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ACUERDOS REPARATORIOS COMO FORMAS ALTERNATIVAS DE PROSECUCIÓN DEL PROCESO PENAL VENEZOLANO EN EL DELITO DE ESTAFA INMOBILIARIA.
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ACUERDOS REPARATORIOS COMO
FORMAS ALTERNATIVAS DE PROSECUCIÓN
DEL PROCESO PENAL VENEZOLANO EN EL
DELITO DE ESTAFA INMOBILIARIA.
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD “JOSE ANTONIO PAEZ”
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO
ACUERDOS REPARATORIOSCOMOFORMAS ALTERNATIVAS DE
PROSECUCIÓN DEL PROCESOPENALVENEZOLANO EN
EL DELITO DE ESTAFA INMOBLIARIA.
INSTITUCIÓN: Consultorio Jurídico“Caraballo Carranza”
AUTORA
García O. Marianela de J.
C.I.V-12.029.656
San Diego, Septiembre 2014
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA UNIVERSIDAD “JOSE ANTONIO PAEZ”
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS ESCUELA DE DERECHO
ACUERDOS REPARATORIOSCOMOFORMAS ALTERNATIVAS DE
PROSECUCIÓN DEL PROCESOPENALVENEZOLANO EN
EL DELITO DE ESTAFA INMOBLIARIA.
CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN
_______________________________________ Tutora Académica: Dra. Hernández Hegel C.I.V-2.719.212 ______________________________________ Tutor Institucional: Abg. Caraballo Douglas C.I.V-11.027.367 _____________________________________
Tutor Metodológica:Carmen Yolanda Rodríguez C.I. V-3.922.769
AUTORA:
García O. Marianela de J
C.I.V- 12.029.656
San Diego, Septiembre 2014.
ÍNDICE GENERAL
Constancia De Aceptación…………………………………………………………………I
Índice General………………………………………………………………………...II
Resumen……………………………………………………………………………...III
Introducción…………………………………………………………………………..01
CAPÍTULO I. LA INSTITUCION
1.1-Identificación de la Institución……………………………………………………03
1.2-Ubicación Geográfica………………………………………………………….....03
1.3-Misión………………………………………………………………………….....03
1.4-Visión……………………………………………………………………………..04
1.5-Valores…………………………………………………………………………....04
1.6 -Estructura Organizativa………………………………………………………….05
1.7Actividades Realizadas…………………………………………………………....05
CAPÍTULO II.EL PROBLEMA
2.1 Planteamiento del problema…………………………………………………..…..06
2.2 Formulación del problema………………………………………………………..07
2.3 Objetivos de la investigación……………………………………………………..07
2.3.1 Objetivo General………………………………………………………………..07
2.3.2 Objetivo Especifico……………………………………………………………..07
2.4 Justificación…………………………………………………………………….....08
2.5 Limitación del Estudio y Alcance………………………………………………...08
CAPITULO III. MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
3.1.-Antecedentes De La Investigación………………………………..………...…..09
3.2.-Bases Teóricas…………………………………………………...……………...13
3.3.-Concepto de Acuerdo Reparatorio…..………………………………………….16
3.4.-El Acuerdo Reparatorio para la sala de casación penal………...……………….17
3.5.- Acuerdos Reparatorios a La Luz del Concepto de Reparación…………………17
3.6.- Salidas alternativas ………………………………………………………….…..17
3.7- Procedencia de los Acuerdos Reparatorios………………………………….…..18
3.8.- Conceptos…………………………………………………………………….....20
A- Proceso…………………………………………………………………..20
B- Procedimiento……………………………………………………………20
C- Actos de Autocomposición Procesal………………………………….....20
3.9.-Objeto del Procedimiento de los Acuerdos Reparatorios ………………...…….21
3.10.- Comparación de los Acuerdos Reparatorios en el (COPP 2009-2012) ……...22
3.11.- Importancia de Los acuerdos Reparatorios…………………………………....26
3.12.- Oportunidad Procesal………………………………………………………......27
3.13- Efectos y Recursos……………………………………….…………………….28
3.14.- Consideraciones………………………………………………………………..29
3.15.- Bases Jurídicas……………………………..…………………………………..31
3.16.- Definiciones Básicas………………………………..………………………….35
a.-Formas Alternativas De Prosecución Del Proceso….…………………………..…35
b.-Tutela Judicial Efectiva……………………………………..……………………..35
c.- Estafa……………………………………………….……………………………...35
d.-Estafa Inmobiliaria………………………………………………………………...35
e.- Inmuebles………………………………………………………...…………..……36
f.- Promotores de Viviendas……………………………...…………………………...36
g.- Vivienda………………………………...…………………………………………36
CAPITULO IV. FACES METODOLOGICAS
3.1.- Tipo Y Diseño De La Investigación………………………………………..…...37
3.2.- Técnicas E Instrumentos De Recolección de Datos……………………….…...37
3.3.- Técnicas que facilitaran el desarrollo de la investigación………………….......38
3.3.A.- Fase I. de la investigación………………….…………………………38
3.2.B.- Fase II. de la investigación. …………………………………...………39
3.2.C.- Fase III. de la investigación. ….………………………………..……..39
CAPITULO V. RESULTADOS
5.1.-Resultados…………………………………………………………………...40
5.2.-Conclusiones………………………...…………………………....................45
5.3.-Recomendaciones………..…………………………………………………..45
Bibliografía………………………………………………………………………..47
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD “JOSE ANTONIO PAEZ”
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS
ESCUELA DE DERECHO
ACUERDOS REPARATORIOS COMO FORMAS ALTERNATIVAS DE
PROSECUCIÓN DEL PROCESO PENAL VENEZOLANO EN
EL DELITO DE ESTAFA INMOBLIARIA.
RESUMEN INFORMATIVO
En la presente investigación se busca comparar, si la eficacia del Acuerdo
Reparatorio en el delito de estafa inmobiliaria establecida en la normativa legal, se
concatena con proceso que se realiza en la práctica, esto debido a que en la actualidad
se observa la carencia de conocimientos de los abogados defensores en materia de
acuerdo Reparatorio en estos casos y como estaformas de autocomposición procesal ha
sido aplicada de manera tardía, causando daños y perjuicios a sus clientes por falta de
preparación en la materia. También analizamos la forma en que se han encuadrados
los supuestos delitos de estafas inmobiliaria sin tomar en cuenta los elementos de
perfeccionamiento del mismo, así como el procedimiento que utilizó el Ministerio
Público (MP) y que canalizó a través de los Acuerdos Reparatorios para resolver los
supuestos casos de estafa inmobiliaria.Esta forma de autocomposición procesal que
canalizo el MP permitió dar una salida salomónica en la solución de una problemática
que se venía desarrollando en años anteriores y que no fue resuelta de forma
correctapor la justicia en la impunidad de los delitos, aunados a los problemas en
escases de materiales de construcción de viviendas y retardo en entrega de inmuebles
que estaban en construcción, por causas no imputables al constructor, permitiendo el
aumento abrumador de denuncias ante los órganos del estado, por la caducidad del
tiempo de entrega de viviendas a sus compradores, afectando notablemente la
economía y la calidad de vida del adquiriente.Por último, damos algunas
recomendaciones basadas en la investigación para canalizar y aportar una solución en
la correcta aplicación de los acuerdos Reparatorios en los verdaderos delitos de Estafa
Inmobiliaria.
INTRODUCCION
En la presente investigación se desarrollan tres aspectos fundamentales dentro de
una problemática, que en los últimos años causo gran revuelo en la sociedad
venezolana, como lo es el delito de estafa inmobiliaria y el acuerdo Reparatorio
como vía de solucióna quienes de algún modo, se encontraban inmersos en este
tipo de delito penal,ya sea como imputados o como víctimas en los mismos.
a.- Evaluar la modificación realizada al Código Orgánico Procesal Penal de
Junio del 2012 en materia de Acuerdos Reparatorios y su alcance jurídico en cuanto
al aspecto positivo que este impone para alcanzar una mayor eficacia de los
mismos.
b.- Estudiar el delito de Estafa Inmobiliaria y su impacto en la sociedad
venezolana, así como tomar en cuenta los aspectos ilegales de la práctica de estos
procedimientos por los diversos funcionarios actuantes, quienes contravienen en la
aplicación del principio de libertad inviolable y de presunción de inocencia de las
personas involucradas.
Teniendo en consideración que las estafas son causadas por engaños artimañas
para obtener un provecho injusto,a costa de otro, se evaluar la posibilidad que no
se trata de la imputación de delitos de estafa en su totalidad. Sino más bien de
retardos en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes, que en
muchos casos pueden ser imputables al mismo estado venezolano, (los escases de
material de construcción, el retardo en el otorgamiento de permisos necesarios para
la construcción, y para la habitabilidad que son otorgados por entes de la
administración pública).
c.- por último se determina el efecto jurídico logrado por los Acuerdos
Reparatorios y su alcance tanto para la víctima, el imputado, como para el Estado
Venezolano, en aras de una salida a este flagelo propuesta por el ejecutivo nacional
para lograr de alguna manera reparar los daños que hayan sido causados.
CAPÍTULO I
LA INSTITUCION
1.1- IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION
EL CONSULTORIO JURÍDICO CARABALLO CARRANZA Es una
institución profesional de asistencia jurídica en las diversas ramas del derecho, en
especial en materia penal, donde se atienden los diversos casos con la mayor ética y
dedicación para satisfacer las demandas de prestación de servicios realizadas por los
clientes.
1.2UBICACIÓN GEOGRAFICA
Este “consultorio Jurídico Caraballo Carranza” se encuentra ubicado en la
av. Bolívar Norte, específicamente en la Av. Rojas Queipo, en el edificio Camoruco,
Mezanina, Oficina M- de la ciudad de Valencia Estado Carabobo.
1.3 MISION DE LA EMPRESA
Su principal misión es: ofrecer a sus clientes un panorama certero y honesto de
su situación jurídica, informar del pro y los contras de las decisiones a tomar ybuscar
la mejor solución en cada caso, de manera expedita, diligente, sin rodeos ni
complicaciones y así obtener provechos justos para cada uno de ellos.
1.4- VISION DE LA EMPRESA
Impartir la ética profesional para generar en sus clientes una atmosfera de
tranquilidad, al transmitirles que sus casos están siendo atendido por un profesional
honesto y responsable, que le proporcione una solución real y fáctica donde
prevalecen los valores, que tanto se han perdido y que tanta falta hacen, demostrar
que no es necesario mentir para alcanzar los objetivos.
Transmitir a los colegas del derecho que es posible lograr un mejor y más
diligente sistema de justicia, que cada aporte individual suma una gran montaña de
aportes que un día lograran tan anhelado cambio.
1.5- VALORES DE LA INSTITUCION
La honestidad como pilar fundamental que le permita generar confianza a
quienes soliciten servicios profesionales, la responsabilidad de no asumir retos que
sean imposibles de alcanzar y de cumplir con los compromisos adquiridos la mayor
diligencia para lograr los mejores resultados en cada caso asumido, con la discreción
necesaria para el ejercicio del derecho y el valor justo tomando en cuenta la dignidad
humana, la compresión y la justa valoración a la hora de fijar honorarios
profesionales combinando esfuerzos y resultados.
Y por último, tiene como visión el desarrollo profesional que todo estudioso
en la materia espera, y para lo cual se ha preparado profesionalmente, que ha de
comenzar por el impulso del crecimiento espiritual que pondrá límites, a cualquier
pretensión injusta, logrando así, la satisfacción total de cada uno de sus clientes.
1.6- ESTRUCTURA
1.7 Actividad Realizada.
Asistencia a los clientes que comparecen ante la oficina a realizar consultas,
gestiones y diligencias en el Palacio De Justicia, ante los Tribunales De Protección,
notarias públicas, asistencia a audiencias preliminares, en casos de Estafa
Inmobiliaria, diligencias ante el Registro Inmobiliario, redacción de documentos,
poderes, compra venta, asistencia técnica en el centro penitenciario Carabobo.
PRESIDENTE
ACESOR JURIDICO PENALISTA
ACESOR JURIDICO
CIVILISTA
ASISTENTE JURIDICO
Asistente
Administrativo
CAPITULO II
EL PROBLEMA
2.-Planteamiento del Problema
Al Estudiar lo largo y tedioso de los procesos penales, la congestión de los
tribunales y los elevados costos que acarrean estos procesos, se hace evidente, la
imperiosa necesidad de buscar medios alternos que conlleven a liberar la carga, sin
dejar a un lado la administración de justicia pues, una cosa es solucionar el conflicto
y otra, que ambas partes, intervinientes del proceso logren equidad en sus
pretensiones.
Al revisarla aplicación del derecho penal en varios países latinos se observa
que, se puede ejercer la conciliación o reparación por cualquier víctima; En el caso de
Argentina es mucho más preciso, procede una audiencia de conciliación una vez
presentada la querella o, en cualquier fase del juicio, al igual que en Bolivia,
Colombia y Venezuela. Aunque en el caso de Colombia solo se permite un máximo
de dos audiencias para evitar el retraso procesal.
En Venezuela el Código Orgánico Procesal Penal (2012) se encuentra la
figura de los Acuerdos Reparatorios (arts. 41 y 42). Tal dispositivo admite dos
fórmulas, la primera de ellas señalada en el art. 40,que indica queel Acuerdo
Reparatorio, celebrado en laetapaPreliminar, evita al sujeto mantener contacto
posterior con el sistema de justicia penal, es decir, permite el sobreseimiento de la
causa. Esto sucede al resarcir el daño causado a la víctima y ser aprobada por un
juez.Evitar un juicio que solo acarrearía elevadas costas procesalespara el Estado
Venezolano y las partes intervinientes en el proceso; además, los daños físicos y
psicológicos que han de sufrir quienes son privados de libertad, sin justa causa como
los casos de personas que después de un largo tiempo recluidas en un centro
penitenciario el tribunal los absuelve y pone en libertad plena.
2.1-Formulación del Problema
De acuerdo a lo anteriormente planteado, se formula la
siguienteinterrogante:¿Cuál es el procedimiento que se debe realizar para la eficacia
delAcuerdo Reparatorioy en qué oportunidad procesal,para que sea efectivo a
laspartes, en el delito deEstafaInmobiliaria?
2.2--Objetivo General
Analizar los efectos jurídicos y el alcance que logran los acuerdos
Reparatorios en el proceso penal Venezolano,en especial, en delitos como la estafa
inmobiliaria.
2.3-Objetivos Específicos.
� Evaluarla modificación realizada al Código Orgánico Procesal Penal de Junio
del 2012 en materia de Acuerdos Reparatorios.
� Estudiarel delito de Estafa Inmobiliaria y su impacto social en la realidad del
país y La Violación al Principio de Legalidad.
� Determinar elEfecto Jurídico y Alcance del Acuerdo Reparatorio para
elestado Venezolano,La Víctima y El Imputado en casos de delitos de estafa
inmobiliaria.
2.4-Justificacion
La situación descrita anteriormente hace que los acuerdos Reparatorios sean vistos
tanto por algunos investigadores, así como por varios juristas, como un objeto de
estudio. Por ésta, y otras razones que a continuación se explican, es que se asume tal
figura como objeto de análisis del presente trabajo;
De las consultas evaluadas se ha podido observar con preocupación, en
reiteradas ocasiones, varios aspectos importantes:En primer lugar: La violación
flagrante al debido proceso; En Segundo Lugar: La ausencia de conocimientos de los
abogados que ejercían defensas técnicas de imputados en las causas evaluadas
endelitos de estafa inmobiliaria y que requerían de acuerdos Reparatorios, en cuanto a
la naturaleza de estos, la forma de plantearlos, y la oportunidad procesal.
En Tercer lugar: El desconocimiento de los fiscales para llevar a cabo estas
investigaciones, o la falta de autonomía para realizar acusaciones motivadas en
verdaderos elementos de convicción. En Cuarto lugar. La falta de autonomía de los
jueces para decidir ajustados a derecho, y la limitación que este gobierno pone a las
personas en el desempeño de sus funciones, vulnerando un derecho fundamental,
contenido en nuestra carta magna en los Artículos. 87 y 89 de la C.R.B.V.
2.5-Delimitación y Alcance.
En el problema seleccionado, los Acuerdos Reparatorios en el delito de
estafa inmobiliaria, tiene diversidad de material de apoyo,documentales como
expedientes, decisiones, testimonios, páginasweb que contienen información para
desarrollar la investigación, sin embargo, la limitante se presenta en el tiempo para
hacerlo, por lo cual, se hará de tipo documental, extrayendo de una causa, cuyo
problema se considere con mayor pertinencia para hacer referencia.
CAPÍTULO III
MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL
3.1Antecedentes de la Investigación
En Venezuela imperó por un largo tiempo el Código de Enjuiciamiento
Criminal y con ello se instauró el Sistema Inquisitivo, lo cual según sus postulados,
presentaban medios más eficaces para reprimir la delincuencia porque se ajustaba
más al espíritu de regímenes absolutos, de policías basados en principios tiranos y en
principios de Fuerza, manteniendo el Estado un gran poder sobre todas las
actuaciones sin respetar derecho alguno.
Unos de los principios de éste sistema lo constituyeron las actuaciones de
Oficio por parte del Estado para perseguir a las personas que presuntamente cometían
un determinado hecho punible el carácter secreto y de instrucción que mantenían los
cuerpos de Seguridad del Estado, y el carácter de la escritura.
Toda esta situación, generó un clima de inseguridad jurídica para los ciudadanos, ya que no se respetaban las garantías mínimas establecidas en Pactos y Convenios Internacionales, como lo es la Declaración del Hombre y del ciudadano de 1879. En consecuencia, la Comisión Legislativa del Congreso de la República, recibe la encomienda de preparar un Código procesal que sustituiría al Código de Enjuiciamiento Criminal, para lograr un cambio de manera definitiva en el Poder Judicial. En Consecuencia, en Marzo de 1998, entra en Vigencia Anticipada, las
Instituciones del Código Orgánico Procesal Penal (COPP 1998) entre las cuales de
destacanlos Acuerdos Reparatorios como forma de humanización a tanta barbarie,
proponiendo por vía conciliatoria la homologación ante un juez de acuerdos para
solucionar conflictos que pudieran ser reparados por el imputado siempre que
tuvieran la aprobación de la víctima.…
Los medios alternos de resolución conflictos, desde un punto de vista
doctrinario, existen diversos autores que desde hace años vienen reseñando aspectos
de suma importancia en relación a la apertura del sistema penal, los cuales
representan una fuente de mucho valor para los estudiosos del Derecho. No obstante,
desde la óptica de la investigación, los estudios previos, que se han encuadrado en el
tipo penal objeto de estudio, como lo es la reparación en la estafa inmobiliaria, sin
embargo a continuación se reseñan algunas investigaciones que por sus valiosos
aportes se refieren como antecedentes de la presente investigación entre estos.
Ortiz M. Arliangel, año (2012) desarrollo una investigación titulada
procedimientos administrativos ante la dirección general de gestión de sistema
nacional de vivienda y hábitat para optar al título de abogada; Su aporte se basa en
Identificar los aspectos novedosos contenidos en el texto normativo que regula la
materia, determinando así, el procedimiento administrativo a seguir para realizar la
denuncia ante la dirección general de gestión de sistema nacional de vivienda y
hábitat.
Este aporte novedoso contenido en la ley contra la estafa inmobiliaria será un
instrumento que servirá de apoyo a esta investigación por la importancia y relación
que guarda para el problema objeto de estudio, lo cual se refiere a la situación
planteada en los Acuerdos Reparatorios, en el delito de estafa inmobiliaria que aflora
en la realidad del estado venezolano
“La Acusación Fiscal y cárcel por Estafa Inmobiliaria”, así se titula el artículo
publicado el Domingo 27 de febrero de (2011) en una nota de prensa del diario El
Universal por el Dr. Manuel Alfredo Rodríguez, abogado y profesor de la
universidad central de Venezuela, con el fin de orientar al lector que se de alguna
manera se ha visto inmerso en una situación de estafa inmobiliaria, aclarando los
conceptos de denuncia y de acusación fiscal en primer término.
Explicando el derecho que se establece en nuestra Carta Magna en el Art 49
de la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela, como lo es la
presunción de inocencia hasta ser condenado en juicio oral y público. Este artículo
señala para las victimas e imputados, la importancia de proponer de manera oportuna
un acuerdo Reparatorio y poner fin al proceso penal con la reparación del daño
causado a la víctima, de forma expedita y con la garantía de una tutela judicial
efectiva.
Este aporte del Dr. Manuel Rodríguez ayuda a evaluar la posible confusión
que pudieran presentar las victimas ante una situación de estafa inmobiliaria y lo
conducente a modo de contribuir a la solución expedita y garante de una tutela
judicial efectiva al obtener la reparación por el daño causado lo cual guarda
directamente relación con presente caso a evaluar.
José Luis Malaguera Rojas y Nelson Garrido Albornoz investigaron en el
(2009) sobre “Las víctimas dentro de los acuerdos Reparatorios en el proceso penal
venezolano” para optar al grado de especialistas en derecho penal en la universidad
de los andes.Las víctimas son sujetos dentro del proceso penal. Así, durante décadas
se han propuesto teorías entorno a ellas, para que su voz sea escuchada,
reafirmándose la idea de la reparación del daño en materia penal para las víctimas.
De manera que éste trabajo propone caracterizar a las víctimas, con el fin de
generar reflexiones que pudieran redundar sobre el desarrollo de una mejor política
criminal en nuestro contexto. Este articulo guarda relación con la presente
investigación aportando criterios al estudio realizado.
Fernández María Alejandra (2007), desarrolló una investigación titulada “El
Garantismo” dentro del sistema penal en Venezuela: Lineamientos para un nuevo
Código penal desde la perspectiva de la criminología Crítica”, a los fines de
establecer los lineamientos que deben ser considerados por el Legislador al momento
de elaborar un nuevo instrumento penal sustantivo.
Se trató básicamente de un estudio descriptivo, cuyos aportes son
fundamentales para esta investigación, al establecer que la Teoría del Garantismo
penal deviene de la propia Constitución Nacional y por ende, los demás instrumentos
penales deben procurar el respeto de los Derechos Humanos, lo cual es propio de un
Estado de Derecho que más que penalizar, busca alcanzar la convivencia pacífica y la
Humanización del Derecho.
El Dr. Pedro M. Arcaya R. Abogado Especialista en Derecho Penal e
Investigador en Ciencias Sociales, realizó un trabajo de investigación en el año
(2007) al que título Acuerdos Reparatorios, La investigación se caracterizó por ser de
tipo descriptivo-documental, con un diseño de tipo bibliográfico cuya población
objeto de estudio fue básicamente las normas Referentes a las medidas alternativas a
la prosecución del proceso contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
La finalidad fue aportar a los estudiosos del derecho, el análisis que realizo
de los Acuerdo Reparatorio, como un mecanismo novedoso y positivo a la solución
de conflictos judiciales en materia penal, donde señala la importancia que tienen
dentro de los procesos las soluciones expedita y con una tutela judicial efectiva,
además de destacar la importancia de la incidencia de un proceso penal para el
imputado desde el ámbito social, pues este sistema de solución de conflictos busca
una solución menos traumática y conserva al imputado su libertad personal y la
posibilidad de sobreseer la causa imputada.
3.2Bases Teóricas:
Independientemente del grado de desarrollo que hayan alcanzado los países,
existe una problemática común como son las vicisitudes que se enfrentan para lograr
el adecuado funcionamiento de la administración de justicia. Tradicionalmente se
acepta la función jurisdiccional como monopolio del estado y del juez como
funcionario del mismo; esto produjo un sinnúmero de consecuencias como la
congestión de los tribunales y como producto de ello, la impunidad en muchos casos,
esto es, la no solución o la solución inoportuna de las denuncias presentadas por los
ciudadanos.
De esta manera y en opinión de García (2004), la forma tradicional de impartir
justicia se manifiesta en una crisis estructural que le hace cada vez menos eficiente, el
proceso penal: representa otra forma alternativa de resolución de conflictos
consagrada por el Código Orgánico Procesal Penal que detiene el ejercicio de la
acción penal en favor del imputado, quien se somete, durante un plazo, a una prueba
en la cual deberá cumplir satisfactoriamente ciertas y determinadas obligaciones
contraídas e instrucciones que le imparta el tribunal.
En este orden de ideas, en sentencia de fecha 10 de enero de 2002, la Casación
Penal del Máximo Tribunal de la República dejó sentado las bases del sistema
acusatorio penal en los siguientes términos: “El sistema acusatorio contemplado en el
Código Orgánico Procesal Penal es de corte principista y no reglamentario, establece
una serie de principios fundamentales que van a servir como norte a las normas que
regulan los distintos institutos procesales. La anunciabilidad de un principio es
suficiente para que sistemáticamente en la misma ley procesal penal se le busque la
solución procedimental para salvaguardar el principio anunciado.
Jamás podría concluirse que algunos de los principios que constituyen reglas
del debido proceso dejen de aplicarse por carecer de procedimiento expreso que los
conduzca al conocimiento del tribunal”. Cabe destacar además, que el legislador
venezolano adoptó el sistema acusatorio como el idóneo para poder desarrollar en
efecto un sistema garantista, más humano; por todo lo antes expuesto es que resulta
una solución idónea la aplicación de acuerdos Reparatorios en los procesos del tipo
penal de estafa y especial la estafa inmobiliaria donde el daño causado pudiera ser
reparado sin la necesidad de procesos largos tediosos y costosos.
El Código Orgánico Procesal Penal introdujo además como novedad dentro
del proceso penal, la posibilidad celebrar los acuerdos Reparatorios y la admisión de
los hechos como algunos de los modos alternativos para la resolución del conflicto,
cosa que no preveía el Código de enjuiciamiento criminal y que constituyen una
muestra de la humanización del mismo, por lo que este instrumento procesal penal
representa
“…….un pase hacia una nueva era judicial, caracterizada por un sistema jurídico
novedoso, moderno desprovisto de vicios como la impunidad, el terrorismo y la
corrupción, amparado en este código cuyos principios y garantías promueven el
respeto y la defensa de los derechos humanos de los procesados” ( Morales, 2001:
124).
(Rosell, 2000:70). Ahora, si bien es cierto que, en este nuevo sistema penal
desde el punto de vista formal, se le da una mayor participación a la víctima, no es
menos cierto que en la práctica pareciera no dársele el tratamiento adecuado y la
participación que se le consagra en la ley, de modo que pueda intervenir en el proceso
y exponer sus puntos de vistas en relación a cómo le será resarcido el daño causado
por el autor del hecho punible, tomando en cuenta que la represión carcelaria del
victimario ocasiona mucho más daño a la sociedad por la actual y muy conocida
situación de los recintos; por lo tanto, deben emplearse efectivamente mecanismos de
sustitución de los intereses del estado, por el interés de la víctima, a fin de que se le
compense del perjuicio sufrido.
Los acuerdos Reparatorios, en opinión de Borrego (1999), dan lugar a la
extinción de la acción penal o a la suspensión del juicio hasta tanto se cumpla con el
compromiso Reparatorio, por lo cual tal evento puede ocurrir antes o después del
juicio. En este caso se da cabida a la iniciativa de las partes en conciliar y poner fin a
la controversia; en ambos casos, la voluntad de los interesados es relevante para dar
término al conflicto surgido, sobre todo porque el nuevo andamiaje procesal da un rol
destacado a la víctima.
De manera más progresiva la Constitución venezolana de (1999) reconoce a
los Medios Alternos de Resolución de Conflictos, señalando en su artículo 258 que a
través de la ley se promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualquier
otro medio alternativo para la resolución del conflicto, dándole con ello impulso a
estas vías alternativas.
En este sentido, cabe destacar que dentro de la resolución alternativa de los
conflictos penales, la victima adquiere relevante importancia, ya que en términos
sencillos, “…es quien ha sido dañada o afectada por la comisión de un hecho
calificado como punible por la legislación penal…”. (Han Chen, 1999, 89), o dicho
en otras palabras, es la persona natural o jurídica titular de bienes jurídicos lesionados
por el hecho punible.
La incorporación de los medios alternos ala resolución del conflicto en el
ámbito penal según Tocora (1997,41) “…alude a un modelo de justicia alterna que
parte de la base social (victima – victimario) pero sin desbordar los marcos
constitucionales”. En sí la incorporación de los medios alternativos se halla
enmarcada dentro de la filosofía de la justicia de restauración, esto es, como un
proceso donde las partes al someterse algún tipo de delito, resuelven colectivamente,
cómo abordar las consecuencias y sus implicaciones para el futuro.
3.3Conceptode Acuerdos Reparatorios.
(Blog Jurídico Dra. Vázquez Deyanira 2010)
El Acuerdo Reparatorio, es un convenio judicialmente aprobado por un
proceso penal concreto, entre quien figure como imputado y la víctima o víctimas del
delito juzgado, por lo cual, el primero se compromete a la reparación del daño
causado a la víctima, con el consecuente beneficio de la extinción de la acción penal.
Este acuerdo sin duda alguna, más que beneficiar al imputado, le reconoce a la
víctima su condición, ya que se procura que los culpables reparen los daños causados.
Con la procedencia de ésta Institución Procesal, se persigue en un primer
momento, indemnizar el daño causado a la víctima, Principio sustentado en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y en la Sentencia Nro.
543, de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia que al efecto
establece:
El interés entre la víctima y el imputado en celebrar el Acuerdo Reparatorio,
tiene como objeto la resolución alternativa del conflicto surgido, indemnizándose a la
víctima con una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción Penal,
que por razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos
largos y costosos.
3.4.- El Acuerdo para la Sala de Casación Penal
La Sentencia Número 345 del 02/07/2010, con el Magistrado ELADIO
RAMÓNAPONTE APONTE como Ponente, en el Exp. 2008-270, ha
conceptualizado que:
“… el acuerdo Reparatorio constituye una fórmula de autocomposición procesal que
extingue la acción penal por el resarcimiento del daño causado, y que opera sólo en
casos de delitos que afecten el patrimonio, siendo de mutuo acuerdo entre las partes,
extingue la acción penal y origina el sobreseimiento de la causa, por lo que su
materialización concluye con el resarcimiento del daño causado.”
3.5.-Los Acuerdos Reparatorios A La Luz Del Concepto De Reparación
Para Lino Videla Bustillos (2010)En este contexto, el ordenamiento jurídico
extrapenal aparece insuficientepara hacer frente a estos males, ya que ni el derecho
administrativo ni el derechocivil ofrecen una respuesta satisfactoria como instancias
de protección, recurriendoel legislador al Derecho Penal para enfrentar estos peligros
y recomponer la seguridad perdida por la sociedad, todo dado por su hipotética
efectividad.
3.6.- Las Salidas Alternativas
Las salidas alternativas son aquellas formas en que el Estado responde de
maneradiferente al proceso penal y a la aplicación de una pena. Representa una
respuestade menor contenido represivo, pero de mayor calidad si lo comparamos con
unapena privativa de libertad, ya que cumple con mayor certeza con el
carácterresocializador al que un sistema penal debe aspirar.
El concepto de salidas alternativas engloba mecanismos con
objetivosdiferentes: de selección de casos, de simplificación procesal y de solución
deconflictos sociales sobre la base de una alternativa a la persecución penaltradicional
y a la aplicación de una pena como consecuencia de ella.
Los mecanismos de solución de conflictos penales, que son diferentes ala
respuesta tradicional que significa la persecución penal y la posterior aplicaciónde
una pena, son las denominadas salidas alternativas propiamente, tales,
quecorresponden a la suspensión condicional del procedimiento (artículo 371 COPP)
ya los Acuerdos Reparatorios (artículo 41 COPP).
Ambas instituciones representan uncambio radical en la forma de enfrentar el
conflicto penal. Se oponen al principiotradicional que rige nuestro sistema procesal
penal, cual es la legalidad procesal, laque hasta la reforma del 1998 no reconocía la
existencia de fórmulas y mecanismosinformales de resolución de conflictos, como
son las tratativas y negociaciones delos abogados de las partes fuera de la sede
judicial, y que generalmente terminabancon el conflicto.
3.7-Procedencia de los Acuerdos Reparatorios.
Se encuentran establecidos en el Art. 41 del (C.O.P.P) venezolano. El
imputado y la víctima podránconvenir acuerdos Reparatorios, los que el juez
aprobará, desde la fase preparatoriaen audiencia, a la que citará a los intervinientes
para escuchar susplanteamientos, si verificare que los concurrentes al
acuerdohubieren prestado su consentimiento en formalibre y con plenoconocimiento
de sus derechos.
Los acuerdos Reparatorios sólo podrán referirse a hechosinvestigados que
afectaren bienes jurídicos disponibles de carácterpatrimonial, consistieren en lesiones
menos graves oconstituyerendelitos culposos.En consecuencia, de oficio o a petición
del Ministerio Público, eljuez negará aprobación a los acuerdos Reparatorios
convenidos que consideren contrarios al espíritu del legislador, es decir, cuando
vulneran o lesionan derechos.
En caso de que el acuerdo Reparatorio se efectúe después que el fiscal del
Ministerio Público haya presentado la acusación, y ésta haya sido admitida, se
requerirá que el imputado, en la audiencia preliminar, o antes de la apertura del
debate, si se trata de un procedimiento abreviado, admita los hechos objeto de la
acusación. De incumplir el acuerdo, el juez pasará a dictar la sentencia condenatoria,
conforme al procedimiento por admisión de los hechos
La posición de los germanos Sessar, Frehsee y Roxin,quienes consideran la
reparación como tercera vía del derecho penal o sanciónautónoma dentro del sistema
penal. Sessar plantea que la reparación tienecaracterísticas de sanción con rasgos
punitivos y por ello podríaconsiderarse comouna sanción autónoma dentro del
sistema penal. Para él lo determinante seríaestablecer si en el conflicto penal se
encuentra comprometido un interés privado opúblico.
Debe entender por interés público prevalente, nosotros lo concebimos como la
concurrencia de determinadas circunstancias que, tenidas a la vista y analizadas en el
caso concreto, llevan al juez de garantía a decidir que debe preponderar la
persecución penal por sobre el interés de las partes, debiendo estas circunstancias
obedecer a criterios objetivos y generales.
Pues, como señala Juan Fernández Carrasquilla (1998).
“Dicha protección no es solamente la principal aspiración y primordialnecesidad
jurídico social de la persona, sino igualmente el más destacado e intenso de los
deberes sociales del estado”.
Acuerdos Reparatorios no es un nombre, ni un simple fin de la ley, sino un
fenómeno real de la vida socio-jurídica. Si se le confunde con la simpleratio legis (el
fin, cualquiera que la ley persiga y que no-faltanunca en una ley), se actúa en un
plano de extremo positivismojurídico que no pone barreras a la actividad legislativa
porquese trata de un concepto que la misma ley crea y no de algoque la trascienda y
de alguna manera preexista y predetermine”
3.8.- CONCEPTOS
A- Proceso
Es la secuencia, el desenvolvimiento de una lucha de intereses (dialéctica), la
sucesión de momentos en que se realiza un acto jurídico. Conjunto de actuaciones
que realiza un tribunal de justicia en un procedimiento judicial desde su inicio hasta
que se dicta sentencia.
B- Procedimiento
Conjunto de formalidades o normas reguladoras que deben ser seguidas para
someter una pretensión a la justicia.Modo de proceder en justicia, o formas y trámites
solemnes con que se proponen, discuten y resuelven las pretensiones de los litigantes
ante los tribunales o ante las autoridades administrativas. Esencialmente estos
procedimientos son cuatro: el civil, el laboral, el penal y el administrativo.
C- Actos de Autocomposición Procesal.
Son los actos a que se someten las partes en un proceso de forma voluntaria y
para poner fin al proceso.Si bien la fase cognoscitiva del proceso concluye
generalmente por la sentencia definitiva, también puede terminar mediante actos de
auto-composición procesal, estos son, las voluntades unilaterales o bilaterales de las
partes que la ley atribuye eficacia de cosa juzgada luego que queda definitivamente la
homologación del Tribunal, siempre y cuando no traten de materias en las que estén
prohibidas las transacciones, entre las que se hallan, el convenimiento, que dará lugar
al acuerdo Reparatorio que finalmente pondrá fin al proceso.
3.9.Objeto del Procedimiento de los Acuerdos Reparatorios como Forma de
Autocomposición Procesal.
El Acuerdo Reparatorio es una alternativa a la prosecución del proceso
dispuesta en el Código Orgánico Procesal Penal, concedido a la víctima de delitos
con el objeto de remediar, sin la intervención del Estado, el conflicto penal en el cual
resulta perjudicada. Asimismo, es el modo del imputado de resarcir el daño a la
víctima y sustraerse de la investigación y consecuente sanción penal. Así lo ha
determinado la Sala de Casación Penal, en sentencia Número 543, de fecha 03 de
mayo de 2000, en ponencia del Magistrado Jorge RosellSenhenn, en los términos
que siguen:
El interés entre la víctima y el imputado en celebrar el Acuerdo Reparatorio,
tiene como objeto solucionar el conflicto surgido, indemnizándose a la víctima con
una justa reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por
razones de economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y
costosos.
La procedencia o no de recursos, en contra de las decisiones que se dicten con
motivo de la aplicación del procedimiento que por acuerdos Reparatorios celebren la
víctima y el imputado, radica en el hecho de que dichas decisiones pudieran ser
dictadas en violación de la ley, tanto en su forma como en el fondo.
3.10.- COMPARACIÓN DE LOS ACUERDOS REPARATORIOS EN EL
COPP 2009 Y COPP 2012
COPP (2009) Artículo 40
El Juez o Jueza podrá, desde la fase preparatoria, aprobar Acuerdos
Reparatorios entre el imputado o imputada y la víctima, cuando:El hecho punible
recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. O
cuando se trate de delitos culposos contra las personas, que no hayan ocasionado la
muerte o afectado en forma permanente y grave la integridad física de las personas.
Sólo se podrá aprobar un nuevo Acuerdo Reparatorio a favor del imputado o
imputada, después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de un
anterior acuerdo. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del
Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos y
ciudadanas a quienes les hayan sido aprobados Acuerdos Reparatorios y la fecha de
su realización.
En caso de que el Acuerdo Reparatorio se efectúe después que el o la Fiscal
del Ministerio Público haya presentado la acusación, y ésta haya sido admitida, se
requerirá que el imputado o imputada, en la audiencia preliminar, o antes de la
apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado, admita los hechos
objeto de la acusación.
De incumplir el acuerdo, el Juez o Jueza pasará a dictar la sentencia
condenatoria, conforme al procedimiento por admisión de los hechos, pero sin la
rebaja de pena establecida en el mismo. A tal efecto, el Tribunal Supremo de Justicia,
a través del órgano del Poder Judicial que designe, llevará un registro automatizado
de los ciudadanos y ciudadanas a quienes les hayan sido aprobados Acuerdos
Reparatorios y la fecha de su realización.
COPP 2012Vigencia Anticipada (Artículo 41.) El Juez o Jueza podrá,
desde la fase preparatoria, aprobar Acuerdos Reparatorios entre el imputado o
imputada y la víctima, cuando:El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes
jurídicos disponibles de carácter patrimonial. O cuando se trate de delitos culposos
contra las personas.
En el supuesto previsto en el numeral primero de este artículo, sólo se podrá
aprobar un nuevo Acuerdo Reparatorio a favor del imputado o imputada, después de
transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de un anterior acuerdo. A tal
efecto, el Tribunal Supremo de Justicia, a través del órgano del Poder Judicial que
designe, llevará un registro automatizado de los ciudadanos y ciudadanas a quienes
les hayan sido aprobados Acuerdos Reparatorios y la fecha de su realización. …
En caso de que el Acuerdo Reparatorio se efectúe después que el o la Fiscal
del Ministerio Público haya presentado la acusación, y ésta haya sido admitida, se
requerirá que el imputado o imputada, en la audiencia preliminar, o antes de la
apertura del debate, si se trata de un procedimiento abreviado, admita los hechos
objeto de la acusación. De incumplir el acuerdo, el Juez o Jueza pasará a dictar la
sentencia condenatoria, conforme al procedimiento por admisión de los hechos.
COPP 2009 (Artículo 376)El procedimiento por admisión de los hechos
procederá en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación o ante el
tribunal unipersonal de juicio una vez admitida la acusación y antes de la apertura del
debate. En caso de que el juzgamiento corresponda a un tribunal mixto, el acusado o
acusada podrá solicitar el presente procedimiento una vez admitida la acusación y
hasta antes de la constitución del tribunal.
El Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto al
procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra. El acusado o
acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento, para lo cual admitirá
los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al tribunal la imposición
inmediata de la pena respectiva. En estos casos, el Juez o Jueza deberá rebajar la pena
aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya debido imponerse,
atendidas todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado
y el daño social causado, motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas, y
en los casos de delitos contra el patrimonio público o de los previstos en la ley que
regula la materia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, cuya pena exceda de 8
años en su límite máximo, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar la pena aplicable hasta
un tercio. En los supuestos a que se refiere el párrafo anterior, la sentencia dictada por
el Juez o Jueza, no podrá imponer una pena inferior al límite mínimo de aquella que
establece la ley para el delito correspondiente.
COPP 2012 Artículo 375. EI procedimiento por admisión de los hechos tendrá
lugar desde la audiencia preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la
recepción de pruebas. EI Juez o Jueza deberá informar al acusado o acusada respecto
al procedimiento por admisión de los hechos, concediéndole la palabra.
EI acusado o acusada podrá solicitar la aplicación del presente procedimiento,
para lo cual admitirá los hechos objeto del proceso en su totalidad y solicitará al
tribunal la imposición inmediata de la pena respectiva. En estos casos; el Juez o Jueza
podrá rebajar la pena aplicable al delito desde un tercio a la mitad de la pena que haya
debido imponerse, pudiendo cambiar la calificación jurídica del delito, atendidas
todas las circunstancias, tomando en consideración el bien jurídico afectado y el daño
social causado y motivando adecuadamente la pena impuesta.
Si se trata de delitos en los cuales haya habido violencia contra las personas
cuya pena exceda de ocho años en su límite máximo, y en los casos de delitos de:
homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e
indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes;
Secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio
público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación
de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad
de víctimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos,
lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y
crímenes de guerra, el Juez o Jueza sólo podrá rebajar hasta un tercio de la pena
aplicable.
COPP 2012 (Artículo 367). Hasta cinco días antes de la fecha fijada para la
celebración de la audiencia preliminar, el fiscal o la fiscal, la víctima, siempre que se
haya querellado o presentado una acusación particular propia, y el imputado o
imputada, podrán realizar por escrito los actos y cargas procesales previstos en el
artículo 311 de este Código.
La imposición o revocación de una medida de coerción personal, la aplicación
de las Fórmulas Alternativas a la Prosecución del Proceso, la solicitud de aplicación
del procedimiento por Admisión de los Hechos; y la proposición de pruebas que
podrían ser objeto de estipulación entre las partes; podrán ser igualmente planteadas
de forma oral al momento de llevarse a cabo el desarrollo de la audiencia preliminar,
las cuales serán resueltas por el Juez o Jueza de Instancia Municipal al término de la
audiencia preliminar.
3.11.- Importancia de Los acuerdos Reparatorios.
El Código Orgánico Procesal Penal, consagra la figura del Acuerdo
Reparatorio cuya aplicación implica que el proceso penal ya iniciado se suspenda
durante un periodo de 3 meses y su cumplimiento extinguirá la acción penal causara
la reparación a la víctima, el daño causado.
En cuanto a los recursos, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo
de Justicia, en sentencia N° 543, del 03-05- 2000, consideró que: “El interés entre la
víctima y el imputado en celebrar el Acuerdo Reparatorio, tiene como objeto la
resolución alternativa del conflicto surgido indemnizándose a la víctima con una justa
reparación, además de lograrse la extinción de la acción penal, que por razones de
economía procesal, constituye una solución para evitar procesos largos y costosos...”
3.12.-Oportunidad Procesal: Los acuerdos Reparatorios pueden aprobarse por el órgano jurisdiccional,
desde la fase preparatoria hasta la intermedia. En caso de haber sido propuestos en la
fase de investigación, es pertinente que la misma esté suficientemente adelantada y
que exista una imputación por parte del Ministerio Público.
El Juez debe verificar que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su
consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos, y que
efectivamente se está en presencia de un hecho punible respecto al cual procede. El
Fiscal del Ministerio Público a cargo de la investigación, debe emitir previamente a la
aprobación del Acuerdo Reparatorio, su opinión motivada.
En caso de que el Acuerdo Reparatorio se efectúe después de que el
representante del ministerio público haya presentado la acusación, y ésta haya sido
admitida, se requerirá que el imputado en la audiencia preliminar, o antes de la
apertura del debate, en caso de un procedimiento abreviado, admita los hechos objeto
de la acusación y sólo se podrá celebrar un nuevo Acuerdo Reparatorio a favor del
imputado, después de transcurridos tres años desde la fecha de cumplimiento de uno
anterior.
En el art 41 de C.O.P.P. en concordancia con el art.361 (incumplimiento)y el
Art. 371 (la admisión de hechos) se establece que desde la fase preparatoria del
proceso el juez podrá acordar los acuerdos Reparatorios, pero no establece hasta que
fase tiene el juez la facultad para homologar estos acuerdos, de donde se infiere que
es hasta la fase intermedia. (Audiencia Preliminar)
En relación a lo establecido en el art. 371 al parecer existe una laguna en la
norma, pues, si se trata de un hecho donde no se admitió la acusación fiscal, y se
homologa el acuerdo en la audiencia de presentación, lo conducente seria la
continuidad del proceso si incumpliera el acuerdo, para que el imputado tenga un
juicio oral y público y el derecho a la defensa, y solo debería quedar la dispositiva de
una sentencia condenatoria en el caso de la admisión de hechos, después de admitida
la acusación fiscal. Pues¿cuál sería entonces la diferencia de proponer el acuerdo en
una oportunidad u otra?, es decir, antes o después de la acusación fiscal.
3.13-Efectos y Recursos:
El cumplimiento del Acuerdo Reparatorio, extinguirá la acción penal con
respecto del imputado que hubiere intervenido en él. Cuando existan varios
imputados o víctimas, el proceso continuará en relación a los que no hayan
concurrido al acuerdo. (Art. 41C.O.P.P aparte sexto).
En caso de que existan plazos para la reparación o dependa de hechos o
conductas futuras, se suspenderá el proceso hasta la reparación efectiva o el
cumplimiento total de la reparación. Dicha suspensión sólo procede hasta por el lapso
de tres meses, de no cumplir el imputado en dicho término, sin causa justificada, a
juicio del tribunal, el proceso continuará.
En aquellos casos en que se incumple el acuerdo que se hubiere realizado
después de admitida la acusación fiscal o antes de abrir el debate, si se trata de un
procedimiento abreviado, el juez procederá a dictar la sentencia condenatoria
correspondiente, fundamentada en la admisión de los hechos realizada por el
imputado, conforme al procedimiento por admisión de los hechos, pero sin la rebaja
de la pena establecida en el mismo.
En el supuesto de incumplimiento, los pagos y prestaciones efectuados no
serán restituidos, pero cuando el caso se contrario y el juez decrete el sobreseimiento
de la causa, sobre esta decisión se escuchara recurso de apelación por parte de la
víctima, si este sobreseimiento le lesiona sus derechos.
3.14.-Consideraciones:
En el caso que nos ocupa, acuerdos Reparatorios en el delito de estafa
inmobiliaria encontramos que en los años 2010 / 2011 El ministerio Publico Imputo
gran cantidad de personas dedicadas a la construcción, por este delito y fue después
que ocurrió este hecho que se sanciona una ley especial para este tipo penal.
Por otro lado cabe destacar que la mayoría de los imputados fueron privadas
de libertad y acusados antes de materializar ante el tribunal el acuerdo Reparatorio
para ser homologado, muy a pesar de que esta forma alternativa de prosecución del
proceso puede ser acordado desde la fase preparatoria a fin de dar celeridad y
economía procesal.
LaLey estafa inmobiliaria fue publicada en Gaceta Oficial Nº 39.912,de fecha
30 de abril de 2012 del año 2011"La Ley tiene como objeto establecer un conjunto
de normas dirigidas a regular, controlar y sancionar la construcción, venta, preventa,
permisología y protocolización de viviendas; considerando el proceso de la
construcción y todos los convenios entre particulares, cualquiera sea su denominación
contractual".
Las disposiciones contenidas en la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria buscan
sancionar el delito de estafa y otros fraudes del sector inmobiliario;Según la Ley, la
Dirección General de Gestión del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat, es la
responsable de ejercer la regulación, control y sanciones, es un nuevo organismo que
se crea.
La estafa como tipo penal constituye la condición dolosa de obtener un
provecho injusto en perjuicio de otro, mediante artificios, artimañas con el fin de
engañar a la víctima aprovechándose de la buena fe y así obtener el fin deseado de
estafar ofreciendo algo material que no se podrá cumplir.
En Venezuela el delito de estafa constituye desde hace algún tiempo una
problemática en el sector de viviendas debido al déficit que existe en el país, para este
rubro, por tal motivo el ministerio público se encargó de investigar las múltiples
denuncias que surgían por este flagelo, arropando en sus procedimientos tanto a
culpables como inocentes a quienes se les brindo la posibilidad de resolver mediante
Acuerdos Reparatorios o tomando la vía de un juicio penal.
"Ciertamente muchos constructores generan retraso en la entrega de
condominios”
Roberto Orta, presidente de Apiur, y Roberto León Parilli, presidente de
Anauco, aseveraron que la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria trae como consecuencia
la desaparición de la inversión privada en el país, En cuanto al tema de la entrega de
la construcción señaló que es posible terminar una obra en dos años, pero en otras no,
de acuerdo al tamaño y las proporciones de la misma y menos con las condiciones
actuales de escasezde materiales y problemática en la permisología.
“Esta es una ley que centraliza toda la permisología, aparte de todo los
permisos que hay que solicitar ante la alcaldía, tienen que acudir a una dirección
general de gestión de viviendas para que de la permisología final de la construcción”,
resaltó.
Enrelación a lo antes expuestos podemos inferir que ahora es mucho más
complicado hacer construcciones y que esta es una ley sansonatoria del constructor,
sin que estén las condiciones dadas para que las empresas de construcción puedan
cumplir con lo establecido en la ley con lo cual corren el riesgo de multas millonarias
y sanciones de coerción personal con lo cual les obligan a asumir o ir a juicio para
solucionar la situación de imputación en la que pueden incurrir sin haber tenido la
intención de estafar.
Esta ley señala que cualquier trabajador de una empresa constructora tendrá
responsabilidad penal, y se plantea la hipótesis de la subordinación laboral,¿dónde
queda? además con que patrimonio responde un empleado que no ha cobrado
cantidades de dinero, ni tiene injerencia en la administración de la empresa y actúa
por órdenes superiores, subordinación laboral.
En su informe anual del (2012) La fiscal superior Rosa Ortega Díaz anuncio
que en el año 2011, el Ministerio Público investiga mil veintiocho (1.028) causas, y
ha solicitado dos mil cincuenta y cuatro (2.054) medidas reales contra bienes de
distintas empresas y de sus accionistas, para garantizar a las víctimas afectadas la
restitución, reparación y la indemnización de los daños ocasionados como
consecuencia de este delito, privilegiando la aplicación de Acuerdos Reparatorios.
Con respecto a las ventas programadas, se atendieron con prontitud las
denuncias de más de tres mil (3.000) afectados en todo el territorio nacional y se
logró� que en la mayoría de los casos recibieran sus bienes o se les reintegrara su
inversión a partir de los Acuerdos Reparatorios.
En relación a la cifra investigada por este delito en el año 2012, parece
inexistente, pues no lo menciona en el informe anual que emitió la fiscal superior en
el año 2013, ya que emite pronunciamiento de los delitos investigados, procesados,
penados y a quienes se les otorgo medidas sustitutivas de privativa de libertad sin
pronunciarse nada de los delitos de estafa inmobiliaria.
3.15.-Bases Jurídicas:
Fundamento Constitucional de los Medios Alternativos de Solución de
Conflictos
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada en
1999, promueve el uso de los MASC, en los siguientes términos. El artículo 258 de la
Constitución de 1999 establece que: "La ley organizará la justicia de paz en las
comunidades. Los Jueces o juezas de paz serán elegidos o elegidas por votación
universal, directa y secreta conforme a la ley". La ley promoverá el arbitraje, la
conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para la solución
de conflictos".
Esta norma toma la generalidad de la doctrina en derecho comparado relativa
a los medios alternativos extrajudiciales para la solución de conflictos, la cual señala
entre los principales medios de esta naturaleza a la negociación, la mediación, la
conciliación y el arbitraje.
Además, constitucionalmente se incorporan al Sistema de Justicia, los medios
alternativos para la resolución de controversias, en el último aparte del artículo 253
de la Constitución cuando establece que "El sistema de justicia está constituido por el
Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley, el Ministerio
Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y
funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia,
los ciudadanos que participen en la administración de justicia conforme a la ley y los
abogados autorizados para el ejercicio"
La Constitución crea estructuralmente el Sistema de Justicia, que tiene como
soporte el principio de que la potestad de administrar justicia descansa en los
derechos de soberanía que radica en el pueblo. Así lo dice la Exposición de Motivos
de la Constitución, “que sobre esta base se constituye el sistema de justicia."
(Rivas, 2002), como puede observarse en la conformación estructural del
sistema de justicia, interviene una pluralidad de componentes de distintos órganos del
Poder Público y está igualmente presente la participación ciudadana, con cuyo
engranaje se busca alcanzar el concurso, la colaboración y la coordinación de tareas
por parte de sus integrantes a efectos de dar coherencia y eficacia para lograr la
justicia, que demanda un colectivo nacional en un Estado de Derecho.
C.O.P.P. 2012 Artículo 41. El Juez o Jueza podrá, desde la fase preparatoria, aprobar Acuerdos Reparatorios entre el imputado o imputada y la víctima, cuando: 1. El hecho punible recaiga exclusivamente sobre bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial. 2. Cuando se trate de delitos culposos contra las personas. En el supuesto previsto en
el numeral primero de este artículo, sólo se podrá aprobar un nuevo Acuerdo
Reparatorio a favor del imputado o imputada, después de transcurridos tres años
desde la fecha del
La Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, que entró en vigencia el 30 de abril de
2012 mediante publicación en Gaceta Oficial Nº 39.912 del este nuevo texto legal
frenará aún más la construcción de nuevos proyectos en el país, donde el déficit
habitacional se incrementa cada año sin que pueda cubrirse la demanda.
La Sentencia Número 577 de la Sala de Casación Penal del 17/11/2009, de la
Dra. MIRIAM MORANDY MIJARES como Ponente, Exp. C09-288, en relación con
que el Juez en Funciones de Control no realizó una audiencia especial para oír al
imputado y enterarse de si éste estaba o no en la capacidad de cumplir con el Acuerdo
Reparatorio:
“… Es claro en cuanto a la forma y oportunidad en que el juez de control dictará la
sentencia en razón del incumplimiento del Acuerdo Reparatorio, la cual será
condenatoria, tomando en consideración la admisión de los hechos y el
incumplimiento de dicho acuerdo…………………………………………………..”
Las Cortes de Apelaciones, Casación Penal y Acuerdos Reparatorios
La Sentencia Número 667 de la Sala de Casación Penal, Expediente Nº C09-
374 de fecha 16/12/2009, nos habla de los Acuerdos Reparatorios y el recurso de
casación: “... una vez homologado el Acuerdo Reparatorio y revisado el fallo por la
Corte de Apelaciones sobre la legalidad, dicho acuerdo adquiere el carácter de
sentencia definitiva, pero no es recurrible en casación, porque admitirlo sería
impugnar el consentimiento libre de las partes asumido con plena conciencia de los
derechos involucrados.”
Otra Sentencia, la Número 625 de la Sala de Casación Penal, Expediente Nº C09-398
de fecha 04/12/2009, nos comenta sobre la Denuncia por infracción de la Corte de
Apelaciones sobre la procedencia del Acuerdo Reparatorio en dicha instancia:
“... la recurrente alega la falta de aplicación del artículo 40, primer aparte, ordinal 1º
del Código Orgánico Procesal Penal vigente (para la época), por parte de la recurrida.
Dicho artículo se encuentra establecido en el Libro Primero, Título I, Capítulo III del
Código Orgánico Procesal Penal, correspondiente a las “Alternativas a la prosecución
del proceso”, específicamente a los “Acuerdos Reparatorios”.
Esta norma no puede ser aplicada por las Cortes de Apelaciones, toda vez que
su atención corresponde a los Tribunales de Primera Instancia en fase preparatoria, y
cuando el Fiscal del Ministerio Público haya presentado la acusación, y ésta haya sido
admitida en la audiencia preliminar, o antes de la apertura del debate, si se trata de un
procedimiento abreviado. Además, en el presente caso, no fue denunciada como
vulnerada por el Tribunal de Control, ante el Órgano Colegiado, razón por la cual no
hubo pronunciamiento por parte de la recurrida.”
Finalmente, debo destacar la Sentencia, la Número 785 de la Sala de Casación Penal,
Expediente Nº Exp. 03-2841, de fecha 06/05/2005, la cual señala:
“…la tutela judicial efectiva garantiza a las partes la posibilidad de interponer los
recursos establecidos en la Ley, la procedencia o no de los recursos contra la decisión
que se dicte con ocasión de los Acuerdos Reparatorios celebrados entre la víctima y
el imputado, radica en el hecho de que la referida decisión pudiera ser dictada en
violación de la ley, en tal sentido, tal como lo sostuvo el a quo dicha decisión está
sujeta al control jurisdiccional de alzada…”
3.16.- Definiciones Básicas.
a.-Formas Alternativas De Prosecución Del Proceso:Son medios alternos que
buscan solucionar conflictos entre partes, con la mínima intervención del estado, pero
con la tutela judicial efectiva, a través de la homologación de un tribunal, esta tiene
fuerza de cosa juzgada y extingue el proceso penal con respecto al imputado que
hubiere participado en el.
b.-Tutela Judicial Efectiva: Es la garantía que ofrece el Estado a la víctima
en forma efectiva, al hacer valer su derecho de ser indemnizarla como forma de para
reparar el daño que le fue causado por este. La homologación del acuerdo que haga el
juez tiene fuerza de sentencia.
c.- Estafa: La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. En el ámbito de
tipo penal de estafa, consiste en el engaño, artificio o medio utilizado por personas
capaces de engañar o sorprender la buena fe de otros, procurando para sí o para otro
un provecho injusto con perjuicio ajeno.
d.- Estafa Inmobiliaria: La Estafa inmobiliaria es un tipo penal, que para estar
presente se requiere que se tenga la disposición del bien inmueble, tener vigente
para ello el contrato de compraventa y transmisión de la propiedad de forma ilegal.
Esta definición está establecida en la ley contra estafa inmobiliaria.
e.- Inmuebles: Son todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener
de común la circunstancia de estar íntimamente ligados al suelo, unidos de modo
inseparable, física o jurídicamente, al terreno, tales como las parcelas, urbanizadas o
no, casas, naves industriales, fincas, entre otras. Esta definición también la
encontramos en la Ley Contra La Estafa Inmobiliaria.
f.- Promotores de Viviendas: Son promotores de viviendas, para los efectos de la
Ley Especial Contra La Estafa Inmobiliaria, todas aquellas personas que se
encarguen de gestionar todo lo relacionado con los clientes, en la venta y preventa de
viviendas. (Aunque solo se mantenga una relación laboral de subordinación se tiene
responsabilidad penal.)
g.- Vivienda:La viviendaes una edificación cuya principal función es ofrecer refugio
y habitación a las personas, protegiéndoles de las inclemencias climáticas y de otras
amenazas naturales. Para los efectos de la Ley Especial Contra La Estafa
Inmobiliaria.
CAPITULO IV
FACES METODOLOGICAS
3.1 Tipo Y Diseño De La Investigación
Este es un tipo documental descriptivo. Según Hernández Sampieri, R.
(2005) este tipo de investigación tiene como principal objetivo “especificar las
propiedades, las características y los perfiles importantes, de personas, Grupos, o
cualquier otro fenómeno que se someta a su análisis” (pg. 117).
Por otra parte en el estudio documental, se cotejan los instrumentos
recopilados, de manera jerárquica en cuanto a los mismo, con el objeto de precisar la
vigencia de las normas y la relación objetiva del tema de estudio, en este sentido
Arias, (1999) señala que la investigación: “es aquella que basa en la obtención o
análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos”
(Pg. 49).
Del mismo modo se utiliza un diseño de investigación de campo transversal,
en este sentido Sabino, C. (2000) expone que este diseño: “Se basa en informaciones
o datos primarios obtenidos directamente de la realidad” ( Pg. 47).
3.2 Técnicas E Instrumentos De Recolección De Datos
Según Sabino, C. (2000) las técnicas e instrumentos de recolección de datos:
Son en principio cualquier recurso del que se vale el investigador para acercarse a los
fenómenos y extraer de ellos información. Su forma está dada por las técnicas para
recoger datos y su contenido es la especificación de los datos que queremos
conseguir.
3.3En cuanto a las técnicas que facilitaran el desarrollo de la investigación
están:
La revisión bibliográfica-documental sobre textos, expedientes y
Jurisprudencias relativas a la materia objeto de estudio para fundamentar la
investigación, en relación al estudio de campo se obtendrá de las declaraciones de los
imputados contenidas en los expedientes y sus defensas técnicas empleadas por los
abogados en las audiencias que estén contenidas en los mismos expedientes, en el
análisis documental se empleara en la legislación jurídica vigente y la comparación
con la legislación anterior, en cuanto a los cambios efectuados para la aplicación de
los Acuerdos Reparatorios.
La jurisprudencia en el tema, para evaluar las decisiones vinculantes en los
Acuerdos Reparatorios en cuanto a la importancia que los jueces atribuyen a esta
figura en la solución de conflictos penales y en especial Acuerdos Reparatorios
celebrados en el delito de estafa inmobiliaria.
� 3.3.A .- Fase I. de la investigación. Evaluar la modificación realizada al
Código Orgánico Procesal Penal de Junio del 2012 en materia de Acuerdos
Reparatorios. En esta fase se destacan los aspectos más importantes en cuanto a la
incorporación novedosa en los artículos relativos al Acuerdo Reparatorio desde un
perspectiva genérica.
� 3.2.B.- Fase II. de la investigación.Estudiar el delito de Estafa Inmobiliaria
y su impacto social en la realidad del país y La Violación al Principio de Legalidad.
Aquí se destacan los aspectos más relevantes en el delito de estafa inmobiliaria en
cuanto aplicación de la legislación venezolana como salida a la medida impuesta por
el ministerio público y las garantías del debido proceso para los imputados y las
víctimas de este delito penal.
� 3.2.C.- Fase III. de la investigación.Determinar el Efecto Jurídico y Alcance
del Acuerdo Reparatorioen el proceso penal, en los casos de delitos de estafa
inmobiliaria para el estado Venezolano, La Víctima y El Imputado. En estos casos
de delitos de estafa inmobiliaria, en esta fase de la investigación se determina el
alcance que se obtiene mediante la homologación del Acuerdo Reparatorio tanto
para la víctima como el imputado y lo que obtiene el estado venezolano al permitir
este tipo de justicia como forma alternativa de prosecución del proceso penal.
CAPITULO V
RESULTADOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
En este capítulo, se sintetizara la investigación realizada, en función a las fases
desarrolladas en el trabajo de investigación, con miras a la ejecución del objetivo
general;Analizar los efectos jurídicos y el alcance que logran los Acuerdos
Reparatorios en el proceso penal venezolano, en especial, en delitos como la estafa
inmobiliaria.
5.1. Resultados.
(a) Fase I.Evaluar la modificación realizada al Código Orgánico Procesal Penal
de Junio del 2012 en materia de Acuerdos Reparatorios. En la reforma realizada
al COPP en el año 2012, se puede observar que en el artículo que se hace referencia
al Acuerdo Reparatorio, Art. (41), se modifica de la siguiente manera.
La norma establece la figura de Acuerdos Reparatorios para todos los delitos
que puedan ser reparados, con la condición que sean delitos culposos, aunque se
haya causado la muerte, es decir, amplia la posibilidad de hacer acuerdos
Reparatorios, en casos donde, cuyos delitos culposos, hayan causado la muerte e
inclusive, hayan afectado en forma permanente y grave la integridad física de las
personas, pues se excluye el texto que expresamente lo prohibía.
También se limitaba al imputado, que tenía que admitir hechos, si la acusación
fiscal era presentada antes de proponer el acuerdo, pero esta admisión no daba lugar a
la rebaja correspondiente por ley. Al admitir los hechos en la actualidad, con la
reforma, si da lugar a que le otorguen rebaja de la pena de 1/3 a la mitad en caso de
no cumplir con el acuerdo homologado y sea condenado el imputado.
Se limitaba al imputado, que tenía que admitir hechos, si la acusación fiscal
era presentada antes de proponer el acuerdo, esta admisión no daba lugar a la rebaja
de pena correspondiente por ley cuando se incumplía el acuerdo, al admitir los hechos
después de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (C.O.P.P.) del 2012, si le
otorgan al acusado la rebaja de 1/3 a un 1/2 de la pena que haya debido imponerse
para los casos que no logran cumplir con el Acuerdo Reparatorio.
EI procedimiento por admisión de los hechos tendrá lugar desde la audiencia
preliminar una vez admitida la acusación, hasta antes de la recepción de pruebas
prolongando el lapso para admitir hechos, que anterior a la reforma solo se podía
admitir hasta antes de la constitución del tribunal de juicio unipersonal.
Después de la reforma del C.O.P.P., los tribunales se constituyen
unipersonales y no mixtos, lo cual busca una vía más expedita en el desarrollo del
juzgamiento; los delitos a los cuales el juez solo debe aplicar un tercio de la rebaja de
la pena, están especificados y en el caso de la estafa inmobiliaria limita el hecho de
que existan multiplicidad de víctimas a que le sea aplicado solo un tercio de la rebaja
de la pena aplicable.
El art. 311 del C.O.P.P., en los ordinales2, 3 y 4, se establece la posibilidad
de que el imputado pueda, hasta 5 días antes del vencimiento del plazo fijado para la
celebración de la Audiencia Preliminar; solicitar la imposición de una medida
cautelar; solicitar la aplicación del procedimiento por admisión de hechos y/o
proponer Acuerdos Reparatorios.
Esta norma es poco aplicada en el delito de estafa inmobiliaria en virtud del
desconocimiento de los abogados, quienes por lo general, esperan la acusación para
proponer el Acuerdo Reparatorio, pudiendo evitar que sus defendidos sean privados
de libertad o en su defecto, sean privados el menor tiempo posible.
(b) Fase II.Estudiar el delito de Estafa Inmobiliaria y su impacto social en la
realidad del país y La Violación al Principio de Legalidad. Podemos señalar que
en los años 2012, en su informe anual la fiscal superior Rosa Ortega Díaz anuncio
que en el año2011, el Ministerio Público investiga mil veintiocho (1.028) causas, y ha
solicitado dos mil cincuenta y cuatro (2.054) medidas contra bienes de distintas
empresas y de sus accionistas, para garantizar a las víctimas afectadas la restitución,
reparación y la indemnización de los daños ocasionados, como consecuencia de este
delito.
En relación a las preventas, se atendieron más de tres mil denuncias (3.000)
de afectados en todo el territorio nacional y se logró� que en la mayoría de los casos
que los afectados recibieran sus bienes o se les reintegrara su inversión por la vía de
los Acuerdos Reparatorios.
En relación a la cifra investigada por este delito en el año 2012, parece
inexistente, pues no lo menciona en el informe anual que emitió la fiscal superior en
el año 2013, ya que emite pronunciamiento de las estadísticas de los delitos
investigados, procesados, penados y a cuantos imputados benefician las medidas
sustitutivas de privativas de libertad, sin pronunciarse nada de los delitos de estafa
inmobiliaria.
En relación a principios como la libertad y la presunción de inocencia se han
lesionado gravemente, en estas investigaciones realizadas a presuntos delitos de
estafa inmobiliaria donde la orden fue allanar, llevarse todos los bienes, privar de
libertad a todos los presentes (trabajadores o no) y luego proponer Acuerdos
Reparatorio como medida de solución al conflicto penal presentado entre las partes.
Se observó casos, donde sin que demostraran suficientemente su cualidad de
víctimas, se les instaba a denunciar a las personas y se les reconocía como tal,
condenando de una vez las empresas involucradas como estafadoras, para luego
demostrar su inocencia o culpabilidad, no fueron investigadas previamente, sino
vinculadas por el ramo inmobiliario, no se les presumió inocentes.
En la actualidad es casi imposible adquirir vivienda, las pocas que hay tienen
costos muy elevados y la mayoría no venden sus inmuebles por la superinflación, las
empresas dedicadas a construir prefieren hacerlo afuera del país, son escasas las
preventas por la falta de apoyo a este sector de la economía y el ataque constante a
quienes se dedicaban en el país a construir viviendas.
El derecho no debe ser ordenado a conveniencia sino aplicado según lo
establecido en la norma que rija la materia previamente al delito, pues, en el caso que
nos ocupa se privó a muchos empleados de empresas inmobiliarias sin fundamento
legal para luego sancionar y publicar la ley de estafa inmobiliaria y así justificar la
violación al debido proceso.
Fase III. Determinar el Efecto Jurídico y Alcance del Acuerdo Reparatorio para
el estado Venezolano, La Víctima y El Imputado en casos de delitos de estafa
inmobiliaria. La estafa inmobiliaria es un delito que data de mucho tiempo, sin
embargo en Venezuela en los últimos años se han incrementado notoriamente debido
a la necesidad de vivienda imperante, lo cual hace una gran demanda, frente a una
oferta deficiente.
Las ventas programadas se incrementan y surgen en muchos casos retardos en
entregas de viviendas que nunca se construyeron lo cual ocasiona una multiplicidad
de denuncias que impulsa al ejecutivo nacional a pedir al M.P. abocarse a la
situación para poner freno.
La medida practicada lleva múltiples allanamientos, medidas de coerción
personal, privativa de libertad, cuentas congeladas, incautación de bienes a las
empresas involucradas y luego de tener en esta situación a empresas que
presentaban retardo en la entrega de inmuebles ya construidos por falta de pago de
créditos, que no les fueron otorgados en instituciones bancarias entre algunos de los
casos.
La necesidad de solventar esta y muchas más situaciones irregulares alerta a
los jueces a que medien en Acuerdos Reparatorios como salida a la situación de
manera que los débiles jurídicos (las victimas) pudieran recuperar su inversión,
logrando así la reparación del daño causado.
La medida tomada es ejemplarizante para corregir la situación irregular que
se presentaba y que obviamente se salió de control, lo cual estaba causando un daño
al patrimonio de quienes intentaban adquirir una vivienda para su familia, la medida
suponía en principio garantizar una tutela judicial efectiva.
Las victimas lograban por este medio de autocomposición procesal recuperar
el patrimonio invertido y no lo perdían, la medida privativa de libertad solo castiga al
delincuente, pero no repara los daños causados a las victimas quienes tendrían que
intentar un indemnización posterior a la medida.
5.2 Conclusiones
En conclusión privar de libertad, sancionar y desposeer a quienes se dedicaban
a la construcción y comercialización de viviendas solo la paralización de obras que
casi fueron invadidas por personas inescrupulosas que se aprovechan de la situación,
que se presentó, la falta de investigación, de funcionarios capacitados, y por último la
falta de aplicación de derecho por la ejecución de órdenes, muchas veces sin
fundamentos de ningún tipo, fueron causales de ilegalidades como la privación de
libertad de empleados. Caso 2010-GP-0005481 la recepcionista, la secretaria y la
asistente administrativa fueron privadas de su libertad.
Por lo cual se evidencia que solo se trata de una medida política y no de una
solución a un problema social como lo es el déficit de vivienda y el poco poder
adquisitivo que imposibilitan a los venezolanos a la hora de adquirir vivienda, que
propino estas situaciones de desespero por adquirir cualquier vivienda y ocasiona que
las victimas hayan sido estafadas.
Pues si hubiera sido una solución, no se hubiese detenido la construcción
privada y los precios no se hubieren incrementado en forma desmedida como se
observan en las pocas ventas programadas que están en el mercado inmobiliario, las
personas siguen siendo vulnerables al flagelo de la estafa e inclusive en mayor grado.
5.3 Recomendaciones
La preparación previa de los funcionarios actuantes en procedimientos a través de
instructivos, cursos, formación constante, de modo que se proceda lo más ajustado a
derecho posible, a fin de garantizar los derechos a las personas en el acceso a la
justicia; Mejoras de los salarios y beneficios laborales a funcionarios públicos, así
como sanciones ejemplarizantes, correctivas a fin de evitar la corrupción y vicios en
los procedimientos.
La obtención de cargos por meritocracia que permita funcionarios de alta
calidad en los puestos de administración de justicia, en la asamblea legislativa, que
realicen la creación de leyes sin tantas contradicciones y sin lagunas que resulten
inaplicables; Funcionarios que no sean impuestos a dedo, sin vicios, sin temor a
perder el cargo y dispuestos a cumplir con su deber.
La formación constante de los abogados y defensores a fin de cometer el
menor número de errores posibles en las defensas técnicas ejercidas a sus clientes,
logrando siempre la mayor eficacia, otorgar licencia a ciertos abogados para ejercer,
de acuerdo a la capacidad y formación académica y no al ejercicio por contactos, que
impera en la actualidad; El ingreso de un número mayor de funcionarios que puedan
cubrir la necesidad requerida de causas.
La creación de más tribunales capacitados por materia para ejercer el buen derecho;
en cuanto a la estafa se considera que el apoyo a la construcción privada es necesario
para crear competencia en el mercado de oferta y demanda y planes que permitan
prestamos más expeditos para la compra de viviendas, en la actualidad las entidades
bancarias se tardan hasta un año en liquidarlos.
La práctica de Acuerdos Reparatorios con más eficacia, a modo que eviten dilaciones
indebidas por formalismos innecesarios, para garantizar a los intervinientes una tutela
judicial efectiva, la reparación del daño causado en forma oportuna y eficaz, estos
acuerdos se materializan para demostrar en la mayoría de estos casos que o hubo
estafa, sino una mala aplicación del derecho y un mal calificativo fiscal.
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