del ejercicio fiscal 2009, que las organizaciones de la sociedad civil, podrán ser Instancias Ejecutoras.

Los Productores Agrícolas no reciben subsidio alguno bajo el concepto del apoyo para Infraestructura en Campos Agrícolas, puesto que de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación vigentes para cada ejercicio fiscal referido, son ellos quienes deberán realizar aportaciones adicionales a los recursos federales, de conformidad con el numeral 3.4 “Tipos y Montos de Apoyo”, Apartado 3 “Apoyos para Infraestructura”.

Los beneficiarios directos de los apoyos de Infraestructura, es la población jornalera, no los productores agrícolas.”

Como surge de la respuesta, la SEDESOL arguyó que los apoyos en cuestión no eran subsidios direc-tos, para con ello mantener en la opacidad la infor-mación solicitada.

No obstante, al preguntar a la SEDESOL en la so-licitud 0002000089913 cuántos Espacios para la estancia temporal (Albergues, vivienda temporal, infraestructura social básica, entre otros), se han construido con los subsidios que la Secretaría en-trega, Tlachinollan recibió el siguiente cuadro:

AÑO TIPO DE UNIDAD DE TRABAJO CANTIDAD

2006 Construcción de Estancia Temporal 203

2007 Construcción de Estancia Temporal 164

2008 Construcción de Estancia Temporal 66

2009 Construcción de Estancia Temporal 197

2010 Construcción de Estancia Temporal 344

2011 Construcción de Estancia Temporal 262

2012 Construcción de Estancia Temporal 190

2013 Construcción de Estancia Temporal 29

TOTAL 1,454

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111de Habilitaciones y Edificaciones, entre otras), se deberá considerar las nor-mas arquitectónicas y de seguridad mínimas para una mejor planeación de Desarrollo Urbano e Ingeniería Estructural”.

En otras palabras, el gobierno brinda apoyos económicos para la edifica-ción de estancias pero se deslinda de la supervisión de éstas. En la práctica, como ha constado reiteradamente Tlachinollan en sus visitas de campo y en las entrevistas con las familias jornaleras, ninguna autoridad supervisa las condiciones de las estancias donde habita durante el ciclo agrícola la población migrante, llegando éstas a presentar condiciones indignas.

Tanto en las zonas agrícolas de los estados receptores como en los estados de expulsión ha sido visible la reducción de los recursos públicos asigna-dos para la infraestructura. En visitas y recorridos de campo realizadas por una delegación de Tlachinollan entre los meses de abril, mayo y junio (2013) a los estados de Sinaloa, Sonora y Guanajuato, se documentó que una de las líneas de acción más importante del PAJA, basada en el otor-gamiento de apoyos para el desarrollo de infraestructura, ya no se estaba ejecutando como se venía haciendo: ahora se busca vincular a las instan-cias estatales y municipales.

Aunque estos subsidios actualmente pretenden involucrar a otro tipo de actores y ejecutarlos de manera diferente, las RO no especifican la canti-dad ni la calidad de los servicios que deben ofrecerse, como ya se men-cionó. Así que hoy en día es posible que el Gobierno Federal destine la inversión en algunas zonas para la construcción de infraestructura o re-habilitación, sin satisfacer estándares mínimos de condiciones sanitarias.

En este orden de ideas, siendo un hecho probado que la SEDESOL ha entregado recursos para la construcción de estancias temporales, Tlachinollan preguntó en la solicitud 0002000090013 si existe una norma o directrices donde se especifiquen las características que deben cubrir los espacios para la estancia temporal. Este aspecto es fundamental, pues si con fondos del erario se brindan apoyos para la construcción de estos espacios, sería de es-perarse que el Estado mexicano se asegurara de que dichos espacios satisfacen condiciones mínimas de aceptabilidad, al menos.

No obstante, la respuesta de la SEDESOL es ilus-trativa de la política del Estado mexicano en esta materia: “Los proyectos derivados de los Apoyos para infraestructura que opera el Programa Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), se autorizan con base en lo establecido en las Reglas de Operación de di-cho programa, en este sentido no se especifica que se deba contar con un documento rector, norma o di-rectrices donde se establezcan las características que deben cubrir los Espacios para la Estancia Temporal. Sin embargo, y de conformidad con la normatividad aplicable de cada entidad federativa (como pueden ser los Reglamentos de Construcción, de Regulación

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112 Por otro lado, la inversión que se destinó a las USI o albergues en las zonas de origen es insuficiente. Es el caso concreto de Guerreo: la USI de Tlapa de Comonfort no ha sido rehabilitada desde 2006, de suerte que la infraestructura se ha ido deterioran-do; además ha habido una reducción del personal, lo que ha generado ausentismo y abandono, a pesar de que la migración de familias jornaleras es per-manente.

Talleres

Pese a que el PAJA hace referencia al fortalecimien-to de la población jornalera mediante talleres, las actividades relativas son mínimas y no se comple-mentan con ningún tipo de seguimiento; tampoco reflejan que se prioricen los estados donde la pro-blemática es más severa. La formación de capacida-des en derechos laborales tampoco es parte de estas intervenciones.

Así por ejemplo, la SEDESOL dice que imparte talleres sobre trata o derechos humanos a la po-blación jornalera. Tomando estos últimos como referencia, en la solicitud 0002000088713, Tlachi-nollan preguntó expresamente cuántos talleres de

derechos humanos se han realizado. La dependencia informó que desde 2008 se han desarrollado 99 talleres sobre derechos humanos en 13 de 14 estados de la República. Según estos datos, la entidad donde más talleres se han impartido es San Luis Potosí con 17. En estados donde es álgida la problemática de este sector poblacional, apenas se han impartido unos cuantos talleres; así, en Sinaloa se han impartido 5 talleres en 5 años, de 2008 y 2013.

Específicamente en lo tocante a los talleres sobre los derechos de las mu-jeres y género, mencionados en el PAJA, Tlachinollan solicitó que se in-

Estación Pesqueira, sonora. mayo 05, 2013.

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113formara cuántos de éstos habían sido impartidos. SEDESOL, sin embargo, presentó exactamente la misma información: 99 talleres entre 2008 y 2013, de los cuales 17 se han brindado en San Luis Poto-sí y 5 en Sinaloa, coincidiendo también las cifras respecto de los otros estados. Se puede inferir, por tanto, que la dependencia duplicó la información ante la inexistencia de una política que en verdad priorice la promoción social en temas de género.

Pese a ello, la SEDESOL sostuvo que: “[…] en el marco del (PAJA), la Dirección General de Aten-ción a Grupos Prioritarios a través de la Dirección de Comunicación Educativa y Participación Co-munitaria imparte la formación y capacitación a jornaleros agrícolas en dos módulos denominados: “Taller de promoción social con jornaleros agrícolas” en los cuales a través de técnicas de integración gru-pal, participación social, diagnósticos comunitarios, sesiones de orientación y jornadas informativas se aborda de manera transversal el tema de la violencia de género mediante diversas técnicas, por ejemplo en la jornada informativa “Siluetas” se reconoce la dife-rencia entre sexo y género, en “La rueda del poder” y el ejercicio “Si para mí” se aborda el tema de género”. La metodología, como se ve, no prevé ningún tipo

de seguimiento, ni aspectos que muestren la adaptación de los contenidos a la identidad cultural de las mujeres indígenas.

En suma, el PAJA sigue ofreciendo algunos apoyos para infraestructura con la participación de los gobiernos locales (estatal y municipal) o de terceros. El programa ha orientado sus acciones a través del otorgamiento de paquetes de estímulos en las unidades de trabajo (apoyos económicos para la movilidad de los trabajadores a su arribo), no obstante se han descuidado otras áreas cruciales.

Las acciones del PAJA no son suficientes para contrarrestar la pobreza en la que viven las mujeres jornaleras y sus familias. Sus alcances son reducidos por el enfoque asistencialista que tiene, generando aún más la desigualdad y diluyendo el papel del Estado como garante de derechos. La participación y promoción social se ha debilitado, disminuyendo la capacidad de gestión, de evaluación, participación y de diagnóstico que tenía el PAJA, como el principal instrumento de política pública destina-do a trabajar directamente con la población jornalera.

Por otro lado, el PAJA es un programa que actúa en el ámbito federal e interviene en las zonas de expulsión y de atracción. Pero a pesar de las variaciones que esto implica por trabajar con una población altamente heterogénea, sus líneas de acción nunca han estado enfocadas a atacar las causas de la migración, sino contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de la población jornalera. Esto, sin embrago, no se logrará con las acota-das actividades del programa.

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114 Los apoyos, en los hechos, siguen funcionando como paliativos. A pesar de que la cobertura del programa es limitada y no participa en los proble-mas laborales que enfrenta la población jornalera en los campos agrícolas ni en los estados de expul-sión sí certifica la mano de obra, con el argumento de que con los certificados obtendrán su contrata-ción y fuente de empleo.

La parte laboral la empatan con los distintivos y certificaciones de responsabilidad social de las em-presas agrícolas que hace la STPS, conjuntamente con el Servicio Nacional del Empleo (SNE), que también otorga estímulos para los traslados. Anali-zadas conjuntamente, parecería que ambas certifi-caciones están encaminadas a proteger los derechos laborales de la población jornalera, asegurándoles además, su acceso a la salud a través de su cartilla que les proporciona el programa Vete Sano y Re-gresa Sano o el Seguro Popular. Desde esta pers-pectiva, también parecería que el gobierno asegura el acceso de las niñas y niños a la educación en los lugares donde migran, a través del PRONIM o del CONAFE.

Pese a esta apariencia, lo cierto es que las certificaciones sólo aseguran tener un control sobre la mano de obra migrante que sigue satisfaciendo la demanda patronal sin que ninguna supervisión verdadera se realice sobre sus condiciones laborales y de vida.

b. secretaría del trabajO y previsión sOcial: cOMplacencia Frente a las viOlaciOnes a derechOs huManOs labOrales

La STPS tiene una responsabilidad central respecto de la situación de la población jornalera.

Ejido nuevo Lindero, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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115Desde el sexenio pasado se estableció un grupo intersectorial que se integró con la participación de más de ocho se-cretarías federales, estando al frente del proyecto la STPS, asumiendo la responsabilidad de diseñar una estrategia para atender a la población jornalera42.

De esta manera, según las cifras oficiales la STPS en 2012 atendió en 22 entidades federativas a la población jornalera, como lo reportó en su Sexto Informe de Labores43. Estos datos señalan que las autoridades llevaron a cabo en los me-ses de enero a mayo de 2012, la afiliación de trabajadores eventuales del campo a los mecanismos de seguridad social (IMSS) que oscilaron entre 117,271 y 190,534 personas jornaleras afiliadas, registrando un promedio de afiliación men-sual de 164,521 trabajadores, cifra que representa 11.22% más que el promedio del mismo periodo en el año anterior.

Durante septiembre de 2011 a mayo de 2012, se realizaron 5,051 evaluaciones con fines de certificación en los Estánda-res de Competencia Laboral “Cosecha de Hortalizas” y “Cosecha de Cítricos” a jornaleros y jornaleras en empresas de los estados de: Baja California, Colima, Jalisco, Puebla, Sinaloa, Sonora y Yucatán, de las cuales se han recibido 4,970 certificados de competencia laboral (3,300 hombres y 1,670 mujeres).

De conformidad con esta información en diciembre de 2011, se otorgó el Distintivo “Empresa Agrícola Libre de Traba-jo Infantil” a 17 empresas agrícolas en: Baja California (5), Jalisco (1), Nayarit (2), Sinaloa (8) y Yucatán (1), con lo cual 38 empresas agrícolas cuentan ya con el Distintivo.

El informe detalla que durante el periodo comprendido entre julio 2010 y julio 2012, se llevó a cabo el operativo deno-minado “Jornaleros Agrícolas”, a través del cual se inspeccionaron 662 campos agrícolas, dictándose un total de 9,218 medidas, lo que benefició a más de 92 mil trabajadores del campo y sus familias.

42 El Grupo de Coordinación lnterinstitucional lo preside la STPS, así como por los 27 Grupos de Coordinación Estatal que se han instalado para la atención de los jornaleros agrícolas en los estados de: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

43 Cfr. Información en línea sobre el 6° Informe de Labores de la STPS: http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/transparencia/rendicion_cuentas/6%20Inf_lab_STPS_baja.pdf

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Actualmente, de acuerdo con la información oficial, la política laboral está orientada a establecer las condiciones necesarias para el trabajo dig-no y decente, a través del mejoramiento de las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo, todo ello basado en la actual reforma que se hizo a la LFT, y que entró en vigor en diciembre de 2012.

De esta forma, dentro del apartado de Trabajadores del Campo que con-templa los artículos 279 a 284 de dicha ley, las modificaciones contem-plan una serie de obligaciones especiales que tienen los patrones respecto a la población jornalera, como:

• El pago de los salarios en el lugar donde se presta el servicio, y no debe de excederse de una semana;

• El suministro gratuito de habitaciones adecua-das e higiénicas;

• Mantenimiento de las habitaciones para que estén en buen estado;

• Proporcionar agua potable y servicios sanita-rios durante la jornada de trabajo;

• El lugar de trabajo debe de contar con medica-mentos y material de curación;

• Proporcionar asistencia médica o trasladar a los trabajadores agrícolas a lugares que cuen-ten con servicio médico;

• Fomentar la alfabetización;• Utilizar los servicios de un intérprete cuando

los trabajadores no hablen español; • Llevar un registro especial de las y los traba-

jadores eventuales y estacionales que contrate cada año;

• Pagar al final de la temporada agrícola las par-tes proporcionales que correspondan por con-cepto de vacaciones, prima vacacional, agui-naldo y cualquier otra prestación;

La Palma, navolato, sinaloa. mayo 01, 2013.

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117• Seguro de vida para los traslados; • Proporcionar transporte gratuito, cómodo y seguro; y• Brindar servicios de guardería.

Para asegurar que estas condiciones se cumplan, un instrumento fundamental son las inspecciones. La STPS para este fin, cuenta con un Programa Anual de Inspección (PAI).

El PAI incluye la planeación, organización y control de las actividades de inspección para vigilar las normas laborales en los centros de trabajo, priorizando los centros de trabajo de alto riesgo y aquellos sin antecedentes de inspección, como son los campos y empresas agrícolas.

Ejido nuevo Lindero, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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118 El PAI puede modificarse en base a los acuerdos tomados por la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo44 (COCONASST) o bien, por las Comisiones Consultivas Estatales de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCOESST), que son organismos tripartitos que participan en el diseño de la política nacional en materia de Segu-ridad, Salud y Medio Ambiente de Trabajo. Para ello, también se han diseñado Protocolos de Inspección que se han aplicado en algunos estados, mientras que otros serán revisados por las COCOESST, como es el caso del estado de Si-naloa, donde se presentó en el mes de agosto de 2013, la propuesta de un protocolo en materia de jornaleros agrícolas, el cual será revisado antes de su aplicación en el mes de octubre.

A pesar de esto, las acciones en materia de inspección muchas veces no están coordinadas con las que realizan las Se-cretarías o Direcciones del trabajo de las entidades federativas.

Por otro lado, si bien las inspecciones federales están encaminadas a verificar las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, no incluyen la inspección de las condiciones de las viviendas y la zona de albergues, estancias infantiles, módulos de salud o aulas escolares, cuestión que no se modificó con la reforma de 2012. En efecto, las autoridades federales del trabajo consideran que no les compete inspeccionar la calidad de la vivienda donde se albergan las y los jornaleros en los campos, pues entienden que éstas no son parte de la fuente de trabajo; que carecen de facultades para ello; y que no hay una norma oficial que establezca los estándares mínimos que debe satisfacer este tipo de vivienda.

Por lo demás, las visitas de las autoridades federales del trabajo para verificar condiciones de seguridad e higiene son en exceso laxas; no se traducen en procedimientos administrativos expeditos; y no desembocan en multas por montos que verdaderamente inhiban la repetición de las violaciones.

Por ejemplo, dentro de la solicitud identificada con el folio 0001400050213, Tlachinollan solicitó a la STPS que le infor-mara cuántas visitas de inspección realizó la Delegación Sinaloa a campos agrícolas durante el 2012, pidiendo también

44 El marco normativo que establece la LFT señala la conformación de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y la Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ambas proponen reformas y adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo del país.

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119el listado de las sanciones derivadas de esas visitas. Al responder, la Secretaría admitió que había realizado sólo 29 visitas, menos de tres al mes, y que ninguna de éstas había de-rivado en sanciones pues reportó que todas se encontraban “en análisis”.

Dentro de otra solicitud, a la que recayó el folio 0001400050313, Tlachinollan hizo la misma solicitud respecto de la Delegación de la STPS en Morelos. Ésta, respondió que en el año sólo había efectuado 6 visitas y que ninguna de estas había derivado en multa pues en todos los casos “no se inició procedi-miento administrativo sancionador ya que se realizó emplazamiento de medidas de seguri-dad e higiene”.

En la solicitud de folio 0001400050413, se pidió similar información a la Delegación Guanajuato. En respuesta, las autoridades laborales federales informaron que única-mente realizaron 4 visitas y que ninguna de estas derivó en sanciones pues al momento de formular las solicitudes, en julio de 2012, seguían en estado “pendiente de resolución”.

También se solicitó información sobre el trabajo de la Delegación Chihuahua de la STPS. Al respecto, en la solicitud de folio 0001400050513, informó la Secre-taría que se habían efectuado 16 visitas de inspección durante el 2012. De éstas, sólo tres culminaron en multas de $24,813.60, $13,293.00, y $11,520 pesos.

En Baja California, según la respuesta recaída a la solicitud 000140050713, no se practicó ninguna visita a campos agrícolas. En Baja California Sur, de acuer-do con la solicitud 000140050813, se practicaron 16 visitas. Sólo en cinco casos se impusieron multas por cuestiones de seguridad e higiene, conforme a los siguientes montos: $14,959.20, $9,349.50, $26,178.60, $14,959.20, $14,959.20.

Familias jornaleras de Guerrero resguardándose del sol en un campo de cultivo de Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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120 En lo tocante a Michoacán, de acuerdo con la solicitud de folio 0001400050913, tan sólo se realizaron tres visitas en el 2012 sin que tam-poco hayan derivado en multas. Para Zacate-cas, la autoridad informó que se realizó una sola visita de comprobación de medidas de seguridad e higiene, añadiendo que “en vis-ta del cumplimiento total de las medidas, no existieron violaciones”.

Esta situación se agrava respecto de los ins-pectores estatales del trabajo, que a menudo son menos independientes frente a los inte-reses económicos de las entidades. Así por ejemplo, en entrevista con funcionarios del Gobierno de Sinaloa, Tlachinollan recibió in-formación en el sentido de que la Dirección del Trabajo y Previsión Social del Estado sólo había impuesto cinco infracciones durante el 2012, por un total de $69,964 pesos.

En otro orden de ideas, la STPS en coordi-nación con el Servicio Nacional de Empleo (SNE), implementa el Programa de Movili-dad Laboral Interna que está destinado para la colocación de la mano de obra jornalera en

zonas agrícolas de grandes complejos agroindustriales. Éste, en realidad, ope-ra como “agencia de colocación” que de manera paralela con la certificación empresarial –como un medio para contrarrestar la explotación de la mano de obra infantil– y del fortalecimiento de las habilidades y competencias de la población jornalera, funcionan como filtro para la selección de mano de obra sumamente barata y calificada para el desarrollo de actividades agrícolas.

En los hechos, la oferta de fuentes de empleo que brinda el SNE no se supedita a una supervisión exhaustiva de criterios mínimos de condiciones laborales dig-nas y apegadas al respeto de los derechos humanos de la población jornalera. En teoría, si los empresarios agrícolas no garantizan la seguridad y protección

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

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121de sus trabajadores, los dan de baja del padrón; no obstante, cuando las familias jornaleras permane-cen en el campo agrícola menos tiempo del acor-dado, el SNE no brinda el apoyo a los trabajadores pese a que los problemas de fondo que motivan esta permanencia reducida no se investiguen, de suerte que siempre se atribuye la responsabilidad a las tra-bajadoras y no a las posibles irregularidades de la empresa agrícola.

Las políticas estatales certificadoras de las empresas agrícolas agroexportadoras, complementan los pro-cesos de certificación privada, debido a los mecanis-mos reguladores de competencia del mercado inter-nacional, mientras que a nivel nacional la política con la que operan estos mecanismos es muy flexible con los medianos o pequeños agricultores que dis-tribuyen sus productos en el mercado nacional.

Dentro de la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 0001400049913, la Dirección General para la Igualdad Laboral informó que duran-te 2013 habían solicitado tal acreditación 48 empre-sas. Asimismo, dicha autoridad informó que hasta el momento 61 empresas contaban con la acreditación “Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil”.

Este modelo diluye la responsabilidad del Estado como garante de de-rechos con capacidad para sancionar los abusos. A mayor certificación, mayores garantías para la venta de los productos, lo que requiere de una fuerte inversión de recursos empresariales, de los subsidios del gobierno federal y estatal, limitando por mucho la inversión social en programas realmente efectivos que beneficien directamente a las mujeres jornaleras y sus familias.

Finalmente, es importante señalar que ante las nuevas políticas laborales y la ausencia de un abordaje integral, algunas familias están optando por incorporarse en nichos agrícolas donde carecen aún más de cualquier seguridad en el trabajo.

El Estado no ha tenido la capacidad de desincorporar a los menores de edad del trabajo en los campos agrícolas, porque tampoco ha tenido la capacidad de garantizarles el acceso, la permanencia y la continuidad de sus estudios en condiciones dignas y de acceso a otros servicios o benefi-cios para su desarrollo.

Para las mujeres jornaleras, no ha tenido la capacidad de proponer alter-nativas del goce pleno en condiciones de igualdad laboral apegadas a la ley, bajo esquemas de protección y seguridad de cualquier tipo de discri-minación y violencia, con la premisa de contar con cobertura a la salud, de manera integral que es básica para ellas, así como de posibilidades de desarrollo social, productivo y educativo en los lugares donde están trabajando.

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122 3.2 recomendaciones en materia de PolÍtica

Pública con un enfoque de derechos

humanos de las mujeres indÍGenas

jornaleras

En la mayoría de los casos, las violaciones a los derechos de las mujeres indígenas jornaleras ocurren por negligencia u omisión del Estado, y con su claro conocimiento. Además, las autoridades han sido omisas en implementar medidas administrativas, legislativas, así como políticas públicas que eviten estos abusos y la conculcación de los derechos de las indígenas migrantes. Por ejemplo, pese a la existencia de una serie de dependencias federales y estatales encargadas de vigilar, velar y fiscalizar por los derechos de las trabajadoras, las mismas no cumplen su papel. El Estado manifiesta así su desinterés en atender las necesidades de las indígenas migrantes jornaleras y asegurar sus derechos humanos y las de sus familias.

El Artículo 20 Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas Tribales en Países Independientes a la letra dispone:

mujer originaria de tlapa, a punto de iniciar su jornada de trabajo. Villa unión, mazatlán, sinaloa. abril 30, 2013.

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123Artículo 20

1. Los gobiernos deberán adoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperación con los pueblos interesa-dos, medidas especiales para garantizar a los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en la medida en que no estén protegidos eficazmente por la legislación aplicable a los trabajadores en general.

2. Los gobiernos deberán hacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminación entre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados y los demás trabajadores, especialmente en lo relativo a:

(a) acceso al empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas de promoción y de ascenso;

(b) remuneración igual por trabajo de igual valor;

(c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las prestaciones de seguridad social y demás prestaciones derivadas del empleo, así como la vivienda;

(d) derecho de asociación, derecho a dedicarse libremente a todas las actividades sindicales para fines lícitos, y derecho a concluir convenios colectivos con empleadores o con organizaciones de empleadores.

3. Las medidas adoptadas deberán en particular garantizar que:

(a) los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, incluidos los trabajadores estacionales, eventua-les y migrantes empleados en la agricultura o en otras actividades, así como los empleados por contratis-tas de mano de obra, gocen de la protección que confieren la legislación y la práctica nacionales a otros trabajadores de estas categorías en los mismos sectores, y sean plenamente informados de sus derechos con arreglo a la legislación laboral y de los recursos de que disponen;

(b) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sometidos a condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como consecuencia de su exposición a plaguicidas o a otras sustancias tóxicas;

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124 (c) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos no estén sujetos a sistemas de contratación coercitivos, incluidas todas las formas de servidumbre por deudas;

(d) los trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de igualdad de oportunidades y de trato para hom-bres y mujeres en el empleo y de protección contra el hostigamiento sexual.

4. Deberá prestarse especial atención a la creación de servicios adecuados de inspección del trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadas trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte del presente Convenio. [Subrayado nuestro]

Barretos, Guanajuato. Junio 08, 2013.

Como se desprende del numeral citado, los Estados que como el Mexicano hayan ratificado el citado Convenio 169, deben adoptar medidas especiales para proteger los derechos de las y los trabajado-res indígenas migrantes. Esto, sin duda, obedece a que la comunidad internacional ha constatado la condición de vulnerabilidad que enfrentan dicho sector poblacional.

En este sentido, el Convenio 169 alude a una serie de medidas especiales, mas éstas no pueden enten-derse de forma limitativa o taxativa, pues es claro que el sentido de la norma apunta la adopción de las medidas que en cada contexto nacional sean ne-cesarias para proteger la dignidad y los derechos de los y las trabajadoras indígenas.

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125El derecho internacional ha afirmado repetidamente el deber de los Estados de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de discriminación. Los principios vinculantes de la igual-dad y la no discriminación constituyen el eje central del sistema internacional de protección de derechos humanos, así como sus instrumentos vinculantes como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Con-vención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Estos instrumentos afirman el derecho de las mujeres a la igualdad y a la no discriminación y reflejan la importancia que dan los propios Estados miembros a estos principios45.

Es por ello, que organismos internacionales han manifestado su preocupación ante la situación y vulnerabilidad de las mujeres jornaleras migrantes, así también han hecho diversas recomendaciones al Estado mexicano que podrían coadyuvar a la erradicación de la indefensión en la que se encuentran.

Los diversos mecanismos de protección de derechos humanos que se han pronunciado constantemente refieren que el respeto a los derechos de las mujeres migrantes es precario, y que son vulnerables a una multitud de abusos como des-pidos injustificados; retenciones de salario; sobre jornadas laborales; malos tratos, acoso sexual, violencia y discrimina-ción; sobre todo, porque constituyen una mano de obra abundante y barata, que vive bajo condiciones de alimentación, hospedaje y salud deficientes46.

De igual manera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha manifestado su preocupación por las malas condiciones de trabajo de las y los trabajadores indígenas, haciendo énfasis en la situación de las mujeres y de quienes

45 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El camino hacia una democracia sustantiva: La participación política de las mujeres en las Américas; OEA/Ser. L/VII. Doc. 79, 18 de abril de 2011; Pág. 5.

46 Ver Informe presentado por la Relatora Especial, Sra. Gabriela Rodríguez Pizarro, de conformidad con la resolución 2002/62 de la Comisión de Derechos Humanos Adición Visita a México 30 de octubre de 2002 E/CN.4/2003/85/Add.2.; Observaciones finales del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 8 de diciembre de 2006 CMW/C/MEX/CO/1: Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Sr. Jorge Bustamante Misión a México A/HRC/11/7/Add.2 24 de marzo de 2009: y Derechos humanos y cuestiones indígenas Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen. Misión a México 3 de diciembre de 2003 E/CN.4/2004/80/Add.2 2.

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126 son mal o no remunerados, o quienes trabajan desprovistos de prestaciones de seguridad social o vacaciones pagadas47, entre otros.

En su informe del 8 de diciembre de 2006 CMW/C/MEX/CO/1, el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, recomendó al Estado mexicano que tome las medidas necesarias para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores agrícolas de temporada, una de las medidas recomendadas es que se garantice que la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo vigile sistemáticamente el cumplimiento de las normas que regulan el trabajo de los jornaleros y las jornaleras agrícolas; asimismo, recomienda que todas las alegaciones de abusos, incluso los malos tratos, sean investigados y que los responsables sean sancionados.

De igual manera, diferentes organismos internacionales han elaborado recomendaciones puntualizando los derechos de las mujeres indígenas como a la no discriminación por sexo o pertenencia étnica, al acceso a la educación inter-cultural y bilingüe, a contar con intérpretes culturales en los servicios de salud; a beneficiarse de la coordinación del sistema nacional de salud, a ejercer y desarrollar sus prácticas medicinales y de partería, a acceder a la justicia tanto en el sistema jurídico indígena como el nacional; a participar en las políticas públicas que les afecten, a acceder al derecho a la tierra, entre otros48.

Es ineluctable reconocer que la migración interna a la que cotidianamente se enfrentan miles de mujeres indígenas jornalera, tiene que ser una prioridad en la agenda pública de nuestro país, en donde el Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos por lo que es necesario que se retome en la agenda política la situación

47 Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 9 de junio del 2006 E/C.12/MEX/CO/4. párr. 13-14.48 Ibíd. Pág. 25.Sus derechos han sido contemplados en puntualizaciones realizadas por el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y

Tribales en Países Independientes, la Declaración de las Naciones sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer (Comité CEDAW), el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración y Programa de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, la Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo de El Cairo, la Relatoría sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, la Relatoría sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, la Relatoría sobre el derecho a la alimentación, y la Relatoría sobre el derecho a la educación, entre otros.

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127vulnerable de una población que inhumanamente ha sido invisibilizada.

Los empresarios agrícolas están obligados a garan-tizar condiciones dignas de trabajo y de vida para las trabajadoras jornaleras y sus familias, que cul-minen de una vez por todas con tratos crueles y lacerantes que denigran su condición de mujeres migrantes e indígenas.

Los derechos humanos de las mujeres indígenas jornaleras, son indivisibles e integrales, y en la me-dida en que les sean reconocidos en la legislación, y se observen en las instituciones prácticas y meca-nismos al respecto, se avanzará en su ejercicio. Es una obligación del Estado garantizarlos y disponer de medios para el diseño de un presupuesto den-tro de los programas que operan las instancias de gobierno, que contribuyan realmente al ejercicio y disfrute de los mismos, especialmente, en el ejer-cicio de los derechos de las mujeres indígenas no sólo en los espacios comunitarios, sino en los co-tidianos vinculados con el entorno laboral en los campos agrícolas.

Hoy, los programas sociales diseñados para la aten-ción de la población jornalera están hechos para

reproducir el esquema de explotación laboral, que afecta especialmen-te a las mujeres indígenas. No podemos ser ingenuamente optimistas: el tránsito hacia el pleno respeto de los derechos de las y los jornaleros exige cambios profundos en el modelo económico instalado en México desde hace más de veinte años y modificaciones sustantivas en la política social.

Sin embargo, reconocer las dimensiones del problema no implica re-nunciar a señalar con precisión aquellos aspectos de las políticas públi-cas que con urgencia deben ser corregidas en el corto plazo. Desde el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan identifica-mos los siguientes:

mujer originaria de tlapa, Guerrero, cuidando a su hijo en un campo agrícola de teacapan, Escuinapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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128 • Incorporar la perspectiva de género y etnici-dad en el PAJA y los diversos instrumentos y actividades que de este surgen: Las Reglas de Operación del Programa deben revisarse para garantizar su adecuación respecto de la situación específica de las mujeres indígenas. Instrumen-tos como los Cuestionarios Únicos que aplica la SEDESOL deben ajustarse, así como, los apoyos en materia de salud incorporar las distintas va-riables relacionadas con la salud materna.

• Revisar el esquema de guarderías y estancias infantiles: La erradicación del trabajo infantil está directamente relacionada con el pago de salarios justos y por la construcción de espacios donde las niñas y los niños jornaleros puedan pasar la jornada. Hemos constatado que no se construyen nuevas guarderías y que en las exis-tentes no se brindan los servicios de manera gra-tuita; por otro lado, en muchas ocasiones las fa-milias jornaleras desconocen que estos servicios existen. Adicionalmente, hoy en día, el Gobierno Federal entrega apoyos a los productores para la construcción de guarderías y estancias, sin des-pués cerciorarse que éstas funcionen y cumplan estándares mínimos de dignidad. Es necesario modificar este esquema.

• Fortalecer el componente de acompañamientos y promoción social en los programas de atención a la población jornalera: Dada la vul-nerabilidad de la población jornalera, la política social no puede limi-tarse a la transferencia de recursos. Es necesario que en las entidades donde se concentra la migración más numerosa, se incorporen traba-jadores y trabajadoras sociales con capacidades para hacer gestiones y asesorar en derechos laborales a la población jornalera.

• Desarrollar y mejorar el marco normativo que fije los estándares mínimos que deben cumplir los albergues para jornaleros y jorna-leras: El marco legal aplicable a los albergues es limitado y la super-visión de las autoridades en este rubro, prácticamente inexistente. Los

albergue Comunitario de sEDEsoL en isla del Bosque, Escuniapa, sinaloa. abril 29, 2013.

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129inspectores federales del trabajo no se asumen competentes para verificar las condiciones de las viviendas en los campos, pese a las recientes reformas. Es indispensable diseñar un marco ju-rídico claro sobre los mínimos que deben cubrir los albergues y demás espacios de habitación en los campos, no sólo para garantizar condiciones dignas a las y los jornaleros sino también para evitar siniestros y enfermedades.

• Diseñar y establecer cláusulas de respeto a los derechos laborales en los subsidios y apoyos que se entregan a los campos: Las empresas dueñas de los campos agrícolas, reciben apoyos y subsidios, directos o indirectos de varias secre-tarías y dependencias. No obstante, no existen mecanismos eficientes para asegurar que estos apoyos se restrinjan o no se entreguen cuando se documente que la empresa en cuestión incum-ple estándares mínimos de respeto a los dere-chos laborales. En ese sentido, debe garantizarse que el Estado mexicano no financie a violadores de derechos laborales, como hoy ocurre.

• Diseñar programas de vigilancia para los tras-lados: Hoy en día, el Estado mexicano apoya la movilidad laboral de las y los jornaleros pero

desatiende con negligencia la seguridad de los traslados. Debe priori-zarse la creación de programas que permitan una vigilancia más estre-cha en este rubro.

• Incrementar las inspecciones laborales en los campos agrícolas: Las autoridades federales y estatales de trabajo deben ejercer con seriedad sus facultades para asegurarse de que la certeza y el monto de las san-ciones por violar los derechos laborales de las y los jornaleros disuada a los dueños de los campos de hacerlo y modificar las restricciones para que éstas sólo se realicen previa notificación.

Como puede verse, existen numerosos aspectos concretos y puntuales que, bajo un enfoque integral de la política laboral y social podrían em-pezar a atenderse de manera casi inmediata. No es falta de propuestas ni de iniciativas lo que agrava la situación de la población jornalera.

Al margen de lo anterior, la sabiduría ancestral de los pueblos de la Mon-taña y el aprendizaje respecto de la indiferencia gubernamental, obligan a las y los jornaleros a tomar en sus manos la defensa de sus derechos. Y en esa senda se avanza incesantemente, pese a toda la adversidad. Ahí están los testimonios recopilados en este texto que muestran contundente que la toma de conciencia de las jornaleras es tan real como su anhelo de una vida mejor. Desde Tlachinollan, en ello ciframos nuestra esperanza, en medio de la abrumadora desazón que genera la situación de las y los jornaleros en el presente.

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Ejido nuevo Lindero, Guanajuato. Junio 09, 2013.

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CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA

TLACHINOLLAN A.C.

NOVIEMBRE • 2013TLAPA, GUERRERO. MÉXICO

Impreso en Puebla 1,000 ejemplares

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA

TLACHINOLLAN A.C.

NOVIEMBRE • 2013TLAPA, GUERRERO. MÉXICO

Impreso en Puebla 1,000 ejemplares

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