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GRUPO C1

TEMA 2

LAS DISPOSICIONES Y LOS ACTOS

ADMINISTRATIVOS: DISPOSICIONES

ADMINITRATIVAS. REQUISITOS DE LOS

ACTOS ADMINISTRATIVOS. NULIDAD Y

ANULABILIDAD.

AO 2015

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Las disposiciones y los actos administrativos: Disposiciones administrativas. Requisitos de los actos administrativos.Nulidad y anulabilidad. 1/29/

NDICE:

I. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. ................................................................................ 2

I.1. Concepto. ...................................................................................................................... 2I.2. Tipos. ............................................................................................................................. 2

I.3. Procedimiento para la elaboracin de las disposiciones administrativas de carcter

general. ...................................................................................................................................... 3

I.4. rganos competentes para dictar las disposiciones administrativas de carcter

general. ...................................................................................................................................... 6

I.5. Publicidad y entrada en vigor de las disposiciones administrativas de carcter

general. ...................................................................................................................................... 7

I.6. Jerarqua y lmites. Inderogabilidad singular. ................................................................ 7

II. ACTO ADMINISTRATIVO. ..................................................................................................... 8

II.1. Concepto de acto administrativo. .................................................................................. 8

II.2. Clasificacin de los actos administrativos. .................................................................... 8

II.3. Elementos del acto administrativo. Sujeto. Contenido. Causa y fin. Forma. .............. 11

II.4. Motivacin de los actos administrativos. ..................................................................... 12

II.5. La comunicacin de los actos administrativos. ........................................................... 13

II.6. Eficacia del acto administrativo. Eficacia demorada, eficacia retroactiva. Cesacin de

la eficacia. ................................................................................................................................ 17

II.7. La efectividad de los actos administrativos. La ejecutividad ....................................... 19II.8. Trminos y plazos del acto administrativo. ................................................................. 21

III. NULIDAD Y ANULABILIDAD. ......................................................................................... 23

III.1. La nulidad de pleno derecho. ...................................................................................... 23

1. La anulabilidad de los actos administrativos. .............................................................. 25

III.2. Diferencias entre nulidad de pleno derecho y anulabilidad. ....................................... 26

III.3. Los lmites de la invalidez: la convalidacin, la conservacin y la conversin. .......... 27

IV. ABREVIATURAS Y LEGISLACIN. ............................................................................... 28

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I. DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.

I.1. CONCEPTO.

Las disposiciones administrativas de carcter general son el conjunto de

normas escritas dictadas por la Administracin con rango inferior a la ley. De forma

habitual las denominamos reglamentos, aunque algunas de ellas si tienen tal

denominacin como los reglamentos ejecutivos de las leyes o los reglamentos

municipales, pero esto no quiere decir que slo estas disposiciones sean reglamentos,

las rdenes, las resoluciones o las ordenanzas municipales tambin son reglamentos

en sentido amplio y por tanto disposiciones administrativas de carcter general.

I.2. TIPOS.

La clasificacin de las disposiciones administrativas de carcter general

depender del criterio en el que nos fijemos. A continuacin se determinan tres de las

clasificaciones ms empleadas y notorias.

Una clasificacin interesante, es la que clasifica las disposiciones

administrativas de carcter general dependiendo de la Administracin Pblica que los

dicte, as habr estatales, autonmicos, locales y de otros rganos a los que la CE o

una norma les atribuye potestad reglamentaria. Lo ms importante de esta

clasificacin es constatar la falta de jerarqua entre ellos, ya que sus relaciones siguen

un criterio competencial, es decir, las disposiciones estatales no son superiores, de

forma general, jerrquicamente a las de las CCAA, sino que unas y otras actan en

mbitos competenciales distintos.

Siguiendo la clasificacin anterior, en la AGE dependiendo de la autoridad quelos dicta (art. 25 LG) podrn ser, Real Decreto del Presidente del Gobierno, Real

Decreto del Consejo de Ministros, Acuerdos del Consejo de Ministros, Acuerdos

adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, la forma ser la de orden del

Ministro competente en la materia u orden del Ministro de la Presidencia, si afecta a

varios departamentos, rdenes Ministeriales, las disposiciones administrativas de

carcter general de los rganos inferiores a Ministro revisten distintas denominaciones,

las cuales no se recogen en la LG, como resoluciones, circulares o instrucciones.

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En las CCAA, se han adoptado denominaciones parecidas. En la CARM

dependiendo de la autoridad que los dicta (art. 25 Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de

Organizacin y Rgimen Jurdico de la Administracin Pblica de la CARM) lasdisposiciones administrativas de carcter general se denominaran, Decreto del

Presidente, Decreto del Consejo de Gobierno, Orden de la Comisin Delegada del

Consejo de Gobierno, Orden del Consejero y Resolucin de los rganos inferiores.

Por ltimo vamos a citar la clasificacin de las disposiciones administrativas de

carcter general en su relacin con la Ley, siguiendo esta clasificacin nos

encontramos con los reglamentos ejecutivos o secundum legem, sern aquellos que

de forma directa desarrollen los preceptos de una ley ya sea total o parcialmente; los

reglamentos independientes o extra legem, a diferencia de lo que ocurre en otros

pases de nuestro entorno, Francia, en nuestro ordenamiento constitucional no existe

reserva reglamentaria, esto es , materias que se encuentran reservadas al reglamento,

las cuales no podrn ser reguladas por la ley, aunque no existe esta reserva

reglamentaria, no podemos olvidar la existencia de reglamentos que no encuentran un

encaje en ninguna ley, sobre todo en el mbito organizativo; por ltimo encontramos

los reglamentos de necesidad o contra legem, sern reglamentos que se puedan dictar

al amparo de situaciones excepcionales y con una vigencia limitada en el tiempo,

sern los que se recogen al declararse los estados de alarma, sitio o excepcin.

I.3. PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS

DE CARCTER GENERAL.

El procedimiento de elaboracin de las disposiciones de carcter general se

recoge en el artculo 24 LG, siendo absolutamente obligatorio para la AGE.

En la CARM, en la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente

y del Consejo de Gobierno de la Regin de Murcia, se ha regulado de forma paralela a

la AGE el procedimiento de elaboracin de los reglamentos en su art. 53. Aunque el

procedimiento recogido en el art. 53 de la citada Ley se refiere a las disposiciones de

carcter general emanadas del Consejo de Gobierno, con carcter general este

procedimiento se aplicar modulndolo para la elaboracin de cualquier disposicin de

carcter general de la CARM:

1 El rgano directivo (generalmente ser una Direccin General) competenteen la materia elaborar un anteproyecto, al que se acompaar la exposicin de

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motivos y una memoria de anlisis de impacto normativo, de acuerdo con el artculo

46.3 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre.

Siempre se deber precisar en el texto una disposicin derogatoria en la que

de forma expresa se haga constar los preceptos reglamentarios derogados o

modificados por la publicacin del nuevo texto.

El contenido de esta memoria de anlisis de impacto normativo ser:

Una justificacin de su oportunidad que incluya la motivacin tcnica y jurdica

de la norma a aprobar, en especial de las novedades que se introducirn en el

ordenamiento, con el grado de detalle suficiente que requiera el caso, as como los

estudios o informes que se estimen precisos para justificar su necesidad. La

adecuacin de la norma a los principios de proporcionalidad, seguridad jurdica,

transparencia, accesibilidad, simplicidad y eficacia, as como la justificacin de la

competencia de la Comunidad Autnoma para su aprobacin.

Un estudio que valore el impacto de la nueva regulacin en las cargas

administrativas que soportan ciudadanos y empresas.

Una relacin de las disposiciones cuya vigencia resulte afectada por la normaproyectada.

Un informe de impacto presupuestario que evale la repercusin de la futura

disposicin en los recursos personales y materiales y en los presupuestos de la

Administracin.

Un informe de impacto econmico que evale los costes y los beneficios que la

aprobacin de la futura disposicin implicar para sus destinatarios y para la realidad

social y econmica.

Un informe sobre el impacto por razn de gnero de las medidas que se

establecen en el mismo.

Cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del rgano

proponente, prestando especial atencin a los impactos de carcter social y

medioambiental y al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no

discriminacin y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

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2 A lo largo del proceso de elaboracin del proyecto debern recabarse el

informe jurdico de la Vicesecretara de la Consejera proponente y los informes,

consultas y aprobaciones previas que tengan carcter preceptivo.

3 Elaborado el texto del proyecto este se someter al trmite de audiencia,

cuando afecte a los derechos e intereses legtimos de los ciudadanos, directamente o

a travs de las organizaciones o asociaciones reconocidas por la ley que los agrupen

o los representen y cuyos fines guarden relacin directa con el objeto de la

disposicin.

El trmite de audiencia se efectuar en los siguientes trminos:

El plazo no ser inferior a 15 das, salvo que por razones de urgencia,

debidamente acreditadas en el expediente se pueda reducir a 7 das.

El procedimiento elegido para dar audiencia a los ciudadanos deber quedar

motivado por el rgano que acuerde la apertura de dicho trmite.

Podr prescindirse del trmite de audiencia:

Si las organizaciones o asociaciones que agrupen o representen a los

ciudadanos hubieran participado por medio de informes o consultas en el proceso de

elaboracin de la disposicin de carcter general.

No se aplicar el trmite de audiencia:

A las disposiciones que regulen los rganos, cargos y autoridades de la

Administracin Regional o de los organismos pblicos dependientes o adscritos a ella.

Cuando la materia lo requiera, por graves razones de inters pblico,

acreditadas expresamente en el expediente.

Cuando as lo exija la naturaleza de la disposicin, o por decisin expresa del

Consejo de Gobierno, o del Consejero competente por razn de la materia, el proyecto

ser sometido a informacin pblica durante un plazo no inferior a 15 das.

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I.4. RGANOS COMPETENTES PARA DICTAR LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE

CARCTER GENERAL.

Las disposiciones administrativas de carcter general se ordenan

jerrquicamente entre ellas dentro de cada Administracin Pblica con capacidad

reglamentaria. Por lo que, y aunque la Constitucin Espaola atribuye en su artculo

97 la potestad reglamentaria al Gobierno con carcter general, debemos afirmar que

en la prctica son muchos ms los rganos con potestad reglamentaria.

En la AGE, es la LG y la LOFAGE, las que atribuyen esta potestad

reglamentaria al Consejo de Ministros y a los Ministros, mediante las rdenes

ministeriales.

Las CCAA de forma similar a la AGE atribuyen la potestad reglamentaria a los

respectivos Consejos de Gobierno, es decir, a los rganos que desarrollan el poder

ejecutivo.

En la CARM, el artculo 52 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, atribuye la

potestad reglamentaria al Consejo de Gobierno, en aquellas materias no reservadas

por el Estatuto de Autonoma a ley, es decir, aquellas que necesariamente deban ser

reguladas por Ley. Tambin se atribuye la potestad reglamentaria a los consejeros

cuando les est especficamente atribuida por una disposicin de rango legal, es decir,

por una norma con rango de Ley, o cuando se trate de materias de carcter

organizativo interno de su departamento o consejera.

En el mbito local, la LBRL atribuye potestad reglamentaria al Pleno de los

Ayuntamientos y a los Alcaldes.

Existen otros rganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial,

el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Jurdico, que tienen

atribuida una potestad reglamentaria en materia organizatoria. De forma paralela, los

rganos homlogos a los anteriores en aquellas CCAA en las que existen, tambin

tienen reconocida en las respectivas normas esta potestad reglamentaria

organizatoria.

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I.5. PUBLICIDAD Y ENTRADA EN VIGOR DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE

CARCTER GENERAL.

Los reglamentos, disposiciones administrativas de carcter general debern ser

objeto de publicacin en el Diario Oficial que corresponda, necesitando que se

determine en las mismas el momento de entrada en vigor, ya que si nada se recoge

estarn sometidos a la vacatio legis general de 20 das desde el siguiente a su

publicacin para la entrada en vigor, si en ellos no se establece una previsin distinta

I.6. JERARQUA Y LMITES.INDEROGABILIDAD SINGULAR.

La jerarqua de las disposiciones administrativas de carcter general se debe

analizar desde una doble perspectiva, como es obvio los reglamentos estn

subordinados a la CE, a las leyes y a las dems normas con fuerza de Ley, pero

adems de esta subordinacin, entre ellos mismos tambin existe una jerarqua

normativa de acuerdo con el rango de la autoridad que los dicta.

En la AGE, es el artculo 23.3 LG el que determina que en cuanto a

competencia y jerarqua en primer lugar se encontrarn las disposiciones aprobadas

por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, y en

segundo lugar las disposiciones aprobadas por orden ministerial.

En las CCAA, esta jerarqua se ha mantenido de forma paralela. En la CARM

se recoge en el artculo 52.3 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, Los reglamentos

regionales se ordenarn jerrquicamente segn el respectivo orden de los rganos de

que emanen. Ningn reglamento podr vulnerar los preceptos de otro de jerarqua

superior.

Los lmites de la potestad reglamentaria sern:

La competencia Slo podrn dictar reglamentos, aquellos rganos que

tengan atribuida la potestad reglamentaria.

El procedimiento Para la elaboracin de los reglamentos ser necesario

seguir el procedimiento legalmente establecido para ello.

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La irretroactividad Los reglamentos no podrn recoger normas que afecten a

los interesados de forma retroactiva, es decir, hacia el pasado.

La materia El contenido de los reglamentos no puede versar sobre aquellas

materias reservadas a Ley.

El principio de inderogabilidad singular de los reglamentos se recoge en las

distintas AAPP, en la CARM encontramos esta norma en el artculo 52.4 de la Ley

6/2004, de 28 de diciembre, Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren

lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por rganos de igual o

superior jerarqua que el que lo haya aprobado.

II. ACTO ADMINISTRATIVO.

II.1. CONCEPTO DE ACTO ADMINISTRATIVO.

Existen numerosas definiciones del concepto de acto administrativo elaboradas

por diferentes autores, aunque sin entrar en discusiones doctrinales, podemos afirmar

que acto administrativo ser cualquier acto jurdico (tienen efectos frente a terceros ofrente a la propia Administracin Pblica que lo dicta) realizada por un sujeto de la

Administracin Pblica (rgano), con arreglo al derecho administrativo (debe respetar

las normas generales del derecho administrativo, as como las leyes y los

reglamentos).

II.2. CLASIFICACIN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

En cuanto a la clasificacin de los actos, podemos afirmar que existen

numerosas clasificaciones, aunque vamos a efectuar la clasificacin atendiendo a los

siguientes criterios:

1. Por la extensin de sus efectos jurdicos, los actos administrativos podrn ser,

generales, cuando se dirigen a una pluralidad abstracta de personas, o

concretos, cuando se dirige a una o varias personas determinadas o

determinables.

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2. Por la posibilidad de su fiscalizacin por la jurisdiccin contencioso-administrativa,

los actos administrativos podrn ser, impugnableso inimpugnables . El artculo 3

de la LJC-A seala aquellas cuestiones cuyo conocimiento no corresponde alorden contencioso-administrativo, las cuales sern aquellas cuyo conocimiento se

atribuya a cualquier otro orden, civil, penal o social, aunque est relacionada con

la actividad de la Administracin Pblica, tampoco corresponder al orden

contencioso-administrativo el conocimiento del recurso contencioso-disciplinario

militar, ni los conflictos de jurisdiccin entre los juzgados y tribunales y la

Administracin Pblica y los conflictos de atribuciones entre rganos de una

misma Administracin. Con carcter general debemos sealar que los actos

administrativos son impugnables primero en va administrativa y posteriormenteen va judicial, ante el orden contencioso-administrativo. Cuando el acto

administrativo ya no es susceptible de recurso ser firme, la adquisicin de

firmeza se produce porque ya se han utilizado todas las vas de impugnacin

posibles o porque se han dejado transcurrir los plazos correspondientes para

interponer los recursos.

3. Por la razn de las facultades utilizadas para dictarlos, los actos administrativos

podrn ser, discrecionales, cuando la actuacin de la Administracin no est

expresamente determinada y por tanto la misma cuenta con libertad para actuar o

reglados, cuando las disposiciones normativas establecen de forma perfecta y

total la actuacin de la Administracin Pblica, la cual no podr separarse de tales

normas. Debemos sealar que la discrecionalidad con que puede contar la

Administracin ser ms o menos amplia, pero siempre existen unos elementos

reglados que pueden analizarse y someterse a fiscalizacin.

4. Por el rgano que lo dicta, el acto administrativo podr ser simple cuando

interviene un nico rgano administrativo; o complejo , ser aquel que se produce

por la intervencin de dos o ms rganos administrativos. Hay actos que se

excluyen del concepto de acto complejo, los actos de los rganos colegiados, ya

que aunque los rganos colegiados estn compuestos por una pluralidad de

sujetos la voluntad del rgano es nica por tanto se considerarn actos

administrativos simples. Los actos que integren un expediente administrativo que

constituya un procedimiento administrativo supondrn una serie de declaracionesadministrativas que preparen la decisin final en este caso los actos

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administrativos no deben ser considerados complejos ya que el nico acto

administrativo existente es la decisin final. Tampoco se considerar acto

administrativo complejo, aquellos sujetos a aprobacin posterior por otro rganoadministrativo en este caso el acto administrativo ser el primero no la aprobacin

posterior.

5. Los actos administrativos podrn ser unilaterales o plurilaterales. Sern actos

administrativos unilaterales los imputables a una nica persona pblica mientras

que los plurilaterales sern aquellos que creen normas que rigen las relaciones

mutuas entre las distintas administraciones pblicas.

6. El acto administrativo podr ser expreso, tcito o presunto. El acto expresoes

aquel en el que existe una clara e inequvoca exteriorizacin de la declaracin de

la voluntad de la Administracin Pblica. El acto tcitoes aquel en el que falta

esta manifestacin pero que ante la conducta administrativa se presume

racionalmente la existencia de una voluntad que produce efectos jurdicos. En el

acto presunto no existe ni una manifestacin concreta administrativa ni una

conducta a la que se pueda atribuir un determinado valor o sentido, por lo que el

significado de esta ausencia lo fija de forma expresa el ordenamiento jurdico, son

los supuestos de silencio administrativo positivo o negativo a los que se refiere el

artculo 42 LRJPAC.

7. Los actos administrativos tambin podrn ser resolutorios o de trmite. En

cuanto a los actos administrativos resolutoriossern aquellos que constituyen la

resolucin final del procedimiento administrativo, ser el acto que decide sobre el

fondo del asunto, son los enumerados en el artculo 89 LRJPAC. Los actos de

trmite son aquellos actos que permanecen en la esfera interna de la

administracin y que son los preparatorios del acto resolutorio o definitivo del

procedimiento, sern los dictmenes, consultas o las distintas propuestas que

puedan aparecer en el procedimiento. La diferencia fundamental entre ambos es

que contra los actos resolutorios, pongan o no fin a la va administrativa cabe

recurso en va administrativa. Los actos resolutorios que ponen fin a la va

administrativa se encuentran enumerados en el artculo 109 LRJPAC, la letra c)

de este artculo es concretada en cada Administracin Pblica, en la AGE en la

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Disposicin Adicional 15 de la LOFAGE, en la CARM el art. 28 de la Ley 7/2004,

de 28 de diciembre.

8. Por ltimo citaremos unos actos denominados actos de trmite cualificadosque

se encuentran recogidos en el artculo 107 LRJPAC, sern aquellos actos de

trmite, es decir no resolutorios, pero que pueden ser impugnados en va

administrativa o contenciosa; estos actos de trmite cualificados sern los que

decidan directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, aquellos que

determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o los que produzcan

indefensin o perjuicio irreparable a los derechos o intereses legtimos.

II.3. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. SUJETO. CONTENIDO. CAUSA Y FIN.

FORMA.

El acto administrativo debe ser atribuido a un sujeto de la Administracin

Pblica. A estos efectos debemos entender por Administracin Pblica segn el art.

1.2 LJC-A, la AGE, las administraciones de las CCAA, las entidades que integran la

administracin local y las entidades de derecho pblico dependientes o vinculadas al

Estado, las CCAA o las entidades locales.

Es el art. 53 de la LRJPAC el que establece el contenido del acto

administrativo. Se exige como requisito de este contenido que sea posible lo que

supone que todo acto de contenido imposible es nulo de pleno derecho y debe ser

lcito es decir ajustado a lo dispuesto en el ordenamiento jurdico.

El contenido del acto administrativo se establece en 4 especificaciones el

contenido esencialsin el cual el acto no tiene existencia, por ejemplo en una licencia

para edificar deber contener la declaracin facultando a realizar la obra si no existe

esta declaracin no puede decirse que se haya otorgado la licencia; el contenido

natural que necesariamente forma parte del acto administrativo y sirve para

individualizarlo respecto de los dems; el contenido implcito que debe referirse a

aquellas clusulas no expresas pero que deben ser entendidas incluidas en el acto

porque se incluyen en todos los de la misma especie; y el contenido eventual o

accidental sern todas aquellas clusulas que el rgano administrativo puede

introducir en el acto dirigidas a modificar, generalmente restringiendo sus efectos o el

contenido esencial del acto. Estas clusulas sern las distintas condiciones, los

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trminos y los modos que se puedan establecer. La condicin ser la posibilidad de

establecer un hecho futuro incierto del cual se har depender la eficacia del acto

administrativo, el trmino indica el da desde el cual debe tener eficacia del acto odesde el cual la eficacia del acto administrativo debe cesar y el modo ser una carga

impuesta a la persona favor de la cual se dicta el acto administrativo por ejemplo si se

concede una licencia de construccin con la adicin de que adems debe construirse

un aparcamiento subterrneo

La causadel acto administrativo constituye el por qu del acto, la razn que

justifica que el acto administrativo se haya dictado. La causa ltima de todo acto

administrativo es perseguir el inters pblico. Si la causa es la respuesta a la pregunta

por qu, el fin del acto administrativo ser la respuesta a la pregunta para qu, as el

acto administrativo siempre se dirige a una finalidad objetivamente determinada, el

inters pblico o el inters del servicio pblico.

La desviacin de poder se define en el art. 70.2 LJC-A, supone un vicio legal

que consiste en el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los

fijados en el ordenamiento jurdico, es decir, el acto administrativo se separa de su

elemento teleolgico, aunque debemos aclarar que para incurrir en desviacin de

poder tan slo se requiere que el acto se aparte de la finalidad establecida por el

ordenamiento jurdico, aunque la finalidad a la que sirva sea otra finalidad pblica.

Segn el art. 63 LRJPAC, son anulables los actos de la Administracin que incurran en

desviacin de poder.

II.4. MOTIVACIN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

De forma general, la motivacin de los actos administrativos supone hacer

pblico mediante una declaracin formal los motivos de hecho y de derecho en funcin

de los cuales se ha determinado el contenido de los actos.

En el acto administrativo los motivos estn siempre y necesariamente

incorporados a la causa, es decir, a la contestacin a por qu se ha dictado el acto con

ese contenido.

El art. 54 LRJPAC seala que con carcter general que los actos

administrativos tendrn una motivacin facultativa, es decir, la Administracin podr

elegir si hace pblico est declaracin formal sobre los motivos de hecho y de

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derecho. En el art. 54 se recogen los actos que necesariamente deben ser motivados,

esta motivacin supondr como mnimo una sucinta referencia a los hechos y a los

fundamentos de derecho y sern:

Los actos que limiten los derechos subjetivos o intereses legtimos.

Los que resuelvan procedimientos de revisin de oficio de disposiciones o

actos administrativos, recursos administrativos, reclamaciones previas a la va judicial

y procedimientos de arbitraje.

Los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del

dictamen de rganos consultivos.

Los acuerdos de suspensin de actos cualquiera que sea el motivo de esta as

como la adopcin de medidas provisionales previstas en los art. 72 y 136 LRJPAC.

Los acuerdos de aplicacin de la tramitacin de urgencia o de ampliacin de

plazos.

Los que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales as como los que

deban serlo en virtud de disposicin legal o reglamentaria expresa.

La motivacin de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos o de

concurrencia competitiva se realizar de conformidad con lo que dispongan las normas

que regulen sus convocatorias debiendo en todo caso quedar acreditados en el

procedimiento los fundamentos de la resolucin que se adopte.

II.5. LA COMUNICACIN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.

La comunicacin es el medio de llevar a conocimiento de los ciudadanos elcontenido de los actos administrativos. Existen dos formas de comunicar los actos

administrativos mediante la notificacin y la publicacin.

La notificacin se utiliza cuando el acto se dirige a una persona o a un

conjunto determinado de personas; la publicacinse utiliza cuando el acto tenga por

destinatario a una pluralidad indeterminada de personas y en los supuestos

legalmente establecidos.

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La notificacin de los actos administrativos se recoge en los art. 58 y 59

LRJPAC.

Los actos que se deben notificar se determinan en el art. 58 1 LRJPAC, sern

las resoluciones y los actos administrativos que afecten a los derechos e intereses de

los interesados.

El plazo para realizar la notificacin se establece en el art. 58.2 LRJPAC, ser

un plazo de 10 das a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. Estos 10 das

sern das hbiles segn seala la normativa general de los plazos administrativos.

La notificacin tendr como contenido el texto ntegro de la resolucin con

indicacin de si es o no definitivo en la va administrativa y los recursos que procedan

sealando el rgano al que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos,

aunque los interesados podrn ejercitar cualquier otro recurso que estimen

procedente.

Las notificaciones sern vlidas y producirn los efectos correspondientes

siempre y cuando contengan el texto ntegro de la resolucin o acto administrativo

aunque se omita alguno de los dems requisitos previstos, surtir efecto a partir de la

fecha en que el interesado realice alguna actuacin que supongan el conocimiento del

contenido y alcance de la resolucin o acto objeto de la notificacin o bien interponga

cualquier recurso que sea procedente.

A los solos efectos de entender cumplida la obligacin de notificar dentro del

plazo mximo de duracin de los procedimientos ser suficiente que la notificacin

contenga el texto ntegro de la resolucin as como el intento de notificacin

debidamente acreditado

La prctica de la notificacin se recoge en el art. 59 LRJPAC y hace referencia

a la forma y el lugar donde se debe efectuar la notificacin.

La forma de notificacin, ser por cualquier medio que permita tener constancia

de la recepcin de la misma por el interesado o su representante, as como la fecha, la

identidad y el contenido del acto notificado. La acreditacin de la notificacin realizada

se incorporar al expediente administrativo.

El lugar de la notificacin depender del tipo de procedimiento que se trate.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificacin se realizar

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en el lugar que el interesado haya sealado en la solicitud y si no fuera posible en

cualquier lugar adecuado a tal fin y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el

apartado 1 del artculo 59 relativo a la forma y medio de notificacin.

Existe unas disposiciones especficas para cuando la notificacin se realice en

el domicilio del interesado; si el interesado no se encontrar presente en el momento

en el que se entrega la notificacin podr hacerse cargo de la misma cualquier

persona que se encuentre en el domicilio y deje constancia de su identidad, si nadie

pudiera hacerse cargo de la notificacin se har constar esta circunstancia en el

expediente junto con el da y la hora en la que se intent la notificacin, el intento de

notificacin se repetir una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres das

siguientes, la jurisprudencia ha entendido que esta expresin de una hora distinta es

aquella en la que hayan pasado por lo menos 60 minutos desde la hora indicada en el

primer intento de notificacin.

La notificacin podr ser rechazada por el interesado o su representante, si

esto ocurriera tal circunstancia se har constar en el expediente especificando las

circunstancias del intento de notificacin. En el supuesto de rechazo de la notificacin

se tendr por efectuado el trmite continundose con el procedimiento.

La notificacin podr ser sustituida por la publicacin del acto o resolucin en

varios supuestos:

Cuando los interesados del procedimiento sean desconocidos.

Cuando no se tenga constancia del lugar de la notificacin.

Cuando se haya intentado la notificacin y sta no se haya podido practicar.

En estos tres supuestos se proceder a publicar el acto o resolucin de que setrate en el Boletn Oficial del Estado, de forma previa y facultativamente las AAPP

podrn publicar un anuncio en el Boletn Oficial de la Comunidad Autnoma o de la

provincia as como en el tabln de edictos del Ayuntamiento del ltimo domicilio

conocido del interesado o del Consulado o seccin Consular de la Embajada

correspondiente tambin en los tablones electrnicos de los ayuntamientos previstos

en el artculo 12 de la Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrnico de los

ciudadanos a los servicios pblicos.

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Las AAPP podrn establecer otras formas de notificacin complementarias a

travs de otros medios de difusin aunque siempre debern cumplir con la obligacin

de publicar el correspondiente anuncio en el Boletn Oficial del Estado.

La LRJPAC recoge algunos supuestos en los que la publicacin sustituir a la

notificacin surtiendo los mismos efectos. Estos supuestos sern:

Cuando el acto tenga por destinatario una pluralidad indeterminada de persona

Cuando la administracin estime que la notificacin efectuada a un nico

interesado es insuficiente para garantizar la notificacin a todos ellos siendo en este

ltimo caso adicional la notificacin efectuada.

Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de

concurrencia competitiva de cualquier tipo en este caso la convocatoria del

procedimiento deber indicar el tabln de anuncios o los medios de comunicacin

donde se efectuarn las sucesivas publicaciones careciendo de validez las que se

lleven a cabo en lugares distintos.

La Ley 11/2007 de 22 de junio de acceso electrnico de los ciudadanos a los

servicios pblicos ha establecido tambin la posibilidad de efectuar la notificacinelectrnica, art. 28. Se establece como requisito general que el interesado lo haya

sealado de forma expresa, o haya consentido a tal medio de notificacin, la

Administracin Pblica podr obligar a la comunicacin electrnica, entre ella y los

interesados establecindolo reglamentariamente, cuando los interesados sean

personas jurdicas o colectivos de personas fsicas que por razn de su capacidad

econmica o tcnica, dedicacin profesional u otros motivos acreditados tengan

garantizados el acceso y disponibilidad de los medios tecnolgicos precisos.

La notificacin electrnica, se deber realizar a travs de un sistema que

permita acreditar la fecha y la hora en la que se produzca la puesta a disposicin del

interesado del acto objeto de la notificacin, as como la de acceso a su contenido por

este. Cuando exista este acceso al contenido se entender practicada la notificacin

surtiendo todos los efectos legales. Cuando exista constancia de la puesta a

disposicin y hayan transcurrido 10 das naturales sin que se produzca el acceso se

entender rechazada la notificacin, salvo que de oficio o a instancia del destinatario

se compruebe la imposibilidad tcnica o material del acceso.

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En administracin electrnica se recoge otra formula de notificacin en el art.

28.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, la notificacin por comparecencia, que

supondr el acceso electrnico por los interesados al contenido de las actuacionesadministrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dicho acceso.

Esta normativa bsica ha sido desarrollada en la CARM en los arts. 60 a 68 del

Decreto 302/2011, de 25 de noviembre, de Rgimen Jurdico de la Gestin Electrnica

de la Administracin Pblica de la CARM.

Los actos administrativos tambin podrn ser dados a conocer mediante la

publicacinen el Boletn Oficial del Estado. La publicacin se producir cuando as lo

establezca la norma reguladora de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razonesde inters pblico apreciadas por el rgano competente. La publicacin deber

contener los mismos elementos citados, aunque en los supuestos de publicacin de

actos que contengan elementos comunes podrn publicarse de forma conjunta los

aspectos coincidentes especificando s solamente los aspectos individuales de cada

acto.

El art. 61 LRJPAC recoge un supuesto especfico, aquel en el que la

notificacin efectuada por medio de anuncios suponga la lesin de derechos o

intereses legtimos, en ese caso se podr limitar la publicacin a una somera

indicacin del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrn comparecer

en el plazo que se establezca para tener conocimiento del contenido ntegro del acto

correspondiente.

II.6. EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO. EFICACIA DEMORADA, EFICACIA

RETROACTIVA.CESACIN DE LA EFICACIA.

El art. 57 LRJPAC resuelve el problema de cual es el momento en el que son

eficaces los actos administrativos.

La regla general sobre la eficacia del acto administrativo se determina en el art.

57.1 LRJPAC, los actos de las Administraciones Pblicas sujetos al derecho

administrativo se presumir vlidos y producirn efectos desde la fecha en la que se

dicten salvo que en ellos se disponga otra cosa. Por lo que la regla general de la

eficacia del acto administrativo ser la eficacia inmediata del mismo.

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Se recogen a continuacin dos excepciones la eficacia demorada y la eficacia

retroactiva.

La eficacia demorada del acto administrativo aparece recogida en el art. 57.2

LRJPAC, existirn varios supuestos en los que la regla general de eficacia inmediata

no se aplicar y supondr que la eficacia queda demorada a un momento posterior:

Cuando as lo exija el contenido del acto. Sern los supuestos de actos

sometidos a condicin o termin, en este caso mientras no transcurra este plazo

marcado o no se cumpla la condicin establecida el acto administrativo perfecto y

vlido no producir efectos.

Cuando la eficacia del acto quede supeditada a la notificacin o publicacin del

mismo la eficacia en este supuesto vendr determinada por el conocimiento del

contenido del acto por parte del interesado en el procedimiento.

Cuando la misma est supeditada a la aprobacin de un superior. El supuesto

tpico sern los actos dictados por aquellos organismos o entidades que estn

sometidos a tutela administrativa de otros entes, el acto es perfecto y plenamente

vlido pero no producir efectos hasta que no se ha aprobado por la autoridad superior

que ejerce esta tutela.

La otra excepcin a la eficacia inmediata del acto administrativo ser la eficacia

retroactiva. Como norma general, los actos administrativos no producirn efectos

retroactivos si bien en el art. 57.3 LRJPAC se establecen los supuestos en los que la

Administracin Pblica podr conceder efecto retroactivo a un acto administrativo:

Cuando el acto se ha dictado en sustitucin de un acto anulado.

Cuando el acto pueda producir efectos favorables al interesado siempre ycuando los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a la que se

retrotraiga la eficacia del acto y no lesione derechos o intereses legtimos de otras

personas.

La eficacia del acto tambin cesa en algn momento. En algunos casos el acto

se extinguir de forma natural por su total cumplimiento, en otros casos el acto se

extinguir porque desaparecen los presupuestos fcticos que le servan de soporte,

tambin cesar la eficacia cuando est sometido a una condicin resolutoria o bien

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estuviese sometido a un plazo final o cuando el mismo sea anulado o declarado su

nulidad va recurso administrativo o jurisdiccional.

La eficacia del acto podr ser suspendida temporalmente. Esta medida tendr

un carcter provisional y cautelar y se podr adoptar en el procedimiento de recurso

administrativo o recurso jurisdiccional. De lo que se trata es de suspender los efectos

que pueda producir el acto administrativo para asegurar la integridad del objeto, ya

que de forma genrica los recursos administrativos y Contencioso-Administrativo no

suspendern la ejecucin del acto impugnado y por tanto su eficacia. Por ello se podr

solicitar la suspensin del acto y sta se dictar cuando la ejecucin del acto pudiera

causar perjuicios de imposible o difcil reparacin. Tambin ser posible la suspensin

del acto administrativo cuando la impugnacin se fundamente en alguna de las causas

de nulidad de pleno derecho del art. 62 LRJPAC. La solicitud de suspensin de la

eficacia o ejecucin del acto administrativo se entender aceptada, y por tanto tendr

un silencio administrativo positivo, si en el plazo de 30 das el rgano competente para

decidir sobre la misma no ha dictado resolucin expresa al respecto, el acuerdo de

suspensin podr contener las medidas que se estimen necesarias para asegurar la

proteccin del inters pblico o de terceros.

II.7. LA EFECTIVIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.LA EJECUTIVIDAD

La ejecutividad del acto administrativo viene determinada por la presuncin de

legalidad del propio acto, es decir, un acto administrativo dictado y notificado se

presume vlido y perfecto por lo que son los interesados los que deben actuar contra

l va recurso si quieren provocar su anulacin y su no ejecucin. Como el acto

administrativo se presume vlido, la Administracin Pblica tiene la posibilidad de

efectuar su ejecucin, es decir, que los efectos que determina el propio acto se

trasladen a la realidad.

El acto administrativo podr ser cumplido de forma voluntaria por los

interesados, pero sin embargo tambin es posible que los interesados que deban

cumplir con lo establecido en el mismo no lo hagan. El propio acto da poder a la

Administracin Pblica para llevar a cabo la accin de oficio o la ejecucin forzosa.

Seala el art. 96 LRJPAC que la ejecucin forzosa por la administracin pblica

deber respetar siempre el principio de proporcionalidad y se enumeran los medios

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con los que cuenta para llevarla a cabo. Los medios de ejecucin forzosa sern el

apremio sobre el patrimonio, la ejecucin subsidiaria, la multa coercitiva y la

compulsin sobre las personas. De forma general se entiende que el uso de uno u otromedio debe responder siempre al principio de proporcionalidad enunciado en la Ley y

que la utilizacin de uno de ellos no excluye totalmente la utilizacin de los dems ya

que pueden combinarse.

El apremio sobre el patrimonio se recoge en el art. 97 LRJPAC y se usar

cuando el acto administrativo establezca la necesidad de satisfacer una cantidad

lquida, en este caso, se podr seguir el procedimiento previsto en las normas

reguladoras del procedimiento recaudatorio en va ejecutiva. Como norma aadida se

establece que no podr imponerse a los ciudadanos una obligacin pecuniaria que no

estuviese establecida con arreglo a una norma de rango legal.

La ejecucin subsidiaria se define en el art. 98 LRJPAC, al determinar que la

ejecucin subsidiaria se utilizar frente a actos que por no ser personalsimos, puedan

ser realizados por sujetos distintos de los obligados, se tratara de acciones de hacer

que puedan ser realizada por cualquier persona. Si el interesado no la lleva a cabo en

el plazo previsto en el propio acto, la Administracin podr llevarlas a cabo, los gastos

ocasionados podrn ser exigidos a los obligados en el acto administrativo, est

obligacin pecuniaria se podr exigir mediante el apremio sobre el patrimonio.

La multa coercitiva, art. 99 LRJPAC, persigue forzar el cumplimiento de la

obligacin que establezca el acto y slo podr imponerse cuando as sea autorizado

por las leyes y en la forma y cuanta que stas determinen y ser siempre

independiente de aquellas que puedan imponerse en concepto de sancin y ambas

podrn ser compatibles. En todo caso se podr imponer la multa coercitiva cuando se

trate de actos personalsimos en los que no proceda la compulsin sobre las personaso cuando se trate de actos en que procediendo la compulsin sobre las personas la

Administracin no lo estime conveniente o actos cuya ejecucin pueda el obligado

encargar a otra persona.

La compulsin sobre las personas recogida en el art. 100 LRJPAC, supondr el

empleo por parte de la Administracin de la actuacin directa para imponer sus

decisiones, slo se podr utilizar cuando se trate de la ejecucin de actos

administrativos que impongan a los ciudadanos una obligacin personalsima y slo

podr ser utilizada en aquellos casos en los que la ley expresamente lo autorice y

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siempre dentro del debido respeto a la dignidad ya los derechos reconocidos en la

Constitucin. Las obligaciones personalsimas pueden consistir en un no hacer, como

por ejemplo, no reunirse o no manifestarse, en soportar una accin, como por ejemplola vacunacin obligatoria o en un hacer, en este ltimo supuesto, cuando el obligado

no lo lleve a cabo, deber resarcir los daos y perjuicios a cuya liquidacin y exaccin

se proceder enva administrativa.

II.8. TRMINOS Y PLAZOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO.

El trminoes el momento en el que debe realizarse un determinado acto, por

ejemplo, la comparecencia de un interesado ante un funcionario esta debe tratarse en

un momento determinado eso ser el trmino. El plazo consistir en un espacio o

perodo de tiempo durante el cual se puede verificar un determinado acto. Con

respecto al plazo se plantean dos problemas su cmputo y la posibilidad de alterarlo.

En primer lugar debemos referirnos al art. 47 LRJPAC que seala la

obligatoriedad de la observancia de los trminos y plazos establecidos por las leyes

esta obligacin se recoge para las autoridades y el personal al servicio de las

Administraciones Pblicas as como para los interesados en los distintos

procedimientos.

El cmputo de los plazos se recoge en el art. 48 LRJPAC, salvo que la ley o

normativa comunitaria establezca otra cosa los plazos sealados por das se

entendern que se refieren a das hbiles excluyndose de su cmputo los domingos y

los das declarados festivos. Cuando los plazos se sealen por das naturales se har

constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.

Cuando el plazo se fija en meses o aos, stos se computarn a partir del da

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto de que se

trate o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimacin o desestimacin

por silencio administrativo, si en el mes de vencimiento no hubiera da equivalente a

aquel en que comienza el cmputo, se entender que el plazo expira el ltimo da del

mes

Cuando el ltimo da del plazo concedido sea inhbil se entender que el plazo

queda prorrogado hasta el primer da hbil siguiente.

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Los plazos expresados en das se contarn a partir del siguiente a aquel en

que tenga lugar la notificacin o publicacin del acto o desde el siguiente a aquel en

que se produzca la estimacin o desestimacin por silencio administrativo

Pero qu pasa cuando un da fuera hbil en el municipio o comunidad

autnoma de residencia del interesado e inhbil en la sede del rgano administrativo

que dict el acto correspondiente o a la inversa. En ese caso se considerar que ese

da es inhbil en todo caso.

La declaracin de un da como hbil o inhbil a efectos de cmputo de plazo no

determina por s sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las

Administraciones Pblicas o la organizacin del tiempo de trabajo ni el acceso de losciudadanos a los registros.

Las Administraciones Pblicas la AGE y las administraciones de las CCAA

fijarn un calendario laboral oficial para su respectivo mbito estableciendo los das

inhbiles a efectos de cmputos de plazo comprendiendo este calendario a las

distintas entidades que integran la administracin local correspondiente a su mbito

territorial. El calendario laboral deber publicarse antes del comienzo de cada ao en

el Diario Oficial que corresponda y en cualquier otro medio de difusin que garantice el

conocimiento del calendario por los ciudadanos.

La alteracin de los plazos vendr determinada por su ampliacin o reduccin.

La ampliacin de los plazos se recoge en el art. 49 LRJPAC. La Administracin

Pblica salvo que exista una norma en contra, podr conceder de oficio o a peticin de

los interesados una ampliacin de los plazos establecidos, siempre y cuando esta

ampliacin no exceda de la mitad del plazo establecido y las circunstancias lo

aconsejan y con ello no se perjudiquen derechos de tercero. El acuerdo de ampliacinser notificado a los interesados. Esta ampliacin de plazos por el tiempo mximo

permitido se aplicar en todo caso a los procedimientos tramitados en misiones

diplomticas y oficinas consulares as como aquellos que tramitados en el interior

exijan la cumplimentacin de algn trmite en el extranjero o en los que intervengan

interesados residentes fuera del pas. La peticin de los interesados de ampliacin y la

resolucin de la Administracin sobre la misma debe producirse antes de que venza el

plazo de que se trate ya que en ningn caso podr ser objeto de ampliacin un plazo

ya vencido. Los acuerdos sobre ampliacin de plazo y sobre su denegacin no sernsusceptibles de recurso.

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Otra alteracin de los plazos ser la reduccin de los mismos. El art. 50

LRJPAC, establece la posibilidad de reducir el plazo dado de oficio o a peticin del

interesado cuando por razones de inters pblico aconsejen la aplicacin alprocedimiento de la tramitacin de urgencia. La tramitacin de urgencia supondr que

se reducirn a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario salvo

aquellos plazos relativos a la presentacin de solicitudes y recursos. No cabr recurso

alguno contra el acuerdo que declara la aplicacin de urgencia del procedimiento.

III. NULIDAD Y ANULABILIDAD.

La teora de la invalidez de los actos administrativos recoge dos categoras

bsicas, la nulidad absoluta y la anulabilidad.

La anulabilidad constituye la regla general, siendo excepcional la nulidad

absoluta o nulidad de pleno derecho.

La nulidad de pleno derecho se recoge en el art. 62 LRJPAC, mientras que la

anulabilidad se recoge en el artculo 63.1 LRJPAC y los vicios e irregularidades del

acto administrativo que ni siquiera dan lugar a tal anulabilidad se recogen en el art.

63.2 y 3.

III.1. LA NULIDAD DE PLENO DERECHO.

El art. 62 LRJPAC distingue los supuestos en las que los actos administrativos

sern nulos de pleno derecho, apartado 1, y aquellos supuestos en los que los

reglamentos o disposiciones administrativas de carcter general sern nulas de pleno

derecho, apartado 2.

Con respecto a los supuestos de nulidad de los actos administrativos se

establece que sern nulos:

Los actos que lesionen derechos o libertades susceptibles de amparo

constitucional.

Los actos dictados por rgano manifiestamente incompetente por razn de la

materia o del territorio.

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Debemos sealar que la incompetencia jerrquica o de grado admite la

convalidacin por lo que no ser un supuesto de nulidad de pleno derecho.

Los actos de contenido imposible.

La imposibilidad debe ser del contenido material o fsico, ya que la

imposibilidad jurdica equivale pura y simplemente a la ilegalidad del acto en trminos

generales.

Los actos que sean constitutivos de infraccin penal o se dicten como

consecuencia de sta.

Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimientolegalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la

formacin de la voluntad de los rganos colegiados.

En este supuesto se recogen a su vez dos supuestos los actos dictados con

omisin total y absoluta del procedimiento legalmente establecido y el supuesto de los

actos dictados con infraccin de las reglas esenciales para la formacin de la voluntad

de los rganos colegiados.

Respecto al primer supuesto sern los actos dictados con omisin total y

absoluta del procedimiento legalmente establecido. Este supuesto hay que entenderlo

referido a la omisin de los trmites esenciales integrantes de un procedimiento

determinado, no la omisin de cualquiera de los trmites que integran un

procedimiento ya que solamente ser sancionable con la nulidad de pleno derecho los

la inobservancia de los trmites esenciales. La inobservancia de cualquier otro trmite

dar lugar a que el acto sea simplemente anulable. Se podr considerar como trmite

esencial el trmite de audiencia.

El segundo supuesto se refiere aquellos actos dictados con infraccin de las

reglas esenciales para la formacin de la voluntad de los rganos colegiados. En este

supuesto basta para la calificacin de nulidad de pleno derecho que el acto haya sido

adoptado infringiendo las reglas esenciales de la formacin de la voluntad no se

requiere la omisin total del procedimiento establecido.

Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurdico por los que

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales

para su adquisicin.

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En este supuesto se pretende remediar el posible exceso que pudiera derivarse

de la configuracin del silencio administrativo positivo, es decir, cuando en virtud de un

acto presunto se pudiera adquirir alguna facultad o derecho pero falte el requisitoesencial para su adquisicin describindose l mismo en la normativa reguladora.

Por ltimo sern nulos de pleno derecho cualquier otro acto que se establezca

expresamente en una disposicin de rango legal.

De esta manera el art. 62.1 LRJPAC se configura como una lista abierta.

En cuanto a los supuestos de nulidad de pleno derecho de las disposiciones

administrativas se recogen en el art. 62.2 LRJPAC. Sern nulos de pleno derecho

aquellos que vulneren la Constitucin, las leyes o las disposiciones administrativas de

rango superior, sto es, aquellas disposiciones administrativas que infrinjan el principio

de jerarqua normativa al que estn sometidos; tambin sern nulas de pleno derecho

las disposiciones administrativas que infrinjan el principio de reserva de ley y aquellas

que retrotraigan disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos

individuales.

Como se puede apreciar la nulidad de pleno derecho es la regla general en

materia de disposiciones administrativas de carcter general ya que cuando ests

infrinjan cualquiera de los lmites que acotan el mbito propio de la potestad

reglamentaria sern nulas de pleno derecho de forma contraria a la regla general de la

anulabilidad de los actos administrativos.

1. La anulabilidad de los actos administ rativos.

La anulabilidad del acto administrativo se recoge en el ordenamiento como un

beneficio exclusivo del particular afectado por el acto viciado. Se reconoce al

ciudadano afectado por el acto viciado la posibilidad de reaccionar contra l y solicitar

la declaracin de nulidad del acto. Si esta reaccin del afectado no se produce el

ordenamiento jurdico se desentiende del vicio cometido y se considera que el vicio se

ha purgado en aras de la seguridad jurdica es como si no se hubiera producido.

Los vicios que hacen anulable el acto administrativo se establecen en el art.

63.1 LRJPAC y sern, cualquier infraccin del ordenamiento jurdico incluida la

desviacin de poder.

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El defecto de forma, art. 63.2 LRJPAC, slo conllevar la anulabilidad del acto

cuando ste carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o

d lugar a la indefensin de los interesados, en el resto de supuestos el defecto deforma supondr una irregularidad no invalidante.

El defecto temporal en el acto administrativo, art. 63.3 LRJPAC, es decir, la

realizacin de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas slo

implicar la anulabilidad del acto administrativo cuando as lo imponga la naturaleza

del trmino o plazo, es decir, cuando el trmino o plazo sea un elemento esencial del

contenido del acto, en el resto de supuestos el defecto temporal ser una irregularidad

no invalidante.

III.2. DIFERENCIAS ENTRE NULIDAD DE PLENO DERECHO Y ANULABILIDAD.

Los actos nulos carecen inicial y perpetuamente de efectos.

Cuando se pretende establecer un estado de cosas al amparo de un acto nulo

habr de provocarse una sentencia que declara la nulidad sentencia que tendr

carcter declarativo.

Los efectos de la declaracin de nulidad se producirn desde la fecha en la quese dict el acto ex tunc.

El acto nulo no puede convalidarse en particular por el paso del tiempo por

tanto la nulidad se podr invocar s en cualquier momento.

Los actos anulables producen efectos en tanto no sean anulados; la sentencia

que reconozca la invalidez tendr carcter constitutivo, por lo que la anulacin

producir efectos desde la fecha de la declaracin de nulidad, ex nunc.

El acto anulable podr ser convalidado, en particular, se convalida era por el

transcurso del tiempo y la anulacin slo podr ser invocada por quienes tengan

inters en ello.

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III.3. LOS LMITES DE LA INVALIDEZ: LA CONVALIDACIN, LA CONSERVACIN Y LA

CONVERSIN.

La convalidacin del acto administrativo ser un acto administrativo por el cual

se subsanen los defectos del acto anterior, el cual ser anulable ya que el acto nulo

nunca es susceptible de convalidacin. Existen dos frmulas para efectuar la

convalidacin por ratificacin o confirmacin y por saneamiento o subsanacin.

El art. 67.1 LRJPAC establece que la Administracin podr convalidar los

actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan. Los efectos de esta

convalidacin se recogen en el art. 67.2 LRJPAC, el acto de convalidacin producir

efectos desde su fecha salvo lo dispuesto para la retroactividad de los actos

administrativos. El rgano administrativo que debe efectuar la convalidacin por ser el

competente ser el mismo rgano que dict el acto objeto de la convalidacin salvo en

dos supuestos: cuando el vicio consista en incompetencia no determinante de nulidad

es decir incompetencia jerrquica la convalidacin podr realizarse por el rgano

competente cuando sea superior jerrquico del que dict el acto viciado (art. 63.3

LRJPAC) y cuando el vicio consista en la falta de alguna autorizacin, podr ser

convalidado mediante el otorgamiento de dicha autorizacin por el rgano competente

para ello (art. 67.4 LRJPAC).

La conservacin de los actos. El principio de conservacin se aplica tanto a

los actos nulos de pleno derecho como a los actos anulables. Se recoge en el art. 64

LRJPAC al establecer que la nulidad o anulabilidad de un acto no implicar ni la de los

sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero ni la de las partes

del acto independientes de la parte viciada. La conservacin de los actos o partes del

acto se efectuar por el rgano que declare la nulidad de actuaciones, el cual deber

disponer siempre la conservacin de aquellos actos y trmites cuyo contenido hubiera

permanecido igual de no haberse cometido la infraccin esta conservacin se referir

tanto a los actos nulos como a los anulables.

La conversinde los actos nulos o anulables, art. 65 LRJPAC, supone que

aquellos actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan elementos constitutivos

de otro distinto producirn los efectos de ste ltimo.

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IV. ABREVIATURAS Y LEGISLACIN.

AGE Administracin General del Estado.

CARM Comunidad Autnoma de la Regin de Murcia.

CCAA Comunidades Autnomas.

CE Constitucin Espaola.

EA Estatuto de Autonoma de la Regin de Murcia, aprobado por Ley Orgnica

4/1982, de 9 de junio.

LBRL Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Rgimen Local.

LJC-A Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-

Administrativa.

LG Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

LOFAGE Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la

Administracin General del Estado.

LRJPAC Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las

Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

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