Argentina Capital ExtranjeroInversiones Extranjeras, Deuda Externa Seguridad Jurídica y Fuga de Capitales

Universidad PopularMadres de Plaza de Mayo

Fundación Madresde Plaza de Mayo

Serie Divulgación de la Situación Económica Argentinadocumento nº6 // agosto 2010

IntroducciónCon la caída del muro de Berlín, de la URSS, y del llamado “socialismo real”, fueron proclamados el fin de la historia y de la lucha de clases, la muerte de las ideologías y la aparición de un comando unipolar del mundo, con la supremacía de los Estados Unidos como única potencia, y de la elite anglosajona como regente del orden mundial. Reagan y Tatcher en Es-tados Unidos y Gran Bretaña respectivamente fueron sus representantes emblemáticos. La globalización financiera neoliberal se afianzaba.

Con la firma del Consenso de Washington, se abrió la vía para el fortalecimiento del proyecto neoliberal, naci-do en los ‘80. En ese contexto, los gobiernos de Améri-ca Latina aplicaron políticas de desregulación, apertu-ra comercial y financiera, y privatización de empresas públicas que transformaron radicalmente la estructura económica e institucional de los países de la región.

De esa forma se produjo una gran concentración del poder económico en el mundo y en la región. Mientras que las burguesías nacionales comenzaron a perder relevancia frente al avance de las empresas transna-cionales, especialmente en las actividades de servicios y las finanzas, la liberalización de los flujos de capital hizo vulnerables a las economías. Las decisiones sobre cuestiones fundamentales de las políticas de estado comenzaron a tomarse en los grandes centros del po-der financiero y en consecuencia se produjo una mayor concentración y extranjerización del poder económico. Los Estados perdieron capacidad de negociación y de regulación de las economías locales. Ello fue más agu-do en los países con una elevada deuda externa.

Si bien los preceptos del Consenso de Washington, las recetas del FMI y del Banco Mundial y el paradigma neoliberal fueron iguales para todos los países de la re-gión, no todos aplicaron estas políticas con el mismo en-tusiasmo. Nuestro país fue considerado como su mejor alumno por el FMI y Menem-Cavallo los artífices de ello.

2

Durante esos años de discurso único, se nos quiso hacer creer que si nos abríamos al mundo aplicando una economía de mercado –con todo lo que ello im-plica-, llegarían inversiones extranjeras como “único” motor para el desarrollo y el crecimiento económico.

Sin embargo, esta apertura verificada en la década del ´90 trajo aparejada una catástrofe económica y social que colapsó en diciembre de 2001, dejando en evidencia que las economías cuanto más desregula-das resultan más vulnerables. Esto es así porque han perdido la capacidad de controlar los flujos comercia-les o financieros a través de medidas arancelarias o controles cambiarios.

Generalmente las inversiones extranjeras no están des-tinadas a crear nuevas empresas ni al desarrollo tecno-lógico, sino a la adquisición de empresas ya existentes o la intervención en empresas públicas privatizadas. Uti-lizando, en este último caso títulos públicos devaluados

en el mercado, pero que son aceptados a valor nominal en el país de destino, tal el caso de las privatizaciones llevadas a cabo en los ́ 90 en nuestro país.

La mayoría de ellas tampoco permiten aumentar ex-portaciones con mayor valor agregado ni estimulan la economía local, ya que tienden a la explotación di-recta de recursos naturales, que son exportados en bruto y procesados industrialmente en sus países de origen o terceros países donde se benefician con ba-jos costos laborales.

Como lo demuestra la experiencia en Latinoamérica, confiar en la inversión extranjera como único motor de desa-rrollo ha llevado a una mayor exclusión social y concentración de la riqueza, aumento sideral del endeudamiento externo y la pérdida de soberanía en la toma de decisiones.

3

Principales saldos del balance de pagos (2008)(Millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales – INDEC.

A pesar de la política de desendeudamiento llevada a cabo desde el 2003, la deuda externa sigue sien-do un gran condicionante del desarrollo económico. Durante el 2008 se pagaron U$S 5.603 millones en concepto de intereses por deuda y fueron remitidos unos U$S 7.420 millones al exterior en concepto de

Deuda externa según sector residente(1991, 1999 y 2008) (Millones de dólares)

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales.

1991 1999 2008

Total de Deuda Externa

61.335 144.657 128.213

Sector Público no Financiero y Banco Central

52.739 84.805 64.792

Sector Privado no Financiero

3.522 36.224 58.296

Sector Financiero (sin Banco Central)

5.074 23.628 5.125

Las ventajas jurídicas, la deuda externa y las priva-tizaciones fueron los factores centrales de la pene-tración del capital foráneo en Argentina.

utilidades y dividendos. Ambas cantidades sumadas representan aproximadamente el 84% del superávit comercial de ese año. Mientras que la deuda externa pública rozaba los U$S 65.000 millones, siendo casi un 95% de los ingresos públicos.

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.

Participación porcentual en la utilidad por origen de capital en las 500 principales empresas del país

(1993 y 2008)

De las 500 empresas más importantes del país, 338 (68%) son extranjeras o tienen participación de capi-tal transnacional, concentran el 89% del total de utili-dades y originan la mitad del PBI de nuestro país.

Empresas nacionales y extranjeras en las 500 principales empresas del país (1993 y 2008)

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC

Desnacionalización y pérdida de autonomía (1976-2002)

 

4

 

Ley de Inversiones Extranjeras

La dictadura militar allanó el camino para la desnaciona-lización del aparato productivo, construyendo un nuevo marco jurídico muy beneficioso para el capital extranjero

Como parte de su programa económico, la gestión de Martínez de Hoz reem-plazó, en agosto de 1976, la Ley de Radicaciones Extranjeras (Ley 20.557) por una propia (Ley 21.382). Esta ley, aún vigente, otorga los mismos derechos a una empresa extranjera que a una nacional. No impone casi ningún límite de sectores que pueden ser propiedad de extranjeros, les permite transferir uti-

lidades, dividendos e, incluso el capital, en cualquier momento y casi sin restricciones, les abre el acceso al crédito interno, y consagra una ficticia independencia jurídica entre la casa matriz y su sucursal en Argentina, que le permite desentenderse en caso de problemas, entre otras.

Con esta ley, la dictadura anuló toda una serie de regulaciones sobre los capitales ex-tranjeros que ingresaban al país. La ley 20.577 establecía requisitos relacionados con el desarrollo de zonas geográficas específicas, mejor utilización de los recursos na-turales y humanos, mejora de las condiciones de vida de la población y límites a la contaminación ambiental. Por otro lado, también fue eliminado un requisito fundamental que debían cumplir las inversiones extranjeras: que la inversión extranjera genere las divisas (ya sea sustituyendo importaciones o fomentando nuevas exportaciones) ne-cesarias para financiar sus remisión de utilidades y amortizaciones del capital, lo que implicaba una mínima sensatez en la viabilidad económica de largo plazo de dichas inversiones. Al respecto, la ley 20.577 señalaba “Que los bienes o servicios a producir posibiliten una sustitución de importaciones o sean objeto de exportaciones a través de un compromiso expreso, debiendo dejar un beneficio neto para el país en cuanto al ba-lance de divisas de la radicación, computándose para su cálculo de probables egresos o repatriación de capital, utilidades, amortizaciones, intereses, regalías, importaciones –incluso las indirectas a través de los insumos– y otros egresos”.

También fueron eliminadas una serie de restricciones referidas a niveles y razones para la remisión de utilidades al exterior, áreas que por cuestiones estratégicas no son admisibles para el ingreso de capitales externos (de seguridad nacional, alimentaria, recursos natura-les, entre otras), impedimentos para fondearse en el mercado de crédito local y otras res-tricciones que evitaban la absorción del capital nacional por el extranjero. Finalmente, otro importante aspecto que dejó de exigirse al inversor extranjero es el fomento del desarrollo tecnológico en el país, incluyendo la contratación de técnicos locales.

5

La “seguridad jurídica” de los ‘90: otra rendición frente al capital extranjero

En la década del noventa, paralelamente al significativo aumen-to de la IED, Argentina adhirió a un sistema de justicia arbitral en materia de inversiones, cuya principal característica fue la cesión de su soberanía jurídica, reconociendo tribunales exter-nos para dirimir los conflictos entre el Estado y las empresas ex-tranjeras. Nuestro país se convirtió en uno de los más fervientes partidarios del esquema bilateral, suscribiendo un gran número de Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), de los cuáles 56 se encuentran todavía vigentes.Como ya se ha mencionado, en una primera etapa la mayoría de los fondos extranjeros entrantes fueron destinados a la compra de empresas prestadoras de ser-vicios públicos (a través del proceso de privatizaciones impulsa-dos por el gobierno de Carlos Menem), recibiendo el particular tratamiento de contar con tarifas fijadas en dólares, junto con un esquema de indexación que seguía la inflación norteamericana.

La Ley de Convertibilidad validaba la posibilidad de realizar con-tratos domésticos en moneda extranjera, y la dolarización con-tractual fue de tal magnitud que en 2001, el 97% de la deuda pú-blica nacional y el 64% de los depósitos y los créditos bancarios al sector privado, estaban en moneda extranjera.

6

menem titiritero + texto

Mediante la sanción de la Ley 25 565 de emergencia económica a inicios del año 2002 también se pesificaron (y se con-gelaron) a 1 peso por dólar las tarifas de los servicios públicos privatizados, ge-nerando un aluvión de demandas ante el CIADI. Actualmente el país enfrenta unas 40 denuncias, con un pasivo contingente de un monto cercano a los U$S 20.000 millones. Aunque algunas empresas que inicialmente habían recurrido a este tribunal, luego retiraron sus demandas como condición del gobierno nacional para renegociar los contratos.

Los TBI establecen que en caso de que los inversores sufran pérdidas debido a que sus inversiones o ganancias en el país resultaran afectadas por una emer-gencia nacional, recibirían de parte de la Argentina un trato conforme al derecho internacional y no menos favorable que el que la Argentina acuerde a sus pro-pios inversores o a los de cualquier ter-cer Estado.

7

Los TBI establecen que, las inversiones no se expro-piarán o nacionalizarán directamente, ni indirecta-mente mediante la aplicación de medidas equivalen-tes, salvo por razones de utilidad pública, de manera no discriminatoria y mediante pago de una compen-sación pronta, adecuada y efectiva, y de conformi-dad con el debido procedimiento legal. Por lo tanto, ya que el gobierno argentino no ha realizado ninguna expropiación directa, la discusión con las empresas demandantes gira en torno a la definición de si ha habido o no una expropiación indirecta. Para lo cual, las empresas deben demostrar que ha habido una interferencia sustancial y duradera en los derechos de propiedad. El reclamo debe estar ligado en forma directa al tiempo de duración de las medidas, ya que la interferencia prolongada puede ser expropiatoria mientras que la interferencia temporaria puede ser una cuestión irrelevante.

Así, en situaciones de emergencia, no habría expro-piación cuando las medidas sólo son temporarias. En igual sentido, tribunales internacionales han afirmado que un Estado no es responsable por la pérdida de valor en la propiedad o por otras desventajas econó-micas que resulten de la aplicación de impuestos ge-nerales de buena fe u otra acción comúnmente acep-tada como dentro del poder de policía de los estados.

En el ejercicio de sus poderes regulatorios, los go-biernos frecuentemente cambian sus leyes y regula-

ciones en respuesta a los cambios que se producen en las circunstancias económicas, políticas, o so-ciales. Estos cambios pueden tornar algunas activi-dades menos rentables o inclusive antieconómicas, pero no toda la actividad reglamentaria del gobierno que le dificulta o imposibilita a un inversionista llevar a cabo un determinado negocio, ni todo cambio en la legislación o en la aplicación de leyes existentes que torna antieconómico continuar un determinado negocio, constituyen una expropiación.

Los TBI establecen que se debe otorgar a los inver-sores un “trato justo y equitativo”. La finalidad del es-tándar de trato justo y equitativo no es brindar una garantía general y absoluta de estabilidad, previsibi-lidad y rentabilidad a los inversores, sino protegerlos del trato gravemente injusto o arbitrario. Para apre-ciar si esto último ha ocurrido es necesario tener en cuenta el contexto.

En resumen, los tratados bilaterales de inversión no son pólizas de seguro de las inversiones contra todo cambio o contra crisis económicas. La República Argentina no se comprometió a que no atravesaría nunca más crisis económicas ni modificarían su ré-gimen jurídico. Por lo demás, ya varios tribunales ar-bitrales afirmaron que los tratados bilaterales sobre inversiones no se diseñaron para ofrecer garantías de rentabilidad a inversores extranjeros que invierten en países en desarrollo.

Tratados Bilaterales de Inversión

8

Inversiones extranjeras y “seguridad jurídica”

El discurso recurrente de los “inversores extranjeros” se basa en lo que llaman “seguridad jurídica”, que no son más que una serie de condicionamientos a la política económica de los gobiernos supuestos des-tinatarios de ese capital.

Entre estos condicionamientos podemos mencionar:

1. Ningún tipo de restricción para el ingreso y egreso de capitales en moneda extranjera, en el momento y por el monto que consideren necesario.

2. Libre disponibilidad y conversión a moneda extranjera de las ganancias obtenidas en el país, y libre giro por el ciento por ciento a los países de origen de la inversión o a dónde las empresas decidan.

3. Flexibilidad laboral, mediante contratos a término, sin ningún tipo de consecuencia para la empresa en caso de necesidad de despedir personal. Limitaciones a las organizaciones sindicales en el ámbito de las empresas extranjeras.

4. Absoluta libertad de precios en el mercado interno, y libre disponibilidad de exportación sin impuestos “distorsivos” (retenciones). Beneficios especiales en el pago de la seguridad social. Como en el caso argentino baja de los aportes patronales.

5. Convenios laborales específicos de cada empresa inversora. No adecuación a los convenios laborales por rama de actividad.

6. Promoción impositiva preferencial para las inversiones extranjeras.

7. Régimen jurídico extraterritorial, esto es que en caso de controversia judicial, resuelve el tribunal del CIADI, dependiente del Banco Mundial.

9

Según la CEPAL, sobre las 100 empresas más importantes de servicios de América Latina, la participación extranjera en el producto sectorial pasó del 10% en el período 1990-94, al 38% en el 2000-02.

En Argentina, luego del programa de apertura comercial y financiera, que profundizó la extranjerización de la economía, la Inversión Extranjera Directa (IED) pasó del 8% del PBI al 22% en el mismo período. La mayor parte de esa inversión (49%) se empleó en compras y fusiones de empresas ya existentes, incluidas las privatizaciones. El 33% se dedicó a la ampliación de plantas y sólo el 18% a instalación de nuevas empresas.

Según estadísticas de la OCDE, para 1997 la extranjerización de la economía argen-tina era mayor que la de países considerados abiertos al capital externo y al comer-cio. Ese año, la participación de las empresas transnacionales en las ventas llegó al 57%, porcentaje mayor que el de Brasil (50%) y que el de Malasia ó Hong Kong. En el Reino Unido o Francia el porcentaje era del 30% y en Alemania del 13%.

Además, la participación de las transnacionales en el valor agregado llegó al 79%, una porción superior a la de países como Irlanda, Singapur, Malasia, Hong Kong y Brasil (50%). Las exportaciones de ese año fueron realizadas en un 50% por transnacionales.

La extranjerización del sistema financiero también sufrió cambios. Entre 1990 y fi-nales de esa década, los bancos extranjeros pasaron de tener una participación moderada a controlar la tercera parte del sistema de recolección de depósitos y asignación de crédito bancario en la región. Del 5% del mercado que ostentaban entre 1990-1994, pasaron a controlar el 35% entre 1999-2003. El control de los flujos financieros internos y externos por entidades extranjeras sería aún mayor si se suma-ra la aparición de sistemas de jubilación privados en Chile, Argentina, México y otros países (luego derogado en nuestro país). En Argentina, según el BCRA, en 1990 los bancos privados extranjeros tenían el 15% de los depósitos, cifra que se elevó al 52% al finalizar la década.

Argentina57%

Brasil50%

Reino Unido30%

Francia30%

Alemania13%

La extranjerización en cifras

10

La inversión extranjera a partir del 2003

Luego de la salida de la convertibilidad, y cuando a partir de 2003 comenzó una etapa de expansión de la economía a través de la recomposición de la demanda interna y la protec-ción implícita de la producción nacional por un tipo de cambio competitivo, una nueva olea-da de inversiones externas comenzó a registrarse en el país. Estas estuvieron dirigidas en su mayoría a la producción de bienes, contrariamente a lo sucedido en los ´90, que fueron a los servicios públicos y transporte.

Para seguir creciendo en la nueva etapa de expansión del consumo interno, son necesarias fuertes inversiones que aumenten la capacidad de producción. Pero las dificultades para acceder a financiamiento se convierten en una restricción importante. La decisión de ven-der las compañías en la mayoría de los casos puede explicarse por la imposibilidad de las empresas locales de consolidarse como actores de peso a nivel internacional. Ante compe-tidores regionales o mundiales más grandes, terminan entregándoles la compañía por temor a ser desplazados del mercado.

Con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno se comenzó a visualizar la idea de crear un empresariado o “burguesía nacional” sólida. En algo más de seis años de gestión entre el ex presidente y la gestión de Cristina Fernández, se lograron algunas nacionalizaciones en el entramado corporativo a través del Estado o alentando a firmas de capital nacional. Así como las privatizaciones fueron íconos de la era menemista, las renacionalizaciones, (que a veces se conjugaron con la vuelta al Estado de algunas privatizadas que incumplieron los contratos de concesión), se convirtieron en íconos de la administración actual y de su predecesora.

El fenómeno de las translatinas

En los últimos años han empezado a cobrar importancia para la economía mundial las nuevas empresas transnacionales surgidas en los países en desarrollo y en las economías en tran-sición. En el caso de América Latina, estas empresas que se conocen como “translatinas”, se han convertido en una importante fuente de flujos de IED y actualmente están intentando mejorar su posición en los mercados nacionales, regionales e internacionales.

Las principales translatinas se encuentran en los sectores de industrias básicas, alimentos y bebidas, y ciertos servicios. Provienen principalmente de Brasil, Chile y México. En el caso de Argentina, que fue pionera en la región en lo que hace a la expansión internacional de sus

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

11

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

ORDEM

E

PROGRESSO

empresas, sufrió en los últimos años un fuerte proceso de venta a inversores extranjeros de la mayoría de las grandes empresas nacionales con presencia en el exterior. Sin embargo, cabe mencionar algunos casos destacados como el de Techint, líder mundial en la producción de tubos sin costura, que continúa con su expansión tanto a nivel regional como global. Otro caso destacado, aunque de menor envergadura relativa es el de Arcor, una de las empresas líderes en la producción de golosinas a nivel mundial, que cuenta con plantas en varios países de América Latina, y con presencia comercial en casi todo el mundo.

La inversión directa de Brasil en el país cobró algún impulso durante los primeros años del Mercosur. Más tarde, a partir de 2001, esta se volvió una tendencia más dinámica, que con-tinúa hasta la fecha. Como resultado de este proceso Brasil se convirtió en uno de los princi-pales orígenes de la IED en Argentina. Cabe destacar que este fenómeno no tuvo correspon-dencia por parte de las empresas argentinas en Brasil, que en todo este período no generaron flujos de IED importantes hacia su economía.

La importancia de Brasil a partir de 2001 se dio fundamentalmente a través de compras de empresas ya existentes y no por la creación de nuevos emprendimientos productivos. Entre las compras realizadas por empresas brasileñas en Argentina se destacaron: Acindar, Pecom, Quilmes, Loma Negra, y Swift Armour. Estas compras colocaron a Brasil entre los cinco mayo-res inversores externos en Argentina.

Inversiones extranjeras por origen de capital (millones de dólares – flujo)

PAÍS / AÑO 2002 2003 2004 2005Acumulado 2002-2005

Estados Unidos 283 893 1.773 3.128 6.078

España 32 574 2.575 2 306 5.487

Brasil 1.559 179 339 1.747 3.824

Gran Bretaña 370 543 553 802 2.268

Canadá 362 455 296 339 1.452

Resto 803 1.258 2.385 2.552 6.997

Fuente: elaboración propia en base a CEPAL y CEP.

12

Entre las décadas del 70 y 80 comenzó el quebranto de lo que se consideraba un impedimento para maxi-mizar las ganancias empresarias: la rigidez del mer-cado de trabajo, los contratos laborales y los com-promisos del Estado.

Se argumentaba así que la existencia de leyes y otras regulaciones impedían el libre funcionamien-to del mercado de trabajo, incrementaban el costo de la mano de obra y reducían el nivel de empleo. En base a esta afirmación (tanto en los países de-sarrollados como en desarrollo) la flexibilización del mercado de trabajo se impuso como un requi-sito con la excusa de lograr mayores niveles de empleo.

El fundamento teórico de la flexibilización pos-tula la individualización de las relaciones labo-rales. Coarta los convenios colectivos (para que cada empleador negocie libre e individualmente con cada trabajador), limita el derecho a huelga y promueve la sustitución de contratos indefinidos

por contratos temporales. En este contexto, en la nueva economía transnacional el trabajo se carac-teriza por: a) informalidad; b) precarización; c) ter-cerización; d) desmantelamiento de la protección social y e) migración.

En Argentina, según la OIT, entre 1990 y 2003, de cada 10 nuevas personas ocupadas, 6 lo hacían en el empleo informal. Las transformaciones de la ola neoliberal aplicadas en los ´90 deterioraron a tal punto las condiciones de trabajo y el ingreso, que en sólo unos años el empleo informal pasó del 23% al comienzo de la década al 49% en plena crisis del 2001. Los desplazados del empleo público por ac-ción de las privatizaciones y mediante retiros volun-tarios financiados por organismos multilaterales, se reubicaron como cuentapropistas y en pequeños emprendimientos. En este período, los ingresos del sector asalariado se estancaron o disminuyeron en términos reales mientras que los ingresos de las cla-ses acomodadas aumentaron sustancialmente pro-fundizando la brecha entre ricos y pobres.

Impacto de la IED en el empleo

Pobreza e Indigencia 1990-2002 (%)

 Fuente: elaboración propia en base a datos del INDEC.

El resultado de este proceso fue la creciente preca-rización y destrucción de puestos de trabajo. La En-cuesta Nacional a Grandes Empresas (ENGE) -refe-rida a las 500 empresas no financieras más grandes del país-, nos muestra que en el periodo 1993-01 las grandes empresas con participación extranjera crea-ron poco más de 89.500 puestos de trabajo, mientras que las empresas nacionales perdieron unos 163.000 empleos para el mismo periodo. El déficit creado, co-mienza a gestarse a partir del año 1995, cuando co-mienza a crecer la captación de IED.Si observamos el comportamiento del empleo en las ramas industriales receptoras de más IED, confirma-mos que en casi todas ellas el empleo tuvo caídas significativas.

13

EXTRANJERIZACION DE LA INDUSTRIA ARGENTINAANÁLISIS SECTORIAL DE LAS 500 EMPRESAS MÁS GRANDES DEL PAÍS (2008)

Actividad Principal Total de Empresas

ETs ETs (%) en el total de empresas

ETs (%) en el total de valor agregado

Minas y canteras 40 35 87,5 95,7

Industria Manufacturera 302 203 67,2 83,5

Alimentos, bebidas y tabaco 107 59 55,1 97,8

Combustibles, químicos y plásticos 82 66 80,5 93,2

Maquinarias, equipos y vehículos 45 37 82,2 95,4

Resto de industria 68 41 60,3 74,3

Resto de actividades 158 100 63,3 74,7

TOTAL 500 338 67,6 83,1

Fuente: elaboración propia en base a Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC.

Principales aspectos de las reformas laborales introducidas en los años noventa

1) Ampliación del período de prueba. Al estar exen-to de cargas y protección social, se facilitaron mo-dalidades de subcontratación, que reducen la res-ponsabilidad por la protección y los costos. 2) Establecimiento de condiciones de despido más fa-vorables para la empresa, incluida la ampliación de la definición de despido por causa justa y la eliminación de la obligación de reintegro en caso de causa injustificada.3) Reducción de los costos laborales no salariales, financiando las contribuciones a la seguridad social con una mayor participación de los aportes indivi-duales de los trabajadores o con impuestos genera-les, además, se redujeron otras contribuciones pa-tronales, consistentes en servicios que beneficiaban directamente al trabajador, entre otros de cuidado infantil, formación profesional, y vivienda social.4) Descentralización de la negociación de las remu-neraciones, las jornadas de trabajo, y las formas y los temas de las negociaciones laborables colecti-vas, a nivel de rama o sector.5) Nuevas modalidades de seguros de desempleo, mediante sistemas de cuentas individuales con aportes solidarios del empleador y del Estado.

Índice de obreros ocupados en la Industria Base 1997=100

Descripción 1995 2004

Alimentos y bebidas 103.9 92.1

Productos de tabaco 103.5 86.3

Fabricación de sustancias y productos químicos

101.2 90.8

Fabricación de metales comunes 100.7 85.1

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto máquinas y equipo

94.1 70.9

Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

111.4 58.8

Fabricación de equipo de transporte 86.8 92.3

Fuente: Encuesta industrial (INDEC)

Resulta evidente que la desnacionalización y desin-dustrialización tuvo un impacto negativo en el em-pleo, sustituyéndose trabajadores de mayor anti-güedad y experiencia sindical por nuevas formas de precarización laboral.Por otro lado, dado que la mayoría de la IED estuvo ligada al proceso de fusiones y adquisiciones, és-tas no sólo no garantizan la creación de empleos sino que incluso los destruye (ver CeMOP - Docu-mento de Divulgación Nº 5, págs. 20 y 25), por lo que podemos deducir que la mayoría de las inversiones tuvieron poco impacto en la creación de empleos.

14

Empresa Controlante o asociado Origen Sector Marcas

Grupo JBS-Friboi carne bovina Swift y Cabaña Las Lilas

Danone (*) lácteosLa Serenísima, Actimel,

Ser, Yogurísimo

Nabisco y Kraftgalletitas, alfajores,

pastasTerrabusi, Express y otras

Danonegalletitas, alfajores,

chocolatesBagley

Nabisco y Kraft galletitas y fideos Canale, Cerealitas

Danoneagua mineral y saborizadas

Villavivencio, Agua Ser

Danoneagua mineral y saborizadas

Villa del Sur

Belgo Mineira hierro y acero Acindar

Camargo Correa cemento y calesLoma Negra, San Martín,

Plasticor y otros

Petrobras petróleo y derivados Petrobras

Petrobras petróleo y derivados Petrobras

Repsol petróleo y derivados YPF

Desnacionalización made in Argentina

Fuente: elaboración propia(*) Solo una parte

15

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MECON)

Ingresos del Estado por privatizaciones según modalidad de pago (1990-1999 - Millones de

dólares y porcentajes)

mercado, los grupos empresarios que se quedaron con las empresas privatizadas prácticamente no tu-vieron riesgo empresarial, dado que se trataba de sectores monopólicos y/u oligopólicos con ganancias garantizadas por sus marcos regulatorios.

Si bien es cierto que algunos grupos económicos lo-cales tuvieron participación en el proceso privatiza-dor, la participación del capital extranjero, ya sea a través de Inversión Extranjera Directa (IED) o Inver-siones de Cartera (IC), fue ampliamente mayoritaria.

Participación del capital nacional y extranjero (IC+IED) en la privatizaciones. (1990-99)

 Fuente: elaboración propia en base a datos del MECON.

  REAL NOMINAL

EFECTIVO 18910 18910

TITULOS DE DEUDA 4657 13534

OTROS 460 460

TOTAL 24027 32904

TITULOS/TOTAL 19% 41%

Antes de la aplicación del Plan Brady, en 1992, los tí-tulos de la deuda cotizaban por debajo del 14% de su valor nominal. De los U$S 24.027 millones recibidos por el Estado por la venta de sus empresas entre 1990 y 1999, unos U$S 4.700 millones correspondieron a bo-nos de deuda cuyo valor nominal reconocido fue de U$S 13.500 millones (casi un 200% por encima de su valor real).

Además de la estafa que significó la toma de los títulos de la deuda varias veces por encima de los valores de

Las Privatizaciones

Impulsada por los grandes grupos económicos locales, la banca acreedora externa y –fundamental-mente- el aval ideológico y financiero de los organismos multilaterales de crédito, el gobierno de Carlos Menem llevó a cabo un intenso programa de privatización de empresas públicas. Dicho programa estuvo acompañado por un marcado dinamismo del endeudamiento externo, una política de desregulación y apertura total en los mercados de bienes y servicios, y la aplicación de estrategias de flexibilización laboral como pilares del regreso neoconservador. En otras palabras, un Estado sin injerencia en las de-cisiones económicas y reemplazado por la iniciativa privada.

16

PÉREZ COMPANC

Concesiones viales, Electricidad (distribución), Electricidad (generación), Electricidad (transporte), Gas (distribución), Gas (transporte), Petróleo(b), Telecomunicaciones, Trans-porte ferroviario(c)

TECHINT

Concesiones viales, Electricidad (distribución), Electricidad (generación), Gas (transporte), Petróleo(b), Telecomunicaciones, Transporte ferroviario(c), Industria siderúrgica

ASTRA (REPSOL)

Electricidad (distribución), Gas (distribución), Petróleo(b)

ROGGIO

Concesiones viales, Petróleo(b), Subterráneos, Transporte ferroviario(c)

CEI CITICORP HOLDINGS

Electricidad (distribución), Electricidad (generación), Gas (distribución), Gas (transporte), Telecomunicaciones, Industria siderúrgica

LOMA NEGRA

Electricidad (distribución), Gas (distribución), Petróleo(b)

MACRI

Concesiones viales, Gas (distribución), Petróleo(b)

SOLDATI

Electricidad (generación), Electricidad (transporte), Gas (distribución), Gas (transporte), Petróleo(b), Telecomunicaciones, Transporte ferroviario(c), Agua y desagües cloacales

Fuente: Área de Economía y Tecnología de FLACSO en base a información oficial. * Se incluyen las principales participaciones de los conglomerados seleccionados en las diversas privatiza-ciones realizadas. Muchas de dichas participaciones fueron vendidas posteriormente.

Principales grupos económicos beneficiados por las privatizaciones

17

La venta de los activos públicos a capitales ex-tranjeros resultó un factor decisivo para el finan-ciamiento, en términos de divisas, del régimen de convertibilidad. El flujo de capitales recibidos por las privatizaciones explica aproximadamente el 40% del resultado de cuenta financiera y ba-lance de pagos entre 1992 y 1998. Sin embargo, más tarde, los intereses, utilidades y dividendos comienzan a pesar en sentido contrario. Fue así que en 1998, luego de la venta de YPF y cuan-do ya no quedaban más empresas públicas por vender, el peso de los giros de las empresas pri-vatizadas al exterior se hizo evidente en el saldo negativo de la cuenta corriente.

Impacto de las privatizaciones sobre el balance de pagos. 1992-1999, acumulados

(Millones de dólares y porcentajes)

  Total acumulado 1992-9

Cuenta Corriente -75084

Privatizadas -14924

Priv./Cta. Cte. 20%

Cuenta capital y financiera 106931

Pivatizadas 41095

Priv./Cta. Cap. y Fin. 38%

Fuente: elaboración propia en base a datos del MECON e INDEC.

Cabe resaltar que además del seguro de cambio im-plícito que significaba la convertibilidad, el gobierno de Menem y Cavallo les permitió a las empresas pri-vatizadas que ajustaran sus tarifas de acuerdo a la evolución de los índices de precios de EE.UU. Por ejemplo, entre el mes de enero de 1995 y junio de 2001, en la Argentina, el Índice de Precios al Con-sumidor mostró una deflación acumulada del 1,1%, mientras que en igual período, el índice de precios

al consumidor de los EE.UU. registró un incremen-to acumulado de 18,4%. Es decir que los ajustes periódicos aplicados en las tarifas de los distintos servicios públicos privatizados en la Argentina exce-dieron el propio ritmo inflacionario local.

Como resultado de ese ajuste por el IPC de los EE.UU., las principales prestadoras de servicios pú-blicos privatizados obtuvieron una transferencia vio-latoria de la propia Ley de Convertibilidad del orden de los U$S 2.400 millones, monto que ascendería a los U$S 9.000 millones si se computara toda la dé-cada del ´90.

Tasa de rentabilidad sobre ventas de las 200 empresas de mayores ventas, según el vínculo de las firmas con el proceso de privatizaciones.

Privati-zadas

Vincula-das a las privatiza-ciones*

No vincu-ladas a

las privati-zaciones

Total

1993 11,0 3,4 2,6 4,5

1994 10,5 5,3 4,1 5,6

1995 12,8 9,8 2,3 5,8

1996 11,2 6,4 1,1 4,3

1997 12,2 9,2 0,8 4,7

1998 10,4 6,2 0,9 3,8

1999 7,8 4,4 -0,3 2,4

2000 8,8 6,7 -1,2 2,4

Prom. 93/00 10,4 6,6 1,1 4,0

Fuente: Área de Economía y Tecnología de FLACSO en base a balances de las empresas.* Firmas que participan en la propiedad accionaria de algunas de las empresas privatizadas.

18

Es evidente que las privatizadas obtuvieron entre 1993 y 2000 excelentes rendimientos respecto al resto de las compañías líderes de la economía argentina. En conjunto, las 200 empresas más importantes del país generaron utilidades por unos U$S28.000 millones. El 57% (más de U$S 16.000 millones) correspondió a 26 empresas privatizadas (el 13% del total de empresas).

 La estafa de Clarín a los jubilados argentinos

En 2007 el Grupo Clarín emitió acciones en las Bolsas de Bue-nos Aires y de Londres que fueron compradas en su integridad por las AFJP. La emisión fue hecha apenas unos meses antes de que se pro-dujera la debacle financiera global, por un valor de casi $35 cada ac-ción. A las pocas semanas, a partir

del trágico derrumbe bursátil mundial, las acciones cayeron a $9 y nunca más se recuperaron. Como consecuencia de esta estafa la pérdida resul-tó millonaria, estimada en $252 millones. Los damni-ficados fuimos todos los argentinos.

Acciones del Grupo Clarín compradas por las AFJP

 

Distribución de la masa de utilidades contables de las 200 empresas mas grandes del país según el vínculo con las privatizaciones 1993-2000

(porcentajes y valores absolutos)TOTAL: 28.441 millones de dólares

Fuente: Área de Economía y Tecnología de FLACSO en base a balances de las empresas

19

La jubilación privada: el robo del siglo XX

“Estos asuntos de economía y finanzas son tan simples que están al alcance de cualquier niño. Solo requieren saber sumar y restar. Cuando usted no entiende una cosa, pregunte hasta que la entienda. Si no la entiende es que están tratando de ro-barlo. Cuando usted entienda eso, ya habrá aprendido a defender la patria en el or-den inmaterial de los conceptos económicos y financieros.” (Raúl Scalabrini Ortiz)

La puesta en práctica del sistema de jubilación privada en Argentina en 1994 fue una consecuencia directa de la ola neoliberal que impactó en los ´90 arrasando no sólo con las empresas del Estado, sino con el Estado mismo. La creación de las AFJP, fue una de las privatizaciones más irracionales de las que se tenga memoria. Aún peor que en el caso de las empresas de servicios públicos, donde los concesionarios estaban (están) obligados a prestar un servicio; a las AFJP se les transfirieron los re-cursos previsionales sin transferirles la obligación de pa-gar las jubilaciones, por lo que el Estado debió seguir haciéndose cargo de esas erogaciones.

Esta situación produjo un agujero fiscal de tal magnitud que debió ser cubierto con más deuda pública y con una suba de 3 puntos porcentuales del IVA, que pasó del 18% al 21%. A tal punto que el 42% del endeudamiento fue producto del vacia-miento previsional.

El sistema calcado al impuesto en Chile por Pinochet e impulsado también por los organismos multilaterales de crédito, mostraba a través de profusa propaganda televi-siva a abuelos felices y trabajadores sonrientes. Diferente fue el caso de los países desarrollados, donde se mantu-vieron los modelos de administración estatal. Si bien el sistema jubilatorio argentino pasó a ser mix-to, conviviendo el sistema de reparto y el de capitali-zación, la jubilación privada significó para el país una de las mayores estafas legales perpetradas durante el siglo pasado.

Las AFJP conformaban un auténtico oligopolio. De las 27 que tenía el sistema en 1994 apenas quedaban diez cuando el gobierno de Cristina Fernández decidió dar por finalizada esta etapa. El 50% de sus fondos estaban invertidos en títulos públicos impulsados por un decreto del 2001, es decir que el Estado le transfirió los fondos y luego se los pidió prestado a una tasa del 14% anual, cuando en el mercado internacional era del 5%.

La trampa se terminó de consumar mediante el articu-lado de la ley, al impedir que el trabajador que ha-bía optado por una AFJP pudiera volver al régimen de reparto, limitando la “li-bertad de mercado” sólo a cambiar de empresa una vez cada 6 meses. Al mis-mo tiempo se anotaba a los trabajadores indecisos en la AFJP que cobrara menor comisión, si a los tres me-ses no hubiera formalizado sus preferencias. Así, más del 80% de los nuevos tra-bajadores fueron inscriptos

compulsivamente en el sistema privado.

Otro punto central de la estafa fueron las comisiones. Estas se calculaban sobre el sueldo y no sobre el aporte. Durante años el promedio del sistema fue del 2,5% del salario. Si dicho promedio se tomara sobre el aporte llegaba al 35%. Quiere decir que de cada $ 100 aportados sólo capitalizaban $ 65, y para volver a obtener los cien pesos en un año, la rentabilidad debería ser del orden del 49,5%, rentabilidad que no es capaz de brindar ningún negocio en el mundo. Es por ello, que nadie tenía en su cuenta más dinero del que aportó.

20

Deuda Externa y Fuga de Capitales

En la historia de nuestro país la deuda externa ha sido la columna vertebral, el eje en torno al cual ha girado toda la economía. Ese ha sido el condicionamiento estructural de los factores que frustraron los proyectos de nación soberana e independiente.

Esa deuda externa, que atraviesa la historia desde 1824 hasta nuestros días, fue siempre generadora de con-flictos, y condicionó en forma irreversible el desarrollo de toda nuestra economía. La riqueza que se genera se transfiere al exterior en concepto de pago de intereses y amortizaciones, y permite que la deuda opere como una forma determinada de control económico.

La deuda externa es el mecanismo por el cual los mercados financieros y las empresas transnacionales desa-rrollan activamente sus proyectos de sustracción de capital, transfiriendo los recursos que se generan en los países periféricos a aquellos lugares donde centralizan sus actividades, mediante el crecimiento constante de la obligación originaria y que, resulta imposible de cancelar, generando así intereses capitalizables en una es-piral creciente a la que en nada afectarán los pagos que puedan efectuarse. Sobrevienen las refinanciaciones, reestructuraciones que siguen incrementando el capital originario, y que a través de una retorcida maniobra financiera hace que la deuda sea impagable.

La historia de la deuda sirve para explicar porqué la Argentina siempre mantuvo un notable grado de depen-dencia económica con las potencias hegemónicas y no pudo desarrollar un proyecto de país independiente. Refiriéndose a esa dependencia Scalabrini Ortiz escribió: “La inmensa mole que nos abrumaba fue el resulta-do de la contabilización, a favor del extranjero, del producto de la riqueza y del trabajo argentino”.

Desde aquel primer empréstito con la Baring Brothers, firmado por Bernardino Rivadavia en 1824, hasta la actualidad, el endeudamiento argentino ha transitado los turbios rincones de la usurpación y el fraude. Sin embargo fue a partir de 1976 cuando el endeudamiento se tornó más pesado, iniciando un período de 30 años de creciente endeudamiento que hizo eclosión en el default del 2001/02 y que empezo a revertirse con la aplicación de la política de desendeudamiento de Néstor Kirchner.

Desde entonces se visualizan cuatro etapas perfectamente definidas: la dictadura militar (1976-1983), el gobierno radical de Raúl Alfonsín (1983-1989), la larga década de los ´90 con Carlos Menem (1989-1999) que incluyó el breve paso de Fernando de la Rúa (1999-2001) que persistió en la misma política que su pre-decesor; y la que se inicia en el 2002 con la salida de la convertibilidad, una nueva cesación de pagos y la crisis institucional.

1976-1983 1983-1989 1989-1999 1999-2001 2002

21

Para 1981, ya inviabilizado el plan de Martínez de Hoz por el alza de las tasas de interés internaciona-les, se produjo una devaluación que puso al borde del colapso al sistema financiero. El presidente del BCRA, por entonces un joven economista, Do-mingo Felipe Cavallo, produjo la estatización de la deuda privada implementada a través de un se-guro de cambio cuyo interés fue licuando la inflación y las posteriores devaluaciones. Se vieron benefi-ciados así 28 grupos económicos y más de 100 empresas transnacionales que concentraban el 64% de la deuda externa privada.

De esta forma, la deuda externa que antes del gol-pe de estado no superaba los U$S 7.800 millones, al asumir del gobierno democrático de Raúl Al-fonsín llegaba a los U$S 45.100 millones.

Restaurada la democracia, el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Grinspun, empren-dió duras negociaciones con el FMI proponiendo formalizar un “club de deudores” con otros países en similar situación. Pero la recesión en la que esta-ba sumergida la economía nacional hacía imposible cualquier acuerdo y las posiciones del gobierno se diluyeron frente a las presiones y los atrasos acumu-lados en los pagos. Grinspun se fue del palacio de Hacienda un año más tarde y al finalizar el mandato de Alfonsín, en 1989, Argentina acumulaba ya unos U$S 63.000 millones de deuda.

A partir del gobierno de Carlos Menem se producen cambios estructurales de corte neoliberal, siguiendo los postulados del Consenso de Washington: priva-tizaciones, desregulación, apertura de la economía y liberalización de los flujos financieros. En abril de 1990 se restablecen los pagos de la deuda, y en 1993 se implementa el Plan Brady, que lejos de ter-minar con el problema de la deuda externa –como predijeron funcionarios de entonces-, significó más endeudamiento al capitalizar los intereses.

Evolución de la deuda externa (millones de U$S)

 Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas

A mediados de los años setenta, la economía in-ternacional mostraba elevados índices de liquidez, bajas tasas de interés y bancos ansiosos de obte-ner nuevos negocios, cuando comenzaron a confluir al mercado doméstico (en general a toda América Latina) importantes flujos de capital. En Argentina, el ingreso de esos capitales ocupó primeramente la forma de préstamos al sector privado, en un marco en que la economía había reducido drásticamente sus niveles de protección y encaraba un proceso de apertura. A ello se agregó la reforma financie-ra, concretada en 1977, que liberalizó la actividad, transfiriendo al sector privado el control bancario y cambiario.

El negocio del endeudamiento consistía, básica-mente, en el aprovechamiento de la diferencia entre las tasas de interés locales e internacionales. Las divisas ingresaban al país, se cambiaban al sobre-valuado tipo de cambio vigente y se colocaban en el mercado financiero local, maniobra que arrojaba cuantiosas ganancias y que posteriormente eran re-mitidas al exterior; iniciándose una etapa en la que predominaría la acumulación a través de la valoriza-ción financiera, la desindustrialización, la centraliza-ción del capital y la concentración de la producción y del ingreso.

22

Mientras la deuda creció un 10,2% entre 1990 y 1993 (a un promedio del 3,4% anual acumulativo), entre 1993 y 2001 lo hizo un 126,6%, a una tasa media anual del 14%. También en términos del producto bruto interno se produjo un crecimiento notable: pasando del 27% en 1993 al 53,8% en 2001. De igual forma con relación a las exportaciones de bienes y servicios, donde pasó del 390% en 1993 al 471% en 2001.El canje de deuda del Plan Brady implicaba, además, atomizar el universo de acreedores, por cuanto ya no se trataba de deudas contraídas con grandes bancos comerciales (como en la década del ochenta) sino con tenedores de bonos que podían ser negociados en diversos mercados, tanto por inversores locales como del extranjero, lo que tornaba difuso el concepto de deuda externa.

En efecto, los bonos públicos que representaban el 15% entre 1991 y 1993 alcanzaron el 66% entre 1993 y 1995, llegando al 73% entre 1996 y el 2001. Situación similar sucedió con la exposición frente a los organismos de crédito multilateral, pasando del 13% al comienzo de la década al 18% a su término.

Evolución de la composición de la deuda pública

 Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Determinantes del endeudamiento durante la convertibilidad

En marzo de 1991 se sancionó la Ley de Convertibilidad, cuyo rasgo más conocido establecía la paridad cam-biaria de U$S 1= $ 1. No obstante, no se trataba de un simple instrumento de estabilización monetaria y cambia-ria, ya que al articularse con la implementación de un programa profundo de reformas estructurales (como ya se dijo apoyado sobre la liberalización financiera y comercial, la desregulación de una amplia gama de actividades económicas y la privatización de empresas públicas), ocupó las características de un modelo económico.

23

El lugar reservado al BCRA fue el de una caja de conversión al que no le era permitido monetizar la economía sin el previo encaje por la misma cantidad de dólares, lo que desvirtuaba el con-trol local sobre la cantidad de dinero existente. En efecto, la creciente necesidad de divisas para financiar el circulante y las reservas, se hicieron extensivas al funcionamiento de la economía en su conjunto.

La economía argentina necesitaba generar un cre-ciente superávit comercial para financiar la acumu-lación de reservas y garantizar el sostenimiento del esquema convertible. Pero como concurrentemen-te el atraso cambiario y la apertura de la economía causaban una realidad hostil hacia la producción de bienes exportables y una creciente ola de importa-ciones, la balanza comercial comenzó a presentar déficits, que sólo eran sostenibles por la vía de ma-yor endeudamiento externo.

A ello se sumaba la creciente fuga de capitales lo-cales hacia el exterior por parte de grupos locales y transnacionales cuya consecuencia fue un saldo de-ficitario en la balanza de pagos, que debía cubrir el Estado con más endeudamiento. En efecto, durante el período 1992-94 la remisión de utilidades se ubicó en un 45% promedio del total de ganancias genera-das, entre 1995 y 1998 ese coeficiente se elevó al 70%, para terminar en el 90% en el período 1999-01. Es decir que mientras a comienzo de la década la mitad de las ganancias era reinvertidas, al finalizar la misma eran remitidas a las casas matrices casi el total de las utilidades. Actualmente, las transnacio-nales remiten alrededor del 62% de las utilidades.

El endeudamiento externo del sector público fue el factor que permitió compensar el desequilibrio externo privado durante los años de la convertibi-lidad, con un esquema de acumulación del capital por parte de la elite empresaria estrechamente li-gada a la valorización financiera.

Remisión de utilidades por parte de empresas transnacionales (% del total de utilidades)

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

 

En otras palabras, el endeudamiento público ex-terno fue el motor que permitió que la conver-tibilidad sobreviviera durante más de 10 años. Una vez cerrados los canales del financiamiento externo, el modelo se derrumbó.

En diciembre de 1999 asumió el gobierno Fernando de la Rua (nombrando a José Luis Machinea como su ministro de Economía) con un déficit fiscal del orden de los $ 10.000 millones (pesos/dólares de la épo-ca) y vencimientos de deuda por unos U$S 12.000 millones. Ante esta situación, el gobierno –en cuya campaña electoral había prometido sostener la con-vertibilidad a rajatabla-, aplicó un severo programa de ajuste que incluyó la ortodoxa reducción del gasto público y la ampliación de la base imponible del Im-puesto a las Ganancias. Sin embargo, la recesión hacía lo suyo y la recau-dación fiscal conseguía magros resultados. En este contexto el gobierno inició un pedido de financia-miento al FMI que se conoció como “blindaje” y con-

24

 

Acreedores de la deuda pública Argentina al 30 de junio de 2002

sistía en un desembolso de U$S 39.700 millones du-rante el bienio 2001-02. Tras la renuncia de Machinea en su lugar asumió Ricardo López Murphy, quien pro-puso un nuevo plan de ajuste que fue resistido, por lo que tuvo que renunciar 15 días más tarde. Asumió en su lugar nuevamente Domingo Felipe Cavallo, quien aplicó un programa todavía mucho más drástico que el de López Murphy y que contempló la “ley de dé-ficit cero” que implicaba destinar la recaudación al pago de deuda y el sobrante a los gastos del Estado; además de la reducción del 13% del salario de los empleados públicos y las jubilaciones (que estaban congeladas desde hacía más de una década) agra-vando aún más la recesión.

Ante la falta de financiamiento, Cavallo propuso un nuevo canje de bonos por unos U$S 33.000 millones (conocido como “megacanje”), que consistía en la vieja receta de refinanciar vencimientos. Para ello fueron seleccionados siete bancos que cobraron jugosas comisiones de más de U$S 150 millones (llegándose al absurdo de bancos que cobraron comisiones por cajear títulos que tenían en su pro-pia cartera), mientras que la deuda externa tuvo un incremento del orden de los U$S 50.000 millones.

Sin embargo, el severo ajuste fiscal no hizo más que profundizar el círculo vicioso: al no existir políticas que reactivaran la demanda (las distintas medidas aplicadas contribuían a profundizar su contracción), la restricción en el gasto agudizaba la recesión, he-cho que derivaba en una caída en la recaudación con la consecuente necesidad de ajustar aun más las erogaciones del sector público, a tal extremo que Cavallo impuso lo que se conoció como “el corralito”, que congelaba la libre disponibilidad de los depósi-tos bancarios de cajas de ahorro. Se incrementó la fuga de divisas y el default de la deuda se respiraba en el establishment financiero. Era el principio del fin de la convertibilidad que llevó arrastrado al ministro Cavallo primero y al gobierno radical de Fernando de la Rua horas más tarde.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Economía y Finanzas.

Devaluación y pesificación asimétrica

Investido Eduardo Duhalde como presidente interino –luego de la deserción de Adolfo Rodríguez Saa que ha-bía anunciado el default de la deuda ante la Asamblea Legislativa- se produjo la salida de la convertibilidad de manera caótica, caracterizada por una maxideva-luación de la moneda, una fuerte caída en el nivel de actividad económica, incrementos de consideración en la inflación, un marcado deterioro en los ingresos de los asalariados, un aumento significativo en la tasa de desocupación, importantes déficit de las cuentas del sector público, un intenso proceso de quiebras empre-sarias y una notable inestabilidad política.

A través de la Ley de Emergencia Económica, se dispuso el congelamiento de todos los contratos públicos y privados. Sin embargo la deuda pública se incrementó por la compensación entre activos y pasivos del sistema financiero por: la pesificación asimétrica (y la emisión de bonos con el mismo fin), la acumulación de atrasos del principal de la deuda externa y sus servicios, y la pesificación de los Prés-tamos Garantizados.

25

La Política de DesendeudamientoEl 25 de mayo de 2003 asumió el gobierno Néstor Kirchner dispuesto a llevar adelante una política de desen-deudamiento. Argentina se encontraba con todas las fuentes de financiamiento cerradas por el default decla-rado en 2001, que en rigor sólo alcanzó a tenedores de títulos públicos (U$S 81.800 millones) y Club de Paris (U$S 6700 millones). Si bien los organismos internacionales seguían cobrando los vencimientos de intereses desde el 2002, para fines de 2004, la deuda rondaba los U$S 191.000 millones. Las políticas aplicadas por el gobierno comenzaban a alumbrar crecimiento y superávit fiscal y comercial, fruto de la buena performance que comenzaba a tener el consumo interno, la política de sustitución de importaciones y el comercio exterior, que permitieron una incipiente una recuperación de las reservas internacionales.

El gobierno retomó la renegociación de la deuda, logrando una reprogramación de los vencimientos con el FMI, el BM y el BID; y un canje de los títulos públicos en manos de acreedores privados por una suma de U$S 81.800. Inicialmente, la quita de capital propuesto se ubicaba en el orden del 75% lo que generó polémicas con el fundamentalismo neoliberal que opinaba que ningún acreedor aceptaría semejante propuesta.

Sin embargo, y pesar de los pronósticos pesimistas, al término de la ronda de negociaciones más del 76% de los bonistas aceptaron las condiciones del gobierno argentino, lográndose una reducción del capital inicial que finalmente llegó a los U$S 66.000 millones. Mientras que el 24% restante, decidieron esperar la evolución de los juicios declarados contra el país en tribunales extranjeros.

De esta manera, la deuda, que superaba los U$S 191.000 millones, se redujo a U$S 125.000 millones (sin contabi-lizar la deuda flotante de quienes no habían aceptado el canje, cifra que alcanza unos U$S 18.000 millones más los intereses caídos). La deuda pasó de representar un 139% del PBI, a un 74%, al tiempo que los pagos de intereses, que en 2001 equivalían al 38% de las exportaciones, se ubicaron en un 9% del total exportado. Además, la deuda nominada en pesos pasó del 3% al 37% al finalizar el canje, cuyos vencimientos Argentina pagó regularmente.

Ratio Deuda/PBI y Deuda/Reservas – 2003/2009

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Deuda/PBI (%) 139,1 127,2 74,3 64,1 51 48,8 49,1

Deuda/Reservas(%) 722 668 213 175 134 120 120

Fuente: Elaboración propia base Ministerio de Economía

Por el enorme monto involucrado y la gran cantidad de títulos en juego, esta operación de canje se considera la más importante de la historia financiera mundial.

Experiencias de reestructuración de deuda

Fuente: elaboración propia en base a FMI

PaísMonto Canjeado

(millones de dólares)Suba en precios de bonos canjeados

Monto Ofrecido (millones de dólares)

Quita nominal

Argentina 75.600 (*) 25.704 66%Ecuador 6.600 20% 3.900 40%Pakistán 610 3,5% 623 0%Rusia 31.600 26% 21.000 36%Ucrania 2.612 20% 2.612 0%

(*) Dada la cantidad de títulos involucrados (152 bonos distintos emitidos original-mente en dólares, euros, yenes, francos suizos, libras esterlinas y pesos argentinos),

resulta muy complejo determinar la variación en el precio de los bonos canjeados.

26

El pago al FMI

Si bien el gobierno –como ya se dijo- había repro-gramado los vencimientos con el FMI, las condicio-nalidades que este le imponía al país significaban una clara intromisión en la política económica inter-na, actuando como brazo ejecutor del G-7, países cuyas empresas tienen intereses en nuestro país a través de las privatizaciones, la apertura al capi-tal extranjero y las desregulaciones aplicadas en los ´90. Estas condicionalidades significaban en la práctica aumentar las tarifas de los servicios públi-cos, eliminar los derechos de exportación, ampliar la base imponible, congelar salarios, liberar precios de servicios y bienes esenciales sin control del Estado y formalizar un acuerdo con bonistas que no entra-ron al canje, además de someter al país al control trimestral de las variables macroeconómicas de los enviados del organismo a Buenos Aires.

Fue así que en diciembre del 2005 el gobierno anun-ció el pago de toda la deuda con el FMI mediante la utilización de reservas internacionales. El BCRA había acumulado entonces unos U$S 28.000 millo-nes (U$S 8000 millones en 2003) a través de una política monetaria expansiva y con tipo de cambio de flotación administrada que tornaba competitivas las exportaciones argentinas. El 3 de enero de 2006 se realizó el pago por un monto cercano a los U$S 9.500 millones, lo que permitió que el gobierno reto-mara el timón de las decisiones económicas sin inje-rencias externas, además de representar un ahorro de U$S 1000 millones en concepto de intereses. En forma casi simultánea también cancelaron la tota-lidad de sus deudas con el organismo Brasil (U$S 15.500 millones) y Uruguay (U$S 1.500 millones).

Bonistas: Una nueva renegociación

Ya en el gobierno de Cristina Fernández, y luego del canje del 2005 (en el que un 24% de los tenedores de títulos públicos no aceptaron ingresar) el gobier-

no llamó a formalizar una nueva reestructuración de esa deuda flotante del orden de los U$S 18.000 mi-llones más los intereses caídos, después de reabrir la negociación que había sido clausurada por la llamada “ley cerrojo”.

Una porción de estos títulos se encuentran en manos de los denominados “fondos buitre”, que son grandes fondos de inversión que adquieren títulos públicos devaluados y que compran a precio vil para luego ini-ciar demandas judiciales contra el país emisor para cobrarlos a su valor nominal.

Por otra parte, resultaba evidente que las condiciones de este nuevo canje no debían superar a las del 2005 para no defraudar a quienes en aquella ocasión ha-bían ingresado aun sin saber si Argentina iba a cum-plir los compromisos.

En esta ocasión un 70% de los títulos, por una cifra de casi U$S 13.000 millones, ingresaron a la operación, con lo que si se considera el total de los bonos que entraron en cesación de pago en 2001, el 92,4% ha comenzado a normalizar sus acreencias con el país.

Comparativo Países Deuda/PBI Año 2009

 Fuente: FMI

27

A lo largo de este documento hemos demostrado que cuan-do un país adopta medidas neoliberales como: la apertura al capital extranjero, la desregulación de sectores clave de la economía, las privatizaciones, el libre ingreso y egreso de capitales y endeudamiento externo; los Estados Nacionales pierden autonomía y capacidad para defender sus propios intereses y los de su pueblo.

Cuando se identifica a la inversión extranjera directa como la principal palanca del desarrollo, debemos responder que éstas no ofrecen mejores condiciones de vida ni un desarrollo económico alternativo, ya que la política pública se limita so-lamente a garantizar el libre juego de la oferta y la demanda.

La tesis neoliberal sostiene que el bienestar social y el cre-cimiento económico no depende de las instituciones estata-les, sino del mercado desregulado y de sus protagonistas: los inversionistas extranjeros. La argentina de los años 90 abdicó y colocó los derechos de los inversores extranjeros bajo la protección del derecho internacional, es decir, cedió parte de sus decisiones soberanas. Con esto sólo consegui-mos mas pobreza y exclusión.

Así, la visión dominante establece la creencia de que el Esta-do ya no debe ser garante del bienestar de la sociedad, sino de las libres fuerzas del mercado, que buscan aprovechar las ventajas ofrecidas por la liberalización, desregulación y privatización de las empresas estatales.

Una de las primeras medidas adoptadas en la dictadura fue modificar la Ley de Inversiones Extranjeras, que amplió su base en los ́ 90, ordenando su texto sobre la noción de igual-dad de tratamiento entre los inversores locales y extranjeros y el derecho a la repatriación de sus inversiones y la remisión al exterior de sus utilidades en cualquier momento y sin nin-gún tipo de control.

En los ´90 esta política se reafirmó, tal como lo señalan los 57 TBI firmados por el país cuya mayoría sigue vigente y que son renovados automáticamente mientras el Congreso de la Nación no los derogue de manera explícita.

Queda claro que el modelo económico neoliberal ha tenido un impacto negativo a nivel económico y social, que se ha manifestado a través de tensiones laborales y en la expan-sión de la desigualdad social; y que son las instituciones estatales la principal vía para detener estos procesos, expre-sados a través de la pobreza, la concentración económica y una inequitativa redistribución del ingreso.

Resulta indispensable que desde el Estado se regule y dirija la actividad de los capitales extranjeros, de manera tal que los flujos de ahorro externo funcionen como un complemen-to del ahorro interno, poniéndose al servicio de un proyecto de desarrollo nacional y regional. A tal fin existen una serie de aspectos en los que debemos avanzar:

Derogar la Ley de Inversiones Extranjeras de la dictadura

El gobierno de la última dictadura militar derogó la Ley 20.557 de Radicaciones Extranjeras, que había sido san-cionada en diciembre de 1973, y la reemplazó por el De-creto Ley 21.382, la actual Ley de Inversiones Extranjeras (Ley 21.382). De esta forma se anularon las regulaciones sobre el capital foráneo como ser la prohibición de inver-siones extranjeras en sectores considerados estratégicos, cuestiones ambientales y de derechos laborales, obliga-ciones para el derrame del conocimiento tecnológico en el país y restricciones para el giro de utilidades, dividen-dos o amortizaciones de capital. Por otro lado, se le per-mitió a las empresas extranjeras fondearse en el mercado financiero nacional, al tempo que proclamó una ficticia

Hacia la consolidación de la autonomía financiera

28

independencia jurídica entre la sucursal en el país y su casa matriz. También se eliminó una regla básica para la viabilidad económica nacional que se encontraba en la ley de 1973: la inversión debía desarrollar exportaciones o sustituir importaciones en forma tal que financie, en términos de divisas, las utilidades, dividendos, amor-tizaciones e importaciones directas e indirectas, que genere. La derogación de la Ley 21.382 y su reemplazo por otra que regule la radicación del capital extranjero resulta imprescindible para poder avanzar hacia una política económica soberana.

Denunciar el CIADI y los TBIs

A más de diez años de la firma de estos acuerdos, surge que no sólo no se incrementó la inversión en proporción a la cantidad de tratados firmados, sino que además el Estado argentino afronta más de treinta demandas en el CIADI a raíz de supuesto incumplimiento de estos instru-mentos, luego del derrumbe del régimen de convertibili-dad, y la siguiente pesificación y congelamiento de las ta-rifas de las empresas de servicios públicos privatizadas. La mayoría de los TBI tenían plazo de duración por 10 años y en casi todos los casos ya venció el plazo, pero tie-nen cláusulas de tácita reconducción, es decir, se prorro-gan automáticamente hasta que el Estado Argentino los denuncie. Al igual que los TBI, al surgir de la firma de un tratado internacional el CIADI tiene una cláusula de retiro. Resulta necesario que el Estado argentino proceda a la denuncia de esos tratados en los términos, plazos y modos que mejor defiendan nuestros intereses y soberanía.

Avanzar en el camino de la restricción a los movimientos de capitales.

La fuga de capitales es una amenaza desestabilizadora que impone la necesidad de ser controlada. Avanzar en el camino de la restricción a los movimientos de capitales permitirá recuperar nuestra capacidad de generar un siste-ma financiero interno independiente del internacional domi-nado por los EEUU. De esta manera podremos recuperar nuestra capacidad de generar crédito, tan importante para contrarrestar la crisis económica como para deci-dir que actividades deben ser estimuladas y cuales no.

Revertir la extranjerización de la cúpula empresarial

En este documento dimos cuenta de la elevada penetra-ción del capital extranjero en la Argentina y sus puntos más sobresalientes de la historia reciente. En muchos casos, estas empresas han dejado de invertir, aún cuan-

do su actividad en el país sigue siendo lucrativa, para girar utilidades y dividendos al exterior. Hacen esto por decisión de sus casas matrices que quieren, de esta manera, me-jorar sus balances presentados en las principales bolsas del mundo. Esto impone, en la contingencia, restringir esos giros injustificados reeditando medidas que funcionaron exitosamente en el año 2002. En un mediano plazo se vuelve necesario replantearse la importancia de revertir la extranjerización de la cúpula empresarial. La recuperación de empresas por el Estado, como el Correo, Aguas, Aero-líneas Argentinas, la fábrica de aviones de Córdoba, es un paso en la dirección correcta. Penalizar impositivamente la extranjerización de empresas y manejar soberanamente el sistema financiero para facilitar el acceso al crédito a las empresas nacionales son medidas que, entre otras, deben ser estudiadas.

Hacia una nueva arquitectura financiera regional

A partir de una redefinición de prioridades de desarrollo económico y social, se torna necesario implementar me-canismos que permitan que el ahorro regional, que actual-mente se invierte en los países del norte, sea captado en forma de reservas internacionales e inversiones privadas, de manera que sirva para el desarrollo de los países de la región. En este sentido se vuelve centralmente importante la consolidación del Banco del Sur, en su papel de Banca de Desarrollo, junto a un Fondo Común de Reservas del Sur, como mecanismo que permita que los países miem-bros cuenten con instrumentos propios que les aseguren los niveles de reservas internacionales necesarios para asegurar su estabilidad monetaria y cambiaria.

29

CoordinaciónFelisa Miceli

RedacciónAgustín CrivelliAdrián González

ArtísticaMariela Santarelli

Colección 200 Años. Pensamiento Económico NacionalVolumen ILa Revolución de Mayo. Entre el Monopolio y el Libre Comercio

Consulte los materiales del CEMOP en Internet http://cemop.madres.org

Boletín Económico del SurPensando la Patria Grande...

DIGITAL

Boletín de Economía PopularDIGITAL

Serie Divulgación de la Situación Económica ArgentinaN° 1 - Del paradigma financiero neoliberal al modelo

productivo con inclusión social. N° 2 - Fortalezas del modelo productivo frente a la crisis económica mundial.N° 3 - Dos proyectos de país en disputa. La encrucijada ante la crisis mundial.N° 4 - El Estado: ¡Presente!. Por un nuevo rumbo tras el fracaso del neoliberalismoNº 5 - Dos Siglos. Grandes Temas Ecnómicos

FUNDACIÓN MADRES DE PLAZA DE MAYO

Hebe de BonafiniSergio Schoklender

UNIVERSIDAD POPULAR MADRES DE PLAZA DE MAYORectora: Inés VazquezSecretario Académico: Germán IbáñezSecretario Administrativo: Sergio Schoklender

CEMoPCENTRO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y MONITOREO DE LAS POLITICAS PÚBLICAS

Felisa MiceliAgustín CrivelliAndrés AsiainLorena PuteroAdrián GonzálezRamón Torres (Mendoza)

PENSAMIENTO ECONOMICO NACIONAL: Rodrigo López, Cecilia Gárgano

SERIE ECONOMIAS PROVINCIALES: Alejandro Rofman, Emilio Rodriguez, Agustín Mario

DOCUMENTOS TECNICOS ENERGIA: Guido Perrone, Diego Mansilla, Natasha Sedziszow

IV ENCUENTRO ECONOMIA: Coordinadora: Graciela OrfeoGraciela Barbieri, Adrián González, Jorge Marchini

PresidentaDirector Ejecutivo

Directora Integrantes

Grupos de Investigación

DISEñO E IMPRESIÓN IMPRENTA DE LAS MADRES.

PENSAMIENTO ECONÓMICO NACIONAL

Volumen ILA REVOLUCIÓN DE MAYOENTRE EL MONOPOLIO Y EL LIBRE COMERCIO

Volumen VI El PERONISMOSU PENSAMIENTO ECONÓMICO

Volumen VIILA INDUSTRIALIZACIÓNESTRUCTURA, DEPENDENCIA Y DESARROLLO

Volumen VIIILA DICTADURALA RENDICIÓN AL CAPITAL EXTRANJERO

Volumen IXINFLACIÓN, CONVERTIBILIDAD Y TRANSNACIONALIZACIONDISCUSIONES DE ORTODOXOS Y HETERODOXOS

Volumen X2001-2010: CRISIS NEOLIBERAL Y CAMBIO DE PARADIGMAEL RESURGIR DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO NACIONAL

Volumen VFORJALA DEFENSA DE LA ECONOMÍA NACIONAL

Volumen IVEL MODELO AGROEXPORTADORLOS CRÍTICOS DE UN PAÍS PARA POCOS

Volumen IIILA ORGANIZACIÓN NACIONAL IDEAS ECONÓMICAS DESPUÉS DE CASEROSEL PROYECTO LIBERAL Y EL PROYECTO NACIONAL

Volumen IILA INDEPENDENCIA Y LA GUERRA CIVILLIBERALISMO VS. PROTECCIONISMO

Centro de Estudios Económicos y Monitoreo de las Políticas PúblicasAdolfo Alsina 1586 Piso 5 Dpto 9 Ciudad Autónoma de Buenos Aires // ArgentinaTel.: +54 (11) 4382-0668 • 4383-0632cemop@madres.org | http://cemop.madres.org