La verdad como valor y principio LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE LA UCV SE DIRIGE A LA NACIÓN

La verdad constituye un valor ético esencial de la vida ciudadana que debe guiar la actuación de quienes dirigen las instituciones. Es un valor vinculado a la honestidad, la sinceridad y la buena fe, cuya ausencia genera desconfianza y frustración en la sociedad. La búsqueda de la verdad es consustancial al quehacer universitario; al avance de las ciencias, a la construcción de la sociedad del conocimiento. Verdad que se construye sobre hechos y datos concretos, verificables y auditables. En el ejercicio del gobierno, la verdad está atada, entre otros, a los principios de responsabilidad y transparencia. Quien cumple funciones públicas, tiene la obligación de obrar con estricto apego a la verdad. Es por ello que nos causa una enorme preocupación que el Presidente de la República haya afirmado, en cadena nacional, que los organismos de inteligencia habrían desarticulado un “atentado golpista”; que los autores eran "grupos de ultraderecha" que atacarían Miraflores con un avión militar, denominado “tucano”; que la conspiración habría sido "trazada" desde Washington y que por la misma estaban detenidos varios militares de la fuerza aérea venezolana. Días después afirmó que los dirigentes opositores: Julio Borges, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma y María Corina Machado estaban involucrados en la presunta asonada, como prueba de lo cual exhibió un comunicado publicado en el diario El Nacional, suscrito por los dos últimos mencionados, junto a Leopoldo López. Con base en dicho documento, el SEBIN detuvo al Alcalde Mayor y, según el parte presidencial, será procesado por "delitos cometidos contra la paz del país". En otras palabras, sin pruebas fehacientes, se informa a la población de la existencia de un golpe de estado, se priva de la libertad a un funcionario electo mediante el voto popular y se anuncia un proceso para allanar la inmunidad parlamentaria del Diputado Julio Borges. A lo precedente, se añade que el mandatario vincula la referida acción golpista con la existencia de una presunta “guerra económica”, a la cual atribuye ser la causa de la inflación y de la escasez de alimentos, medicinas y de insumos de cualquier naturaleza, que mantiene a los venezolanos en una permanente “cola”. De dicha guerra tampoco se suministra prueba alguna y de esa manera, la falta de apego a la verdad, por parte del ciudadano Presidente de la república, se convierte en la exaltación de un antivalor como es la mentira. Con una ligereza impropia de su cargo, el Sr. Presidente ha señalado, además, que en el plan de Golpe de Estado estarían implicados los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y España. Naciones con las cuales mantenemos relaciones comerciales y diplomáticas y cuyos representantes han rechazado la veracidad de tan graves acusaciones. Hasta la fecha, suman 16 las denuncias de intentos de magnicidio y de supuestos golpes de estado sin evidencia alguna. Ello lesiona seriamente la credibilidad del Presidente, no solo en el país sino en el ámbito internacional, con las consecuencias negativas que esto acarrea en lo político y económico. No es casual que el ex ministro

Caracas, 25 de Febrero de 2015.

Jorge Giordani haya declarado que nos estamos convirtiendo en el hazmerreír de América Latina. Pero nuestra preocupación como venezolanos y como universitarios va más allá. Lo que percibimos tras la falta de apego a la verdad es el empeño en endosarle a quienes lo adversan las causas del desastre económico y social que vivimos. Se pretende acallar la voz de quienes disienten con represión, persecución, el sicariato contra estudiantes y el encarcelamiento de dirigentes políticos. En esa perspectiva se ubica la promulgación de la Resolución Nº 8610, emanada del Ministro de la Defensa, mediante la cual se pretende legitimar la intervención de la Fuerza Armada y el uso de armas de guerra para “controlar” manifestaciones públicas. El comunicado firmado por Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma no pasa de ser una evaluación de la situación del país que, en algunos de sus aspectos, coincide con lo expresado por la Conferencia Episcopal Venezolana y con la propuesta presentada al país por la APUCV: “Venezuela tiene solución. Un nuevo Modelo de Desarrollo para Venezuela”. Aseverar que ha fracasado el Modelo de Desarrollo Social denominado Socialismo del Siglo XXI, no constituye delito alguno, sino el elemental ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a opinar consagrado en nuestra Constitución. Solicitar la renuncia de un Presidente no es ninguna novedad entre nosotros. ¿Cuántas veces se la solicitaron, los que hoy gobiernan, al ex presidente Carlos Andrés Pérez? La Asociación de Profesores de la UCV, rechaza cualquier intento de magnicidio o golpe de estado, y es por ello que hemos condenado la pretensión de convertir en fecha patria los intentos de golpe de estado del 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992 y en héroes a quienes violaron el juramento a la patria. El ciudadano Presidente debe abstenerse de impartir órdenes a los demás poderes del Estado, así como de convertirse en acusador y juez que sentencia antes del juicio. La detención del Alcalde Mayor se hizo en franca y abierta violación del derecho a la defensa consagrado en la Constitución, según la cual nadie puede ser detenido sino por orden judicial, salvo en los casos de flagrancia. Es insólito que el ciudadano Presidente insista en dividir a los venezolanos, cuando su obligación constitucional es la de gobernar para quienes lo apoyan y quienes lo adversan. La crisis que vive el país requiere el concurso de todos sin distinción alguna, para lo cual es indispensable la plena vigencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. No se le puede imponer al país, y mucho menos por la fuerza, la ideología de un grupo. Exhortamos al gobierno a rectificar y dejar de ver conspiradores donde no existen. Lo llamamos a asumir un dialogo sincero, tal y como lo solicitan organismos internacionales, y no recurrir a él como mecanismo de manipulación mediática. Nuestro pueblo no merece pasar las penurias de hacer colas para conseguir alimentos de la dieta diaria, ni de medicamentos e insumos para preservar su salud. Nuestro pueblo tiene derecho a expresar su malestar y su descontento, pues las manifestaciones son consustanciales a la democracia y el Estado tiene la obligación de garantizar su ejercicio. En estos momentos tan dramáticos de la situación nacional, nuestro llamado a la población y sus organizaciones es a defender la Constitución y ejercer el legítimo derecho a la protesta. Exigimos la inmediata libertad de Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, de los estudiantes y de todos los presos políticos.