Al Señor Vice- Presidente en ejercicio de la Presidencia · dictar un Código de Ética...
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DICTAMEN DR. ANDREUCCI Al Señor Vice- Presidente en ejercicio de la Presidencia del Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires M.C.P. Alfonso Daniel Pampin setiembre de 1990. -y por su intermedio al Consejo Superior- De mi mayor consideración: En cumplimiento de la tarea encomendada y asumiendo el carácter de emitir dictamen conforme el compromiso de expresarle en mi leal saber y entender científico jurídico las conclusiones a las cuales he arribado, procedo a continuación a efectuar un análisis de los antecedentes normativos y situación surgida a los fines de determinar los alcances modificatorios generados por el proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación en el capítulo 10 (arts. 1345 ss. y cc) que define la figura del contrato de corretaje en lo que haga a su gravitación en cuanto al ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria y a la colegiación matricular.- a) Identificación de los Documentos Los documentos identificados se corresponden con los siguientes antecedentes: a.1. Decreto ley 20.266 del 10 de abril de 1973.-Ley 23.282 del 30 de octubre de 1985. a.2. Ley 25.028 del 29 de diciembre de 1999.- a.3. Ley Provincial de Bs. As. 10.973 de 27 de
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DICTAMEN DR. ANDREUCCI
Al Señor Vice- Presidente en ejercicio de la Presidencia del Colegio de Martilleros y Corredores de la Provincia de Buenos Aires M.C.P. Alfonso Daniel Pampin
setiembre de 1990.
-y por su intermedio al Consejo Superior- De mi mayor consideración:
En cumplimiento de la tarea encomendada y asumiendo el
carácter de emitir dictamen conforme el compromiso de expresarle en mi leal saber y
entender científico jurídico las conclusiones a las cuales he arribado, procedo a
continuación a efectuar un análisis de los antecedentes normativos y situación
surgida a los fines de determinar los alcances modificatorios generados por el
proyecto de unificación del Código Civil y Comercial de la Nación en el capítulo 10
(arts. 1345 ss. y cc) que define la figura del contrato de corretaje en lo que haga a su
gravitación en cuanto al ejercicio profesional de la intermediación inmobiliaria y a la
colegiación matricular.-
a) Identificación de los Documentos
Los documentos identificados se corresponden con los siguientes antecedentes:
a.1. Decreto ley 20.266 del 10 de abril de 1973.-Ley
23.282 del 30 de octubre de 1985.
a.2. Ley 25.028 del 29 de diciembre de 1999.-
a.3. Ley Provincial de Bs. As. 10.973 de 27 de
a.4.Decreto Reglamentario 3630/91 del 30 de
octubre de 1991.
a.5. Código de Ética Profesional del 18 de junio de 1971,con la modificación
aprobada el 14 de febrero de 1991 del Consejo Superior del Colegio de Martilleros y
Corredores Públicos de la Provincia de Bs.As. que registra su antecedente normativo
en la ley 7021 del ejercicio profesional de Martilleros y Corredores de la Provincia de
Bs. As. y artículo 58 del Decreto Reglamentario 11.791/65 de la ley 7021 que prevé
dictar un Código de Ética Profesional con la aprobación del Poder Ejecutivo Provincial,
el cual se modificó por el Decreto 2114 confiriendo al Colegio el dictado y aprobación
del Código de Ética Profesional.-
a.6.Texto del corretaje propuesto en el Código
unificado.
a.7. Fundamentos
a.8.Proyecto de ley reforma del código civil y comercial unificado
b) Identificación de sujetos:
Examinados los antecedentes que impone el proyecto
de la reforma, se extiende a los corredores:
b.1 De la propuesta de la reforma surgen
modificaciones que abarcarían de manera determinada a los profesionales
corredores, sin perjuicio de las competencias que las entidades profesionales que los
contienen. Del listado de competencias del Colegio Departamental y del de la
Provincia de Buenos Aires surgirían las circunstancias que estos sujetos identificados
se encuentren abarcados por las consecuencias de la reforma y en consecuencia, que
permitieran una legitimación activa clara para su eventual cuestionamiento.- Ello sin
perjuicio de las atribuciones propias que le confiere la ley a los fines de la defensa de
la persona jurídica de derecho público no estatal local, pero en particular frente a la
doctrina judicial imperante que sostiene que las entidades con personería jurídica no
tendrían legitimación institucional para representar o sustituir al titular de un acción
por eventual agravio de contenido patrimonial, entendemos que ello supera el
argumento en cuanto que no es el afectado solamente quien debería propender a
defender su situación particular, pues están en juego aspectos institucionales que
habilitan a entender y actuar a las entidades profesionales.-
b.2 La afectación surgiría en cada caso y profesional
matriculado, quien acreditaría así un caso, una controversia, un agravio, concreto y
directo permisivo de instar una defensa contra la norma de vulneración, además de la
competencia de la entidad de derecho público no estatal.-
c) Objeto y finalidad
La normativa en examen produce modificaciones en el corretaje en cuanto norma de
derecho de fondo conforme artículo 75 inciso 12 de la CN que exige analizar qué
incidencias y alcances tiene con relación a la normativa de derecho local frente a la
estructura constitucional federal (art 1, 75 inciso 12 de la CN) y al poder de policía
profesional no delegado a la Nación (art. 121 de la CN).-
d) Régimen de legalidad.-
La Reforma propuesta tiene rango de ley ordinaria proveniente del Congreso de la
Nación Argentina, configurando una reglamentación que incide, entre otros
derechos, en el alcance del artículo 14 de la CN que garantiza los derechos
enunciados de primera generación conforme a las leyes que reglamenten su
ejercicio.- Resulta así ser una ley en el ejercicio de la competencia constitucional que
decide de manera general y abstracta de contenido normativo, general.-
El carácter de la ley es que no se agota ni se
extingue con el acto de aplicación, perdurando en el ordenamiento jurídico hasta que
otra de mismo rango, y posterior, la derogue o modifique. La característica del
alcance legislativo es su publicación como medio de eficacia y ejecutoriedad. Dicha
publicación, de alcance general le confiere eficacia a partir del día que prevé en el
texto normativo una fecha específica para tal eficacia.-
El contenido de la norma tiene que ajustarse la
permisión constitucional dentro de las atribuciones de los artículos 1, 75 inciso 12 y
22,121 y cc de la CN.-
Ello impone recordar que la forma republicana,
representativa y federal es la organización político jurídica de la Nación, y el mandato
de la ley formal debe ajustarse a las materias delegadas por las Provincias a las
competencias nacionales ( en el caso al Congreso de la Nación) conforme a la
Constitución Nacional y los Tratados Internacionales incorporados a su texto mismo
que son la base fuente para el dictado de normas con ajuste a esa
constitucionalidad.-Todo el poder no delegado de las Provincias a la Nación, está
retenido en éstas. Ello incluye expresamente la regulación del ejercicio de las
profesiones denominado poder de policía profesional.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
ratificado la competencia colegial en “FALLOS” 237:397, entre otros, donde reconoce
que la facultad de reglamentar el ejercicio de las profesiones liberales no contraria los
derechos constitucionales ; en la medida que esta reglamentación se produce
mediante la creación por ley de Entidades de Derecho Publico en las que el Estado
delega una función publica.-[ por ello no resulta admisible la asimilación a una mera
asociación privada o gremial ].-Esta conclusión surge del precedente de la CSJN in
re:”FERRARI ALEJANDRO v/ GOBIERNO NACIONAL s/ AMPARO” Sentencia del
26/06/86 (JA-l986-III Pg.626 ) en la que se rechaza la acusada inconstitucionalidad de
la ley de creación del Colegio Publico de Abogados de la Capital Federal.-
El juego de las garantías individuales que la
Constitución protege y consagra, tiene su limite que se identifica con el interés
publico.-Libertad implica ausencia de reglamentación o restricción arbitraria, no
inmunidad de regulaciones y prohibiciones razonables, impuestas en el interés de la
Comunidad.- (CSJN.-“FALLOS” 289: 238).-
So pretexto de la desregulación impulsada en los
años noventa por el entonces Presidente Menem, se instrumentaron los Decretos
Nacionales Nos 2284/ 91 y 2293/92 que permitieron una nueva embestida contra la
colegiación legal por la entonces arrolladora pretensión de asimilar la actividad
profesional a una actividad comercial o industrial de pretendida competencia
nacional en detrimento de las competencias provinciales .-Pero dichas normas fueron
descalificadas por un valioso pronunciamiento de la CSJN - de validez actual - que
desestimó su aplicación, en tanto las mismas no encuentren su equivalente en el
ámbito de la Capital Federal y/o de las jurisdicciones provinciales por el ejercicio
legislativo de las competencias propias locales al respecto del poder de policía
profesional. El Alto Tribunal ratifica el reconocimiento pleno de las competencias de
las Provincias en lo referente al poder de policía de las profesiones aún cuando se
trata de títulos emitidos por las Universidades Nacionales.- [ [ CSJN-causa: “CADOPI
CARLOS c/PROVINCIA DE BUENOS AIRES s / ACCION DECLARATIVA” (C.354,93, XXV)-
Febrero-1997].-En el mismo sentido desestimatorio de aplicación del Decreto
Nacional No 2293/92 se pronuncio la CSJN en autos : “BACA CASTEX RAUL c/ COLEGIO
PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”-
Fallo del 01/06/00.-
Cabe destacar, que en el caso “FERRARI” citado precedentemente, en que la CSJN
rechazo la pretendida inconstitucionalidad de la ley de creación del Colegio Publico
de Abogados, el actor acudió en procura de la jurisdicción de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, por supuesta violación de la Convención Americana de
Derechos Humanos.-El Gobierno Argentino oportunamente requerido de informe,
sostuvo que el Colegio profesional organizado por ley nacional No 23.187 no es una
asociación por cuanto dicha ley no contiene preceptos según los cuales la inscripción
en la matricula signifique ingresar en un vinculo asociativo con los demás
matriculados; por el contrario, su naturaleza jurídica y su objeto esencial están
definidos en el art.17 que asigna el carácter de persona jurídica de derecho publico,
de forma que la posición del Abogado frente al Colegio es de sujeción opelegis a la
autoridad publica que este ejerce por delegación del Estado, y a las funciones que
directamente le impone la ley, sin vinculo societario alguno, no estando tampoco en
juego la libertad de agremiación, pues la entidad referida no es una organización
gremial.-
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
en INFORME de fecha 30 de Marzo de 1988 desestimó el acceso del caso a la Corte
Interamericana, sosteniendo que la Ley nacional argentina 23.187 no es violatoria del
art.16 de la Convención y por tanto del derecho de libre asociación; en la medida que
la finalidad de la ley es de carácter eminentemente publico, pues se crea una Entidad
que ejerce funciones delegadas del poder público para el control del ejercicio
profesional; se trata de un poder de policía que forma parte de la organización
política del Estado y del orden publico, compatible con el Estado de Derecho y con la
organización de una sociedad democrática.-La Comisión entiende que la
matriculación en el Colegio Publico es una función publica y que por razón de esta
condición dicha función debe y tiene que ser de carácter obligatorio.-
Con relación a la OPINION CONSULTIVA N° 05/85
donde la Corte Interamericana se expidió en contra de una pretensión colegial de los
periodistas, la Comisión señala que en ese caso la Corte explicito en forma muy
clara la diferencia existente entre la colegiación del periodismo, el ejercicio de esta
profesión y su vinculación con el derecho a la libertad de expresión del pensamiento
(art.13 de la Convención).-Habiendo destacado la Corte -en la misma Opinión
Consultiva-que a diferencia de los periodistas cuya actividad esta ínsitamente
vinculada a la libertad de expresión, la organización de las profesiones en Colegios
Profesionales (se ejemplifica con médicos y abogados) no es per se contraria a la
Convención, sino que constituye un medio de regulación y de control de la fe publica
y de la ética a través de la actuación de los colegas.-En ese orden de ideas se expresó
el Juez Nieto Navia: “la norma imperativa del derecho publico que obliga a los
individuos a asociarse en colegios profesionales es válida y no puede considerarse
per se, violatoria de la libertad de asociación, cuando tales colegios cumplen fines
estrictamente públicos ; es decir, cuando reciben del Estado una delegación que este
podría cumplir directamente, pero que delega porque considera que es la forma
más idónea para cumplir el fin propuesto”.-
A través de esta institucionalización colegial se protegen prestaciones y servicios que
exigen a quienes así lo hacen conocimientos especializados por tratarse de
actividades cualificadas por su incidencia social, con gran repercusión en las personas
en cuanto a su vida, su libertad, su patrimonio, su seguridad, su salud, su integridad
física, etc., cuando éstas confían en esos profesionales. Así, el Colegio se configura
como el responsable último de garantizar ante la comunidad el ejercicio riguroso y
eficaz de la profesión.
El Colegio constituye una garantía esencial para la protección de terceros, y a través
de ello preservar la independencia, calidad y libertad del ejercicio de los propios
profesionales defendiendo su dignidad y jerarquía dentro de la sociedad. A la garantía
de los derechos de carácter individual hay que añadir un decidido impulso a los
derechos de contenido social de grupos como reflejo de un mayor protagonismo de
los intereses colectivos. Dentro de los mencionamos se sitúan los Colegios
profesionales como un instrumento de singular funcionalidad dentro de los
mecanismos de vertebración social.- La razón última de los colegios profesionales
está en la satisfacción de intereses públicos a través del control de acceso
profesional y el ejercicio de la deontología y disciplina
El constituyente parte del reconocimiento de los colegios como una opción
históricamente consolidada en el marco organizativo institucional de las profesiones
tituladas y el constitucionalismo en nuestro país y comparado.- La
constitucionalización de los Colegios supone el reconocimiento y afianzamiento de
una garantía institucional como ha ocurrido en nuestro país en las provincias de
Buenos Aires, Neuquén, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, al igual que en la
Constitución Nacional Argentina y en la Constitución Española de 1978 (art. 36).El art.
40 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, reformada en 1994, regula que
“La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de
empleo público provincial. El sistema de seguridad social para los agentes públicos
estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administrados por
la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados
(Calvo Sánchez, Régimen
jurídico de los colegios profesionales Editorial civitas, unión profesional Madrid, 1998.
Revista del Consejo General de la Abogacía Española, núm. 6, AÑO II, 1998, P.8.-
Configurando una verdadera política de descentralización funcional para el logro de
una función pública habilitada por el poder de policía de las profesiones ello
corresponde a la competencia de la autonomía provincial local (artículo 121 y cc de la
CN), en concordancia con la pacífica reafirmación legal, doctrinal y jurisprudencial
provincial, nacional e internacional. Constitucionalmente se consolida la
diferenciación en la atención de los intereses públicos por medio de los colegios
frente a los partidos políticos, sindicatos y organizaciones de libre asociación, quienes
responden en estos casos, a una libre creación y ejercicio.-
Los colegios son creados por los poderes públicos, atribuyéndoles funciones públicas
sobre la profesión en cuanto poder de policía profesional, con pertenencia obligatoria
para el ejercicio de determinada profesión liberal, junto a la delimitación del registro
y control de matrícula, la custodia deontológica y disciplinaria de esa profesión.-
conforme establezca la ley. La Provincia reconoce la existencia de Cajas y sistemas de
seguridad social de profesionales.” El art. 41 de la misma Constitución de Buenos
Aires regla que “La Provincia... garantiza el derecho a la constitución y
desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales”.-
Mientras que los derechos fundamentales van referidos al ser humano individual y
libre, las garantías institucionales se orientan a la salvaguarda el contenido mínimo
identificativo de determinadas instituciones. Por ello, a través de esta
institucionalización colegial se protegen prestaciones y servicios que exigen a quienes
así lo hacen conocimientos especializados por tratarse de actividades cualificadas por
su incidencia social, con gran repercusión en las personas en cuanto a su vida, su
salud, su derecho, su integridad física, etc. , cuando éstas confían en esos
profesionales. La evolución institucional de la educación universitaria y la colegiación
profesional determinaron que el poder de policía profesional se ajuste en el caso de
profesiones tituladas a que expedidos los títulos con validez nacional para su efectivo
ejercicio profesional sea cada estado local quien fije las reglas para dicho ejercicio y
su control ( Las provincias y la entonces Capital Federal, hoy Ciudad Autónoma de
Buenos Aires).- Siendo entonces una competencia local, cada organización legal de las
profesiones fijó la competencia pública de registrar la matrícula, controlar la
matrícula y ejercer el control ético-disciplinario del profesional.- Para ello constituyó
en las leyes de creación de las organizaciones profesionales con órganos
representativos.
Frente al carácter del asunto debe examinarse si pudieran surgir extralimitaciones
competenciales que pudieran descalificar el alcance de la norma - ley formal.- Ello es
insuperable y permite un examen jurisdiccional de constitucionalidad por infracción a
tales principios básicos del Estado de Derecho, con la especial circunstancia de
violarse la división de poderes, de jurisdicciones, invadiendo una función
estrictamente legislativa competencias o materias ajenas .- Este vicio tiene el agravio
de cuestiones de constitucionalidad en franca violación a la legalidad y abriendo
eventualmente la competencia de los jueces ( art. 75 inciso 12 y 18 CN; 116 y cc de la
CN).-
Así, ley provincial ha regulado dentro del marco legítimo de su competencia federal
aspectos propios para el ejercicio de la profesión, de derechos y obligaciones
inherentes a los profesionales corredores, y en especial la deontología y el régimen
disciplinario, que no pueden ser menoscabados o avasallados por la norma nacional
por incompetencia constitucional so pena de inconstitucionalidad .
El Código de Ética profesional para martilleros y corredores de la Provincia de
Bs.As.impone específicamente el respeto a la ley ya que” Es deber primordial
respetar y hacer respetar la ley y a las autoridades públicas. Deben cumplir
estrictamente las disposiciones fiscales que graven su profesión, pagando en
oportunidad los derechos que corresponda” (art. 7 Código de Ética). De allí el examen
de legalidad que debe primar en el ejercicio profesional y en este análisis pues las
obligaciones generales del profesional determinan que , “Sin perjuicio de las
establecidas legalmente, todo martillero está sujeto al cumplimiento de aquellas
obligaciones no consagradas por texto expreso, pero que, de una manera evidente
la costumbre, la ética y estética, las consideran implícitas e inherentes a la
naturaleza misma de la profesión” ( art 16 Código de Ética).
“Las normas de ética se aplican a todo el ejercicio de las profesionales de martillero
y corredor” (art. 24 Código de Ética).-
a.1. Decreto ley 20.266 del 10 de abril de 1973.-Ley
La ley Nacional 20.266 y su modificatoria 25.028 (
que rige en todo el territorio de la República Argentina y que está incorporada al
Código de Comercio derogando los artículos 113 a 122 del mismo texto de fondo -
23.282 del 30 de octubre de 1985.-
art. 28 y 30-. ) regula los requisitos a cumplir para obtener el título habilitante de
Martillero, y sus atribuciones.
Refirma la ley nacional en su artículo 3 que para
ejercer la profesión éste debe inscribirse en la matrícula de la jurisdicción
correspondiente, imponiendo el título universitario previsto en el artículo 1 de la ley,
sin perjuicio de los títulos otorgados con anterioridad. El gobierno de la matricula
estará a cargo de cada jurisdicción, del organismo profesional o judicial, que haya
determinado la legislación local respectiva (art. 4). En el caso bonaerense, es el
colegio profesional creado por ley local.- En el artículo 8 se regulan las facultades
profesionales del Martillero, y los derechos de la percepción de su comisión sobre el
precio efectivamente obtenido.- Del listado de prohibiciones ( art. 19) se refirma su
carácter de tercero en relación los bienes en compraventa, tasación o remate.
La ley regula en el articulo 24 que los martilleros en
ejercicio a la fecha de vigencia de la ley 25.028 que estuvieren matriculados,
continuarán en ejercicio de su actividad cumpliendo los requisitos del artículo 3 a
excepción del título universitario. El articulo 4 regula que El gobierno de la matrícula
estará a cargo en cada jurisdicción, del organismo profesional o judicial que haya
determinado la legislación local respectiva, y en el artículo 5 se legisla “La autoridad
que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de legajos, individuales para
cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos personales y de inscripción y
todo lo que produzca modificaciones en los mismos. Dichos legajos serán públicos”.
Es destacable en este punto que la manifestación del
artículo 4 no asigna competencia nacional a la ley sino que reitera lo que es
competencia constitucional propia de las organizaciones locales ( Provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires) al igual que el resto del enunciado de la ley al respecto,
por lo que no se autoasigna la ley competencia nacional al referenciar tales
contenidos .- Ello es porque le corresponden a las provincias y a la Ciudad autónoma
de Buenos Aires por la materia y la estructura constitucional federal ( poder de policía
de las profesiones).En esa línea, el ejercicio profesional mismo del corretaje se regula
por las competencias locales e imponen que éste será el de un corredor inscripto en
la entidad profesional que gobierne la matrícula y conforme a los alcances
regulados por las legislaciones locales.-
El artículo 31 prevé que “… sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la
legislación local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley
respecto de los martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre
modificado en los artículos siguientes”.-
Así, al listado indicado en la ley se adiciona que el Artículo 32 ( no propone el
proyecto actualsu derogación) determina las condiciones habilitantes para ser
corredor e indica que debe : a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en
ninguna de las inhabilidades del artículo 2º ( de martilleros) ; b) Poseer título
universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las
reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.( reconociendo el carácter de
profesional liberal universitaria que fija la competencia local en materia de regular el
ejercicio de la actividad profesional por el poder de policía profesional local ajeno a la
competencia nacional) .-
El Artículo 33 reitera el reconocimiento que “ Quien
pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la matrícula de la
jurisdicción correspondiente” refirmando nuevamente que en ese contenido el
carácter local de dicha regulación es propia de las Provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y tampoco propone su derogación el proyecto en examen .
Seguidamente sostiene que : “ Para ello, deberá cumplir los siguientes requisitos: a)
Acreditarmayoría de edad y buena conducta; b) Poseer el título previsto en el inciso
b) del artículo 32.( b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República,
con arreglo a las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten-reiterando el
carácter de profesión liberal sometida a la obtención de una habilitación universitaria
nacional pero reenviando el poder de policía profesional a las competencias locales
quienes fijan el modo, requisitos y alcance regulatorios del ejercicio profesional entre
lo cual está la obligación expresa que el corredor debe estar inscripto en la entidad
profesional con su matrícula profesional pertinente.-Ello esclarece que la materia
regulatoria colegial por ley local es competencia exclusiva y excluyentede las
Provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires siendo inconstitucional que el
Código civil y comercial unificado pretenda regular este aspecto y además pretenda
permitir la que cumpla la actividad un corredor no inscripto.( art. 1346, b) del
proyecto).-
Atento que no se deroga la exigencia del carácter universitario de la titulación de
corredor, esa exigencia de dicho diploma con carácter nacional universitario reenvía
de manera indiscutible a las atribuciones locales de las entidades de derecho
público no estatal para regular el punto. No es admisible ni permisible que pretenda
la ley nacional regular el tema la actividad del ejercicio de la profesión y además
desregular la inscripción del corredor para su ejercicio, cuando ello es competencia
propia local, y así lo imponen las leyes reguladoras del poder de policíaprofesional.
Aún así también lo mantiene la ley 20.266 y sus modificatorias.-
También determina la ley que deberá el interesado en ejercer como corredor: c)
Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende ejercer
como corredor, -propio de una materia de regulación con contenido de carácter local
del ejercicio de la actividad- ; d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso
d), con los alcances que determina el artículo 6º (de martilleros), y e) Cumplir los
demás requisitos que exija la reglamentación local.
El mismo texto en referencia, indica que “Los que sin cumplir estas condiciones sin
tener las calidades exigidas ejercen el corretaje, no tendrán acción para cobrar la
remuneración prevista en el artículo 37, ni retribución de ninguna especie”.Se
destaca que al respecto de este artículo y texto el proyecto de unificación en
examen no propone derogarlo, y sí declara expresamente que los artículos no
derogados regirán y se complementarán con los vigentes, demostrando la
contradicción con el propio texto delos artículos1345,1346 y cc del proyecto.-
El Artículo 34 de la ley 20.266 indica que En el ejercicio de su profesión el corredor
está facultado para:
a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado
a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación.
No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de
ejecución del contrato mediado.
b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de
actos jurídicos.
c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y
particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus
deberes.
d) Prestar fianza por una de las partes.
El Artículo 35 indica que Los corredores deben llevar
asiento exacto y cronológico de todas las operaciones concluidas con su intervención,
transcribiendo sus datos esenciales en un libro de registro, rubricado por el Registro
Público de Comercio o por el órgano a cargo del gobierno de la matrícula en la
jurisdicción.
La propuesta de derogación del proyecto de unificación civil y comercial se refiere
exclusivamente
Artículo 36. — Son obligaciones del corredor:
a los artículos 36,37, y 38 de la ley 20.266, a saber:
a) Llevar el libro que establece el artículo 35(esta propuesta de derogación no
abarca al artículo 35 por lo que la obligación se mantiene)
b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los
que interviene y su capacidad legal para celebrarlos. (este contenido se mantiene
mencionado en el proyecto del contrato de corretaje en el artículo 1347 a))
c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el
título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la
certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio,
gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquéllos, así
como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.( este contenido
se mantiene mencionado genéricamente en el proyecto del contrato de corretajeen
el artículo 1347 b) cuando indica que deberá el corredor proponer los negocios con
exactitud, precisión y claridad ,absteniéndose de mencionar supuestos inexactos
que puedan inducir a error a las partes, destacándose que por política legislativa es
más conveniente el texto vigente y no el proyecto)
d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma
de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás
instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en
que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que documenta la
operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquél. (este
texto es más conveniente que el proyecto propuesto)
e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la
formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias
conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular,
las relativas al objeto y al precio de mercado; (está abarcado con menor precisión en
el proyecto de unificación en el artículo1347 c))
f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo en
virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas
(este contenido está regulado específicamente en el proyecto en el artículo 1347 d)
pero resulta competencia propia de la normativa local del poder de policía de las
profesiones)
g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las
partes lo exigiere (este contenido se incluye en el proyecto en el artículo 1347 e)
agregando como obligación del corredor firmar los instrumentos conclusivos si
alguna de las partes lo requiere)
h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá emparejarlas
y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de
discusión, sobre la calidad de las mercaderías (este contenido está en el proyecto en
el artículo 1347, f))
i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya
negociación intervenga. (este contenido no se encuentra en el proyecto)
j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse
presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su
intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los
que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la
operación, según las constancias del Libro de Registro. (este contenido no se
encuentra en el proyecto)
k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables (el articulo
1348 del proyecto de unificación es mucho menos abarcativo de las obligaciones y
además es materia propia local regulada por el poder de policía local de las
profesiones)
l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la
reglamentación local. (esto es el reconocimiento de las competencias locales propias
de la profesión y no está enunciado entre las obligaciones que propone el proyecto
de unificación)
Artículo 37. El corredor tiene derecho a:
a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los
aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso,
se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su
percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.( esta materia está
enunciada en el artículo 1350 del proyecto de unificación aunque no menciona que
la comisión será conforme a los aranceles ( honorarios) aplicables en la jurisdicción
y propone que tiene el corredor derecho a la uso en el lugar de la celebración del
contrato, o en su defecto, en el lugar en que principalmente realiza su cometido. La
materia es propia de la competencia local del ejercicio de la profesión en cada
provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires)
La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las
partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la
conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo (este contenido está
enunciado en el proyecto de unificación en el artículo 1352 en tres casos distintos
al actual vigente; además es competencia propia local)
Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada
una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a
exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una
misma parte( este contenido está en parte en el artículo 1351 del proyecto de
unificación y es de competencia propia local. El proyecto declara que no existe
solidaridad entre las partes respecto del corredor)
b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo
pacto o uso contrario.(este contenido tiene una propuesta inversa en el proyecto de
unificación en el artículo 1354 al sostener que el corredor no tiene derecho a
reembolso de gastos, aún cuando la operación encomendada no se concrete,
excepto pacto en contrario. Además es materia de competencia propia local)
Artículo 38. — El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se
frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le
reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere
lugar. (es materia de competencia propia local pero no está previsto este caso en el
proyecto de unificación)
El texto conforme ley 25.028 determinó, en la órbita de su competencia nacional de
regulación del estudio universitario, un período y plazo de transición a los fines de la
habilitación profesional, hasta que las carreras universitarias se implementaran, lo
que ha ocurrido en la actualidad.-
Este aspecto permite precisar que: a) la actividad es una carrera universitaria con el
alcance de una profesión universitaria liberal; b) regulada por los contenidos
curriculares y de diplomatura universitaria con validez nacional en todo el territorio
de la República Argentina; c) el alcance de la expresión utilizada por la ley al
mencionar habilitación profesional se corresponde con la aptitud habilitante
universitaria; d) la materia no invade las competencia locales regulatorias en materia
del ejercicio efectivo de la profesión; d) en estas jurisdicciones locales es donde recae
la fijación y regulación de los requisitos para el ejercicio efectivo de la actividad
profesional; e) existiendo las legislaciones de creación de entidades de derecho
público no estatal (Colegios y Cajas propios de la profesión de martilleros y
corredores) serán estas las entidades competentes para llevar adelante el ejercicio de
la regulación del ejercicio de la profesión debiendo llevar el registro y habilitación de
matricula , el control deontológico y disciplinario junto a las normas locales
reguladoras de los honorarios profesionales y la competencia judicial provincial o
local para resolver diferendos al respecto.-En la actualidad están equiparados (
martilleros y corredores) a egresados universitarios con todos los alcances que ello
conlleva.-
Este reconocimiento legislativo de la ley 25.028 no
tiene propuestade derogación por parte del proyecto de unificación y genera una
confusión que debe resolverse en favor de la naturaleza de la actividad profesional:
actividad universitaria de rango nacional con habilitación académica de titulo
universitario válido en todo el territorio de la Nación Argentina, con sujeción a las
regulaciones de las jurisdicciones locales que reglamentan el ejercicio efectivo de la
actividad profesional ( artículo 121 de la Constitución Nacional).-
Ley 25.028
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.
sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1º — Se reforma el Decreto ley 20.266/73 conforme las disposiciones
establecidas en el anexo I, denominado "Reformas al régimen legal de martilleros y
corredores", que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos
1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y
38.
ARTICULO 2º — Se deroga el Capítulo I "De los corredores", del libro primero, título
IV del Código de Comercio y la Ley 2282.
ARTICULO 3º — Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para
corredores y martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las
disposiciones legales del artículo 88 del Código de Comercio y 1º de la Ley 20.266,
que a tal efecto permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se
equipararán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus
funciones a dicha fecha, con los egresados universitarios.
ARTICULO 4º — Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su
publicación oficial.
ARTICULO 5º — Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.
Ley 20266
REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES
Sancionada y promulgada: 10-IV-1973 B.O.: 17-IV-1973.
Modificada por ley 25.028.-(Sancionada por Insistencia) Sanción 14/10/1998 –
Promulgación 01/12/1999 – Publicación BO 29/12/1999.
Cap. I - Condiciones habilitantes
Art. 1.- Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a
las reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.
Cap. II - Inhabilidades - Causas de inhabilidad
Art. 2.- Están inhabilitados para ser martilleros: a) Quienes no pueden ejercer el
comercio; b) Los fallidos y concursados cuya conducta haya sido calificada como
fraudulenta o culpable, hasta cinco (5) años después de su rehabilitación; c) Los
inhibidos para disponer de sus bienes; d) Los condenados con accesoria de
inhabilitación para ejercer cargos públicos, y los condenados por hurto, robo,
extorsión, estafas y otras defraudaciones, usura, cohecho, malversación de caudales
públicos y delitos contra la fe pública, hasta después de diez (10) años de cumplida la
condena; e) Los excluidos temporaria o definitivamente del ejercicio de la actividad
por sanción disciplinaria; f) Los comprendidos en el artículo 152 bis del Código Civil.
Cap. III - Matrícula
Art. 3.- Quien pretenda ejercer la actividad de martillero deberá inscribirse en la
matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;
b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción.
d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su
cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con
carácter general;
e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.
Art. 4.- El gobierno de la matrícula estará a cargo en cada jurisdicción, del
organismo profesional o judicial que haya determinado la legislación local
respectiva.
Art. 5.- La autoridad que tenga a su cargo la matrícula ordenará la formación de
legajos, individuales para cada uno de los inscriptos, donde constarán los datos
personales y de inscripción y todo lo que produzca modificaciones en los mismos.
Dichos legajos serán públicos.
Art. 6.- La garantía a que se refiere al artículo 3, inciso d) es inembargable y
responderá exclusivamente al pago de los daños y perjuicios que causare la actividad
del matriculado, al de las sumas de que fuere declarado responsable y al de las
multas que se le aplicaren, debiendo en tales supuestos el interesado proceder a la
reposición inmediata de la garantía, bajo apercibimiento de suspensión da la
matrícula.
Cap. IV - Incompatibilidades
Art. 7.- Los empleados públicos aunque estuvieren matriculados como martilleros,
tendrán incompatibilidad, salvo disposiciones de leyes especiales y el supuesto del
artículo 25, para efectuar remates ordenados por la rama del poder o administración
de la cual formen parte.
Cap. V - Facultades
Art. 8.- Son facultades de los martilleros: a) Efectuar ventas o remate público de
cualquier clase de bienes, excepto las limitaciones resultantes de leyes especiales; b)
Informar sobre al valor venal o de mercado de los bienes para cuyo remate los faculta
esta ley (tasaciones); c) Recabar directamente de las oficinas públicas y bancos
oficiales y particulares, los informes o certificados necesarios para el cumplimiento de
las obligaciones previstas en el artículo 9 (informes); d) Solicitar de las autoridades
competentes las medidas necesarias para garantizar el normal desarrollo del acto de
remate (medidas de seguridad).
Cap. VI - Obligaciones
Art. 9.- Son obligaciones de los martilleros; a) (Libros) Llevar los libros que se
establecen en el capítulo VIII; b) (Títulos) Comprobar la existencia de los títulos
invocados por el legitimado para disponer del bien a rematar. En el caso de remate de
inmuebles, deberán también constatar las condiciones de dominio de los mismos c)
(Convenio con el legitimado) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del
bien, los gastos del remate y la forma de satisfacerlos, condiciones de venta, lugar de
remate, modalidades del pago del precio y demás instrucciones relativas al acto,
debiéndose dejar expresa constancia en los casos en que el martillero queda
autorizado para suscribir el instrumento que documenta la venta en nombre de
aquél; d) (Publicidad)Anunciar los remates con la publicidad necesaria, debiendo
indicar en todos los casos su nombre, domicilio especial y matrícula, fecha, hora y
lugar del remate y descripción y estado del bien y sus condiciones de dominio. e)
(Remate de lotes) En caso de remates realizados por sociedades, deberán indicarse
además los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio. Cuando se trate
de remates de lotes en cuotas o ubicados en pueblos en formación, los planos
deberán tener constancia de su mensura por autoridad competente y de la distancia
existente entre la fracción a rematar y las estaciones ferroviarias y rutas nacionales o
provinciales más próximas. Se indicará el tipo de pavimento, obras de desagote y
saneamiento y servicios públicos, si existieran; f) (Acto de remate) Realizar al remate
en la fecha, hora y lugar señalados, colocando en lugar visible una bandera con su
nombre y, en su caso, el nombre, denominación o razón social de la sociedad a que
pertenezcan; g) Explicar en voz alta, antes de comenzar el remate, en idioma nacional
y con precisión y claridad los caracteres, condiciones legales, cualidades del bien y
gravámenes que pesaren sobre el mismo; Son obligaciones de los martilleros; h)
(Posturas) aceptar la postura solamente cuando se efectuare de viva voz: de lo
contrario la misma será ineficaz; i) (Instrumentos de venta) Suscribir con los
contratantes y previa comprobación de identidad, el instrumento que documenta la
venta, en el que constarán los derechos y obligaciones de las partes. El instrumento
se redactara en tres (3) ejemplares y deberá ser debidamente sellado, quedando uno
de ellos en poder del martillero. h) (Bienes muebles) Cuando se trate de bienes
muebles cuya posesión sea dada al comprador en el mismo acto, y ésta fuera
suficiente para la transmisión de la propiedad, bastará el recibo respectivo; i) (Precio)
Exigir y percibir del adquirente, en dinero efectivo, el importe de la seña o cuenta del
precio, en la proporción fijada en la publicidad, y otorgar los recibos
correspondientes; j) (Rendición de cuentas) Efectuar la rendición de cuentas
documentada y entregar el saldo resultante dentro del plazo de cinco (5) días, salvo
convención en contrario, incurriendo en pérdida de la comisión en caso de no
hacerlo; k) (Deber de conservación) Conservar, si correspondiere, las muestras
certificadas e informes relativos a los bienes que remate hasta el momento de la
transmisión definitiva del dominio; l) (Otros deberes) En general, cumplimentar las
demás obligaciones establecidas por las leyes y reglamentaciones vigentes.
Art. 10.- Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la presente ley, cuando los
martilleros ejerciten su actividad no hallándose presente el dueño de los efectos que
hubieren de venderse, serán reputados en cuanto a sus derechos y obligaciones,
consignatarios sujetos a las disposiciones de los artículos 232 y siguientes del Código
de Comercio.
Cap. VII - Derechos
Art. 11.- El martillero tiene derecho a: a) Cobrar una comisión conforme a los
aranceles aplicables en la jurisdicción, salvo los martilleros dependientes, contratados
o adscriptos a empresas de remate o consignaciones que reciban por sus servicios las
sumas que se convengan, pudiendo estipularse también la comisión de garantía en
los términos del artículo 256 del Código de Comercio; b) (Reintegro de gastos)
Percibir del vendedor, el reintegro de los gastos del remate, convenidos y realizados.
Art. 12.- En los casos en que iniciada la tramitación del remate, el martillero no lo
llevare a cabo por causas que no le fueren imputables, tendrá derecho a percibir la
comisión que determine el juez de acuerdo con la importancia del trabajo realizado y
los gastos que hubiere efectuado. Igual derecho tendrá si el remate fracasare por
falta de postores.
Art. 13.- La comisión se determinará sobre la base del precio efectivamente obtenido.
Si la venta no se llevare a cabo, la comisión se determinará sobre la base del bien a
rematar, salvo que hubiere convenio con el vendedor en cuyo caso se estará a éste. A
falta de base se estará al valor de plaza en la época prevista para el remate.
Art. 14.- Si el remate se anulare por causas no imputables al martillero, éste tiene
derecho al pago de la comisión que le corresponda, que estará a cargo de la parte
que causó la nulidad.
Art. 15.- Los martilleros pueden constituir sociedades de cualesquiera de los tipos
previstos en el Código de Comercio, excepto cooperativas, con el objeto de realizar
exclusivamente actos de remate. En este caso cada uno de los integrantes de la
sociedad deberá constituir la garantía especificada en el artículo 3, inciso d.
Art. 16.- En las sociedades que tengan por objeto la realización de actos de remate, el
martillero que la lleve a cabo y los administradores o miembros del directorio de la
sociedad, serán responsables ilimitada, solidaria y conjuntamente con ésta por los
daños y perjuicios que pudieren ocasionarse como consecuencia del acto de remate.
Estas sociedades han efectuar los remates por intermedio medio de martilleros
matriculados, e inscribirse en registros especiales que llevará el organismo que tenga
a su cargo la matrícula.
Cap. VIII - Libros
Art. 17.- Los martilleros y las sociedades a que se refiere el artículo 15 deben llevar los
siguientes libros rubricados por el Registro Público de Comercio de la jurisdicción: a)
(Diario de entradas) Diario de entradas, donde asentarán los bienes que recibieron
para su venta, con indicación de las especificaciones necesarias para su debida
identificación, el nombre y apellido de quien confiere el encargo, por cuenta de quién
han de ser vendidos y las condiciones de su enajenación; b) (Diario de salidas) Diario
de salidas, en el que se mencionarán día por día las ventas indicando por cuenta de
quién se han efectuado, quién ha resultado comprador, precio y condiciones de pago
y demás especificaciones que se estimen necesarias; c) (De cuentas de gestión) De
cuentas de gestión, que documente las realizadas entre el martillero y cada uno de
sus comitentes. El presente artículo no es aplicable a los martilleros dependientes,
contratados o adscriptos o empresas de remates o consignaciones.
Art. 18.- Los martilleros deben archivar por orden cronológico un ejemplar de los
documentos que se extiendan con su intervención, en las operaciones que se realicen
por su intermedio.
Cap. IX - Prohibiciones
Art. 19.- Se prohíbe a los martilleros: a) (Descuentos y bonificaciones) Practicar
descuentos, bonificaciones o reducción de comisiones arancelarias; b) (Participación
en el precio)Tener participación en el precio que se obtenga en el remate a su cargo,
no pudiendo celebrar convenios por diferencias a su favor, o de terceras personas; c)
(Cesión de bandera) Ceder, alquilar o facilitar su bandera, ni delegar o permitir que
bajo su nombre o el de la sociedad a que pertenezca, se efectúen remates por
personas no matriculadas; d) (Delegación del remate) En caso de ausencia,
enfermedad o impedimento grave del martillero, debidamente comprobados ante la
autoridad que tenga a su cargo la matrícula, aquél podrá delegar el remate en otro
matriculado, sin previo aviso; d) (Compra por cuenta de terceros) Comprar por cuenta
de tercero, directa o indirectamente, los bienes cuya venta se le hubiera
encomendado; e) (Compra para sí de los bienes a rematar) Comprar para sí los
mismos bienes, o adjudicarlos o aceptar posturas sobre ellos, respecto de su cónyuge
o parientes dentro del segundo grado, socios, habilitados o empleados; f)
(Suscripción, instrumento de venta sin autorización)Suscribir el instrumento que
documenta la venta, sin autorización expresa del legitimado para disponer del bien a
rematar; g) (Retención del precio) Retener el precio recibido o parte de él, en lo que
exceda del monto de los gastos convenidos y de la comisión que corresponda; h)
(Deber de veracidad) Utilizar en cualquier forma las palabras judicial, oficial o
municipal, cuando el remate no tuviera tal carácter, o cualquier otro término o
expresión que induzca a engaño o confusión; i) (Ofertas bajo sobre) Aceptar ofertas
bajo sobre y mencionar su admisión en la publicidad, salvo el caso de leyes que así lo
autoricen; j) (Suspensión del remate) Suspender los remates existiendo posturas,
salvo que habiéndose fijado base, la misma no se alcance.
Cap. X - Sanciones
Art. 20.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo VI y la
realización de los actos prohibidos en el capítulo IX hacen pasible al martillero de
sanciones que podrán ser multa de hasta $a 502500 (res. 2/85 I.G.J.), suspensión de
la matrícula de hasta dos (2) años y su cancelación. La determinación, aplicación y
graduación de estas sanciones, estarán a cargo de la autoridad que tenga a su cargo
la matrícula en cada jurisdicción, y serán apelables por ante el tribunal de comercio
que corresponda.
Art. 21.- Las sanciones que se apliquen serán anotadas en el legajo individual del
martillero previsto en el artículo 5.
Art. 22.- El martillero por cuya culpa se suspendiere o anulare un remate, perderá su
derecho a cobrar la comisión y a que se le reintegren los gastos, y responderá por los
daños y perjuicios ocasionados.
Art. 23.- Ninguna persona podrá anunciar o realizar remates sin estar matriculada en
las condiciones previstas en el artículo 3. Quienes infrinjan esta norma serán
reprimidos por el organismo que tenga a su cargo la matrícula, con multa de hasta $a
1005000 (res. 2/85 I.G.J.) y además se dispondrá la clausura del local u oficina
respectiva; todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiera
corresponder. El organismo que tenga a su cargo la matrícula, de oficio o por
denuncia de terceros, procederá a allanar con auxilio de la fuerza pública, los
domicilios donde se presuma que se cometen las infracciones antes mencionadas y
comprobadas que ellas sean, aplicará las sanciones previstas, sin perjuicio de las
denuncias de carácter penal, si correspondieran. La orden de allanamiento y de
clausura de locales deberán emanar de la autoridad judicial competente. En todos los
casos, las sanciones de multa y clausura serán apelables para ante el tribunal de
comercio que corresponda.
Cap. XI - Disposiciones generales
Art. 24.- Los martilleros que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieren
matriculados, continuarán en ejercicio de su actividad, cumpliendo con los requisitos
enunciados por los incisos b), c) y d) del artículo 3.
Art. 25.- (Texto según ley 20306, art. 1). Los remates que realicen el Estado nacional,
las provincias y las municipalidades, cuando actúen, como personas de derecho
privado, así como las entidades autárquicas, bancos y empresas del Estado nacional,
de las provincias o de las municipalidades se rigen por las disposiciones de sus
respectivos ordenamientos y, en lo que no se oponga a ellos, por la presente ley.
Art. 26.- Hasta tanto se determine organismo profesional o judicial que tendrá a su
cargo la matrícula de martilleros en la Capital Federal y en el Territorio Nacional de la
Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sud, la misma
corresponderá al juez del cual dependa el Registro Público de Comercio.
Art. 27.- Las subastas públicas dispuestas por autoridad judicial se rigen por las
disposiciones de las leyes procesales pertinentes y, en lo que no se oponga a ellas,
por la presente ley.
Art. 28.- Esta ley se aplicará en todo el territorio de la República y su texto queda
incorporado al Código de Comercio.
Art. 29.- La presente entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación.
Art. 30.- Deróganse los artículos 113 a 122 del Código de Comercio.
Cap. XII - Corredores
Artículo 31. — Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación
local, es aplicable al ejercicio del corretaje lo dispuesto en esta ley respecto de los
martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los
artículos siguientes.
Artículo 32. — Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones
habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a
las reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.
Artículo 33. — Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en
la matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
b) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 32.
c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende
ejercer como corredor.
d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que
determina el artículo 6º;
e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.
Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el
corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista en el artículo 37,
ni retribución de ninguna especie.
Artículo 34. — En el ejercicio de su profesión el corredor está facultado para:
a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios sin estar ligado
a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación.
No obstante una de las partes podrá encomendarles que la represente en los actos de
ejecución del contrato mediado.
b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de
actos jurídicos.
c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y
particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus
deberes.
d) Prestar fianza por una de las partes.
Artículo 35. — Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las
operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en
un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano a
cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.
Artículo 36. — Son obligaciones del corredor:
a) Llevar el libro que establece el artículo 35.
b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en
los que interviene y su capacidad legal para celebrarlos.
c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte
el título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables,
recabará la certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción
del dominio, gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan
aquéllos, así como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente.
d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la
forma de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y
demás instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los
casos en que el corredor quede autorizado para suscribir el instrumento que
documenta la operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre
de aquél.
e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la
formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias
conocidas por él que puedan influir sobre la conclusión de la operación en
particular, las relativas al objeto y al precio de mercado;
f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en las que intervenga: sólo
en virtud del mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las
mismas.
g) Asistir la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las
partes lo exigiere.
h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá
emparejarlas y conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la
posibilidad de discusión, sobre la calidad de las mercaderías.
i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya
negociación intervenga.
j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse
presente en el momento de la firma y dejar en su texto constancia firmada de su
intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En
los que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la
operación, según las constancias del Libro de Registro.
k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables.
l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la
reglamentación local.
Artículo 37. El corredor tiene derecho a:
a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los
aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de
uso, se le determinará judicialmente; salvo pacto contrario, surge el derecho a su
percepción desde que las partes concluyan el negocio mediado.
La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de una de las
partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la
conclusión a otra persona o la concluyere por sí mismo.
Interviniendo un solo corredor, éste tendrá derecho a percibir retribución de cada
una de las partes; si interviene más de un corredor, cada uno sólo tendrá derecho a
exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una
misma parte;
b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo
pacto o uso contrario.
Artículo 38. — El corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se
frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le
reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere
lugar.
a.2. Ley 25.028 del 29 de diciembre de 1999.-
El texto conforme ley 25.028 determinó, en la órbita de su competencia nacional de
regulación del estudio universitario, un período y plazo de transición a los fines de la
habilitación profesional, hasta que las carreras universitarias se implementaran, lo
que ha ocurrido en la actualidad.-
Este aspecto permite precisar que: a) la actividad es
una carrera universitaria con el alcance de una profesión universitaria liberal; b)
regulada por los contenidos curriculares y de diplomatura universitaria con validez
nacional en todo el territorio de la República Argentina; c) el alcance de la expresión
utilizada por la ley al mencionar habilitación profesional se corresponde con la
aptitud habilitante universitaria; d) la materia no invade las competencia locales
regulatorias en materia del ejercicio efectivo de la profesión; d) en estas
jurisdicciones locales es donde recae la fijación y regulación de los requisitos para el
ejercicio efectivo de la actividad profesional; e) existiendo las legislaciones de
creación de entidades de derecho público no estatal ( Colegios y Cajas propios de la
profesión de martilleros y corredores) serán estas las entidades competentes para
llevar adelante el ejercicio de la regulación del ejercicio de la profesión debiendo
llevar el registro y habilitación de matricula , el control deontológico y disciplinario
junto a las normas locales reguladoras de los honorarios profesionales y la
competencia judicial provincial o local para resolver diferendos al respecto.-En la
actualidad están equiparados ( martilleros y corredores) a egresados universitarios
con todos los alcances que ello conlleva.-
Este reconocimiento legislativo de la ley 25.028 no
tiene propuesta de derogación por parte del proyecto de unificación y genera una
confusión que debe resolverse en favor de la naturaleza de la actividad profesional:
actividad universitaria de rango nacional con habilitación académica de titulo
universitario válido en todo el territorio de la Nación Argentina, con sujeción a las
regulaciones de las jurisdicciones locales que reglamentan el ejercicio efectivo de la
actividad profesional ( artículo 121 de la Constitución Nacional).-
LEY 25028 - REGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES - REFORMAS -
CONFIRMACION
PRESIDENCIA DEL SENADO DE LA NACION
Buenos Aires, 1 de diciembre de 1999.
Al señor Presidente de la Nación:
Tengo el honor de dirigirme al señor Presidente, a fin de comunicarle que el H.
Senado , en sesión de la fecha, ha considerado la confirmación de la H. Cámara de
Diputados en su sanción anterior a la observación total al proyecto de ley registrado
bajo el Nº 25.028, por el que se aprueba la “Reforma al Régimen legal de martilleros y
corredores”, y ha tenido a bien confirmar también la propia con el voto unánime de
los presentes, quedando así definitivamente sancionado el proyecto según lo
dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Se procede a la devolución del pliego original de la ley citada.
Saludo a usted muy atentamente.
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, dío
sanción con fuerza de Ley:
ART. 1º.- Se reforma el Decreto ley Nº 20.266/73 conforme las disposiciones
establecidas en el anexo I, denominado “ Reformas al régimen legal de martilleros y
corredores”, que es parte integrante de la presente ley, sustituyéndose los artículos
1º y 3º de la citada norma e incorporándose los artículos 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y
38.
ART. 2º.- Se deroga el capitulo I “De los corredores” del libro primero, titulo IV del
Código de Comercio y la ley 23.282
ART. 3º.- Hasta tanto se implementen las carreras universitarias para corredores y
martilleros, la habilitación profesional se hará conforme las disposiciones legales
del articulo 88 del Código de Comercio y 1º de la ley 20.266, que a tal efecto
permanecen vigentes por ese exclusivo lapso.
A partir del establecimiento de los títulos universitarios y por única vez, se
equiparán los corredores y martilleros habilitados para el ejercicio de sus funciones
a dicha fecha, con los egresados universitarios.
ART. 4º.- Esta ley entrará en vigencia después de los sesenta días de su publicación
oficial.
ART. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO I
REFORMAS AL RÉGIMEN LEGAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES
Modificanse los artículos 1º y 3º del decreto ley 20.266/73, e incorpórense a
continuación del artículo 30º del Capítulo XII ”corredores” y los artículos 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37 y 38, los que quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo 1º.- Para ser martillero se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2º;
b) Poseer título universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las
reglamentaciones vigentes y las que al efecto se dicten.
Articulo 3º.- Quien pretenda ejercer la actividad de Martillero deberá inscribir en la
matrícula de la jurisdicción correspondiente. Para ello deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Poseer el título previsto en el inciso b) del artículo 1º;
b) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
c) Constituir domicilio en la jurisdicción que corresponda a su inscripción;
d) Constituir una garantía real o personal y la orden del organismo que tiene a su
cargo el control de la matrícula, cuya clase y monto serán determinados por éste con
carácter general;
e) Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local.
CAPITULO XII
CORREDORES
Artículo 31; Sin perjuicio de las disposiciones del Código Civil y de la legislación local
es aplicable al ejercicio del corretaje, lo dispuesto en esta ley respecto de los
martilleros, en todo lo que resulte pertinente y no se encuentre modificado en los
artículos siguientes:
Artículo 32; Para ser corredor se requieren las siguientes condiciones habilitantes:
a) Ser mayor de edad y no estar comprendido en ninguna de las inhabilidades del
artículo 2º
b) Poseer titulo universitario expedido o revalidado en la República, con arreglo a las
reglamentaciones vigentes y que al efecto se dicten.
Articulo 33; Quien pretenda ejercer la actividad de corredor deberá inscribirse en la
matricula de la jurisdicción correspondiente. Para ello, deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Acreditar mayoría de edad y buena conducta;
b) Poseer el título previsto en inciso b) del artículo 32.
c) Acreditar hallarse domiciliado por más de un año en el lugar donde pretende
ejercer como corredor;
d) Constituir la garantía prevista en el artículo 3º inciso d), con los alcances que
determina el artículo 6º;
e) Cumplir los demás requisitos que exija la reglamentación local.
Los que sin cumplir estas condiciones sin tener las calidades exigidas ejercen el
corretaje, no tendrán acción para cobrar la remuneración prevista por el artículo 37º,
ni retribución de ninguna especie.
Artículo 34.- En el ejercicio de su profesión el corredor esta facultado para:
a) Poner en relación a dos o más partes para la conclusión de negocios, sin estar
ligado a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o
representación. No obstante una de las partes podrá encomendarles que la
represente en los actos de ejecución del contrato mediado;
b) Informar sobre el valor venal o de mercado de los bienes que pueden ser objeto de
actos jurídicos;
c) Recabar directamente de las oficinas públicas, bancos y entidades oficiales y
particulares, los informes y certificados necesarios para el cumplimiento de sus
deberes;
d) Prestar fianza por una de las partes.
Artículo 35.- Los corredores deben llevar asiento exacto y cronológico de todas las
operaciones concluidas con su intervención, transcribiendo sus datos esenciales en
un libro de registro, rubricado por el Registro Público de Comercio o por el órgano o a
cargo del gobierno de la matrícula en la jurisdicción.
Artículo 36.- Son obligaciones del corredor:
a) Llevar el libro que se establece en el artículo 35;
b) Comprobar la identidad de las personas entre quienes se tratan los negocios en los
que interviene y su capacidad legal para celebrarlos;
c) Deberá comprobar, además, la existencia de los instrumentos de los que resulte el
título invocado por el enajenante; cuando se trate de bienes registrables, recabará la
certificación del Registro Público correspondiente sobre la inscripción del dominio,
gravámenes, embargos, restricciones y anotaciones que reconozcan aquellos, así
como las inhibiciones o interdicciones que afecten al transmitente;
d) Convenir por escrito con el legitimado para disponer del bien los gastos y la forma
de satisfacerlos, las condiciones de la operación en la que intervendrá y demás
instrucciones relativas al negocio; se deberá dejar expresa constancia en los casos en
que el corredor quede autorizado para subscribir el instrumento que documenta la
operación o realizar otros actos de ejecución del contrato en nombre de aquel;
e) Proponer los negocios con la exactitud, precisión y claridad necesarias para la
formación del acuerdo de voluntades, comunicando a las partes las circunstancias
conocidas por el que puedan influir sobre la conclusión de la operación en particular,
las relativas al objeto y al precio de mercado;
f) Guardar secreto de lo concerniente a las operaciones en la que intervenga: solo en
virtud de mandato de autoridad competente, podrá atestiguar sobre las mismas;
g) Asistir a la entrega de los bienes transmitidos con su intervención, si alguna de las
partes lo exigiere;
h) En las negociaciones de mercaderías hechas sobre muestras, deberá identificarlas y
conservarlas hasta el momento de la entrega o mientras subsista la posibilidad de
discusión, sobre la calidad de las mercaderías;
i) Entregar a las partes una lista firmada, con la identificación de los papeles en cuya
negociación intervenga;
j) En los contratos otorgados por escrito, en instrumento privado, debe hallarse
presente en el momento de su firma y dejar en su texto constancia firmada de su
intervención, recogiendo un ejemplar que conservará bajo su responsabilidad. En los
que no requieran la forma escrita, deberá entregar a las partes una minuta de la
operación, según las constancias del Libro de Registro;
k) Respetar las prohibiciones del artículo 19 en lo que resulten aplicables;
l) Cumplir las demás obligaciones que impongan las leyes especiales y la
reglamentación local.
Artículo 37.- El corredor tiene derecho a:
a) Cobrar una remuneración por los negocios en los que intervenga, conforme a los
aranceles aplicables en la jurisdicción; a falta de ellos, de acuerdo de partes o de uso,
se le determinará judicialmente; salvo pacto en contrario, surge el derecho a su
percepción desde que las partes concluyan al negocio mediado.
La remuneración se debe aunque la operación no se realice por culpa de unas de las
partes, o cuando iniciada la negociación por el corredor, el comitente encargare la
conclusión a otra persona o la concluyere por si mismo.
Interviniendo un solo corredor, este tendrá derecho a percibir retribución de cada
una de la partes; si interviene más de un corredor, cada uno solo tendrá derecho a
exigir remuneración a su comitente; la compartirán quienes intervengan por una
misma parte;
b) Percibir del comitente el reintegro de los gastos convenidos y realizados, salvo
pacto o uso contrario.
Artículo 38.-: El Corredor por cuya culpa se anulare o resolviera un contrato o se
frustrare una operación, perderá el derecho a la remuneración y a que se le
reintegren los gastos, sin perjuicio de las demás responsabilidades a las que hubiere
lugar.
a.3.
La Ley provincial 10.973 regula el ejercicio de la profesión de Martillero y Corredor
Público, estableciendo para el primero “…tener certificado habilitante de Rematador
o Martillero otorgado por autoridad competente conforme a la Ley Nacional de
Martilleros” ( art. 1 a) ; en el caso del segundo “ tener matrícula de Corredor
conforme a lo prescripto por el Código de Comercio y leyes modificatorias” ( art. 1
b) y , para ambos, “ Estar inscripto en alguno de los Colegios Departamentales
creados por esta ley” ( art. 1 c).-
La Ley provincial 10.973
La ley prevé inhabilitaciones de los colegiados por el Colegio entre otros casos, de
“no poder ejercer el comercio”, a la vez que no podrán ejercer estas profesiones
“quienes ejerzan de modo regular y permanente otra profesión o cargo cuyo
desempeño se requiera otro titulo habilitante” (art. 3).-
Para la inscripción profesional debe acreditar el Martillero “…título habilitante
otorgado de conformidad con lo establecido en la Ley de Martilleros” y “ para
Corredor, presentar matrícula expedida por Tribunal competente de cualquier
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires, conforme a lo establecido por el Código
de Comercio y leyes modificatorias”( art. 5). Asimismo deben acreditar “idoneidad de
conformidad a lo establecido en la legislación nacional vigente en la materia” (art.
5 g)).-
Efectuada la inscripción “el profesional prestará juramento ante el Presidente del
Consejo, de cumplir fielmente con sus deberes y obligaciones que le están
impuestos por la normativa vigente, quedando y habilitado para ejercer su
profesional” (art. 6).-
En orden a la actividad de los Colegiados, la ley en cita prevé las labores del Martillero
Público en cuanto efectuar ventas al respecto de diversos bienes en todo el ámbito de
la Provincia de Buenos Aires, y las labores del Corredor dentro de esa jurisdicción,
en cuanto actos propios de corretaje y la intermediación, poniendo en relación a las
partes para la conclusión del contrato proyectado por su comitente. (art. 50).
Asimismo prevé la realización de tasaciones de bienes.- En todos los casos son
actividades profesionales sobre bienes de terceros entregados a la labor profesional.-
Se regula como obligación del Martillero y del Corredor: “…cuando lo exigiera la
naturaleza del negocio, guardar secreto en todo lo concerniente a las operaciones que
se le encarguen” ( art.52.a .10); “ prestar su asistencia profesional como colaborador
del Juez en el Servicio de Justicia “ ( 52.a.15) “ serán de aplicación a los martilleros, en
lo pertinente, las obligaciones prescriptas para los corredores en el inciso a) del
presente artículo” que se reenvía a lo citado ( art. 52. b.11).
A su turno los Colegios Departamentales tienen por objeto y atribuciones “…ser
parte en juicio en todo lo relativo a la defensa de los intereses de los Colegios
Departamentales, de la presente Ley y su reglamentación, a cuyo efecto podrán
otorgar poderes” (art. 15 i); mientras que el Colegio de Martilleros y Corredores
Públicos de la Provincia de Buenos Aires tiene las atribuciones de “representar a los
Colegios en sus relaciones con los poderes públicos. Ser parte en juicio en todo lo
relativo a la defensa de los intereses de los Colegios, de la presente ley y su
reglamento, a cuyo efecto podrá otorgar poderes” (art. 43)
a.4.Decreto Reglamentario 3630/91 del 30 de octubre
de 1991.
o Capítulo I- De la Inscripción en el Registro de las Matriculas
o Capítulo II- De la Acción Disciplinaria
o Capítulo III- De las Asambleas
o Capítulo IV - De las Autoridades del Colegio
o Capítulo V - Del Régimen Electoral
o Capítulo VI - Del Consejo Superior
o Capítulo VII - Del Consejo Directivo
o Capítulo VIII - De los Recursos de los Colegios
o Capítulo IX - De las sociedades
o Capítulo X - De los Honorarios
o Capítulo XI - Caja de Previsión Social
o Capítulo XII - Disposiciones Complementarias
o Capítulo XIII - Disposiciones Transitorias
La Plata, 30 de Octubre de 1991.- Visto el expediente 2100-12591/91 por el cual el
Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires solicita la
aprobación del Proyecto de Reglamentación de las leyes Nº 10.973 (de los Martilleros
y Corredores Públicos) y Nº 7.014 (Caja de Previsión Social para Martilleros y
Corredores Públicos) y
CONSIDERANDO
Que es necesario contar con la reglamentación regulatoria del ejercicio profesional
de Martilleros y Corredores Públicos, adaptándola a la legislación vigente,
preservándose el espíritu del Decreto 11.791/65;
Que asimismo, se mantiene la aplicación de la ley 7.014, siguiendo la técnica
legislativa del anterior Decreto;
Que ha dictaminado favorablemente la Asesoría General de Gobierno;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES DECRETA:
Artículo 1º.-Apruébase el Reglamento de las Leyes 10.973 y 7014 que como Anexo I
forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en
el Departamento de Gobierno.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y archívese.
Firmado: Dr. ANTONIO CAFIERO Gobernador Provincia Buenos Aires
Capítulo I - De la Inscripción en el Registro de las Matriculas
Artículo 1º.- El domicilio real o legal y la residencia en la provincia se justificarán por
constancias emanadas de las autoridades competentes, provinciales o nacionales y/o
la declaración jurada de tres profesionales pertenecientes al Colegio Departamental,
según lo entienda pertinente y exija en cada caso el Consejo Directivo.
Artículo 2º.- El concepto público y la buena conducta del postulante a colegiado se
acreditará:
a) por certificado expedido por la autoridad policial competente y
b) con el testimonio de tres colegiados que formen parte del Colegio donde ejercerá
la profesión.
Los requisitos enunciados precedentemente serán aplicados según lo entienda en
cada caso pertinente y exigible el Consejo Directivo.
Artículo 3º.- La fianza exigida por el artículo 5º inciso h) de la ley 10.973 deberá
contar en todos los casos, para considerarse vigente, con la aprobación expresa del
Consejo Directivo.
Se considerará falta grave de los miembros que hubiesen prestado su voto para la
aprobación de la misma el hecho de comprobarse que al tiempo de su admisión la
garantía era notoriamente insuficiente o inadecuada a las exigencias de la citada ley.
Artículo 4º.- La fianza personal solo podrá ser otorgada por un martillero o corredor
público colegiado en actividad de ejercicio.
Ningún colegiado podrá ser fiador personal, a un tiempo de más de dos colegiados.
Dos fianzas personales cubrirán la garantía exigida por el artículo 5º inciso h) de la ley
10.973.
Artículo 5º.- Las fianzas en dinero efectivo, títulos o valores, serán constituidas
mediante depósito a la orden conjunta de Presidente, Secretario General y Tesorero
del correspondiente Colegio.
Los mencionados depósitos no devengarán interés alguno en beneficio de los fiadores
y los que produzcan serán de propiedad del respectivo Colegio.
Artículo 6º.- Dándose en garantía bienes registrables, el fiador deberá entregar la
documentación que establezca la valuación fiscal. Igualmente probará que los
mismos son de su exclusiva propiedad y se encuentran libres de gravámenes,
mediante los pertinentes informes del Registro de la Propiedad.
Si el bien se hallase en condominio, traerá al mismo tiempo la conformidad de los
titulares del dominio respecto de la constitución del gravamen.
Las garantías prendarias y/o hipotecarias se constituirán del modo previsto por las
leyes generales inscribiéndose a nombre del presidente, secretario y tesorero, de
acuerdo a la norma expresa del artículo 49º de este Reglamento.
Los gastos que demanden los trámites, documentaciones y exigencias legales serán
siempre por cuenta de los fiadores.
Artículo 7º.- El Consejo Directivo estará encargado del contralor de las fianzas, con la
obligación de vigilar que la caución profesional se mantenga siempre íntegra y en las
condiciones exigidas por la ley 10.973.
A estos efectos podrá en cualquier tiempo exigir la sustitución de ella, su mejora o
reintegro según corresponda.
A los fines precedentemente dispuestos, hará llevar un libro especial de fianzas en la
forma y modo que determine.
Artículo 8º.- Si el colegiado llamado a sustitución, mejora, reintegro o renovación de
la fianza, no lo hiciere espontáneamente, el Consejo Directivo lo emplazará por medio
fehaciente, por un término no mayor de diez (10) días, ordenándole el cumplimiento
a su cargo, bajo apercibimiento de exclusión del ejercicio profesional.
Artículo 9º.- Las fianzas caducarán el día treinta de setiembre de cada año en que se
produzca su vencimiento bienal.
Artículo 10º.- El fiador, por causa atendible a juicio del Consejo Directivo, podrá
retirar su garantía.
La cancelación de la obligación del garante se producirá en la oportunidad que el
Consejo Directivo acepte la sustitución ofrecida por el colegiado.
Artículo 11º.- La fianza se entenderá otorgada permanentemente por la suma fijada
por la ley 10.973 sin que disminuya en ningún caso su monto.
Es obligación de los fiadores colegiados dar cuenta inmediata de la disminución o
pérdida de la garantía.
Si esto último no ocurriere sin causa justificada, a juicio del Consejo Directivo, este
dará cuenta al Tribunal de Disciplina para la aplicación de las sanciones que
correspondieren.
Artículo 12º.-Fíjase el término de la publicación de los edictos ordenados en el
artículo 6º de la ley 10.973 en un día.
Los mismos serán expedidos por el Colegio, consignando las circunstancias personales
del aspirante a colegiado, el órgano periodístico de publicación y cuantos recaudos
más se entiendan necesarios para el cumplimiento de sus fines.
Serán firmados por el Secretario General del Consejo Directivo.
Artículo 13º.- Vencido el plazo de publicación de los edictos y los términos indicados
en el artículo 6º de la ley 10.973, por secretaría se certificará sobre si se encuentran
cumplidos la totalidad de los recaudos de ley, haciendo constar si han mediado
oposiciones u observaciones; con todo ello, elevará las actuaciones al Consejo
Directivo para su estudio y resolución en la forma prevenida por el artículo 6º ya
citado.
Artículo 14º.- Admitida la solicitud, se procederá a la inscripción del colegiado en el
Registro de Matrículas en la forma dispuesta por el artículo 6º tercer párrafo de la ley
10.973.
Artículo 15º.- La credencial profesional será de tipo uniforme en toda la Provincia, del
modo que disponga el Consejo Superior.
De igual manera lo será el certificado habilitante, que tendrá forma de diploma.
Es obligatoria su exposición en lugar visible en la oficina del colegiado.
Su omisión constituirá falta disciplinaria.
Artículo 16º.- El juramento prestado por el colegiado se asentará en libro especial
habilitado al efecto, en el que se consignará la profesión que ejerce, indicándose su
número de inscripción.
Firmarán el acta correspondiente el colegiado inscripto, Presidente y Secretario
General del Consejo Directivo.
Los mencionados libros deberán ser foliados y asentados los juramentos por orden
cronológico.
Artículo 17º.- El recurso de apelación que se interponga por denegatoria de
inscripción en la matrícula, deberá ser siempre fundado y por escrito.
De no concurrir estos extremos, el Consejo Superior podrá declararlo desierto.
Artículo 18º.- La manifestación referente al domicilio real y permanente, tanto como
la relativa al domicilio legal que indica el artículo 5º inciso d) de la ley 10.973, deberá
ser efectuada por el colegiado en términos claros e inequívocos.
El Consejo Directivo podrá pedir a este respecto todas las informaciones que estimare
necesarias, si considerase insuficientes las probanzas aportadas por el interesado.
Las oficinas o sucursales que tengan los martilleros y/o corredores públicos deberán
tener igual nombre que la oficina central, consignando el carácter de oficina principal
o sucursal.
En todas las casas sucursales se deberá consignar visiblemente el domicilio de la
oficina principal.
Artículo 19º.- No se admitirá la inscripción de un martillero y/o corredor en más de
un colegio.
Si ocurriere el caso de doble inscripción, se considerará falta grave del colegiado
pasible de sanción disciplinaria, sin perjuicio de obligárselo al cese de tal anomalía.
Artículo 20º.- El colegiado que traslade su oficina principal, para ejercer su profesión
en otro Departamento Judicial, deberá hacerlo saber al que estaba inscripto y al
Colegio que corresponda al lugar en que se establezca en un plazo que no podrá
exceder los 30 días desde que efectuado el cambio.
La acreditación de su nuevo domicilio se hará en la forma determinada por el artículo
1º de este Reglamento.
El Colegio del nuevo domicilio pedirá al anterior la remisión del legajo
correspondiente, quien deberá remitirlo de inmediato junto con la documentación
correspondiente a su fianza.
El Colegio recepcionante comunicará al Consejo Superior las observaciones que
hubiere a lugar atinentes a la documentación enviada, a los efectos que estime
corresponder.
Artículo 21º.- Cada Colegio comunicará a los demás las inscripciones que rechace.
El Consejo Superior será informado mensualmente por los Colegios Departamentales
de las altas y bajas de sus inscriptos y de las modificaciones de su Registro de
Matrículas.
Artículo 22º.-El legajo personal de cada martillero o corredor público (art. 10º ley
10.973) se llevará de tal manera que permita establecer con facilidad:
a) Circunstancias personales;
b) clasificación que le corresponde en el Registro de Matrículas;
c) títulos profesionales, empleos o funciones que desempeñaron;
d) domicilio real y legal y sus traslados;
e) oficina u oficinas y sus cambios;
f) cuenta de fianzas y depósitos;
g) cargos ocupados en los organismos del Colegio con indicación de los períodos de
actuación;
h) menciones honoríficas recibidas dentro y fuera de la profesión;
i) multas y sanciones.
j) Cuantas indicaciones puedan servir para su mejor identificación o determinaren
alteraciones en el Registro de Matrículas.
Artículo 23º.- Los jefes de las oficinas del Registro Civil comunicarán al Consejo
Superior de la Provincia el fallecimiento de los martilleros y corredores públicos cuya
defunción asienten.
Artículo 24º.- Los Jueces y Tribunales comunicarán al Consejo Superior de la Provincia
y al Colegio Departamental:
a) Las declaraciones de incapacidad, los autos de prisión, las sentencias condenatorias
y las declaraciones de falencias que afectaran a martilleros o corredores públicos;
b) las infracciones que comprobaran en los expedientes, cometidas por profesionales
colegiados;
c) las suspensiones, apercibimientos y multas decretadas contra los mismos en su
calidad de auxiliares de la Justicia.
De todo ello se tomará nota en el Registro de Matrículas y legajo personal
correspondiente.
Artículo 25º.- El Consejo Superior y los Consejos Directivos Departamentales, podrán
dirigirse a los Jueces y Tribunales, Registro de la Propiedad y Organismos Oficiales de
Registro de Reincidencias y Antecedentes Criminológicos, recabando informes
necesarios para el gobierno de la Matrícula.
Artículo 26º.- En todo lo concerniente a lo normado por el artículo 17º inciso b) de
la ley 10.973, se estará al texto de los artículos 2º de la ley 20.266 y 88º bis del
Código de Comercio (Texto ordenado de la ley 23.282).
CAPÍTULO II - De la Acción Disciplinaria
Artículo 27º.- La acción disciplinaria a que se refiere el artículo 22º de la ley 10.973,
podrá ser instaurada, además de las personas y entidades allí indicadas, por las
entidades profesionales oficiales o de actuación notoria en jurisdicción extraña a la
Provincia.
Artículo 28º.- La denuncia deberá ser formulada por escrito, determinando con
precisión a la persona imputada, su domicilio real y legal, los antecedentes del hecho
y las pruebas que se invoquen.
El denunciante deberá justificar la personalidad o representación a que se refiere el
artículo anterior además de su identidad y fijar su domicilio.
Acompañará copia de la denuncia y de los documentos presentados para su traslado
al imputado.
Artículo 29º.- Si el Consejo Directivo, en la situación prevista por el artículo 22º de la
ley 10.973, juzgara que existe lugar a causa disciplinaria, así lo establecerá en
resolución fundada, y pasará los autos a consideración del Tribunal de Disciplina.
Este la sustanciará con amplitud de prueba y defensa, abriendo la causa a prueba por
el término de 30 días.
Clausurado el período probatorio deberá expedirse en igual término, salvo que, por
resolución fundada, entienda procedente ampliar uno u otro plazo o ambos, por un
término que en total no podrá exceder de 45 días.
Vencido este último plazo sin que el Tribunal se hubiere expedido, podrán las partes
interponer recurso de queja ante el Consejo Superior, quien dispondrá lo necesario
para que se dicte sentencia.
Artículo 30º.-El Tribunal de Disciplina tendrá su sede en el Colegio Departamental y
funcionará del modo previsto en el Capítulo VII de la ley 10.973.
A los efectos de lo dispuesto por el artículo 20º de la mencionada ley, se considerará
que existe mayoría cuando concurren tres (3) votos concordantes, y 4/5, cuando los
votos iguales sumen cuatro (4).
Artículo 31º.- Los miembros del Tribunal de Disciplina podrán excusarse de intervenir
en las causas que se le someta a su consideración, por las mismas causales previstas
en el artículo 38º de la ley 10.973.
Artículo 32º.- En el caso que por excusaciones y/o recusaciones de los miembros del
Tribunal de Disciplina no pudiere integrarse el Cuerpo se formará quórum con los
sorteados en audiencia pública, de entre una lista de colegiados que reúnan las
condiciones previstas en el artículo 37º de la ley 10.973.
El sorteo será efectuado por el Consejo Directivo del Colegio labrándose acta.
Artículo 33º.- Las sanciones que aplique el Tribunal de Disciplina, una vez firmes,
serán comunicadas al Consejo Superior para su debida toma de razón y archivo.
Artículo 34º.- El Tribunal de Disciplina llevará un Libro de Resoluciones donde
registrará las decisiones recaídas en las causas disciplinarias que haya sustanciado.
Artículo 35º.- Las decisiones recaídas en las causas disciplinarias serán notificadas al
afectado personalmente o por comunicación fehaciente, en el domicilio legal
registrado colegialmente si no lo hubiere constituido procesalmente en la causa.
Artículo 36º.- El Secretario "ad-hoc" a que se refiere el artículo 39º de la ley 10.973,
tendrá a su cargo la asistencia jurídica del Tribunal y relativa al estricto cumplimiento
de las normativas procesales previstas en la ley 10.973 y este Decreto Reglamentario,
tendientes a garantizar la defensa en juicio del imputado y el debido proceso.
Artículo 37º.- En todo lo referido a las inhabilidades previstas por el artículo 2º de la
ley 10.973, se estará a lo dispuesto por los artículos 2º de la ley nacional 20.266 y 88º
bis del Código de Comercio (texto ordenado por la ley 23.282).
CAPÍTULO III - De las Asambleas
Artículo 38º.- La Asamblea constituye el organismo máximo y rector del Colegio de
Martilleros y Corredores Públicos de su departamento respectivo.
Sus decisiones, en cuanto no contradigan la ley de su creación, no podrán ser
contrariadas o desconocidas por los cuerpos directivos.
Artículo 39º.- Los Colegios Departamentales, dentro de los tres meses posteriores al
cierre de los ejercicios, deberán celebrar la Asamblea ordinaria prevista por el artículo
29º de la ley 10.973.
La Asamblea considerará los asuntos incluidos en el Orden del Día que deberá
contener:
a) Memoria, Balance General, Inventario y Cuenta de Ganancias y Pérdidas.
b) Renovación de autoridades, el año que correspondiese.
c) Los asuntos incluidos por decisión del Consejo Superior o por el Consejo Directivo
en cada caso, que corresponden a la competencia de los Colegios.
La Convocatoria deberá efectuarse en un plazo no menor de treinta (30) días.
Artículo 40º.- La Asamblea solo podrá tratar los asuntos incluidos en el Orden del Día
de la Convocatoria.
Sus decisiones exigirán para ser válidas, mayoría absoluta de votos computables.
Artículo 41º.- El derecho de solicitar Asamblea extraordinaria solo corresponderá a
los miembros del Colegio en condiciones de participar en ella.
Artículo 42º.- El pedido de Asamblea extraordinaria que formulen los colegiados con
ajuste a las exigencias del artículo 30º de la ley 10.973 deberá ser resuelta por el
Consejo Directivo dentro de los veinte (20) días de radicada la petición.
Si el Consejo Directivo lo declarara improcedente, los peticionantes con la anuencia
de un quinto de los suscribientes de la nota presentada al Consejo Directivo, podrán
ocurrir en apelación por ante el Consejo Superior dentro de los cinco (5) días de
hecha conocer la denegatoria.
En este supuesto, si fuera procedente, el Consejo Superior convocará la Asamblea y
fijará el Orden del Día de la misma.
Artículo 43º.- Si la Asamblea prevista por los artículos 29º y 30º de la ley 10.973 no
pudiera constituirse por no concurrir número suficiente, no podrá ser convocada a los
mismos efectos sino con un intervalo de quince días y en las condiciones de ley.
CAPÍTULO IV - De las Autoridades del Colegio
Artículo 44º.- Los miembros suplentes del Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina
serán elegidos por cuatro (4) años.
Reemplazarán a los titulares en caso de vacancia del cargo, suspensión, licencia,
excusación, recusación o inhabilidad legal.
Serán llamados a desempeñar el cargo titular por resolución fundada del Presidente
del Cuerpo, con estricta sujeción al orden que ocuparon en la lista del reemplazado,
de conformidad con el artículo 31º de la ley 10.973.
Artículo 45º.- La ausencia de un miembro del Consejo Directivo o Tribunal de
Disciplina, a tres reuniones consecutivas o cinco alternadas, en el curso de un año, sin
causa justificada, autorizar al Cuerpo a sustituirlo por el suplente que corresponda en
orden de lista, sin otra formalidad que acreditar las ausencias mediante certificación
expresa del Presidente y Secretario, que se consignará en el Libro de Sesiones.
Artículo 46º.- Sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar, la
sustitución por inasistencia del colegiado será hecha saber al Consejo Superior.
Tratándose de un miembro de este Cuerpo, a los Colegios Departamentales, para que
lo hagan saber en la primera Asamblea.
El abandono del cargo para el que el colegiado fue electo importará falta, que será
juzgada por el Tribunal de Disciplina.
Artículo 47º.-Señálase como fecha de iniciación del mandato ordinario de las
autoridades electas en cada renovación el primero de abril del año de su elección, y el
de caducidad de las reemplazadas el treinta y uno de marzo del mismo año.
Artículo 48º.- Los depósitos de fondos en cuenta corriente bancaria, dinero de
fianzas, títulos, valores, etc., de los Colegios Departamentales y del Consejo Superior
de la Provincia, serán efectuados en el Banco de la Provincia en cuenta especial a
nombre del organismo correspondiente y a nombre del Presidente, Secretario y
Tesorero, orden conjunta.
Las garantías y fianzas no susceptibles de depósitos bancarios serán guardadas en
instituciones oficiales y siempre a nombre y orden de las autoridades indicadas.
CAPÍTULO V - Del Régimen Electoral
Artículo 49º.- Corresponde al Consejo Directivo o a los miembros en que aquel
delegue tal función la confección del padrón de los colegiados en condiciones de
participar en las asambleas de elección de autoridades.
A este fin, con antelación de sesenta días a la fecha de celebración de las mismas,
pondrá en exhibición en el local del Colegio la nómina de colegiados en aptitud de ser
electores y/o candidatos a integrar los organismos directivos, indicándolo, en cada
caso, en forma sumaria.
Artículo 50º.- Quienes estén en condiciones de ser electores podrán hacer las
impugnaciones o tachas que estimen procedentes, formulándose por escrito en
Secretaría con anterioridad de cuarenta días a la fecha de celebración de la Asamblea.
El Consejo Directivo podrá solicitar las aclaraciones y probanzas que estime
pertinentes, dentro de las 48 horas de presentadas las impugnaciones y que deberán
ser evacuadas por el interesado dentro del tercer día de notificado.
Artículo 51º.- Dentro del período indicado en el artículo anterior, los colegiados
omitidos o erróneamente clasificados podrán reclamar su inclusión o la corrección del
error, probando la justicia de su petición.
Cumplido el plazo sin que lo reclamaren, se mantendrá el padrón en la forma en que
ha sido elaborado, al que se ajustará la Asamblea.
Artículo 52º.- Dentro de los diez días siguientes al período de impugnaciones y
tachas, la Secretaría o la Comisión Especial, si se hubiere así constituido, elevará al
Consejo Directivo el padrón provisorio junto con las impugnaciones recibidas, para su
juzgamiento y confección de las nóminas de colegiados en condiciones de participar y
ser electos.
Confeccionado este Padrón definitivo se pondrá en exhibición para los colegiados y el
público por lo menos diez días antes del acto eleccionario.
Artículo 53º.- Hasta el plazo de treinta (30) días anteriores a la fecha de celebración
de la Asamblea los colegiados que tuvieren interés en hacerlo presentarán al Consejo
Directivo las nóminas completas de candidatos a los cargos directivos a los fines de su
oficialización.
El Consejo Directivo verificará las condiciones de habilidad de los candidatos
propuestos, desestimando los que no estuvieran en condiciones de serlo en
resolución que señale la inhabilidad legal.
En caso de que existieran candidatos desestimados, el apoderado de la lista contará
con un plazo de cuarenta y ocho (48) horas contado a partir de su notificación, para
efectuar la sustitución.
Este derecho se otorgará en una sola oportunidad.
Si la cantidad de desestimados supera un tercio de la nómina completa, y no se
efectuaren las sustituciones en término, se rechazará la lista.
Las listas oficializadas serán exhibidas junto con los padrones definitivos.
Artículo 54º.- Solo se admitirán las listas que estén auspiciadas por no menos de un
décimo del número de los colegiados empadronados en condiciones de emitir su
voto, y cuenten con la conformidad escrita de sus integrantes.
Artículo 55º.- Cada lista designará un colegiado apoderado titular y un suplente,
siendo éste la única persona que podrá formular observaciones con relación al acto
eleccionario.
Bajo su responsabilidad disciplinaria, designará si lo considera conveniente fiscales
representantes de la lista que apodera, hasta un número igual a las mesas receptoras
de votos autorizadas.
Estos deberán ser colegiados en actividad.
Artículo 56º.- La oficialización de listas, así como la desestimación por inhabilidad
legal de los candidatos presentados a que se refiere el artículo 53º, son decisiones
irrecurribles.
Sin perjuicio de ello, si lo decidido fuera ilegal o arbitrario, podrá el afectado recurrir
en queja al Consejo Superior dentro del tercer día de tomar conocimiento fehaciente
del decisorio, a fin de que este, si correspondiere, pase los actuados al Colegio
Departamental a efectos de juzgar la conducta de los responsables de la medida,
conforme lo prescribe el artículo 33º de la ley 10.973.
Artículo 57º.- A los colegiados que no cumplan con el deber de votar, se les aplicará
la sanción prevista por el artículo 28º de la ley 10.973, la que se hará efectiva sobre la
fianza si los infractores no la satisficieran dentro de los treinta días de celebrado el
acto eleccionario.
Artículo 58º.- El Consejo Directivo, en el Orden del Día de las convocatorias a
Asamblea en que corresponda elegir autoridades, junto con las cuestiones de rigor,
determinará:
a) Fecha, hora y local en que se celebrará;
b) número de mesas receptoras de votos;
c) fijación del horario comicial;
d) autoridades que fiscalizarán el comicio;
e) los recaudos que estime necesarios para que todas las listas y sus apoderados
actúen en paridad de derechos y obligaciones.
Artículo 59º.- Las mesas receptoras de votos estarán constituidas por un Presidente
titular y un suplente, designados por el Consejo Directivo.
No podrán ser designados quienes fueren candidatos en las listas presentadas o no
estuvieren en condiciones de votar
Artículo 60º.- Los apoderados de las listas y los fiscales designados, formarán parte
de las mesas y podrán firmar los sobres que se entregarán al elector para emitir su
voto.
Solo podrá actuar un fiscal por cada lista y por mesa.
Artículo 61º.- El Consejo Directivo fijará el número de electores que admitirá cada
mesa.
Artículo 62º.- El comicio funcionará de modo uniforme y continuo como mínimo
durante cuatro (4) horas en el local designado.
Artículo 63º.- Siempre que para una elección se oficializare una sola lista de
candidatos, se dejará sin efecto la convocatoria a comicios que se hubiere efectuado,
y se procederá a la proclamación de los mismos teniéndoseles por electos, en el
orden que tuvieren en la mencionada lista, ante la Asamblea.
Artículo 64º.- El Consejo Directivo podrá designar una Junta General de Escrutinio
cuando fuere necesario por el número de votantes o para centralizar las mesas.
En este caso solo intervendrán ante ella como fiscalizadores los apoderados de las
listas.
Artículo 65º.- El escrutinio se hará inmediatamente después de cerrado el comicio y
en un solo acto.
Efectuado éste las autoridades de la Asamblea proclamarán en la misma oportunidad
a los electos.
Artículo 66º.- De todo lo actuado en la Asamblea eleccionaria se dejará constancia en
acta.
El Consejo Directivo oportunamente hará saber lo resuelto al Consejo Superior.
Este podrá emitir juicio solo en cuanto al cumplimiento de las formas legales del acto
eleccionario y a las observaciones e impugnaciones pertinentes llegadas a su
conocimiento.
El Consejo Superior hará también las comunicaciones a los demás colegios
departamentales.
Artículo 67º.- Los candidatos electos deberán reunirse dentro de los ocho (8) días
posteriores a la fecha de la Asamblea eleccionaria, a los efectos de tomar posesión de
sus cargos.
De lo actuado se dará debida cuenta al Consejo Superior.
Los cargos a cubrir por la minoría que obtuvieran más de un tercio de los votos serán
aquellos no cubiertos por la lista ganadora, accediendo a ellos de acuerdo al orden
que integraron la lista sin tener en cuenta los cargos en que fueron propuestos.
Para el caso que se produjeran vacantes en los cargos electos tanto en la mayoría
como en la minoría antes de constituirse el nuevo Consejo Directivo y Tribunal
Disciplinario, las mismas se reemplazarán por quienes integraron las listas en el orden
en que fueron propuestos.
Queda determinado que el criterio que sustenta la ley 10.973 de listas incompletas en
el artículo 31º se refiere exclusivamente a la participación de las minorías en la
conformación de los Cuerpos.
Artículo 68º.- Si se tratare de la constitución del Colegio por creación de nuevo
Departamento Judicial o la reorganización total prevista en el Capítulo VII de la ley
10.973, en la oportunidad fijada por el artículo precedente se sortearán los
componentes del Consejo Directivo y del Tribunal Disciplinario, de conformidad a lo
previsto en el artículo 26º de la ley 10.973, a los efectos de determinar quienes
concluirán sus mandatos a los dos años, a los fines de la renovación bienal.
Queda excluido del sorteo indicado quien haya sido elegido como Presidente del
Consejo Directivo.
De lo actuado, se comunicará al Consejo Superior para su toma de razón.
Artículo 69º.- En todo lo no previsto con relación al régimen electoral que prevé este
Reglamento, se estará a las normativas de la Ley Electoral de la Nación.
<< arriba
CAPÍTULO VI - Del Consejo Superior
Artículo 70º.-El Colegio de la Provincia dictará:
a) Las disposiciones que, con ajuste a las leyes profesionales, entienda necesarias
para el mejor cumplimiento de sus fines y el más eficaz desenvolvimiento de los
Colegios;
b) las reglas para implantar un sistema uniforme de inscripción y de renovación de
inscripción;
c) el procedimiento para la substanciación de las causas disciplinarias en todo lo no
previsto por la ley 10.973 y este Reglamento;
d) el Reglamento común al cual responderá la convocatoria y funcionamiento de las
Asambleas y el régimen eleccionario en lo no previsto por la ley y la presente
Reglamentación.
Artículo 71º.- Las atribuciones enumeradas en el Capítulo VIII de la ley 10.973, y las
facultades conferidas en la ley 7.014, no importan negar el ejercicio de otras que
respondan al cumplimiento de sus funciones específicas.
Las resoluciones que en tal sentido dicte, serán de observancia obligatoria para los
colegios departamentales.
Artículo 72º.- La facultad de disponer las intervenciones a los Colegios corresponde
con exclusividad al Consejo Superior de la provincia, el que deberá adoptar las
medidas precautorias que imponga la situación anormal de los colegios
departamentales por intervenirse.
Artículo 73º.- El Consejo Superior y los organismos de los Colegios, podrán por
mayoría de dos tercios de votos, no obstante el carácter de carga pública de sus
funciones, disponer el pago de viáticos para la asistencia, y gastos de representación,
sobre la base de la igualdad de las retribuciones, atendiendo a la concurrencia a las
sesiones y las necesidades impuestas por las distancias.
Artículo 74º.- El Consejo Superior sesionará con la presencia de más de la mitad de
sus miembros, salvo para resolver la reglamentación, creación, modificación o
supresión de regímenes de beneficios, las inversiones de fondos, aumento o
disminución de los montos de la cuota anual o del derecho de inscripción, la
enajenación y/o afectación de inmuebles, el Presupuesto anual y sobre proyectos de
modificación de este Reglamento General, en cuyo caso se requerirá la presencia de
dos tercios de la totalidad de los miembros. Las decisiones serán adoptadas por
mayoría de votos presentes, teniendo el presidente doble voto en caso de empate.
Sin embargo las decisiones sobre las cuestiones señaladas en el primer párrafo de
este artículo quedarán aprobadas con el voto favorable de la mitad de los miembros
componentes del Consejo Superior, no funcionando entonces el doble voto del
presidente.
Artículo 75º.- El Consejo Superior y el Consejo Directivo sesionarán por lo menos
mensualmente.
La sesión correspondiente al mes de enero será facultativa.
El presidente del Cuerpo convocará a sesión extraordinaria cuando lo estime
necesario o se lo requieran por lo menos tres consejeros.
Artículo 76º.- Las deliberaciones del Consejo Superior y de los Colegios
Departamentales serán públicas cuando así lo determinen esos Cuerpos.
Artículo 77º.- En caso de urgencia y en el orden administrativo, no siendo posible la
reunión oportuna del Cuerpo, el Presidente del Consejo Superior o de los Consejos
Directivos, en su caso, resolverán lo que corresponda, dando cuenta en la primera
sesión.
Artículo 78º.-Fíjase como término de los ejercicios el comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de cada año.
Artículo 79º.- Corresponde al Presidente del Consejo Superior atender el despacho y
adoptar, refrendado por el Secretario, las providencias que las tareas ordinarias
impongan, dando cuenta de sus actos al Cuerpo en su primera reunión.
Sin perjuicio de ello, la Mesa Directiva, constituida por el Presidente, Secretario y
Tesorero, deberá adoptar las disposiciones administrativas que el Consejo Superior le
determine expresamente.
Artículo 80º.- Corresponde al Consejo Superior el dictado y sus modificaciones del
Código de Ética Profesional.
Artículo 81º.- El Consejo Superior por su Asesoría Letrada llevará un Registro de las
Resoluciones y sentencias dictadas por el Cuerpo y por los Tribunales de Disciplina
departamentales, y clasificará la doctrina sentada en las mismas, que entienda de
interés profesional o público.
Artículo 82º.- La contribución fijada por el artículo 44º de la ley 10.973, será
efectivizada por los colegios al Consejo Superior bimensualmente, dentro de los diez
primeros días del mes inmediato posterior a que corresponda el bimestre a abonar.
Artículo 83º.- En el Consejo Superior el Vicepresidente reemplazará al Presidente en
caso de vacancia del cargo, licencia, o ausencia.
Vacante la Vicepresidencia, el consejero titular que designe el Cuerpo ejercerá las
funciones de presidente.
Artículo 84º.- Producida la vacancia de la Presidencia, quien lo reemplace mantendrá
el cargo hasta la renovación bienal de autoridades.
CAPÍTULO VII - Del Consejo Directivo
Artículo 85º.- Producida la vacancia del Presidente, Vicepresidente primero y
Vicepresidente segundo de los consejos directivos, se aplicará el régimen de
reemplazos establecido en los artículos 83º y 84º de este Reglamento, eligiéndose a
quienes ejercerán los cargos de entre los miembros titulares de cada Consejo.
Igual criterio se aplicará para los demás cargos.
Artículo 86º.- El Consejo Directivo fijará su domicilio en la ciudad cabecera del
Departamento Judicial.
El domicilio servirá para todos los efectos legales relativos a sus relaciones con los
colegiados inscriptos en el mismo, con la administración de Justicia y con el Consejo
Superior de la Provincia.
Artículo 87º.- El Consejo Directivo fijará un horario para atender diariamente a los
colegiados y al público durante los días hábiles.
Artículo 88º.-Fíjase el término para efectuar las comunicaciones a que se refiere el
artículo 8º de la ley 10.973 en treinta (30) días posteriores a los movimientos
registrados.
La omisión reiterada de esta obligación será considerada falta grave.
Artículo 89º.- Es deber del Consejo Directivo disponer la confección de las listas de
nombramientos de oficio, integrándolas con los colegiados que reúnan las
condiciones fijadas por el artículo 59º de la ley 10.973.
Artículo 90º.- Las listas pertinentes para los concursos, en orden a lo prescripto por la
legislación vigente, se formarán por separado y con sujeción a esta.
Del mismo modo se procederá si mediaren exigencias especiales en leyes a las que
deba la ley 10.973 subordinación constitucional.
Artículo 91º.- Para su inclusión en las listas el interesado deberá ocurrir a Secretaría
presentando personalmente su solicitud durante el mes de diciembre de cada año.
El Consejo Directivo durante el siguiente mes de enero preparará la nómina
excluyendo a los que no reunieren los requisitos de ley y la dará a publicidad,
exhibiéndola en las pizarras del local del Colegio del 1º al 15 de febrero, a fin de que
los colegiados estén en condiciones de formular observaciones o impugnaciones.
En este lapso, los excluidos podrán pedir reconsideración de la medida y los omitidos
reclamar su inclusión.
Pasado este plazo, la nómina quedará clausurada hasta el año siguiente, en que se
reabrirá con el procedimiento establecido en este artículo.
Artículo 92º.- Las solicitudes a que se refiere el artículo anterior deberán ser
presentadas ante el Colegio del que el interesado forma parte.
No podrá inscribirse en más de un Departamento Judicial.
Artículo 93º.- Confeccionada la nómina definitiva el Consejo Directivo la elevará a los
Jueces, Cámaras Departamentales o Suprema Corte de Justicia, según corresponda,
indicando el domicilio de cada colegiado.
Las subastas públicas solo podrán ser realizadas por Martilleros Públicos inscriptos en
los Colegios de la Provincia.
Esta norma regirá inclusive cuando aquellas hayan sido dispuestas por organismos
oficiales, salvo los casos legislados especialmente.
Artículo 94º.- El Martillero o Corredor Público que al solicitar o ratificar su inscripción
incurriera en inexactitud o falsedad respecto de las exigencias necesarias para la
inclusión en la lista de nombramiento de oficio en cualquier momento que se pruebe
será eliminado de la misma.
La infracción se entenderá falta grave y como tal será juzgado por el Tribunal de
Disciplina.
Artículo 95º.- En cualquier tiempo los Martilleros y Corredores de la matrícula podrán
solicitar del Consejo Directivo, por escrito en papel simple, la exclusión de quien
estuviere indebidamente inscripto en la lista de nombramientos de oficio.
No se admitirá la denuncia que no ofrezca la prueba de la causal que obstaculice la
inclusión del impugnado, tanto para su inscripción en la lista como para el ejercicio de
la profesión.
La denuncia se sustanciará sumariamente con audiencia del afectado, quien podrá
ofrecer prueba de descargo.
El Consejo Directivo resolverá, pudiendo el interesado recurrir de la medida ante el
Consejo Superior.
Si la denuncia fuese falsa o maliciosa, el Cuerpo que juzgue en definitiva podrá enviar
los antecedentes al Tribunal de Disciplina para el juzgamiento del autor de aquella.
El falsamente imputado podrá obtener testimonio de las actuaciones si creyese de su
interés ejercer las acciones a que tiene derecho.
Artículo 96º.- La exclusión resuelta por el Consejo Directivo facultará la remisión de
los antecedentes al Tribunal Disciplinario, el que podrá inhabilitarlo en la inscripción
de las listas de oficio hasta cinco (5) años y/o aplicarle las sanciones a que su
conducta hubiere dado lugar.
Artículo 97º.- Los miembros del Consejo Directivo o los representantes que él designe
fiscalizarán los sorteos que, en audiencia pública, deben realizar los Jueces y
Tribunales toda vez que se trate de la designación de oficio de martilleros o
corredores públicos.
En el caso de que formularen observaciones al acto del sorteo, deberán hacerlo saber
al Consejo Directivo dentro de las cuarenta y ocho horas de formulados.
Artículo 98º.- A los fines del artículo anterior el Consejo Directivo podrá designar
subcomisiones permanentes encargadas de presenciar los sorteos, muniéndolos de la
documentación que acredite tal representación.
Los miembros del Consejo Directivo y de las subcomisiones "ad-hoc" cuidarán que los
sorteos se anuncien debidamente en los tableros de los Juzgados y Tribunales,
haciendo saber las irregularidades o violación de las leyes procesales o de la ley
profesional que observasen, tanto a los funcionarios judiciales como a los colegios de
las profesiones afines y al Consejo Directivo.
Artículo 99º.- Corresponde al Consejo Directivo vigilar el cumplimiento de lo
normado en el Capítulo V artículos 61º, 62º, 63º y 64º de la ley 10.973, y adoptar las
medidas necesarias para asegurar su estricta observancia.
Artículo 100º.- Los martilleros públicos que aceptaren un nombramiento de oficio, a
pesar de conocer que han sido designados en forma ilegal, serán excluidos de la lista
por cinco (5) años, contados desde la fecha de su designación sin perjuicio de su
deber de indemnizar los daños y perjuicios que tal comportamiento hubiera causado.
La exclusión de la lista será tan solo a los efectos de los nombramientos de oficio, sin
perjuicio de las sanciones disciplinarias a que pudiera haber lugar.
CAPÍTULO VIII - De los Recursos de los Colegios
Artículo 101º.- El derecho de inscripción de los colegiados en el Registro de
Matrículas será abonado por cada uno de ellos, sea como martillero o corredor,
conjunta o separadamente.
En ningún caso se admitirán pagos parciales del derecho de inscripción o de la cuota
de colegiación.
Artículo 102º.- La cuota anual comprende el ejercicio de las profesiones de
martillero y corredor público, o de cada una de ellas, si el colegiado estuviera
inscripto en una sola matrícula.
Artículo 103º.-A los efectos de la obligación de satisfacer la cuota anual, se
considerarán en actividad de ejercicio los martilleros y/o corredores clasificados en
el Registro de Matrículas como tales.
Artículo 104º.- Los colegiados que hayan hecho manifestación escrita, solicitando
pasividad en el ejercicio profesional en el mes de enero de cada año, quedarán
exceptuados de la obligación de pago establecida en el artículo anterior.
Artículo 105º.- Las cuotas anuales que no hubieren sido satisfechas en la forma y
términos fijados por el artículo 47º de la ley 10.973, serán actualizadas a partir del
momento en que se haya operado la mora (1º de abril de cada año) y hasta el
momento de su efectivo pago, conforme las variaciones habidas en el costo de vida,
precios al consumidor nivel general, que edicte el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos y/o normativas oficiales que regulen la materia en el futuro, con más un
interés compensatorio igual al que tenga determinado la Suprema Corte de Justicia
de la provincia de Buenos Aires para la actuación judicial, por todo el término en que
transcurra la mora.
CAPITULO IX- De las Sociedades
Artículo 106º.-Los colegiados podrán constituir sociedades conforme las establecen
y autorizan las leyes de fondo, con sujeción a la prohibición establecida por el
artículo 53º inciso j) de la ley 10.973. En cada caso, deberán inscribir las mismas en
los Registros de Sociedades que al efecto llevan los Colegios Departamentales,
acompañando testimonio certificado de los respectivos contratos y su inscripción
legal de registro.
CAPITULO X - De los Honorarios
Artículo 107º.- El concepto de profesiones liberales no académicas en que se
encuadra la actividad de los martilleros y corredores públicos determina que el
honorario o arancel que corresponda a su ejercicio es de propiedad exclusiva de los
mismos. Sin embargo a petición de los profesionales intervinientes en operación
conjunta, podrá fijarse un honorario común que se considerará les corresponde por
partes iguales, salvo que los interesados expresamente indiquen otra proporción por
contrato formal preestablecido. El derecho consagrado por el presente artículo será
ejercido conforme la legislación de fondo que rige la materia.
Artículo 108º.- En ningún caso el corredor o martillero público estará obligado a
anticipar de su pecunio los gastos necesarios para realizar las operaciones o negocios
a su cargo.
CAPITULO XI - Caja de Previsión Social
Artículo 109º.- A los efectos de las funciones por parte del Consejo Superior, de
gobierno y administración de la Caja de Previsión Social para Martilleros y Corredores
Públicos de la Provincia de Buenos Aires, por imperio de los artículos 8º y 9º de la ley
7.014 se determina: a) Autorizar al Consejo Superior a ratificar, modificar y/o celebrar
nuevos acuerdos de reciprocidad con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de
Buenos Aires y otros sistemas nacionales y/o provinciales previsionales y/o cajas
profesionales, conforme la legislación de fondo en la materia; b) fijar en el seis por
ciento (6 %) el aporte obligatorio a cargo del afiliado, sobre toda remuneración de
origen profesional sobre el porcentual establecido en el artículo 38º inciso a) de la ley
7.014; c) fijar la contribución mínima edictada por el artículo 38º inciso h) "in fine" de
la ley 7.014 en igual valor al correspondiente duodécimo del aporte básico anual que
fije el Consejo Superior (artículo 9º inciso f ley 7.014); d) corresponde al Presidente
del Consejo Superior atender el despacho y adoptar, refrendado por el Secretario,
providencias que las tareas ordinarias impongan dando cuenta de sus actos al Cuerpo
en su primera reunión. Sin perjuicio de ello, la Mesa Directiva, constituida por
Presidente, Secretario y Tesorero, deberá adoptar las disposiciones administrativas
que el Consejo Superior le determine expresamente.
CAPITULO XII - Disposiciones Complementarias
Artículo 110º.- Las facultades y atribuciones no incluidas en los artículos 15º, 43º y
concordantes de la ley 10.973, y 8º y 9º de la ley 7.014 y sus concordantes, no se
entenderán como negación de otras no enunciadas que correspondan a la capacidad
reconocida por la ley civil a las personas jurídicas de derecho público (artículos 12º de
la ley 10.973 y 1º de la ley 7.014), o se relacionen con el ejercicio de las profesiones
de martillero o corredor público y regímenes previsionales, y en todo cuanto con el
perfeccionamiento y progreso de la legislación que los atañe.
Artículo 111º.- En lo no previsto por las leyes 10.973, 7.014 y esta reglamentación, se
aplicará el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos
Aires. En lo que atañe al régimen disciplinario se aplicará supletoriamente el Código
de Procedimientos en materia Penal de esta Provincia.
CAPITULO XIII - Disposiciones Transitorias
Artículo 112º.-Determínase que la creación y nominación del Prosecretario
contemplada en el artículo 32º de la ley 10.973 se efectuará en oportunidad de
celebrarse la primera elección de autoridades.
Artículo 113º.-Los vocales suplentes del Consejo Directivo y del Tribunal Disciplinario
que resulten elegidos en la primera elección de autoridades, serán sorteados en la
oportunidad de celebrarse la sesión constitutiva de acuerdo a lo previsto en el
artículo 26º de la ley 10.973, a los efectos de determinar quienes concluirán sus
mandatos a los dos (2) años a los fines de la renovación bienal.
a.5. Código de Ética Profesional
El Código de Ética profesional data del 18 de junio
de 1971,con la modificación aprobada el 14 de febrero de 1991 del Consejo Superior
del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Bs.As. que registra
su antecedente normativo en la ley 7021 del ejercicio profesional de Martilleros y
Corredores de la Provincia de Bs. As. y artículo 58 del Decreto Reglamentario
11.791/65 de la ley 7021 que prevé dictar un Código de Ética Profesional con la
aprobación del Poder Ejecutivo Provincial, el cual se modificó por el Decreto 2114
confiriendo al Colegio el dictado y aprobación del Código de Ética Profesional.-
El Código de Ética profesional para martilleros y corredores se ha dictado en el
marco de competencia legislativa delegada por la jurisdicción local en el ejercicio
efectivo del poder de policía de la profesión, y en concordancia con la legislación
nacional de la materia.-
Así, impone el Respeto a la Ley”Es deber primordial
respetar y hacer respetar la ley y a las autoridades públicas. Deben cumplir
estrictamente las disposiciones fiscales que graven su profesión, pagando en
oportunidad los derechos que corresponda” (art. 7 Código de Ética);
Uno de los ejemplos más sensibles del ejercicio de la regulación profesional es el que
hace al Secreto Profesional entre otros aspectos, pues el proyecto de unificación
intenta fijar la materia. La normativa provincial ejerciendo su competencia propia
local y delegada al colegio determina que “El secreto profesional constituye un
derecho y un deber profesional. Es hacia sus clientes un deber, de cuyo cumplimiento
ni ellos mismos pueden eximirle; es un derecho del martilleros ante la justicia y
poderes públicos, pues no podría escuchar expresiones confidenciales si supiese que
puede ser obligado a revelarlas. Llamado a declarar como testigo, el martillero debe
concurrir a la citación; luego en la audiencia procederá con absoluta libertad de
criterio, negándose si así lo estimare, a contestar preguntas cuyas respuestas sean, a
su juicio, lesivas del secreto profesional” ( art. 10 Código de Ética)
Fija el alcance y concepto: “la obligación del secreto se extiende a las confidencias
efectuadas por terceros en razón de su ministerio. Debe guardar reserva acerca de las
conversaciones o confidencias mantenidas con sus clientes, sobre las motivaciones de
su cometido, como también los hechos que llegaren a su conocimiento por colegas o
terceros. El secreto cubre también las confidencias intempestivas de los colegas.” (art
11. Código de Ética).-
Releva la obligación de guardar secreto: “La obligación de guardar secreto cede ante
la necesidad de la defensa personal del profesional cuando sea objeto de acusaciones
por parte de su cliente. Puede revelar entonces lo que le sea indispensable para su
defensa, en la medida que sui conciencia se lo aconseje” (art. 12 Código de Ética).-
El proyecto en el artículo 1347 letra d) regula que el
debe mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las que
intervenga la que sólo debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad pública
competente.- Debe precisarse que la regulación del contrato de corretaje no habilita
a regular desde la norma de fondo aspectos propios del ejercicio de la actividad
profesional del corredor sometido a la jurisdicción y normativa local de la materia.-
También lo ético alcanza a Obligaciones generales en cuanto a que: “Sin perjuicio de
las establecidas legalmente, todo martillero está sujeto al cumplimiento de aquellas
obligaciones no consagradas por texto expreso, pero que, de una manera evidente la
costumbre, la ética y estética, las consideran implícitase inherentes a la naturaleza
misma de la profesión” (art 16 Código de Ética).
“Las normas de ética se aplican a todo el ejercicio de las profesionales de martillero y
corredor” (art. 24 Código de Ética)
a.6.Texto del corretaje propuesto en el Código
unificado
ARTÍCULO 1345.- Definición. Hay contrato de corretaje cuando una persona,
denominada corredor, se obliga ante otra, a mediar en la negociación y conclusión
deuno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o representación con
ningunade las partes.
ARTÍCULO 1346.- Conclusión del contrato de corretaje. Sujetos. El contrato de se
entiende concluido:
a) si el corredor está inscripto para el ejercicio profesional del corretaje, por
suintervención en el negocio, sin protesta expresa hecha saber al
corredorcontemporáneamente con el comienzo de su actuación o por la actuación de
otro corredor por el otro comitente;
b) si el corredor no está inscripto, por pacto expreso por escrito, que sólo obliga a
laparte que lo firmó.
Si el comitente es una persona de derecho público, el contrato de corretaje debe
ajustarse a las reglas de contratación pertinentes.Pueden actuar como corredores
personas humanas o jurídicas.
ARTÍCULO 1347.- Obligaciones del corredor. El corredor debe:
a) asegurarse de la identidad de las personas que intervienen en los negocios en
quemedia y de su capacidad legal para contratar;
b) proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de
mencionar supuestos inexactos que puedan inducir a error a las partes;
c) comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y
quede algún modo puedan influir en la conclusión o modalidades del negocio;
d) mantener confidencialidad de todo lo que concierne a negociaciones en las
queinterviene, la que sólo debe ceder ante requerimiento judicial o de autoridad
públicacompetente;
e) asistir, en las operaciones hechas con su intervención, a la firma de los
instrumentosconclusivos y a la entrega de los objetos o valores, si alguna de las
partes lorequiere;
f) guardar muestras de los productos que se negocien con su intervención,
mientrassubsista la posibilidad de controversia sobre la calidad de lo entregado.
ARTÍCULO 1348.- Prohibición. Está prohibido al corredor:
a) adquirir por sí o por interpósita persona efectos cuya negociación le ha sido
encargada;
b) tener cualquier clase de participación o interés en la negociación o en los
bienescomprendidos en ella.
ARTÍCULO 1349.- Garantía y representación. El corredor puede:
a) otorgar garantía por obligaciones de una o de ambas partes en la negociación en
laque actúen;
b) recibir de una parte el encargo de representarla en la ejecución del negocio.
ARTÍCULO 1350.- Comisión. El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si
elnegocio se celebra como resultado de su intervención. Si no hay estipulación,
tienederecho a la de uso en el lugar de celebración del contrato o, en su defecto, en
el lugaren que principalmente realiza su cometido. A falta de todas ellas, la fija el
juez.
ARTÍCULO 1351.- Intervención de uno o de varios corredores. Si sólo interviene un
corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta
deuna de las partes según el artículo 1346. No existe solidaridad entre las partes
respectodel corredor. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos sólo
tienederecho a cobrar comisión de su respectivo comitente.
ARTÍCULO 1352.- Supuestos específicos de obligación de pagar la comisión.
Concluido el contrato, la comisión se debe aunque:
a) el contrato esté sometido a condición resolutoria y ésta no se cumpla;
b) el contrato no se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto;
c) el corredor no concluya el contrato, si inicia la negociación y el comitente encarga
suconclusión a un tercero, o lo concluye por sí en condiciones
sustancialmentesimilares.
ARTÍCULO 1353.- Supuestos específicos en los que la comisión no se debe.
Lacomisión no se debe si el contrato:
a) está sometido a condición suspensiva y ésta no se cumple;
b) se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación
decualquiera de las partes, o por otra circunstancia que haya sido conocida por el
corredor.
ARTÍCULO 1354.- Gastos. El corredor no tiene derecho a reembolso de gastos,
auncuando la operación encomendada no se concrete, excepto pacto en contrario.
ARTÍCULO 1355.- Normas especiales. Las reglas de este Capítulo no obstan a
laaplicación de las disposiciones de leyes y reglamentos especiales.
Es pertinente recordar que el proyecto de unificación prevé que Sustitúyese el
artículo 1º de la Ley Nº 19.550, T.O. 1984, por el siguiente: “Concepto Artículo 1.-Hay
sociedad si una o más personas en forma organizada conforme a uno de los tipos
previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o
intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las
pérdidas. Si el tipo social prevé dos clases distintas de socios, los socios deben ser
DOS (2) o más. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad
anónima.”
En este marco se permiten las constituciones de
sociedades – personas jurídicas- a los fines del ejercicio del corretaje, conjuntamente
con los alcances de la regulación legal local que la materia posee.-
a.7.Fundamentos
En los fundamentos del proyecto se destaca que en la misma línea de la política
legislativa del mandato se incluye el corretaje. “Hay contrato de corretaje cuando una
persona, denominada corredor, se obliga ante otra a mediar en la negociación y
conclusión de uno o varios negocios, sin tener relación de dependencia o
representación con ninguna de las partes.-Se ha previsto norma para el cobro de la
comisión, tema que ha dado lugar a controversias. El corredor tiene derecho a la
comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Si no
hay estipulación tiene a un derecho a la de uso en el lugar de celebración de su
contrato, o en su defecto, en el lugar en que principalmente realizó su cometido, a
falta de todas ellas, la fija el juez. Concluido el contrato, la comisión se debe aunque el
contrato este sometido a condición resolutoria y ésta no se cumpla; el contrato no se
cumpla, se resuelva, se rescinda o media distracto; el corredor no concluyó el contrato
pero inició la negociación y el comitente encargó su conclusión a un tercero o lo
concluyó por sí en condiciones sustancialmente similares…”
a.8.
El proyecto de ley enviado por el PEN unificando el régimen civil y comercial destaca
en su artículo 1 que aprueba el código civil y comercial de la nación que como anexo I
Proyecto de ley reforma del código civil y comercial unificado
integra la presente ley; en su artículo 2 aprueba el anexo II que integra la misma ley
disponiendo sustituciones de los artículos de las leyes indicados; en su artículo 3 prevé
“deróganse las siguientes normas:…c) los artículos 36,37 y 38 de la ley 20.266 y sus
modificatorias….”.-
El artículo 4 deroga el código civil y comercial oportunamente promulgados y en su
artículo 5 regula que las leyes que actualmente integran, complementan o se
encuentran incorporadas al Código Civil o al Código de Comercio, excepto lo
establecido en el artículo 3 de la presente ley,
El proyecto confunde los requisitos para el ejercicio
de la actividad de corredor pues pretende regular en la norma nacional el caso de la
actividad del corredor inscripto y no inscripto omitiendo que siendo una profesión
universitaria posee habilitación académica por la validez del título nacional, pero a los
fines específicos del ejercicio se debe ajustar a la materia de derecho local que
mantienen su vigencia como leyes que
integran o complementan el Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por el
artículo 1 de la presente.-
El articulo 9 crea una Comisión Bicameral de 12 miembros integrada por 6 Diputados
de la Nación y 6 Senadores que , según artículo 10, deberán constituirse dentro de los
treinta días de aprobada su creación y deberá analizar el proyecto y elaborar un
despacho previo al tratamiento legislativo del proyecto. El referido despacho deberá
expedirse dentro de los noventa días de su conformación. El artículo 11 regula que
transcurrido el plazo establecido en el artículo anterior el proyecto quedará en
situación de ser tratado en el plenario aún sin despacho de la comisión.-
El proyecto expreso de la ley de derogación de la legislación civil y comercial
existente no ha advertido que todo el capítulo del corretaje fue derogado del Código
de Comercio por el artículo 30 de la ley 20.266/73 (art. 30: Deróganse los artículos
113 a 122 del Código de Comercio.).-
mantiene el poder de policía profesional en la jurisdicción local ( Ciudad autónoma de
Buenos Aires y Provincias) con su respectiva legislación de la materia.-
El proyecto permite el ejercicio de la actividad de corredor por
persona físico o jurídica por lo que podría configurarse el caso de sociedades dentro
del marco legal existente y de la que tiende a permitir como sociedad unipersonal en
la figura de la sociedad anónima, sólo constituida por corredor profesional habilitado,
o de otras figuras societarias sólo constituidas por corredores profesionales y a esos
fines de la actividad.-
El proyecto invade competencia local que está reservada a las Provincias en el marco
del artículo 121 y cc de la C.N. y en particular para la entidad profesional bonaerense,
ésta conserva todo el poder delegado por la provincia a través de las leyes
constitutivas del carácter de entidades de derecho público no estatal (colegios
locales, consejo superior provincial y caja previsional) y que la provincia conserva por
no haber delegado a la Nación. De allí el listado de atribuciones y competencias que
son irrenunciables para la Provincia frente a la norma nacional que se pretende. La
personería y legitimación del Consejo Superior y de los Colegios Departamentales
definen la pertinencia de representar a la entidad, que debe atender los derechos e
intereses de todos sus matriculados, en el diálogo institucional a peticionar ante la
Comisión Bicameral para hacer saber a los legisladores estas deficiencias y proceder a
efectuar las correcciones previo a la sanción para que recepten que la actividad del
corredor sólo puede ser legal y constitucional en la medida que esté inscripto y que
ello se da cuando está registrado conforme la legislación del lugar del ejercicio
profesional con la matrícula profesional expedida y controlada por el colegio
pertinente, con sujeción al código ético o deontológico aprobado por el Colegio de
Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia y con ajuste a los procedimientos
disciplinarios correspondientes. Además que la retribución de la tarea profesional del
corredor, al igual que la del Martillero tiene contenido alimentario por el carácter
profesional universitario liberal y se ajusta a las pautas reguladas por las leyes locales
de los honorarios o los usos o pautas indicados por la entidad profesional y la
actividad de los jueces en los casos que así corresponda.-Es necesario que ese
requerimiento de diálogo se efectúe a la brevedad pues constituida la Comisión
Bicameral , ésta por el proyecto tiene fijado un plazo de 90 días para emitir
despacho, vencido el mismo el proyecto podrá tratarse en plenario aún sin dicho
despacho. Aunque el proyecto es precisamente eso y el plazo previsto no tiene
imposición legal, todo dependerá de la premura política que el partido mayoritario en
ambas Cámaras pretenda darle al trámite pues quien elevó el proyecto posee
mayoría en ambas Cámaras para la sanción de este tipo de ley, pese a la importancia
que tiene en una Nación aprobar la reforma del derecho civil y comercial
conjuntamente.-Esa importancia ha definido oficial y públicamente se pretenda
discutir en comisiones de la Comisión Bicameral para evitar la imposición numérica de
los votos legislativos que le restarían legitimidad a la reforma, pero que podría decidir
aplicar esa mayoría como lo ha efectuado en otros debates de leyes.- Napoleón
Bonaparte expresó que él sería recordado en la historia mas por su Código Civil que el
triunfo de sus batalles , y el Doctor Guillermo Borda, inspirador y redactor de la
reforma del Código civil argentino por Decreto ley 17.711 expresó en 1968 que el
Código Civil es más importante para el ciudadano y el habitante que la Constitución
misma.-El Ex Presidente Carlos Saúl Menen, durante su Presidencia, impulsó la
Unificación Civil y Comercial que ahora se retoma pero no logró finalmente
aprobarla.-Por ello, siempre es de gran interés para un Gobernante de turno intentar
consolidar estas reformas dándose en la actualidad condiciones favorables para su
debate y aprobación.- De allí la sugerencia de atención y presencia en los debates
parlamentarios para hacer saber la posición institucional del Colegio .-
En definitiva surgen dificultades constitucionales y legales en el proyecto de
unificación que afectará, de aprobarse, a la actividad profesional del corredor, y en
forma directa a las competencias de las entidades profesionales de derecho público
no estatal que conforman los Colegios de Martilleros y Corredores y Colegio
Provincial ( Consejo Superior) con incidencia Previsional en la Caja correspondiente (
artículo 40 de la Constitución local) invadiendo atribuciones de las jurisdicciones
locales ajenas a la materia propia de la norma nacional ( art. 75 inciso 12 ; 121 y cc de
la CN).-
Es cuanto puedo informar en la ocasión y acorde la encomienda recibida, sin
perjuicio de encontrarme a disposición para ampliar el presente de estimarlo esa
entidad pertinente
Sin otro particular, y estando a vuestra disposición,
salúdale con toda consideración.-
La Plata, 25 de junio de 2012.-
Carlos Alberto Andreucci
