Allanamiento Tesis de Buj
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA VICERRECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS ESCUELA DE DERECHO SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA IMPLICACIONES JURIDICAS DEL ALLANAMIENTO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO Trabajo Especial de Grado para optar el Título de Abogado Autor: María Cristina Buj Atencio C.I.: 16.406.108 Tutora: Durga Ochoa
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICOFACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHOSAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
IMPLICACIONES JURIDICAS DEL ALLANAMIENTO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO
Trabajo Especial de Grado para optar el Título de Abogado
Autor: María Cristina Buj Atencio C.I.: 16.406.108
Tutora: Durga Ochoa C.I.:13.518.991
San Joaquín de Turmero, Diciembre de 2010REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICOFACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHOSAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
IMPLICACIONES JURIDICAS DEL ALLANAMIENTO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO
Trabajo Especial de Grado para optar el Título de Abogado
Autor: María Cristina Buj Atencio C.I.: 16.406.108
San Joaquín de Turmero, Diciembre de 2010
CiudadanaCoordinadora del Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Bicentenaria de AraguaPresente.
Por medio de la presente hago constar que he leído el Trabajo Especial
de Grado titulado IMPLICACIONES JURIDICAS DEL
ALLANAMIENTO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO,
elaborado por la Ciudadana María Cristina Buj Atencio, C.I.: 16.406.108, para
optar al título de Abogado y considero que dicho trabajo reúne los requisitos y
meritos necesarios para ser sometido a su evaluación y defensa pública por
parte del jurado que se designe.
En San Joaquín de Turmero, a los Trece (13) días del Mes de
Diciembre Dos Mil Once.
______________________________
Dra. Durga Ochoa CI 13.518.991
DEDICATORIA
A mis padres, por darme el sentido de la vida, y brindarme todo su apoyo en mi crecimiento y formación como profesional
AGRADECIMIENTO
A todas aquellas personas que de alguna manera u otra estuvieron presentes en mi formación.
ÍNDICE GENERAL
p.p.
DEDICATORIA................................................................................................ivAGRADECIMIENTO.........................................................................................vÍNDICE GENERAL...........................................................................................viRESUMEN......................................................................................................viiiINTRODUCCIÓN..............................................................................................1
El Problema..............................................................................................1Objetivos de la Investigación...................................................................3
Objetivo General...........................................................................3Objetivos Específicos....................................................................3
Justificación de la Investigación...............................................................4Alcances de la Investigación....................................................................4Metodología..............................................................................................5Estructura Capitular..................................................................................8
CAPÍTULOS
I. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DEL ALLANAMIENTO SEGÚN LO CONTEMPLADO EN VENEZUELA
El Allanamiento.......................................................................................8El Allanamiento como Medio Probatorio en el Proceso Penal..............11
II FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL PENAL VENEZOLANO
Generalidades.........................................................................................16El Proceso...............................................................................................17Teoría General del Proceso....................................................................20Derecho Procesal Penal..........................................................................24Relación del Derecho Procesal Penal con Otras Disciplinas.................28LA Ley Procesal Penal...........................................................................29Principios de la Ley Penal......................................................................30
III INCIDENCIAS DEL ALLANAMIENTO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO
Incidencias del Allanamiento en el Proceso Penal Venezolano.............39Lugares Permitidos o no para Practicar el Allanamiento.......................43Contenido de la Orden de Allanamiento................................................53Procedimiento de Allanamiento.............................................................53Requisitos Básicos.................................................................................59
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones..........................................................................................61Recomendaciones...................................................................................68
MATERIALES DE REFERENCIAS...............................................................70
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAUNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICOFACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS
ESCUELA DE DERECHOSAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
IMPLICACIONES JURIDICAS DEL ALLANAMIENTO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO
Autor: María Cristina BujTutor: Durga Ochoa Fecha: 2010
RESUMEN
La investigación se fundamentó en analizar las implicaciones jurídicas del allanamiento en el proceso penal venezolano, puesto que, que el legislador consagro en el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, dos excepciones en las cuales estos órganos pueden practicar un allanamiento a una morada, sin ser necesario que el juez competente de la autorización para ejecutar esta diligencia, excepción que atienden a la gravedad del hecho, a saber para evitar la comisión de un hecho punible y para aprehender al imputado. El presente trabajo se ubicó en una investigación documental, de tipo jurídico dogmática, durante este estudio se utilizó la observación documental y empleó el Método deductivo analítico, el cual permitió a partir del análisis general de la documentación existente, describir la particular situación objeto de estudio. Con respecto a las conclusiones se tiene que el Allanamiento, debe practicarse con estricta observancia a las disposiciones legales previstas por el Código Orgánico Procesal Penal, su incumplimiento deriva Nulidad de las Actuaciones por ser Ilícitas. No obstante, en el caso de los allanamientos, las pruebas pertinentes, son diversas, debido a que la actividad probatoria pasa por los siguientes momentos del proceso, por ello se recomienda al Estado que cuando se practiquen los allanamientos de morada por cualquier caso, exigir a los funcionarios el respeto hacia las personas, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Descriptores: Allanamiento, Incidencias, Proceso Penal Venezolano.
INTRODUCCIÓN
La acción penal, se activa una vez cometido la perpetración de un delito,
esto genera funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, donde se busca
determinar la responsabilidad punitiva, generando la aplicación del debido
proceso, como norma de raigambre constitucional.
No obstante, corresponde al Ministerio Público, ser el titular de la
acción Penal, es a través del ejercicio de la contradicción que la parte sujeta al
proceso, podrá cuestionar los elementos de convicción aportados al mismo, por
este representante fiscal, siendo entonces el Director del Proceso, quien
decidirá donde deberá observarse las normas legales y constitucionales
correspondientes.
Es allí entonces, donde la autora de la investigación aborda la
problemática que fundamenta la misma; es decir en el ejercicio de la acción
penal, se plantean una diversidad de procedimientos, que llevan a un fin,
establecer la responsabilidad punitiva de un sujeto, que se le acusa de la
comisión de un hecho punible, por esta razón; en la aplicación del proceso que
activa esta acción penal, se genera una figura importante que ha sido objeto de
verificación en este trabajo especial, se trata del Allanamiento .
El Problema
La realidad social venezolana, despierta la necesidad de verificar con
especial atención, todo procedimiento efectuado por los funcionarios
policiales, argumentado en que la práctica de los antes referidos se ha
convertido en una permanente violación de derechos constitucionales y legales
respectivamente, que van en detrimento permanente, del verdadero fin del
proceso.
Es por ello, que se hace necesario, entrar a estudiar analíticamente, las
implicaciones jurídicas que deriva el Allanamiento dentro del Proceso Penal
Venezolano. De allí se desprende, que esta figura procesal, configurada en el
artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la
inviolabilidad del domicilio, la cual garantiza la inviolabilidad del hogar
domestico y de cualquier recinto privado. Sin embargo, este derecho no es
absoluto, ya que el domicilio puede ser allanado si el Juez competente emite
una orden para tal fin, es decir, la única manera de acceder a la residencia o
domicilio de una persona es mediante autorización judicial.
Igualmente, el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal vigente,
plantea dos excepciones en las cuales estos órganos pueden practicar un
allanamiento a una morada, sin ser necesario que el Juez competente otorgue
la autorización para ejecutar esta diligencia, excepción que atienden a la
gravedad del hecho, con el objeto de verificar la comisión de un hecho
punible y aprehender al imputado.
En este punto, la autora de la investigación, visto pues las modalidades
de práctica del allanamiento, aborda el análisis que genera esta figura,
motivado a que la practica indebida de estas acciones, constituyen violaciones
flagrantes de derechos que generan fuertes consecuencias.
En tal sentido, es ineficaz el procedimiento efectuado, genera la nulidad
de las actuaciones y por consecuencia todos los actos derivados del mismo,
también resultan nulos, resultando inoperantes desde el punto de vista
probatorio para el proceso.
Resulta de ello entonces, la necesidad de examinar el cumplimiento de
los aspectos normados por el Legislador, con el objeto de que esta acción legal,
sea efectuada en cumplimento de los mismos, para evitar la nulidad de las
actuaciones correspondientes, y es allí donde se encuentra inserta las
implicaciones jurídicas de esta figura procesal.
De esta problemática, se desprenden, las siguientes interrogantes:
¿Cuáles son las implicaciones jurídicas que derivan del Allanamiento
en el Proceso Penal Venezolano ?
¿Qué enmarca la doctrina con relación al allamiento en el Proceso Penal
Venezolano?
¿Cuál es el criterio que sostiene el Tribunal Supremo de Justicia, con
relación al Allamiento?
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Analizar las Implicaciones Jurídicas del Allanamiento en el Proceso
Penal Venezolano.
Objetivos Específicos
Describir los fundamentos doctrinarios del Allanamiento según el
Proceso Penal Venezolano
Determinar la fundamentación jurídica que configura el Allanamiento
de conformidad con la Legislación Penal Venezolana
Establecer el Criterio del Tribunal Supremo de Justicia con relación al
Allanamiento en el Proceso penal venezolano .
Justificación de la Investigación
La presente investigación se motiva, en la vital importancia que tiene la
practica del Allanamiento y sus implicaciones jurídicas en el Proceso Penal
Venezolano, considerando que sus resultados se recogen a través de Actas
Policiales, y su validez dependerá de la estricta observación de las normas
constitucionales y legales respectivamente, para evitar la declaratoria de
Nulidad.
En tal sentido la autora de la investigación, motiva la investigación,
desde distintos puntos de vista, a saber:
1.Jurídico: Argumentado en que ante la realidad social venezolana, se
requiere técnicas legislativas coherentes, congruentes, que se adapten a
las necesidades sociales, con el objeto de que se respeten los derechos de
las personas, al momento de realizar este tipo de prácticas, que conllevan
en muchas ocasiones a la impunidad del delito.
2. Social: ante el auge del poder popular, y los cambios sociales que
sufre nuestro país, se hace necesaria la práctica de acciones como el
allanamiento con estricto apego a los derechos constitucionales y legales
correspondientes, instruyendo a los funcionarios de los órganos
auxiliares actuantes, para evitar las violaciones del derecho a la
propiedad, a la libertad y a la defensa, es allí entonces donde juega papel
preponderante, el control social y la interrelación con el Estado.
3. Académico: De igual manera se trata de un estudio especialmente
dirigido a estudiantes y profesionales en el ámbito del Derecho Penal y
Derecho Procesal Penal, dado el estudio de los fundamentos teóricos,
legislación nacional e internacional, y la posición establecida por los
organismos rectores sobre las implicaciones jurídicas del allanamiento n
el proceso penal venezolano; así como a cualquier persona interesada en
profundizar conocimientos a través de un estudio conciso y concreto
sobre la problemática planteada.
Alcances de la Investigación
La presente investigación, estuvo orientado a analizar la Implicación
jurídicas del Allanamiento en el Proceso Penal Venezolano.
En este sentido, la investigación se delimitó en dos formas: primero el
estudio de los fundamentos teóricos y doctrinarios relacionados con las
implicaciones jurídicas del allanamiento en el proceso penal venezolano, a
través de la interpretación de documentación a estudiar; y segundo, al
conocimiento obtenido en la práctica legal y constitucional, que permita
estudiar las principales características que rodean estas implicaciones
jurídicas, en casos de existir vicios procesales, además definir su
correlación, dependencia y posibles contradicciones entre las leyes
existentes.
La investigación se enmarcó en el ámbito del Derecho Penal
venezolano actual, para lo cual se requiere de la revisión de una serie de
disposiciones legales, a saber: Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela (2000), el Código Penal (2000), Código Orgánico Procesal Penal
(2001), Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (2007), apoyándose de esta manera el autor en doctrina y
jurisprudencia relacionada al problema objeto de este estudio.
Este estudio servirá de apoyo a estudiantes y profesionales del derecho;
y cualquier persona interesada en esta área del conocimiento.
La Metodología
El presente trabajo se ubicó en una investigación documental, de tipo
jurídico dogmática, ya que ofrece la ventaja de precisar elementos empíricos
del tema, a través de una investigación en los textos legales, jurisprudenciales
y doctrinales, analizados con sentido crítico y temático.
En este sentido, señala Witker (1997), que la metodología dogmática: “Es
aquella que concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente
formalista desconectando todo elemento fáctico o real que se relacione con la
institución, norma jurídica o estructura legal en cuestión” (p, 60).
De igual forma, el mismo autor apunta que “En síntesis la dogmática
jurídica en general se inscribe en el ámbito de pensamiento que ubica al
Derecho como una ciencia o técnica formal y, por consiguiente, como una
variable independiente de la sociedad...” (p. 59). De igual forma se apoyó la
presente investigación en la modalidad documental, la cual según Jañez, B., T.
(1996) es:
Una definición operacional representada por el análisis detallado de una situación específica, apoyándose estrictamente en documentos confiables y originales. El análisis debe tener un grado de profundidad aceptable: ámbito del tema, criterios sistemáticos, esenciales que sean de aporte significativo al área del conocimiento (p. 79).
Técnicas o Métodos de Investigación
En cuanto a la técnica de recolección de datos, durante este estudio se
utilizó la observación documental, la cual Tamayo y Tamayo (2000; 99) relata
que “Es aquella en la cual el investigador puede observar y recoger datos
mediante sus propios sentidos”. Esta técnica ofreció ventajas tales como: evita
los sesgos en la información, información más objetiva y precisa, evita el
cansancio del observador debido a que él no forma parte de la técnica y
permite tomar decisiones rápidas.
Pues hay que destacar que, la investigación documental, como
investigación en sí, se vale de raciocinio y el pensar reflexivo para obtener
nuevos conocimientos y constituye un razonamiento teórico que implica la
interpretación de los datos contenidos en fichas de trabajo. En virtud de que las
fuentes utilizadas están basadas fundamentalmente en textos y leyes que
permitan hacer un análisis jurídico dogmático del problema en estudio; para
ello se llevó acabo procedimientos de recolección, clasificación y análisis de la
información a fin de generar conclusiones con el objeto de producir nuevos
conocimientos que permitan aclarar situaciones con relación al tema.
En este mismo orden de ideas, la presente investigación empleó el
Método deductivo – analítico, el cual permitió a partir del análisis general de la
documentación existente, describir la particular situación objeto de estudio.
Con relación al uso del método antes señalado, el autor Méndez (2000; 97),
expresa que “El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares
contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas.”
Estructura Capitular
En la siguiente investigación se cumplió con las siguiente estructura:
Capítulo I, Describir los fundamentos doctrinarios del allanamiento
según el proceso penal venezolano.
Capítulo II, Determinar la fundamentación jurídica que configura el
Allanamiento en el proceso penal venezolano.
Capítulo III, Establecer el criterio del Tribunal Supremo de Justicia con
relación al Allanamiento en el Proceso Penal Venezolano.
Finalmente se muestran las Conclusiones, Recomendaciones y
Materiales de Referencia.
CAPÍTULO I
DESCRIBIR LOS FUNDAMENTOS DOCTRINARIOS DEL ALLANAMIENTO SEGÚN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO.
Generalidades
Es importante destacar, algunos de los aspectos fundamentales, en
cuanto al origen de lo que se conoce como Proceso, y más aun en lo que nos
atañe con respecto al Derecho Procesal. En los orígenes de la humanidad,
cuando se estaba comenzando a convivir en sociedad, aun de una manera muy
rudimentaria, la fuerza bruta se encargó de resolver las desavenencias que se
daban entre los miembros de la tribu.
Así pues, el más poderoso se imponía sobre el más débil, haciendo
valer su voluntad. Pero con el transcurrir del tiempo, la humanidad se fue
organizando y comenzó a establecer reglas sobre lo que consideró, que en ese
momento histórico, era correcto.
La fuerza bruta individual, debió ceder a la Fuerza del Estado, el cual
era mucho más poderoso que cualquiera de sus miembros, pero que a la vez
necesitaba de éstos para subsistir.
Los individuos que dirigían estos Estados primitivos, no podían resolver
las controversias de los demás a cualquier hora o de cualquier forma, por lo
que crean mecanismos que le permiten de manera ordenada y con un mínimo
de esfuerzo dar soluciones a los conflictos de los miembros de la colectividad.
En tal sentido, surge el proceso como un mecanismo a través del cual
un miembro de la sociedad resuelve los conflictos existentes entre otros,
aplicando determinados parámetros. El proceso ha sido cambiado, adaptándose
a las necesidades de un Estado en constante evolución, de allí que, con el gran
desarrollo de la humanidad y su impresionante explosión demográfica, la
figura ha tomado una importancia tremenda para mantener la pacífica
convivencia entre los miembros que componen lo que comúnmente llamamos
o conocemos como la sociedad humana.
El método como se resuelven estos conflictos se denomina proceso y lo
fundamental del mismo es que existen diferentes ramas del Derecho, y que por
lo tanto cada una de ellas lleva su forma o manera de desarrollarse. Por lo
tanto, se busca, o se pretende que el mismo sea rápido y efectivo.
Teoría General del Proceso
Normalmente los procesos jurídicos son cumplidos en forma
espontánea, en el se reconocen derechos subjetivos, se establecen
prohibiciones, de carácter coactivo, el caso pues donde se infringe la ley, inicia
el proceso, se genera la acción penal. Pues la función de hacer cumplir y
garantizar el derecho, cuando no la es voluntariamente, está actualmente a
cargo del Estado, por intermedio de los órganos jurisdiccionales.
El Estado dice el derecho y lo hace observar, esta función garantizadora
se realiza con intervención de sus órganos jurisdiccionales, utilizando ciertos
medios llamados acciones, tanto por los jueces como por los particulares,
observando ciertos trámites en el desarrollo de los procesos. Es por ello, que el
Derecho Procesal actual, como expresión de una actividad fundamental del
Estado, es el resultado de una larga evolución en los procedimientos de hacer
justicia. La aplicación del derecho, está a cargo de los Jueces, que ejercen la
jurisdicción en nombre del Estado.
De igual modo, se trae a colación, que para encontrar antecedentes del
Derecho Procesal Venezolano, es necesario examinar la antigua legislación
española, las leyes de India, y las leyes patria. Debe recordarse especialmente
en este asunto, las siete partidas; en cuya partida III, se habla del
Procedimiento Criminal, permitiendo con ello tener las bases primigenias de
nuestro proceso Penal.
En el mismo orden de ideas, se desprende que la Teoría General del
Proceso, se ocupa del estudio de los principios que guían al desarrollo de los
controversias; algunos de estos, considerados entre los más importantes, el
principio de contradicción o del contradictorio; es consustancial al proceso,
pues le viene impuesto por la propia naturaleza del objeto sobre el cual versa.
De acuerdo con este principio, el juzgador no puede resolver de plano
las promociones efectuadas por una de las partes, debe otorgar previamente a
la contraparte la oportunidad para que manifieste su visión, frente a aquéllas,
analizando incluso los motivos, en que funde dicho comportamiento. Las leyes
procésales pueden establecer salvedades a este principio cuando se trate de
actos de mero trámite; pero dichas salvedades no deben dejar en estado de
indefensión a la contraparte, pues de lo contrario infringirían a las formalidades
esenciales del procedimiento.
La Teoría General del Proceso es una parte muy importante del derecho
ya que esta realiza estudios técnicos jurídicos que tienen una estrecha relación
con el derecho, en sentido general es el cómo funciona la administración de
justicia en el país y en cualquier otro que exista esta Teoría. La necesidad del
ser humano y de la sociedad en general es lo que ha logrado que se tenga una
teoría acerca del proceso así mismo un Derecho Procesal ya que cada día la
sociedad evoluciona a pasos agigantados y es por eso que se necesita tener
instrumentos para poder llevar a cabo una buena administración e impartición
de justicia.
El Proceso
El proceso, es considerado como un conjunto concatenado y coordinado
de actos procesales realizados por los órganos jurisdiccionales, quienes
encarnan al Estado, tendentes a resolver los conflictos de la colectividad,
mediante la aplicación de la Ley en forma pacífica y coactiva.
De esta manera, el proceso cumple la función pública de solucionar los
conflictos surgidos entre los justiciados, arrebatándole la justicia a los
particulares, ya que es sabido que el monopolio de la administración de justicia
se encuentra concentrado en el Estado, se elimina la justicia privada
circunstancia ésta de la cual se infiere, que el proceso contencioso, tiene como
finalidad, la solución de conflictos surgidos entre los ciudadanos, cuando se
lesiona un derecho subjetivo resultan infructuosas las gestiones amistosas
tendentes a parar la violación del derecho.
Este mismo criterio es sostenido por muchos doctrinarios, para quienes
el proceso contiene una pugna de intereses que persigue la solución definitiva
del conflicto mediante una sentencia, sea de naturaleza civil, comercial, moral,
contenciosa administrativa o aduanera, conflicto éste que se traduce en una
pugna, una especie de lucha jurídica, de pruebas y alegaciones, recurso y
solicitudes de otra índole, a cargo del proceso. Conforme al texto
Constitucional, específicamente en el artículo 257 el cual establece que:
El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptará un procedimiento breve, oral y público. No se
sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.
Ahora bien, según lo dicho anteriormente, el proceso es considerado
como un instrumento fundamental para la realización de la justicia, lo cual se
traduce, en tutela judicial efectiva, esto no es más que la forma de obtener
respuesta ante la controversia planteada, una vez que se activa la acción penal.
No obstante, el proceso tiene como finalidad la solución de conflictos de los
justiciables, mediante la aplicación de la Ley en forma pacífica y coactiva, solo
puede obtenerse a través de dictados de sentencias justas, con equilibrio,
apegadas a las normativa legal y constitucional pertinente; que se adquiere
mediante el material probatorio que demuestre la verdad de las pretensiones o
excepciones de las partes, recordando pues que las pruebas, son las que
determinan la veracidad de los hechos.
Es de hacer notar la opinión de Vásquez (2007), cuando dice que el
proceso
Constituye una serie encadenada de actos dirigidos hacia una finalidad, que se concretan en la reconstrucción metodológica de un suceso, lo cual supone un orden lógico de aprehensión valorativa desde la posibilidad, pasando por la probabilidad, para finalmente arribar a la certeza sobre su comisión, su carácter delictivo, la imputación y responsabilidad que pueda predicarse, así como los efectos civiles derivados del hecho, o en caso contrario, establecer la inocencia del sindicado, aún en términos de posibilidad en aplicación del principio in dubio pro reo. (p. 17)
De todo lo anterior se infiere, que también se ha definido el proceso
como el desarrollo de particulares relaciones jurídicas entre el órgano
sancionador y el procesado, para buscar la efectividad del derecho material y
las garantías debidas a las partes que en él intervienen.
La referencia a que el proceso penal está constituido por una sucesión
de actos dirigidos a la concreción del Derecho Penal material y que tales actos
están a cargo de los sujetos procesales, sólo nos proporciona una idea de su
aspecto externo. En efecto, sobre la naturaleza jurídica de tal sucesión de actos,
la doctrina ha manejado varías tesis:
El proceso como relación jurídica que se desarrolla entre el juez y las
partes (acusador y acusado). Esta tesis adquiere aplicación en el marco de un
sistema acusatorio en cual el juez se convierte en un árbitro que resuelve el
conflicto planteado entre las partes. En el sistema inquisitivo difícilmente
podría concretarse esta relación, por cuanto el juez se involucra en el conflicto,
es decir, asume el rol de acusador.
El proceso como situación jurídica que se concreta por los actos que las
partes realizan ante el juez; por tanto, el proceso estaría conformado como una
serie de situaciones producidas por los actos procesales de los sujetos del
proceso, con la finalidad de mejorar su situación hacia la sentencia favorable,
que van generando expectativas e incertidumbre que sólo terminan en la
situación unitaria y final que es la sentencia.
Pues, hay que destacar además que el proceso tiene como finalidad no
solo la solución de conflictos, sino la realización de la justicia, lo cual conlleva
a que quien acude al proceso es porque se la ha lesionado un derecho subjetivo
que no ha podido ser restablecido amigablemente, es decir, que existe una
disputa o controversia que no puede ser resuelta sin la intervención del Estado
por conducto de sus órganos jurisdiccionales, en ciertas ocasiones, el proceso
es utilizado con fines diferentes.
Derecho Procesal Penal
Su definición, a diferencia de lo que sucede con el Derecho Penal
material, debe partir de su objeto y no de la estructura o términos de sus
normas, por tanto puede ser definido como la rama del ordenamiento jurídico
que disciplina el comportamiento de los sujetos que intervienen en el proceso
penal y organiza los órganos estatales a quienes corresponde la función penal, en
orden a que se concrete el derecho penal sustantivo. Es por ello, que según
Fernando (2001), dice que
El fundamento del derecho a castigar por parte del Estado, para el totalitarismo es la concepción llamada técnico jurídica, que no es otra cosa que un nuevo intento de superar la antigua y cansada discusión de sí el Estado tiene o no derecho de castigar, sea cual fuere el sistema político que se adopte la sanción por la trasgresión de los preceptos es una función del Estado, que la ejerce en virtud de su carácter regulador del orden jurídico. El derecho penal sólo se diferencia del resto de derecho en general por su finalidad que es la sanción es decir, la pena. (p. 105)
El Derecho Procesal Penal tiene una doble función: formal y material.
La función material posibilita la realización del Derecho Penal material, pues
constituye el mecanismo para hacer efectiva la consecuencia jurídica prevista en
la norma penal; incluso, conforme a las previsiones del Código adjetivo.
Su definición, a diferencia de lo que sucede con el Derecho Penal
material, debe partir de su objeto y no de la estructura o términos de sus
normas, por tanto puede ser definido como la rama del ordenamiento jurídico
que disciplina el comportamiento de los sujetos que intervienen en el proceso
penal y organiza los órganos estatales a quienes corresponde la función penal,
en orden a que se concrete el derecho penal sustantivo.
Desde el punto de vista formal, el Derecho Procesal penal dispone el
modo, tiempo y forma de realización de los actos procesales, sus consecuencias
jurídicas, la competencia de los órganos estatales y facultades de los
particulares.
Asimismo, es dable apuntar que el carácter del derecho procesal penal
se fundamenta en los siguientes aspectos:
Público. Al igual que el Derecho Penal material, el Derecho Procesal Penal
pertenece al ámbito del Derecho Público, pues la persecución penal corresponde a
órganos oficiales; en el caso del Código Orgánico Procesal Penal vigente, al
Ministerio Público y a los órganos de policía de investigaciones penales. El
carácter público ha sido una nota permanente en el proceso penal; no obstante, la
incorporación que se ha verificado últimamente de instituciones tendientes a
privatizar el conflicto, devolviéndoselo a sus actores principales (víctima e
imputado) tiende a suavizar tal característica.
Instrumental, pues es el mecanismo para lograr la aplicación del
Derecho Penal material (nulla poena sine iuditio). Sólo a través de la sucesión
de actos de que está conformado el proceso penal, puede efectuarse la
imposición de la pena prevista en la norma sustantiva como consecuencia de la
comisión de un delito.
Interno. Las normas procesales son aplicables a quienes hayan cometido
un delito o falta en el territorio de la República y, eventualmente a hechos
cometidos fuera del territorio geográfico nacional pero respecto de los cuales
los tribunales venezolanos tienen jurisdicción por haberse perpetrado en
espacios que jurídicamente se consideran integrantes del territorio nacional.
Formal o Adjetivo. Regula el trámite para la solución de los conflictos
penales, que se produzcan en todo el territorio nacional, y posee leyes vigentes
que van en función de la realidad social.
La Carta Magna actual, constitucionalizo algunos principios del proceso
penal, tal es el caso, entre otros, de la oralidad y la participación ciudadana en
la administración de justicia y contempló un amplio desarrollo de la garantía
del debido proceso, con lo que se constituyó en una fuente directa de esta rama
jurídica.
En el Derecho Procesal Penal también existe un conjunto de normas que
regulan el proceso desde el inicio hasta la finalización del proceso. Tiene la
función de investigar, identificar, y sancionar (si fuese necesario) las conductas
que constituyen delitos, evaluando las circunstancias particulares de cada caso
concreto.
El Derecho Procesal Penal es aquélla disciplina jurídica encargada de
proveer de conocimientos teóricos, prácticos y técnicos necesarios para
comprender y aplicar las normas jurídicas-procesal-penales, destinadas a
regular el inicio, desarrollo y culminación de un Proceso Penal. En síntesis, es
el conjunto de normas jurídicas que regulan el desarrollo del Proceso Penal.
Relación del Derecho Procesal Penal con otras Disciplinas
El objeto del Derecho Procesal Penal radica en el Esclarecimiento del
hecho denunciado, previa actuación de pruebas. El objeto es obtener, mediante
la intervención de un juez, la declaración de una certeza positiva o negativa de
la pretensión punitiva del Estado, quien la ejerce a través de la acción del
Ministerio Fiscal.
El proceso se puede terminar antes de la sentencia, por eso se debe
hablar de resolución y no de sentencia. Se busca determinar si se cometió o no
delito, se busca una certeza positiva o negativa. Si se comprueba la existencia
de delito, aparecerán las consecuencias jurídicas, la sanción para el infractor.
Es innegable la vinculación del Derecho Procesal Penal con otras ramas
jurídicas y no jurídicas, de allí que es frecuente que el juez, como intérprete
natural de la norma, deba acudir a las primeras en la búsqueda de explicación a
los asuntos procesales penales.
Entre las ramas del ordenamiento jurídico más directamente vinculadas
con el Derecho Procesal Penal destacan:
a. El Derecho Penal sustantivo en la medida en que permite su
concreción. Con razón indica Beling que el Derecho Penal no le toca un solo pelo
al delincuente.
b. El Derecho Constitucional, pues el sistema procesal desarrollado
legalmente tiene su fundamento en el texto constitucional. Así se aprecia de la
regulación del ejercicio de la acción penal, de varios principios y garantías
procesales, y de disposiciones relativas a la protección y reparación a la víctima.
c. El Derecho Administrativo, dado que esta rama del derecho es la que
regula las facultades disciplinarias dejos jueces y es la encargada de fijar las
reglas de organización judicial y de otros órganos públicos que intervienen en el
proceso penal, como es el caso de los órganos de policía.
d. El Derecho Procesal Civil, dada la naturaleza adjetiva de ambas ramas
del ordenamiento jurídico y, por otra parte, normas del Código de Procedimiento
Civil como las referidas a la ejecución civil o medidas cautelares sobre bienes, son
aplicadas de manera supletoria en el proceso penal. Como afirma Olmedo, la
comunidad que existe entre ambas ramas procesales, explica y justifica la
marcada tendencia unificadora.
e. Con el Derecho Internacional, así se advierte de las normas que regulan
la aplicación extraterritorial de la ley penal, en el procedimiento de extradición
y lo relativo a las inmunidades diplomáticas, entre otros aspectos.
Ahora bien, corresponde a la autora de la investigación, en este capítulo
después de haber discriminado la Teoría General del Proceso, Proceso,
Derecho Procesal Penal y la relación de esta con otras disciplinas; abordar una
de las figuras previstas por el Legislador, que forma parte de esa relación
procesal, que puede ser objeto de contradicción y que puede ser valorado por el
Juez, una vez aportado por las partes al mismo; se trata pues del Allanamiento.
Allanamiento
El Diccionario de la Lengua Española define el Allanamiento como:
“Acción o efecto de allanar o allanarse”. Allanar: “Registrar un domicilio con
mandato judicial. Entrar en casa ajena contra la voluntad del dueño. Permitir la
entrada de la fuerza pública en un recinto cerrado”. (Diccionario de la Lengua
Española. Real Academia Española, Vigésima segunda edición, Impreso en
Printer Colombiana, S.A., 2001, p. 77).
Establece entonces el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo
210 que:
Cuando el registro se deba practicar en una morada, establecimiento comercial, en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerirá la orden escrita del Juez o Jueza. El órgano de policía de investigaciones penales, en casos de necesidad y urgencia, podrá solicitar directamente al Juez o Jueza de control la respectiva orden, previa autorización, por cualquier medio, del Ministerio Público, que deberá constar en la solicitud. La resolución por la cual el Juez o Jueza ordena la entrada y registro de un domicilio particular será siempre fundada. El registro se realizará en presencia de dos testigos hábiles, en lo posible vecinos del lugar, que no deberán tener vinculación con la policía. Si el imputado o imputada se encuentra presente, y no está su defensor o defensora, se pedirá a otra persona que asista. Bajo esas formalidades se levantará un acta. Se exceptúan de lo dispuesto los casos siguientes: 1. Para impedir la perpetración de un delito. 2. Cuando se trate del imputado o imputada a quien se persigue para su aprehensión. Los motivos que determinaron el allanamiento sin orden constarán detalladamente en el acta.
Como se trata de una restricción a los derechos constitucionales a la
inviolabilidad del domicilio y la intimidad, la orden debe emanar de un órgano
jurisdiccional, mediante resolución escrita, fundada y determinada, tanto en
cuanto al domicilio, como en relación al fin perseguido.
Por su parte, el doctor Carlos Cuestas en su libro “Diccionario de
Derecho Procesal Penal” define el allanamiento como el:
Acto por el cual los jueces o funcionarios de instrucción y en algunos casos la autoridad administrativa pueden ingresar a un edificio, domicilio particular u otros lugares, previo el cumplimiento de ciertas formalidades legales, para realizar en ellos diligencias necesarias para los fines del proceso penal. Entre estas diligencias pueden mencionarse la búsqueda de personas imputadas, indiciadas o evadidas, o de cosas, huellas o instrumentos relacionados con el delito. (CUESTAS, Carlos.
Diccionario de Derecho Procesal Penal. Colecciones Judiciales, Panamá, 2000, p.. 4).
Hay que destacar entonces, que ssegún la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, el hogar doméstico es inviolable. No podrá ser
allanado sino para impedir la perpetración de un delito, o para cumplir, de
acuerdo con la ley, las decisiones que dicten los tribunales. Por eso cuando
deba practicarse un allanamiento se requerirá la orden del juez de control; así
mismo el juez de control requerirá del Ministerio Público que dirija la
investigación, que motive la solicitud de la orden, para considerar si acuerda o
no lo requerido por el titular de la acción, ello se argumenta, en que tal acción
va en contra de una garantía de carácter constitucional.
En base a lo anteriormente discriminado, se observa que hay situaciones
de cierto carácter, que implican excepciones a la norma general, permitiendo
que el allanamiento se practique sin la orden de un Director del proceso, donde
deberán levantarse el acta respectiva, que deje constancia de los motivos que
legalmente aducen, para efectuar el allanamiento. Al respecto se establece las
excepciones son: 1. Cuando se denuncie que personas extrañas han sido vistas
introduciéndose en determinado lugar, y se sospecha pudieran cometer delito;
2. Cuando se trate del imputado en fuga, a quien se persigue para su
aprehensión; 3. Para evitar la comisión de un hecho punible.
Se prevé que los lugares registrados queden cerrados, en el mayor orden
posible, que otras personas no entren hasta que se logre cerrarlos y no
ocasionar molestias indebidas a las personas en donde se practica el
allanamiento.
En tal sentido, se dejará constancia en el acta de tales particularidades.
Igualmente, se podrá prescindir de la orden de allanamiento, si se cuenta con
el consentimiento de las personas a cuyo cargo estuviere el bien inmueble,
cuando se trate de oficinas o edificios públicos, templos o lugares religiosos,
de reunión o de recreo, abiertos al público y que no están destinados a
habitación particular, dejando evidenciado el consentimiento correspondiente.
No obstante, se hace indispensable que la necesidad de seguridad
jurídica de los demás ciudadanos que ameritan ser protegidos ante un ataque
ilícito, la salud pública, el desarrollo integral de los miembros que conforman
la sociedad; requieren la necesidad de verificar la práctica de esta figura, bajo
los parámetros constitucionales y legales pertinentes..
El Allanamiento como Medio Probatorio en el Proceso Penal Venezolano
La figura del Allanamiento se efectúa, con el objeto de recabar
elementos de convicción que pudieran tener un interés criminalístico, como
forma de obtener pruebas. Su procedimiento se levanta a través de Actas
Policiales, donde se deja constancia de las circunstancias de modo, tiempo y
lugar que rodearon los hechos observados, así como los objetos recabados, lo
allí expresado debe estar bajo el cumplimiento formal de las normas penales, la
ilicitud de este procedimiento genera la nulidad de las actuaciones.
El allanamiento de morada, como procedimiento de investigación
orientado a la obtención de elementos probatorios que permitan esclarecer el
hecho punible investigado, se desarrolla bajo una serie de principios rectores y
parámetros legales que determinan la objetividad, imparcialidad y seguridad
jurídica en la decisión que se adopte, debe ajustarse a los principios del debido
proceso establecidos en la constitución y en las leyes, manteniéndose incólume
los derechos inherentes a la persona sea ésta o no imputada en la forma
legalmente establecida.
Procedimiento legal del Allanamiento
El procedimiento de allanamiento de morada, comienza desde el
momento en que el Fiscal del Ministerio Público solicita al Tribunal de Control
que emita una orden de allanamiento para practicar el registro e inspección del
domicilio de una persona determinada. Visto de esta manera, el procedimiento
de allanamiento, inicia una vez que el Ministerio Público procede a solicitar al
juez competente una orden para practicar un allanamiento en el recinto
privado.
En tal sentido, la norma legal establece que cuando se registre la
morada, deberá tener una orden escrita de un juez.
Esto quiere decir, que el Juez debe expedir un mandamiento que debe
reunir todos los requisitos formales previstos por el legislador, para que tenga
eficacia jurídica. Sin embargo, el Ministerio Público o los Órganos de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas pueden practicar el
procedimiento de allanamiento sin la autorización del Tribunal, cuando se trate
de impedir la perpetración de un hecho punible o se persiga al imputado para
su aprehensión.
Otorgada la orden de allanamiento, el Fiscal del Ministerio Público tiene
un lapso de siete días para practicar éste procedimiento de investigación, salvo,
que la orden haya sido expedida por tiempo determinado.
Ahora bien, los funcionarios autorizados para practicar esta diligencia,
deben trasladarse al inmueble que va ser objeto del allanamiento. Una vez en el
lugar, deben proceder a comunicarle al dueño o morador de los motivos de su
visita. La notificación, se efectuara a quien habite en el lugar de la práctica del
mismo, debiendo incluso entregarle una copia.
En este sentido, se debe acotar, que si la persona notificada se niega o se
opone a la práctica del procedimiento o nadie respondiere a los llamados de los
funcionarios, se hará uso de la fuerza para poder ingresar al lugar para efectuar
la diligencia.
Este procedimiento constará en el acta. Seguidamente, se procederá
inspeccionar y registrar el lugar con la presencia de dos testigos. A tal efecto,
debe observarse el cumplimiento de este requisito, de forma restrictiva, porque
no cumplir con lo aquí indicado, se deriva la nulidad de las actuaciones.
El Código Orgánico Procesal Penal, regula el procedimiento a seguir
por parte del Ministerio Público o los órganos de investigaciones penales para
realizar una inspección en lugares públicos, que constituye un examen directo
con fines probatorios, porque mediante este procedimiento de investigación se
comprobará el estado de estos lugares, cosas, los rastros y efectos materiales
que existan y sean de utilidad para la investigación del hecho, o la
individualización de los partícipes en él.
Para la práctica de esta diligencia de investigación, los funcionarios
comisionados para tales fines, deben pedirle a la persona que habite se
encuentre en el lugar donde se efectúa, al encargado si está ausente el dueño y
a falta de éste a cualquier persona mayor de edad, prefiriendo a familiares del
primero que presencie la inspección. Pero en el caso que sea el imputado quien
presencie la inspección y no está presente su defensor, se pedirá a otra persona
que asista.
Estos órganos debe describir el estado del lugar inspeccionado,
debiendo cuidar rigurosamente los rastros materiales dejados en la comisión de
un delito, evitando la alteración o modificación del estado de las evidencias
que guarden relación con los hechos investigados, para así lograr tener certeza
sobre la existencia o inexistencia de un hecho.
Finalizada la inspección, se debe proceder a levantar un acta, en la cual
se dejara constancia de los hechos detalles de la diligencia, tiempo de inicio y
duración, incidencias, intervinientes, entre otros- que debe ser firmada por los
funcionarios y por la persona que presencio dicha diligencia. De todo lo
actuado se le notificará al fiscal del Ministerio Público. La inspección y
registro del inmueble debe ser efectuarse en forma ordenada, de un lugar por
lugar para comprobar el estado del lugar, de cosas, y determinar si hay rastros
o efectos materiales que sean útiles para la investigación.
Los funcionarios intervinientes en este procedimiento de investigación,
deben proceder a revisar e inspeccionar ordenadamente el inmueble, buscar
minuciosamente de lugar en lugar, y así lograr en lo posible encontrar los
objetos y las personas buscadas. Por lo tanto, lo primordial al inspeccionar el
lugar, es la obtención de elementos probatorios, que deben ser colectarlo y
preservarlo de la mejor manera posible, para ello, el agente debe seguir
cabalmente los pasos metodológicos de la criminalística de campo, que
consiste en la protección del sitio de suceso, la observación de las evidencias,
la fijación de las mismas, la colección de éstas y su posterior envió al
laboratorio para el análisis correspondiente.
De allí, que los funcionarios deben tener sumo cuidado durante la
práctica de esta diligencia y evitar la alteración o modificación del estado de
las cosas, para ello, tienen que aplicar los procedimientos para la fijación,
colección y traslado de los elementos probatorios encontrados.
Culminada la inspección y registro de la morada, se deberá elaborar un
informe contentivo de lo actuado, donde se describirán detalladamente los
elementos encontrados y tomados. Al efecto, el artículo 202 ejusdem,
preceptúa que: “De ello se levantará informe que describirá detalladamente
esos elementos y, cuando fuere posible, se recogerán y conservarán los que
sean útiles”.
Del contexto de la norma citada, la investigadora puede afirmar, que los
funcionarios una vez culminado el allanamiento deben proceder a elaborar un
acta que deberá contener: (a) detalles de la diligencia, (b) tiempo de inicio y
duración, (c) elementos encontrados, (d) incidencias, (e) intervinientes, entre
otros, de lo contrario, si no son cumplidas las previsiones legales señaladas, el
allanamiento de morada sería arbitrario e ilegal, y deberá sentenciarse su
nulidad, a tenor de lo dispuesto por la norma penal correspondiente.
De igual modo se destaca, que esta figura legal, solo pude ser concebida
en el proceso, pero subordinado a reglas especiales, respecto a las formalidades
exigibles.
El Objeto del Allanamiento
El allanamiento solamente puede tener por objeto relaciones jurídicas
disponibles, es decir aquellas que sean transigibles o renunciables y en general,
en aquellas en que no estuviere comprometido el orden público; en tales casos,
el allanamiento carecerá de efectos y continuará el proceso según su estado.
El allanamiento debe ser expreso, preciso, categóricos, los términos
deben ser claros y precisos, para evitar vicios en el proceso, que puedan ser
objeto de nulidad.
Es el caso, que de no cumplirse con las formalidades previstas en el
allanamiento, de manera efectiva se estaría en presencia de pruebas obtenidas
de forma ilícita , argumentado en la oposición de vicios de constitucionalidad
y legalidad respectivamente, lo cual conlleva a que el juzgador no les puede
dar a las mismas valor probatorio alguno, tomando en consideración que el
proceso busca la verdad de los hechos y los elementos de convicción solo
tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito; es allí entonces donde
está implícito el objeto del allanamiento.
Entonces, corresponde a la autora de la investigación, una vez
examinados los fundamentos teóricos que argumentan la figura del Allamiento,
adminicular las disposiciones constitucionales y legales que sostienen la
práctica de esta figura prevista por el legislador, que conllevan a establecer las
implicaciones jurídicas derivadas de la realización de esta acción, permitiendo
con ello el análisis del lector a través de los siguientes capítulos.
CAPÍTULO II
FUNDAMENTACION JURIDICA QUE CONFIGURA EL
ALLANAMIENTO DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION
PENAL VENEZOLANA.
La Ley Procesal Penal
En razón del principio nullum crimen nulla poena sine lege, proceso legal,
es la ley la que fija el cómo y quien de la actuación judicial. De ello se deriva la
distinción entre leyes estáticas y dinámicas; las primeras están referidas a la
organización y regulación de la composición del Tribunal, fijan su competencia y
funcionamiento en razón de las diferentes instancias tal es el caso de las
previsiones contempladas en los artículos 105 al 107 del Código Orgánico
Procesal Penal en tanto que las segundas regulan el proceso como medio de
actuación, en principio el artículo 105 establece que:
Los tribunales penales se organizarán, en cada circunscripción judicial, en dos instancias: una primera instancia, integrada por tribunales unipersonales y mixtos; y otra de apelaciones, integrada por tribunales colegiados de jueces y juezas profesionales. Su organización, composición y funcionamiento se regirán por las disposiciones establecidas en este Código y en las leyes orgánicas.
Interpretar significa buscar el sentido y alcance de la norma en orden a
aplicarla al caso concreto. En algunos casos ese sentido y alcance no se deduce
claramente de la previsión legal lo cual implica que en defecto del elemento
literal debe el intérprete, en atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Código
Civil, acudir al espíritu del legislador.
Principios de la Ley Penal
La fuente del Derecho es aquello de donde el mismo emana, de dónde y
cómo se produce la norma jurídica. Entonces, la única fuente del Derecho
penal en los sistemas en los que impera el principio de legalidad es la Ley, de
la cual emana el poder para la construcción de las demás normas y su
respectiva aplicación, por lo tanto, sólo ésta puede ser la creadora y fuente
directa del derecho penal.
Costumbre: la costumbre no es fuente del Derecho penal ni en su
vertiente positiva es decir, en aquellos en los que impera el principio de
legalidad, aunque pueda serlo de otras ramas del derecho.
Otra cosa sucede en los sistemas penales del Derecho anglosajón o en la
Corte Penal Internacional. Para estos sistemas penales el antecedente judicial,
es fuente de derecho, aunque son cada vez más, por razones de seguridad
jurídica, los estados que adoptan el modelo del sistema maestro o codificación.
Inglaterra, que necesitaba un Derecho en constante evolución por ser un país
marítimo y no poder esperar la creación de leyes para adecuarlas a su
comercio, adoptó la costumbre como fuente del Derecho; en Derecho penal,
sin embargo, la costumbre no puede operar como creadora de delitos y penas.
A pesar de lo anteriormente dicho, algunos autores admiten la
adecuación social como causa de exclusión de la tipicidad. Según este
argumento se afirma que en determinados casos, una conducta que pareciera
típica, sin embargo, por fuerza de la actividad social se la considera atípica o
permitida.
Sin embargo, otros autores se posicionan francamente en contra, por
entender que admitir la adecuación social es aceptar como fuente del derecho.
El caso típico que se pretende permitir con base en la adecuación social es el
de los pequeños regalos a los funcionarios, conductas que entran de lleno en
delitos de corrupción, conductas gravísimas incluso en sus más leves
manifestaciones que afectan a las propias bases del sistema social y lo
convierten en injusto.
Ahora bien de las fuentes del Derecho, se tiene que la jurisprudencia:
fuente clásica en el derecho anglosajón (Common law), es la reiteración de
decisiones sobre un mismo asunto de forma similar, no es una sola decisión,
tiene que ver con una actividad plural de decisiones que consolidan una
tendencia para la solución de un caso; no sólo en Estados Unidos o en
Inglaterra la jurisprudencia es utilizada para la toma de decisiones, sino que
todos los abogados tienden a buscar precedentes jurisprudenciales porque son
los que le indican cómo interpretan los tribunales una determinada norma.
Ahora bien, en los sistemas penales continentales la jurisprudencia no es fuente
de derecho, así como tampoco lo es la analogía.
Asimismo, se determina que Doctrina, no es fuente del Derecho Penal
aunque cumple importantes funciones de cara a la creación e interpretación de
la Ley Penal.
De igual modo, los Principios Generales del Derecho, tampoco pueden
ser considerados fuente del Derecho Penal, aunque cumplen otras funciones al
orientar y limitar la actividad legislativa; la interpretación o la aplicación de la
ley penal, entre estos están:
Plenitud del orden jurídico. Conforme a este principio el ordenamiento
jurídico debe estar en capacidad de ofrecer solución a todos los conflictos
sociales que se sometan a su consideración, por tanto no cabría afirmar la
presencia de lagunas.
En desarrollo de este principio dispone el artículo 6 del Código
Orgánico Procesal Penal vigente que los jueces no podrán abstenerse de decidir
so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los
términos de las leyes, y el artículo 206 del Código Penal al tipificar el delito de
denegación de justicia prevé multa de cincuenta a un mil unidades tributarias
para todo funcionario público que bajo cualquier pretexto, aunque fuere el de
silencio, oscuridad, contradicción o insuficiencia de la ley, omita o rehúse
cumplir algún acto de su ministerio.
Coherencia del orden jurídico. Se afirma la inexistencia de
contradicciones en el ordenamiento jurídico, ello implica que no puede el
intérprete escudarse en la concurrencia de varias soluciones normativas para el
mismo caso. A tales efectos se han formulado las siguientes reglas:
1. La ley superior priva sobre la jerárquicamente inferior. A estos efectos
las leyes ordinarias están sujetas a las previsiones de las leyes orgánicas y todo el
sistema normativo a la Constitución.
2. La ley posterior priva sobre la anterior. En atención a lo previsto en el
artículo 7 del Código Civil las leyes sólo se derogan por otras leyes y la ley es
obligatoria desde su publicación en la Gaceta Oficial o desde la fecha posterior
que ella misma indique.
3. La ley especial se aplica con preferencia a la ley general en la medida
en que la primera contempla excepciones a la regulación de la segunda.
La Constitución en cuanto a norma suprema sienta una serie de principios
que sirven de límite a la actividad represiva del Estado y por tanto, orientan la
interpretación de las normas procesales penales, entre estos principios destacan
el juicio previo, la presunción de inocencia, el principio de defensa, y, el
principio de libertad durante el proceso.
Métodos y formas de la interpretación: Interpretación literal o
gramatical. En atención a lo dispuesto en el artículo 4 del Código Civil, a la
Ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de
las palabras, es decir, en primer término debe acudirse a la interpretación literal o
gramatical. Dispone la misma norma que cuando tal modalidad de
interpretación no es suficiente debe buscarse el espíritu del legislador, pues los
antecedentes de la norma si bien no determinan su resultado pues las leyes se
dictan para regir hechos futuros orientan en la interpretación de la misma.
Restrictiva y extensiva. Es un principio general también aplicable al
Derecho Procesal Penal, que toda norma que establece privilegios en cuanto
excepción al principio de igualdad, debe ser interpretada restrictivamente, en
tanto que las descriptivas de derechos y facultades se deben interpretar
extensivamente. En este sentido dispone el artículo 247 del Código Orgánico
Procesal Penal que todas las disposiciones que restrinjan la libertad del
imputado, limiten sus facultades y las que definen la flagrancia, serán
interpretadas restrictivamente.
Según los sujetos, la interpretación puede ser auténtica, judicial o
doctrina, la primera es realizada por el propio legislador en el texto de la norma
y por tanto tiene carácter vinculante, ejemplo de ello lo constituyen las
definiciones contempladas en los artículos 110, 119, 124 y 248 del Código
Orgánico Procesal Penal, entre otros.
La interpretación judicial es realizada por el Juez en su condición de
intérprete natural de la norma y, por regla general, sólo es obligatoria en el
caso concreto, salvo que se trate de la interpretación realizada por la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el contenido o alcance
de las normas y principios constitucionales, las cuales son vinculantes para las
otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la
República, en atención a lo dispuesto en el artículo 335 Constitucional. Por su
parte, la interpretación doctrinal tiene un importante valor en la orientación del
intérprete pero en ningún caso carácter obligatorio.
La Ley penal material rige sólo para los hechos punibles cometidos en
el espacio geográfico de la República establecido en el artículo 3 del Código
Penal, que se adminicula con lo normado en el artículo 11 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela (1999), establece que los espacios
continental e insular, lacustre y fluvial, mar territorial, áreas marinas interiores,
históricas y vitales y las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha
adoptado o adopte la República; el suelo y subsuelo de éstos; el espacio aéreo
continental, insular y marítimo y los recursos que en ellos se encuentran,
incluidos los genéticos, los de las especies migratorias, sus productos derivados
y los componentes intangibles que por causas naturales allí se encuentren, sino
también el jurídico que abarca los hechos cometidos a bordo de las naves y
aeronaves de guerra, las naves mercantes y las aeronaves civiles, en los casos
previstos en la ley, la ley procesal penal también tiene el mismo ámbito de
aplicación.
La actual organización está conformada por tribunales unipersonales e
independientes, sólo controlados disciplinariamente por un órgano colegiado
como lo es la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. La nueva organización
judicial se orienta en el modelo acusatorio, y tal sistema procesal no puede
concebirse si las funciones de investigar y juzgar corresponden a un único
funcionario, pues es evidente que la recolección y práctica de pruebas por parte
del juez determina en este, cierta orientación en relación al hecho investigado y
a la responsabilidad de los autores, lo que podría influir en su resolución.
En el mismo orden de ideas, se desprende que la jurisdicción penal, se
organiza en dos instancias: La primera instancia corresponde: a) Tribunales de
control; b) Tribunales de juicio; c) Tribunales de ejecución. La segunda
instancia, una Corte de Apelaciones, desapareciendo los tribunales de segunda
instancia tal y como hoy son.
Dentro de ese ámbito territorial los jueces venezolanos tienen
jurisdicción, esto es, la potestad de administrar justicia, sin embargo, tal
jurisdicción por razones operativas ha dado lugar a diferentes competencias, así
en el caso de la materia penal, se le ha atribuido a los jueces penales con
competencia en el territorio donde el hecho punible se cometió: 57 al 59 del
Código Orgánico Procesal Penal.
En los casos de hechos punibles cometidos fuera del territorio de la
República que pueden ser enjuiciados en Venezuela conforme a lo previsto en el
art. 4 del Código Penal, siempre que fueran de acción pública, deberá el
Ministerio Público proponer la respectiva acción penal, siendo competente para
el juzgamiento el tribunal expresamente designado por la ley o, el que ejerza la
jurisdicción en el lugar donde esté situada la última residencia del imputado; y, si
éste no ha residido en la República, será competente el del lugar donde arribe o
se encuentre para el momento de solicitarse el enjuiciamiento.
Conforme a lo previsto en el artículo 24 Constitucional, las leyes de
procedimientos deben aplicarse desde el momento mismo de entrar en
vigencia, aun en los procesos que se hallaren en curso; no obstante, en los
procesos penales, las pruebas ya evacuadas deben estimarse, en cuanto
beneficien al reo o a la rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se
promovieron, para dar cumplimiento con ello al principio de la retroactividad.
Visto que la ley procesal penal se aplica a los procesos en curso para la
fecha de su entrada en vigencia, la ley debe establecer los mecanismos que
permitan conectar el anterior con el nuevo proceso. A tales efectos, el Código
Orgánico Procesal Penal reguló en su Libro Final el régimen transitorio que
permitió hacer efectiva la norma constitucional.
Dado que en razón del principio de no discriminación como lo establece
el artículo 21 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) la ley penal debe aplicarse por igual a todos los ciudadanos que en
territorio venezolano cometan un hecho punible (artículo 3 del Código Penal),
el proceso penal como mecanismo para hacer efectiva la aplicación del derecho
penal material, debe responder al mismo principio; sin embargo, la ley, en
consideración al ejercicio de ciertas funciones públicas que podría exponer a su
titular a procesos frecuentes, irreflexivos y con el solo fin de obstaculizar el
ejercicio de su labor, ha previsto una serie de trámites o condiciones de
procedibilidad que permiten el enjuiciamiento del funcionario sólo una vez que
tales requisitos se han concretado, con ello no se procura establecer
prerrogativas en consideración a la persona que ejerce el cargo, sino proteger el
cabal ejercicio de la función.
El fin del Derecho Procesal Penal está orientado a comprobar o
desvirtuar la existencia de un delito, siempre que la acción penal no haya
prescrito. Así como, a esclarecer o determinar la responsabilidad penal del
procesado, condenándolo o absolviéndolo de la acusación, archivando el
Proceso cuando no se pruebe su responsabilidad durante la investigación.
Regulación del Allanamiento en el Código Orgánico Procesal Penal
Establece, el artículo 210 del Código Orgánico Procesal Penal que
cuando el registro se deba practicar en una morada, establecimiento comercial,
en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado, se requerirá la orden
escrita de un Juez.
De igual modo, debe señalarse que los órganos de policía y de
investigaciones penales, tales como, el Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Bolivariano de Inteligencia
Nacional (SEBIN) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Cuerpo de
Policía Nacional Bolivariana (CNPB) y las distintas Policías Municipales,
entre otros organismos, que el artículo 110 del Código Orgánico Procesal
Penal les atribuya tal carácter, en casos de necesidad y urgencia, podrán
solicitar directamente al Juez en Funciones de Control, la respectiva orden,
previa autorización, del Fiscal del Ministerio Público, por ser titular de la
acción penal, quien deberá , dejar constancia de los motivos de su solicitud.
La Resolución por la cual el Juez ordena la entrada y registro de un
domicilio particular será siempre fundada. Si el sujeto señalado, en la solicitud
se encuentra presente, deberá respetarse el derecho constitucional de la
defensa, esperando por su defensor o asignándole uno; cumplidas estas
formalidades, se deberá levantar un Acta.
La perpetración del delito va acompañada de actitudes humanas que
permiten reconocer la ocurrencia del mismo, y que crean en las personas la
certeza, o la presunción vehemente que se está cometiendo un delito. Es esa
situación objetiva, la que justifica que pueda ingresarse a una morada,
establecimiento comercial en sus dependencias cerradas, o en recinto habitado,
sin orden judicial escrito de allanamiento, cuando se trata de impedir su
perpetración.
En tales circunstancias, bajo los supuesto9s de flagrancia, en el
supuesto de flagrancia, la Constitución y la Ley dispensan al funcionario de la
necesidad de obtención de orden judicial previa de privación de la libertad , tal
y como lo regula los artículos artículos 44.1 de la Constitución y 248 del
Código Orgánico Procesal Penal; asimismo, en tal situación de urgencia,
implica, para la autoridad policial, el deber de impedir la comisión o la
continuación en la comisión de una conducta típicamente antijurídica;
mayormente, si se tiene en cuenta, si el delito cuya ejecución o continuación en
la ejecución debía impedirse.
En definitiva, se trata entonces, de un delito permanente, calificación
cual lleva la convicción de que la conducta de los funcionarios policiales debe
estar adecuada a la situación de comisión actual de un delito de acción pública
y que tiene señalada pena corporal privativa de libertad, en otros términos, a
una situación de flagrancia, bajo la cual es deber de aquéllos, la aprehensión
de los involucrados, así como impedir la comisión o la continuación de la
misma de dicho hecho punible.
Bajo tales circunstancias, se justifica que la actuación de la autoridad
policial fue bajo una situación de flagrancia, razón por la cual no le era
requerido el cumplimiento de las formalidades que prescribe el artículo 210 de
la precitada ley procesal.
Asimismo, cuando haya consentimiento o autorización del propietario o
poseedor legítimo del sitio a ser allanado: si se encuentran en el inmueble en el
momento de iniciar la práctica del allanamiento, ya sea el dueño, arrendatario,
comodatario o un guardador y custodio, si oralmente al inicio dan su voluntad,
deberán dejar constancia en el acta respectiva, de que las autoridades y los
testigos entren a ese recinto, sin tener a una orden judicial, estará enmarcado
dentro de la legalidad.
Formalidades para la práctica del Allanamiento
La práctica del Allanamiento, sin el cumplimiento de las formalidades
previstas por las normas constitucionales y legales respectivamente, genera la
nulidad de las actuaciones un ejemplo práctico seria la inexistencia de firmas
de los testigos presenciales, pr4acticar el allanamiento en una morada distinta a
la indicada en la orden emanada del órgano jurisdiccional, irrumpir en un
domicilio sin orden, supuestos que no encuadran en las excepciones previstas
por el legislador, entre otros...
Así las cosas, la Ley Especial del Cuerpo de Investigaciones Científicas
Penales y Criminalísticas, prevé en su artículo 20, con relación a la orden de
Allanamiento lo siguiente:
Artículo 20. El fiscal del Ministerio Público encargado de la investigación, solicitará al juez competente la orden de allanamiento de inmuebles, así como la intercepción o grabación de comunicaciones privadas, sean éstas ambientales, telefónicas o realizadas por cualquier otro medio, cuyo contenido se transcribirá y agregará a las actuaciones, siempre y cuando se cumpla con los señalamientos sobre el delito investigado, tiempo de duración, medios técnicos a ser empleados y el sitio o lugar desde donde se efectuará.
Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas, a cargo de la investigación podrán solicitar directamente la
orden referida en el presente artículo, previa autorización por cualquier medio
del Ministerio Público, de la cual dejarán constancia en sus respectivos libros
diarios los funcionarios intervinientes, siempre que se trate de un supuesto que
por la necesidad o urgencia requiera celeridad en la realización de las
actuaciones. En todo caso la solicitud deberá contener las razones que la
justifican.
Las actuaciones realizadas con prescindencia de lo previsto en el
presente artículo, se considerarán carentes de valor probatorio. Solo en los
casos de delitos flagrantes, los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones
Científicas, Penales y Criminalísticas podrán actuar con prescindencia de lo
establecido en el presente artículo. En todo caso se dejará constancia de lo
actuado en el informe que se remitirá al Ministerio Público.”
De igual modo, se trae a colación el artículo 47 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela (1999); que dispone claramente que el
hogar domestico y todo recinto privado de personas son inviolables. No podrán
ser allanados, sino mediante orden judicial, para impedir la perpetración de un
delito...
En razón a lo expresado, se expresa que el artículo 20 del Decreto Ley
de los Órganos de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas,
indican:
La institución del allanamiento de morada, si bien inserta dentro de las actuaciones propias de la etapa preparatoria del proceso, no se corresponde con los actos de mero impulso procesal sino con los de investigación propiamente dicha. Vale decir, los orientados al descubrimiento de los hechos delictivos y a la participación de las personas que hayan intervenido en su ejecución con el carácter de autores o partícipes. En estos casos, en los términos del artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, es entonces cuando ya puede hablarse de imputado, o
sea, la persona que presente una relación inferencial con los hechos punibles objeto de la investigación. De allí surge el requerimiento legal de que, en el allanamiento, la persona objeto del mismo sea provista de la asistencia de abogado. Así lo reconoce expresamente el artículo 210 ejusdem al admitir en el acto la presencia del imputado y su defensor.
Todo ello determina, que el incumplimiento de las formalidades
previstas por el articulo 210 al 213 del Código Orgánico Procesal Penal,
concatenado con el Derecho a la Defensa, al debido proceso, a las
competencias del Fiscal del Ministerio Público, jueces y órganos auxiliares,
constituye un hecho ilícito, y en consecuencia un acto revestido de absoluta
nulidad.
Tal y como lo señala el Profesor Rodrigo Rivera Morales, si se vulnera
la inviolabilidad domiciliaria, una de las consecuencias, son los "efectos
materiales" y la responsabilidad penal y disciplinaria, aparte de la civil, por la
conducta violatoria de derechos, esto por el artículo sobre la vocación
probatoria de los recaudos del allanamiento. Idea tomada de su obra "Actos de
Investigación y Pruebas en el Proceso Penal", Primera edición, año 2008,
página 249.
Determinación del Domicilio según legislación especial
En consecuencia el Domicilio es inviolable, el artículo 28 del Código
Civil habla del domicilio de las personas jurídicas como las sociedades civiles,
asociaciones, fundaciones y corporaciones, cualquiera que sea su objeto, se
halla en el lugar donde esté situada su dirección o administración, salvo lo que
se dispusiere por sus Estatutos o por leyes especiales.
Cuando tengan agentes o sucursales establecidos en lugares distintos de
aquel en que se halle la dirección o administración, se tendrá también como su
domicilio el lugar de la sucursal o agencia, respecto de los hechos, actos y
contratos que ejecuten o celebren por medio del agente o sucursal. Dice el
artículo 203 del Código de Comercio que el domicilio de la compañía está en
el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de esta
designación, en el lugar de su establecimiento principal.
Para las sociedades extranjeras que operen en Venezuela, tenemos el
artículo 354 ejusdem , el cual dispone que las sociedades constituidas en país
extranjero, que tengan en la República el objeto principal de su explotación,
comercio o industria, se reputarán sociedades nacionales.
Las sociedades que constituidas también en país extranjero sólo tuvieren en la
República sucursales o explotaciones que no constituyan su objeto principal,
El artículo 7 de la Ley de Universidades establece que el recinto de las
Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de
la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; solo podrá
ser allanado para impedir la consumación de un delito o para cumplir las
decisiones de los Tribunales de Justicia.
Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado
y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de
investigación, académica, de extensión o administrativa, propia de la
Institución. Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de
las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la
protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las
áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren
necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden público y la
seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del
patrimonio de la Universidad.
El Domicilio de las personas físicas y jurídicas, que por domicilio de
las personas físicas debe entenderse el lugar donde éstas tengan su residencia
habitual, en atención a lo dispuesto en los artículos 11 y 15 de la nueva Ley de
Derecho Internacional Privado; pero, con relación al domicilio de las personas
jurídicas, como ninguna mención especial hizo el legislador, está en vigencia
del concepto que se desprende del Código Comercio, en su artículo 203, es
decir, el lugar que determina el contrato constitutivo de la sociedad, y a falta de
esta designación, el lugar de su establecimiento principal.
Allanamiento en Lugares Públicos
Lugares Públicos: Sobre el sitio del Allanamiento o Registro, l artículo
210 del Código Orgánico Procesal Penal, garantiza la inviolabilidad del
domicilio al establecer que para el registro de una morada, establecimiento
comercial, en sus dependencias cerradas o en recinto habitado, se requerirá la
orden escrita del Juez. Conforme a lo dispuesto en el artículo 213 eiusden, la
restricción contemplada en el citado artículo 210 no regirá para las oficinas
administrativas, establecimientos de reunión y recreo mientras estén abiertos al
público, o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación
particular y es que, como se sabe, el bien jurídico que tutela nuestra legislación
es el derecho a la intimidad artículo 60 de la Constitución, derecho que no se
vería vulnerado cuando se trata de lugares públicos”.
Contenido de la Orden de Allanamiento
Dice el artículo 211 del Código Orgánico Procesal Penal que en la orden
deberá constar:
1. La autoridad judicial que decreta el allanamiento y la sucinta
identificación del procedimiento en el cual se ordena;
2. El señalamiento concreto del lugar o lugares a ser registrados;
3. La autoridad que practicará el registro;
4. El motivo preciso del allanamiento, con indicación exacta de los
objetos o personas buscadas y las diligencias a realizar;
5. La fecha y la firma.
La orden tendrá una duración máxima de 7 días, después de los cuales
caduca la autorización, salvo que haya sido expedida, por tiempo determinado,
en cuyo caso constará este dato.
Procedimiento de Allanamiento
El artículo 212 del Código Orgánico Procesal Penal señala que la orden
de allanamiento será notificada a quien habite el lugar o se encuentre en él,
este requisito debe ser aplicado restrictivamente, por cuanto la violación de la
notificación, es materia de reposición de causa, es una lesión de orden público.
No obstante, si el notificado, al leer la orden de allanamiento, se resiste
o nadie responde a los llamados, se hará uso de la fuerza pública para entrar.
Al terminar el registro, si el lugar está vacío, se cuidará que quede cerrado y,
de no ser ello posible, se asegurará que otras personas no ingresen, hasta
lograrlo.
Por ello, hay que expresar la indicación exacta de los objetos o personas
buscadas y las diligencias a concretar, haciendo un inventario detallado y la
mejor descripción, conjuntamente con fotografías, que ayudarán a esclarecer la
investigación criminal. Este procedimiento constará en el acta.
Ahora bien, es importante destacar que la individualización de los
sujeto investigado deben cumplirse previamente con las formalidades que la
Ley le otorga por la comisión de un hecho punible, ya que si bien es cierto, al
haberse practicado el allanamiento en la morada, este adquirió la condición de
imputado por tratarse de un acto de procedimiento, conforme al artículo 124
del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el allanamiento es una
fórmula para la individualización del mismo, pero no es menos cierto que, ello
no deriva formalmente esa cualidad. En este sentido, el propio texto
constitucional, como garantía del debido proceso consagra, el derecho del
imputado a conocer la existencia de la investigación seguida en su contra, por
lo que es obligatorio ponerle en conocimiento de la investigación, a los fines
de su defensa.
Incumplimiento de las Formalidades del Allanamiento
El incumplimiento de las formalidades previstas por el Legislador en
sus artículos 210 al 213 del Código Orgánico Procesal Penal, deriva la Nulidad
de los actos efectuados, la Nulidad Absoluta del Acta de Allanamiento y de la
orden de allanamiento, tiene como consecuencia la Nulidad de las actuaciones
siguientes que deriven del acto anulado. El legislador ha previsto en sus
artículos 190 al 196 ejusden, lo relativo a las Nulidades, cuestión que deriva,
que una vez declaradas con lugar, el Director del Proceso, no podrá fundar
decisiones en elementos de convicción promovidos como prueba, que no
tengan eficacia jurídica.
Requisitos Básicos
Para concluir hay unos requisitos básicos exigidos por el legislador para
cumplir con la plena legalidad del acto del allanamiento, y no ser sujeto a una
nulidad. Lo primero es que hay que determinar si fue otorgada la orden de
allanamiento por el funcionario competente, es decir, por el Tribunal de
Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal
respectivo, a solicitud del Fiscal del Ministerio Público; luego, hay que señalar
que el allanamiento se practicará en una dirección bien especificada, por la
autoridad, que también se debe determinar.
Es decir, identificar a los funcionarios adscritos a organismos de
investigación penal quienes son los encargados de practicar el allanamiento y
en presencia de dos testigos por lo menos, preferiblemente vecinos del sector,
así como determinar su vinculación con los funcionarios actuantes , para evitar
la sospecha de haberse sembrado evidencias, ya que la recolección de los
mismos, si ya no son imprescindibles o si el acto conclusivo no determina
responsabilidad penal alguna, deben ser devueltos inmediatamente a sus
titulares, todo de conformidad a lo establecido en el artículo 311 del Código
Orgánico Procesal Penal.
Así las cosas, se hace indispensable establecer que en los casos de
allanamiento debe respetarse las disposiciones constitucionales y legales
existentes, tomando en con sideración igualmente lo que estipula como
derechos y garantías normadas en los Pactos y Tratados Internacionales, que
tienen aplicación supra constitucional de conformidad con lo que norma el
articulo 2 de nuestra Carta Magna.
No obstante guarda vital relevancia, aquellos casos en donde se
violentan Derechos Humanos, ante la realidad actual, los funcionarios
actuantes en los procedimientos penales, abusan en el ejercicio de las
atribuciones, violando de modo permanente los derechos de los sujetos
investigados, en su fase primigenia, luego convertido en imputado, acusado y
posteriormente condenado.
Ahora bien, el artículo 7 y 19 de la Constitución e la República
Bolivariana de Venezuela, indican claramente que todo acto contrario a los
derechos humanos son nulos y dan lugar a las responsabilidades
correspondientes. Igualmente se expresa que las normas constitucionales son
de carácter supremo y todas las personas están sujetas al ordenamiento
jurídico.
En este sentido, el Derecho a la Vida, el Derecho a la Libertad, a la
integridad física, psíquica, el respeto por la dignidad humana, deberá
salvaguardarse con especial preponderancia, siendo esto rol fundamental para
el Estado, quien debe tener carácter sancionador para todos aquellos que
menoscaben derechos fundamentales.
Por tal motivo, corresponde a quien aquí expone, establecer que el
respecto a los derechos y garantías del ser humano, con estricto apego a las
normas legales y constitucionales correspondientes, permitirán obtener tutela
judicial de conformidad con el artículo 26 de nuestra Carta Magna, con la
aplicación del Debido Proceso, de acuerdo a lo normado por el 49
Constitucional, derivando un proceso idóneo, que no sea atacado por vía de
nulidad.
Es allí entonces, donde la autora de la investigación, pasa a analizar
algunos casos prácticos del Tribunal Supremo de Justicia, adminiculados con
el Allanamiento en el proceso penal venezolano.
CAPÍTULO III
CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA CON RELACION AL ALLANAMIENTO EN EL PROCESO PENAL
VENEZOLANO.
Para abordar el tema central de la investigación se procederá al análisis
jurisprudencial, contentivo de los criterios emanados de la Sala de Casación
Penal y Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, relacionado con
el Allanamiento en el Proceso Penal Venezolano.
A lo largo de la indagación del tema objeto a estudio, se ha evidenciado
que la práctica del allanamiento debe sujetarse al cumplimiento de las
formalidades legales prevista, la contravención de ello, deriva nulidad de las
actuaciones.
En este contexto, se desprende que lo concerniente a las actuaciones de
los funcionarios policiales, en muchas ocasiones violan la práctica de esta
figura, derivando en algunos casos impunidad del delito.
Es en esto último, es indispensable, verificar el carácter sancionatorio de
la ley penal, así como la obligación del Estado en proteger a los involucrados
del hecho, respetando las garantías constitucionales y legales correspondientes,
siendo de vital importancia en el proceso penal venezolano.
Resulta importante para la investigadora abordar la problemática
correspondiente para determinar el criterio sostenido por la Sala Penal y
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con relación al allanamiento
y sus implicaciones jurídicas en el proceso penal venezolano.
Es menester señalar, Sentencia emanada de la Sala de Casación Penal,
Número 437 de del 11/08/09, exp. C08-324, que establece el respeto por el
Debido Proceso, en relación al respeto por las formalidades del artículos 210
del Código Orgánico Procesal Penal, en la que se incluye la presencia de dos
testigos hábiles, en el procedimiento de allanamiento, el incumplimiento de tal
requisito, constituye obtención de una prueba ilícita, solo se justifica la
incursión abrupta, por vía excepcional.
Así las cosas, se trae a colación otra decisión, que estatuye lo
relacionado al allanamiento de morada. Sentencia Número 122 del 08/04/2003:
La institución del allanamiento de morada, si bien inserta dentro de las actuaciones propias de la etapa preparatoria del proceso, no se corresponde con los actos de mero impulso procesal sino con los de investigación propiamente dicha. Vale decir, los orientados al descubrimiento de los hechos delictivos y a la participación de las personas que hayan intervenido en su ejecución con el carácter de autores o partícipes. En estos casos, en los términos del artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, es entonces cuando ya puede hablarse de imputado, o sea, la persona que presente una relación inferencial con los hechos punibles objeto de la investigación. De allí surge el requerimiento legal de que, en el allanamiento, la persona objeto del mismo sea provista de la asistencia de abogado. Así lo reconoce expresamente el artículo 210 ejusdem al admitir en el acto la presencia del imputado y su defensor.
Igualmente se puede adminicular, otra Sentencia, la Número 152 del
18/02/2000: “La visita domiciliaria realizada sin requisitos de ley, constituye
un hecho ilícito, Art. 185 CP. Violación de Domicilio.”
En tal sentido, se dispone que cualquiera que, arbitraria, clandestina o
fraudulentamente, se introduzca o instale en domicilio ajeno, o en sus
dependencias, contra la voluntad de quien tiene derecho a ocuparlo, será
castigado con prisión...
En el mismo orden de ideas, se expresa, sentencia Número 1.343,
Expediente Nº C00-0976 de fecha 25/10/2000. Violación del Domicilio.
Inviolabilidad del Domicilio. Garantía Constitucional:
La inviolabilidad del domicilio constituye un derecho básico que se reconoce y garantiza dentro de la esfera jurídica tanto nacional como internacional, no pudiendo efectuarse ninguna entrada y registro en un domicilio sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo caso de flagrante delito.
Por ello, es conveniente destacar la Sentencia Número 502 del
27/04/2000:
La inviolabilidad del domicilio constituye un derecho básico que se reconoce y garantiza dentro de la esfera jurídica tanto nacional como internacional, no pudiendo efectuarse ninguna entrada y registro en un domicilio sin el consentimiento del titular o resolución judicial. La entidad de esta garantía llega hasta la Constitución vigente para la fecha en la cual se realizó el allanamiento, artículo 62, y obviamente reconocida también por la hoy vigente, en su artículo 47.
Del mismo modo, la autora de la investigación, adminicula otra decisión
que versa sobre la Violación de Domicilio Sentencia Número 1.065,
Expediente Nº C00-0626 de fecha 26/07/2000. Violación del Domicilio.
Asunto. Inviolabilidad del Domicilio. Garantías que deben precisarse, por el
principio de legalidad, ya que es un requisito que debe presidir toda la
actividad dirigida a la consecución de las pruebas:
Ha dicho esta Sala que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho básico que se reconoce y garantiza dentro de la esfera jurídica tanto nacional como internacional, no pudiendo efectuarse ninguna entrada y registro en un
domicilio sin el consentimiento del titular o resolución judicial, salvo los delitos flagrantes, caso en el cual debe estar suficiente y claramente acreditada dicha circunstancia. Sentencia Número 36, del 02/02/10, Exp. 09-367.
La Sala, una vez analizada la decisión de la Corte de Apelaciones
observo que no le asiste la razón a los recurrentes, pues la Corte de
Apelaciones, en primer lugar, resolvió cada uno de los planteamientos
expuestos en el recurso de apelación y les dio respuesta respecto a la orden de
allanamiento realizada a la vivienda de su defendido y no realizó ninguna
incorporación ilegal de esta prueba documental tal como lo manifiestan los
recurrentes, en vista que la recurrida solo se pronunció respecto a la legalidad
de la orden de allanamiento, realizando un resumen cronológico de las
actuaciones de los diferentes organismo que participaron en la detención.
En el mismo orden de ideas, se establece Sentencia Número 347 de
Sala Constitucional, Expediente Nº 00-0541 de fecha 23/03/2001. Derecho a la
inviolabilidad del hogar doméstico; señala esta Sala que el derecho a la
inviolabilidad del hogar doméstico y todo recinto privado, fundamentado en
parte en la garantía del derecho a la vida privada, comporta la imposibilidad de
entrada o registro sin orden judicial, tanto del propio hogar como de todo
recinto privado de las personas, entendiendo por estos conceptos aquellos
espacios físicos cuyo uso y disfrute corresponde con exclusividad o con poder
excluyente, al individuo, y en los cuales éste habitualmente desarrolla su vida
privada, sobre lo que el sujeto dispone con amplitud.
En el mismo orden de ideas, se esgrime Sentencia Número 512 del a
Sala de Casación Penal del 10/12/2004: que indica que efectivamente la
Constitución de la República de Venezuela, prevé la inviolabilidad del hogar,
por consiguiente, si la norma de carácter constitucional lo prevé, es porque al
desarrollar las normas previstas en el Código Orgánico Procesal Penal se
entiende que el allanamiento debe realizarse amparado de una justificación, es
decir, una motivación suficiente con las cuales se expliquen las razones para
proceder a efectuarlo
Ahora bien, es importante destacar Sentencia Número 703, Expediente
Nº 08-0097 de fecha 16/12/2008. Allanamiento como fórmula para la
individualización del Investigado:
Ha debido cumplirse previamente con las formalidades que la Ley le otorga a quien es investigado por la comisión de un hecho punible, ya que si bien es cierto, al haberse practicado el allanamiento en la residencia del ciudadano ... este adquirió la condición de imputado por tratarse de un acto de procedimiento, conforme al artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el allanamiento es una formula para la individualización del mismo, pero no es menos cierto que, aún no se encontraba formalmente revestido de esa cualidad. En este sentido, el propio texto constitucional, como garantía del debido proceso consagra, el derecho del imputado a conocer la existencia de la investigación seguida en su contra, por lo que es obligatorio ponerle en conocimiento de la investigación, a los fines de su defensa.
Más adelante señala esta Sentencia la Sala advierte que ha debido
cumplirse previamente con las formalidades que la Ley le otorga a quien es
investigado por la comisión de un hecho punible, ya que si bien es cierto, al
haberse practicado el allanamiento en una residencia este adquirió la
condición de imputado por tratarse de un acto de procedimiento, conforme al
artículo 124 del Código Orgánico Procesal Penal, en virtud de que el
allanamiento es una fórmula para la individualización del mismo, pero no es
menos cierto que, aún no se encontraba formalmente revestido de esa cualidad.
De lo anteriormente transcrito, la autora de la investigación cierra esta
estructura capitular, trayendo una decisión que fue objeto de profundo análisis
y que tiene estrecha vinculación con el tema abordado; al respecto se establece:
Sentencia No. A07-0086. Magistrada Ponente Blanca Rosa Mármol de
León. Hurto Agravado. Caso Wilfredo Rafael Díaz. Fecha 04 de Julio del año
2007. En la presente decisión, se esboza una serie de hechos en donde se
destacan la práctica de un allanamiento, en un domicilio, que no era el del
involucrado en los hechos. Igualmente, se destaca que en la participación de la
Defensa Privada, en los hechos quien hace formal oposición a la prácticas del
allanamiento por no cumplir con los parámetros legales pertinentes, los
funcionarios actuantes deciden privar de libertad a la mismas.
En el mismo orden, ellos interponen la Nulidad de las Actuaciones y el
Tribunal de control se las declara sin lugar, vista la situación, ejercen recurso
de Amparo, por ante la Sala Constitucional quien declara con Lugar, por
considerar ilícito el procedimiento efectuado, en virtud de las disposiciones
constituciones existes concatenadas con las previstas por las normas legales
penales.
No obstante, a lo aquí previsto se verifica en esta decisión la
importancia de cumplir de forma restrictivita los parámetros legales previstos
para el Allamiento. Igualmente se vislumbra, que las consecuencias o
implicaciones de carácter jurídico de esta figura, deriva en la ilicitud del acto,
y por consiguiente la Nulidad del mismo; y con ello la autora ha concluido que
ineludiblemente la conducta de los funcionarios policiales en la práctica del
allanamiento, no puede ser arbitraria, sino que se debe producir atendiendo a
las consideraciones expuestas, con las razones que justifican a los fines de
controlar su legalidad.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusión
Finalizada la investigación, se presentan las siguientes conclusiones, las
cuales fueron diseñadas tomando en cuenta los objetivos específicos del
estudio, por lo que se tiene que:
El Derecho Procesal Penal tiene un carácter primordial como un estudio
de una justa e imparcial administración de justicia, posee contenido técnico
jurídico donde se determinan las reglas para poder llegar a la verdad discutida
y dictar un derecho justamente. Es el camino que hay que seguir, un
ordenamiento preestablecido de carácter técnico. Garantiza, además la defensa
contra las demás personas e inclusive contra el propio Estado.
En cuanto al objetivo específico relacionado con los fundamentos
doctrinarios del allanamiento, es importante destacar que como se trata de una
restricción a los derechos constitucionales a la inviolabilidad del domicilio y la
intimidad, la orden debe emanar de un órgano judicial, mediante resolución
escrita, fundada y determinada, tanto en cuanto al domicilio, como en relación
al fin perseguido. Excepcionalmente se permite a la policía el allanamiento sin
la respectiva orden judicial en casos urgentes, tales como emergencias con
peligro para la vida de los habitantes o la propiedad; si personas extrañas han
sido vistas ingresar con indicios manifiestos de cometer un delito; si voces
provenientes de una casa o local indicaren que allí se está cometiendo un
delito, o pidieran socorro; en caso de que se introduzca en una casa o local
algún imputado de delito a quien se persiga para su aprehensión.
En cuanto a la fundamentación legal que configura el Allanamiento, se
establece que la práctica del mismo, debe estar apegada estrictamente a las
formalidades legales y constitucionales previstas por el legislador con el objeto
de evitar actos ilícitos, que como consecuencia sean considerados nulos.
Se puede destacar que el proceso, constituye una serie encadenada de
actos dirigidos hacia una finalidad, que se concretan en la reconstrucción
metodológica de un suceso, lo cual supone un orden lógico de aprehensión
valorativa desde la posibilidad, pasando por la probabilidad, para finalmente
arribar a la certeza sobre su comisión, su carácter delictivo, la imputación y
responsabilidad que pueda predicarse, por tal razón se debe ser cautelosos en
este.
Atendiendo este criterio doctrinario y legal, el Tribunal Supremo de
Justicia, a través de la Sala Penal y Constitucional respectivamente, acogen
con estricta observación la aplicación del debido proceso en los casos de
allanamientos, el incumplimiento de los parámetros establecidos por el 210 al
213 del Código Orgánico Procesal Penal, deriva nulidad de las actuaciones, por
estar fuera de la licitud, y puede inclusive generarse la reposición de causa, al
estado y grado que se restablezca el derecho lesionado .
En este marco de ideas, se cierra las conclusiones del trabajo de
investigación.
Recomendaciones
Finalizada la investigación, se plantean las siguientes recomendaciones,
las cuales se fundamentan en la información recolectada para dar respuesta a
los objetivos planteados, por lo que se tiene que:
Al Estado
1. Que cuando se practiquen los allanamientos de morada por cualquier
caso, exigir a los funcionarios el respeto hacia las personas,
consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.
2. Modificar el contenido de la ley en función de aclarar lo específico
de morada, a fin de que sea de ayuda a la administración de justicia
en el momento que se quiera practicar la institución del
allanamiento.
A las Universidades
1. Que a través de las Escuelas de Derecho, creen actividades relativas
al allanamiento de morada, a fin de lograr que los futuros
profesionales del derecho conozcan sobre dicha institución que es
tan importante en el ejercicio de su profesión.
2. A la Sociedad
1. Para que tomen conciencia, y sean parte de la interrelación con el
Estado, conociendo sobre sus derechos y solicitando el
restablecimiento de los mismos, cuando se vean lesionados.
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