Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 22

Boletín No. 22 México Septiembre 2010/ Cooperación Voluntaria

No.

Acciones y JusticiaDos años y medio en busca de la justicia. pág. 1

Colombia, el accionar paramilitar, es urgente, trabajar la memoria pág. 3

Análisis y Opinión

Paras usaban hornos crematorios para sus víctimas en Antioquia pág.5

En tres de los casos de ejecuciones extrajudiciales en Soacha no se han abierto investigaciones pág.7

Juan Manuel Santos: la continuidad de la oligarquía colombiana pag. 9

ColombiaRescatemos al motosierrismo pág. 11

El cambio de gobierno en Colombia pág. 12

Retratos de DelincuentesEl secreto de las elecciónes colombianas pág. 16

Uribe quiere la guerra para evadir la cárcel pág.17

Uribe, empresarios y clérigos, parte de una cadena criminal pág.19

México Septiembre 2010 | Cooperación Voluntaria

22

Este Boletín es presentado por:• Asociación de Padres y Familiares de las Victimas de Sucumbíos, Ecuador (México)

• Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas de Violaciones de Derechos

Humanos en México, AFADEM FEDEFAM (México)

• Asociación por la Defensa de los Derechos Humanos y la Equidad de Género, ASDDHEG (México)

• Asociación de Derechos Humanos del Estado de México, ADHEM (México)

• Asociación de Barcelona en Apoyo a México, ABAM (Catalunya)

• Association Toulousaine de Solidarité envers le Mexique, ATSM (Francia)

• Centro de Derechos Humanos Coordinadora 28 de Mayo A.C. (México)

• Colectivo Estudiantil Carlos Marx (México)

• Comité 68 Pro Libertades Democráticas A.C. (México)

• Fundación Diego Lucero A.C. (México)

• Frente de Lucha Estudiantil Julio Antonia Mella, FLE-JAM (México)

• Grupo de Acción Revolucionaria, GAR (México)

• Liga Argentina por los Derechos del Hombre, LADH (Argentina)

• Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C., Limeddh (México)

• Red Universitaria de Monitores de Derechos Humanos, RUMODH (México)

• Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODEPAZ (España)

• Solidaritat per el Desenvolupament y la Pau del Pais Valenciano, SODEPAU-PV (Pais Valenciano)

•Partido de los Comunistas

México, Septiembre 2010 Cooperación Voluntaria 1

Acciones y JusticiaDOS AÑOS Y MEDIO

EN BUSCA DE LA JUSTICIA.

Este 1° de septiembre se cumplen 30 meses, dos años y medio de la masacre de Sucumbíos, un hecho sin precedentes en la historia de América Latina, una agresión que lastimó el corazón de Nuestra América y que implicó el más grande dolor que un Padre puede sufrir, el asesinato cobarde de su hijo.

La madrugada del 1° de marzo de 2008, tropas del ejército colombiano con apoyo logístico de Estados Unidos, violentaron la soberanía territorial de un país vecino, dañaron los esfuerzos de paz para el pueblo colombiano construidos con la ardua labor de miles de personas comprometidas con la justicia, masacraron la esperanza de cuatro jóvenes estudiantes mexicanos que en busca de conocer un poco más de la realidad colombiana y latinoamericana, se adentraron en la estrategia obscura del imperialismo norteamericano y del guerrerismo uribista que por medio de la violencia pretende imponer su voluntad y romper con el ideal de una América Latina unida, libre y soberana.

Fernando Franco Delgado, Verónica Velázquez Ramírez, Soren Avilés Ángeles y Juan González del Castillo fueron asesinados por el odio que imponen las conciencias más recalcitrantes de la región que se niegan a la idea de que los pueblos

son dueños de su historia y su destino. Dentro del horror del bombardeo a Sucumbíos, donde también fueron masacradas 20 personas más, se asomó una pequeña luz de esperanza, tres jóvenes mujeres lograron salvar su vida del criminal ataque, una de ellas, Lucía Morett Álvarez, estudiante mexicana que acudió junto a sus compañeros a acercarse a las profundidades del sufrimiento de un pueblo como es el colombiano.

Esa esperanza que, con la recuperación física de Lucía, se torno en fuerza y valentía para sumarse a la lucha que iniciaron los Padres y Familiares de Fernando, Verónica, Soren y Juan y de la misma Lucía para lograr justicia, que se castigue a los responsables de la masacre de Sucumbíos y evitar la impunidad de los asesinos que hoy día, mueven sus piezas dentro de la política internacional para protegerse y evitar el peso de la justicia, a la cual, deben de responder por crímenes de lesa humanidad.

Dos años y medios de una intensa lucha, de buscar ante la cerrazón del gobierno de México los caminos para encontrar la justicia para las víctimas de Sucumbíos, cerrazón que se ha tornado en una actitud cómplice al no exigir públicamente y a nivel mundial el castigo a los responsables del asesinato de cuatro mexicanos en el extranjero, pero también de ser cómplice en la persecución política que se ha vertido sobre Lucía Morett, quien al día de hoy enfrenta la más feroz de las batallas de la derecha internacional, al buscar criminalizarla y mantenerla escondida ante la amenaza de ser extraditada al país que intentó asesinarla.

2 México, Septiembre 2010 Cooperación Voluntaria

Acciones y JusticiaHan sido 30 meses duros al tener que enfrentar la pérdida de nuestros seres queridos, pero también hemos tomado fuerzas de su ejemplo como jóvenes solidarios y comprometidos con un mundo mejor, para entonces ahora nosotros, enarbolar junto a cientos de personas y organizaciones en todo el mundo una voz por la justicia, que al mismo tiempo es una voz que lucha por la paz en Latinoamérica, que busca defender el derecho de los jóvenes a pensar y ser solidarios en busca de un mundo más justo y en paz.

Diversas han sido las muestras de apoyo y solidaridad que hemos recibido, a todos y cada una de las personas y organizaciones que lo han hecho reiteramos nuestro más profundo agradecimiento y, sepan que no descansaremos hasta lograr que los culpables de la masacre de Sucumbíos sean condenados por todos los crímenes que han cometido, seguiremos luchando aunque el panorama sea adverso. Seguimos comprometidos con la justica, con la no impunidad, para lograr la libertad plena y total seguridad para Lucía Morett, pero esta lucha es también para evitar que se siga asesinando la esperanza, que se siga masacrando a los jóvenes, por esa juventud

comprometida y por nuestros hijos no descansaremos hasta lograr justicia. Hacemos un llamado a todos aquellos que se han indignado con la masacre de Sucumbíos, con todos aquellos crímenes del Estado colombiano cometidos por el ahora expresidente Álvaro Uribe Vélez y el actual presidente de Colombia Juan Manuel Santos, a sumarse en una lucha por la justicia, buscamos construir vínculos que nos permitan lograr el castigo a los asesinos, para ello, estamos trabajando una gran campaña que nos permita unir fuerzas por la justicia para Fernando, Verónica, Soren y Juan, para todas las víctimas del terrorismo de Estado en Colombia, para detener la persecución y hostigamiento contra Lucía Morett y que pueda reinsertarse a su vida pública, juntemos nuestras voces contra la guerra del imperialismo norteamericano y sigamos buscando los caminos de una América Latina unida por y para sus pueblos.

ASOCIACION DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR


Acciones y JusticiaColombia,el accionar

paramilitar,es urgente,trabajar la

memoria.

“En Sucre se sabe que el que iba a San Onofre sin permiso aparecía muerto por Cadena”

Reporteros de Colombia, con el propósito de contribuir al ejercicio de memoria de los hechos del conflicto armado y en homenaje a las víctimas de la sociedad civil, recoge la historia de dos jóvenes sincelejanas que fueron asesinadas por hombres del bloque Héroes de los Montes de María de las AUC.

En tiempos de conflicto armado la primera sacrificada es la verdad y es esa precisamente la que no conoce Nemesia Mercado, una mujer que a sus 87 años aún conserva una lucidez mental y, ante todo, las esperanzas de un pronto regreso de la menor de sus hijas, Aida Padilla Mercado.

Lo desafortunado de este episodio es que muy probablemente Nemesia se marche de este mundo sin saber qué fue lo que en realidad ocurrió con su hija Aida, quien vivía con ella en la Calle La Pajuela de Sincelejo y por ende la que velaba por su bienestar.

Sus otros 7 hijos y demás familiares, así como las personas que conocen de cerca su triste historia saben que Nemesia no puede saber la “verdad” que hasta el momento los paramilitares han revelado a cuenta gotas.

Ellos, especialmente Úber Bánquez, alias “Juancho Dique”, uno de los tres jefes del desmovilizado bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia, le contó a un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla el 25 de julio del año 2008, que las dos jovencitas de Sincelejo, refiriéndose a la visitadora médica Aida Padilla Mercado y a la primera y única Reina Cecarense del Fandango, Sadid Elena Mendoza, habían sido asesinadas, al igual que los dos detectives del CTI de la Fiscalía de Bogotá, Jorge Enrique de la Rosa y Fabio Luis Coley, por Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, considerado por las autoridades como el más sanguinario

de todos los miembros del grupo armado ilegal.

Para los Padilla Mercado, pero especialmente para Francisco, uno de los hermanos mayores de Aida, esa era una verdad que no los sorprendería, pues a su juicio “en Sucre se sabe que el que iba a San Onofre sin permiso aparecía muerto por “Cadena”, dijo.

Sin embargo, lo que más les aterra y les produce dolor e impotencia en estos momentos es que los restos óseos de su hermana, de la amiga de ésta y de los detectives, quienes a su juicio se las llevaron engañosamente, no podrán ser recuperados nunca, pues los lanzaron a las aguas del Mar Caribe, desde el Golfo de Morrosquillo, su área de operaciones.

A principios de julio de 2008, conocieron la versión, al parecer cierta, del ex paramilitar y esa para ellos se ha convertido en la absoluta. Aún no la asimilan. Nemesia ni siquiera la conoce, pero los padres de Sadid sí, tanto que su mamá tuvo conocimiento del hecho a través de la prensa. Cuando lo leyó se desmayó y debió ser internada en una clínica de la ciudad.

Desde su ausencia, la desconsolada madre de Sadid, quien era una reconocida estudiante de psicología de la capital sucreña, ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente en siete oportunidades. Su padre, un ingeniero agrónomo que se encontraba de viaje el día en que su hija se fue de paseo para El Rincón del Mar a encontrar la muerte, y no a divertirse como era el objetivo, ha perdido un poco el control de su vida.

Algunos allegados comentan que en repetidas ocasiones ha entrado en shock, como le ocurrió el 25 de junio de 2008 cuando en plena audiencia pública ante un Juez en Barranquilla le pidió a alias “Juancho Dique” que dijera la verdad de este episodio, pero que ante todo le informara dónde estaba su hija.

En ese momento el angustiado padre no encontró una respuesta satisfactoria a su interrogante porque el desmovilizado jefe paramilitar le dijo no saber nada, pero misteriosamente cuatro semanas después confesó a un fiscal de la Unidad de Justicia y Paz de Barranquilla la versión más cercana a lo que sería la realidad: a Sadid, a su amiga Aida y a los detectives que estaban investigando sobre las oscuras andanzas del hoy desaparecido jefe paramilitar Rodrigo Mercado Peluffo, alias “Cadena”, los asesinaron y posteriormente lanzaron sus cadáveres al


Acciones y Justiciamar.

Los padres de Sadid y los hermanos de Aida dicen que esta sí es la verdad, aunque les duele aceptarlo. Los familiares de la primera lo han asimilado un poco más que los otros, gracias al apoyo psicológico y jurídico que han recibido por parte de personal experto de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, seccional Sucre.

A reconstruir la memoria

Pese a los casi 9 años de la desaparición de estas jovencitas, en la memoria colectiva de algunos sincelejanos que tuvieron la oportunidad de conocerlas está latente la imagen extrovertida de ambas.

Aida era una exitosa visitadora médica y Sadid, que fue portada de varios periódicos de Sucre, fue la primera reina de un certamen que realizaron las directivas de la Corporación Universitaria del Caribe (Cecar) donde adelantaba estudios profesionales.

Y es precisamente esta imagen la que los familiares de las víctimas buscan reconstruir a pesar de lo sucedido, por eso se han vinculado al proyecto Red de Víctimas Tejedoras de la Memoria que fundó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en Sucre al ver los cerca de 4.500 casos de desaparición forzada de los que tienen cuenta en la región y entendiendo además la gravedad del crimen de lesa humanidad que constituye este hecho y, ante todo, las implicaciones de carácter psicológico que ello amerita.

¿Ausencia del Estado?

Las personas que hacen parte de la Red, aunque llevan la procesión por dentro, sienten que con lo que están haciendo, de la mano de abogados y psicólogos, le ganarán una batalla más a la vida. Sin embargo, Francisco Padilla, uno de los hermanos de Aida, reprocha la forma como el Estado se ha comportado con ellos.

“Mi mamá no ha contado con la ayuda psicológica que necesita, se está consumiendo del dolor al saber que su hija no regresa”, dijo.

También recrimina la forma en la que actuaron los detectives Jorge Enrique de la Rosa y Fabio Luis Coley, quienes, a su juicio, se llevaron a su hermana y a su amiga en una forma engañosa. “Si ellos le hubiesen dicho a ellas a qué iban a San Onofre, cuál era su misión, de seguro mi hermana no se hubiera arriesgado, pues era tanto el

miedo que ella le tenía a ese municipio que siempre que en el trabajo la enviaban para esa zona se negaba. Fue una vil mentira la que ellos le echaron a mi mamá y a mí para llevarse a mi hermana porque nos dijeron que eran exportadores de cebo de ganado.”, indicó.

Esto deja al descubierto que los investigadores del CTI no le informaron ni a sus mismas acompañantes que la misión de ellos era hacerle seguimiento a alias “Cadena”. Se conoció que en ese entonces indagaban sobre la masacre de Chengue, Ovejas.

Ellos tenían la intención de permanecer durante un mes en un apartamento ubicado en la Calle La Pajuela de Sincelejo, cerca a la casa de Aida Padilla, pero a los dos días de estar allí se fueron para El Rincón del Mar en misión de trabajo y no regresaron. Sus familias siguen clamando justicia y condenas ejemplares para los autores de esta masacre, sin embargo las penas no podrán sobrepasar los 8 años porque quienes han confesado el hecho, como es el caso de alias “Juancho Dique”, están amparados en la ley de Justicia y Paz; además quien ordenó la ejecución, alias “Cadena”, sigue desaparecido. Sin embargo hace un mes investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturaron en Sincelejo a alias “el Pocho”, un nativo de San Onofre, que según las autoridades condujo a las víctimas desde El Rincón del Mar hacia la finca El Palmar, centro de operaciones de alias “Cadena” y donde después de asesinarlos los sepultaron en una gran fosa y a los 4 días, han dicho los testigos a Justicia y Paz, se ordenó desenterrarlos y lanzar los cadáveres al mar.

Mientras la justicia actúa, los familiares de Sadid Elena siguen asistiendo a las reuniones de la Red de Víctimas Tejedoras de la Memoria, proyecto éste que se ha convertido en un sitio de encuentro de víctimas en el que desahogan sus penas y tratan de sacarle una cara amable a la vida que llevan. El proceso con estas familias se inició en marzo de 2007 con 3 mujeres y a la fecha hay 56.

Hasta cuando se haga justicia los familiares de Sadid Elena Mercado reconstruyen su memoria y los de Aida se siguen consumiendo en un dolor que se acrecienta al saber que su madre sufre aún sin saber la realidad.

En Sucre este hecho solo es recordado cuando los postulados en Justicia y Paz se refieren a él. Sin embargo, en su momento, es decir, días después del hecho, hubo algunas manifestaciones por parte de la sociedad civil pero hoy ya se han olvidado.


Análisis y OpiniónPARAS usaban hornos

crematorios para sus víctimas en Antioquia.

Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio y se espera que otros ex combatientes aporten más información.

Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país.

La orden impartida a finales de la década del noventa por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de desaparecer a sus enemigos “de cualquier manera”, para no dejar rastros y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar: la utilización de hornos crematorios.

El actual presidente de Colombia, Alvaro Uribe, era el Gobernador de Antioquia para ese momento.

De este macabro mecanismo se han tenido referencias de su existencia en Norte de Santander. Paramilitares de las Auc que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias ‘el iguano’, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario, y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas.

En Medellín el tema de los hornos crematorios de las Auc no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y “la quemaban” para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto.

No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información.

Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta. com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el Oriente antioqueño.

Verdadabierta. com reserva la identidad del ex paramilitar que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de las Auc.

“Hay muchos muertos que no se han encontrado porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos”, le confesó el ex paramilitar a los investigadores.

Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. “Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río. Botando muertos muchos de las Auc cayeron presos”.

A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión. Del Estado Mayor de las Auc, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil, vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio: “La idea del horno la dio ‘Doblecero’ y la materializó Daniel Mejía”.

Para esos años, Mauricio García, alias ‘Doblecero’, era el comandante del Bloque Metro y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias ‘Danielito’, se había integrado al bloques Cacique Nutibara, facción de las Auc que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘don Berna’.

“De la construcción se encargó Daniel Mejía, era de las Auc y de la Oficina de Envigado”, dijo el ex paramilitar. “Yo escuché que el horno costaba entre doscientos y quinientos ‘palos’ (millones de pesos) y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la Oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían ‘funeraria’, creo que se llama Ricardo; dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana”.


Análisis y OpiniónSobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. “Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca”.

Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble: “la primera casa en obra negra y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros , funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de cinco metros, cuando se llegaba al final se observaba un horno grande de panadería industrial”.

Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: “la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada

en un marco de pared, tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con tres botones, un botón rojo para prender y los otros dos para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme, tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban dos ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando

subían la temperatura los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno”.

Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas. Y se tenía un procedimiento para ello: “cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían ‘esos insumos llévelos para el fondo’. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban ‘¿quién manda eso?’. Alías ‘J’ y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como cinco minutos. Luego se las mostrábamos a ‘J’ o a Daniel, y luego las botábamos al río o a donde ellos dijeran”.

Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. “A unos los llevé muertos y a otros los llevé vivos. Llevé más de cincuenta muertos y vivos más de quince”.

Entre las víctimas que recuerda se encuentran dos hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las Farc. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento era usado para “personalidades solamente”.

Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí fue el narcotraficante

Julio Cesar Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro y esposo de la modelo Natalia Paris.

Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante para obtener beneficios jurídicos.

“De ello se enteraron en Antioquia, entonces se reunieron


Análisis y OpiniónSalvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño. Le querían quitar unas propiedades. Natalia Paris viajó también hasta allá porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio, luego lo mataron y el cuerpo lo llevaron al horno”.

Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias ‘Danielito’, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, dos semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja , Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de las Auc. De allí salió porque contra él no pesaba orden de captura de alguna.

“Él fue víctima de su propio invento”, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. “A Daniel lo desaparecieron junto con diez de sus escoltas en ese horno”. Una noche me llamó un amigo y me dijo ‘se tragaron a Daniel, el patrón’, y nunca más supe de él. Tampoco sé que pasó después con ese horno”.

Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en Norte de Santander y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de “industrializar la criminalidad”. Había una orden superior de “desaparecer las víctimas a toda costa” y en ese sentido es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado “enemigo”.

Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, “lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra” a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales.

La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de Justicia y Paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.

En tres de los casos de ejecuciones extrajudiciales

en Soacha no se han abierto investigaciones.

Dos años y medio después de presentarse las ejecuciones extrajudiciales de los 16 jóvenes de Soacha, en tres de los casos, no se han abierto investigaciones formales. Así lo reporta el informe “Soacha: la punta del Iceberg” presentado por la Fundación para la Educación y el Desarrollo (Fedes), una de las organizaciones que realizan acompañamiento a los familiares víctimas de estos hechos.

Expresa el informe que “Este retardo injustificado constituye un agotamiento de recursos internos y una violación al deber estatal de otorgar a las víctimas un recurso rápido y efectivo en el ámbito interno que permita el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables”, y constituye a la vez, una de las razones para que el caso de las ejecuciones extrajudiciales de Soacha, sea llevado hasta instancias internacionales.

Este hecho se encuentra referenciado en el informe, en una de las cuatro categorías, en que dividen con claridad, los mecanismos implementados para asegurar la impunidad, a saber, durante la comisión del delito, durante la investigación, durante el juzgamiento, de orden político y de orden normativo.

No basta, ni bastó con que el gobierno nacional días después que salieran a la luz pública éstas ejecuciones extrajudiciales, llamaran a calificar servicio a tres generales, 11 coroneles, tres mayores, un capitán, un teniente y seis suboficiales, [1] si en la práctica el propio presidente Álvaro Uribe Vélez públicamente no sólo defendió a los militares, [2], sino que denunció la existencia de “un cúmulo de abogados pagados por organizaciones internacionales, con sesgos ideológicos, que les impiden examinar el cotejo de las


Análisis y OpiniónEllas aún no encuentran respuesta a las declaraciones del presidente Álvaro Uribe Vélez, realizadas pocos días después que se develaran los hechos, en los que éste, una vez más, defendiendo las acciones de su Ejército, declaró ante los medios de comunicación que los jóvenes asesinados “no salieron con el propósito de trabajar y recoger café’”.

En la actualidad, “la Fiscalía investiga los asesinatos de 1.666 personas y por lo menos 400 militares están vinculados a investigaciones penales por presuntos falsos positivos”.

En memoria de, Julio César Mesa Vargas, Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, Daniel Andrés Pesca Olaya, Eduardo Garzón Páez, Diego Alberto Tamayo Garcera, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Fair Leonardo Porras Bernal, Elkin Gustavo Verano Hernández, Julián Oviedo Monroy, Joaquín Castro Vásquez, Mario Alexander Arenas Garzón, Jaime Steven Valencia, Daniel Alexander Martínez, Diego Armando Marín Giraldo y Jaime Castillo Peña.

conductas y el ordenamiento jurídico imparcialmente, y que lo hacen con odio y carga ideológica. Cúmulo de abogados al servicio de hacer falsas imputaciones a nuestra Fuerza Pública”.

Frente a este punto es necesario recalcar que a la fecha, según el informe, han recobrado la libertad 46 militares, por vencimiento de términos en cuatro procesos distintos, los cuales, fueron confinados en la Escuela de Artillería, al sur de Bogotá, por orden del Ministerio de Defensa, y fueron objeto de una jornada que incluyó orientación psicológica, payasos y almuerzo con lechona.

Entre tanto las madres, revela el informe, enfrentan el discurso y las mentiras oficiales, que han “inducido a una buena parte de la sociedad civil a considerar que la desaparición y muerte de los jóvenes es prueba de su culpabilidad, generando aceptaciones, justificaciones y conformidades que, en consecuencia, favorecen la legitimación social de la impunidad y de las violaciones de los derechos humanos”.


Análisis y OpiniónJuan Manuel Santos:

la continuidad de la oligarquía colombiana..

Juan Manuel Santos Calderon, junto con su antecesor Uribe, y muchos miembros de sus respectivos gabinetes y familias, forman parte del grupo gobernante que desde hace tres décadas se reparten trozos del Estado colombiano. Incluso se reproducen endogámicamente: los apellidos Samper, Pastrana, Barco, Montoya, Betancourt, Restrepo, Uribe y Santos se repiten en los más altos niveles de gobierno y de las empresas dueñas de ese país. Este solo hecho es ya de por si un cuestión grave, que incluso no dista demasiado de lo que ocurre en México, u otros países latinoamericanos. Pero lo que da la nota característica a esta oligarquía es el modo como han conseguido hacerse del poder y perpetuarse en él.

En el informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) sobre Colombia: Hay más de 3.300.000 desplazados internos por el conflicto armado, los grupos paramilitares han vuelto a aparecer y a causa de sus acciones las consecuencias han empeorado para los campesinos y comunidades de indígenas y negros, que son asesinados, abusados sexualmente o deben huir perdiéndolo todo. La cifra de desplazados aumenta cada año. En 2009 el CICR registró

800 casos de violaciones al derecho humanitario, 28 asesinatos y 84 desapariciones, en manos del ejército. Continúan los llamados “falsos positivos” o civiles muertos por las fuerzas armadas y presentados después como guerrilleros caídos en combate.

Los servicios de seguridad de Colombia persiguen y crean montajes policíacos en contra de opositores, incluso en el extranjero, muchas veces con la posible complicidad de los servicios secretos de esos países. En Colombia hay 200 mil personas desaparecidas por acción del Estado. Los “falsos positivos” suman más de 5 mil. Se han descubierto dos mil fosas comunes; tan sólo en una de ellas había 2.000 cuerpos de campesinos y campesinas asesinados por miembros de la fuerza pública y/ o paramilitares. Un jefe paramilitar actualmente preso reconoció que construyeron 5 hornos crematorios para desaparecer los restos de víctimas y atemorizar a los campesinos y que mató a dirigentes políticos, periodistas, defensores de derechos humanos, señalados en una lista. Un documento encontrado en allanamientos al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la


Análisis y Opiniónpolicía secreta que depende directamente del gobierno de Uribe y Santos, expone un plan para desarticular a la oposición, lo que incluía la elaboración de listas de personas que posteriormente fueron asesinadas por paramilitares.En Colombia han sido asesinados 2.742 sindicalistas.

En Declaración judicial de Salvatore Mancuso ex jefe paramilitar preso en Estados Unidos: Ha sostenido que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mantenían una alianza con el Ejército Colombiano, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía, destinada a combatir a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC-EP). El ex ministro de defensa y actual presidente Juan Manuel Santos se entrevistó al menos dos veces con los líderes paramilitares. Y Francisco Santos les propuso la creación del Bloque Capital, uno de los frentes más sanguinarios, al que se entregaba personas raptadas en Bogotá. Las AUC sustentaron la elección y reelección de Álvaro Uribe y mediante el terror llevaron a las poblaciones a otorgarle el voto.

Un documento encontrado a un jefe paramilitar dice que en reuniones secretas el año 2002 con jefes

paramilitares el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo les hizo un claro reconocimiento político y aprobó un derecho de las AUC para enfrentarse defensivamente con los guerrilleros. En acciones judiciales fueron detenidos los representantes a la cámara Luis Carlos Restrepo, acusado de haber recibido apoyo político y económico de las Autodefensas, y Antonio Valencia Duque, por presuntos vínculos con un ex jefe paramilitar. Se ordenó la detención del ex senador Mario Uribe Escobar, primo de Uribe, procesado por tener nexos con paramilitares. En el juicio a solicitud del presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema el presidente Uribe tuvo que declarar “acerca de los nexos políticos entre él y el doctor Mario Uribe Escobar”. También están implicados en el mismo caso Juan Manuel Santos y Salvatore Mancuso que afirma se reunió con Mario Uribe en 2002.

Esta es una parte del historial de esa oligarquía asesina, el gobierno, los políticos, los militares, los medios de comunicación colombianos que están al frente del Estado y el gobierno colombiano de los cuales ha hecho parte y hoy es cabeza máxima Juan Manuel Santos Calderón.

Cátedra Libertador Simón Bolívar.


ColombiaRescatemos al

Motosierrismo.

El motosierrismo reclama a gritos que se le eleve a la categoría de deporte nacional y el instrumento con el que se practica debe ser declarado patrimonio cultural colombiano, ni más ni menos.

La siguiente noticia tuvo su minuto de fama en todas las secciones de deportes en la televisión nacional el día 5 de Julio “Más de 20 años de trabajo en la selva de la costa pacífica le dieron a Edinson Torres la habilidad necesaria para ganar el campeonato nacional de motosierrismo, y ahora probará suerte en el mundial de la especialidad que se disputará en Zagreb, en Croacia”. Al enterarme de las horas interminables de entrenamiento de este infatigable moreno, su falta de patrocinio, y toda la cantidad de obstáculos que este deportista tuvo que sortear para lograr tan anhelada corona he decidido unirme a la noble causa del motosierrismo para devolverle todo lo que nos ha dado a los colombianos.

Como ha pasado con cientos de glorias abandonadas a su suerte Torres ha sido condenado al más absoluto ostracismo por parte de la ciudadanía en general ¡y qué decir de su deporte! No hemos sido lo suficientemente agradecidos con una práctica que nos ha entregado miles de alegrías por lo que me uno, me ofrezco a liderar una protesta aireada, digna por el abandono en que el estado colombiano ha sumido al motosierrismo nacional.

Todavía no salgo del asombro, no encuentro respuestas al porque este deporte que es toda una institución en Europa no lo es en nuestro país donde esta práctica casi quirúrgica se ha convertido en toda una causa nacional al punto de hacer posible que en el pasado (1981), 223 héroes de la patria hayan dejado sus intereses particulares para aportar cada uno 10 de sus mejores exponentes con el fin de salvar a nuestra nación de las manos de la criminalidad. Faltaba M.A.S!!

Que falta de memoria, el motosierrismo reclama a gritos que se le eleve a la categoría de deporte nacional y el instrumento con el que se practica debe ser declarado patrimonio cultural colombiano, ni más ni menos. Es lo justo por todas las gestas heroicas que sus viejas glorias han labrado ¿O les parece poco haber hecho posible


Colombiaque cualquier mortal pueda tener la capacidad de flotar en el agua después de haber sido expuestos al buen uso de las motosierras?

En esta campaña proactiva debemos reestructurar la federación nacional de este deporte, exigiendo que se nombre a un nuevo presidente y a un presidente honorario, este segundo cargo como un paliativo a la encrucijada del alma de nuestro más fuerte candidato a ser homenajeado. Dentro de este nuevo resurgir deportivo desde ya debemos ir pensando en buscar la sede del próximo campeonato nacional. Por ahora siguen en pie las propuestas de los municipios de Ituango (Antioquia), Macayepo y El Salado (Bolivar), El Naya (Cauca), Mapiripan (Meta) entre otros.

El motosierrismo debe convertirse en nuestro próximo referente a nivel mundial y exportador de talentos por excelencia. Dejemos de insistir de manera terca con los Rodallegas, Giovannis, Wasons y demás especímenes que nos hacen sufrir con sus múltiples caídas cada vez que los vemos.

Basta ya de traer técnicos argentinos perdedores, necesitamos técnicos Israelitas ganadores ¿Aceptaría dicho desafío el siempre curtido y experimentado Yair Klein? De la misma manera insisto en que esta nueva moda debe empezar a construir su propia filmografía. Sugiero el titulo de Diarios de Motosierra para enterrar del imaginario aquella película comunistoide de Walter Salles. No más apología al delito. Tenemos que posicionar el delito en la mente de nuestra sufrida ciudadanía.

Es momento de dejar de protestar, más bien pasemos a proponer ¡el motosierrismo debe salir de la marginalidad y hacerse visible! debe dejar de ser la amante que se adora en privado pero que se niega, se esconde en público. Ya no más mensajes subliminales, ya no más novelas de traquetos induciendo de manera indirecta a la práctica de solapada de actitudes “motosierristicas”, debemos hacer que el país reconozca y ponga en el lugar que se merece a la guadañadora, en el primer orden, en la primera línea...!Por el bien de la patria larga vida al motosierrismo!

Felipe Pineda.

El cambio de Gobierno en Colombia. La continuidad de una tradición familiar.

Un reconocido periodista colombiano, Antonio Caballero, afirmaba que una de las reglas de oro en la política de su país era que a un Presidente de Colombia inexorablemente le sucedía otro mandatario, gobernando cada vez más en contra de los intereses de la mayoría de habitantes. Por lo tanto cada Presidente era peor que el anterior en el trato con aquellos que constituían teóricamente la razón de ser del gobierno, pero favoreciendo a los de la opulenta minoría; es decir el devenir de Colombia está marcado por una especie de sino mediante el cual el trato de los gobernantes a los gobernados es una pendiente hacia abajo, al parecer sin descansos ni puntos llanos.

La historia reciente de Colombia le da la razón a Caballero en muchos aspectos. El nivel social, cultural y económico de esta nación dista mucho de ser el que debiera poseer teniendo en cuenta sus recursos humanos, ambientales, económicos y su privilegiada ubicación continental. De conformidad con los parámetros internacionales más de la mitad de los habitantes del país son pobres y aproximadamente una quinta parte de la población sobrevive en la indigencia; esta nación lleva la pesada carga de albergar la mayor cantidad de personas desempleadas de la región. Como si fuera poco, el panorama se ensombrece aún más con unos cuatro millones de desplazados de zonas rurales resultado de crueles tácticas de guerra contrainsurgente empleadas por el gobierno local, a instancias de su ideólogo y patrocinador, el homólogo de los EE.UU.; el abismo entre ricos y pobres se ha profundizado aún más en la última década con las políticas de injerencia de este gobierno en Colombia [1] . Consecuencialmente los entes gubernamentales son utilizados fundamentalmente para maquillar estadísticas y así ocultar el deterioro social [2] .

En este punto es indispensable resaltar la inveterada nula independencia del gobierno de Bogotá desde inicios del pasado siglo a la fecha, frente a las políticas económicas y de guerra provenientes de todas las agencias de Washington, una situación a la cual se ha llegado tal vez como resultado de un patológico complejo de inferioridad de los oligarcas


Colombiacolombianos, luego de aquel doloroso robo de Panamá, como con certeza se denominaba en los inicios del siglo XX, al zarpazo de Teddy Roosevelt y los marines en 1903. Esto lleva a la vergüenza de que Colombia sea el único país latinoamericano al cual se le ha desmembrado una parte de su territorio para ser independiente, lo cual ocurrió sin oposición alguna de la oligarquía criolla, la cual continuó gobernando como si nada hubiera sucedido. El nacionalismo colombiano en estas circunstancias es apenas simbólico y referido a consignas abstractas y vacuas, impulsadas maliciosamente por campañas publicitarias, desvaneciéndose constantemente al ser contrastadas con los hechos tozudos.

En la superficie, aparentemente esta esquina noroccidental de Suramérica ha tenido un pasado diferente al de los restantes pueblos del subcontinente, con la ocurrencia de muy pocos gobiernos de facto, a diferencia de las dictaduras de todo tipo que han aquejado la región; no obstante, ningún otro país al sur del Río Bravo ha sufrido tan sangrientas y prolongadas guerras internas. Colombia ha padecido y padece aún una violencia mimetizada mediáticamente de forma calculada en los años más recientes. Empero es una democracia ‘modelo’ de acuerdo a las letanías provenientes de la Casa Blanca y la Moncloa. La remembranza de despiadados incondicionales de Washington como Tachito Somoza o de Leónidas Trujillo viene a la mente, sólo que en este caso existe una cuidadosa simulación, cuyo eje reside en la mudanza cíclica del jefe de estado y su burocracia insaciable acompañante.

Dentro de unas circunstancias como estas el cambio de gobernantes en esta nación, es un incidente hasta el presente simplemente revalidador del dominio de un grupúsculo voraz, el cual se estima así mismo como poseedor incuestionable de vidas, tierras y fortunas; es decir, cada determinado tiempo sucede una oxigenación en la conducción de la máquina estatal a cambio de mantener aplicadas las instrucciones entregadas desde el exterior. La continuidad de este brutal dominio con antifaz de democracia, ha sido cada vez más avalada por el imperio del norte, quien impone con cansado disimulo condiciones y tiempos de las entregas materiales.

Otra de las características del sistema de gobierno en

Colombia es la férrea continuidad de clanes o familias en el ejercicio de la administración, pues allí están desde hace varias décadas apellidos como Gómez, Lleras, López, Pastrana, Santos, más recientemente Gaviria o Galán, los cuales se han erigido o están por erigirse como centros de ejercicio del tráfico de influencias y clientelismo custodiando privilegios muy rentables que en algunos casos se acercan al siglo de su ejercicio. Si bien han existido gobernantes provenientes de fuera de estas familias, han ascendido al poder mediante el apoyo, la alianza, o colaboración de aquellas, como es el caso del mandatario saliente Álvaro Uribe, sin duda parte de las más urgentes imposiciones del norte para el inicio del presente siglo. En la llamada izquierda local por ejemplo, el actual Alcalde del Bogotá y con aspiraciones presidenciales en un futuro, Samuel Moreno Rojas, es nieto del dictador Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957), y como en el caso de los miembros de las anteriores familias nombradas, el descender de un

expresidente es su más destacada carta de presentación dentro de su carrera política.

El cambio de Presidente en Colombia invariablemente implica en estas circunstancias una especie de renovación al interior de las élites locales en la protección de los intereses económicos y políticos del capital estadounidense y español fundamentalmente, una variación necesaria debido al desgaste causado por las inclementes

imposiciones a la población y la correlativa represión de esta ante la inconformidad generada. Es la puesta en escena de un testaferrato como ocurre en sitios tan alejados como Afganistán, Iraq o Kosovo.

La familia Santos de donde procede el presidente electo Juan Manuel Santos, desde sus orígenes públicos ha sido un paradigma de lo contrario al nacionalismo y la independencia. Eduardo Santos (Presidente 1938-1942) el patriarca del clan y tío abuelo de Juan Manuel, fue catalogado por otro oligarca local como Alfonso López Pumarejo como un entreguista de la soberanía colombiana [3] . En su momento la poca modestia de aquel Santos lo lleva a autoproclamarse consejero del Presidente Franklin D. Roosevelt, a la vez de practicar una adulación tan desproporcionada como para expresar sin sonrojo alguno que la muerte de este en 1945 constituía un “irreparable daño para el universo”, o vanagloriarse de


Colombiaser amigo de un personaje tan contrario a los intereses latinoamericanos como Nelson A Rockefeller [4] . Eduardo Santos es el primer presidente criollo que hace acuerdos públicos y secretos con el gobierno de EE.UU., resultantes en meros pactos de adhesión a la potencia; autoriza la cesión de bases colombianas y la presencia de militares estadounidenses [5] . Adicionalmente, defiende la tesis de un sistema de seguridad colectiva para América Latina, incluso para los tiempos de paz donde el subcontinente se convertiría de facto en una gigantesca base militar gringa [6] .

En el terreno del periodismo y las letras la familia Santos es poseedora en un país de ostentosos monopolios, del único periódico colombiano de carácter nacional, El Tiempo, de muchos diarios regionales y del único canal de televisión privado regional del país (La llamada Casa Editorial El Tiempo que engloba estas propiedades hace unos años fue adquirida mayoritariamente por el grupo español Planeta), dejando mucho que desear en el cumplimiento de los más elementales deberes del oficio de comunicar, pues es conocido en Colombia su tradicional vocación de defensa férrea de todos los gobiernos cualquiera sea su tendencia (por supuesto capitalista), que los ha llevado hasta el fulminante despido de periodistas críticos de gobiernos sospechosos de corrupción por exigencia expresa de estos [7] . Sobre la calidad de los textos periodísticos de miembros del clan Santos es poco lo por exhibir. No obstante, otro de los miembros, Enrique Santos Calderón (hermano del Presidente electo), es el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP, órgano de los dueños de los grandes diarios del continente, desarrollado y apoyado en la actualidad por diversas agencias del espionaje gringo, asunto este que por demás se ha tornado con el tiempo en un hecho ostensible.

J.M. Santos, quien por su parte afirma ser amigo del exPrimer ministro británico Tony Blair, es sencillamente un vástago de las tradicionales familias oligárquicas criollas, y sus características personales le describen sin duda como el más cínico, arrogante, y despiadado de toda esta generación; es de suponer que los tiempos exigen estas calidades del personaje pues lo que se encuentra en juego es mucho para los dueños del espectáculo allende los mares.

El jefe de estado colombiano que entra en

funciones este 7 de agosto de 2010, electo con casi un 60% de abstención y numerosas denuncias de irregularidades en la contienda electoral, dentro de un ambiente de control social violento y todas las formas conocidas de manipulación, nunca antes se había postulado para cargo alguno de elección popular puesto que su carrera política se ha sustentado en nombramientos basados en su apellido, deambulando los últimos veinte años por los gobiernos de las diversas tendencia neoliberales tradicionales y de los nuevos partidos reaccionarios. Sin embargo, J.M. Santos ha dejado huellas de su andar; ha sido acusado de golpista, patrocinador de grupos paramilitares, de propiciar y ocultar asesinatos de las fuerzas militares, entre otros cargos de menor importancia que le permiten ascender ante sus mentores, como el ser un embustero compulsivo [8] . Su más notable aparición a nivel internacional hasta hoy, es la de haber participado en la agresión a Ecuador del 1° de marzo de 2008. En Colombia hasta sus más cercanos le tienen por ser un personaje carente de escrúpulo alguno para alcanzar sus metas, y no menos pueden esperar sus mentores. Es una conclusión razonable el afirmar que por ello lo encumbraron allí.

En los tiempos actuales las tendencias pasadas de esta familia Santos se han acentuado, manifestándose en los procederes de miembros tan bufos y locuaces de la misma como el actual Vicepresidente colombiano Francisco Santos (primo de Juan Manuel) acusado por líderes paramilitares de ser uno de sus apoyos, o en el talante periodístico de otros como Alejandro Santos Rubino (hijo del presidente de la SIP y sobrino de Juan Manuel), director de la revista derechista Semana (de propiedad del actual primogénito del clan López), que


Colombiase dedican a defender abierta o subrepticiamente, como sus antepasados, el gobierno de turno dentro de él o fuera, esta vez en cabeza del primo-tío, y el ignominioso protectorado al cual es sometido su país, aplastando sin miramientos cualquier atisbo de deontología periodística o de sencilla honestidad humana.

Como hace poco más de un siglo cuando perdió a su provincia, Panamá, Colombia se ve una vez más sometida a actos belitres que le conducen a entregar parte de su territorio a la misma potencia que le asaltó entonces, en esta ocasión materializada en la creación de bases gringas en territorio nacional. De ello también participan los Santos en cabeza de quienes desempeñaron cargos en el gobierno saliente como Francisco y Juan Manuel; la tendencia es ya una tradición familiar.

De acuerdo a lo anterior, la labor del clan para los próximos años parecería ser la de aclimatar la entrega de soberanía y proyectarla a los nuevos acontecimientos impuestos por el gobierno de Washington. Tal vez como en tiempos de Eduardo Santos, la familia debe servir de amanuense de los dictados del norte, por esta época con osadía e insolencia en caso de una guerra de grandes proporciones a nivel global o regional. Juan Manuel, ha hecho meritos de sobra para ser ungido representante de intereses foráneos, desarrollando una carrera de histérica animadversión con gobiernos contrarios al dominio imperial, como es el caso del venezolano en cabeza de Hugo Chávez Frías, al cual no ha vacilado en catalogar en documentos atiborrados de adjetivos no sustentados de resentido, tirano, totalitarista, acusándolo directamente de ser una amenaza para Colombia [9] , de manera idéntica a los postulados del Departamento de Estado gringo.

Estas diatribas de J.M. Santos contra el presidente venezolano coinciden con el escalamiento del dominio del poder imperial sobre la esquina noroccidental de Suramérica, el cual ha adquirido tales visos, que por estos días en Colombia son observables militares estadounidenses en uniforme (identificables por su aparatoso parecido con aquel personaje del caricaturista Fontanarrosa llamado Boogie El Aceitoso), paseándose petulantemente por las calles de las ciudades donde se encuentran bases o en la misma Bogotá. Los cuerpos armados nativos de su parte han adoptado todos los estilos y colores de los uniformes imperiales; de hecho los militares criollos reciben órdenes de sus pares rubios como parte de una costumbre impuesta y ya perceptible.

La subyugación a la cual se somete el pueblo colombiano tiene como una de sus tácticas primordiales su aislamiento frente a los pueblos hermanos y vecinos e incluso del resto del mundo. Es muy diciente que los colombianos, los cuales a finales del siglo XX podían viajar a 39 países sin requerir visado, ahora puedan hacerlo apenas a 12, y por supuesto ni EE.UU. ni España son parte de esta docena. En esto son significativas las declaraciones del Presidente electo, respecto a que Colombia debía imitar a Israel. Es evidente que uno y otro país están aislados de sus vecinos amenazándolos como en el caso venezolano o atacándolos como le ocurrió a Ecuador; Israel ha hecho lo propio con Líbano, Palestina, Iraq, Siria, etc. Santos entonces dentro de sus tareas básicas asignadas posicionaría aún más a Colombia como la ‘Israel de Suramérica’.

Es un triste el destino para los habitantes de aquella nación en la cual hablar de las cifras de muertos, desaparecidos, heridos, desplazados, exiliados, amenazados, etc., resulta ser una obscenidad encubridora del padecimiento individual y colectivo, dada la magnitud, intensidad y duración de las estrategias de control social empeladas sobre la población. En este contexto es imposible exponer como democrático a un país como Colombia, sin redefinir el concepto de gobierno del pueblo de más de dos mil quinientos años de antigüedad.

Uno de los retoños Santos, esta vez Juan Manuel, continuando con la tradición familiar, estará en el cargo de Presidente de Colombia para garantizar sin contratiempos la práctica de los planes pentagonales y en general de la burocracia bélica imperial; los restantes miembros del clan, cada uno en su lugar, le secundan en la ardua tarea. Todos a una, como en Fuenteovejuna.

En la práctica serán sentidos algunos cambios en la administración pública. Habrá acaso menos mala redacción en los documentos oficiales, menor rusticidad de los embajadores, o un se verá un descenso en las personas con relaciones con el tráfico de sustancias ilegales visitando el palacio presidencial de Bogotá, no obstante en lo sustancial, poco o nada cambiará. La política interna y externa del gobierno del Santos gobernante en el siglo XXI ya está fijada de antemano lejos de Colombia; la horrible noche se prolongará aún más para esta nación, empero esta vez amenazando con alcanzar con su lúgubre penumbra todo ese trozo de América Latina que le rodea. Será necesario contradecir los designios del norte por el bienestar de estos pueblos.


Retratos de DelincuentesEL SECRETO DE

LAS ELECCIONES COLOMBIANAS.

Narcopolítica

... Hace unos meses, Rafael García Torres, el exjefe de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el órgano de seguridad del gobierno colombiano, explicó en detalle como el narcotráfico y los paramilitares se adueñaron de la vida política en Colombia.

García Torres, parte de ese engranaje, huyó al sentir que su vida corría peligro. Pero, en su huída, habló largo y detalladamente.

Desde 1999 las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que agrupa a paramilitares y grupos de narcotraficantes, “hicieron alianzas con políticos tradicionales de sus áreas de influencia, con el fin de apoderarse paulatinamente de la administració n pública”, aseguró.

Los efectos de esa alianza se hicieron sentir rápidamente.

“Para la elecciones legislativas del año 2002, celebradas en marzo, las Autodefensas lograron apoderarse de aproximadamente 40% de las curules del congreso”, afirma García Torres. Y agrega: “De no haber sido por el apoyo paramilitar, Álvaro Uribe no habría obtenido esta victoria en primera vuelta”, en las elecciones de ese año.

La historia vuelve ahora a repetirse. En las elecciones parlamentarias de marzo, los sectores uribistas lograron un cómodo triunfo. El Partido de la U, de los seguidores del presidente Álvaro Uribe, alcnazaron 25% de los votos, y los conservadores, aliados suyos, casi 21%, en unas elecciones en las que participaron apenas 44% de los inscritos.

“Las elecciones legislativas del pasado 14 de marzo

son las más viciadas en una larga historia de fraudes y anomalías electorales en Colombia. Los resultados y el triunfo de la abstención, dejan importantes lecciones y alertas que no deben pasar desapercibida, dijo la escritora colombiana Maureén Maya.

Pero eso no es lo más grave. Citando a comentaristas colombianos, Maya agregó que, en esas elecciones “fueron elegidos 22 senadores que están en las investigaciones de la ‘parapolítica’ o son herederos de quienes están presos o condenados por estos delitos: 8 del partido de ‘la U’, 7 en el PIN, 5 en el Partido Conservador, 1 en Cambio Radical y 1 en el Partido Liberal. La influencia en la Cámara de Representantes es aún más grande…”

El PIN, un partido creado con reconocidos miembros de la narco y la parapolítica, logró un millón de votos en esas elecciones parlamentarias, lo que le valió 8 curules en el senado y 11 en la Cámara de Representantes.

Los nombres son bien conocidos y, en Colombia, cuando no hay quórum en el congreso, dice, en broma, que vayan a sesionar a la cárcel de La Picota. Ahí siempre hay quórum, porque senadores, diputados, ministros, embajadores, militares, los parientes más cercanos al presidente Uribe, incluyendo su hermano y un primo hermano, exsenador, están bajo investigación judicial o condenados por los crímenes de la parapolítca.

“En la primera administració n de Álvaro Uribe (2002-2006) la burocracia, es decir los cargos y entidades, fueron distribuidos entre los congresistas recién elegidos que habían apoyado su candidatura. Esto dio como resultado que los cargos se distribuyeron entre los diferentes bloques de las autodefensas, puesto que esos congresistas, en su inmensa mayoría, le debían el haber conseguido esa curul en el congreso al apoyo paramilitar”, afirmó García Torres en sus declaraciones.

En ese escenario, se celebraron el pasado 30 de mayo las elecciones presidenciales. Uribe no pudo competir, porque la Corte Constitucional rechazó su pretensión de convocar un plebiscito que le permitiera aspirar a un tercer mandato.

Nuevamente, ganó su candidato. Nuevamente votó


Retratos de Delincuentesapenas la mitad de los electores. Y el resultado no dejó de sorprender. Las encuestas, todas, daban un virtual empate entre el uribista Juan Manuel Santos, exministro de Defensa, y Antanas Mockus, exrector universitario y exalcalde de Bogotá, pero los resultados le dieron a Santos más del 46% de los votos, y apenas 21% de Mockus. Ambos irán a una segunda vuelta, que confirmará el triunfo de Santos.

“El establecimiento creó un candidato como Mockus para legitimar elecciones. Sabemos que fue ficticio y mediático su crecimiento”, dijo la senadora Piedad Córdoba, para explicar el resultado electoral.

Colombia seguirá sometida a la narcopolítica, en medio de escándalos que no terminan, del descubrimiento de fosas comunes con 2.000 y 3.000 cuerpos de campesinos asesinados por los militares y los paramilitares, con 100 mil (algunos hablan del doble) desaparecidos, con índices de desigualdades sociales y pobreza solo comprables a los peores de América Latina, con una policía acusada de corrupción, de vigilancia y seguimiento a magistrados, periodistas y opositores.

La narcopolítica ha salpicado a todo el gobierno. Ciertamente, por eso, en Colombia se oye, cada vez con mayor frecuencia, que el jefe de todos debería estar sentado en el Tribunal Penal Internacional, acusado de crímenes de genocidio.

Uribe quiere la guerra, para evadir la cárcel.

Lula ha planteado la paradoja correctamente. Si el presidente electo Santos quiere mejorar las relaciones con Venezuela, ¿por qué el presidente saliente Uribe genera un conflicto potencialmente bélico con Caracas? La respuesta a este comportamiento contradictorio radica en la futura situación carcelaria de ambos presidentes que comparten un largo historial delictivo: Uribe se encuentra muy cerca de la cárcel, Santos estará protegido cuatro años más por su investidura de Presidente.

En el expediente criminal de Álvaro Uribe hay dos delitos que se están convirtiendo en la espada de Damocles de la justicia colombiana e internacional contra el pronto ex Presidente. El 9 y 13 de julio del presente, Uribe fue acusado por primera vez directamente por los casos de espionaje telefónico y seguimiento a personalidades de la alta política colombiana. La acusación fue hecha, nada menos, que por el ex Director General del Área de Inteligencia de la policía secreta del régimen, ³DAS², Fernando Alonso Tabares Molina. Siendo la justicia colombiana una honrosa excepción a la mayoría de las justicias clasistas corruptas de América Latina, es muy posible que esta vez Uribe no se escape de la responsabilidad de haber creado un proto-Estado paramilitar- narco, a la sombra del Estado oficial; coordinado desde la Presidencia y el DAS.

Más grave aún es que el 22 de julio del presente, diputados y senadores del Congreso de la República, junto con 21 parlamentarios europeos y representantes de organizaciones de Derechos Humanos de Colombia, constataron en el municipio de la Macarena, Departamento del Meta, un cementerio clandestino con, posiblemente, unas 1.500 víctimas de la Fuerza Armada de Colombia y sus aparatos paramilitares. La fosa común se encuentra al lado de una brigada del Ejército que ha recibido apoyo del Plan Colombia. La reacción de Uribe al descubrimiento consistió en


Retratos de Delincuentessu habitual método de amenazar e intimidar. Esas acusaciones, dijo, las estan haciendo ³voceros del terrorismo para poderse recuperar². Se le olvidó que con los parlamentarios europeos, sus métodos terroristas no van a funcionar.

Hoy día está claro que la ejecución del ³Plan Colombia² por Uribe, es una cadena interminable de crímenes de lesa humanidad, moldeada según el modelo de holocausto de Washington en Vietnam, con su Operation Phoenix, que asesinó a 75.000 cuadros vietnamitas; el body count, es decir, la matanza de civiles en beneficio de soldados y oficiales, que en Colombia reaparece -con una tasa de impunidad del 98.5%- como la política de ³falsos positivos²; la ³separación del pez del agua², o sea, del guerrillero de la población campesina, que ha producido más de cuatro millones de desplazados y refugiados en Colombia; finalmente, el vano intento bélico de destruir la retaguardia del Movimiento de Liberación Nacional (Vietminh) que llevó a la invasión militar de Laos y Camboya y, en Colombia, a la intervención militar contra Ecuador y la planeada agresión contra Venezuela.

Paso a paso, esos crímenes saldrán del anonimato creado por el poder oligárquico colombiano y alcanzarán a sus autores, tal como está sucediendo con los asesinos militares y policiacos del Cono Sur.

Santos ya tiene una orden de captura en su contra en Ecuador, desde el 26 de abril del 2010, que solo podrá neutralizar a través de un arreglo político. Si no llega a ese quid pro quo, quedará desprotegido jurídicamente una vez que deje la Presidencia.

Cuando el dictador Pinochet dejó la presidencia chilena, en 1990, pasaron ocho largos años antes de que fuera detenido en Londres. No cabe duda, de que el futuro carcelario de Uribe y Santos se resolverá en un plazo mucho más corto.

Sin embargo, la diferencia clave entre ambos radica en que a Santos le quedan cuatro años para salvarse, mientras que Uribe se quedará en diez días desamparado institucionalmente. Por eso, la estrategia de Santos para salvar su pellejo será un arreglo político

interno y con los vecinos, que incluiría un indulto para los violadores de derechos humanos de las últimas décadas.

Uribe ya no tiene esta oportunidad. De ahí, que busca su salvación en un peligroso escenario de conflicto y guerra, que coincide estructuralmente con los intereses de Washington. Cuál de las dos estrategias se impondrá, dependerá de una serie de factores internacionales (Irán, Corea), de la firmeza de los gobiernos progresistas latinoamericanos frente a Washington y de la actitud de los pueblos latinoamericanos.


Retratos de DelincuentesUribe, empresarios y clérigos, parte de una cadena criminal: Iván

Cepeda.

Paras hacen el trabajo sucio de estructuras delictivas, dice el defensor de derechos humanos.

La cúpula política, implicada en matanzas; “hay que enjuiciar al presidente”, señala.

Bogotá, 14 de junio. El defensor de derechos humanos Iván Cepeda, cuyo padre, Manuel Cepeda, senador por la Unión Patriótica, fue asesinado en 1994, jamás imaginó que algún día se sentaría frente a uno de los jefes paramilitares que cometieron el crimen. Mucho menos que como resultado de esa reunión, que tuvo lugar en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, no sólo conocería detalles de la conspiración contra su padre, sino obtendría mucha más información que, espera, permitirá algún día completar un complejo mosaico del “gran proyecto de exterminio y expropiación” que dio origen a la nueva clase política colombiana, cuya cabeza indiscutible es el presidente Álvaro Uribe.

De manera discreta pero metódica, Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice); Danilo Rueda, defensor de la comisión intereclesial, y la senadora Piedad Córdoba han viajado a prisiones de Washington, Nueva York, Virginia y otras dispersas en territorio estadunidense para entrevistarse con los 14 capos de los aparatos paramilitares que fueron extraditados hace dos años.

Antes de su partida a prisiones estadunidenses, esos paras se habían acogido a la llamada Ley de Justicia y Paz, fraguada por la fiscalía como recurso de impunidad, ya que les ofrecía penas de máximo ocho años y laxas condiciones carcelarias a cambio de sus confesiones.

En poco tiempo, en las famosas “versiones libres”, los paras confesaron su responsabilidad en más de 21 mil homicidios en los años 90, la ubicación de fosas comunes, hornos crematorios y su vinculación con políticos y

gobernantes de todos los niveles. Para detener el daño potencial de sus revelaciones, Uribe los entregó a la justicia de Estados Unidos.

“Pero nosotros sí queremos saber la verdad. Y ése es el propósito de nuestro trabajo”, afirma Cepeda.

Entre sus interlocutores se encuentra Salvatore Mancuso, Vicente Castaño, Diego Murillo, Don Berna; Jorge Tovar, J-40, y Carlos Mario Jiménez, Macaco, por citar los más sanguinarios.

Ellos son lugartenientes, los jefes son otros

El objetivo de esa investigación “es uno”, explica Cepeda: “Que entreguen a la justicia nacional o internacional sus testimonios y las pruebas sobre quiénes fueron los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad. Eso que llaman jefes paramilitares no son más que lugartenientes de unas estructuras criminales mucho más complejas. Ellos hacían el trabajo sucio. Pero las grandes ganancias materiales y las grandes posiciones políticas las obtuvieron otros. Ésa es la verdad que necesita Colombia, y eso se va a lograr.”

–¿Qué tanto han aportado hasta ahora? ¿Qué intereses tienen ellos en colaborar con ustedes en ese fin?

–Son distintas motivaciones; habría que ver caso por caso. Obtener rebajas de penas es una de sus peticiones. Otros quieren poner a salvo a sus familias. Abiertamente nos dicen que no hablan con toda la fluidez que quisieran, porque sus familias están amenazadas. Y también quieren ajustar cuentas con quienes, según su opinión, los han traicionado.

Han sido conversaciones muy largas de las que nada se conoce aún. Pero Iván Cepeda admite: “Hemos escuchado cosas de extrema gravedad que comprometen a la cúspide del poder político. Y sin duda lo que tenemos apunta a esclarecer la responsabilidad del más alto nivel de muchas de las masacres en las que figuras como los Castaño, Mancuso y Don Berna fungían como jefes de ejércitos particulares. Pero en momentos claves lo que hacían era cumplir órdenes de un proyecto mayor, superior al de sus propios planes y estructuras.”

Para Iván Cepeda, filósofo de formación y forzado también al exilio en dos ocasiones, el contenido de la lucha por los derechos humanos en Colombia es “inevitablemente político”, porque “tiene que ver con los cimientos del poder”.


Retratos de DelincuentesCoautor junto con Jorge Rojas del libro A las puertas del ubérrimo, que documenta el origen delincuencial del poder económico y político de Álvaro Uribe en el departamento de Córdoba, epicentro del nacimiento de las fuerzas paramilitares, Cepeda describe la red de complicidades del actual mandatario con ganaderos y empresarios, representantes del clero y banqueros, militares y paramilitares como “una cadena criminal sofisticada y compleja”.

“Las pruebas están ahí”

Como parte de otra investigación de este activista –publicada como capítulo “Los expedientes de la Casa Nariño” en el libro colectivo Las perlas uribistas–, Cepeda logró conocer al menos 100 expedientes judiciales, en los que aparecen como sindicados el mismísimo mandatario, su vicepresidente y media docena de ministros (entre ellos Juan Manuel Santos, hoy candidato presidencial) , y varios comandantes de las fuerzas armadas y la policía.

“Creo que Uribe debería terminar enjuiciado, ya sea por un tribunal en Colombia o por un tribunal internacional. Bastaría uno solo de los crímenes por los que se señalan.”

–Si tuvieras que elegir uno...

–Es una cadena que relaciona unos con otros. Pero si tuviéramos que hablar de uno sería el desvío de las tareas de la policía secreta del Estado, que es el DAS, para convertirla en empresa criminal. No se dedicaba solamente a espiar, sino gestionaba directamente los planes para asesinar y hostigar a sus opositores. ¿Por qué monta Uribe una policía de esa naturaleza? Evidentemente porque tiene mucho que ocultar. Mi tesis es que estamos ante una situación propia de la criminalidad del sistema.

–¿Cómo se ubica Santos en ese tejido? ¿Es continuidad, forma parte de estas cadenas?

–Sin duda la familia Santos ha estado muy ligada a todo esto. Ya como presidente va a tener que tomar una decisión. ¿Se va a comprometer con Uribe y su entorno para garantizarle impunidad, o va a dejar que los jueces actúen? Los que conocen a Santos dicen que no es un hombre que guarde lealtades. No quiero decir con eso que se va a convertir en un hombre respetuoso de la ley. En su trayectoria ha demostrado tener nexos con el paramilitarismo y, sobre todo, tolerar ejecuciones, como hizo como ministro de Defensa con los falsos positivos.

–¿Cómo se ha transformado la práctica política con estas asociaciones del poder y el crimen organizado?

–El ejemplo clásico es la existencia del PIN (Partido de Integración Nacional), que claramente está muy ligado a los paramilitares. Los anteriores congresistas del PIN están en la cárcel por parapolítica. Sus escaños ahora los ocupan sus hermanas, esposas, tíos, primos. No es una mutación del fenómeno, sino una estructura ilegal que sigue íntegra.

–El gobierno se defiende de estas acusaciones con el argumento de que metió a los paramilitares a la cárcel e incluso los extraditó.

–Es su coartada. Pero un hecho muy concreto es que la emergencia del poder de Uribe está muy ligada a las familias paramilitares.

Esa relación tuvo carácter armónico hasta el momento en que los políticos le incumplieron a los paramilitares y estos últimos amenazaron con contar la verdad: cómo habían recibido órdenes, cuáles eran los nexos, qué dineros habían entregado, por qué cometieron los crímenes. Ése es el fondo de la extradición.

“Dice que no hay pruebas, pero abundan; se encuentran en los expedientes. “

Periódico La Jornada.

Junio 2010.


Te invitamos a participar en el Boletín mensual

“CADA UNO POR LA JUSTICIA”

El Boletín “CADA UNO POR LA JUSTICIA” es el medio de comunicación de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador y organizaciones que lo elaboran, en su lucha por lograr JUSTICIA y que los culpables del asesinato de

Verónica, Fernando, Soren y Juan sean llevados a juicio.

Así, convocamos a todos aquellos que quieran participar en la sección “Análisis y Opinión” aportando artículos, ensayos, imágenes, etc. Sólo tienes que enviar tú

colaboración al siguiente correo electrónico:

[email protected] artículos deben incluir: título, seudónimo o nombre del autor, correo electrónico y fecha de realización. Los textos deberán ser entregados por correo electrónico en

formato Word, con letra Arial 11 justificado, de máximo 3 cuartillas.

Se reciben colaboraciones del 1º al 15 de cada mes.

Agradecemos tú apoyo y solidaridad.

Atentamente.

Equipo de redacción y contenido del Boletín “CADA UNO POR LA JUSTICIA”


ASESINADOS EL 1º DE MARZO.Ustedes,

Los asesinados en marzo, oigan al pueblo

Desde su lecho natural de tierra:

Los amo con todo lo que siento y vivo.

Los quiero con mi fuerza brutal de cargador.

Los defi endo con mi cuerpo de campesino.

Los canto con la fuerza de su grito fi nal.

Los salvo de la muerte con el puño alzado. Ustedes,

Los asesinados en marzo, oigan al pueblo:

Desde el lugar donde los pechos aman las raíces;

Les voy a contar una cosa que nunca olvidaremos:

De su muerte manan vidas innumerables,

De su muerte sale la patria defi niendo,

Levantando y defi niendo su perfi l heroico. Ustedes,


La patria los ama como yo los amo,

Como los aman José y el viento, como los aman las estrellas y el agua,

Como los aman la tierra y sus semillas,

Como los aman los pedruscos hondos, ciegos,

Que en la noche de los martirios abren los ojos

Para ver si están en su sitio defi nitivo

Y no hayan resucitado hasta los cielos. Ustedes,


El verso nace simple del pecho de todos los hombres,

Todos los pueblos palpitan por él, todas las gargantas,

Cuando asciende el recuerdo como una tempestad y dice:

“A fuego vil y despiadado cayeron heroica e inolvidablemente

Juan González, Verónica Velázquez, Fernando Franco,

Y Soren Avilés, a un solo fuego vil y despiadado

Cayeron y nacieron.”Y, en las raíces de la patria están parados,

Como fl uviales héroes sin tiempo ni altura,

Miran al traidor, lloran un siglo de lágrimas

Y se despiertan sonriendo eternidades,

Porque ahora tienen vida eterna:

¡El corazón del pueblo es inmortal!

Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 22

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