Boletin dha ley_servicio_civil_baja_california_reforma_2014

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BOLETÍN INFORMATIVO Mayo 16 de 2014

LA REFORMA A LA LEY DEL SERVICIO CIVIL DE BAJA CALIFORNIA

El pasado 8 de mayo, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto número 52 expedido por la H. XXI Legislatura del Estado de Baja California, por virtud del cual se reformó y adicionó la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California. A partir de partir de ésta fecha, la ley adquiere una nueva denominación: “Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de Los Poderes del Estado y Municipios de Baja California”. La reforma fue promovida a iniciativa del titular del Poder Ejecutivo del Estado, Francisco Vega de la Madrid, con el fin de solucionar algunos de los principales problemas que presentaba la ley, entre ellos: 1) Sistema de basificación automática, que otorgaba a los trabajadores el derecho a la base definitiva por el transcurso del tiempo (6 meses) y no tomaba en cuenta la capacidad presupuestaria del Gobierno, ni las necesidades de la prestación del servicio. Este mecanismo provocaba el descontrolado crecimiento de la nómina oficial y del gasto corriente. 2) Carencia de reglas que definieran los modelos o esquemas de contratación y 3) Falta de procedimientos claros y definidos para regular ascensos y promociones; generándose con ello incertidumbre jurídica en los derechos de los trabajadores, provocando crecimiento exponencial en el número de juicios. El Estado por su parte, tenía pocas posibilidades de defensa exitosa y las resoluciones a menudo contenían condenas cuantiosas con afectación al control presupuestario. Para dar solución a dicha problemática, el decreto número 52 de reformas a la ley del Servicio Civil del Estado introduce diversas medidas, de las cuales enumeramos las más significativas: 1. RESPETO A DERECHOS ADQUIRIDOS: La iniciativa no propone lesionar o modificar los derechos de los trabajadores. No contiene modificación alguna a condiciones de trabajo, ni desconoce los derechos ya adquiridos, tales como vacaciones, permisos, jornada máxima, aguinaldo, etc. La propuesta no toca en forma alguna las condiciones de trabajo previstas en la ley actual en favor de los trabajadores. 2. DESCENTRALIZADAS: Para respetar las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se clarifica que la Ley del Servicio Civil no aplicará a las instituciones descentralizadas, pues las relaciones de trabajo de éstas deben regirse por la Ley Federal del Trabajo. Esto no implica que se desconozcan los derechos adquiridos por los trabajadores adscritos a estas instituciones, pues la única intención es que se corrija la ley para ajustarla a la Constitución Federal.










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3. BASIFICACIÓN Y SISTEMA ESCALAFONARIO: Al cumplir el año de servicios, el trabajador podrá solicitar su registro ante la Comisión Mixta de Escalafón, para ser incorporado al sistema escalafonario y participar en los concursos y promociones para la obtención de la base definitiva. La Comisión Mixta de Escalafón (una por cada poder y municipio) tendrá el mismo número de representantes de los trabajadores y del gobierno. En esta instancia se decidirá el otorgamiento de la base en forma administrativa para que se asigne al trabajador, solamente cuando exista la plaza vacante (y por lo tanto se encuentre presupuestada), sin necesidad de acudir a juicio. Con estas nuevas reglas se pretende por un lado dar seguridad y certidumbre al trabajador, y por el otro establecer una relación proporcional entre las basificacion y la disponibilidad de plazas y presupuestaria. En caso de empate en las decisiones de la Comisión, se designará un árbitro de común acuerdo por el sindicato y el gobierno. Si no hay acuerdo, el árbitro lo decide el Pleno del Tribunal de Arbitraje. El Reglamento que rija a las Comisiones Mixtas y procedimientos escalafonarios, deberán emitirse en tres meses (a más tardar el 8 de agosto de 2014). 4. CONTRATACIÓN: Se incorporan reglas que definen las formas de contratación (tipos de nombramientos) y la obligación del gobierno de crear y publicar un catálogo general de puestos y el tabulador anual de remuneraciones (deben emitirse en tres meses, a más tardar el 8 de agosto de 2014). Se da certidumbre a los trabajadores respecto del tipo de contratación al que se sujetará su relación de trabajo (siempre por tiempo indefinido, solo eventual cuando se justifique), al mismo tiempo que obliga a la autoridad a ordenar y ajustar sus métodos de contratación. Se define quienes son trabajadores de confianza y se confirma que la remoción libre solo aplica a los servidores públicos de ésta naturaleza (confianza), con posibilidad de definir en lo futuro una ley estatal del servicio profesional de carrera para ellos (esta ley debe expedirse en el plazo de un año, a más tardar el 8 de mayo de 2015). 5. HORAS EXTRAS: Para proteger los derechos de los trabajadores que laboran tiempo extraordinario y a la vez ejercer un control del gasto público que ello origina, se introduce la obligación del Gobierno de dar una solicitud por escrito al trabajador cuando le pida que labore el tiempo extra, de tal manera que ese documento le sirva de prueba al trabajador para ejercer su reclamo. Se define que el Gobierno debe pagar las horas extras en la siguiente catorcena a aquella en que las labore y, si no se las cubren, el trabajador deberá recibir y podrá exigir su pago en la siguiente catorcena. El plazo para demandar el pago de horas extras, se limita a dos meses (artículo 94 fracción III inciso B). Este sistema atenuará el número de reclamaciones por horas extras y probablemente eliminará la imposibilidad del Gobierno para probar que no existen horas extras que se adeuden, lo que es motivo constante de reclamaciones judiciales. 6. REORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE:










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La administración de la justicia laboral burocrática debe ser justa e imparcial. Se determina la profesionalización y representación equitativa de los miembros que integran al Tribunal de Arbitraje. Se modifica la integración del Tribunal, aumentando el número de sus integrantes: 2 representante de los Poderes Públicos del estado, 2 representantes de los Municipio, 4 representantes de los trabajadores y 1 un presidente que funge como el árbitro. Sus funciones serán profesionales y de tiempo completo, aunque el desahogo de las audiencias estarán a cargo del secretario de audiencias, del secretario general de acuerdos o del Presidente del Tribunal, según corresponda (dependiendo de que sea un conflicto individual, colectivo jurídico o de naturaleza económica: fracción VII del artículo 118). El presidente del Tribunal de arbitraje será designado por unanimidad de los representantes y si no se ponen de acuerdo, por el Gobernador del Estado. La nueva integración del tribunal deberá quedar configurada dentro de los treinta días hábiles siguientes a la entrada en vigor de la reforma (a más tardar el 19 de junio de 2014). 7. CELERIDAD EN LOS JUICIOS: El acceso a la justicia laboral debe ser pronto y expedito, para garantizar una tutela efectiva de los derechos. Se reducen plazos para la celebración de audiencias y tramitación de juicios, pues de hecho, se determina que el Tribunal deberá adoptar las medidas que sean necesarias para que los juicios no duren más de un año. La prevención para subsanar errores en la demanda debe hacerse antes de señalar fecha para la audiencia inicial y el plazo para contestar la demanda se amplía, incluso cuando hay pluralidad de actores (se amplía en un día hábil por cada tres actores). La demanda puede contestarse por escrito por conducto de oficialía de partes, aún antes de la fecha señalada para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Se exige que la demanda deba enderezarse contra la autoridad pública y no contra la persona del titular de la dependencia. Se introduce la obligación de las autoridades públicas de elaborar y publicar un padrón de domicilio de las dependencias, para efectos de que el Tribunal ordene el emplazamiento en dichos domicilios. En general, se moderniza y actualiza el procedimiento conforme a criterios legales modernos, permitiendo ofrecer pruebas producto de los avances tecnológicos y de la ciencia. 8. CADUCIDAD DE LA INSTANCIA Y PRESCRIPCIÓN: Congruente con el principio de celeridad procesal, la reforma incluye la figura de la caducidad de la instancia (se adiciona el artículo 99 BIS) y se establece que se tendrá por desistida de la demanda si dentro del pazo de tres meses naturales, la parte actora no formula promoción alguna que resulte necesaria para la continuación del procedimiento. Se establece el plazo de 45 días para que las autoridades públicas puedan rescindir la relación de trabajo y para aplicar medidas disciplinarias. Se establece el plazo de dos meses para que el trabajador pueda exigir la acción de reinstalación o indemnización e igual plazo para exigir el pago del tiempo extraordinario.










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9. Limitación de salarios caídos: Cualquiera que sea la acción ejercitada, la condena en salarios caídos estará limitada al pago de doce meses de salario. NO se hace estipulación especial de pago de intereses sobre los salarios caídos. El decreto de reformas entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que ya se encuentra en vigor a partir del 9 de mayo de 2014. Para cualquier aclaración, duda o información adicional, favor de comunicarse con nuestro Socio Ignacio Avilés [email protected] o al (686)552.55.55

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