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“APROXIMACIÓN JURÍDICA A LOS DERECHOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS” POR: EDUAR JOEL CASTILLO SOLARTE LAURA GISELL ORDÓÑEZ MESA PAULO GERMÁN PORRAS ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS DEL CAUCA “ANUC” PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI II PERIODO, 2015
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“APROXIMACIÓN JURÍDICA
A LOS DERECHOS
DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS”
POR: EDUAR JOEL CASTILLO SOLARTE
LAURA GISELL ORDÓÑEZ MESA
PAULO GERMÁN PORRAS
ASOCIACIÓN DE USUARIOS CAMPESINOS DEL CAUCA “ANUC”
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE CALI
II PERIODO, 2015
ÍNDICE
PRESENTACIÓN
PRIMERA PARTE.-
FUNDAMENTOS
1.1. Reconocimiento del campesinado en la sociedad colombiana.
1.2. Violencia y conflicto armado.
1.3. Abandono de Estado.
1.4. Historia de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, posicionamiento de los derechos de
las comunidades campesinas.
SEGUNDA PARTE.-
MARCO JURÍDICO EN EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS COMO
SUJETOS DE DERECHO.
2.1. Derechos humanos---derecho intal desde abajo--declaración ONU.
2.2. Regulación existente en nuestro ordenamiento jurídico: constitución política y jurisprudencia via
corte constitucional.-- ley 160/94--
2.3. Multiculturalismo / interculturalidad:: concepto internacional -críticas y apuestas- y nacionalmente
desde el artículo 7 constitucional… apuesta cultural desde territorio y economía. Artículo 13
constitucional -fundamento jurídico de exigencia-
TERCERA PARTE.-
HACIA UNA CARACTERIZACIÓN
3.1. Identidad: Concepto Internacional y nacional, identidad campesina.
3.2. Territorio: Concepto internacional y nacional; territorialidad campesina.
CUARTA PARTE.-
DERECHOS
4.1. Derecho a la organización
4.3. Derecho al territorio.
4.4. Derecho a la cultura.
4.5. Derecho a la consulta.
4.6. Derecho a la salud.
4.7. Derecho a la Educación
QUINTA PARTE.-
5.1 Propuesta de Decreto Presidencial.
REFERENCIAS
PRESENTACIÓN
En el marco de la lucha campesina, la Asociación de Usuarios Campesinos - ANUC, una de las
organizaciones campesinas más importantes y antiguas del país, ha venido iniciando procesos
para incentivar su resurgimiento y reorganización, luego de ser prácticamente aniquilada por los
efectos del conflicto interno armado y el abandono estatal.
En este sentido, ha logrado un marco de negociación con el Gobierno Nacional, el cual se
concreta con la instalación de una mesa de concertación y negociación GOBIERNO - ANUC,
conseguida después de varios actos políticos que lograron visibilizar la organización, como lo
fueron la toma pacífica a las oficinas del INCODER en varias sedes departamentales y la
movilización del 21 de enero de 2014 en Popayán con más de 6.000 campesinos quienes
marcharon en forma pacífica, mostraron su descontento y necesidades al Gobierno Nacional de
forma respetuosa y organizada, fue precisamente cuando se colocaron sobre la mesa temas vitales
para el campesinado, como lo es el acceso a la tierra, vivienda, educación, salud, proyectos
productivos, entre otros, pero sin lugar a dudas, uno de los logros más importantes, fue haber
hecho que el Gobierno Nacional reconociera a la organización como víctima del conflicto y por
lo tanto sujeto de reparación colectiva.
A través del reconocimiento público realizado a la Asociación de Usuarios Campesinos, como
sujeto colectivo de reparación, se ha venido avanzando en el diagnóstico de daños (el cual será
presentado en Diciembre del año en curso) en donde como primera y más importante exigencia
se encuentra el reconocimiento del campesinado como sujeto de Derechos, lo que encuentra su
justificación en que las comunidades campesinas necesitan un reconocimiento claro de sus
derechos, siendo de vital importancia y de carácter urgente una implementación de las normas
existentes, contribuyendo de igual forma, a la interpretación de lagunas normativas en la ley
interna de derechos humanos, y, permitiendo en este abordaje la elaboración y proposición de
nuevos instrumentos legales.
Es así, como este trabajo espera visibilizar en Colombia las características especiales que
presentan las campesinas y campesinos como sujetos de derecho; proponiendo respuestas para
superar los paradigmas jurídicos impuestos, que frecuentemente ignoran la realidad rural y los
modos de vida que allí se desarrollan.
PRIMERA PARTE.-
FUNDAMENTOS
El campesinado Colombiano resiste y sobrevive a las inclemencias del clima, la violencia, el
abandono y la pobreza. Desde antaño, en sus ranchitos, en las montañas, llanuras y planicies ha
soñado y forjado país; el mayor aporte o legado a la sociedad colombiana es la erradicación del
hambre a través de la economía campesina o a pequeña escala, siendo la primera fuerza
productiva de alimentos en nuestro país y a nivel mundial.
La producción permanente de alimentos contribuye no solo a la sobrevivencia de la familia
campesina, si no al suministro, especialmente en centros poblados y ciudades, para el consumo y
la transformación; el campesinado es quien dinamiza el comercio local, regional y nacional.
Ayala, G., (2015), manifiesta que “El sector campesino pued(e) llegar a ser minoritario, en su
número, (pero) según el valor de su producción en el PIB, es estratégico para el futuro de la
sociedad, ya que en él descansa la seguridad alimentaria del país” (P. 2).
Las comunidades campesinas son guardianas de la tierra y el medio ambiente a través de sus
prácticas de producción sostenible; la relación directa y especial con el entorno genera conciencia
y respeto, porque en él se nace y en él se implantan todos los sistemas, de producción, salud,
educación, gobierno, etc., expresada en una cultura e identidad propia, diferente de cualquier otro
sector social.
Otro de los grandes aportes que las comunidades rurales han entregado al mundo entero, es la
gran variedad vegetal; la diversidad biológica desarrollada por años de innovación tradicional a
través de la selección natural, conocimiento que ha sido usurpado y enajenado para que repose en
bancos mundiales de germoplasma, en el proceso conocido como la biopiratería. (Grupo
semillas, citado en Caballero y Ordoñez, 2014, p. 26).
Lastimosamente, no existe un reconocimiento ni valoración social del gran aporte que las
comunidades campesinas han entregado a la sociedad colombiana, siendo forjadoras del
desarrollo económico, natural y humano; es preocupante, como la violencia y falta de presencia
institucional, han causado no solo la ruptura del tejido social campesino, sino que han negado la
recuperación y fortalecimiento de la memoria histórica, dando como consecuencia la pérdida de
una importantísima identidad y cultura en las nuevas generaciones, lo que se refleja en las cifras
de envejecimiento de la sociedad rural y ausencia juvenil en la comunidad. Los resultados del
último Censo Nacional Agropecuario, dan cuenta de esta realidad, en el Espectador, 2015, se
hace referencia a algunos aspectos de la tercera entrega de esta información: “hace diez años en
el 64,2% de los hogares había niños menores de 15 años. Hoy el censo agropecuario dice que
apenas el 50% de los hogares los tienen. Además, según esta última medición, en el 39,5% de los
hogares hay uno o más adultos mayores, mientras que hace diez años era el 30%. Cada vez
menos niños, pero cada vez más ancianos”.
1.1.- Impacto de la violencia y el conflicto en las comunidades campesinas
El campo colombiano ha sido históricamente un escenario de batalla, las acciones violentas
desarrolladas por diversos aspectos llevan más de un siglo en ejecución, siendo libradas desde los
territorios rurales y su población es la mayor afectada; es posible señalar tres grandes momentos,
con la salvedad de no desarrollar suficientemente este aspecto, nos remitiremos por tanto a
abordar los rasgos generales, estos son pues: La violencia bipartidista, el conflicto armado por el
surgimiento de las guerrillas y el paramilitarismo.
El primer momento, tiene su origen por desacuerdos entre las diferentes posturas ideológicas y
las ansias de poder entre los sectarios políticos conservadores y liberales, periodo conocido
popularmente como la época de la violencia, originada entre 1.946 a 1.966; esta época marcó
trascendentalmente la vida campesina, por una parte, investigaciones han demostrado que a causa
de estos hechos violentos se dio el primer gran desplazamiento de campesinos, despojando a las
comunidades de la planicie, de lo que hoy representan las zonas de interés geográfico, tierras
fértiles ubicadas en el Valle del Cauca, Huila, Llanos Orientales, Sur del Tolima; por otra parte,
estos hechos reflejan una caracterización de las diversas formas de configuración nacional
campesina, la cual es la cultura del campesino(a) colono que se ubicó en la mediana y alta
montaña, ampliando la frontera agrícola, para proteger su vida. Un evento importante, que ilustra
claramente lo que sucedió, se da en el Valle del Cauca, cuando despojaron de sus tierras a
campesinos de la Tulia, la Primavera, Naranjal, Roldanillo, Ceilán y Bolívar, según lo expresado
por Salcedo J. (2.001):
“Durante la primera fase de la Violencia (1946-1955), en lo que se conoce como la
contienda armada liberal-conservadora propiamente dicha, se destacan los esfuerzos del
régimen conservador del entonces presidente Mariano Ospina Pérez (1946-1949), de
Laureano Gómez (1950) de conservatizar a sangre y fuego el país. En el Valle del Cauca
sobresalen los intentos de conservatización de los municipios de influencia liberal
(principalmente gaitanista), encabezadas por el entonces Gobernador Nicolás Borrero
Olano y ejecutadas por los ampliamente conocidos "Pájaros" o policía política
conservadora, en la región suroccidental. Hechos como la Masacre en 1949 de al menos
26 liberales desplazados (y 50 heridos) que se encontraban refugiados en La Casa Liberal
ubicada en el centro de Cali a manos de unidades de la Policía, o la Masacre de San
Rafael (Tuluá) en 1949, o el arrasamiento de la población de Ceilán y Puerto Frazadas en
1947 (mas de 26 personas masacradas) para mermar la concurrencia del liberalismo a las
urnas, recuerdan la intensidad y sevicia que alcanzó el conflicto en esta parte del país. El
impacto político de esta etapa fue contundente: el Valle paso de ser un departamento
principalmente gaitanista (20 de sus entonces 37 municipios) a ser en mayoría
conservador. El desplazamiento forzoso de comunidades enteras, como estrategia de
limpieza política fue en este sentido, muy efectiva hasta el punto de que después de 1949
el Valle del Cauca, fortín liberal antes de 1946, paso a ser un baluarte electoral del Partido
Conservador”. (p.4).
Como consecuencia de esta gran arremetida de violencia y desplazamiento, parte del sector
liberal reaccionó contra el partido conservador en defensa de sus militantes a través de las
creaciones de las cuadrillas bandoleras; posteriormente, estas se dividirían en dos vertientes, una,
como bandas delincuenciales dedicadas al saqueo de fincas con hurto de ganado y café
principalmente, y las otras, formarían un proyecto político alternativo que se conoció
posteriormente como el surgimiento de la guerrilla (Salcedo, J., 2.001); este nuevo periodo se ha
caracterizado como el conflicto armado, marcado por el surgimiento de grupos guerrilleros como
las FARC, el ELN, el M-19, el EPL y el QUINTÍN LAME; el primero de estos, instauró una
mesa de negociación en la Habana-Cuba con el Gobierno Nacional con el objeto de llegar
acuerdos de paz, el segundo grupo, también en acercamientos para explorar acuerdos de paz y los
tres últimos ya desmovilizados, han tenido participación, entre otras, en la Asamblea Nacional
Constituyente que terminó con la expedición de la Constitución Política de 1.991.
Por ser el sector rural, el escenario habitual de la violencia, las consecuencias en términos de
violación a los Derechos Humanos para el campesinado Colombiano han sido desastrosas,
registrando violaciones persistentes, tales como: Desaparición forzada, desplazamiento forzado,
homicidio, lesiones personales, reclutamiento ilegal de menores, secuestro, tortura, daños al
medio ambiente, entre muchos otros.
Finalmente, en este orden, es preciso señalar, una tercera época, marcada con la llegada de la
violencia paramilitar, a comienzos de los años ochenta, imponiendo un régimen de terror que
incrementó de forma exagerada los índices de violaciones a los Derechos Humanos,
especialmente en el periodo comprendido entre el año 2000 a 2010; para nadie es un secreto que,
estas fuerzas ilegales se potenciaron en contubernio con fuerzas estatales, terratenientes, políticos
y narcotraficantes, cada uno con intereses propios.
Uno de los capítulos más vergonzosos para nuestro país, en la época paramilitar, se relaciona con
los llamados “Falsos Positivos”, conocidos a finales de 2008 por revelaciones y denuncias, sobre
la participación de militares activos, especialmente del Ejército Nacional, en el asesinato de
civiles inocentes, haciéndolos pasar como guerrilleros muertos en combate; por estos hechos
según la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, 2015, “(…) hay 5.700 denuncias, y la
Fiscalía adelanta 3.430 investigaciones por estos hechos, 27 altos militares fueron separados de
las fuerzas armadas por haber permitido que estos ocurrieran, apenas seis coroneles han sido
condenados, y a ningún general se le han imputado cargos” (p. 1).
Aunque estos grupos se sometieron a un proceso de desmovilización, aún perduran con el
nombre de Bandas criminales-BACRIM; a estos generadores de violencia se le suma la
injerencia del narcotráfico que potencializó el accionar de guerrillas, paramilitares y Bandas
criminales. Toda la época de violencia, ha sido nefasta para el campesinado colombiano,
especialmente por los efectos del desplazamiento, la concentración de la tierra en pocas manos o
el incremento del latifundio, tal como ha sido expresado por el analista económico y de temas
agrarios, Suárez, M., (2015),
“ …en las variables estructurales del campo yo considero que hay un retroceso, mire,
cuando uno compara los datos del año 70, desde hace 45 años, en términos de
distribución de la tierra, encuentra cosas como esta, en la estructura de propiedad rural en
Colombia el tercer censo agropecuario arroja resultados que se pueden catalogar como un
retroceso, ya que si bien es cierto el 6.3% de la tierra está cultivada, lo que equivale a 7.1
millones de hectáreas, comparado con el año 1.970, donde se encuentran cifras como
estas, los predios de más de 500 hectáreas equivalían entre el 27% y el 28%, a 2.014
equivalen al 45%”
Más adelante en la misma entrevista, agrega:
“(…)
En 1970 el 55% de los cultivos eran transitorios y el 45% eran cultivos permanentes; el
cambio a 2.014 es grande, más del 70% del área cultivable, se utiliza para cultivos
permanentes y menos del 25% para cultivos transitorios”.
En el transcurso de la violencia en Colombia, pasando por sus diferentes etapas, no solo se han
vulnerado sistemáticamente los más elementales derechos del campesinado colombiano, como la
vida, la dignidad, la tierra, la integridad personal, la libertad y la igualdad, entre muchos otros;
sino que también, han generado persecución contra las organizaciones sociales y el exterminio de
sus líderes más representativos, un claro ejemplo de la anterior afirmación, aconteció en contra
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos a la que por poco desaparecen con ataques
mortales contra varios de sus dirigentes, como: Willian Gustavo Jaimes Torres, dirigente de
Córdoba y presidente nacional de la organización, ultimado por sicarios en la Casa Nacional
Campesina de Bogotá el 28 de agosto de 1995, Guillermo Montero Carpio, dirigente de Sucre,
asesinado en San Onofre en 1992, Alberto Alvarez Madrigal, asesinado en Tello-Huila el 24 de
marzo de 2001, entre muchos otros; y como si esto fuera poco, el campesinado a diario, tiene que
sufrir la estigmatización social al ser considerado durante años como parte o aliado de los grupos
generadores de violencia (Martínez, J., 2015, p.17).
De toda la problemática expuesta anteriormente, da cuenta las cifras presentadas por la
“Comisión de Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento de la Ley 1448 de 2011”, (2015), en el
segundo informe al Congreso de la República 2014-2015, donde se da cuenta que en la encuesta
nacional de víctimas de la Contraloría General de la Nación se ha denunciado el despojo de
7.073.897 hectáreas que equivale al 6% del territorio colombiano y correspondiente a un total de
537.503 grupos familiares desplazados (p. 94).
La violencia en Colombia ha producido desarraigo, consecuentemente pérdida de identidad y
estigmatización; tal como lo fue reconocido por el mismo presidente de la República. “Palabras
del presidente Juan Manuel Santos en la conmemoración de los 45 años de la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos ANUC”, (2015)
“¡Que alegría estar hoy con los campesinos de Colombia!
Recuerdo muy bien, Luis Alejandro (Jimenez), cuando hace cinco años fui a una reunión
de ANUC en Cereté. Usted estaba allá, muchos de ustedes estaban allá. Y les dije: aquí se
acaba esa estigmatización de ANUC. En ese momento, ANUC estaba señalada como una
organización donde albergan comunistas, guerrilleros, terroristas. Aquí no hay conflicto
armado, decían. Aquí lo que hay es un ataque del terrorismo al Estado colombiano.
Aquí no hay campesinos muertos, aquí no hay guerra. Pues les dije: eso terminó, si hay
conflicto armado y lo vamos a resolver. Y los campesinos no son enemigos del Estado”
(p. 1).
Todo lo anterior, coloca al Estado y a la sociedad colombiana en deuda con el campesinado, que
exige la reivindicación de sus más elementales derechos, como la principal fuerza productiva de
nuestro país y el reconocimiento como sujeto de derechos como sector social dotado de
características propias y diferentes a otros sectores y grupos sociales.
1.2.- Ausencia institucional en las zonas rurales
Son múltiples las afectaciones sentidas y sufridas por el sector campesino, desde el
resquebrajamiento de su tejido social, hasta la pérdida de su cultura, su pensamiento y memoria
colectiva, por los hechos violentos y el desplazamiento; lo que vislumbra un panorama desolador
para la pervivencia del campesinado como sector social, ahondando aún más esta problemática,
la fuerte estigmatización social y ausencia institucional a la que se ve abocado. Realidad, que es
reflejo de una Latinoamérica basada en un modelo extractivista y de desarrollo agropecuario para
la competencia, donde se impulsan políticas para el mercado, para la transformación y la
industria, negando la vida campesina en lo rural.
Las cifras presentadas por el Departamento Nacional de Planeación - DNP y el Departamento
Nacional de Estadística - DANE, como resultado del último censo Nacional Agrario, nos dice
que la pobreza en el campo es del 44.7%, lo que muestra que si bien se ha avanzado en mejorar
los porcentajes, todavía falta mucho por hacer en materia de vivienda, educación, salud, servicios
públicos, infraestructura, asistencia técnica, créditos, entre otros, así lo confirmó el mismo Estado
a través del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Iragorri, A. (2015), cuando dice:
“Mientras los niveles de pobreza sean los que hay hoy, la semilla de la paz difícilmente
podrá germinar en un campo lleno de pobreza”.
Los últimos años, han golpeado de manera inmesurable al campesinado colombiano, tanto por el
tema de la violencia, como por olvido en el que se encuentra el sector, reflejado en la ausencia de
políticas eficaces para dignificar la vida en el campo, lo que conlleva al debilitamiento de la
economía campesina, su identidad y cultura, dejando en el rezago todos los aspectos del
desarrollo; según el informe del PNUD, (2011), el sector rural en Colombia no puede ser
competitivo comercialmente, si sigue desarrollándose en un modelo económico inequitativo,
excluyente, insostenible y poco democrático.
En este mismo sentido, Fedesarrollo citado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el
Desarrollo de la Universidad de los Andes, 2011, expresó que,
“El sector agropecuario en Colombia es uno de los más resguardados de América Latina y
uno de los que peor desempeño ha tenido en la región, justo ahora que la demanda
internacional va en aumento por las mayores necesidades de insumos y alimentos. La
pregunta es cómo no, con una población abandonada, vulnerada e ignorada. Como lo
demuestra el grado de inversión en la ruralidad, considerada por el informe (hace
referencia al informe del PNUD, 2011) como coyuntural e inestable, que ha disminuido
de 0.67% en 1996 a 0.27% en 2009 porcentaje del PIB, el campo no ha sido la prioridad.
(...)
Han sido sólo declaraciones políticamente correctas las que se han escuchado respecto al
informe. Sin embargo, no se ha entendido que sin dichas reformas estructurales de las que
habla el PNUD, que van más allá de la reparación a las víctimas o la identificación de
nichos productivos, será imposible lograr un campo fructífero económicamente hablando.
Es paradójico que todos los recursos se extraigan del campo y sean las ciudades donde se
refleje la mayoría de los beneficios. La brecha es tan grande que las personas con
necesidades básicas insatisfechas son en las ciudades el 33.4% y en el campo el 74.6% de
la población”. (p. 1).
Lo anterior, se ve reflejado en que las entidades del orden regional y municipal, tengan que
recortar sus plantas de personal, acabando con oficinas dedicadas a la parte agropecuaria como
las UMATAS, además de la muy pobre inversión que no ayuda para nada a superar los
problemas de competitividad; contrario a lo anterior, el centralismo estatal se fortalece y se hace
más difícil la gestión de recursos para el sector, sumado a los altos niveles de corrupción que
existe en el servicio público estatal, como por ejemplo lo que sucedió con el Programa Agro
Ingreso Seguro, que hoy tiene judicializado al exministro de Agricultura y excandidato
presidencial Andrés Felipe Arias. Para citar solo un ejemplo, en el último Censo Nacional
Agropecuario, se afirma que 1.9 millones de hectáreas están cultivadas en el lugar equivocado, lo
que conlleva a decir que no hay efectividad o no se ve reflejada la producción conforme a la
inversión de recursos, tampoco existe un análisis de suelos que permitan alertar al campesinado
sobre una inminente pérdida o potencializar el uso de los suelos según su composición y
nutrientes.
Finalmente, es necesario también recalcar que en la materia normativa también se refleja el
abandono estatal, con la invisibilización del campesino como sujeto de derechos, que parte de
nuestra misma norma de normas, al darle al sector un tratamiento como sociedad mayoritaria,
desconociendo su identidad y cultura que está fuertemente ligada a conceptos que los diferencian
de otras comunidades; es posible evidenciar aún más el abandono jurídico legal, si tenemos en
cuenta los intentos normativos por implementar una reforma agraria amplia e integral, los cuales
han fracasado.
SEGUNDA PARTE.-
MARCO JURÍDICO
COMUNIDADES CAMPESINAS COMO SUJETOS DE DERECHO
2.1. Derechos Humanos.
En la legislación internacional, a lo largo de los años, se han ido regulando derechos a favor de la
convivencia social, determinando un mínimo de garantías a ser respetadas y protegidas por todos
los Estados a nivel mundial como características innatas e intrínsecas del ser humano; es así,
como aparece la regulación de los Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico cuyo concepto
podemos entender conforme a lo expresado por (Sandoval, J., 2012,p.2,) “la noción de derechos
humanos parece también tener una relación significativa con la reconceptualización permanente
de la democracia y la aparición de nuevas formas sociales de organización para la reivindicación
de los derechos, por otra parte el estudio del desarrollo evolutivo de los Derechos Humanos
desde la perspectiva de su visión histórica tiene como principal objetivo proporcionar las
herramientas esenciales que permitan no solo la comprensión del concepto de derechos humanos,
sino también su aprehensión. A partir de la prevalencia de tres valores fundamentales (libertad,
democracia e igualdad) que determinan la evolución hacía la formación del Estado Social de
Derecho”.
Teniendo en cuenta la amplitud y gran desarrollo existente en el tema, se ha decidido hacer
referencia a los rasgos más significativos y a los momentos históricos que han construido la
normatividad, procurando realizar una reflexión sobre el contexto jurídico de las comunidades
campesinas. Es indudable la importancia de los Derechos Humanos, concepto construido a través
del tiempo, con su mayor apogeo a nivel internacional, a partir de la revolución americana de
1.776 con “La Declaración de Independencia” y la Francesa en 1789 con “La Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano”(véase Castro,M.,2013) enarbolando la bandera de la
Dignidad Humana, como su columna vertebral y como una forma de colocar límites al poder
absoluto de los gobernantes; Las cuales, tuvieron varias cosas en común, surgieron en un
contexto de lucha contra la tiranía y destacando en ellas que las leyes tienen que ser fruto de la
expresión del pueblo, el principio de libertad e igualdad entre los seres humanos y la prohibición
de acciones dañinas del mismo ser humano.
Los Derechos Humanos son más que un simple catálogo de derechos, que le son propios a todo
ser humano por el hecho de existir y que le sirven para desarrollarse a plenitud dentro de una
sociedad, la importancia radica en su integración en las normatividades internas donde coadyuva
en la consolidación de un orden mundial justo basado en el respeto. Entre los hechos más
relevantes en la consolidación jurídica internacional sobre los DDHH, lo constituye la
declaración universal de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948, tras la segunda
guerra mundial, en el seno de la Organización de Naciones Unidas – ONU, diversos países del
mundo se comprometieron a garantizar el respeto de los Derechos Universales como: la Vida,
Igualdad, integridad y la fraternidad etc; posteriormente, la misma organización suscribió otras
Declaraciones como: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Derechos
Económicos, Sociales y Culturales; Derechos Humanos y los convenios de Ginebra con sus
protocolos adicionales, estos últimos regulan el Derecho Internacional Humanitario, según lo
expresado por la Cruz Roja CICR(2010), “son tratados internacionales que contienen las
principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra. Protegen a las personas que no
participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de las organizaciones
humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los combates (heridos, enfermos,
náufragos, prisioneros de guerra”.
Con forme a lo esbozado con anterioridad, es posible determinar y observar que todos estos
parámetros y garantías se han desarrollado de una manera indeterminada favoreciendo a toda la
población mundial, sin embargo, su uso ha sido de vital importancia en la lucha campesina por el
reconocimiento de sus derechos, y si bien la compilación de sus normas no reconoce aun la
cultura e identidad campesina, ni un desarrollo específico a sus derechos; las organizaciones
campesina, vislumbran una esperanza a nivel internacional con la “Declaración Universal de los
Derechos del Campesino”, impulsada desde la Organización de las Naciones Unidas; el 12 de
febrero de 2015 el comité consultivo de dicha organización aprobó por unanimidad el texto
preliminar y el pasado primero de octubre, la organización brindo total apoyo al grupo
interestatal para seguir trabajando en esta materia, prorrogando en dos años más la consolidación
del documento.
2.2. Regulación existente en nuestro ordenamiento jurídico
A partir de la Constitución Política de 1991, se consagró y reguló al Estado no sólo como un
decálogo de mandatos constitucionales orientados fuertemente por una visión positivista del
derecho, sino que, al dotarlo y caracterizarlo socialmente puso en el centro del ordenamiento
jurídico a la sociedad; desde ahí, se señalaron principios que se desarrollarían posteriormente
como la dignidad humana y el pluralismo jurídico, que hizo que por primera vez se reconociera la
diversidad étnica y cultural de la nación.
Todo este antecedente, tuvo como fuente principal la lucha del movimiento social que desde sus
distintas perspectivas le aportó a que la norma se adecuara a la dinámica social y no se relegara
con el tiempo; es necesario recalcar que se requiere siempre contar con una fuerte conciencia y
organización que permitan innovar y reconocer distintas figuras jurídicas, en pro del desarrollo
de la humanidad y de la eficacia de sus derechos.
El preámbulo de la constitución, señala a bien toda esta visión expresando que su propósito
fundamental es “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que garantice un orden político, económico y social justo”.
Algunos académicos han denominado como pluralismo jurídico, el reconocimiento que el estado
colombiano ha hecho a la diferencia y diversidad de los grupos étnicos desde la constitución del
91 (Artículo 7) y al marco jurídico que lo ha desarrollado legal y jurisprudencialmente; dejando a
un lado el segundo aparte del citado artículo, que también reconoce y ordena proteger la
diversidad cultural, especialmente en lo relacionado con sectores sociales no étnicos como es el
caso del campesinado, quien a criterio de distintas organizaciones sociales, es un grupo que debe
ser de especial tratamiento jurídico ya que tiene “una relación directa y especial con la tierra y la
naturaleza a través de la producción de alimentos y otros productos agrícolas” (Consejo de
Derechos Humanos ONU, 2011), desarrolla su propia cultura y manejo territorial, a través del
trabajo, producción, transformación, comercialización y autoconsumo; además, su estado de
vulnerabilidad por el abandono, marginamiento estatal durante décadas y como víctimas del
conflicto armado interno, los coloca en esta condición.
En este sentido, la normatividad colombiana da respuesta a través del multiculturalismo a todo el
desarrollo social y político que se viene apostando a nivel latinoamericano, reconociendo la
diversidad étnica y cultural; es preciso señalar, que para garantizar la efectividad de todos estos
supuestos, no basta tan solo con reconocer la diferencia y la diversidad, sino que es necesario dar
garantías al desarrollo de las identidades y a la proyección y ejecución de los planes de vida de
las comunidades, forjando relaciones más amenas y armónicas entre los sectores sociales en aras
de la interculturalidad y no del reconocimiento por el desconocimiento de otros-as; Duarte, C.,
Duque, L. y Espinosa, A. (2013), respecto a este punto, han expresado con anterioridad que
“De hecho, los problemas relacionados con el multiculturalismo y la tolerancia, son una
parte fundamental de las discusiones éticas, políticas y jurídicas de la actualidad, todas
encaminadas a trazar la difícil línea entre la protección de la diversidad étnica y cultural,
por una parte, y la unidad política y la defensa de un ´mínimo ético´ representado por los
derechos fundamentales, por otra.
Esta dificultad ha sido planteada igualmente por la Corte en los siguientes términos:
´Existe una tensión entre el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y
cultural y la consagración de los derechos fundamentales. Mientras que éstos
filosóficamente se fundamentan en normas transculturales, pretendidamente universales,
que permitirían afianzar una base firme para la convivencia y la paz entre las naciones, el
respeto de la diversidad supone la aceptación de cosmovisiones y estándares valorativos
diversos y hasta contrarios a los valores de una ética universal.´
Por su parte, el proceso del movimiento campesino en Colombia tuvo real importancia en
todo el siglo pasado, en algunos momentos para favorecerlos, sin embargo, no son pocas
la leyes en las cuales son mencionados y reformada la forma de observar el campo.
Debiéndose tener en cuenta que el término campesino agrupaba todos aquellos que
trabajaran la tierra, sin importar si tenía una identidad étnica” (p. 9).
Como consecuencia de lo anterior, es preciso señalar que las comunidades campesinas
manifiestan en su cultura y diversidad la diferencia ante la sociedad mayoritaria, y habida cuenta
de sus particularidades, también se identifican como un sector diferente a los grupos étnicos;
razones por las que se requiere una reglamentación jurídica que atienda y regule sus expectativas
de vida digna con todos sus matices. En desarrollo al principio fundamental de la Igualdad,
consagrado en el artículo 13 C. Pol., que dispone:
“Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y
trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin
ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará
medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá
especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se
encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos
que contra ellas se cometan”.
Ahora bien, de una lectura no exegética de la norma y que comprenda todo el posicionamiento y
enriquecimiento que desde la jurisprudencia se ha realizado al mencionado artículo, se puede
colegir que más allá de la igualdad formal que presupone un trato igual ante la ley, nuestro
ordenamiento da desarrollo a una igualdad material, desde donde se busca equiparar la diferencia
y desigualdad para equilibrar la sociedad. Ya desde 1992, la Corte Constitucional en Sentencia T
- 432 ha expresado:
“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los
iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la
igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad
concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente
de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos
distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente
justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple
igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la
arbitrariedad.
La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho
constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el Capítulo I, Título II
de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata
en el artículo 85 de la Carta Política, y también por el valor trascendente que tiene para el
hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida
conviviente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema
político, económico y social justo”.
En cuanto a la aproximación jurídica o marco de derechos campesinos, se ha abordado desde la
normas de normas y el desarrollo legal posterior, producto de exigencias y reivindicaciones,
algunos derechos que intentan dar cuenta y respuestas a las principales necesidades del sector,
entre ellas, la deuda histórica en torno a la reforma agraria; una de las grandes problemáticas
existentes en el contexto colombiano históricamente, gira entorno al uso y/o manejo de la tierra,
conforme a la última investigación realizada por el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Humano (PNUD, 2011), al analizar el nivel de concentración de la tierra utilizando el
índice de Gini, es posible afirmar que Colombia posee una de las más altas desigualdades en la
propiedad rural de América y el Mundo. La propiedad privada surge como figura jurídica desde
la que se impulsa el dominio y título de la tierra, desarrollada entre otras, por el Artículo 58 de la
Constitución Política; la lucha campesina ha girado en torno a su acceso buscando soluciones a
las adversas e inequitativas circunstancias sociales, logrando entre otros aspectos jurídicos la
consagración de su función social y ecológica, en Sentencia C-223 de 1994, la Corte
Constitucional determinó al respecto que,
“(...)
La misma norma constitucional señala que la propiedad es función social que implica
obligaciones. El artículo 1º subraya que uno de los fundamentos del Estado colombiano
es la prevalencia del interés general y ese principio es desarrollado por el artículo 58 al
afirmar que cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o
interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por
ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social” (p. ).
En este mismo sentido, es preciso establecer conforme a lo señalado por la Corte Constitucional,
que el ordenamiento jurídico cuenta con fuentes legales y normativas que buscan dar desarrollo a
los valores consagrados en la constitución, promoviendo el acceso a la tierra, entre otros a través
de la adjudicación de baldíos;
“Lo anterior, sumado a los postulados de justicia y supremacía de la dignidad humana
como principios fundantes del Estado Social de Derecho, conllevan a impulsar la función
social de la propiedad, promoviendo el acceso a quienes no la tienen y precaviendo la
inequitativa concentración en manos de unos pocos. Adicionalmente, la adjudicación de
bienes baldíos responde al deber que tiene el Estado de suscitar las condiciones para que
la igualdad sea real y efectiva, adoptando medidas de protección a favor de quienes, por
su difícil condición económica, se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta
en el sector agropecuario”. (Corte Constitucional, Sentencia T-488 del 2014).
Es preciso señalar, que aunque constitucionalmente se dio un intento por proteger los derechos de
las comunidades campesinas, su entorno y actividad, se desconoció su identidad y cultura al
regularse bajo el calificativo de trabajadores agrarios; la norma suprema, en sus artículos 64, 65 y
66 establece:
“Artículo 64.- Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la
tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de
educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones,
comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar
el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
Artículo 65.- La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado.
Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de
obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado
promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de
alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la
productividad.
Artículo 66.- Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las
condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las
cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las
calamidades ambientales”.
Como hemos señalado previamente, el sistema jurídico colombiano da un papel preponderante a
la sociedad, al menos desde su filosofía, dogmática y valor axiológico, la constitución desarrolla
este andamiaje, previendo la necesidad de establecer una relación social más equitativa
propiciando así el desarrollo del país. en este sentido, busca establecer relaciones de igualdad no
sólo jurídica sino económica, social y culturalmente a aquellos que socialmente estaban en
desventaja (los protagonistas del agro), la Corte Constitucional en Sentencia C-006 de 2002, ha
expresado que,
“Específicamente, los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, constituyen el
fundamento de la acción del Estado para crear las condiciones necesarias que permitan el
acceso progresivo de los trabajadores agrarios a la propiedad de la tierra, y a los servicios
de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación y crédito, e igualmente para
darle prioridad, apoyo y especial protección al desarrollo de las actividades agropecuarias,
pesqueras, forestales y agroindustriales, y a la construcción de obras de infraestructura
física en el campo”.
En desarrollo de los precitados artículos, se da la orientación de crear y regular los mecanismos
jurídicos y administrativos necesarios para que los “trabajadores rurales” adquieran o formalicen
su propiedad rural; con base en lo establecido en la norma superior, la legislación a través de la
ley 160 de 1994 como acuerdo de las exigencias sociales del momento, intentó dar desarrollo a la
Reforma Agraria, regulando entre otros aspectos la adjudicación de baldíos por el Incora hoy
Incoder; En este sentido, la Corte Constitucional en Sentencia T-488 del 2014 expresó que “Así
las cosas, el objetivo primordial del sistema de baldíos es permitir el acceso a la propiedad de la
tierra a quienes carecen de ella, situando el centro de la política agraria sobre los campesinos y en
mejorar las condiciones de vida de una comunidad tradicionalmente condenada a la miseria y la
marginación social”.
Esta misma corporación en Sentencia C-006 de 2002, señala que la función principal de la ley
160 de 1994, legislación actual en materia agraria campesina, es la de “reformar la estructura
social agraria por medio de procedimientos enderezados a eliminar y prevenir la inequitativa
concentración de la propiedad rústica o su fraccionamiento antieconómico y dotar de tierras a los
hombres y mujeres campesinos de escasos recursos mayores de 16 años que no la posean, a los
minifundistas, mujeres campesinas jefes de hogar, a las comunidades indígenas y a los
beneficiarios de los programas especiales que establezca el Gobierno Nacional”.
Finalmente, es positivo el intento que desde la constitución y la legislación se realizó de
posicionar los derechos de las comunidades campesinas, previendo protegerlas al igual que su
entorno y actividad, sin embargo, es cuestionable el desconocimiento a su identidad y cultura
asimilandolas con el trabajador rural,
“la reducción del campesinado a la categoría de trabajador agrario (teniendo) varios
impactos en las luchas campesinas y en sus derechos específicos. Por un lado, como ya se
mencionó, esta reducción anula la identidad campesina al reducir al campesinado -como
grupo social- a un grupo de sujetos individualizados que se reconocen en función de su
relación laboral. Aunque los campesinos y campesinas son trabajadores del campo y
productores de alimentos, la vida campesina abarca muchos más aspectos que se
desconocen al reducirlos a la categoría de trabajador del agro.
Por otro lado, de manera complementaria, esa anulación elimina una identidad específica
que merece un reconocimiento en función de la protección que la Constitución otorga a la
diversidad étnica y cultural de la nación. De este reconocimiento deberían desprenderse
otros derechos específicos para el campesinado, los cuales tendrían como objetivo
preservar y proteger el modo de vida campesino. El reconocimiento de la identidad
campesina permite que se abra la discusión, ya puesta en marcha por el movimiento
campesino, sobre los niveles de autonomía y de participación que deben ser garantizados
al sujeto colectivo y a sus individuos para garantizar que el proyecto de vida campesino
tenga viabilidad y tenga un lugar análogo al que tienen otros proyectos de vida
reconocidos y protegidos por la Constitución”. (p. 13)1.
TERCERA PARTE.-
HACIA UNA CARACTERIZACIÓN
3.1.- Identidad
Históricamente, el ser humano al forjarse como ser social se fue estableciendo en comunidades y
pueblos, tejiendo y articulando relaciones de confianza, colaboración e identificación,
simbolizando sus actos de representación, reconociéndose así mismo-a en diferencia o contraste
de otros-as.
Académicamente se ha dado una amplia ilustración y teorización a partir del concepto de
identidad, su surgimiento, apropiación y desarrollo por las comunidades, estableciéndose en
primera medida, que su reconocimiento y significación parece ser posible únicamente a través de
prácticas repetitivas mantenidas socialmente en el tiempo, 1Coordinador Nacional Agrario. Centro de Investigación y Educación Popular y para la Paz. Desde el Corazón del Movimiento Campesino. Bogotá. (2014). (P, 13).
“Lo político no es un exterior constitutivo, sino que se aloja en las mismas prácticas de
significación que establecen, regulan, desregulan y reconfiguran las identidades. En otras
palabras, la capacidad de agencia no radica en negarse a repetir, sino en repetir de manera
tal que se vayan desplazando las normas que regulan la repetición” (Butler, en Briones,
2007, p. 12).
En nuestro contexto latinoamericano, el término “identidad” surge desde la independencia,
aunque su uso entró en auge a partir de la década de 1970, siendo un residuo de una visión
tradicional propuesta desde un enfoque de la “modernidad” y/o “modernización”, como una
manera de manejar la complejidad del panorama urbano, reconociendose el rol de la diferencia al
establecerla,
“El término de “identidad” entró en auge a partir de la década de 1970, -según la visión
tradicional de la modernización- se destacó aún más, como una manera de manejar la
complejidad del panorama urbano, al identificar a los desconocidos en términos étnicos
(Mitchell, 1956, en Wade, 1997, p. 259). Por ese entonces, empezó a reconocerse el rol de
la diferencia al establecer la identidad.
(...)
la temática de la identidad surgió en América Latina durante la independencia, a propósito
del problema de definir las nuevas naciones con relación al resto del mundo. Desde
entonces se planteaba la situación de los negros y los indígenas como “problemas” para el
progreso de la nación, e incluso, en el siglo XX, en algunos países -como México, Brasil
y, en menor grado, Colombia- se trataba de establecer una nueva identidad como “nación
mestiza”, a partir de la cual los negros y los indígenas tenían que ser integrados (Wade,
1997, p. 259).
(...)
entre 1920 y 1930 numerosos académicos empezaron a hacer estudios antropológicos de
comunidades, casi siempre indígenas. (...) El concepto implícito de identidad que
manejaban era también esencialista, aunque no se trataba de un esencialismo de índole
biológico sino cultural. En este sentido, cada comunidad o grupo indígena tenía su
identidad cultural, la cual existía porque sí y no porque se diera dentro de una relación
dinámica de intercambio. El intercambio usualmente se concebía sólo en términos de
aculturación: a mayor contacto con el “mundo externo”, las comunidades indígenas
perderán su cultura y se convertirán en mestizos nacionalizados”. (Wade, 2002, p. 259)
Actualmente, existe un amplio desarrollo en los ordenamientos jurídicos de América Latina
desde donde se ha impulsado el concepto del multiculturalismo, permitiendo visibilizar la
diversidad y riqueza de identidades y culturas; sin embargo, desde distintas posiciones
académicas ha surgido la preocupación por este aparente interés estatal en sujetos y objetos que
previa y permanentemente han sido marginados,
“Vivimos en una época de multiculturalismo normativo donde la marginalidad pasa
menos por ser invisible que por ser parte de regímenes que promueven un exceso de
visibilidad en las diferencias culturales para poder mercantilizarlas y fetichizarlas. Desde
esta puesta en época, una cosa es que las políticas de identidad visibilicen problemas que
acaban estimulando lenguajes teóricos que permitan analizarlos, y otra muy distinta es
pensar que justo ahora las identidades son problemáticas. Como aclara Zygmunt Bauman
(2003), en tanto invención moderna, la identidad no está en problemas, sino que fue un
problema desde su nacimiento” (Mercer, 2000, Citada en Briones, 2007, p. 62).
Es así, como la noción/concepto de identidad se ha comprendido como una invención de la
modernidad, como el reflejo y la proyección individual frente a la incertidumbre de un mundo
cambiante. Bauman, citado en Wade, 2002, ha expresado la figura de la peregrinación, desde
esta metáfora del viajero/a, se cimenta la humanidad moderna: “un hombre (mujer) que busca la
seguridad y el sentido de la vida, mientras va construyendo sistemáticamente su propio camino
hacia el futuro” (p. 257).
Si bien existen distintas visiones desde donde académicamente se ha abordado la temática de la
identidad, en especial, desde tres escuelas: esencialismo, constructivismo y performatividad; no
es posible generalizar estos conceptos y teorías, dada cuenta de las características mutables que
se generan en esta, precisamente, el intercambio es el que permite enriquecerla, tanto social como
teórica y conceptualmente. Sin embargo, es posible y necesario plantear la premisa que,
“Identidad y diferencia son efectos de poder, para advertir que nuestro objeto de análisis
debieran ser menos las identidades construidas o los procesos de construcción de
identidades, que los contextos y relaciones sociales mismos donde prácticas y discursos
de identidad y diferencia operan como válvulas de escape privilegiadas” (Briones, 2007,
p. 76).
En este mismo sentido, (Véanse, Barth, Grossberg, Hart, citados en Briones, 2007, p. 69) las
identidades están en proceso de construcción, pueden ser abiertas, múltiples y contradictorias;
están discursivamente constituidas sin que eso implique que sean sólo discurso. Las distintas
escuelas creadas, para teorizar y conceptualizar el término de “identidad” han permitido
enriquecer su abordaje, “el giro constructivista en la historia nos permitió entrever que las
tradiciones no son entelequias a ser conservadas, sino fruto de praxis transformativas en
constante relectura. (...) prácticas transformativas de simbolización selectiva, de ideas de
continuidad y ruptura, (...) prácticas sedimentadas para encontrar maneras de copiar con
diferencias ciertas ficciones reguladoras y poder ser diferentemente contemporáneo. En otras
palabras, particularmente en ciertos casos, para disputar la idea de que se es un mero relicto del
pasado en el presente”.
En cuanto, a la “construcción de una teoría (performativa) que aspira a dar cuenta de
nuestra subjetividad, identidad y capacidad de agencia con base en formas de explicar que
no nos mimetiza con nuestros interlocutores, al tomar en cuenta accesos diferenciales a
experiencias y dispares movilidades estructuradas, pero que tampoco nos distancia
irreversiblemente de ellos con base en una distinción nítida entre objeto y sujeto.
(Esta construcción parte de una crítica) al constructivismo, (señalando que este) yerra o se
debilita (básica y profundamente) (...) cuando alienta o busca la aparición de identidades
híbridas, confundiendo la multiplicidad de posiciones de sujeto con la necesaria aparición
de identidades fragmentadas, (postulando) la hibridación como superación que remueve
de nuestro campo de visión la importancia de ver por qué ciertas subjetivaciones e
identificaciones destacan jerarquías nítidas en los «pliegues del alma» (Briones, 2007, p.
69).
En cuanto al esencialismo, la mayor crítica que ha recibido es que proclama y percibe la
identidad como una figura o concepto estática en el tiempo, tendiente a ser conservada y
protegida, sin darle la posibilidad de enriquecerse a través del intercambio y negándose a la
realidad contextual de un mundo globalizado,
Briones, señala que “una divisoria nosotros/ellos (premisa barthiana) no agota la dinámica
de las identificaciones, porque Alberto (con quien se realiza el trabajo etnográfico) veía a
los mapuche (pueblo indigena) y a los wigka (mapuches que entran a convivir con la
sociedad en común) como «ellos» por igual, al menos respecto de cómo quería y cómo
podía verse: no mapuche, pero tampoco wigka pleno.
(...)
La ósmosis de la que habla Barth puede darse aunque uno no quiera cuando las presiones
invisibilizadoras son fuertes, y puede no darse aunque uno la busque, ante prácticas de
discriminación y estigmatización que siguen recreando límites donde algunos quisieran
invisibilizarlos.
Existe una experiencia mucho más reciente y está ligada a quienes se identifican como
mapunkies, mapuheavies y mapurbes. Estos tres significantes de identidad apuestan
explícitamente a la idea de fusión, lo que haría las delicias de quienes ven en la hibridez o
hibridación una clave de lectura de las identidades contemporáneas. Sin embargo, creo
que ideas como éstas poco ayudan a entender las formas de individuación de estos
jóvenes en términos de subjetividad, identidad y agencia. sostener que la idea de fricción
resulta más elocuente que la de fusión para explicar no sólo cómo cuestionan lugares de
identidad que examinan desde fuera, sino cómo desestabilizan los que habitan
provisoriamente desde adentro” (p. 77).
Las políticas de identidad, en términos de la modernidad y la globalización, en el contexto en el
que actualmente vivimos y habitamos, hace que no existan leyes que obliguen a una posición
intransigente, fuerte y vertical de la identidad como algo estable, cada día es entendida como un
proceso de intercambio,
“No hay una sola “verdadera” identidad; todas son híbridas y ninguna es pura (García
Canclini, 1989), Cada versión surge de actos de representación que tienen lugar dentro de
redes traslapadas de significados. Lo importante no es la “verdad” de cada versión, sino el
impacto práctico -en términos políticos, económicos, sociales y psicológicos- de actuar
sobre las diferentes versiones.
Lo anterior no implica que la identidad sea algo falso, algo que se maneje como una
simple mascara. Por el contrario, la identidad debe ser entendida como algo
profundamente sentido, como una parte de la psique y del cuerpo de cada uno. Pero no
hay una sola identidad “verdadera” para un grupo, ni aún para un individuo. (Wade, 2002,
p. 264).
Es posible establecer a modo de conclusión, que la Identidad hace referencia a estructuraciones y
transformaciones internacionales, nacionales y regionales de alteridad. “Suelen estar en la base
de lo que percibimos como «diferencias» respecto de «otros externos» pero también de «otros
internos». Y vale la pena estar atentos, porque ese temor puede llevarnos a pasteurizar al Otro
(Ramos, 1996) negándole positividad a su diferencia, lo que parece ser un pecado equivalente al
de exotizarlo de antemano” (Briones, 2007, p. 80).
Es posible argumentar, que en este proceso de intercambio de pensamientos y saberes surge la
identidad de las comunidades campesinas, quienes han construido y desarrollado acciones
cargadas de símbolos y significados que han reiterado desde épocas anteriores donde se han
identificado individual y colectivamente con una cultura predeterminada que les permite
desarrollar su proyecto de vida a través de la economía campesina en un territorio determinado.
3.1.1. Acercamientos al concepto de cultura campesina
Es inquietante la falta de valoración social a la gran riqueza biodiversa, histórica y social que
reside en el campo colombiano, desde donde se gesta gran parte del “desarrollo”, espacios desde
los que es posible respirar aire puro, soñar y crear con la majestuosidad del paisaje y la gama de
colores, del sonido de la flauta y el tambor, el sentir y percibir miles de sensaciones al probar los
sabores exquisitos de “la fruta madura”; sin lugar a dudas, la diversidad alimentaria: frutas,
verduras, hortalizas, etc., es una de los más grandes aportes que la sociedad adeuda al trabajo
diario y permanente de las miles de personas que residen allí.
Es importante, dar el valor que merece el aporte y sustento socio-ambiental que las comunidades
campesinas entregan al pueblo colombiano, incentivando con acciones positivas la permanencia
y desarrollo de vida digna de este sector desde la formación familiar y el sistema educativo, de lo
contrario, la sociedad colombiana lamentará su pérdida. Tristemente, la juventud campesina no
ha encontrado en el campo un soporte educativo ni económico para desarrollar sus proyectos de
vida, lo anterior, sumado a los grandes desplazamientos que a causa de la violencia social y
política ha tenido que enfrentar las comunidades rurales, refleja una realidad incierta y
desoladora: el campo ha envejecido y no existen garantías de permanencia para el relevo
generacional; Don Rafael Quinayas (socio activo de la Anuc) nos expresa cómo les ha afectado
todo este conflicto, abandono estatal y estigmatización:
”A nosotros como campesinos nos daba miedo, temor, decir que éramos campesinos de
determinada región, negando el apellido en muchas ocasiones para esconder el lugar de
procedencia, con ello se negaba también la identidad, el pensamiento”.
Aún, frente a todas estas dificultades, el campesinado existe y sobrevive en sus territorios; posee
una cultura que es fuente de saberes y sabiduría, por medio de los que representa su visión del
mundo y del manejo propio que da a la naturaleza, tienen formas propias de trabajo u oficios,
usos y costumbres, y una forma propia de expresarse a través de la tradición oral mediante la cual
sustentan su memoria y fortalecen su tejido social. Es necesario pues, caracterizar y reconocer
esta cultura, entre otras, por los términos que jocosamente expresó el cantautor Jorge Velosa “el
campo sin campesinos existe sin existir”.
Como acercamiento hacia una caracterización social del campesinado, al menos como noción
organizativa, se tiene el siguiente significado, definición o identificación: el campesino y la
campesina están intrínsecamente vinculados a la tierra, su amor a ella es algo inmutable, viven y
se sustentan de ella, su núcleo familiar también vive en el campo y su principal labor es labrar la
tierra. En el encuentro nacional de culturas campesinas organizado por el Ministerio de Cultura
los días 28 al 30 de Octubre de 2014 en Curití, Santander, se dió entre tantas definiciones, la
siguiente:
“La palabra campesino viene del campo. Es el ser humano que tiene y pertenece al campo,
relación directa de compromiso, identidad, trabajo, afecto y pertenencia con la tierra. Es
la relación directa con la tierra la que construye su entorno y su espiritualidad, existe un
arraigo y a la vez compromiso por la tenencia de la tierra. Lo campesino se define
también por su economía de familia, la mano de trabajo compartida.
La identidad campesina está ligada al trabajo, la relación con la tierra y el entorno, es
parte de ella la palabra y el cumplimiento de ella, el respeto a los animales y su cuidado,
el producir alimento por amor y por responsabilidad, es el cuidado de las semillas, el agua
y las plantas, es construir territorio en diversas dimensiones sociales, económicas y
culturales. Es el cuidado, la medicina tradicional, el tejido, la pesca, la transformación
artesanal de los recursos naturales” (p. 49).
En este mismo sentido, es posible establecer en los términos del Señor Oscar Agredo (miembro
de la Junta Directiva), que “todos los pueblos desde años anteriores han ido modificando su
entorno/naturaleza a través del trabajo físico, y en este mismo sentido han ido construyendo su
cultura”. Es así, como las comunidades campesinas han ido forjando usos y costumbres que
practican y desarrollan diariamente, las cuales han potencializado a través de su organización
social y comunitaria; la cultura campesina es el residuo del relacionamiento e intercambio de
muchas culturas, de un proceso de intercambio social, interfamiliar e intersectorial.
En el encuentro nacional de culturas campesinas organizado por el Ministerio de Cultura los días
28 al 30 de Octubre de 2014 en Curití, Santander, se expresó sobre el origen de la cultura
campesina como un proceso de intercambio, dando cuenta de que no existe un solo ser
campesinos ni un solo lenguaje,
“La tradición oral es una forma de resistencia para que se mantenga viva la memoria local
de los pueblos. Es un mecanismo para transmitir la cultura propia, es la forma elemental
de tejer la tradición y la historia y, por lo tanto, vital para su permanencia. La tradición
oral y el vocabulario del campo expresan cómo los campesinos entienden el mundo. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que es importante reconocer la diversidad del ser
campesinos y de su tradición oral, no existe un solo ser campesinos, hay campesinos
colonos, ribereños y secanos, entre otros, deben ser exaltados y reconocidos. El lenguaje
campesino y sus expresiones han sido históricamente estigmatizados y tildados como
atrasados” (p. 14).
Las comunidades campesinas han ido construyendo un pensamiento, una manera de relacionarse
con la naturaleza, en este mismo sentido, se ha forjado su cultura desde las conexiones con la
tierra <el territorio> y con las manifestaciones y cambios sociales realizados desde el trabajo, el
apropiamiento y posicionamiento de la economía campesina; estos conceptos le han permitido
afianzarse y re-significarse como sujeto social, a la vez que, le han proporcionado elementos
necesarios para resistir frente a la imposición de modelos económicos que amenazan su cultura y
supervivencia.
Para la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Regional Cauca, en palabras del Señor
Oscar Agredo, existe una noción propia de economía campesina entendiendola ligada a la cultura
e identidad campesina
“Nos diferenciamos de otras organizaciones campesinas que ven la economía campesina
desde el concepto de seguridad, soberanía alimentaria, y no como un sistema de vida; La
economía campesina está basada no solo en la producción sino en el relacionamiento con
la naturaleza, en la cultura, el relacionamiento con la familia y la comunidad, las semillas
nativas, las formas de manejo del cultivo, el intercambio y en lo organizativo en cuanto a
la resistencia de la vida campesina.
La economía campesina como sistema de vida se sustenta en los principios de
reciprocidad, solidaridad, sistema técnico productivo, semillas, biodiversidad, trabajo
familiar, relación con la naturaleza, autoconsumo, usos y saberes”.
Es así, como la economía campesina permite y potencializa la vida campesina, proporciona el
sostenimiento de las familias rurales desde el autoconsumo y brinda seguridad alimentaria a toda
la nación, Don Pedro Muñoz Quinayas (socio activo de la Anuc) expresa que la economía
campesina es “el modo de vida campesino, su forma de subsistencia”, Mauricio Muelas
(miembro de la Junta Directiva) por su parte, distingue que es “aquella que nuestros padres
utilizaban, enriquecían y desarrollaban para el sostenimiento de la familia, con gran variedad
de animales y frutas, etc.”; Carlos Olimpo Fernández (socio activo de la Anuc), menciona que es
necesaria la planificación y capacitación a campesinos-as en temas de administración para el
fortalecimiento de la economía campesina, “muchos(as) campesinos(as) tienen una producción
de café cogen y la venden, gastando el plante; falta una cultura que aporte e impulse el trabajo y
la producción como una empresa familiar, no dejarla acabar; al perder el capital el campesino
se endeuda en los bancos y empeña su finca”.
En este orden, es posible entender que la economía campesina se convierte en el cúmulo y fuente
de manifestaciones culturales, usos y costumbres:
1.- Mantiene y desarrolla un modelo productivo que incentiva la diversidad de cultivos y
productos, incorporando en su manejo un conocimiento tradicional del campesino-a que le
permite no solo concebir una forma de sembrar, sino también de tratar el cultivo, la cosecha
y la postcosecha: uso de productos agrícolas para la transformación, comercialización y
autoconsumo. Da cuenta de esto, la aplicación de conocimientos tradicionales en las plantas
medicinales para el manejo de las plagas del cultivo, a través de la alelopatía, etc.
Si bien, la labor principal del campesino/a es la agricultura, dedicándose la gran mayoría a
labranza de la tierra, en el campo también se han desarrollado una diversidad de oficios que
desempeñan las comunidades campesinas, en el encuentro nacional de culturas campesinas
organizado por el Ministerio de Cultura los días 28 al 30 de Octubre de 2014 en Curití,
Santander, a bien se sostuvo que:
“Los campesinos y campesinas no solo se dedican a la agricultura, las múltiples
actividades y oficios que tienen lugar en la vida en el campo, hacen parte también de las
fortalezas que tienen las comunidades, como la artesanía y la pesca, por mencionar solo
algunas. Estas actividades y oficios están también relacionados con prácticas culturales de
expresión oral y tradicional, que fueron consideradas costumbres arraigadas y que
trasmiten valores como la humildad, el trabajo y la perseverancia, lo cual se manifiesta
también en las relaciones que se establecen con el resto de personas, dentro y fuera de la
comunidad.
El oficio del barequeo artesanal en el Municipio de Buriticá, ribera del Río cauca
(Antioquia), se presenta como la principal actividad de las comunidades que viven a las
orillas del río Cauca. Se trata de la extracción artesanal de oro en las riberas, es decir, con
herramientas que se hacen en la misma región y amigable con el medio ambiente.
La elaboración de monturas para cabalgar y aperos de cabeza en Puerto Rico, Meta se
presenta como parte de las costumbres y tradiciones del llano, artesanal del tren de pesca
y de cazal” (p. 20).
2.- Incentiva el uso de formas organizativas propias, las cuales propician un ambiente de
confianza que fortalece las relaciones de vecindad y comunidad, el intercambio social y
económico, y el trabajo mancomunado en pro de la producción; estas formas organizativas
son: los grupos asociativos y/o comunitarios, la mano prestada y las mingas, a través de estas
se coordina y planifica los tiempos y actividades requeridas en el mes, las que se llevarán a
cabo de manera rotatoria a través de visitas a realizarse en las fincas, ayudando al aumento
de crecimiento y producción de estas.
3.- Permite e incentiva el fortalecimiento del tejido social; desde la concepción misma del
campesinado como sector social se ha definido y caracterizado como un sujeto social
<colectivo>, no como un ser individual, al enfrentarse a situaciones complejas
climáticamente y a la misma estructura física-geográfica del territorio, etc, a visto la
necesidad de agruparse y reunirse para poder sobrevivir y enfrentar las condiciones in situ
que le pone la naturaleza; la primera relación que establece el campesinado, es una relación
familiar, todos los miembros de la familia aportan al trabajo y subsistencia de la economía
campesina, es posible afirmar que después de esta, el relacionamiento pasa de un ámbito
familiar a uno comunitario, al llegar a una organización el-la campesino-a potencia sus
capacidades y visualiza soluciones colectivas a sus necesidades.
En este mismo sentido, es posible señalar que desde la cultura, se ha potencializado enormemente
al fortalecimiento de estos vínculos sociales, entre otras, a través de la existencia y práctica de
usos y costumbres: “la reciprocidad (el yo te doy y tú me das, yo aporto y tu aportas)” (Oscar
Agredo), permite generar relaciones de vecindad y familiaridad, de compromiso mutuo a favor
del territorio y de la comunidad, son estos usos propios de la identidad campesina los que
permiten resistir colectivamente a modelos a gran escala y al hambre, conforme expresó Don
Oscar Agredo, la solidaridad en las veredas ha permitido el control del hambre,
“En las veredas campesinas hay más facilidad de controlar el hambre, el déficit de
alimentos; (...) cuando al campesino-a se le acaba el plátano va donde su vecino-a a pedir
un racimo, su compañero-a le da lo que necesita, es una gratitud hacerlo, es una expresión
de cariño, de relación de familia”.
Es precisamente, las relaciones sociales, la solidaridad y reciprocidad, las que han permitido
caracterizar al campesino y campesina como seres sociales, que piensan y crean más allá de sus
cuatro hilos de alambre; sus territorios están marcados y simbolizados por historias colectivas de
lucha, desde donde se ha colaborado en la construcción y mantenimiento de las vías, la
implementación e infraestructura del servicio de energía, etc., “si hacemos un análisis, todas las
veredas tienen una historia, (son las comunidades campesinas) quienes ayudaron, participaron,
dirigieron y contribuyeron al mejoramiento de su localidad; en el desarrollo de cada región hay
esfuerzos mancomunados de todos los (as) campesinos (as) para el mejoramiento de la región”
Oscar Agredo.
Otra de las grandes manifestaciones de cultura campesina, en la producción, se visualizan en el
proceso de cosecha, en especial en la transformación, consumo y comercio de los bienes o frutos
del cultivo; en algunas zonas aún es común el intercambio de productos y comidas entre vecinos.
Es precisamente, a través del compartir, del intercambio, de la olla comunitaria, desde donde se
da el diálogo de saberes y se desarrolla el pensamiento campesino.
4.- Existe también en la vida campesina grandes manifestaciones de cultura a través del ámbito
musical, desde antaño las comunidades campesinas han sido fuente de músicos y ritmos
propios, una cultura que se extiende desde los abuelos hasta los hijos y nietos dando uso a la
tradición oral a través de las cuerdas, donde se expresa la vida cotidiana a través de cantos,
poemas, cuentos, e incluso, popularmente se desarrolla una forma de percibir la vida social y
su desarrollo en el entorno natural y cotidiano, que se expresa en las adivinanzas, dichos,
mitos y leyendas.
Uno de los riesgos actuales e históricos que amenazan la identidad y cultura campesina, es el uso
e impulso de economías a gran escala a las cuales se enfrenta la economía campesina en
condiciones de desventaja; “la economía del mercado, abriendo vías e iniciando procesos de
desarrollo del gran capital como la imposición del monocultivo ha afectado grandemente la
diversidad natural-productiva y con ello la identidad campesina; hoy tenemos menos cultivos en
las parcelas, hemos perdido la mitad de la diversidad que ha constituido la identidad y
resistencia infranqueable de las comunidades campesinas, y por ende, los saberes e historias
relacionadas con las montañas, el territorio, el espacio y el clima” Oscar Agredo.
La economía del narcotráfico también ha sido impuesta en los territorios rurales, se ha afectado
las prácticas habituales o tradicionales de las comunidades, creando una burbuja de capital
proveniente del lavado de activos de esta actividad ilícita, se ha cambiado los roles tradicionales
de las comunidades llegando una cultura de libertinaje, excesos, consumo y dando aparentes
sensaciones de confort que afectan la mentalidad y costumbres del campesinado, en términos de
don Rafael Quinayas Hoyos (socio activo de la Anuc) “la bonanza del narcotráfico ha sido un
elemento que ha influido en la pérdida de la economía generando problemas sociales, esto no ha
permitido que haya una estabilidad económica”.
Es más que necesario, el reconocimiento de la cultura campesina y de sus particularidades,
estimulando y fortaleciendo la población campesina y sus proyectos o planes de vida, en el
entendido que el Estado Social de Derecho Colombiano, ha procurado por el reconocimiento no
solo de la diversidad étnica sino también de la diversidad cultural.
3.2.- Enfoque Territorial
El concepto de territorio y su desarrollo jurídico-normativo se ha ligado siempre a la noción
misma del Estado, se ha reconocido esta figura como uno de sus atributos y elementos
principales; Palacio, G. (2002) expresaba que:
“En las visiones clásicas sobre Estado-nación, la idea del territorio constituye uno de sus
componentes esenciales, junto con la de una población culturalmente vinculada y la de
monopolio jurídico-político. Normalmente, el territorio se denomina país, a la población
se le llama nación y a la dimensión jurídico política se le llama soberanía. Estas tres ideas
marcharán de manera desigual, pero, en un momento dado, se complementarán y
entrecruzarán” (p. 380).
En este sentido, al abordar el territorio desde una visión jurídica para así desarrollarlo
conceptualmente, es necesario hacer referencia a la teoría misma de estado y sus orígenes; es
conocido desde la historia occidental y aún más en la visión germánico-romana existente en
nuestro ordenamiento jurídico, que previo a la consolidación del estado moderno existieron otras
formas de asociación que han sido ampliamente estudiadas y posicionadas como antecedente
precursor de la expresión de poder y gobierno, a saber, la polis griega y el imperio romano,
igualmente, es necesario resaltar y recalcar que también se ha producido conocimiento y
organización desde otros continentes y culturas surgiendo distintas manifestaciones reguladoras
de las relaciones de trabajo y asociación, ejemplo de ello lo es el mismo continente Americano.
Ahora bien, el origen del Estado Moderno se remonta a un continente y tiempo determinado2, la
Europa de los siglos XIII y XV (época conocida como la finalización de la edad media), en
donde se iniciaría también con un proceso de transformación económica, política y social,
conocido como el modelo económico capitalista.
Este contexto en el que se forja el Estado Moderno, está marcado por grandes y significativos
cambios en la vida económica y política de la sociedad: surgimiento de una “nueva” clase social
privilegiada que ostenta un poder adquisitivo originado en el comercio, enajenación cultural del
campesinado quien se desplaza a nuevos centros urbanos donde pasa a vender su mano de obra
como asalariado en fábricas, etc.; este proceso no sólo modificaría la concepción y manejo del
territorio sino que afectaría la estructura social en sí misma.
El territorio es entonces un elemento y atributo del Estado Moderno, ha estado presente desde la
concepción del mismo, inicialmente, el territorio era entendido como esa extensión geográfica y
física (tierra) portadora de riquezas (recursos naturales), grandes batallas eran sostenidas para
2 Vitale, E. (2007) citando a Bobbio expresa que “el Leviatán no era el Estado totalitario sino el Estado moderno, que nace de las cenizas de la sociedad medieval, un cuerpo político que puede encarnarse históricamente en las más diversas formas de gobierno, entre las cuales no está necesariamente la autocrática. El Leviatán es sustancialmente el detentador del monopolio de la fuerza legítima: legítima porque se basa en el consenso de los ciudadanos”. Si es del interés, indagar y desarrollar más ampliamente el concepto, proporciono la siguiente fuente bibliográfica: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/priego_s_g/capitulo2.pdf
tener su control; el poder era representado según la posesión territorial, a mayor tierra mayor
riqueza, en esta época intermedia entre el feudalismo-absolutismo predomina una relación de
vasallaje3, basada en el ejercicio del poder de una clase “noble” que disponía de autonomía en
pequeños territorios dentro de un mismo reino, y a cambio de “protección” recibía el excedente
productivo del siervo-campesino, quien de no tenerlo era obligado a pagar en especie o moneda;
relación que sería precedida por los principados, donde se limitó el territorio enmarcándolo en las
fronteras del reino y otorgando su gobierno y administración a una persona cuyo poder era de
carácter “divino”, a esta concentración de poderes se le llamó el absolutismo. Finalizando la edad
media, en el proceso de afianzamiento del Estado Moderno, se construyó y posiciono un
pensamiento cuyas ideas y principios serán retomados por los ordenamientos jurídicos a nivel
mundial hasta la actualidad, en especial, el surgimiento de la teoría de la división de poder en tres
ramas: legislativa, ejecutiva y judicial impulsada desde Montesquieu4, presupone el pensamiento
de una democracia real que pretende evitar la arbitrariedad de un poder que hasta el momento se
encontraba concentrado en el rey; a través del contrato social de Rousseau5, se determinaría a
una nación con identidad y cultura concreta que comparte un mismo destino, quienes provistos
de su conciencia se subrogan al poder emanado del Estado a quien no solo entregan su protección
y gobierno sino la efectividad de sus derechos, la soberanía reside en el pueblo quien elige a sus
representantes, etc.
En nuestro ordenamiento jurídico, es recogida toda esta apuesta mundial e ideas liberales desde
donde se estableció que los elementos constitutivos de la estructura estatal eran el territorio
geográfico delimitado, junto a una población-nación y el reconocimiento internacional para
3 Méndez, J. (1993). Fundamentos de la Economía. UNAM. Véase en: http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/compendio/Tercero/III_SM_238.pdf 4 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/priego_s_g/capitulo2.pdf 5 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/ledf/priego_s_g/capitulo2.pdf
ejercer su soberanía y gobierno dentro de este territorio específico, señalado entre otras normas
en la Constitución Política de 1991 que estableció:
“Artículo 101. Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados
internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de
la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación. Los
límites señalados en la forma prevista por esta Constitución, sólo podrán modificarse en
virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente
de la República. Forman parte de Colombia, además del territorio continental, el
archipiélago de San Andrés, Providencia, y Santa Catalina, la Isla de Malpelo y demás
islas, islotes, cayos, morros y bancos que le pertenecen. También son parte de Colombia,
el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona
económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el
espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho
Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales.
Artículo 102. El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la
Nación”.
Conforme a lo anterior, es posible señalar que el territorio colombiano está conformado por el
suelo, “…subsuelo, mar territorial, zona contigua, plataforma continental, zona económica
exclusiva, espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria y el espectro electromagnético”
desde donde el gobierno puede ejercer su soberanía reconocida a nivel internacional.
Con la modernidad, y al teorizarse sobre la estructura del Estado, ha ganado gran apogeo e
importancia el concepto de “nación”, hasta el punto de que sean reconocidas naciones
internacionalmente sin que su territorio esté establecido claramente, por encontrarse en disputa o
conflicto, o por estar circunscritas al territorio de otro Estado; en este orden, es preciso establecer
que puede desarrollarse el concepto de nación sin territorio, pero no podrá existir un territorio sin
nación. “Al filo del Siglo XX, la lógica casi irresistible del Estado-nación hizo que la iglesia
católica misma se reorganizará como estado-nación, de allí el vaticano, eliminando así los
obstáculos para la consolidación de Italia como estado-nación” (Palacio, G., 2002, p. 384).
En este mismo sentido, desde nuestro ordenamiento jurídico se ha realizado un amplio desarrollo
normativo, y se ha impulsado en gran medida la exigencia y prevalencia de derechos sociales;
para el caso concreto, a partir de la norma superior se dio desarrollo al concepto de pluralismo
jurídico6 que emana del artículo 7, bajo la figura del multiculturalismo se ha permitido más allá
del reconocimiento de la diferencia y diversidad de los grupos étnicos el estímulo a la variedad
cultural dentro de los estados naciones. Bajo estos argumentos, se ha permitido reconocer que
“las comunidades en su identidad y desarrollo han ido forjando su propia visión y construcción
de territorio”7.
“La construcción de identidades nacionales o los factores lingüísticos pueden dar lugar
también a la búsqueda de la expansión del territorio hacia regiones no integradas al poder
territorial. Recientemente, otros factores tales como la cartografía misma, se empiezan a
6 Según Georges Gurvitch, “el monismo jurídico corresponde a una situación política contingente y la creación de los grandes estados modernos, entre el siglo xv y el siglo xix. Sin embargo, el poder jurídico no reside solamente en el Estado, sino también en numerosas entidades independientes a él. La ley del estado no es la única ni la principal fuente del derecho. El principio del pluralismo jurídico encuentra su justificación y fundamento, en la teoría de los hechos normativos, es decir, en la teoría que ubica el poder jurídico en todas las comunidades que en un sólo y mismo acto generan el derecho y fundan su existencia sobre el derecho en las comunidades que, en otros términos, crean su ser generando el derecho que les sirve de fundamento. (…) Actualmente, la diversidad ha invadido a un mundo jurídico. En las sociedades industrializadas se observa innombrables centros generadores de derecho e innombrables centros autónomos de derecho que vienen a rivalizar con el centro estatal. Es necesario admitir que en un territorio determinado convive una pluralidad de derechos concurrentes, estatales, infraestatales o supraestatales” Sánchez, A. (2012), véase en: http://www.la-razon.com/suplementos/la_gaceta_juridica/Origenes-pluralismo-juridico1_0_1694230639.html. 7 Palacio, G. (2002) verificar cita
reconocer como elementos que contribuyen a la conformación territorial” Palacio, G.
(2002), (p. 383).
Es así, como las comunidades en uso de estas recientes ciencias han hecho posible la
representación, simbolización y construcción de una visión (su visión) del territorio, visibilizando
también las problemáticas inherentes a él; Acselrad, H. ha expresado sobre la importancia del
mapeo que:
“todos los mapas son una abstracción del mundo, siempre trazada desde un cierto punto
de vista. En la historia de las representaciones espaciales, los mapas comenzaron, no por
casualidad, como ficción, una manera de pensar sobre el mundo de la creencia y el mito, y
no desde la geografía. Fue a través de un largo proceso de observación del mundo, el
desarrollo de herramientas y experiencias, con el consiguiente crecimiento de la
capacidad de medir altitudes y coordenadas, que los mapas eran cada vez más "objetivos".
La imagen cartográfica y el territorio de las representaciones pasaron así a describir lo
real, configurarlo y simbólicamente hacerse dueño de ello”. (p. 13).
Palacio, G. (2002), expresa que las comunidades rurales al no estar inmersas en la lógica estatal,
construyen de manera diferente las visiones y conocimiento que tienen del territorio y/o de
ciertas formas del mismo,
“campesinos(as) e indígenas mexicanos distinguen entre horizonte y frontera. El espacio
exterior no es percibido como frontera –que es un concepto geográfico o topográfico-, ya
que el horizonte funciona como una metáfora cultural. Mientras el principio jerárquico de
la frontera implica adscripción, incorporación, localización, la idea del horizonte es móvil
y hay competencia entre ambos conceptos, (…) aunque su mundo sea localizado es
también ilimitado. Hasta hace muy poco, ese tipo de visión dominaba entre poblaciones
de la sabana llanera colombo-venezolana. Su sentido libertario de pertenencia a una
inmensa sabana sin fronteras, pero si con horizonte, los hacia identificarse más con lo
“llanero” que con las lógicas territoriales de los estados naciones de Colombia o
Venezuela.
(…)
La variedad de construcciones culturales de los indígenas sobre el territorio es
impresionante. Veamos algunos ejemplos: el territorio demarcado en la Sierra Nevada de
Santa Marta por los pueblos indígenas se basa en la fijación de mojones de carácter
sagrado, (…) es notorio ver que este territorio no es exclusivo de un solo pueblo, sino que
es compartido y no funciona como suma de poder cero, como en el caso de los estados-
nación; es un hogar ampliado de kogis, arzarios, kankiamos y arhuacos, muchas de estas
tienen que ver con pagamentos y la celebración de ritos sagrados” (p. 384).
Si bien, en cuanto a las comunidades campesinas, la dimensión territorial pareciera que estuviese
configurada o limitada exclusivamente a la noción de propiedad privada o parcela/predio rural, es
necesario ahondar en la historia colectiva del campesinado, para poder determinar su noción
territorial. Sánchez, G. y otros (2015) han expresado que:
“la noción de territorio para el campesino(a) no va separada de la idea de comunidad,
entendida como el grupo social con identidades configuradas a partir de relaciones de
parentesco, de una historia de lucha compartida y de elementos de cooperación de orden
económico y político. También de aspectos de orden cultural y simbólico” (p. 29).
A cuenta de lo anterior, es posible establecer que la configuración territorial en el campesinado,
ha sido reconocida y legitimada desde hace muchos años, aún más en clave a una reivindicación
colectiva, habida cuenta, de sus características propias como sector social que posee un
pensamiento propio, práctica sus usos y costumbres y desarrolla su economía propia; saberes,
que lo hacen reconocer y auto-reconocer su organización y lucha en clave al desarrollo colectivo,
a la construcción de un “nosotros” más allá de una suma de individuos en sí. López, 2010, citada
en Sánchez y otros, 2015, ha expresado al respecto:
“En este proceso de identificación del sujeto, lo colectivo es entendido como el entramado
social, que enmarcado bajo la idea de comunidad permite que las personas se reconozcan
en un pasado y una identidad compartida, en algo común. Cuando se confrontan las
identidades individuales en una historia compartida, se construye la identidad colectiva y
se reafirma lo propio que se proyecta hacia lo que empata y coincide con lo del otro; hacia
aquello común que uno y otro tienen. De esta manera, puede concebirse como una
construcción colectiva y de sentido compartido. En esta medida comprenderse como una
construcción simbólica, derivada del reconocimiento y del autorreconocimiento, como
afirmación del nosotros, constituida a su vez históricamente en una interacción del grupo
social hacia dentro y hacia fuera” (p. 23).
Es menester, antes de dar por concluido este punto, desde donde se ha abordado la visión social,
política y jurídica del territorio, presentar la problemática actual que ha cambiado la noción del
discurso inmerso en el territorio; es realmente preocupante, como una gran oleada ambientalista y
conservacionista que se resguarda en un discurso de protección frente al cambio climático
mundial, se interesa por lo que anteriormente parecía no tener valor, y desde un ordenamiento
internacional regula la biodiversidad genética y natural, al igual que el conocimiento tradicional
asociado a ella, propiciando no solo la cosificación de la naturaleza sino su apropiamiento
reconfigurando el sistema jurídico mundial8. La crisis actual, “se manifiesta en el acaparamiento
8Rifkin y Caldas, citados en Caballero y Ordóñez, 2014, sostienen la idea de una reconfiguración jurídica:
de la tierra para el uso y manejo de recursos naturales (biológicos y genéticos), donde países
extranjeros invaden montañas latinoamericanas expulsando a los habitantes de sus tierras, en lo
que hoy se conoce como “dislocación”: “un proceso fuera del contexto social, económico, y
político-jurídico original (del país que busca comprar tierras), con tal de extraer ventajas de las
condiciones económicas, sociales y político-jurídicas de los países a donde se lleva la
producción”9 (Grain, 2009, p. 1).
En este orden, es posible señalar que la modernidad ha cambiado la forma de percibir el espacio
y el tiempo. Según Foucault, 1999 (Citado en Caballero y Ordóñez, 2014):
“La gran obsesión del siglo XIX es la historia, el desarrollo, la crisis, el ciclo, la
acumulación, la sobrecarga del pasado, la sobrecarga de muertos y el enfriamiento del
mundo. (…) Tal vez la época actual sea más bien la del espacio, la de lo simultaneo, la de
la yuxtaposición, la de lo cercano y lo lejano, la del pie a pie, la de lo disperso. (…)
Estamos en un momento en que el mundo se experimenta menos como una gran vida que
se desarrolla en el tiempo y más como una red que une puntos y entrecruza su madeja.
(...).
“(…) Lo anteriormente despreciado por Occidente, de repente adquiere valor, como sucede con los genes hoy considerados el oro verde del siglo biotecnológico y lo mismo ocurre respecto a los saberes de las comunidades y pueblos ancestrales. De tal forma, inamovibles del Derecho sufren una alteración o mejor una expansión pero sin doctrina ni argumentación suficiente, y más aún sin equilibrio con los derechos humanos y la dignidad como base de toda regulación, en su lugar se adapta sin mesura al nuevo modo de producción, al capitalismo salvaje y a un nuevo discurso imperante: el desarrollo. Caldas resalta dos categorías nuevas en el marco jurídico de este escenario, una en cuanto a los Bienes Jurídicos y otra frente a los Sujetos de Derecho, configuraciones que vienen a ser dependientes, es decir, la existencia de nuevos bienes condiciona la apertura de nuevos sujetos de derecho. Al tomarse la naturaleza en el sentido de cosas, como la llamada Biodiversidad se requiere que las comunidades tradicionales tomen la nueva figura de Sujetos de Derecho, con la intención de que estas comunidades puedan entrar en relaciones jurídicas como titulares (propietarias), estando en condición de disponer de bienes (sus saberes tradicionales)”. 9Grain. 2009. ¡Se adueñan de la tierra! El nuevo acaparamiento agrario. Recuperado de: http://www.grain.org/es/article/entries/1230-se-aduenan-de-la-tierra-el-nuevo-acaparamiento-agrario.
“al hablar de espacios y de lugares estamos hablando de los topoi en griego, (de) las u-
topías (…) y las hetero-topías. (…) Para ayudar a entender esa especie de aporía se nos
propone un ejemplo enormemente desconcertante e iluminador: el espejo es a la vez
utopía, espacio irreal, fondo desde el que se da mi propia visibilidad, un donde me veo
pero no estoy; pero el espejo es también heterotopía: espacio que realmente existe, un
donde desde el que me descubro ausente, pues justamente si me veo es porque ahí no
estoy, debo estar fuera del espejo para poder verme. Es el reverso. Hay una dimensión
utópica en el espejo, una localización del no estar (…) la heterotopía es el fondo de ese
espacio virtual que está al otro lado del cristal (…) el que vuelve este lugar que ocupo
mientras me miro absolutamente real, vinculado con todo el espacio que lo rodea, y a su
vez absolutamente irreal ya que, para ser percibido, debe pasar por el punto virtual que
esta allá” (p. 19-20).
Ejemplo de esta nueva noción y concepto del espacio y el tiempo, que dio surgimiento a las
distintas visiones y construcciones actuales del territorio por las comunidades, desde donde se ha
permitido visualizarse y ubicarse en el territorio o fuera de él (desterritorialización), lo es entre
otras en nuestro contexto de conflicto interno, el desplazamiento armado:
“(…)
Donde (las comunidades) al desplazarse se convierten en una metonimia del mundo
´barbaro´ que deja(n) atrás, pero que encarna(n) con su presencia misma. Este paso desde
el otro mundo, esta mutación ontológica que se le(s) imputa, y que se cristaliza en los
mismos discursos sobre el desplazamiento forzado, determina las maneras de cómo se
inserta(n) en la ciudad, los mecanismos que busca para afianzar su invisibilidad, y las
formas como ellos(as) se ve(n) a sí mismas(os). Nos habla(n) desde un mundo que se ha
bifurcado, pero que al mismo tiempo es el producto de una convergencia: nos habla(n)
desde los espacios de la muerte, ese “no-lugar” existencial desde donde, en el ámbito de
la vida cotidiana, reina la alteridad radical, esa ausencia de reconocimiento. Pero al
mismo tiempo, nos habla(n) (o mejor dicho, son forzados-(as) a hablar) desde aquellos
sitios a los que –preciso por venir de otro lado- han sido, si se quiere, confinados-(as): los
de la patología, la locura, o la barbarie” (Segato, 2006, p. 70).
En este sentido, es posible afirmar que la falta de capacidad institucional, la débil
monopolización de la fuerza legítima a cuenta del Estado, y el surgimiento de fuerzas insurgentes
en nuestro país, han logrado “no sólo desvertebrar en algunas regiones al Estado, inclusive,
sustituyéndolo, convirtiéndose en actores institucionales con vocación estatal. (Sino que además),
empieza a ser común el hablar de territorios de la violencia” Palacio, G. (2002), (p. 388).
A modo de conclusión, presento la reflexión realizada por Barbero, 2006, citado en Caballero y
Ordóñez, 2015, “en este sentido, es necesario pensar y recrear una nueva manera de
relacionamiento natural, de creación social y simbólica del territorio y de los lugares, mirar los
espacios del medio, los entretejidos, (…) las des-ubicaciones y re-ubicaciones” (p. 11).
3.2.1. Acercamientos al concepto de territorio campesino
A lo largo de la historia, el campesinado como sujeto social y político, ha ido construyendo
percepciones y visiones propias de ver la naturaleza y el mundo conforme a su cultura y
pensamiento, en su lucha por la construcción de condiciones de vida digna ha reivindicado
especialmente el derecho al acceso a la tierra; conforme a lo señalado por la diversidad y
multiplicidad de campesinos-as participantes del encuentro nacional de culturas campesinas
organizado por el Ministerio de Cultura los días 28 al 30 de Octubre de 2014 en Curití,
Santander, se ha entendido que el/la campesino/a como sujeto cultural, construye un pensamiento
que trasciende lo mental-subjetivo a lo físico-real, como una representación cultural y social de
su entorno geográfico y físico,
“No es posible entender la sociedad y su dinámica al margen de la cultura. El ser humano
es productor de significados, reproductor de símbolos y usuario de símbolos. La cultura
es colectiva, pública, práctica e inclusiva. Como los campesinos tenemos conocimiento
sobre el manejo del territorio, la biodiversidad y la paz con la naturaleza, pues el
campesino remunera sus esfuerzos a la tierra, entonces es un elemento de definición
cultural” (p. 54).
El ordenamiento territorial, ha sido uno de los temas álgidos en la lucha de las comunidades
campesinas, a cuenta de factores como el desplazamiento, el destierro o desterritorialización, la
falta de formalización y/o título de propiedad de los predios en los que habitan, alta
concentración de la tierra, etc.; el sector campesino en el desarrollo de su territorialidad, debe
ahondar en discusiones sobre la tenencia y/o título del territorio que habita, así como, el
conocimiento sociocultural que posee y que deriva o sustenta su territorialidad.
Históricamente, las comunidades rurales han surgido de procesos territoriales en búsqueda de
recursos naturales para sustentar sus proyectos de vida, en el contexto colombiano, a mediados
del siglo pasado, los colonos fueron ampliando la frontera agrícola y construyendo sus territorios
en respuesta a hechos bélicos y como acción de salvaguarda de la vida, en territorios
agroalimentarios del CNA, 2014, se sustenta que:
“Tanto las comunidades como los territorios campesinos han surgido de procesos
históricos de disputa por recursos, por el acceso a medios de supervivencia y por disputas
de poder que no siempre los han favorecido. También por decisiones de protección o de
salvaguarda de la vida, como en el caso de los colonos que huyeron de la violencia hacia
los antiguos territorios nacionales, en la época de la violencia. Atendiendo a los procesos
históricos de configuración del actual territorio colombiano, y según las características
ambientales, la disponibilidad de recursos naturales (o patrimonio ambiental), y la
vinculación o no con el mercado y el Estado, se han construido socialmente distintos
territorios en los que habita el campesinado. Si bien, no se reconoce a esta población en
las estadísticas, social, cultural, política y económicamente el campesinado existe –
persiste y lucha – en distintas regiones del país” (p. 6).
En este sentido, el campesinado ha venido indagando, simbolizando y construyendo un concepto
sobre territorio, entre otros, existe el concepto compartido por el Señor Oscar Agredo (miembro
de la Junta Directiva), donde expresa que
“Territorio campesino es el área geográfica donde una comunidad campesina o rural
históricamente en relación con la naturaleza y a través del trabajo ha desarrollado una
cultura, una identidad, basada en un pensamiento propio, unos saberes, costumbres y
formas de convivencia comunitaria y de organización social en la producción y/o el
intercambio”.
Carlos Olimpo Fernández (socio activo de la Anuc), hace referencia al territorio como espacio
creado y que ha sido ubicado por fronteras invisibles,
“Para mi el territorio debería ser una zona de convivencia y de productividad
conjuntamente con todas las comunidades. La verdad, construir territorialidad a título
colectivo es complicado, la gente que tiene su título no va querer tenerlo englobado en
uno colectivo, considero que se debe dar un manejo colectivo pero que cada uno tenga su
título individual”.
Para Mauricio Muelas (miembro de la Junta Directiva), el territorio es }
“Todo, dónde está la familia, la cultura, el medio ambiente, el individuo como tal; el
territorio no es solo la tierra donde yo vivo sino que es todo lo que se abarca en ella, en el
territorio está nuestra cultura, costumbres, nuestra vida, está el trabajo del día, el agua, el
aire.
En estos momentos, creo que es una obligación formar territorialidad campesina, que se
diga este es el territorio de la Anuc reconociendo la autonomía propia para ello, donde se
hable de cultura, economía campesina, donde se determine y diga las maneras de actuar
conforme al consenso de todos los campesinos”.
En el largo camino que han recorrido las comunidades campesinas para lograr el reconocimiento
de sus territorios, en la exigencia del manejo o administración colectiva, así como, de la
autonomía para desarrollar sus proyectos de vida, encontramos recientemente, en el año 94 el
reconocimiento en el ordenamiento interno, de las zonas de reserva campesina, territorios
colectivos que si bien mantienen la propiedad individual de sus titulares, son un ejemplo palpable
de la lucha por la formalización de la propiedad, la regulación de la misma y el manejo colectivo
en las decisiones organizativas del mismo, como en la producción alimentaria, Sánchez, Diana
(Zonas de Reserva Campesina: elementos introductorios y de debate), 2012, expresó que:
“Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) constituyen una figura jurídica cuyos objetivos
son la regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad rural, la eliminación de su
concentración y el acaparamiento de tierras baldías, la adquisición o implantación de
mejoras, el fomento de la pequeña propiedad campesina y la prevención de la
descomposición de la economía campesina del colono y la búsqueda de su transformación
en mediano empresario. Aunque aparecen en la vida normativa nacional en el año 1994,
son resultado de los diversos procesos de exigibilidad política emprendidos por
campesinos y colonos, en el marco de los cuales surge la idea original de la figura, que
con el tiempo se complejiza y logra su formalización.
...)
Es necesario señalar que la propuesta surge de procesos de exigibilidad política del
derecho a la tierra por parte de colonos y pequeños propietarios, siendo así la figura de las
ZRC una idea de las comunidades campesinas, que se fue complejizando hasta llegar a
ser parte de la Ley 160 (Ortiz et al., 2004). Puede señalarse que el origen de las ZRC se
remonta al año 1985, cuando se dan las primeras discusiones entre el Gobierno y las
comunidades rurales con la finalidad de avanzar en procesos de ordenamiento territorial y
búsqueda de alternativas a la forma en que se efectuaba la ocupación del territorio, la
colonización y la expansión de la frontera agrícola (Ortiz et al., 2004, p. 17).
Las zonas de reserva campesina aparecen en el ordenamiento nacional como “una herramienta
para delimitar la propiedad de la tierra y estabilizar a campesinos y colonos en zonas de
amortiguación de parques naturales y reservas forestales” (Véase España, 2001, citado en
Sánchez D., 2012, p. 14), su regulación se encuentra en la Ley 160 de 1994, en el capítulo XIII
“Colonización, Zonas de Reserva Campesina y Desarrollo Empresarial” y se ha reglamentado
como figura a través del Decreto 1777 de 1996, del Acuerdo 024 de 1996 y Acuerdos de la Junta
Directiva del Incora.
Otra figura que si bien no tiene aún sustento legal, pero ha sido debatida, desarrollada y
posicionada por las comunidades campesinas, son los territorios agroalimentarios, surgen como
una propuesta de territorialidad campesina dando respuesta a problemas históricos en el acceso
y/o formalización de la propiedad rural, regula el tamaño de las unidades agrícolas familiares
dándoles una vocación de uso colectivo, reconociendo y fortaleciendo los nexos sociales desde la
cultura y organización campesina, desde donde el campesinado se ha visualizado como un ser
colectivo; está fundamentada, entre otras, en la base o aporte principal de las comunidades
campesinas a la sociedad colombiana: la mayor fuente productiva de alimentos, de donde reside
el nombre que recibe esta figura: toma además, como base aspectos culturales y económicos que
han configurado desde antaño la vida campesina, las prácticas que promueven un manejo
adecuado de los recursos naturales en un desarrollo amigable con el medio ambiente. En
términos del Coordinador Nacional Agrario (territorios agroalimentarios, 2014), organización
que impulsa y desarrolla académica, social y políticamente la figura,
“En algunas áreas geográficas, en el ámbito productivo – ambiental, se promueven en la
actualidad sistemas de producción agroecológicos, opuestos radicalmente a la revolución
verde y a los agrotóxicos. En otras esto se complementa con la defensa de los regímenes
comunes de acceso a recursos naturales como el agua, el suelo, los bosques, las sabanas
comunales y las ciénagas. Aquí esta división artificial entre lo productivo y lo
organizativo, daba lugar a las relaciones entre las distintas dimensiones del mundo
campesino: las reglas de la comunidad, defendidas por la organización campesina, servían
también para defender la naturaleza y a la vez, promover la reproducción social y cultural
de los campesinos y la defensa del territorio y el arraigo cultural. Es decir, para la defensa
del orden territorial.
(...)
se destaca durante un momento de la historia, la producción para el autoabastecimiento
alimentario, o en otros casos, la producción con el empleo de un porcentaje considerable
de fuerza de trabajo familiar, de productos alimentarios para mercados externos. Se trata
entonces de territorios habitados por campesinos, dedicados (no de forma exclusiva) a la
producción agrícola y pecuaria en pequeña escala, pesca y sistemas silvo – pastoriles, así
como pequeña minería combinada con agricultura; en las que los productos generados
sirven a la satisfacción de las necesidades propias del campesinado, así como de la
población que no habita el mundo rural. Se trata entonces de contribuir desde la
producción y el territorio campesino a la seguridad alimentaria de la población
colombiana
(...)
(En este sentido, se promueve una) figura territorial que vincula producción – naturaleza
– política y cultura campesina. Buscando vincular las dimensiones referidas construidas
históricamente por el campesinado en distintas regiones del país (productivo –
ambientales; socio – culturales; político – comunitarias), podemos encontrar sistemas de
organización social cooperativa, que intervienen tanto en la vida social y comunitaria,
como en el ámbito productivo y político de las comunidades rurales. También formas de
asociatividad para el desarrollo de actividades productivas de orden alimentario o de la
pequeña producción.” (p. 9).
CUARTA PARTE
DERECHOS
Es imperioso y de carácter coercitivo para los Estados y la Comunidad Internacional, reconocer
el baluarte y legado que las comunidades campesinas han transmitido y entregado a través de los
años a la sociedad; se hace necesaria una regulación nacional que reconozca su cultura, todos sus
usos y costumbres practicadas permanentemente y que representan su visión del mundo,
soportados en tradiciones que han aportado al desarrollo económico del país, y que están
respaldadas jurídicamente desde el reconocimiento de Colombia como un estado multiétnico y
pluricultural. En este sentido, el reconocimiento del campesinado como sujetos de derechos, al
igual que unas mínimas garantías a su organización y su economía, representan una deuda
histórica que debe ser compensada y justificada jurídicamente en el derecho a la igualdad,
afirmando que los campesinos y campesinas son iguales a las demás personas en el ejercicio de
sus derechos, que deben estar libres de cualquier forma de discriminación; y teniendo en cuenta
que existe un reconocimiento a minorías étnicas en el país; conforme al precitado artículo 7 de
C.Pol., es imperioso la consagración y reconocimiento bajo los lineamientos de la igualdad al
campesinado como sujeto de derechos haciendo alusión a la diversidad cultural.
4. 1. Derecho a la organización
La organización representa uno de los derechos que para el desarrollo de las comunidades
campesinas está respaldado en la caracterización colectiva como seres sociales abiertos a la
comunidad y construcción del territorio social como el mecanismo que determinan la estructura
básica de la sociedad. Hay una afirmación que ilustra sobre la situación actual de las
organizaciones campesinas colombianas: “No se puede negar que la Anuc y diferentes
expresiones organizadas de los campesinos han sido derrotadas, como el gran movimiento de los
campesinos. Pero a la vez han presentado continuidad en sus acciones bajo distintos repertorios
reivindicativos. Hoy día los usuarios campesinos se han desdoblado en múltiples organizaciones
locales de índole social, comunitaria, productiva y de medio ambiente. Se han insertado en
nuevos espacios de diálogo, como las mesas agrarias, en las cuales se interactúa con la
institucionalidad”. Salgado, C., 2011, p. 92.
4.2. Derecho al territorio
Los altos índices de concentración de la tierra, hacen de la exigencia de este derecho, una
realidad y necesidad profundamente sentida por el campesinado, quien ha sido reiteradamente
afectado en su derecho al ser desterritorializado y enviado a los márgenes sociales al ser
desplazado forzadamente de sus territorios.
En este sentido, es imperioso la regulación territorial campesina más aun en el sentido que las
comunidades rurales desde su identidad y cultura construyen su propia visión del territorio,
diferenciándose en muchas ocasiones del enfoque tradicional estatal.
Como concepto o acercamiento al derecho, se tiene que las comunidades Campesinas tiene
derecho a la tenencia y titulación individual o colectiva de su propia propiedad rural a no ser
desalojado forzadamente de su territorio, y a que se respete e incentive el desarrollo de su cultura
a través de la Economía Campesina.
4.3.- Derecho a la economía campesina
La economía campesina es un sistema de vida, cumulo y fuente de manifestaciones culturales,
usos y costumbres. Se sustenta en los siguientes principios:
a) Sistema Técnico Productivo diverso
b) Uso y manejo de semillas nativas
c) Comercialización y/o intercambio, autoconsumo
d) Trabajo Familiar
e) Conocimiento Tradicional: usos y saberes
f) Factor social: fortalecimiento de las relaciones de vecindad: solidaridad y reciprocidad
g) Participación y organización
4.4.- Derecho a la cultura
Las comunidades campesinas poseen un pensamiento colectivo, una manera de relacionarse con
la naturaleza, a través del trabajo y la conexión con la tierra; el apropiamiento y posicionamiento
con la economía campesina; a través de la tradición oral, trasmiten su cultura de generación en
generación con el fin de conservar sus tradiciones y memoria a través de relatos, cantos, mitos,
leyendas, fabulas etc.
4.5.- Derecho a la consulta previa
La Consulta Previa es el derecho fundamental de las comunidades étnicas regulado en el
convenio 160 de la OIT , conforme a lo señalado por la Universidad del Rosario “La Consulta
Previa es el derecho fundamental que tiene los pueblos Indígenas y los demás grupos étnicos
cuando se toman medidas (legislativas y administrativas) o cuando se vayan a realizar proyectos,
obras o actividades dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad
cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación”(p. 1). No obstante este
derecho no está regulado a favor de las comunidades campesinas siendo necesario su desarrollo y
estipulación conforme a todo parámetro de la caracterización que hemos dado a lo largo de este
documento, donde se señala que el campesinado posee una cultura especifica que debe ser
respetada y estimulada por el estado a su multiculturalidad.
Por lo pronto en lo que respecta a la comunidad campesina tiene el derecho a la participación que
tiene todos los ciudadanos en la garantía y vigilancia de los derechos colectivos como el medio
ambiente
4.6.- El derecho a la salud:
El derecho a la salud es un derecho constitucional fundamental por vía jurisprudencial, según lo
ha establecido la corte en sentencia T 760 de 2018, está protegido por tres vías. “La primera ha
sido estableciendo su relación de conexidad con el derecho a la vida, el derecho a la integridad
personal y el derecho a la dignidad humana, lo cual le ha permitido identificar aspectos del
núcleo esencial del derecho a la salud; La segunda ha sido reconociendo su naturaleza
fundamental en contextos donde el tutelante es un sujeto de especial protección; la tercera, es
afirmando en general la fundamentalidad del derecho a la salud en lo que respecta a un ámbito
básico, el cual coincide con los servicios contemplados por la Constitución, el bloque de
constitucionalidad, la ley y los planes obligatorios de salud, con las extensiones necesarias para
proteger una vida digna” de igual manera ha sido consagrado internacional, por el artículo 25 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala que:
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”
De acuerdo a lo anterior podemos afirmar que las comunidades campesinas tienen el derecho de
recibir una salud integral de calidad, sin discriminación y es una obligación del estado y que debe
garantizar como parte del derecho a la vida, también es deber del estado promover y desarrollar
políticas públicas orientadas a el mejoramiento de la calidad de vida.
4.7.- El derecho a la educación
Está regulado en el artículo 67 de la Constitución Política reconoce en la educación una doble
condición de derecho y de servicio público que busca garantizar el acceso de los ciudadanos al
conocimiento, a la ciencia y a los demás bienes y valores culturales. La relevancia de esa función
social explica que la norma superior le haya asignado a la familia, a la sociedad y al Estado una
corresponsabilidad en la materialización de esas aspiraciones y que haya comprometido a este
último con tareas concretas que abarcan, desde la regulación y el ejercicio del control y vigilancia
del servicio educativo, hasta la garantía de su calidad, de su adecuado cubrimiento y la formación
moral, física e intelectual de los estudiantes. En cuanto a servicio público, la educación exige del
Estado unas actuaciones concretas, relacionadas con la garantía de su prestación eficiente y
continua a todos los habitantes del territorio nacional, en cumplimiento de los principios de
universalidad, solidaridad y redistribución de los recursos en la población económicamente
vulnerable la corte ha expresado en Sentencia T-743/13 que :
“El esfuerzo del gobierno nacional, con el apoyo del Banco Mundial, les permitirá a
176.000 niños y jóvenes de las zonas rurales del país acceder a una educación de calidad.
Los problemas del sector rural colombiano son en gran parte causados por la baja
cobertura, la falta de calidad y pertinencia de un servicio educativo que no responde a las
necesidades sociales y que no es un agente de transformación. Esto se refleja en la
pobreza, el desempleo creciente y la violencia que se vive en muchas zonas rurales del
país.El Programa de Educación Rural constituye la estrategia principal del gobierno para
atender las necesidades apremiantes del sector educativo a nivel rural. Se propone mejorar
el acceso de los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales a una educación inicial y
básica de calidad, mediante la implementación de opciones educativas pertinentes que
promuevan la articulación de la educación al desarrollo productivo y social. La
ampliación de la cobertura en preescolar y básica secundaria se logrará mediante la
asignación eficiente y equitativa de los recursos existentes en lugar de construir nueva
infraestructura o vincular nuevos docentes. También se fomentarán prácticas pedagógicas
y de gestión democráticas y de interacción con la comunidad, y una política de educación
media para ser implementada en el mediano plazo.Para el logro de estos propósitos, el
programa busca fortalecer un esquema descentralizado y participativo de gestión
educativa, incorporando además el principio de alianzas estratégicas entre instituciones
educativas y entre los diferentes sectores y niveles”.
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87159.html Más campo para la educación
rural.
4.8.- Derecho al ambiente sano
El Artículo 79. Contempla este derecho en los siguientes términos: “Todas las personas tienen
derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las
decisiones que puedan afectarlo.
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines por que la
corte ha expresado en la Sentencia T 154/13 que:
“La conservación del ambiente no solo es considerada como un asunto de interés general,
sino principalmente como un derecho internacional y local de rango constitucional, del
cual son titulares todos los seres humanos, “en conexidad con el ineludible deber del
Estado de garantizar la vida de las personas en condiciones dignas, precaviendo cualquier
injerencia nociva que atente contra su salud”. Al efecto, la Constitución de 1991 impuso
al Estado colombiano la obligación de asegurar las condiciones que permitan a las
personas gozar de un ambiente sano, y dispuso el deber de todos de contribuir a tal fin,
mediante la participación en la toma de decisiones ambientales y el ejercicio de acciones
públicas y otras garantías individuales, entre otros.
El ambiente no es solo la suma de una serie de elementos que encontramos en él, sino el inmenso
conjunto de relaciones que se pueden presentar entre estos elementos, como son: los seres
humanos, los ecosistemas, los animales, las plantas, las bacterias, los hongos, el agua, el aire, el
suelo, los paisajes, las ciudades con todos sus creaciones culturales, los minerales y la energía.
Por esta razón es que cuando hablamos de las ciencias ambientales, necesariamente recurrimos a
entender la realidad como un sistema integral funcional complejo
5. QUINTA PARTE.-
Propuesta de Decreto Presidencial.
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DECRETO NUMERO _______ DE 2015
(Diciembre de 2015)
“Por el cual se crea un régimen especial para el reconocimiento, promoción y protección de los derechos y libertades de las comunidades campesinas”
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política de Colombia,
CONSIDERANDO: Que el articulo 150 numeral 10 de la Constitución Política, reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias, precisas y limitadas, para expedir decretos con fuerza de ley, sobre las materias que expresamente se le asignen en la ley de habilitación, sin que pueda al ejercerlas exceder de los precisos y concretos parámetros ahí fijados; en los siguientes términos: “revestir hasta seis meses al presidente de la republica de precisas facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje. Tales facultades deberán ser solicitadas expresamente por el gobierno y su aprobación requerirá la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara”. Para la materia que compete, el Presidente de la República cuenta con las facultades que le han sido otorgadas por el Congreso, a través de la ley de habilitación. Que la Constitución Política de 1991, consagró en su preámbulo como propósito fundamental el “asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo”. En este mismo orden, en el artículo 13 C. Pol., reguló el derecho a la igualdad, en los
siguientes términos: “todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación…”; para el presente caso la materia regulada es fuente de derechos, en el entendido de que la comunidades campesinas merecen también tener un ordenamiento que contemple sus características particulares como sujetos de derecho, atendiendo y regulando sus expectativas de vida digna con todos sus matices, habida cuenta, de que manifiestan en su cultura y diversidad diferencias profundas y marcadas ante la sociedad mayoritaria, y en sus particularidades, también se identifican como un sector distinto y sin pertenencia a los grupos étnicos. Que, la Corte Constitucional en Sentencia T- 432 de 1992, se permite abordar y colegir el derecho a la igualdad, desarrollando el concepto de igualdad material desde donde se busca equiparar la diferencia y desigualdad para equilibrar la sociedad, en los siguientes términos:
“El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad.
La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el Capítulo I, Título II de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también por el valor trascendente que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida conviviente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo”. Que la Constitución Política de 1991, reconoció y protegió la diversidad étnica y cultural de la nación en su artículo 7. Que la Constitución Política, regula y protege los derechos de las comunidades campesinas, su entorno y actividad, en sus artículos 64, 65 y 66 estableciendo:
“Artículo 64.- Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
Artículo 65.- La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad.
Artículo 66.- Las disposiciones que se dicten en materia crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades ambientales”.
DECRETA
TÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO, PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS COMUNIDADES
CAMPESINAS
Artículo 1. Objeto.- El presente Decreto tiene por objeto crear un régimen especial que reconozca, promueva y proteja los derechos y libertades de las comunidades campesinas en todo el territorio nacional; así como su identidad y cultura, en el marco de la diversidad multiétnica y pluricultural; afirmando que los campesinos y campesinas son iguales a las demás actores sociales en el ejercicio de sus derechos y deben estar libres de cualquier forma de discriminación. Artículo 2. Definición de las campesinas y campesinos: sujetos titulares de derechos.- Campesino es toda persona que se encuentra intrínsecamente vinculado(a) al campo, proviene de ahí igual que su núcleo familiar, su amor y compromiso por la tierra es algo inmutable, se sustenta principalmente de las labores agropecuarias siendo la labranza de la tierra su oficio principal. Artículo 3. Derecho a la cultura.- Las comunidades campesinas tienen derecho a expresar libremente su cultura, poseen un pensamiento colectivo, una manera de relacionarse con la naturaleza, a través del trabajo y la conexión con la tierra; el apropiamiento y posicionamiento de la economía campesina. Parágrafo: las comunidades campesinas fortalecen sus vínculos identitario y comunitario, a través de la tradición oral, trasmitiendo su cultura de generación en
generación con el propósito principal de conservar sus tradiciones y memoria a través de relatos, cantos, mitos, leyendas, fabulas etc. Artículo 4. Derecho al Territorio.- Las comunidades Campesinas tiene derecho a la tenencia y titulación individual o colectiva de su propia propiedad rural, a no ser desalojado forzadamente de su territorio, y a que se respete e incentive el desarrollo de su cultura y territorialidad a través de la Economía Campesina. Artículo 5. Derecho a la economía campesina.- La economía campesina es un sistema de vida, cumulo y fuente de manifestaciones culturales, usos y costumbres. Se sustenta en los siguientes principios: a). En un sistema técnico productivo diverso. b). En la tenencia, uso y manejo de las semillas nativas. c). Comercialización y/o intercambio, autoconsumo. d). En una economía familiar f). Conocimiento tradicional: usos y saberes e). En un factor social: fortalecimiento de las relaciones de vecindad, solidaridad y reciprocidad. G). En la organización campesina.
PUBLÍQUESE y CÚMPLASE
Dado en Bogotá, D.C., a los
El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural,
AURELIO IRRAGORRI VALENCIA
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Colombia el 28, 29 y 30 de Octubre de 2014 en Curití, Santander. En el marco del
reconocimiento de la diversidad cultural, genera directrices de política pública y herramientas de
gestión para promover y fortalecer los procesos sociales de salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI). El encuentro contó con 240 participantes de doce departamentos del país.
ZRC. Elementos introductorios y de debate Coordinación editorial: Diana Patricia Sánchez G.
ILSA Textos: Freddy O 2012
