Bien Común 199

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AÑO 17 NÚMERO 199JULIO 2011

FUNDACIÓN RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ, A. C.

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PresidenteGustavo Enrique Madero Muñoz

Director GeneralGerardo Aranda Orozco

Director General AdjuntoSalvador Abascal Carranza

Director de Estudios PolíticosAndrés Ponce de León Rosas

Director de Estudios Económicos

Francisco Calderón

Director de Estudios Sociales, Jurídicos y Proyectos EspecialesOscar Javier Moya Marín

Director de FormaciónEduardo Martínez Noriega

Director de Relaciones InstitucionalesArmando Reyes Vigueras

CEDISPAN

Gerardo Ceballos

Director Administrativo Eduardo Sánchez Macedo

DirectorArmando Reyes Vigueras

EditorCarlos Castillo

Coordinación editorialMaría Elena de la Rosa Vázquez

Consejo Editorial• Rogelio Carbajal • Jorge Chabat• Gonzalo Tassier • José Loyola • Fernando Rodríguez Doval

Dibujos de interioresRetorno Tassier / Gonzalo Tassier Corrección, diseño y formaciónRetorno Tassier / Silvia Monroy

AÑO 17 NÚMERO 199 JULIO 2011

La Fundación Rafael Preciado Hernández es una institución académica que tiene como principal objetivo la generación de ideas útiles que coadyuven a resolver los problemas de la sociedad mexicana en los ámbitos económico, político y sociocultural.

Objetivos:Apoyar la capacitación social, política y económica de personas interesadas en estos temas.

Elaborar, editar y publicar, directao indirectamente, boletines, revistas, memorias, apuntes, libros, videosy similares.

Fomentar y financiar actividades de investigación social, políticay económica dentro del país.

Actividades:Establecer relaciones y colaborar con otras instituciones similares del país y del extranjero.

Organizar, promover, estimular, patrocinar, dirigir y, en general, llevar a cabo directa o indirectamente cursos, seminarios, confe-rencias, reuniones de estudio, foros, mesas redondas, congresos y toda clase de activi-dades relacionadas con la política, los asun-tos sociales y la economía.

La revista Bien Común es el principal ór-gano que la Fundación Rafael Preciado Her-nández utiliza para dar a conocer pública-mente los avances de los proyectos de sus investigadores. Al mismo tiempo que refren-da con este medio su compromiso con una cultura plural y democrática, abre espacio a otros analistas interesados en expresar sus puntos de vista sobre tópicos de actualidad para la sociedad mexicana.

Los puntos de vista externados por nuestros colaboradores no necesariamente reflejan la posición académica de la Fundación.

Los anuncios que aparecen en esta revista son resultado de convenios de intercambio no lucrativos establecidos con los interesados.

Publicación indizada en CLASE.

Bien Común es editada por la Fundación Rafael Preciado Hernández, A. C. El tiraje es de 1500 ejemplares.

Certificado de licitud de título: 9152.Certificado de licitud de contenido: 6405. Reserva: 04–2004–081711193000–102ISSN 1870–0438

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por cualquier medio sin la autorización del editor, excepto para uso académico, con la cita completa de la fuente. No se devuelven originales.

Impreso en:Editores e Impresores FOC, S. A. de C. V.Los Reyes núm. 26, Col. Jardines de Churubusco, México, D. F. Tel.: 56 33 28 72

Correspondencia:Revista Bien ComúnÁngel Urraza 812, colonia Del Valle, 03100, México, D.F. Tel / Fax: 55 59 63 [email protected]

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COLABORADORES

5Editorial

Centrales¿Ganó el PRI?

Gerardo Aranda Orozco

Elecciones 2011, tentación restauradoraJaime Aviña Zepeda

Elecciones intermedias 2009:Un comparativo historiográfico

Andrés Ponce de León Rosas

Últimas tres elecciones,¿reflejo del avance de la competitividad electoral?

Coral Macías

Duración de las campañas electorales para gobernadorMaría de Lourdes

Ramírez Flores

Los cuatro grandes problemas de nuestra democraciaManuel Ramírez

CartaCarta del director

AgendasDisminución de la pobreza

Paulina Lomelí

No todo está escrito. Importancia del acervo de la Fundación Rafael Preciado Hernández para el estudio

del Partido Acción Nacional Dra. Martha Silva Antonio

DossierLos think tanks:

Laboratorios para la acción democráticaCarlos Salazar Vargas

ReflexiónLos ecos de Chapultepec

Salvador Abascal Carranza

ReseñaLa deuda de los estados

Paulina Lomelí

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• Gerardo Aranda Orozco. Director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

• Jaime Aviña Zepeda. Médico e investigador en el tema de la Familia.

• Andrés Ponce de León Rosas. Director de Estudios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

• Coral Macias Flores. Exinvestigadora de la Fun-dación Rafael Preciado Hernández, A.C.

• María de Lourdes Ramírez Flores. Politóloga por el ITAM. Investigadora de la Dirección de Estu-dios Políticos de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

• Manuel Ramírez. Catedrático de Derecho Políti-co en instituciones educativas españolas.

• Paulina Lomelí García. Economista e investiga-dora de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

• Martha Silva Antonio. Doctora en Ciencias So-ciales por la UAM-X, con especialidad en relacio-nes de poder y cultura política. Funge actualmente como catedrática de la Facultad de Ciencias Polí-ticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM y del IPN, en donde preside la Academia de Sociedad y Ética Profesional. Tiene diversos artículos sobre partici-pación política de empresarios en procesos elec-torales, análisis de coyuntura nacional e interna-cional, sobre partidos políticos, entre otros. Ha trabajado tanto en el sector privado como en el público, en este último realizó labores de Análisis político regional y nacional; así como de análisis prospectivo. Así mismo, ha participado como con-sultora en materia de escenarios políticos y de cul-tura política.

• Carlos Salazar Vargas. Licenciado en Adminis-tración con énfasis en Marketing Social por la Uni-versidad de los Andes, en Bogotá, Colombia), tie-ne Maestría en estudios políticos (Pontificia Univer-sidad Javeriana, Facultad de Estudios Interdiscipli-narios, Bogotá, Colombia), y realizó estudios avan-zados de Administración y Políticas Públicas (De-partamento de Gobierno, “London School of Eco-nomics and Political Science”).

• Salvador Abascal Carranza. Filósofo y escritor. Director general adjunto de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

• Víctor Alarcón Olguín. Doctor en Estudios So-ciales. Desde 1997 es Profesor-Investigador Titu-lar “C” en el Departamento de Sociología de la UAM-Iztapalapa. Entre 1994 y 1996 colaboró en la FRPH como Coordinador de Investigación y direc-tor de Bien Común.

• María Elena de la Rosa Vázquez. Periodista por la Escuela de Periodismo Carlos Septien García. Coordinadora editorial de la revista Bien Común.

• Socorro Escorcia García. Licenciada en Archi-vonomía y encargada del Archivo Histórico del PAN desde 2002.

• J. Gerardo Ceballos Guzmán. Historiador por la UNAM y director del Centro de Estudios, Documentación e Investigación sobre el Partido Acción Nacional (Cedispan).

• Jesús Garulo García. Licenciado en biblioteco-nomía y encargado de la biblioteca del Cedispan de la Fundación Rafael Preciado Hernández, A.C.

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LEDITORIAL

os procesos electorales llevados a cabo en este 2011 arrojan, más allá de los resultados, una serie de información que a la luz del análisis y la reflexión contribuyen a entender mejor la realidad por la que atraviesa el país en su conjunto y, en particular, el Partido Acción Nacional como agente del cambio

democrático y de la creación de conciencia ciudadana.

La estadística, el cruce de información, el papel de los medios de información y de las nuevas tecnologías, así como los reglamentos electorales de cada estado son parte fundamental de este estudio posterior a los comicios, en el esfuerzo de comprender mejor el escenario en el que se desenvuelven las elecciones y, con base en esto, afinar y definir una estrategia en la que al llamado “trabajo de tierra” se sumen las ideas y las propuestas que, en unos meses, abanderará

el candidato emanado de las filas panistas.

En el presente número de Bien Común se busca contribuir a comprender el desarrollo y los resultados de las elecciones de este año, destacando, en primer lugar, una contribución en la que el director general de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Gerardo Aranda, analiza las lecciones más importantes de los comicios, el abstencionismo y dos aspectos que, propone, deben ser cruciales

en futuras afrentas: los jóvenes y el impacto de las redes sociales.

Jaime Aviña, por su parte, destaca los entornos políticos, económicos y sociales de aquellas entidades donde se realizaron cambios en la gubernatura, y cómo la creciente desconfianza de la sociedad en una clase política vetusta y anacrónica debe ser un aliciente para promover gobiernos donde la honestidad,

la responsabilidad social y el compromiso democrático sean signos distintivos.

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Respecto de las elecciones intermedias de 2009, Andrés Ponce de León aprovecha la información estadística para demostrar cómo los llamados “comicios intermedios” demuestran aún la hegemonía priista a nivel estatal, basada en el poder que los gobernadores han adquirido al debilitarse el otrora autoritarismo presidencial, en un fenómeno de la transición a la democracia que aún tiene pendiente acotar y regular a los ejecutivos en ese nivel de gobierno. De igual modo, Coral Macías hace lo propio con las últimas tres elecciones y respecto de los tres partidos políticos con mayor votación (PAN, PRD, PRI), para ahondar en los niveles

de competitividad electoral en el país.

Otro tema a destacar lo aborda María de Lourdes Ramírez, y es el de la duración de las campañas electorales y los marcos legislativos que regulan este aspecto, en el entendido de que el factor temporal puede alterar la competencia electoral y modificar con ello los resultados. Por otro lado, Manuel Ramírez resume los principales problemas que actualmente vive la democracia y que han contribuido a desprestigiar no sólo a los partidos sino a la clase política en general,

deviniendo esto en apatía social hacia sus dirigentes, gobernantes y representantes.

Presentamos como complemento, en la sección Dossier, un estudio amplio de los llamados Think Tanks o “tanques de pensamiento”, en el que uno de los mayores especialistas en políticas públicas, Carlos Salazar, destaca la importancia de un ejercicio político que, más allá de los temas coyunturales, cuente con un aparato crítico, generador de ideas y propuestas que esté en constante actualización, para responder así de manera real a los problemas y retos que enfrenta

la democracia.

Esperamos que esta edición de Bien Común, con la que festejamos además el XVIII aniversario de la Fundación Rafael Preciado Hernández, cumpla con la misión de ofrecer a sus lectores un análisis profundo y detallado de nuestro presente como país en uno de sus aspectos más

importantes: el avance democrático a la luz de los procesos electorales.

Carlos Castillo LópezEditor

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Son muchas las lecciones que nos ofrece la jor-nada electoral del pasado 3 de julio, así como las preguntas cuyas respuestas permitan expli-car los resultados que todavía hoy, a escasas 72 horas de terminada la jornada –al escribir estas líneas–, estamos procesando.

Si bien a partir del año 2000 los comicios en México se empiezan a explicar por parámetros diferentes a los que nos ayudaban a compren-der el fenómeno electoral en el siglo XX, asisti-mos a la reedición de prácticas que creíamos superadas y que modifican la competencia par-tidista. Cómo entender, a manera de ejemplo, que un candidato es apaleado en redes socia-les, pero aun así triunfa en unos comicios en los que el abstencionismo llegó al 57%. Interrogan-tes de este tipo delinean el panorama al que nos enfrentamos en estos momentos.

Lecciones electorales¿Qué lecciones debemos extraer del 3 de julio? Una muy importante es que los partidos deben reflexionar profundamente respecto a los resul-tados obtenidos, incluso los que obtuvieron los puestos en disputa. Nadie puede cantar victoria cuando los votos alcanzados por el ganador re-presentan menos de la cuarta parte del padrón.

Así, las campañas no motivaron la participa-ción, particularmente en entidades como el Es-tado de México; sus 45 días de proselitismo de-ben ser replanteados, pues no contribuyen a una sana competencia ni modificaron la tradicio-nal baja afluencia a las urnas.

Otra lección tiene que ver con las alianzas y su impacto en las estrategias de los partidos. En 2010, la experiencia resultó favorable en Oaxa-ca, Puebla y Sinaloa para el PAN y el PRD. Las críticas no se hicieron esperar y para este año vimos cómo creció la oposición a las mismas entre los antes mencionados. Pero resulta que el PRI retuvo las tres gubernaturas en juego parti-cipando en alianzas, igual que perdió el año pa-sado con las mismas coaliciones.

Esta figura llegó para quedarse y ahora debe ser considerada en cualquier escenario. Cómo hacerlas trascender de las campañas a los go-biernos, es el reto.

En otro orden de ideas, vemos prácticas como la coacción y compra de voluntades que continúan presentes durante la campaña. Fui testigo, en Hidalgo, de la forma en que la fuerza pública intimidó a la población y agredió a dipu-tadas panistas. Historias similares se vivieron en el Estado de México y Coahuila. Es obvio que la

¿Ganó el PRI?Gerardo Aranda Orozco

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idea fue desmotivar la participación. En muchos casos lo lograron.

También hay una contabilidad oculta, misma que explicaría de dónde salieron los recursos para el voto de los ciudadanos o el efectivo que pusieron a disposición de representantes gene-rales de ciertos partidos en el Estado de México, para retirarse de la vigilancia de las casillas. Es la misma contabilidad que incluye despensas, ma-terial de construcción, hasta celulares con cá-mara para la mampara y, por supuesto, la movi-lización de votantes el día de la elección. Si esa es la base sobre la que se construyó el supuesto éxito electoral tricolor, la lección nos debe llevar a preguntarnos si como ciudadanos estamos preparados para razonar nuestro voto o para venderlo.

¿Por qué no participa la gente?Una de las características del pasado proceso electoral, principalmente en la entidad más po-blada del país, es la escasa participación de los ciudadanos al momento de acudir a la urna, lo cual contrasta con la movilización que ciertos partidos hacen de votantes afines –con todo y recompensa de por medio–.

Si bien lo que origina este fenómeno se expli-ca a partir de múltiples razones, es conveniente que nos detengamos en tratar de comprender por qué una persona no se siente, ya no diga-mos entusiasmada, comprometida en ir al cen-tro de votación y depositar en la urna el voto. Debemos reconocer que la política actual –en-tendida como el conjunto de instituciones y pro-tagonistas que participan en partidos, poderes públicos y medios– no generan las condiciones necesarias para lograr que la gente participe en procesos electorales. Este es un reto que los partidos deben afrontar de manera inmediata.

Pero por otro lado tenemos lo que la gente piensa de la política.

¿Ganó?Se dice que el PRI ganó el 3 de julio, ¿qué ganó? No incrementó el número de gobiernos estatales,


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sólo mantuvo los que ya tenía. Logró imponer al hermano del mandatario saliente, y hoy dirigente nacional de dicho partido, en Coahuila. Vio dis-minuida su presencia en Nayarit y en el Estado de México demostró que la “maquinaria electo-ral” es la que hace ganar elecciones.

Los votos obtenidos por el tricolor rondan entre 21 y 25% del padrón electoral, con todo y alianzas, gracias a una estrategia no de conven-cimiento sino de intercambio.

No obstante, en el terreno de la percepción si ganó, parece que va a la delantera en la carrera rumbo al 2012, pero no es para echar las cam-panas al vuelo pues se trata de algo que puede ser efímero, sobre todo si la participación ciuda-dana aumenta el día de la elección.

Pero también los otros partidos deben re-flexionar: no motivan una participación ciuda-dana amplia e informada, las disputas internas contrastan con la aparente disciplina tricolor, además de carencias en organización y estra-tegia electoral. Debemos aprender de los erro-res, sobre todo si vemos que la opción es un partido que apuesta por el nepotismo y que se ve envuelto en escándalos de enriquecimiento inexplicable.

Finalmente, dos temas que deben motivar una profunda reflexión: los jóvenes y sus prefe-rencias electorales, así como la influencia de las redes sociales. En el primer caso, no ven al PRI represor y asesino de jóvenes del 68 o de las devaluaciones que empobrecieron a las familias en los años 80, sino una opción para votar; en el segundo, particularmente en el Estado de Méxi-co, el candidato priísta fue objeto de burlas y descalificaciones tras el primer debate del 8 de junio, particularmente en Twitter, pero eso no modificó las preferencias de los electores.

Si el 3 de julio se ve como escala para arri-bar al 2012, se puede errar el rumbo, si se le ve como una experiencia más para corregir deficiencias, podemos tener una competen-cia aún más reñida que en 2006, con la incer-tidumbre sobre el resultado inherente a toda democracia.


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El año que corre se caracteriza políticamente en México por los procesos electorales que se ini-ciaron en el estado de Guerrero, el 30 de enero, y terminarán el 13 de noviembre con las eleccio-nes para gobernador en Michoacán.

En el inter, se llevó a cabo ya la elección en Baja California Sur, el 6 de febrero, pero el plato fuerte electoral fueron las elecciones de Hidalgo, Coahuila, Nayarit; la estrella de todas, las elec-ciones en el Estado de México, que aconteció el pasado 3 de julio.

Es interesante destacar que en las eleccio-nes de Guerrero, la disputa entre dos miembros del PRI, uno de ellos postulado por el PRD, y al que finalmente se sumó el candidato del PAN, consiguiendo así derrotar al PRI –con el PRI–pues no llegó el candidato del oficialismo priis-ta, pero llegó el candidato de la disidencia priis-ta. Perdió el PRI con Manuel Añorve, y ganó el PRD con el priista Ángel Aguirre, haciendo, sin embargo, que la racha triunfalista del Revolucio-nario Institucional siguiera en declive y con un mal final para su presidenta Beatriz Paredes, que también cargó con la derrota en Baja Cali-fornia Sur.

En efecto, sólo una semana después de la derrota en Guerrero ante el PRD, el PRI tuvo que asumir una nueva derrota ante el PAN, en Baja California Sur, donde por primera vez un candi-dato panista, en la persona de Marcos Covarru-bias, asume el poder en dicho estado, y con mayoría panista en el Congreso local, 9 de 16, aunque sólo gana una presidencia municipal, Comondú; mientras el PRD derrotado se queda

Elecciones 2011,tentación restauradora

Jaime Aviña Zepeda

con Mulejé y Los Cabos, y el PRI con La Paz y Loreto. Por lo que lo anterior, debe hacer pensar al PAN en la elección de sus candidatos a presi-dentes municipales.

A partir de estos hechos, y en previsión de cualquier riesgo futuro, el PRI aceleró sus cam-bios internos y en relevo de Beatriz Paredes y como candidato único, Humberto Moreira subs-tituyó por aclamación a la dirigente el pasado 4 de marzo de 2011, de la mano de Enrique Peña Nieto, iniciando de inmediato la campaña de éste a la Presidencia en 2012 y sacando candi-datos “de unidad” en los cuatro estados en que se disputan gubernaturas, en especial para el Estado de México.

En Hidalgo, la suerte electoral de Xóchitl Gál-vez y el gran número de irregularidades en la elección de 2008, que finalmente fuero valida-das por el instituto electoral local1 no presagian nada bueno para este proceso, aunque los ac-tores políticos en pie de guerra dicen ir por la revancha. Pero no debemos olvidar que sólo se disputan alcaldías, bajo un gobierno que cada vez se aleja más de la posibilidad de la normali-dad democrática.

En el estado de Coahuila, sin ninguna ver-güenza, el ex gobernador y ahora presidente del PRI, Humberto Moreira, hereda el trono a su hermano Rubén Moreira, y le deja una amplísi-ma gama de familiares incrustados en el aparato estatal y de gobierno, así como en el partido, sindicatos y cuanto espacio político puede ser 1 Galindo Castro, Adrián. “Elecciones en Hidalgo. La expectativa del cambio”. El cotidiano, número 165 enero-febrero 2011, pág. 51-59. Universidad Autónoma Metropolitana. Azcapotzalco. Distrito Federal, México.

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ocupado, de manera que hasta las mafias italia-nas o las de narcotraficantes pueden envidiar la eficiencia, en lo que respecta a depositar el po-der en manos de un sola familia, y como diría el cómico Pompín Iglesias, “qué bonita familia” .

Cuesta arriba se aprecia el panorama para Guillermo Anaya Llamas, candidato del PAN, y no se diga para el PRD con Genaro Fuantos y a Jesús González Schmall, ex panista, ex perre-dista y ahora petista, cuya trayectoria no lo hace muy simpático a los votantes norteños, ya que los más viejos lo conocieron con la camiseta azul y blanca de Acción Nacional.

No debemos olvidar sin embargo, que el PAN en Torreón, Piedras Negras y otras ciudades de Coahuila, ha tenido triunfos y resultados buenos, por lo que la historia del estado puede dar algu-nos sustos a los Moreira, que también tienen su historia y no precisamente buena.

Difícil para el PAN es explicar por qué al re-gistrar a sus candidatos a diputados locales, el primer lugar lo ocupa Fernando Simón, pero como candidato de la UDC, y en el segundo una mujer, Norma Delgado Ortiz, que lleva como suplente a Evaristo Lenin Pérez Rivera, hijo de Evaristo Pérez Arreola, fundador y líder del STUNAM, militante pertinaz de la izquierda radical mexicana.2

Las encuestas de diferentes fuentes colocan muy por encima a Rubén Moreira, el candidato oficial, remontar éstas es tarea de gente grande, esperemos que los cuadros partidistas estén a la altura del reto.

2 El Heraldo de Saltillo. 24-05-2011

En el estado de Nayarit se renueva gober-nador, 20 ayuntamientos, 18 diputados de mayoría y 12 de representación proporcional.

El 11 de marzo la diputada del PRD con li-cencia, Martha Elena García Gómez, se regis-tró como candidata del PAN, después de la contienda interna del PRD en que fue desig-nado como candidato el también diputado Guadalupe Acosta Naranjo, con lo que la po-sibilidad de una alianza frente al gobierno es-tatal del PRI quedó desechada, y la oposición, dividida ante el candidato del PRI, no se ve cómo pueda siquiera aspirar a lo que fue la lucha en 2005, cuando la diferencia fue de cuatro puntos porcentuales.

Si en eses entonces se hubiera dado una alianza, el PAN aportando sus 23 mil votos, habría marcado la diferencia y sacado al PRI del gobierno local.

Roberto Sandoval Castañeda, alcalde con licencia de Tepic se ve frente a una oposición débil, con pocas posibilidades de superar el reto electoral, un PAN sin mayor presencia so-cial, y un PRD con 2 candidatos, bajo 2 ban-deras diferentes.

La continuidad del gobierno del PRI, ga-rantiza la cobertura al gobierno anterior, cuyo endeudamiento no tiene explicación posible, excepto por la corrupción galopante y la falta de transparencia, que de ninguna manera será denunciada por su sucesor, ante el ries-go de afectar la llamada nueva imagen que encabeza Moreira con su candidato Peña Nieto.

Jaime Aviña Zepeda

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El proceso electoral del Estado de México, es sin duda la cereza del pastel electoral de 2011, se trata del estado con mayor población y con municipios como Naucalpan y Tlalnepantla, cuyo desarrollo industrial ocupa sin duda un lu-gar privilegiado, debido a los ingresos que gene-ra por concepto de impuestos, por el poder económico que representan y por la campaña de 6 años que su actual gobernador Peña Nieto está haciendo para su candidatura a la Presi-dencia de la República capitalizando cada inau-guración, accidente o evento social, no se diga los eventos políticos organizados por el PRI, en donde se ha convertido en la estrella desde hace casi 3 años.

Para Peña Nieto, el camino a la Presidencia de la República se inició desde antes de tomar posesión de su cargo como gobernador del Es-tado de México, y su desempeño y actuar no ha dejado de lado dicho objetivo, por el contrario, a medida que se acerca el final de su gobierno, trabaja para garantizar su postulación como candidato de su partido a ocupar el máximo cargo público del país.

La elección de candidato a la gubernatura, por parte de los distintos partidos, tuvo la inter-vención de López Obrador para evitar la posible alianza PAN-PRD, por la que los ciudadanos vo-taron y luego se vieron defraudados cuando el PRD incumplió su compromiso, al imponer la candidatura de Alejandro Encinas. Ello clausuró toda posible alianza opositora para dejar al par-tido hegemónico3 (PRI) en inmejorables condi-ciones para una elección de Estado, en la que sus opositores se convierten en simples com-parsas de un proceso en el cual el ganador está previamente designado por el partido en el po-der. De tal manera que los opositores, de cual-quier signo, se convierten en oposición leal4, que legitima el proceso sin posibilidad alguna de cambiarlo.

3 Sartori Giovanni, Partidos y sistemas de partidos. I. Alianza Universidad Madrid, 1980 p. 278.4 Loaeza Soledad, “El partido acción Nacional: la oposición Leal en México”, Lecturas de Política Mexicana, El Colegio de México 1977.

Con la elección del Estado de México, se comprueba una vez más, que no es lo mismo “sacar al PRI de Los Pinos”, que sacarlo de la ventanilla y mucho menos del inconsciente co-lectivo, que todavía espera el dedazo presiden-cial, cuya ausencia es aprovechada al máximo por los caciques locales del estilo de Peña Nie-to, apoyados por el PRI, repartiendo camione-tas, dinero, y prometiendo puestos públicos al por mayor para sobornar a las fuerzas vivas, cuya representación tomó el senador, ex perre-dista Víctor Hugo Cirigo y apoyó la candidatura del ungido, Eruviel Ávila.

Esto confirma que el paso del PRD al PRI y a la inversa es la constante entre estas dos institu-ciones políticas, ambas herederas del antiguo régimen, pues el PRD, fundado por ex priistas como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Manuel Camacho Solís, entre otros cientos más.

La elección faltante para el mes de noviem-bre es Michoacán, y a la distancia ya se aprecian diversos posicionamientos, desde el borrego del candidato único postulado por todos los parti-dos y propiciado por Humberto Moreira; la in-mediata reacción de Luisa María Calderón (Co-coa) señalando que va por el gobierno desde el PAN, campaña en la que lleva varios años, con posibilidades de disputar al PRD, dominante en el estado, la silla de gobierno en Morelia.

El PRI, tampoco se queda sin combatir en un estado donde la inseguridad y la violencia pro-vocan desplazamiento de familias y desquicia-miento de la producción agrícola, a la par de un explosivo crecimiento del narcotráfico y la delin-cuencia, abonando el terreno para el cambio de gobierno.

Para la elección en Michoacán, falta más tiempo, pero las confrontaciones entre los prin-cipales partidos son el pan de cada día y la nota amarillista –que más que de comunicación pare-cen de formación de opinión– y consecuente-mente “amarradores de navajas” entre los galli-tos de la pelea por el poder.

Jaime Aviña Zepeda

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Estos procesos electorales son como dis-tractores de los hechos importantes, las refor-mas que tanto se requieren, y a las que es impo-sible llegar, por la falta de consenso y colabora-ción entre las fuerzas políticas representadas en los partidos, presentes en el Legislativo, parali-zado en lo importante y agitado en lo anecdótico e intrascendente.

Parodiando a Ortega y Gasset, en su España Invertebrada,5 en México, la cabeza representa-da por la presidencia todopoderosa parece ha-berse quedado sin cuerpo, al no existir vertebra-ción en el Legislativo y el Poder Judicial, manos y pies del sistema, ni camina ni corrige los erro-res jurídicos, que hoy paralizan la acción de la justicia, dando la imagen precisa de un México Invertebrado.

No hay régimen estable sin confianza, y la desconfianza es la norma entre los partidos, en-tre los ciudadanos y el gobierno, entre la presi-dencia y las instituciones, entre todos los acto-res políticos, y sobre todo entre el pueblo llano y las instancias de gobierno.

La institución mexicana con el mayor índice de confianza entre los ciudadanos, el Ejercito, ha te-nido que salir a las calles por los problemas de inseguridad que independientemente de los pro-cesos electorales, mantienen a una gran parte de la población en estado de alarma y frente a esto, tal vez vale la pena volver los ojos al Capítulo XIV de los Principios de política6 de Benjamín Cons-tant, que aunque viejos, son referente obligado respecto al uso de las fuerzas armadas.

La respuesta reciente a estos problemas vie-ne desde las marchas y protestas como la enca-bezada por Javier Sicilia para ciudadanizar a la policía, la política y todo lo que se pueda para establecer el democratísmo, sin pasar por la de-mocracia.

En las elecciones del 2000, se dio la transi-ción democrática, pero su consolidación está pendiente por el afán de restauración manifesta-do por los restos del antiguo régimen, su estra-

5 Ortega y Gasset José. España invertebrada. Colección Austral, núm. 1345. 6 Constant, Benjamín. Principios de política. Cap. XIV Fuerzas armadas y estado constitucional.

tegia es mantener la transitocracia,7 y en ella apostar al fracaso del gobierno de Acción Na-cional, sin importar si con ello se arruina la Nación y sus ciudadanos, esperando como Fouché8, Duque de Otranto, la restauración de su monarquía sexenal con los privilegios de que saben hacer uso con la experiencia acumulada durante más de 70 años.

El gran riesgo electoral es el retorno del anti-guo régimen, la recuperación de lo que el PRI considera su patrimonio.

Octavio Paz9 en El Ogro Filantrópico define como patrimonialismo: “el cuerpo de los funcio-narios y empleados gubernamentales, de los mi-nistros a los ujieres y de los magistrados y sena-dores a los porteros, lejos de constituir una bu-rocracia impersonal, forman una gran familia política ligada por vínculos de parentesco, amis-tad, compadrazgo, paisanaje y otros factores de orden personal”.

El patrimonialismo es la vida privada incrusta-da en la vida pública.

Los ministros son los familiares y los criados del rey.

La corrupción como principio de gobierno.Terminaré citando el cuento corto de Augusto

Monterroso, porque esto le puede pasar a Méxi-co: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía es-taba allí”.

El patrimonialismo es la vida privada incrustada en la vida pública.Los ministros son los familiares y los criados del rey.La corrupción como principio de gobierno.Terminaré citando el cuento corto de Augusto Monterroso, porque esto le puede pasar a México: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.”

7 Silva-Herzog Márquez, Jesús. El antiguo régimen y la transición en México. Editorial Planeta 1999. Pág. 63-77.8 Stefan, Zweig. Editorial Andrés Bello pág.253-67. 9 Paz, Octavio. El Ogro Filantrópico. Ed. Joaquín Mortiz, 1979 pág. 91.

Jaime Aviña Zepeda

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Elecciones intermedias 2009:Un comparativo historiográfico


Siempre será importante el contraste históri-co. Si el estudio de la historia tiene valor, toda vez que a través del conocimiento de lo pretérito podemos entender el presente y aspirar a vatici-nar el futuro, la relevancia de esta investigación, en tanto que ejercicio de contraste historiográfi-co, es precisamente la cualidad de permitirnos un mejor entendimiento del último referente electoral federal en México (el presente), y la posibilidad que nos abre para plantear una

adecuada agenda de reformas, que efectiva-mente mejore las condiciones de equidad y pro-muevan la competitividad electoral en los próxi-mos eventos electorales (el futuro).

El sistema político mexicano elige cada tres años a sus Diputados Federales, y cada seis al Presidente y a los Senadores de la República. La Figura 1 muestra la coincidencia de las dife-rentes elecciones (diputados, senadores y presi-dente) en los procesos electorales federales.

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Cada intervalo en el esquema anterior, repre-senta 3 años naturales. En el caso de nuestra realidad concreta, las últimas elecciones presi-denciales en México, acompañadas como se muestra por elecciones a diputados y senado-res, se han celebrado en los años de 1994, 2000 y 2006. Esta caracterización de tiempos y perio-dos nos sirve, más que para precisar un hecho electoral mexicano, para aclarar que en lo que resta del documento, nos referiremos a las elec-ciones federales en las que sólo se eligen a dipu-tados, como Elecciones Intermedias.

Establecida la precisión conceptual, las pasa-das elecciones intermedias del 5 de julio de 2009 estuvieron acompañadas, antes y después de la elección, de los juicios y debates que pretenden ubicarlas en su adecuada posición histórica. Efectivamente, como se dijo en el sumario inicial, los comicios federales de julio tuvieron elemen-tos que los hacen distinguibles de otros, y sin embargo, el conjunto de sus características de-finitorias es una realidad añeja que recuerda a Carlos Castillo Peraza, que decía que en los pro-cesos de transición, necesariamente conviven “un pasado que no termina de morir” con un “fu-turo que no acaba por nacer”.

Las diferentes investigaciones sobre la diná-mica electoral en México han mostrado que la agenda de consolidación democrática tiene, en la representatividad legislativa, a su gran área de oportunidad. La pluralidad en la conformación del Poder Legislativo es pues, es el espacio don-de más urgentemente se necesitan los cambios

que aseguren la equidad en la contienda y más aún, la ciudadanización de la política.

Pudiera derivarse una confusión con las afir-maciones anteriores, clarifiquemos. Efectiva-mente, los avances democráticos que se deriva-ron de la victoria histórica del candidato de Ac-ción Nacional, Vicente Fox Quezada, han sido notorios y han asegurado un conjunto mínimo de condiciones democráticas para el país. Sin embargo, cuando no hay elecciones presiden-ciales que coincidan con las elecciones a diputa-dos, es decir cuando nos encontramos en el escenario de una elección intermedia, no damos cuenta que los retos de la efectiva democracia participativa siguen estando en la agenda, cada vez más urgentemente requieren de solución.

A manera de comprobación, el Cuadro 1 nos presenta el mapa de México, dividido en los 300 distritos electorales, iluminado cada uno según el color representativo del partido ganador.

Sólo con mirar la realidad que cada seis años se presenta, en la que el antiguo partido oficialis-ta gana la mayoría apabullante de distritos elec-torales, podemos entender que los ciudadanos mexicanos tienen pocas oportunidades de efec-tiva representación. El Cuadro 1 nos muestra al país, por distritos electorales, iluminados estos según el partido ganador; así, en los distritos de color rojo, el PRI obtuvo la mayoría de votos para sus candidatos a diputados federales; los distritos azules son los que albergaron a una mayoría de votación panista, y los amarillos res-tantes simbolizan a las mayorías perredistas.

DiputadosSenadoresPresidente

Diputados Diputados



Figura 1

Fuente: Elaboración propia


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Este cuadro anterior, con sus colores, no presenta de golpe una realidad, según la cual cada seis años, la representación legislativa ha sido y correspondido al Partido Revolucionario Institucional (PRI), antiguo partido oficial y hege-mónico. La historia del proceso electoral 2009, que en este caso no tiene referido un mapa ilu-minado por distrito –aunque sí por estados (Mapa 1)– es similar, y por eso decimos que re-currente, a las que presentamos en el Cuadro 1.

Mapa 1

Cuadro 1


Fuente: Elaboración propia, con datos del IFE


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Así pues, con un ejercicio de contraste cuyas herramientas principales son meros mapas ilu-minados estratégicamente, nos podemos dar cuenta de cómo la realidad política de México, a pesar de los grandes avances democráticos, aún es tarea inacabada.

Hasta aquí, hemos sólo insistido en que el pasado 5 de julio de 2009, como referente prin-cipal de un proceso más largo y complejo, es una confirmación recurrente de lo que ha sido la historia electoral mexicana, para demostrarlo plenamente, no bastan cuatro mapas, en ade-lante emprendemos la tarea de clarificar en sus detalles.

Centramos nuestra investigación en el com-parativo de tres elecciones intermedias, esto es: la elección del 6 de julio de 1997, las elecciones de 2003 y la pasada elección del 5 de julio de 2009.

Para el cabal cumplimiento de nuestros obje-tivos, hemos precisado de datos agregados del Instituto Federal Electoral (IFE) y de la Cámara de Diputados, así como datos que, con las propias metodologías del análisis de la opinión pública, desagregan estos datos en diferentes segmen-tos del electorado. Para ello, decidimos consul-tar a las diferentes encuestas de salida que ha-cen un intento por develar el perfil del votante, en las tres elecciones intermedias que nos com-peten. Asimismo, para los efectos de la exposi-ción detallada, nos servimos en las siguientes

páginas de la geografía nacional, por ello, en lo que resta se podrán apreciar diferentes mapas que con la selección de colores expongan algu-na de nuestras ideas.

Si en la sección anterior dijimos que las varia-bles relevantes para nuestra investigación y ejer-cicio de comparación son las características agregadas de la votación y la inducción de las características personales del votante promedio, implícitamente estamos presentando la metodo-logía que habremos de seleccionar para desa-rrollar nuestro ejercicio de investigación. A conti-nuación, los materiales de la estadística, de la política electoral y geografía mexicanas darán cuerpo al estudio sobre la pasada elección 2009.

El 5 de julio de 2009, las instituciones mexi-canas enfrentaron un proceso electoral en el que se eligieron, a nivel federal, 300 diputados por el principio de mayoría relativa y 200 por el de re-presentación proporcional. El sistema de mayo-ría relativa, como es común en los diferentes sistemas políticos del mundo, requiere sólo de una mayoría simple para la definición de la elec-ción; es decir, basta con que uno de los candi-datos tenga un voto más que los demás para que gane la elección. Para su propio conoci-miento geográfico, el Mapa 2 nos presenta, con una división territorial por estado (líneas grue-sas), la división política de México en los 300 distritos electorales (líneas delgadas).


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Las votaciones del 5 de julio de 2009 defi-nieron, en la estructura distrital mexicana, un acomodo de representación que se expone en el siguiente Cuadro 2.

Mapa 2

Fuente: Elaboración propia, con datos del IFE

Cuadro 2

Partido Diputados Mayoría Relativa

PAN 70

PRI 184

PRD 39

PVEM 4

PT 3

Nueva Alianza 0

Convergencia 0

Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados


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Mapa 3

Tenemos que decir que paralelamente a la elección de Diputados Federales, las diferentes regiones del país enfrentaron, a discreción, pro-cesos estatales y locales. El Cuadro 3 nos pre-senta los números de lo que el pasado 5 de julio se eligió.

Cuadro 3

Gobernadores 6

Alcaldes 588

Delegados (DF) 16

Diputados Federales (MR*) 300

Diputados Federales (RP**) 200

Diputados Locales 368

Asambleístas*** 66

Total 1544

* Mayoría Relativa ** Representación Proporcional (Plurinominales) *** Representantes en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Fuente: elaboración propia con datos del Periódico Reforma

1544 cargos de elección popular, con todo lo que ello implica desde el punto de vista comer-cial, social y político.

Los resultados que prevalecieron en el ámbi-to de la representación proporcional requieren, para ser presentados, una clarificación concep-tual. El Mapa 3 nos muestra la división territorial de México según las 5 diferentes circunscripcio-nes electorales.



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Por cada circunscripción, de acuerdo al nivel de votación de cada partido, se elegirán a los diputados que aseguren la representación a tra-vés de un sistema de listas, según el cual, cada partido presentará un listado de 40 nombres por circunscripción que de acuerdo al nivel de vota-ción, irán entrando (convirtiéndose en diputa-dos) de a uno. Como hicimos con la estructura de los diputados de mayoría relativa, presenta-mos a continuación la de los diputados de la Representación Proporcional (Cuadro 3).

Cuadro 3

PartidoDiputados Mayoría

Relativa

PAN 73

PRI 53

PRD 32

PVEM 17

PT 10

Nueva Alianza 9

Convergencia 6

Elaboración propia con datos de la Cámara de Diputados

El documento que tiene en sus manos es, al final de cuentas, una comprobación de hipóte-sis, específicamente de dos elementales anun-ciadas a continuación:

• El proceso electoral del 2009 no es, ni repre-senta, una nueva realidad. En cambio, es la confirmación de que las estructuras –anqui-losadas como se verá- de la representativi-dad democrática en México siguen favore-ciendo, en lo general, al partido que ostentó la Presidencia de la República durante de 70 años, y en ese sentido es que el último refe-rente electoral federal, confirma la necesidad imperante de agilizar la agenda de reformas que acabe de asegurar condiciones equitati-vas de competencia electoral.

• Ha variado la composición partidista en Méxi-co. Asimismo, ha disminuido la identificación partidista de los electores entre una elección y otra y ha aumentado el número de indepen-dientes.

• Tanto en las elecciones de 2000 como en las de 2006 se presentó voto estratégico, es de-cir, que no todos los electores identificados con un partido votaron por su candidato pre-sidencial, sino por su segunda mejor prefe-rencia a fin de evitar que ganara su peor pre-ferencia. Este voto estratégico fue decisivo en ambas elecciones.

De esta manera, independientemente de la agenda de medios y su franca apuesta por las interpretaciones que entienden a la elección del 2009 como la gran derrota de unos y la gran victoria de otros, entre introducción y desarrollo metodológico hemos presentado una realidad que ya parece ser, según nuestros argumentos, vieja y recurrente; lo que sigue sólo es insisten-cia de los mismo.

No podemos pensar que haya una mejor ma-nera de iniciar esta investigación, o el cuerpo específico de su desarrollo, que mostrando in-mediatamente cuál fue el saldo, en términos de los porcentajes

Cuadro 4

Partido Votación (%)

PAN 28%

PRI 37%

PRD 12%

PVEM 7%

PT 4%

Nueva Alianza 3%

Convergencia 2%

Elaboración propia, con datos del IFE


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Si hemos insistido en que este documento presenta a lo largo de sus diferentes secciones un comparativo histórico, la siguiente gráfica se hace necesaria, pues solo la exposición de los resultados no dan, de nuevo a pesar de lo que algunos actores de la sociedad hacen, para en-juiciar al anterior proceso federal; para ello nece-sitamos de un marco de referencia, que en este caso serán las dos elecciones intermedia ante-riores, 1997 y 2003.

La Gráfica 1, en ese danzar de barras multi-colores, no presenta los porcentajes de vota-ción a favor de los tres principales partidos en tres momentos de su historia política: las ya re-currentes tres últimas elecciones intermedias. El análisis es el siguiente, mientras que el Parti-do Acción Nacional ha mantenido un nivel constante de votación a favor, el PRD ha mos-trado, a lo largo de estas últimas tres eleccio-nes, un franco deterioro en su capacidad para representar ciudadanos, pasando de 26 por ciento a 12 por ciento, lo que significa una caí-da de 14 puntos porcentuales o un decremento del 54 por ciento. El PRI en cambio, con una mínima variabilidad, mantiene un promedio ele-vado de votación a favor.

Podemos ir más allá de la simple compara-ción que proponemos en este documento. Si revisamos la composición de la Cámara de Di-putados a lo largo de las últimas 14 legislaturas, un periodo que abarca de 1970 a 2009, sí po-dremos observar un incremento sostenido en la pluralidad partidista en México. Representando la posición de los tres principales partidos en la Cámara de Diputados, según el número de le-gisladores en cada legislación, la Gráfica 2 nos muestra gráficamente ese fenómeno.

Gráfica 1

Gráfica 2

Fuente: Elaboración propia con datos del IFE



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Así pues, tenemos que echando un vistazo a lo que ha sucedido electoralmente en México entre 1997, 2003 y 2006, sólo el Partido de la Revolución Democrática ha mostrado una con-sistente modificación en su patrón de compor-tamiento electoral. Tanto el PAN como el PRI, de nuevo, sólo revisando el número de sus diputa-dos en el Congreso de las últimas elecciones intermedias, mantienen religiosamente su posi-ción relativa.

Si estos datos no son suficientes, hablando de la omnipresencia priísta, e insistiendo en que aún conviven en nuestros procesos electorales un pasado que no muere y un futuro que no acaba de nacer, los siguientes cuadros – Cua-dro 5 y Cuadro 6- nos presentan, a los estados de la república según el partido ganador (Cua-dro 5) y a los segundos lugares por cada estado (Cuadro 6).

El intenso color rojo que ilumina únicamente con intenciones expositivas, representa la omni-presencia priísta en tres momentos de nuestra historia: 1997, 2003 y 2009 (de izquierda a dere-cha), de los cuales el último sólo es una recu-rrente confirmación. En la tercia de mapas del Cuadro 6 predomina el azul que representa al PAN. Si el Cuadro 5 es símbolo de la omnipre-sencia nacional del PRI, la suma de los 6 mapas, acomodados de a tres en los cuadros 5 y 6, re-presenta a un creciente bipartidismo local. Bi-partidismo desigual, si consideramos 80 años de presencia priísta en todos y cada uno de los rincones del país; bipartidismo desigual también, si consideramos que la constante en el siglo XX fueron las barreras para la participación política; bipartidismo desigual, si enfrentamos un pobre porcentaje de participación ciudadana, agrava-do en esta pasada elección por la flagrante pro-moción del voto nulo.

Cuadro 5

Cuadro 6




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Pero como hicimos antes, ampliando el hori-zonte de nuestra comparación temporal, la Grá-fica 3 nos muestra la historia de la votación efec-tiva (número de votos totales) por partido políti-co, desde 1961 para el caso del Pan y desde 1991 para el PRI y el PRD. Con este juego de subir y bajar, cada línea nos dice cómo cae se-cularmente la votación total en las elecciones intermedias.

Gráfica 3


En efecto, la tendencia que han seguido los tres principales partidos, nos habla de un franco posicionamiento de las diferentes fuerzas políti-cas, que sin embargo, en el contexto de eleccio-nes intermedias, no aparece por ningún lado. Podemos decir que en las elecciones interme-dias se respira el viejo tufo del pasado totalitario del PRI, la inequidad en la contienda electoral que lo caracterizaba y sus estructuras corporati-vistas que lo alimentaban –o alimentan, por aquello de la recurrencia en la historia política que se nos manifiesta en 2009–. Ni la tendencia creciente de los votos a favor del PAN, ni la dis-minución constante, independientemente del

comportamiento cíclico, de los votos priístas, o ni siquiera la variabilidad en los votos perredistas pueden negar este fenómeno que hemos, insis-tentemente, presentado en este documento: el PRI sigue, porque las instituciones que se lo per-miten fueron diseñadas para ello, presente y ga-nando distritos electorales cada nueva elección intermedia.

Como ya hicimos de la insistencia la estrategia de nuestra investigación, la Gráfica 4 fortalece, según las zonas geográficas de México –norte, bajío, centro y sur-sureste– la tendencia de creci-miento sostenido que ha observado la votación panista durante los últimos cuarenta años.


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Gráfica 4


Ya lo dijimos reiteradamente, y lo seguimos sosteniendo con los datos de la gráfica anterior en mano, en ninguna de las cuatro zonas geo-gráficas previamente definidas, el crecimiento sostenido de la votación por Acción Nacional, ha significado un verdadero pluripartidismo en elecciones donde más que las curules de la Cá-mara de Diputados no haya nada en juego.

El electorado en el año 2006 muestra algu-nas diferencias interesantes respecto al de seis años antes. El 2 de julio de 2006 Felipe Calde-rón, candidato del PAN, venció por un estrecho margen a Andrés Manuel López Obrador, candi-dato de la Coalición por el Bien de Todos (inte-grada por el PRD, PT y Convergencia). El priista Roberto Madrazo ocupó un muy lejano tercer lugar.

Ya adelantamos que las principales razones para que este fenómeno no tenga nada de nue-vo y si mucho de histórico, están inmersas en la explicación de los vicios en el ejercicio del poder absoluto del presidencialismo priísta –el hiper-

presidencialismo, como María Amparo Casar lo ha llamado–. Sin embargo, quienes no han que-rido reconocer esto dicen y aseguran con vehe-mencia que uno de los factores es el nivel de aceptación que tiene el Presidente de la Repú-blica en el momento en que se desarrollan las elecciones, intermedias por supuesto.

La idea de que la aprobación presidencial esta correlacionada con la intención de voto y voto efectivo por diferentes paridos es falsa en la realidad electoral mexicana, esto como conse-cuencia de una de las particularidades de nues-tro sistema político. A diferencia de otros países, en los que una elección intermedia es, en efec-to, un referéndum de la gestión presidencial, en México no lo es, principalmente porque en Méxi-co el presidente no encabeza la campaña de su propio partido –el COFIPE prohíbe expresamen-te que el presidente haga cualquier tipo de acto proselitista–. Así, esta inadecuada importación de las concretas realidades de otras democra-cias es la justificación para entender a la aproba-


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ción presidencial como variable relevante en la definición de elecciones intermedias.

La Gráfica 5 nos trae, según los datos de Con-sulta Mitofsky, los niveles de aprobación y des-aprobación de los últimos dos presidentes en el horizonte de sus tres primeros años de gobierno.

La Gráfica 6 compara a los último cuatro presidentes, en el nivel de aprobación que mostraron en los 10 primeros trimestres. Si sólo la aprobación presidencia determinara caídas

en la representación legislativa, la disminución que observó Ernesto Zedillo, que tiene el nivel más bajo de aprobación, debería haber sido proporcional y no lo fue. No negamos que ten-ga un efecto importante en el conjunto de las percepciones ciudadanas, y en ese sentido en la definición final del voto, pero negamos cate-góricamente que sea una variable toral en el debate sobre la inexistente pluralidad de la re-presentación legislativa.

Gráfica 5

Gráfica 6

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky

Fuente: Elaboración propia con datos de Consulta Mitofsky


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Una característica coyuntural de la pasada elección, que conviene desglosar aquí en los tres procesos que definen nuestra agenda de revisión histórica, es el comportamiento del voto nulo.

La Gráfica 7 tiene el porcentaje de votos nu-los divididos según si se presentaron en eleccio-nes presidenciales o intermedias. El color azul representa al conjunto de las elecciones inter-medias, mientras que el verde a las presidencia-les. Lo primero que resalta es que salvo en la elección de 1997, los votos nulos son mayores, como porcentaje de la votación total emitida, en elecciones intermedias que en presidenciales.

Otra característica que nos muestra el Cuadro 7 es el componente geográfico del voto nulo, en el horizonte de nuestras tres eleccio-nes-objeto de estudio. La flagrante promoción del voto nulo en esta elección, independiente-mente de su carencia de acción programática, sólo tuvo efectos en elevar considerablemente la media de votos nulos, ya que la variabilidad en la composición geográfica de las entidades fe-derativas que a lo largo de estas tres elecciones han estado por arriba del promedio nacional de votos nulos (estados de color verde), que no pa-rece corresponderse con una acción colectiva clara.

Gráfica 5

Cuadro 7




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No hay reflejo de pluralidad partidistaLos resultados del 5 de julio pasado, desde nuestra perspectiva de contraste historiográfico, no son sino una confirmación de una recurrente realidad. A esta interpretación subyace una afir-mación implícita, según la cual la creciente com-petencia electoral en la alternancia del poder ejecutivo, sólo distorsiona la correcta aprecia-ción de la efectiva capacidad que tienen los par-tidos de competir con el antiguo partido oficialis-ta – el PRI. Concluimos que las elecciones que coinciden con elección de Presidente de la Re-pública no reflejan verdaderamente la pluralidad partidista, que nominalmente existe en México, y puntualizamos con toda claridad las implicacio-nes que tiene para el desarrollo de la acción de gobierno del partido en el ejecutivo – en este caso el PAN- que a la mitad de la administración federal, la recomposición legislativa lo aceche, como ese fenómeno que inevitable se aproxima cada seis años.

Los retos de la democracia mexicana son cada vez más notorios, y los adelantos de-mocráticos que sucedieron al triunfo del candi-dato de Acción Nacional, Vicente Fox, en el año 2000, palidecen frente al tamaño de los retos que aún nos exige ese sueño de la democracia mexicana, específicamente en su apartado de representación federal, equidad en la contienda electoral y ciudadanización entera del espacio público.

Bibliografía

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• Mauricio Merino, La transición votada. Crítica a la interpretación del cambio político en México, México: Fondo de Cultura Económi-ca, 2003.

• Juan Molinar y Rafael Vergara, Los estudios sobre el elector mexicano. México, mimeo, 1996.

• Alejandro Moreno, El votante mexicano. De-mocracia, actitudes políticas y conducta electoral, México: Fondo de Cultura Econó-mica, 2003.

• Instituto Federal Electoral. www.ife.org.mx


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El objetivo principal de este trabajo es el de explorar e indagar sobre si es que lo hay, un avance de la competitividad en el sistema de partidos políticos de nuestro país.

¿Qué tiene de importante el estudio del avan-ce de la competitividad electoral en el sistema de partidos políticos mexicano? ¿Importa para la vida democrática? ¿Para qué o por qué des-cribir el conjunto de datos de las últimas tres elecciones?

Para Giovanni Sartori, politólogo experto en política comparada, la competitividad electoral es “el estado real del juego electoral en un mo-mento determinado”. Para la vida democrática de México resulta relevante conocer sobre la existencia o no, o sobre la situación actual de la competitividad electoral porque es un indicador de la participación efectiva, consumada o repre-sentada a través de los partidos políticos, de la diversidad de ideas, valores, principios que inte-gran a la sociedad mexicana. La competitividad importa para la vida democrática porque refleja en cierto sentido la aceptación de la pluralidad de los mexicanos.

La recopilación y descripción de los resulta-dos electorales de las últimas tres elecciones sirve como herramienta para armar un dictamen sobre el desarrollo de la competitividad electoral en México.

A lo largo del siglo XX los partidos políticos fueron un elemento importante de los grandes sistemas de gobierno como las democracias, los regímenes totalitarios o los sistemas socialistas.

Hacia los últimos años de este siglo era muy di-fícil encontrar un sistema de gobierno que no contara con los partidos políticos.

En México, durante las décadas de 1960 y 1970 hubo a nivel nacional importantes cambios políticos, económicos y sociales que alteraron gradualmente las circunstancias en que compe-tían los partidos políticos por el poder. Irma Mén-dez De Hoyos señala que “El proceso de moder-nización –reflejado en crecientes niveles de esco-laridad y urbanización– y una crisis cada vez ma-yor de los canales tradicionales de mediación y representación social y política impactaron los ni-veles de apoyo del partido en el poder”, agrega “a principios de la década de 1980, una crisis económica profunda agudizó el malestar social, y el sistema político en su conjunto experimentó un periodo de inestabilidad. Las elecciones se con-virtieron en fuente de conflicto y los partidos de oposición comenzaron a ocupar un papel más relevante en la arena política, como lo demostra-ron las elecciones locales de 1983 y 1986. Ade-más, las acusaciones de fraude en contra del PRI antes y después de las contiendas y la creciente intensidad de la competencia entre los partidos, modificaron el carácter de las elecciones”1. Es de conocimiento general que el año de 1988 es un punto álgido para el futuro de la vida democrática en nuestro país.

En nuestro país para garantizar equidad y transparencia en cualquier elección se construyó 1 Méndez De Hoyos, Irma. “Competencia y competitividad electoral en México, 1977 – 1997”, en Política y Gobierno. México. Vol. X. Núm 1. I semestre de 2003.

Últimas tres elecciones,¿reflejo del avance

de la competitividad electoral?

Coral Macías

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un marco legal, el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (Cofipe). Con este código se asegura la convivencia civilizada en la demo-cracia, asegurando con la ley, la legalidad en los comicios. Pero, ¿cuál es el efecto de esta norma-tividad? Sin ahondar en el estudio de variables específicas, se presume, en un primer examen, que con la sola construcción y observación de una línea de tiempo sobre los resultados electo-rales se puede conocer del avance de la compe-titividad electoral. La pregunta a resolver es ¿México cuenta con un sistema de partidos competitivo? Y de ser así, ¿Ha habido avance en la competitividad electoral a partir de las eleccio-nes de 2000?

Para resolver ambas preguntas se recopilan datos de las últimas tres elecciones para diputa-do por el principio de mayoría relativa y de las últimas dos elecciones presidenciales. De este conjunto de datos se pretenden hacer inferen-cias que darán luz sobre el avance de la compe-titividad en el sistema de partidos en los últimos seis años.

¿Qué es sistema de partidos?Según Giovanni Sartori es “aquel sistema que exhibe las relaciones que ligan a los partidos en-tre sí y la manera como cada partido se compor-ta frente a sus similares”, mismo que es resulta-do de la interacción de diversos factores econó-micos, sociales, políticos, etc. y que también dan forma al régimen electoral.

¿Qué es la competencia electoral?La competencia electoral para Sartori son las re-glas escritas y no escritas del juego electoral. La competencia electoral abarca la no competitivi-dad y la competitividad. Por tanto, la “competiti-vidad es una de las características o atributos de la competencia”.

En este sentido, Sartori enfatiza dos condi-ciones sine qua non existe la competencia,

La falta de control monopólico, es esto es, la presencia de más de un competidor.

Reglas consensuales y confianza mutua.

¿Qué es la competitividad electoral?La competitividad electoral según Sartori es un “estado determinado del juego electoral” que consiste en el estado real del juego en un mo-mento determinado. La competitividad tiene que ver con el desempeño electoral de un partido y de sus opositores.

Si bien es cierto que el desempeño de un partido se vincula a factores como su capacidad organizativa, su relación con otros actores (polí-ticos, económicos, etc.), sus definiciones ideoló-gicas, sus planteamientos programáticos, su capacidad de difusión, su presencia, populari-dad y liderazgos, etc., la competitividad es un factor definitorio lograr un óptimo desempeño que luego se cristaliza en un triunfo electoral.

Por tanto, Sartori señala que sólo los resulta-dos de una elección pueden mostrar en qué me-dida un sistema es competitivo, y propone tres criterios generales de evaluación,1. Cuando los principales partidos se aproxi-

man a una distribución casi nivelada de fuer-za electoral.

2. Cuando dos o más partidos obtienen resulta-dos cercanos y ganan con escaso margen.

3. Por la frecuencia con la cual los partidos se alternan en el poder.

En este sentido cabe la acotación de Irma Méndez para el caso mexicano, “la noción de competencia electoral involucra dos elementos. Por un lado, las reglas electorales, como conjun-to de normas, instituciones y prácticas que defi-nen la estructura del proceso electoral y garanti-zan elecciones libres y justas2. Por otro lado, la celebración de elecciones donde dos o más par-tidos efectivos compiten por los asientos o car-gos en disputa”. Es en este último aspecto en el que señala “la competitividad electoral…no se refiere a si las elecciones están disputadas o no, sino a qué tan reñidas son, cuestión que apela a la fuerza electoral de los partidos de acuerdo con los resultados electorales. La competitividad electoral revela entonces qué tan fuertes son los

2 En el contexto mexicano esto se incluye en las leyes electorales.

Coral Macías

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partidos comparativamente, según la distribu-ción del voto y número de asientos”.

El presente estudio, sólo se enfocará en este último aspecto, qué tan reñidas han estado las últimas elecciones federales de diputado por el principio de mayoría relativa y las elecciones presidenciales.

En MéxicoSe da un vasto contenido a la democracia, el cual no se extingue en su expresión política y jurídica. Por eso es importante estudiar las diferentes ca-racterísticas del actual sistema de partidos.

El camino de la democracia mexicana es un proceso que se ha ido construyendo poco a poco en las diferentes etapas de su historia. Al acuñarse por primera vez los derechos sociales en la Constitución de 1917 se completaron los cimientos para edificar la vida democrática.

Después de la Revolución mexicana, quienes dirigían al país se preocupaban de que a México tanto en el extranjero como hacia su interior se le considerara un régimen totalitario de partido único, por lo que se realizaron esfuerzos por mantener la imagen de democracia liberal, don-de el pluralismo es un aspecto fundamental. México mantuvo un esquema de partido hege-mónico desde 1946, antes de dicho año, no ha-bía propiamente un sistema electoral, pero sí se realizaban elecciones mediante mecanismos descentralizados y con gran peso de los pode-res regionales. A partir de 1946, se establecen los dos principios rectores que se mantendrán casi intactos hasta el periodo de nuestro interés: la centralización de la organización y la vigilancia de los comicios y su control por parte del Ejecu-tivo; asimismo, la exclusión de la participación electoral a las organizaciones que no asuman la forma de partido político nacional con registro, con lo que se contribuye a una mayor institucio-nalidad del juego político y se estimula el surgi-miento de nuevos partidos, aunque supeditados al hegemónico.

Las reformas aplicadas al sistema electoral mexicano creado en 1946 tuvieron la intención de

traducir institucionalmente la incipiente pluralidad del país; son importantes porque marcan el te-rreno para las reformas posteriores, las que con-dujeron a la transición democrática en el sentido de flexibilizar gradualmente los amarres que su-jetaban la competitividad de los distintos parti-dos. Es decir, corresponden a medidas de que buscaban ampliar la representación de los parti-dos de oposición y satélites en la Cámara de Diputados. Eran una concesión del régimen, desde la lógica del poder, ante circunstancias especialmente adversas.

Así, la reforma de 1963 se explica como res-puesta a una situación social y política compleja, caracterizada por la efervescencia cada vez ma-yor de movimientos sindicales disidentes, como el de los maestros (1958) y el de los trabajadores ferrocarrileros (1958-1959); el boicot del PAN al régimen, al asumir una posición de enfrenta-miento con éste, cuando propuso la renuncia a sus cargos de los seis diputados triunfadores en las elecciones de 1958; y la polarización política, producto del impacto que tuvo la Revolución cubana. En otros términos, la reforma fue una salida ante la amenaza de que el área no institu-cionalizada del sistema político se desbordara a causa de los movimientos sociales; también puede ser vista como producto del aumento del abstencionismo electoral y de la necesidad gu-bernamental de reanimar la participación en las urnas.

En esta reforma se ofrece una ampliación li-mitada en la representación política mediante la introducción de los llamados “diputados de par-tido”, para favorecer a los partidos minoritarios que obtuvieran 2.5 por ciento de la votación to-tal válida –a quienes serían asignados cinco di-putados– y uno más por cada 0.5 por ciento adicional hasta llegar al tope de 20 diputados. La reforma se planteaba dos objetivos: ganar le-gitimidad mediante esa proporcionalidad “limita-da” y mantener la capacidad de decisión del partido oficial. Un aspecto que conviene resaltar para los propósitos de este trabajo es que dicha reforma fue responsabilidad directa del Adolfo

Coral Macías

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Christlieb Ibarrola, dirigente nacional del PAN, y Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, después presidente de México, lo cual reportaría beneficios a dicho partido, como el reconoci-miento de 17 victorias municipales durante los cuatro primeros años del mandato de Díaz Ordaz.

Las elecciones de 1976 en las que compitiera por la presidencia exclusivamente el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con José López Portillo, puso en evidencia la fic-ción de la existencia de un sistema multipartidis-ta competitivo en México. La reforma derivada de este hecho puede verse propiamente como el punto de partida del proceso de liberalización política vivido por México. La contribución fun-damental de dicha reforma fue el reconocimien-to constitucional de los partidos políticos como “entidades de interés público”.3 Jesús Reyes Heroles, secretario de Gobernación y artífice de dicha reforma, planteó en un discurso pronun-ciado en abril del 1977 el sentido buscado: “que el Estado ensanche las posibilidades de la repre-sentación política, de tal manera que se pueda captar en los órganos de representación nacio-nal el complicado mosaico ideológico nacional de una corriente mayoritaria, y pequeñas co-rrientes que, difiriendo en mucho de la mayorita-ria, forman parte de la nación”.

Los cambios en la sociedad posrevoluciona-ria –la cual se volvió cada vez más compleja, di-versificada, moderna e informada–, así como el desgaste del modelo económico y social, lleva-ron a que sectores cada vez mayores de la po-blación se alejaran paulatinamente del sistema político autoritario. Esta dinámica de la sociedad se tradujo en el surgimiento de nuevos actores políticos o en su reorientación ideológica, basa-dos en la competencia legal. Hasta la década de 1980, las elecciones mexicanas se distinguían por su carácter no competitivo y convivían en armonía con reglas electorales marcadamente parciales. Mientras ambos coexistieron, se dio

3 Otros aspectos importantes fueron la introducción del registro condicionado de los partidos al resultado de la elección, con un umbral mínimo de 1.5% de la votación; y la ampliación de la Cámara de Diputados de 300 a 400 miembros, 100 de ellos electos por el principio de representación proporcional, exclusivos para la oposición, con lo que se garantizaba un mínimo de pluralidad.

por hecho que había un lazo directo y hasta cau-sal entre las reglas que garantizaban el control gubernamental de la arena electoral y los bajos niveles de competitividad.

A partir de 1988, la constante modificación a las normas electorales puede colocarse ya en el marco general del cambio político mexicano.La reforma de 1989-1990 tuvo como trasfondo las elecciones presidenciales de 1988, en las que se condensó un conjunto de contradicciones acumuladas durante varias décadas, y que mar-caron el paso hacia una nueva etapa de la lucha política, señalada por una influencia cada vez mayor de la oposición y un aumento significativo de la competencia electoral. Además, las urnas cobraron gran significado político porque empe-zaron a reflejar las orientaciones y reacciones de los ciudadanos, y porque se erigieron en terreno de manifestación del conflicto político así como de pérdida de credibilidad de las instituciones electorales.

Al examinar los resultados electorales obteni-dos en las últimas tres elecciones por los tres principales partidos políticos de México se pon-drán a prueba las siguientes hipótesis: no hay un avance de la competitividad en el sistema de partidos políticos de México. O bien, sí lo hay.

Resultados electoralesEl estudio detallado de los resultados electorales puede parecer innecesario a ojos del lector, no obstante, el ordenamiento y tratamiento sistemá-tico de la información para su presentación por medio de tablas y de representaciones gráficas, así como de la obtención de algunos parámetros hacen más inteligible la explicación así como la importancia del estudio de la información.

Después, con datos agregados a nivel esta-tal, se desarrollan dos clases complementarias de análisis: primero, uno longitudinal el cual nos ofrece una visión comparativa y de conjunto, que nos permite apreciar la transformación de la competitividad en el tiempo; segundo, un análi-sis transversal de cada año, que nos proporcio-na una perspectiva detallada de los cambios en

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la competitividad, elección tras elección, así como su variación geográfica.

A continuación se hace un breve repaso so-bre los resultados electorales obtenidos por los tres principales partidos políticos en México, PAN, PRI y PRD, en las últimas dos elecciones para Presidente de la República y de las tres úl-timas elecciones federales para diputado por el principio de mayoría relativa.

A simple vista, puede apreciarse que en la elección del 2000, AN obtuvo en los 32 estados mayor porcentaje de votación que en la de 2006. Siendo los estados de Guerrero con 18.57 y Ta-basco con 3.51 por ciento, en los que menos votos se ganaron. Mientras que en Guanajuato se alcanzó en 2000 y 2006 el mayor porcentaje con 60.77 y 58.92 por ciento, respectivamente.

La siguiente gráfica muestra el comporta-miento de la votación (en porcentaje) para presi-dente pero ahora por distrito electoral.

Partido Acción NacionalTranscurridos seis años de ejercer el poder, no han sido pocas las paradojas que ha debido en-frentar el PAN (Partido Acción Nacional). Al final, el efecto de todas y cada uno de ellas se mate-rializa en la derrota o en el triunfo y obtención del cargo por el que se compite.

La siguiente gráfica muestra el comporta-miento de la votación (en porcentaje) para el PAN en la elección presidencial por estado y en las dos últimas elecciones.

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral (IFE).

Porcentaje de votación para el PAN en la elección presidencial y por estados

Coral Macías

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Esta gráfica es muy similar a la anterior, ex-cepto por su pendiente que es mucho más pro-nunciada, ello en gran medida debido a que con-centra más información, el resultado de 300 dis-tritos electorales. No obstante, se concluye lo mismo, en la elección del 2000, AN obtuvo en los 300 distritos mayor porcentaje de votación que en la de 2006. La diferencia promedio es de 5 puntos. Si de esta gráfica se generan cinco rangos de porcentaje de votación vs. número de distritos, se obtiene:


Porcentaje de votación para el PAN en la elección presidencial y por distrito electoral

Coral Macías

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Esto es, en 2000, 23 distritos obtuvieron una votación de entre el 2 y 20 por ciento, en 2006 fueron 43. Del rango que va del 20.1 al 40 por ciento, en 2000 fueron 114 y en 2006, 143, lo que implica un aumento del 25 por ciento. Por otra parte, en 2000, 142 distritos lograron entre 40.1 y 60 por ciento de votación y 104 en 2006, una disminución de casi el 27 por ciento. Para el rango que va del 60.1 a 70 por ciento la diferen-

cia entre 2000 y 2006 se tradujo en una dismi-nución del 47 por ciento. Para el segmento ma-yor a 70.1 por ciento, en 2000 se logró que 2 distritos alcanzaran ese nivel de porcentaje, mientras que en 2006, ninguno alcanzó dicho segmento.

En la siguiente gráfica se presenta la votación (en porcentaje) por estado que obtuvo AN en la elección de diputados por mayoría relativa.

Número total de distritos cuyo porcentaje de votación oscila

Año

2000 2006

Po

rcen

taje

De 2 a 20 23 43

De 20.1 a 40 114 143

De 40.1 a 60 142 104

De 60.1 a 70 19 10

De 70.1 a 71 2 0


Porcentaje de votación para el PAN en la elección para diputado MR por estados

Coral Macías

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Se observa que 2003 fue el año en el que menos porcentaje de votos se ganaron. En 2006 mejoró, pero sólo en algunos casos supera a lo alcanzado en 2000. Considerando la gráfica an-terior y segmentando en seis niveles de votación se tiene:


Porcentaje de votación para el PAN en la elección para diputado MR por distrito electoral

PANAño

2000 2003 2006

Po

rcen

taje

Menos de 10 0 2 1

De 10.1 a 20 2 6 4

De 20.1 a 30 10 8 6

De 30.1 a 40 6 10 11

De 40.1 a 50 13 6 9

Más de 50.1 1 0 1

La mayor parte de los estados que votaron por AN se ubica en el porcentaje que logró entre 20 y 50 por ciento. Destaca que en 2000, 13 estados se posicionaron en el rango de votación que va de 40-50 por ciento. En 2003 solamente 6 y en 2006 9.

Los estados en los que AN consiguió menos porcentaje de votos fueron: Guerrero (13.2 en

2000 y 5.97 en 2003) y Tabasco (4.22 en 2006). En cambio en el que más porcentaje de votos ganó fue en Guanajuato con 55.83 en 2000, 43.6 en 2003 y 56.5 en 2006.

En la siguiente gráfica se presenta por dis-tritos la votación (en porcentaje) que obtuvo AN en la elección de diputados por mayoría relativa.

Coral Macías

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La gráfica a nivel distrital ostenta el mismo comportamiento que a nivel estatal, el porcenta-je de votos obtenidos por AN en 2003 es menor al logrado en 2006 y mucho menor al de 2000. Al clasificar los datos en cinco grupos y colocar-los en una tabla como la que se presenta a con-tinuación, se obtiene:

Número total de distrito cuyo porcentaje de votación oscila

Año

2000 2003 2006

Po

rcen

taje

De 2 a 20 43 80 54

De 20.1 a 30 51 80 70

De 30.1 a 40 87 72 82

De 40.1 a 50 60 54 66

De 50.1 a 60 46 12 24

De 60.1 a 70 13 0 4

En las últimas tres elecciones, Acción Nacio-nal ha disminuido el número de distritos cuyo porcentaje de votación oscila entre el 2 y el 30 por ciento. Sin embargo ha incrementado en más de 10 distritos en los segmentos que abar-can del 30.1 a 60 por ciento. Por otra parte, en el porcentaje que va del 60.1 a 70 por ciento, AN logró situar 13 distritos en 2000, ninguno en 2003 y solo 4 en 2006.

Partido Revolucionario InstitucionalDurante poco más de 70 años, el Partido Revo-lucionario Institucional (PRI) fue la primera fuerza política y legislativa, la única con efectiva implan-tación en todo el territorio nacional. A partir del 2000 y como resultado de la elección presiden-cial del 2006 sigue siendo el partido desplazado del Ejecutivo federal. Y además, en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa no logró mantener ni recuperar el posiciona-miento pasado.

La gráfica que se presenta a continuación ex-pone el comportamiento de la votación (en por-centaje) para presidente por estado de las dos últimas elecciones.

Coral Macías

37

Comparativamente el porcentaje de votación en 2006 a nivel estatal es en promedio 13.97 puntos menor que el de 2000. El Distrito Federal es la entidad en la que menos proporción de vo-tos ganó. En cambio donde obtuvo más fue en Sinaloa, donde ganó 64 por ciento en 2000 y en



Porcentaje de votación para el PRI en la elección presidencial y por estados

Porcentaje de votación para el PRI en la elección presidencial y por distrito electoral

Tabasco casi 38 por ciento en 2006. La diferen-cia entre estos dos estados es de 26 puntos.

Graficando el comportamiento de la votación (en porcentaje) para presidente de las dos últimas elecciones pero por distrito electoral, se observa:

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38

El resultado se replica a nivel distrital, la pen-diente de las curvas se pronuncian un poco más porque se precisan los resultados de la elección al considerarse los 300 distritos. La diferencia pro-medio entre el porcentaje de votación de 2000 y 2006 es en promedio de 14.16. Retomando la clasificación por porcentaje se observa que:


Año

2000 2006

Po

rcen

taje

De 2 a 20 0 114

De 20.1 a 40 190 178

De 40.1 a 60 102 8

De 60.1 a 70 6 0

De 70.1 a 75 2 0

En 2000, el PRI no tuvo ningún distrito en el que obtuviera un porcentaje de entre el 2 y el 20 por ciento, mientras que en el 2006, 114 distri-tos se encuentran en ese rango de porcentaje. El rango que va de 20.1 a 40 por ciento fue y es, en ambas elecciones, en el que mayor número de distritos se han colocado, 190 en 2000 y 178 en 2006. El Revolucionario Institucional ha dis-minuido drásticamente su participación en los

tres rangos superiores. En tanto que en el 2000, 102 distritos obtuvieron un porcentaje de entre 40.1 y 60 por ciento, en 2006 tan sólo fueron 8. Finalmente tanto para el rango que va de 60.1 a 70, como para el de 70.1 a 75, pasó de 6 y 2 a ninguno.

La siguiente gráfica presenta por estado la votación (en porcentaje) que obtuvo el PRI en la elección de diputados por mayoría relativa.


Porcentaje de votación para el PRI en la elección para diputado MR por estados

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La elección de 2006 fue en la que el PRI con-siguió menos votos. Los resultados de 2000 y 2003 son muy similares. En ambas elecciones logró casi el mismo porcentaje de votación. El Distrito Federal fue la entidad en la que menos votos consiguió y Sinaloa en 2000 (54.95 por ciento), Durango en 2003 (53.13 por ciento) y Tabasco en 2006 (4.02 por ciento) en las que ganó más.

A nivel distrital la experiencia se replica. La gráfica que se presenta a continuación muestra la votación (en porcentaje) que alcanzó el PRI en la elección de diputados por mayoría relativa pero por distritos.


Porcentaje de votación para el PRI en la elección de diputados MR por distrito electoral

La diferencia promedio de votación entre 2000 y 2003 es de apenas poco más de uno por ciento. Mientras que la diferencia promedio entre 2006 y 2003 es de 8 puntos. Al clasificar por rangos de votación se tiene:

Coral Macías

40

En general se observa un crecimiento en el número de distritos que obtuvieron un porcenta-je de votación que va de 20.1 a 40 por ciento. Aunque para el rango de 40.1 a 50, decrece el número de distritos en más del doble, pasando de 96 en 2003 a 35 en 2006. Más dramática es la caída en el segmento que abarca los dos ran-gos superiores, que va de 50.1 a 70 por ciento. Mientras que en 2000 había 37 distritos que lo-graron un porcentaje de 50.1 a 60 por ciento, en 2006 solamente un distrito logró colocarse en ese rango y finalmente ninguno en 2006 para el rango de 60.1 a 70 por ciento.


Año

2000 2003 2006

Po

rcen

taje

De 2 a 20 5 34 52

De 20.1 a 30 67 36 100

De 30.1 a 40 97 92 112

De 40.1 a 50 91 96 35

De 50.1 a 60 37 34 1

De 60.1 a 70 3 6 0

Partido de la Revolución DemocráticaEl Partido de la Revolución Democrática (PRD) ha conseguido un notable crecimiento electoral, y, a pesar de no haber podido rebasar a AN en la elección presidencial, logró desbancar en al-gunas plazas el posicionamiento que tenían el PRI y el mismo PAN.

Se expone en la siguiente gráfica el comporta-miento de la votación (en porcentaje) para presi-dente de las dos últimas elecciones por estado.


Porcentaje de votación para el PRD en la elección presidencial de los estados

Coral Macías

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El PRD obtuvo más votos en la elección pre-sidencial de 2006 que en la de 2000. Aumentó en promedio 17.09 puntos. En algunos casos la diferencia llega a ser de más de 20, como en los estados de Nayarit, Hidalgo y Michoacán. Los estados en los que menos presencia logró fue-ron: Yucatán en 2000 (3.9 por ciento) y Gua-najuato en 2006 (15.37 por ciento). Por otra

parte, en los que mayor porcentaje de votos al-canzó fue en Michoacán en 2000 con 37.14 por ciento y en Distrito Federal en 2006 con 58.13 por ciento.

Visto a nivel distrital, los resultados que obtu-vo el PRD en la elección de presidente de la Re-pública se muestran en la siguiente gráfica.


Porcentaje de votación para el PRD en la elección presidencial por distrito electoral

El comportamiento de las curvas a nivel distri-tal es casi idéntico al de las curvas a nivel esta-tal. Las curvas están suavizadas porque contie-nen la información de la votación alcanzada en los 300 distritos. La diferencia entre el porcenta-je de votación obtenido en la elección del 2000 y la de 2006 es en promedio de 17.91 puntos.

Coral Macías

42

Considerando esta última gráfica y tabulando “porcentaje de votos” vs. “año” se tiene:


Año

2000 2006

Po

rcen

taje

De 2 a 20 187 54

De 20.1 a 40 105 135

De 40.1 a 60 7 98

De 60.1 a 70 0 11

De 70.1 a 74 0 2

En el rango que va de 2 a 20 por ciento se posicionaron 187 distritos en 2000 y 54 en 2006. En 2000 hubo 105 distritos cuya votación se ubica entre el 20.1 y 40 por ciento, en tanto en 2006 fueron 135. Destaca del rango superior siguiente, siete distritos alcanzaron una votación de entre 40.1 y 60 por ciento en 2000, y para 2006 fueron 98. Finalmente mientras en 2000 el

PRD no obtuvo en ningún distrito un porcentaje de votos mayor a 60.1 por ciento, en cambio en 2006 obtuvo en 11 un porcentaje de entre 60.1 a 70 por ciento y dos de más de 70.1 por ciento.

Por otra parte, enseguida se presentan gráfi-camente los resultados alcanzados por el PRD a nivel estatal en la elección de diputados por ma-yoría relativa.


Porcentaje de votación para el PRDen la elección para diputado MR por estados

Coral Macías

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Para el PRD su mejor resultado se encuentra en la elección de 2006, la diferencia promedio entre la elección de 2000 y 2003 es de -2.29 puntos, es decir, en 2003 el PRD perdió cuando menos 2 puntos de la posición ganada en 2000. Pero para 2006 no sólo se recupera, sino que supera a 2003 por 10.18 puntos.

En la elección de diputados por mayoría relativa la votación (en porcentaje) a nivel distrital que al-canzó el PRD se muestra en la siguiente gráfica.


Porcentaje de votación para el PRDen la elección de diputado MR por distrito electoral

El resultado que tuvo el PRD a nivel distrito es muy similar al resultado que tuvo a nivel estatal. La elección del 2003 fue en la que peores resul-tados logró, perdió en promedio 0.58, menos de un punto comparado con 2000. Mientras que en la de 2006 superó tanto a la de 2003 como la del 2000. La diferencia promedio entre estas dos elecciones fue de 10.24 puntos.

Coral Macías

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Al segmentar el porcentaje de votación se obtiene:

Así pues del estudio sistemático se reveló que las elecciones en ambos niveles han sido bastante competitivas, casi un las contiendas han sido cada vez más cerradas e intensas, a pesar de que en la elección 2003 disminuye la participación ciudadana. Brevemente destaca a nivel distrital:

Elección presidencial:

• En 2000, AN alcanza un mayor número de distritos que obtienen un porcentaje de vota-ción que va entre 20.1 a 40 por ciento pasan-do de 114 a 143 en 2006. No obstante, pier-de participación en el rango de votación que va de 40.1 a 60 por ciento donde yendo de 142 a 104.

• Para el PRI la elección de 2006 representó una caída totalmente estrepitosa. A pesar de que en 2000 alcanzó a que 190 distritos ob-tuvieran entre 20.1 y 40 por ciento, para 2006 logró 178. Y luego, en el rango superior, que va de 401. a 60 por ciento, pasó de 102 a tan sólo 8 distritos.


Año

2000 2003 2006

Po

rcen

taje

De 2 a 20 167 187 104

De 20.1 a 30 68 38 57

De 30.1 a 40 49 30 65

De 40.1 a 50 15 36 45

De 50.1 a 60 1 7 24

De 60.1 a 70 0 0 5

En la elección para diputado por el principio de mayoría relativa el PRD ha acrecentado el nú-mero de distritos que obtienen mayor porcenta-je de votación. En los segmentos que compren-den de 50.1 a 70 por ciento colocó en 2006 a 29 distritos. Y en los dos segmentos inferiores, que abarcan de 30.1 a 50 por ciento pasó de 49 y 15 en 2000 a 65 y 45 en 2006. Por último, en los segmentos que van de 2 a 30 por ciento ha ido disminuyendo el número de distritos, pasan-do en 2000 de 167 y 68 a 104 y 57 en 2006.

La construcción de un sistema de partidos, acompañado del desarrollo de la normatividad y de las instituciones ha sido un esfuerzo cuyo ob-jetivo se enmarca en la consolidación de la de-mocracia en México. A través del estudio de datos descriptivos de los resultados electorales de las últimas tres elecciones federales para di-putados por el principio de mayoría relativa y de las últimas dos elecciones presidenciales se puede apreciar como un buen primer vistazo de la competitividad en este postrero sexenio.

Coral Macías

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• Para el PRD los resultados sí son alentado-res. Obtuvo 105 distritos cuyo porcentaje os-ciló entre 20.1 y 40 por ciento y para 2006 alcanzó 135. Mientras que en el rango supe-rior inmediato, de 40.1 a 60 por ciento, saltó de 7 en 2000 a 98 en 2006.

Así pues se puede afirmar que por lo menos a nivel distrital, tanto el PRD como el PAN al colo-car mayor número de distritos cuyo rango de porcentaje obtenido va de entre el 40.1 a 60 por ciento han generado un aumento en la competi-tividad de esta elección.

Elección de diputados por el principio de ma-yoría relativa:

• AN no ha logrado superar la votación alcan-zada en la elección del 2000 dado que mien-tras que en dicho año logró que un total de 206 distritos obtuvieran un porcentaje mayor a 30.1 por ciento. En 2006 fueron 176. Inte-resante destacar que para los dos rangos su-periores la caída es más visible, pasando de 46 a 24 en el rango que va de 50.1 a 60 por ciento. Y en el de que va de 60.1 a 70 por ciento cayó de 13 a 4 distritos.

• El PRI colocó en 2000, 228 distritos en un porcentaje de votación mayor a 30.1 por ciento y en 2006 tan sólo 148 distritos. Caí-das estrepitosas se observaron en el rango de 40.1 a 50 por ciento, yendo de 91 a 35 distritos; y en el rango de 50.1 a 60 al pasar de 37 a 1 distrito.

• El PRD ha ido aumentando el número de distritos cuyo porcentaje de votación supe-ra el 30.1 por ciento al colocar en 2000 a 69 distritos mientras que en 2006 a 139. Los rangos donde el aumento es más significa-tivo se presenta en el que va de 40.1 a 50

por ciento, al pasar de 15 a 45. Y en el ran-go de 50.1 a 60, partiendo de 1 y obtenien-do en 2006, 24 distritos.

EL PRD es el partido político que ha logrado obtener en más distritos mayor porcentaje de votación en las últimas elecciones. Debido a este crecimiento es que de cierta forma a la par se ha acrecentado la competitividad electoral. El PRI ha perdido presencia, pero ha ganado el PRD y compite con el PAN.

Tomando en cuenta que en una democracia los partidos políticos son formas de organiza-ción y participación mediante las cuales los ciu-dadanos pueden hace sentir su presencia de manera permanente. Dado que a través de ellos es posible asir las problemáticas y las inquietu-des de la sociedad, ampliar la educación políti-ca, articular demandas y medios de expresión para los ciudadanos, el hecho del arribo proba-do de un partido político, el PRD, a niveles de votación mayores a 30.1 por ciento resulta inte-resante ya que esto tiene un efecto sobre el sis-tema de partidos, ya que vuelve la competencia más reñida, lo que implica o se traduce en un sistema más competitivo.

La tarea pendiente en la nueva agenda de in-vestigación es por una parte, probar qué tan competitivo es el sistema de partidos mexicano, a través de una ecuación propuesta por Méndez de Hoyos.

Y por otra, si bien es cierto que la competi-tividad es un elemento sustancial de la com-petencia que a su vez es un factor indispensa-ble de un sistema que se precie como demo-crático, habrá que valorar si existe un “nivel” de competitividad que coadyuve en la preser-vación de la democracia en nuestro país.

Coral Macías

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Bibliografía• Instituto Federal Electoral http://www.ieey.org.mx/• Sartori, Giovanni.Partidos y sistemas de partidos. Madrid, Alianza Editorial, 1980; 404 págs.• Rodríguez Zepeda Jesús, Estado de derecho y democracia, México, Instituto Federal Electoral,

2ª edición, 2001, Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática No. 12, p. 42.• Méndez de Hoyos, Irma. “Competencia y Competitividad electoral en México, 1977-1997” en

Política y Gobierno. Vol. X. Núm. 1. I Semestre del 2003.• Partido Acción Nacional. “Principios de Doctrina”. México. 2003.• Larousse diccionario básico de la lengua española. Ed. Larousse. México. 1984

Coral Macías

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El presente trabajo muestra las diferencias en la duración de las campañas y precampañas en los estados de nuestro país, así como el marco legal en el cual se estipula. Debido a que cada estado tiene su propia regulación, existen varia-ciones entre entidades. Asimismo, no todos los estados regulan de forma explícita la duración: muchos estados establecen la duración de los mencionados procesos como intervalos, que varían dependiendo del año y el día de la sema-na en que tengan lugar los comicios.

El objetivo es presentar una guía de la dura-ción de campañas y precampañas en los esta-dos de la república. Cada entidad tiene su pro-pia regulación sobre los procesos electorales para elegir representantes a nivel local (goberna-dor, congreso y presidentes municipales). Sin embargo, no existen muchos estudios que ana-licen de forma comparativa las diferencias de campañas a nivel estatal. Este trabajo es el pri-mero de una serie de documentos que analiza-rán de forma comparativa diferencias en las los

tiempos de campaña y precampaña a nivel esta-tal. Es, pues, un análisis del marco legislativo vi-gente en cuanto a tiempos de dichos procesos electorales en las 32 entidades del país.

Para el presente estudio, se hizo investiga-ción de primera fuente, es decir, se recopilaron los artículos de las leyes y códigos electorales estatales respecto de la duración de campañas y precampañas. Por lo anterior, la metodología de este estudio puede considerarse cualitativa.

En la primera sección se justifica la importan-cia del tema de investigación, que radica en que es una compilación de la legislación electoral. El objetivo de la investigación, planteado en la se-gunda sección, es tener un compilado básico que nos permita saber –de acuerdo a la legisla-ción vigente– los diferentes plazos de campaña en las entidades federativas. Posteriormente, se presentan –en el marco teórico– investigaciones sobre los motivos por los que el estudio de la duración de campañas es importante para la de-mocracia.

Duración de lascampañas electoralespara gobernador

María de Lourdes Ramírez Flores

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Este documento parte de la hipótesis si-guiente “la duración en campañas electorales varía entre estados”. Lo anterior podría parecer intuitivo a quienes tienen conocimientos básicos sobre federalismo, derecho electoral y eleccio-nes estatales. Sin embargo, el objetivo de esta investigación es plantear –en un documento re-sumido y de fácil lectura– las diferencias en la duración de las campañas electorales. Para lo anterior, se analizan los 32 códigos electorales estatales. La última sección trata la agenda que se propone para investigaciones futuras, que –de acuerdo a la autora– gira principalmente en torno a los efectos que los distintos tiempos de campaña tienen sobre el electorado y la ventaja o desventaja que los plazos pueden tener para los partidos de oposición

No existen análisis sobre las diferencias en materia de legislación electoral estatal que sean accesibles o conocidas. Debido a que los tiem-pos de campaña varían entre estados, es necesa-rio que se haga un estudio comparativo que sin-tetice dichas diferencias. La presente investiga-ción resumirá la legislación estatal en la materia.

Existen diferencias en la legislación electoral estatal cuya consecuencia es la variación en tér-minos de campaña de un estado al otro.

La duración de las campañas tiene, de acuer-do a Ken Kollman, John Miller y Scott Page (1992), mientras más tiempo duran, los votantes adquieren mayor información sobre los partidos. De acuerdo a los autores, los partidos tienden a colocar su postura ideológica en puntos donde el espectro de preferencias de los votantes es más denso, es decir, se posicionan donde pue-den ser más atractivos para el mayor número de votantes.

De acuerdo a Kollman, Miller y Page (1992), quienes analizan la relación entre la duración de las campañas electorales y la probabilidad de que partidos ambiciosos –cuyo interés es llegar al poder por el poder en sí– o ideológi-cos –cuyo interés es llegar al poder para se-guir una agenda ideológica– derroten a los partidos en el poder. Los autores encuentran

que a mayor duración de los periodos de campaña, los partidos ambiciosos mueven sus plataformas más al centro del espectro ideológico, contrario a lo que sucede a los partidos ideológicos, que tienden a mantener con mayor firmeza su plataforma (aunque no se afirma que sea inmóvil). Cuando las cam-pañas duran más, los partidos tienen más oportunidades de adaptar su plataforma a las preferencias de los votantes, con lo que bus-can aumentar su probabilidad de ganar. Lo anterior podría sugerir que en estados donde las campañas duran más, las plataformas que los partidos presentan serán más similares que en los estados donde las campañas son más cortas. Cabe señalar que en nuestro país, los partidos electorales están obligados a pre-sentar su plataforma a los órganos electorales estatales antes del registro del candidato o candidata a gobernador. Por lo anterior, quizá los cálculos para situar las plataformas electo-rales se realicen ex ante.

Respecto al efecto que la duración de campañas tiene en los votantes, Randolph Stevenson y Lynn Vavreck (2000) muestran que en lugares donde éstos procesos tie-nen mayor duración los votantes tienen mayor tiempo para obtener información so-bre los candidatos y evaluar sus propues-tas de política. Por ello, a mayor duración, es más probable que los ciudadanos utili-cen información real –datos reales sobre las condiciones económicas, en el estudio de los autores- para realizar sus evaluacio-nes de los partidos en el poder y decidir su voto. Kevin Arceneaux (2005), quien al igual que Stevenson y Vavreck hace un estudio utilizando datos de varios países, encuen-tra que mientras más tiempo de campaña transcurre, los votantes adquieren más in-formación. Arceneaux (2005) también en-cuentra diferencias en la forma en la que los votantes utilizan la información adquiri-da ya que las campañas tienen mayor efec-to en la decisión de los votantes con menor


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sofisticación política y que viven en lugares donde el sistema electoral es de votaciones con sistema de lista de partido, como el caso mexicano.1

Lo anterior es una muestra de la importancia que duración de las campañas tiene, tanto en el posicionamiento de los partidos políticos como en la forma en la que los electores deciden su voto. Por ello, diferencias en el periodo de dura-ción pueden dar ventaja o desventaja a los par-tidos en el poder, generando condiciones que aumentan o disminuyen el nivel de competencia de las elecciones.

En nuestro país, las elecciones estatales es-tán reguladas a nivel local. Por ello, existen di-ferencias en la duración que las campañas para gobernador tienen. Es interesante señalar que a nivel federal, las reformas que tuvieron lugar en 2007 acortaron el tiempo de campaña para elegir al presidente. Este pasó de más de 160 a 90 días (IFE, 2008). Cabe señalar que ninguna entidad federativa tiene, bajo la legislación elec-toral analizada para este documento y vigente al 15 de diciembre de 2010, campañas para elegir a gobernador cuya duración sea mayor a 90 días.

Existen diferencias en la legislación electoral local. Éstas provocan que las campañas para 1 Un sistema de listas de partido implica que los partidos políticos hacen una lista de candidatos. Dependiendo del nivel de votación obtenido, el partido obtiene lugares, los cuales son ocupados por los candidatos de la lista. Este sistema es el utilizado para los diputados de representación proporcional en nuestro país.

gobernadores tengan distinta duración en las entidades federativas.

La forma de analizar las diferencias en la re-gulación de los tiempos de campaña para ele-gir gobernadores en los estados es revisando la legislación electoral estatal.2 Algunas entidades regulan explícitamente el tiempo que pueden durar las campañas electorales para goberna-dor, estableciendo los días que puede durar di-cho proceso. Éstas son: Aguascalientes, Chia-pas, Chihuahua, Chiapas, Chihuahua, Coahui-la, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hi-dalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Queré-taro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Yucatán. El resto de los es-tados establece los plazos de campaña como intervalos, es decir, dependiendo de los perio-dos de registro y la forma en la que se estable-cen las sesiones en las que el órgano electoral lo otorgue las campañas pueden durar. Esto también está relacionado con la fecha de las elecciones. En los estados donde no se esta-blece explícitamente la duración, marcados con un asterisco (*) en la Tabla 1, los tiempos de campaña se calcularon como el promedio de lo que podrían durar dada la regulación es-tatal y los plazos establecidos.

2 Para este documento de trabajo se revisó la legislación electoral vigente al 1° de diciembre de 2010.


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Tabla 1. Duración de las campañas y precampañas en los estados del país

EstadoPrecampaña

(días)

Artículo(s) Campaña

(días)

Artículo(s)

Aguascalientes 40 174 60 204

Baja California 44 218; 261 66* 261, 265, 286

Baja California Sur 58 142 84*

165; 175;157, Decreto 1839 de la

Ley Electoral

Estatal

Campeche 40 255 80* 267, 276, 277, 300

Chiapas 30 225 60 241

Chihuahua 45 125 75 141

Coahuila 23 134 45 157

Colima 30 205 BIS 10 74* 24, 198, 202, 214

Distrito Federal 50 226 75 257

Durango 60 198 80 220

Guanajuato 50 174 Bis 75 192

Guerrero 21 163 75* 141

Hidalgo 20 150 50 177, 182

Jalisco 60 229 II 1 90 264

México 10 144 F 45 149, 159

Michoacán - - 75 154

Morelos 50 198 75 220

Nayarit 40 118, 120, 131 60 131

Nuevo León 60 110 BIS 90 111

Oaxaca 20 150 60 173

Puebla 60 200 Bis B II 85* 206, 213, 217

Querétaro 30 106 BIS 45 108

Quintana Roo 60 137 90 137

San Luis Potosí 60 154 90 153

Sinaloa 16 117 BIS 48 117 BIS E

Sonora 45 162 90 215

Tabasco 40 202 60 233

Tamaulipas 36 195 III 54* 209, 214, 229

Tlaxcala 227** 245, 279 65* 26, 209, 214, 229

Veracruz 89* 69 49* 11,80,184 I, 185 VI

Yucatán 60 188 A 90 197

Zacatecas 45 108 78* 31, 121, 127, 134


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Por otro lado, las precampañas aparecen –en general– con plazos más detallados. La mayoría de las leyes y códigos electorales es-tatales mencionan de forma explícita los días que pueden durar estos procesos internos. Sin embargo, existen estados donde la regulación es laxa. De éstos, destaca el caso de Tlaxcala (**) donde –si nos apegamos a la legislación electoral estatal- las precampañas podrían du-rar hasta 227 días. En estos casos, los tiem-pos de campaña se regulan por acuerdo del órgano electoral estatal y, aunque 227 es el máximo, no duran ese tiempo. El caso de las precampañas en Michoacán también es anó-malo. En esta entidad, las precampañas no están reguladas por el Código Electoral de

Michoacán, sino que se regulan por acuerdos del órgano electoral estatal en cada proceso electoral.

Como se puede apreciar en la Tabla 1, exis-ten diferencias en la duración de las campañas y precampañas en las entidades. En cuanto a las campañas (Ver Gráfica 1), los plazos tam-bién son heterogéneos. La duración mínima es de 45 días en Coahuila, Estado de México y Querétaro. La duración máxima es de 90 días y está estipulada en Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Yu-catán. Cabe señalar que este mismo plazo es el que se contempla en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para la campaña del Ejecutivo Federal.

Gráfica 1. Duración de las campañas en los Estados. Duración de capaña (días)

En cuanto a las precampañas, los tiempos también son bastante heterogéneos. El máximo tiempo es Tlaxcala (227 días), aunque como se señala en párrafos anteriores, cada proceso re-gula el tiempo. Como muestra la Gráfica 2, los estados que contemplan precampañas más lar-gas son Veracruz (89 días), Durango, Jalisco Puebla , Quintana Roo, San Luis Potosí y Yuca-tán con 60 días. Las precampañas más cortas son en el Estado de México, donde el proceso dura 10 días.


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Conclusiones y nueva agenda de investigaciónCómo la presente investigación demuestra, la legislación electoral varía entre entidades. Los tiempos de campaña son distintos entre esta-dos y van desde 45 días en Coahuila, Estado de México y Querétaro hasta 90 en Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí. Es nece-sario investigar las consecuencias que estas di-ferencias tienen en la competencia electoral. Por ejemplo, destaca que en dos de los estados cuyas campañas son más cortas (Coahuila y Estado de México) no ha habido alternancia en el gobierno. Sin embargo, es necesario realizar investigaciones más detalladas para saber si lo anterior es una coincidencia o si existe relación causal que determine alternancia en el gobierno con duración de campañas y precampañas.

Como este documento de trabajo muestra, no existen criterios homogéneos para los proce-sos electorales. Este documento de trabajo de ninguna forma sugiere que deba existir una ho-mologación (tampoco sugiere que no deba). Simplemente tiene como objetivo presentar las diferencias en los plazos de precampaña y cam-paña a nivel estatal. Investigaciones posteriores deben analizar la forma en la que estos plazos

Gráfica 2. Duración de las campañas en los Estados. Duración de precapañas (días)

afectan la competencia electoral y los niveles de participación ciudadana.

Referencias• Arceneaux, Kevin “Do Campaigns Help Vo-

ters Learn? A Cross-National Analysis” British Journal of Political Science, 36 (2005).

• Kollman, Ken; Miller, John H. y Page, Scott E. “Adaptative Parties in Spatial Elections” The American Political Science Review, 86 (1992).

• Stevenson, Randolph T. y Vavreck, Lynn “Does Campaign Length Matter? Testing for Cross-National Effects” British Journal of Po-litical Science, 30 (2000)

Legislación Electoral Estatal• Aguascalientes, Código Electoral del Estado

de Aguascalientes.• Baja California, Ley de Instituciones y Proce-

sos Electorales del Estado.• Baja California Sur, Ley Electoral del Estado.• Campeche, Código de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales para el Estado de Cam-peche.

• Chiapas, Código Electoral del Estado de Chiapas.


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• Chihuahua, Ley Electoral del Estado de Chi-huahua.

• Coahuila, Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza.

• Colima, Código Electoral del Estado de Colima.• Distrito Federal, Código Electoral del Distrito

Federal.• Durango, Ley Electoral para el Estado de Du-

rango.• Guanajuato, Código de Instituciones y Proce-

dimientos Electorales para el Estado de Gua-najuato.

• Guerrero, Ley Número 571 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

• Hidalgo, Ley Electoral del Estado de Hidalgo.• Jalisco, Ley Electoral del Estado de Jalisco.• Estado de México, Código Electoral del Esta-

do de México.• Michoacán, Código Electoral de Michoacán.• Morelos, Código Electoral Morelos.• Nayarit, Ley Electoral del Estado de Nayarit.• Nuevo León, Ley Electoral del Estado de

Nuevo León.• Puebla, Código de Instituciones y Procesos

Electorales del Estado de Puebla.• Oaxaca, Código de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales del Estado de Oaxaca.• Querétaro, Ley Electoral de Querétaro.• Quintana Roo, Ley Electoral de Quintana

Roo.• San Luis Potosí, Ley Electoral del Estado de

San Luis Potosí.• Sinaloa, Ley Electoral del Estado de Sinaloa.• Sonora, Código Electoral para el Estado de

Sonora.• Tabasco, Ley Electoral del Estado de Tabasco.• Tamaulipas, Código Electoral para el Estado

de Tamaulipas.• Tlaxcala, Código de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales para el Estado de Tlaxcala.• Veracruz, Código Electoral (número 307) para

el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.• Yucatán, Ley de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales del Estado de Yucatán.

• Zacatecas, Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

APÉNDICE• Artículos de la legislación electoral estatal

donde se especifica la duración de los tiem-pos de campaña para cada Estado.

Aguascalientes• ARTÍCULO 19.- Las elecciones ordinarias se

verificarán el primer domingo del mes de sep-tiembre del año que corresponda.

• ARTÍCULO 130.- El registro de candidaturas a Gobernador, a Diputados y a miembros de Ayuntamientos, será del 15 al 30 de junio in-clusive, del año de la elección.

• ARTÍCULO 143.- Las campañas electorales de los partidos políticos, se iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes de la elección. Durante los tres días an-teriores a la jornada electoral…

• ARTÍCULO 174.- Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elec-ción popular son el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los pre-candidatos a dichos cargos, de conformidad con lo establecido en este Código, en los Es-tatutos y Reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprue-ben los órganos de dirección de cada partido político.

• En caso de realización de la jornada comicial interna, ésta se desarrollará conforme a lo es-tablecido en sus Estatutos y Reglamentos, y en apego a las siguientes reglas: 1. Durante el proceso electoral en que se re-

nueven el titular del Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado y Ayuntamientos, el registro interno de precandidatos se hará en la última semana de febrero y las pre-campañas de los precandidatos que ob-tengan el registro interno del partido en cuestión, darán inicio el 1º de marzo y no podrán durar más de cuarenta días;


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• ARTÍCULO 204.- La duración de las campa-ñas no deberá exceder de sesenta días cuando se elija Gobernador, diputados loca-les y ayuntamientos, ni de 45 días cuando sólo se elijan diputados locales o ayunta-mientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respec-tivas campañas electorales.

Baja California• ARTÍCULO 21.- Las elecciones ordinarias

deberán celebrarse el primer domingo del mes de julio del año que corresponda…

• ARTÍCULO 218.- Las precampañas electo-rales iniciarán: I. Cuando se celebren elec-ciones para elegir Gobernador del Estado diputados y munícipes, el día veintidós de fe-brero del año de la elección … Todas las pre-campañas deberán concluir, a más tardar, un día antes del inicio del periodo de la solicitud de registro de candidatos.

• ARTÍCULO 261.- Los partidos políticos o coaliciones, deberán presentar la solicitud de registro de candidaturas, en los plazos y ante los órganos competentes, en los si-guientes términos:

• En el año de la elección en el que se renue-ven al Titular de Poder Ejecutivo estatal, inte-grantes del Congreso del Estado, y muníci-pes de los ayuntamientos, todas las solicitu-des de registro, entre el siete al veintiuno de abril, ante los siguientes órganos:

• ARTÍCULO 265 IV.- Los Consejos Electora-les, al tercer día del vencimiento del plazo a que se refiere el artículo 261 de esta Ley, ce-lebrarán sesión para resolver, a propuesta de sus Consejeros Presidentes, sobre las solici-tudes planteadas y, en su caso, otorgar la constancia de registro correspondiente, y

• ARTÍCULO 286.- Las campañas electorales de los partidos políticos iniciarán al día si-guiente del otorgamiento del registro de can-didaturas para la elección respectiva por el Consejo Electoral correspondiente, y conclui-rán tres días antes del día de la elección, du-

rante los cuales no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

Baja California Sur • ARTÍCULO 142.- Los ciudadanos aspiran-

tes a candidatos de elección popular, no po-drán producir o difundir propaganda de pre-campaña antes de noventa días del inicio del proceso electoral. ARTÍCULO 150.- El pro-ceso electoral es el conjunto de actos orde-nados por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y por esta Ley, realiza-dos por las autoridades electorales, los parti-dos políticos y los ciudadanos que tiene por objeto la renovación periódica de los inte-grantes de los Poderes Legislativo y Ejecuti-vo, así como de los Ayuntamientos de la en-tidad, que comprende las siguientes etapas:I.- La preparación de las elecciones;II.- La jornada electoral; yIII.- La posterior a las elecciones.

• ARTÍCULO 151.- La etapa de preparación de las elecciones inicia con la primera sesión que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral celebre, y comprende los siguientes actos:

• ARTÍCULO 157.- El término para el registro de candidatos, en el proceso electoral, será el siguiente:

• I.- Para Diputados por el principio de Mayo-ría Relativa y Gobernador del Estado, del día 1 al día 10 de noviembre inclusive, del año anterior al de la elección;

• ARTÍCULO 176.- Las campañas electorales de los partidos políticos y coaliciones se ini-ciarán oficialmente a partir de la fecha de re-gistro de candidaturas para la elección res-pectiva y concluirán tres días antes de la elección.

• 177.- El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la ce-lebración de reuniones o actos públicos de campaña de propaganda o de proselitismo electorales.


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Campeche• ARTÍCULO 30.- Las elecciones ordinarias ten-

drán lugar el primer domingo de julio para elegir a: I. Diputados locales, cada 3 años; II. Gobernador del Estado, cada 6 años; y

• ARTÍCULO 31.- En el mes de enero del año de la elección, el Instituto Electoral del Estado de Campeche expedirá la convocatoria para la elección ordinaria. En ésta deberán señalarse las elecciones a las que se convoca; los perío-dos de precampañas; registro de candidatos; campañas electorales; la fecha de la elección, así como las demás disposiciones que para ta-les efectos considere necesarias el Consejo General. El día en que deban celebrarse las elecciones ordinarias será considerado no la-borable en todo el territorio del Estado.

• ARTÍCULO 255.- Se entiende por precam-paña electoral el conjunto de actividades que dentro de su proceso interno, realicen los partidos políticos, sus militantes y precandi-datos debidamente registrados por cada par-tido, utilizando el programa y la propaganda previamente autorizados por sus órganos in-ternos, para obtener una candidatura a cual-quier cargo de elección popular. Las precampañas para la designación de candidato a gobernador tendrán una dura-ción de hasta 40 días. La duración de pre-campañas para la designación de candidatos a diputados, así como para la de Presidentes Municipales y Presidentes de Juntas Munici-pales, será de hasta 30 días.

• ARTÍCULO 267.- Con las salvedades previs-tas en este Código, los plazos y órganos com-petentes para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes:

• Para Gobernador del Estado, del 24 de mar-zo al 2 de abril inclusive, ante el Consejo Ge-neral del Instituto Electoral del Estado de Campeche.

• ARTÍCULO 276.- A los ocho días siguientes de que concluyan los plazos establecidos para el registro de candidaturas, los Consejos General, Distritales y Municipales celebrarán

una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan.

• ARTÍCULO 300.- Las campañas electorales se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidaturas para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitis-mo electorales.

Chiapas• ARTÍCULO 9.- la elección ordinaria de go-

bernador del estado se celebrara cada seis años el tercer domingo de agosto; la de dipu-tados y de miembros de los ayuntamientos cada tres años el primer domingo de octubre; todas del año de la elección, mediante su-fragio universal, libre, secreto y directo.

• ARTÍCULO 66.- por campaña electoral se entiende el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coalicio-nes y sus candidatos registrados para la ob-tención del voto. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciaran a partir del día siguiente al de la sesión de registro de las candidatu-ras para la elección respectiva, debiendo concluir tres días antes de celebrarse la jor-nada electoral.

• ARTÍCULO 85 II. La precampaña de un par-tido concluye, a más tardar, tres días antes de que realice su elección interna o tenga lu-gar la asamblea nacional electoral, equivalen-te, o la sesión del órgano de dirección que resuelva al respecto, conforme a los estatu-tos de cada partido;

• ARTÍCULO 181.- los plazos para el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: I.- para gobernador del estado del 15 al 31

de mayo y para diputados de mayoría relativa del 16 al 31 de julio;


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• ARTÍCULO 223.-Las elecciones internas que realicen los partidos para elegir a sus candidatos, deberán celebrarse dentro de los sesenta días anteriores al día de la aper-tura de registro de candidatos de la elección de que se trate.

• ARTÍCULO 225.- La duración de las pre-campañas electorales no podrá exceder de treinta días y deberán concluir treinta días an-tes del inicio del periodo de registro de candi-datos. Las precampañas, darán inicio al día siguien-te de que se apruebe el registro interno de los precandidatos. Las precampañas de todos los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. Cuando un partido tenga prevista la celebración de una jornada de consulta directa, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas.

• ARTÍCULO 233.- Los plazos para solicitar el registro de las candidaturas en el año de la elección son los siguientes: Para Gobernador del Estado comenzará 83

días antes del día de la elección, y terminará 77 días antes de la elección.• ARTÍCULO 241.- Las campañas políticas

iniciarán, en el caso de gobernador, 63 días antes de la jornada electoral y las de Diputa-dos, 33 días antes al día en que se verificará la jornada electoral, debiendo culminar en to-dos los casos conforme a lo dispuesto en el artículo 246 de este Código. Las propuestas de campaña a que se refiere la Constitución Particular, deberán registrarse ante la Comi-sión en la semana en que habrán de concluir las campañas políticas, conforme a las dis-posiciones preceptuadas en este Código.

Chihuahua• ARTÍCULO 18.- Las elecciones ordinarias

deberán celebrarse el primer domingo de ju-lio del año que corresponda, para elegir:

• ARTÍCULO 136.- Los plazos para presentar la solicitud de registro de candidaturas duran-te el año de la elección serán los siguientes:

a) Dentro de los primeros diez días del mes de abril, tratándose de candidatos a Goberna-dor;• ARTÍCULO 125 1. En ningún caso, las pre-

campañas excederán de los siguientes lími-tes: a) De cuarenta y cinco días para la elección

de candidatos a Gobernador2. Para los efectos del numeral anterior, las

precampañas electorales darán inicio en la forma que sigue:

a) Durante la primera quincena del mes de enero del año del proceso electoral, para la elección de candidatos a Goberna-dor,…

• ARTÍCULO 141.- 1. Las campañas electorales para Goberna-

dor del Estado tendrá una duración de setenta y cinco días.

• ARTÍCULO 142 .- Las campañas electorales deberán concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral. El día de la jornada electo-ral y durante los tres días anteriores, no se per-mitirá la celebración de actos de campaña o la difusión de propaganda electoral.

Coahuila• ARTÍCULO 134.-

a) Las precampañas en el caso de la elec-ción de Gobernador iniciarán sesenta y cinco días después de iniciado el proceso. No podrán durar más de veintitrés días. • Artículo 157. 1. Las campañas electorales

para Gobernador tendrán una duración de cuarenta y cinco días.

Colima• ARTÍCULO 24.- Las elecciones deberán ce-

lebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir: Gobernador, cada 6 años.

• ARTICULO 198.- Los plazos para solicitar el registro de candidatos en el año de la elec-ción será:


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(REFORMADO EN P.O. DEL 31 DE AGOSTO DE 2005)Para Gobernador del Estado, del 10 al 15 de abril; y• ARTICULO 202.- Al recibirse una solicitud

de registro de candidatura, el Presidente o el Secretario Ejecutivo del Consejo que corres-ponda, asentará mediante reloj checador la hora en que ésta se reciba. Dentro de las 24 horas siguientes, verificarán que se cumplió con todos los requisitos señalados en los ar-tículos anteriores.Los CONSEJOS MUNICIPALES dentro de las 48 horas siguientes al vencimiento del plazo mencionado, celebrarán una sesión con el único objeto de registrar las candidaturas que procedan y comunicarán inmediatamente al CONSEJO GENERAL el acuerdo relativo al registro de candidaturas, fórmulas o planillas que hayan realizado. El CONSEJO GENERAL dentro de los 3 días siguientes al vencimiento de los plazos referidos, celebrará una sesión cuyo único objeto será registrar las candida-turas que procedan.

• ARTÍCULO 205 BIS-10.- Los PARTIDOS POLÍTICOS realizarán sus procesos internos dentro de la etapa de preparación de la elec-ción, durante los meses de febrero y marzo, debiendo concluir por lo menos 15 días antes de la fecha de registro de las candidaturas respectivas. En caso de que el proceso inter-no implique la realización de cualquiera de las actividades identificadas en el artículo 205 BIS-3, a cargo de los precandidatos, éstas no podrán durar más de 30 días contados a partir de la fecha que para tal efecto señale la convocatoria que al respecto expidan los PARTIDOS POLÍTICOS, pero en todo caso la conclusión de las mismas deberá hacerse por lo menos 3 días antes de la fecha señala-da para que tenga verificativo la celebración de cualquiera de los métodos de selección aludidos en el artículo 205 BIS.

• ARTICULO 214.- Las campañas electorales iniciarán a partir de la fecha en que los Con-

sejeros Municipales y el CONSEJO GENERAL emitan el acuerdo relativo al registro de candi-daturas para la elección respectiva y conclui-rán 3 días antes de la jornada electoral.

Distrito Federal• ARTICULO 226.- Los procesos de selección

interna se llevarán a cabo en el mismo año en que se realice la jornada electoral. Los proce-sos de selección interna de candidatos al car-go de Jefe de Gobierno no podrán durar más de 50 días y no podrán extenderse más allá del día 21 de marzo del año de la elección.

• ARTICULO 257.- Las campañas electorales de los Partidos Políticos o Coaliciones se ini-ciarán: I. 75 días antes del término previsto para fi-nalizar las campañas electorales, en el caso de elección para Jefe de Gobierno del Distrito Federal,…

Durango• ARTÍCULO 20.- 1. Las elecciones ordinarias

deberán celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda, para elegir: … Go-bernador, cada 6 años

• ARTICULO 198.- I. Durante el proceso elec-toral en que se renueven los Poderes Ejecuti-vo y Legislativo, así como de los miembros de los Ayuntamientos, las precampañas podrán dar inicio a partir de la segunda semana de diciembre del año previo al de la elección de-biendo concluir a más tardar veinte días antes del inicio de registro de candidatos. No po-drán durar más de sesenta días;

• ARTICULO 220.-1. Las campañas electora-les para Gobernador del Estado, Diputados locales e integrantes de los Ayuntamientos, en el año que corresponda, tendrán una du-ración de ochenta días.

Guanajuato• ARTÍCULO 15. Las elecciones ordinarias se

verificarán el primer domingo de julio del año que corresponda…


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• ARTÍCULO 174 Bis 1. Los partidos políti-cos, conforme a sus estatutos, deberán es-tablecer el órgano interno responsable de la organización de los procesos de selección de sus candidatos y, en su caso, de las pre-campañas. I. Los aspirantes a precandidatos que par-

ticipen en los procesos de selección in-terna convocados por cada partido no podrán realizar actividades de proselitis-mo o difusión de propaganda, por nin-gún medio, fuera de los plazos de pre-campaña que fijen los partidos políticos, de conformidad con lo señalado en el úl-timo párrafo del artículo anterior. La viola-ción a esta disposición se sancionará de conformidad con lo establecido en la nor-matividad del partido de que se trate.

II. Cada partido político o coalición comuni-cará al Consejo General del Instituto Electoral, antes del inicio formal de los procesos internos, para la selección de sus candidatos a cargos de elección po-pular, el método que será utilizado; y de-pendiendo del mismo, lo siguiente: la fe-cha de inicio del proceso interno; la fecha de expedición de la convocatoria; los pla-zos que comprenderá cada fase del pro-ceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilan-cia; la fecha de celebración de la asam-blea electoral correspondiente o en su caso, de realización de la jornada comi-cial interna.

• ARTÍCULO 192. Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente de que se apruebe el regis-tro de candidaturas para la elección respecti-va. La duración de las campañas no deberá exceder se setenta y cinco días para la elec-ción de Gobernador, ni de cuarenta y cinco días cuando se elijan diputados, ni de sesen-ta días para la elección de ayuntamientos, las cuales concluirán el cuarto días que antece-da a la elección

Guerrero• ARTÍCULO 163.- Exclusivamente dentro de

los procesos internos, los precandidatos po-drán realizar precampañas, cuyo periodo de realización deberá de establecerse en la con-vocatoria que emita el partido político para tal efecto. Los partidos políticos, los precandi-datos o terceros que los apoyen, se absten-drán de realizar actos de promoción o prose-litismo en los medios de comunicación elec-trónicos e impresos.En ningún caso, la dura-ción de las precampañas podrá exceder de veintiún días.

• ARTÍCULO 191.- Los plazos y órganos competentes para el registro de las candida-turas son los siguientes: I. Para diputados por el principio de mayoría relativa y Ayunta-mientos, del 3 al 18 de Mayo, por los Conse-jos Distritales Electorales correspondientes; II. Para Diputados por el principio de Repre-sentación Proporcional, del 16 al 30 de Mayo, por el Consejo General del Instituto Electoral; y III. Para Gobernador del Estado, del 1º al 15 de Abril del año de la elección por el Conse-jo General del Instituto Electoral.

• ARTÍCULO 198. Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones, se ini-ciarán a partir del día siguiente al de la sesión de aprobación del registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes del inicio de la jornada electoral.

Guanajuato• ARTÍCULO 174 BIS .- … En ningún caso las

precampañas podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

• ARTÍCULO 192.- Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán a partir del día siguiente de que se apruebe el registro de candidaturas para la elección respectiva. La duración de las campañas no deberá ex-ceder se setenta y cinco días para la elección de Gobernador, ni de cuarenta y cinco días cuando se elijan diputados, ni de sesenta días


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para la elección de ayuntamientos, las cuales concluirán el cuarto días que anteceda a la elección (Párrafo Reformado. P.O. 2 de sep-tiembre del 2008)

Hidalgo• ARTÍCULO 150.- Los procesos partidistas

de selección y postulación de candidatos no podrán iniciarse antes de 75 días naturales del inicio del periodo de presentación de soli-citudes de registro de candidatos correspon-dientes, debiendo concluir a más tardar 15 días naturales antes del inicio de ese periodo, tratándose de las elecciones de diputados y ayuntamientos, y diez días, en el caso de la elección de Gobernador. Ninguna precampaña podrá exceder en su duración los siguientes plazos: I.- Para la precampaña de Gobernador

Constitucional del Estado, hasta 20 días naturales;

• ARTÍCULO 177.- El quincuagésimo cuarto día anterior al de la jornada comicial, el órga-no electoral que corresponda concederá o negará el registro de candidatos a Goberna-dor del Estado y de Diputados. En el caso de la elecciones de Ayuntamientos, el órgano electoral sesionará para resolver sobre el otorgamiento del registro de planillas el trigé-simo cuarto día anterior al de la jornada elec-toral. Toda resolución será notificada por es-trados y será recurrible.

• ARTÍCULO 182.- Para efectos de esta Ley, la campaña electoral es el conjunto de activi-dades llevadas a cabo por los partidos políti-cos o coaliciones, candidatos, fórmulas o planillas registradas y sus simpatizantes, para la obtención del voto. Las campañas electo-rales iniciarán una vez que el órgano electoral correspondiente apruebe el registro de can-didatos de la elección respectiva y concluirán tres días antes de la jornada electoral.

Jalisco• ARTÍCULO 229. 1. Los procesos internos

para la selección de candidatos a cargos de elección popular son el conjunto de activida-des que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformi-dad con lo establecido en este Código, en los Estatutos y en los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que aprueben los órganos de dirección de cada partido político. 2. Al menos treinta días antes del inicio for-

mal de los procesos a que se refiere el párrafo inmediato anterior, cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selec-ción de sus candidatos a cargos de elec-ción popular, según la elección de que se trate. La determinación deberá ser comu-nicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguien-tes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria co-rrespondiente; los plazos que compren-derá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de cele-bración de la asamblea electoral estatal, Distrital, Municipal o, en su caso, de reali-zación de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:

I. Durante los procesos Electorales en que se renueven el titular del Poder Ejecutivo, a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayuntamientos, las precampañas darán inicio en la tercera semana de Di-ciembre del año previo al de la elección. No podrán durar más de sesenta días;

II. Durante los procesos Electorales en que se renueve solamente a los integrantes del Congreso del Estado y de los Ayunta-mientos, las precampañas darán inicio en la cuarta semana de Enero del año de la elección. No podrán durar más de cua-renta días; y


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III. Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el re-gistro interno de los precandidatos. Las precampañas de los partidos deberán celebrarse dentro de los mismos plazos. Cuando un partido tenga prevista la cele-bración de una jornada de consulta direc-ta, ésta se realizará el mismo día para todas las candidaturas

• ARTÍCULO 264. 1. Las campañas Electora-les para Gobernador tendrán una duración máxima de noventa días.

Estado de México• ARTÍCULO 144 F. La duración máxima de

las precampañas para las elecciones de Go-bernador, diputados y miembros de ayunta-mientos será de diez días y deberán realizarse dentro del cuadragésimo quinto y el vigésimo quinto día anterior al del inicio del plazo para el registro de las candidaturas ante el órgano electoral respectivo. Dentro de los plazos an-tes referidos, los partidos políticos podrán de-terminar libremente la duración de sus pre-campañas en los procesos internos de selec-ción de candidatos.

• ARTÍCULO 149. Recibida la solicitud de registro de la candidatura por el Presidente o el Secretario del órgano que correspon-da, se verificará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, que se cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo ante-rior…. El Consejo General celebrará sesión para registrar las candidaturas para Gober-nador el cuadragésimo noveno día anterior al de la jornada electoral. Para el caso del registro de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, la sesión del Consejo General tendrá lugar el trigésimo noveno día anterior al de la jorna-da electoral.

• ARTÍCULO 159. Las campañas electorales iniciarán a partir del día siguiente al de la fecha de registro de candidaturas que apruebe el órgano electoral correspondiente para la

elección respectiva y concluirán tres días an-tes de la jornada electoral.

MichoacánArtículo 51 de la Constitución Estatal.-

• La elección de Gobernador se celebrará el segundo domingo del mes de noviembre del año anterior en que concluya el período Constitucional

• ARTÍCULO 51.- Las campañas electorales de los partidos políticos o coaliciones iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión en que se autorice el registro correspondiente.

• El día de la jornada electoral y durante los tres días previos no se permitirá la realización de ningún acto de campaña o proselitista.

• ARTÍCULO 154.- El registro de candidatos a cargos de elección popular se hará ante elConsejo General de acuerdo a lo siguiente:I. El periodo de registro de candidatos du-

rará quince días en cada caso;II. La convocatoria que para cada elección

expida el Consejo General, señalará las-fechas específicas para el registro de candidatos;

Para Gobernador del Estado, el periodo de registro concluirá ochenta y cinco días antes de la elección;VII. El Consejo General celebrará en los diez

días siguientes al término de cada uno de los plazos sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan

Morelos• ARTÍCULO 198.- Los procesos de selec-

ción interna de candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados al Congreso del Es-tado y miembros de los ayuntamientos, se llevarán a cabo en el mismo año en que se realice la elección correspondiente. Durarán como máximo hasta dos terceras partes del tiempo de campaña respectivo, no podrán extenderse más allá Dirección General de Legislación Subdirección de Informática Jurí-dica del día 20 de marzo del año de la elec-ción. Las precampañas de todos los partidos


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políticos se celebrarán de conformidad con la convocatoria respectiva que emita el partido, en todo caso deberán respetar los plazos es-tablecidos en el presente código.

• ARTÍCULO 220- La campaña electoral para Gobernador durara 75 días y las de Diputados al Congreso y ayuntamientos 60 días. Se ini-ciaran de conformidad con el calendario apro-bado por el Consejo Estatal Electoral para cada proceso electoral. Durante los tres días anteriores a la jornada electoral no se permitirá la celebración de actos de campaña.

Nayarit• ARTÍCULO 118.- Los procesos internos de

selección de candidatos a cargos de elección popular, se regularán con base en las 70 nor-mas estatutarias de los partidos políticos o coaliciones y con arreglo a lo siguiente: I. Los procesos internos de selección de

candidatos deberán realizarse después del inicio del proceso electoral, y las pre-campañas no excederán de las dos ter-ceras partes de la duración de las respec-tivas campañas electorales;

• ARTÍCULO 120.- Las precampañas se reali-zarán dentro de los siguientes plazos: 71I. Para Gobernador del Estado, del 12 de

marzo al 20 de abril inclusive, del año de la elección, y;

• ARTÍCULO 125.- Los plazos para la presen-tación de la solicitud de registro de los candi-datos en el año de la elección son los siguien-tes: I. Para Gobernador del Estado, será del 22

al 27 del mes de abril ante el Consejo Lo-cal Electoral;

• ARTÍCULO 131.- Las campañas electorales no podrán exceder de sesenta días para la elección de gobernador, ni de treinta días para las de Diputados y Ayuntamientos.

• ARTÍCULO 132.- Las campañas electorales darán inicio a partir de la autorización del re-gistro de candidaturas por el organismo elec-toral competente.

El día de la elección y los tres que antecedan, no se permitirá la 76 celebración de mítines, reuniones públicas ni cualquier otro acto de propaganda político-electoral.

Nuevo León• ARTÍCULO 110 BIS 1. Cada partido político

o coalición determinará, conforme a sus esta-tutos o convenio respectivo, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elec-ción de que se trate. La determinación debe-rá ser comunicada a la Comisión Estatal Elec-toral dentro de las setenta y dos horas si-guientes a su aprobación, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o mé-todos que serán utilizados; la fecha para la expedición de la convocatoria correspondien-te; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno; los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia; la fecha de celebración de la asamblea elec-toral estatal, distrital o municipal o en su caso, de realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:a) Durante los procesos electorales en los

que se renueven el Gobernador, el Con-greso del Estado y Ayuntamientos, las precampañas podrán dar inicio a partir del quince de enero del año de la elec-ción; éstas no podrán durar más de las dos terceras partes de la duración de la campaña electoral;

b) Durante los procesos electorales en los que se renueven el Congreso del Estado y Ayuntamientos, las precampañas podrán dar inicio a partir del quince de febrero del año de la elección; éstas no podrán durar más de las dos terceras partes de la dura-ción de la campaña electoral; y

c) Tratándose de precampañas, darán inicio al día siguiente de que se apruebe el re-gistro interno de los precandidatos.

• ARTÍCULO 111. Sólo los partidos políticos y coaliciones pueden registrar candidatos. El


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registro durante los procesos electorales en que se elija Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos estará abierto del día 15 de marzo al 10 de abril del año de la elección. Cuando solo se elijan Diputados Locales y Ayuntamientos el registro estará abierto del día 15 de abril al 10 de mayo. El cómputo de estos plazos es de momento a momento, por lo que todos los días son hábiles y de veinticuatro horas. En todo caso la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días, cuando concurran las elecciones de Gobernador, Di-putados Locales y Ayuntamientos, ni de se-senta días cuando solo se elijan Diputados Locales y Ayuntamientos. Las campañas concluirán tres días antes del día de la jornada electoral y solamente podrán reali-zarlas los candidatos que cuenten con el re-gistro debidamente aprobado por la Comi-sión Estatal Electoral, y se encuentren dentro de los plazos de campaña.

Oaxaca• ARTÍCULO 150.- 1. Las precampañas que

realicen los partidos políticos para elegir a sus candidatos, deberán concluir a más tar-dar quince días antes de la apertura de regis-tro de candidatos de la elección de que se trate. En todo caso la duración de las pre-campañas será: a) Para candidatos a Gobernador del Esta-

do, veinte días;• ARTÍCULO 173 .- El periodo de campaña

electoral para Gobernador, tendrá una dura-ción de sesenta días, para diputados cuaren-ta días y para concejales municipales por el régimen de partidos políticos treinta días.

Puebla• ARTÍCULO 200 bis

*.- Los partidos políticos

debidamente acreditados o registrados ante el Instituto, con base en sus estatutos o nor-matividad interna aplicable, podrán realizar precampañas para elegir a los ciudadanos

que presentarán como candidatos a puestos de elección popular ante los organismos electorales competentes para su registro.B II.- En el caso de que el proceso electoral tenga como fin la renovación del Poder Eje-cutivo, Legislativo y miembros de Ayunta-mientos, las precampañas no podrán exce-der de sesenta días, debiendo concluir antes del inicio del plazo de presentación del regis-tro de candidatos.

• ARTÍCULO 206.- El registro de candidatos a Gobernador, Diputados por ambos principios y miembros de Ayuntamientos se realizará durante la última semana de marzo del año de la elección, ante los órganos competentes siguientes:

∗

• ARTÍCULO 213.- Recibida la solicitud de re-gistro de candidatos por el Consejero Presi-dente del órgano que corresponda, dentro de los cuatro días siguientes de su recepción verificará que se haya cumplido con todos los requisitos señalados en este Capítulo, conforme a las reglas siguientes:III.- Al cuarto día siguiente al vencimiento de los plazos referidos en este artículo, los Con-sejos General, Distritales y Municipales cele-brarán sesión cuyo único objeto será regis-trar las candidaturas que procedan. En el proceso electoral en que se elijan únicamente Diputados por ambos principios y miembros de Ayuntamientos los Consejos competentes sesionaran para otorgar los registros respec-tivos al sexto día, contados a partir del día siguiente de la conclusión de la presentación de registros.

• ARTÍCULO 217.- Para los efectos de este Código las campañas electorales de los can-didatos registrados, podrán dar inicio al día siguiente de concluida la sesión de registro de candidatos que efectúe el Consejo Elec-toral competente, debiendo concluir tres días antes de la jornada electoral. En el día de la jornada electoral no se permi-tirán reuniones o actos públicos de campa-ña, propaganda o proselitismo electorales.


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Querétaro• ARTÍCULO 106 Bis.- La propaganda políti-

ca o electoral que realicen los partidos políti-cos, las coaliciones y los candidatos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones o a los propios partidos. El Consejo General del Instituto, está facultado para ordenar el retiro de la propaganda que contravenga lo anterior. Las precampañas darán inicio ciento un días naturales anterio-res al día de la elección. No deberán durar más de treinta días naturales.

• ARTÍCULO 108.- Las campañas darán inicio cuarenta y ocho días naturales anteriores al día de la elección. No deberán durar más de cuarenta y cinco días naturales.

Quintana Roo• ARTÍCULO 137.- Las campañas electorales

iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas que aprueben los Órganos Electorales competentes y concluirán tres días antes de la jornada electoral. En ningún caso podrán exceder de noventa días para el caso de la elección de Gobernador, y de se-senta días para las elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos.

• ARTÍCULO 271.- En ningún caso la dura-ción de las precampañas excederá de las dos terceras partes de la campaña electoral para el cargo respectivo.Las cuotas voluntarias y personales que los candidatos, simpatizantes y militantes, en su conjunto, aporten exclusivamente para sus precampañas, tendrán como límite el diez por ciento respecto del tope de gastos de campaña de la elección de que se trate. En ningún caso será mayor del diez por ciento del último tope de gasto para la elección de Gobernador que se haya fijado.A más tardar en el mes de enero del año de la elección, el Consejo General del Instituto determinará los topes de precampaña por precandidato y tipo de elección para la que pretenda ser postulado. El tope será el

equivalente al veinte por ciento del estableci-do para las campañas inmediatas anteriores, según la elección de que se trate.

San Luis Potosí• ARTICULO 153. Los partidos políticos po-

drán realizar toda clase de actividades ten-dientes adifundir sus programas de acción e idearios, y respaldar a sus candidatos, así como, en general, promover la afiliación de partidarios, atendiendo en todo caso a lo que dispone esta Ley. Las autoridades estatales y municipales darán las mayores facilidades para el ejercicio de tales derechos.Las campañas electorales para la elección de Gobernador no deberán exceder de noventa días, computados en forma regresiva a partir de los tres días anteriores al día de la jornada electoral.

• ARTICULO 154. Los partidos políticos que realicen precampañas para elegir candidatos a algún puesto de elección popular, deberán dar aviso por escrito al Consejo, con anterio-ridad al inicio de sus procesos democráticos internos….Las precampañas que realicen los partidos políticos para nominar a sus candidatos a Gobernador del Estado, tendrán una dura-ción de hasta sesenta días consecutivos y se llevarán a cabo dentro del periodo compren-dido del primer día de octubre del año ante-rior al de la elección, al treinta y uno de enero del año de la elección.

Sinaloa• ARTÍCULO 117 Bis. Corresponde a los Par-

tidos Políticos o coaliciones, autorizar a sus militantes o simpatizantes la realización de actividades proselitistas en busca de su no-minación a un puesto de elección popular, de manera previa al evento de postulación o de-signación de candidatos, conforme a sus es-tatutos, acuerdos de sus órganos de repre-sentación y prescripciones de esta ley. Las precampañas electorales deberán


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desarrollarse dentro de los cuarenta y cinco días previos al inicio del período de registro de la candidatura correspondiente; deberán con-cluir a más tardar el día anterior al inicio de di-cho período; y no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.• ARTÍCULO 117 Bis E. La campaña electo-

ral, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos y coaliciones para la difusión de sus respectivas platafor-mas electorales, programas de acción y plan de gobierno tendientes a la obtención del voto y comprende las siguientes actividades:Las campañas electorales para Gobernador del Estado iniciarán cincuenta y un días antes del establecido para la jornada electoral; y las correspondientes a Diputados, Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regi-dores, iniciarán treinta y nueve días antes del día de la elección. Todas las campañas con-cluirán el miércoles anterior al día de la elec-ción. Durante los tres días previos al de la jornada electoral no podrá celebrarse ningún acto de campaña, ni de propaganda o prose-litismo electoral.

Sonora• ARTÍCULO 162.- El partido, a través de su

dirigencia estatal, deberá informar por escrito al Consejo Estatal sobre el inicio de la pre-campaña electoral, dentro de los cinco días anteriores a ésta, con cuyo escrito deberá acompañarse un informe de los lineamientos o acuerdos a los que estarán sujetos los as-pirantes a candidatos.Las precampañas se realizarán en los si-guientes plazos:I.- Para precandidatos a Gobernador, po-

drán realizarse durante los cuarenta días anteriores al inicio del registro de candi-datos para la elección correspondiente;

ARTÍCULO 215.- Las campañas electorales se realizarán dentro de los siguientes plazos:

I.- Para Gobernador del Estado, iniciarán

noventa y tres días antes de la fecha de la jornada electoral;

Tabasco• ARTÍCULO 202. Al menos treinta días antes

del inicio formal de los procesos a que se re-fiere el artículo 201, inclusive, cada partido determinará, conforme a sus estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La deter-minación deberá ser comunicada al Consejo Estatal dentro de las setenta y dos horas si-guientes a su aprobación, debiendo señalar lo siguiente:VI. La fecha de celebración de la Asamblea

Electoral Estatal, Distrital, Municipal o equivalente, en su caso la fecha para la realización de la jornada comicial interna, conforme a lo siguiente:

a). Durante los procesos electorales en que se elijan Gobernador del Estado, Diputa-dos y Presidentes Municipales y Regido-res, las precampañas darán inicio en la primera semana de junio del año de la elección. No podrán durar más de cua-renta días, y

• ARTÍCULO 233. Las campañas electorales para el año de elecciones para Gobernador del Estado, Diputados, Presidentes Munici-pales y Regidores, tendrán una duración no mayor a sesenta días.

Tamaulipas• ARTÍCULO 26.- El Gobernador se elegirá el

primer domingo del mes de julio del año que corresponda, por votación directa en todo el Estado, mediante el principio de mayoría re-lativa, conforme a lo establecido en la Cons-titución Política del Estado y este Código.

• ARTÍCULO 195.- Cada partido determinará, conforme a sus Estatutos, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elec-ción de que se trate, a más tardar el 10 de


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diciembre del año previo al de la elección. La determinación deberá ser comunicada al Consejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su aproba-ción por la instancia partidista correspondien-te, señalando la fecha de inicio del proceso interno; el método o métodos que serán utili-zados; la fecha para la expedición de la con-vocatoria correspondiente; los plazos que comprenderá cada fase del proceso interno y los órganos de dirección responsables de su conducción y vigilancia, conforme a lo si-guiente: I. Durante los procesos electorales en que

se renueven el titular del Poder Ejecutivo, Congreso y los ayuntamientos del Esta-do, las precampañas se podrán llevar a cabo a partir del 1° de febrero y hasta el 20 de marzo del año de la elección;

II. Durante los procesos electorales en que se renueve solamente al Congreso y los ayuntamientos del Estado, las precampa-ñas se podrán llevar a cabo a partir del 15 de febrero y hasta el 20 de marzo del año de la elección;

III. Las precampañas para elegir candidato a Gobernador no podrán durar más de 36 días, y para elegir candidatos a diputados locales no podrán durar más de 29 días;

• ARTÍCULO 209.- Los plazos y órganos com-petentes para el registro de candidatos en el año de la elección son los siguientes: I. Para diputados según el principio de ma-

yoría relativa del 5 al 15 de mayo inclusi-ve, ante los Consejos Distritales o, suple-toriamente, ante el Consejo General;

II. Para diputados según el principio de re-presentación proporcional del 5 al 15 de mayo inclusive, ante el Consejo General;

III. Para Gobernador del Estado del 1 al 5 de mayo inclusive, ante el Consejo General; y

IV. Para Presidente Municipal, síndicos y re-gidores de ayuntamientos, las solicitudes de registro se presentará ante los Conse-

jos Municipales o, supletoriamente, ante el Consejo General, en los siguientes pla-zos:

a) En los ayuntamientos que tengan hasta 30,000 habitantes, del 28 de mayo al 3 de junio;

b) En los ayuntamientos que tengan de 30,000 habitantes y hasta 75,000, del 15 al 25 de mayo; y c) En los ayuntamientos que tengan más de 75,000 habitantes, del 5 al 15 de mayo.

En los casos de las fracciones I y IV prevale-cerá la solicitud presentada ante el Consejo General. El Consejo General dará amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas y a los plazos a que se refiere este artículo.

• ARTÍCULO 214.- Dentro de los 3 días si-guientes al en que venzan los plazos a que se refiere el artículo 209 de este Código, los Consejos General, Distritales y Municipales, celebrarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan. Los Consejos Distritales y Municipales comu-nicarán de inmediato al Consejo General el acuerdo relativo al registro de candidaturas que hayan realizado durante la sesión a que se refiere el párrafo anterior. De igual manera, el Consejo General comuni-cará de inmediato a los Consejos Distritales y Municipales, las determinaciones que haya to-mado sobre el registro supletorio y de las listas estatales de fórmulas de candidatos según el principio de representación proporcional. Al concluir la sesión a la que se refiere el pá-rrafo primero de este artículo, los Presidentes de los Consejos General, Distritales y Munici-pales, según corresponda, tomarán las medi-das necesarias para hacer pública la conclu-sión del registro de candidaturas, dando a conocer los nombres de los candidatos, listas y planillas, y de aquellos que no cumplieron con los requisitos. El Consejo General ordenará la publicación en el Periódico Oficial del Estado de la relación


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completa de candidatos registrados. En la misma forma publicará la cancelación de re-gistro o sustitución de candidatos.

• ARTÍCULO 229.- Las campañas electorales se iniciarán a partir del día siguiente al de la sesión de registro de candidatos por los Consejos correspondientes, y concluyen tres días antes del día de la jornada electoral. El día de la jornada electoral y durante los 3 días anteriores, no se permitirá la celebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales.

Tlaxcala• ARTICULO 225. Los procesos de elección

ordinaria en el Estado, se llevarán a cabo en los periodos y fechas siguientes: I. De Gobernador del Estado, cada seis

años; la jornada electoral se verificará el segundo domingo del mes de noviembre del año que corresponda;

• ARTICULO 245.- Los procesos internos de los partidos políticos, orientados a seleccio-nar a su candidatos que habrán de conten-der en las elecciones a que se refiere este Código, sólo podrán iniciar durante el año de la elección de que se trate y deberán concluir necesariamente a más tardar cinco días an-tes del inicio del periodo de registro de can-didatos de la elección de que se trate.

• ARTICULO 279. Los plazos de registro de candidatos serán los siguientes, en el año del proceso electoral de que se trate:I. Para Gobernador, del veinte al treinta de

agosto;• ARTICULO 291. El Consejo General resolve-

rá sobre el registro de candidatos dentro de los cuatro días siguientes al vencimiento de los plazos de registro de candidatos y publi-cará el acuerdo correspondiente al quinto día. De la misma manera se publicarán las cancelaciones de registro o sustituciones de los candidatos.

• ARTICULO 301.- Las campañas electorales podrán iniciar al día siguiente de la publicación

del registro de los candidatos y concluirá tres días antes al de la jornada electoral.

Veracruz• ARTICULO 11.- Las elecciones de Go-

bernador, diputados y ediles se realizarán en las demarcaciones territoriales que, para fines político–electorales, se deter-minen con base en lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, este Có-digo y demás leyes aplicables.Las elecciones de Gobernador, diputa-

dos y ediles se realizarán el primer domingo de julio del año en que concluya el periodo constitucional correspondiente.• ARTÍCULO 69. Los procesos internos

de selección de candidatos de los parti-dos políticos podrán iniciar a partir de la segunda semana del mes de enero del año correspondiente a la elección y con-cluir en la segunda semana del mes de abril.

• ARTICULO 80.- La campaña electoral es el conjunto de actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candi-datos registrados ante el órgano electo-ral, para la obtención del voto.Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, debates, asambleas, visi-tas, marchas, actos de difusión, publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos y coalicio-nes se dirigen al electorado para promover sus plataformas políticas.Las campañas electorales iniciarán una vez aprobado el registro de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en térmi-nos del artículo 185 fracción VI de este Códi-go, y concluirán tres días antes de la fecha de la jornada electoral respectiva.

• ARTICULO 184. El periodo para presen-tar las solicitudes de registro de candida-tos a cargos de elección popular quedará sujeto a lo siguiente:Para Gobernador del Estado, quedará


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abierta la presentación en el Consejo General del día treinta de abril al nueve de mayo del año de la elección;

• ARTICULO 185. Al solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, se observarán los criterios y procedimientos si-guientes:La solicitud de registro de candidatos se hará por cuadruplicado, firmada por el represen-tante del partido, acreditado ante el consejo electoral correspondiente o, en su caso, el di-rectivo estatal del partido que la sostiene.II. El Secretario del Consejo General o del

Consejo respectivo anotará al calce de la solicitud la fecha y hora de su presenta-ción, verificará los datos y devolverá un tanto a los interesados, integrando los ex-pedientes por triplicado. Un ejemplar será para la Dirección Ejecutiva de Prerrogati-vas y Partidos Políticos del Instituto, otro para el órgano calificador de la elección correspondiente y el tercero para el órga-no ante el que se haga el registro;

III. Recibida una solicitud de registro de can-didaturas por el Secretario del Consejo General o del Consejo respectivo, se veri-ficará, dentro de los tres días siguientes, que cumple con todos los requisitos se-ñalados en el artículo 183 de este Códi-go;

IV. Si de la verificación realizada se advirtiere que se omitió el cumplimiento de uno o varios requisitos, se notificará de inme-diato al partido correspondiente para que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, subsane el o los requisitos omitidos o sustituya la candidatura;

V. Cualquier solicitud de registro de candi-datura presentada fuera de los plazos se-ñalados por este Código será desechada de plano o, en su caso, no se otorgará el registro a la candidatura o candidaturas que no satisfagan los requisitos;

VI. (El tercer día siguiente a aquel en que venzan los plazos para el registro de

candidatos para Gobernador y Diputados a que se refiere el artículo 184 de este Código),2 el Consejo General o los Con-sejos Distritales correspondientes cele-brarán una sesión cuyo único objeto será registrar las candidaturas que procedan.

Yucatán• Artículo 188 A. Los partidos políti-

cos con derechos vigentes, podrán reali-zar precampañas para elegir a los ciudada-nos elegir a los ciudadanos que postularán como candidatos apuestos de elección, pre-vios al evento de postulación o designa-ción de los mismos de conformidad a sus es-tatutos y disposiciones de esta Ley. Los pro-cesos internos para la selección de can-didatos a cargos de elección popu-lar son el conjunto de actividades que reali-zan los partidos políticos y los precandida-tos a dichos cargos, de conformi-dad con lo establecido en esta Ley, los Es-tatutos, los reglamentos, los acuerdos y de-más disposiciones de carácter gene-ral que aprueben los órganos de direc-ción de cada partido político. Al menos treinta días antes del inicio for-mal de los procesos a que se refiere el pá-rrafo inmediato anterior, cada partido deter-minará conforme a sus Estatutos, el procedi-miento aplicable para la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, según la elección de que se trate. La de-terminación deberá ser comunicada al Con-sejo General del Instituto dentro de las setenta y dos horas siguientes a su apro-bación, señalando la fecha de inicio del proceso interno∗ el método o méto-dos que serán utilizados∗ los pla-zos que comprenderá cada fase del proce-so interno∗ los órganos de dirección res-ponsables de su conducción y vigilancia, conforme a lo siguiente: I. Durante los procesos electorales en que

se renueven el titular del las Poder


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Ejecutivo Estatal, el Congreso del Esta-do y Ayuntamientos, precampañas darán inicio en la tercera semana de diciembre del año previo al de la elección. No po-drán durar más de sesenta días

II. Durante los procesos electora-les en que se renueve el Congre-so del Estado y Ayuntamientos, las pre-campañas darán inicio en la cuarta se-mana de enero del año de la elección. No podrán durar más de cuarenta días, y

III. Tratándose de precampañas, darán ini-cio al día siguiente de que se aprue-be el registro interno de los precandida-tos. Las precampañas de todos los par-tidos deberán celebrarse den-tro de los mismos plazos.

Los precandidatos a cargos de elección po-pular que participen en los procesos de se-lección interna convocados por cada parti-do no podrán realizar actividades de proseli-tismo o difusión de propaganda, por nin-gún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas. La violación a esta disposi-ción se sancionará con la negativa de regis-tro como precandidato. Los partidos políticos harán uso del tiem-po en radio y televisión que conforme a esta Ley les corresponda para la difu-sión de sus procesos de selección inter-na de candidatos a cargos de elección po-pular, de conformidad con las reglas y pau-tas que determine el Instituto Federal Elec-toral. Los precandidatos debidamente regis-trados podrán acceder a radio y televi-sión exclusivamente a través del tiempo que corresponda en dicho medios al partido polí-tico por el que pretenden ser postulados.

• ARTÍCULO 197. Las campañas electora-les se iniciarán a partir del día siguiente de la sesión en la que el consejo electoral co-rrespondiente, apruebe el registro de las can-didaturas para la elección respectiva y con-cluirán 3 días antes del día de la elección.

El día de la jornada electoral y duran-te los 3 días anteriores no se permitirá la ce-lebración de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitis-mo electorales.

Zacatecas• ARTÍCULO 31. Las elecciones ordinarias

deberán celebrarse el primer domingo de ju-lio del año que corresponda,

• ARTÍCULO 108.- 1. Los procesos internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular, son el conjunto de activida-des que realizan los partidos políticos y los precandidatos a dichos cargos, de conformi-dad con lo establecido en esta Ley,en los es-tatutos, en los reglamentos, acuerdos y de-más disposiciones de carácter general, que aprueben los órganos de dirección de cada partido político.3.- Las precampañas podrán dar inicio el día

22 de enero y deberán concluir el 8 de marzo del año de la elección.

• ARTÍCULO 121.- El registro de candidatu-ras deberá hacerse en el año de la elección y dentro de los plazos siguientes:Para Gobernador del Estado, del 24 de mar-zo al 12 de abril, ante el Consejo General del Instituto;

• ARTÍCULO 127.- Los Consejos Electorales sesionarán dentro de los cuatro días siguien-tes al vencimiento de los plazos señalados para el registro de candidaturas, con el único fin de resolver sobre los que procedan

• ARTÍCULO 134.- 1. Las campañas electo-rales de los partidos políticos, coaliciones y candidatos, iniciarán a partir del otorgamien-to de la procedencia del registro y terminarán tres días antes de la jornada electoral.


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Es bastante probable que el lector de estos pá-rrafos muestre, de entrada, su discrepancia con el título con el que se anuncian. Y ello, principal-mente, por dos razones plenamente comprensi-bles. En primer lugar porque nuestro actual sis-tema político tenga muchos más problemas: sobraría lo de “cuatro” y hasta quizá exclamara para sus adentros algo así como ¡ojalá fueran solamente cuatro! Y en segundo lugar porque pensara que los grandes problemas no son los que van a seguir, sino otros diferentes. Por eso hay que acelerar la previa explicación. Va de suyo que tenemos no pocos problemas más, grandes o menores. Y, por supuesto, igualmen-te, que se va a percibir la ausencia de alusión al gran tema de la crisis económica. Pero tengo para mí que muchos otros problemas pueden tener un carácter transitorio.

Que tienen solución a corto o medio plazo. Que a lo mejor o a lo peor dependen de la políti-ca gubernamental del momento. Por ello, lo que a continuación sigue es una relación, de alguna forma resumida (es evidente que entrar a fondo en cualquiera de los problemas que dicha relación contiene da lugar, al menos, a un extenso tratado

y no es eso lo que aquí se pretende) de proble-mas “de largo alcance”, necesitados también de alta solución. Por obra del Gobierno que sea y con suma urgencia si es que, de verdad, se de-sea llegar al acto de hablar de consolidación de lo ahora establecido.

Realizada esta aclaración, pasemos a sinteti-zar los cuatro grandes problemas que, a nuestro parecer, precisan pronto remedio.

La ruptura del ámbito de la democraciaHay que recordar que, sobre todo tras el final de la segunda guerra mundial, cuando la democra-cia se universaliza como único sistema de legiti-mación de gobierno, gran número de países se apresuran a calificar sus regímenes como regí-menes democráticos. Aunque de hecho no lo fueran. O, al menos, no lo fueran en el sentido de democracia representativa, con los partidos como vías de participación política. Había sido vencida la corriente del totalitarismo que, no hay que olvidarlo, constituyó en los años preceden-tes como “lo moderno” y por dicha derrota no parecía existir otro camino. Incluso si se llegaba a reconocer que era “el menos malo de los

Los cuatro grandes problemasde nuestra democracia

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sistemas posibles”, expresión harto conocida. Y por esa mundialización, unos regímenes vuelven a la tradicional denominación de la democracia, mientras que otros cubren las apariencias aña-diendo a lo de democracia algún “apellido” más o menos convincente: vía africana de la demo-cracia (la “oposición” sería el colonizador), de-mocracia corporativa, democracia orgánica, democracia popular, etc.

Ocurre, empero, que en estos últimos dece-nios han proliferado, incluso a veces en forma de polémica, los intentos de acertar en qué con-siste la actualmente generalizada democracia. Las tesis sobre su contenido constituyen ya au-ténticas bibliotecas. Y van desde las reducidas interpretaciones de la llamada “teoría elitista” (la democracia como mera posibilidad de recambio de élites) de cuna fundamentalmente anglosajo-na, hasta las aportaciones claramente europeas que amplían el contenido llevándolo al terreno social y personal. Así, por ejemplo, en el decir del maestro Dahrendorf, lo sustancial en una so-ciedad democrática radica en la prevalencia de las llamadas “virtudes públicas” sobre las priva-das. Y con ello se llega a la concepción indivi-dual del “hombre democrático” frente al hombre autoritario, o mentalidad autoritaria, sobre el que tanta tinta ha corrido.

El hombre democrático se caracteriza por un repertorio de formas de ser entre las que desta-can la comprensión y el diálogo, la condena de las segregaciones, la creencia en la solución pa-cífica de los conflictos, el respeto a las opiniones ajenas y, en fin, la apertura mental hacia el distin-to o lo distinto.

Sin duda, esta ampliación de la concepción de la democracia tiene un valor importante en el seno de la misma sociedad. Pero nos aleja un tanto de lo que ahora pretendemos. Por ello, bien nos vale, en la consideración puramente afecta a lo predominante en el terreno político, la idea de que por democracia hay que entender, sustancialmente, los supuestos de posibilidad de alguna forma de participación en la política, posibilidad de elegir a quienes nos gobiernan y,

por último, posibilidad de control y exigencia de responsabilidad a los previamente elegidos. En nuestro parecer esto es lo fundamental y el resto de cuanto se añada puede quedar, simplemente, en la idea de algo distinto que sería “lo liberal”.

Pues bien, cuando aquí y para nuestro caso, hablamos de ruptura del ámbito de nuestra de-mocracia lo que queremos decir es que tal prin-cipio, como se sabe estrechamente unido al su-fragio de todos, del “demos”, no puede consti-tuir el único válido en todas las actividades de la sociedad.

Hay otros principios con los que tiene que compartir o, incluso, ante los que queda anula-do. Serían múltiples los ejemplos. Piénsese que no se somete a votación democrática la decla-ración de una prueba deportiva: la decisión la determina la mayor destreza, el mejor tiempo, el mayor número de goles. Nunca la mayoría del público existente. Tampoco los párrocos eligen al obispo. Ni es pensable que una supuesta or-den de ataque militar se decide por votación de la tropa. Como es el cirujano quien decide cuán-do y cómo procede la intervención quirúrgica y no es tema sobre el que voten los celadores del hospital.

Y ocurre que esto que se acepta en los terre-nos citados y que, como hemos señalado, es fórmula propicia para el terreno político, lo esta-mos considerando como indispensable para te-rrenos que requieren otros principios legitimado-res. Ando pensando, por directa experiencia, en el campo educativo, desde la escuela a la uni-versidad: se olvida la autoridad, la mayor sa-piencia, la meritotacria. ¿Qué sentido razonado puede tener un alumno de primer curso para decidir con su voto la elaboración o aprobación de un nuevo plan de estudios? ¿Qué elementos de juicio puede tener el personal de servicios de una Universidad para votar en el órgano máximo de la misma a favor o en contra del nombra-miento de alguien como Doctor Honoris Causa? Craso error cuando en el campo educativo lo que prima, como único criterio decisivo, son los votos. Si así ocurre el resultado es la confusión,

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la mediocridad, el amiguismo o el localismo. Nunca la calidad.

En el terreno educativo los votos han de ce-der ante los principios de autoridad y meritocra-cia. Como ante la fe en el terreno religioso o la disciplina y jerarquía en el militar.

Si nada de esto se tiene en cuenta, entramos en el peligroso panorama de la ruptura del ámbi-to de la democracia. Algo que puede tornarse en general desconfianza hacia el funcionamiento del sistema democrático establecido, comen-zando por cuestionar el supuesto general de la igualdad de voto.

El camino hacia la partitocraciaAquí hemos de comenzar bastante atrás: a la misma redacción que en su artículo sexto hace la Constitución a la hora de, por primera vez en nuestra historia política, institucionalizar los par-tidos políticos. Hemos abordado el tema en va-rias ocasiones y desde hace tiempo (Manuel Ra-mírez, 1994). Recordemos aquí un breve resu-men sobre el tema.

El citado art. 6º lo que lleva a cabo es toda una exaltación de los partidos, sin duda para se-dimentar la opción por la forma de democracia representativa que los constituyentes hacen. Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política (el camino que la redacción de este artículo recorre hasta su apro-bación definitiva puede verse en Manuel Ramí-rez, 1989). Y aunque el art. 23 de la Constitución reconoce que esta participación puede hacerse directamente o por medio de representantes, lo cierto es que, debido a tal exaltación, la conse-cuencia no podía ser otra que la innegable cica-tería hacia las formas de participación directa, como en su día desarrollamos y ahora no vamos a incidir (Manuel Ramírez, 1985). Por supuesto que en el reconocimiento de los partidos se pu-dieron buscar fórmulas suaves en el Derecho Comparado (Italia, Ley Fundamental de Bonn o la Constitución Francesa de 1958 que, por

reproducir el ejemplo más cercano, establece que “Los partidos y grupos políticos concurren a la expresión del sufragio” no llegando a más). Pero no se quiso, influyendo en la citada hege-monía una especie de revancha hacia el inme-diato pasado.

Pero aun discrepando de tan generosa re-dacción constitucional, lo peor se encuentra en la práctica política. Y es que es en la práctica, en lo no expresamente establecido en la vigente Ley de Leyes, donde se está imponiendo la par-titocracia. Permítaseme un juego de palabras. En los momentos de la Transición, un importante político pregonó aquí y allá que había que aca-bar con lo que denominaba “la sopa de parti-dos” entonces verdaderamente existente. Nues-tro entonces pluripartidismo ilimitado rozaba el ámbito de la atomización, situación que fácil-mente podía conducir a inciertos futuros, como advirtiera el maestro Sartori (Giovanni Sartori, 1976). Pues bien, años después, en nuestros días, lo de sopa de partidos se ha convertido en algo así como “partidos hasta en la sopa”. Y no creo equivocarme al afirmar que la sociedad es-pañola no se resiste a la realidad de que los par-tidos estén hasta en la sopa y ello aunque las sucesivas consultas electorales nos hayan lleva-do a un pluripartidismo limitado (sin que se pue-da hablar de bipartidismo perfecto o imperfec-to), dejando al margen del juego político o, inclu-so, haciendo desaparecer el caos hace años existente: varios socialismos, partidos nacidos para “ir más allá” del partido comunista que re-nunciaba a la revolución aceptando el parlamen-tarismo y la Monarquía establecida, partidos re-publicanos, partido carlista, etc.

Lo que ocurre es que los partidos que han quedado se han lanzado a la utilización de no pocos vericuetos para hacer valer su hegemonía en el conjunto de toda la vida social. El lamenta-ble recurso más utilizado ha sido el llamado sis-tema de cuotas. En todas aquellas ocasiones en que la Constitución atribuye al poder legislativo la elección de otros órganos del Estado (miembros del Tribunal Constitucional, algunos miembros

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del Consejo General del Poder Judicial, Defen-sor del Pueblo, etc.) surge dicho sistema de re-parto de cuotas entre los partidos que integran el hemiciclo en un momento dado. Por supues-to, nada de esto establece la Constitución.

Esta disfuncionalidad origina dos penosas consecuencias. En primer lugar, el olvido de algo que el ciudadano espera: la comprobación previa de la idoneidad, capacidad o méritos de las personas propuestas. Se lanzan los nombres y nada más. Y, en segundo lugar y como algo más importante, la difícil ruptura del lazo o vín-culo existente entre el partido a que se pertene-ce o propone y la posterior independencia a la hora de actuar.

El profesor García Pelayo ha intentado salvar este escollo para el caso concreto de los Tribu-nales Constitucionales, sosteniendo que la “fun-ción de los partidos termina con el nombramiento sin que tenga efectos ulteriores sobre el ejercicio de la función jurisdiccional (…) que se realiza con imparcialidad e independencia frente a los pode-res y a sus portavoces” (Manuel García Pelayo, 1986). Creemos nosotros que dicha independen-cia únicamente existe en la buena voluntad del

maestro. La práctica política en nuestro país de-muestra todo lo contrario, llegando incluso a da-ñar a la misma institución del Tribunal Constitu-cional, como recientemente se ha evidenciado en las casi eternas discusiones sobre la amplia-ción del Estatuto catalán.

Pero es que, por demás, no hay que ceñirse a los casos de elección parlamentaria. La hege-monía de los partidos se manifiesta actualmen-te, directa o indirectamente y utilizando unas veces la clara militancia y otras veces las “sim-patías” de independientes, en una larga serie de ejemplos.

El logro de mayoría en claustros y asambleas. El condicionamiento de oto de aquellos que ofrecen apoyo, requiriendo luego nombramien-tos o conductas determinadas (en el mundo uni-versitario esto ha llevado a la práctica imposibili-dad de cargos directivos auténticamente inde-pendientes).

La politización de temas que deberían estar al margen del terreno político y que quedan al albur del partido o de los partidos dominantes. En suma, partidos hasta en la sopa. Y ello por-que no hay que olvidar que, en todos los casos citados y en muchos otros, se impone la lealtad de voto. Lealtad al partido (personalmente lo he vivido, por desgracia, incluso entre los miem-bros de un Tribunal de oposiciones a Cátedra).

Y resulta trágico que podamos haber pasado de la “lealtad al Jefe” a ahora “lealtad al partido”.

No es posible negar, por todo lo dicho, que nuestra inicial democracia, en la que no pocas esperanzas se pusieron, se esté convirtiendo en clara partitocracia. Claro camino que queda reforzado por la pésima valoración que, de acuerdo con las encuestas, la sociedad da a los partidos.

La falta de actuación democrática en el seno de éstos, sumada a los casos de corrupción de-rivados de un cuerpo social sin mucha cultura cívica y a la pervivencia como único remedio del hispano “y tú más”, termina por ensombrecer el panorama. Y todo ello con el olvido de un claro peligro: todos los movimientos autoritarios o

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totalitarios han comenzado casi siempre por denunciar tanto la actuación como el sentido mismo de los partidos. Un olvido que, claro está, resulta urgente desterrar con el ejemplo.

No obstante, a nivel científico y para, al me-nos, aminorar este problema, se viene abogan-do en los últimos años por la incorporación, dentro del sistema, de ciertas dosis de “corpora-tismo”. El término fue divulgado entre nosotros por Salvador Giner, que posteriormente lo ha re-clamado en su meritoria obra La gobernabilidad (Xavier Arbós y Salvador Giner, 1993). No se tra-ta, en ningún momento, ni de caer en el antiguo corporativismo de corte autoritario, ni de susti-tuir a los partidos.

Se trata de ampliar el sentido del pluralis-mo, básico en la democracia, incorporando en la vida política una amplia red de asociaciones, instituciones o entidades que reflejan, expre-san y defienden sus legítimos intereses. Los partidos han de perder así el monopolio de la participación y retomar lo que en las avanza-das democracias constituye su razón de ser. Es decir, canalizadores de votos y facilitadores del sufragio. Por la vía de este nuevo canal que supone el corporatismo se consigue, además, algo que los modernos estudios sobre el Esta-do social y democrático de derecho vienen se-ñalando ya como nota esencial del mismo: la necesidad de contar con el consentimiento de los afectados. Así, el consenso será mucho más amplio y la decisión política tendrá mayor respaldo.

Curiosamente, en nuestro país algo de esto se practica en algunos casos, cuando se habla de “diálogo con los agentes sociales”. Sobre todo en las consultas con representantes sindi-cales o empresariales. Y lo ideal, claro está, es que esta conducta se extendiera a muchos otros terrenos, sobre todo cuando se trate de temas importantes que pueden afectar a varias genera-ciones. Sin duda, de esta forma y por citar úni-camente un ejemplo, no se estaría produciendo el auténtico disparate que padecemos en el mundo educativo.

La crisis de valoresTambién podríamos titular este problema de nuestra democracia de una forma más directa: ausencia de valores. Y el lector puede compro-bar que no hablamos únicamente de valores po-líticos. Y ello porque nos importa el ancho pano-rama de carencia, unas veces, de abandono, en otras ocasiones, de valores propios en todo nuestro actual entramado social. Pero resulta necesario, ante todo, aclarar y distinguir entre las dos facetas apuntadas: abandono y carencia.

Decimos abandono cuando lo ocurrido es la expresa renuncia de ciertos valores por conside-rarlos propios de un cercano pasado autoritario que ahora se condena. Siempre he sostenido la idea de que a nuestro país le ha resultado bas-tante difícil, por no decir casi imposible, la tarea de reformar sin anular, de valorar lo que queda de positivo en cualquier menester y, a la vez y sin ira ni desprecio, acoplar ese menester a lo que se requiere en nuevas circunstancias. En vez de ello, lo que se hace es arrasar. Borrón y cuenta nueva. Y, personalmente, es entonces cuando

me echo a temblar. Servirían muchos ejem-plos de lo que afirmo. Limitándome al terreno de

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lo político, me produjo triste sorpresa conocer hace años, en uno de mis numerosos trabajos so-bre la II República Española, la afirmación que en el hemiciclo pronunciara nada menos que el gran penalista Jiménez de Asúa sentenciando que si la República no había venido a “mudarlo todo” no merecería la pena haberla traído. ¡Mudarlo todo! Como si desde cualquier Gobierno, Constitución o Ley se pudiese llevar a cabo ese menester.

Muy posiblemente el valor de la autoridad sea el ejemplo más palmario del abandono que señalamos. La autoridad, como valor general en una sociedad, no tiene que ser necesariamente autoritarismo, que constituye algo bien distinto: abuso indiscriminado, forzado y sin razón al guna del principio de autoridad. La siempre dis-cutible extensión de igualitarismo aquí y allá, ha asestado un duro golpe a la autoridad. Y han tenido que pasar muchos años y no pocos acontecimientos hasta darnos cuenta de las no deseadas consecuencias a las que precisamen-te la falta de autoridad nos ha llevado. De nuevo en el terreno de la enseñanza es posible encon-trar la muestra más evidente de eso que se abandona, intentando, quizá demasiado tarde, recuperar este valor ahora muy echado en falta en la relación entre profesor y alumno, aunque no solamente en este ejemplo.

Algo similar cabría decir del respeto a quien es superior por alguna circunstancia: sabiduría, jerarquía o grado. De nuevo la utopía de la igual-dad. Por supuesto que hay casos en que la am-bigüedad no conlleva una pareja situación de superioridad. Ya el sabio Séneca nos advirtió de la diferencia entre vivir con provecho y el mero durar. Esto, sin duda, puede ocurrir. Pero no es menos cierto que el camino de la vida y el haber conllevado su casi permanente frío (frío de la na-turaleza y frío originado por los demás) supone ya, per se, una fructífera fuente de experiencias que se suele transmitir. Y, naturalmente, es en el “paso” y aun en el “peso” de los años donde se adquiere madurez, con premios o con derrotas, ya que es de las caídas de donde se suele ad-quirir más provecho.

Con todo esto en la mente, es como el res-peto al mayor o al superior constituye un gran valor que, en el decir popular, se tradujo en la expresión del “respeto a los años”.

Fuertemente unido a lo anterior, tropezamos con otro valor cada día más olvidado. Podría-mos anunciarlo como picaresco desprecio al trabajo, algo que viene de muy atrás y, en íntima relación, la supervaloración del temprano éxito en cualquier clase de actividad. Hemos hablado de “picaresco desprecio” y en nada mentimos. Tengo para mí que no hay mejor ejemplo de ello que nuestra literatura precisamente llamada “pi-caresca”. Confieso ignorar si en otros países ha florecido con igual constancia y relieve este tipo de literatura. En cualquier caso, las triquiñuelas del pícaro para el engaño nos han calado muy hondo. He llegado a oír, incluso, que el español es el único ser del mundo que nunca ha olvida-do que el trabajo es una maldición divina y que, como tal maldi ción, había que evitarla como fuera. La imagen actual que a esto se acerca es el gozo y atención de personas que contemplan con sosiego cómo unos trabajadores sudorosos y forzados están realizando una obra.

¡Amor al gozo del trabajo ajeno! Va de suyo que esta menor valoración del esfuerzo diario y del cotidiano trabajo ha sido producida, en gran parte, no por una incapacidad natural del espa-ñol como a veces se ha afirmado, sino por la identificación con no pocas figuras y casos de nuestra actual realidad que se han convertido en mitos a los que hay que admirar. Los campos en que esto se ha dado son harto frecuentes. Des-de el genial y joven futbolista que de pronto se convierte en supermillonario, hasta el empresa-rio afamado que parece dominarlo todo con su inestimable riqueza. Y aunque luego, por alguna razón, esos ejemplos desaparezcan, el mito queda. No es casualidad que, en el idioma que jóvenes y menos jóvenes utilizan continuamente y en todos los terrenos, se haya generalizado lo de “ser un crak”. A quien esta palabreja se adju-dica se le consagra como héroe y, por supuesto, todo socialmente se le perdona. Como tampoco

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lo es la continua utilización del “súper” delante de cualquier afirmación. Hay que ser “súper” en todo y al hombre corriente y moliente que vive únicamente de su trabajo se le “mira por enci-ma” cuando no se le compadece: –“¡pobre ser que tiene que hacer eso tan lingüísticamente ca-lificado de ‘currar’!”–. En suma, para quienes así piensan, gran error el del maestro Unamuno cuando afirmó que agonía significaba luchar (contra la muerte y hasta contra la vida) y que lucha era la vida.

No mejor suerte ha corrido el valor de lo que podríamos denominar pudor. Pongamos de in-mediato el parche. Estamos ante un punto que en el pasado ha sido realmente valorado en ex-ceso. El hombre, y sobre todo la mujer, venían obligados a casi venerar lo del pudor. Posible-mente por la herencia recibida de mentalidades ahora calificadas como “estrechas”. Y, además, por la presión social de una visión del catolicis-mo a través de sermones, púlpitos o confesona-rios. Sin duda.

Pero volvemos al bandazo. A la incapacidad para la mesurada reforma. Del bañador de cuer-po entero, la necesidad del velo, la manga larga y la aún más larga falda de la mujer se pasa al reinado del indiscutible erotismo que se observa por doquier. Hasta el punto de atrevernos a se-ñalar que erotismo y consumismo pueden cons-tituir los dos acicates (también podríamos deno-minarles “disvalores”) que mueven a gran parte de nuestra actual sociedad en su conjunto y no solamente a la juventud. El pudor desaparece con el harto discutible argumento de que no hay nada que deba limitarse a lo privado. Que cuan-to se hace en privado puede hacerse en público. Y que los demás han de contemplar ese cuanto, ese todo con naturalidad, sin escándalo ni re-chazo.

Las consecuencias de tan falaz argumento (¿debemos prepararnos para ver defecar en ple-na calle?) es la utilización de lo erótico no sola-mente como argumento, sino en cualquier tipo de medio que pueda llegar al ciudadano y quiera éste o no lo quiera: televisión, prensa, revistas,

anuncios públicos. Llegando incluso a lo ridícu-lo. No es difícil contemplar en la pequeña panta-lla las piernas de una mujer o el torso de un hombre joven para, acto seguido y sin que tenga nada que ver con ello, conducirnos a lo conve-niente de una nueva marca de coche, pasta de dientes o maravilloso desodorante. ¡Por no ha-blar de los no menos maravillosos perfumes! Todo vale y sin respetar nada. Ni la edad infantil de quien observa o lee. Todo lo íntimo puede hacerse público. Y el sentimiento del pudor cae en franca decadencia en el conjunto de lo social.

Y por último, para cerrar esta primera relación de lo abandonado, citamos con dolor la sufrida disminución del valor del patriotismo. Algo dis-tinto al exagerado nacionalismo usado como instrumento defensivo en etapas más o menos cercanas. Aquí nos referimos a un sentimiento profundo, heredado y vivido con legítimo orgullo. Sentimiento que nos debe llegar aceptando zo-nas de luz y zonas de sombra de nuestro ayer y que define tanto un conjunto de creencias como una parecida forma de ser y pensar. Y de pre-ocuparnos. Permítaseme en este punto que acuda a una afirmación de Ortega que gusto de repetir cada vez que abordo el tema: “El español que pretenda huir de las preocupaciones nacio-nales será hecho prisionero de ellas diez veces al día, y acabará por comprender que para un hombre nacido entre el Bidasoa y Gibraltar es España el problema ‘primario, plenario y peren-torio’”. Y surge la pregunta de si, en nuestro ac-tual momento histórico, España lo sigue siendo en esas dimensiones orteguianas. Claramente hemos de contestar con una negativa. El senti-miento profundo de España y de lo español comprobamos que únicamente aparece como orgullo nacional en muy contadas ocasiones y por circunstancias efímeras. Cuando nada o poco se pierde en el interés personal. ¡Qué lejos nos cae ahora aquella afirmación de Horacio que escribía “¡es bello morir por la patria”! Es po-sible que para no pocos ese elevado sacrificio no tiene sentido y Horacio sería tildado de lo peor. Como, creo que por desgracia, tampoco

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se entendería ahora aquel famoso deber de pro-fesar “amor a la Patria” que se establecía con énfasis en nuestra primera Constitución de 1812.

Por supuesto, la merma de este principal va-lor no se ha producido por casualidad, sino que es fruto de no pocos factores, entre los cuales aludimos aquí únicamente a dos. En primer lu-gar, la precipitada abolición del servicio militar, etapa de “servir a la Patria” y en la que se produ-cía el solemne juramento del máximo sacrifico ante la bandera que la encarnaba. ¡Cómo duele por eso ver ahora esa bandera ultrajada con lo que tal hecho supone! Y en segundo lugar, y aunque eso se aleje de “lo políticamente correc-to”, la aparición de las Autonomías y sus exce-sos han conducido muchas veces al hecho de que lo local, lo pequeño, prime frente a lo nacio-nal. Incluso, como ocurre en algunos casos, se ha llegado a considerar lo local o lo regional pre-cisamente como nacional. Los casos están en la mente de todos y hasta en las expresiones que nada ocultan. Así es posible oír de la relación entre lo catalán y lo español, como esferas se-paradas. Al igual que, ante la pregunta pertinen-te, el ciudadano “se considera” ante todo como catalán o vasco y luego, en todo caso, español. Se veía llegar. Cuando desde el comienzo de nuestra democracia lo que se defendía era lo di-ferente, el voluble y acomodaticio “hecho dife-rencial”, no es posible negar que se golpeaba, con mayor o menor fuerza, a lo contrario, a lo común. Y es lo común lo que une, siendo lo co-mún la patria: España.

Una vez abordados los valores que, en ma-yor o menor medida, nuestra actual sociedad ha abandonado o notablemente reducido, lo que ahora procede, según habíamos anunciado, es la referencia a aquello de lo que expresamente carecemos. Y, de entrada, quizá la cita de cuan-to ahora hace mos bien podría resumirse en la afirmación de ausencia de “cultura cívica”. Am-plio concepto que engloba una serie extensa de creencias y actitudes que, desde luego, resultan insoslayables para la consolidación de cualquier

régimen con estructura democrática. Lo que más interesa en esta cultura es el elenco de vir-tudes públicas. Las que se deben poseer y fo-mentar no ya en virtud de ser humano o ser pro-visto de alguna actitud individual, sino en virtud de pertenecer a la civitas. De ser ciudadano. En Roma, quienes estaban fuera de la civitas eran los bárbaros, que no hablaban latín. Entrar en la civitas comportaba derechos y deberes. En nuestros días puede que, incluso viviendo en el seno de la ciudad, haya no pocos bárbaros. Pero entonces la actual civitas, el Estado o el régimen político no saldrán de la mediocre ines-tabilidad. El sedimento de una sólida cultura cí-vica resulta absolutamente necesario. Por ello, valgan algunas alusiones a los principales valo-res que la integran. El indiscutible valor de asu-mir el Estado Parece una obviedad, pero no lo es. Sobre todo entre nosotros, tradicionalmente esquivos ante él. El Estado como organización jurídico-política de la sociedad. Que regula, pro-tege y también requiere. En nuestro país, burlar o engañar al Estado ha llegado a ser habilidad del ciudadano: con el famoso estraperlo, en la declaración de la renta, en el no pago de ciertos

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impuestos, en las cien formas de eludir el servi-cio militar cuando era obligatorio, en la fuga o engaño de capitales, y un largo etcétera. En este aspecto se llega a una cierta minusvaloración de quienes, de una forma u otra, dedican sus vidas a servir al Estado. El funcionario ha estado casi siempre socialmente considerado como porta-dor de los supuestos males de la nación. Por serlo con carácter vitalicio, aunque para llegar a esa función se hayan tenido que superar duras pruebas u oposiciones.

Se estima más la libre competencia o, en todo caso, se predica la conveniencia de la renovación de méritos cada cierto tiempo. Sin tener en cuen-ta el peligro político que la inestabilidad comporta. Precisamente lo contrario, es decir, la estabilidad de toda la Administración, con independencia de los cambios gubernamentales, es el principal fac-tor para la fortaleza del Estado.

El valor de la participación, como supuesto básico de cualquier régimen democrático No entramos aquí en las diversas formas a través de las cuales se puede canalizar esta participación. Pero parece lógico, siempre en el terreno de lo ciudadano, que el valor de la participación cons-

tituye el prius para la posterior exigencia de res-ponsabilidad. Es conocido que hay democracias anchamente consolidadas que llevan tiempo funcionando con niveles de participación no pre-cisamente elevados. Pero no lo es menos que un alto grado de abstención suele resultar su-mamente peligroso en democracias no tan asentadas. En éstas, la participación abundante adquiere el sentido de ratificación del régimen establecido y lo contrario, una gran abstención ciudadana tiende a significar un descontento con el mismo o, al menos, con el juego y con-ductas del sistema de partidos existentes. Y la debilidad es siempre no poco peligrosa.

La plena aceptación del pluralismo en todas sus vertientes El maestro Dahrendorf lo descri-bió como la “aceptación del distinto y lo distin-to”. Porque la sociedad democrática no puede ser nunca monocorde, sobre todo por el mismo carácter de relativa que la verdad tiene siempre en democracia, al depender de la variable com-posición del hemiciclo en que, al menos en teo-ría, dicha verdad se elabora. Naturalmente que esta aceptación plena de lo distinto no impide, ni mucho menos, que el régimen, por muy demo-crático que se pregone, no frene aquellas actitu-des que usen de medios violentos para obtener sus fines. Recordemos de pasada que hasta la misma segunda República Española se vio en la necesidad de aprobar y aplicar, cuando todavía no se había fletado la misma Constitución de 1931, una llamada Ley de Defensa de la Repú-blica. Si no es así, si la violencia queda al mar-gen, la democracia llega a ser el único sistema llamado a convivir incluso con quienes, perso-nas o grupos, a ella se oponen.

La existencia y la práctica del valor de la tole-rancia O si se prefiere, la necesidad del talante democrático. Algo que tiene su claro origen en la mentalidad liberal, pero que va más allá. Hace años que los científicos de la política norteame-ricanos se esforzaron en describir los rasgos de la llamada “mentalidad autoritaria”. Pues bien, frente a ella, el ciudadano tolerante. El que gusta de oír antes de enjuiciar. Aquél abierto

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continuamente al diálogo y no al rechazo como sistema. Aquél que para el que no piensa como él puede ser el adversario, pero nunca su enemigo.

Naturalmente que este valor no cae del cielo, entre otras razones porque el hombre no nace demócrata: se hace demócrata. Y a eso llega a través de su paso por muy variadas agencias o instancias de socialización política. De la familia al partido. De la escuela al grupo de juego. Del libro que lee a la televisión que padece.

En suma y para concluir con este problema, nos atreveríamos a afirmar que del mismo sal-dríamos los actuales españolitos si lográsemos unir, debidamente retocados en algunos casos, los valores heredados a los cuatro últimos, de los que en gran parte carecemos, nuestro grave problema de la crisis de valores podría mermar muy notablemente.

El grave problema de las autonomíasTengo para mí que habrá quien casi llegue a escandalizarse nada más percibir que hablo de “grave problema” al anunciar cuanto se re-fiere al Estado de las Autonomías. Y habré de confesar, de entrada, que yo mismo ando en duda ante este punto. Por un lado, me resulta imposible negar mi clara disposición tremen-damente partidaria a favor del Estado unitario (que no tiene que ser centralizado ni uniforme) y fuerte. Mas, por otro lado, está el balance de ya suficientes años y hasta la penosa afirma-ción de que en las Autonomías únicamente creen quienes “viven de ellas”. No entro en afirmación tan rotunda, pero lo cierto es que, tras largo tiempo sin cuestionar el modelo y posiblemente a causa de la crisis económica que en la actualidad padecemos, ya han co-menzado las opiniones sobre la viabilidad de la organización autonómica que constituye el mayor índice de gasto pú blico para la hacien-da de nuestro país. Sea como fuere, para quien aquí y ahora opina, estamos, efectiva-mente, ante un grave problema que requiere ser abordado desde un punto de vista que

pretende ser objetivo y, por supuesto, desde la parcela de lo científico.

En este tema tenemos que comenzar por la propia consideración que hace nuestra actual Constitución de este tantas veces heredado problema.

En primer lugar, la aparición en el art. 2º del término “nacionalidades” a la hora de reconocer el derecho a la autonomía. Es la primera vez que dicho término aparece en la nada parca serie de textos constitucionales que nuestro país ha co-nocido. Recordemos que ni en la Constitución republicana de 1931 se pasa de hablar de regio-nes. Estatuto de Autonomía de la Región de Ca-taluña es lo que aquellas Cortes Constituyentes aprueban en 1932 y lo que Manuel Azaña lleva bajo el brazo a Barcelona señalando lo que de gran novedad aquello constituía. Sí: entonces Azaña creía que se solventaba un antiguo pro-blema y para siempre. Muy diferente será su opinión durante la guerra civil, según veremos pronto.

Ahora lo que nos interesa es destacar que durante el debate parlamentario nadie acertó a definir en qué consistía dicha palabra como su-jeto de una posible autonomía. Más aún. Creo no caer en error si afirmo que, desde entonces y hasta nuestros días, dicho término ha permane-cido en pleno desuso. O se sigue hablando co-loquialmente de región o se ha dado el salto a la palabra nación que, lógicamente, nuestra Cons-titución no podía utilizar al margen del comienzo del mismo artículo cuando proclama la “indisolu-ble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Y recorde-mos que bien recientemente el Tribunal Consti-tucional ha negado el carácter de nación para una Comunidad Autónoma que a ello aspiraba en la aplicación de su Estatuto. Ocurre que, al redactar nuestra Constitución, parecía necesa-rio que se arbitrara un término que fuera más allá de “la mera región” y, como hemos apunta-do, tampoco cabía hablar de naciones.

Y ahí surgió lo de nacionalidades, cuyo pos-terior destino para bien poco ha servido. Salvo,

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claro está, para concertar la pregunta sobre a qué Nación se pertenece, sobre todo en los pa-saportes y otros medios de identificación.

En segundo lugar y continuando con el texto constitucional, se entendía poco la distinción en-tre dos tipos de Comunidades Autónomas, con diferentes ritmos para poder obtener autonomía y con diferentes competencias de inicio. El argu-mento utilizado para esta distinción descansaba en si “en el pasado”, es decir, durante la Segun-da República, se hubieran o no “plebiscitado afirmativamente proyectos de autonomía”.

Se volvía a otras cesiones para el consenso. Pero este argumento que, de inmediato, se tra-dujo en el decir de autonomía de primera y de segunda, no tenía sostén alguno ni desde el punto de vista científico, ni desde una conside-ración meramente sociológica. Lo primero por-que, de haber durado un poco más la vida de la República, se habrían plebiscitado otros proyec-tos de autonomía en regiones que ya habían ma-nifestado, de alguna manera, su apetencia auto-nómica. Nos limitamos a citarlas. En Aragón, el proceso había comenzado ya en junio de 1932 con una gran Asamblea en Zaragoza a la que asistieron representantes de corporaciones y entidades económicas de toda la región. Cinco meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, se dan cita en otra Asamblea en Valencia los representantes de 229 ayuntamientos para proceder al estudio de un proyecto de Estatuto para Valencia, Alicante y Castellón. Y, por poner fin a los ejemplos, vaya el más cualificado de An-dalucía. También en noviembre de 1932 se izaba ya en el Ayuntamiento de Sevilla la bandera an-daluza, dos franjas verdes y una en el centro blanca, mientras el pasodoble “La Giralda” so-naba como himno nacional adoptado, a la vez que un poco después, en enero de 1933 tenía lugar en Córdoba una Asamblea de andalucistas en la que por vez primera aparecía el grito de “¡Viva Andalucía libre! Es decir, se habría llegado a la misma situación que en Cataluña, País Vas-co y Galicia.

Y lo segundo, la excepción constitucional

olvidaba un supuesto comprobable con facilidad desde la simple apreciación de nuestra forma de ser. Los españoles estamos desde siempre vi-viendo entre la alternativa condensada en dos muy expresivas afirmaciones. Cuando se acusa a alguien de algo incorrecto, se recurre al “¡Y tú más!”. Y, a la vez, cuando no se da algún privile-gio que al vecino se concede, viene de inmedia-to el “¡No menos que tú!”. Por ello, aquí y allá surgió la premura por mirar al pasado y, sobre todo, esgrimir reales o inventadas razones para justificar el llamado “hecho diferencial”. Conoce-mos el final: el café para todos y la consiguiente hemorragia de concesiones autonómicas.

Y terminemos con lo peor en este tema de la regulación constitucional: el haber dejado abier-ta nada más y nada menos que la delegación de competencias del Estado en favor de las Auto-nomías. ¿Cuándo? Lo establece de forma impo-sible de entender el nº 2 del art. 150: cuando esas materias de titularidad estatal sean “por su propia naturaleza susceptibles de transferencia o delegación”. Tras esta ambigüedad, surge el ¿cuáles? Pues todas o ninguna. Dejar abierto este proceso es lo que ha motivado el peligroso regateo que, por razones electorales o por ame-nazas más o menos graves lanzadas desde al-gunas Comunidades, se ha producido.

Si ahora contemplamos el resultado de todo lo expuesto, no es posible negar que el tema de las Autonomías sigue constituyendo un proble-ma en nuestro país. En realidad, nunca ha tenido una solución viable.

Veremos luego las razones de mi inicial afir-mación. Pero antes de que se me tache de “pre-sunto agorero” o algo similar (en realidad, el ha-ber estudiado a fondo nuestra lineal historia po-lítica creo que me ha hecho pesimista ante mu-chos de sus episodios), vienen a cuento dos testimonios de distinta índole para reforzar nues-tra postura. Cuando en las primeras Cortes de la Segunda República se debate la aprobación del Estatuto catalán y dejando al margen otras pos-turas de intelectuales fuertemente opuestos a dicha aprobación, como fuera el caso de Miguel

Manuel Ramírez

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de Unamuno, es Ortega quien el 3 de mayo de 1932 toma la palabra para decir esto, luego mu-chas veces repetido: “El problema catalán sólo se puede conllevar, no resolver (…). Frente a ese sentimiento de una Cataluña que no se siente española, existe el otro sentimiento de todos los demás españoles que sienten a Cataluña como un ingrediente y trozo esencial de España, de esa gran unidad histórica, de esa radical comuni-dad de destinos, de esfuerzos, de penas, de ilu-siones, de intereses, de esplendor y de miseria, a la cual tienen puesta todos esos españoles inexorablemente su emoción y su voluntad. Si el sentimiento de los unos es respetable, no lo es menos el de los otros, y como son dos tenden-cias perfectamente antagónicas, no comprendo que nadie, en sus cabales, logre creer que el pro-blema de tal condición puede ser resuelto de una vez para siempre. Pretenderlo sería la mayor in-sensatez, sería llevarlo al extremo del paroxismo, sería como multiplicarlo por sí mismo, por su propia cifra; sería, en suma, hacerlo más insolu-ble que nunca” (José Ortega y Gasset, 1932).

La postura de Ortega resulta meridianamente clara, aunque lo de hablar de “comunidad de destinos” acarrearía hoy las peores descalifica-ciones por los iletrados de turno. Pero hay más. Manuel Azaña, que en ese año sí creyó en la repentina solución del problema y a cuyos es-fuerzos políticos se debió la aprobación del Es-tatuto, tras haber logrado vencer la resistencia de los mismos parlamentarios del PSOE y tras pregonar por doquier “el ejemplo” que había dado la República, al fletar una fórmula que en adelante señalaría “los caminos a seguir a otros pueblos europeos en situación más o menos semejante a la nuestra” (Manuel Ramírez, 1969), este Azaña, decimos, es quien hace una fortísi-ma crítica a Cataluña por su insolidaridad con la República al estallar la guerra. Y añade su pare-cer de esta forma bien diferente a la euforia de poco antes. Los hechos “parecen demostrar que nuestro pueblo está condenado a que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico, la cuestión catalana per-dure como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas (…). Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad cróni-ca del cuerpo español” (Manuel Azaña, 1986). Tras esto cabe preguntarse: ¿hay alguna dife-rencia entre los dos ejemplos citados?

Si tras estos dos testimonios nos situamos en la realidad de nuestros días, entiendo que el problema de las Autonomías mantiene su grave-dad principalmente por dos razones.

Ante todo, por una razón de índole económi-ca salida a flote, sobre todo, cuando por causa de la actual crisis se plantea el catálogo de me-didas para reducir gastos. Es entonces cuando, por vez primera y sin recato alguno, aparecen las dudas, de inmediato con aspecto de críticas, sobre lo que cuesta al Estado el mantenimiento de la estructura autonómica actual. Los gastos de diecisiete Parlamentos regionales o autonó-micos, miles de diputados, otros diecisiete go-biernos integrados por consejeros sin límite, per sonal técnico, asesores múltiples nombrados a

Manuel Ramírez

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dedo, directores generales, gastos de manteni-miento, coches oficiales, escoltas, protocolos, etcétera. Es difícil poner el fin. ¿Puede nuestro Estado mantener todo esto? Más bien, no. Un derroche que está pidiendo a gritos medidas drásticas que nadie parece asumir.

Pero hay, además, una vertiente política que, a mi entender, resulta bastante más grave. Ha-ber dejado abierto el proceso de delegación de competencias ha ocasionado el regateo que an-tes apuntábamos. Y en este regateo es el Esta-do el que resulta claramente perdedor. Las Au-tonomías han ido creciendo en competencias, mientras que el Estado está quedando en una situación harto menguada. Algo especialmente grave en el seno de una Unión Europea donde quienes compiten son precisamente los contra-rios, los Estados fuertes. Por otra parte, lo de “nacionalidad” ha pasado a ser nación, con su consecuencia: los nacionalismos se han lanzado a la equiparación, sin más, con el nacionalismo español. No como partes, sino como auto-to-dos. El veredicto orteguiano de los comparti-mentos estancos en su España invertebrada parece estar de nuevo ahí, con plena vigencia y con todas las verdades y mentiras tan atinada-mente estudiadas en la actualidad por Jesús Laínz (2004). Como consecuencia de ambos ex-tremos y al auge de lo local, de la parte, de lo más cercano pertinentemente acomodado y “con Madrid” como fuente de todos los males, el resultado ha sido una perceptible disminución del sentimiento de lo nacional, de lo patrio.

El vivir la españolidad, que gusto emplear mejor que españolismo, está en clara decaden-cia, salvo en momentos tardíos y efímeros. Por supuesto, no resulta nada fácil salir de este gra-ve problema. Son muchos los intereses acumu-lados durante estos últimos años. No es posible la vuelta a una situación de Estado notablemen-te uniforme, entre otras razones porque no lo es España. Pero entre eso y la situación actual pue-den existir fórmulas a ensayar, aunque ello con-lleve, claro está, la reforma constitucional.

Bibliografía• Arbós, Xavier y Giner, Salvador (1993) La go-

bernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Siglo Veintiuno de Espa-ña Editores, Madrid, 1993.

• Azaña, Manuel (1986) Causas de la guerra de España, con prólogo de Gabriel Jackson. Editorial Crítica. Barcelona, pág. 119.

• García Pelayo, Manuel (1986) El Estado de partidos. Alianza Editorial, Madrid, págs. 132-133.

• Laínz, Jesús (2004) Adiós, España. Verdad y mentira de los nacionalismos, con prólogo de Stanley G. Payne en su segunda edición. Edi-ciones Encuentro. Madrid.

• Ramírez, Manuel (1969) Los grupos de pre-sión en la segunda República Española. Edit. Tecnos, Madrid, pág. 298.

• Ramírez, Manuel (1985) La participación polí-tica. Edit. Tecnos, Madrid.

• Ramírez, Manuel (1989) Partidos y Constitu-ción. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

• Ramírez, Manuel (1994) “Partidos políticos en España: hegemonía constitucional, práctica política y crisis actual” en “Régimen jurídico de los partidos políticos y Constitución”. Cua-dernos y Debates. Centro de Estudios Cons-titucionales, Madrid, pág. 13 y ss.

• Sartori, Giovanni (1976) Parties and Party Systems. A Framewok for Analysis. Cambrid-ge Univesity Press, New York.

• Ortega y Gasset, José (1932) Diario de Sesio-nes de Cortes de 3 de mayo.

Manuel Ramírez

83

n Bien Común iniciamos una nueva etapa, una en la cual queremos acercar más a nuestros lectores y compartir con ellos algunas experiencias en este andar. La primera de ellas es que como Fundación Rafael Preciado Hernández cumplimos 18 años de labores. Se dice fácil y más fácil es hablar de que llegamos a la mayoría de edad. Como podrán leer en el suplemento que en esta ocasión presentamos, hemos logrado mucho en estas casi dos décadas y es mucho más lo que nos falta por hacer, en áreas como investigación, difusión, editorial y formación política. Los retos y el camino están trazados y en los meses por

venir sólo nos queda recorrerlo.

En otro tema, como nuestros colaboradores reflexionan en esta ocasión, lo electoral es de preocuparnos y ocuparnos. Preocuparnos por la baja asistencia a las urnas en las pasadas elecciones y la persistencia de prácticas que ensombrecen el panorama democrático que debiera imperar en nuestro país; y ocuparnos para que los mexicanos comprendan la importancia de las elecciones y la necesidad de que tomen parte en las mismas. Por cada elector que vende su voto a cambio de algo –tan sólo en el Estado de México, como lo detallan los múltiples testimonios en diversos medios, se ofreció entre 500 y mil 500 pesos por voto–, debemos prender un foco de alarma. La democracia no se debe resumir a un asunto de dinero, mucho menos a reducirlo todo a un ejercicio de intercambio entre quien tiene los recursos y quien ve esa oportunidad como la manera para contar con

más dinero o materiales de construcción.Mucho tenemos que caminar en la búsqueda de un electorado que rechace esas

prácticas y exija a los partidos más propuestas y menos acusaciones. Y en esa línea, vale la pena detenerse un poco en cómo se perfilan los escenarios rumbo al 2012. Para algunos, el resultado es previsible, en una lógica que no ayuda a lo que comentábamos líneas arriba: contar con un electorado que base su decisión en la reflexión y la información sobre por quién votar. Si la elección de julio de 2012 ya está resuelta, pues ahorrémonos la campaña y todo lo que eso implica. Si estamos en una democracia, la competencia es para convencer al

electorado y la campaña sirve para contrastar proyectos y propuestas.

ECARTA DEL DIRECTOR

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No he escuchado, y que me perdonen los impulsores del gobernador del Estado de México, ni un argumento para votar –en el supuesto de que sea candidato presidencial el año entrante– que motive un voto a su favor. Ni las cifras, ni los resultados de su gestión, ni sus constantes apariciones en medios son factores que

ayuden a decidir por él. Tampoco he escuchado argumentos de otros posibles candidatos, pero de eso se trata el juego democrático: de contrastar a quienes buscan ocupar un puesto de acuerdo a sus capacidades y propuestas durante la campaña. Si ahora mismo el personaje antes aludido es señalado como favorito en una hipotética elección, es que algo estamos haciendo mal los ciudadanos para que las ideas queden fuera

y nos encontremos en este escenario. Es un tema que vamos a impulsar en nuestras páginas y esperamos que su

generosidad nos acompañe en la ruta para concretar este intento. Ligado a esto, también visto con preocupación, es la estadística del hábito de lectura del mexicano. En resumidas cuentas, no leemos. Intención noble pero curiosa viniendo de alguien que escribe en un medio impreso. ¿Qué hacer? Invitarlos a una cruzada para que a su vez invitemos a leer a más mexicanos.

En otras palabras, no sean egoístas y cuando terminen de leer Bien Común préstensela a otra persona, mejor aún: oblíguenla a leer, tenemos que cambiar la estadística. Dejen un libro debajo de la almohada de sus seres queridos, y si no son queridos mucho mejor; regalen un libro o una revista en diciembre, y en otras fechas, pues para inventarlas nos pintamos solos los mexicanos y por eso tenemos día de la secretaría, del abogado, del ingeniero, del abuelo y un kilométrico de etcétera; pongan al alcance de quien no lee material de lectura, pídanle que lo haga, incluso permitan que les roben un libro con tal de que lean. Cual Quijotes de Cervantes, esa debe ser nuestra cruzada. Espero que nos

acompañen en la idea. Para finalizar, nuestra invitación a que participen de esta experiencia editorial. Sus comentarios son valiosos para nosotros y orientan nuestros esfuerzos para ofrecerles una publicación de calidad. Les prometemos leerlos todos, por la vía que nos los hagan llegar: correo electrónico, carta, redes sociales. Ustedes tienen

la palabra.

Armando Reyes ViguerasDirector de Bien Común

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El Consejo Nacional de Evalua-ción de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha publica-do una información actualizada de los indicadores de rezago educativo, acceso a los servi-cios de salud, calidad, espa-cios y servicios de la vivienda que demuestran los avances alcanzados en el combate a la pobreza en los 10 años de go-bierno del Partido Acción Nacional.

Rezago educativoSe entiende por rezago educa-tivo la proporción de personas que no cumplen con la obliga-toriedad de la educación bási-ca en el país.

La población entre 6 y 15 años que no asiste a la escuela y que no ha concluido la edu-cación básica obligatoria ha disminuido en las 31 entidades federativas y el Distrito federal:

2000 9.7% 2010 5.9%

Porcentaje de la población

de 16 años o más nacida a partir de 1982 que no cuenta con educación secundaria completa: 2000 37.9% 2010 23.1%

Resumen: Población con rezago educativo 2000 22.5% 2010 19.4%

SaludSe considera que una persona se encuentra sin acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con derecho a recibir servicios médicos del Seguro Popular, IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o

Marina o de algún servicio mé-dico privado.

El porcentaje de la pobla-ción sin acceso a los servicios de salud ha sido el siguiente: 2000 58.6% 2010 33.2%

Calidad y espacios de la Vivienda

Se entiende como pobla-ción en situación de carencia por calidad y espacios de vivien-da a las personas que residen en habitaciones que presentan al menos una de las siguientes características: pisos de tierra, techos de lámina de cartón o desechos, muros de adobe, carrizo, palma, lámina de car-tón o metálica o materiales de desecho y los que padecen hacinamiento, es decir cuando el número de personas por cuarto es mayor a 2.5.

Disminuciónde la pobreza

Paulina Lomelí

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Proporción de viviendas con piso de tierra: 2000 14.9% 2010 5.8%

Proporción de viviendas con techos deleznables: 2000 6.7% 2010 2.7%

Proporción de viviendas con muros deleznables: 2000 4.2% 2010 2.1%

Proporción de viviendas con hacinamiento:

2000 20.0% 010 11.8%

Resumen: Viviendas con al-guna carencia en la calidad y espacios:

2000 29.4% 2010 17.0%

Viviendas con carencia de servicios básicos.

Las viviendas carentes de servicios básicos son aquellas que presentan una o más de las siguientes características: no tienen agua entubada, dre-naje o electricidad.

Proporción de viviendas sin agua entubada:

2000 15.8% 2010 11.6%

Proporción de viviendas sin drenaje: 2000 26.9% 2010 12.0%

Proporción de viviendas sin electricidad

2000 4.8% 2010 1.9%

Resumen: viviendas caren-tes de algún servicio básico

2000 32.3% 2010 19.3%

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La mayoría de los estudios so-bre el Partido Acción Nacional (PAN) son de tipo coyuntural y se basan principalmente en el análisis de los actores tanto en el aspecto discursivo como de relaciones de poder. Sin em-bargo, los trabajos que abordan al partido desde una óptica histórica,1 se basan principal-mente en publicaciones biblio-gráficas o hemerográficas.

Los estudios acerca del PAN se han hecho desde diferentes enfoques: el análisis estructu-ral; a partir de la coyuntura; de su participación en procesos

1 Los trabajos que se han escrito sobre la historia del PAN, incluyendo tesis, han sido elaborados, en su gran mayoría, por periodistas, sociólogos o politólogos. Algunos historiadores que se dedican a la investigación de la relación Estado-Iglesia o al estudio de grupos católicos han abordado marginalmente la historia de Acción Nacional.

electorales en un sistema políti-co autoritario o parcialmente democrático; desde la región; a partir de la óptica de la histo-ria política, entre otros.

Algunos trabajos sobre Ac-ción Nacional que son mera-mente descriptivos y no llegan a problematizar algún aspecto en específico por ejemplo el de Jarquín y Romero, Un PAN que no se come (1984), en el que se vierten una serie de datos y afirmaciones que carecen de respaldo documental.

Otros analizan al PAN de manera adjetivizada y lo califi-can como una organización política de oposición que no actúa como tal. Es decir, como oposición leal, como un partido alienado o católico o incluso

como una alternativa católica al movimiento revolucionario; o, incluso, como un partido de protesta, pro estadounidense, de empresarios y banqueros.2 Sin embargo, ninguno de ellos problematiza casos concretos o hace el análisis desde el per-sonaje como elemento esencial en la conformación partidista.

Alunas de las obras que han utilizado como fuente algunos documentos panistas son los siguientes: La investigación de Donald Mabry titulado Mexico’s Accion Nacional. A Catholic Al-ternative to Revolution (1973), que es básicamente un texto de historia política que analizan al PAN desde la óptica culturalista

2 En esta categoría podemos señalar las obras de: Mabry, D. (1973); Sauer (1974); Nuncio (1976); y, Loaeza (1999).

No todo está escrito.Importancia del acervode la Fundación Rafael

Preciado Hernándezpara el estudio del Partido

Acción Nacional

Dra. Martha Silva Antonio

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y estructuralista. Se aborda principalmente lo relacionado con la vinculación Estado-Igle-sia, pensamiento liberal-con-servador y de manera general lo relacionado con los líderes provenientes de la ACJM y que dirigirán al partido de 1949 a 1962.3

En esta obra, el autor se respalda en algunos documen-tos emitidos por el PAN y que actualmente se encuentran, en su mayoría, concentrados en el acervo de la Fundación Rafael Preciado Hernández (FRPH), dándole así a su obra un plus, amén de que el estudio del pa-nismo era un campo práctica-mente virgen ya que las investi-gaciones se basaban más en lo macro, el sistema político. Cuando se abordaba lo micro se centraba en el Partido Revo-lucionario Institucional (PRI), en el presidencialismo o en la iz-quierda.

Por su parte, Soledad Loae-za en El Partido Acción Nacio-nal: la larga marcha, 1939-1994. Oposición leal y partido de protesta, nos presenta un esbozo del periodo de estudio ya citado y utiliza herramientas metodológicas de la historia y, al igual que Mabry, utiliza par-cialmente archivos de Acción Nacional para la elaboración de su obra.

Mientras que Francisco Re-veles en Historia Mínima del

3 Este tema será retomado posteriormente por Soledad Loaeza y llamará a este periodo “La Era Católica” v. “La democracia cristiana y la modernización del Partido Acción Nacional 1957-1965”, Historia y Grafía, México, Universidad Iberoamericana, núm. 14, 2000.

PAN,4 utiliza la revista La Na-ción (órgano informativo del Partido) como una de sus prin-cipales fuentes. Sin embargo, la utilización parcial del mismo no da una visión más analítica y objetiva de Acción Nacional como objeto de estudio.

Asimismo, algunos estudios que abordan al Partido como actor secundario sí utilizan ma-yoritariamente fuentes prima-rias como La Nación o los do-cumentos históricos de este instituto político, los cuales no se encuentran concentrados en un solo lugar sino que están distribuidos en los archivos de dos importantes fundaciones: la Manuel Gómez Morin, que se encuentra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y en el de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Dichos documen-tos toman como objeto central a los actores, procesos electo-rales o a las facciones partidis-tas a diferencia de los trabajos, incluyendo los institucionales, que hablan de la historia del PAN y que utilizan escasamen-te documentos primarios como los ya citados.

Es importante resaltar que algunos investigadores que es-tudian marginalmente al PAN se basan en fuentes secunda-rias e incluso afirman que todo sobre el panismo, incluyendo su historia, ya ha sido escrito. Sin embargo, al centrarse en fuentes secundarias o sólo en 4 La mayoría de las obras de Reveles están basadas en sus tesis tanto de licenciatura como del Posgrado en Ciencia Política de la FCPyS de la UNAM.

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un autor o dos, dan por hecho que no existen mayores posibi-lidades metodológicas tales como la riqueza de las fuentes primaras, como la historia oral o los documentos partidistas.

Cabe destacar que en el Archivo Manuel Gómez Morin (AMGM) podemos encontrar la correspondencia del funda-dor y primer presidente del Partido, así como documen-tos fundacionales, entre otros. Estos últimos también forman parte del acervo de la Funda-ción Rafael Preciado Hernán-dez, ubicado en el Centro de Estudios, Documentación e Información sobre el Partido Acción Nacional (CEDISPAN), en donde también podemos encontrar una importante veta de estudio en las actas de las asambleas, entre otros, que no sólo servirían para profun-dizar en la historia del PAN, sino que contribuirían a enten-der la estructura, la organiza-ción, las facciones, la doctrina y su ideología a través del análisis discursivo.

Asimismo, también es im-portante señalar que la FRPH cuenta con un respetable acer-vo bibliográfico que concentra -en CEDISPAN- lo que se ha escrito sobre el Partido, mien-tras que el material hemerográ-fico que comprende las publi-caciones partidistas (La Na-ción, Bien Común y Palabra) también dan cuenta del discur-so, ideología, acciones y vida interna; y que, finalmente, for-man parte de la historia de

Acción Nacional, también son fuentes importantes para en-tender la dinámica partidista, el hoy y el futuro de una organiza-ción política.

La información que pode-mos encontrar en la FRPH es “insumo” básico no sólo para explicar, cuestionar y/o “de-rrumbar” mitos y ritos; sino también, para la construcción de escenarios futuros y para explicar al panismo desde dos ópticas, la historia a partir del disenso en el que el Partido era el otro en un sistema político sui géneris; y la historia que está construyendo como parti-do en el poder.

En lo particular, tanto el ar-chivo como la biblioteca de la FRPH han sido todo un descu-brimiento5 que me han permiti-do no sólo contestar sino for-mularme nuevas interrogantes acerca de una organización política como Acción Nacional, que no es monolítica; sino que cuenta con una gran cantidad de crisoles que permiten un es-tudio transversal y seguir cons-truyendo y deconstruyendo una parte importante en la his-toria política nacional en mate-ria de procesos electorales, Poder Legislativo, actores, par-

5 Los trabajos que había realizado a partir de mi tesis de licenciatura Estado y empresarios en política. La participación política de empresarios de Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa en procesos electorales (1982-1986), UAM-Iztapalapa, fueron prácticamente análisis de tipo coyuntural. Sin embargo, por diversas circunstancias, el objeto de estudio en el que me centré para mi tesis doctoral Entre la militancia católica y la política. Alfonso Ituarte Servín (1956-1959), UAM-Xochimilco, me obligaron a buscar nuevas fuentes de información que le dieran a mi trabajo de investigación un plus en cuanto a novedad y calidad, por lo que los documentos de la FRPH, entre otros archivos históricos, me fueron de gran utilidad.

ticipación política y cultura polí-tica, entre otros. Por lo tanto, no todo está escrito y aún hay mucho que analizar detrás de las fachadas.

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Las actuales, son épocas turbulentas en las que la constante es el cambio, lo inconcebible ahora es una realidad, la línea que separan la política de otros campos es cada vez más confusa y la mundialización han transformado la forma como se perciben las relaciones nacionales e interna-cionales y consecuentemente, el proceso inte-gral de políticas públicas tiene un nuevo conjun-to de actores, agendas y resultados. Dentro de este panorama es donde se debe comprende la complejidad y el carácter exclusivo de los retos que encaran los elaboradores de políticas públi-cas (policy makers) cuando tratan de hacerlas, pero en forma efectiva.

En este mundo cada vez más complejo, in-terdependiente y abundante en información, los gobiernos y los elaboradores individuales de po-líticas públicas encaran el problema común de hacer que el conocimiento experto influya en la toma de decisiones gubernamentales. Por eso, los hacedores de políticas públicas necesitan in-formación básica sobre el mundo y las socieda-des que gobiernan, cómo funcionan las políticas actuales, posibles alternativas y sus costos y consecuencias probables.

Los think tanks: Laboratorios para la acción democrática

I de VI PARTESCarlos Salazar Vargas

“Cuando la gente está de acuerdo conmigo,siempre siento que debo estar equivocado”.

Oscar Wilde

Por lo anterior, los políticos y funcionarios de gobierno en cuanto policy makers, no se enfren-tan a una falta de información, sino a un alud de información y documentos. En realidad, los ela-boradores de políticas con frecuencia se ven asediados por más información que la que pue-den posiblemente usar: quejas de sus electores, informes de agencias internacionales u organi-zaciones de la sociedad civil, asesoramiento de los burócratas, documentos donde cabilderos y grupos de intereses fijan sus posiciones y expo-siciones de los problemas de los programas gu-bernamentales actuales en los medios de infor-mación populares o elitistas. Adicional a esto, el problema reside en que esta información puede no ser sistemática y confiable, puede estar vicia-da por los intereses de quienes la diseminan, puede ser tan técnica que los elaboradores de políticas públicas no pueden entenderla ni usar-la o puede ser no muy práctica desde el punto de vista político, financiero o administrativo o contraria a los intereses de los elaboradores de políticas públicas que deben tomar decisiones basados en información que a menudo sienten que es menos que adecuada.

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También puede haber información que no les sea útil debido a que difiere radicalmente de la percepción o la ideología de quienes la reci-ben… en conclusión, en nuestros países en de-sarrollo y transición, los datos básicos necesa-rios para tomar decisiones serias y confiables a menudo no existen o hay que recogerlos, anali-zarlos y darle la forma indicada para que la pue-dan usar parlamentarios y burócratas.

La necesidad de información oportuna, comprensible, confiable y más

Teniendo en cuanta que en política, la infor-mación ya no se traduce en poder, a menos que tenga la forma adecuada para el momento ade-cuado. Gobiernos y hacedores de políticas pú-blicas a menudo se sienten impulsados a apro-vechar el momento porque las fuerzas sociales y políticas apropiadas se han alineado o porque una crisis los obliga a actuar. En cualquier caso, a menudo actúan con rapidez y toman decisio-nes basadas en la información disponible, que no siempre conduce a la política más aconseja-ble. En resumen, los policy makers y otros inte-resados en el proceso requieren información que sea oportuna, comprensible, confiable, ac-cesible y útil.

Hay muchas fuentes potenciales de esta infor-mación (agencias gubernamentales, estudiosos en universidades, centros de investigación, firmas de consultoría con fines de lucro y agencias inter-nacionales), pero en todos los países del mundo, políticos y burócratas -para cubrir sus necesida-des- recurren por igual -y cada vez más- a grupos de instituciones especializadas y/o organizaciones independientes de investigación y análisis, cono-cidas como Think Tanks, como medio para satis-facer la necesidad insaciable que sienten los ela-boradores de políticas, de información y análisis que sean políticamente relevantes.

Valga la pena aclarar que las expresiones “Institutos de Investigación de Políticas”, “Labo-ratorios de Ideas”, “Research Brokers”, “Catali-zadores de Ideas”, “Grupo de Expertos”, “Gabinete Estratégico”, “Elite de Cerebros”, “

Comités Asesores”, “Cajas de Pensamiento”, “Fábricas de Ideas”, “Centros de Política Pública”, “Depósitos de Ideas”, “Tanques de Pensamien-to”, “Usinas de Ideas”, “Centros de Pensamien-to”, “Factoría de Ideas”, “Institutos de Política Pú-blica”… son todas estas, alguna de las muchas expresiones que se han propuesto como intentos para representar, traducir, describir o referirse al vocablo Think Tanks, anglicismo que se utilizará en este trabajo, teniendo en cuenta que –como tal– se encuentra ya registrado en el tesauro.1

Este imperativo de obtener información y nuevas ideas llevó a la creación de estos institu-tos y continúa siendo la fuerza primordial que ha impulsado la proliferación de ellos. La sociedad civil ha ayudado también a estimular el interés en los Think Tanks como fuente alternativa de infor-mación sobre temas de interés internacional, na-cional y local y como críticos potenciales de las políticas públicas de los gobiernos nacionales y organizaciones internacionales, que quieren ha-blar con una voz objetiva, independiente del go-bierno y la comunidad empresarial.

Como la experticia en política se ha profesio-nalizado de manera acelerada durante los últi-mos años, en un régimen democrático moderno ya no es posible imaginar a un parlamentario, subsecretario, ministro o incluso un alcalde to-mando decisiones sólo sobre la base de su pro-pia experiencia, experticia, acudiendo a lo que se solía denominar como “olfato político”. Por el contrario, hoy en día tanto las autoridades públi-cas como los partidos políticos elaboran sus programas y toman sus decisiones a través de la mediación de expertos en distintas materias, la mayor parte de la veces ajenos al aparato públi-co tradicional. Si bien esto no constituye una no-vedad en sí –siendo por lo demás un fenómeno bastante acorde con la complejidad de las so-ciedades contemporáneas– su amplitud y desa-rrollo han dado lugar a nuevos fenómenos que no quedan ajenos a nadie. 1 Un tesauro –en el campo de la bibliotecología o de las Ciencias de la Información– es una lista que contiene los “términos” empleados para representar los conceptos, temas o contenidos de los documentos, con miras a efectuar una normalización terminológica que permita mejorar el canal de acceso y comunicación entre los usuarios y las Unidades de Información (bibliotecas, archivos o centros de documentación).

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Una consecuencia de lo anterior es que se ha producido un paulatino desplazamiento ideoló-gico desde el Estado, los partidos políticos y las universidades, hacia nuevos espacios de re-flexión y generación de ideas, conocidos como Think Tanks. Estas organizaciones mediadoras surgen como espacios de reflexión privados, ajenos a la calidad científica que se atribuye a los centros académicos tradicionales en donde su financiamiento y organización suelen depen-der de mecenazgos, donaciones privadas o in-ternacionales, lo cual impide dimensionar con exactitud qué tipo de conocimiento se intenta desarrollar y sobre todo, para qué fines. Y es que el enfoque dirigido hacia la generación de “conocimiento práctico”, provisto de una carga no siempre explícita, o bien ajena a toda neutra-lidad axiológica, plantea numerosas cuestiones de fondo respecto de la legitimidad técnico-científica de tales organizaciones, sobre todo cuando sus opiniones adquieren la forma de un insumo esencial para la decisión política, cuya legitimidad, al menos teóricamente, sigue sien-do de origen democrático.

Así, durante las últimas décadas se han veni-do considerado los llamados Think Thanks como un instrumento idóneo y útil para alcanzar un desarrollo más acelerado y equitativo de cualquier país y la sofisticación cada vez mayor de los trabajos de promoción de políticas públi-cas ha demostrado que el perfil de estos institu-tos constituye una herramienta eficaz de apoyo a la democracia, haciendo que tan delicado compromiso los posicione como actores efecti-vos en y para cada una de las etapas del proce-so integral de políticas públicas.

Y es que las misiones que se han encomen-dado a los Think Tanks no son una tarea fácil si se tiene en cuenta que pensar con acertada vi-sión de futuro es una labor compleja, sobre todo en países del llamado tercer mundo, donde el ejercicio de pensar en el futuro es casi un acto heroico, donde el hecho de tener gran parte de las actividades comprometidas en el día a día no permite la inversión de recursos humanos,

técnicos, financieros y de información, en pro-yectos a mediano y largo plazo, que le permitan a la sociedad civil y a todos los estamentos que en ella actúan, buscar derroteros y cursos de acción imaginativos y novedosos para un desa-rrollo acelerado y con equidad.

De ahí que la misión de los Think Tanks está relacionada con la necesidad de mejorar la ca-pacidad de gobierno, la gobernabilidad y la pla-neación estratégica de mediano y largo plazo, mediante el fortalecimiento de medios adecua-dos y oportunos para la formulación de los cur-sos de acción de políticas públicas efectivas y continuas en beneficio del país.

Adicionalmente, es incuestionable que uno de los actuales retos de Colombia en particular y de los países latinoamericanos en general, es la búsqueda de cooperación y apoyo mutuo en-tre todos y cada uno de los principales actores del desarrollo. Esta estrategia ha sido exitosa-mente experimentada en otras partes del mun-do por países que indudablemente lo han logra-do en alto y acelerado grado, tal como ha sido el caso reciente de Japón y Korea, de algunos paí-ses europeos, como Alemania, y anteriormente Inglaterra y los Estados Unidos y los ahora lla-mados tigres asiáticos.

Concretamente, el intercambio de ideas, el consenso en las acciones y la colaboración en-tre la academia, el sector productivo y el Estado es una labor a todas luces prioritaria si se quiere pensar en un desarrollo con equidad y justicia, dentro de un marco de convivencia y paz. Y para alcanzar estos objetivos –y otros relaciona-dos estrechamente con ellos, tales como la con-vivencia y la ampliación de la democracia parti-cipativa– muchos países han encontrado una alternativa real y viable, al igual que imaginativa y novedosa, al recurrir a los Think Tanks.

Según James McGann, los Think Tanks son parte integrante de la sociedad civil y sirven de catalizadores de las ideas y de la acción, tanto en las democracias nacientes como en las con-solidadas… se trata de organismos indepen-dientes de investigación dedicados a cuestiones

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de interés público y a su análisis, para obtener de aquello proposiciones operacionales. Un ele-mento clave de su acción es la diseminación de sus ideas de la manera más amplia posible, con la intención de influenciar cada una de las eta-pas del proceso integral de políticas públicas. En tal sentido, su existencia es permanente, a diferencia de las comisiones gubernamentales; así como teóricamente independiente. Tampo-co cumplen funciones de gobierno, sino que más bien apuntan a orientar las políticas públi-cas hacia una cierta dirección y/o direccionar o redireccionarlas mediante el lobby político o bien formando directamente a los futuros “to-madores de decisiones”.

Objetivo común: influir en las políticas públicasEl término Think Tanks abarca un amplio grupo de organizaciones, todas con un objetivo co-mún: influir en las políticas públicas. Estas orga-nizaciones, en muchos casos muy diferentes entre sí, se encuentran en una posición interme-dia entre (1) las instituciones académicas (2) las organizaciones privadas y (3) las estructuras po-líticas, tomando aspectos de éstas, pero gene-rando a su vez una identidad propia. Estas par-ticularidades de los Think Tanks han generado un gran interés en su funcionamiento y como cualquier otro fenómeno de carácter global, su

expansión se manifiesta de modo específico y concreto dentro de los distintos contextos locales y su funcionamiento está en relación directa con los otros actores políticos, económicos y sociales

Sin embargo, a pesar de este creciente inte-rés, existe escasa bibliografía sobre los Think Tanks de Latinoamérica. Por eso, este docu-mento es una contribución destinada a ampliar el conocimiento sobre ellos, mediante la compa-ración de los perfiles expresados por expertos en el tema, el conocimiento de investigaciones especializadas en el campo y la experiencia de protagonistas directos de estos procesos. Se pretende así, ofrecer una mirada transversal de este fenómeno que contribuya a su mejor estu-dio y más claro entendimiento en Latinoamérica en general y en Colombia en particular.

Su gran importancia se puede ver reflejada en el vestíbulo de la sede central de la Heritage Foundation donde se encuentra el escudo de la entidad (uno de los Think Tanks más influyentes del mundo), acompañado de su lema: “Ideas have consequences”. Y es que los artífices, pro-motores y quienes apoyan esta clase de institu-ciones están convencidos de que el progreso humano y la resolución de muchos problemas sociales depende, sobre todo, de la generación sistemática de nuevas ideas clave.

Los primeros Think Tanks surgieron con el pro-pósito de introducir los nuevos conocimientos

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de las ciencias sociales en la gestión de los asuntos públicos. Sus responsables aplicaban los métodos de análisis científico de la econo-mía o la sociología, para resolver -de manera infalible- los problemas que generaban la com-plejidad de la Administración Pública, el desa-rrollo urbano, el aumento de la población, el cre-cimiento económico y en general se creía que todas esas respuestas del Estado (o del gobier-no de turno), frente a las necesidades de los ciu-dadanos, surgirían mediante la generación de conocimiento e ideas alternativas en formas de políticas públicas.

Esas expectativas no se vieron colmadas por completo, pero sí introdujeron la idea de que los Think Tanks constituyen un instrumento útil de participación de la sociedad civil en la esfera pú-blica y ayudan a gestionar el conocimiento para la toma de decisiones sobre temas políticos, económicos y sociales. Claro está que algunas de estas instituciones pueden considerarse también instrumentos de presión de determina-das élites políticas y económicas y se sirven de ellas para alcanzar mayor influencia. De todas formas, su presencia ha sido, es y será benefi-ciosa para la sociedad, siempre y cuando respe-ten las reglas del libre mercado, de la ética y de la libertad de información.

De todas formas, los Think Tanks nacen aso-ciados a la idea de un “mercado competitivo de ideas” y están fuertemente arraigados en la tradición de lobby e influencia política de los sistemas democráticos anglosajones. Precisa-mente, la difusión masiva de la democracia y el mercado son las dos “cabezas de playa” de este modelo organizacional que se ha difundido con enorme éxito a partir de los años 1980, so-bretodo, tras la caída del Muro de Berlín y es justamente en los países de Europa del Este, a partir de 1990, donde se ha visto una mayor proliferación de ellos, especialmente de aquellos financiados por sus pares norteamericanos de corte conservador.

Bien vale la pena citar un irónico artículo del periódico inglés The Guardian, donde Steve

Waters se pregunta cuáles son los métodos ac-tuales para intentar “cambiar el mundo”. Su res-puesta fue la siguiente: tomarse el poder, ser monstruosamente rico o bien seguir la larga y a veces penosa vía electoral. Sin embargo, y ahí está lo interesante, agrega dos vías o atajos: el terrorismo y la creación de Think Tanks.

Y es que la actividad política de los últimos 30 años en varios países de América Latina de-muestra hasta qué punto pueden influir las ideas (buenas o malas) de individuos determinados y comprometidos a difundirlas al interior de los cír-culos de poder, aunque inicialmente resulten im-populares. Probablemente esta estrategia –que implica una profunda convicción, acción ince-sante y de larga duración– es una de las claves del éxito de estas agrupaciones en el seno de varias sociedades y de su difusión a nivel mun-dial. Así, los Think Tanks se han convertido en una especie de arma política de largo plazo y han adquirido creciente importancia en la medi-da en que el ámbito de las ideas nuevas se ha ido desplazando de las autoridades guberna-mentales, de los políticos o de los grupos de in-terés, hacia estos institutos. Adicionalmente, una coincidencia entre los autores que han estu-diado los Think Tanks es señalar el interés en torno a los aspectos de políticas públicas como fundamento para construir el puente entre cono-cimiento y poder.

Por eso, como requisito indispensable, los Think Tanks requieren autonomía para la formu-lación de problemas y necesitan libertad para reconsiderar los paradigmas aceptados de los cursos de acción política, al igual que trabajar a cierta distancia del calor de la formulación de al-ternativas de decisión corrientes.

Y es que definitivamente en un mundo cada vez más globalizado, en donde la información es fácilmente accesible a cualquier ciudadano, sin importar su rango, ubicación geográfica, ni con-dición social, es imposible que los adelantos, conocimientos y experiencias de otras latitudes no se utilicen en beneficio de nuestro país. De ahí precisamente, la difundida opinión de que la

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única ventaja de países como el nuestro está en aprovechar las experiencias de otros más desa-rrollados, con el fin de no cometer los mismos errores de ellos.

De acuerdo con lo anterior, quienes se pre-ocupan por abordar exitosamente las realidades futuras deben precisamente buscar en los Think Tanks el punto de apoyo que brinde la oportuni-dad de mirar el futuro con optimismo, ya que tales centros tienen como misión “mejorar las políticas públicas maximizando la probabilidad de que el análisis de políticas sea aplicado para resolver problemas del mundo real”.2

Con el interés de ampliar y desarrollar las premisas hasta aquí expuestas, se presentarán, en forma sistemática y clara, los mecanismos que tienen a disposición los institutos para pro-piciar que los países de América Latina trascien-dan el futuro más allá del corto plazo, ya que uno de los principales retos de nuestra época se refiere a la brecha entre nuestra capacidad para gobernar los sistemas sociales y la complejidad creciente que éstos ofrecen. De allí que cada vez sea más necesario profesionalizar la política, sincerarla y fortalecer los valores éticos.

Se espera que sea éste un valioso aporte al país al estructurar una propuesta para la revisión e institucionalización de la metodología apropia-da que permita resolver problemas de inciden-cia nacional con la seguridad de que no se de-jará de lado la visión de futuro a mediano y largo plazo y la percepción controlada del riesgo.3

¿Serán los Think Tanks una vieja idea remo-zada para el siglo XXI?

Hay quienes aseguran en el origen de los Think Tanks es estadounidense y data de princi-pios del siglo XX, que surgieron a partir de un grupo de investigación reunidos por uno de los asesores del presidente de Estados Unidos,

2 Dunn William N. Public policy analysis and introduction, 2nd. Ed., Prentice Hall, 1994.3 En Colombia existe sensibilidad por parte de algunos grupos frente a problemas de repercusión regional y nacional. Merecen destacarse esfuerzos que grupos como el CINEP han venido desarrollando con altura académica y compromiso social frente a problemas como violencia, desplazados, justicia y paz, etcétera. Esa labor debe multiplicarse en distintos frentes igualmente urgentes que exigen no sólo respuestas inmediatas sino también una reflexión continua a largo plazo.

Wooldrow Wilson, con el fin de llevar a cabo la tarea de hacer estudios para las posibilidades de negociar la paz, al término de la Segunda Guerra Mundial; posteriormente, este grupo llamado de “investigación” hizo una alianza con reconocidos académicos y banqueros de Nueva York, co-menzando así la primera oleada de centros de investigación enfocados a hacer estudios estra-tégicos y que en un principio se enfocaron al área de relaciones exteriores.

En la jerga militar estadounidense, se acos-tumbraba llamar Think Tanks a departamentos de los ministerios y de las agencias guberna-mentales que investigaban sobre cuestiones bé-licas y hacer políticas públicas para después de la contienda. Algunas trabajaban de forma se-creta y su labor es desconocida por el personal ordinario. Se relacionan en especial con labora-torios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo.

Tras la guerra, algunos de estos organismos continuaron trabajando y de forma paulatina la expresión se popularizó, hasta el punto de que muchos institutos de investigación sobre econo-mía y políticas públicas han adquirido la denomi-nación de Think Tank.

Rastreando un poco más sobre el origen del concepto moderno de Think Tank, tiene su gé-nesis durante la Segunda Guerra Mundial y se refería a un local o recinto cerrado y seguro en el que científicos y militares se reunían para debatir asuntos estratégicos y sobre el desarrollo tecno-lógico de la guerra. Hay quienes consideran que la RAND (Research and Development Corpora-tion), una sociedad creada por el general Henry H. Arnold en 1948, fue el primer Think Tank en la acepción actual del término.

Sin embargo, el concepto de Think Tank es el resultado de una vieja idea expuesta años atrás por Francis Bacon.4 Fue retomada en algunos países anglosajones, por unidades selectas de profesionales de alta calidad, agrupados en islas de excelencia, con el propósito de pro-ducir contribuciones cardinales –nuevos tipos

4 Nueva Atlántida Editorial Mondadori, 1985.

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de conocimiento, novedosas metodologías, for-mas modernas de cogestión, etcétera–, accio-nes éstas importantes como apoyo para el de-sarrollo de un país.

A manera de contribución para la creación y desarrollo de estos centros en nuestros países, conviene traer a cuento el artículo de Yehezkel Dror5 en donde se promueve la necesidad de estos Think Tanks, como apoyo en cada una de las etapas del proceso integral (ciclo de vida) de las políticas públicas: formación, formulación, implementación (puesta en marcha), evaluación, análisis y reestructuración (Salazar, 1995).

Sin embargo, el concepto de Think Tank, también ha sido utilizado en un contexto mucho más amplio. Tiene que ver con la investigación y el diseño de pautas y directrices de pensamien-to que favorezcan ciertos sectores. En este sen-tido, no corresponden sólo a las unidades esta-blecidas para el análisis de políticas públicas, en donde se busca –básicamente- apoyar las es-tructuras y procesos que conforman la adminis-tración pública. El concepto también cobija a los institutos de estudios avanzados dedicados princi-palmente a la producción de conocimiento puro.

Precisamente, a comienzos de la década de los noventa cuando se comenzó a especular en 5 “Required breakthroughs in think tanks” en Policy sciences. Amsterdam, vol. 16 Nº 3 (1983). Este conocido catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén fue también quien propuso en 1967 la creación de la carrera profesional de “analista de políticas públicas”.

América Latina acerca de los Think Tanks, sus alcances y límites, sus características y requeri-mientos mínimos necesarios, factores tales como su proliferación en otros continentes y la misma novedad del tema en países como el nuestro, fueron un verdadero caldo de cultivo para que algunos irresponsablemente los pre-sentaran al mundo entero como novedosa idea descubierta por seudo-intelectuales colombia-nos. Fue así como estos institutos se presenta-ron, ni más ni menos, como un novedoso reme-dio contra todos los males físicos y morales: la panacea que buscaban los griegos.

Con el fin de contribuir a contrarrestar esta perjudicial, mal intencionada –y hasta peligro-sa— corriente, en 1993, el autor fue invitado por el diario La República a escribir un artículo espe-cial, que bajo el título “Depósitos de ideas y po-líticas públicas”, se publicó en la sección Análi-sis Económico6 de ese diario. Este documento, cuya copia circuló por academias y centros de educación superior, tuvo como mérito principal el hecho de brindar las bases mínimas necesa-rias para desmitificar este concepto. Dado lo su-gerente que en ese entonces resultaba poner el tema sobre el tapete y debido al valor de dicho artículo como exploración de una propuesta efectiva, es útil traer aquí el texto completo de aquellas líneas:

“Uno de los actuales retos de los países lati-noamericanos es la búsqueda de cooperación y apoyo mutuo entre todos los estamentos de la sociedad. Esta estrategia de desarrollo ha sido exitosamente experimentada en otras partes del mundo, por países que indudablemente han lo-grado un alto desarrollo, tal es el caso reciente de Japón y Corea, de algunos países europeos, como Alemania y anteriormente Inglaterra y los Estados Unidos. Específicamente, la colabora-ción entre la academia, el sector productivo y el Estado es una labor a todas luces prioritaria. Para lo anterior se ha propuesto como alternati-va novedosa la creación de los llamados “depó-sitos de ideas”.6 La República, sábado 10 de julio de 1993, sección Análisis Económico: “Depósitos de ideas y políticas públicas

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Este concepto es el resultado de una vieja idea expuesta años atrás por Francia Bacon. 7 Fue retomado en algunos de los países anglo-sajones por unidades selectas de profesionales de alta calidad, agrupados en islas de excelen-cia, con el propósito de producir contribuciones cardinales –nuevos tipos de conocimiento, no-vedosas metodologías, modernos tipos de co-gestión, etc.– como apoyo importantes a las políticas públicas o estatales.8

A manera de contribución para la creación y desarrollo de estos centros en nuestro país, conviene traer a cuento el artículo de Yehezkel Dror9 en donde se promueve la necesidad de estos “depósitos”, como apoyo a las diferentes etapas que conforman el “proceso integral”10 de las políticas públicas.

El concepto de Think Tank también tiene que ver con la investigación y el diseño de pautas y directrices de pensamientos que favorezcan ciertos sectores. En este sentido, difieren de las unidades establecidas para el “análisis de políti-cas públicas” en donde se busca –básicamen-te– el mejoramiento de las decisiones políticas y la racionalización de las estructuras y procesos que conforman la administración pública. Esta figura es también distinta a los “institutos de es-tudios avanzados” dedicados principalmente a la producción de conocimiento puro.

Los Think Tanks, según Dror, deben llenar dos condiciones:1. tener por lo menos 25 profesionales de

tiempo completo y2. no estar afiliado a ningún partido político.

7 Nueva Atlántida, Editorial Mondadori, 1985.8 Entendidas éstas como “las sucesivas respuestas del Estado frente a situaciones consideradas socialmente como problemáticas”, de acuerdo a la definición propuesta por Salazar-Vargas.9 Required breakthroughs in think tanks en Policy Sciences, Amsterdam, vol. 16 Nº 3 (1983).10 Aunque no existe aún consenso generalizado en torno a las diferentes etapas que conforman el proceso integral se proponen estas siete: • Conformación de la Agenda Gubernamental. • Formulación, gestación, creación o generación. • Formulación.• Puesta en marcha o implementación.• Evaluación (donde estaría incluido el control como elemento inseparable).• Análisis.• La reformulación.

Vale la pena presentar las “recomendacio-nes” sugeridas por el mismo autor para estos “centros de excelencia”:

• El equipo multidisciplinario.• Funcionamiento integrado.• Realizar estudios que en principio no tenga

clientela definida, pero que permitan el desa-rrollo de capacidades nuevas.

• Desarrollo de nuevas metodologías.• Prioridad especial a la efectiva difusión del

trabajo de la organización. • Realizar talleres para sectores formuladores e

implementadores de políticas públicas y para profesionales especializados.

• Evaluación continua y sistemática de activi-dades y realizaciones.

• Cooperación entre distintos “depósitos de ideas”.11

• Todas estas actividades deben integrarse dentro de una estrategia abierta y elástica de desarrollo.

Como se puede observar, es una vieja remo-zada por algunos inquietos con veleidades de “coquetería intelectual”. Lo que queda bien claro es, pues, que para este caso, también son váli-das las palabras de la Escritura de que “Nada hay nuevo bajo el sol”.

Estas premonitorias frases con las que cierra el artículo sirven ahora como preámbulo y justifi-cación para dar inicio a esta reflexión sobre los Think Tanks. La metodología escogida para cumplir con lo propuesto se basa en las leccio-nes, enseñanzas y conocimientos extraídos de la experiencia que nos han legado instituciones de similar o parecida naturaleza y que han tenido éxito a la consecución de sus objetivos. Esta al-ternativa, que pregona básicamente el “proceso

11 Una reunión preliminar sobre el problema demostró que hay interés en compartir en forma sistemática:• Información y publicaciones.• Actividades de los diferentes centros –desde visitas hasta talleres comunes–.• Grupos de trabajo sobre temas de interés común tales como metodología, medio y modos de difusión.• Experiencias mutuas entre los directores de los centros sobre problemas de administración, desarrollo de personal, control de gestión, mercado, marketing, comunicación, etc.

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de copiar de los mejores” se conoce en el ámbito académico con el nombre de benchmarking.

Y es que la aplicación de esta metodología permitió la clasificación, estructuración, revisión y análisis de una importante, novedosa y útil in-formación que el autor ha venido recolectando desde tiempo atrás sobre el tema, concreta-mente dentro de sus funciones como Institutos de Políticas Públicas. El propósito final es con-creto y específico: ofrecer a los lectores algunas de las principales características de los Think Tanks más exitosos en diferentes campos de ac-tividad. Mediante un cuidadoso análisis, se han logrado detectar algunas características, condi-ciones y campos de acción que se repiten en forma casi constante en muchos de los Think Tanks más exitosos. (En el anexo No. 2 se rela-ciona un directorio latinoamericano de Think Tanks).

En primer lugar –luego de introducir y justifi-car el tema- se ofrecen los fundamentos teóri-cos de lo que se entiende por benchmarking. Posteriormente, se relacionan algunas de tales características dentro de este esquema general. Dentro de este marco de referencia se cubrirán temas tales como las relaciones interinstitucio-nales, la ubicación de los institutos de políticas públicas en la sociedad, su utilidad para la for-mación de líderes, la educación en participación ciudadana y democracia, la sociedad en gene-ral, la formulación de políticas públicas, la infor-mación y sensibilización ciudadana, el Congreso de la República, la empresa privada, los medios de comunicación masiva, entre otros; el análisis efectivo de políticas públicas por estos institu-tos, los métodos para transformar la información en “recurso práctico” accesible a los gobernan-tes, la procedencia de las fuentes de financia-ción que alimentan a los Think Tanks, y su rela-ción con la academia.

Estos temas, integrados en un todo, son un valioso aporte para cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas que -en últimas- es una de las principales funciones

que deben liderar tales institutos. Se espera que este aporte sea un verdadero llamado para que se creen más organizaciones de esta natu-raleza que cubran muchos y variados campos de la actividad política, económica y social de nuestro país.

El “Benchmarking” como metodología para estudiar los Think Tanks

Una de las pocas ventajas de los países en vías de desarrollo es precisamente el hecho de tener la posibilidad de no incurrir en los mismos errores que cometieron los países desarrolla-dos. Aquellos han tenido la oportunidad de aprender de los errores de éstos. Sin embargo, no es sólo posible aprender de los errores, una estrategia mucho más efectiva es aprender de los éxitos de otros. Precisamente este plantea-miento es el que propone el benchmarking: pre-gona la conveniencia de aprender de los mejo-res, de tal manera que la formación colectiva, la experiencia y sabiduría de otros puedan ser uti-lizados por quienes deseen mejorar su desem-peño.

Por lo tanto, este anglicismo se ha venido uti-lizando para referirse al proceso de identificar, comparar y estudiar los mejores con el fin de aprender de ellos.

Hay quienes aseguran, (Boxwell, 2005), que el benchmarking hace referencia a dos cosas: al hecho de proponerse metas, en términos cuan-tificables, utilizando normas externas y objetivas y, en segundo lugar, aprender y conocer las cualidades que tienen las organizaciones exito-sas para lograr buenos resultados (el cómo, en términos de cualificación).

En estos términos, la tarea demanda todo un proceso que lleve desde la identificación de las necesidades a las que se busca respuesta –a través del benchmarking– hasta la evaluación y el rediseño de las estrategias tendientes a mejo-rar los logros que se hayan obtenido. Proceso que, a manera de ejemplo, ilustra la gráfica si-guiente:

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Figura 1Benchmarking para competir con ventaja

Fuente: El proceso de benchmarking Camp, Robert, Benchmarking The search for best practices. Quality Press, Milwaukee, 2006).

Planificación 1 Identifique en que se va hacer benchmarking

2 Identifique compañías comparables

3 Determine métodos de recoger datos y recoja los datos

Análisis 4 Determine la actual brecha en la actuación

5 Proyecte futuros niveles de actuación

Integración 6 Comunique las conclusiones del benchmarking y obtenga su aceptación

7 Establezca las metas funcionales

Acción 8 Desarrolle planes de acción

9 Ponga en práctica acciones específicas y supervise los resultados

10 Vuelva a fijar los Hitos del benchmarking

Madurez Posición de liderazgo alcanzada

Prácticas completamente integradas en los procesos

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• Determine qué actividades importantes de su organización son aquellas cuya mejora per-mitiría ganar más mediante el benchmarking.

• Determine los factores clave o piloto de estas actividades orientadas al valor.

• Identifique a las organizaciones con prácticas más avanzadas en estas actividades orienta-das al valor. Estas prácticas avanzadas pue-den encontrarse en los competidores, en empresas de sectores distintos o en cual-quier organización que realice extremada-mente bien las actividades de valor. Las or-ganizaciones con prácticas más avanzadas son las que realizan actividades más orientadas a buscar valor, a escudriñar los costos más ba-jos o encontrar el grado de valor más elevado para los clientes, lo que sea más apropiado en las circunstancias específicas.

• Mida las prácticas más avanzadas en térmi-nos que le permitan, no sólo cuantificar las prestaciones, sino también comprender por qué y cómo consiguen tales resultados.

• Mida su propia actuación y compárela con la mejor. Probablemente habrá medido su pro-pia prestación antes de medir de las otras empresas que está estudiando. Pero puede encontrarse con que necesita medir la actua-ción propia otra vez, porque los mejores mi-den sus propias prestaciones utilizando dife-rentes medidas.

• Desarrolle planes para igualar y superar las prácticas más avanzadas o para consolidar su liderazgo, según el caso.

• Obtenga el compromiso en los diferentes ni-veles de la organización que están involucra-dos en el plan, lo que resulta más fácil con las pruebas suministradas con un estudio serio de benchmarking.

• La figura muestra el proceso simple de ben-chmarking que puede ser utilizado de acuer-do con las necesidades, intereses y recursos de cada Think Tank.A continuación se entrará a considerar en de-

talle los que se han perfilado como elementos principales para que la academia, el gobierno, el

sector privado, la comunidad toda, aúnen es-fuerzos en torno a estas novedosas iniciativas como alternativas viables y útiles para lograr el país que todos anhelamos.

Nociones, Definiciones y Conceptos sobre los Think Tanks La dificultad para definir los Think Tanks provie-ne de la diversidad de objetivos que persiguen. La mayoría son entidades independientes y sin ánimo de lucro que tratan de generar soluciones concretas a problemas públicos. Otros tienen motivaciones políticas e ideológicas, conocidos como los Think Tanks de partido. También los hay que tienen un carácter más académico.

En términos generales, un Think Tank es una institución formada por intelectuales y expertos en diversas materias que tratan de inspirar polí-ticas públicas a través de sus estudios e iniciati-vas. Aunque algunos se limitan a investigar, en principio la mayoría trata de crear y difundir ideas para provocar un cambio en la acción política.

El término Think Tank sigue siendo aún nove-doso en la mayoría de los países de América Latina. En principio, son organizaciones ubica-das en el amplio y heterogéneo mapa del “tercer sector”: ni en el mercado ni en el Estado. Así, por lo general, son instituciones independientes, no gubernamentales, sin ánimo de lucro y en la que -en líneas generales- se estudian temas con el fin de hacer llegar sus conclusiones a quienes toman decisiones.

Hay algunos más académicos y por consi-guiente menos vinculados con los actores políti-cos, en tanto que otros -cuya misión es la imple-mentación de políticas públicas- se dedican me-nos a investigar, tomando los trabajos realizados por otras organizaciones para implementar pro-yectos y políticas públicas especialmente en go-biernos subnacionales o departamentales. Hay también instituciones que directamente no in-vestigan y se ocupan de empujar temas claves, hacia la agenda de políticas públicas (advocacy institutions).

También se entienden como Think Tank, las

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instituciones investigadoras u otro tipo de orga-nizaciones que ofrecen consejos e ideas sobre asuntos de política, comercio e intereses milita-res. Algunos están relacionados con laborato-rios militares, empresas privadas, instituciones académicas o de otro tipo y normalmente se trata de organizaciones en las que trabajan va-rios teóricos e intelectuales, multidisciplinarios, que elaboran análisis o recomendaciones de políticas públicas. Tiene estatus legal como ins-titución privada (normalmente en forma de fun-dación no comercial) y defienden diversas ideas. Sus trabajos tienen habitualmente un peso im-portante en la política, las políticas públicas, la actividad social, comercial, medioambiental y tecnológica.

A pesar de no existir un consenso en torno a la idea, características y propiedades de los Think Tanks, se ofrecerán algunas de las defini-ciones más comúnmente aceptadas. Valdría la pena además, confrontar si estas organizacio-nes que en otros países han cumplido un indu-dable papel de refuerzo de la democracia, se pueden copiar o si es necesario adaptarlas –y en qué forma- con el fin de que sean verdadera-mente útiles para la solución de los graves, es-tructurales y sobre todo peculiares problemas de nuestro medio latinoamericano en general y colombiano en particular.• “Son grupos de profesionales organizados pri-

vadamente o bajo auspicios gubernamentales, dedicados a la investigación -en todas las dis-ciplinas- y que comunican sus conclusiones al público en general o a un público específico”. (Reforma Económica Hoy, Nº 3, 1996).

• “Son instituciones que realizan una actividad cognoscitiva relacionada con el proceso inte-gral de políticas públicas” (Reforma Económi-ca Hoy, Nº 3, 1996).

• “Islas de excelencia que emplean permanen-temente el pensamiento científico interdisci-plinario, para procurar mejorar de manera sustantiva la política pública y construir un puente entre el conocimiento y el poder” (Ye-hezkel Dror, 1993).

• “Son verdaderos y efectivos intermediarios entre el “conocimiento” y el “poder”. (Patriack Dunleavy: LSE: London School of Economics and Politicasl Science, en la celebración de su primer Centenario, 1996).

• “Son centros de pensamiento, conformados por personas de vuelo intelectual, que com-porten una fe común en la democracia plura-lista y en la economía de mercado y que están interesadas en debatir ideas, hacer estudios o investigaciones sobre aspectos de política pública. Difunden además, sus ideas por me-dio de revistas, folletos y libros y hacen pro-nunciamientos sobre temas de actualidad en este campo”. (Trulluck, Phillip N. “Los institu-tos de políticas públicas como propulsores del cambio” en Revista Ciencia Política, Nº 45, primer trimestre de 1997.)

• McGann los define como “organizaciones de investigación, análisis e implementación de políticas públicas que generan investigacio-nes, análisis y recomendaciones en temas nacionales e internacionales para facilitar a los actores políticos y a la sociedad en gene-ral, tomar decisiones de manera informada sobre temas de políticas públicas”.

• Para la Universidad de Filadelfia, “son “organi-zaciones de investigación, análisis e imple-mentación de políticas públicas” y producto-ras de materiales que permiten a las socieda-des estar más y mejor informadas, a la hora de tomar decisiones”.

• Darío Abad Arango concebía a los Think Tanks como “un grupo de personas que se dedicaban al estudio y análisis de casos en específico, generaban conocimiento relevan-te desde un punto de vista analítico y -a su vez- proveían mediación de terceros entre las partes en conflicto. Normalmente en estas or-ganizaciones trabajan varios teóricos e inte-lectuales multidisciplinares que elaboran aná-lisis o recomendaciones de política pública”.

En conclusión, los Think Tanks son, depen-diendo de su financiamiento, institutos privados

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o estatales, de investigación de las ciencias so-ciales y de análisis de políticas públicas donde trabaja un grupo de especialistas y varios cola-boradores y los que se integran a los grupos de trabajo, grupos de reflexión, talleres, seminarios, grupos focales, etc.

Recorrido y evolución histórica de los Think Tanks“En la evolución de la Política Pública de los países latinoamericanos, los “Think Tanks” han tenido una influencia decisiva en la conservación y reformulación de la tradición convencional y en marcar nuevos cursos de acción política para las cuestiones estratégicas claves”.Christopher Ruddy, Chirman and CEO: NewsMax A partir de los años 1980 comienza a aparecer en la mayor parte de los países occidentales un nuevo tipo de organización creada a imagen de los modelos norteamericano e inglés. Estas agrupaciones, surgidas en el seno de la socie-dad civil, elaboran un tipo de conocimiento práctico orientado y enfocado a definir o influir sobre las políticas públicas del Estado. No se trata de un conocimiento teórico propio de la academia y de las universidades, sino de un tipo de subproducto experto dirigido a quienes toman las decisiones y cuyo objetivo es su apli-cabilidad en el terreno práctico. Las temáticas de trabajo de estas agrupaciones son variadas, pero siempre relacionadas con asuntos públi-cos de alta repercusión social y o mediática, como por ejemplo: educación, salud, pensio-nes, vivienda, delincuencia, energía, privatiza-ciones, planificación urbana, defensa, cultura. Estas organizaciones también han asumido la discusión y en algunos casos la protección de los denominados temas “valóricos”: divorcio, eutanasia, derechos sexuales, contracepción, interrupción del embarazo, prevención del

SIDA, etc. A lo anterior se suma el desarrollo y aplicación de una herramienta clave de influen-cia política y se trata de los estudios de opinión pública (encuestas) que regularmente están di-rigidas hacia los poderes públicos y los medios de comunicación.

En América Latina los Think Tanks han co-menzado a aparecer, pero su capacidad de in-fluencia -en cada una de las etapas del proceso integral de políticas públicas- todavía está muy lejos de la alcanzada por las instituciones esta-dounidenses, anglosajonas y europeas. En los últimos años, sin embargo, se ha registrado un intenso desarrollo de organizaciones indepen-dientes creadas bajo el mismo espíritu de los Think Tanks, algunos muy influyentes no vincula-dos a partidos políticos y otros vinculados a ellos. En Latinoamérica, se abrieron algunos ins-titutos durante la década de los ochenta, pero con una relativa fuerza en los noventa, muchos siguiendo el modelo planteado por uno de sus precursores en Inglaterra: Sir Antony Fisher.

Cerca de cien años después del estableci-miento de los primeros institutos de investiga-ción económica y social (Russell Sage Founda-tion, National Bureau of Economic Research, Brookings Institution), el afán de algunos filántro-pos, economistas y políticos se ha transmitido a la mayoría de los países. A pesar de que no exis-ten cifras oficiales, estos centros han tenido un desarrollo y grado de influencia en la sociedad contemporánea impresionante y solo en EE.UU. existen cerca de dos mil organizaciones dedica-das al análisis de políticas públicas y aproxima-damente otras dos mil 500 instituciones simila-res del resto del mundo. Su tamaño y financia-mientos son variables y fluctúan, por ejemplo, en el caso de la Corporación RAND, cuenta con más de mil empleados y un presupuesto anual de más de 100 millones de dólares, mientras que un taller de política más modesto, como es el Institute for Policy Studies de Washington, cuenta con menos de dos docenas de emplea-dos y un presupuesto que oscila entre uno y dos millones de dólares.

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A partir del año 2000 se ha visto un nuevo surgimiento de varias de estas organizaciones, las cuales –muchas veces– sirven de platafor-mas políticas personales que escapan al tradi-cional control partidario, forman parte de los nuevos integrantes que se suman a los Think Tanks tradicionales. Varios autores reconocen tres generaciones: (1) La primera generación corresponde a los

surgidos a principios del siglo XX, en los que se puede ver una fuerte orientación acadé-mica y de investigación. Considerados ver-daderos institutos de investigación política y que son caracterizados como “universida-des sin estudiantes”, sus investigaciones eran de largo plazo, buscando formar una élite de opinión. No obstante, no tenían una identificación política, ya que se buscaba preservar la independencia de la organiza-ción. En general, la mayor parte de los Think Tanks surgidos en esta etapa están dedica-dos al estudio de la política doméstica y a la política internacional, pudiendo mencionar-se a Brookings Institution, como el más re-presentativo de esta generación.

(2) La segunda generación de Think Tanks surge a partir de la Segunda Guerra Mundial, ante la demanda de asesoramiento del gobierno de los Estados Unidos en política exterior frente al nuevo escenario que planteaba la Guerra Fría. A este grupo pertenecen los denominados “institutos de investigación contratados por el gobierno”, cuyo trabajo pasaba más por la elaboración de informes para los organismos de gobierno que por la producción de bibliografía especializada e investigaciones académicas. A este grupo pertenece la RAND Corporation, según al-gunos, pionera en el modelo de Think Tanks.

(3) La tercera generación, a partir de 1970, es a la que pertenecen los advocacy Think Tanks, caracterizados por buscar influir en los de-bates políticos, lo que explica que en ellos se combinaran la definición de una posición política o ideológica con estrategias de mar-

keting, así como una fuerte relación con los medios y la opinión pública. Sus investiga-ciones son más cortas que aquellas de los Think Tanks de la primera generación, por lo general revisan, reformulan y modifican in-vestigaciones existentes. Un ejemplo de las organizaciones que integran este grupo es la Heritage Foundation.

Los primeros Think Tanks fueron independientes de los partidos. El ejemplo más típico de este formato fue la Corporación RAND, que comenzó a actuar en EEUU a fines de la década de 1940. Con el paso del tiempo, la relación entre estas organizaciones y los partidos se ha ido diversifi-cando. Algunos, mantienen la tradición primige-nia de neutralidad. Otros, han sido creados por los partidos políticos con la finalidad expresa de proveerlos de insumos técnicos, programáticos e ideológicos. Entre estos dos polos, existe una amplia variedad de esquemas.

Durante la mayor parte del siglo XX, los Think Tanks independientes que realizaban investiga-ciones y ofrecían asesoramiento sobre política pública eran un fenómeno organizacional que se encontraba primordialmente en Estados Unidos, con una cantidad mucho menor en Canadá y Europa Occidental. Aunque en Japón hubo du-rante algún tiempo centros de investigación y análisis, éstos generalmente carecían de inde-pendencia al mantener vínculos estrechos con ministerios o corporaciones gubernamentales. En el mundo ha habido una verdadera prolifera-ción de centros de investigación y análisis que comenzó en la década de los 80 como resultado de las fuerzas de la mundialización, el fin de la Guerra Fría y el surgimiento de problemas trans-nacionales. Dos terceras partes de todos los centros de investigación y análisis que existen hoy se establecieron luego de 1970 y más de la mitad a partir de 1980.

En cuanto a regiones y según un estudio del Foreign Policy Research Institute (FPRI) de Fila-delfia, actualmente hay cinco mil 80 Think Tanks repartidos por todo el mundo. Dos de cada

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cinco están en Norteamérica (mil 924); casi un cuarto en Europa Occidental (mil 198); 601 son de Asia; 483 de Europa del Este; 408 de Améri-ca Latina; hay 274 en África, y 192 en Oriente Medio.

De estos 408 (8.03%) que se encuentran en América Latina, Argentina tiene 100, ocupa el octavo lugar a nivel mundial y el primer puesto de la región, seguida por Brasil, con 38; Chile con 30, información que contrasta diametral-mente con la presentada en el Anexo No. 2 de este escrito.

Razones y causas del crecimiento y desarrollo de los Think Tanks “Los creadores y hacedores de políticas (policy makers) recurren cada vez más a organizaciones independientes de investigación de política pública, conocidas comúnmente como Think Tanks, para obtener información y análisis oportuno, comprensible, confiable, accesible y útil. El reto del nuevo milenio, es aprovechar la vasta acumulación de conocimiento, información y energía asociativa que existe en estas organizacionesen todas las regiones del mundo”. James G. McGann.

Aquello que la izquierda liberal norteamerica-na consiguió ganar en el ámbito de la cultura y del mundo académico durante los años 60’ y 70’, no logró ser traspasado a la política, donde los conservadores sí comprendieron el papel de la llamada “guerra cultural”, creando –como res-puesta- estos laboratorios de difusión de ideas. Según Stenfacic y Delgado, el éxito de la contra-rrevolución cultural conservadora de los años 1980 se habría debido a los siguientes factores:

• Concentración en un pequeño número de ideas centrales con objetivos claros, unidas las unas a las otras de manera progresiva y

encadenada (a diferencia de la dispersión de los temas de otras corrientes).

• Coherencia ideológica de las temáticas abor-dadas, reforzadas con planeación estratégica basada en series de pequeñas victorias, pun-tuales y progresivas en el largo plazo.

• Más que confiar en la fuerza propia y lógica de las ideas, es necesario un trabajo coordi-nado e integral de persuasión.

• Tener acceso fluido a financiamiento y una fuerte determinación por obtenerlo de fuentes con afinidad ideológica dentro de sectores empresariales.

• Un enfoque efectivo y un uso intensivo de los medios masivos de comunicación masivos (radio, televisión, periódicos, Internet).

• Contar con una mejor gestión de “cerebros”, financiándolos desde sus primeros estudios hasta su instalación en estas entidades o en puestos de responsabilidad política (tutelaje). Generalmente se despliega un enorme esfuer-zo en el reclutamiento de jóvenes “promesas”.

Con respecto al escaso número en América La-tina, cabe la pregunta ¿por qué? La respuesta involucra aspectos relacionados con la forma como se organiza la academia en varios países de América Latina y con la añeja relación de mu-tua desconfianza entre la universidad pública y el gobierno. También puede ser porque los Think Tanks de América Latina no invierten en campa-ñas de marketing para posicionarse internacio-nalmente. Otro factor, es el escaso valor que tra-dicionalmente le han dado los funcionarios públi-cos al conocimiento, sobre todo al de ciencias sociales, lo cual se hace patente en los exiguos presupuestos públicos que se asignan a la in-vestigación que se desarrolla en esta área. Por-que, como lo muestra la experiencia en Estados Unidos, la proliferación y la influencia de los Think Tanks no habría sido posible de no haber habido dinero suficiente para darles vida, proyección y abrigo.

Es de esperar que a media que la política se abra al debate público, los Think Tanks cobren

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importancia para los políticos y los investigado-res en ciencias sociales reciban invitaciones o tengan la propia iniciativa de formarlos. Sin duda, los tiempos ameritan que en todos y cada uno de los países de Latinoamérica se establez-can varios de estos grupos que reflexionen, inci-dan y se posicionen en las políticas públicas nacionales e internacionales y la universidad, cuando menos la de carácter público, no puede hacerse a un lado de esta exigencia. El reto es que efectivamente se otorgue prioridad al inte-rés público y el conocimiento que se genere y gestione no sea puesto únicamente al servicio de unos pocos y hasta mezquinos intereses privados.

Características distintivas, propias y particulares de los Think Tanks “Entre las muchas influencias que afectan la formulación de la Política Pública en los países desarrollados, la función de los Think Ttanks se cuenta entre las más importantes y menos apreciadas”. Patrick Dunleavy Departamento de Gobierno London Schoolof Economics and Political Science. LSE

Los hay de varios tipos y colores. Están los pu-ramente económicos, hay muchos de corte po-lítico, están los más académicos y los que tie-nen un aire a “consultora económica”. Con el proceso de institucionalización primero y de re-forma del Estado después, la demanda por in-vestigación, consultoría e ideas sobre políticas públicas aumentó fuertemente. Pero falta infor-mación sobre los matices que separan a unos de otros en aspectos de: cómo se financian, qué demandas satisfacen, a qué objetivos apuntan. Lo cierto es que el mapa de Think Tanks se ha expandido en América Latina y a esta altura no resulta sencillo detectar a qué se dedica cada uno y en definitiva, es complicado discernir qué diferencia a uno de otro.

Como no todos los Think Tanks presentan la misma dimensión, tamaño, presupuestos, finali-dades, alcances… etc., resulta difícil distinguir a un verdadero Think Tank del que no lo es. En los últimos años, conforme el término se ha puesto de moda, muchas entidades del ámbito de la política y la economía se han llamado Think Tanks. Aunque todavía no existe pleno acuerdo entre la comunidad científica sobre la naturaleza de un Think Tank, sí pueden apuntarse algunas características: 1. los Think Tanks centran sus actividades en la

investigación sobre cuestiones económicas y de políticas públicas, con el objeto de ayu-dar a que los asuntos públicos se gobiernen de la forma más eficaz posible.

2. Muchos tratan de mantener una cierta inde-pendencia orgánica e ideológica, compatible con la adscripción a una determinada co-rriente o grupo social.

3. Existe una clara excepción, los denominados Think Tanks de partido, entidades que sumi-nistran ideas y programas a los partidos polí-ticos y sirven de escuelas de formación de futuros gobernantes y sus cuadros directivos.

4. Una gran mayoría y sus respectivos promoto-res, defienden un espíritu de independencia,

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hasta el punto de que con ella se ha preten-dido distinguir a un Think Tank de los grupos de presión, que tanto han crecido en los úl-timos tiempos al abrigo de las estrategias de relaciones públicas.

5. Algunos suponen que los Think Tanks son establecidos con el propósito de servir al in-terés general, por encima incluso de sus afi-nidades ideológicas y de la dependencia de ciertos grupos.

6. Otra característica es que los Think Tanks son centros de investigación que intentan servir de puente entre la comunidad acadé-mica y la administración pública.

7. Desarrollan una investigación operativa a medio camino entre el trabajo de fondo y a largo plazo de la universidad y la gestión del día a día de los poderes públicos; ponen en contacto los resultados de la investigación con las necesidades de las políticas públi-cas. Es decir, se han convertido en los me-diadores del mercado de las ideas políticas.

8. Otro punto importante es la cuestión de su función o rol al interior de una sociedad de-mocrática. Como se ve, su influencia es ma-yor en la medida de que los partidos políti-cos tengan un menor anclaje ideológico y se encuentren en un espacio de competencia de ideas.

9. Mientras más fuerte sea la lógica de mercado

en el ámbito del debate sobre lo público, mayor influencia tendrán estas organizacio-nes. El caso de la sociedad estadounidense es paradigmático en este sentido, represen-tando –al mismo tiempo– el ejemplo más an-tiguo de esta tendencia.

10. Se encuentran Think Tanks muy similares en los que varían algunos matices, pero la fun-ción principal que cumplen estas institucio-nes es la generación de ideas.

11. Hay dificultad para diferenciar los Think Tanks de otras instituciones como las ONG´s o incluso las empresas de consultoría. Si bien una frontera exacta resulta práctica-mente imposible de establecer, se puede decir –a grosso modo– que la principal dife-rencia con las ONG´s es que estas últimas prefieren la acción directa respecto de deter-minadas problemáticas sociales, mientras que los Think Tanks suelen priorizar los estu-dios destinados a influir en la creación de políticas públicas. Raramente actúan en el terreno, pues su objetivo es orientar el deba-te público y hacer que sus ideas prevalezcan al nivel de la decisión política. Ello no excluye que ciertas ONG también elaboren estudios cuyo objetivo sea la creación o la modifica-ción de determinadas políticas públicas, pero esta característica no constituye una condición necesaria para su existencia,

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como sí ocurre con los Think Tanks. Res-pecto de las empresas consultoras, la di-ferenciación resulta más obvia, pues éstas buscan beneficios económicos di-rectos y generalmente trabajan sobre la base de contratos. Su objetivo primordial no es el “bien público”, sino la eficacia y la rentabilidad.

12. Los Think Tanks tienen una profunda voca-ción por incidir en las políticas públicas que los distingue de las universidades y de los centros de investigación convencionales.

13. Los Think Tanks funcionan con la idea de una “democracia de mercado”, aunque operan con métodos tomados del mundo académico, los cuales combinan con tácti-cas propias de la comunicación publicitaria.

14. Si bien los Think Tanks se definen como or-ganizaciones sin fines de lucro, no trabajan sobre la base de un voluntariado, como sí ocurre con muchas entidades surgidas a partir de movimientos sociales.

15. Los Think Tanks tienen profesionales con-tratados para “pensar” las políticas públi-cas e influir en el proceso de toma de deci-siones, lo cual implica un costo económico no menor.

16. Los Think Tanks buscan influir en la toma de decisiones o intentar guiar el debate público y sus propuestas apuntan hacia cambios

estructurales del modelo “democracia-mer-cado”. En este sentido, difícilmente se las puede definir como funcionales al mismo, sobre todo cuando participan de lo que se conoce como un “mercado de ideas”.

17. Es innegable la importancia de la comuni-cación y, en especial, de las estrategias de relaciones públicas y marketing en la activi-dad de los Think Tanks. Y es que al ser or-ganizaciones de carácter eminentemente político y como su máximo objetivo es me-jorar el proceso y contenido de las políticas públicas, su trabajo se dirige a estudiar los problemas sociales para proponer solucio-nes políticas.

18. El producto principal de los Think Tanks se centra en el análisis de las situaciones exis-tentes y en el asesoramiento a cualquier per-sona –física y jurídica– u organismo público mediante la producción de una numerosa documentación plasmada en informes, ex-pedientes y libros. Tienen un interés especial en comunicar el resultado de sus trabajos a todos aquellos individuos que están involu-crados y que participan en la elaboración de las políticas públicas.

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REFLEXIÓN

EN TO

RNO

A...

El político con visión de Estado y vocación hu-manista, rechaza la oferta de quienes conside-ran como independientes, e incluso incompati-bles, los ámbitos ético y político proclamando, por tanto, la amoralidad de la política. “La moral es un árbol que da moras”, decía un famoso go-bernador priísta. Por el contrario, el verdadero político, el que es capaz de dignificar una de las tareas más nobles a las que un ser humano se puede dedicar, para ostentar con legitimidad el poder que sus conciudadanos le confían, tiene que adoptar una actitud moral.

Sin embargo, “Toda acción éticamente sus-tentada –nos enseña Max Weber– puede ajus-tarse a dos máximas… Puede orientarse con-forme a la ética de la intención, o conforme a la ética de la responsabilidad”1. De la ética de la intención tenemos sobrados ejemplos; uno de los más notables, quizás, es el de la “renovación moral de la sociedad”, proclamada por Miguel de la Madrid como insignia de su sexenio, pero que se quedó, como bien dice Weber, en el pa-raíso de las intenciones y, lo que es aún peor desembocó, por irresponsabilidad moral, en su antítesis: en una corrupción galopante.

Esto no quiere decir que debamos prescindir

1 1. Max Weber, Le Métier et la Vocation d´Homme Politique,(El quehacer y la vocación del hombre político) PUF, Paris, 1966, p. 163. N. B. El subrayado es del autor.

de la ética de la intención, siempre y cuando se vea acompañada, o mejor dicho complementa-da y cumplimentada, por la de la responsabili-dad. En realidad, pienso que entre ellas existe siempre una especie de tensión. El bien común ideal, que es la máxima ética de la política, se encuentra en lo más alto. Ese es el mundo de los principios éticos, de los valores y de las in-tenciones. A esto le llamo (a diferencia de We-ber) la ética de la convicción. El otro mundo, el de la realidad, el de la vida cotidiana, debe ser regido por la ética de la responsabilidad. Este es el ám-bito que muchos autores han denominado como la “real politik”, la cual incluye lo que ya Santo To-más (Sobre el Gobierno de los Príncipes) expre-saba como la inevitable elección, cuando no exis-te otra opción moral, del mal menor.

Entre estos dos mundos, el de la convicción y el de la responsabilidad, existe una especie de resorte. Las decisiones éticas se encuentran siempre entre los dos extremos. En tratándose de la política, las exigencias del bien común no siempre pueden ser satisfechas a cabalidad, ni responder a los ideales de la convicción. La dé-bil condición humana arrastra, en muchas oca-siones, el resorte hacia abajo. Este es el caso del drama de la violencia que azota a buena par-te de México.

Los ecos de Chapultepec

Salvador Abascal Carranza

A Felipe Calderón Hinojosa, con sincera admiración.

“Porque a la ética […] corresponde determinar qué clase de hombre hay que ser,

para tener derecho a poner la mano en la rueda de la historia.” Max Weber

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REFL

EXIÓ

N E

N TO

RNO

A...

Me he permitido hacer esta disquisición filo-sófica para mostrar cuán difícil es la tarea de go-bernar cuando se tiene convicción ética y res-ponsabilidad moral.

En el diálogo del Castillo de Chapultepec, en-tre el presidente Felipe Calderón y algunas vícti-mas de la violencia, representadas por el Movi-miento por la Paz con Justicia y Dignidad, enca-bezado por el poeta Javier Sicilia, afloraron de manera evidente las dos posiciones: la ética de la intención, representada por el escritor Sicilia (denominada por Max Weber también “ética to-tal”), muy comprensible y atendible, como la comprendió y la atendió el señor presidente; y la ética de la responsabilidad que le corresponde, por vocación e investidura, al presidente Calde-rón. El diálogo hizo aflorar, sin embargo, la parte de responsabilidad que asumieron algunas de las víctimas, como es el caso de Le Barón y el mismo Javier Sicilia. Durante las tres horas que duró el encuentro (originalmente pactado a dos), brilló la buena voluntad y la honestidad de am-bas partes. Hubo sensibilidad por parte del Pre-sidente y receptividad de los representantes del Movimiento.

Una de las claves del impecable desarrollo del encuentro fue la exclusión de las exigencias im-posibles. Se descartaron las voces estridentes y

violentas que en algún momento pidieron a gri-tos la renuncia del presidente Calderón. Tampo-co se puso sobre la mesa la exigencia original de la renuncia del titular de la PGR. La moderación permitió el diálogo. La moderación, la apertura, la prudencia, siempre abren caminos de enten-dimiento. De un plumazo, se hizo desaparecer el fantasma, tan querido por algunos pseudo-ana-listas, del “estado fallido”.

El político que entiende su responsabilidad con la historia, debe apasionarse por una causa a la que se entrega, y servir a esa causa res-ponsablemente. Además, debe conservar la serenidad y la apertura para escuchar atenta-mente a la realidad. Pasión, responsabilidad y mesura conforman, desde el punto de vista de la ética política, la actitud que legitima al gober-nante para dirigir la historia. Eso fue lo que to-dos vimos en el diálogo del Castillo de Chapul-tepec. Vimos a un hombre (el Presidente) sere-no, sensible, pero comprometido con una cau-sa, que no puede ser otra que la causa de México.

Pero lo que nadie ha dicho, y que hubiese destacado aún más esa actitud responsable del Primer Mandatario, consecuente con su firme convicción de combatir a los verdaderos enemi-gos de todos nosotros, son las gravísimas

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REFLEXIÓN

EN TO

RNO

A...

consecuencias de no haber actuado a tiempo, o de no seguir haciéndolo por cálculos de mala política (imagen, seguridad personal, comodi-dad, etc.) o de presión mediática. En lo que a continuación diré, se encuentra quizás uno de los aspectos medulares de lo que podemos lla-mar la salvación de quizás muchas más vidas de las que se han perdido, por la decisión ética del inevitable mal menor. Todos han hablado, hasta la saciedad, de los cuarenta mil muertos. Es cierto que cada uno de ellos cuenta como ser humano único, irrepetible, con su indiscutible dignidad. Es cierto también que cada muerte violenta es una gran tragedia. Cuando Trotsky le reclamó a Lenin las matanzas de rusos y de judíos en los “progroms”, o purgas (inventadas por Lenin pero perfeccionadas por Stalin), Vladimir Ilich Ullianov, alias Lenin, le res-pondió: “Es cierto que la muerte de un hombre es una tragedia, pero la de un millón es una es-tadística.” En tratándose de vidas humanas, las estadísticas no deben ser el referente. Cada vida humana tiene un valor absoluto. Nadie habla, por ejemplo, de los cerca de cincuenta mil abor-tos practicados (según cifras oficiales) en el Dis-trito Federal. Y eso que esas muertes han sido de seres humanos inocentes entre los inocen-tes, lo cual se puede considerar como un holo-causto silencioso.Una vez establecido lo anterior, debemos hacer-nos las preguntas que nadie se ha formulado, aprovechando, en lo que es debido, la estadísti-ca: De las cientos de miles de armas decomisa-

das por las fuerzas armadas; del más de un mi-llón de cartuchos que pudieron haber sido dis-parados contra miles de mexicanos, ¿cuántas vidas se salvaron por la decidida acción del go-bierno? ¿Cuántos asesinos capturados han sido impedidos de seguir matando? ¿A cuántas per-sonas más hubieran matado (inocentes o no) de no estar hoy encarcelados? De las toneladas de droga decomisadas, ¿a cuántos niños y jóvenes se les ha salvado del envilecimiento moral y físi-co que su consumo produce? Por otra parte, es necesario decir que, quienes siguen empeñados en falsificar la realidad para tratar de imponer sus ideas, y que afirman que a pesar del combate al narcotráfico y al crimen or-ganizado no ha disminuido el consumo de la droga en los Estados Unidos, ignoran o preten-den ocultar los datos que al respecto ha dado a conocer la ONU: “Debido a que el consumo de cocaína en Estados Unidos ha tenido una caída drástica en los últimos años, los cárteles de la droga en México están cada vez más débiles, afirmó en un informe Thomas Pietschmann, ex-perto de la Oficina de las Naciones Unidas Con-tra las Drogas y el Delito (ONUUD). Según el ex-perto de la ONU, parte de la violencia que se vive en México se debe a que los cárteles de la droga son más débiles que hace unos años, porque la cantidad de droga que entra a los Es-tados Unidos desde 2006 se ha reducido en 68% desde ese año.” Otra nota de la misma ofi-cina dice: “Cárteles buscan nuevas rutas a E. U. para evitar México.

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RESEÑA R

Como parte de las actividades académicas de la Fundación Rafael Preciado Hernández y su similar alemana, Konrad Adenauer (KAS, por sus siglas en alemán), el pasado 15 de ju-nio se realizó el foro “Deudas de los estados”, en el que par-ticiparon destacados ponen-tes. Aquí una relatoría del en-cuentro. Frank PriessRepresentante de la KAS en MéxicoLa deuda de los estados es un tema de justicia generacional. La forma de gastar del Estado determina con qué deuda se quedan las siguientes genera-ciones. En la actualidad Alema-nia tiene una deuda equivalen-te al 80% de su PIB y es más grande que la de España. La meta que se ha propuesto es no adquirir un monto de deuda mayor a la de su ingreso para 2016, es decir, se pretende al-canzar un balance equilibrado.

TEMA: Los ingresos tributarios en MéxicoDr. José Antonio González Anaya (Subsecretario de Ingresos de la SHCP)• Los objetivos de cualquier

política tributaria son: que sea equitativo, justo, eficien-te, con una base amplia, progresiva y que incentive la inversión.

• Las finanzas públicas tienen una fuerte dependencia con respecto a los ingresos pe-troleros, pero esto tiene fuertes implicaciones dado que el precio del petróleo es volátil y se trata de un recur-so no renovable.

• Tener finanzas públicas sa-nas y fortalecidas ha permi-tido alcanzar niveles históri-cos de inversión en infraes-tructura.

• En términos relativos, la re-caudación es baja. Si se toma en cuenta la Seguri-dad Social, México obtiene la tercera parte respecto a los demás países de la OCDE.

La deuda de los estadosPaulina Lomelí

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RESEÑAR• Se estima que en 2011

los ingresos totales del sec-tor público representarán aproximadamente 21.6% del PIB y en los últimos 10 años han tenido un aumen-to del 16%.

• Al compararse con los in-gresos promedio de los paí-ses de la OCDE, México ob-tiene el 13.6% de su PIB mientras que éstos reciben el 19.3% del PIB en prome-dio. En cuanto a los ingre-sos que perciben los go-biernos locales en México, éstos representan el 0.6%, mientras que los de la OCDE ascienden a 6.3% del PIB.

• Entre las reformas más re-cientes al régimen fiscal está la de 2007, la cual tuvo como finalidad incrementar la recaudación y hace más eficiente al gasto, por medio de la introducción del Im-puesto Empresarial a Tasa Única (IETU), del Impuesto sobre Depósitos (IDE), la simplificación del cálculo del ISR y el establecimiento de la cuota a gasolinas para las entidades federativas. El IETU es un impuesto de control y el establecimiento del IDE ha proporcionado información importante para la fiscalización.

• En 2010, fue necesario ele-var algunos impuestos para subsanar la caída en la pro-ducción de petróleo y los efectos de la crisis. La tasa del IVA se incrementó de 15 a 16%; y en estados de

frontera en donde existe una tasa menor, se elevó de 10 a 11%; asimismo, se ele-vó la tasa del ISR de 28 a 30% y se creó un impuesto especial a las comunicacio-nes de 3%. El cálculo de in-gresos percibidos por estos impuestos fue el siguiente: 30 mmp por el punto por-centual adicional del IVA, 33mmp por el aumento en la tasa del ISR y 7.2 mmp por la creación del IEPS.

• En el 2011 hubo otras mo-dificaciones al sistema fiscal que a continuación se enu-meran: 1).- se autorizó un aumento en la cuota del IEPS al tabaco de 1.2 pesos a 7 pesos por cajetilla, el es-tablecimiento de un IEPS a bebidas energetizantes a 25% y se aprobaron estímu-los fiscales al primer empleo y al teatro.

• En la recaudación del im-puesto predial hay un área de oportunidad dado que mientras en México se re-cauda el 0.2% del PIB, en Estados Unidos se recauda 15 veces más, Bolivia 50% más y Venezuela 4 veces más.

• Ha habido avances impor-tantes a fin de evitar la eva-sión y a elusión fiscales.

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RESEÑA RTEMA: Magnitud y modalidades de la deudaMtro. Alberto Jones Tamayo / Dir. Gral. De Moodys MéxicoNo hay un sobreendeudamien-to de los estados y los niveles de deuda continúan siendo menores a los de otros países. Sin embargo, su estructura de ingresos limita la flexibilidad fi-nanciera.

En general, los créditos es-tán respaldados por transfe-rencias federales.

Un factor de riesgo es que: los pasivos por pensiones ejer-cerán presión en las finanzas estatales porque no están fon-deados.

Las tendencias de financia-miento recientes son: deuda de corto plazo (los estados no están obligados a hacer públi-ca esta información), cadenas productivas, programas públi-cos-privados (no se ven como deuda y sí lo son).

Mejorar las prácticas de ad-ministración y gobierno, así como el publicar información financiera oportuna son los re-tos crediticios para la mayoría de los estados.

TEMA: Capacidad de pagoDr. Juan Pardinas / Dir. Gral. del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)México no tiene problema de deuda a nivel local (estatal) ya que éste representa 2.4% del PIB, mientras que en países como Argentina el monto suma 14.93% del PIB, en Brasil 18.18% y en EEUU 18.03%.

Sin embargo, sí hay estados con retos de endeudamiento como Sonora, Chiapas que tie-nen una deuda que representa más del 4% de su PIB y Nuevo León con la deuda per cápita mayor(6,300 pesos por persona)

La mayor velocidad de en-deudamiento la registran los siguientes estados: Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Chiapas, Nayarit y Coahuila.

El principal problema es la falta de transparencia. Sólo 14 estados han reportado sus egresos por concepto de deu-da de 2009.

El IMCO hizo 33 solicitudes de información sobre deuda a los gobiernos de las entidades y a la CNBV y se obtuvo muy poco.

Las recomendaciones son las siguientes:

Limitar deudas estatales: las nuevas contrataciones de deu-da deben ser menores a mon-tos de inversión en capital, 35% de la nueva deuda debe respaldarse con ingresos pro-pios (impuestos locales), se debe prohibir o restringir la contratación de deuda durante

el último año de gestión y todo compromiso de pago a futuro debe reconocerse como deu-da pública.

Armonización nacional de la rendición de cuentas: incluir la armonización presupuestal en la Ley de Contabilidad Gu-bernamental, homologar pro-cedimientos de auditoría en los 3 órdenes de gobierno y entre auditores internos y externos del gasto público.

Control de gasto de nómina: limitar el gasto en burocracia a un 60% del gasto total (Ley de Responsabilidad Fiscal de Bra-sil), incluir dentro de los decre-tos de presupuesto de los 3 órdenes de gobierno, un tabu-lador de plazas de los servido-res públicos.

Fortalecer la transparencia: Toda la información relaciona-da con deuda pública debe ser pública; los recursos obtenidos por endeudamiento deben quedar en una cuenta banca-ria, cuyo único fin debe ser el financiamiento de proyectos de infraestructura; la Cámara de Diputados debería organizar anualmente una conferencia nacional de infraestructura donde se invite la participación de todos los gobernadores del país.

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RESEÑARTEMA: Una propuestas legislativas del PAN en materia de deuda pública de los estadosLic. Laura Angélica Rojas Hernández / Coordinadora Nacional de Diputados Locales del CEN del PAN

No existe un marco jurídico homogéneo estatal y diversas entidades federativas no cuen-tan con la normatividad ade-cuada que impida a sus go-biernos contraer deudas impa-gables durante su periodo, lle-var sus finanzas a un estado de insolvencia, malversar recursos para fines ajenos a su destino y que la deuda se contraiga por medios diversos a los que el Congreso autoriza.

Ante la evolución en los mercados financieros, el finan-ciamiento público subnacional se encuentra en una fase de desregulación, causando ries-gos latentes a las finanzas lo-cales y nacionales.

Muchas entidades federati-vas han contraído una deuda muy elevada, sin condiciones que garanticen su viabilidad, eficacia y transparencia.

Los grupos Parlamentarios del PAN en el Senado (Sen. Fernando Elizondo B.) y Cáma-ra de Diputados (Dip. Josefina Vázquez Mota y Dip. Mario A. Becerra Pocoroba) ya han pre-sentado iniciativas que preten-den resolver esta problemática en donde se propone: Mejorar las normas que regulan la con-tratación de deuda por entida-des federativas y municipios,

atendiendo a criterios de una administración sana de sus fi-nanzas, a fin de cumplir dos propósitos: 1) Evitar riesgos de incumplimiento y, 2) Asegurar que no se comprometan en ex-ceso ingresos futuros en detri-mento de la población.

Además, se están estudian-do las siguientes propuestas de la SHCP y de la FMEI:1. Definir la participación de

las legislaturas en su apro-bación.

2. Establecer límites de la deuda a corto plazo.

3. Revisar la Ley de Ingresos, evitando se autorice previa-mente por esta vía.

4. Delimitar para qué se pue-de y para qué no se puede usar la inversión pública.

5. Contemplar la posibilidad de emplear garantías bancarias.

6. Transparencia y rendición de cuentas.

7. Licitación para créditos y sus límites.

8. Regular la deuda de las pa-raestatales, autónomas y municipios.

9. Crear un organismo certifi-cador.

El objetivo, es que nuestros gru-pos en las legislaturas locales puedan presentar una iniciativa de ley para garantizar un nivel de deuda pública responsable y efi-caz por parte de los gobiernos locales y municipales, incorpo-rándose reglas básicas a sus constituciones y leyes, de acuer-do a las necesidades de cada entidad federativa.

Bien Común 199

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