Articulos de Horacio Verbitsky sobre la Ley de medios

Horacio Verbistky – Página 12

Señales de humo 27 de septiembre de 2009

Mariano Grondona sostuvo que el Congreso no está autorizado a sancionar ninguna ley de

medios porque el artículo 32 de la Constitución le prohíbe dictar “leyes que restrinjan la

libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. El columnista del diario

La Nación agregó que la libertad de imprenta del siglo XXI se ha convertido hoy, por obvias

razones técnicas, en “la libertad de imprenta y audiovisual”. Con el mismo argumento el

gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anunció que recurriría a la Corte Suprema de

Justicia de la Nación para oponerse, propósito que fundamentaron en el Senado su hermano

Adolfo y en la Cámara de Diputados el ex jefe del gabinete de ministros de la Nación, el

sociólogo Luis Lusquiños. Es por lo menos llamativo que cuatro personas de tanta calificación

intelectual y política incurran en argumentos tan endebles, con desconocimiento del texto

constitucional y de la jurisprudencia del órgano al que le corresponde su interpretación, la

Corte Suprema de Justicia.

La regulación audiovisual

Reformada en 1994, la Constitución Nacional incluyó entre las atribuciones del Congreso

“dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las

obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales” (artículo 75,

inciso 19). Queda claro así que a diferencia de la imprenta, la Constitución sí puso a los

audiovisuales bajo la jurisdicción federal. Por otra parte, ni un artículo de la ley incluye

restricción alguna a la libertad de expresión, ya que no se refiere a los contenidos de la

comunicación audiovisual más que para asegurar la plena vigencia de los tratados y

convenciones sobre derechos humanos que la protegen. Además, antes de Rodríguez Saá otras

provincias discutieron ante la justicia las facultades de organismos como el Comité Federal de

Radiodifusión. En cada caso la Corte Suprema falló en contra de la doctrina Grondona-

Rodríguez Saá. En 2004, con una mayoría aún constituida por Enrique Santiago Petracchi,

Augusto César Belluscio, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez y Juan Carlos Maqueda declaró

inconstitucional una ley de la provincia de Buenos Aires que desconocía la competencia del

COMFER para otorgar licencias y ejercer el poder de policía sobre el servicio de radiodifusión.

La Corte invocó otro inciso del mismo artículo 75 de la Constitución, el 13 (que en el texto

histórico de 1853/60 correspondía al artículo 64, inciso 12), según el cual corresponde al

Congreso “reglar el comercio con las naciones extranjeras, y de las provincias entre sí”. La

Corte agregó que esa facultad regulatoria “incluye a la actividad radiofónica” (C. 1082. XXXV.

“COMFER c/ Buenos Aires s/ inconstitucionalidad”). El mismo año, en un amparo de la

provincia de Río Negro contra el Estado Nacional, la Corte sostuvo que “es competencia

federal la regulación de las telecomunicaciones” (“Río Negro c/ Estado Nacional s/ acción de


amparo”, Fallos 327: 6011, año 2004). En 2006 y ya con su conformación actual, la Corte

concedió por unanimidad una medida cautelar solicitada por el COMFER e intimó a la provincia

de Misiones a no realizar ningún “acto relacionado con la radiodifusión que requiera la

conformidad de la autoridad nacional y no cuente con ella” (C. 1553. XLI. “COMFER c/ Misiones

s/ acción declarativa de inconstitucionalidad”). Es decir que de acuerdo con la ley suprema y

con su interpretación auténtica, el Congreso tiene facultades para dictar leyes en materia

audiovisual y reglamentar los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones.

Subsidiaridad

Esta lectura constitucional desbarata el resto de la argumentación sobre la “cultura estatista”

que alarma a Grondona y que también habría afectado “el derecho de propiedad de los

productores agropecuarios sobre los granos, la leche o la carne, la santidad de los contratos en

el tema del fútbol o los derechos inviolables de los jubilados sobre sus ahorros que violó la

estatización de las AFJP”. Hasta ahora al menos ningún fallo judicial consideró que el cobro de

retenciones al comercio exterior o la administración estatal de los fondos previsionales se

apartaran de la Constitución o violaran derechos adquiridos. En cuanto al fútbol, la

intervención estatal fue posterior a la ruptura de un contrato entre la asociación deportiva

disconforme con los pagos de la empresa comercial. Frente al intervencionismo estatal

Grondona opone “el famoso principio de subsidiaridad en función del cual el Estado debe

intervenir solamente en aquellos casos en que la iniciativa privada prueba ser insuficiente”. La

fama de este principio es discutible. En cualquier caso, forma parte de la doctrina social de la

Iglesia Católica pero no de la constitucionalidad argentina. Ni el texto de 1853/60, ni la

reforma justicialista de 1949, ni las enmiendas de las dictaduras militares de 1957 y 1972, ni la

redacción vigente desde hace quince años contemplan esa proposición formulada en 1931 por

el papa Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, que sentó las bases de un ordenamiento

neocorporativo, cuyas manifestaciones más próximas se dieron en la España de Franco y el

Portugal de Salazar.

La referencia a las retenciones en medio del debate sobre la comunicación audiovisual no es

ociosa. La política concesiva del ex presidente Néstor Kirchner, que prorrogó por diez años

todas las licencias, mutó en la decisión de su sucesora CFK de promover una pluralidad de

voces en la comunicación audiovisual, debido al conflicto con la Mesa de Enlace. A lo largo del

año y medio que lleva de duración, uno de los rasgos más nítidos fue la articulación de las

cámaras patronales con los medios del Grupo Clarín, asociado con el diario La Nación en

Expoagro, la feria agroindustrial en la que se realizan cada año negocios por 300 millones de

dólares. El título “Paro histórico”, con el que Clarín definió en su portada el primero de los

varios lockouts patronales con desabastecimiento de alimentos fue el punto de partida de la

reflexión autocrítica del gobierno sobre su relación con el Grupo. En el primer mes de la pugna

la mandataria reemplazó en el COMFER a un traficante de prebendas y acomodos por un


académico de prestigio, y las alianzas con los manzanos y los hadades por el acercamiento con

la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Esto también se tradujo en el envío al

Congreso del proyecto de despenalización de calumnias e injurias en casos de interés público.

Hipnopedia

En el último número de la revista Coyuntura Económica, que edita la Fundación de

Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), se compara el reclamo de las cámaras patronales con

el cambio de política económica y social producido a partir del golpe de 1955, que distribuyó

los ingresos desde el conjunto de la sociedad hacia el sector exportador primario, amparado

en el triple poder de las armas, la proscripción de las mayorías y el creciente proceso de

“hipnopedia” (en los términos de Aldous Huxley) asociado a la repetición sistemática de

consignas a través de los medios privados de comunicación. Los sectores exportadores

agrícolas e industriales coinciden en la propuesta de un plan similar al redactado por Raúl

Prebisch en 1955. “Bajo las consignas del libre mercado requieren una intervención estatal que

las privilegie imponiendo políticas tales como la devaluación, desregulación del comercio

exterior, reducción de impuestos y progresiva eliminación del sistema de tipos de cambios

múltiples (que se ha establecido en base a la combinación de un tipo de cambio competitivo,

con la vigencia de derechos de exportación y compensaciones)”. Las coincidencias se

extienden a los mecanismos de manipulación informativa. El método para que “los intereses

de las minorías influyentes sean compartidos, incluso en desmedro de sus propios intereses,

por buena parte de la clase media, radica en evadir la discusión en torno a datos objetivos (que

no permitirían justificar las demandas planteadas) e intercambiarlos por argumentos basados

en símbolos, imágenes y creencias; es decir, desviando la discusión desde su sustrato racional

hacia uno emocional, con la colaboración de buena parte de los medios de comunicación”.

Para FIDE, el margen bruto de explotación de la soja duplica al promedio de 2003-2006, que

fue un período de elevada rentabilidad, y supera en 234 por ciento al de comienzos de 2005.

Sólo es inferior al excepcional de marzo de 2008. Esto se debe a la recuperación del precio

internacional de la soja, la caída de los costos de agroquímicos y fertilizantes y el aumento de

los rindes y del tipo de cambio nominal. Con información que provee el propio sector, FIDE

sostiene que la campaña 2009/2010 de soja será una de las mejores de la historia. La

investigación sostiene que un pequeño productor, que posee 150 hectáreas en la zona núcleo

(valuadas entre 4,5 y 5,7 millones de pesos) obtendrá en la campaña 2009-2010 un margen

bruto de 300 mil pesos por una inversión productiva de no más de 123 mil, inmovilizada por

unos pocos meses. Esto implica que una vez pagados los derechos de exportación, su tasa de

rentabilidad bruta será superior al 250 por ciento. Por eso, la opinión dominante no surge de la

hermenéutica de los datos sino más bien de su ocultamiento, de modo que buena parte de la

población adhiere a una posición perjudicial para sus intereses, como bajar los derechos de

exportación a la soja, concluye FIDE.


Recuerdos de VCC

También en la historia de la televisión argentina hay ejemplos interesantes de personas que

adhieren a posiciones que pasan por alto hasta su propia experiencia. Según explica el

presidente de la Asociación de Televisión por Cable, Julio Tapia, en el país existían 1800 cables,

que se fueron reduciendo por sucesivas adquisiciones y fusiones, cada una de las cuales

implicó levantamiento de programas y cesantía de trabajadores hasta llegar a la situación

actual de altísima concentración. El 1 de julio de 1998, el matutino La Nación publicó una

melancólica nota titulada “VCC ya es una señal de humo”. Contaba que “sin mucha

información ni opciones para elegir, sus 670.000 abonados pasarán a los otros dos operadores

de cable”, Cablevisión o Multicanal, que se los repartieron por un acuerdo entre privados con

la atenta subsidiaridad del Estado. Junto con Videocable desaparecieron sus siete señales

propias (Cablín, El canal de la mujer, Bravo, El Chef, Cablesport, Supercine y SofTV). Por

entonces Cablevisión pertenecía al multimedios América y Multicanal al Grupo Clarín, que

ahora es el propietario de ambos. Entre las víctimas de esa absorción que se quedaron sin

pantalla de un día para otro estuvieron los periodistas Germinal Nogués y Moira Soto, los

conductores de programas culturales Salvador Sammaritano (“Cineclub”), Julio Palacio (“Opera

y concierto”), Inés Molina (“Todas las músicas, la música”) y Héctor Yánover (“La librería en su

casa”. El conductor de Cablín, la única señal infantil que se realizaba por completo en la

Argentina, era el músico Claudio Morgado, actual diputado nacional, que defiende el proyecto

de ley de servicios de comunicación audiovisual. Dos programas en el Canal de la Mujer

producía la actual senadora nacional de la Coalición Cívica Libertadora María Eugenia

Estenssoro, quien se opone a la reforma. Ambos lo hacen en nombre de la libertad de

expresión. La ley es, por supuesto, perfectible y bastante se avanzó en esa dirección hasta

ahora. Pero llama la atención que algunos legisladores que se oponen en forma absoluta

combinen un discurso libertario con propuestas restrictivas de derechos básicos consagrados

por el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, como las diputadas

Silvana Giudici y Norma Morandini. El proyecto Giudici de radiodifusión obliga a los medios a

difundir información “responsable, veraz”, igual que la Constitución bolivariana de Venezuela y

en contra de la declaración de principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

sobre libertad de expresión, cuyo artículo 7 veda en forma explícita esa exigencia. Esta misma

semana una cláusula similar fue rechazada por la Asamblea Nacional dominicana como

restrictiva de la libertad de expresión. Morandini fue periodista antes de su elección como

diputada. Su proyecto, sin duda bienintencionado, incluye una serie de principios

deontológicos de los periodistas profesionales: no confundir entre los hechos y las opiniones ni

basarse en conjeturas y rumores; difundir “únicamente informaciones fundamentadas”, sin

“afirmaciones o datos imprecisos” que puedan “provocar daño o descrédito injustificado a

instituciones públicas y privadas, así como la utilización de expresiones o calificativos

injuriosos”; incluir como contexto opiniones que representen “todos los puntos de vista


posibles”; identificar las fuentes en “cuestiones polémicas o controvertidas”. Su inclusión en

una ley hace tabla rasa del principio 6 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

sobre libertad de expresión, según el cual las “conductas éticas en ningún caso pueden ser

impuestas por los Estados”. Basta imaginar cómo podrían aplicarse las propuestas de Giudici y

Morandini a la cobertura sobre el debate de la ley que están haciendo las señales noticiosas de

América y Clarín.

La lección

4 de Octubre

El viernes se votará en el Senado la nueva regulación audiovisual. Cobos planeaba restarle dos

votos al oficialismo viajando a Montevideo el día del partido con Uruguay. Pampuro

reemplazaría a CFK, de viaje en la India, y Marín conduciría la sesión. Cómo se desbarató la

maniobra. Por oponerse a la ley, Bonasso no fue a declarar en Rosario. El consenso de las

minorías. La ley de sociedades offshore de Macri-De Narváez.

Al atardecer del viernes, la oposición no había presentado su dictamen o dictámenes de

minoría sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Por lo que dejaban trascender

sus negociadores políticos, entre los distintos bloques sólo había cinco puntos de acuerdo. A

ellos podrían reducirse las votaciones en particular luego de la aprobación en general para la

que el oficialismo cree contar con suficientes votos. Pero las peripecias corridas hasta llegar a

ese punto aconsejan no dar por cerrada ninguna posibilidad. El Frente para la Victoria se

esforzó por cerrar el debate y firmar su dictamen el jueves, de modo de respetar el plazo de

una semana de lectura y reunirse el jueves 8 en sesión ordinaria. Su temor si accedía a la

prórroga de las audiencias era que la sesión especial, el viernes 9, requeriría que la convocara

el hombre de las sorpresas de madrugada. De negarse Cobos, la siguiente sesión ordinaria

hubiera correspondido al martes 13. En tal caso, el vicepresidente hubiera podido viajar a

Montevideo para darle suerte a Elisa Carrió en el último partido de las eliminatorias para el

campeonato mundial de fútbol. De ese modo le sustraería dos votos al oficialismo para la ley

de medios: el de José Pampuro, que hubiera debido asumir la presidencia durante el viaje de

CFK a la India, y el de Rubén Marín, como forzado presidente provisional del Senado, sin

derecho a voto. La presidente habría evaluado inclusive la posibilidad de postergar el viaje a

uno de los mayores socios comerciales de la Argentina y exponer a Cobos a la consideración

pública por su acto encaminado a continuar la erosión institucional que inició en julio de 2008.

Un paso previo, en apariencia exitoso, fue la nota que la conducción del bloque mayoritario

elevó a Cobos reclamándole la sesión especial para el martes 6 o el viernes 9. Su texto

menciona las “especulaciones acerca de quien presidirá la sesión, por lo que consideramos de

suma importancia que sea usted. En cualquiera de las dos fechas solicitadas estaría asegurada

su presencia como titular nato del cuerpo, disipándose así toda suspicacia”. Cobos firmó ese

mismo día la convocatoria para el viernes 9. Su decreto no dice que él presidirá la sesión, pero


eliminado el factor sorpresa, el costo personal que tendría la maniobra la torna casi imposible.

Aunque no tuviera cable, podrá verlo por televisión.

La edición de la realidad

Las audiencias realizadas durante toda la semana por las cuatro comisiones del Senado a las

que se remitió el proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados fueron

aleccionadoras acerca de lo que está en juego, tanto por el contenido de las distintas

presentaciones como por el modo en que se difundieron. Para enterarse fue necesario

sintonizar la señal de Senado TV o estar presente en el salón al que asistieron representantes

de entidades interesadas en que se apruebe o se rechace la ley. Quienes siguieron las

discusiones sobre “la ley para controlar a los medios” por las señales noticiosas TN y América,

de los grupos Clarín o De Narváez-Manzano-Vila, sólo pudieron confirmar que la libertad de

expresión en la Argentina está amenazada por la posible sanción de una ley a la que toda la

sociedad se opone. También se enteraron de que este empecinamiento sólo se explica por la

crispación de un gobierno aislado, que intenta acallar toda crítica, obligar a empresas sanas

que enorgullecen a la cultura nacional a que pierdan sus derechos adquiridos y vendan sus

medios a precio vil a los amigos del poder. También escucharon que gracias al manejo de la

publicidad del Estado construirán luego una cadena oficialista privada que, sumada al sistema

de medios públicos, devendrá una usina de propaganda para asegurar la permanencia

indefinida de la pareja diabólica en el poder.

El discurso de las formas

Este proyecto totalitario, que avasalla las instituciones y uniforma el pensamiento, fue

denunciado por expositores tan profundos como el rabino Sergio Bergman, muy mono con su

saco mao negro y su kipá de colores, a quien acompañó el integrante de la comisión justicia y

paz de la Iglesia Católica, Gustavo Mangisch, director de un grupo educativo del obispado de

San Isidro que, entre otras unidades de excelencia, gestiona un colegio en el barrio privado

Nordelta. Bergman dijo que el Senado se proponía aprobar la ley a libro cerrado y que la

estatización del sistema jubilatorio probaba que lo único que le interesa al gobierno es la caja.

Sin resistir la tentación del juego de palabras propuso tratar los medios de la ley en vez de la

ley de medios. Opinó que el Senado debía devolver el proyecto a la otra cámara para que allí

se subsanaran los vicios formales que denunciaba, aunque llevara algo más de tiempo.

Bergman también convocó a la participación ciudadana por un medio digital interactivo, en el

que consignó las direcciones electrónicas de cada senador. De este modo ofreció una

alternativa privada a la página estatal del Senado, desde la que también es posible escribirle a

cada senador. No quedó claro si por una sobrecarga de ideologismo o porque ignoraba la

existencia de Senado.gov.ar.


Ricos tipos

En forma muy pertinente el dúo Bergman-Mangish citó al cardenal Jorge Bergoglio y al obispo

Jorge Casaretto. Los cuatro temen que por debatir estas cuestiones se postergue el tema

urgente e importante que es el escándalo de la pobreza, violatorio de los derechos humanos

esenciales. Bergoglio había vertido sus lágrimas por los pobres durante unas jornadas en el

hotel más lujoso de Buenos Aires, que organizó en forma conjunta con el ex ministro de Obras

Públicas Roberto Dromi y con una universidad corresponsal española. Durante la presidencia

de Carlos Menem, Dromi diseñó el remate de las empresas públicas, previo despido de buena

parte de su planta laboral. Además del liquidador de los teléfonos, el gas, la electricidad, las

aerolíneas, el control del espectro radioeléctrico y las rutas nacionales, acompañaron al

cardenal el diputado-empresario Francisco De Narváez (si se atiende a sus propias

declaraciones es uno de los responsables de la fuga de capitales a la que se refirió Bergoglio), y

el CEO italiano de FIAT, Cristiano Rattazzi Agnelli, gestor de obras públicas con créditos de su

país natal y sobreprecios del adoptivo y procesado por el contrabando de un auto de lujo.

Rattazzi Agnelli se declaró insolvente para eludir un embargo de 50.000 dólares. La elección de

estas compañías prueba cuán sutil es el presidente de la Iglesia Católica, quien habló de la

pobreza pero escenificó el escándalo de la riqueza. San Ignacio de Loyola se revuelve en su

tumba.

Palanca baja

Cuando quien expuso fue Sergio Caletti, de Carta Abierta, América y TN desviaron sus cámaras

a otras cuestiones más interesantes, sobre los cortes de calles, las desventuras matrimoniales

del gobernador del Chaco o la salud de la cantora. Una edición atenta protegió al público de

referencias anacrónicas a luchas populares, nacionales y emancipatorias, lugares comunes

como que los medios son operadores de uno de los negocios más concentrados y lucrativos,

diatribas capciosas a la representación de la SIDE y las Fuerzas Armadas en el COMFER y

cantilenas izquierdistas sobre zonas del país desamparadas. Esos editores tampoco dieron

lugar a la manía confrontativa de Caletti, quien dijo que la limitación en la rentabilidad de los

medios más concentrados permitirá la expresión de otros actores sociales a los que el

esquema actual les expropia la palabra. También interpretó que la pregunta sobre por qué

tanto apuro es parte de “la prédica falsamente consensualista, institucionalista, republicana”

que propone que si la democracia argentina tardó 26 años en modificar esta ley podría

tomarse otros diez años para estudiarla mejor. Concluyó que si los senadores siguen ese

camino, el parlamento no será el Congreso de la Nación sino la vergüenza nacional. Pero no

hay que preocuparse porque casi nadie se enteró.


Gente como uno

Los presidentes de ADEPA, Gustavo Vittori, de ATA, Carlos Molinero, y de la Academia de las

Artes y la Comunicación, Alejandro Fargossi, tuvieron todo el tiempo necesario para exponer a

la audiencia de TN y América sus opiniones adversas a la ley, forzando la interpretación de sus

artículos y de los de la Constitución Nacional para advertir que se restringirá la libertad de

expresión y desaparecerá la televisión de aire o se fundirá la de cable. Vittori se anticipó a los

cuestionamientos obvios y dijo que los medios no eran perfectos y habían tenido “inconductas

en determinadas circunstancias, como el resto de la sociedad”, una forma taimada de

socializar responsabilidades por el comportamiento durante los años de plomo. Pero sólo de

cuerpo presente o por Senado TV fue posible conocer la posición del representante del diario

pampeano La Arena, Sergio Santisteban, cuando rechazó “ataques falaces contra la ley” y

contó que en su ciudad, Santa Rosa, la cooperativa eléctrica tiene prohibido competir con el

único cable, propiedad del mismo grupo que se apropió de la única fábrica de papel durante la

dictadura que asesinó a casi dos centenares de periodistas. Asuntos de provincia, poco

interesantes, expuestos por un desconocido. También le bajaron la palanca el día anterior a

Andrea Pochak, directora adjunta del CELS, quien con citas precisas de la ley y de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos explicó la compatibilidad del proyecto con

los instrumentos internacionales que entre otros derechos, defienden el de la libertad de

expresión. Y volvió a pasarle el viernes al último interventor del COMFER, Gabriel Mariotto,

que había concurrido a completar sus explicaciones sobre la ley a pedido de la oposición que,

como en la Cámara de Diputados, dejó sus asientos vacíos. En definitiva, si el Senado confirma

lo que votó la otra cámara, los experimentados editores de los grandes medios, que saben

mejor que nadie qué le interesa conocer al público, serán desplazados por fanáticos burócratas

setentistas que confundirán a la audiencia permitiendo que todas esas voces se escuchen

como si fueran equivalentes, sin ninguna jerarquía de valores. Dios no lo permita.

Indignación republicana

La indignación republicana ante el atropello se concentró en el presidente de la comisión de

sistemas, medios y libertad de expresión, Guillermo Jenefes, quien luego de fomentar todas las

expectativas opositoras como propietario de un multimedios familiar en Jujuy, prestó su firma

al dictamen de la mayoría, apenas con disidencias parciales que hará públicas en el pleno.

Recién entonces se sabrá si alguna de ellas se refiere a la autoridad de aplicación o al plazo

para la desinversión, que los bloques opositores tratarán de modificar en el recinto, como

única forma a su alcance de control de daños. Lo mismo ocurre con la sorpresiva disidencia del

senador por Chubut Marcelo Guinle, cuyo contenido no se conoce. El tono de virtud ofendida

que campea en los bloques minoritarios ratifica su dificultad para amoldarse a las reglas del

juego democrático, para dirimir en forma civilizada, por el voto, legítimos disensos. El

oficialismo a su vez no entiende que la búsqueda de consensos obligue a modificar todo lo que


le plazca a cada legislador de la minoría y con una sospechosa entonación chavista cree que la

mayoría debe prevalecer. Notable por su ostensible sinceridad fue la ofensa del senador por la

CCL Samuel Cabanchik, quien dijo que la referencia del académico Fortunato Malimacci a la

Banelco, la de Carta Abierta a la vergüenza de la Nación o la de Hebe Bonafini a las manos

ensangrentadas de la dictadura constituían un chantaje moral. Es opinable la pertinencia de

cada una de esas menciones, pero debería estar fuera de duda que hacerlas es parte de la

libertad de expresión que, en teoría, le interesa defender a ese senador. ¿Cómo creerá él que

se sienten quienes han pugnado durante años desde la sociedad por la reforma de la ley y

ahora son insultados por quienes llaman Ley K al proyecto elaborado según las propuestas de

la Coalición por una Radiodifusión Democrática?

El fin y los medios

11 de Octubre de 2009

La nueva ley audiovisual es una victoria de la representación popular sobre las corporaciones

económicas y de la recuperación del impulso transformador por parte de CFK. Igual que las

retenciones al comercio exterior de oleaginosas y la estatización del sistema previsional

responde a la dinámica de un proceso político que ha producido una fuerte resistencia del

complejo agromediático.

La aprobación en el Senado de la nueva ley reguladora de la comunicación audiovisual por 44 a

24, a un suspiro de los dos tercios de los presentes, constituye una victoria de la

representación popular sobre las corporaciones económicas, en los términos del conciso

discurso del senador pampeano Rubén Marín. Esto marca una recuperación nítida del impulso

transformador que fundamentó los mayores logros del primer kirchnerismo y señala la

presencia de una movilización social diversa y profunda como limitadora de los lobbies del

poder corporativo. También constituye un éxito personal de la presidente CFK, quien diseñó la

estrategia participativa que involucró en la cuestión a sectores académicos, profesionales,

culturales y artísticos que vienen reclamando una ley de estas características desde hace

muchos años, mientras los sucesivos gobiernos anteriores al actual preferían las negociaciones

de trastienda con los grupos multimediáticos. Esto ocurrió pese a todas las presiones que los

medios ejercieron sobre el senador jujeño Guillermo Jenefes, para que, como dijo en el

recinto, traicionara sus convicciones y su militancia en el partido justicialista. Bien avanzada la

madrugada de ayer, cuando era evidente que aun los artículos más resistidos serían aprobados

en la votación en particular, el vicepresidente Julio Cobos hizo gala de la adaptabilidad que ha

sido el rasgo característico de su vertiginosa carrera política: apuró a los opositores que

pretendían extender sus aclaraciones, sugiriéndoles que insertaran sus enmiendas en vez de

leerlas; desechó con sequedad un intento del senador Samuel Cabanchik por frustrar la sesión

con un cuarto intermedio hasta la semana próxima, e incluso se adelantó a responder con una


sonrisa irónica en lugar del miembro informante por la mayoría una pregunta muy apropiada

de la senadora de la CCL María Eugenia Estenssoro. La sensibilidad del ex gobernador

mendocino a la dirección del viento es digna de admirar. En el debate particular tanto el

radical Gerardo Morales como la justicialista Sonia Escudero presentaron aportes interesantes

que habrían podido aprobarse si la oposición no hubiera elegido desde el principio la táctica de

la confrontación y el sabotaje para que la ley nunca se sancionara, por lo que la mayoría no

tuvo más opción que desecharlos. Esa mayoría, muy superior a la prevista, fue formada por el

Frente para la Victoria, el ARI/SI, el Partido Socialista y un desprendimiento de la Unión Cívica

Radical. Se redujo a 40 votos en el artículo sobre la autoridad de aplicación y a 38 en el que

establece el plazo de desinversión. La lúcida intervención de la fueguina María Rosa Díaz, fue

respaldada por una declaración del Partido SI (Solidaridad e Igualdad) de las dos Buenos Aires y

Santa Fe, que también decidieron no apoyar por ahora ninguna candidatura presidencial. Esta

pieza del centroizquierda equilibró el apoyo bochornoso del senador Ramón Saadi quien

reivindicó su actuación en el caso de María Soledad Morales e hizo un involuntario panegírico

de los medios a los que intentaba criticar, lo mismo que el hijo del ex dictador Domingo Bussi

al explicar desde Tucumán por qué su senador Carlos Salazar apoyaría en general el proyecto

del gobierno. El increíble dictamen de minoría presentado por la UCR y sus aliados reintrodujo

en el proyecto a las telefónicas que CFK había excluido y vedó a las cooperativas la posibilidad

de prestar servicios de comunicación audiovisual en localidades de hasta 6.000 habitantes. La

senadora radical de Corrientes Anahí Sánchez desatendió las sugerencias de su jefe político, el

vicepresidente Cobos, quien la exhortó a reflexionar. Así como Carlos Reutemann se prepara

para una eventual candidatura a presidente ensayando conducción política con su compañera

de bloque Roxana Latorre, Cobos hizo la prueba con su seguidora correntina. Si se mira la

congruencia entre la conducta de maestro y discípula, Cobos ha tenido más éxito que

Reutemann. Uno y otro ya saben, también, que en 2011 tal vez deban competir con el ex

senador Eduardo Duhalde, cuya eventual candidatura regocija la política argentina. Diversos

sectores, cada uno por sus motivos, esperan grandes satisfacciones del regreso del único

político con actuación ininterrumpida desde 1983. Su explicación de que el radicalismo puede

cumplir un período completo de gobierno ¿debe tomarse como una promesa de enmienda? Su

esposa, con un aire a la Duquesa de Alba, dijo en forma explícita que su ambición era devolver

la ley a la Cámara de Diputados. La transmisión televisiva mostró una gran diversidad entre las

distintas señales noticiosas, representativa de la pluralidad de voces que garantiza el esquema

actual. Para TN se trató de la Ley de Medios K; para América 24, del grupo De Narváez-

Manzano-Vila, de la Ley K de medios. La tapa de Clarín fue menos sintética: “Kirchner ya tiene

la ley de control de medios”. A diferencia del conflicto por la resolución 125, la invitación a

cacerolear o presionar a los legisladores en las calles no tuvo eco. En la misma semana, el

nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez se reunió con la mesa de

enlace de las cámaras patronales agropecuarias, en un nuevo intento por terminar un conflicto


que ensombreció el primer año y medio de mandato de CFK y en cual el gobierno ha ido de

concesión en concesión económica, sin que eso se tradujera en algún alivio político, ante la

efectiva concertación agromediática que impuso su imagen deforme de la realidad.

El papel de la prensa

Un día antes de que el Senado tratara la ley, La Nación y Clarín denunciaron que el gobierno se

propone controlar la prensa escrita, apoderándose del suministro de papel. Esta decisión

habría sido transmitida por el buen salvaje a los representantes estatales en la empresa mixta

en la que Clarín posee el 43 por ciento de las acciones, La Nación el 28,49 por ciento y el

Estado Nacional el 28,51 por ciento en una tempestuosa reunión que se habría realizado el 14

de setiembre. Dos semanas después uno de esos funcionarios estatales, el síndico Carlos

Collaso, que hace muchos años ejerce el control público sobre Papel Prensa, narró lo que allí se

habría dicho a un escribano. Clarín presentó el acta a la justicia. La denuncia incluía amenazas

brutales, más propias de un comic o un policial de serie B que de una discusión política. El

nudo de las afirmaciones atribuidas a Guillermo Moreno consiste en el presunto propósito del

gobierno nacional de comprar o expropiar la parte privada de Papel Prensa, hipótesis que

repitieron algunos senadores radicales al día siguiente en el recinto. Clarín y La Nación

adquirieron su participación en los meses que siguieron al golpe militar de marzo de 1976. El

banquero David Graiver murió en un sospechoso accidente de aviación en agosto; en

noviembre, con el beneplácito expreso de la junta militar, esos diarios adquirieron las acciones

que quemaban en las manos de los asustados familiares de Graiver.

El que calla, ¿otorga?

Sólo el jefe del gabinete de ministros, Aníbal Fernández, negó en una sobremesa con

industriales, que el Estado tuviera el propósito de hacerse con Papel Prensa. En otras oficinas

del gobierno se afirma que Moreno negó haber dicho lo que le atribuyen, lo cual torna más

difícil de entender por qué no se formuló una desmentida expresa. “Porque están buscando

generar un escándalo con datos falsos para victimizarse en vísperas de la sanción de la ley

audiovisual”, explicaron en off. Si la denuncia de Clarín estaba dentro de lo previsible dada la

batalla campal entre ese grupo económico y el gobierno nacional, su contenido es

sorprendente para quienes conocían los estudios que desde el gobierno se están realizando

desde hace dos años, no para adquirir el paquete accionario de Papel Prensa o expropiarlo

sino, por el contrario, para vender el tercio aún en manos del Estado.

Vender, no comprar

El Estatuto de la empresa, de 1972, dice en su artículo 8 que “las acciones del Estado Nacional

deberán ser rescatadas por la sociedad a su valor real de mercado o nominal, según cual

resulte mayor, en el término de diez (10) años en cuotas anuales y consecutivas” y si no lo


hicieran el Estado podría venderlo a otros inversores nacionales. Sin embargo hasta el día de

hoy el Estado no ha podido desprenderse de esas tenencias y, como socio bobo, financia las

ganancias de sus socios privados. Cuando se extinguía la dictadura, en noviembre de 1983,

Papel Prensa pidió a la Secretaría de Industria que estableciera el procedimiento para el

rescate de esas acciones, y el ministro de Economía Jorge Wehbe firmó la resolución 1359/83.

Allí estableció que se entendería por valor de mercado el promedio ponderado de precio de las

acciones ordinarias de la empresa cotizadas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires entre 15

y 45 días antes de la Asamblea General ordinaria de la sociedad. Para tener una idea del precio

vil que eso implicaba, la última negociación de Papel Prensa en la Bolsa se produjo el 6 de

diciembre de 2007, a 0,022 pesos por acción. Ese día se negociaron 60 mil acciones, por 1.320

pesos. En abril de 1985, en cuanto asumió el ministerio de Economía, Juan Vital Sourrouille

dejó sin efecto la decisión de Wehbe, y fijó un precio real para esas acciones. Su resolución

321/85 adujo que las acciones que se negociaban en la Bolsa eran un volumen ínfimo de

capital y eran de clase diferente a las que poseía el Estado. Ese mismo año, Papel Prensa

presentó un recurso jerárquico ante la Secretaría de Industria contra la resolución de

Sourrouille. Sostuvo que el Estado sólo había tenido una participación financiera en Papel

Prensa como parte de una política de promoción industrial del sector celulósico papelero,

considerado de interés público. Esa subvención “condicional destinada al enriquecimiento del

subvencionado” se concretó en un contrato, que obliga a ambas partes y constituye un

derecho civil que no puede ser anulado por un acto unilateral de autoridad, agregó con una

cita del tratado de Derecho Administrativo de José Roberto Dromi. Casi un cuarto de siglo

después ese recurso jerárquico, presentado por Papel Prensa en setiembre de 1985, no se

resolvió y el expediente administrativo desapareció dos veces del ministerio de Economía, que

debió reconstruirlo. El artículo 9 del balance firmando en junio de este año, sostuvo que no se

pagan utilidades porque aún “no se tiene conocimiento sobre la resolución del tema”.

El socio capitalista

Esta participación forzada del Estado en una empresa en la que ya cumplió su función de

fomento y no tiene nada más que hacer, implica una subvención que desde 2007 los

representantes del Estado observan al analizar el balance en la asamblea de accionistas. Su

argumento es que Papel Prensa tiene quebrantos y no cumple su plan de inversiones porque

transfiere las utilidades a sus diarios accionistas mediante un precio de venta subsidiado. A raíz

del reclamo estatal, la tonelada para los accionistas aumentó un 30 por ciento, que de todos

modos se reduce con la bonificación por cantidad y pronto pago. Bastó que el Estado

reclamara por las pérdidas que esta política de precios lo obligaba a absorber, para que ambos

diarios accionistas y los medios audiovisuales de uno de ellos sesgaran su cobertura

periodística en forma ostensible. Esto se tornó extremo a partir del 11 de marzo del año

pasado, cuando el ministro de Economía Martín Lousteau firmó la resolución 125. La


participación estatal en Papel Prensa fue tratada en agosto de 1978 por la misión que envió la

Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, que agrupa a los dueños de periódicos del continente.

Su informe expresó “graves reservas” sobre el proyecto de Papel Prensa, en el que los diarios

“compraron acciones en la nueva planta” mediante un “generoso crédito ofrecido por el

gobierno militar” y advirtieron sobre el peligro de que “esto casi imponga no antagonizar con

el gobierno”. Al informar sobre la misión de la SIP, Clarín destacó con negritas el párrafo sobre

“la concesión a las empresas periodísticas de créditos a largo plazo para la adquisición de

papel”, convirtiendo en positivo lo que el documento había calificado como motivo de “graves

reservas”.

Del Centro a Castelar

Julián Domínguez asumió el nuevo ministerio de Agricultura y su primera actividad fue recibir a

las cámaras patronales agropecuarias. Les dijo que entendía el rol estatal como regulador y

subsidiario y cerró cualquier posibilidad de discutir las retenciones al comercio exterior de

oleaginosas, que además de un pilar de la política económica es también un símbolo de la

autonomía estatal frente a los intereses corporativos. En todo lo demás la posibilidad de

acordar es alta. Como garante de ello actuó un gran empresario de la soja transgénica y

pionero de los pools de siembra y los fondos fiduciarios, Eduardo Serantes. Su muda asistencia

al encuentro (“una hora de presentación y acuerdo sobre la metodología”) fue acordada por el

gobierno con el obispo de San Isidro, Alcides Jorge Pedro Casaretto, a quien Serantes

acompaña en la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica y ambos apoyaron con

entusiasmo las movilizaciones patronales de 2008 y 2009. El martes el ministro atenderá en el

INTA de Castelar, el principal organismo técnico del Estado en la materia, donde es posible que

instale su despacho en forma permanente. El miércoles pondrá en funcionamiento junto con el

jefe de gabinete Aníbal Fernández la Mesa Agropecuaria Nacional, con participación de los

distintos sectores, y el jueves reunirá por primera vez a los ministros de agricultura de todas

las provincias en el Consejo Federal, que hace dos años no es convocado. Ese Consejo

sesionará cada 30 días en forma rotativa en las distintas provincias. Allí se impulsará que cada

ministro organice su propia mesa de trabajo y su Consejo Provincial, con representantes de los

municipios. Dentro de diez días será el turno de las 21 universidades nacionales, con las que

comenzará a discutir un plan estratégico agropecuario. La idea es dejar de lado el debate

político y discutir la cuestión agropecuaria, con una participación creciente de la gobiernos

provinciales y municipales. Tal vez por eso, Domínguez, quien en el último lustro del siglo

pasado fue intendente de Chacabuco, designó en su equipo a Carla Campos Bilbao, esposa del

intendente de Moreno, Andrés Arregui, y a los ex intendentes de Florentino Ameghino, Andrea

Fabiana García y de General Madariaga, Adrián Mircovich. Chacabuco fue uno de los focos de

enfrentamientos más duros por parte de las patronales agropecuarias, con trompadas al

intendente y al presidente del Consejo Deliberante. El rol significativo que se reserva a los


ministros y secretarios de agricultura de las provincias y los municipios obedece a las

diferencias estructurales que hay entre las distintas regiones del país. Ellos deberían ser la

representación del ministerio en cada lugar donde haya conflictos. Los municipios son el lugar

donde puede verificarse la transferencia de recursos por parte del Estado Nacional. Este sería

el vehículo para satisfacer las necesidades de los productores más pequeños, que no se

sienten representados por los gremialistas. Las cámaras patronales enfurecieron cuando la

ministra de Producción, Débora Giorgi cuantificó las concesiones que le fueron arrancando al

gobierno en 21.700 millones de pesos desde abril de 2008 hasta julio de 2009. Habrá que ver

cómo reaccionan y con qué resultado frente al planteo de Domínguez.

Redimensionamiento

Esto implicaría redimensionar la significación del sector agropecuario y de la agroindustria en

el conjunto de la economía argentina, exaltada por el complejo agromediático como decisiva.

Un estudio del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA), el

equipo de investigación económica social de la CTA, coordinado por Eduardo Basualdo,

sostiene que el conflicto por las retenciones móviles es parte de una discusión más profunda

sobre el patrón de especialización que debería adoptar el país en los próximos años. El trabajo,

en el que participaron Nicolás Arceo, Mariana González y Nuria Mendizábal, sostiene que

entre 2002 y 2008 el complejo agroalimentario representó en promedio el 15,3% del valor

agregado (PBI) generado en la economía argentina a precios corrientes ( 8,9% la agricultura,

ganadería, caza y silvicultura y 6,4% los sectores industriales asociados). El año pasado el

complejo alimentario en términos del PIB fue superior al conjunto de las demás ramas

industriales. Pero sólo ocupó a 650 mil personas, contra 850 mil trabajadores en las otras

ramas del tejido manufacturero. Contra la jactancia de los discursos de los gordos de la Mesa

de Enlace, también fue limitada la contribución del complejo agroalimentario al crecimiento de

la economía en la post-convertibilidad: se expandió a una tasa anual acumulativa del 5,1%

mientras el conjunto de la economía creció el 8,5% anual. Este crecimiento fue liderado por la

industria manufacturera que creció a un 9,4% anual y dentro de ella las ramas que no

pertenecen al complejo agroalimentario el 10,8%. Como consecuencia de esas menores tasas

de expansión el complejo agroalimentario contribuyó en forma marginal al crecimiento de la

economía durante este período: apenas el 5,9% del crecimiento económico entre 2002 y 2008

se explica por su aporte, mientras las ramas de la industria manufacturera no pertenecientes al

complejo agroalimentario aportaron el 14,2% . A pesar de este reducido dinamismo, el sector

agroalimentario mantuvo su preponderancia como el principal proveedor de divisas de la

economía argentina e incrementó su participación en las exportaciones, del 52,2% en 2002 al

57,3% en 2008. Esta pérdida de importancia relativa del complejo agroalimentario no fue

reemplazada por un incremento sustancial de las exportaciones de origen industrial sino por

otras producciones primarias, como combustibles y energía, que pasaron de representar un


9,4% de las exportaciones totales en 1993 a un 18,0% en 2001. Las conclusiones de CIFRA son

que la exigua capacidad de generar valor agregado y empleo incluso en los años de mayor

crecimiento, demuestra la incapacidad del complejo agroalimentario para convertirse en eje

de un nuevo patrón de acumulación de capital que permita incluir progresivamente a los

sectores sociales excluidos, en contradicción con su creciente peso político. Por el contrario,

acentuará aún más la elevada exclusión social.

El uso de la palabra

8 de Noviembre de 2009

Audiencia sobre libertad de expresión en la CIDH y debate sobre la ley audiovisual en el Inter

American Dialogue. La embajadora de los Estados Unidos elogió la ley. Emilio J. Cárdenas y su

presión sobre el Dialogue. Intervención emocional de un enviado de Clarín, mientras se reúne

la SIP en Buenos Aires y los camioneros disputan por el encuadramiento gremial de quienes

transportan diarios.

Nos encontramos en el aeropuerto de Ezeiza. Damián Loreti caminaba con lentitud y dificultad

por un ataque de gota. Junto con Andrea Pochak integrábamos la delegación del CELS, que

asistiría a las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y participaría en

un debate sobre la ley audiovisual en el Inter American Dialogue, que reúne a políticos y

académicos de Norte, Centro y Sudamérica. Cuando vimos avanzar rengueando al secretario

de redacción de Clarín, Miguel Wiñazki, pensamos que le estaba haciendo un chiste a Loreti,

quien lo asesoró en un juicio de Zulema Menem por el que le embargaron parte de su sueldo.

Pero nos contó que se había descoyuntado una rodilla y estaba en una pata del dolor. Le

preguntamos a dónde viajaba.

–Los sigo a ustedes –contestó sonriente.

Como sabía de la mesa en el Dialogue pero no de la audiencia en la CIDH le contamos que uno

de los casos que llevábamos era del Grupo Clarín, como yo le había comunicado al editor

general, mi viejo amigo Ricardo Kirschbaum, con quien tratamos de mantener el afecto por

encima de las diferencias cada día más grandes de apreciación sobre lo que ocurre en la

Argentina. Para Clarín una ley que es señalada como modelo para la región y que no tiene un

solo artículo que restrinja contenidos es un atentado a la libertad de expresión, lo mismo que

la pugna gremial por el encuadramiento de los camioneros que transportan diarios. El bloqueo

por algunas horas de plantas impresoras o de distribución no es más salvaje, sino menos, que

el lockout de las patronales agropecuarias, cuyos cortes de rutas desabastecieron de alimentos

por semanas a las ciudades, con el beneplácito de Clarín, que trató el caso como un edificante


despertar cívico. Como escribió mi amigo Eduardo De la Serna, coordinador del movimiento

“Carlos Mugica” de sacerdotes católicos en opción por los pobres, “con la actitud patoteril que

lo caracteriza, Moyano bloqueó la salida de camiones ya varias veces. Pero cuando bloqueó el

centro de distribución de Coto no recuerdo que Clarín titulara ‘Kirchner amenaza el

supermercadismo independiente’...”.

Tres casos

Al día siguiente Wiñazki apareció junto con la corresponsal de Clarín, Ana Baron en la

audiencia de la CIDH. Su desarrollo completo, con video y todo, está en las páginas web de la

OEA y del CELS (http://www.oas.org/en/media_center/videos.asp?sCodigo=

090275&videotype=&sCollec tionDetVideo=3). Hicimos allí el seguimiento de viejos casos de

libertad de expresión, afectada por funcionarios de los tres poderes del Estado: Carlos Corach,

Eduardo Menem y el juez Omar Jesús Cancela, quienes presentaron denuncias penales y civiles

(contra mí, por Robo para la corona; contra el director de Humor, Tomás Sanz, y contra el

canal de televisión del Grupo Clarín, la guionista Maitena Burundarena y la actriz Gabriela

Acher, por un sketch humorístico). Con esos tres casos iniciamos en 1999 un procedimiento de

solución amistosa por el que el Poder Ejecutivo se comprometió a derogar los artículos de los

códigos Penal y Civil que castigan las calumnias e injurias en casos de interés público. Después

de diez años de incumplimientos, la presidente CFK mandó el proyecto, pero limitado al

Código Penal. La despenalización fue sancionada hace una semana por Diputados y sólo falta el

voto del Senado. Por eso pedimos en la audiencia que la Comisión enviara los casos de Humor,

del Canal 13 y el mío a la Corte Interamericana, para que ésta obligara al Estado a modificar

también esa legislación. Wiñazki nos contó que estaba muy bien impresionado por el

funcionamiento del sistema y nos agradeció porque al derogarse el desacato se anuló una

causa en su contra. Le dije que era una lástima que en el clima de polarización que vive

nuestro gremio, sólo Nelson Castro hubiera dedicado al menos una línea en Perfil a reconocer

la importancia de la despenalización de calumnias e injurias, mientras el resto de los medios

minimizan el resultado de una lucha que ya lleva dos décadas contra los instrumentos que

históricamente sirvieron para perseguir a los periodistas y proteger a los funcionarios, porque

lo único que hoy parece importar es el perjuicio económico que tal vez llegue a sufrir el Grupo

Clarín si tiene que ceder parte de su espacio para que surjan otros medios.


El Inter American Dialogue

Por la tarde volvimos a encontrarnos, en el Inter American Dialogue. Un gestor, no sabemos si

pago o espontáneo, aunque eso es lo de menos, había exigido que se invitara al panel a Martín

Echevers, gerente del grupo Clarín. El Inter American Dialogue no cedió a la presión. Podría

asistir y participar, con preguntas y opiniones, pero el panel estaba constituido sólo por José

Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, y por mí. Era sobre la

ley de medios y no sobre alguno en particular, por importante que fuera. El gestor fue Emilio J.

Cárdenas, el abogado que calificó al gobierno de Menem como “una cleptocracia” y de

inmediato aceptó representar a ese gobierno de los ladrones como embajador en las Naciones

Unidas. La semana pasada Cárdenas publicó una columna en Clarín según la cual el espejo que

adelanta la realidad argentina es la censura cubana. En mi intervención dije que la ley derogó

un decreto de la dictadura, que ponía la seguridad nacional por encima de la libertad de

expresión. Esa cláusula no era una rama seca, dado que Fernando de la Rúa intentó usarla en

diciembre de 2001 para impedir que los canales de TV transmitieran la represión a las

movilizaciones populares. Todas las modificaciones al decreto a partir de 1989 favorecieron el

surgimiento de televisoras privadas, pero sin control sobre la concentración y el abuso de

posiciones dominantes. Por ejemplo, la compañía española Telefónica posee ocho canales de

televisión y el diputado nacional Francisco De Narváez es el principal accionista del

multimedios América, pese a las respectivas prohibiciones legales. Con el pretexto de

regularizar el espectro de Frecuencia Modulada, Carlos Menem autorizó que una misma

empresa tuviera hasta veinticuatro licencias en vez de cuatro, y ningún medio protestó. La

autoridad regulatoria se integraba con un militar de cada fuerza armada y dos empresarios. En

vez de ese cuerpo militar-comercial, a partir de 1984 la autoridad quedó en manos de un

interventor designado por el Poder Ejecutivo, sin control de ningún tipo. La radiodifusión

estaba reservada a organizaciones con fines de lucro, salvo la Iglesia Católica Apostólica

Romana, que a partir de 1989 obtuvo más de 300 autorizaciones en todo el país, por decreto,

sin que nadie se quejara. Poner fin a esta situación restrictiva de la libertad de expresión y

empobrecedora de la democracia fue el objetivo de una coalición de tres centenares de

organizaciones, que elaboró un documento de 21 puntos para una radiodifusión democrática.

CFK tomó en consideración ese programa en la propuesta que puso a discusión en marzo de

este año. Durante seis meses fue analizada en veintiocho foros en todo el país y más de

sesenta conferencias. Además se recibieron sugerencias y propuestas por Internet. En este

proceso se introdujeron un centenar de correcciones, hasta llegar al proyecto de ley. Cuando

fue enviado a la Cámara de Diputados un amplio debate dio como resultado otro centenar de


cambios, entre ellos los dos principales que planteó la oposición: el ingreso de las compañías

telefónicas y la integración de la autoridad de aplicación. Esta es la primera ley anotada

artículo por artículo desde el Código Civil del siglo XIX. Incluye legislación comparada de

Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Chile, Uruguay y Brasil, más los principios y

recomendaciones sobre libertad de expresión de la CIDH y sus relatores, y la jurisprudencia de

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las preguntas sobre la ley fueron contestadas

por Loreti, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de

Buenos Aires, ex director de su carrera de Comunicación y miembro de la Comisión Directiva

del CELS. Loreti fue el principal experto académico consultado por el Comfer para realizar ese

cotejo minucioso de legislación. Una vez sancionada la ley, el gobierno dispuso por decreto

que los reguladores fueran sometidos al mismo procedimiento de escrutinio e impugnaciones

que distintas fuerzas y organismos reclamaron durante el debate parlamentario. El modelo es

el decreto 222/03, por el cual el Poder Ejecutivo aceptó autolimitar sus facultades en la

elección de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, de modo que las designaciones

fueran sometidas al control de la sociedad. La definición de tres segmentos, público, privado

comercial y privado sin fines de lucro amplifica la participación y contribuye a la pluralidad de

voces. Lamentablemente esta reforma tan positiva se produce en un clima de polarización

política, inevitable cuando se afectan intereses económicos. Esa polarización comenzó en

marzo del año pasado, cuando los principales medios, que tienen intereses en el sector

agropecuario, asumieron una posición militante en contra del aumento de las retenciones a las

exportaciones de cereales y oleaginosas, no como una opinión sobre el interés general sino en

defensa de intereses propios afectados. Agrego ahora: el gobierno no se quedó de brazos

cruzados y ésa es la sorpresa que no le perdonan.

Una ley mejor

Como comentarista intervino el director ejecutivo de Human Rights Watch/Americas, el jurista

chileno José Miguel Vivanco, quien dijo que los monopolios y los oligopolios en la propiedad de

los medios constituían uno de las problemas más extendidos para la libertad de expresión,

dado su impacto adverso sobre la circulación de ideas, el pluralismo, la diversidad, el debate

democrático y el derecho de todos a estar informados. Informó que la amplia mayoría de la

Cámara de Diputados que aprobó la ley no pertenecía sólo al partido del gobierno. “No tiene

sentido afirmar que la nueva ley fue concebida para dar mayor control al Ejecutivo, ya que la

preexistente le concedía un poder prácticamente absoluto”. Vivanco comparó la situación

argentina, donde quien posea un canal de televisión abierta no podrá tener también un canal


de cable, con la de Estados Unidos, donde esa restricción no existe. Pero aquí, en cambio, “no

se permite poseer un diario y un canal de televisión”. Para el director de Human Rights Watch

la nueva ley también tiene aspectos problemáticos. La autoridad de aplicación carece de

completa autonomía, por lo que es clave el nombramiento de personas capaces e

independientes para ejercer funciones de supervisión, según el decreto que dió participación a

la sociedad civil en esas designaciones. Dijo que las definiciones de la ley sobre las faltas que

pueden llevar a la cancelación de la licencia eran vagas. (Loreti le respondió luego con la

lectura de las causales de caducidad de la ley chilena, de una amplitud e imprecisión totales).

Sobre el plazo para la desinversión, Vivanco dijo que la ley no especificaba mecanismos de

posible compensación para quienes probaran un perjuicio económico, pero que tendrían

acceso a recursos administrativos y judiciales para pedirla, de modo que la resolución quedaría

en manos de la justicia y no del poder administrador. Cuestionó como discriminatoria la

posibilidad de conceder frecuencias a la Iglesia Católica a su solo pedido y mencionó el

“desafortunado incidente” del “hostigamiento” de la AFIP a Clarín mientras se debatía la ley.

Argentina y Venezuela

Vivanco dijo que era “una horrible simplificación decir que la Argentina se está convirtiendo en

Venezuela”, ya que el gobierno de Hugo Chávez extendió el alcance de la ley de desacato e

incrementó las penas por calumnias e injurias, que permiten “la arbitraria suspensión de

estaciones de radio y televisión”. El propio Vivanco fue expulsado por el gobierno de Chávez

cuando intentó presentar un libro sobre sus primeros diez años de gobierno. Los funcionarios

venezolanos “restringieron el acceso público a la información, abusaron del control de las

frecuencias amenazando o castigando a las televisoras por su programación crítica” y se

establecieron “delitos de prensa”, que se castigan con prisión de hasta cuatro años por

suministrar información “falsa” que “perjudique los intereses del Estado”. El gobierno prohibió

avisos que criticaban un proyecto de ley e intentó obligar a los canales de cable a transmitir los

discursos de Chávez en vivo. Lo contrario ocurre en la Argentina, cuyo gobierno “impulsa en

forma activa la despenalización de las calumnias e injurias en casos de interés público”.

Además, “el sistema básico de controles y contrapesos funciona, lo cual fue evidente durante

la discusión de la ley” y está abierto el recurso a la justicia. Su conclusión fue que, si maneja

bien los temas pendientes señalados, la Argentina se convertirá en un referente para la región

en el debate sobre los monopolios y oligopolios. Aun si así no fuera, se habría creado una ley

mejor que la anterior. Para Vivanco, el gobierno debería presentar otra ley, de acceso a la


información, y adoptar reglas claras para la distribución de publicidad oficial. Ese fue también

el planteo del CELS durante el debate de la ley.

Estado emocional

Luego de las exposiciones tomó la palabra Wiñazki, quien pidió expresarse en castellano. En

una intervención de tono muy emocional indicó que la ley importa menos que las actitudes del

ex presidente Néstor Kirchner y su desafío “¿Qué te pasa Clarín”, al que atribuyó el clima que

yo había descrito. También mencionó las descalificaciones de Kirchner contra Leonardo

Míndez y de CFK contra Hermenegildo Sábat (que fueron cuestionadas en esta columna

cuando se produjeron) y se refirió en forma despectiva a sus colegas de medios estatales y

privados “afines al gobierno”, a quienes llamó “propagandistas del poder”. El vicepresidente

del Dialogue, Michael Shifter, aclaró que Wiñazki representaba a Clarín. El editor dijo “sí, soy

Clarín”, y se quejó de que esa pertenencia fuera utilizada para descalificar a sus periodistas.

Respondí que su arenga confirmaba la lamentable polarización sobre el tema y me eximía de

más comentarios. También intervinieron los académicos argentinos Silvio Waisbord, quien

preguntó sobre la publicidad oficial y el contexto en que se aplicará la ley, y Héctor Schamis,

quien adujo que no existe polarización sino una verdadera persecución contra los periodistas.

Los participantes estadounidenses, como el periodista John Dinges, Shelton Davis o el propio

Shifter se limitaron a preguntar, acerca de cómo se organizará el sector público de

radiodifusión, qué pasará con quienes tienen mayor número de licencias que las permitidas,

cuál es la situación de los pueblos originarios que contempla la ley, qué oligopolios serán

afectados o cómo actuará el Congreso luego del 10 de diciembre, cuestiones que respondió

Loreti. Ana Baron sostuvo que no era cierto que la ley se inspirara en la legislación

estadounidense, ya que aquí no hay medios públicos. Loreti repuso que ese aspecto coincide

con la legislación de Francia. En su nota sobre el coloquio publicada en Clarín del viernes,

Wiñazki mencionó su emotivo discurso con señalable modestia como afirmaciones de “algunos

de los presentes”. Ni Wiñazki ni Baron escribieron sobre la audiencia en la CIDH que les había

causado tan buena impresión.

Tiempo de Revancha

3 de Abril de 2010

En represalia por el apoyo a la ley audiovisual comenzaron los despidos en las radios del Grupo

Vila, De Narváez &Manzano en Rosario. Hoy habrá un banderazo que culminará frente al diario

La Capital, mientras sigue el paro


Como parte de su resistencia contra la ley de servicios de comunicación audiovisual, el grupo

en el que son socios Daniel Vila, Francisco de Narváez y José Luis Manzano despidió a 26

trabajadores de las radios LT8 y LT3 de Rosario, dos de las tres de amplitud modulada de la

ciudad, lo cual provocó un paro en ambas radios y un acto frente al diario La Capital, del

mismo multimedio. Ante la conciliación obligatoria decretada por el Ministerio de Trabajo de

Santa Fe, los trabajadores levantaron las medidas de fuerza, pero la empresa no permitió el

ingreso de ningún trabajador a las radios. Vila, De Narváez & Manzano solicitaron la

conciliación obligatoria para el diario pero no la aceptaron para las radios. Ante la negativa

ministerial, durante una audiencia que duró doce horas el Grupo pretendió que no se trata de

una unidad de negocios sino de tres empresas. Además de los sindicatos de prensa, del

espectáculo y de repartidores de diarios, la asociación de trabajadores de la comunicación, la

sociedad de locutores y la federación gráfica, apoyaron la posición de los trabajadores la CGT y

la CTA, por medio de comunicaciones de Julio Piumato y Hugo Yasky. La edición del jueves de

La Capital fue preparada con el aporte de redacciones del multimedios en Mendoza, Paraná y

Santa Fe y se imprimió en Buenos Aires. Como los choferes de Rosario se negaron a

distribuirla, Vila, De Narváez & Manzano intentaron regalarla a los cuidacoches. Ante la

amenaza de despidos en La Capital los trabajadores decidieron continuar el paro.

La edición de emergencia del viernes se redactó e imprimió en Paraná, en lo que durante las

asambleas y actos frente al diario se mencionó como “edición off shore” del diario fundado

hace casi un siglo y medio. El Grupo recurrió a lugares alternativos de venta y al auxilio policial

para llegar a los kioscos, donde ofreció el precio completo de tapa para seducir a los canillitas.

Un aviso que Vila, De Narváez & Manzano transmiten por televisión sostiene que el paro

gremial pretende “silenciar y hostigar el derecho al libre acceso a la información que son

garantías constitucionales y democráticas”.

El secretario general del sindicato de prensa rosarino, Edgardo Carmona, explicó en la última

asamblea a las organizaciones sociales, políticas, gremiales, sociales, estudiantiles y de

derechos humanos que acompañan a los trabajadores que los despidos no obedecen a

dificultades económicas sino a “la destrucción de las radios a las que las sometió una

programación y medidas erráticas y a la desfinanciación de La Capital, la ‘vaca lechera’ de

donde salen fondos para subsidiar otros medios del Grupo”. Ratificó el compromiso con “un

destino distinto para nuestro país en el que la democracia informativa y la pluralidad de voces

sean a la vez conquista y realidad que ilumine una circulación más horizontal de la palabra en

la que tengamos cabida todas y todos los argentinos”. Agregó que la dura agresión del Grupo


“es también la revancha por la activa postura de nuestro gremio por la Ley de Medios, contra

los trabajadores que no firmaron los comunicados empresariales contra la ley y en cambio

militaron a favor de su sanción. Hoy se realizará una manifestación con la enorme bandera que

se utiliza cada 20 de junio: partirá de LT3, pasará por LT8 y terminará en La Capital.

Confirmaron su presencia el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, y el presidente del

bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria, Agustín Rossi.

Articulos de Horacio Verbitsky sobre la Ley de medios

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