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Acta de la Sesión Pública Ordinaria celebrada por la Sexagésima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, el día jueves 31 de Octubre de 2019.

Presidencia de la diputada Gloria Himelda Félix Niebla

1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. En la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, siendo las once horas con siete minutos del día jueves treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se reunieron en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, los siguientes ciudadanos diputados: Abelló Jordá Francisca, Almaral Rodríguez Marco César, Bonilla Valverde Yeraldine, Covarrubias González Cecilia, Domínguez Nava Graciela, Félix Niebla Gloria Himelda, Flores Gámez Eleno, García Carrera Apolinar, Garzón Aguilar Alma Rosa, González Sánchez Mario Rafael, González Zatarain Édgar Augusto, Guerra Mena Flor Emilia, Hernández Álvarez Faustino, Inzunza Valenzuela Elva Margarita, Iribe Gascón Guadalupe, Jacobo Gutiérrez Sergio, Leyva Ortega Gildardo, López Castro Rosa Inés, López Hernández Mónica, Lora Oliva Horacio, Mascareño Duarte Fernando, Miranda Leal Flora Isela, Montero Alatorre Karla de Lourdes, Moreno Romero Ana Cecilia, Palestino Carrera J. Jesús, Ramírez Guzmán Jesús Armando, Rojo Sánchez Mariana de Jesús, Romero López José Rosario, Rubio Valdez Roxana, Torres Navarro Juan Ramón, Valenzuela López José Manuel, Villalobos Seáñez Jorge Iván, Villegas Lobo Pedro Alonso, Vizcarra Flores Florentino, Zárate Valenzuela Beatriz Adriana y Zazueta Zazueta Marco Antonio. Faltando el diputado Ocadio García Espinoza, y con permiso de la presidencia las diputadas María Victoria Sánchez Peña, Jesús Angélica Díaz Quiñónez y el diputado José Antonio Crespo López. La diputada Presidenta dijo: Con asistencia de 36 diputadas y diputados, existe quórum y da principio esta sesión siendo las once horas con siete minutos.

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Efemérides: “En 1811, nace en la ciudad de Guanajuato, Gto., José Nemesio Francisco Degollado, más conocido como Santos Degollado, general en jefe del Ejército Nacional, que combatió a los conservadores durante la Guerra de Reforma.

En 1825, se expide en El Fuerte la Constitución Política del Estado Libre de Occidente.

En 1861, se lleva a cabo la Convención de Londres, en la que plenipotenciarios de Francia, España e Inglaterra firmaron un tratado que tuvo por objeto reclamar a México, con fuerzas armadas, la deuda que tenía con dichas naciones europeas y cuyos pagos había suspendido el presidente Benito Juárez por dos años.

En 1911, nació en Culiacán Enrique Félix Castro, mejor conocido como El Guacho Félix. Fue escritor, maestro y periodista, autor de numerosos ensayos como: Coraje de la conciencia moderna, Tradición romántica de la Universidad de Sinaloa, Evolución tardía de la provincia, Tendencia romántica de Sinaloa, Consideraciones pedagógicas sobre James Joyce, entre otros. Una de las principales calles de la Ciudad de Culiacán lleva su nombre.

En 1916, el general Francisco Villa, ataca y toma ciudad Camargo, en el estado de Chihuahua.

En 1996, se instala el primer Consejo General del Instituto Federal Electoral, integrado por ciudadanos electos por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, en los términos de la reforma a la Ley Electoral realizada en ese año, que otorgó al Instituto Federal Electoral plena autonomía e independencia del Poder Ejecutivo.

Se celebra el Día Mundial de las Ciudades, establecido en el año 2014 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo de promover el interés en la urbanización y fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo, así como para contribuir al desarrollo urbano sostenible en todo el mundo.

La Organización de las Naciones Unidas, señala que la urbanización planificada maximiza la capacidad de las ciudades para generar empleo y riqueza, y para fomentar la diversidad y la cohesión social entre diferentes

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clases, culturas, etnias y religiones. Asimismo, afirma que las ciudades deben ser diseñadas para vivir juntos, crear oportunidades, permitir la conexión e interacción, y facilitar la utilización sostenible de los recursos compartidos.”

Esta Mesa Directiva desea saludar la presencia en esta mañana, de

un grupo de maestras y maestros de los municipios de Guasave, Sinaloa, Mocorito y Salvador Alvarado. Sean ustedes bienvenidos a este recinto parlamentario.

De igual manera, saludamos y damos la más cordial de las bienvenidas a un grupo de la Asociación Civil, “Familias de Policías Caídos, A.C” y Policías Jubilados, bienvenidos.

2.- Aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 29 de

octubre de 2019.

La diputada Presidenta dijo: Para dar cumplimiento con lo que dispone el Artículo 42, fracción X de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, vamos a proceder a la aprobación del acta de la sesión anterior, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba dicha acta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados presentes procedieron a votar de

manera económica, votando todos los presentes por la afirmativa. La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad de los presentes se

aprueba el acta de la sesión del día martes 29 de octubre de 2019. 3.- Declaratoria de la Comisión de Fiscalización, sobre el

informe final de la revisión de las cuentas públicas, correspondientes al ejercicio fiscal 2017.

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La secretaría procedió a dar lectura a dicho documento, que a la

letra dice: “H. CONGRESO DEL ESTADO. PRESENTE.- LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN que suscribe, de conformidad con los artículos 115, fracción IV y 116,

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en términos de lo

que dispone el artículo 43, fracción XXII, cuarto párrafo y 53 de la Constitución Política del

Estado de Sinaloa, y el artículo 71, fracción II, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso del

Estado de Sinaloa, y

RESULTANDO

Primero.- Con fundamento en los artículos 37; 43, fracciones XXII y XXII Bis, y 53, fracción

II y 54, de la Constitución Política; 2; 30, fracción II; 54 Bis A; 68; 69 Bis y 69 Bis A y demás

relativos de la Ley de la Auditoría Superior; y 70; 71, fracción II; 148 y demás relativos de la

Ley Orgánica del Congreso, en el segundo periodo ordinario de sesiones este Congreso

discutió y resolvió los dictámenes de los informes Individuales de la Revisión y Fiscalización

Superior de Cuenta Pública correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

Segundo.- El artículo 43, fracción XXII, cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado

de Sinaloa dispone que el Congreso del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Pública a

más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis

de su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del resultado

de la Fiscalización Superior.

CONSIDERANDO

No obstante el ordenamiento Constitucional sobre la conclusión de la revisión a más

tardar el 31 de octubre, el capítulo específico contenido en la Ley de la Auditoría Superior,

lo dispone en su artículo 54 Bis A a más tardar el 31 de julio, sin que refiera otra fecha

posterior, como lo señalan las atribuciones formales que la Ley le brinda a esta Comisión de

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Fiscalización en sus artículos, 30, fracción II y 54 Bis A, y que a continuación se reproducen

para mayor ilustración:

Artículo 30. La Comisión de Fiscalización, en el ejercicio de sus funciones, tendrá

las siguientes atribuciones:

II. Presentar al Congreso del Estado durante el segundo periodo ordinario de

sesiones los dictámenes de los informes general e individuales de la cuenta

pública anual del Gobierno del Estado y de los municipios, así como el Informe

sobre la aplicación de los recursos públicos recibidos durante el ejercicio fiscal

anterior de los Entes Públicos Estatales y Municipales, para su discusión y

aprobación en su caso;

Artículo 54 Bis A. La Comisión de Fiscalización estudiará el Informe General y

los Informes Individuales. Asimismo, someterá a votación del Pleno el dictamen

correspondiente con la anticipación necesaria para que éste lo valore a más

tardar el 31 de julio del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública, el

cual será discutido y en su caso, aprobado o rechazado.

Lo anterior, conforme lo dispone el primer párrafo del artículo 43 fracción XXII de la

Constitución Política del Estado de Sinaloa, el cual establece como facultad exclusiva del

Congreso del Estado, revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior,

discutiendo, aprobando o rechazando, en su caso, el dictamen del Informe General

del Resultado, así como de los Informes Individuales de la Revisión y Fiscalización

de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales, elaborados

por la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de someterlo a votación del Pleno,

evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios

señalados por el Presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los

programas.

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Superada dicha facultad con la discusión y resolución de los dictámenes del Informe

General y de los informes Individuales de la Revisión y Fiscalización Superior, en el

segundo periodo ordinario de sesiones, agotado el 31 de julio, la conclusión prevista en el

cuarto párrafo de la fracción XXII del Artículo 43 de la Constitución Política del Estado

aunque carece de reglamentación para llevarla al 31 de octubre, debe ser atendida

materialmente conforme a la letra de dicho párrafo que señala:

El Congreso del Estado concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31

de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su

contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General...

Lo anterior, considerando para tal efecto los recursos reglamentarios aunque confusos,

disponibles, como el que señala el segundo párrafo del artículo 54 Bis A, inserto en el

capítulo de la conclusión, en relación al análisis ( de la cuenta pública)... en conclusiones

técnicas del Informe General y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la

Comisión...porque se refiere al Dictamen a valorar a más tardar el 31 de julio.

Debería concluir, en opinión de esta Comisión, con una valoración del reporte final de la

información, documentación o consideraciones aportadas por las entidades fiscalizadas en

atención a las recomendaciones hechas por la Auditoría Superior del Estado, mismo que en

términos del artículo 50 Bis se envía al Congreso después de los 120 días hábiles de plazo

en los que la Auditoría se pronuncia sobre las respuestas emitidas, pero la ley

reglamentaria no incluye tal reporte en su confuso apartado de la Conclusión de la

Revisión de la Cuenta Pública.

Es menester aclarar que las resoluciones del Congreso en la materia, no son sobre

informes de una cuenta en lo particular, sino, como lo ordena la fracción XXII del artículo 43

de la Constitución Política del Estado, en realidad se refiere a un conjunto de informes

individuales de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública del Gobierno del Estado y

de los Gobiernos Municipales. Y en ese sentido, por ende, el resultado que tengan los

informes se proyectan a las cuentas públicas, atento a lo dispuesto por los artículos 115 y

116 de la Constitución Federal, y conforme a la facultades exclusivas de este Congreso.

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En ese tenor resulta consecuente lo previsto en el cuarto párrafo de dicha fracción en el

sentido de concluir la revisión..con base en las conclusiones técnicas del Informe General

Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior, previsto en el señalado cuarto párrafo...

y recuperando las discusiones técnicas realizadas en la Comisión... como lo señala la ley

reglamentaria.

Para tales efectos, es necesario considerar no obstante, que en términos del artículo 34 de

la ley reglamentaria, la cuenta pública que presenta el Gobierno del Estado por conducto

del Poder Ejecutivo, debe contener como mínimo, la información siguiente:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

A. El estado de situación financiera;

B. El estado de variación en la hacienda pública;

C. El estado de cambios en la situación financiera;

D. Los informes sobre pasivos contingentes;

E. Las notas a los estados financieros;

F. El estado analítico del activo;

G. El estado analítico de la deuda, del que se derivarán las siguientes

clasificaciones:

a) Corto y largo plazo; y,

b) Fuentes de Financiamiento;

Los estados analíticos sobre deuda pública deberán considerar por concepto el saldo inicial

del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económico y el saldo final

del ejercicio.

H. Balanza de comprobación del periodo que se presenta.

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto;

B. Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del que se derivarán las

siguientes clasificaciones:

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a) Administrativa;

b) Económica y por objeto del gasto; y,

c) Funcional-Programática.

C. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que se derivará por su

origen la clasificación en interno y externo;

D. Intereses de la Deuda;

E. Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal.

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

A. Gasto por categoría programática;

B. Programas y proyectos de inversión; y,

C. Indicadores de resultados.

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su

vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el correspondiente

presupuesto de egreso anual.

A. Ingresos presupuestarios;

B. Gastos presupuestarios;

C. Postura Fiscal;

D. Aplicación de los recursos provenientes del gasto federalizado; y,

E. Deuda pública.

V. La información a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo organizada por

Poder, dependencia y Ente Público Estatal.

Por su parte, las cuentas públicas municipales, de acuerdo con el artículo 34 Bis deben

contener como mínimo, la información siguiente:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

A. El estado de situación financiera;

B. El estado de variación en la hacienda pública;

C. El estado de cambios en la situación financiera;

D. Los informes sobre pasivos contingentes;

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E. Las notas a los estados financieros;

F. El estado analítico del activo;

G. El estado analítico de la deuda, del que se derivarán las siguientes

clasificaciones:

a) Corto y largo plazo; y,

b) Fuentes de Financiamiento.

Los estados analíticos sobre deuda pública deberán considerar por concepto el

saldo inicial del ejercicio, las entradas y salidas por transacciones, otros flujos económicos y

el saldo final del ejercicio; y

H. Balanza de comprobación del periodo que se presenta.

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

A. Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación

económica por fuente de financiamiento y concepto;

B. Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos, del que se derivarán las

siguientes clasificaciones:

a) Administrativa;

b) Económica y por objeto del gasto; y,

c) Funcional-Programática.

C. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización;

D. Intereses de la Deuda; y

E. Flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la postura fiscal.

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

A. Gasto por categoría programática;

B. Programas y proyectos de inversión; y,

C. Indicadores de resultados;

IV. Análisis cualitativo de los indicadores de la postura fiscal, estableciendo su

vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la materia, en el correspondiente

presupuesto de egresos anual.

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A. Ingresos presupuestarios;

B. Gastos presupuestarios;

C. Postura Fiscal;

D. Aplicación de los recursos provenientes del Gobierno Federal; y,

E. Deuda pública.

V. La información a que se refieren la fracciones I, II y III de este artículo organizada

por Poder, dependencias y Ente Público Municipal;

VI. Adicionalmente a lo anterior, los Ayuntamientos de los Municipios deberán

presentar:

A .Conciliaciones bancarias;

B.Relaciones analíticas, auxiliares de mayor y diario de pólizas;

C.Archivo de pólizas contables; y,

D.Balanza de comprobación.

La revisión de dicho contenido, de acuerdo con el artículo 47 de la misma ley, tiene por

objeto:

I. En cuanto al ingreso:

a) Precisar los ingresos públicos que perciban.

b) Verificar que los ingresos recaudados sean conforme a lo dispuesto por la

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, las leyes

de ingresos municipales, leyes fiscales especiales, decretos, acuerdos y

demás disposiciones que rijan en la materia.

II. En cuanto al egreso:

a) Precisar el gasto público.

b) Comprobar que el gasto público se ajuste a los presupuestos de egresos, su

contabilización esté respaldada por la documentación comprobatoria

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original, así como los requisitos que establece la Ley y demás disposiciones

que rijan en la materia.

III. En cuanto al patrimonio:

a) Determinar el resultado de la gestión y situación financiera.

b) Verificar que los estados financieros estén elaborados de conformidad con

los postulados básicos de contabilidad gubernamental.

c) Verificar que los estados financieros elaborados, autorizados por la

administración de la entidad correspondiente, sean completos y revelen la

información necesaria que refleje la situación financiera, los resultados de

operación, los cambios en la situación financiera y las variaciones en su

patrimonio.

IV. En cuanto a deuda pública: comprobar el cumplimiento del pago de las

amortizaciones de capital, de intereses de los créditos contratados, así como

la contabilización de los intereses devengados no pagados.

V. Verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los

programas, determinando:

a) La eficiencia, la eficacia y la economía de los programas y su efecto o la

consecuencia en las condiciones sociales y económicas, durante el período

que se evalúe.

b) Si se cumplieron las metas de los indicadores aprobados en el presupuesto

correspondiente y si el referido cumplimiento tiene relación con el Plan

Estatal de Desarrollo y los Planes Municipales, respectivamente.

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A pesar de lo anterior, ninguna referencia al contenido de cuentas públicas se hace en el

Informe General ya que el mismo documento reconoce estar integrado con la recopilación

de los Informes Individuales que comprenden los resultados por Entidad Fiscalizada.

La propia Ley reglamentaria ignora el contenido de la cuenta pública en los informes que el

órgano fiscalizador debe elaborar, como se aprecia con suficiente claridad:

Ley de la Auditoría Superior del Estado

Artículo 69. El Informe General

contendrá como mínimo:

Artículo 69 Bis A. Los Informes

Individuales de auditoría contendrán

como mínimo lo siguiente:

“I. Entidades Fiscalizadas a las que se

efectuó la auditoría;

II. Las áreas claves con riesgo identificadas

en la fiscalización;

III. Un resumen de las auditorías y

observaciones realizadas;

IV. La descripción de la muestra del gasto

público auditado, señalando la proporción

respecto del ejercicio de los poderes del

Estado, la Administración Pública Estatal,

el gasto y el ejercido por órganos

constitucionales autónomos;

V. Derivado de las Auditorías, en su caso y

dependiendo de la relevancia de las

observaciones, un apartado donde se

incluyan sugerencias al Congreso del

Estado para modificar disposiciones

legales a fin de mejorar la gestión

financiera y el desempeño de las entidades

“I. Los criterios de selección, el objetivo, el

alcance, los procedimientos de auditoría

aplicados y el dictamen de la revisión;

II. Los nombres de los servidores públicos

de la Auditoría Superior del Estado a cargo

de realizar la auditoría o, en su caso, de los

despachos o profesionales independientes

contratados para llevarla a cabo;

III. El cumplimiento, en su caso, de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental,

Ley de Disciplina Financiera de las

Entidades Federativas y de los Municipios,

Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos

del Estado de Sinaloa o Leyes de Ingresos

Municipales para el Ejercicio Fiscal

correspondiente, respectivamente, así

como Ley de Deuda Pública, Ley de

Coordinación Fiscal y demás disposiciones

jurídicas aplicables;

V. ( sic)Los resultados de la fiscalización

efectuada;

VI. Las observaciones, recomendaciones,

acciones, con excepción de los informes de

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fiscalizadas;

VI. Un apartado que contenga un análisis

sobre las proyecciones de las finanzas

públicas contenidas en los Criterios

Generales de Política Económica para el

ejercicio fiscal correspondiente y los datos

observados al final del mismo;

VII. Acciones derivadas de la fiscalización

de la cuenta pública;

VIII. La determinación técnica de la

aprobación o no de la Cuenta Pública

correspondiente. Sin que esto sea

obstáculo para que el Pleno al valorar el

dictamen sobre dicho Informe emita las

observaciones a que haya lugar; y,

IX. La demás información que se considere

necesaria”.

presunta responsabilidad administrativa, y

en su caso denuncias de hechos; y,

VII. Un apartado específico en cada una de

las auditorías realizadas donde se incluyan

una síntesis de las justificaciones y

aclaraciones que, en su caso, las entidades

fiscalizadas hayan presentado en relación

con los resultados y las observaciones que

se les hayan hecho durante las revisiones.

Asimismo, considerará, en su caso, el

cumplimiento de los objetivos de aquellos

programas que promuevan la igualdad

entre mujeres y hombres, así como la

erradicación de la violencia y cualquier

forma de discriminación de género.

I. Análisis de Cuenta Pública

Del documento de Cuenta Pública 2017 Tomo III Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa,

que en términos de los artículos 37; 43 antepenúltimo párrafo y 65, Fracción VI, el titular

del Ejecutivo remitió a esta Soberanía, se destacan los siguientes elementos:

a) En relación al ingreso:

Al cierre del ejercicio 2017 reporta ingresos por 53,535,759,119 (cincuenta y tres mil

quinientos treinta y cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil ciento diecinueve

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pesos) que contra un presupuesto de ingresos aprobado por 47,983,616,386, (cuarenta

y siete mil novecientos ochenta y tres millones seiscientos dieciséis mil trescientos

ochenta y seis pesos), resulta con ingresos excedentes por 5,508,643,868 ( cinco mil

quinientos ocho millones seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos sesenta y ocho

pesos.

Lo anterior derivado de los ingresos mayores a los proyectados en relación a

Participaciones y Aportaciones, además de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y

Otras Ayudas.

b) En materia de Egresos:

En cuanto a los egresos al cierre del ejercicio 2017, se reporta un ejercicio de

51,887,146,931.70 ( cincuenta y un mil ochocientos ochenta y siete millones ciento

cuarenta y seis mil novecientos treinta y un pesos con setenta centavos) , lo cual

representa un gasto mayor por 3, 903,530, 545 (tres mil novecientos tres millones

quinientos treinta mil quinientos cuarenta y cinco pesos) en relación al presupuesto

aprobado por 47,983,616,386.00, (cuarenta y siete mil novecientos ochenta y tres

millones seiscientos dieciséis mil trescientos ochenta y seis pesos.

El gasto no etiquetado ascendió a 22,670,545,269 (veintidós mil seiscientos setenta

millones quinientos cuarenta y cinco mil doscientos sesenta y nueve pesos) y el

etiquetado a 28,886,222,500 (veinticocho mil ochocientos ochenta y seis mil doscientos

veintidós mil quinientos pesos).

En lo que respecta al primero, el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

muestra un gasto de 299,182,814 ( doscientos noventa y nueve millones ciento ochenta y

dos mil ochocientos catorce pesos) en el rubro de materiales y suministros, al que se habían

aprobado 248,978,613 ( doscientos cuarenta y ocho millones novecientos setenta y ocho

mil seiscientos trece pesos; en servicios generales, un gasto de 1,767,556,195 ( mil

setecientos sesenta y siete millones quinientos cincuenta y seis mil cientos noventa y

cinco pesos ) cuando se le aprobaron solamente 614,263,024 ( seiscientos catorce millones

doscientos sesenta y tres mil veinticuatro pesos) y, entre otros, un gasto de 632,749,740

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( seiscientos treinta dos millones setecientos cuarenta y nueve mil setecientos cuarenta

pesos) en el rubro de bienes muebles, inmuebles e intangibles, cuando sólo tenía

aprobados 93,500,000 ( noventa y tres millones quinientos mil pesos)

El gasto etiquetado aprobado por 25,160,126,256 ( veinticinco mil ciento sesenta millones

ciento veintiséis mil doscientos cincuenta y seis mil pesos) registra un incremento de

1,553,813,044 ( mil quinientos cincuenta y tres millones ochocientos tres mil cuarenta y

cuatro pesos) en el rubro de servicios personales derivado de las ampliaciones

presupuestales por 623 millones 36 mil 299 pesos en remuneraciones al personal de

carácter permanente; 672 millones 530 mil 560 pesos, con carácter de remuneraciones

adicionales y especiales; 79 millones 587 mil 825 pesos en seguridad social; 167 millones

403 mil 429 en otras prestaciones sociales y económicas y 11 millones 254 mil 932 pesos

con carácter de pago de estímulos a servidores públicos.

Es de hacer notar que en relación al ingreso y gasto público estatal, este Congreso aprobó

el nueve de diciembre de 2016, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de

Sinaloa para el ejercicio fiscal del año 2017, mismo que fue publicado en el periódico oficial

“El Estado de Sinaloa”, con fecha el 13 de diciembre de 2016.

En este mismo medio el Ejecutivo del Estado publicó el 10 de enero de 2017, el Decreto que

establece las medidas de disciplina del gasto en el ejercicio presupuestal, así como para el

uso ordenado, eficiente y transparente de los recursos públicos, aplicables a todas las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, mismo que

entre otras condiciones, dispone:

Articulo 13.- Los servidores públicos deberán evitar la búsqueda de privilegios,

beneficios económicos, la promoción de la imagen personal para así o para

terceros, evitando en todo caso el detrimento de los recursos públicos o utilizar la

influencia del puesto encomendado.

Articulo 14.- Es obligación de todos los integrantes de la Administración Pública

Estatal, administrar y utilizar con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia, los

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recursos de que disponga, debiéndolos aplicar exclusivamente a la atención y

cumplimiento de los planes y programas a los que fueron asignados

Artículo 17.- Todo el ejercicio del gasto corriente y de inversión, deberá ser acorde

al Presupuesto de Egresos aprobado por la H. Legislatura y en caso de que se

prevea un sobrejercicio del mismo, se deberá informar inmediatamente a la

Secretaría de Administración y Finanzas, a efecto de que se obtenga la autorización

respectiva, sin la cual no se podrá ejercer ningún recurso.

En materia de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, se dispuso:

Articulo 80. Las Dependencias y Entidades deberán, durante el ejercicio fiscal

2017,depurar los fideicomisos y mandatos públicos que coordinen. Para tal efecto,

deberán:

l. Incluir en el diagnóstico a que se refiere el Articulo 27 de este Decreto, un análisis

sobre los fideicomisos y mandatos a su cargo, detallando el monto de sus

disponibilidades, los recursos ejercidos durante el ejercicio fiscal 2016 y los

resultados alcanzados con los mismos;

II. Extinguir los fideicomisos y terminar los mandatos que no estén creados por

disposición de ley o decreto, o no se justifique su existencia en los términos de los

nuevos programas sectoriales, institucionales, regionales o especiales, así como

modificar aquéllos que lo requieran, y

III. Modificar los contratos de fideicomiso, mandatos y análogos, conforme a los

modelos establecidos y difundidos por la Secretaría de Administración y Finanzas,

obligatorios para todas las Dependencias y Entidades, a efecto de permitir

expresamente instrumentar mecanismos para que, en caso de ser necesario, los

recursos disponibles en los mismos se utilicen para contribuir al equilibrio

presupuestario; asimismo, para darlos por terminados de forma anticipada, sin

perjuicio de los derechos que correspondan, en su caso, a terceros.

En relación a la obra Pública y proyectos de inversión, se autopropuso:

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Artículo 81.- En el ejercicio del gasto, previa verificación de disponibilidades

presupuestales y financieras, se dará prioridad a la terminación de los proyectos ya

iniciados, principalmente a los vinculados a la prestación de los servicios de salud,

seguridad pública e impartición de justicia, con especial atención de aquellos que se

orienten a la población más desprotegida.

Artículo 82.- Solo podrán iniciarse nuevos proyectos cuando se tenga garantizada la

disponibilidad de recursos para su conclusión, procurando que ésta se efectúe en el

mismo ejercicio fiscal en que se inicia y con la autorización expresa de la Secretaría

de Administración y Finanzas, dándose prioridad a aquellos que generen ingresos

adicionales para el Estado.

No obstante lo anterior, el Ejecutivo adoptó desde 2017 y la mantiene hasta ahora, la

imagen institucional identificada como “Calidad Puro Sinaloa”, después que su titular

Quirino Ordaz Coppel utilizara el eslogan “Puro Sinaloa” en la campaña política a la

gubernatura en 2016, en contravención al artículo 134 Constitucional, toda vez que con

meridiana claridad, se trata de la promoción personalizada de un funcionario público,

incluso asociada a un partido político, ello en virtud que la imagen adoptada resulta ser

idéntica a la utilizada previamente en su campaña política.

Lo anterior, en términos del penúltimo párrafo de la citada disposición constitucional que

literalmente ordena:

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que

difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de

los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta

propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen

promoción personalizada de cualquier servidor público.

El gasto de la propaganda mencionada no se refleja en la cuenta pública.

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El ejercicio del gasto no se ajustó a programas, toda vez que el ejercido por 2,256,589,658

( dos mil doscientos cincuenta y seis millones quinientos ochenta y nueve mil seiscientos

cincuenta y ocho pesos) en el rubro de obra pública en bienes de dominio público,

además de rebasar el presupuesto asignado con 615,192,455 (seiscientos quince millones

ciento noventa y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos) no contó con un Programa

Anual de Obras Públicas, que fuera autorizado por este Congreso, conforme Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, misma que en su

artículo 11, párrafo cuarto, fracción I, dispone que para la realización y ejecución de obras

públicas y servicios relacionados con las mismas, se deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

I. Que las obras públicas estén incluidas en el programa anual de obra

pública autorizado por el Congreso del Estado y por los cabildos municipales

respectivamente;

Además, de manera contraria a dicha ley y a sus propias disposiciones administrativas

como las mencionadas, la inversión en obra pública fue extraordinariamente discrecional

en beneficio directo a particulares concesionarios de bienes inmuebles municipales

como los estadios Teodoro Mariscal, en Mazatlán y Emilio Ibarra Almada, en Ahome; en

obras, como el Parque Central en Mazatlán, en un área no desincorporada del Gobierno de

la Federación y, entre otras, la construcción de un estadio de futbol en Mazatlán, obras a

las se han destinado recursos públicos por más de mil 200 millones de pesos desde el

ejercicio del año fiscal en revisión.

Ninguna de las obras públicas señaladas es referida en la cuenta pública.

El respeto al presupuesto aprobado por el Congreso resulta cuestionado, entre otros por los

siguientes casos:

El gasto en el rubro de Servicios de Comunicación Social y Publicidad ascendió a

364,516,556 (trescientos sesenta y cuatro millones quinientos dieciséis mil quinientos

19

cincuenta y seis mil pesos, cuando sólo tenía un presupuesto asignado por 25,481,373

(veinticinco millones cuatrocientos ochenta y un mil trescientos setenta y tres pesos)

Sin presupuesto aprobado, se dispuso de 178 millones 260 mil 337 pesos en gastos de

vehículos; de 45 millones 805 mil 276 pesos en Mobiliario y Equipo y se adquirieron bienes

inmuebles, no detallados en la cuenta pública, por 325 millones 297 mil 466 pesos.

Todo ello con independencia que el presupuesto aprobado en la Secretaría General de

Gobierno por 276 millones 731 mil 900 pesos, ascendió a 447 millones 644 mil 128

pesos; en la Secretaría de Administración y Finanzas, de 525 millones 632 mil 760 pesos,

se elevó a 960 millones 583 mil 701 pesos; en la Secretaría de Desarrollo Económico, de

390 millones 102 mil 583 pesos subió a 581 millones 377 mil 752 pesos y la representación

del Gobierno del Estado en la ciudad de México, de 2 millones 848 mil 497 pesos, se elevó

a 5 millones 459 mil 718 pesos.

En lo que respecta a fideicomisos, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el

ejercicio fiscal de 2017 no autorizó ningún gasto, pero la cuenta pública informa haberse

dispuesto de 409 millones 327 mil 666 pesos con 64 centavos, cuya aplicación no precisa

y contrariamente a los propósitos de austeridad decretados ese año desde el mismo

Ejecutivo, al cierre del ejercicio fiscal en revisión, algunos fideicomisos mantenían los

siguientes saldos:

Fideicomiso

Saldo al 31 de diciembre de 2017

FIDEICOMISOS; MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DEL PODER EJECUTIVO

247,395,980.28

FIDEICOMISO PARA EL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACION PARA EL MAGISTERIO DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE SINALOA

1,313,704.93

MANDATO 8401 -01-35 FASP RECURSO ESTATAL 2016 101,372,413.13

FIDEICOMISO IXE/1569 88,627,277.67

FIDEICOMISO 344 -036-21 DEL FONDO DE APOYO ESPECIAL A LA INVERSION EN FRIJOL

2,801,404.37

FIDEICOMISO NO. 1691-06-035 DE APOYO A LOS PRODUCTORES 132,343.71

20

Lo anterior, con independencia que en el apartado definido como Informe sobre Pasivos

Contingentes contenido en la cuenta pública, el fideicomiso Autopista Benito Juárez

Culiacán-Las Brisas registra un saldo por 796,073,198 (setecientos noventa y seis millones

setenta y tres mil ciento dieciocho pesos) Dicho saldo permanece desde 2006 contenido en

dicho aparado de cuenta pública, no obstante que ya debería haberse cubierto en términos

del decreto número 402 expedido por este Congreso y publicado el 25 de Octubre de 2006.

Dicho decreto autoriza al Ejecutivo para que se afecten en fideicomiso por un periodo de

hasta treinta y dos años, hasta el 100% de los ingresos por las cuotas de peaje de la

DE GRANOS DE SINALOA (FIDEGRAS)

FIDEICOMISO 3039- 06-035 DEL FONDO DE GARANTIAS COMPLEMENTARIAS Y APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL ESTADO DE SINALOA (FOGAES)

1,008,293.15

FIDEICOMISO DE APOYO AL PROGRAMA DE EXPLORACION MINERA DEL ESTADO DE SINALOA (FIEMES)

2,176,512.81

FIDEICOMISO NO. 10162-06-08 DE APOYOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS (FAAPES)

44,490,570.24

BANOBRAS SNC DF2221 SINALOA IMPLEMENTACION SISTEMA JUST PENAL

5,473,460.27

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

92,018,290.73

FID BANORTE 070096 2 BNR CUL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

23,755,810.12

FID BANORTE 069068 1 BNR CUL BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A

98,667,080.27

FIDEICOMISO 1935 PUENTE SAN MIGUEL 6,166,861.48

FIDEICOMISO AUTOPISTA BENITO JUAREZ 63,428,538.86

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS PUBLICOS EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

36,608.06

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. FID 070036-9 34,044.97

BANCO MERCANTIL DEL NORTE POR CTA FID 0700253 2,280.31

FID. BANORTE 0670036 BTE. CUL. BANCO 282.78

TOTAL: 439,450,879.07

21

Autopista "Benito Juárez" y de la explotación de la concesión del "Puente San Miguel",

mediante la contratación de un crédito por Mil 210 millones de pesos, con el propósito de

refinanciar la deuda pública de los Organismos Desarrollo 'Urbano Tres Ríos, Instituto de

Vivienda del Estado de Sinaloa y del Fideicomiso Bis 2063 Autopista Benito Juárez.

El Fideicomiso Autopista Benito Juárez Culiacán-Las Brisas va a comenzar a ser pagado

según el segundo informe de Gobierno, en octubre de 2021, aunque desde el 2007 hasta el

año del ejercicio fiscal en revisión, por efectos del decreto mencionado que ordena

transferirle por 32 años “hasta el 100% de los ingresos por las cuotas de peaje de la

Autopista "Benito Juárez" y de la explotación de la concesión del "Puente San Miguel", ha

recibido más de tres mil 661 millones de pesos.

Transferencias de peaje, según cuentas públicas

Año Monto

2007 319,555,914

2008 359,263,773

2009 243,251,972

2010 292,043,151

2011 314,659,174

2012 488,628,416

2013 410,053,588

2014 301,728,055

2015 284,995,560

2016 382,828,789

22

2017 264,161,138

Total 3,661,169,530

Se ignora en esta Cuenta Pública el fideicomiso número 2000485-0 / Banco Santander,

S.A., definido como “Fondo de Ahorro de los Trabajadores”, al que el informe individual de

revisión y fiscalización superior de la Secretaría de Administración y Finanzas refiere un

adeudo de mil 32 millones de pesos.

En lo que respecta a las cuentas públicas municipales, es de destacar que sólo en tres de

ellas, no se refieren problemas relacionados con gastos sin fuente de pago, como se ilustra

en el siguiente cuadro:

Ayuntamiento Cantidad, sin fuente de pago

Ahome 0

Angostura 22,106,461.

Badiraguato 9,844,333

Choix 10,167,157

Concordia 7,377,092.

Cosalá 13,747,068

Culiacán 523,385,302

El Fuerte 47,214,551.

Elota 0

Escuinapa 16,793,629.

Mazatlán 33,659,569.

Mocorito 3,933,210

23

No obstante la suma de dicha irregularidad que enfrentan 15 de los 18 ayuntamientos, es

mil 36 millones 145 mil 484 pesos menor a la que al cierre del 2017, enfrentaba el Ejecutivo

del Estado, por dos mil 827 millones 445 mil 414 pesos.

De las cuentas municipales es de destacarse además, que el Estado Analítico del

Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo –

Concepto) del 01 de enero al 31 al 31 de diciembre 2017, muestra un subejercicio

presupuestal, que de manera general asciende a 539 millones 586 mil 255 pesos con 67

centavos.

Municipio Presupuesto de Egresos

Subejercicio Modificado Devengado

Ahome 1,670,817,643.85 1,598,952,753.80 71,864,890.05

Angostura 178,981,123.27 168,987,467.80 9,993,655.47

Badiraguato 181,934,681.83 169,643,176.20 12,291,505.63

Choix 179,842,660.01 144,373,984.26 35,468,675.75

Concordia 127,352,976.23 124,340,760.95 3,012,215.28

Cosalá 104,291,358.62 98,318,774.51 5,972,584.11

Culiacán 3,518,891,763.14 3,403,560,070.06 115,331,693.08

El Fuerte 341,419,244.02 301,391,280.20 40,027,963.82

Elota 222,712,322.22 187,891,008.65 34,821,313.57

Navolato 58,750,284.

Rosario 25,645,044.

Salvador Alvarado 7,243,969

San Ignacio 0

Sinaloa 37,336,618.

Guasave 218,740,797

24

Escuinapa 225,354,607.59 195,205,595.23 30,149,012.36

Guasave 890,395,736.60 881,895,727.91 8,500,008.69

Mazatlán 2,228,116,167.46 2,140,886,025.85 87,230,141.61

Mocorito 179,418,173.06 175,382,059.85 4,036,113.21

Navolato 492,425,966.52 477,196,597.26 15,229,369.26

Rosario 254,339,535.28 242,399,440.35 11,940,094.93

Salvador Alvarado 366,510,000.00 312,792,981.15 53,717,018.85

San Ignacio 137,471,137.60 124,483,481.57 12,987,656.03

Sinaloa 377,069,774.28 329,368,754.04 47,701,020.24

Fuente: Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos – Clasificación por Objeto del Gasto

(Capítulo – Concepto) del 01 de enero al 31 al 31 de diciembre 2017.

Esta Comisión resolvió y el pleno aprobó, al concluir el segundo periodo ordinario de

sesiones, los dictámenes de informes de cuenta pública, en términos del artículo 43,

fracción XXII de la Constitución Política del Estado y los artículos 30, fracción II y 54 Bis A

de la Ley de la Auditoría Superior, en el entendido de que ciertamente de conformidad con

el artículo 53 de la Constitución Política del Estado continuaba en curso un plazo de 120

días hábiles para que la Auditoría se pronunciara sobre las respuestas emitidas por las

entidades fiscalizadas, considerando además que el órgano fiscalizador al inicio del periodo

ordinario de sesiones, debe entregar los informes con respecto al estado que guardan las

observaciones, recomendaciones y acciones promovidas, correspondientes a cada uno de

los Informes Individuales y que en términos del artículo 50 bis del ley reglamentaria, la

Auditoría Superior del Estado envíe al Congreso del Estado un reporte final sobre las

recomendaciones correspondientes.

II. Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones a las

Entidades Fiscalizadas

25

Con fecha dos de octubre de 2019, la Auditoría Superior entregó al Congreso un Informe

del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades Fiscalizadas en

relación al seguimiento de acciones promovidas y recomendaciones derivadas de las

auditorías practicadas a la cuenta pública del ejercicio 2017.

Al respecto la Auditoría Superior informa estar en curso el plazo de 120 días hábiles, para

pronunciarse sobre las 83 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación

Fiscal emitidas.

Informa en el mismo sentido sobre los 696 Pliegos de Observaciones.

Informa del resultado de nueve auditorías específicas que contienen 121 pliegos de

observaciones con un importe de 199 millones 842 mil 915 pesos con 55 centavos, de los

cuales señala que fueron solventados documentalmente 19 millones 227 mil 126 pesos con

40 centavos, aunque aclara, estar en curso el plazo de 120 días hábiles en cuanto a los

Informes Específicos de la Secretaría de Desarrollo Social, H. Congreso del Estado de

Sinaloa, Secretaría de Economía, Secretaría de Obras Públicas y de los dos del Municipio

de El Fuerte.

Informa haber aplicado nueve multas administrativas, aunque no refiere su monto.

E informa haber presentado 11 denuncias ante la Fiscalía Especializada, de entre el 23 de

octubre de 2017 al dos de mayo del 2019 por resultados de auditorías practicadas de

entre 2014 a 2016, de las que señala estar en trámite la integración de las carpetas de

investigación, aunque no refiere información específica.

De manera posterior el 16 de octubre de 2019, la Auditoría Superior hizo llegar al Congreso

del Estado, lo que identifica como Anexo del Informe del Estado que Guarda la Solventación

de las Observaciones a las Entidades Fiscalizadas, en el que informa que de los 498

millones 513 mil 870 pesos con 80 centavos, correspondientes a los montos de los Pliegos

de Observaciones derivados de la revisión de cuenta pública del ejercicio 2017, fueron

solventados documentalmente 225 millones 493 mil 127 pesos con 79 centavos y no

26

solventado el 49 por ciento del monto de los pliegos presentados, equivalente a 244

millones 863 mil 342 pesos con 22 centavos.

En términos generales, en el Gobierno del Estado no se solventaron 31 de 108 millones de

pesos; en los entes públicos estatales 20 de 88 millones de pesos; en los ayuntamientos

162 de 279 millones y en lo que corresponde a los entes públicos municipales, 15 de 22

millones de pesos.

De manera particular el anexo muestra en materia de pliego de observaciones, que de 63

millones correspondientes al municipio de Culiacán no se solventaron 25 millones 400 mil;

en El Fuerte sólo se solventaron 2 millones de 21; en Angostura sólo 215 mil pesos de 13

millones; en Ahome sólo 13 de 20 millones 700 mil y entre otros, Guasave sólo solventó 3

de 75 millones de pesos.

El anexo muestra que fueron ignoradas dos solicitudes de aclaración y que fueron

atendidas sólo 68 de 2 mil 982 promociones de responsabilidad administrativa.

El documento no precisa el detalle de los pliegos de las observaciones cubiertos, así como

los no atendidos; no explica las solicitudes de aclaraciones solicitadas, no incorpora

evaluaciones de las promociones atendidas, ni aporta valoraciones a las promociones

ignoradas.

No menciona tampoco el estatus en que finalmente queda el pliego de observaciones no

cubierto, las solicitudes de aclaración ignoradas y las promociones de responsabilidad

administrativas no satisfechas.

III. Conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo

Aunque el artículo 43, fracción XXII, cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de

Sinaloa dispone concluir la revisión en base a las conclusiones técnicas del Informe

General, lo que dicho documento aporta es la Determinación Técnica de la Auditoría

Superior del Estado, de la que informa derivarse de una metodología aprobada y operada

por su comité de planeación, integrada por diversos elementos, como una matriz de

27

calificaciones y ponderaciones, criterios e indicadores, de los que aunque no aporta

detalles, señala haberlos aplicado para su determinación sobre la aprobación o no de la

Cuenta Pública del Gobierno del Estado y de los Municipios, correspondiente al ejercicio

fiscal 2017, no obstante que dichos parámetros no están previstos en la Constitución

Política del Estado ni en la ley reglamentaria.

III. Discusiones técnicas de la Comisión

La Comisión de Fiscalización no observó en el Informe General el cumplimiento de las

entidades fiscalizadas a sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos y en las demás

leyes aplicables en la materia, como se sustentó, entre otros, en los siguientes elementos:

En el Reporte General de Recurrencia de Observaciones, integrado de la siguiente

manera:

Clasificación / Recurrencia

Recurrencia

de

Observación

CESF = Cuentas del Estado de Situación Financiera 363

Omisión del entero en tiempo y forma de Retenciones y

Contribuciones por Pagar a Corto Plazo.

98

Saldo de deudores o cuentas por cobrar pendiente de

comprobar o recuperar.

69

Se detectaron cuentas con saldos contrarios a la naturaleza de

la misma.

38

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 20

Pasivos a Corto Plazo que no han sido pagados en tiempo y

forma.

18

Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de

recursos.

17

28

Pagos improcedentes o en exceso. 15

Deficiencia en los controles de almacén. 13

Omisión del reintegro de recursos a la TESOFE o a la tesorería

estatal.

13

Funcionarios que manejan recursos públicos y no cuentan con

la fianza vigente.

11

Conciliaciones bancarias que reflejan partidas en conciliación

con antigüedad considerable.

11

Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 10

Omisión o diferencias del entero en tiempo y forma de la

retención del 2 al millar CMIC fondo III, del fondo IV, del CMIC

PDZP, 5 al millar inspección fondo III.

8

Anticipos a Proveedores y Contratistas que no presentaron

amortización o recuperación.

4

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la

inspección física.

4

Activos fijos los cuales no se encuentran asegurados. 4

Carencia de cuenta bancaria productiva específica. 3

Afectaciones a la cuenta resultado de ejercicios anteriores sin

documentación comprobatoria y justificativa.

2

Emisión de cheques por importes considerables a favor de

trabajadores y cambiados en efectivo.

1

Bajas de activos fijos que no cuentan con la autorización

correspondiente.

1

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la

normativa.

1

Descuentos sin autorización o justificación. 1

Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o 1

29

pedidos.

ING = Ingresos 21

Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 8

Diferencias en los cobros de la recaudación de los ingresos. 4

Omiten el cobro de multas y recargos por la recaudación fuera

del plazo establecido.

3

Insuficientes gestiones de cobros en la recaudación de

ingresos.

3

Sobre ejercicio del recurso autorizado. 1

Descuentos en los cobros de ingresos sin autorización o

justificación.

1

Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de

recursos.

1

EGR = Egresos 964

Falta de documentación comprobatoria y justificativa. 245

Obras que reflejan conceptos estimados en exceso y/o no

ejecutados.

231

Pagos improcedentes o en exceso. 124

Adjudicaciones y adquisiciones que no se ajustan a la

normativa.

80

Obra que no se encuentra concluida o que no está en

operación.

51

Conceptos de obras sin comprobar y/o justificar. 42

Recursos utilizados para fines distintos a los autorizados por la

ley o reglas de operación.

40

Carencia o inadecuada aplicación de penas y sanciones por

incumplimiento.

38

30

Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o

pedidos.

35

Conceptos de obras de mala calidad y/o con vicio ocultos. 17

Pagos adicionales por incumplimiento de obligaciones. 17

Omisión de retenciones de impuestos, cuotas u otros. 13

Comprobante que excede de $2,000.00 y que no fue pagado

mediante transferencia electrónica o cheque.

12

Adquisiciones de bienes sin resguardo apropiado o se

encuentran sin uso.

7

Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por transferencias de

recursos.

6

Concepto de gasto o monto no autorizado en el presupuesto de

egresos.

2

Omisión o diferencias del entero en tiempo y forma de la

retención del 2 al millar CMIC fondo III, del fondo IV, del CMIC

PDZP, 5 al millar inspección fondo III.

2

Activos fijos los cuales no se encontraron al realizar la

inspección física

1

Deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y

contables.

1

DI = Desempeño Institucional 1,822

Deficiente integración y control de expedientes de obra pública. 695

Deficiencias e inconsistencias en la documentación de la obra

pública en algunas de las fases del proceso desde la

autorización hasta su entrega recepción.

326

Incumplimiento de la normatividad por no proporcionar la

documentación durante la auditoría.

138

Deficiencias en registros administrativos, presupuestarios y

contables.

123

31

Debilidades de control interno de la entidad. 118

Deficiencia en la información financiera que rinde la entidad

fiscalizada.

114

Incumplimiento a la normativa emitida por el CONAC para la

generación de información financiera.

68

Registro erróneo o extemporáneo de las operaciones. 64

Deficiente integración y control de expedientes administrativos. 58

Incumplimiento de elaborar, autorizar o informar los reportes

administrativos.

46

Ausencia o desactualización de disposiciones normativas y

reglas de operación.

31

Insuficiencia financiera de recursos del Activo Circulante de

Libre Uso y/o Etiquetados para pagar los pasivos.

25

Inadecuada planeación y programación de las obras. 7

Deficiencias de indicadores o incumplimiento de objetivos y

metas.

5

Carencia o inadecuada elaboración de finiquitos y actas de

entrega-recepción de obras.

4

Total General 3,170

En el desglose del Pliego de Observaciones que a continuación se señalan:

Clasificación / Recurrencia

Importe Pliego

de

Observaciones

% con

respecto al

monto total del

Pliego de

Observaciones

CESF= Cuentas del Estado de Situación

Financiera 46,787,836.34 9.39%

32

Saldo de deudores o cuentas por cobrar

pendiente de comprobar o recuperar. 21,362,591.56 4.29%

Falta de documentación comprobatoria o

justificativa. 11,575,653.85 2.32%

Pagos adicionales por incumplimiento de

obligaciones. 6,406,721.50 1.29%

Descuento sin autorización o justificación. 4,218,080.83 0.85%

Pagos improcedentes o en exceso. 2,113,763.85 0.42%

Omisión del entero en tiempo y forma de

Retenciones y Contribuciones por Pagar a

Corto Plazo.

572,125.00 0.11%

Activos fijos los cuales no se encontraron al

realizar la inspección física. 509,105.41 0.10%

Adjudicaciones y adquisiciones que no se

ajustan a la normativa. 16,528.87 0.00%

Falta o inadecuada formalización de contratos,

convenios o pedidos. 13,265.47 0.00%

ING = Ingresos 728,109.23 0.15%

Omiten el cobro de multas y recargos por la

recaudación fuera del plazo establecido. 338,479.79 0.07%

Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por

transferencias de recursos. 202,597.66 0.04%

Descuentos en los cobros de ingresos sin

autorización o justificación. 148,666.81 0.03%

Falta de documentación comprobatoria y

justificativa. 15,345.00 0.00%

Diferencias en los cobros de la recaudación de

los ingresos. 11,768.73 0.00%

Sobre ejercicio del recurso autorizado. 11,251.24 0.00%

33

EGR = Egresos 450,997,925.23 90.47%

Falta de documentación comprobatoria y

justificativa. 144,288,833.02 28.94%

Pagos improcedentes o en exceso. 132,853,511.92 26.65%

Recursos utilizados para fines distintos a los

autorizados por la ley o reglas de operación. 78,742,537.56 15.80%

Obras que reflejan conceptos estimados en

exceso y/o no ejecutados. 33,375,200.63 6.69%

Mezcla o adeudo entre cuentas bancarias por

transferencias de recursos. 22,766,287.51 4.57%

Pagos adicionales por incumplimiento de

obligaciones. 16,569,624.55 3.32%

Conceptos de Obras sin comprobar y/o

justificar. 11,034,625.41 2.21%

Obra que no se encuentra concluida o que no

se encuentra en operación. 6,761,607.74 1.36%

Adjudicaciones y adquisiciones que no se

ajustan a la normativa 2,046,849.39 0.41%

Carencia o inadecuada aplicación de penas y

sanciones por incumplimiento. 1,203,881.92 0.24%

Concepto de gasto o monto no autorizado en el

presupuesto de egresos. 630,590.75 0.13%

Conceptos de obras de mala calidad y/o con

vicios ocultos. 347,054.86 0.07%

Activos fijos los cuales no se encontraron al

realizar la inspección física. 239,500.00 0.05%

Deficiencias en registros administrativos,

presupuestarios y contables. 115,033.92 0.02%

Omisión o diferencias del entero en tiempo y 14,179.15 0.00%

34

forma de la retención del 2 al millar CMIC fondo

III, del fondo IV, del CMIC PDZP, 5 al millar

inspección fondo III.

Omisión de retenciones de impuestos, cuotas u

otros. 8,606.90 0.00%

Total General 498,513,870.80 100.00%

Esta Comisión de Fiscalización, con sustento en lo anterior, se permite someter a la

consideración de la Mesa Directiva del Congreso del Estado para los efectos de poner en

conocimiento y se emita la siguiente:

DECLARATORIA DE CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DE 2017

ARTICULO PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116, fracción

II, Sexto Párrafo y 115, fracción IV, Penúltimo Párrafo de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos; 37, quinto y sexto párrafo, 43, fracción XXII, párrafo cuarto,

XXII Bis y 53 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; y 1, 2, 3, 4, fracción XIV, 8,

fracción XXXV y XXXVII, 28, 29, 30, 34, 34, Bis, 47, 48, fracción IV, 54 Bis A, 69 y 69 Bis A

de la Ley de Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, y 71, fracción II, inciso a) de la Ley

Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa, se concluye el procedimiento de revisión,

análisis y fiscalización de la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2017,

con base a su contenido y a las conclusiones técnicas que del Informe General Ejecutivo del

Resultado de la Fiscalización Superior a que se refiere la Sección V, del Capítulo II, del

Título IV, de Constitución del Estado de Sinaloa.

Las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por la Auditoría Superior del

Estado, seguirán su curso para resarcir los daños que se hayan causado a la Hacienda

Pública Estatal o Municipal, por lo que deberán emprenderse las Denuncias Penales ante la

Vicefiscalía Anticorrupción, así como las demandas por causas graves derivadas de

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infracciones a las que se refiere la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de

Sinaloa, toda vez que no se hayan realizado las solventaciones por parte de los entes

públicos fiscalizados.

En atención a la fundamentaciones anteriores y con base en los análisis técnicos y

recomendaciones de la Comisión tanto a los resultados establecidos en las conclusiones

técnicas de la Auditoría Superior del Estado y de la Comisión Permanente de Fiscalización

del Congreso del Estado, determinados en los Decretos emitidos con fecha 31 de julio de

2019, este Congreso por conducto de la Comisión de Fiscalización, hace la declaratoria de

sostener el rechazo de la Cuentas Públicas establecido en los Decretos que contienen los

informes general e individuales y no aprobar el ejercicio del gasto público del año 2017, con

relación a las cuentas de los entes públicos poderes, organismos y entes fiscalizados.

Artículo Segundo. Conforme al artículo anterior, y en alcance a los decretos de fecha 31

de julio de 2019, la Auditoría Superior del Estado, entregará al Congreso del Estado, a más

tardar el primer día hábil del segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de

Ejercicio Legislativo, los siguientes informes:

UNO. Un informe de revisión de la información contable, presupuestaria y programática,

además de los indicadores de Postura Fiscal, contenida en la Cuenta Pública 2017, Tomo

III Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa presentada en términos del Artículo 34 de la Ley

de Auditoría del Estado, de conformidad con los artículos 37; 43 antepenúltimo párrafo y 65,

Fracción VI, todos de la Constitución Política del Estado.

DOS. Un Informe de Revisión y Fiscalización Superior de los recursos ejercidos en el

concepto de Servicios de Comunicación Social y Publicidad, correspondientes al ejercicio

fiscal 2017.

TRES. Los Informes de la Revisión y Fiscalización Superior de los órganos autónomos:

Fiscalía General; Tribunal de Justicia Administrativa; Tribunal Estatal Electoral; Comisión

Estatal de Derechos Humanos; Instituto Estatal Electoral y Comisión para el Acceso a la

Información Pública, y el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, correspondientes al

ejercicio fiscal 2017.

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CUATRO. Los Informes de la Revisión y Fiscalización Superior de las Secretarías,

Coordinaciones y demás entidades Coordinadas del Poder Ejecutivo, no auditadas con

relación al ejercicio fiscal de 2017.

CINCO. Un informe de la promoción de las acciones procedentes ante el Tribunal de

Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en términos

de la fracción IV del Artículo 53 de la Constitución Política del Estado, derivada de la

Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública, al ejercicio fiscal de 2017.

SEIS. Un Informe Específico del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de los

Fideicomisos F/2110522 y F12000485-0, ambos identificados como "Fondo de Ahorro de

los Trabajadores del Estado de Sinaloa".

SIETE. Un informe de seguimiento a las denuncias presentadas ante la Fiscalía

Especializada, entre el 23 de octubre de 2017 al 2 de mayo de 2019 derivadas de auditorías

practicadas entre el primero de julio de 2014 al 31 de diciembre de 2016, relacionadas

según Informe del Estado que Guarda la Solventación de Observaciones a las Entidades

Fiscalizadas, entregado al Congreso del Estado el 2 de octubre de 2019.

Artículo Tercero. Remítase la presente Declaratoria al Comité de Participación

Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para los efectos que

correspondan.

Transitorio

Único. El Presente acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación por la

Comisión de Fiscalización.

Es dado en Sala de Reuniones de la Comisión de Fiscalización del H. Congreso del Estado,

en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa a los veintiocho días del mes de octubre del año

dos mil diecinueve. Comisión de Fiscalización de la LXIII Legislatura del. H. Congreso

del Estado de Sinaloa. Diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta, Presidente.

Diputada Ana Cecilia Moreno Romero, Secretaria. (Sin Firma) Diputado Marco César

Almaral Rodríguez, Vocal. Diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, Vocal. Diputada

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Flora Isela Miranda Leal, Vocal. Diputada Cecilia Covarrubias González, Vocal.

Diputada Beatriz Adriana Zárate Valenzuela, Vocal.”

La diputada Presidenta dijo: Habiéndose dado lectura a la

declaratoria, procede informar al Pleno que la determinación para participar en relación a las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal del 2017, se han anotado en el orden siguiente: en primer término la diputada Karla de Lourdes Montero Alatorre, la segunda participación diputado Édgar Augusto González Zatarain, y en tercer lugar el diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez, la diputada Ana Cecilia Moreno Romero y el diputado Marco Antonio Zazueta Zazueta.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada

Karla de Lourdes Montero Alatorre, del Partido Encuentro Social, quien dijo: Buenos días diputada Presidenta, buenos días a mis compañeros y compañeras diputadas y diputados, a los medios de comunicación y público culto e inteligente y conocedor que hoy nos acompaña; a las maestras de educación preescolar, bienvenidas; a las viudas de los policías sean bienvenidas nuevamente también.

Hay algo que, tal vez sea mi ignorancia sobre los temas, pero siempre he preferido ser ignorante un día que toda la vida, no darme de las que sé y que me las machuco todas, cuando no me machuco ninguna.

Se de ladrillos, se de cimbra, se de arenas, se de cemento, se de madera, pero hay unas cuestiones que no sé, pero en lo que hemos ido avanzando en este más de un año legislativo, he preguntado a las personas que he creído que son conocedoras de los temas, ellos saben perfectamente quiénes son y yo creo que todos sabemos quiénes son las personas que conocen de los distintos temas aquí.

No entiendo el que, votamos las cuentas públicas en el mes de julio, para estas fechas ya deben de estar solventadas, no se nos entregó nada ni como se solventaron ni nada, es algo que hacen –válgame la redundancia- los que saben del tema, que son los auditores, la metodología realmente siendo de profesión arquitecta no sé de metodología de auditorías; lo que si se me hace un dato bien curioso, es

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que hace unas semanas, en la Junta de Coordinación Política a la cual pertenezco por de faul, por vacíos de la Ley Orgánica, porque santo y señas mande, pues se le aprobaron casi cien millones más a la ASE para su funcionamiento, entonces ahorita estoy escuchando que no le crean a la ASE, porque su metodología no están de acuerdo con ella, es muy respetable la forma de pensar de cada uno; a lo mejor estoy loca, o lo mejor algo que empieza con “p” y termina con “a”, pero en fin, la verdad no sé de qué se trate, y por eso estoy aquí, si se le aprobaron casi cien millones más pero no se le cree en su trabajo, entonces para qué tenemos a la ASE, mejor desaparecerla y así aunamos más a lo que es esta austeridad, y austeridad debería de ser también en otras cosas, porque por lo que veo, nunca pensé estar aquí en tribuna y tener que decir esto, y lo digo con cara llena de vergüenza, porque pensé que solo en el PRI pasaba, sinceramente porque era lo que había visto y tal vez una colita del PAN, de lo poco que estuvo el PAN en el Gobierno Federal, pero el montaje que se presentó el día de ayer en los medios de comunicación sobre la detención del muchacho este hijo del ya preso de por vida ex narcotraficante, lo veo aquí, están dándole un dinero a la ASE en la cual no están creyendo en su trabajo ni en sus metodologías, es lo que quisiera yo que me explicaran los de las comisiones correspondientes, tal vez para sacarme de mi ignorancia y conocedor del tema sería el diputado Jorge Villalobos, para mí. Por qué desacreditar el trabajo de la ASE, pues mejor desaparezcámosla, creamos leyes para desaparecerla, porque pues no se cree en ella, pero sin embargo se le dan noventa y tantos millones creo que fueron; entonces deberíamos de pensar en eso, vamos despareciendo a la ASE, aquellos que están más avanzados en conocimiento de leyes, yo creo que hay que crear algo, yo se los firmo y participo con ustedes, con mucho gusto, vamos desapareciendo a la ASE, ya que se no se cree en ella, ya que no sirve, porque sus metodologías no sirven, pero es lo que escucho aquí que se desacredita pero se le dan cien millones más. Es cuanto diputada Presidente. Discúlpenme por salirme del tema, pero se me hace igual e inverosímil ese montaje que hizo, no sé si fue el Gobierno Federal porque no saben ni quién realizó el operativo, entonces no fue si el Gobierno Federal, los mismos traficantes. Le pido

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una disculpa diputada Presidenta, por la investidura que usted representa para mí.

La diputada Presidenta dijo: En virtud de que el diputado Édgar

Augusto González Zatarain ha declinado su participación, continuamos en el orden previsto.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al diputado

Jorge Iván Villalobos Seáñez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores.

El día de hoy culmina por mandato constitucional, el plazo por virtud del cual concluye la fiscalización de la cuenta pública del 2017, y como ustedes saben, es sabido que, pues la Auditoría Superior del Estado ha presentado un informe en el que ya habíamos discutido el último día justamente del mes de julio, justamente hace tres meses, en el cual se discutía en forma preliminar, en forma anticipada y en forma parcial los juicios de valor que a juicio del órgano de fiscalización superior del Estado, denominado Auditoría Superior del Estado, determinaba sobre la aprobación y el rechazo de determinadas cuentas públicas de cinco dependencias del Gobierno del Estado, de los dieciocho ayuntamientos y de algunos entes paramunicipales.

Para mi sorpresa el documento que hoy analizamos y que se votó por unanimidad el pasado lunes en la Comisión de Fiscalización, no presenta grandes cambios, y qué quiero decir con esto, que desafortunadamente el trabajo, el deficiente, precario trabajo hecho por la Auditoría no refleja en este informe de veinte cuartillas, las solventaciones que hicieron los entes públicos fiscalizados; y lo digo con la suficiente razón y con el suficiente respaldo numérico, porque fíjense una cosa, de los 498 millones de pesos que se determinaron en el ejercicio 2017, no se solventó el 49%, es decir, lo entes públicos fiscalizados dejaron de comprobar el 50%, quiere decir con esto que en Sinaloa de cada dos pesos que el gobierno gasta, deja de comprobar un peso, y solamente en la muestra auditable, es decir, los entes públicos que forman parte del

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programa anual de visitas y de auditoría, vayan ustedes a saber de todo el presupuesto cuánto se comprueba y cuánto no, y eso es francamente delicado, porque del universo auditado, es decir de estos casi 500 millones de pesos en aquel entonces en el mes de julio un servidor decía y recalcaba, oigan espérense, vamos a esperar que la Auditoría concluya los trabajos de fiscalización no podemos hacer un señalamiento a priori, parcial, que esté trunco, pues no, ahora el informe lo único que comprueba es exactamente lo mismo que se dijo en el mes de julio; y estos elementos si nos permiten concluir que, como dice el documento, incluso lo comentaba yo en la Comisión de Fiscalización en la página cuarenta, donde dice “se sostiene el rechazo de las cuentas públicas” pues yo creo que ahora si valdría la pena hacer comparecer a la titular del órgano de fiscalización para que explique todas y cada uno de los rechazos y que determine con qué criterio estableció las causas graves o no, para aprobar y rechazar determinadas cuentas públicas; por ejemplo, en Culiacán dejaron de solventarse 25 millones 400 mil pesos y se le aprobó la cuenta pública; en municipios como el de Sinaloa solventó el informe en el anexo que se presenta de las observaciones fiscalizadas, solventó el 60% y se le rechazó la cuenta pública.

Al día de hoy compañeras y compañeros no entendemos los criterios que utilizó la titular del órgano de fiscalización superior para reprobar unas y aprobar otras, no sabemos con exactitud en qué consistieron las solventaciones que hicieron los entes públicos fiscalizados desde la Secretaría de Finanzas hasta el último de los municipios, en los treinta días posteriores que tienen al inicio de su notificación, efectivamente, en el mes de julio este debate versaba sobre que le diéramos oportunidad a la Auditoría para que analizara la solventaciones que se hicieron, y por eso vuelvo a poner el ejemplo de Sinaloa municipio, qué paso, si en el informe que se nos presenta, Sinaloa presentó solventaciones por 6 millones 825 mil pesos y la cuenta le fue rechazada con un pliego de observaciones de 12, es decir, solventó el 50% y sin embargo la Auditoría le rechazó y le reprobó la cuenta pública, como este ejemplo pueden citar muchos, y es por eso que, evidentemente al seno de la Comisión de Fiscalización se acordó solicitar información a detalle

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respecto de aquellos entes públicos que han acudido a esta Soberanía, con las y los compañeros diputados para quejarse del desempeño y del trabajo hecho por la Auditoría, porque evidentemente hubo solventaciones e incluso hubo señalamientos de solventaciones que no le fueron recibidas en tiempo y forma, y de las cuales este Congreso tiene que tener pleno conocimiento.

Por qué lo digo, porque este es un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, es un procedimiento en virtud del cual, un ente público fiscalizado se le notifican una serie de observaciones y tiene en su defensa treinta días posteriores al inicio del procedimiento para aclarar lo que a su derecho e interés convenga, y esas documentaciones no le fueron tomadas en cuenta, puesto entones este Congreso tiene que llamar a cuentas a la responsable para ver cuál fue la razón por virtud de la cual no tomó en cuenta esas documentaciones.

Me parece franca y sencillamente delicado que, el proceso de fiscalización en Sinaloa esté siendo atípico, y les digo por qué, porque es el único estado de la República en el que la fiscalización se analiza intermitentemente, es decir a la mitad, no en octubre como debiésemos estarlo haciendo en este momento, lo hace a la mitad, lo hace de manera parcial y lo hace a través de juicio de valor, porque desde julio puso en la picota a los entes públicos y reprobó unos y aprobó a otros; y yo ingenuamente pensé –les pido perdón por eso- porque la verdad es que ingenuamente pensé que derivado del análisis de las solventaciones iba a ver modificaciones a los procesos de revisión en curso, que está mal el procedimiento, está mal y hay que cambiarlo, que no están funcionando los órganos internos de control de los entes públicos fiscalizados, hay que modificar la ley para permitir una correcta y adecuada rendición de cuentas; que la Auditoría no tomó en consideración algunas de las solventaciones o ni siquiera recibió las solventaciones de algunos entes públicos fiscalizados, ojo, habrá en todo caso que evaluar el desempeño del proceso de fiscalización, porque lo que no podemos permitir es trasladar un juicio de carácter técnico de este Congreso a un órgano autónomo como es la Auditoría; si lo que se busca es garantizar el profesionalismo, la autonomía técnica y de gestión de un órgano de

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fiscalización superior que depende de este Congreso, pues en todo caso hay que dotarlo de herramientas necesarias, pero lo que no se vale es que no se vengan a explicar los criterios en ningún documento que se ha presentado, por virtud de los cuales no considera graves la no solventación de 25 millones de pesos en el municipio de Culiacán, y la solventación parcial del 50% con el municipio de Sinaloa para reprobar una cuenta pública; eso no lo podemos permitir, y no lo podemos permitir porque no es sano, está poniéndose en tela de juicio un proceso fundamental, que es la transparencia y la rendición de cuentas, en el que este Congreso y todos los Congresos de mundo es una actividad originaria, primigenia, una de las mayores atribuciones que tienen los parlamentos en México y en el mundo, es la fiscalización de los recursos públicos, y no está funcionando y está funcionado de manera opaca, de manera irrelevante, porque en un documento, en un anexo que se nos presenta se nos dice que de los 498 millones de pesos, 270 no está comprobados, y lo peor, en la página 30 del documento que estamos discutiendo el día de hoy, establece que se presentaron once denuncias, sí, pero del anterior auditor, se presentaron del 23 de octubre del 2017, auditorías practicadas en los ejercicios fiscales del 14 al 16, es de todos evidente que existe también ya una contradicción de cifras, posturas y posiciones entre la titular del órgano de fiscalización y el Fiscal General del Estado, por qué, porque manejan una serie de denuncias y de montos resarcitorios, por ejemplo en el ISSSTESIN, cuando en realidad la denuncia son por montos menores.

También el día de ayer en la Comisión de Fiscalización acordamos tener una reunión con la Fiscalía, la titular de la Fiscalía Anticorrupción, juntamente para ver qué está pasando con ese manejo de desinformación, porque no podemos permitir ni soslayar que la Auditoría maneje una información y la Fiscalía maneje otra información; y la sociedad lo que está pidiendo son cuentas claras y transparentes, así como exigimos información al Gobierno Federal, también exigimos información a la Fiscalía del Estado y a la Auditoría Superior del Estado, la consistencia en los argumentos no debe variar, según las condiciones, debe permanecer según la esencia de lo que estamos buscando y lo que estamos buscando

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es conocer la verdad y que haya responsables, así lo dijimos el pasado martes; por qué, porque al día de hoy tampoco hay señalamientos de acciones concretas para deslindar responsabilidades de todos aquellos funcionarios o entes públicos que no han acreditado, porque no acreditaron porque ya transcurrió el tiempo para hacerlo y también transcurrió el tiempo de los ciento veinte días que la Auditoría tuvo para analizar esa información, de qué pasó con esos recursos, con esos más de 270 millones de pesos que no se comprobaron porque de ahí tiene que depender y derivarse acciones, recomendaciones, procedimientos administrativos, defensas ante el tribunal de justicia Administrativa y probables denuncias penales por daños y afectaciones a la hacienda pública de sus respectivos entes, entiéndase Gobierno del Estado, municipios o entes públicos paramunicipales.

Concluyo pues compañeras y compañeros legisladores, manifestándoles que es urgente, es indispensable modificar el sistema de fiscalización que tiene el Estado de Sinaloa, los convoco de una vez y creo que estamos muy a tiempo para evitar que este ejercicio continúe el año que entra, para no volver a discutir en medio del proceso de fiscalización, creo que tenemos que retomar, si con informes parciales, si con mayor información e intercambio de datos y de información de parte de este Congreso con la unidad técnica de fiscalización, con su comisión y con la auditoría, pero sí creo que tenemos que retomar una vez más la revisión seria de la fiscalización a la conclusión no al intermedio, es como si estuviéramos en un partido y juzgamos a la mitad del partido que ya se ganó o se perdió, pero falta por revisarse, y esta revisión y estos datos que hoy nos aporta el informe de solventaciones dejar mucho que desear.

Los invito pues compañeras y compañeros a que juntos transformemos y reformemos el sistema de fiscalización del Estado a través de reformas a la Constitución y a las leyes secundarias. Es cuanto diputada Presidenta.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada

Ana Cecilia Moreno Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien dijo: Con su permiso diputada

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Presidenta; amigas y amigos diputados; compañeras y compañeros de los medios de comunicación; público aquí presente.

A nombre de las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del PRI, hago uso de esta tribuna para fijar nuestra posición, con respecto a la Declaratoria de Conclusión de la Revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio fiscal de 2017, que nos presenta la Comisión de Fiscalización.

Con relación a este tema, desde el pasado mes de julio, afloraron al interior del Congreso diversas visiones.

Una parte de las diferencias, se explican por las lagunas y ambigüedades que existen en la normatividad relativa a la revisión y fiscalización de las cuentas públicas.

Justamente por estos motivos, como Grupo Parlamentario del PRI, hemos presentado varias iniciativas de Ley para mejorar este marco regulatorio en materia de fiscalización.

Precisamente, con este ánimo, el día de hoy hemos presentado ante la Oficialía de Partes otra Iniciativa de Ley, para que se homologuen y empaten las fechas de cierre de los procesos de revisión y fiscalización de las cuentas públicas, y lo decía bien ahorita el diputado Villalobos.

Pero al cierre del segundo periodo de sesiones del primer año del ejercicio legislativo, desde el pasado mes de julio, cuando se abordó de manera intensa este asunto, también señalamos que una gran parte de las discrepancias y diferencias en estos temas, tenía como principal motivación las posturas políticas interesadas.

Desde que empezó este proceso, la bancada del PRI señalamos que inició mal, porque algunas de las acciones y decisiones de la Comisión de Fiscalización no se apegaron estrictamente a la legalidad.

Desde nuestro punto de vista, los decretos emitidos durante los últimos días del pasado mes de julio por este Congreso, no tuvieron el debido soporte legal y presentaron una gran cantidad de vicios jurídicos.

Casi la mitad de las y los 40 diputados que conformamos esta Legislatura estatal, nos manifestamos en ese sentido, y votamos en contra de los dictámenes de la Comisión de Fiscalización.

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Hablamos entonces de un proceso irregular, que no se apegó estrictamente a derecho.

En ese marco, el Ejecutivo Estatal formuló observaciones a los decretos correspondientes, en ejercicio puntual de una facultad constitucional que le asiste.

Por cierto, estas observaciones que el Ejecutivo Estatal le hizo llegar al Congreso, desde el pasado día primero de octubre, nunca se hicieron del conocimiento de este Pleno, negándonos a las y los representantes del pueblo sinaloense la facultad de analizar, discutir, valorar, y en su caso, votar dichas observaciones.

Lo que ha hecho la Comisión de Fiscalización, fue acordar la formalización de una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Grupo Parlamentario del PRI está de acuerdo y expresa un respetuoso llamado, para que como Congreso, esperemos la decisión de la Corte y nos atengamos a su veredicto final.

En el informe final de la Comisión de Fiscalización, en su Declaratoria de Conclusión de la Revisión de las Cuentas Públicas correspondientes al Ejercicio Fiscal de 2017, encontramos la repetición obsesiva, de viejos y equívocos señalamientos.

De manera absurda, se le cuestiona al Ejecutivo Estatal el uso de la imagen institucional identificada como "Calidad Puro Sinaloa".

A quienes hacen la mayoría en la Comisión de Fiscalización, se les olvida que los distintos órdenes de gobierno, en las más diversas administraciones gubernamentales, siempre operan y se manejan con una imagen institucional.

En el caso local, la imagen institucional "Calidad Puro Sinaloa" tiene una amplia aceptación social, porque con este mensaje se exalta lo bueno, lo positivo de nuestro estado, el valor de nuestra gente, de lo que somos las y los sinaloenses.

Hoy más que nunca, esta identidad debe ser fortalecida de nueva cuenta, a partir de los lamentables sucesos acontecidos en Culiacán el pasado 17 de octubre, con los hechos de violencia que le dieron la vuelta

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al mundo, los cuales se derivaron a partir de un operativo fallido que ha dañado la imagen de los sinaloenses.

Tenemos que trabajar todos juntos, para luchar contra la estigmatización que de nueva cuenta se quiere hacer de nuestro estado y debemos hacerlo exaltando las muchas cosas buenas y positivas que tenemos. Ese es el propósito del slogan y logotipo Puro Sinaloa.

Otro tema que se cuestiona en el informe final de la Cuentas Públicas 2017, por parte de la Comisión de Fiscalización, se refiere a la obra pública.

Si de algo ha dejado constancia el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, es de una obra pública sin precedente, que ha desarrollado a lo largo y ancho de Sinaloa, en los 18 municipios sinaloenses, sin hacer distingos de colores partidistas.

La inversión en obra pública estatal se ha ejercido en los más diversos rubros, como son la infraestructura educativa y de salud, agua potable, drenaje, pavimentación y espacios deportivos.

Estos programas de obra pública, se han llevado a cabo en el marco de la más amplia transparencia, realizando los procesos de licitación que marca la Ley.

De nueva cuenta aparece la cantaleta de la inversión que se aplicó para modernizar los estadios de beisbol, el Teodoro Mariscal, en Mazatlán, y el Emilio Ibarra Almada, en Los Mochis.

A quienes integran la mayoría de la Comisión de Fiscalización, desde ahora los convocamos para que con ese mismo espíritu obsesivo, en su momento revisen y cuestionen la importante inversión pública estatal, que este año 2019 se ha ejercido para reconstruir el estadio de beisbol Francisco Carranza Limón, en la ciudad de Guasave.

Esta inversión pública estatal fue determinante, para apoyar de manera total y absoluta el compromiso presidencial, para que los Algodoneros de Guasave estén de nueva cuenta, participando en la Liga Mexicana del Pacífico.

El Gobernador de Sinaloa está haciendo un gran trabajo y eso a muchos actores políticos no les gusta y les incomoda bastante.

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Quirino Ordaz Coppel, en todas las encuestas, aparece como el Gobernador mejor evaluado de México.

Tampoco es fortuito, que la Auditoría Superior de la Federación haya calificado el ejercicio del gasto público en Sinaloa, dentro de los más transparentes y apegados a la Ley a nivel nacional.

El gasto estatal en comunicación social es otro rubro que se cuestiona, de manera equívoca, en el informe final de la Comisión de Fiscalización.

Es evidente que no escuchan quienes forman mayoría en dicha Comisión, porque una y otra vez se les ha señalado, que la mayor parte del gasto en este renglón se lleva a cabo para darle difusión a las campañas en materia de educación, salud, protección civil y seguridad pública.

En este informe final se reitera una falta de conocimiento técnico y legal, cuando se señala que el Ejecutivo Estatal superó el techo presupuestal que se le aprobó para comunicación social, en el ejercicio fiscal 2017.

Resulta más que evidente, para el caso de quienes forman mayoría en la Comisión de Fiscalización, que ignoran el precepto legal en materia de presupuesto estatal, que le confiere al titular del Poder Ejecutivo la facultad de poder realizar reasignaciones en el gasto público, hasta por un máximo del 20% del total autorizado.

Amigas y amigos diputados: Las cosas están muy claras. Un esquema de división de poderes implica un sistema de frenos, contrapesos y equilibrios recíprocos entre los poderes del Estado.

Y respecto a la Controversia Constitucional, queremos dejar constancia pública, que la bancada del PRI acatará, sin reservas, lo que determine con base a la Ley, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto diputada Presidenta.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al diputado

Marco Antonio Zazueta Zazueta, del Grupo Parlamentario de Morena, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta; público que nos acompaña; compañeras y compañeros diputados presentes; equipo técnico de los compañeros diputados; público en general; medios de

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comunicación alternativos y tradicionales, sean bienvenidos a este Honorable Congreso del Estado de Sinaloa.

Para tener un poquito de conocimiento, yo quiero explicarles que las cuentas públicas es un ejercicio mediante el cual las entidades que reciben recurso público están obligadas por ley a darnos cuentas, y los que estamos facultados para hacer esas revisiones fiscalizadoras somos los Congresos tanto de los estados como el Congreso de la Federación.

También quiero decirles que estas constan de un marco jurídico muy amplio, en el cual intervienen muchísimas leyes y normas que los que administran el recurso público tienen que respetar y si no lo hacen pues van a salir observaciones, con pliegos y en los resultados también van a salir responsabilidades administrativas contra quien lo haya hecho mal.

El día 20 de febrero, la Auditoría Superior del Estado entregó su informe sobre las cuentas públicas, en donde la Comisión de Fiscalización inició un proceso de revisión y análisis de los mismos, en donde se detectó irregularidades de las mismas entidades al momento de aplicar el mismo recurso público; se detectó que las entidades violaron leyes como la Constitución Política, como la ley de Obra Pública; la Ley de Disciplina Financiera; la Ley de Contabilidad Gubernamental, no respetaron las normas del CONAC, del Consejo de Armonización Contable y nos dio un resultado de que en la revisión había un total de 946 millones de pesos por recuperar; en los tres días que tuvieron los entes en la confronta que le llaman, pues misteriosa y mágicamente en tres días pues solventaron 497 millones, quedando un total de 498 millones en pliegos de observaciones; pero ese mismo informe venía con errores y con omisiones, no se presentó completo como tiene que ser el informe como lo marca la ley.

También encontramos que había tres mil millones de pesos en promociones de responsabilidades administrativas y pasivos sin fuentes de pago por cinco mil millones de pesos de las mismas entidades que fueron fiscalizadas; en ese sentido consideramos que había un desaseo total al momento de aplicar el recurso público, y también hicimos una crítica enorme por la matriz que fue considerada para hacer la evaluación, de qué entes aprobaban sus informes de cuentas públicas y qué entes se les fuera rechazado su informe de cuenta pública. Una matriz que en

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ningún momento fue certificada por un perito especializado en parametría, que te dijera que los rangos en los cuales los porcentajes que estaban utilizando eran los correctos como para decidir que un ente público podía ser aprobado su informe y qué ente tenía que ser rechazado y eso lo criticamos muchísimo aquí en tribuna y en la misma Comisión.

No se vale ya faltarle el respeto a la ciudadanía. Por eso nosotros consideramos no correcto aprobar dichos informes, y se vino la discusión, muchos dijeron que nosotros no estábamos facultados para dictaminar, cuando son facultades propias de la Comisión; otros dijeron que actuamos en la ilegalidad, que estábamos haciendo nosotros un mal uso de nuestras facultades, pues al final de cuentas se sometieron a esta Soberanía y el mismo Congreso por mayoría decidió el rechazo de dichos informes, y la aprobación de los que venían con sentido de rechazo, esto siguió caminando porque tenía que haber publicado el Ejecutivo los decretos de los informes de las cuentas públicas, lo cual no sucedió, argumentando lo mismo el Ejecutivo, nos hace observaciones, pero no nos hace observaciones técnicas, nos hace observaciones jurídicas como si fuera él fuera juez y parte; por eso es que nosotros decidimos irnos a una controversia constitucional y que sea la misma Corte quien decida quién tiene la razón, y vamos a esperar ese resultado; pero haciendo un análisis profundo sobre los tres mil millones de pesos en responsabilidades administrativas, esos expedientes que se van a entregar a cada órgano interno de control, para que sancione a los servidores públicos que incurrieron en alguna violación a la norma o a algún delito, ahí es donde nos damos cuenta como la misma corrupción ha venido siendo una cobija desde hace tiempo, de que los órganos internos de control, antes llamados contralorías no funcionan y no están dando los resultados que tienen que dar, dónde está la prevención, cuando están aplicando mal el recurso, dónde está la sanción, antes de que llegue una auditoría y te haga una revisión, no hay nada, porque todo estaba hecho para eso, para que la corrupción continuara, hoy que estamos nosotros aquí nos damos cuenta de todo el cochinero que hay, y una imposición del Ejecutivo por querer mantener las cosas igual. Y si compañeros es denigrante que como niño te pongan un sello aquí, tal pareciera que estamos en la época hitleriana

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donde todos tenían que traer un sello marcado nazi aquí, es lo mismo, es denigrante para un niño tener que portar un uniforme con un sello, un logo que aparte está pagado con el dinero de ellos, eso ya no debe de suceder compañeros.

Nosotros, el Grupo Parlamentario de Morena vamos a luchar y vamos a exigir que se haga una reforma, porque la Legislatura pasada, hay que decirlo, aprovechando los vacíos del nuevo sistema estatal y municipal anticorrupción, modificaron en fast track o no sé cómo le quisieron hacer para modificar las leyes, y eso nos metió en un gran problema, porque no hicieron las cosas bien, tuvimos que aquí en el Congreso emitir una opinión el día 31 de julio sobre informes de cuentas públicas cuando el proceso culmina hoy 31 de octubre.

Yo no sé quién lo hizo, pero los responsables son los que aprobaron esa ley, y es la ley que nos metió en este conflicto en el que estuvimos metidos el 31 de julio.

Es importante que se haga la reforma en la cual podamos empatar los tiempos, que sea una verdadera culminación de un proceso de fiscalización, pero, necesitamos también compañeros poner ojos en el desempeño de la Auditoría Superior del Estado, porque nos ha quedado a deber mucho, y nomás lo digo por este proceso que nos ha tocado vivir aquí en esta Legislatura, históricamente hay un rezago, no se integran expedientes, dónde están las denuncias, no hay, no los terminan de integrar; la Fiscalía los rechaza porque no están sustentados, no hay una coordinación real entre el órgano fiscalizador con la Fiscalía, con el Tribunal de Justicia Administrativa e incluso hasta con el mismo Congreso, no existe, por qué, porque se quiere que se prevalezca en el estatus quo, que no se mueva nada, que la corrupción siga, y que los ciudadanos sigan padeciendo los gobiernos, los regímenes que nos metieron en una política de pillaje en el cual solamente han sido beneficiados unos y el resto de la sociedad ha sido ignorada y no se ha cumplido con la justicia como tiene que ser.

Nosotros vamos a seguir trabajando, no nos vamos a cansar, y esperamos compañeros contar con el apoyo de todos ustedes para hacer las reformas que necesitamos, aquí se habló de autonomía para la

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Auditoría Superior del Estado, la autonomía superior de estado ahorita no cuenta con las condiciones para ser un órgano autónomo, o al menos no lo ha demostrado. Necesitamos dotarla de herramientas, claro, hay que dárselas, pero hay que exigir resultados, porque los resultados que hemos obtenido no son los deseados y próximamente estaremos en la comparecencia de la misma titular, haciendo, las observaciones pertinentes referente al proceso del ejercicio fiscal del año 2017.

Cuando concluye el informe final, pues nos damos cuenta que los entes solamente solventaron como pliego de observación los 153 millones de los 498, quedando 244 millones sin solventar, pero no hay un pronunciamiento real sobre qué va a suceder con los responsables, con los que no solventaron, ni tampoco se nos ha informado cómo fue que solventaron los 253 millones de pliego de observaciones que les aparecieron solventados. En los resultados finales, en los pliegos de observaciones solamente se solventó un 32% de los resultados, quedando pendientes por solventar un 56% y solventando parcialmente solamente fue un 12%.

En las promociones de responsabilidades administrativas, pues solamente solventaron 62 las entidades, de 3,000; no hay interés de los mismos entes en solventar, o están todavía creyendo que como nunca pasaba nada, esta vez tampoco no va a pasar nada. Unos argumentaban en la prensa, ex alcaldes, diciendo en julio que todavía estaban solventados cuando el periodo había concluido en abril, desconocen la ley totalmente, entonces, por qué, pues porque lógicamente tenían quien los cubriera, tenían quien los tapara, tenían quien les lavara la ropa sucia y eso ya no va a suceder compañeros, desde que llegó el Grupo Parlamentario de Morena no vamos a permitir más actos de corrupción, no vamos a permitir más atropellos con los ciudadanos y nos vamos a permitir más engaños, simulación y autoritarismo de los órganos que tienen que hacer cumplir la justicia. Es cuando diputada Presidenta.

La diputada Presidenta dijo: Concluidas las participaciones en este

tema, pasamos al cuarto punto del orden del día.

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4.- Primera lectura de iniciativa de las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que propone reformar los artículos 106 párrafo primero y 115 párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso del Estado.

La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera lectura a

esta iniciativa, túrnese para la segunda de ley. Se informa a quienes nos acompañan en esta mañana de la

Asociación Civil de familias de policías caídos y policía jubilados, que en seguimiento a iniciativa presentada, van a ser atendidos por el diputado Mario Rafael González Sánchez, en la Sala A de este Poder Legislativo, por lo que solicito al diputado Mario Rafael se ponga en contacto y en coordinación con este grupo para ser atendidos en este momento.

5.- Primera lectura de iniciativa de las diputadas y los diputados

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Morena y del diputado Marco César Almaral Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que propone reformar la fracción XIV del Artículo 16 de la Ley de Educación y adicionar un segundo párrafo al Artículo 5 de la Ley para la Dotación Gratuita de Uniformes, Calzado Deportivo y Útiles Escolares, ambas del Estado de Sinaloa.

La secretaría procedió a dar lectura a dicha iniciativa.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera lectura a

esta iniciativa, túrnese para la segunda de ley. 6.- Segunda lectura de iniciativa de las diputadas y los

diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de esta Legislatura y el ciudadano Esteban Alejandro

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García Castro, que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa.

El diputado Apolinar García Carrera, desde su curul hizo uso de la

palabra y dijo: Diputada Presidenta, con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa de las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable de esta Legislatura y el ciudadano Esteban Alejandro García Castro, que propone reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley de Residuos del Estado de Sinaloa.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera lectura a

esta iniciativa, existe la propuesta del diputado Apolinar García Carrera, para que se le dispense la segunda, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de manera económica, votando todos por la afirmativa.

La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura a esta iniciativa, por lo que en votación económica se pregunta si se toma en consideración para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de manera económica, votando todos por la afirmativa.

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La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en consideración la iniciativa, túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable.

7.- Segunda lectura de iniciativa del diputado Apolinar García

Carrera, que propone adicionar la fracción II Bis al Artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.

La diputada Francisca Abelló Jordá, desde su curul hizo uso de la

palabra y dijo: Diputada Presidenta, con fundamento en lo que disponen los artículos 145 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura de iniciativa del diputado Apolinar García Carrera, que propone adicionar la fracción II Bis al Artículo 11 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera lectura a

esta iniciativa, existe la propuesta de la diputada Francisca Abelló Jordá, para que se le dispense la segunda, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de manera económica, votando todos por la afirmativa.

La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se aprueba la dispensa de la segunda lectura a esta iniciativa, por lo que en votación económica se pregunta si se toma en consideración para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 146 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

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Las diputadas y los diputados procedieron a votar de manera económica, votando todos por la afirmativa.

La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad se toma en consideración la iniciativa, túrnese para su estudio y dictamen a la Comisión de Equidad, Género y Familia.

8.- Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión

por retiro a Jesús Narciso de la Mora Parra. La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura primera

lectura a este dictamen, se turna para la segunda de ley y discusión correspondiente.

9.- Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión

por retiro anticipado a José Manuel Palomares Prado. La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura primera

lectura a este dictamen, se turna para la segunda de ley y discusión correspondiente.

10.- Primera lectura de dictamen que propone conceder

pensión por retiro anticipado a Luis Alonso López López. La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura primera

lectura a este dictamen, se turna para la segunda de ley y discusión correspondiente.

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11.- Primera lectura de dictamen que propone conceder pensión por retiro anticipado a Moisés Hernández Dimas.

La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura primera

lectura a este dictamen, se turna para la segunda de ley y discusión correspondiente.

12.- Primera lectura de dictamen que propone conceder

pensión por retiro anticipado a Carlos David Cañedo Contreras. La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura primera

lectura a este dictamen, se turna para la segunda de ley y discusión correspondiente.

13.- Primera lectura de dictamen que propone conceder

pensión por retiro anticipado a Juan Manuel Valdez Estrada. La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura primera

lectura a este dictamen, se turna para la segunda de ley y discusión correspondiente.

14.- Primera lectura de dictamen que propone conceder

pensión por retiro anticipado a Mario Alonso Tovar Rivera. La secretaría procedió a dar lectura a dicho dictamen.

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La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado lectura primera lectura a este dictamen, se turna para la segunda de ley y discusión correspondiente.

15.- Segunda lectura y discusión de dictamen que propone

inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, el nombre de “Arnoldo Martínez Verdugo”.

El diputado Florentino Vizcarra Flores, desde su curul hizo uso de

la palabra y dijo: Diputada Presidenta, con fundamento en lo que disponen los artículos 158 y 214 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, me permito proponer la dispensa de la segunda lectura del dictamen que propone inscribir con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones, el nombre de “Arnoldo Martínez Verdugo”.

La diputada Presidenta dijo: Habiéndosele dado primera lectura a

este dictamen, existe la propuesta del diputado Florentino Vizcarra Flores, para que se le dispense la segunda y se pongan a discusión. Por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba tal dispensa. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Las diputadas y los diputados procedieron a votar de manera

económica, votando todos los presentes por la afirmativa. La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad de los presentes se

aprueba la dispensa de la segunda lectura de este dictamen, por lo que procede ponerlo a discusión. En cumplimiento de lo que señala el Artículo 163 párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, se comunicó al Ejecutivo del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia y a los ayuntamientos de la fecha de la discusión de este dictamen, a fin de que si lo estimaban conveniente enviaran a un representante para que con voz, pero sin voto, tomen parte en la discusión; se pregunta si se encuentra presente algún representante del Ejecutivo del Estado, del Supremo Tribunal de Justicia, o de algún Ayuntamiento en esta sesión.

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No se encontraba ningún representante en Pleno del Ejecutivo, del

Poder Judicial, ni de los Ayuntamientos. La diputada Presidenta dijo: Está a discusión el dictamen en lo

general, las diputadas y los diputados que deseen intervenir en la discusión, deberán anotarse previamente indicando si es a favor o en contra.

El diputado José Rosario Romero López, se anotó para hablar a

favor del dictamen. La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al diputado

José Rosario Romero López, para hablar a favor del dictamen, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta; muy buenas tardes compañeras diputadas, compañeros diputados; público que nos acompaña e integrantes de la prensa.

Desde principios de los sesentas entra en crisis el régimen priista, el movimiento ferrocarrilero, médico y popular, pusieron en jaque al gobierno; el movimiento estudiantil del 68, fue la máxima expresión e esa rebelión popular en contra del régimen; el gorilazo del 02 de octubre puso de manifiesto el carácter represivo y autoritario del gobierno priistas. El 68 es un parteaguas en la historia de México; después de la represión a las justas demandas de justicia social, democracia, libertad de expresión y libertad sindical, surgieron dos vertientes, dos movimientos; un movimiento pacifista que buscaba la democratización del País por medios electorales, por medios políticos y un movimiento armado, en esa época después de los setentas fue cuando surgieron los movimientos de Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, la liga comunista 23 de septiembre y todo un movimiento rebelde, que finalmente fue reprimido en la guerra sucia en donde hubo cientos de muertos y miles de desaparecidos a la década de los setentas. En ese contexto es cuando surge un sinaloense ilustre, Arnoldo Martínez Verdugo, él como miembro del Partido Comunista, impulsa en México la participación democrática, la participación política de

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la izquierda en la lucha para democratizar al País, y lo logra, Arnoldo Martínez Verdugo en 1977 es artífice de la primera reformar política electoral que permite la participación de la izquierda; gracias a ese movimiento, de esa lucha de este insigne personaje es que hoy estamos aquí siendo gobierno; porque el referente histórico de Morena se encuentra en esa lucha que dio de los setentas Arnoldo Martínez Verdugo, por eso, como integrante del Grupo Parlamentario de Morena apoyo que se ponga en letras de oro el nombre de este gran personaje originario de Mocorito, Sinaloa, que es sin duda un héroe de la lucha democrática de nuestro País. Es cuanto diputada Presidenta.

La diputada Presidenta dijo: Si no hubiese más discusión, solicito a

la secretaria proceda a recoger la votación nominal correspondiente, para su aprobación en lo general.

La secretaría procedió a levantar la votación nominal. Todos los diputados y diputadas presentes votaron por la afirmativa. La diputada Presidenta dijo: Por unanimidad de los presentes se

aprueba el dictamen en lo general. Habiendo sido aprobado en lo general, y constando de un solo artículo, con fundamento en lo que establece el Artículo 168 de nuestra Ley Orgánica, se tiene por aprobado en lo particular. Expídase el decreto correspondiente.

Esta presidencia de la Mesa Directiva comisiona a la diputada Flor

Emilia Guerra Mena y al diputado Eleno Flores Gámez, a efecto de que atiendan al grupo de maestras y maestros que nos acompañan de los municipios de Guasave, Mocorito y Salvador Alvarado, los cuales serán atendidos en el Salón Constituyentes.

16.- Asuntos Generales.

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Posicionamiento de la diputada Francisca Abelló Jordá, sobre omisión del cuidado de menores.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada

Francisca Abelló Jordá, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta. Como siempre, es un honor estar aquí en la tribuna, saludo a todo el público presente y al público ausente que en diversos medios nos ve.

Considero que es muy importante el pronunciamiento, porque va sobre menores de edad.

El párrafo noveno del artículo cuarto de nuestra ley fundamental, dice a la letra: "Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez".

La Constitución Política del Estado de Sinaloa, señala en su numeral trece: "los niños y las niñas deberán ser objeto de especial protección". Y aclara más adelante, que "toda medida o disposición en favor de la familia y de la niñez, se considerará de orden público".

Por mandato constitucional, todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de violencia y a que el Estado garantice el resguardo de su integridad personal, con el objeto de alcanzar mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

La violencia contra de niñas, niños y adolescentes ha obligado tanto a la Federación, como a las entidades que la integran, a legislar en materia de protección de los derechos humanos de los menores. Por lo que manifestaciones de violencia física, de abuso sexual y homicidio, de niñas, niños y adolescentes, son castigados con penas más severas.

Recientemente se logró elevar a rango de ley la prohibición de castigo corporal con fines disciplinarios. Pero en materia de maltrato infantil, como la omisión de cuidados, sigue habiendo lagunas en nuestra legislación local.

La Organización Mundial de la Salud define el maltrato a niñas, niños y adolescente como "todas las formas de malos tratos físicos y

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emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia i explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder".

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia señala: "el maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o trasgresión de los derechos individuales y colectivos, e incluye el abandono completo o parcial".

El abandono o negligencia, se configura cuando existe una conducta que prive a la niña, al niño o al adolescente de la supervisión o atención indispensable para su desarrollo.

De acuerdo con la propia UNICEF, el maltrato o violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes, se da con mayor frecuencia dentro del seno familiar, por los propios padres y familiares cercanos a la víctima.

La UNICEF, en su estudio panorama estadístico de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México, publicado este mismo año, enumera los actos de violencia por negligencia: Abandono del menor; descuidar su alimentación, vivienda, vestimenta, higiene y salud; exponerlo al uso indebido de drogas o alcohol; ignorar su desempeño escolar, amistades, pasatiempos, emociones, necesidades afectivas; no vigilarlos; rechazar atención médica.

Las niñas, niños y adolescentes que sufren abandono u omisión de cuidados, presentan una higiene deficiente, desnutrición en grado variable, su aspecto luce enfermizo, la ropa que usan es inadecuada para el lugar o clima, no reciben atención médica oportuna; su comportamiento suele ser la apatía, el volverse retraídos, su asistencia a los centros de estudio es irregular, tienen un bajo rendimiento escolar y muestran indiferencia al medio ambiente externo.

Cuando las necesidades básicas de los menores, como la alimentación, el vestido, la higiene, la protección y la vigilancia, no son debidamente atendidas, por negligencia de los padres o de quienes ejerzan su custodia, ya sea parcial o permanente, los menores quedan expuestos a sufrir algún accidente grave que pueda tener consecuencias fatales.

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Cuando existe violencia o abuso infantil, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del Estado de Sinaloa, opera como representante de los derechos de los menores en procedimientos jurisdiccionales y administrativos, por lo que al conocer de un caso de un menor al que se le haya vulnerado algunos de sus derechos, toma las medidas necesarias para protegerlo.

Tanto en el Estado de Sinaloa, como en el resto de la República Mexicana, los casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes son escasamente denunciados, ya que, al darse en la mayoría de las ocasiones dentro del seno familiar, existe el temor al escarnio público o a la estigmatización; el miedo a que el agresor pueda actuar en represalia, se desconfía de las autoridades, e incluso persiste un desconocimiento de los derechos con los que cuentan los infantes.

Afortunadamente, el Estado tiene mecanismos de reacción que operan a través del teléfono 911, se canaliza con la autoridad correspondiente y se da seguimiento a cada caso.

Nuestra legislación penal tipifica la conducta de omisión de cuidados mediante el castigo con prisión de tres meses a tres años y la privación de la patria potestad o tutela a quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la obligación de cuidarla.

Sin embargo, para que pueda configurarse el delito, requiere del abandono definitivo de la víctima, es decir, que se le deje sin los medios necesarios para subsistir, o bien, sin los auxilios o cuidados indispensables para valerse por sí misma. Por lo que el abandono de la víctima ocurre de manera parcial, resulta difícil poder probar el delito.

En materia familiar también tenemos problemas. No existe la omisión de cuidados como causal de pérdida de la custodia o la patria potestad.

Si bien el Artículo 42 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Sinaloa prevé que tanto autoridades estatales como municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, prevengan, atiendan y sancionen casos en los que los menores se vean afectados por el descuido, negligencia y abandono, la figura de omisión de cuidados sigue sin existir como tal.

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Como Presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia, he buscado en todo momento, que las condiciones de las niñas, niños y adolescentes sean cada vez más seguras, que estas personas puedan alcanzar su máximo potencial y se sientan protegidas en cada una de sus etapas de desarrollo hasta alcanzar la etapa adulta, razones por las que en los próximos días presentaremos una iniciativa para enfrentar con mayor eficacia la omisión de cuidados en relación a la niñez y la adolescencia. Considerando siempre que una niñez bien atendida nos va a dar una sociedad bien atendida también. Muchas gracias, es cuanto.

Posicionamiento del diputado Jesús Armando Ramírez

Guzmán, sobre iniciativas para reformar la Ley de la Auditoría Superior del Estado.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada

Elva Margarita Inzunza Valenzuela, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta; amigas y amigos diputados; compañeros de los medios de comunicación; público aquí presente.

A nombre de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito informar a ustedes que hoy hemos presentado una iniciativa de reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, con el propósito de proponer la modificación de la fecha límite para el desarrollo de los procedimientos relativos a la revisión de los informes general ejecutivo e individuales, respecto de los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas.

Ello, debido a que el término que actualmente está previsto en la Ley de la ASE no coincide con lo establecido en el párrafo cuarto del Artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Esta falta de coincidencia entre ambos preceptos jurídicos, ha propiciado múltiples conflictos procedimentales y de interpretación.

El Artículo 54 Bis A de la Ley del órgano técnico de fiscalización superior, señala como fecha límite el 31 de julio del año siguiente al de su presentación, y ello contradice lo establecido en la Constitución, donde se señala como fecha el 31 de octubre.

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Con la creación de los sistemas nacional, estatal y municipales anticorrupción, se generó un nuevo marco jurídico para adaptar el funcionamiento de las instituciones para garantizar el uso transparente y adecuado de los recursos públicos y una auténtica rendición de cuentas.

Precisamente en ese contexto, es que resulta prioritario el que los procedimientos establecidos sean congruentes y permitan dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales en la materia.

En el año 2017 se realizaron importantes adecuaciones a la Constitución Política del Estado de Sinaloa, con la finalidad de armonizar sus disposiciones, sirviendo además como punto de partida para el desarrollo de una serie de reformas a distintas leyes vigentes en nuestro territorio.

Derivado de las reformas constitucionales mencionadas, fue posible transitar hacia un nuevo modelo sustentado en mecanismos técnicos, jurídicos y contables, mediante los cuales se determina con precisión el ejercicio y destino de los recursos financieros gubernamentales.

El Artículo 43, fracción XXII de nuestra Constitución Local, precisa que la función de fiscalización "se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad".

La iniciativa de reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado, que estamos proponiendo tiene por objeto modificar la fecha límite para el desarrollo de los procedimientos de revisión de los informes general ejecutivo e individuales, respecto de los resultados de la fiscalización de las cuentas públicas.

Ello, en virtud de que la Constitución Política señala que su conclusión tendrá lugar a más tardar el 31 de octubre del año siguiente al de su presentación, pero en la Ley de la Auditoría Superior del Estado se señala como fecha límite el 31 de julio.

Nuestra propuesta va en el sentido de eliminar la discrepancia en las fechas término, para que quede claramente especificado que la revisión de la cuenta pública deberá concluir, a más tardar, el 31 de octubre del año siguiente a su presentación.

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Cabe señalar también, que con esta modificación en la Ley de la Auditoría Superior del Estado, este Congreso dará plena vigencia al principio de definitividad contenido en nuestra Constitución Política.

Además, nuestra propuesta considera que la persona titular de la Auditoría Superior del Estado participe con voz en las reuniones de trabajo de la Comisión de Fiscalización, que se celebren entre la fecha de presentación de los informes con la conclusión de su revisión, con el propósito de que provea de toda la información que de acuerdo con la Ley, deba ser del conocimiento de los integrantes de este órgano legislativo, a fin de que el dictamen que se emita garantice de manera plena su apego a derecho.

Queremos dejar perfectamente claro, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tenemos toda la disposición de contribuir a mejorar el sistema de transparencia y de rendición de cuentas.

Para abonar en dicho sentido, ya hemos presentado anteriormente otras cuatro propuestas de reforma a la Ley de la Auditoría Superior del Estado.

Respetuosamente solicitamos a esta LXIII Legislatura, que asumamos el compromiso, urgente e ineludible, de contar con un marco jurídico y técnico que realmente abone a la transparencia y a la rendición de cuentas, y nos aleje de interpretaciones personales o de procedimientos que no estén debidamente respaldados por la Ley. Es cuanto diputada Presidenta.

Posicionamiento del diputado José Manuel Valenzuela López,

sobre iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al diputado

José Manuel Valenzuela López, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta; Con su permiso Diputada Presidenta; compañeros y compañeras legisladoras; amigas y amigos de los medios de comunicación; público en general.

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El día hoy 31 de octubre presenté ante oficialía de partes de este Honorable Congreso del Estado de Sinaloa una iniciativa que propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa y reformar el Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Cualquier forma de violencia contra las mujeres, sea física, psicológica, en el hogar, en la calle o en su centro de trabajo, constituye una violación a los derechos humanos, de ahí viene la discriminación por su condición de estar embarazada o en periodo de lactancia.

Sin embargo una de las prácticas más discriminatorias contra la mujer es la violencia laboral. Al consistir en negarle la fuente de trabajo o en su caso estando en periodo de lactancia.

En este último caso no solo se violan los derechos de la mujer sino también se afecta el interés superior del menor, que tiene derecho a una sana alimentación.

En nuestra Carta Magna se establecen los principios rectores para la protección laboral de las mujeres, se precisa lo siguiente: Que sin contravenir a las bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo.

La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de dieciséis años.

Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto, no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por su contrato.

En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. Se previno, la existencia de un marco jurídico en reforzar sus derechos labores al crear condiciones de trato específicas para garantizar que no exista una vulneración cuando una mujer se encuentra embarazada o bien, se encuentra amamantado a sus hijos.

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No obstante, la protección a la mujer, se incorpora al sistema jurídico los siguientes ordenamientos especializados: Ley del Instituto Nacional de las Mujeres; Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Estos marcos legales dan significado a los refuerzos para mejorar las condiciones de la mujer en nuestro País y en nuestro Estado de Sinaloa.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México de 2010, "ofrece un panorama desalentador sobre la situación de los derechos de las mujeres en nuestro País, pues da cuenta de que en la sociedad mexicana aún se tiene una percepción excluyente y discriminatoria hacia las mujeres".

Según datos de esta encuesta, dos de cada diez mujeres consideran que los principales problemas de las mujeres en el país están relacionados con la falta de empleo o la economía y más de la mitad de las mujeres en México de cualquier rango de edad afirma estar parcial o totalmente de acuerdo con la idea de que "en México no se respetan los derechos de las mujeres".

En el ámbito internacional destaca la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Para, reconoce el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia en los ámbitos público y privado.

Esta convención internacional coloca especial énfasis en aquellas medidas encaminadas a superar las condiciones particulares que pueden colocar a la mujer en discriminación por el solo hecho de ser madres.

Compañeros diputadas y diputados, esta iniciativa que he presentado el día de hoy tiene como objetivo incluir expresamente el concepto estabilidad reforzada en el empleo para las mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y en situación de maternidad.

Dado que es un concepto transversal a diversos ordenamientos legales se reforma tanto la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sinaloa, asimismo, se actualiza el tipo penal relativo a la discriminación como delito contra la dignidad de las personas, cuando alguien niegue o restrinja la lactancia como un derecho de la madre trabajadora.

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Y finalmente, creo que las medidas propuestas en esta iniciativa son necesarias para reafirmar el derecho de las mujeres a vivir y trabajen en espacios libres de violencia, que no sean perseguidas o acosadas por algo de lo más natural y humano: ser madre. Es cuanto diputada Presidenta.

Posicionamiento de la diputada Mariana de Jesús Rojo Sánchez, sobre reforma constitucional en paridad.

La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada

Mariana de Jesús Rojo Sánchez, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta; muy buenas tardes diputadas y diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña el día de hoy.

El derecho al voto y la representación política moderna las conoció México de la mano de la independencia.

En agosto de 1824 se celebraron las primeras elecciones federales. Sin embargo, surgieron marcadas por una doble discriminación: económica y sexista.

En sus orígenes el voto no fue universal, sólo votaban los hombres adinerados. Las mujeres y los varones sin propiedades quedaron excluidos. El voto era censitario y exclusivamente masculino.

En 1857 el voto en México se democratiza un poco al reconocerse a todos los varones en edad de votar, pero seguiría siendo masculino.

Las mujeres de aquella época siguieron excluidas de la participación democrática, pero su lucha igualitaria empezó a crecer con los movimientos revolucionarios nacionales.

Antes que en el plano federal, la lucha feminista empezó a rendir frutos en los estados. San Luis Potosí y Yucatán fueron pioneros en su reconocimiento, lo que sucedió en la década de 1920. En noviembre de 1923 Elvia Carrillo Puerto es electa, en este último estado, como la primera diputada local mexicana.

Pero en el País y sus entidades privaba una cultura tan machista que no bastaba el reconocimiento legal del derecho de las mujeres al voto para su acceso efectivo a la representación política.

Elvia Carrillo Puerto tuvo que renunciar dos años después bajo amenazas de muerte.

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Ese mismo ambiente hostil hacia la participación política de las mujeres provocó que fracasaran los intentos del Presidente Lázaro Cárdenas por reconocer el voto femenino.

Antes de finalizar el año de 1938, debió haber entrado en vigor la

reformar impulsada por el cardenismo, ya que el proceso legislativo había concluido al ser aprobada por los Congresos estatales, faltando sólo la declaratoria y la publicación correspondientes.

Pero ese momento nunca llegaría; ni ese año, ni en ese sexenio, ni en el siguiente.

El alemanismo retorna la demanda, pero la constriñe al ámbito municipal, en una especie de experimento gradualista.

La reforma del Artículo 115 de la Constitución Federal se publica en el Diario Oficial un 12 de febrero de 1947, por lo que a partir de aquella fecha en las elecciones municipales podían participar las mujeres "en igualdad de condición que los varones, con el derecho de votar y ser votadas".

Este gradualismo no detuvo la lucha de las mujeres mexicanas por su pleno derecho al voto, hasta que la satisfacción de su planteamiento se volviera impostergable.

Ello sucedería un 17 de octubre del año 1953 al ser publicada la añeja iniciativa del cardenismo de reforma al Artículo 34, convirtiendo a México en el último país de América Latina en reconocerlo.

Hay que decir que para entonces la Organización de las Naciones Unidas había hecho un llamado a los países miembros a reconocer los derechos políticos de las mujeres.

El 3 de julio de 1955 las mujeres mexicanas ejercen por vez primera su derecho al voto en elecciones federales.

Al año siguiente es electa la primera diputada local sinaloense, Alejandra Retamoza Reynaga.

Pero la igualdad en el derecho al voto no logra garantizar la plena igualdad en la representación política, ni en los órganos colegiados de representación popular, ni en los gobiernos, ni en los nuevos órganos constitucionales autónomos, ni en los poderes judiciales.

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Es entonces que surge la legítima demanda de la Paridad de Género.

Sin estar expresamente contemplada en la legislación, pero al formar parte de una agenda feminista que se ha tornado irreversible la paridad arriba a Congresos y Ayuntamientos con el nuevo siglo. Es otro avance, pero la paridad aún no es completa.

Le ha tocado a la Cuarta Transformación terminar la obra legislativa con la reforma constitucional de este 2019.

Corresponde ahora a los Congresos estatales complementaria con la correspondiente armonización y reforma de las legislaciones locales.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Morena ha presentado ya das iniciativas en esta materia.

La más reciente fue registrada el pasado jueves 24 de octubre y propone reformar varios artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa para establecer la paridad de género en la administración pública estatal, en los gobiernos municipales, en los órganos constitucionales autónomos y en el Poder Judicial.

Llegó el tiempo de una verdadera igualdad de género en el acceso al poder público en el Estado de Sinaloa. Es cuanto diputada Presidenta.

Posicionamiento del diputado Juan Ramón Torres Navarro,

sobre alternativas de educación rural. La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra al diputado

Juan Ramón Torres Navarro, quien dijo: Buenas tardes a todos. Con su permiso diputada Presidenta. Saludo a mis compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos que hoy nos acompaña.

La base de la transformación de cualquier País está en la educación. Por desgracia, las comunidades rurales son las que más sufren por falta de servicios, entre ellos la atención educativa, y las herramientas necesarias para aprender. Desde luego que la parte más importante en el proceso de enseñanza - aprendizaje son los maestros. Ellos son el eslabón primordial, pero, a la vez, son los más desprotegidos históricamente por las autoridades.

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Los maestros de las zonas rurales son siempre los más olvidados y a los que más resultados se les piden. Durante años los maestros del proyecto Alternativas de Atención en la Educación Preescolar Rural del Estado de Sinaloa, han carecido de las mínimas certezas laborales, peor aún, trabajan sin tener seguridad social. Es injusto que les pidamos enseñar en las comunidades más apartadas y vivir en la incertidumbre de no contar con una certeza para su futuro o su salud. Cada año firman un contrato y desde hace 10 años que su sueldo no es modificado.

El proyecto inició en el año de 1990 y actualmente son cerca de 350 técnicos promotores, en un proyecto que tiene 29 años, trabajan con alrededor de 5 mil alumnos en jardines de niños en los 18 municipios, principalmente en las zonas rurales y serranas de Cosalá, Badiraguato, Sinaloa Municipio, San Ignacio, Mocorito, El Fuerte y Choix. En los últimos seis años han egresado 32 mil 600 estudiantes, que a su vez se han incorporado a educación primaria.

Ellos son los olvidados, sus ingresos son una infamia. La mayoría de las profesoras técnicas que contribuyen en este proyecto ganan menos de 2 mil pesos al mes y otras pocas sólo 2 mil 300 pesos. Este grupo de trabajadores no piden mucho; desean de un aumento de menos de mil pesos para cada uno de sus categorías.

Es por ello, que invito a este Congreso a sensibilizarse con esta petición; ya que con ese salario raquítico no les alcanza ni para los pasajes.

En la próxima revisión del presupuesto, solicitamos al Gobierno del Estado, que venga incluido para esa gente que realmente da la vida en esas comunidades más olvidadas de nuestro querido estado; y a la vez atender estas injusticias sociales que no tienen ni derechos de ningún tipo, antigüedad, seguro social, y otro tipo de alternativas que no se usan.

Es necesario que incluyamos los recursos necesarios para el apoyo de estos maestros y podamos atender de una vez por todas, esta injusticia. Es inhumano que estos profesionales de la educación se mantengan en tan difícil situación laboral.

Solicito a los cuarenta diputados, que nos solidaricemos en el incremento del pago mensual de estos trabajadores, y de ser posible

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contar con una seguridad social, de prestaciones de ley conforme al Artículo 123 de nuestra Constitución. Trabajan sin contrato, solo firman una carta de compromiso cada ciclo escolar, por el mismo ingreso mensual desde hace diez años, pagos que no se entregan aún en forma oportuna, se les paga cuando se quiere, no cuando se cumple el mes. Puede ser aquí la cantidad de los técnicos promotores que ganan mensualmente 1,982 pesos para ser exacto, fíjense lo que están pidiendo ellos nada mas, prácticamente 800 pesos mensuales; 2,782 pesos que le hagamos justicia; técnico bachilleres son 276 y ganan 2,280 al mes, están solicitando a este Honorable Congreso que les paguen 3,080 pesos en forma puntual, no por ocurrencias.

El proyecto existe –como dije anteriormente- hace 29 años en noventa centros de trabajo, actualmente con 5 mil 965 alumnos en 319 jardines de niños de las zonas alejadas ya mencionadas.

Amigos y amigas de este Honorable Congreso, voy hacer algo que el año pasado nos tocó vivir y para ello me vino a la memoria un corrido que dice “los caballos que corrieron”, cuando reasignamos a los grupos sociales más vulnerables, tuvimos caballos en este Congreso y corrieron para aprobar esas reasignaciones a esos grupos vulnerables, hoy quiero hacerles que hagan conciencia, espero que para el presupuesto 2020 sea el rocío de los pobres, no del alazán de los ricos y salgan por esa puerta como si realmente le hayan puesto un cuete en ese entonces, y si se apeguen como dice nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “primero los pobres y después los pobres” Es cuanto diputada Presidenta.

Posicionamiento de la diputada Cecilia Covarrubias González,

sobre agenda legislativa. La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada

Cecilia Covarrubias González, quien dijo: Muy buenas tardes a todos los aquí presentes; compañeras diputadas, compañeros diputados; medios de comunicación.

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Tengo el honor de compartirles el propósito del Grupo Parlamentario para el segundo año legislativo.

Para este segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, el Grupo Parlamentario de Morena ratifica su compromiso de seguir apoyando desde este Congreso los avances que la Cuarta Transformación mexicana impulsa todos los días, conducida por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

De la misma manera ratificamos nuestra lealtad, sin claudicaciones, con las y los electores que con su voto le dieron a este Poder Legislativo la autonomía que nunca debió perder.

Un voto cargado de esperanzas en un bienestar cuyo alcance será nuestro objetivo irrenunciable.

El Grupo Parlamentario Morena considera que este nuevo año legislativo debe asumirse, por todas las fuerzas parlamentarias, como una oportunidad de consolidar lo que se logró durante el primero.

Convertir en realidad política el principio constitucional de la división de poderes con todos los efectos progresistas, democráticos y sociales que conlleva, para bien de todas y todos los sinaloenses.

La actualización de la legislación estatal y su armonización con los mandatos del Congreso de la Unión continuará siendo una de las principales líneas de trabajo del Grupo Parlamentario de Morena.

De la misma manera estaremos ratificando las minutas que sus Cámaras remitan a esta Soberanía popular como parte fundamental del órgano revisor de la Constitución Mexicana.

En el mismo plano de importancia con el trabajo legislativo nos proponemos fortalecer la cada vez más trascendente función de control parlamentario para que los gobiernos, estatal y municipales, mejoren su desempeño en beneficio de la población, en particular la fiscalización del ejercicio del gasto público.

El Grupo Parlamentario Morena en el Congreso del Estado de Sinaloa guiará su desempeño en el segundo período ordinario de sesiones del segundo año legislativo de la LXIII Legislatura por los siguientes lineamientos que orientarán la presentación de iniciativas, posicionamientos y múltiples acciones parlamentarias:

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• Modernización del proceso presupuestario que incluya los plazos para su presentación y aprobación, así como la obligación gubernamental de justificar y explicar los criterios de política económica.

• Aprobación de presupuestos estatales para el bienestar social, atender rezagos y el desarrollo del estado, impulsando el principio de la universalidad en los programas sociales.

• Impulsar una nueva coordinación fiscal estatal para el fortalecimiento municipal con fórmulas más equitativas de distribución de las participaciones federales.

• Defensa de los sectores productivos del estado con perspectiva de igualdad social.

• Continuar, mediante su fortalecimiento, la atención al problema del Desplazamiento Forzado Interno, tanto desde la perspectiva presupuestal como legislativa.

• Establecer la neutralidad en la imagen del sector público. • Combate a la corrupción y una profunda reforma del sistema

estatal anticorrupción. • Consensar una reforma político electoral que mejore la calidad de

la democracia sinaloense. • Reforzamiento y ampliación del Control Parlamentario, una de las

principales funciones de los Parlamentos modernos, a través de mecanismos como la fiscalización, las comparecencias, los informes y su glosa, y los nombramientos.

• Consolidación de la Fiscalización de las Cuentas Públicas, reformando el procedimiento vigente con el propósito de dotarla de mayor eficacia.

• Ampliación de la esfera de los derechos humanos con perspectiva de género.

• Seguir garantizando el derecho fundamental indígena a ser consultados en todas las materias que les conciernen.

• Protección del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. • Vigorizar la participación ciudadana y la organización de la

sociedad civil sinaloense.

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• Llevar a la práctica siempre el principio de paridad de género en la vida interna y en las funciones parlamentarias.

• Autonomía presupuestal para los poderes públicos del estado y los órganos constitucionales autónomos.

• Garantizar el derecho de las y los sinaloenses a vivir en paz y seguridad, contribuyendo al combate a la inseguridad pública, fortaleciendo a las policías estatales y municipales para revertir el rezago vergonzoso en el que se encuentran y lograr extender su presencia eficaz en todo el territorio del estado.

Mejorar la procuración de justicia. Aquí queremos dejar en claro que, por disposición constitucional, el

Fiscal General está obligado a comparecer ante este Congreso cuantas veces se le convoque.

El Artículo 76 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa lo establece de una manera clara y contundente, dice así: "El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de ellos cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión”.

• Actualizar la división política municipal del estado para convertir en realidad los añejos anhelos de las y los habitantes de las regiones del estado que lo han estado demandando en la búsqueda, por demás legítima y atendible, de superar sus crónicas condiciones de marginación.

• Dotar de transparencia a la inversión en la obra pública y evitar la discrecionalidad en su programación mediante la plena aplicación de la ley.

• Contribuir a la protección del entorno ecológico. • Ampliar el régimen de atribuciones del Congreso y los

Ayuntamientos en materia de planeación. • Promover el debate público y diversas acciones hacia una nueva

constitucionalidad estatal con el propósito de modernizar la Ley Fundamental local y convertirla en un documento eficaz, accesible y apreciado por el pueblo sinaloense.

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• Continuar actuando en congruencia con las políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas, lo mismo al interior del Congreso que en el ejercicio de sus atribuciones.

• Mantener la práctica del mecanismo de Parlamento Abierto. En suma, el compromiso del Grupo Parlamentario Morena en la LXIII

Legislatura del Congreso de Sinaloa seguirá siendo con el pueblo sinaloense, origen de nuestros cargos y destinatario permanente de nuestro quehacer parlamentario.

En este segundo año legislativo continuaremos los esfuerzos por dejar atrás viejas formas de legislar y fiscalizar, y por demostrar que otro Sinaloa, más justo, igualitario, humano y pacífico es posible, en el marco de un estado democrático de derecho. Es cuanto diputada Presidenta.

Posicionamiento de la diputada Mónica López Hernández,

sobre el Día Internacional del Ahorro. La diputada Presidenta concedió el uso de la palabra a la diputada

Mónica López Hernández, quien dijo: Con su permiso diputada Presidenta; amigas y amigos diputados; compañeros de los medios de comunicación; público aquí presente.

El Día Mundial del Ahorro es una efeméride que se conmemora hoy 31 de octubre, con el objetivo de desarrollar una mayor conciencia sobre la importancia y valía que tiene el ahorro para lograr una mejor planificación de las finanzas personales y de las finanzas familiares.

Su origen se remonta al año de 1924, en Milán, Italia, donde se realizó el Primer Congreso del Ahorro, para visibilizar la importancia de los temas relacionados con la organización y legislación de las Cajas de Ahorro, pero sobre todo, para revisar el impacto en el crecimiento de la economía y desarrollo de los países.

En términos económicos, el ahorro es la parte del ingreso que no destinamos al gasto en consumo presente sino a otros fines, es decir, el ahorro es una parte de nuestros ingresos que usaremos para planes y proyectos futuros.

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Es importante referir, que el ahorro total de un País es la sumatoria agregada de los ahorros, economías o excedentes que generan los hogares y las familias, las empresas y corporativos, así como el gobierno.

Hoy en día, los países con mayores niveles de ahorro a escala internacional pertenecen al club de las naciones petroleras de Medio Oriente o a las economías emergentes de Asia que cuentan con mayor crecimiento y desarrollo económico.

Por ejemplo, Qatar, una monarquía de la península arábiga, ahorra hasta el 58% de su Ingreso Nacional, esto es, de su Producto Interno Bruto.

Por su parte, China tiene un ahorro del 47%, mientras que Corea del Sur, ahorra el 36% de su ingreso nacional.

Si bien podemos argumentar que los niveles de ahorro de una sociedad dependen de factores económicos, históricos y culturales a partir de lo que vemos en estos países podemos deducir que el nivel de ahorro de una economía es realmente significativo ya que Implica que un País tendrá mayores posibilidades de ser importador o exportador de capital, en función de sus necesidades de inversión y su nivel de ahorro.

En el caso de México, el ahorro representa solo el 24% de nuestro Producto Interno Bruto lo cual nos posiciona como una nación con una falta de cultura favorable al ahorro y por ende limitada en cuanto a ejercer su máximo potencial económico.

Esta falta de educación financiera impacta de manera directa a la población ya que en México el 40% de las y los mexicanos no ahorramos, mientras que del 60% que si lo hacemos, el 43.7% lo hacemos a través de mecanismos informales como son las tandas, debajo del colchón y concediendo préstamos familiares sin tener conciencia de los altos riesgos a perder su patrimonio que conlleva este tipo mecanismos.

También observamos de manera alarmante que 7 de cada 10 trabajadores mexicanos no ahorran para el retiro.

Por lo que 7 de cada 10 adultos mayores no recibirán pensión en un momento dado; de ahí que en México, muchos especialistas señalan la imperiosa necesidad de revisar el esquema de las Afores, que se sustenta con la aportación del 6.5% del salario base de los trabajadores.

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La falta de ahorro en México también se limita severamente, porque más del cincuenta por ciento de la población no tiene acceso a los servicios bancarios o financieros, pero principalmente por falta de información, porque aunque cuesta aceptarlo, sin importar nivel de estudios o situación económica prevalece en nuestro País un analfabetismo grave financiero generalizado.

Es por estas razones que consideremos es de suma importancia fomentar en nuestro País y en Sinaloa, la cultura hacia la educación financiera; porque ahorrar es pensar en el bienestar de nuestras familias, de nuestros hijos e hijas y de nosotros mismos.

Por ello, debemos enfocamos en crear iniciativas que incentiven la capacidad de las personas de entender cómo funciona el dinero, simplificar conceptos como retiro, crédito y tasa de interés, perder el miedo en las instituciones como es hacienda, al SAT y a los bancos.

Generando este tipo de conocimiento se fomentan mejores tomas de decisiones para la administración de las finanzas personales, teniendo como resultado un mayor ahorro, pero sobre todo una mejor toma de decisiones, así como una mayor capacidad de adquisición de bienes y servicios.

Es necesario resaltar que año tras año, aplazamos una inminente crisis de pensiones, la pirámide demográfica se encuentra invertida, hay una mayor cantidad de gente adulta, cercana al retiro, en comparación con las personas en edad productiva. Es por estas razones que debemos educar a las nuevas generaciones, comenzar desde la educación básica, para crear un mayor impacto al futuro. Un ahorro de manera formal, representa inversión y seguridad, que como consiguiente ayuda directamente en la calidad de vida de las y los mexicanos.

Debemos unir esfuerzos con aquellas instituciones de gobierno, al igual que empresas privadas y ciudadanía interesados en mejorar la educación financiera de la población sinaloense para erradicar la creencia de que se trata de un tema difícil de comprender, difundir que no es necesario ser experto en la materia para ser capaz de tomar decisiones acertadas en el tema financiero. Porque el ahorro compañeras y compañeros es un tema de todas y todos.

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Amigas y amigos diputados; retomar en esta tribuna la efeméride del Día Mundial del Ahorro, nos parece al Grupo Parlamentario del PRI, bastante relevante. Dado que pese a las fuertes limitantes estructurales que tenemos en materia económica, debemos fortalecer de manera gradual el hábito del ahorro.

El ahorro es una variable estratégica, que nos permite trasladar recursos económicos en el tiempo, del presente hacia el futuro. Conmemorar este 31 de octubre el Día Mundial del Ahorro, tiene como intención movilizar a la opinión pública en la necesidad de aprender a ahorrar, así como de iniciar la búsqueda de vías efectivas para fortalecer la educación financiera de toda la ciudadanía y sobre todo generar conciencia de la capacidad de pago con la que cada una y uno de nosotros cuenta.

El hábito del ahorro es realmente importante, es un hábito sano, un mecanismo real para alcanzar un mejor nivel de vida, por ello debemos promoverlo en el plano más amplio posible, particularmente entre las nuevas generaciones. Es cuanto diputada Presidenta.

17.- Clausura de la sesión. La diputada Presidenta declaró: Agotados los asuntos en cartera,

se clausura la sesión, siendo las trece horas con cuarenta y ocho minutos del día 31 de octubre del año en curso, y se cita a las diputadas y a los diputados a sesión ordinaria para el próximo martes cinco de noviembre de 2019, a la hora de ley. (Campanazo)

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