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Resumen

Desde la perspectiva de anlisis de las po-lticas pblicas, este artculo distingue entre: 1) la preparacin, por parte de expertos, del documento principal sobre el cual se bas la formulacin de la Ley de Dependencia; 2) el texto legal fi nalmente aprobado y publicado, y 3) la aplicacin de la Ley a partir del ao 2007. Se analiza la falta de correspondencia entre estas tres partes del proceso poltico que ha dado lugar a la implantacin del Sis-tema para la Autonoma y Atencin a la De-pendencia (SAAD) en Espaa. La explicacin de estas desviaciones contempla factores ins-titucionales y econmicos, y se basa, en gran medida, en la informacin aportada, a travs de entrevistas en profundidad, por actores estratgicos responsables de la organizacin y gestin del citado sistema.

Palabras clave: polticas pblicas, depen-dencia, Estado del bienestar, personas mayores.

Abstract

From the perspective of public policy analysis, this article makes a distinction between: 1) the preparation by experts of the main document on which the Spanish 2006 Dependency Law is based; 2) the legal text approved by Parliament, and 3) its implementation since 2007. It analy-zes the lacking correspondence between these three parts of the political process which has led to the establishment of the System for Auto-nomy and Care of Dependent People (SAAD). The explanation includes institutional and economic factors and is to a great extent based on the in-formation obtained through interviews in depth to different strategic actors involved in the orga-nization and management of the referred system.

Key words: public policy, dependency, welfare state, aged people.

JEL classifi cation: I10, I18, J14.

I. INTRODUCCIN

LA popularmente denominada Ley de Dependencia, pro-mulgada en los ltimos das del ao 2006, ha venido a miti-gar la histrica ausencia de apoyo institucional y de marco regulador de los servicios de atencin a per-sonas dependientes. El presente artculo analizar las discrepan-cias existentes entre la planifi ca-cin de la norma, tal como que-da trazada en el Libro Blanco, publicado en 2004 (a partir de ahora: LB), el texto legal aproba-do dos aos despus y su puesta en marcha desde 2007 hasta la actualidad. Mientras que las dis-cusiones iniciales anteriores a la publicacin de la Ley se inclina-ban hacia la creacin de un siste-ma de prestaciones econmicas vinculado a la Seguridad Social, la legislacin fi nalmente aproba-da por el Congreso en noviem-bre de 2006 propuso la oferta de servicios para la dependencia, dejando las prestaciones mone-tarias slo para casos extraordi-narios.

Si bien la propuesta del LB se aproximaba ms a los modelos de dependencia implantados en los regmenes de bienestar deno-minados conservadores, como por ejemplo Alemania y Austria, el sistema de atencin a la de-pendencia plasmado en la Ley de 2006 se aproxima ms a la tradicin socialdemcrata en cuanto que establece un dere-cho universal subjetivo de acce-

so a servicios para todas aquellas personas a las que se les reconoce algn grado de dependencia. Sin embargo, un anlisis preliminar de los primeros aos de ejecucin de la nueva Ley muestra un giro en la lgica del nuevo sistema de atencin a la dependencia. Des-vindose en buena medida de la letra y del espritu de la Ley, las prestaciones econmicas, que en un principio se dejaron para cir-cunstancias excepcionales, domi-nan claramente a la prestacin de servicios.

Este artculo se propone ex-plorar las razones explicativas de estas divergencias entre las ideas y la poltica, por una parte, y entre la poltica y la realidad, por otra. Para ello, se har uso del anlisis de un total de quince entrevistas en profundidad realizadas a agen-tes sociales y polticos involucrados en la formulacin y/o la puesta en marcha del nuevo sistema de atencin a personas dependien-tes, tal como se detalla en el cua-dro A.1 del apndice. Las entre-vistas se realizaron entre febrero de 2009 y abril de 2010 en el marco del proyecto de investiga-cin titulado La organizacin social del cuidado: inmigracin y cuidados de larga duracin en Espaa y Reino Unido, fi nancia-do por la British Academy (1). En el artculo tambin se analiza ma-terial documental relevante sobre el tema, as como datos secunda-rios recogidos de las estadsticas, publicadas por el IMSERSO, sobre el sistema para la autonoma y la

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DE DEPENDENCIAMargarita LEN

Instituto de Gobierno y Polticas Pblicas (UAB)

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II. EL DFICIT DEL CUIDADO: LA ATENCIN A LAS PERSONAS MAYORES EN ESPAA

Las distintas tradiciones o modelos de bienestar identifi cados en Europa (Esping-Andersen, 1990) tienden a sistemas de organizacin social del cuidado tambin diferenciadas (Or-loff, 1993; Sainsbury, 1999 y Lewis, 2001). La literatura sobre regme-nes de cuidado (Anttonen y Sipil, 1996; Pfau-Effi nger, 2005; Bettio yPlantenga, 2004, y Simonazzi, 2009) reconoce cuatro grandes grupos en Europa segn la interaccin que se produce entre el Estado del bienes-tar, el mercado laboral y el contexto social, resultando en un predomi-nio del sector pblico, del merca-do, del tercer sector o de la familia. As pues, de manera forzosamente esquemtica, cabra distinguir, por un lado, el modelo socialdemcra-ta escandinavo, con una apuesta clara por el predominio del sector pblico en la socializacin de un derecho universal al cuidado, tan-to en el caso de los nios como en el de la personas mayores con distintos grados de dependencia (Anttonen y Sipil, 2005). Por otro lado, el modelo anglosajn o liberal da prioridad al mercado y al tercer sector en la provisin de servicios, incluyendo una poltica de deduc-ciones fi scales a las familias con menores ingresos. Por su parte, el modelo conservador, mayoritaria-mente ubicado en la Europa conti-nental, opta por dar protagonismo a la familia, respaldando, a travs de polticas sociales y fi scales concre-tas, la funcin de las mujeres como cuidadoras en el hogar. Por ltimo, el modelo mediterrneo de los pa-ses del Sur de Europa se caracteri-za por una tradicin familista en su organizacin social del cuidado, aunque, al contrario de lo que ocu-rre en el modelo anterior, la familia es la pieza clave en el cuidado a las personas dependientes, en ausencia

atencin a la dependencia (SAAD/IMSERSO, 2008-2011).

La tesis central de la investigacin es que, en primer lugar, la comple-ja realidad territorial del Estado del bienestar espaol y las tensiones en-tre los distintos niveles de gobierno explican, en gran medida, las diver-gencias existentes entre la discu-sin, la aprobacin y la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. En segundo lugar, la ausencia de consenso, tanto social como po-ltico, sobre un modelo de ayuda estable para personas en situacin de dependencia que trascendiese las coyunturas polticas y econ-micas ms inmediatas obstaculiz una consideracin cuidadosa y ca-bal de la realidad en la que el nue-vo sistema tena que insertarse, fundamentalmente en cuanto a la escasa disponibilidad de servicios sociales y de proximidad y la fuer-te presencia del sector informal, y a la parquedad de los recursos disponibles.

El artculo se estructura, tras esta introduccin, en cinco aparta-dos: en el II, se analiza la situacin de partida de la atencin a perso-nas mayores dependientes antes de la entrada en vigor de la Ley; en el III, se describen brevemente los contenidos del informe que prece-di y prepar la norma (LB); en el IV, se resumen los rasgos principa-les de la Ley, analizando en qu medida se distanci de lo pro-puesto por el LB; le sigue, en el V, un examen de la puesta en funcio-namiento del sistema de atencin a la dependencia. El anlisis de las entrevistas realizadas permite, en este mismo apartado, identifi car los factores ms relevantes que explican las divergencias entre la teora, tal como la recoge la Ley, y la prctica, conforme se refl eja en los datos sobre la evolucin de la gestin del SAAD. En el apartado VI se apuntan las conclusiones.

de apoyo apreciable por parte de los poderes pblicos. En mayor o menor grado, todos estos mode-los del cuidado se ven afectados desde hace unos aos por una cri-sis del cuidado, motivada por una mayor participacin de las mujeres en el mercado de trabajo, as como por el progresivo envejecimiento de la poblacin y los cambios en las pautas, normas y valores sobre las responsabilidades familiares. Aunque la capacidad de reaccin a esta crisis del cuidado sea muy distinta en funcin del contexto, cabe apreciar una cierta conver-gencia, sobre todo en el caso del cuidado a personas mayores de-pendientes, hacia una decreciente institucionalizacin en la provisin de servicios y una creciente oferta de atencin a los hogares a travs de los servicios de proximidad (Pa-volini y Ranci, 2008). Esta pauta, comn a la mayora de los pases europeos, encuentra distintos gra-dos de formalidad y regularizacin segn el modelo de cuidado. En el caso del Sur de Europa, como se ver a continuacin, estos aspectos generan presin favorable a una mayor intervencin de institucio-nes, tanto pblicas como privadas, en el desarrollo de prestaciones y servicios, limitando el grado en el que la sociedad actual puede seguir confi ando en el papel de las mu-jeres como cuidadoras principales dentro del hogar (Rodrguez Cabre-ro, 2005, 2006). En buena medida, y ante la insufi ciencia de recursos, parte de la demanda de cuidados en estos pases se est cubriendo, de unos aos a esta parte, con un incipiente mercado del cuidado al-tamente informal y desregulado, en el que las mujeres inmigrantes jue-gan un papel fundamental (Len, 2010; Simonazzi, 2009; Saraceno, 2010; Bettio et al., 2006, y More-no, 2009).

Centrando la atencin en el caso espaol, segn un estudio publica-

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rando la encuesta del IMSERSO, la gran mayora de estos cuidadores est formada por mujeres (ms del 80 por 100) con una edad media de 52 aos y sin retribucin econ-mica alguna por su dedicacin a la persona dependiente (casi en el 90 por 100 de los casos).

A pesar de que el grueso de las cuidadoras principales son muje-res dentro de la propia familia que realizan tareas de cuidado no re-muneradas, el nmero de hogares que emplean a una tercera per-sona como cuidadora ha aumen-tado signifi cativamente en los l-timos aos. Como ya se ha argu-mentado (Len, 2010: 332), existe un rpido proceso de externaliza-cin del cuidado, aunque todava dentro de los lmites del hogar. Las estrategias hacia el cuidado parecen estar cambiando desde el apoyo fa-miliar no remunerado hacia el extra-familiar remunerado, si bien man-tenindose en la informalidad al no ser, en la mayora de los casos, una relacin de trabajo contractual re-conocida formalmente. As, el cui-dado social est traspasando las barreras del mbito familiar tra-dicional hacia una zona ambigua del mbito del trabajo productivo, circunscrita entre el sector infor-mal de la economa sumergida y la dbil economa del sector de los servicios personales.

Atendiendo a los porcentajes de empleo en hogares, se aprecia que, en el caso espaol, su volumen es extraordinariamente elevado com-parado con el del resto de pases de la Unin Europea. Segn la Encues-ta de poblacin activa (INE, 2006), 600.000 personas se ubicaban en el sector domstico, aunque la fi -gura de aquellos que se encuen-tran registrados en la Seguridad Social (a travs del rgimen espe-cial de empleadas de hogar) es me-nos de la mitad. En el ao 2009, 280.000 trabajadores se hallaban

do en 2005 por el Observatorio Per-sonas Mayores (IMSERSO, 2005), la tasa de cobertura de los servicios de proximidad para las personas ma-yores de 65 aos, incluyendo resi-dencias, tele-asistencia, centros de da y ayuda a domicilio, se situ en 8,85 por 100 en 2004. Aunque se ha producido un incremento de la cobertura respecto a aos anterio-res, resulta claramente insufi ciente para hacer frente a la demanda queprovoca el rpido envejecimiento de la poblacin. Por otra parte, el porcentaje de personas mayores de 65 aos que reciben asistencia pblica en sus hogares (3,1 por 100 en Espaa) se halla muy por debajo de la media de los pases de la OCDE (9,1 por 100) y de otros pases europeos: 20,3 por 100 en el Reino Unido; 12,3 por 100 en Holanda; 7,1 por 100 en Alema-nia (OECD, 2005). Siguiendo la encuesta realizada por el IMSERSO en 2005, el perfi l de las personas cuidadoras es el de mujeres de en-tre 45 y 65 aos, la mayora espo-sas o hijas de las personas mayores dependientes (23,4 y 25 por 100, respectivamente). Casi el 62 por 100 de las cuidadoras vive en el mismo hogar que la persona ne-cesitada de cuidados, y el 73 por 100 no participa en el mercado de trabajo, considerndose a s mis-mas como amas de casa, jubiladas o desempleadas. Adems, en el 77 por 100 de los casos, el cuidado prestado es de carcter permanen-te (IMSERSO, 2005). Segn la mis-ma fuente, ms del 80 por 100 de estas cuidadoras no reciba ningu-na compensacin econmica por el trabajo que realizaba, ya fuera por parte de la persona atendida o en forma de ayuda pblica. La Funda-cin CASER (2) realiz en 2009 una encuesta sobre ayudas a la depen-dencia en Espaa: el 80 por 100 de las personas entrevistadas afi rma-ban que al menos una persona de la familia dedicaba una gran parte de su tiempo al cuidado. Corrobo-

inscritos en este rgimen especial de la Seguridad Social; nueve de cada diez de ellos eran mujeres, y seis de cada diez extranjeras/os.De estas personas de nacionali-dad extranjera, la gran mayora (87 por 100) pertenecan a pases extra-comunitarios, principalmente de Amrica Latina (Ministerio de Trabajo e Inmigracin, 2009). Aun-que no es posible determinar cun-tas de estas personas se dedican al cuidado de personas mayores, en trminos generales se estima que el fuerte aumento del empleo en hogares, en su mayora mano de obra extranjera, est relacionado con la mayor demanda de labores de cuidado (Cancedda, 2001, y OECD, 2006, 2007). El compara-tivamente elevado porcentaje de empleo en hogares en Espaa, que alcanzaba el 3,6 por 100 del empleo total en 2005 (European Commission, 2006: 58) contrasta con una proporcin relativamente baja de empleo en el sector ms institucional de prestacin de cuida-dos (3). Esta pauta, que tambin puede observarse en otros pases del Sur de Europa, parece indicar que aquellos pases en los que el empleo vinculado al Estado del bie-nestar (salud, servicios a la comu-nidad y servicios personales, edu-cacin) no ha crecido son los quehan registrado un mayor incremen-to del empleo en hogares en los l-timos aos.

III. LAS IDEAS: EL LIBRO BLANCO DE LA DEPENDENCIA (2005)

Publicado en 2004, el LB res-ponda al cometido principal de analizar los modelos de cuidados de larga duracin de otros pases de la Unin Europea que pudieran servir de inspiracin o referencia para la creacin de la futura ley de dependencia espaola (4). Se argu-mentaba en el LB que el modelo

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En cambio, el LB presentaba el modelo de proteccin social que, en distintas modalidades, se encuen-tra implantado en Alemania, Aus-tria y, hasta cierto punto, en Fran-cia, como una opcin ms ajustada a la realidad y las necesidades del pas; y se concentraba casi exclu-sivamente en el ejemplo alemn, un pas que cre su primer sistema de atencin a la dependencia en 1994. El LB destacaba las siguientes ventajas: en primer lugar, ms que un sistema de servicios sociales para la atencin a la dependencia uni-versalmente disponible, el sistema alemn funciona como un seguro, en forma de prestacin monetaria, integrado dentro del sistema de seguridad social. A juicio de los re-dactores del LB, un modelo organi-zativo semejante resultara de fcil aplicacin al caso espaol, dada la solidez de la Seguridad Social es-paola. Adems, el hecho de que la fi nanciacin de estos seguros de dependencia pudiera correr a cargo de las contribuciones de em-pleadores y empleados signifi caba que los costes del nuevo sistema no tendran que sufragarse mediante impuestos generales, salvando as una cuestin electoralmente deli-cada. En segundo lugar, dado que los servicios sociales en Espaa son competencia exclusiva de los niveles de gobierno autonmico y local, la articulacin del futuro sis-tema de atencin a la dependen-cia a travs de la Seguridad Social podra conferir una mayor capa-cidad de maniobra a la Adminis-tracin central. Este punto revesta importancia para los redactores del LB, segn los cuales mientras un sistema de prestaciones eco-nmicas vinculadas a la Seguridad Social garantizara la equidad terri-torial, uno alternativo de servicios llevara a una mayor dispersin entre las diecisiete comunidades autnomas (CC.AA.). Por ltimo, estos modelos de proteccin so-cial se consideraron ms compa-

asistencialista espaol (compartido con los otros pases del Sur de Eu-ropa), caracterizado por una ele-vada fragmentacin y una insufi -ciencia de oferta slo compensada por el papel principal asumido por las familias, debera dar paso a otro modelo ms moderno, acorde con las necesidades del pas. Existiendo consenso sobre el fondo, el tema ms delicado, sin embargo, era la forma. El LB propona en un prin-cipio elegir entre dos modelos: el modelo universal, guiado por el principio de ciudadana y cuyos mximos exponentes son los pases escandinavos, y el modelo de pro-teccin social, implantado en pases como Alemania, donde las ayudas a la dependencia se resuelven prin-cipalmente a travs de prestacio-nes monetarias a modo de seguro adicional a las pensiones pblicas, aunque existe un elevado grado de variabilidad en la forma en que se articulan estas prestaciones segn los pases.

El LB descart enseguida la po-sibilidad de seguir el modelo de los pases escandinavos por dos razo-nes principales. En primer lugar, un sistema universal de cuidados de larga duracin es costoso de man-tener (entre el 2,6 y el 3 por 100 del PIB). En segundo lugar, poner en funcionamiento una amplia oferta de servicios de cuidados re-sulta relativamente fcil en pases en los que, como sucede en los re-gmenes de bienestar socialdem-cratas, ya existe una red slida de servicios socio-sanitarios con unaimportante intervencin del sector pblico. Adase a ello la existen-cia de un fuerte consenso social sobre la necesidad de fi nanciar estos sistemas a travs de impues-tos generales. En ausencia de es-tos factores, en Espaa, segn el razonamiento desarrollado en el LB, resultara escasamente realista defender la implantacin de un sistema similar.

tibles con la tradicin informal de cuidados predominante en el Sur de Europa, que otorga a las fami-lias, y dentro de ellas fundamen-talmente a las mujeres, la principal responsabilidad del cuidado de las personas dependientes.

En resumidas cuentas, el LB aca-ba recomendado la implantacin de un sistema como el alemn, centra-do en las prestaciones monetarias a aquellas personas que necesiten asistencia para que o bien com-pren los servicios que se requieran, o la demanda de cuidado se resuel-va dentro de las propias familias. Sin embargo, y como se ver a conti-nuacin, la norma que fi nalmente se aprob dos aos ms tarde se desvi considerablemente de las recomendaciones del documento consultivo, proponiendo un siste-ma de atencin a la dependencia que poco tiene que ver con aquel trazado como ms idneo y ajus-tado a la realidad y las necesidades del caso espaol en el Libro Blanco.

IV. LA POLTICA: LA LEYDE PROMOCIN DE LA AUTONOMA PERSONAL Y ATENCIN A LAS PERSONAS EN SITUACIN DE DEPENDENCIA

La Ley de Dependencia, apro-bada por el Congreso en diciembre de 2006, propone un nuevo siste-ma para la promocin de la au-tonoma personal y la atencin a los individuos en situacin de de-pendencia. La poblacin a la que esta nueva Ley va dirigida est for-mada por aquellos individuos que, segn el artculo 2, por razones derivadas de la edad, la enferme-dad o la discapacidad y ligadas a la falta o la prdida de autonoma fsica, mental, intelectual o sen-sorial, precisan de la atencin de una o ms personas o ayudas im-portantes para realizar actividades

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dinacin, tanto de fi nanciacin como de gestin, entre los tres ni-veles de gobierno: el central, el au-tonmico y el local. Por otra parte, formula claramente un sistema de prestacin de servicios, descar-tando as la sugerencia del LB de orientar el sistema preferentemen-te hacia la dotacin de prestacio-nes econmicas. Estos dos aspec-tos son importantes para entender la notable brecha existente entre la letra de la Ley y su puesta en mar-cha, como se podr aprenciar en el siguiente apartado.

En cuanto a las razones para este cambio de direccin de la Ley respecto al LB, algunos de los entre-vistados afi rman que los dos gran-des grupos que se oponan, aunque por razones obviamente distintas, a un sistema de dependencia vincula-do a la proteccin social va Segu-ridad Social eran la organizacin empresarial CEOE, por una parte, y algunas de las comunidades au-tnomas, por otra, especialmente aquellas con mayor nivel de auto-gobierno. La CEOE se resista fi r-memente a un sistema de aten-cin a la dependencia vinculado a la Seguridad Social por cuanto su-pondra un aumento de las con-tribuciones tanto de trabajadores

bsicas de la vida diaria o de otros apoyos para su autonoma perso-nal.

El acceso al sistema se regula en funcin de tres grados diferen-tes de dependencia, con dos nive-les posibles en cada uno de ellos, dependiendo de la frecuencia e intensidad con la que se precise asistencia (cuadro n. 1).

Las personas evaluadas se agru-pan en los grados I, II o III siguien-do una escala elaborada por cada comunidad autnoma conforme a lo establecido por el Consejo Terri-torial del Sistema para la Autono-ma y la Atencin a la Dependen-cia, rgano creado para apoyar la ejecucin de la Ley y posibilitar la coordinacin entre las distintas comunidades autnomas y el Go-bierno central. La Ley declara que la escala para evaluar los niveles de dependencia debe seguir la Clasifi -cacin Internacional de Funciona-miento, Discapacidad y Salud de la Organizacin Mundial de la Salud.

Existen dos elementos muy im-portantes presentes en la nueva Ley. Por una parte, la norma llama a una cooperacin inter-administrativa; es decir, pide un esfuerzo de coor-

como de empresarios. Algunas comunidades autnomas consi-deraban que un sistema de pro-teccin a la dependencia como el esbozado en el LB supondra que el Estado central ganara terreno a los gobiernos autonmicos asu-miendo el control en un mbito de las polticas de bienestar, el del cuidado y la asistencia de perso-nas en situacin de dependencia, que, tal y como recoge la Cons-titucin, corresponde a los po-deres autonmicos y locales. Unsistema de prestacin de servicios dara, por el contrario, un pro-tagonismo mucho mayor a las entidades autonmicas. Estos ar-gumentos encontraron respaldo entre los partidos nacionalistas, en particular CiU y el PNV (5). Otra de las razones esgrimidas a este respecto por algunos entrevista-dos apuntaba a la ambigedad con la que los sindicatos se posi-cionaron ante la nueva Ley. Aun-que en un principio simpatizaban con la aproximacin general del LB, no plantearon ninguna defen-sa fi rme de aquel modelo cuan-do la organizacin empresarial se opuso a l.

En relacin con la distribucin de competencias entre el Gobierno de Espaa y los gobiernos auton-micos, la Ley reconoce el derecho a recibir atencin y cuidados a to-dos aquellos ciudadanos evalua-dos positivamente como depen-dientes en uno de los tres grados establecidos en la misma norma. El sistema se gestiona en tres ni-veles diferentes, repartidos entre el Estado y las comunidades au-tnomas (6). De estos tres niveles, la Administracin central asume una responsabilidad completa en la fi nanciacin del primer nivel b-sico de proteccin, mientras que los otros dos niveles dependen de la cooperacin y la coordinacin entre los gobiernos central y au-tonmicos. A esta frmula de fi -

CUADRO N. 1

GRADOS DE DEPENDENCIA

Grado I Dependencia moderada Asistencia por lo menos una vez al da para las actividades bsicas de la vida diaria / Necesidad de apoyo intermitente o limitado para el desarrollo de la auto-noma personal

Grado II Dependencia severa Asistencia al menos dos o tres veces al da para las actividades bsicas de la vida diaria / Sin necesidad de apoyo perma-nente de una persona cuidadora

Grado III Gran dependencia Persona que necesita apoyo de forma permanente / Necesidad de apoyo per-manente y esencial de una persona cui-dadora

Fuente: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promocin de la Autonoma Personal y Atencin a las Personas en Situacin de Dependencia (BOE 15-12-2006).

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MARGARITA LEN

Social y participar en programas de formacin.

V. LA REALIDAD: EL SISTEMA DE ATENCIN A LA DEPENDENCIA Y AUTONOMA PERSONAL (2007-2010)

La Ley de Dependencia estable-ci que la efectividad del derecho a las prestaciones se realizara de forma progresiva y gradual, empe-zando con las personas valoradas como dependientes en grado III (gran dependencia), a las que se iran incorporando entre 2008 y 2010 aquellas reconocidas como dependientes severos (grado II), y entre 2011 y 2014 entraran en el sistema los reconocidos como de-pendientes moderados (grado I).

A 1 de diciembre de 2010, casi un milln y medio de personas ha-ban solicitado acceder al SAAD, de las cuales algo ms de la mitad (888.962) fue evaluada como ele-gible para algn tipo de prestacin. Aunque la Ley intenta ambiciosa-mente cubrir todos los grupos de edad, en la prctica, el grueso de sususuarios son mayores de 65 aos (en 2010, ms de tres cuartas partes de los benefi ciarios, segn las estadsticas del SAAD) y, sobre todo, mayores de 80 aos (55 por 100 del total). Prcticamente la mi-tad de las personas reconocidas como dependientes se encuentran clasifi cadas en el grado III. El 65 por 100 de las solicitudes correspon-den a mujeres, que representan el 67 por 100 de las perceptoras de la prestacin (SAAD/IMSERSO, 2010).

Teniendo en cuenta que resulta todava prematuro realizar evalua-ciones del xito o fracaso de unsistema que, tericamente, no es-tar en pleno rendimiento hasta el ao 2015, tres pautas importan-tes se han ido perfi lando en los

nanciacin compartida se le une el copago, es decir, la aportacin de un porcentaje del gasto total por parte de los usuarios. Adems, las aportaciones econmicas de cada Administracin se establecen en funcin del volumen de personas reconocidas como dependientes en cada uno de los tres niveles descri-tos anteriormente. Ms adelante se ver que esta estructura de fi -nanciacin, sobre todo en el con-texto de recesin econmica, se ha convertido en uno de los ma-yores problemas para la aplicacin de la Ley.

En lo referente a la disyuntiva entre servicios y prestaciones econ-micas, la Ley se distanci claramen-te de las recomendaciones del LB al dar prioridad a los servicios de proxi-midad (ayuda domiciliaria, tele-asis-tencia, residencias y centros de da), dejando slo para casos excepciona-les las prestaciones monetarias. En el espritu de la Ley estaba el objeti-vo de estimular una mayor oferta institucional de servicios, profesio-nalizando as un sector que, hasta ese momento, segua siendo ma-yoritariamente informal. Las pres-taciones econmicas recogidas en la Ley slo para casos excepciona-les son tres: 1) prestacin econ-mica ligada a la prestacin de un servicio; 2) prestacin econmica para cuidados en el entorno fami-liar y apoyo a cuidadores no profe-sionales, y 3) prestacin econmi-ca de asistencia personal. Segn el nivel de necesidad, las cuantas para el ao 2008 se establecieron entre 400 y 800 euros mensuales (SAAD/IMSERSO, 2008). Los dos ltimos tipos de prestaciones pue-den utilizarse para pagar el traba-jo de una persona cuidadora no profesional, que puede tener rela-cin de parentesco con la persona receptora del cuidado. La Ley esti-pula que los cuidadores no profe-sionales que reciban las prestacio-nes deben cotizar a la Seguridad

algo ms de cuatro aos transcu-rridos desde el arranque de la Ley, arrojando algunas dudas sobre la sostenibilidad del sistema a largo plazo. En primer lugar, la falta de una fi nanciacin garantizada con-dena al sistema a una inestabilidad permanente. En 2010, y segn un informe de la Asociacin Estatal de Directores y Gerentes de Ser-vicios Sociales (Barriga, 2010), las aportaciones del Gobierno central cubrieron slo el 32 por 100 del total de gasto. Se incumple as la frmula de fi nanciacin comparti-da entre Gobierno y comunidades autnomas, cargando a las au-tonomas con el grueso del coste de la atencin a la dependencia (El Pas, 16/12/2010). En segun-do lugar, la puesta en marcha del SAAD ha resultado muy desigual entre las diecisiete comunidades autnomas. Segn datos de febre-ro de 2010, casi tres de cada diez benefi ciarios viven en Andaluca (representando el 1,81 por 100 del total de poblacin en esa comuni-dad); Catalua sigue a Andaluca, con un 15,18 por 100 del total de benefi ciarios (lo que representa el 1,03 por 100 de su poblacin). Por el contrario, en las comunidades autnomas de Madrid y Valencia, el SAAD ha arrancado muy tmida-mente, con slo el 5,4 y el 5,22 por 100 de los benefi ciarios, respecti-vamente (0,43 y 0,52 por 100 de sus respectivas poblaciones). Entercer lugar, la intencin inicial de dar prioridad a los servicios por encima de las prestaciones econ-micas parece haberse desvanecido.

Segn datos de febrero de 2011, el 65 por 100 de todas las prestacio-nes concedidas en el conjunto de las comunidades autnomas han sido monetarias, y de ellas, slo menos del 8 por 100 ligadas a la prestacin de un servicio; el resto aparece clasifi ca-do como prestaciones para cuidado familiar o no profesional, ofertado, por tanto, en lugar de servicios.

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plicar la forma en la que el sistema de atencin a la dependencia se ha puesto en funcionamiento desde la aprobacin de su marco legal, so-bre todo en lo relativo al predomi-nio de las prestaciones econmicas sobre los servicios de proximidad.

En primer lugar, los redactores de la Ley quiz infravaloraron las difi cul-tades de cooperacin que surgiran entre la Administracin central y las administraciones au tonmicas, tan-to en materia presupuestaria co-mo a la hora de gestionar el nuevo sistema de atencin a la dependen-cia. Algunas comunidades han vis-to en la nueva Ley una amenaza por parte del Gobierno central de recentralizar un mbito del Estado del bienestar que, segn estable-ce la Constitucin, pertenece a las autoridades autonmicas y locales. Como apuntaron algunos de los en-trevistados, esta situacin es muy diferente en los otros dos mbitos del Estado del bienestar, la educa-cin y la sanidad, en los que las competencias han sido transferi-das a las comunidades autnomas. Adems, la fi nanciacin del sistema (la aportacin que cada nivel de gobierno debe hacer) ha constitui-do un gran obstculo para la coo-peracin interadministrativa. En el contexto actual de reduccin del gasto pblico, la falta de una mayor

El cuadro n. 2 muestra con cla-ridad que los subsidios econmicos no vinculados a la prestacin de servicios predominan por encima del resto de las opciones. En las dos comunidades autnomas con ma-yor volumen de evaluaciones reali-zadas, las prestaciones monetarias concedidas directamente a la per-sona dependiente o a algn fami-liar han superado ampliamente las prestaciones de servicios. Segn las estadsticas del SAAD, a 1 de febre-ro de 2011, el 60,6 por 100 de to-das las prestaciones concedidas por la Junta de Andaluca fueron pres-taciones econmicas, de las cuales menos del 2 por 100 se hallaban vinculadas a la prestacin de un servicio, mientras que el resto se concedieron como prestaciones para cuidados familiares o no pro-fesionales. En Catalua, la segunda comunidad en cuanto a volumen de apoyo ofrecido a las personas en situacin de dependencia desde la entrada en vigor de la Ley, el 82 por 100 de todas las prestaciones otorgadas desde la puesta en fun-cionamiento del sistema han sido prestaciones econmicas; de ellas, slo el 11 por 100 se vinculaba a la prestacin de un servicio.

El anlisis de las entrevistas rea-lizadas y de diversos documentos apunta las razones que pueden ex-

aportacin fi nanciera por parte del Estado ha llevado en parte a que to-das las comunidades autnomas, sin excepcin, se hayan inclinado por conceder ms prestaciones econ-micas y menos servicios.

Segn el informe sobre fi nan-ciacin y costes de la Ley 39/2006 (Barriga, 2010), la cobertura de los servicios (residencias, centros de da, ayudas a domicilio y teleasistencia) supone el 69 por 100 del total de gasto, mientras que las prestacio-nes econmicas absorben el 31 por 100. Sin embargo, con estas lti-mas se atiende a mucha ms gen-te. La atencin residencial supone el consumo de ms de la mitad de los recursos econmicos para aten-der a menos de una quinta parte (18 por 100) de las personas con derecho a prestacin. Por el contra-rio, con el 27 por 100 de los recur-sos se atiende al 57 por 100 de las personas con derecho a atencin a la dependencia a travs de las prestaciones econmicas por cui-dados en el entorno familiar. As, concluye el redactor del informe es fcil deducir que esta propor-cin atenciones/gasto pueda ser uno de los factores coadyuvantes para que las PECEF (prestaciones econmicas por cuidadores en el entorno familiar) se hayan con-vertido en la prestacin estrella

CUADRO N. 2

PRESTACIONES RECONOCIDAS A 1 DE FEBRERO DE 2011 (PORCENTAJE HORIZONTAL), SELECCIN DE COMUNIDADES AUTNOMAS

CC.AA./Tipo prestacinPrevencin(porcentaje)

Teleasistencia(porcentaje)

Atencin a domicilio

(porcentaje)

Centrosde da

(porcentaje)

Residencias (porcentaje)

PE(a)(porcentaje)

PE(b)(porcentaje)

PE(c)(porcentaje)

Total (porcentaje)

Andaluca ................ 0,0 22,4 19,5 4,1 7,8 1,8 58,8 0,0 114,4 Castilla y Len .......... 4,4 2,9 9,5 6,1 16,3 22,9 44,6 0,1 106,9 Catalua .................. 01,0 5,7 9,6 3,1 12,8 11,1 70,6 0,0 113,9 Galicia...................... 0,3 0,6 18,0 6,1 14,6 7,7 55,0 0,1 102,3 Pas Vasco ................ 0,0 11,1 11,0 11,4 19,6 2,3 49,6 1,5 106,5 Total 17 CC.AA......... 1,5 11,0 12,1 5,9 15,1 7,9 57,2 0,1 110,7

(a) Prestacin econmica vinculada a la prestacin de servicio.(b) Prestacin econmica para cuidado familiar.(c) Prestacin econmica para asistencia personal.Fuente: SAAD-IMSERSO (2009).

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fi cios que han tenido todas las familias que tienen que cuidar durante tanto tiempo a las personas que lo necesi-tan y bueno, han visto en la Ley una oportunidad de que se les reconozca, de que se les considere como trabaja-doras y de que, por lo tanto, tengan afi liacin a la seguridad social. (GOB5)

En octubre de 2010 se hallaban inscritas un total de 147.264 perso-nas en el convenio especial de cui-dadores no profesionales de perso-nas en situacin de dependencia; ms del 90 por 100 eran mujeres. Otros expertos, en cambio, mantie-nen una visin ms crtica y conci-ben estas prestaciones econmicas como una manera de instituciona-lizar el cuidado informal:

Es como el pez que se muerde la cola. No tenemos los servicios que puedan cu-brir la demanda que existe y las familias tienen estas necesidades, pero la mayo-ra no tiene una capacidad econmica grande, lo cual justifi ca salarios bajos en el sector domstico. La Ley no ha resuel-to el problema de la informalidad, por-que en cierta forma se sirve de ella. (TS1)

Otra experta entrevistada vea en el uso generalizado de las PECEF una oportunidad perdida para pro-fesionalizar el sector:

() la mayora de las prestaciones son monetarias, que, en la prctica, signifi -ca un dinero que se le paga a la perso-na dependiente o a su familia que no necesita vincularlo a la compra de nin-gn servicio y que muy probablemente vaya a pagar a una persona para que le cuide en casa. Entonces yo me pre-gunto: estamos profesionalizando el cuidado? Estamos regulando el sec-tor? La respuesta a ambas preguntas es que no. Todo lo que estamos ha-ciendo es dar un poco de dinero extra para aliviar un poco la situacin de las personas que necesitan ayuda y de sus familias. Pero, de esta forma, el cuida-do sigue siendo fundamentalmente informal y totalmente fuera de regu-lacin pblica. (SIN1)

No obstante lo anterior, miem-bros del Gobierno han insistido en que cualquier nueva poltica pue-

paralelo a la creacin de la nue-va Ley, se deban de haber dado pasos para modernizar y mejorar el empleo en el sector de servicios personales. El convenio colectivo que regula las condiciones mni-mas de trabajo para los emplea-dos en este sector establece ni-veles salariales que se encuentran muy por debajo de aquellos de los empleados pblicos del sistema sanitario, con niveles similares de cualifi cacin (7).

En tercer lugar, en Espaa, al igual que en el resto de los pases del Sur de Europa existe una fuer-te presencia de un mercado de cuidados informal. Prcticamente todos los entrevistados sealaron las difi cultades de crear un nuevo sistema profesional de atencin a la dependencia en el contexto de una fuerte inercia (tanto institucional como social) hacia el sector infor-mal. La gran cantidad de cuidado-res (ms precisamente, cuidadoras, ya que la gran mayora son muje-res) informales, estn remunerados o no y tengan o no tengan relacin de parentesco con la persona re-ceptora de los cuidados, justifi ca en cierto sentido una actitud de hechos consumados por parte de la Administracin pblica. Por parte del Gobierno, se destaca como po-sitivo el hecho de que el nuevo sis-tema de dependencia conceda un espacio para las cuidadoras infor-males, la mayora de las cuales ca-rece de una actividad remunerada y de acceso a prestaciones sociales. Gracias a las PECEF, estas mujeres tienen ahora la posibilidad de reci-bir una compensacin econmica por el trabajo que realizan:

() efectivamente el sistema de servi-cios sociales todava es dbil, y yo creo que los ciudadanos no ven con segu-ridad que los servicios sociales puedan resolverles el problema. Por otra parte, est la seguridad de tener una renta adicional a la que hay en la familia, pues de alguna manera compensa los sacri-

del sistema. Con menos gastos se atiende a ms personas (Barriga, 2010: 9).

En segundo lugar, muchos de los entrevistados afi rmaron que la ausencia de una red de servicios adecuada para la atencin a la de-pendencia haca prcticamente im-posible que se hubieran cumplido los objetivos enunciados en la Ley. Segn datos de la OCDE, el por-centaje de personas mayores de 65 aos que reciben prestacin pbli-ca de cuidado a domicilio en Espa-a (3,1 por 100) est signifi cativa-mente por debajo de la media de pases de la OCDE (9,1) y de otros pases de la Unin Europea (20,3 por 100 en el Reino Unido; 12,3 por 100 en Holanda y 7,1 por 100 en Alemania) (OECD, 2005). Esto indica un desequilibrio importante entre lo que establece la Ley y la realidad en la que el nuevo siste-ma de atencin a la dependencia se ha erigido. Tal y como explica uno de los entrevistados:

Creo que es una ley bonita porque se reconoce, por primera vez en la his-toria del Estado de bienestar espaol, el derecho de las personas con movili-dad reducida a unos cuidados y aten-cin adecuados. Tenemos que darnos cuenta de que, antes de esta ley, lo que tenamos eran las familias, y luego la caridad: Cruz Roja, Critas, etc., que atendan a los que estaban en situa-ciones lmite, pero ya est. Con esta nueva ley, el Estado asume por prime-ra vez responsabilidad del cuidado de las personas dependientes, un derecho subjetivo universal a recibir el cuidado y la asistencia que las personas nece-sitamos para vivir una vida decente. Pero luego, claro, nos tenemos que enfrentar con la realidad que tenemos. No tenemos los servicios, ni siquiera tenemos sufi cientes profesionales en el sector socio-sanitario. En vez de un sistema de atencin a la dependencia, tenemos diecisiete. Si te soy sincero, no veo que la Ley de Dependencia est cambiando esta situacin. (AG1)

De igual manera, algunos de los entrevistados argumentaban que, en

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de arrojar resultados inesperados ante los que hay que reaccionar. A este respecto, en diciembre de 2009, una comisin delegada re-dact un proyecto de acuerdo para la mejora de la calidad de la pres-tacin de personas cuidadoras en el entorno familiar, que especifi ca-ba, entre otras cosas, los criterios que deba reunir la persona cuida-dora, su necesidad de formacin y el seguimiento de la calidad de los cuidados.

Por ltimo, varias de las personas entrevistadas hicieron alusin a las preferencias personales y la tradi-cin del cuidado informal y familiar como una razn ms de la preferen-cia por las prestaciones monetarias en detrimento de los servicios. El espritu de la Ley es, en cierta medi-da, traicionado por aquellos que, pudiendo escoger servicios, prefi e-ren la prestacin econmica. Una gran aceptacin de las formas pri-vadas de cuidado, unida a una cier-ta animadversin hacia formas ms institucionales de atencin a las per-sonas dependientes, explicara la pre-ferencia mayoritaria por las presta-ciones econmicas. No obstante, otros entrevistados argumentaban que la supuesta preferencia por di-nero en vez de servicios carece de una interpretacin clara:

Por 700 u 800 euros al mes puedes tener a una persona empleada en tu casa 24 horas al da, seis das a la semana. Pero si escoges servicios de proximidad, en vez de la prestacin econmica, te pueden ofrecer asistencia tan slo por unas ho-ras al da, y no necesariamente las que t necesitas. Algunos de estos servi-cios, como por ejemplo los centros de da, tienen unos horarios muy rgidos que no son fcilmente adaptables a las necesidades de las personas. O sea que no me parece nada sorprendente que la gente prefi era el dinero. No de-beramos de demonizar a las personas que optan por esta opcin porque la verdad es que la Ley estuvo mal pla-nifi cada en este sentido. Dice que se deben priorizar servicios, pero no los hace ms ventajosos frente a la posi-

bilidad de que te den dinero y t lo administres como quieras (EI1).

Por lo tanto, una lectura prelimi-nar de la recientemente implantada Ley de Dependencia indica que el trabajo informal de cuidado en los hogares encuentra un lugar en el nuevo sistema de atencin a la de-pendencia. Desde un punto de vista positivo, la Ley reconoce formalmen-te el papel que las familias desem-pean en la prestacin de cuidados a las personas mayores dependien-tes y otras personas con movilidad reducida. Sin embargo, una lectura menos optimista del proceso de im-plantacin permite afi rmar que la Ley favorece el mantenimiento del cuidado no profesional, quedan-do ste mayoritariamente fuera del alcance de la regulacin pblica. Esto se percibe negativamente por quienes demandaban una mayor inversin pblica y privada en servi-cios comunitarios (en particular, sin-dicatos, pero tambin empleadores del sector) no slo para hacer fren-te a una creciente demanda, sino tambin como motor de empleo, especialmente de mujeres. Algunos de los expertos entrevistados reali-zaron consideraciones sobre la ca-lidad del cuidado cuando ste es mayoritariamente informal y sobre la limitada capacidad de cuidadores no profesionales de atender deter-minadas necesidades de cuidado y mdicas sin la necesaria preparacin (Marbn, 2009). Adems, tal como han demostrado Sarasa y Billingsley (2008), cuando el cuidado extrafa-miliar tiene que adquirirse de forma privada, ante la ausencia de sufi -ciente provisin pblica, el acceso se distribuye desigualmente a lo largo de la estructura social.

VI. REFLEXIONES FINALES

Dos de las variables ms im-portantes a la hora de explicar los distintos modelos de organizacin

social del cuidado son, por una par-te, la pertenencia a una tradicin concreta de Estado del bienestar y, por otra, los sistemas de rela-ciones industriales en cuanto a que determinan la rigidez o fl exibilidad del mercado de trabajo a la hora de responder a nuevas necesidades. As, la funcin de las administracio-nes como generadoras de empleo pblico, los porcentajes de gasto social, la tendencia de los estados del bienestar hacia las transferen-cias de rentas o hacia los servicios, la participacin de las mujeres en el mercado de trabajo, o la seg-mentacin laboral, son todos ellos elementos que condicionan la ca-pacidad de una sociedad de orga-nizar sus necesidades de cuidado de forma colectiva.

En el caso espaol, la Ley de De-pendencia aprobada en 2006 pre-tenda constituirse en el marco del desarrollo del llamado cuarto pilar del Estado del bienestar. Es decir, se trataba de instaurar un sistema de atencin de cuidados a personas dependientes que universalizara el acceso a una red pblica de servi-cios, descentralizada en su gestin pero coordinada estatalmente. Esta iniciativa poltica tiene el mrito de poner fi n a una historia de olvido del Estado del bienestar espaol en relacin con quienes precisan apoyo para vivir una vida autno-ma e independiente. Sin embargo, en el corto plazo de tiempo que ha transcurrido desde que se pusiera en marcha la Ley, la insufi ciencia de una red de servicios que pueda hacer frente a la demanda, unida a unas restricciones a su fi nancia-cin considerables y a la presencia de un fuerte sector informal, han terminado dando continuidad a la tradicin familista del sistema de bienestar espaol. Todo parece indicar que la preparacin de la Ley no anticip los derroteros que fi nalmente se han seguido y, en este sentido, el alejamiento de la

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sibilitan el control sobre la forma en la que se cubren las necesidades de cuidado; por otra parte, la exten-sin de los servicios se har a cos-ta de su mejora, sobre todo, en lo que respecta a las condiciones la-borales de los empleados en el sec-tor, tal y como demuestra el con-venio colectivo acordado en 2008 por el Gobierno, la CEOE y CC.OO. Por ltimo, en el eje social tambin cabra una refl exin sobre la orga-nizacin colectiva del cuidado. Las profundas transformaciones de la sociedad espaola en las ltimas dcadas incluyen grandes avances socioeconmicos, pero tambin exi-gen nuevas respuestas colectivas a las demandas de cuidado. Repues-tas que vayan ms all de las solu-ciones tradicionales, cada vez ms insufi cientes, cuando no ausentes. Sin duda, la Ley de Dependencia ha signifi cado un paso adelante en la identifi cacin de tales respuestas. Sin embargo, la evolucin de estas ltimas depender de la capacidad que muestren los principales acto-res sociales para articular y estimar correctamente tanto las implicacio-nes de las necesidades de cuidado como los esfuerzos que requiere hacerles frente.

NOTAS

(1) British Academy Small Grant Scheme N. 48482 (enero 2008-diciembre 2010).

(2) Fundacin CASER, Encuesta sobre de-pendencia (2009). Muestra total: 2.300 entre-vistas, intervalo de confi anza: 95 por 100.

(3) Hay que tener en cuenta que el dato se refi ere a empleo en hogares registrado. Los me-nores porcentajes en otros pases, especialmen-te en los del Sur de Europa, se deben probable-mente a que el empleo en hogares se desarrolla en la economa sumergida.

(4) Para un anlisis ms detallado de los contenidos del Libro Blanco vase LEN (2005).

(5) No obstante, ambos partidos votaron en el Congreso, fi nalmente, en contra de la Ley.

(6) Nivel 1: el Estado garantiza y paga por un mnimo nivel de proteccin. Nivel 2: el nivel mnimo se complementa gracias a un rgimen de cooperacin entre la Administracin central

Ley respecto a la realidad ha per-mitido tambin que la realidad se desvincule hasta cierto punto de la intencin reguladora.

La sostenibilidad y la viabilidad del sistema a largo plazo depende-r de cmo se articulen los desa-fos de la Ley de Dependencia en tres ejes principales: el poltico, el econmico y el social. En primer lugar, en el eje poltico se necesi-ta consensuar la consolidacin del sistema de dependencia tanto ho-rizontalmente, entre el Gobierno, la oposicin y los agentes socia-les, como verticalmente, entre los distintos niveles de gobierno. En ausencia de un compromiso pol-tico claro que se traduzca en una gestin pragmtica y transparente, el futuro del sistema de atencin a la dependencia estar peligro-samente sometido a los cambios de rumbo en el escenario poltico espaol. En segundo lugar, el ma-yor desafo del eje econmico es-triba en garantizar la fi nanciacin de un sistema que actualmente se encuentra amenazado por la fuerte recesin econmica. La Ley de Dependencia establece un de-recho subjetivo universal similar al derecho a la educacin obligatoria y a la atencin sanitaria, y, como tal, su fi nanciacin debera estar garantizada como lo est en los dos casos anteriores. Como se ha explicado en este artculo, la pro-gresiva disminucin de la aporta-cin de recursos por parte del Esta-do, junto al endeudamiento actual de las comunidades autnomas, plantea un gran signo de interro-gacin sobre la viabilidad futura del sistema. En la actual coyuntura, el alcance de la Ley, es decir, la pro-porcin de las personas evaluadas con algn grado de dependencia que consigan acceder al sistema, parece comprometer la calidad de los cuidados, en cuanto que, por una parte, las prestaciones econ-micas son ms baratas, pero impo-

y las autonmicas. Nivel 3: las comunidades au-tnomas pueden completar libremente los dos niveles anteriores de proteccin a travs de una contribucin adicional voluntaria.

(7) Resolucin 26/3/2008 del Ministerio de Trabajo (BOE n 79). El convenio colectivo se fi rm por el Gobierno, CEOE y CC.OO.; UGT rechaz fi rmar el convenio por considerar que impona condiciones muy precarias para los tra-bajadores del sector de la dependencia (OT1).

BIBLIOGRAFA

ANTTONEN, A., y J. SIPIL (1996), European so-cial care services: Is it possible to identify models?, Journal of European Social Poli-cy, 6 (2): 87-100.

(2005), Comparative approaches to social care: Diversity in care production modes, en B. PFAU-EFFINGER y B. GEISSLER (eds.), Care and Social Integration in European Socie-ties, Bristol, Policy Press: 115-134.

BARRIGA, L. A. (2010), Financiacin y costes de la ley 39/2006, Observatorio Estatal para la Dependencia, Asociacin Estatal de Direc-tores Gerentes en Servicios Sociales.

BETTIO, F., y J. PLANTENGA (2004), Comparing care regimes in Europe, Feminist Econo-mics, 10 (1): 85-113.

BETTIO, F.; SIMONAZZI, A., y VILLA, P. (2006), Change in care regimes and female migration: the care drain in the Mediterranean, Journal of European Social Policy, volumen 16 (3): 271-285.

CANCEDDA, L. (2001), Employment in Household Services, Dubln, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.

CASER FUNDACIN (2009), Ayudas a la depen-dencia en Espaa, noviembre 2009.

El Pas 16/12/2010 El Gobierno carga a las au-tonomas con el grueso de la dependencia (por Carmen Morn).

EUROFOUNDATION (European Foundation for the Improvement of Living and Working Con-ditions) (2006), Employment in Social Care in Europe (www.eurofound.eu.int).

EUROPEAN COMMISSION (2006), Employment in Europe, Luxemburgo, EC.

ESPING-ANDERSEN, G. (1990), The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge, Polity Press.

GLENDINNING, C., y P. KEMP, P. (2006), Cash and Care. Policy Challenges in the Welfare Sta-te, Bristol, Policy Press.

IMSERSO (1995), Cuidados en la vejez. El apo-yo informal, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

(2005), Cuidados a las personas mayores en los hogares espaoles. El entorno fami-liar, Madrid, IMSERSO.

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IDEAS, POLTICAS Y REALIDAD: ANLISIS CRTICO DE LA LEY DE DEPENDENCIA

PAPELES DE ECONOMA ESPAOLA, N. 129, 2011. ISSN: 0210-9107. ASPECTOS ECONMICOS Y SOCIALES DE LA DEPENDENCIA

(2009), Estadsticas del sistema para la au-tonoma y la atencin a la dependencia. Si-tuacin a 1 junio de 2009 (www.imserso-mayores.csic.es).

(2010), Estadsticas del sistema para la autonoma y la atencin a la dependencia. Situacin a 1 diciembre de 2010 (www.imsersomayores.csic.es).

(2011), Estadsticas del sistema para la autonoma y la atencin a la dependencia. Situacin a 1 febrero de 2011 (www.im-sersomayores.csic.es).

SAINSBURY, D., ed. (1999), Gender and Welfare State Regimes, Oxford, Oxford University Press.

SARACENO, C. (2010), Social inequalities in fa-cing old-age dependency: A bigenerational perspective, Journal of European Social Policy, 20 (1): 32-44.

SARASA, S., y S. BILLINGSLEY (2008), Personal and household care giving from adult children to parents and social stratifi cation, en C. SARACENO (ed.), Families, Ageing and Social Policy, Cheltenham, Edward Elgar.

SIMONAZZI, A. (2009), Care regimes and natio-nal employment models, Cambridge Jour-nal of Economics, 33 (2): 211-232.

OECD (2005), Ensuring quality long-term care for older people, Policy Brief, marzo.

(2007), International Migration Outlook (SOPEMI) Annual Report.

ORLOFF, A. (1993), Gender and the social rights of citizenship: state policies and gender re-lations in comparative research, American Sociological Review, 58 (3): 303-328.

PAVOLINI E., y K. RANCI (2008), Restructuring the welfare state: reforms in long-term care in Western European countries, Journal of European Social Policy, 18 (3): 246-259.

PFAU-EFFINGER, B. (2005), Welfare state policies and the development of care arrange-ments, European Societies, 7(2): 321-347.

RODRGUEZ CABRERO, G. (2005), La proteccin social de las personas dependientes como desarrollo del Estado del bienestar en Espa-a, Panorama Social, 2: 21-33.

(2006), La proteccin social a la dependencia en Espaa en el marco del espacio social euro-peo, Documentacin Social, 141: 23-44.

SAAD/IMSERSO (2008), Estadsticas del siste-ma para la autonoma y la atencin a la dependencia. Situacin a 2 de noviembre de 2008 (www.imsersomayores.csic.es).

INE (2006), Encuesta de poblacin activa, Insti-tuto Nacional de Estadstica, Madrid.

LEN, M. (2005), La atencin a las personas en situacin de dependencia en Espaa. Una aproximacin crtica al Libro Blanco de la Dependencia, Panorama Social, 2: 34-44.

(2010), Migration and care work: the do-mestic sector revisited, Social Policy and Society, 9 (3) 409-418.

LEWIS, J. (2001), The decline of the male bread-winner model: Implications for work and care, Social Politics, 8 (2): 152-169.

LISTER, R. (2002), The dilemmas of pendulum politics: balancing paid work, care and citizenship, Economy & Society, 31 (4): 520-532.

MARBN, V. (2009), Atencin a la dependen-cia, en L. Moreno (ed.), Reformas de las polticas de bienestar en Espaa, Madrid, Siglo XXI: 207-237.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACION (2009), Pre-supuestos de la Seguridad Social. Ejercicio 2009. Anexo al Informe Economico-fi nancie-ro. (www.mtas.es/es/estadisticas/index.htm).

MORENO, L., ed. (2009), Reformas de las polticas de bienestar en Espaa, Madrid, Siglo XXI.

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MARGARITA LEN

APNDICE

CUADRO A.1

Entidad Institucin/organizacin Informante Lugar y fecha entrevista

Ministerio Trabajo Subdireccin General para la Inspeccin en Materia de Seguridad Social, Economa Irregular e Inmigracin

Subdirector General (GOB1) Madrid, 20/04/2009

Subdireccin General de Gestin y Coordinacin de Flujos Migratorios

Subdirector General (GOB2) Madrid 20/04/2009

Direccin General Poltica Social Jefa Servicios Sociales (GOB3) /Consejero Tcnico (GOB4)

Madrid 22/04/2009

Ministerio Salud y Servicios sociales

IMSERSO IMSERSO Directora (GOB5) Subdirector Calidad y Evaluacin (GOB6)

Madrid 23/4/2009

Sindicatos UGT Responsable Departamento Servicios Sociales (SIN1)

Madrid 18/01/2010

Sindicatos CC.OO. Responsable Departamento Polticas Sociales (SIN2)

Madrid 17/01/2010

Tercer sector Critas Equipo Recursos e Itinerarios (TS1) Madrid 24/04/2010

Asociacin profesional Asociacin Espaola de Geriatra y Gerontologa: (SEGG)

Presidente (AG1) Vicepresidente (AG2)

Madrid 22/04/2009

Sector privado Federacin Empresarial de Dependencia (FED)

Presidente (SP1) Madrid 17/01/2010

Sector pblico Asociacin Estatal de Directorasy Gerentes de Servicios Sociales

Miembro asociacin (SPu1) Valladolid 19/01/2010

Experto independiente Comisin de Expertos para la Evaluacin de la Ley de Dependencia

Miembro de la Comisin (EI1) La Corua 19/09/2009