Agenda Nacional Por Los Derechos de Las Mujeres Ecuatorianas

AGENDANACIONAL

DE LAS

POR LOS

ECUATORIANAS

DERECHOSMUJERES

MUJERES

DERECHOS

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DERECHOS

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VALORES

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OPORTUNIDADES

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LIBERTAD

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BIODIVERSIDAD

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ECUATORIANASmujeresde lasderechos



AGENDA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERESECUATORIANAS

Elaboración de la Agenda: ACDemocracia Colectivo Político Luna Creciente Movimiento Nacional de Mujeres de Sectores Populares Luna Creciente Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio Cabildo de Mujeres de Cuenca Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas SENDAS - Cuenca

Diseño portada: Cynthia Bodenhorst Paredes

Diagramación e impresión: AH/editorial

Quito, 7 de marzo de 2012

Auspiciantes:

AGENDA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERESECUATORIANAS

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdadde Género y el Empoderamiento de las Mujeres

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ÍNDICE DE CONTENIDOS

Presentación 5Posicionamiento Político 7Ejes de Consenso 9

Eje 1. Derechos a la Participación Política e Institucionalidad 9

Eje 2. Derechos a una Vida Libre de la Violencias y Acceso a las Justicias 17

Eje 3. Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 24

Eje 4. Derechos Económicos 31

Eje 5. Derechos de las Mujeres y Derechos de la Naturaleza 37

Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres EcuatorianasMARZO 2012

4 Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres EcuatorianasMARZO 2012

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P R E S E N T A C I Ó N

La Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres se construye como un espacio de en-cuentro, diálogo y defensa de los derechos de las mujeres del Ecuador. Se inicia en el año 2009, cuando varias integrantes de organizaciones de mujeres y feministas nos autoconvocamos a un proceso de debate sobre la institucionalidad de Género y la necesidad de buscar mecanismos para la implementación de políticas públicas, a partir de varias reformas, de leyes y decretos ejecutivos iniciadas con la Constitución de 2008, que ade-más de contradecirse, han impuesto serios retro-cesos y momentos de transición que no terminan hasta la presente fecha. La Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres tiene como ob-jetivo, al mismo tiempo, retomar la exigencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado ecuatoriano a partir de la ratificación de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos de las mujeres, particularmente la CE-DAW, la Convención Belem Do Pará, los Ob-jetivos de Desarrollo del Milenio, la Plataforma de Acción de Beijing, el Programa de Acción del Cairo y las Observaciones y Recomendaciones del Comité de la CEDAW de octubre del 2008, los Consensos de Quito (2007) y Brasilia (2010).

A 15 años de la adopción del Programa de Ac-ción de El Cairo (PAC), en 2009, ACDemocra-cia en alianza con otras organizaciones, realizó una evaluación participativa de los avances y desafíos de dicho programa en el Ecuador, siste-matizado en la Agenda Nacional de Prioridades de la Sociedad Civil para el Cumplimiento del Programa de Acción de El Cairo en el período 2009-2014.

Entre mayo y septiembre de 2010, varias orga-nizaciones de Mujeres como el Movimiento de Mujeres de Sectores Populares y el Colectivo Político LUNA CRECIENTE, la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y Acción Ciudadana por la Democracia, entre otras, de-cidimos convocarnos en torno a la Plataforma Juntas Construimos Igualdad, que en el 2011 se consolidó como Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres, conjuntamente con el Cabildo de Mujeres de Cuenca, la Confedera-ción de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio y la Red de Mujeres Políticas. En noviembre del mismo año, firmamos un pacto para promover políticas públicas locales pro igualdad de géne-ro, contra las Mujeres, con la Asociación de Mu-jeres Municipalistas del Ecuador -AMUME-.


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En este proceso de unidad de las diversas orga-nizaciones feministas, nos hemos planteado ob-jetivos coyunturales y a mediano plazo, que nos permitan defender y avanzar en el cumplimiento de todos nuestros derechos, conseguidos con la lucha valiente de mujeres que nos han precedido desde hace siglos. Nos hemos comprometido a juntarnos, con pensamiento crítico y acción mi-litante, en la vigilancia, la exigibilidad y la resis-tencia feminista, hasta lograr igualdades plenas para todas las mujeres de nuestro país.

Como pasos iniciales, además de esta importante unidad en la diversidad, hemos logrado la elabo-ración de un Anteproyecto de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres creada desde nuestra autonomía como movimientos; además de la propuesta de reformas concretas al Código Penal Integral en aspectos específicos para el avance en los derechos de las mujeres, y esta Agenda Nacional por los Derechos de las Mujeres, que luego de un proceso participativo y trabajo con-junto con organizaciones locales, regionales y nacionales, presentamos en cinco ejes de con-senso:

- Participación Política Paritaria e Institucio-nalidad de Género.

- Derecho a una Vida Libre de Violencias y Acceso a las Justicias.

- Derechos Sexuales y Derechos Reproducti-vos.

- Derechos Económicos.- Derechos de las Mujeres y Derechos de la

Naturaleza.

Esta es una primera Agenda Nacional que aspi-ramos sea alimentada desde otras organizaciones y mujeres, que desde distintas regiones, etnias, pueblos y nacionalidades, edades, orientaciones sexuales y más diversidades, están dispuestas a continuar procesos para una exigibilidad que nos permita progresar en la conquista de los dere-chos que nos corresponden. Sabemos que esto implica nuevos procesos de unidades con otras organizaciones de mujeres y con los movimien-tos sociales, que al igual que nosotras, buscan vidas de dignidad para todas y todos los y las ecuatorianas/os.


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P O S I C I O N A M I E N T O P O L Í T I C O

Nosotras, organizaciones de mujeres de sectores populares y feministas, juntamos nuestras manos y levantamos nuestras voces contra el sistema patriarcal, capitalista, colonial y etnocéntrico, basado en relaciones de poder que nos impiden alcanzar igualdades y vidas de dignidad para to-das y todos.

Desde un modelo extractivista y represivo se traicionan los logros constitucionales, esto im-plican retrocesos en la democracia y en las ga-rantías de derechos, especialmente aquellos con-quistados por las mujeres y los pueblos a través de un proceso de lucha permanente e histórica.

El movimiento feminista y de mujeres, en es-trecha relación con otros movimientos sociales de indígenas, jóvenes, trabajadoras/es públicas/os y privadas/os, pobladoras/es, intelectuales y otros sectores comprometidos con cambios rea-les, proclama la necesidad de la autodetermina-ción y las soberanías: nacional, de los pueblos y nacionalidades, alimentaria, energética y de los cuerpos.

El Movimiento de Mujeres ha contribuido a mejorar las vidas con una visión crítica de los conceptos de dominación, re-significando las

autonomías frente a las relaciones de poder y proponiendo miradas diferentes para concebir las culturas, las economías, las sexualidades y la política.

Constatamos cómo los derechos conquistados por las mujeres están siendo excluidos de las políticas, programas y acciones estatales, al mis-mo tiempo que se desmantelan los mecanismos institucionales en todas las funciones del Estado; por ejemplo, en la Comisión de Transición hacia el Consejo de Igualdad de Mujeres, que en lu-gar de apoyar la progresividad de derechos y el enfoque de justicia de Género en todas las áreas del Estado y aportar al desarrollo de políticas pú-blicas y al fortalecimiento de las organizaciones de mujeres, ha permitido el desmantelamiento de las Comisarías de la Mujer, actuando con indeci-sión en la transición a juzgados especializados en violencias contra las mujeres, en la eliminación de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia, en las reformas regresivas que se pro-ponen en el Código Penal Integral, que además de inconstitucionales, criminalizan la capacidad de decisión y autonomía de las mujeres, en las concepciones culturales androcéntricas que se expresan en el discurso oficial sexista y machista.


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Por tanto, exigimos al Estado:

Que garantice condiciones para que todas las mujeres podamos exigir nuestros derechos a vidas libres de violencia, a derechos sexuales y derechos reproductivos plenos, a participación política paritaria y desde las organizaciones de mujeres, a todas las autonomías como condicio-nes sustantivas del Buen Vivir,

Que implemente mecanismos concretos que im-pliquen medidas de acción afirmativa para erra-dicar violencias y discriminaciones contra las mujeres,

Que se diseñen y ejecuten políticas que garanti-cen la implementación del Estado Laico, recon-quistado por las luchas feministas y de mujeres luego de un siglo.

Desde los esfuerzos realizados por las organiza-ciones que somos parte de la Plataforma Nacio-nal por los Derechos de las Mujeres, ponemos en sus manos nuestra primera Agenda, a ser reformulada y ampliada desde todas las orga-nizaciones y mujeres que se integren a nuestro proceso.

Con nosotras, las que nos preceden, con nosotras las que continúan, hasta lograr sociedades donde sean posibles proyectos de vida construidos con ternura y pasión.


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EJE 1

PARTICIPACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO

Con respecto al fortalecimiento de la institucionalidad pública de género, es prioritario promover un debate amplio con las organizaciones de mujeres diversas del país, previo a la presentación del proyecto de Ley para la Igualdad de Oportunidades y de Género en el Congreso Nacional. La discusión y aprobación de esta Ley es urgente y de vital importancia para la formulación de políticas públicas de género en el país

Observaciones y Recomendaciones del Comité de la CEDAW, 2008

Históricamente, el Estado ecuatoriano ha expre-sado a las clases dominantes, excluyendo de la representación a las/os trabajadoras/es del cam-po y la ciudad, a las mujeres, a las etnias y a los pueblos indígenas y afroecuatorianos. Por tanto, los movimientos feministas, desde nuestra diver-sidad, hemos cuestionado no sólo la subrepresen-tación de las mujeres en todas las funciones del Estado, sino también las relaciones de poder en las que se sustenta el sistema económico, político e ideológico patriarcal, capitalista y etnocéntrico.

El ejercicio de los derechos políticos supone no sólo la participación formal en los espacios de representación política, sino ante todo el accio-nar político del movimiento de mujeres para mo-

dificar las relaciones de poder que determinan los procesos de desigualdades. Estas relaciones implican el control de nuestros cuerpos, la vio-lencia, la división sexual del trabajo y todas las formas de discriminación y opresión que vivi-mos las mujeres en el ámbito privado y público.

Si bien el Ecuador cuenta con un marco consti-tucional amplio en materia de derechos políticos de las mujeres, que permitiría el desarrollo de legislación y políticas públicas, éste no se aplica en tu totalidad ni en el Estado ni en los partidos políticos. Existen expresiones y mecanismos de desigualdad que subsisten y que exigen el desa-rrollo del mandato constitucional vía legislación y políticas públicas.

Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres EcuatorianasEJE 1. PARTICIPACIÓN POLÍTICA E INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO

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Los resultados electorales no han garantizado la paridad, pues en 2009, en el Parlamento Nacio-nal se alcanzó el 32% de la representación, cifra inclusive menor que la alcanzada en 2007 para la Asamblea Constituyente en la que se llegó al 35%; mientras que en las concejalías se alcanzó el 30% de representación de mujeres frente a un 70% de hombres.

Estos datos corresponden a las elecciones plu-ripersonales en los cuales aplica la paridad y la alternancia en la lista (ver gráfico). En cuanto a elección de dignidades unipersonales, la repre-sentación de mujeres es inmensamente menor porque en ellas no aplica ninguna medida de pro-moción de igualdad de género. El mismo gráfico muestra este fenómeno que ratifica la necesidad de adoptar medidas legislativas de aplicación obligatoria y general, pues caso contrario, cultu-ralmente, los avances son muy lentos.

En cuanto a la aplicación de la paridad en las directivas de las organizaciones políticas, es un proceso aún inicial, y si no existen procesos in-ternos de promoción de distribución igualitaria

del poder entre hombres y mujeres, bien pueden mantenerse las situaciones de desigualdad.

La paridad de género en otras áreas como la Fun-ción Judicial, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, las comisiones ciu-dadanas de selección, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras, se aplica parcialmente. En el cuadro número 2 se analiza la composi-ción de las máximas instancias de algunas insti-tuciones con cuerpos colegiados, allí se eviden-cia que sólo en la nueva institucionalidad —para la que existen normas obligatorias expresas de paridad— esto es el Consejo de Participación Ciudadana, las comisiones ciudadanas de se-lección, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral se respeta la participación igualitaria de hombres y mujeres, no así en otras instancias donde no existe esa obligatoriedad, ratificándose la necesidad de una norma impera-tiva para que esto se cumpla.


Porcentaje de mujeres y hombres electas/os en los comicios de 20091

1.GráficodeautoríadeSolandaGoyesyusadoenvariosdocumentosdesuautoría.

68%Hombres

32%

70%

30%

91%

9%

94%

6%

Mujeres

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Si bien la paridad ha sido fundamental para ase-gurar la presencia de las mujeres en los procesos electorales y del Estado, sin el posicionamiento de una agenda feminista, esta presencia no ga-rantiza avances en los derechos de las mujeres.

En la última década, y sobre todo en los últimos cuatro años, las organizaciones de mujeres y fe-ministas han evidenciado una paulatina desmo-vilización y desestructuración organizativa. Una excepción coyuntural constituye la movilización activa y de vigilancia ciudadana de las mujeres en el proceso pre constituyente de 2008 y duran-te la Asamblea Constituyente, para observar la inclusión del conjunto de derechos de las muje-res en la Carta Magna.

Los canales para la participación ciudadana en el período de Correa se han institucionalizado y bu-

rocratizado, a través de un conjunto de dispositi-vos implementados desde el Gobierno Nacional, a través del Consejo de Participación Ciudadana, la Secretaria de Pueblos y por varios gobiernos locales del partido en el poder, lo que ha dado como resultado la desarticulación del tejido so-cial y la cooptación de las organizaciones y de sus lideresas. Este fenómeno, sin embargo, no es particular al movimiento de mujeres sino al con-junto de movimientos sociales.

A partir de la aprobación de la Constitución de 2008, la institucionalidad pública para la garan-tía y protección de los derechos específicos de mujeres, niños/as, adolescentes, pueblos indíge-nas, afrodescendientes, montubios, personas con capacidades diferentes, perdió competencias en la rectoría y ejecución de políticas públicas. Sin embargo, únicamente cuando el Consejo Nacio-


Conformación desagregada por sexo de máximas instancias de instancias públicas

MÁXIMASINSTANCIAS INSTITUCIONALES RÉGIMENVIGENTE #Hombres #Mujeres %Hombres %MujeresCorteConstitucional Régimendetransición 7 2 78% 22%FunciónJudicial–CorteNacional Régimendetransición 12 9 52% 48%TribunalContenciosoElectoral Régimendetransición 2 3 40% 60%ConsejoNacionalElectoral Régimenconstitucional 3 2 60% 40%ConsejodeParticipaciónciudadana Régimenactual 3 4 43% 57%Comisionesciudadanasdeselección Régimenconstitucional Todaslascomisioneshastaahorainstaladas: SeleccióndeFiscal,ConsejoNacionalElectoraly DefensordelPueblo,sehanconformadoparitariamente.PolicíaNacional–Generales Régimenconstitucional NoexisteunasolamujerComandoConjuntode FuerzasArmadas Régimenconstitucional Nohayunasolamujer

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nal de las Mujeres fue eliminado en el 2009, se dió paso a la creación de la Comisión de Transi-ción cuyo objetivo era diseñar la estructura insti-tucional que se debería implementar para garan-tizar la igualdad entre hombres y mujeres.

La supresión del CONAMU durante casi 3 años, mediante Decreto Ejecutivo, no ha resultado en el diseño y menos aún, fortalecimiento de la nue-va institucionalidad de Género, ni ha garantizado la participación paritaria de las organizaciones y movimientos de mujeres en su directorio. Tam-bién han sido desmanteladas la Comisión Espe-cializada Permanente de la Mujer de la Asamblea Nacional, los mecanismos institucionales pro-Igualdad de Género en los ministerios sectoriales como Relaciones Laborales, y se ha disminuido el rango y funciones en la rectoría de políticas públicas en el caso de la Dirección de Género del Ministerio del Interior y del Ministerio de Finan-zas y en los gobiernos locales. Se ha destruido la base institucional para que el Estado ecuato-riano asuma de manera efectiva las políticas de Igualdad de Género, en cumplimiento del Art. 70 de la Constitución que establece que “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de Género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público”.

La decisión gubernamental, además, contraviene todos los compromisos asumidos por el Ecuador

a través de los tratados internacionales de Dere-chos Humanos, los cuales plantean obligatorie-dad al Estado para que asuma el rol de garante y protector del conjunto de derechos de toda la población, sin ninguna discriminación, aspectos sobre los que deberá rendir cuentas en el Comité de la CEDAW en octubre de 2012.

En el Presupuesto General del Estado aprobado en 2010 se asignaron para la Igualdad de Géne-ro US$ 8,3 millones, esto es el 0,05% del total2. En 2011, el monto de recursos para ese propósito ascendió a US$ 31,4 millones, que representan el 0,13% del PGE, que no obedece a un incremento de asignaciones sino a un mayor número de ins-tituciones que hicieron uso de la Función K: 19 instituciones (ministerios y otras dependencias) y 21 gobernaciones3, mientras el año previo el registro correspondió a 14 instituciones.

2.DeacuerdoconlosvaloresregistradosenlaFunciónKdelCatálogoFuncional,deeseaño.

3.MinisteriodeFinanzas,MinisteriodeSalud,Agricultura,Ganadería,AcuaculturayPesca,MinisteriodeJusticia,CultoyDerechosHumanos,MinisteriodeAmbiente,MinisteriodelInteriorMinisteriodeAgricultura,Ganadería,AcuaculturayPesca,MinisteriodeEducación,ComisióndeTransiciónhaciaelConsejodelasMujeresylaIgualdaddeGénero,AgenciadeAseguramientodelacalidadenelagro,AGROCALIDAD,ConsejodeParticipaciónCiudadanayControlSocial,CorporacióndedesarrolloAfroecuatoriano,CODAE,PolicíaNacionalEspecializada,DINAPEN,InstitutodePropiedadIntelectual,IEPI,InstitutoNacionaldeContrataciónPública,ProgramaNacionaldeFinanzasPopulares,EmprendimientoyEconomíaSolidaria,UniversidadAgrariadelEcuador,UniversidadNacionaldelChimborazoyUniversidadCentraldelEcuador.


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De las asignaciones de 2011, el 74,5%, esto es US$ 23,4 millones, corresponde a recursos regis-trados por Ministerio de Salud y se dirigieron a la ejecución de la Ley de Maternidad Gratuita. El 8% corresponde al presupuesto de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género y ascendieron a US$ 2,4 millones. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos registra US$ 3,5 millones, esto es el 11% de las asignaciones para la Equidad de Gé-nero. El aporte de los registros del resto, por cada institución, no supera el 3%. Los gastos directos para mujeres en el año considerado equivalen al 0,06% del PGE.

PROPUESTAS

ACTORÍA ACTIVA Y AUTÓNOMA DEL MOVIMIENTO FEMINISTA

Consolidación y fortalecimiento de la Plataforma Nacional de las Mujeres con la inclusión de organizaciones feministas y de mujeres diversas

- Propiciar el desarrollo de un discurso/acción político, crítico al poder, y desde el feminis-mo.

- Desarrollar el pensamiento y espíritu crítico de cara al desarrollo de los derechos de las mujeres.

- Fortalecer y defender al movimiento feminis-ta y de mujeres, promoviendo liderazgos co-lectivos, y agendas que combinen dialéctica y creativamente las agendas tácticas y estratégi-cas de las mujeres.

- Aportar a la construcción de un proyecto de transformación en alianza con otros actores sociales, para superar las inequidades e injus-ticias inherentes al sistema patriarcal, capita-lista y colonial.

- Denunciar la criminalización y persecución de la movilización social de las mujeres y femi-nistas, luchar contra la impunidad.

- Ejercer el derecho a la resistencia de manera activa y permanente.

- Incidir para eliminar trabas para la legaliza-ción de las organizaciones de las mujeres.

- Priorizar la formación política feminista como una estrategia de fortalecimiento y revitaliza-ción del movimiento de mujeres.

- Consolidar la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres como un espacio de convergencia de la diversidad de las organiza-ciones de mujeres.

- Posicionar la Agenda de la Plataforma Nacio-nal por los Derechos de las Mujeres en los es-pacios de los movimientos sociales y políticos y el Estado.


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CUMPLIMIENTO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA PARIDAD

Aplicación de la paridad en toda la institucionalidad del Estado

- Diseñar un sistema electoral que haga posible la paridad en la representación en puestos de elección popular.

- Establecer políticas públicas para el cumpli-miento de la paridad en los cuerpos colegiados como Asamblea Nacional, Parlamento Andi-no, Consejos Regionales, Distritales y Muni-cipales.

- Establecer mecanismos para el cumplimiento de la paridad en la representación unipersonal, a través de la obligación de que los binomios sean paritarios.

- Establecer mecanismos autónomos de vigilan-cia ciudadana y exigibilidad para garantizar la igualdad de las mujeres y la paridad.

- Denunciar la falta de respeto a los principios de paridad e Igualdad de Género garantizados en la Constitución en la designación de repre-sentantes a las instancias de dirección de las Funciones del Estado.

- Exigir medidas de acción afirmativa de las au-toridades de control: Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Consejo Nacional Electoral, Contra-loría y Procuraduría General del Estado.

- Exigir y vigilar los procesos de selección transparentes y democráticos que garanticen

las medidas de acción afirmativa de personal, funcionarios/as y decisores.

- Exigir al Estado transparencia en la informa-ción sobre el uso de los recursos de la coope-ración internacional asignados para las polí-ticas, programas y proyectos con enfoque de Igualdad de Género y protección de los dere-chos de las mujeres.

Paridad en el ejecutivo y gobiernos autónomos descentralizados

- Establecer normas para la conformación igua-litaria entre hombres y mujeres en los distintos niveles de la Función Ejecutiva: Vice minis-terios, Subsecretarías, Direcciones, Cuerpos Colegiados Directivos.

- Establecer normas para la operacionalización de la paridad y alternabilidad en la estructura in-terna de los GAD´s: comisiones y direcciones.

- Proponer la revisión y reforma del COOTAD para garantizar la paridad y transversalización de Género en los GAD´s.

- Implementar campañas por el cumplimiento de la paridad de los GAD´s.

- Promover la realización de acuerdos políticos para el nombramiento de mujeres como auto-ridades y directoras de las entidades munici-pales.

- Promover y realizar pactos para lograr que las mujeres que ocupan espacios de poder expre-sen los intereses reales de las mujeres.


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- Incidir para la asignación de presupuesto para información, formación y promoción de candi-datas del movimiento feminista en las Funcio-nes Electoral y de Participación Ciudadana.

Paridad en el sistema judicial

- Establecer regulaciones que operativicen la paridad entre hombres y mujeres en las cortes provinciales, la Corte Nacional, el Consejo de la Judicatura, como parte del proceso de refor-ma de la administración de justicia.

Paridad en las organizaciones políticas

- Vigilar la aplicación de la normativa constitu-cional sobre las organizaciones políticas y en ese marco aplicar la paridad en la designación de directivas, la selección de candidaturas, la elección y funcionamiento de las organizacio-nes, la distribución de recursos, el respeto de los derechos de los/as afiliados/as o adheren-tes.

- Establecer mecanismos de vigilancia a través de regulaciones internas, protocolos y sancio-nes que permitan hacer efectivo el derecho a la paridad

Prevención, sanción y erradicación de la violencia de Género en la política

- Apoyar el proyecto de Ley contra la Violencia y el Acoso Político presentado por AMUME a la Asamblea Nacional.

- Establecer mecanismos de vigilancia, control, censura y sanción al interior de las organiza-ciones políticas.

- Establecer observatorios y veedurías externas a las organizaciones políticas que denuncien y censuren los hechos de violencia política.

Financiamiento de organizaciones políticas y de campañas con perspectiva de Género

- Establecer una nueva legislación y mecanis-mos de control para que los recursos destina-dos a las organizaciones políticas se distribu-yan igualitariamente entre hombres y mujeres, tanto en la formación y capacitación como en la distribución de la publicidad electoral.

FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO EN TODAS LAS FUNCIONES Y NIVELES DEL ESTADO

- Elaboración participativa y presentación de un Proyecto autónomo de Ley de igualdad entre mujeres y hombres

- Recuperar la rectoría de las políticas de Gé-nero como función primordial del Consejo de Igualdad de las Mujeres.

- Incluir mecanismos para garantizar la trans-versalidad de Género en todas las políticas públicas.

- Exigir el establecimiento del Consejo de Igualdad de las Mujeres paritario entre Estado y organizaciones y movimientos de mujeres.


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- Exigir la rendición de cuentas de la Comisión de Transición hacia el Consejo de las Mujeres y la Igualdad de Género y la entrega perma-nente de información sobre todas las ejecucio-nes del Consejo.

- Incidir en las autoridades del Ejecutivo y asambleístas para la aprobación de la Ley de Igualdad entre mujeres y hombres.

- Incidir en las autoridades municipales para la conformación y funcionamiento de las Comi-siones de Igualdad de Género en los GAD´s.

Garantizar el principio de laicidad del estado, asegurando la separación de las iglesias de los asuntos concernientes al Estado de derechos y la institucionalidad pública, tal como lo establece la Constitución de 2008.


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EJE2

DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIAS Y ACCESO A LAS JUSTICIAS

La perspectiva feminista tiene como objetivo enferentar y erradicar la violencia contra las mujeres y vincular este proceso al avance de la democracia en la vida cotidinana, al mejoramiento de la calidad de la vida y la democratización de las instituciones y de la cultura

Marcela Lagarde

En el país subsisten altos porcentajes de violen-cia contra mujeres, niñas y adolescentes, que se sostienen en imaginarios patriarcales, que valo-ran lo masculino e invisibilizan o desvalorizan a las mujeres y a todas las expresiones culturales y simbólicas relacionadas con lo femenino, negán-donos capacidad de decisión y autonomía sobre nuestros cuerpos, es decir sobre nuestras vidas, y naturalizando nuestra subordinación hacia los hombres, quienes para mantener su control so-bre nosotras ejercen violencias físicas, sexuales y psicológicas, que socavan nuestra integridad y dignidad, con acciones atroces que llegan al fe-minicidio.

Diversos colectivos han denunciado la existencia de “centros de rehabilitación” donde se pretende “curar” a quienes tienen preferencias sexuales

diferentes, lo que demuestra que desde los ima-ginarios de la salud, se concibe a la sexualidad diferente a la heterosexual, como patológica, con expresiones de homofobia y lesbofobia, que con-tradicen a las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud y violan los derechos con-sagrados en la Constitución de 2008.

Reivindicamos el acceso de las mujeres a las justicias, ordinaria, indígena y comunitaria. La reforma integral de la Administración de Justi-cia implica la incorporación en su estructura y mecanismos de funcionamiento que respeten los derechos de las mujeres.

Desde la aprobación de la Constitución de 2008, se inició un período de “transición” para desarro-llar la normativa de aplicación de la nueva Carta Magna. Pero lo que ha sucedido en los últimos 3

Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres EcuatorianasEJE 2. DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA

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años, es que mediante proyectos ejecutivos y le-yes se está desmantelando toda la institucionali-dad de protección de los derechos de las mujeres.

PROPUESTAS

Protección de víctimas de Violencia de Género

- Institucionalizar programas de protección es-pecializada de víctimas y testigos de Violencia de Género en el Ministerio Fiscal.

- Garantizar recursos técnicos y financieros para la implementación del Plan Nacional de Erradicación de la Violencia de Género.

- Institucionalizar la asignación de recursos para Centros de Atención y Casas de Refugio.

- Establecer protocolos unificados para aten-ción a víctimas.

- Agilizar los procesos de atención, evitando toda forma de re-victimización de las denun-ciantes.

- Ampliar y mejorar los servicios y centros de atención integral públicos para mujeres víc-timas de violencia, incluyendo la seguridad económica, protección y restitución de sus de-rechos violentados.

- Fomentar la creación de defensorías comuni-tarias.

- Establecer programas regulares de capacita-ción en Género, violencias y Derechos Huma-nos a funcionarios de instituciones de todas las funciones del Estado, fundamentalmente de la judicial y ejecutiva, a nivel nacional, re-gional y local.

- Ampliar los servicios y la defensoría pública para atención y judicialización de los casos de feminicidio.

- Asegurar la participación de las organizacio-nes de mujeres en la formulación e implemen-tación de políticas y reformas legales orienta-das a garantizar una vida libre de violencia.

- Exigir la promulgación oficial e implementa-ción efectiva del Plan Nacional Anti-Trata.

- Exigir la rendición de cuentas anual al Plan de Erradicación contra la Violencia y del Plan Nacional Anti-Trata y explotación sexual.

- Incidir en el proceso de reforma legal para garantizar los avances constitucionales sobre protección de los derechos de las mujeres, priorizando reformas al Código Penal que contemplen el aborto seguro, la tipificación de feminicidio y otros delitos sexuales.

- Realizar acciones públicas para visibilizar y apoyar la situación de las mujeres que son acosadas y violentadas en instituciones públi-cas y privadas.


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De-construcción de los imaginarios y concepciones que perpetúan las violencias de Género

- Apoyar las campañas nacionales y locales por el derecho a una vida libre de todas las violencias: intrafamiliar, sexual, laboral, polí-tica, mediática, simbólica, estructural, de di-versidades sexuales y contra las trabajadoras sexuales.

- Fortalecer el Observatorio de la Violencia contra las mujeres y difundir la información.

- Fortalecer y ampliar el Observatorio Ciudada-no de la Comunicación para la erradicación de mensajes y discursos sexistas, discriminato-rios y violentos.

- Sensibilizar a la población sobre la problemá-tica de la trata, tráfico y explotación sexual como una forma extrema de violencia de Gé-nero.

Prevención de las violencias de Género

- Insertar en el currículo de educación básica y secundaria la educación para una cultura de paz y no violencia con perspectiva de Género.

- Incluir en la capacitación de maestros/as y de las familias la cultura de no violencia y res-peto de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes.

- Apoyar el trabajo de los hombres sobre nue-vas masculinidades.

- Incidir en los movimientos sociales para que se apropien de la problemática de la Violencia de Género.

Generación de conocimientos e información

- Generar indicadores de seguimiento para el cumplimiento de la Ley 103 y del Plan Nacio-nal contra la Violencia Intrafamiliar.

- Establecer sistemas de registro único para la atención integral de las víctimas de violencia (Comisarías, Juzgados, Policía, Fiscalía, Cen-tros de Atención).

- Difundir de manera permanente y sistemáti-ca la información sobre centros de atención, casas de acogida y servicios públicos de aten-ción a víctimas de las múltiples violencias y exigir su ampliación.

Vigilancia de las organizaciones de mujeres y feministas

Establecer mecanismos de vigilancia y exigibi-lidad del cumplimiento del derecho a una vida libre de violencias a través de:

- Seguimiento y vigilancia de los servicios pú-blicos de atención a víctimas de violencia: co-misarías, policía, fiscalía de delitos sexuales.

- Seguimiento y vigilancia de la asignación pre-supuestaria para las políticas públicas, progra-mas y servicios de atención a víctimas de las diversas formas de violencias de Género.


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Reforma Judicial con enfoque de Género y protección de los Derechos Humanos de las mujeres

- Crear un Sistema Judicial que garantice una justicia equitativa, con enfoque de Género y protección de los derechos de las mujeres, con independencia judicial del sistema, que atien-da con celeridad y eficiencia las denuncias de violencias contra las mujeres, para lo cual se crearán Judicaturas, de acuerdo con la carga procesal y de especialización.

- Garantizar la celeridad en los procesos, a tra-vés de un adecuado diseño del despacho judi-cial, para lo que es necesario dotar de citado-res/as propios para cada judicatura.

- Establecer seguridad policial para la protec-ción de las víctimas y los operadores de justi-cia durante todo el proceso judicial.

- Garantizar la gratuidad del servicio a las vícti-mas de violencia intrafamiliar como mecanis-mo concreto de impulsar los procesos judicia-les: citaciones, inspecciones y otras diligencias.

- Incorporar la perspectiva de Género en los di-seños informáticos para contribuir con el le-vantamiento de sistemas de información ade-cuados y garantizar celeridad procesal.

- Distritalizar las judicaturas especializadas en casos de violencia intrafamiliar y los otros ti-pos de juzgados, a fin de garantizar que sea el sistema judicial el que se acerque a la usuaria y no la usuaria al sistema judicial.

- Definición de instancias judiciales de atención a nivel parroquial

Juzgados especializados

- Implementar juzgados de violencia contra las mujeres en número necesario a nivel nacional, regional y local.

- Crear el número de juzgados de la mujer, fa-milia, niñez y adolescencia según la deman-da a nivel nacional. Excepcionalmente, debe otorgarse a los juzgados la competencia de violencia contra las mujeres. Priorizar la asig-nación de recursos para la implementación de los juzgados de mujer, familia, niñez y ado-lescencia, así como de juzgados de violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes.

- Crear espacios físicos adecuados y una bue-na distribución de los juzgados de violencias contra las mujeres y las niñas, garantizando un ambiente de seguridad durante el proceso judicial: equipamiento de salas de audiencia amplias que garanticen separación física en-tre las partes, salas de testigos separadas para testigos de víctimas y agresores, área de ope-radores de justicia, áreas de equipos de apoyo, áreas de espera adecuadas para la presencia de niños/as.

- Priorizar la asignación de recursos para la creación de Juzgados y Fiscalías Especializa-das.


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Juzgados de garantías penales con perspectiva de Género

- Adoptar medidas para que los juzgados de garantías penales comunes incorporen el tra-tamiento especializado a mujeres en casos de violencia de Género, lo que incluye la garan-tía de no re-victimización durante el proceso penal, adecuación de espacios físicos, equipa-miento con cámaras de Gessel o sistemas de videoconferencia, garantizando la seguridad de la víctima, separándola físicamente del agresor.

- Incorporar en la reforma tecnológica el dise-ño de herramientas que promuevan celeridad procesal y todas las garantías de la gratuidad procesal.

Implementación de oficinas técnicas de apoyo

- Establecer oficinas técnicas de apoyo para ga-rantizar efectividad judicial en la protección de los derechos de las mujeres. Según la nor-ma, los equipos técnicos deben estar confor-mados por trabajadores/as sociales, psicólo-gos/as, médicos/as legistas.

- Establecer protocolos para los informes pues-to que tienen el carácter de peritajes especia-lizados que son determinantes en los procesos judiciales.

- Garantizar la formación profesional de los miembros de los equipos técnicos en las mate-

rias de su intervención desde una perspectiva de Género y Derechos Humanos.

- Asignar espacios físicos para las oficinas téc-nicas de apoyo en las judicaturas y equipar-las con el instrumental necesario para el buen desempeño de la función.

Protocolos unificados en todas las instancias de administración de las Justicias Ordinaria, Indígena y Comunitaria

- Incorporar los estándares de Derechos Huma-nos que garanticen los derechos de las muje-res indígenas y afroecuatorianas, sobre todo el derecho a una vida libre de violencia en el acceso a las justicias comunitaria y ordinaria.

- Establecer programas regulares de formación continua en Género, violencias y Derechos Humanos de las mujeres a las personas que operan las justicias ordinaria, indígena y co-munitaria.

Talento humano, carrera judicial y protección de derechos de las mujeres en la Función Judicial

- Institucionalizar perfiles y procesos de selec-ción de operadores judiciales y técnicos de apoyo desde una perspectiva de Género y De-rechos Humanos de las mujeres, garantizando formación continua, procesos de evaluación permanente, paridad en la conformación de todas las instancias de la Función Judicial.


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- Institucionalizar la igualdad de Género en la Escuela Judicial a través de:- Definir e institucionalizar el perfil de la/el

jueza/juez por especialidad para cada tipo de judicatura, desde una visión de derechos de cada integrante de las familias diversas; la/el juez/a de violencia contra las mujeres y las familias, debe regirse por una visión de protección judicial del derecho a la inte-gridad personal.

- Incorporar materias de Género y Derechos Humanos en la malla curricular de la capa-citación regular para jueces, según la espe-cialización.

- Incorporar en la formación regular de jue-zas/es y funcionarias/os del sistema judicial el análisis de casuística y definiciones de la posición que debe adoptar la/el jueza/ez desde una perspectiva de Derechos Huma-nos y Género.

- Selección de profesores/as de la Escuela Judicial especializados/as en cada materia según la visión de Género y Derechos Hu-manos de las mujeres.

- Institucionalizar todos los mecanismos y medidas para garantizar la carrera judicial que respete la paridad y la perspectiva de Derechos Humanos y Género, lo que impli-ca que la selección y evaluación de opera-doras/es de justicia debe realizarse incorpo-rando esos criterios.

- Crear programas de formación continua para juezas/es y funcionarios/as judiciales,

orientado a la modificación de patrones cul-turales de los/as operadores de justicia, de manera que incorporen una cultura jurídica de sujeción a la Constitución, con manejo de enfoques de derechos, Género e intercul-turalidad

- Establecer programas regulares de capaci-tación en Género, violencias y Derechos Humanos de las mujeres a las/os operado-ras/es de las justicias ordinaria, indígena y comunitaria.

- Profesionalizar a todos/as los/as funciona-rios/as de la carrera judicial.

- Establecer de manera sistemática la igual-dad y paridad de Género en la conforma-ción de todas las instancias judiciales.

Transversalidad de Género en el Consejo de la Judicatura

- Institucionalizar en el Consejo de la Judica-tura una Dirección de Género que promueva políticas de atención efectiva a mujeres en el servicio judicial y realice seguimiento de su cumplimiento en todos los niveles e instan-cias.

Difusión e información de servicios

- Difundir información sobre los procesos de transición de la Función Judicial y la imple-mentación de los juzgados de violencias con-tra las mujeres, las/os niñas/os y adolescentes.


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Control y vigilancia de las organizaciones de mujeres y feministas

- Generar condiciones objetivas para que la ciu-dadanía ejerza sus derechos de participación a través de la creación de mecanismos de vigi-lancia ciudadana y control social, para la se-lección de profesionales adecuados y para el seguimiento de fallos.

- Vigilar la selección de profesionales adecua-das/os para erradicar la impunidad y denun-ciar la corrupción.

- Establecer mecanismos de vigilancia y exigi-bilidad de protección de derechos en los pro-cesos judiciales y sus fallos.


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EJE3

DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

Culturalmente, el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pone en cuestión el entramado simbólico y real tejido en torno a la apropiación masculina del cuerpo de las mujeres; visibiliza la injusticia de un orden social establecido sobre la subordinación de las mujeres…

Alicia Miyares

Los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres constituyen uno de los puntos de partida del feminismo para reivindicar la libre de-cisión de cada mujer sobre su cuerpo integral (en el sentido físico, biológico, social, psicológico, cultural, etc.), en contraposición al pensamien-to androcéntrico que, en el afán de controlarlos y regularlos, establece normas, reglas, símbolos binarios, que marcan los comportamientos de se-xos y géneros.

El término “Derechos Reproductivos” surge de la acción de las mujeres militantes e incluye la li-bertad de decisión dentro del campo más amplio de ejercicio de la ciudadanía, como garantías le-gales y beneficios del Estado, y también como espacio de transformación de las relaciones so-ciales y de Género, por tanto de “poder”.

Los derechos sexuales y derechos reproductivos están ligados íntimamente con las individuali-dades, y es aquí donde pone especial énfasis la lucha feminista al reivindicar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, su futuro y su proyecto de vida, de manera libre, soberana y au-tónomamente, como un ejercicio político básico dentro de los principios de igualdad entre muje-res y hombres, de dignidad, sin discriminación por etnia, clase, opción sexual, edad, entre otras.

Es importante mencionar que los derechos sexua-les y derechos reproductivos de las mujeres no solo hacen referencia a los “programas de plani-ficación familiar”; estos derechos aluden a todos los aspectos de la vida de las mujeres como el conocimiento y reconocimiento del cuerpo como el primer territorio soberano, y tienen como base

Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres EcuatorianasEJE 3. DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS

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una plataforma política que es el resultado de largos años de disputa de poderes basados sobre todo en la visión patriarcal de la pertenencia de los cuerpos de las mujeres y su decisión libre y voluntaria de reproducción (maternidad), así como de su derecho al placer y goce sexual sin discriminación alguna.

En la Constitución de 2008, luego de años de luchas de los movimientos y organizaciones de mujeres, se reconoce a los Derechos Sexuales y a los Derechos Reproductivos separadamen-te, al igual que a la Salud Sexual y a la Salud Reproductiva, haciendo explícitas las distintas decisiones y derechos de los que las mujeres son partícipes y poniendo clara la división entre las opciones sexuales y las opciones reproductivas.

Los Derechos Sexuales contemplan la libre op-ción sexual, la salud integral en todas las eda-des, el goce y placer sexual y, principalmente, el cuándo, cómo (prácticas sexuales) y con quién vivir la sexualidad.

Parte de los Derechos Reproductivos es el acceso a métodos anticonceptivos, siendo este uno factores estratégicos para el disfrute pleno de los mismos.

En el Ecuador, se ha identificado que el 46% de embarazos no son planificados ni deseados, si bien el 96% de mujeres dice conocer sobre mé-todos anticonceptivos modernos, tan solo el 58% los utilizan. El más usado es la esterilización fe-menina, con el 24%, y la píldora anticonceptiva con apenas un 13.3% (ENDEMAIN, 2004).

Esto debido a que nuestra sociedad sigue siendo machista y patriarcal, violentando a las mujeres en su derecho constitucional de decidir si tienen o no hijas/os, cuántas/os tener, cada cuánto te-nerlas/os, cómo tenerlas/os. Si bien el acceso gratuito a métodos de prevención de embarazo, a través de los servicios de salud pública existen-tes, está contemplado también en el marco legal del país, la realidad es que tanto el derecho como el acceso efectivo a estos servicios se encuentra en extremo limitado.

Uno de los problemas más relevantes son las elevadas tasas de embarazo en adolescentes, puesto que implica la postergación o termina-ción de sus proyectos de vida, particularmen-te por la expulsión o abandono del sistema de educación, sin contar con que muchos de estos embarazos son resultado de diversos tipos de Violencia Sexual.

En relación con la mortalidad materna4, los es-tudios señalan que en su mayoría las causas son prevenibles y principalmente se deben a tres ti-pos de retrasos: demora en la búsqueda de asis-tencia profesional adecuada en caso de emergen-cia obstétrica, lo que se relaciona con los costos

4.Lamortalidadmaternaes“lamuertedeunamujermientrasestáembarazadaodentrodelos42díassiguientesalaterminacióndelembarazo,independientementedeladuraciónysitiodelembarazo,debidaacualquiercausarelacionadaoagravadaporelembarazoosuatención,peronoporcausasaccidentaleso incidentales.”


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de los servicios, el no reconocimiento de una emergencia, insuficiente información y discri-minación de Género; dificultades para acceder a instalaciones apropiadas, debido a la distancia a los centros de atención o la falta de transporte; y, personal insuficiente o indisponibilidad de las condiciones básicas en la atención del parto.

En tanto, el aborto es la segunda causa de muerte materna en el país. En el año 2003, se registra-ron 30.489 egresos hospitalarios por “embarazos terminados en aborto” con una tasa de morbili-dad de 47.7 por 10.000 mujeres y corresponde al 6.1% del total de egresos hospitalarios en las mujeres. (Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, 2008).

Se estima que un 17,55% de adolescentes muje-res menores de 15 años se han practicado abor-tos, y que la incidencia de abortos en el Ecuador, sería el triple de los egresos hospitalarios, con-siderando que muchos de los abortos se realizan en clínicas privadas en forma clandestina e inse-gura. (Coordinadora Juvenil por la Equidad de Género, 2008).

La planificación reproductiva mejora principal-mente la salud de la mujer, incrementa las posi-bilidades de estudios de las hijas/os y mejora las condiciones económicas de las familias.

Esta problemática está ligada a la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA para las mujeres en general, más la condi-ción de vulnerabilidad de las mujeres no hetero-

sexuales a la pandemia del VIH-SIDA y de otras infecciones de transmisión sexual es constante en la exclusión el Sistema de Salud inmerso en una concepción tradicionalista que funciona moralmente mediante la invisibilización de las prácticas sexuales que rompen el binario mujer-hombre. La falta de protocolos adecuados de atención en el ámbito de la Salud Sexual y la Salud Reproductiva conlleva a la clara vulne-ración de los derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, heterosexualizándo-las.

La salud sexual y salud reproductiva de las mu-jeres sigue pasando por el filtro de la voluntad política de los decisores, prestadores y servi-dores de salud para la atención y asignación de recursos, así como de la visión con que la que se implementa las leyes; a esto se suma el des-conocimiento de las mujeres sobre sus derechos sexuales y derechos reproductivos.

Se requiere vigilar si las condiciones sociales permiten o no el ejercicio de estos derechos y exigir el cumplimiento y la progresividad de los mismos para que las mujeres tengan vidas dignas con autonomía y autodeterminación de sus vidas y sus cuerpos.


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PROPUESTAS

EDUCACIÓN E INFORMACIÓN INTEGRAL EN SEXUALIDAD

- Incorporar la educación sexual, desde un en-foque de Género y de derechos para el ejerci-cio de una sexualidad responsable e igualitaria en el currículo del sistema educativo.

- Implementar programas curriculares unificados e integrales que incluyan los derechos sexuales y derechos reproductivos en el pensum de es-tudios, en todos los niveles educativos.

- Implementar políticas, programas y proyec-tos para la vivencia de una sexualidad sana, responsable e igualitaria que involucren a los hombres.

- Diseñar y ejecutar políticas y programas es-pecializados, orientados a reducir el embarazo no deseado, con la participación activa de mu-jeres y hombres.

- Brindar servicios de atención en salud que aseguren el acceso a la información y el uso de métodos anticonceptivos para mujeres y hombres.

- Implementar servicios especializados de sa-lud, apoyo sicológico para adolescentes em-barazadas.

- Integrar en el currículo de formación docente la capacitación y formación integral en dere-chos sexuales y derechos reproductivos desde un enfoque de Género y derechos.

- Integrar en el currículo universitario, espe-cialmente de las carreras de salud y educación materias relacionadas con derechos sexuales y derechos reproductivos desde un enfoque de Género y derechos.

ACCESO A SERVICIOS E INSUMOS EN SALUD SEXUAL Y SALUD REPRODUCTIVA GRATUITOS, DIFERENCIADOS E INTEGRALES

- Exigir y vigilar el cumplimiento de las po-líticas públicas que garanticen los derechos sexuales y los derechos reproductivos.

- Garantizar el acceso universal, la gratuidad y la atención adecuada y oportuna del embara-zo, parto y puerperio en los servicios de salud, especialmente para las mujeres con escasos recursos económicos del sector rural, indíge-nas y afrodescendientes, en cumplimiento de la Ley de Maternidad Gratuita.

- Asignar recursos suficientes para la aplicación progresiva de la Ley de Maternidad Gratuita hasta su universalización.

- Exigir al Estado la elaboración y aplicación de protocolos de atención integral en salud sexual y salud reproductiva que respondan a las necesidades y demandas específicas de las diversidades.

- Asegurar el cumplimiento de la Estrategia Na-cional Intersectorial de Planificación Familiar, garantizando el acceso universal a condones femeninos y masculinos, ampliando la infor-


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mación y difusión de métodos anticoncepti-vos, incluida la anticoncepción de emergencia.

- Sensibilizar y capacitar en derechos sexua-les y derechos reproductivos a autoridades y funcionarios/as de los Ministerios de Salud y Educación.

- Exigir al Ministerio de Salud la implementa-ción urgente de medidas para mejorar la ca-lidad en los servicios de salud sexual y salud reproductiva.

- Incorporar y entregar carnet a las parteras en los servicios de los centros de salud.

- Reconocer y valorar el trabajo de promotoras/as y promotores de salud comunitarios, sin considerar el nivel de instrucción solamente sino sus conocimientos ancestrales adquiridos en la práctica cotidiana.

- Establecer los mecanismos y protocolos nece-sarios en todos los centros de salud del país, para garantizar la atención obstétrica de emer-gencia.

- Establecer una normativa en el sector de salud para la investigación y sanción de los casos de muerte materna.

- Garantizar recursos técnicos y financieros, a nivel gubernamental, para la implementación de los programas, proyectos y políticas sobre salud sexual y salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos.

- Garantizar la información y acceso a los mé-todos anticonceptivos, incluida la anticoncep-

ción de emergencia en todos los servicios de salud públicos y privados.

- Descentralizar los servicios y centros médi-cos a nivel rural y comunitario, garantizando el acceso a los insumos y medicamentos de salud reproductiva, tales como los condones femeninos y otros métodos anticonceptivos de manera gratuita.

- Garantizar la creación y funcionamiento de es-pacios y mecanismos que aseguren la partici-pación y vigilancia ciudadana en la provisión de servicios de salud sexual y reproductiva, procurando la incorporación de la diversidad étnico-cultural, generacional, de Género y por opción sexual.

- Asignar los recursos técnicos y financieros para dar cumplimiento a programas y planes nacionales sobre derechos sexuales y dere-chos reproductivos, tales como el Plan de Pre-vención Embarazo Adolescentes, Plan Nacio-nal contra las Violencias.

- Promover y apoyar los Comités de Usuarios/as de la Ley de Maternidad Gratuita, como ejemplo de vigilancia ciudadana y exigibili-dad de derechos, así como el fortalecimiento de las redes a nivel cantonal, provincial, regio-nal y nacional.

- Garantizar la gratuidad y calidad de los servi-cios de atención de salud sexual y salud repro-ductiva, articulando los enfoques de derechos e interculturalidad.


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- Proveer servicios especializados de atención en salud para adolescentes y jóvenes y adul-tos/as mayores.

- Garantizar la privacidad de las usuarias y usuarios en la atención y servicios de salud sexual y salud reproductiva, especialmente de las mujeres víctimas de violencia sexual.

- Garantizar el acceso de las mujeres a los ser-vicios de salud, sin discriminación de ningún tipo, incluida la libre opción de la maternidad.

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS

- Evaluar el Observatorio sobre derechos sexua-les y derechos reproductivos.

- Promover la realización de investigaciones so-bre masculinidades y feminidades impuestas social y culturalmente y sus efectos nocivos.

ACCESO AL ABORTO LEGAL Y SEGURO

- Exigir el cumplimiento de la normativa legal vigente sobre servicios de aborto seguro en los casos permitidos por la ley, sin re-victimiza-ción ni malos tratos para las mujeres .

- Exigir la capacitación de las personas que ope-ran los servicios de salud para garantizar una atención de calidad, calidez y sin prejuicios.

- Promover la despenalización legal y social del aborto en el Ecuador (se calcula que 125.000 mujeres abortan cada año, la mayoría en con-diciones precarias y de clandestinidad, lo que pone en riesgo su salud y su vida).

EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE OPCIÓN Y EL DERECHO INALIENABLE A ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS

- Aportar a la construcción de una sociedad plu-ricultural y diversa donde se respeten las múl-tiples formas de vivir el sexo y la sexualidad, y se reconozca el derecho a la sexualidad en todas las etapas de la vida.

- Establecer medidas de acción positiva que promuevan la incorporación de mujeres no he-terosexuales a la participación social y política activa.

- Exigir sanción penal a propietarios/as de cen-tros de toxicomanía en los que se publicite “curar la homosexualidad” y a autoridades pertinentes del Ministerio de Salud y CON-SEP como actores coadyuvantes.

- Exigir medidas efectivas para evitar el bu-llying lesbofóbico, bifóbico y transfóbico.

PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES

- Exigir la promulgación del Plan Nacional An-ti-Trata como política pública y la asignación de recursos correspondientes.

- Exigir el fortalecimiento de las Unidades An-ti-Trata de los Ministerios Fiscal, del Interior y de Justicia con recursos especializados para garantizar una adecuada investigación y san-ción de las redes de explotación sexual.


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- Demandar que los Ministerios del Área Social y la Secretaría Nacional de Riesgos asuman la responsabilidad de la reparación de derechos de las víctimas de trata y de tráfico con fines de explotación sexual.

- Exigir la creación de centros de protección de víctimas de trata y explotación sexual.


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EJE4

DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES

“Desarrollo no significa progreso cuantitativo solamente. Ante todo es o debería ser, solución al problema de la convivencia como una totalidad que incluye tanto el trabajo como el ocio, el estar juntos y el estar solos, la libertad individual y la soberanía popular, la comida y la música, la contemplación y el amor, las necesidades físicas, las intelectuales y las pasionales”

Octavio Paz

En el Eje de Derechos Económicos, nos interesa apoyar los procesos que apuntan a la construc-ción de alternativas al modelo económico domi-nante, a partir de las experiencias y miradas de las mujeres organizadas y recogiendo los aportes de la economía feminista. Las mujeres organiza-das nos proponemos defender el ejercicio de los derechos económicos desde una crítica profun-da a los conceptos de cuidado, trabajo, propie-dad, mercado y desarrollo. Expresamos, además, nuestra preocupación al constatar que nuestro país está en camino de fortalecer un modelo capi-talista que privilegia el extractivismo y políticas económicas que profundizan las desigualdades.

En el ámbito de los derechos económicos, las mujeres ecuatorianas organizadas reivindicamos

el empoderamiento económico y la autonomía económica como base sustantiva del ejercicio pleno del conjunto de derechos; así como el acceso al trabajo digno, la protección social, la propiedad de la tierra, los derechos a la herencia, a medios de vida sostenibles, al reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado, el manejo y control de los recursos naturales y a los benefi-cios del desarrollo.

Sólo el acceso efectivo a recursos propios, y su control, permitirá a las mujeres decidir con liber-tad su vida y su futuro, en todos los campos de los Derechos Humanos. Este es el fundamento de la justicia económica de Género que exigimos, pues más allá del empoderamiento y la autono-mía individual, se requiere la generación de un

Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres EcuatorianasEJE 4. DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES

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proyecto colectivo societal, diverso al sistema de acumulación capitalista, en el que se cambien las relaciones sociales de explotación por relaciones sociales de producción que modifiquen la des-igual distribución de la propiedad y la riqueza en la que se basa la desigualdad, y desde el enfoque feminista, el reconocimiento pleno de la fuerza de trabajo de las mujeres, pilar en el que se sus-tenta el proceso de generación de la plusvalía.

En este sentido, la justicia económica de Género es un proyecto que busca poner fin a las desigual-dades entre mujeres y hombres; exige tomar me-didas para reparar las profundas desigualdades y desventajas que determinan la subordinación de las mujeres; y denuncia los abusos y las prácticas sociales y económicas injustas que las discrimi-nan; facilitando el acceso y control privilegiado de los grupos con mayor poder económico a los recursos y oportunidades que permiten construir un capital humano, social, económico y político5. La economía feminista, además, ha aportado con una visión crítica sobre cómo el racismo, el ca-pitalismo y el sistema patriarcal determinan que algunas mujeres sufran triple discriminación: si son pobres, mujeres y pertenecen a alguno de los pueblos históricamente excluidos en nuestro país, como los pueblos indígenas y afrodescen-dientes.

De ahí la importancia del seguimiento perma-nente de la evolución de la economía ecuatoria-na que, durante los últimos cinco años, ha sido sostenida por el flujo de recursos provenientes de los altos precios del petróleo; la extracción del ahorro que los trabajadores y empleados mantie-nen en el IESS; el aumento de la carga impositi-va; y, el endeudamiento externo6.

Esta visión nos exige, por otra parte, un escru-tinio de las acciones de política económica y social frente a los mandatos constitucionales y las demandas de las mujeres, a luz de los im-pactos en la vida de mujeres y hombres de todas las edades. La holgura financiera no explica el desempleo que afecta a cerca de un millón de ecuatorianas y ecuatorianos. A pesar del des-proporcionado aumento de la burocracia, que actualmente constituye el 3,2% de la población, el nivel de ingreso per cápita que alcanza US$ 300 mensuales, ha sido debilitado aún más por la carga tributaria; el incumplimiento de gran parte de los derechos sociales, los recursos asignados a la educación y salud no consiguen lo dispuesto en los mandatos constitucionales para erradicar la pobreza. Por el contrario, el resultado es una mayor inequidad y profundización de la depen-dencia a los recursos petroleros.

5.Goetz,AnneMarie.“Justiciadegénero,ciudadaníayderechos.Conceptosfundamentales,debatescentralesynuevasdireccionesparalainvestigación.”

6.AsíseconstatadelanálisisdelosPresupuestos2008-1011,divulgadosporelMinisteriodeFinanzas.www.finanzas.gob.ec


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La participación de las mujeres en el mercado de trabajo se ha producido en condiciones precarias y su incursión en actividades económicas no ha ido a la par de cambios sustanciales. Algunas de las causas han sido las limitaciones al acceso a trabajos remunerados, los salarios diferenciales entre mujeres y hombres, la dificultad de conci-liar el trabajo remunerado con el no remunerado por extensión de la jornada laboral y de cuidado. Es decir, los problemas estructurales aún no han sido superados en estos cinco años de gobierno.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivien-da 2010, la tasa de participación laboral de las mujeres aumentó al 36,5%, frente al 30,5% en 2001. En cambio, la tasa de participación labo-ral de los hombres desciende al 65,5% en 2010, mientras que en 2001 fue de 72,4%. No obstante, el desempleo de las mujeres sigue siendo más alto que el de los hombres, ubicándose en 6% frente a 4,3% de los hombres, de acuerdo a la información disponible en junio de 2011. (INEC, 2001, 2010, 2011)

El ingreso de las mujeres sigue siendo más bajo que el de los hombres, lo cual se refleja en la bre-cha de ingresos, la misma que en 2010 se reduce en apenas 2 puntos porcentuales. Mientras que en 2003, a nivel nacional, se ubicó en 22%, en 2010 bajó a 20%. En el área urbana del descenso fue del 25% a 24%, en esos años; y, en el área rural de 31% a 28%. (Pérez, 2011)

Las ramas de actividad que emplean más mujeres son: comercio 21,2%, agricultura 12,5%, indus-

tria manufacturera 8,7%, servicio a los hogares 8.8% y enseñanza 8,4% y actividades de aloja-miento y comidas 5,9%. El 46,0% de las muje-res ocupadas del área urbana están en el sector informal, porcentaje ligeramente superior al de los hombres que alcanza el 45,7%. (INEC, 2011)

En cuanto al acceso a la seguridad social, el Cen-so de Población 2010 da cuenta de una despro-tección del 76,2% de mujeres y 69,2% de hom-bres, quienes no aportan a ningún sistema de se-guridad social (IESS, ISSFA o ISSPOL).

De acuerdo con la información del Censo Eco-nómico 2010, el 53% de los establecimientos son de propiedad de mujeres o están bajo gerencia de ellas, frente al 47% que corresponde a los hom-bres; 64.3% se dedican se dedican al comercio y es, precisamente, ahí donde las propietarias son más numerosas. La categoría “venta al por menor en comercios no especializados” es la más repre-sentativa y donde el 61,8% de estos es de pro-piedad de ellas, frente al 38,2% de los hombres, estos establecimientos corresponden a micro ne-gocios de compra venta generalizados en el país.

En relación a la carga global de trabajo, según da-tos de 2007, es más alta en el caso de las mujeres indígenas (88:05), frente a la de los hombres in-dígenas (65:58); les siguen las mujeres afroecua-torianas (79:26) similarmente mayor que la de los hombres los afroecuatorianos (60:48); y, en tercer lugar se encuentran las mujeres mestizas (76:26) frente a la de sus los hombres mestizos (61:41). En el área urbana, la carga global de tra-


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bajo de las mujeres (82:58) es más alta que la de aquellas que viven en el área rural (75:05); y en ambos casos la diferencia con respecto a los hombres es alta, pues el indicador para ellos se ubica en 60:11 y 62:54, respectivamente. La ali-mentación y el cuidado infantil son las tareas que absorben el mayor número de horas a la semana (14,5 y 10,36, en su orden). Les siguen la limpie-za y arreglo de la casa (6,4) ropa y calzado (5,7). Justamente, uno de los más importantes aportes de la economía feminista ha sido el de cuestionar la concepción de la mujer como naturalmente in-clinada a las tareas de cuidado, las que inciden en la doble y triple jornada de trabajo diario que realizan y que tiene que ver con ideas esencia-listas de la mujer como única responsable de la reproducción de la vida.

PROPUESTAS

JUSTICIA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LOS PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO

- Posicionar el ejercicio de los derechos econó-micos y sociales de las mujeres como priori-dad de la justicia distributiva.

- Transversalizar el enfoque de Género en las políticas económicas para visibilizar los apor-tes de las mujeres como actoras económicas.

- Incorporar la noción del derecho al cuidado (a ser cuidado y a cuidar) en las políticas econó-

micas, y generar también debate respecto del derecho a no cuidar.

- Exigir la rendición de cuentas y la transparen-cia en la asignación y gestión de los recursos para igualdad de Género.

INCIDENCIA EN PÓLITICAS MACRO ECONÓMICAS

- Vigilar que las decisiones en materia de polí-tica económica no contradigan los contenidos de la Constitución de 2008 y vayan generando las condiciones para un cambio del modelo económico y de desarrollo.

- Exigir el manejo responsable del gasto públi-co y su distribución con enfoque de Género, tomando en cuenta su potencial impacto en la vida de las mujeres.

- Demandar la asignación del gasto social aten-diendo las necesidades y prioridades de la igualdad y la inclusión de las mujeres en pro-gramas prioritarios que garanticen la autono-mía económica.

- Exigir la Renta Básica para las mujeres como reconocimiento del trabajo de los cuidados.

- Sensibilizar a las autoridades y decisores de la política económica sobre la importancia del aporte de los trabajos del cuidado en el desa-rrollo de la producción y mantenimiento de la vida.

- Promover regulaciones e incentivos estatales para articular el trabajo remunerado y no re-


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munerado y sancionar las discriminaciones a las mujeres en el mercado laboral: salarios iguales, horarios flexibles.

- Demandar el manejo responsable de los recur-sos de la seguridad social y exigir al Ejecutivo la restitución del ahorro de los(as) afiliados, garantizando las pensiones jubilares presentes y futuras.

- Exigir coherencia de las decisiones de política económica y de la contratación pública con el objetivo de mejorar la calidad de vida de mu-jeres y hombres.

ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS

- Promover debate en la sociedad respecto de los cuidados y la carga histórica que las mu-jeres han asumido en este ámbito, desde una visión feminista crítica de los esencialismos que promueven el mito de la familia nuclear heterosexual y el mito de la mujer como na-turalmente destinada para cuidar. El debate debe incluir también una reflexión sobre cuál es el modelo económico que podrá garantizar el derecho al cuidado, tomando en cuenta que el sistema capitalista está justamente fundado en el trabajo gratuito de las mujeres. También debe visibilizarse que no todas las mujeres vi-ven el trabajo de cuidados de la misma mane-ra: mientras más pobre es una mujer, mayor será su carga respecto a estas tareas.

- Exigir la formulación y ejecución de políticas públicas orientadas a promover responsabili-

dades compartidas en el trabajo de cuidado y creación de servicios que lo faciliten.

- Promover la creación de servicios comunita-rios a nivel parroquial y/o municipal de cui-dado de las personas adultas mayores, e inver-sión en programas recreacionales, de cuidados y de salud preventiva.

- Promover la elaboración de normas jurídicas que procuren fortalecer la corresponsabilidad de hombres y mujeres en el trabajo no remu-nerado, remunerado y de cuidado.

- Demandar disposiciones normativas y políti-cas de responsabilidad laboral a favor de las madres trabajadoras como la creación y man-tenimiento de centros de cuidado de niños a cargo de los empleadores públicos y priva-dos.

ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

- Promover el debate social respecto de las cate-gorías de economía social, solidaria, popular y feminista como un aporte de las organizacio-nes feministas y de mujeres en la construcción de alternativas al modelo dominante.

- Incidir en la Reglamentación de la LEPS para garantizar la protección de los derechos eco-nómicos de las mujeres.

- Reformar la normativa secundaria para faci-litar el acceso de las mujeres a los recursos financieros y no financieros en igualdad de condiciones que los hombres.


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- Establecer incentivos tributarios y otros in-centivos para las instituciones financieras del sector privado, a fin de que amplíen la oferta de créditos en condiciones adecuadas para las mujeres.

- Reformar artículos que buscan el control y desaparición de las cajas de ahorro y crédito y otros emprendimientos económicos solidarios y comunitarios, la mayoría en manos de las mujeres.

TRABAJO, EMPLEO Y SALARIOS

- Exigir el manejo responsable de la política económica que dinamice la actividad econó-mica creadora de empleo y trabajo, y estimule las diversas formas de economía comunitaria, con la participación de las mujeres.

- Incidir en la concienciación sobre el reparto equitativo de la carga global de trabajo entre hombres y mujeres, que permita mejorar las condiciones laborales de ellas y contribuir a la Igualdad de Género.

- Promover mecanismos de acción positiva para las empresas que faciliten la incorporación de mujeres a puestos de empleo y de dirección.

- Apoyar las denuncias de prácticas que vio-lentan los derechos laborales de las mujeres: amedrentamiento, contrato y renuncia a la vez, acoso sexual, prueba de embarazo o VIH/SIDA.

- Promover la elaboración y promulgación de códigos de buenas prácticas en los lugares de trabajo, en el ámbito público y privado, con la participación de las organizaciones de muje-res.

- Demandar la formulación de códigos de bue-na conducta laboral para erradicar el acoso sexual, la apropiación del trabajo intelectual, la violencia psicológica, verbal y física y el abuso de poder en contra de las mujeres.


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EJE5

DERECHOS DE LA NATURALEZA Y DERECHOS DE LAS MUJERES

El ecofeminismo inaugura una nueva noción de existencia humana arraigada en lo orgánico, absolutamente vinculada a lo vivo. Se trata de situarse a la altura de la naturaleza, no por encima de ella, y adoptar nuevas actitudes de asociación y cuidado hacia todas las formas de vida

Olaya Fernández Guerrero

Los derechos de la naturaleza están estrecha-mente vinculados al rompimiento del paradigma del desarrollo capitalista que se presenta como ideología de progreso, que se piensa a sí misma “como una concepción de la historia y del uni-verso que marca un proceso sostenido de evo-lución sostenido y continuo de evolución ascen-dente” (Elizalde, 2000).

El fracaso de la carrera del “desarrollo”, en el caso de nuestro país, y la ceguera reduccionis-ta que determinó que el desarrollo sea asumido principalmente como crecimiento económico, queda cuestionado pues el precio ha sido la des-trucción de la naturaleza, la ampliación de las brechas entre ricos y pobres, entre desarrollados y subdesarrollados, a un nivel en que la vida ha llegado a un punto de extrema deshumanización.

Está comprobado que el desarrollo capitalista se opone al Buen Vivir, así como a la sustentabili-dad e integridad de los ecosistemas y de la repro-ducción ampliada de la vida.

La calidad de vida depende de la potenciación de las necesidades humanas fundamentales, las que afectan a todo el contexto social; no se rela-cionan sólo con bienes y servicios, que presunta-mente las satisfacen, sino con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos y va-lores solidarios, que repercuten sobre la forma en que se expresan las necesidades.

La relación entre mujeres y derechos de la na-turaleza se ve reforzada, entre otros, por los si-guientes factores:

Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres EcuatorianasEJE 5. DERECHOS DE LA NATURALEZA Y DERECHOS DE LAS MUJERES

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a. El deterioro del ambiente representa una so-brecarga de trabajo para las mujeres en fun-ción de un rol asumido para el cuidado de la vida.

b. Las mujeres asumen papeles protagónicos en las actividades agrícolas y en la conservación de la naturaleza, en momentos en que esto es funcional para la permanencia del sistema ca-pitalista.

Por ello, las mujeres consideramos que los dere-chos de la naturaleza tienen una relación intrín-seca con el cumplimiento de los derechos de las mujeres y sus demandas:

- Transformar los estereotipos de género y la di-visión del trabajo.

- Reestructurar relaciones de poder en el uso y acceso de los recursos.

- Facilitar el acceso y propiedad de la tierra a las mujeres, fundamentalmente jefas de familias.

- Integrar la perspectiva de género en los pro-cesos del Buen Vivir de manera estructural y sustantiva, entendiendo a la relación no como una meta sino como un proceso, es decir, en la satisfacción plena de los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres, hacia la igualdad social y el ejercicio pleno de los derechos.

PROPUESTAS

INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

- Incidir en la formulación y ejecución de po-líticas de soberanía alimentaria, energética y tecnológica que partan de los conocimientos y prácticas ancestrales centradas en la vida y no en el capital.

- Incidir en la formulación y ejecución de polí-ticas públicas de apoyo a mujeres productoras en proyectos orientados a un nuevo modelo económico y social centrado en la vida.

- Incidir en la formulación y ejecución de polí-ticas efectivas de control y regulación para la garantía de los derechos colectivos y derechos ambientales con enfoque de Igualdad de Gé-nero.

- Incidir en la formulación y ejecución de polí-ticas que protejan y valoren la economía del cuidado y a quienes lo realizan.

- Garantizar participación, consulta e inciden-cia de las mujeres en los procesos y espacios de toma de decisión en los temas socio-am-bientales.

- Incidir en el modelo educativo formal y no formal para el cambio de imaginarios sobre las relaciones entre los seres humanos y la na-turaleza.


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GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN

- Difundir y fortalecer las experiencias de orga-nizaciones comunitarias de mujeres en nuevas prácticas del cuidado de la naturaleza.

- Promover la capacitación en prácticas agroecológicas.

- Visibilizar que son las mujeres quienes lideran las resistencias al sistema capitalista, son las mujeres las que están demostrando que otro modelo es posible.

FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES PARA LA DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE LOS DERECHOS DE LA NATURALEZA

- Promover redes y mecanismos para empren-der acciones de denuncia y seguimiento frente a la violación de los derechos de las mujeres en la agroindustria.

- Sostener acciones permanentes de defensa de la naturaleza – agua, minerales, tierra – para la construcción de justicia social y ambiental.

- Promover la socialización e intercambio de experiencias alternativas solidarias desde las prácticas comunitarias, con participación acti-va de las mujeres.

- Cuestionar la sobrecarga que se asigna a las mujeres en el cuidado de la naturaleza y en las visiones esencialistas que nos asocian con ella.


Agenda Nacional Por Los Derechos de Las Mujeres Ecuatorianas

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