Amnistía Internacional ZAIRE DESORDEN E INSEGURIDAD ......Contexto2 2.1 Conflicto político y...

Amnistía Internacional

ZAIRE

DESORDEN E INSEGURIDAD EN KIVU NORTE Y KIVU SUR

NOVIEMBRE DE 1996RESUMENÍNDICE AI: AFR 62/14/96/s

DISTR: SC/CC/CO/GR (45/96)

En Zaire reina el desorden. En las regiones de Kivu Norte y de Kivu Sur, la inseguridad provocada por el conflicto entre los grupos armados y la intervención de las fuerzas armadas zaireñas ha provocado una situación de graves abusos contra los derechos humanos. La combinación entre el derrumbamiento del Estado zaireño y la inseguridad imperante ha llevado a una situación de crisis en estas dos regiones orientales del país.

Las autoridades zaireñas han reaccionado a la crisis enviando un gran número de tropas a las regiones en crisis. Estas tropas, en su mayoría mal remuneradas e indisciplinadas, han dejado la situación fuera de control en muchas zonas. El gobierno no ha intentado ninguna solución duradera al conflicto y el despliegue de un gran número de tropas ha tenido consecuencias desastrosas para los derechos humanos de muchos civiles desarmados de Kivu Norte y Sur.

Este documento es extensible a la situación de todo el país, pero toma los ejemplos de Kivu Norte y Kivu Sur para ilustrar como la situación de desastre que vive el país, provocada por la crisis económica y política que padece, puede resultar clave para la falta de respeto a los derechos humanos al estallar un conflicto. Las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y otras personas son extremadamente graves y su número es alarmante. En este informe, los casos de violaciones de derechos humanos citados son ejecuciones extrajudiciales, tortura y arresto y detención arbitrarios, en muchas ocasiones de presos de conciencia. El informe también hace hincapié en los abusos cometidos por los grupos armados, muchas veces en connivencia con las autoridades militares y gubernamentales.

Zaire está realizando una transición política de un régimen monopartidista a un sistema político multipartidista. Las elecciones están fijadas para 1997. La situación política en todo el país es inestable y la tensión podría degenerar en un conflicto en otras zonas del país.

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO1 / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES1 / MILITARES1 / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / GRUPOS ÉTNICOS / ARRESTO ARBITRARIO / DETENCIÓN ILEGAL / DESAPARICIONES / HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS / TORTURA-MALOS TRATOS / CONDICIONES PENITENCIARIAS / PRESOS DE CONCIENCIA / REFUGIADOS / PERSONAS DESPLAZADAS / CLÉRIGOS / ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS / MUJERES / NIÑOS / CIUDADANOS

EXTRANJEROS / HOSTIGAMIENTO / MINAS ANTIPERSONAS / MILITARES COMO VÍCTIMAS / ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS / POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN / CENSURA / AI Y LOS GOBIERNOS / FOTOGRAFÍAS

Este informe resume un documento titulado Zaire: Desorden e inseguridad en Kivu Norte y Kivu Sur (Índice AI: AFR 62/14/96/s), publicado por Amnistía Internacional en noviembre de 1996. Quien desee más información o actuar al respecto debe consultar el documento completo.

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Amnistía Internacional

ZAIRE

DESORDEN E INSEGURIDAD EN KIVU NORTEY KIVU SUR

Amnistía Internacional, noviembre de 1996Índice AI: AFR 62/14/96/s

Zaire: Desorden e inseguridad en Kivu Norte y Kivu Sur

Noviembre de 1996Índice AI: AFR 62/14/96/s

Distr: SC/CC/CO/GR

SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDOTRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL, ESPAÑA

Índice

1. Introducción1

2. Contexto22.1 Conflicto político y tensiones étnicas en Kivu Norte y Sur3

3. Kivu Norte43.1 «La población es el enemigo»: violaciones generalizadas de las fuerzas gubernamentales53.1.1Ejecuciones extrajudiciales53.1.2Tortura93.2 Abusos cometidos por los grupos armados apoyados por las autoridades zaireñas93.3Ataques contra los tutsis de Kivu Norte113.4 Ataques contra los refugiados y el personal de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria12

4. Kivu Sur134.1Estalla la violencia entre las Fuerzas Armadas Zaireñas y los grupos armados tutsis134.2Las Zonas Operativas a punto de estallar144.2.1Ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones»144.2.2Arrestos arbitrarios y detenciones ilegales15Índice AI: AFR 62/14/96/sAmnistía Internacional, noviembre de 1996


4.2.3Tortura y condiciones penitenciarias que constituyen trato cruel inhumano o degradante174.3Persecución de los activistas de derechos humanos y de los miembros de los grupos de la oposición17

5.La función de las autoridades zaireñas195.1La función del gobierno central y del Parlamento195.2 La función de las autoridades políticas y administrativas locales195.3La función de las autoridades militares205.4La función de los servicios de inteligencia20

Foto de la portada: un soldado posa en Vichumbi con los restos de una cabeza humana, julio de 1996



ZAIRE

Desorden e inseguridad en Kivu Norte y Kivu Sur

1. Introducción

La mayoría de los aproximadamente cuarenta millones de habitantes del Zaire padecen la situación de desorden reinante en el país con unas autoridades que fomentan o hacen la vista gorda a las numerosas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad y otros responsables públicos. Cualquier habitante de Zaire, salvo los miembros más privilegiados de la sociedad zaireña y las personas que ejercen poder o influencia, puede sufrir violaciones de derechos humanos a diario. En Kivu Norte y Sur, la inseguridad causada por el conflicto armado se ha añadido a esta situación de desorden. El despliegue posterior de miles de miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas en esas regiones en crisis ha incrementado los abusos contra los derechos humanos porque la mayoría de los soldados son indisciplinados y están mal remunerados.

Amnistía Internacional ha decidido publicar un informe1 sobre la horrible situación de los derechos humanos en las regiones de Kivu Norte y Sur para hacer hincapié en que las autoridades zaireñas no han protegido los derechos humanos básicos y en el papel de las autoridades del país a la hora de fomentar o permitir estas violaciones. El actual conflicto civil librado en las dos regiones hace recordar la guerra civil que asoló Zaire a comienzos de los años sesenta y que provocó la llegada al poder del presidente Mobutu Sese Seko mediante un golpe de Estado militar en 1965. La guerra civil de los años sesenta estuvo relacionada con las elecciones celebradas antes de la independencia del país en 1960. Hay muchos motivos para creer que el conflicto político y étnico actual en Kivu está relacionado con las elecciones del próximo año debido a que los dirigentes políticos se intentan situar en una posición de ventaja sobre sus rivales. La dejación de las autoridades zaireñas ante el desorden y la inseguridad que padece el este del país está contribuyendo a que se interrumpa la actual transición política.

Amnistía Internacional lleva vigilando la situación de los derechos humanos en estas regiones desde hace muchos años. Este informe examina los abusos contra los derechos humanos y la labor de las autoridades políticas, administrativas y militares en Kivu Norte y Sur durante el último año. La organización ha obtenido testimonios pormenorizados de estos abusos de las víctimas, las organizaciones nacionales e internacionales y de otras fuentes. A Amnistía Internacional le preocupan especialmente las declaraciones sobre las ejecuciones extrajudiciales y la tortura cometidas por los miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas, los cuales actúan casi con impunidad. Otras preocupaciones importantes son los arrestos arbitrarios, las reclusiones ilegales y la detención de presos de conciencia.

1Este informe describe los abusos contra los derechos humanos cometidos en Kivu Norte y Sur y abarca el periodo de tiempo hasta los ataques contra los refugiados que han provocado su desplazamiento masivo en las últimas semanas. Índice AI: AFR 62/14/96/sAmnistía Internacional, noviembre de 1996


Amnistía Internacional cree que las autoridades deben abordar la situación actual con carácter de urgencia, antes de que se cobre muchas vidas más en las dos regiones. La organización ha pedido al gobierno de Zaire que tome medidas inmediatamente para reducir las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el país.



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2. Contexto

En abril de 1990, Zaire inició una difícil transición política de un régimen monopartidista, que llevaba casi veinticinco años de duración, a un sistema multipartidista. La mala administración casi ha colapsado la economía del país, lo que ha provocado el derrumbamiento de sus infraestructuras. Por ejemplo, no hay carreteras nacionales en Zaire y las carreteras existentes están en muy mal estado. En el mejor de los casos, los servicios nacionales de telecomunicaciones y de correos son irregulares. La mayoría de las autoridades políticas y administrativas locales y nacionales se han resistido a la presión de la oposición política o de los grupos de derechos humanos para poner en práctica un cambio que podría llevar a un sistema basado en la rendición de cuentas y que pusiera fin a la impunidad y al clientelismo del que han disfrutado durante varias décadas.

Una de las consecuencias de la crisis económica que sufre el país es que los funcionarios civiles rara vez perciben sus exiguos sueldos. Un cargo médico del Hospital de Goma, en Kivu Norte, manifestó a Amnistía Internacional que había recibido su sueldo de enero de 1996 en julio. Con los 90.000 nuevos zaires que le pagaron sólo pudo comprar una bolsa de 50 kilos de harina para un mes. Por tanto, el sistema de completar el salario exigiendo sobornos al público por los servicios se ha convertido en Índice AI: AFR 62/14/96/sAmnistía Internacional, noviembre de 1996


norma para los funcionarios públicos de Zaire, entre ellos los agentes de las fuerzas de seguridad, los miembros de la judicatura, el personal penitenciario, los profesores y el personal médico. Las decenas de miles de soldados desplegados en las regiones de Kivu también perciben irregularmente sus exiguos sueldos. Los soldados dicen que cuando reciben su salario equivale aproximadamente a seis dólares estadounidenses al mes. Con el fin de evitar los motines, los oficiales militares animan encarecidamente a sus soldados a que «ajusten ustedes mismos las cuentas». Los oficiales hacen la vista gorda cuando los soldados recurren al robo a mano armada o golpean y detienen arbitrariamente a los civiles para conseguir dinero o pedir «rescates».

Según los informes, los soldados enviados desde la capital, Kinshasa, se sentían contentos de ser desplegados en las dos regiones de Kivu debido a que allí, a causa de la alta tasa de inflación que padecía la divisa nacional2, se utilizaba el dólar en la economía local. Un soldado explicó, «en Kivu hay dólares. Unos cuantos meses de servicio en esta región garantizan una casa y comida para la familia en Kinshasa».

2.1 Conflicto político y tensiones étnicas en Kivu Norte y Sur

La tensión étnica lleva gestándose muchos años en el Zaire oriental a causa de la lucha política y económica entre los grupos étnicos que viven en la zona. El conflicto es fundamentalmente entre las poblaciones hutus y tutsis (conocidas como banyarwandas en Kivu Norte y banyamulenge en Kivu Sur3) y otros grupos étnicos por el derecho de los banyarwandas a la nacionalidad zaireña. El conflicto ha estallado en varias ocasiones en una lucha armada, cuyo caso más grave es el que se libra actualmente en Kivu Norte desde 1991 y que ha provocado el desplazamiento de más de 300.000 personas. El conflicto armado también ha estallado en los distritos de Uvira y Fizi en Kivu Sur.

El gobierno zaireño ha seguido sin juntar a las partes implicadas en el conflicto de las regiones Kivu con el fin de conseguir un acuerdo justo y duradero. Hasta la fecha, la actuación del gobierno siempre ha sido a posteriori y su principal medida ha consistido en desplegar un gran número de agentes de las fuerzas de seguridad. Estas mismas fuerzas han cometido violaciones de derechos humanos a causa de la falta de voluntad o de orientación política del gobierno.

Los banyarwandas constituyen el grupo más rico y numeroso de las dos regiones Kivu, pero, durante muchos años, la élite política no perteneciente a este grupo ha intentado excluirlos del proceso político zaireño. Los sucesivos legisladores han intentado promulgar leyes que retirarían el derecho al voto de los banyarwandas por no ser ciudadanos zaireños o incluso legalizaría su expulsión del país. La ley

2Cuando se aprobó el nuevo zaire en 1993 su cotización con respecto al dólar con relación al dólar estadounidense era de tres a uno. Para octubre de 1995, la cotización había bajado hasta los 8.000 y en julio de 1996, un dólar estadounidense valía 48.000 nuevos zaires. 3Banyarwanda significa «gente de Ruanda», pero, en este caso, se refiere a los hutus y tutsis zaireños que viven en Kivu Norte y Sur. Las poblaciones hutus y tutsis son los principales grupos étnicos en las vecinas Ruanda y Burundi. Los banyamulenges son tutsis, muchos de los cuales afirman que llevan viviendo en la la zona de los bosques Mulenge de Kivu Sur, Zaire, desde hace generaciones. Aunque ambos grupos proceden de Ruanda, la mayoría tienen nacionalidad zaireña.Amnistía Internacional, noviembre de 1996Índice AI: AFR 62/14/96/s


más citada es la Ley de Nacionalidad de 1981, pero es el artículo 4 el que define la nacionalidad zaireña de forma ambigua. Establece que un zaireño es:

Según el artículo 11 de la Constitución del 30 de junio de 1960, cualquier persona cuyos antepasados sean o hayan sido miembros de una de las tribus establecidas en el territorio de la República de Zaire, dentro de sus fronteras del 1 de agosto de 1885, o según las modificaciones posteriores4.

Además de esta ambigüedad, no se ha establecido ningún mecanismo imparcial para determinar la nacionalidad zaireña. Es improbable que se tengan registros de nacimiento actualizados y el gobierno y los agentes de seguridad han aplicado medidas arbitrarias e ilegales, como la destrucción de carnets de identidad, para negar a la población banyarwanda su derecho a la nacionalidad zaireña.

La cuestión de la nacionalidad se debatió en una Conferencia Nacional en 1991 y 1992 pero quedó sin resolverse. Hubo intentos de excluir a los banyarwandas de la Conferencia instigados por otros grupos étnicos de la región. Ahora, los grupos étnicos de las dos regiones están recurriendo a la violencia para hacer valer su derecho a la nacionalidad zaireña o excluir a otros grupos de ese derecho.

Hasta agosto de 1993, los hutus y los tutsis parecían estar en el mismo lado del conflicto. Sin embargo, eso cambio en julio de 1994 cuando el Ejército Patriótico Ruandés (EPR), dominado por los tutsis, derrocó al gobierno ruandés, dominado por los hutus. Los hutus zaireños acusan a los tutsis zaireños y a otros de haber ayudado al EPR a tomar el poder y de provocar la huida de Ruanda de los hutus.

Entre el casi millón de refugiados ruandeses que huyeron a Zaire había muchos hutus que, al parecer, participaron en los crímenes contra la humanidad cometidos en Ruanda en 1994. Los tutsis y otras personas en Ruanda y Zaire han acusado a los hutus que huyeron de Ruanda de proseguir en Kivu Norte el genocidio que cometieron en Ruanda.

3. Kivu Norte

Los abusos contra los derechos humanos en Kivu Norte ha alcanzado niveles graves. A ello ha contribuido el conflicto armado y el gran número de personal militar indisciplinado presente en la región. La zona más afectada durante 1996 fueron los distritos de Masisi y Rutshuru. Algunas organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y civiles de Kivu Norte afirman que la presencia de unos 800.000 refugiados ruandeses en la zona ha empeorado el conflicto y los abusos contra los derechos humanos debido a la presunta colaboración entre los hutus zaireños y ruandeses y al hecho de que la presencia de refugiados ha provocado un nuevo despliegue de tropas en la región.

Aunque no se ha llevado ningún censo nacional en Zaire desde 1985, se calcula que los banyarwandas representan el ochenta por ciento de la población de Kivu Norte. Otros grupos étnicos de la región son

4Est Zaïrois, aux termes de l’article 11 de la Constitution, à la date du 30 juin 1960, toute personne dont un des ascendants est ou a été membre d’une des tribus établies sur le territoire de la République du Zaïre dans ses limites du 1er août 1885, telles que modifiées par les conventions subséquentes.Índice AI: AFR 62/14/96/sAmnistía Internacional, noviembre de 1996


los hundes, los nandes, los tembos y los nyangas. Los hundes son el mayor de estos grupos minoritarios, con mayor poder económico en el distrito de Masisi que otros grupos étnicos. El conflicto en el distrito de Masisi entre los banyarwandas por un lado y los hundes y los nyangas por otro, los cuales se denominan a sí mismo «nativos», se viene gestando desde 1991.

El conflicto armado en los distritos de Masisi y Walikale se logró controlar a fines de 1993 como consecuencia de la mediación de las organizaciones no gubernamentales locales, entre ellas algunos grupos eclesiásticos, merced a la cual los dirigentes étnicos se juntaron para negociar un acuerdo de paz5. Sin embargo, el conflicto armado volvió a estallar en el distrito de Masisi a fines de 1994 y, a fines de 1995, un grupo armado conocido como Bangilima6 también amenazaba a los banyarwandas en el distrito septentrional de Rutshuru.

En Kivu Norte, más de 300.000 personas, entre hutus, hundes y otros grupos étnicos, viven en campos para personas desplazadas internamente. Estos campos se están trasladando constantemente a causa de la amenaza de ataques. Hay otras personas que también están atrapadas o que no pueden abandonar la zona de conflicto por otros motivos. En ambos casos, no hay protección ni ayuda de las autoridades frente a los ataques.

3.1 «La población es el enemigo»: violaciones generalizadas de las fuerzas gubernamentales

Las autoridades zaireñas han intentado acabar con el conflicto en Kivu Norte mediante una respuesta militar. En febrero de 1996, tras el fracaso de las operaciones militares anteriores y de una delegación ministerial a los distritos afectados a comienzos de 1996, el gobierno lanzó la Operación Kimia («silencio» en lingala) para desarmar a todos los grupos de las partes implicadas en el conflicto. No se ha hecho público el número de miembros de las fuerzas armadas participantes en esta operación. Al parecer, el total de participantes asciende a mil, procedentes de la Gendarmería, los Paracaidistas, la Guardia Civil y los batallones de vehículos blindados. El comandante de la Operación Kimia en la localidad de Masisi declaró que carecían de equipos de comunicación y de orientaciones del gobierno y de las autoridades militares de Kinshasa. Las tropas se quejaban de estar malequipadas y de que muchas veces no recibían la paga. La reciente llegada de armamento pesado, como tanques y vehículos blindados, para la Operación Kimia ha alarmado a los civiles del distrito de Masisi. Este material se empleó en la Operación Mbata en el distrito septentrional de Rutshuru con un alto coste de vidas humanas.

En abril de 1996, los ataques crecientes de los bangilimas en el distrito de Rutshuru provocaron que el gobierno lanzara una segunda operación, llamada Mbata («azote» en lingala). El objetivo de esta misión era terminar con la actividad rebelde, especialmente en el norte de Ruthuru. Esta Operación contó con varios centenares de efectivos, principalmente procedentes de las unidades de paracaidistas,

5Véase el documento de Amnistía Internacional Zaire: Violence against Democracy, publicado el 16 de septiembre de 1993 (Índice AI: AFR 61/11/93).6No existe traducción exacta para el término bangilima, empleado para designar a un grupo armado formado por miembros del grupo étnico nande y que recluta mercenarios de la región de Haut-Zaire y desertores de las Fuerzas Armadas Zaireñas.Amnistía Internacional, noviembre de 1996Índice AI: AFR 62/14/96/s


que lograron expulsar a los grupos armados del distrito aunque con un gran coste para los civiles desarmados. Las tropas gubernamentales emplearon artillería pesada y los testigos presenciales de la zona han informado de un gran número de ejecuciones extrajudiciales.

Amnistía Internacional ha sabido que en julio de 1996, el jefe de la Operación Mbata fue ascendido al grado de teniente coronel por sus servicios en Kivu Norte.

3.1.1Ejecuciones extrajudiciales

En mayo de 1996, en el curso de la Operación Mbata, los soldados ejecutaron a decenas de habitantes del pueblo de Vichumbi, una pequeña localidad pesquera junto al Lago Edward. El 10 de mayo, dieciocho hombres que afirmaron ser bangilimas establecieron una base en el pueblo. Unos 150 miembros de las fuerzas de seguridad, con base en Vichumbi, pertenecientes a las Fuerzas Navales, al Servicio de Acción e Información Militar, a la Guardia Civil y a la Gendarmería huyeron de la zona, dejando atrás armas y uniformes militares. El grupo que afirmaba ser bangilima pasó nueve días en el pueblo y, según los informes, robaron propiedades de los habitantes, violaron a las mujeres y amenazaron de muerte al jefe consuetudinario. El grupo golpeó y mutiló a cuatro habitantes banyarwandas delante de los otros vecinos antes de matarlos. El domingo 19 de mayo, algunos soldados de la Operación Mbata llegaron temprano por la mañana, mientras los habitantes de Vichumbi se encontraban en la iglesia. Al oír disparos fuera, el pastor de la Comunidad de Pentecostés de Kivu, Dieudonne Muhindo Mugumwa, dejó el servicio, según parece, para alertar a los soldados de que los vecinos estaban orando. Los soldados le dispararon inmediatamente en las escaleras delante de la iglesia.

Según los habitantes de Vichumbi, los soldados después ordenaron a todo el mundo que entrara en las tres iglesias del pueblo y les retuvieron hasta el martes siguiente. Mientras tanto, los soldados saquearon y quemaron las casas y persiguieron a los vecinos que huían hacia el bosque próximo. El 21 de mayo se puso en libertad a las mujeres y los soldados examinaron a los jóvenes en busca de escarificaciones (empleadas por los bangilimas pero que también es una práctica tradicional entre los nandes). A los que encontraron con escarificaciones y sospechaban que eran miembros del grupo armado bangilima, los ejecutaron extrajudicialmente delante de las iglesias.

Después de la matanza en las tres iglesias se enterró a treinta y siete personas. Las autoridades locales y los trabajadores eclesiásticos han informado a Amnistía Internacional de que la mayoría de las víctimas no eran bangilimas. Los supervivientes informaron de que muchas otras personas, entre ellas mujeres y niños fueron abatidas a tiros en el bosque al intentar huir. Un tendero dijo que él y tres amigos huyeron al bosque al oír los disparos y que los soldados posteriormente los capturaron. A sus tres compañeros los mataron a tiros, pero a él le permitieron escapar porque uno de los soldados lo conocía. Una vez que el contingente de la Operación Mbata dejó Vichumbi el 23 de mayo, los agentes de las fuerzas de seguridad que habían huido al llegar los rebeldes volvieron. Los habitantes informaron de que se tornaron más violentos hacia la población y que obligaban a pagar dinero a los vecinos que entraban y salían del pueblo7.

7Una fuente independiente zaireña vio a algunos vecinos pagando 20.000 nuevos zaires (0,5 dólares Índice AI: AFR 62/14/96/sAmnistía Internacional, noviembre de 1996


Después de la operación, los soldados clavaron dos cabezas humanas en unos palos de un puesto de control militar en la entrada del pueblo. Los soldados afirmaron que las cabezas pertenecían a dos bangilimas muertos durante la operación de mayo y que las habían colocado en la entrada del pueblo para mostrar que los rebeldes habían sido derrotados. Sin embargo, un sacerdote local afirmó que eran las cabezas de dos vecinos desarmados ejecutados extrajudicialmente por los soldados zaireños.

Según los informes, en Kanyabayonga, pueblo de gran tamaño del distrito septentrional de Rutshuru, los miembros de la Operación Mbata mataron a centenares de civiles durante una operación que duró varias semanas. Un testigo describió un panorama atroz de las consecuencias de la operación en la carretera que lleva a Kanyabayonga a través del Parque Nacional de Virunga. En la carretera y cerca de un puesto de control militar en las afueras del pueblo se veían cráneos, huesos y trozos de ropa; los testigos percibieron un intenso hedor a carne en descomposición.

Al igual que en Vichumbi, las autoridades y las fuerzas de seguridad locales huyeron de Kanyabayonga cuando, el 17 de marzo de 1996, llegó el grupo armado Bangilima, el cual se quedó casi tres meses. El contingente de la Operación Mbata, dotado de armamento pesado, llegó a Kanyabayonga el 6 de junio. La mayoría de los habitantes del pueblo huyeron al bosque. A principios de agosto sólo habían vuelto unos 5.000 habitantes. Muchos continuaban escondidos. Los testigos presenciales afirman haber visto centenares de cadáveres de civiles desarmados y a soldados de la Operación Mbata dando muerte a miembros del grupo armado Bangilima.

Testigos, autoridades locales y residentes del pueblo afirman haber visto centenares de cadáveres de civiles desarmados así como de presuntos miembros del grupo armado Bangilima en las calles de Kanyabayonga después de la operación. Las fotografías de la zona también muestran la intensa destrucción sufrida por Kanyabayonga y otros pueblos vecinos. Los habitantes afirman que los daños fueron causados por los proyectiles, las granadas impulsadas por proyectil y los tanques empleados por el ejército para expulsar a los rebeldes de las casas.

Los supervivientes pidieron ayuda y compensaciones al gobernador de la región de Kivu Norte. Algunas autoridades locales han estado preparando información en el tribunal local consuetudinario para identificar a las personas muertas o «desaparecidas» después de la operación. Un anciano perdió a 24 miembros de su extensa familia, entre ellos a su hijo de 22 años, Kambale Mutumu, granjero, al que las tropas de la Operación Mbata mataron a tiros en Kanyabayonga, a plena luz del día.

Aunque, tras la marcha de los efectivos de la Operación Mbata, algunos vecinos iniciaron un lento retorno del bosque al pueblo, muchos continuaron preocupados por la vuelta de la Gendarmería, incluidos los gendarmes recientemente desplegados procedentes de Butembo. Los habitantes informaron de que los gendarmes habían amenazado a los ancianos del pueblo con detenerlos y los acusaban de tener «hijos bangilimas». Según los informes, el 1 de agosto, los gendarmes ejecutaron extrajudicialmente y mutilaron a dos jóvenes hombres en una carretera que salía de Kanyabayonga. En

estadounidenses) a los soldados en la barrera al entrar y salir del pueblo. Amnistía Internacional, noviembre de 1996Índice AI: AFR 62/14/96/s


la Gendarmería se mostraron públicamente las manos de los jóvenes. Una anciana preguntó «¿por qué tienen que matar siempre a nuestros hijos? Si por lo menos detuvieran a los presuntos delincuentes, tendrían tiempo de demostrar su inocencia».

El día de Navidad de 1995, al parecer, unos paracaidistas abrieron fuego contra unos civiles del barrio de Birere de Goma y mataron al menos a quince personas, entre ellas niños, según parece, en venganza por la muerte del coronel Makabe ocurrida ese mismo día. El coronel Makabe fue el jefe de las operaciones llevadas a cabo en la ciudad de Masisi (véase sección 3.2 infra) y, presuntamente, murió como consecuencia de una explosión de granada después de un altercado con un guardia civil borracho en Birere. Las unidades del coronel Makabe llegaron y abrieron fuego contra la multitud que se había congregado alrededor del cadáver, así como contra los niños de la calle y los residentes próximos, que fueron víctimas del empleo incontenido de fuerza letal y de la indisciplina de los soldados. No se ha realizado ninguna investigación oficial para determinar la responsabilidad de la matanza de civiles.

Cuando se preguntó cómo identificaban los militares a los bangilimas, un alto cargo militar de la Operación Kimia dijo que era imposible diferenciar a los inocentes de los culpables y que por lo que a él y a sus compañeros se refería «el enemigo era la población».

Índice AI: AFR 62/14/96/sAmnistía Internacional, noviembre de 1996


3.1.2Tortura

Amnistía Internacional no ha logrado recopilar mucha información sobre la detención de miembros de grupos armados durante las operaciones Kimia y Mbata. La organización teme que los miembros de las fuerzas armadas ejecutaron extrajudicialmente a muchos presuntos rebeldes. Un funcionario judicial de Goma informó a Amnistía Internacional de que algunos presuntos miembros de los grupos armados estaban bajo custodia militar bajo la supervisión de la fiscal militar.

La organización siente honda preocupación por los informes de graves torturas, en ocasiones con resultado de muerte, y de otras formas de trato cruel, inhumano o degradante, sufridas especialmente por los miembros del grupo étnico hunde a manos de las fuerzas de seguridad en Masisi, Rutshuru y Goma durante 1996.

El 28 de enero de 1996, unos soldados detuvieron a nueve jóvenes de origen hunde en el exterior de un campo de paracaidistas, en Mweso, en el distrito de Masisi. Los soldados les dijeron que les habían detenido porque los «bahundes estaban matando soldados». Estuvieron recluidos dos días bajo la custodia de los paracaidistas en la Gendermería local. Según los informes, el primer día, a Kahima Baluku, estudiante de 20 años, le mataron de un tiro, le mutilaron y le arrojaron al río Mweso. A los otros les infligieron quemaduras con machetes calentados y les golpearon brutalmente. A los dos días, los trasladaron con la Guardia Civil en Kibumba, donde de nuevo los golpearon, les flagelaron con plantas con púas y les vertieron aceite por los oídos. Al día siguiente, los trasladaron a la Gendarmería de Goma donde volvieron a golpearlos. Dos de ellos, Biamungu Baroke, de 25 años, y Kamulete Ngabo, de 30, murieron algunos días más tarde como consecuencia de los golpes.

Otros dos, Luande Kibao y Muhindo Mahazo, fueron trasladados al hospital de Goma, donde al primero le amputaron el brazo por una infección que se había gangrenado. Las marcas de quemaduras en forma de cuchillo, los grandes cortes y los hematomas que tenían en sus cuerpos confirmaron sus denuncias de haber sufrido quemaduras y golpes.

Los otros cuatro detenidos fueron trasladados otras tres veces a los centros de detención de Goma, donde volvieron a torturarlos. Finalmente, los liberaron el 3 de mayo en la cárcel civil de Muzenze. Los seis supervivientes estaban parcialmente sordos como consecuencia de las torturas sufridas y continúan Amnistía Internacional, noviembre de 1996Índice AI: AFR 62/14/96/s


padeciendo pesadillas.

El 9 de mayo de 1994, unos miembros del Servicio de Acción y de Información Militar detuvieron en un puesto de control en Makenga a una comerciante de 41 años y madre de cinco hijos que viajaba en autobús de Butembo a Goma debido a que no presentó la documentación. Los soldados la ordenaron que se bajara del autobús y la acusaron de ser una «reina bangilima» a causa de las marcas tradicionales que llevaba en la cara. La desnudaron y la arrojaron piedras delante de los otros pasajeros. Después la llevaron a un campo militar cercano. Al día siguiente, la trasladaron un campo del Servicio de Acción y de Información Militar en Goma, donde el comandante le dijo que su delito como «dirigente bangilima» era punible con la muerte. Según los informes, después la torturaron y la violaron un grupo de soldados que también introdujeron las culatas de sus fusiles y trozos de madera en sus órganos genitales. Perdió el conocimiento. La liberaron sin cargos el 13 de mayo e ingresó inmediatamente en un hospital, después de que sus hijos defendieron su inocencia ante el gobernador.

3.2 Abusos cometidos por los grupos armados apoyados por las autoridades zaireñas

Al reanudarse el conflicto armado a fines de 1994, varios grupos étnicos de los distritos de Masisi y Rutshuru organizaron lo que denominaron «comités de defensa» para hacer frente a los ataques de sus rivales. Estos comités, conocidos localmente como combatientes normalmente están integrados por jóvenes del grupo étnico predominante en el pueblo y realizan ataques contra los pueblos rivales. Los comités o grupos locales estaban dirigidos muchas veces por los jefes locales y las autoridades estatales o por otros dirigentes políticos. A los grupos armados hutus se les suele denomimar «interahamwe»8 y a los hundes «mai mai»9.

En el distrito de Masisi y en algunas zonas de Rutshuru, en especial en la comarca de Bwito, existen indicios de la colaboración entre las autoridades políticas y militares y los grupos armados. En muchos casos, esto ha provocado homicidios en masa, torturas y otros abusos graves contra los derechos humanos. La complicidad entre las autoridades y los grupos armados no se limita a uno solo. Parece depender de los incentivos materiales o económicos o de los sobornos que paguen los miembros de un grupo a los funcionarios públicos o de seguridad.

El 18 de diciembre de 1995, algunos civiles armados hutus dirigieron a centenares de paracaidistas y de miembros de batallones de vehículos blindados en un ataque contra Masisi. Según los informes, durante este ataque y otros posteriores se dio muerte a varios centenares de civiles desarmados, en su mayoría hundes. Algunos testigos presenciales describieron la muerte

8El término interahamwe («los que actúan juntos» en kinyarwanda) era el nombre de un grupo miliciano que parece que tuvo una gran responsabilidad en el genocidio ocurrido en Ruanda en 1994. El término se emplea muy imprecisamente en Zaire. 9Mai mai (agua agua) es una referencia a la rebelión maji maji de 1905-6 contra los colonialistas alemanas en Tanzania. Los rebeldes eran conocidos porque creían que tenían poderes mágicos que hacían que las balas se tornaran inofensivas al convertirlas en agua.

Índice AI: AFR 62/14/96/sAmnistía Internacional, noviembre de 1996


de los miembros de dos familias que se refugiaron en un aula escolar cerca del cuartel de distrito de la ciudad de Masisi. Los testigos afirman que el comandante de los paracaidistas de la ciudad de Masisi ordenó a sus tropas que abrieran fuego contra el aula. Según los informes, murieron veintidós personas, entre ellas Pasteur Bushi, empleado del orfanato local, su esposa y sus hijos. Únicamente sobrevivieron el hijo de diez años de Pasteur, Masomo, y dos niñas que fueron encontradas posteriormente cubiertas de sangre debajo de los cuerpos de sus familiares. Las tropas del grupo de paracaidistas y de los batallones de vehículos blindados persiguieron y ejecutaron extrajudicialmente a otros civiles desarmados en la ciudad, los pueblos cercanos y las plantaciones de plátanos. Las víctimas fueron acusadas de ser mai mai. El 3 de febrero de 1996, las tropas gubernamentales realizaron un disparo con mortero contra el hospital de Masisi, como consecuencia del cual murieron un hombre y una mujer. Posteriormente, unos trescientos soldados saquearon el hospital.

Mientras que a las unidades de paracaidistas se las suele acusar de ser «pro-banyarwanda», otras unidades militares colaboran con los combatientes hundes en sus ataques contra los banyarwandas. Según los informes, treinta miembros de la División Presidencial Especial, con base en la ciudad de Kitchanga desde 1993, actuaron en connivencia con los grupos armados hundes en sus ataques contra los vecinos hutus. Por ejemplo, el 31 de julio de 1996, algunos grupos armados hundes acompañados de miembros de la División Presidencial Especial atacaron cinco pueblos de la subcomarca de Bishusha, comarca de Bwito, en el distrito de Ruthuru. Los supervivientes del ataque afirmaron que la División Presidencial Especial participó en el ataque, en el que resultaron muertos varios centenares de civiles y se quemaron varios pueblos. Fuentes de los hundes de Kitchanga confirmaron que la División Presidencial suministró equipo militar a los grupos armados hundes y que quizá les proporcionaron adiestramiento militar.

3.3Ataques contra los tutsis de Kivu Norte

La relación entre los gobiernos de Ruanda y de Zaire se ha hecho tensa desde la llegada de los refugiados ruandeses en 1994, muchos de los cuales están acusados por las autoridades ruandesas y por otros gobiernos de ser responsables de homicidios en masa y de otras violaciones de derechos humanos en masa cometidas en Ruanda. A escala local, en Zaire la tensión se ha traducido en hostilidad contra los tutsis. Las autoridades locales, regionales y nacionales han fomentado activamente el resentimiento contra este grupo étnico. Como consecuencia de ello, decenas de miles de tutsis zaireños han huido a Ruanda.

Después de la repatriación forzada de refugiados ruandeses ordenada por las autoridades zaireñas en agosto de 1995, Goma y las zonas circundantes se vieron afectadas por la explosión de minas terrestres10. El 12 de noviembre de 1995, las autoridades zaireñas afirmaron que «una mujer tutsi» había intentado colocar un aparato explosivo en un avión que transportaba al jefe de estado mayor de las Fuerzas Armadas Zaireñas, general Eluki Monga, antes de huir del país hacia Ruanda. Unos pocos días después, las fuerzas de seguridad asaltaron una fábrica de cigarrillos en la ciudad de Goma y

10Algunas fuentes de Kivu sugieren que los responsables de la colocación de las minas pudieron ser miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas.Amnistía Internacional, noviembre de 1996Índice AI: AFR 62/14/96/s

arrestaron al propietario, Kalisa Baraka, conocido empresario local tutsi, y al menos a otras tres personas acusándolas de ser responsables de la colocación de minas por orden del gobierno ruandés. Sin embargo, los soldados que practicaron la detención no respetaron los procedimientos de arresto adecuados ni ofrecieron pruebas de los motivos de la detención. Según los informes, los detenidos fueron trasladados a Kinshasa para ser juzgados. Amnistía Internacional siente preocupación debido a que la detención fue arbitraria y a que los detenidos son posiblemente presos de conciencia. Coincidiendo con las detenciones llevadas a cabo en la fábrica de cigarrillos, los miembros civiles de otros grupos étnicos rodearon y golpearon a civiles tutsis en las calles de Goma y les llevaron en vehículos a la frontera con Ruanda. Las autoridades no realizaron ningún intento de impedir que los tutsis fueran expulsados.

Amnistía Internacional ha recibido información sobre varios casos de arrestos arbitrarios y detenciones ilegales de tutsis acusados de colocar minas. En muchos casos, los detenidos fueron recluidos en calabozos militares, donde los torturaron y sometieron a otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. Una persona recluida en un calabozo del Servicio de Acción y de Información Militar en noviembre de 1995 informó a Amnistía Internacional de que estuvo detenido con cuatro mujeres tutsis a las que los guardias y otros presos violaron repetidas veces durante varias semanas. Continúa sin conocerse su paradero, aunque, al parecer, las cuatro fueron puestas en libertad.

En algunos distritos, las autoridades locales han explotado activamente las divisiones entre los hutus y los tutsis zaireños. Por ejemplo, se responsabilizó a los «interahamwes» que actuaban en la zona del campo de refugiados de Mugunga de una ataque realizado en mayo de 1996 contra unos banyarwandas que habían solicitado refugio en el monasterio de Mokoto, en el distrito de Masisi11. Muchas de las víctimas eran tutsis, que posteriormente solicitaron refugio en la localidad de Kitchanga, bastión hunde al norte del monasterio. El ataque volcó la atención de los medios de comunicación internacionales en Masisi. Se enviaron miembros del Contingente Zaireño para la Seguridad en los Campos12 a la zona para proteger los vehículos que transportaban a los tutsis a Ruanda. El comisionado de distrito de Masisi dijo que los «tutsis volvían a casa», pero una vez en Ruanda, los tutsis huidos solicitaron la condición de refugiados. Aproximadamente, 18.000 viven en campos de refugiados cerca de la frontera con Zaire.

Ha habido incidentes en los que los hutus han atacado a los tutsis. Por ejemplo, los hutus locales atacaron a la población tutsi de la subcomarca de Djomba, comarca de Bwisha, distrito de Rutshuru, después de un ataque fronterizo contra el pueblo de Bunagana realizado el 5 de junio de 1996, en el que murieron 36 civiles. Las víctimas del ataque afirmaron que los responsables fueron miembros de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda en colaboran con el Ejército Patriótico Ruandés, dominado por los tutsis. Aunque no están claros los motivos del ataque, parece que los hutus locales, armados con machetes y otros aperos de labranza, persiguieron y mataron a los tutsis de la subcomarca de Djomba (a la que pertenece el pueblo de Bunagana) como represalia por el ataque contra Bunagana.

Amnistía Internacional siente preocupación debido a que los agentes de las fuerzas de seguridad en el puesto fronterizo no protegieron a los habitantes de Bunagana del ataque fronterizo. Además, las

11Amnistía Internacional habló con algunos supervivientes del ataque, que causó decenas de muertes, que defendieron la participación de «interahamwe». Sin embargo, el ataque fue reivindicado por hutus zaireños que explicaron que mataron a los tutsis porque no habían tomado las armas contra las bandas armadas hutus. 12El Contingente está integrado por miembros de la División Presidencial Especial y lo paga el ACNUR para que proteja la seguridad en los campos de refugiados.

autoridades locales no protegieron a los tutsis de las represalias posteriores. Las autoridades locales no impidieron la violencia entre las dos comunidades. En algunos casos parece que, instigados por los dirigentes hutus locales, los soldados golpearon a los tutsis.

3.4 Ataques contra los refugiados y el personal de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria

La tensión entre los zaireños y los refugiados ruandeses se ha incrementado especialmente desde fines de 1995. Se culpa a los refugiados de la destrucción medioambiental, de la inseguridad creciente (por la amenaza de ataques desde Ruanda) y de introducir un gran número de armas en la región. Las denuncias realizadas por zaireños de robos y de hurtos de ganado y de cosechas se hicieron más frecuentes a partir de 1996, cuando el ACNUR comenzó a reducir las raciones de comida en los campos de refugiados.

Fuentes de Masisi han denunciado que soldados zaireños ejecutaron extrajudicialmente a veintiún refugiados ruandeses detenidos por presuntas actividades delictivas. Al parecer, entre el 19 y el 21 de julio de 1996 se vio a un grupo de veintiún refugiados ruandeses vestidos con uniformes militares custodiados en un convoy militar, que también estaba integrado por un camión privado, que se dirigía de Nyamitaba a Sake, en el distrito de Masisi. Los pasajeros civiles del convoy informaron de que durante el viaje los soldados de la Operación Kimia golpearon a los detenidos hasta casi dejarlos inconscientes. A diecinueve de ellos los sacaron del camión en un lugar alejado cerca de Kingi, pueblo lindante con el Parque Nacional. Aunque no se oyeron disparos de bala, los pasajeros creen que a los detenidos quizá los mataron, porque los soldados no volvieron a traerlos. A los otros dos detenidos, que afirmaban ser zaireños, los sacaron del camión en Sake, donde fueron vistos por última vez siendo golpeados por unos soldados en el exterior de la oficina de la Gendarmería. Se desconoce el paradero y la suerte corrida por los veintiún refugiados. Algunos miembros de la Operación Kimia confirmaron que habían detenido a los refugiados ruandeses por órdenes del comisionado de distrito, debido a las denuncias de robo de ganado realizadas por los hutus zaireños de Mianja, en el distrito de Masisi.

A comienzos de julio de 1996 se arrestó, amenazó y golpeó a algunos miembros de las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria que realizaban su labor en Kivu Norte. El 1 de julio, el Contingente Zaireño para la Seguridad en los Campos detuvo a un ciudadano español en un pueblo cercano al campo de refugiados de Kibumba. Estuvo recluido 24 horas, le golpearon y le amenazaron de muerte en presencia del responsable del Contingente. Este cuerpo también detuvo a dos expatriados a los que retuvieron varias horas. A uno le amenazaron con un machete y a otro le dispararon con una pistola entre las piernas. Se detuvo a cuatro miembros del Contingente Zaireño para la Seguridad en los Campos en relación con estos ataques y los trasladaron a Kinshasa. Sin embargo, no se destituyó al comandante de la unidad responsable de estos ataques ni hay constancia de que el ACNUR o las autoridades zaireñas hayan ordenado una investigación del incidente.

4. Kivu Sur

Kivu Sur se encuentra al borde de una crisis de derechos humanos, posiblemente de la misma escala y magnitud que la presenciada en Kivu Norte. Actualmente el conflicto político entre los tutsis y las autoridades locales ha degenerado en violencia, como consecuencia de la cual, los civiles desarmados están siendo víctimas de los abusos de las Fuerzas Armadas Zaireñas y de los grupos armados tutsis.

Existe la amenaza de que en Kivu Sur se produzcan matanzas de la misma magnitud que las que ha

documentado Amnistía Internacional en Kivu Norte. En todo el país se ha producido un derrumbamiento de instituciones, como la judicatura, que ayudan en parte a proteger los derechos humanos. Las fuerzas armadas, desplegadas en la región en gran número desde la década de los años ochenta, han sustituido en muchos casos a estas instituciones y han asumido funciones civiles en las zonas declaradas «zonas operativas» desde hace varios años. Las ejecuciones extrajudiciales, los arrestos arbitrarios y la tortura son frecuentes en Kivu Sur. Los defensores de derechos humanos desempeñan una labor más destacada en Kivu Sur, como consecuencia de una larga tradición de oposición política en la región. Estos activistas corren muchas veces el riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos.

4.1Estalla la violencia entre las Fuerzas Armadas Zaireñas y los grupos armados tutsis

Los primeros informes sobre el conflicto armado existente en Kivu Sur entre las Fuerzas Armadas Zaireñas y los grupos armados tutsis se recibieron en septiembre de 1996. Miles de tutsis, conocidos como los banyamulenges13, huyeron a Ruanda procedentes de Kivu Sur a causa de las graves violaciones de derechos humanos que, según manifestaron, estaban perpetrando las Fuerzas Armadas Zaireñas. Fuentes del gobierno zaireño informaron de que los grupos armados tutsis también eran responsables de cometer violaciones de derechos humanos contra civiles zaireños desarmados y en los campos de refugiados para hutus cerca de la localidad de Uvira.

Amnistía Internacional sintió preocupación por el llamamiento realizado por el gobernador de Kivu Sur, Lwasi Ngabo Lwabanji, el 8 de octubre de 1996 para que «todos los banyamulenges abandonen Zaire en el plazo de una semana» y que «los que permanezcan serán considerados rebeldes y tratados como tales»14. Estas declaraciones son alarmantes en vista de algunas operaciones de contrainsurgencia recientes como la Operación Mbata en Kivu Norte, que pretendía «expulsar a los rebeldes». Amnistía Internacional recibió informes alarmantes de civiles tutsis y de otros civiles que presuntamente lo eran indicando que habían sido perseguidos por grupos de personas o arrestados por soldados en Bukavu después de colocarse puestos de control en las carreteras debido al llamamiento del gobernador.

La violencia se produce después de años de tensión entre la comunidad tutsi de Kivu Sur y las autoridades políticas y militares locales. El hostigamiento a los banyamulenges o a otros individuos tomados por tutsis en Kivu Sur es frecuente. Por ejemplo, las autoridades exigen que los banyamulenges se identifiquen con pasaportes en lugar de con carnets de identidad zaireños. Se han recibido informes de que algunas autoridades locales se han negado a registrar a recién nacidos tutsis.

El inicio de los ataques realizados por los grupos armados tutsis, presuntamente vinculados a los banyamulenges, en septiembre de 1996 parece ser una respuesta a estos años de hostigamiento. El conflicto ya ha provocado que centenares de tutsis, en su mayoría mujeres y niños, huyan a Ruanda. También se han recibido informes de que otros civiles zaireños han sido desplazados de la zonas de conflicto en Uvira y Fizi. Según los informes, ya se han producido centenares de muertes.

4.2Las Zonas Operativas a punto de estallar

Desde hace muchos años, a Kivu Sur viene llegando un número de militares muy superior a la media

13Muchos de estos tutsis afirman que llevan viviendo y trabajando en Zaire, en la zona del bosque Mulenge de la región de Kivu Sur, desde hace varias generaciones. Aunque proceden de Ruanda, muchos tienen nacionalidad zaireña.14Reuters, 9 de octubre de 1996.

regional. Por ejemplo, el distrito de Fizi ha sido una zona operativa militar desde fines de los años setenta, cuando las Fuerzas Armadas Zaireñas se desplegaron en la región para combatir a los miembros de un grupo armado conocido como Partido de la Revolución Popular15. A pesar de que el conflicto armado con los grupos de oposición terminó hace tiempo, en todo el distrito de Fizi continúan estando presentes numerosos efectivos de muchas unidades armadas de las Fuerzas Navales, la Guardia Civil, los Paracaidistas y la Gendarmería desplegadas en esta operación de contrainsurgencia. En Mwenga, distrito conocido por sus minas de oro, hay muchas unidades militares presentes en las comunidades rurales pequeñas. En Kamituga, sede de la Sociedad Minera de Kivu, existe una unidad militar especial, la Fuerza Minera.

Desde la llegada de los refugiados de Burundi a fines de 1993, han llegado más soldados, fundamentalmente de Kinshasa, para mantener la seguridad en los campos de refugiados y en las zonas fronterizas. El reciente conflicto armado entre los grupos armados tutsis y las Fuerzas Armadas Zaireñas en Kivu Sur ha provocado que las fuerzas armadas vuelvan a reforzarse en la región. Los miembros de las unidades existentes han tomado como norma robar dinero y bienes a los civiles de Kivu Sur y colaboran con las autoridades políticas y administrativas en la supresión de la libertad de expresión.

4.2.1Ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones»

La comisión de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas de seguridad en Kivu Sur es frecuente. La falta de disciplina de las fuerzas de seguridad y la impunidad general para los crímenes cometidos crean las condiciones para que se repitan las violaciones de derechos humanos. Los homicidios o intentos de homicidios de civiles se producen cuando éstos se resisten a los robos a mano armada de los miembros de las fuerzas armadas. El 8 de julio de 1996, Pierre Bahaya, funcionario civil de 38 años, recibió tres disparos de una soldado adscrito a la fiscalía militar al resistirse a un intento de extorsión y de arresto en el barrio de Kadutu de Bukavu.

Los miembros de las fuerzas de seguridad han cometido homicidios en connivencia con otros responsables públicos, hasta de aquellos que carecen de facultades legales para dar órdenes a los miembros de las fuerzas armadas. Por ejemplo, unos soldados mataron al menos a diez personas en una disputa en la que se vieron implicados unos funcionarios local y un soldado destinado en Kivu Sur. El 1 de febrero de 1996, un grupo de funcionarios y gendarmes locales se encontraban tomando unas bebidas en un bar del pueblo de Mishamba, en la subcomarca de Kolonge, distrito de Kalehe. Según los informes, después de una disputa privada entre el propietario del bar y el adjunto del comisionado local sobre una deuda acumulada por éste último, un gendarme abatió a tiros al hijo del propietario del bar, Theophile Tibuga, y al sargento mayor de la Gendarmería, Musambwe Kamwnya Luzombe. Al día siguiente, se presentaron once soldados bajo el mando del comandante de la Gendarmería en la subcomarca de Kalonge, y, según los informes, abrieron fuego contra la familia de Theophile Tibuga, que se había reunido para el velatorio. Nueve civiles (en su mayoría familiares de Tibuga) resultaron muertos y cinco heridos. No hay constancia de que se haya llevado a cabo ninguna investigación sobre los disparos ni que se haya detenido a los responsables.

Los miembros de las fuerzas armadas emplean fuerza letal para suprimir los derechos a la libertad de

15Para más información sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas Zaireñas durante esta operación de contrainsurgencia, véase el informe de Amnistía Internacional Zaire: Reports of torture and killings committed by the armed forces in Shaba region, publicado en marzo de 1986 (Índice AI: AFR 62/07/86).

expresión y de asociación, consagrados en la Constitución zaireña. El 11 de abril de 1996, unos soldados abatieron a tiros a un estudiante e hirieron al menos otros siete al disolver una manifestación estudiantil en Bukavu. Los estudiantes del Instituto Superior de Estudios Médicos, en Bukavu, estaban pidiendo la liberación inmediata del dirigente estudiantil Bahati Chimba, detenido ese mismo día. A primeras horas de la tarde, un grupo de soldados llegaron en una furgoneta al ayuntamiento, abrieron fuego contra los estudiantes y mataron a Kavasiya Tembo. Entre los heridos estaban Zobella Mpenziala y Asha Zuberi. El dirigente estudiantil fue detenido como consecuencia de las protestas realizadas por los estudiantes del Instituto Superior de Estudios Médicos contra los agentes de las fuerzas de seguridad que robaban dinero a los civiles.

La violencia contra los miembros de la comunidad banyamulenge ha provocado ejecuciones extrajudiciales y «desapariciones» de tutsis, especialmente en el distrito de Uvira. El 25 de julio de 1996, el comisionado de distrito de Uvira, Shweka Mutabazi, celebró una reunión con las autoridades militares y administrativas locales, así como con los representantes de la comunidad no banyamulenge, en la que, al parecer, pidió a los presentes que «combatieran a las serpientes», en referencia a los banyamulenges. Al parecer, poco después, algunos miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas ejecutaron extrajudicialmente a un tutsi zaireño en Sange, distrito de Sange. Según los informes, el 8 de septiembre, unos miembros de las Fuerzas Armadas ejecutaron extrajudicialmente a cuatro civiles banyamulenges delante de una multitud en el pueblo de Luberizi, en el distrito de Uvira.

Las mujeres banyamulenges que llegaron a Ruanda después de huir de Zaire en septiembre y octubre de 1996 afirmaron que los miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas habían ejecutado extrajudicialmente a centenares de hombres de su grupo étnico.

4.2.2Arrestos arbitrarios y detenciones ilegales

Muchos civiles inocentes son amenazados con ser arrestados o llegan a serlo al resistirse a la extorsión de las autoridades civiles y militares. La mayoría de las personas arrestadas no son acusadas ni comparecen ante un juez en el plazo de 48 horas, según establece la legislación zaireña. La gran mayoría de las detenciones las realizan autoridades militares, que carecen de autoridad legal para ello, sin órdenes de detención.

Amnistía Internacional siente preocupación por la usurpación de responsabilidades que las fuerzas armadas han llevado a cabo en los servicios judiciales y penitenciarios en Kivu Norte y Sur. Según la legislación zaireña, son muy pocos las causas que afecten a civiles que pueden presentarse ante la fiscalía militar16. Los miembros de las Fuerzas Armadas Zaireñas llevan a cabo todas las semanas decenas de arrestos arbitrarios y detenciones ilegales de civiles en las dos regiones de Kivu. Muy pocas de las personas detenidas son trasladadas posteriormente a la fiscalía civil. Además, la justicia militar de Kivu Sur cuenta con tan escasos recursos que sólo hay un juez de instrucción para las regiones orientales de Zaire, Manama, Kivu Norte y Kivu Sur. La fiscalía civil, que también cuenta con escaso personal, puede solicitar que los civiles detenidos por la fiscalía militar sean trasladados a cárceles civiles. Sin embargo, parece que los jueces a veces no están dispuestos a solicitar el traslado debido a las amenazas del personal militar. Por tanto, los civiles pueden pasar semanas bajo custodia militar sin ser vistos por un juez.

En la ciudad de Uvira, un destacado miembro de la judicatura afirmó que el ochenta por ciento de las

16Por ejemplo, cuando un civil intervenga en un delito en el que esté implicado personal militar o cuando un civil se enfrente militarmente a las fuerzas armadas.

personas detenidas en el distrito de Uvira eran civiles detenidos por soldados y recluidos en centros de detención militares, conocidos localmente como amigos17.

Una investigación que llevó a cabo un grupo de juristas zaireños el 1 de julio de 1996 descubrió a un detenido recluido sin cargos ni juicio en Uvira desde enero de 1995. Mulalwe Karubandika no había comparecido ante un juez desde su detención por unos soldados por un presunto robo. Los juristas también encontraron a cuatro presos absueltos por un tribunal militar unas semanas antes pero cuya orden de detención no había llegado a la cárcel. Entre estos detenidos había tres refugiados ruandeses, Felix Nsobaradunte, Cleophas Kayibunda y Pierre Niyonziba. Otros detenidos no eran conscientes de que estaban cumpliendo sentencias debido a que, según los informes, el Tribunal Militar los había juzgado en su ausencia.

El 9 de enero de 1996, Elodie Ruhimbika y otras nueve mujeres banyamulenges fueron detenidas en la ciudad de Uvira, después de haber roturado unas tierras propiedad de un familiar. Las detuvieron unos gendarmes y estuvieron recluidas en una celda de la Gendarmería durante tres días. Según los informes, las amenazaron con violarlas antes de liberarlas el 12 de enero. Al parecer, su detención la ordenó el comisionado de distrito, que, según los informes, había declarado que los banyamulenges no tenían derecho a poseer tierras en Zaire.

El 20 de agosto, los paracaidistas detuvieron y recluyeron en el campo militar cercano de Luberizi a cinco ancianos de la comunidad banyamulenge, entre ellos dos jefes consuetudinarios, Kabande y Rugazura, de la zona de Lemera y a tres pastores protestantes locales. Según los informes, en el campo militar sufrieron torturas y malos tratos. Algunas fuentes de Kivu Sur han afirmado que quizá hayan muerto como consecuencia de las torturas, pero Amnistía Internacional no ha podido confirmar estas denuncias. Al parecer, durante las operaciones militares llevadas a cabo en septiembre de 1996, los miembros de las Fuerzas Armadas detuvieron a decenas de tutsis. Muchas de las personas que, según los informes, fueron arrestadas «desaparecieron» posteriormente.

Según los informes, muchos magistrados actúan en connivencia con los miembros de las fuerzas armadas para detener arbitrariamente a civiles inocentes. Por ejemplo, en Kamituga, distrito de Mwenga, la fiscalía dicta frecuentemente citaciones u órdenes de detención contra los habitantes locales. Las personas arrestadas o citadas permanecen recluidas por la Fiscalía hasta que pagan una cantidad de dinero a cambio de su liberación. Se afirma que los magistrados cobran cinco dólares estadounidenses por el documento de la orden y entre cinco y diez por la entrega de la orden. Algunos detenidos han estado recluidos indefinidamente en una celda de Kamituga hasta que han pagado veinte dólares estadounidenses por su liberación.

4.2.3Tortura y condiciones penitenciarias que constituyen trato cruel inhumano o degradante

Es habitual que se golpee y someta a otras formas de malos tratos y tortura a las personas detenidas o que se nieguen a entregar el dinero exigido por los militares u otras autoridades zaireñas. Es tan frecuente que tanto las víctimas como las autoridades civiles y militares parecen sorprenderse cuando se enteran de que la legislación y la Constitución zaireñas prohíben estas prácticas. Los miembros de las fuerzas de seguridad golpean abiertamente a los civiles en lugares públicos o en los numerosos centros de detención ilegales. Los grupos de derechos humanos y las organizaciones religiosas que entregan comida en los centros de detención de Bukavu dicen que prácticamente todos los detenidos son golpeados mientras permanecen bajo custodia. Se considera tan «normal» oír los gritos de las

17Normalmente son edificios sin identificar cerca de una Gendarmería o de un campo militar.

víctimas y otros ruidos que parecen golpes que no se molestan en registrarlos ni investigarlos. Sin embargo, las palizas son poco frecuentes en los centros de detención y las cárceles reconocidos por el Ministerio de Justicia.

Según los informes, las condiciones en los numerosos amigos de Kivu Sur y de otras zonas de Zaire son horribles y muchas veces constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Los grupos de derechos humanos han localizado al menos veinte de estos amigos en Bukavu. Siempre son pequeños y están hacinados, hasta el punto de que se han producido muertes por asfixia. Mujeres y hombres, muchas veces con menores, se mezclan en el mismo recinto. Las condiciones sanitarias son espantosas, sin servicios separados ni suministro de agua. Los detenidos se quejan de les obligan a utilizar el suelo ante la falta de retretes o cubos. Muchos amigos, como los de Kamituga y Kalambi, en el distrito de Mwenga, carecen de luz. Los detenidos están expuestos al frío, los insectos y otros animales infecciosos. Amnistía Internacional considera que estas condiciones son trato cruel, inhumano o degradante. Es frecuente que a los detenidos recluidos en estos centros les niegan las visitas de médicos, abogados o familiares. Las organizaciones no gubernamentales que trabajan en Kivu Norte y Sur no pudieron citar ni un solo centro de detención que proporcione comida a los detenidos. Los grupos religiosos o los familiares que proporcionan comida a los detenidos a menudo pagan sobornos a los soldados que hacen de guardias penitenciarios para garantizar la entrega de la comida.

4.3Persecución de los activistas de derechos humanos y de los miembros de los grupos de la oposición

La capital de Kivu Sur, Bukavu, ha sido la cuna de un floreciente movimiento de la sociedad civil desde que, en 1990, el presidente Mobutu, anunció reformas políticas. Las organizaciones de derechos humanos y de educación cívica proliferaron. Muchos de estos grupos han participado en programas de educación sobre los derechos civiles y políticos de los ciudadanos que las autoridades políticas, de seguridad y judiciales han violado sistemáticamente desde hace décadas. Estas actividades han enfrentado a estas organizaciones directamente con las autoridades que han explotado la ignorancia de la población para violar los derechos humanos. Los activistas de derechos humanos han sufrido amenazas, arrestos y otros ataques.

Aunque desde 1991 en Zaire se ha reconocido oficialmente a los partidos políticos opuestos al ex partido gobernante Movimiento Popular de la Revolución, las autoridades restringen sus actividades de campaña y otras. En algunas ciudades, las autoridades locales han actuado en connivencia con las fuerzas de seguridad para amenazar y prohibir todas las actividades de los partidos políticos. El comisionado de distrito de Uvira, conocido mouvancier18, empleó a las fuerzas de seguridad locales para amenazar y clausurar en la práctica todas las oficinas de los partidos políticos presentes en el distrito durante los últimos dos o tres años.

El comisionado de distrito de Uvira también ha actuado contra las organizaciones banyamulenges, a algunas de las cuales ha prohibido este año, como al Grupo Milima.

Musimwa Bisharwa, presidente de una organización de desarrollo de Bukavu conocida como Pan de los Desheredados, fue detenido y recluido varias horas, como consecuencia de la protesta que su grupo y otros realizaron por el homicidio a manos de unos soldados de Kavasiya Tembo en abril de 1996 (véase 4.1.1 supra). Durante el interrogatorio le acusaron de pertenecer a la Unión para la Democracia

18Término utilizado para designar a las personas que apoyan el Mouvance présidentielle (Movimiento Presidencial), coalición de partidos políticos que apoyan al presidente Mobutu Sese Seko.

y el Progreso Social y de distribuir folletos ilegales.

El 17 de julio de 1996, Didi Mwati Bulambo, coordinador general de Acción Colectiva para el Desarrollo de los Derechos Humanos, organización no gubernamental de Kamituga, distrito de Mwenga, fue arrestado como consecuencia de una serie de artículos que había escrito en el boletín de la organización, Mwangaza, en los que criticaba la corrupción de la fiscalía de Kamituga. Durante el tiempo que estuvo detenido le flagelaron y, cuando cayó enfermo, no le permitieron que le visitara un médico. El 30 de julio, le trasladaron de su celda en Kamituga a Bukavu bajo escolta militar. Al día siguiente, le liberaron bajo una fianza de cinco millones de nuevos zaires (unos ciento veinte dólares estadounidenses) ordenada por el fiscal. Le han ordenado que no salga de Bukavu antes de su juicio por cargos que incluyen injuriar a un magistrado, lo que puede acarrear una pena máxima de seis meses de cárcel.

Otros tres trabajadores de Acción Colectiva para el Desarrollo fueron detenidos el 21 de agosto en Kamituga cuando publicaron Mwangaza y desafiaron la orden que les prohibía editarla o distribuirla. También estuvieron recluidos en Kamituga, donde los golpearon brutalmente antes de liberarlos el 16 de septiembre. Las fuerzas armadas han clausurado las oficinas de la organización y las autoridades han confiscado la motocicleta empleada por sus trabajadores. Amnistía Internacional considera a los trabajadores de la Acción Colectiva para el Desarrollo presos de conciencia, recluidos exclusivamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

El 21 de junio de 1995, unos agentes de la Gendarmería detuvieron a Mawazo Kakumulanga, activista en favor de los derechos humanos de la mujer y madre de seis niños, de Kalambi, distrito de Mwenga, debido a que manifestó a los comerciantes que los «impuestos» que pagaban a los soldados y a otras autoridades locales eran completamente ilegales. Estuvo recluida cuatro días en un amigo de Kalambi, en una celda con detenidos varones y en malas condiciones. La liberaron sin cargos.

El 1 de julio de 1996, miembros del Contingente para la Seguridad en los Campos arrestaron y detuvieron cinco días sin cargos en régimen de incomunicación a Serweja Mukiza, dirigente comunitario local y activista por los derechos de los banyamulenges. El Contingente, cuyo cometido es proteger y patrullar los campos de las regiones fronterizas, afirmó que Serweja Mukiza había alojado a «personas sospechosas» en su casa. La realidad es que Serweja había alojado a los invitados de la boda de su hija, que se estaba celebrando el día de su detención.

Muchos otros activistas y grupos trabajan con la amenaza diaria de los militares y de las autoridades civiles. La organización Herederos de la Justicia, grupo de derechos humanos promovido por la iglesia dedicado a la resolución de conflictos y con implantación en todo Kivu Sur, ha recibido varias cartas de las autoridades locales, hasta del comisionado de distrito de Uvira, en las que se amenaza con arrestar y encarcelar a sus miembros por denunciar casos de violaciones de derechos humanos. Algunos miembros de la organización también han recibido la visita nocturna de miembros de las fuerzas armadas y han sido citados y amenazados por los gendarmes para que dejen de difundir casos de violaciones de derechos humanos en la emisora local.

5.La función de las autoridades zaireñas

5.1La función del gobierno central y del Parlamento

Zaire se encuentra en un estado de confusión política y económica. Las autoridades políticas y militares

de Kivu Norte y Sur afirman que son incapaces de actuar eficazmente a causa de la falta de voluntad política a escala nacional para resolver adecuadamente el conflicto y la crisis que afecta a las dos regiones.

El órgano legislativo provisional conocido como Alto Consejo de la República-Parlamento de Transición ha debatido ampliamente la crisis de Kivu Norte, pero parece que el conflicto político y étnico en Kivu Norte y Sur se ha utilizado para sacar provecho político. La independencia y la imparcialidad de la comisión parlamentaria de investigación enviada en agosto y septiembre de 1994 a la región para determinar la forma de terminar con el conflicto en las dos regiones era dudosa debido a que sus miembros eran nativos de la región. Y lo que es más importante, no hay constancia de que los miembros de la Comisión hayan intentado establecer formas de proteger los derechos humanos.

El Alto Consejo de la República-Parlamento de Transición ha realizado declaraciones y ha pedido medidas al gobierno que únicamente servirían para incrementar los abusos contra los derechos humanos, especialmente contra los tutsis. En abril de 1995, el Alto Consejo de la República-Parlamento de Transición decretó la aplicación de la ley sobre nacionalidad al expulsar del Parlamento a varios diputados banyarwandas de Kivu Norte y Kivu Sur, a los que se acusó de ser ciudadanos ruandeses. El decreto también pedía que se examinara la labor de otros dirigentes banyarwandas, entre ellos tres parlamentarios, Rwakabuba, Kalegamire y Mutire, y el obispo de Uvira, Monseñor Jérome Gapangwa. El decreto sirvió para incrementar los sentimientos antibanyarwanda a escala regional y nacional. La discriminación de las autoridades civiles y militares contra los banyarwandas provocó un aumento de los abusos contra los derechos humanos en las dos regiones. En julio de 1996, el resto de los parlamentarios prohibieron a Rwakabuba y Mutiri entrar en el Parlamento.

5.2 La función de las autoridades políticas y administrativas locales

Según los informes, muchos altos cargos públicos están aliados con el presidente Mobutu, por lo que cuentan con amplios poderes. Pueden violar los derechos humanos impunemente. Otros que se oponen a estas violaciones disponen de recursos insuficientes y sus superiores les amenazan con destituirlos o trasladarlos.

Ni el ex gobernador de Kivu Norte, Moto Mupenda ni ningún otro responsable ha investigado las violaciones de derechos humanos para averiguar las razones detrás del gran número de homicidios. No hay constancia de que los responsables de las violaciones descritas en este informe hayan sido identificados o castigados por las autoridades locales o nacionales de Zaire.

Después de los ataques llevados a cabo por los grupos armados tutsis en Kivu Sur en septiembre, el vicegobernador, Lwasi Ngabo Lwanbanji, pidió a todos los tutsis que abandonaran la región en el plazo de una semana. Al parecer, los otros grupos étnicos y las fuerzas de seguridad de Kivu Sur interpretaron su declaración como una incitación para llevar a cabo arrestos arbitrarios y agresiones contra los tutsis. Aunque es posible que al vicegobernador se le suspendiera poco después de su declaración, no parece que el suceso se haya llevado investigado adecuadamente.

Numerosas autoridades de los gobiernos locales y dirigentes de partidos tradicionales apoyan abiertamente a los grupos armados. En Nyabiondo, del jefe de la comarca (que también es un dirigente tradicional) se dice que es «más que un soldado» y admite que ha liderado a grupos armados en su país. El comisionado de distrito de Masisi se refirió a los miembros de los grupos armados mai mai como «nuestros combatientes».

5.3La función de las autoridades militares

Amnistía Internacional siente preocupación por la aparente falta de control que los jefes locales y nacionales y los dirigentes políticos ejercen sobre un gran número de miembros de las fuerzas armadas que actúan en el este de Zaire. Las fuerzas de seguridad violan deliberadamente los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. Las tropas gubernamentales han matado a centenares de civiles y muchos otros han sufrido tortura y otras formas de trato cruel, inhumano o degradante.

En muchas zonas, las unidades militares han sido responsables de violaciones de derechos humanos. Los soldados normales no reciben paga, están mal equipados y carecen de disciplina. No parece haber cadena de mando efectiva. Las víctimas de violaciones de derechos humanos no reciben compensación.

Además, los oficiales al mando, muchas veces al margen de las autoridades regionales y nacionales, se toman la ley por su mano y permiten o cometen violaciones de derechos humanos impunemente. Los comandantes han estado en connivencia con las autoridades de los gobiernos locales, cuya autoridad sobre los miembros de las fuerzas armadas es limitada o inexistente.

La falta de coordinación entre las unidades de las Fuerzas Armadas Zaireñas parece haber agravado las violaciones de derechos humanos. Amnistía Internacional también siente preocupación por la práctica habitual utilizada por las unidades armadas de utilizar ropa civil y portar armas. Esta práctica permite a estas unidades cometer violaciones de derechos humanos a la vez que niegan tener cualquier responsabilidad. También significa que los miembros de las fuerzas de seguridad pueden llevar a cabo abusos contra los derechos humanos junto con los grupos civiles armados con escasas posibilidades de ser identificados.

La alianza de algunas unidades de las Fuerzas Armadas Zaireñas con determinadas causas políticas o étnicas también ha provocado violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, un cabo del Contingente para la Seguridad en los Campos en Uvira (formado por soldados de la División Especial Presidencial) manifestó «estamos colaborando con nuestros hermanos hutus». Un responsable eclesiástico de Kitchanga dijo «la División Especial Presidencial» nos está ayudando a derrotar al enemigo (hutu).

5.4La función de los servicios de inteligencia

El Estado zaireño tiene dos servicios de inteligencia. El Servicio de Acción y de Información Militar es responsable de la información militar, mientras que el Servicio Nacional de Información y Protección es responsable de la información civil. Ambos servicios tienen poderes para realizar arrestos y detenciones, principalmente por delitos de naturaleza política. Estos servicios son directamente responsables ante el presidente19. Amnistía Internacional ha encontrado a agentes de ambos servicios actuando en numerosas zonas, muchas veces remotas, de las dos regiones donde rara vez participaban en asuntos de información, sino en litigios civiles. Su mandato y competencia parecen haberse interpretado mal, no sólo por la población sino por los propios agentes20. En Kivu Norte, los miembros del Servicio de Acción y de Información Militar han arrestado a civiles y les han recluido ilegalmente durante periodos prolongados. Por otra parte, las unidades de este servicio no parecen haberse dedicado

19En el documento Zaire: Outside the Law, Security Forces repress government opposition, publicado en abril de 1990 (Índice AI: AFR 62/10/90) pueden encontrar información sobre la labor y el mandato de los dos servicios de información.20Un agente del Servicio Nacional de Información y Protección (SNIP) ni siquiera sabía qué significaban las siglas.

a identificar y arrestar a los miembros de las fuerzas armadas responsables de violaciones de derechos humanos y de otros delitos.

INTERNO (Sólo miembros de AI)Índice AI: AFR 62/14/96/sDistr: SC/CO/CC-------------------------Amnistía InternacionalSecretariado Internacional1 Easton StreetLondres WC1X 8DJReino Unido

A:Todas las SeccionesCoordinadores de ZaireCoordinadores de la RAR de África CentralCoordinadores de Vinculación de Países con Zaire

De:Programa de África

Fecha:Noviembre de 1996Llegada a EDAI:4 de noviembre de 1996

ZAIRE: DESORDEN E INSEGURIDAD EN KIVU NORTE Y KIVU SUR

Resumen

Este informe describe los abusos contra los derechos humanos que se están cometiendo en Kivu Norte y Kivu Sur y abarca hasta los ataques y el movimiento masivo de refugiados en la zona durante las últimas semanas. Este documento proporciona información general valiosa para una respuesta a la crisis y para una campaña a largo plazo sobre el Zaire.

El documento es externo y se publicará en noviembre de 1996.

Este documento es el primer informe importante sobre Zaire de este año. Coincidirá con unos artículos de prensa sobre la crisis actual en la región y con el comienzo de las actividades de Vinculación de Países con Zaire. Las Secciones participantes lanzarán las actividades en diciembre de 1996. Se espera que el documento se utilice ampliamente para el trabajo con los medios de comunicación y en la labor de captación de apoyos de las autoridades del propio país de todas las Secciones cuyos gobiernos tengan relaciones con Zaire.

Palabras clave

PALABRAS CLAVE: CONFLICTO ARMADO1 / EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES1 / MILITARES1 / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / GRUPOS ÉTNICOS / ARRESTO ARBITRARIO / DETENCIÓN ILEGAL / DESAPARICIONES / HOMICIDIOS INDISCRIMINADOS / TORTURA-MALOS TRATOS / CONDICIONES PENITENCIARIAS / PRESOS DE CONCIENCIA / REFUGIADOS / PERSONAS DESPLAZADAS / CLÉRIGOS /

ACTIVISTAS DE DERECHOS HUMANOS / MUJERES / NIÑOS / CIUDADANOS EXTRANJEROS / HOSTIGAMIENTO / MINAS ANTIPERSONAS / MILITARES COMO VÍCTIMAS / ORGANISMOS DE LAS NACIONES UNIDAS / POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN / CENSURA / AI Y LOS GOBIERNOS / FOTOGRAFÍAS

Distribución

El SI ha enviado este documento directamente a todas las partes citadas en el encabezamiento. Además, pedimos a los coordinadores de Campaña que garanticen que estará a disposición de todas las redes o grupos de su Sección no incluidas en la lista.

Acciones recomendadas

●Les rogamos que envíen este documento externo a los medios de comunicación, a las autoridades del propio país, a los parlamentarios, a los contactos con sectores específicos, a las organizaciones no gubernamentales y a miembros del público. Les rogamos que adviertan que este documento estará pronto disponible en FRANCÉS.

●Cualquier consulta sobre este documento debe dirigirse al equipo de África Central del SI.

●Este documento irá acompañado próximamente de una Acción CAFRAN (Red de Acción Regional de África Central).

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