Agenda Legislativa septiembre 2015
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1 PROYECTO DE AGENDA LEGISLATIVA, GRUPO PARLAMENTARIO PRD Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
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PROYECTO DE AGENDA LEGISLATIVA,
GRUPO PARLAMENTARIO PRD
Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura
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I. TEMAS DE PRIORIDAD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PRD.
En los siguientes temas, se plantea impulsar un proyecto de iniciativa o bien su resolución por parte del Pleno:
1. Transparencia y
Evaluación
La reforma constitucional en materia de
transparencia dio paso a la construcción de un marco normativo adecuado. La primera pieza de
este nuevo marco es la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública. No obstante, aún están pendientes las Leyes Federal de Transparencia y Acceso a la
Información; y General y Federales de Archivos y de Protección de Datos Personales.
Por otra parte, derivado de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, el Senado tiene la obligación de aprobar un reglamento en la materia.
2. Creación de las leyes reglamentarias
en materia de Anticorrupción.
La reforma constitucional recientemente
aprobada por la que se crea el Sistema Nacional
Anticorrupción, obliga al Congreso de la Unión a emitir en el plazo de un año, una
reglamentación de amplio espectro que impactará en la emisión de 8 nuevas leyes, la
armonización de 14 leyes vigentes y la creación de 3 leyes reglamentarias aún en proceso
dentro del Congreso. Las nuevas leyes derivan directamente de las disposiciones
constitucionales y son indispensables para la debida aplicación de la reforma constitucional.
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Incluso, es menester sustituir por completo algunos ordenamientos ya existentes. Entre los
que se encuentran:
1.- Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas.
2. Ley General del Sistema Nacional
Anticorrupción.
3. Ley Orgánica del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa.
4. Ley General de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
5. Nueva Ley Orgánica de la Secretaría [de la
Función Pública].
6.- Ley General de Participación Ciudadana en materia del Combate a la Corrupción.
7.- Ley de Responsabilidad Penal de Personas Físicas o Morales.
8.- Ley de Regulación del Cabildeo.
Por otra parte, del propio texto constitucional
deriva la necesidad de reformar diversos ordenamientos, con el fin de armonizar las
nuevas disposiciones e instituciones que se generan en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción:
1. Ley de Amparo.
2. Código Penal Federal.
3. Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos.
4. Ley Federal de Extinción de Dominio.
5. Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal.
6. Ley Federal para la Prevención e
identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
7. Ley General de Contabilidad
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Gubernamental.
8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental.
9. Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
10. Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria.
11. Ley de Coordinación Fiscal.
12. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
13. Ley de Instituciones de Crédito.
14. Ley del Mercado de Valores.
Por último, el propio Sistema requerirá la
aplicación de diversos ordenamientos legales que son producto de reformas constitucionales
anteriores, pero están aún pendientes de emisión por el Congreso:
1. Ley de la Fiscalía General de la República.
2. Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios.
3. Ley General de Propaganda
Gubernamental.
3. Inmunidad de
servidores públicos
(fuero)
La inmunidad penal que la Constitución confiere a altos servidores públicos se concibió como un
mecanismo de protección de representantes populares frente a los posibles embates de otros
poderes por motivos políticos. Sin embargo, actualmente, el fuero constitucional es visto con
celo por la ciudadanía, al considerarlo una
cobertura de impunidad que permite a algunos servidores públicos realizar prácticas de
corrupción sin riesgo de persecución ni sanción penal. Por ello, es preciso desarrollar un
instrumento constitucional moderno, que preserve la sustancia de la protección frente a
toda persecución política, al mismo tiempo que
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permita el procesamiento y sanción de los servidores públicos que incurran en conductas
delictivas.
4. Acceso a la
Justicia
Deberá realizarse una reforma estructural al Poder Judicial, tanto en el ámbito Federal como
en el ámbito Estatal, con la finalidad de hacer asequible el acceso a la justicia para los
ciudadanos y abatir la impunidad.
Para lo cual se propone:
1. Establecer el “Servicio Profesional Judicial de Nación” en vinculación con las universidades
e instituciones de educación superior, las escuelas y los colegios acreditados, que
permitan el ingreso en un plazo establecido una
nueva generación de impartidores de justicia que recomponga la integración actual de los
poderes judiciales de nuestro país con personal calificado y probo. Además de regular el ingreso
y promoción de la carrera judicial;
2. Creación de la “Comisión Nacional para la
Ética Judicial”, para prevenir y sancionar las conductas de los jueces, magistrados y
ministros, que se aparten de la encomienda de administrar justicia;
3. Establecer un Sistema Nacional de Evaluación de la Impartición de Justicia para el
ingreso, permanencia y control de los jueces;
Lo anterior a partir de 2 generaciones de
modelo:
a) Reformas Constitucionales a los artículos
94 a 107, que deberán ser atendidas en el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del
Primer año de Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura;
b) Legislaciones Secundarias, que deberán expedirse en el Segundo Periodo de Sesiones
Ordinarias correspondientes al Primer año de
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Ejercicio de la Sexagésima Tercera Legislatura.
5. Salarios
Se debe realizar una revisión integral de los salarios para iniciar un proceso de recuperación,
que mejore el poder adquisitivo de las y los trabajadores de menores ingresos, así como la
disminución de los salarios de la alta burocracia y sus privilegios.
El GPPRD buscará:
1) Impulsar la aprobación de la minuta, que
logre desindexar el salario mínimo como unidad de medida en los términos que se recibió de la
Cámara de Diputados;
2) Generar una propuesta para elevar el salario
mínimo, y
3) Disminuir el salario de los altos funcionarios de los tres poderes de gobierno.
6. Modelo de
Seguridad Pública
La seguridad pública y la justicia son dos de las
exigencias más sentidas de la ciudadanía. Esencial para el bienestar de la sociedad, como
base del normal desarrollo de la vida cotidiana y de las tareas institucionales de gobierno, la
seguridad pública no sólo busca el resguardo del orden público, sino que constituye la función
del Estado que en mayor medida garantiza el ejercicio de los derechos y las libertades de la
colectividad. Por su parte, la justicia esencialmente restituye esas prerrogativas
cuando son restringidas por particulares o
gobernantes. Por lo que, una crisis de seguridad y justicia como la que se vive nuestro país,
conlleva el inherente sello de una crisis de derechos humanos que debe ser atendida de
manera eficiente y oportuna ante los riesgos latentes de una falla general del Estado y de la
desintegración social.
En ese sentido, es necesario reformular la
iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública y justicia y acuñar
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un proyecto de amplio consenso político y social, que en vez de centralizar el poder en la
Federación y en el propio Ejecutivo, en detrimento de los municipios, dote al Estado
mexicano de los instrumentos necesarios para hacer frente con eficacia a los problemas de
inseguridad, de impunidad y de infiltración y colusión entre delincuencia organizada y
poderes públicos, en un esquema de coordinación, colaboración y respeto pleno entre
ámbitos de gobierno.
7. Municipalismo
Toda vez que el municipio es el orden de gobierno más cercano a la gente, se deberán
proponer reformas a la Constitución a fin de
fortalecer la autonomía, funciones y capacidades municipales, así como la
implementación de mejores esquemas de coordinación, colaboración y respeto pleno
entre los ámbitos de gobierno, en materias como seguridad pública y desarrollo social.
De igual modo, impulsar reformas al esquema de coordinación fiscal, para fortalecer las
haciendas públicas municipales en la recaudación, distribución y transparencia de
recursos, eficiente el gasto bajo el principio de responsabilidad fiscal y contemple indicadores
que permitan reconocer las buenas prácticas y premien a los municipios y Entidades con los
mejores resultados.
8. Propaganda Gubernamental
La reforma constitucional en materia política
publicada el 10 de febrero de 2014 ordena la emisión de una legislación reglamentaria del
artículo 134 para regular la propaganda gubernamental. En ese sentido, el paquete de
iniciativas presentado por el Grupo Parlamentario del PRD el 19 de marzo de 2014,
para la reglamentación de la reforma constitucional propone la emisión de una Ley
General de Propaganda Gubernamental que garantice la austeridad, equidad y el carácter
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institucional de la publicidad que emita todo órgano público, federal o local, y sancione la
extendida práctica de la promoción personalizada de los servidores públicos,
estableciendo: un tope al presupuesto para publicidad del 0.05% del gasto corriente de
cada órgano; mecanismos para erradicar la censura indirecta; la prohibición de toda forma
de propaganda encubierta, y la creación de un Consejo Ciudadano de Supervisión de la
Propaganda Gubernamental, en el órgano anticorrupción del Estado Mexicano.
9. Revocación de Mandato
En el actual escenario político, es visible el
deterioro de la confianza ciudadana respecto de
quienes ejercen la representación popular y, en contraparte, es evidente la madurez política de
la propia ciudadanía que demanda la apertura de canales directos de participación y toma de
decisiones. En dicho contexto, la revocación del mandato ofrece una ventana de oportunidad
democrática para la recuperación de la diezmada legitimidad de los poderes del Estado.
Ningún pueblo debe ser obligado a mantener en el poder a gobernantes que no desea. Por ello,
la revocación de mandato es también un instrumento de profunda democracia política
para que los gobernantes tengan siempre presente que su elección no es una autorización
para el ejercicio discrecional del poder, sino un
compromiso permanente de servicio con la ciudadanía.
10. Reforma
Integral para el Fortalecimiento del
Concluir el proceso de elaboración, de la legislación, que atienda la problemática que
enfrenta el campo mexicano con un enfoque integral y multidisciplinario, preservando las
formas de tenencia y producción social de la
tierra.
Es preciso crear desde la legislación un “Fondo
de rescate para el campo mexicano”, que
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Campo y el ejercicio del derecho a la
alimentación
canalice mayores apoyos federales a la agricultura social campesina potencializando la
productividad de la tierra. Así mismo, es urgente implementar un Plan de rescate para
que, bajo la tutela del gobierno federal pero con la coordinación de los tres niveles de gobierno,
de manera paulatina y en un plazo no mayor a cinco años, puedan volver a explotar sus tierras
aquellos ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que han sido desplazados por la
delincuencia organizada.
En general, es necesario atender el proceso
legislativo de reforma integral del campo y del
Frente Parlamentario contra el Hambre en la legislación reglamentaria; atender los
problemas fundamentales de fuentes de financiamiento, agricultura familiar,
extensionismo rural, comercialización y aseguramiento a cosechas.
Además, se necesita concretar las reformas legales necesarias para garantizar el derecho a
la alimentación, ante los resultados reportados por Coneval donde se muestra que la carencia
por acceso a la alimentación en México pasó de 27.4 a 28 millones de personas de 2012 a 2014.
11. Reformas en
Materia de Protección de los
Derechos Humanos de los Migrantes y
Cada año por nuestro país transitan de manera irregular miles de migrantes, hombres,
mujeres, adolescentes, niños y niñas, la
mayoría con la intención de llegar a los Estados Unidos en busca de mejores condiciones de
vida, pero en su tránsito por nuestro país son víctimas de graves abusos, como robos,
discriminación, extorsiones, secuestros, agresiones físicas, agresiones sexuales y en
algunos casos hasta la muerte.
Una especial relevancia toma el fenómeno de
las personas que se ven en la necesidad de abandonar sus lugares de origen por diversas
causas, entre ellas, la penetración del crimen
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Desplazados Internos
organizado y la violencia.
Por ello, el fenómeno migratorio sigue siendo
uno de los temas prioritarios en nuestra agenda legislativa. Es preciso proponer reformas que
establezcan un esquema efectivo de protección a los derechos humanos de las personas
migrantes; es urgente un cambio fundamental en la concepción de la función y el esquema
organizativo institucional de la autoridad migratoria mexicana, y es menester concluir la
implementación del sistema de protección integral de los derechos de las niñas y los niños
en nuestro país, independientemente de su
nacionalidad o condición migratoria.
Se impulsará la aprobación de la Iniciativa con
proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del
Desplazamiento Interno.
12. Fortalecimiento
de los Derechos Laborales de las
trabajadoras y los trabajadores del
hogar.
Los derechos laborales de la trabajadora o trabajador del hogar, si bien se encuentra
regulado en un capítulo de la Ley Federal del Trabajo, su aplicación es nula ya que la mayoría
de este tipo de trabajador o trabajadora no goza de los derechos a la seguridad social,
compromiso que México ha asumido a través del Convenio 189 de la OIT, a la no
discriminación, a la privacidad, a la no violencia, al salario digno, a la duración de la jornada
laboral, a las vacaciones, al servicio médico, al
aguinaldo.
Se deben fortalecer los mecanismos que
permitan de manera efectiva la aplicación y respeto de estos derechos en favor del o la
trabajadora del hogar.
Promover la articulación de un Sistema Público Integral de Salud, de acceso universal.
Impulsar la minuta en materia de la Ley General para la Salud Alimentaria y la
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13. Salud, Seguridad Social y Base de
Cotización
Prevención y Atención Integral de la Obesidad, el Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta
Alimentaria, la cual fue remitida a la Cámara de Diputados.
En el tema del seguro de desempleo se debe reencausar la minuta de la Cámara de
Diputados, para evitar que el fondeo sea a partir del fondo de la vivienda.
En el tema de personas adultas mayores, establecer la pensión en un esquema de
financiamiento público, viable para todos.
Asunto de especial preeminencia es el que tiene
que ver con los derechos de las personas con
diversas orientaciones sexuales e identidades de género, por lo que se debe garantizar y
promover su respeto como sujetos de derecho; es indispensable lograr desmontar la
discriminación por orientación sexual o identidad de género que prevalece en los
diversos Grupos Parlamentarios.
Aprobar el proyecto de decreto que reforma el
artículo 27, y deroga el artículo 32 de la Ley del Seguro Social, para que la base de cotización al
IMSS sea homóloga al ISR.
14. Violencia
Escolar (Bullying)
Impulsar la aprobación de los proyectos siguientes:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la
Promoción de la Convivencia Libre de Violencia
en el Entorno Escolar y se reforman las fracciones IX y X del artículo 75 de la Ley
General de Educación y el inciso D) del artículo 32 de la Ley para la Protección de Niñas, Niños
y Adolescentes y se adiciona el artículo 149 Quáter del Código Penal Federal
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos
de la Ley General de Educación.
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15. Arraigo y Resguardo
Domiciliario
Es necesario modificar la minuta que pretende cambiar el artículo 16 constitucional para
reducir el período de arraigo de 40 a 20 días naturales para el caso de delincuencia
organizada. Esto con el fin de que esta figura, en atención a las recomendaciones de
organismos internacional en materia de derechos humanos, sea derogada de nuestro
sistema jurídico. Así también se debe eliminar del Código
Nacional de Procedimientos Penales la medida cautelar, lo anterior por contravenir los
principios fundamentales de derecho como el
debido proceso y la presunción de inocencia, reconocidos en los Instrumentos Internacionales
de protección a los derechos humanos que ya han sido ratificados por México.
16. Derechos Humanos
Impulsar los proyectos siguientes:
En materia de la Ley Reglamentaria del artículo 1º Constitucional, referente a la
prevención, investigación, sanción y reparación del daño por violaciones a Derechos Humanos;
así como, la protección de los mismos.
En materia de la Ley Reglamentaria del
Artículo 33 Constitucional, referente a la Facultad del Ejecutivo de la Unión en Materia
de Expulsión de Personas Extranjeras.
En materia de la Ley Reglamentaria del
Artículo 29 Constitucional, relativo a la
restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías.
En materia de la Ley Reglamentaria del artículo 102 apartado B Constitucional, relativo
a la facultad otorgada a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para investigar las
violaciones graves a los derechos fundamentales.
En materia de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de
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Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
(Modificación estructural de la ley, cambio de nombre de la ley).
Respecto a los Derechos Humanos de las Mujeres, concretar reformas en el delito de
Feminicidio, Alerta de Violencia de Género y las Órdenes de Protección. Asegurar el pleno
respeto de sus derechos sexuales y reproductivos a través de la aprobación de la
reforma a la Ley General de Salud correspondiente.
En materia de la Ley Nacional de Ejecución
Penal.
En materia de la Ley General en materia de
prevención y erradicación de la tortura y la de erradicación de la desaparición forzada y otros
tratos crueles, inhumanos y degradantes.
17. Transición Energética,
Protección del Medio Ambiente y
Minería
Además del seguimiento que debe hacerse a las rondas cero y uno derivadas de la reforma
energética, también es necesario impulsar un marco jurídico que garantice la protección del
medio ambiente en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y la minería, a efecto de
reducir el impacto ambiental de las mismas.
Concretar la dictaminación de una nueva ley
minera que mejore la regulación de la actividad con mecanismos de participación ciudadana, de
menor temporalidad de las concesiones y de
revisión de las causas de revocación de las mismas, especialmente en aquellas que
provoquen daños ecológicos y a sus trabajadores.
18. Evaluación de
Política Social
Concretar la ley secundaria del Consejo
Nacional de Evaluación de la Política Social.
La vigilancia al uso de programas sociales,
especialmente en los Estados en donde se llevarán a cabo elecciones.
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19. Reforma
Política pendiente
Puesta a prueba en el reciente proceso electoral, la reforma política de 2014 arrojó
magros resultados democratizadores. La reestructuración de los órganos electorales,
entorno de un sistema nacional, hizo posible la realización de la elección en un contexto de
amplio descontento social y de franca crisis política del Estado; sin embargo, en todo el
proceso se mantuvo presente e influyente el preocupante fenómeno de la corrupción
política, médula de esa crisis, lo que ahora amenaza con arrastrar al descrédito a las
propias autoridades electorales.
Si bien, las normas para el funcionamiento del sistema nacional electoral y para el resguardo
de la equidad, incluyendo el esquema de nulidades y sanciones a partidos, candidatos y
particulares, precisan constante perfeccionamiento, lo que hoy preocupa es la
renuencia de la autoridad electoral para resolver de fondo el reto que le impone la
conducta de un partido político que, instigado por el poder mediático y amparado por el
poder formal, fincó su participación electoral en un esquema de violación, sistemática y
reiterada, a las reglas de la equidad en la contienda. Las normas legales requeridas para
la contención oportuna, corrección y sanción
ejemplar y definitiva de una conducta tan lesiva para el desarrollo de la democracia
política ya son vigentes, pero la autoridad electoral titubea ante el respaldo de los
poderes mediático y económico, cuya influencia indebida debe regular y proscribir de
la arena electoral por mandato constitucional. Ello le debilita.
El Grupo Parlamentario del PRD considera necesario solventar ese problema de cara al
proceso electoral de 2018. Es preciso revisar los ordenamientos en la materia con el fin de
discernir las medidas legislativas requeridas para restringir el margen de discrecionalidad
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de la autoridad electoral en la aplicación de las normas que garantizan el principio
constitucional de equidad en la competencia política y los principios rectores de la función
electoral.
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II. AGENDA PROGRAMÁTICA
.
Eje 1. Nueva economía, desarrollo sustentable y soberanía
energética.
Se propone repensar la fórmula prevista en el artículo 33 de la Ley
de Coordinación Fiscal a fin de integrar los siguientes indicadores y
componentes:
1) Población en vivienda sin agua entubada;
2) Población indígena;
3) Población en localidades de menos de 500 habitantes;
4) Población migrante; y,
5) Déficit en peso y talla infantil.
Promover la conformación de una Banca de Desarrollo para
incentivar la inversión productiva en las regiones de alta
marginación, el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas
empresas, la productividad local, regional y en general la economía
productiva.
Impulsar la reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la
protección al Ambiente para crear un Fondo Verde, cuyo objetivo
sería captar y canalizar recursos financieros públicos, privados,
nacionales e internacionales para apoyar la implementación de
acciones que se refieran a la preservación y restauración del
equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente.
Impulsar un marco jurídico que garantice la protección del medio
ambiente en las actividades relacionadas con los hidrocarburos y la
minería, a efecto de reducir el impacto ambiental de las mismas;
garantizar mecanismos adecuados para que las poblaciones y
comunidades potencialmente afectadas puedan reclamar daños y
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perjuicios por parte de las empresas participantes y asegurar la
restauración del medio ambiente al terminar la actividad.
Impulsar iniciativa de reforma en materia de Turismo, que regule el
tema de las prácticas monopólicas en temas relacionados con los
paquetes “todo incluido” en las cadenas hoteleras, ya que merman
la economía del Estado y de la población, enriqueciendo solo a los
grandes consorcios extranjeros.
Impulsar la creación del Consejo Económico y Social como
órgano de consulta de los Poderes de la Unión en materia de
Política Económica y Social. Existe una Minuta en la materia que
puede ser base de una propuesta nueva de mayores alcances.
Eje 2. Libertades y transversalización de los Derechos Humanos
en el Marco Jurídico Mexicano.
Promover reformas legales para armonizar la legislación secundaria
con los Pactos sobre Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, así como la Convención para la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la
Mujer, entre otros.
Promover la aprobación del proyecto de decreto por el que se
reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal para crear la Secretaría para la
Igualdad de las Mujeres.
Presentar iniciativa de reforma a la Ley Federal de la Defensoría de
Oficio, para la profesionalización de los defensores de oficio.
Los casos de albergues como “Casitas del Sur”, “La Gran Familia” y
otros más disfrazados de casas-hogar, casas de retiro, anexos o
granjas, ha dejado ver la problemática de los diversos albergues de
“protección y ayuda a niñas y niños en situación de desamparo,
personas adultas mayores, personas con problemas de alcoholismo
y drogadicción, lo que ha provocado que se dirija la atención hacia
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ellos y salga a la luz la gran opacidad con la que han desarrollado
sus actividades.
Contrario a lo que ordena la Ley de Asistencia Social, en México no
existen instrumentos que permitan generar y transparentar cifras
oficiales que establezcan el número de albergues que existen en el
país, ni del número de las personas que en ellos se encuentran y
menos aún, pero más importante, las condiciones en las que viven
y son tratados, de lo que resulta que no hay una legislación
efectiva que regule su actividad, por lo que es urgente proponer
una legislación que regule de manera eficaz la actividad y
funcionamiento de estos albergues.
Impulsar la aprobación de la Iniciativa con proyecto de Decreto por
el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal,
de la Ley de Asistencia Social, de la Ley Federal del Trabajo, de la
Ley de Instituciones de Crédito y de la Ley para la Protección de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de
Deudores Alimentarios.
Generar una Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se
reforman diversas disposiciones del Código Civil Federal, en materia
de familias reconstituidas.
Eje 3. Estado social y democrático de derecho.
Impulsar una nueva reforma laboral que realmente beneficie a los
trabajadores, toda vez que se ha comprobado que la aprobada en
2012 no ha generado ningún beneficio ni a las y los trabajadores, ni
a las empresas.
Para las y los jóvenes del país, promover una ley marco en materia
de protección y garantía de sus derechos y reformar diversos
ordenamientos, con el fin de asegurar un costo preferente en los
todos los servicios públicos, promover trabajos dignos y bien
remunerados, ampliar las oportunidades de acceso y permanencia
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en la educación, garantizar el respeto de los derechos sexuales y
reproductivos.
Crear un marco normativo que incluya programas sociales y un
modelo de protección patrimonial a los bienes en apoyo de las
personas adultas mayores.
En relación a los pueblos y comunidades indígenas, impulsaremos
atender la deuda histórica que se tiene con ellos y que en gran
medida se buscaba considerar a través de la llamada Ley COCOPA.
Presentar una iniciativa para crear una Ley General de Desarrollo
de los Pueblos y Comunidades Indígenas que contenga un Fondo
compensatorio para los municipios indígenas.
Garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y
afromexicanas a la autodeterminación y al uso, goce y disfrute de
los recursos naturales que hay en sus territorios, para ello se debe
impulsar la creación de la Ley Reglamentaria del Artículo 2
Constitucional para privilegiar su derecho a la libre determinación
de sus formas de vida.
Iniciativa para establecer los derechos de las jefas y jefes de familia
en condiciones de vulnerabilidad. Se propone modificar Ley General
de Desarrollo Social para incluir un seguro de vida y apoyo mensual
en caso de desempleo.
Seguro Popular para Jóvenes. Se propone modificar los candados
del programa federal denominado “Seguro Popular” para otorgar
este beneficio a los jóvenes comprendidos entre los 18 y 25 años
de edad, pues sólo el 25% de los jóvenes comprendidos en estas
edades son estudiantes y el resto no pueden ser beneficiarios del
Seguro Popular.
Eje 4. Nueva relación de México con el mundo.
Promover la aprobación del proyecto de decreto por el que se
reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, para garantizar que el pleno
reconocimiento a la jurisdicción de los tribunales internacionales
derivados de los tratados en los que México sea parte, así como la
obligatoriedad de sus determinaciones.
Promover dictamen de rechazo a la regulación que limita la libertad
de expresión en Internet contenida en el Acuerdo Internacional
contra la Falsificación (ACTA), firmado por el Ejecutivo Federal.
Analizar la incorporación de México al Acuerdo de Asociación
Transpacífico (TTP) y exigir al Ejecutivo la observancia de los
mecanismos de colaboración entre poderes definidos en la Ley
sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia
Económica.
En el ámbito internacional es de enorme trascendencia impulsar la
firma, aprobación y ratificación de los siguientes instrumentos
internacionales interamericanos: la Convención Interamericana
Contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas Conexas de
Intolerancia y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de
Discriminación e Intolerancia.
Del Sistema Universal: el Tercer Protocolo de la Convención sobre
Derechos de la Niñez; el Protocolo Facultativo del Pacto sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; las Convenciones
156, 183 y 189 de la OIT, entre otros.
Incrementar la contribución presupuestal de México al Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, así como estimular la
creación de un sistema de evaluación regional del estado de los
Derechos Humanos en el continente americano, en el marco del
sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Analizar los convenios bilaterales en materia de aviación tanto con
Estados Unidos como con Canadá.
21
III. AGENDA DE LA GENTE
I. ECONOMÍA
Especulación
Derechos del consumidor.
Desarrollos comunitarios.
Ahorro.
Deudas.
Tarifas de Servicios Públicos
(gas, luz, gasolina).
Precios de Bienes y Servicios de
Primera Necesidad.
Caja de ahorro (Defraudadores)
Ingreso Ciudadano Universal.
Empleo
Estabilidad.
Seguridad Social.
Derechos Laborales.
II. EMPLEO
III. VIOLENCIA
Prevención.
Tejido Social.
Discriminación.
Readaptación Social.
Violencia de Género.
Acoso Laboral.
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Contaminación.
Desarrollo Sustentable
Autogestión de las
Comunidades.
Separación de Basura y
Reciclaje.
Calentadores y Celdas Solares.
Desechos Sólidos o Peligrosos.
Azoteas Verdes
Ecoturismo.
IV. MEDIO AMBIENTE
V. SALUD
Acceso Universal.
Cobertura del Seguro Popular.
Prevención y Autocuidado.
Atención integral de Obesidad,
Insuficiencia Renal Crónica,
Diabetes, Hipertensión, Cáncer,
VIH, Alcoholismo, Drogadicción,
Tabaquismo, Trastornos
Alimenticios.
Hemoderivados, Transfusiones y
Bancos de Sangre.
Acceso a la Educación.
Calidad en la Educación.
Homologación.
Regionalización.
Alfabetización.
Fomento a la Lectura.
Orientación Vocacional.
VI. EDUCACIÓN
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VII. DESARROLLO
RURAL, PESCA Y
ALIMENTACIÓN
Activación del Campo y Apoyo
a Productores.
Política de Salvaguarda de los
Productos Agrícolas
Mexicanos.
Plan Emergente de Apoyo al
Campo Mexicano y
Productores.
Ley Reglamentaria del Artículo
4° Constitucional en Materia
de Derecho a la Alimentación.
Política de Apoyo a los
Pescadores.
Acceso.
Preservación.
Difusión.
Talleres.
VIII. CULTURA
IX. MOVILIDAD
Transporte Público.
Bicicletas.
Carreteras.
Tráfico en las Grandes
Ciudades.
Cultura Universal del
Deporte.
Deportivos.
Deporte en el Trabajo.
Deporte en la Escuela.
Campañas de Fomento al
Deporte.
X. DEPORTE
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XI. GRUPOS SOCIALES
Niñas y Niños.
Indígenas.
Diversidad Sexual.
Personas en Situación de Calle.
Jóvenes.
Personas con Discapacidad.
Migrantes.
Adultas y Adultos Mayores.
Medios Alternativos de
Solución de Controversias.
Mediación.
Conciliación.
Acceso a la Justicia.
XII. JUSTICIA
XIII. GESTIÓN DE
GOBIERNO
Servicios Públicos
Participación Ciudadana/
Presupuestos Participativos
Acceso a la Tecnología
Quioscos Públicos y
Gratuitos
Precios Accesibles
Computadoras y Tabletas
en Escuelas para Todos.
XIV. TECNOLOGÍA
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IV. AGENDA POLÍTICA
1. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Nombramiento de dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
En sustitución de la Ministra Olga María del Carmen Sánchez
Cordero y del Ministro Juan N. Silva Meza, quienes dejan el
cargo el 30 de noviembre de 2015.
2. FISCALÍA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
Nombramiento del Titular. Pendiente en la Junta de Coordinación Política.
3. TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN
Nombramiento del Magistrado de Sala Superior.
Pendiente en la Junta de Coordinación Política.
4. BANCO DE MÉXICO
Nombramiento del Presidente del Banco de México.
En sustitución de Agustín Guillermo Carstens Carstens,
que termina el período por el que fue designado, el 31 de diciembre
de 2015.
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5. TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO
Nombramiento de un Magistrado
Agrario.
Pendiente en comisiones.
El 2 de septiembre de 2013, el Ejecutivo Federal propuso a María
del Rocío Balderas Fernández y Rubén Gallardo Zúñiga.
6. TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO
Nombramiento de cuatro Magistrados Numerarios.
Pendiente en comisiones.
El 23 de octubre de 2013, el
Ejecutivo Federal propuso a Rafael Gómez Medina, Lilia del Carmen
Flor Rivera Fonseca, María del Mar
Salafranca Pérez y Luis Eduardo Zuart Vallejo.
7. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
Nombramiento de dos
comisionadas (mujeres).
Vencimiento: En el mes de
octubre de 2014.
8. ORGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ELECTORAL
Nombramiento de Magistrados Electorales en: VERACRUZ, AGUASCALIENTES, ZACATECAS, SINALOA, TLAXCALA, PUEBLA,
HIDALGO, OAXACA, QUINTANA ROO, TAMAULIPAS, CHIHUAHUA y DURANGO
9. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA
Nombramiento de un integrante de En sustitución de Eduardo Sojo Garza Aldape, quien deja el cargo
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la Junta de Gobierno. el 31 de diciembre de 2015.
10. INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN Y EL AHORRO BANCARIO (IPAB)
Nombramiento de dos integrantes de la Junta de Gobierno.
En sustitución de: Luis Miguel Montaño Reyes, cuyo cargo
venció el 31 de diciembre de 2014 y Oscar Guillermo Levín Coppel,
quien deja el cargo el 31 de diciembre de 2015.
11. ORGANISMO GARANTE DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI)
Nombramiento de 10 consejeros del Consejo Consultivo.
12. CONSEJO DE LA JUDICATURA
Ampliación del Consejo de la
Judicatura
Previa aprobación de la iniciativa
de reforma constitucional por el que se amplía su integración
13. COMISIÓN NACIONAL DE HIDROCARBUROS
Nombramiento de dos
comisionados (as) de la comisión Nacional de Hidrocarburos
Uno en sustitución de Guillermo
Domínguez Vargas, que renunció el pasado 15 de enero.
Según el Cuarto Transitorio de la
Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia
energética, los comisionados de
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la CNH y de la CRE en funciones, incluidos sus Presidentes,
continuarán en su encargo hasta
la conclusión del periodo para el que fueron nombrados.
Adicionalmente la Ley1 establece que en caso de producirse una
vacante el Senado designará a la persona para terminar el periodo
por el que fue nombrado a quién sustituya, de la terna que
presente el Ejecutivo, por votación calificada, pudiendo ser
designada por única ocasión al término de ese periodo. En este
caso el renunciante concluía su encargo en mayo de 2016.
En mayo de 2015 la Comisionada Alma América
Porres termina el periodo por el que fue nombrada, pudiendo ser
designada por un nuevo periodo.
El 22 de abril de 2015, el
Ejecutivo Federal remitió la
terna integrada por José Antonio Alcántara Mayida, Felipe Ortuño
Arzate y Alma América Porres Luna y el nombramiento es por
un período de siete años.
Designación De Consejero
Independiente del Consejo de
Se recibió la propuesta el 22 de
abril de 2015 en razón de la
1 Artículo 6.- Los Comisionados serán designados por períodos escalonados de siete años de sucesión anual,
que iniciarán a partir del 1 de enero del año correspondiente, con posibilidad de ser designados, nuevamente, por única ocasión por un período igual. La vacante que se produzca en un cargo de Comisionado será cubierta por la persona que designe el Senado de la terna propuesta por el Titular del Ejecutivo Federal, en términos del presente artículo. Si la vacante se produce antes de la terminación del período respectivo, la persona que se designe para cubrirla durará en su encargo sólo el tiempo que le faltare desempeñar a la sustituida, pudiendo ser designada por única ocasión al término de ese período.
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Administración de Pemex
Héctor Moreira Rodríguez
renuncia presentada por Jaime Lomelín Guillen, quien apenas
había sido ratificado en su cargo
el 18 de septiembre de 2014, por lo que su período será
únicamente hasta el 17 de septiembre de 2019.
Ratificación de un miembro
independiente del Comité Técnico
del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el
Desarrollo
José Julián Sidaou Dib
Se recibió la propuesta el 22 de
abril de 2015, en razón de la
renuncia de Arturo Manuel Fernández Pérez y su encargo
será por un período que concluye el 31 de diciembre de
2021.
No debe perderse de vista que el
Consejero Rafael Rangel Sostmann concluye su encargo
el 31 de diciembre de este año.
14. RATIFICACIÓN DE PERSONAL DIPLOMÁTICO
Embajada de México en Estados Unidos
Se encuentra pendiente de ser ratificada la propuesta que envíe
el Ejecutivo, para ocupar el cargo de embajador en Estado Unidos.
Finalmente, un Grupo de Trabajo con la Secretaría de Relaciones
Exteriores, para dar seguimiento a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, que no han sido suscritos por el Estado
Mexicano, y en consecuencia falta su aprobación por parte del Senado, así como el proceso de negociación de diversos acuerdos comerciales,
en especial el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).
