Agenda Legislativa PRD enero 2017

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Notas

INTRODUCCIÓN

2017 inicia con malas perspectivas para México y para las familias mexicanas. Algún aliento generó el incremento del 9.5% al salario mínimo, anunciado desde diciembre pasado; pero el aumento excesivo en los precios de las gasolinas, el diésel y la electricidad y la consecuente espiral inflacionaria en los bienes básicos de consumo popular, sepultaron toda buena expectativa.

El ánimo de las y los mexicanos enardece, en la medida en que se acentúa su desconfianza en la capacidad y vocación de los poderes públicos para procurarles un mínimo de bienestar. El malestar se hace patente en la opinión pública, que exacerba su crítica a los políticos en los múltiples foros de expresión: desde la plática cotidiana, los medios de comunicación y las redes sociales, hasta, por supuesto, las calles, mediante la acción directa de la protesta social.

Así, el contexto político, económico y social en que da inicio este periodo legislativo vuelve a ser de profundización de la crisis, en sus diversos frentes: la violencia generalizada, la híper-corrupción política y la catástrofe económica en que se hunde México. Situación de crisis que hoy ha llegado a puntos críticos, a condiciones de riesgo. La sociedad se desespera y el ánimo se desborda. El Estado no puede responder con indolencia, con arrogancia, mucho menos con violencia institucional o con la amenaza del uso de la fuerza.

Este Poder Legislativo está llamado a responder con determinación frente a los grandes problemas nacionales, en buena parte de los cuáles es corresponsable. La tarea es basta pero, en principio, debemos implementar medidas legislativas urgentes

Grupo Parlamentario del PRD, Senado de la República

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Notaspara enfrentar las más agudas crestas de la crisis.

En el ámbito económico, pesan dos dificultades determinantes en las perspectivas del desarrollo mexicano: por un lado, debe entenderse que la Reforma Energética, la joya de las reformas estructurales del actual régimen de gobierno, es un rotundo fracaso y arrastra consigo las oportunidades de desarrollo económico y bienestar social que ofrecen la riqueza petrolera y la auto sustentabilidad de la industria eléctrica; por otro lado, el factor externo, el de la estrecha relación humana y comercial con Norteamérica, se ha vuelto una seria amenaza para las capacidades de generación de empleo, mejora salarial, inversión, desarrollo tecnológico, industrialización y competitividad, debido al vínculo de dependencia económica tejido por años de política neoliberal y al arribo al gobierno estadounidense de un mandatario con una marcada intención anti mexicana. No menos complejo resulta el riesgo social que conllevaría un incremento en la deportación de connacionales, como amenaza la política migratoria del gobierno de Donald Trump.

La Reforma Energética fue diseñada bajo la visión neoliberal de quienes gobiernan, pero también bajo el halo de la dependencia económica y en un contexto de extrema corrupción política. El fracaso se hace patente. El grave incremento a los precios de las gasolinas durante el presente mes de enero, no es más que uno de sus nefastos resultados. Es producto de la política deliberada de desmantelamiento de la infraestructura de refinación del petróleo mexicano. Política cuyo único objetivo es la generación de un mercado en el que empresas particulares extraerán la riqueza del subsuelo, se apropiarán del valor que se agrega en el proceso de transformación y fijarán un precio al consumo en un esquema de exigua competencia y magra regulación que, en cualquier caso, deberá reportarles fuertes ganancias a costa, necesariamente, de los consumidores.

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NotasPor ello, y ante el riesgo que representa la pérdida del poder en la próxima elección presidencial, el gobierno determinó adelantar la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, originalmente programada para 2018 en las leyes secundarias de la Reforma Energética. En ese sentido, para acelerar el ingreso de empresas particulares, el Ejecutivo decidió ofertar como incentivo un precio alto de los combustibles, garantizando así la ganancia de los gasolineros privados y asumiendo el costo político de la medida, en aras a la consolidación del nuevo mercado privatizado.

La medida golpeó en un contexto económico delicado y se vuelve particularmente sensible por su impacto inflacionario. La explosión social provocada es sólo una advertencia de que la ciudadanía ya no tiene disposición, ni capacidad, para asumir el costo de los errores ni los abusos de una oligarquía política desenfrenada.

El Congreso debe implementar medidas legislativas urgentes para revertir ese impacto negativo en la economía nacional de manera inmediata, además de reformas necesarias para revertir en el mediano y largo plazos el impacto negativo que la fracasada Reforma Energética tendrá en los distintos ámbitos del desarrollo mexicano.

En lo inmediato se requiere: la implementación de un severo esquema de austeridad y reestructuración del gasto de los poderes públicos; la postergación de la liberalización de los precios de los combustibles; el ajuste en los impuestos sobre los mismos; el establecimiento de un esquema de precios máximos a bienes de consumo popular, y un programa agresivo de inversión productiva, que incluya la recuperación y aplicación de las refinerías nacionales.

En el ámbito internacional, las perspectivas son aún más complejas. La política económica a que apuesta el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, tiene un fuerte


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Notascomponente de protección interna. Y su política social es de estricto rechazo a la migración, con todas sus consecuencias. Independientemente de la posición que asuma la mayoría republicana en torno de ello, ese doble componente de la política pública norteamericana habrá de afectar la economía y la situación social en nuestro país, así como la de los mexicanos que migraron a la unión americana buscando un mejor sustento para su familia.

Las amenazas de revisión del TLCAN a conveniencia de los Estados Unidos, de restricción a la importación norteamericana de productos maquilados en México, de subsidio a la industria del vecino país para conservar las inversiones; el bloqueo de inversiones destinadas al territorio mexicano; la imposición de barreras a la migración y la deportación masiva de connacionales, así como los cambios en las políticas bilaterales de cooperación en múltiples áreas, como la seguridad, habrán de provocar afectaciones a las circunstancias nacionales y cambios en las políticas públicas gubernamentales y legislativas.

La llegada de Trump a la presidencia representa un reto para la política exterior mexicana, pero también para las políticas internas de desarrollo nacional, cuya configuración, hasta ahora, ha respondido a una lógica de integración –dependiente- con el interés comercial del capital norteamericano.

Conforme con sus atribuciones constitucionales para analizar y dar seguimiento a la política exterior del gobierno, el Senado de la República debe estructurar una política de Estado que se oriente a la clara determinación y protección de los intereses de México y de la sociedad mexicana. Cuatro áreas son prioritarias en ese contexto: la diplomacia; el comercio exterior y otras formas de relación económica; la política migratoria, y la colaboración en materia de seguridad.

El Grupo Parlamentario del PRD se propone

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Notasmantener una actitud proactiva. Impulsaremos la construcción, al seno de este órgano legislativo federal, de un programa que precise y ordene las acciones que, desde el ejercicio de sus atribuciones, le corresponde tomar para proteger y promover la soberanía nacional, los derechos de los mexicanos en el exterior y de los repatriados, el impacto benéfico para nuestro país en las relaciones comerciales con el exterior, así como el rediseño de la estrategia de desarrollo nacional.

Trabajaremos para provocar esa definición y para que la misma pueda formar parte de esa necesaria política de Estado, que se materialice en un frente conjunto de defensa del interés nacional, el beneficio de México y de las familias mexicanas.

En materia de seguridad, la sociedad mexicana se encuentra atrapada en una situación que la lacera por varios flancos: Por un lado, padecemos la actuación de corporaciones policiacas que, en su gran mayoría, son ineficaces y corruptas; del otro lado, el homicidio, el robo, el secuestro y la extorsión, por solo mencionar algunos delitos cometidos por la delincuencia común u organizada; y por último, la presencia de las Fuerzas Armadas realizando labores de seguridad pública –las cuales son ajenas a su formación y al mandato constitucional que rige su actuación-.

La combinación de estos factores es atroz para lo que debería esperarse de un régimen democrático: criminalidad empoderada en muchas regiones del país; violaciones constantes a los derechos humanos; debilidad del Estado de Derecho; persistencia del circulo vicioso más delitos mayor impunidad, en consecuencia más delitos; niveles crecientes de desconfianza de la ciudadanía en la autoridad y en sus instituciones de seguridad en particular, así como expresiones de inconformidad de las instituciones castrenses ante la conducción de las labores de seguridad pública que el gobierno les ha encomendado.


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NotasUna muestra de los efectos de esta descomposición institucional es el incremento significativo de la violencia durante el año pasado. Basta revisar la evolución de la estadística nacional de homicidios dolosos que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP): No hay un solo mes de enero a septiembre de 2016 en el que el número de homicidios dolosos no sea mayor frente al respectivo de 2015. El aumento durante el periodo mencionado va de 12,660 homicidios dolosos en 2015 a 15,201. Un aumento de 20.07 %. Y si comparamos el mismo mes de septiembre de ambos años, las cifras empeoran. Mientras que en 2015 el número de estos delitos fue de 1,481, para el mismo mes de 2016 la cifra pasó a 1,974. Un incremento de 33.28 %. Incluso los delitos de secuestro y extorsión, en los que el gobierno federal había presumido una baja en este año respecto al anterior, han registrado en el trimestre julio-agosto-septiembre de 2016 un aumento de 25 % y 13 % respectivamente, en relación con el mismo lapso de 2015. 1

Este es un grave problema para la sociedad mexicana que muestra la creciente incapacidad de las instituciones de seguridad para reducir la violencia. Sin embargo, la actuación para combatir el crimen presenta otro problema estructural, además de su ineficacia: su autoritarismo, que se traduce en violaciones graves a los derechos humanos.

Así, las capacidades para enfrentar eficazmente a los grupos criminales y realizar investigaciones apegadas a Derecho, por lo que se ha visto en los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya o Tanhuato, se revelan débiles, tardías y constitucionalmente cuestionables.

1 “Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Cifras de homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo de vehículo 1997-2016.” Visible en http://secretariadoejecutivo.gob.mx/docs/pdfs/cifras%20de%20homicidio%20doloso%20secuestro%20etc/HDSECEXTRV_112016.pdf

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NotasEl tema de las capacidades para realizar investigaciones criminales confiables y legales es de suma importancia para la situación que en materia de seguridad enfrenta el Estado mexicano y va más allá de la falacia en la que se dice que pedir indagatorias respetuosas del debido proceso es defender a los criminales. Las investigaciones en las que se altera la escena del crimen o se tortura para obtener confesiones reducen las probabilidades de que en los procesos judiciales respectivos se descubra la verdad de los hechos y rompe la certeza sobre la que debe descansar el fincamiento de la responsabilidad penal de un imputado.

¿Cuáles son los efectos de esta persistente actuación autoritaria? Nuevamente, impunidad para los verdaderos criminales, frecuentes casos de fabricación de culpables y numerosas violaciones a derechos humanos. Un dato de estas últimas: Del 27 de octubre de 2015 al 14 de noviembre de 2016 la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura de la Procuraduría General de la República ha registrado la existencia de aproximadamente 4,713 casos. 2

El dato es revelador por sí mismo por la cantidad, pero también por el lapso tan breve en el cual se produjo esa cifra: Prácticamente un año. Por tratarse de una dependencia federal, el dato refleja casos de tortura cometidos por miembros del Ejército Mexicano, de la Policía Federal o de la Marina Armada de México, sin distinguir la proporción que corresponde a cada uno.

2 “Respuestas a Preguntas Parlamentaria en el contexto del cuarto informe de gobierno” pags. 61 y 62. Visible en http://www.senado.gob.mx/documentos/Respuestas_Preguntas_Parlamentarias_4IG_Senadores_v14dic2016_vf.pdf


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NotasPor todo lo anterior y para proteger el orden constitucional, vigorizar nuestro sistema democrático y fortalecer la necesaria confianza de la sociedad en sus instituciones de seguridad, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Senado impulsará el regreso ordenado de la Fuerzas Armadas a sus cuarteles, así como la expedición de marco normativo que permita contar con corporaciones policiacas honestas, eficientes y con capacidades institucionales idóneas para proteger a la sociedad de la criminalidad común y organizada.

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Notas1. CONSTRUCCIÓN DE UN PROGRAMA ESTRATÉGICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA ANTE EL GOBIERNO DE DONALD TRUMP

Desarrollo de un proyecto de Programa Estratégico, que pueda asumir el Senado, en el que se establezcan las acciones que corresponden al ejercicio de sus atribuciones, dirigidas a la protección de la soberanía nacional y de los derechos de los mexicanos en el exterior o repatriados, el impacto benéfico para nuestro país en las relaciones comerciales con el exterior, así como el rediseño de la estrategia interior de desarrollo nacional. Todo ello, en el marco de la construcción de una Política de Estado en la materia.

Implementación de un esquema real de austeridad y adecuación presupuestal de los poderes federales y los órganos autónomos, que implique una revisión profunda de todas las partidas, para aplicar reducciones a conceptos suntuarios, no indispensables del gasto corriente, y realizar ampliaciones a programas sociales, de inversión productiva y formas diversas de apoyo al consumo popular.

Reforma a la Ley de Ingresos de la Federación para el presente año fiscal, a efecto de posponer la liberalización de los precios de los combustibles.

Reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios para reducir en un 50% el

2. MEDIDAS URGENTES FRENTE A LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL


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Notasimpuesto a los combustibles y reestructurar su tasa impositiva bajo el principio de equidad tributaria.

Emisión de una ley de precios máximos que, entre otros aspectos, permita el establecimiento de precios razonables a los combustibles, indexados al salario mínimo, para garantizar su asequibilidad por el consumo popular.

3. RECONSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA NACIONAL

De forma inmediata, es preciso recuperar todo el potencial de explotación petrolera y generación eléctrica de PEMEX y CFE. El Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad en el detrimento de ese potencial, financiar su reconstrucción y consolidar la soberanía energética de México frente al mundo, mediante el establecimiento de zonas y actividades estratégicas para el desarrollo nacional.

Es urgente la reposición y ampliación de la infraestructura pública de refinación de combustibles y otros petrolíferos necesarios para el consumo nacional.

4. COMBATE A LA DESIGUALDAD, DESARROLLO Y JUSTICIA SOCIAL

Reforma al sistema de fijación de los salarios mínimos, para el establecimiento de un esquema progresivo de recuperación de su poder adquisitivo, a fin de que procure un mínimo de bienestar para los trabajadores y sus familias.

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NotasArticulación de un Sistema Público Integral de Salud, de acceso universal y regulado bajo un estricto esquema anticorrupción.

Consolidación del seguro de desempleo y de la pensión para adultos mayores, bajo esquemas de financiamiento público viables.

Creación del Tribunal de lo Social, órgano jurisdiccional especializado en impartición de justicia laboral y tutelar de los derechos de los trabajadores, una vez consolidada la reforma constitucional.

Reforma al artículo 25 constitucional para establecer el derecho al Ingreso Básico Ciudadano.

Expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 4º Constitucional en Materia de Derecho a la Alimentación.

Concretar el proceso legislativo de reforma integral del campo mexicano, para atender los problemas fundamentales de fuentes de financiamiento, agricultura familiar, extensionismo rural, comercialización y aseguramiento a cosechas.

Debe continuar el combate a la plaga de la Roya Naranja en las zonas cafetaleras del país, que ha mermado seriamente la producción de los últimos años.

Expedición de la legislación que disponga las bases para el ejercicio del derecho de acceso universal a la cultura; para la prestación por el Estado de bienes y servicios en la materia, así como para la disposición de los medios para su difusión y desarrollo, respetando siempre la diversidad de sus expresiones.

Emisión de la Ley para la Zona Marítimo Terrestre, para la regulación del aprovechamiento, control,


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Notasadministración, inspección y vigilancia de esas zonas federales.

Emisión de la ley reglamentaria del CONEVAL para consolidar un esquema autónomo y confiable de medición.

5. SEGURIDAD Y JUSTICIA

Discusión de un esquema de atención por el Estado mexicano a afectaciones extraordinarias a la seguridad interior, bajo la regulación de medidas excepcionales, progresivas y temporales y la determinación de las autoridades competentes para su ejecución.

Expedición de las leyes generales que desarrollen el modelo policial de mando mixto, aprobado a nivel constitucional por el Senado y en proceso de aprobación en la Cámara de Diputados.

Expedición de la Ley de la Fiscalía General de la República, que dote al órgano de plena autonomía, eficacia y capacidades para la persecución del delito, incluyendo las reformas necesarias para establecer un proceso ciudadanizado de propuesta, auscultación y nombramiento del Fiscal General.

Expedición de las leyes reglamentarias de las reformas constitucionales en materia de justicia cotidiana, preservando en el ámbito de la legislación secundaria los elementos del derecho procesal de carácter social, en donde se protege a las partes vulnerables, como son los trabadores, menores de edad, mujeres, indígenas, adultos mayores y quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio.

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Notas

Expedición de la Ley General Para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas.

Seguimiento al acuerdo legislativo para la aprobación por la Cámara de Diputados de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, así como de la Ley General para Prevenir, investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Concretar reformas para proscribir la violencia política de género en diversa legislación, incluyendo la ley electoral.

Reformas para regular expresamente el matrimonio igualitario, como realidad constitucional, así refrendado por la Suprema Corte, y Consolidar en la legislación el reconocimiento de los derechos de seguridad social de las parejas de un mismo sexo, tanto en la Ley del seguro Social como en la Ley del ISSSTE.

La Ley Reglamentaria del artículo 1º Constitucional, sobre la protección de los Derechos Humanos y para la prevención, investigación, sanción y reparación por violaciones cometidas a los mismos.

La Ley Reglamentaria del artículo 102, apartado B Constitucional, relativo a la facultad otorgada a la CNDH, para investigar las violaciones graves a los derechos fundamentales.

6. DERECHOS HUMANOS


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NotasAprobación de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno, para la atención de quienes abandonan sus lugares de origen por diversas causas, entre ellas, la penetración del crimen organizado y la violencia

Para eliminar barreras institucionales al combate de la corrupción política:

Eliminación del fuero constitucional de los servidores públicos.Transformación del Juicio Político en una herramienta de rendición de cuentas y de control político parlamentario para la tutela de la legitimidad en el ejercicio de la función pública.Establecimiento de la revocación de mandato como un derecho político ciudadano e instrumento de control democrático ante el mal ejercicio del poder público.

Para combatir la corrupción en las formas de acceso y renovación del poder público:

Expedición de la ley que regule el ejercicio de la propaganda gubernamental, bajo principios de austeridad, oportunidad y necesidad, y la proscripción de la censura indirecta.Reformas al sistema de propaganda electoral, para limitar el uso del spot y generar un debate de ideas y propuestas.Reformas para reducir el gasto de partidos y campañas políticas, preservando el principio constitucional de financiamiento público para facilitar su fiscalización y evitar la captura de la representación popular por los intereses económicos.

7. LEYES Y REFORMAS PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN POLÍTICA

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NotasPara dignificar y racionalizar del servicio público:

Emisión de la ley que regule las percepciones de los servidores públicos.Reformas para regular las comparecencias ante el Congreso y establecer consecuencias derivadas de su trasgresión.Reformas para regular los procesos de determinación de responsabilidad de las personas morales y la incidencia de las cámaras empresariales en la agenda nacional.

Para reducir los márgenes gubernamentales que propician corrupción:

Reformas al régimen de responsabilidades de las empresas productivas del Estado y demás personas físicas y morales involucradas, considerando las experiencias de corrupción en la materia que han enfrentado otros países productores de energéticos y los procesos de prevención, combate, solución y sanción que han implementado.

Expedición de una nueva Ley de Contrataciones de Obras Públicas, que elimine todo régimen de excepción y someta toda contratación gubernamental a esquemas de control anticorrupción, al uso de buenas prácticas internacionales y a reglas estrictas de transparencia y rendición de cuentas.

Modificación de las leyes que regulan el Sistema Educativo Nacional, para eliminar el carácter punitivo impuesto en la reforma administrativa y laboral para la evaluación docente, así como para establecer parámetros, criterios y mecanismos para la conformación democrática de un modelo de educación pública, dinámico, pluricultural y comprensivo.

8. REVISIÓN DE LA REFORMA EDUCATIVA


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Concluir el proceso de emisión de las leyes reglamentarias de la reforma constitucional, mediante la expedición de la Ley General de Archivos.

9. TRANSPARENCIA

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Government & Nonprofit

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