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Informe de Consultoría

Violencia Social: Ciudades Seguras y Género

UNIFEM – Región Andina Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer

Directora: Ana Falú

UNIFEM - COLOMBIA Asesora Regional de Paz y Seguridad: Carmen de la Cruz

Para Política Mujer y Géneros

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Colombia

Liliana Rainero

Noviembre 2004

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INDICE PRIMERA PARTE 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivos de la Consultoría 1.2. Actividades Realizadas 1.3. Reconocimiento del enfoque de género en el proceso de la Consultoría

2. CONTEXTO TEÓRICO. CIUDADES MÁS SEGURAS DESDE LA

PERSPECTIVA DE GÉNERO 2.1. Conceptualización de la violencia contra la mujer: Espacio privado y público 2.2. La violencia de género en el espacio público 2.3. El territorio como espacio de conflicto social y de género

3. DIAGNÓSTICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS. 3.1. Contexto Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Política Mujer y

Géneros 3.2. El enfoque de Género en los Programas y Proyectos

SEGUNDA PARTE 1. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MUJER Y GÉNEROS 2. IDENTIFICACION DE PROGRAMAS / PROYECTOS DEL PLAN DE

DESARROLLO- BOGOTA SIN INDIFERENCIA PARA ARTICULAR CON LA POLÍTICA MUJER Y GÉNEROS 2.1. EJE RECONCILIACIÓN

2.1.1. Programa Atención Integral de Violencia, Delincuencia y Orden Público: Proyecto Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia – SUIVD

2.1.2. Programa Derechos Humanos para todos y todas: Proyecto Diseño e Implementación de una Política Integral de Derechos Humanos

2.2. EJE SOCIAL – Programa Restablecimiento de Derechos e Inclusión Social

2.2.1. Intervención Integral de las Violencias Intrafamiliar y Sexual 2.2.2. Restablecimiento de Derechos a través de las Comisarías de Familia 2.2.3. Políticas y Estrategias para la Inclusión Social

2.3. EJE URBANO REGIONAL – Programa Hábitat desde los Barrios y las UPZ

TERCERA PARTE 1. HÁBITAT DESDE LOS BARRIOS Y LAS UPZ (Unidad Planeación Zonal)

Programa seleccionado para implementar un ejercicio de transversalización desde la política Mujer y Géneros

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2. PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS – PMIB - 2.1. Descripción del Proyecto 2.2. Análisis de los Componentes desde el Enfoque de Género

3. APORTES PARA UN MODELO DE INTERVENCIÓN 3.1. Descripción del Modelo y sus Indicadores

4. RECOMENDACIONES 5. BIBLIOGRAFÍA 6. ANEXOS

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PRIMERA PARTE 1. INTRODUCCIÓN 1.1 Objetivos de la Consultoría UNIFEM a través de la presente Consultoría se propone apoyar a la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre “Violencia Social: Ciudades Seguras y Género”. La Alcaldía dentro de su Plan de Desarrollo Distrital 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia”, cuenta con una Política de Mujer y Géneros que consta de cuatro áreas. La primera de ellas se refiere a las Violencias de Género, siendo parte de su política contribuir a la consecución de un espacio público con seguridad y confianza para todos y todas. En función del diagnóstico realizado por esta consultoría respecto al contexto institucional de la Alcaldía y específicamente de la Política Mujer y Géneros, a partir de las entrevistas con equipos de trabajo de distintas entidades y del equipo responsable de la Política Mujer y Géneros, los objetivos específicos de la Consultoría se definieron en los siguientes términos: a) Aportar a la institucionalización del Área Mujer identificando su ubicación

estratégica en el organigrama institucional, habida cuenta de la existencia de un proyecto de reestructuración administrativa de la Alcaldía.

b) Identificar programas y proyectos previstos en los tres ejes del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá sin Indiferencia, 2004-2008 (ejes social, urbano y de reconciliación) mas relevantes para incidir desde la Política Mujer y Géneros con relación a la promoción de ciudades seguras.

c) Proponer un marco teórico y metodología de trabajo para abordar los distintos tipos de violencia contra las mujeres en la ciudad que posibilite generar conocimiento y sensibilización sobre la misma y pensar estrategias de prevención, a través del trabajo articulado de la Política Mujer y Géneros con las demás entidades del distrito y organizaciones de la sociedad civil y las mujeres.

d) Formular recomendaciones al equipo Política Mujer y Géneros para su trabajo de articulación interna con las distintas entidades de la alcaldía y localidades distritales, como así también con otras organizaciones e instituciones de la sociedad civil y el movimiento de mujeres.

1.2 Actividades Realizadas En el contexto de esta Consultoría se realizaron las actividades abajo detalladas y concretadas entre el 15 de septiembre y 15 de diciembre de 2004. a) Entrevistas y Reuniones con responsables y equipos de trabajo de distintas entidades de la Alcaldía Mayor Bogotá D.C, cuyo detalle se adjunta en anexo, y a representantes de distintos organismos e instituciones.

Asesora Regional de Paz y Seguridad – UNIFEM COLOMBIA Equipo de Trabajo Políticas Mujer y Género de la Alcaldía Mayor.

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Responsables y equipos técnicos de las siguientes entidades de la Alcaldía Mayor: Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD); Subdirección Políticas Poblacionales y Subdirección de Desarrollo Local del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA); Subsecretaría Seguridad y Convivencia, Dirección de Seguridad, Dirección de Derechos Humanos; Subsecretaría de Asuntos Locales, Dirección de Participación Ciudadana, de la Secretaría e Gobierno; Instituto de Desarrollo Urbano (IDU); Departamento Administrativo Defensoría del Espacio Público; Secretaría de Educación; Caja Vivienda Popular; Transmilenio, Misión Bogotá.

b) Entrevista equipo de trabajo Casa de la Mujer de SUBA. c) Entrevistas a académicos expertos en el tema, del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho. Universidad de Los Andes. e) Entrevistas a Integrantes de Asociación de la Vivienda Popular ( AVP), referentes

de la Red Mujer y Hábitat (LAC) en Colombia. f) Participación en diversos espacios de intercambio entre sociedad civil y

funcionarios/as

Audiencia Pública en la localidad de Suba en el contexto de “Bogotá en Movimiento”. Con la presencia del Alcalde Mayor y el Consejo de Gobierno Distrital Esta instancia aportó una aproximación al conocimiento del proceso de implementación de programas y proyectos locales como parte del Plan de Desarrollo Bogotá Sin indiferencia 2004-2008.

Mesa de trabajo mujeres contra la violación (conformada recientemente por las violaciones ocurridas en Bogotá y específicamente en la localidad de SUBA) con la participación de organizaciones de mujeres y funcionarias del DABS y Política Mujer y Géneros.

Programa “Movilización Social para el Sexo Seguro en Bogotá DC” Convenio entre UNFPA y Secretaría Distrital de Salud. Con la participación del Coordinador del Programa, Red Distrital de Salud y organizaciones de mujeres.

Reunión Comité Interlocal del Plan Zona Centro, a iniciativa de la Comisión de mujeres interesadas en participar como ciudadanas y habitantes del centro en el proceso de decisiones sobre el Plan de Ordenamiento Zonal del Centro. Con la presencia de la alcaldesa de La Candelaria, directora de la Caja de Vivienda Popular, representante de Política Mujer y Géneros, organizaciones de mujeres, funcionarios/as del DAPD.

g) Análisis de la documentación producida por la Alcaldía a través de sus distintas entidades y aportada por el Área Política Mujer y Géneros y las respectivas entidades. Documentación relativa a las propuestas de Planes maestros en el contexto del POT (Plan de Ordenamiento territorial), como asimismo material específico vinculado a la situación de la violencia social, política y de género en Bogotá.

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Con relación a la documentación existente, merece señalarse la calidad de la misma, la cual constituye una relevante información sobre las acciones municipales, como asimismo una herramienta de difusión sobre experiencias, procesos de gestión, y evaluaciones de programas. Asimismo es de destacar los estudios e investigaciones sobre temas específicos elaborados por expertos de unidades académicas y universidades, realizados por encargo de la Alcaldía que aportan a la construcción de conocimiento sobre la situación de las mujeres en Bogotá en distintos ámbitos, como así también sobre las distintas expresiones de violencia contra las mujeres. 1.3. Reconocimiento del enfoque de género en el proceso de la Consultoría. Los resultados de las entrevistas realizadas, de las reuniones con los equipos de trabajo, y de la documentación analizada, aportaron en primer lugar información y conocimientos sobre el modo de trabajo y las propuestas de la nueva gestión de gobierno (al momento de esta consultoría aún no había cumplido un año de asumido), por lo cual se agradece la valiosa contribución brindada por los y las profesionales y técnicos de las distintas entidades de la alcaldía que destinaron su tiempo y pusieron a disposición de esta consultoría la documentación que constituye la base del presente trabajo. Al mismo tiempo, y como primeros resultados de esta consultoría, producto del intercambio realizado con los equipos técnicos podemos mencionar:

El proceso de apertura y sensibilización de los funcionarios/as y profesionales responsables de distintos programas y proyectos sobre la pertinencia de la incorporación del enfoque de género, no suficientemente explicitado en muchos programas. Con relación a la problemática de la violencia y las condiciones que promueven ciudades más seguras, implicó reconocer en algunas áreas la importancia de desagregar datos por sexo para precisar los diagnósticos y en consecuencia las propuestas de acciones.

El acercamiento del equipo de trabajo de Políticas Mujer y Géneros con los

equipos de las distintas entidades e identificar posibles aliados/as para trabajar de forma más articulada para garantizar la incorporación de la perspectiva de género en programas y proyectos.

Por otra parte, el intercambio de esta consultoría con la Red Urbal 12 coordinada

por el Área Mujer de la Diputación de Barcelona, motivó a las responsables de la Red a realizar una propuesta de proyecto sobre ciudades seguras coordinado por el Área Mujer de la Alcaldía de Bogotá, para el cual el equipo de trabajo Políticas Mujer y Género está realizando las gestiones correspondientes para avanzar en la efectivización del mismo.

La etapa final de esta consultoría coincidió con la realización de la II Conferencia Internacional Ciudades seguras para Mujeres y Niñas, “Bogotá Ciudad de Paz”, del 22 al 25 de noviembre del 2004, organizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá, C. D.; Política de Infancia y Adolescencia; Política Pública de Mujer y Géneros; Ciudades más seguras, UN – HABITAT. La Alcaldía de Bogotá fue anfitriona y el Área de

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Políticas Mujer y Géneros participó activamente, siendo designada como coordinación de la Red Ciudades Seguras para las Mujeres en América Latina. Esto compromete al Área y a la propia Alcaldía para avanzar en propuestas de políticas públicas que permitan efectivizar condiciones que garanticen ciudades seguras para las mujeres. Asimismo y como cierre del evento, el Área de Políticas Mujer y Géneros lanzó la Campaña Alerta Rojo Violeta Vive, contra la violencia que tiene a las mujeres como principales víctimas y que se plantea como estrategia de denuncia y sensibilización ciudadana para la erradicación de todo tipo de violencias contra las niñas y mujeres y pretende contar con el compromiso de los alcaldes de las distintas localidades distritales. 2. CONTEXTO TEÓRICO. CIUDADES MÁS SEGURAS DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Uno de los objetivos de esta consultoría es Identificar programas y proyectos previstos en el Plan de Desarrollo Distrital Bogotá sin Indiferencia, 2004-2008 (ejes social, urbano y de reconciliación) que resulten más relevantes para articular con la Política Mujer y Géneros a los fines de transversalizar dichos programas con el enfoque de género y particularmente atendiendo al objetivo de la prevención de los distintos tipos de violencia ejercida contra las mujeres y la promoción de ciudades más seguras. Previamente haremos algunas precisiones conceptuales que constituyen el referente de análisis de la selección de los Programas identificados. 2.1 Conceptualización de la violencia contra la mujer: Espacio privado y público El reconocimiento y la penalización de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado ejercida generalmente por varones de su entorno inmediato, fue sin duda un logro sustantivo del movimiento de mujeres organizado, al colocar a la misma en el ámbito de la responsabilidad social y no circunscripta a la relación entre personas privadas. Paradójicamente se trata ahora de iluminar otro ángulo, la violencia que se ejerce en los espacios públicos, para ampliar la noción de violencia ejercida contra las mujeres, en la conciencia de la ciudadanía y en la legislación que penaliza la misma. Sin duda, una y otra merecen ser tratadas de forma integral, pero requiere primero ser reconocidas en su especificidad ya que ésta última implica también fuertes limitantes para las mujeres en el ejercicio de su ciudadanía. Se trata de una problemática de la que las estadísticas no dan cuenta suficientemente, y al mismo tiempo poco considerada en la agenda pública cuando se habla de violencia en la ciudad o inseguridad urbana.

Como señala el Informe de UNIFEM sobre Violencia contra las Mujeres en América Latina y El Caribe Español 1990-2000: Balance de una década. “Sin perjuicio de los avances, las legislaciones latinoamericanas y caribeñas mantienen debilidades y falencias. La primera de ellas es la centralidad de la violencia doméstica y/o intrafamiliar, circunscribiéndola al ámbito de lo privado y a

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aquella que se comete entre personas que tienen alguna relación de parentesco o consanguinidad. Con esta concepción se dejan fuera otras formas de violencia contra las mujeres y se limita su comprensión como un problema social basado en las relaciones de género existentes en la sociedad. Por otra parte, al poner en primer plano la violencia hacia otros miembros de la familia, se corre el riesgo de invisibilizar el hecho de que las mujeres son las principales víctimas de la misma.1 En este sentido, en Colombia, la Ley 575 de febrero de 2000, que reforma parcialmente la Ley 294 de 1996 define la violencia como: Art. 1º. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico o psíquico, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar....” Al mismo tiempo, existe legislación internacional de referencia que marca avances en la consideración de otros tipos de violencia. Una de ellas es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Brasil, 1994) Belen Do Para, que establece: Artículo 1: Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Artículo 2: Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. Especificando:

a. que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar, y

c. que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra

Recientemente, España discutió y formuló un proyecto de Ley que avanza en esta línea (621/000001 Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género). En su Preámbulo establece que: “la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”. En el caso específico de Colombia, la violencia contra las mujeres adquiere otras complejidades ya que se ve potenciada por la violencia política (actores armados). Violencia que ha sido denunciada como prácticas vejatorias de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, existiendo distintos informes que dan cuenta de la gravedad de la misma. (IV Informe de la Mesa de Trabajo Mujer y 1 Violencia contra las Mujeres en América Latina y El Caribe Español 1990 – 2000: Balance de una década Versión actualizada 20031

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Conflicto armado, Informe de Amnistía Internacional en el marco de la Campaña No más violencia contra las Mujeres denominado “Colombia: Cuerpos marcados, crímenes silenciados”2 Las diferentes situaciones que tienen a las mujeres como víctimas habla de la necesidad en primer lugar de reconocer las múltiples violencias de género, en los distintos ámbitos donde se ejerce: privado y público. Perpetrada por varones ligados al entorno afectivo de las víctimas o por desconocidos, el cuerpo de las mujeres como botín de guerra, la prostitución forzada, las que sufren las mujeres por su condición social, orientación sexual, etnia, etc.), en el contexto de una sociedad que subordina y discrimina a las mujeres social, económica y políticamente, y pensar esta complejidad para dar respuestas integrales a la misma. En este marco es necesario formular políticas públicas que aborden las distintas dimensiones económicas, sociales, culturales que están presentes en la violencia contra las mujeres, los distintos tipos de violencia física, psicológica, como una violación de los derechos humanos y consideren la prevención, la atención, la reparación a las víctimas y también la penalización de los agresores. 2.2. La violencia de género en el espacio público.

Un reciente artículo da cuenta del incremento de la violencia contra las mujeres: “Las asesinadas de Ciudad Juárez no están solas; los homicidios de mujeres jóvenes y pobres, con rastros de violencia sexual, se multiplican en Argentina, el sur de España y Guatemala. La impunidad es norma y las respuestas oficiales van de la ineficacia a los indicios de complicidad”. El incremento de casos de violencia que terminan en muerte en la ciudad implicó el acuñamiento del término femicidio para hacer referencia al asesinato de mujeres por razones de género, el cual puede tomar dos formas femicidio intimo (violencia intrafamiliar) y no íntimo.3 Simultáneamente a esta realidad de la que dan cuenta los medios de información o denuncias de organizaciones de mujeres, las distintas violencias ejercida contra las mujeres es ocultada a través de mecanismos, que operan tanto a nivel de los/as funcionarios del Estado como en la propia sociedad civil. Podemos identificar los siguientes:4 (CISCSA, 2004)

El desconocimiento de las experiencias de violencia cotidiana vividas por las mujeres en las ciudades (gestos y agresiones verbales, acoso sexual, comportamientos corporales invasivos de su intimidad) las cuales no son consideradas como “delictuales” y por tanto, no son visibles para la sociedad y las instituciones públicas. Los ataques con violencia sexual, en los países de la región, no son considerados como crímenes de agresión contra la integridad física de las personas, sino como afrentas a la moral.

2 Citado por Ana M. González Valencia. En Violencia contra las mujeres en Colombia. Caja de Herramientas. Nov.2004 3 Boletín modemmujer - Sep 19, 2003. 4 CISCSA, Rosario, 2004. Publicación Módulo de Capacitación sobre Ciudades sin violencia para las mujeres, Ciudades seguras para todos. Rainero Liliana, Rodigou Maite (coordinadoras)

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La relativización del daño y las consecuencias que implican para las mujeres estas formas de violencia cotidiana, expresadas en frases como ¨no fue grave... no la violó.

La culpabilización a las mujeres por las conductas agresivas de que son

objeto, implicando una doble victimización y como consecuencia, un silenciamiento futuro de sus voces. La doble victimización por la que atraviesan las mujeres, luego de un hecho de violencia se refiere a la nueva violencia que sufren cuando intentan dar cuenta o denunciar la situación por la que han atravesado. Esta violencia es efectuada en gran medida por el propio Estado, a través de las instituciones policiales y judiciales a las que recurre la mujer para pedir justicia y contención. También se ve sometida a este proceso cuando en los ámbitos familiares y comunitarios, se subestima la agresión o se responsabilizada de la violencia que sufrió (“no tuvo cuidado” o “su vestimenta es provocativa”, “transita por lugares u horarios inadecuados”)

La focalización y asociación de la violencia con ciertos grupos de mujeres,

limitando los alcances de ésta y abonando así los estereotipos sociales: las mujeres pobres (con relación a la violencia familiar), las mujeres jóvenes (con relación a las violaciones o abusos sexuales), etc.

La patologización de la violencia hacia las mujeres, ubicándola como un

fenómeno individual y psicopatológico (la enfermedad del agresor), obturando así la visión de la violencia hacia las mujeres como un fenómeno cultural, donde la violencia, frecuentemente es ejercida por varones socializados.

Este ocultamiento de la violencia contra las mujeres que tiene su sustento cultural en todas las sociedades basado en la subordinación de género, tiene su correlato en la falta de estadísticas discriminadas por sexo que permitan conocer y tipificar fehacientemente los delitos de violencia, al mismo tiempo que posibilite mostrar el impacto en la vida cotidiana de las mujeres del incremento del sentimiento de inseguridad para desplazarse en la ciudad. La violencia hacia las mujeres no acaba en el mismo hecho violento, sino que sigue actuando a través de sus consecuencias, ya que las mujeres desarrollan sentimientos que atentan contra su autoestima y seguridad, al mismo tiempo que modifican su vida cotidiana, restringiendo sus movimientos en la ciudad y los espacios públicos, la participación política, cultural y en algunos casos hasta abandonan el trabajo o el estudio. Al abordar la violencia urbana desde las voces de las mujeres ésta se manifiesta de distintas formas, pero tienen en común el hecho de que los agresores son en la mayoría de los casos varones, desdibujando así las fronteras de la violencia vivida en el espacio privado (ejercida por individuos pertenecientes al círculo familiar cercano) y la violencia en el espacio público (ejercida por conocidos o desconocidos) Cualquier situación de violencia sufrida por una mujer, impacta en el colectivo de mujeres como situación a la que están expuestas por pertenecer al mismo. Si estas situaciones no son abordadas correctamente y se disponen recursos sociales e institucionales para ello, se multiplicarán las acciones defensivas y de estrategias

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individuales que implican mayor restricción de movilidad para las mujeres en la ciudad. Por el contrario, las acciones afirmativas de la ciudadanía por los derechos de las mujeres, aportarán a su autonomía y libertad y a construir respuestas basadas en la responsabilidad social. (CISCSA, 2004) 2.3. El territorio como espacio de conflicto social y de género Si reconocemos que el espacio privado- público adjudicado históricamente a las mujeres y varones respectivamente, y las prácticas y conductas cotidianas asignadas y permitidas a unos y otras aún mantiene su vigencia en las formas de pensar el ser varón o mujer en nuestras sociedades, podemos pensar el territorio como un espacio de conflicto no sólo social sino también de género. Conflicto que podemos abordar desde la multiplicidad de aspectos y situaciones que están presentes:

La desigual distribución territorial de la oferta de infraestructura y servicios y las consecuencias diferentes para la vida cotidiana de varones y mujeres (costos de tiempo, económicos, de salud) producto de una ciudad que ignora la necesidad de compatibilizar las responsabilidades y el trabajo socialmente necesario no remunerado, (“doméstico”), asumido mayoritariamente por las mujeres, y las necesidades vinculadas a la inserción de éstas en el mundo público (distancias, condiciones de desplazamiento y accesibilidad al trabajo, recreación, participación ciudadana, y distintas actividades urbanas). Situación que afecta principalmente a las mujeres de los sectores sociales más empobrecidos y con menores recursos económicos y que podemos sintetizar en incompatibilidad entre la localización de la vivienda y de los servicios y equipamientos urbanos. Los servicios de cuidado infantil, ancianos, enfermos, abastecimiento, resultan condicionantes de las posibilidades vitales de las mujeres para tomar decisiones respecto a sus vidas. El transporte público utilizado mayoritariamente por las mujeres de los sectores con menos recursos económicos es uno de los servicios que más incidencia tiene en la calidad de vida de estos sectores y de las mujeres en particular.

Las dinámicas de erradicación y reasentamientos de población, cuyas

diferentes realidades culturales y/o sociales pueden generar confrontaciones, que se expresan en estigmatización de personas por su procedencia, disputa de suelo urbano, conflictos de convivencia, discriminaciones para el acceso a servicios. Las mujeres son las principales afectadas por las rupturas de lazos sociales existentes en sus lugares de origen, sumado a la pérdida de servicios sociales para su familia e hijos y recursos económicos para compensarlos. En los casos de violencia de pareja la pérdida de las redes de contención potencian el aislamiento de las mujeres y las posibilidades de riesgo para su integridad física y psíquica.

La violencia ejercida contra las mujeres en el espacio público, y de la que ya

dimos cuenta precedentemente y que se manifiesta a través de: agresiones verbales, intimidaciones, violencia física y sexual hasta situaciones extremas como la violación. Violencias que impactan fuertemente las conductas de las

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mujeres restringiendo el uso y apropiación de la ciudad y que muchas veces son continuidad de la violencia privada.(mujeres agredidas en la vía pública o en su lugar de trabajo por ex parejas). La violencia afecta a todas las mujeres pero adquiere distintas formas según las diferencias existentes entre ellas, condición social, edad, pertenencia social, etnia, orientación sexual, mujeres con discapacidades que las hacen más vulnerables a la violencia. Esto implica reconocer la vinculación entre marginalidad, discriminación o estigmatización social y mayor vulnerabilidad a la violencia. Las mujeres que viven en la calle o las trabajadoras sexuales son otro ejemplo de esto por la sobreexposición en la calle. Si la violencia en general que sufren las mujeres no es fácilmente reconocida como delito, la que sufren las trabajadoras sexuales lo es menos aún y no cuentan con la protección necesaria, están mas expuestas a enfermedades sexuales y precarización social.

El espacio público como escenario de trabajo: la economía informal. La

venta en el espacio público es una forma de sobrevivencia que caracteriza a las ciudades de Latinoamérica producto del desempleo y empobrecimiento. Si bien es éste un conflicto no privativo de las mujeres, el porcentaje de mujeres y niños/as insertas en el sector informal de la economía es en general relevante en todas las ciudades, al mismo tiempo que la permanencia en la calle potencia la exposición a situaciones de violencia física, tanto personal como de los hijos/as.

Los conflictos señalados que tienen el espacio público como escenario no son suficientemente reconocidos y tenidos en cuenta por la planificación territorial que sigue respondiendo a un “ideal“ de población (varones trabajadores, mujeres responsables del espacio del hogar) que no responde a la heterogénea realidad social. Por lo general se diseñan programas de atención a población específica, pero la dimensión territorial suele estar ausente o por lo menos no suficientemente articulada con ésta. Asimismo, tampoco es reconocida la vinculación entre violencia contra las mujeres en la ciudad, percepción de inseguridad y las condiciones, diseño y mantenimiento del espacio público, uso y socialización del mismo. Son relativamente recientes los estudios y experiencias que focalizan en las condiciones físicas del espacio como dimensión activa que incide en la percepción de inseguridad, como también en la inhibición de actos delictivos. Sin duda que las características del espacio, las actividades que promueve, son tan solo parte de las dimensiones que intervienen en la compleja problemática de la violencia urbana, pero no es irrelevante, ya que el entorno urbano no es ajeno a las desigualdades sociales por el contrario es expresión de éstas, y desde las políticas públicas urbanas es posible incidir y son responsabilidad del gobierno local. El territorio no es neutral en cuanto a los hechos delictivos contra las mujeres, pudiendo reconocer zonas y lugares de la ciudad “marcados” fuertemente ya sea por sus condiciones de abandono y/o ruptura de redes sociales y de protección de las personas. En esta línea hay estudios y experiencias desarrolladas en el mundo que apuestan a factores que aportan a la promoción de la seguridad o reducir la percepción de

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inseguridad que tiene efectos particularmente significativos en la calidad de vida de los ciudadanos y particularmente las mujeres. Los principios de habilitación de espacios seguros refieren a las distintas escalas de la planificación del territorio, desde la urbana a la escala micro de la plaza o paradas del transporte. La mixtura de usos urbanos (residencia, recreación, comercios) como garantía de mayores controles sociales en contraposición a la zonificación de actividades que implican áreas desiertas a determinadas horas del día. El diseño y mantenimiento de las vías de tránsito, accesos, espacios de permanencia como plazas y parques: iluminación (ver y ser vista), señalización (saber donde se está), infraestructura de apoyo para solicitar ayuda en caso de necesidad (teléfonos), ubicación de las paradas de transporte, recorridos del mismo favoreciendo las conectividades entre distintas de actividades y la vivienda. 3. DIAGNÓSTICO QUE SUSTENTA LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y LAS

RECOMENDACIONES FORMULADAS. La Alcaldía de Bogotá, en tanto gobierno distrital, enmarca sus acciones en el Plan de Desarrollo Económico y Social y de Obras públicas para Bogotá D.C 2004-2008, acuerdo 119/04. Bogotá sin Indiferencia Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión, que constituye el referente de la Planificación territorial y de su proyecto de ciudad. Los Programas y proyectos se agrupan en tres ejes denominados: Eje Social, Urbano Regional y de Reconciliación, del cual participan las entidades que integran la Alcaldía. Ahora bien, a modo de diagnóstico que sustenta la propuesta de intervención y recomendaciones para el equipo responsable de la Política Mujer y Géneros, señalaremos las fortalezas como asimismo las debilidades identificadas por esta consultoría y que constituyen asimismo el contexto de implementación de los programas y proyectos a analizar. 3.1. Contexto institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá y de la Política Mujer y Géneros Fortalezas y Potencialidades:

La nueva gestión de gobierno comparte con anteriores administraciones la continuidad de los Planes de Desarrollo, políticas territoriales y de políticas públicas, expresada a través de programas y proyectos formulados para el mediano y largo plazo. Esta continuidad en la gestión constituye sin duda un potencial para fortalecer programas cuyos impactos se consideran positivos, o evaluados como exitosos, revisar, re formular y/o incorporar nuevos programas y proyectos, dentro de los lineamientos centrales fijados por el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. Los avances en las políticas de equidad de género son un ejemplo de esto y por lo tanto, necesarias de fortalecer y efectivizar.

Existencia de instancias de participación ciudadana, refrendadas

Constitucionalmente, que constituyen valiosos instrumentos para la gestión participativa de un proyecto de ciudad con equidad. Asimismo, el desarrollo de

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metodologías en distintas entidades y experiencias específicas de proyectos de participación ciudadana, las cuales son instancias y herramientas importantes necesarios de fortalecer, promover su conocimiento y apropiación por parte de las mujeres.

Voluntad política, expresada en los objetivos del Plan de Desarrollo, de

promover la equidad de género, a través de la Implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y asimismo la incorporación de la perspectiva de género a la Planeación del desarrollo, y a los programas y proyectos de las distintas entidades distritales. El Acuerdo 091 de 2003 del Consejo de Bogotá, establece el Plan de Igualdad de Oportunidades y ordena su formulación, ejecución, seguimiento y evaluación, siendo uno de los proyectos prioritarios del Eje Social del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia (2004-2008). Esto no ha sido ajeno sin duda al rol de las organizaciones de mujeres de Bogotá para lograr instalar esta prioridad. Se trata ahora de efectivizar políticas públicas que posibiliten ampliar los derechos de las mujeres y transformar las experiencias exitosas que está llevando adelante la Política Mujer y Géneros (tales como el de mujeres emprendedoras de La Candelaria) y transformar las mismas en modelos de gestión asumidos por las entidades y programas específicos que atienden distintos aspectos de la política social y territorial y puedan ser replicados a mayor escala.

Alta profesionalidad y calificación de los equipos técnicos que constituyen

recursos humanos valiosos para el diseño de propuestas de políticas públicas innovadoras en todos los ámbitos.

Producción de información, investigaciones y estudios específicos que dan

cuenta de la situación de las mujeres y brechas de género en distintas áreas, como asimismo, evaluación de proyectos sociales y/o acciones dirigidas a la atención de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, realizadas por centros académicos y universidades por encargo de la Alcaldía. Esta práctica es, sin duda, un insumo valioso para reformular y/o repensar las políticas públicas o replantearse programas y proyectos, como asimismo realizar el seguimiento de los avances u obstáculos para el logro de la equidad. Como practica resulta necesario promoverla para avanzar en la comprensión de las múltiples formas de violencia ejercida contra las mujeres y para indagar políticas innovativas para su prevención.

Existencia de recursos comunicacionales en las distintas entidades, vinculadas a

la difusión de las experiencias, publicaciones, boletines, realización de campañas, diseño de piezas comunicativas, los cuales constituyen recursos instalados importantes, posibles de ser articulados y potenciados en función de iniciativas desde el enfoque de género.

Indicadores de gestión: se trata de un valioso instrumento de democratización al

hacer público los resultados de las acciones de gobierno. Es una publicación del Departamento Administrativo de Planeación Distrital (Subdirección de Programación y Seguimiento de la Inversión Pública) establecido por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo No.67 del 9 de setiembre de 2002, por el cual se dictan normas para establecer la publicación permanente de Indicadores de

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gestión en la Administración Distrital. El propósito de la publicación es “contribuir a que la administración pública y la ciudadanía, cuenten con indicadores confiables de los alcances y la aplicación de las políticas e indicadores sobre el nivel de desarrollo económico y social de la ciudad, que permita tener sólidos elementos de juicio para evaluar y hacer seguimiento a la gestión del Estado a nivel distrital”. Es una herramienta relevante para incorporar indicadores de gestión de equidad de género, que posibiliten cuantificar los avances efectivos logrados a partir de la aplicación de políticas públicas específicas.

Existencia de organizaciones y redes de mujeres como insumo significativo para

la formulación de políticas de equidad de género, en tanto masa critica e impulsora de propuestas y acciones para el avance de los derechos de las mujeres. Con relación a la problemática de la violencia la existencia de distintas Redes: Mujeres por la Paz, el Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia. (Confluencia Nacional de Redes de Mujeres que tiene su referente en Bogotá y Corporación Sisma Mujer), la Mesa contra la Violación recientemente formada por redes y organizaciones de mujeres por las violaciones en la localidad de SUBA, por mencionar algunas.

Debilidades y oportunidades

La Política Mujer y Géneros carece aún de la institucionalidad y jerarquía acorde con los objetivos del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, de priorizar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres. Actualmente el área es una asesoría del ejecutivo conformada por un equipo técnico cuya principal responsable es la única funcionaria de planta y cinco profesionales contratadas como consultoras.

La situación de debilidad institucional del Área es compartida por muchos

municipios de América Latina, si bien existen gobiernos locales que están revirtiendo esta tendencia y han dado pasos importantes en la jerarquización de dichas áreas y en la implementación de políticas de igualdad de oportunidades. Asimismo, los ámbitos específicos creados para incorporar políticas públicas para la equidad de género, por lo general dependen de otras instancias administrativas, como las Secretarías o Áreas Sociales (es el caso también de Bogotá donde el Área Mujer se encuentra bajo la dependencia del DABS -Departamento Administrativo de Bienestar Social-), siendo esto indicativo también de las problemáticas con las que se asocia habitualmente a las mujeres, (vinculadas a las necesidades prácticas de las mismas, más que a sus necesidades estratégicas de empoderamiento como ciudadanas). Al mismo tiempo, al no tener una institucionalidad garantizada suelen ser las áreas de ajuste de los presupuestos municipales, cuando cuentan con partidas presupuestarias específicas. Este es, sin duda, un aspecto crucial para garantizar la efectiva implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y la continuidad del mismo, como así también la formulación e implementación de políticas de equidad que se deriven de aquél y que trasciendan la buena voluntad de una gestión de gobierno.

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Existen numerosas instancias de participación ciudadana, sin embargo las mujeres participan de los espacios que son por lo general no remunerados, o con menor poder político, estando subrepresentadas, por ejemplo, entre los ediles. Esto implicaría generar, por un lado condiciones para la participación de las mujeres y por otro, políticas que garanticen la efectiva inclusión de las mismas tales como leyes de cupos en las instancias de representación municipal.

El enfoque de género, en términos generales, está más enunciado que realmente

efectivizado en los programas y proyectos de las distintas entidades distritales, pudiendo distinguir situaciones diferentes según la entidad de que se trate: Desde la incorporación, aunque sea parcial, en los programas y proyectos, hasta la dificultad en determinadas áreas de visualizar la pertinencia de este enfoque, siendo indicativo de esto la homogenización de los destinatarios al que refieren las metas de los programas: familias, población, hogares, sin diferenciar varones de mujeres. No obstante, a nadie le resulta totalmente ajena la temática, aunque no haya en todos los casos comprensión sobre la misma. Esto sin duda se debe al hecho de que la perspectiva de género fue oportunamente promovida institucionalmente en los Planes de Desarrollo, lo que aporta argumentación para ratificar la importancia de decisiones políticas que institucionalicen procedimientos, para garantizar la incorporación efectiva del enfoque de género en programas y proyectos.

La alta profesionalidad y calificación de los equipos técnicos de las distintas

entidades distritales, si bien, como señalamos, constituyen recursos humanos valiosos para innovar en políticas públicas, esto no garantiza por sí mismo el diseño de políticas con equidad de género, para lo cual son necesarias capacitaciones específicas, que posibiliten incorporar la perspectiva de género en áreas no habitualmente consideradas, tales como la planificación territorial, los presupuestos, y que implican atender las necesidades estratégicas de las mujeres (igualdad de oportunidades, liderazgos, empoderamiento)

Indicadores de Gestión: hemos señalado precedentemente el potencial que esta

herramienta, establecida por el Concejo de Bogotá, significa desde un enfoque de género, para realizar el seguimiento de los avances en materia de equidad entre ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, debemos computar como una debilidad la falta de desagregación por sexo de dichos indicadores. Esta consultoría tuvo acceso a la publicación correspondiente a los Indicadores de Gestión 2001-2003, y es sobre la misma que se realizan estas observaciones. Los indicadores se refieren a: Atención a grupos vulnerables, de educación, de salud, ambiente, servicios, vivienda, seguridad y convivencia, movilidad, indicadores de ciudad, los cuales no permiten conocer la realidad de varones y mujeres ya que los mismos hacen referencia a habitantes o cobertura de los servicios. En el caso específico de los Indicadores de Seguridad y Convivencia, éstos registran los siguientes ítems: beneficiarios de eventos culturales, delitos de alto impacto, muertes violentas y muertes en accidentes de tránsito. Las conclusiones para el período, es la disminución de las muertes violentas y las ocasionadas por accidentes de tránsito. Sin embargo, no es posible identificar en estos indicadores publicados las muertes o delitos correspondientes a violencia ejercida contra las mujeres, constituyendo un ámbito necesario y prioritario a incorporar.

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3.2. El enfoque de Género en los Programas y Proyectos

Distintas investigaciones y estudios específicos señalan5 el avance gradual en el desarrollo de Programas dirigidos a mujeres y en la inclusión de la perspectiva de género en los programas y proyectos de la Alcaldía. Específicamente dichos estudios hacen referencia al proceso realizado por distintas gestiones de gobierno, en especial las del último período, por el cual se avanzó de programas dirigido a las mujeres consideradas como parte de la población vulnerable (y asociadas a niñas, ancianas) o centrada en su rol materno, a reconocer a las mujeres como sujetos activos en el desarrollo de la ciudad e incorporando la perspectiva de género al Plan de Desarrollo Distrital, y promoviendo que sea incluida en todos los planes de desarrollo de las localidades.

No obstante los avances señalados, es necesario reconocer la persistencia de

debilidades que se expresan en la prevalencia de Programas y Proyectos que focalizan en niños y jóvenes, adultos mayores y familias. Sin duda que en la problemática específica de la violencia, el contexto de la situación Colombiana es un fuerte condicionante a la hora de pensar políticas públicas que atiendan dicho fenómeno. Las estadísticas sobre la violencia y muerte que tienen como víctimas y victimarios principales a los hombres jóvenes son relevantes. Asimismo, los datos sobre abuso sexual en menores de 14 años, donde el agresor es una persona ligada a su círculo afectivo cercano, han marcado fuertemente las políticas que priorizan a estos sectores, o bien acciones dirigidas a los actores armados. Sin embargo, la violencia intrafamiliar donde los niños/as son las víctimas suele opacar la violencia conyugal o de pareja que tiene a las mujeres como víctimas principales, y respecto a la cual existe un subregistro muy por debajo de la realidad de los hechos de violencia.

Los programas de prevención y atención de la violencia intrafamiliar han

transitado un proceso por el cual la incorporación de la violencia ejercida contra las mujeres fue afinando los métodos de registro y el mejoramiento en la calidad de atención de las víctimas de violencia sexual, o tomando conciencia de sus limitaciones y déficits. El DABS (Departamento Administrativo de Bienestar Social) viene realizando un relevante trabajo en esta línea, contando con información desagregada por sexo y evaluación de programas.6 Asimismo hay avances en considerar la violencia de forma integral en la esfera privada y pública. No obstante, existen aún vacíos respecto a la violencia de género que trasciende la esfera privada familiar y se manifiesta en distintos tipos de violencia (agresión física, hasta violación), en otros espacios, y donde aún es necesario generar conocimientos que reviertan concepciones sobre el delito que impide registrar la misma en su real magnitud y generar mecanismos de atención a victimas de violencia no familiar, como así también la reparación y condena del agresor. Asimismo, es necesario distinguir colectivos de mujeres donde a la violencia de género se agrega la violencia por su condición social, etnia,

5 Estado de arte. Bogotá 1990-2000. DABS – Alcaldía Bogotá D.C. 6 Impacto de las medidas de Protección contra la Violencia Intrafamiliar y Sexual en Bogotá Estrada Angela y Pineda Duque et al. Universidad de los Andes Centro de Investigaciones Sociojurídicas –CIJUS- agosto 2004

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orientación sexual, mujeres que trabajan o viven en la calle. Por otra parte, las mujeres que denuncian hechos de violencia son por lo general las de estratos sociales más pobres, lo cual implica un riesgo en la visión de la sociedad y los funcionarios respecto a la vinculación casi excluyente de violencia conyugal con la pobreza. Las violencias específicas que viven las mujeres desplazadas es otra problemática donde la debilidad de las estadísticas y acciones respecto a la misma también ha sido señalada. Al respecto, el trabajo de Meertens Donny para ACNUR sobre la población desplazada en Bogotá y Soacha con enfoque diferencial en cuanto a género, edad y etnia constituye una referencia importante en cuanto a la caracterización de dicha población, evaluación de la oferta institucional y no gubernamental dirigida a las mujeres desplazadas y las recomendaciones realizadas, a partir de identificar la debilidad del enfoque de género en las respuestas institucionales7.

Existe una base informativa importante de datos estadísticos8, muchos de ellos

desagregados por sexo, aunque dicha información no siempre se traduce en los diagnósticos, análisis e interpretación de los datos, los cuales aparecen agregados bajo la denominación de: hogares, población, o familias, desapareciendo así las diferencias según sexo, no permitiendo identificar situaciones diferenciadas que luego puedan traducirse en Indicadores de género en las metas de los programas y proyectos o evaluar resultados de equidad de género. Ejemplo de esto es la Encuesta de Calidad de Vida 2003, que constituye la Línea Base de algunos proyectos, donde los datos en general no están desagregados por sexo: por ej.: .niños que quedan solos al cuidado de otro menor/ la desagregación por sexo posibilitaría vincular con la mayor deserción escolar de las niñas que por lo general son las que cuidan a los hermanos/as menores en ausencia de un adulto, o bien datos correspondientes a la propiedad de la vivienda, cuya desagregación por sexo posibilitaría vincular con las jefaturas de hogar y las condiciones de pobreza, y precisar los grupos poblacionales en condiciones de mayor vulnerabilidad destinatarios de políticas de vivienda. En el caso de los datos de percepción sobre mejora de la seguridad adjudicada a: la creación de unidades de mediación o fortalecimiento de comisarías de familia por localidad, resultaría muy útil conocer las causales de las respuestas negativas, dado que son la mayoría mujeres quienes concurren a las mismas. Asimismo la percepción según sexo, de mejoramiento en la seguridad por recuperación del espacio publico o por mejoramiento de servicios, daría pautas más precisas para las políticas, habida cuenta del uso diferenciado de la ciudad según varones y mujeres.

7 Meertens, Dony; . Estudio sobre Población desplazada en Bogotá y Soacha con enfoque diferencial de género. ACNUR – Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 8 Indicadores Sociales y Equidad de Género en Bogotá –1991-2001. Consultor: Javier A. Pineda Duque. Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Subdirección de Desarrollo Social. Septiembre 2003

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SEGUNDA PARTE 1. INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA MUJER Y GÉNEROS.

Por Institucionalización se entiende: “El proceso a través del cual las prácticas sociales se hacen suficientemente regulares y continuas para ser institucionales. Se refiere a un "espacio de acción" que las personas y las organizaciones tienen para generar cambios, y a la noción de "cambio sostenido"; ambos aspectos desmienten las posibles rigideces y falta de sensibilidad que se asocian al término "institucionalización", que puede interpretarse como equivalente a una práctica fija y predeterminada” (CISCSA, 2000) Como indicamos en el Diagnóstico realizado, la efectiva implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades y la continuidad del mismo es posible garantizarlo a partir de jerarquizar la Política Mujer y Géneros en la estructura administrativa de la Alcaldía. En el proceso de institucionalización se presenta la cuestión de la ubicación de la responsabilidad central de las políticas dirigidas a las mujeres con perspectiva de género. En coherencia con el criterio de integralidad y transversalidad, las experiencias demuestran que se debe evitar la marginación y aislamiento que suelen mostrar los organismos específicos creados dentro de los gobiernos municipales, los cuales pierden su capacidad de influir sobre los demás áreas y componentes, y sus acciones se encuentran desvinculadas del proceso de planeación, formulación e implementación del conjunto de las políticas públicas del gobierno local, careciendo además de la influencia necesaria para introducir la perspectiva de género en las políticas sectoriales. Pero dicha transversalidad no se garantiza si no existe una responsabilidad central claramente identificada y respaldada -no excluyente de la responsabilidad del resto- con una ubicación orgánica determinada. El rango de jerarquía oscila de Secretaría, Subsecretaría, Dirección, Departamento hasta una oficina entre otras. (CISCSA 2000) Coincidente con esta consultoría el Consejo de gobierno de la Alcaldía discute la reestructuración administrativa de las entidades que la integran. Se trata de una coyuntura estratégica para otorgar al Área de Políticas Mujer y Género la jerarquía institucional que garantice el cumplimiento de la igualdad de oportunidades para las mujeres con el cual el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia se compromete. Esta Consultoría recomienda evaluar dos posibles instancias de ubicación institucional de la Política Mujer y Géneros. Alternativa A Otorgar a la Política Mujer y Géneros el máximo rango, es decir, de Secretaría, similar a los actuales Departamentos Administrativos (futuras Secretarías), que lidere la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades con asignación presupuestaria propia, que permita avanzar con propuestas de políticas en las

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distintas áreas, participando en igualdad de condiciones en la distribución de los recursos públicos. Si consideramos que las mujeres constituyen más del 50 % de la población de Bogotá, que aportan al erario público a través de impuestos y sobre todo con trabajo no remunerado, ya que muchas políticas sociales se sostienen en el trabajo comunitario “voluntario” de las mujeres, otorgar jerarquía institucional a la Política Mujer y Géneros constituye no solo una cuestión de equidad con las mujeres sino de justicia distributiva. Alternativa B. Otra opción es ubicar a la Política Mujer y Géneros como organismo dependiente del actual Departamento Administrativo de Planeación Distrital. Esta ubicación implica una visión macro de la planificación distrital y en consecuencia la posibilidad de impactar los programas y proyectos del Plan de Desarrollo aportando argumentación a los mismos desde un enfoque de género, y teniendo como referente la integralidad del territorio. Asimismo, es responsabilidad del DAPD, los indicadores de gestión de la inversión pública, que sintetizan la actuación de las distintas entidades responsables de las acciones y políticas implementadas. Como señalamos precedentemente en este informe, los Indicadores de gestión constituyen una herramienta fundamental para el seguimiento de la efectividad de las políticas de equidad, y es importante para los correspondientes a la equidad de género que no sean trabajados aisladamente sino incorporados a cada una de las entidades, sus programas y proyectos.. Un indicador de gestión desde la perspectiva de género es cuantificar el porcentaje de inversión que desde los distintos programas distritales se destina a las mujeres. La incorporación explícita en el Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia de la perspectiva de género sólo puede garantizarse desde una posición jerarquizada en la estructura administrativa de la Política Mujer y Géneros y de articulación formal con las distintas entidades. Efectivizar esta propuesta requiere la voluntad política de la gestión de gobierno. Desde la política Mujer y Géneros requiere identificar potenciales aliados/as, responsables de las distintas entidades distritales, concejales y ediles (principalmente mujeres), representantes de partidos políticos, para colocar esta demanda en la agenda institucional. La tarea de efectivizar la jerarquización de la Política Mujer y Géneros y su ubicación dentro de la estructura administrativa debe involucrar a las organizaciones de mujeres de la comunidad que son quienes sostienen y legitiman una Política Mujer y Géneros. Se trata de una tarea de índole política que implica sin duda conflicto de intereses. El Área debe liderar el proceso garantizando las instancias de información, consulta y debate y otros espacios de participación con las distintas organizaciones de mujeres y al interior de la propia alcaldía. 2. IDENTIFICACION DE PROGRAMAS / PROYECTOS DEL PLAN DE DESARROLLO- BOGOTA SIN INDIFERENCIA PARA ARTICULAR CON LA POLÍTICA MUJER Y GÉNEROS

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Esta consultoría ha priorizado, en función de los objetivos propuestos con relación a la promoción de Ciudades más Seguras, el análisis de algunos programas y proyectos que se inscriben en distintos Ejes del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia. Particularmente se hará mención a los componentes de los programas / proyectos más pertinentes para incidir desde la Política Mujer y Géneros, y la entidad responsable de cada uno de ellos. Se realiza una descripción de los mismos, y se formulan observaciones a tener en cuenta desde el enfoque de género.

Eje Programa/Proyecto Seleccionado Entidad Responsable Programa Atención Integral de Violencia, Delincuencia y Orden Público. Proyecto: Sistema Unificado de Información sobre Violencia y Delincuencia – SUIVD- • Organización Sistema Información sobre Delitos

Sexuales y Violencia Intrafamiliar en Bogotá D. C. • Sistema de Información y Vigilancia que registran

Datos en la Ciudad. (SIVIM – Sistema de Vigilancia de la Violencia Intrafamiliar; SIRBE – Sistema de Información y Registro de Beneficiarios; SIVELCE – Sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre Lesiones de Causa Externa)

• Sistema de Información Geográfico – SIG

Secretaría de Gobierno

Reconciliación

Programa Derechos Humanos para Todos y Todas Proyecto: Diseño e implementación de una política integral de derechos humanos

Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno

Social

Programa Restablecimiento de Derechos e Inclusión Social • Proyecto 201: Intervención Integral de las Violencias

Intrafamiliar y Sexual • Proyecto 165: Restablecimiento de Derechos a

través de las Comisarías de Familias • Proyecto 204: Políticas y Estrategias para la

Inclusión Social

DABS Departamento Administrativo de Bienestar Social • Gerencia de Atención

Integral a las Familias – DABS

• DABS

Urbano – Regional

Programa “Hábitat desde los barrios y las UPZ (Unidad Planeación Zonal) • Proyecto “Mejoramiento Integral de Barrios” - PMIB

Caja de la Vivienda Popular

2.1. EJE RECONCILIACIÓN 2.1.1 PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL DE VIOLENCIA, DELINCUENCIA Y ORDEN PÚBLICO, PROYECTO SISTEMA UNIFICADO DE INFORMACIÓN SOBRE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA – SUIVD - Responsable: Secretaría de Gobierno- El Fortalecimiento del Sistema Unificado de Información sobre violencia y delincuencia -SUIVD- es uno de los proyectos prioritarios del Eje de Reconciliación del Plan de Desarrollo, y una herramienta estratégica para precisar métodos de recolección de datos desde el enfoque diferencial de género y den cuenta de la información sobre violencia contra las mujeres. Actualmente son varias las entidades distritales que aportan información sobre violencia y delitos, la propuesta es la unificación de los criterios de recolección de

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información y la organización de los datos en un sistema unificado que sirva de referente para orientar políticas y trazar directrices para la apropiada prestación de los servicios y las acciones que se adopten frente a esta problemática. El SUIVD, Sistema Unificado de información sobre violencia y delincuencia es uno de los componentes del Observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá9, y depende de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá. Este sistema obtiene información de violencia y delincuencia en Bogotá D.C a través de análisis de información proveniente de distintas fuentes, como asimismo de estudios específicos. La información registrada sobre delitos y violencia se refiere a:

Muertes violentas: homicidio común, muertes en accidentes de tránsito, suicidio, muertes accidentales, muertes violentas por determinar

Otros delitos de impacto social: Hurto a personas, a automotores, a establecimientos de distinto tipo, residencias, lesiones comunes, accidentes de tránsito, lesiones accidentales.10

Observaciones: La violencia que se ejerce contra las mujeres, tales como abusos sexuales, no aparece discriminada como delito específico en esta clasificación. Si bien, “a partir de julio de 2003 se incorpora información sobre violencia intrafamiliar cuyas fuente son las comisarías de familia (DABS), delitos sexuales que se conocen a través de la Fiscalía General de la Nación, desplazamiento forzado según la Unidad de Atención Integral a la población de Desplazados, conflictos comunitarios a través de las Unidades de Mediación y Conciliación e intento de suicidio con información suministrada por la Secretaría Distrital de Salud”11 Las comisarías de familia que originalmente eran responsabilidad de la Secretaría de Gobierno, actualmente son competencia del DABS, con quien se está trabajando para compatibilizar sistemas de registros que alimentarán el Sistema Único de Información. Las otras fuentes de información del Sistema son: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para las cifras de muertes violentas y la policía metropolitana para otros delitos de impacto social. El concepto de seguridad es entendido en sentido amplio, incorporando también datos sobre accidentes de tránsito, los cuales son provistos por la Secretaria de Tránsito. 9 El Observatorio depende de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá y los tres componentes de los que se compone, son: 1) Sistema Unificado de Información sobre violencia y delincuencia, 2) Análisis e investigaciones, 3) Divulgación y comunicaciones. Para esta consultoría, los componentes del Observatorio constituyen recursos instalados posibles de ser aprovechados articulando con los objetivos del Plan de Igualdad de Oportunidades. Con relación al desarrollo de investigaciones, se trata de un espacio importante para trabajar el enfoque diferencial de género. Sería pertinente recuperar las investigaciones realizadas sobre delitos sexuales a los fines de verificar la posibilidad de dar continuidad a las mismas y poder evaluar transformaciones en el tiempo a partir de la aplicación de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres y proponer nuevos temas desde el enfoque de género. La página web, los boletines, podrían incorporar el tema de la violencia de género y sensibilizar sobre la problemática a la ciudadanía. Por ejemplo un boletín temático que recoja información sobre Ciudades sin violencia para las mujeres, bajo la responsabilidad del Área Mujer, focalizando en los distintos tipos de violencia contra las mujeres y sus efectos sociales, económicos y políticos, y recogiendo experiencias exitosas para la prevención de la misma. . 10 Extraído de “Observatorio de violencia y delincuencia de Bogotá” Experiencias en seguridad y convivencia Bogotá DC. Secretaría de Gobierno. Alcaldía Mayor de Bogotá. DC. 2003. 11 Organización del Sistema de Información sobre Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en Bogotá D.C. Consejo Distrital para la Atención Integral a Niños y Niñas víctimas de abuso y explotación sexual. Subcomité de Sistemas de Información. Marzo 2004.

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a) Organización Sistema Información sobre Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en Bogotá D.C.12 Instituciones participantes: DABS, Secretaría Distrital de salud, Policía Metropolitana, secretaria de Gobierno -SUIVD- Instituto Colombiano de Bienestar familiar, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Fiscalía General de la Nación - Unidad de Delitos Sexuales El documento que refiere al proyecto propuesto de Organización del sistema de información sobre delitos sexuales y violencia intrafamiliar en Bogotá D.C, establece que el SUIVD (Sistema Único de Información) incluirá como variables de análisis de la violencia y delincuencia en Bogotá las problemáticas de: Violencia Intrafamiliar, delitos sexuales y explotación sexual, tanto de los casos identificados como de los casos denunciados. Toda la información captada por las entidades intervinientes, mensualmente es enviada al SUIVD de la Secretaría de Gobierno (previo ser depurada para evitar la duplicación de datos) que funcionará como bodega de datos, realizará los cruces de las variables mínimas requeridas (sin identificación) para dar a conocer a la ciudadanía el comportamiento de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Las variables mínimas requeridas con relación al registro de casos de delitos sexuales, explotación sexual infantil y violencia intrafamiliar concertadas y compartidas por los sistemas de información ( Secretaría de Salud, el DABS, ICBF, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses y la Policía metropolitana de Bogotá) distingue entre: a) tipo de violencia (física, psicológica, económica, negligencia y abandono)

especificando que esta variable solo aplica únicamente para los casos de violencia intrafamiliar.

b) tipo de delito: establece que esta variable solo debe ser registrada para los casos de delitos sexuales (delito sexual y explotación sexual).

*Variables referidas al tipo de hecho: Presunto delito contra la libertad, integridad y formación sexuales. Debe ser registrada y reportada por la Fiscalía y por la policía de acuerdo con el código penal y las categorías que se deben manejar son: Violación: acceso carnal violento/ acto sexual violento / acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. Actos sexuales abusivos: acceso carnal abusivo/ actos sexuales con menor de 14 años / acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. Proxenetismo: inducción y constreñimiento a la prostitución, trata de personas, estímulo a la prostitución de menores, pornografía de menores, turismo sexual. Observaciones: Esta clasificación en principio limita la definición de violencias físicas o sicológicas a la violencia intrafamiliar y al mismo tiempo las excluye de la clasificación de delitos, ya que éstos últimos responden a categorías jurídicas (violación, actos sexuales abusivos, proxenetismo) y las violencias físicas ocurridas

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fuera del ámbito privado ejercida por desconocidos quedarían excluidas de la categoría de delitos. *Variables Básicas Compartidas por el SUIVD Las variables básicas que deben registrar los sistemas de información que alimentarán el SUIVD son:

Información sobre la víctima: edad, sexo, escolaridad, limitación manifiesta y tipo de limitación, gestante Localidad de residencia y dirección de residencia Información sobre el agresor: edad, sexo, relación agresor con la víctima Lugar de ocurrencia del último hecho: hogar de la víctima, vía pública, establecimiento público, sitio de trabajo, sitio de estudio, otro. Localidad y barrio, Dirección de los hechos, Fecha y hora

Observaciones: Respecto a las variables recabadas, si bien se especifican que son las mínimas a compartir por las instituciones que registran casos denunciados e identificados, dado que se trata de una propuesta de unificación del registro de información sería necesario poder identificar otros datos que aportarían a un diagnóstico más exhaustivo sobre la violencia contra las mujeres. Respecto a la información sobre la víctima: además de edad y escolaridad, sería necesario distinguir su condición socio-económica, etnia, ocupación, si trabaja en la calle, si se trata de una trabajadora sexual, composición del hogar, etc Respecto al agresor, también sería pertinente caracterizar al mismo, más allá de su edad y relación con la víctima. Respecto a este último punto, es necesario señalar que en los casos de violencia intrafamiliar aparece la categoría ex cónyuge, mientras que en los casos clasificados como delitos sexuales esta categoría no aparece. Respecto a las variables del lugar de ocurrencia del hecho: los datos recabados abarcan el espectro de la violencia en la esfera privada y pública. Sin embargo respecto al espacio público, sería necesario distinguir los espacios de circulación (vías públicas) de los lugares de permanencia (parques, plazas, en sus distintas escalas). Asimismo, en los establecimientos públicos identificar los lugares de recreación y centros de salud (lugares donde son conocidos hechos de abuso contra las mujeres). El registro del horario del hecho puede aportar para vincular con lugares específicos de la ciudad y sus características urbanísticas. Las fichas de registro de beneficiarios elaboradas por el DABS13 referidas a delitos y abusos sexuales capturan otros datos más exhaustivos y que no aparecen en estas variables mínimas consensuadas para el SUIVD. Por ejemplo, datos referidos a las características y condiciones de la vivienda del núcleo familiar, lo que permitiría vincular la violencia con tenencia y condiciones de habitabilidad. También registra datos sobre la orientación sexual, ocupación, trabajo en la calle, y otros, que posibilitarían un registro más completo de los tipos de violencia y la caracterización social de la víctima y el agresor. 13 Sistema de Registro de Beneficiarios. Proyecto 158.: Atención Integral a Victimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Orientación y referencias de delitos sexuales. Departamento Administrativo de Bienestar Social. Subdirección de Planeación y Oficina de Sistemas.

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b) Sistemas de información y vigilancia que registran datos en la ciudad 14: SIVIM: “Sistema de vigilancia de la violencia intrafamiliar” con énfasis en maltrato infantil y hacia la mujer, de la Secretaría Distrital de Salud, inició desde 1997 el desarrollo de dicho Sistema. Registra casos cuyos datos han sido capturados por entidades oficiales y privadas de diversos sectores, así como de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entre sus objetivos fundamentales está servir de fuente primaria de información para el seguimiento de casos identificados con énfasis en violencia sexual y aquellos casos que revisten riesgo de fatalidad para las víctimas”. SIRBE: “Sistema de Información y Registro de Beneficiarios” que da cuenta de toda la información de los usuarios-as que acceden a los servicios del DABS. Funciona mediante una base de datos centralizada a la cual tienen acceso todos los Centros Operativos Locales y algunas unidades operativas tanto para la alimentación como para la consulta. Pude proveer análisis estadísticos acerca del comportamiento de la problemática, análisis poblacionales y de las actuaciones desarrolladas”. SIVELCE: “Sistema de Vigilancia Epidemiológica sobre Lesiones de Causa Externa”: genera información no solo para fines criminalísticos sino también para el análisis epidemiológico. El Instituto Nacional de medicina legal y Ciencias Forenses (INML y CF), a finales del 1999 emprendió el trabajo de revisión, reestructuración e instrumentación de sus variables y categorías, con el fin de facilitar los procedimientos de captura, procesamiento, análisis e interpretación de la violencia. c) Sistema de Información geográfico Un aspecto importante de señalar es el Sistema de Información geográfico –SIG- que permite territorializar la información sobre delitos y violencia en la ciudad, y que se encuentra bajo la responsabilidad de funcionarios del Observatorio de Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobierno. Observaciones: Desde un enfoque diferencial de género, ésta es una herramienta potente para profundizar en la construcción de un enfoque de la violencia contra las mujeres que integre las distintas causales que intervienen en la misma. El registro de datos que el SUIVD tiene posibilidad de recabar la georeferenciación de la información podría aportar conocimiento sobre la violencia ejercida contra las mujeres y su vinculación a la caracterización social y condiciones de ambiente urbano de las distintas zonas de la ciudad, distinguiendo:

Ámbitos donde se producen hechos de violencia contra las mujeres (vivienda y espacio público) y su vinculación con:

Tipos de violencia: (de pareja, hurtos en la vivienda con agresión, acoso y violencia en otros espacios, calle, parques y plazas, distintas instituciones).

Características de las víctimas: según edad, condición social, orientación sexual, etnia, mujeres desplazadas, mujeres que viven o trabajan en la calle, trabajadoras sexuales.

Una consideración a realizar es que este sistema como herramienta de conocimiento está limitada ya que parte de una realidad sesgada dado que la violencia contra las

14 Ibid 2

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mujeres es la menos denunciada por la doble victimización a la que se ven expuestas, y también que las que más denuncian y están más identificadas, son las víctimas pertenecientes a sectores o estratos económicos más bajos, lo que podría significar una nueva estigmatización respecto a la relación violencia-pobreza. No obstante esta consideración el SUIVD y la georeferenciación de los datos que posibilita constituye una herramienta de conocimiento importante a explorar en el tema del análisis y la prevención de las violencias de género. Conclusiones: El SUIVD propuesto es una herramienta importante para el conocimiento y la formulación de políticas y acciones preventivas contra la violencia hacia las mujeres en la ciudad, como así también para el seguimiento y monitoreo que permita evaluar impactos en el tiempo. Por esto es indispensable revisar la manera en que los datos específicos sobre violencia contra las mujeres son registrados y posteriormente analizados e interpretados. Esta consultoría quiere subrayar la importancia de explorar esta instancia desde la Política Mujer y Géneros como insumo de conocimiento para profundizar los desarrollos teóricos que contemple la complejidad de la violencia contra las mujeres. 2.1.2 PROGRAMA DERECHOS HUMANOS PARA TODOS Y TODAS. PROYECTO DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA POLITICA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS Responsable: Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno El Proyecto se plantea los siguientes Objetivos: La sensibilización y formación en Derechos Humanos para los servidores y servidoras que por su labor están en contacto directo con población objeto de vulneración de derechos, como por ejemplo, los que reciben a población desplazada por la violencia, desmovilizados de los grupos armados al margen de la ley, los asignados a la UPJ, a la Cárcel Distrital y a las comunidades étnicas. Hacer consciente a la población capitalina, a través del uso de los medios masivos de comunicación, de la existencia misma de los Derechos Humanos, de sus interrelaciones, de la responsabilidad del Estado con respecto a la promoción y el respeto de los mismos y cómo éstos constituyen la base de una mayor participación por parte de los asociados en los asuntos públicos, a través de la exigencia de su cumplimiento.

Gestionar e implementar un observatorio de Derechos Humanos: conformar un componente dentro del Sistema Unificado de Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobierno, que de cuenta de la situación de violaciones de derechos humanos en el Distrito. El Observatorio permitirá: producir informes a partir de la información sistematizada, aportar líneas de acción para hacer frente a las violaciones, vigilar y hacer seguimiento de las acciones emprendidas y de las situaciones que puedan generar violaciones de derechos humanos. Prevenir violaciones a los Derechos Humanos, a través de la prevención y la protección de comunidades en riesgo; y prevención y atención a la violencia intrafamiliar .

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Generar espacios de interlocución, para hacer visibles el libre ejercicio del derecho al reconocimiento de la diversidad, a la identidad cultural, social y política, del derecho a la igualdad de oportunidades de los grupos étnicos. Coordinar con instituciones Distritales y Nacionales, la implementación y puesta en práctica de redes comunitarias y de jóvenes formados en el respeto a los Derechos Humanos que les permitan identificar situaciones de riesgo a la violación de los mismos dentro de sus comunidades, convirtiéndolos en multiplicadores en instituciones educativas, comunitarias, juveniles, etc. Las líneas de acción prioritarias que el Proyecto plantea son:

• Fortalecimiento institucional y coordinación interinstitucional • Sistema de información y vigilancia • Difusión de los derechos humanos • Prevención y atención a la violencia intra-familiar • Redes juveniles y ciudadanas como mecanismo de prevención y exigibilidad

de los derechos humanos en la población vulnerable • Generación de una cultura de solidaridad social que contribuya a la

eliminación de la discriminación, cualquiera que sean sus fuentes. • Seguimiento a recomendaciones de Naciones Unidas en DDHH

Observaciones: Se señala como ámbito de articulación estratégico para articular con la Política Mujer y Géneros el Observatorio de Derechos Humanos: que se prevé como un componente dentro del Sistema Unificado de Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobierno (otro de los programas estratégicos de la Secretaría de Gobierno y que describimos precedentemente), a los fines de focalizar las violencias contra las mujeres en el marco de los derechos humanos. Asimismo aportar con orientaciones especificas desde el enfoque de género para construir información sistematizada sobre los distintos tipos de violencia contra las mujeres. Por otra parte y de las entrevistas realizadas con la responsable del Proyecto, se plantea la implementación de una CATEDRA de DERECHOS HUMANOS, espacio que consideramos importante para la incorporación de la violencia contra las mujeres en el marco de los derechos humanos. Como parte de la Política de Derechos Humanos y en el contexto de la Ayuda humanitaria de emergencia, se plantean acciones específicas para la población desplazada entre las que merecen señalarse: Unidades móviles de atención a víctimas de la violencia: Atención directa y especializada a la niñez y/o familias que presentan vulneración de sus derechos por situaciones de violencia intrafamiliar y ruptura del tejido social como consecuencia del conflicto armado y/o desastres naturales, para restitución de derechos y desarrollo integral. En localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Tunjuelito, Usme, Rafael Uribe, Suba, Bosa, Kennedy y Negativa Escuelas abiertas e influyentes: Desarrollo de estrategias pedagógicas y comunitarias para la recepción adecuada de PSD con un enfoque de derechos y de atención diferencial por generación, género, etnia y cultura.

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Plan de Atención en Hábitat para retornos y reubicaciones Subsidios destinados a compra de vivienda nueva o usada, mejoramiento o construcción en sitio propio para el caso de los propietarios y arrendamiento para no propietarios. Entrega de Subsidios Familiares de vivienda Distrital a los cuales pueden acceder las familias desplazadas, sin ahorro, con financiación completa, de acuerdo con la ley 812 de 2003 Programa de Apoyo Integral a Mujeres Jefas de Hogar para contribuir al empoderamiento socioeconómico de las mujeres cabeza de familia de estratos 1 y 2. Observaciones. Los proyectos aportan datos de la grave problemática habitacional que sufren los desplazados los cuales no tienen lugar estable donde vivir, sumado a la falta de acceso a los servicios. No se hace mención explícita a la problemática de las mujeres solas con hijos que constituyen gran parte de la población desplazada, en este sentido se requeriría poner especial atención a este grupo poblacional para arbitrar acciones positivas que las prioricen. 2.2 EJE SOCIAL - PROGRAMA RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL Responsable: Departamento Administrativo Bienestar Social – DABS- Haremos mención aquí a los Proyectos incluidos en este Programa, señalando los aspectos más pertinentes para la Política Mujer y Géneros. 2.2.1. Proyecto 201- INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LAS VIOLENCIAS INTRAFAMILIAR Y SEXUAL Gerencia de atención integral a la familia - DABS Objetivo del Proyecto: Intervenir integralmente las problemáticas de la violencia sexual y violencia intrafamiliar desde la perspectiva de género, protección integral y corresponsabilidad. El proyecto pretende lograr la formulación del Plan Distrital de atención Integral a víctimas de violencia intrafamiliar. Población a la que atiende: todas las localidades del distrito, priorizando la intervención con poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad: niños, niñas y mujeres. Acciones que realiza:

Detección, orientación y referenciación de casos de violencia intrafamiliar y sexual

Atención a grupos familiares y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o sexual

Atención a niños y niñas victimas de explotación sexual Movilización y organización social

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Respecto a la atención a grupos familiares y mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o sexual, es brindada a través de una ONG especializada, en dos servicios: acogida temporal y ambulatoria. En el primero de ellos se atiende a grupos familiares y mujeres en condiciones de emergencia por violencia doméstica o sexual a nivel de atención en crisis, terapia de emergencia, cubrimiento de necesidades de alojamiento, alimentación y vestuario. Los grupos familiares y mujeres son atendidos por un tiempo máximo de tres meses. En el segundo servicio se atienden a mujeres víctimas de violencia a quienes se les brinda sesiones de apoyo psicosocial y legal. Con respecto a la Movilización y organización social: busca sensibilizar a la comunidad, difundir y hacer visible la problemática para generar cambios culturales de transformación de la cultura violenta en las familias, así como desarrollar una estrategia de comunicación distrital El servicio se presta a través de los 16 centros operativos locales (COL) y los Centros de Atención Integral a víctimas de delitos sexuales y de atención integral contra la violencia intrafamiliar, los dos últimos operados en convenio con la Fiscalía general de la Nación. Este proyecto se relaciona directamente con restablecimiento de derechos a través de las Comisarías de familias de la misma entidad responsable (DABS) Observaciones: un espacio de actuación desde la Política Mujer y Géneros, es aportar y promover la incorporación de indicadores de seguimiento e impacto de estos programas y proyectos –focalizados en las familias como beneficiarios- que trasciendan los indicadores de cobertura. (para lo cual se requiere asignar presupuesto específico en los programas, siendo este otro indicador de equidad de género). Como asimismo, investigaciones cualitativas que permitan evaluar la efectividad de las acciones respecto a la autonomía y mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, retomando los antecedentes de trabajo del DABS en este sentido. Respecto a la estrategia comunicacional aportar a generar argumentación y debate acerca de la concepción de la violencia de género para sensibilizar a la sociedad, que permita focalizar en los derechos de las mujeres como ciudadanas y que la violencia de género no quede nuevamente invisibilizada en la violencia familiar. 2.2.2 Proyecto 165 - RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS A TRAVES DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA El Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá Sin Indiferencia. Un Compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión”, ubicó a las actividades de las Comisarías de Familia en el contexto del Eje Social, estrategia de garantía de acceso progresivo y permanencia en los servicios sociales básicos, programa de Restablecimiento de Derechos e Inclusión Social y previó como metas a alcanzar durante el cuatrienio, el aumento del 25% en la identificación de delitos sexuales y las demandas por violencia intrafamiliar y del 30% en las medidas de protección para víctimas de violencia intrafamiliar en las comisarías de familia. Este proyecto se relaciona de manera transversal con los proyectos Pactos para la inclusión con familias ubicadas

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en zonas de alto deterioro urbano e Integración familiar para niños y niñas en protección legal, adscritos a la Gerencia de Atención Integral a la Familia y con los diferentes proyectos de la Gerencia de Infancia, por cuanto la población usuaria de estos proyectos se beneficiará de las acciones emprendidas. En el orden Distrital y Nacional se articulan y complementan acciones con las instituciones competentes en la atención integral a las víctimas tanto de violencia intrafamiliar como de delitos sexuales desde los diferentes sectores de salud, educación, protección y justicia.

1. Diseñar e implementar en las Comisarías de Familia, el protocolo de atención y procedimientos operativos para promover la protección integral y la restitución de derechos vulnerados a niños-as, adolescentes y familias en situaciones de violencia y conflicto familiar.

2. Adelantar un plan de reestructuración, de la jurisdicción, horarios y aspectos

físicos en las Comisarías de Familia, con el fin de mejorar sus procesos de atención.

3. Desarrollar estrategias de promoción y comunicación dirigidas a ciudadanos y

ciudadanas para que tengan conocimiento de sus derechos y de los servicios que prestan las Comisarías de Familia.

Desde la perspectiva de género, el proyecto busca promover relaciones más equitativas y democráticas entre hombres y mujeres, a través del abordaje de los casos, teniendo como base la promoción de los derechos y oportunidades, así como formas de interacción pacificas basadas en el respeto y la comunicación. Desde la perspectiva de derechos el proyecto reconoce a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años como sujetos de derechos prevalentes y privilegia su protección desde las Comisarías de Familia, como representantes de un Estado garante de su desarrollo integral. En este orden, el proyecto contempla las siguientes estrategias: Promoción, Prevención, Intervención directa: Investigación, Formación y Actualización de servidores-as, Coordinación Interinstitucional: Con relación a la articulación con la Política Mujer y Géneros, señalamos tres estrategias: Investigación: Esta estrategia busca mejorar los niveles de información acerca del comportamiento de la violencia y el conflicto intrafamiliar en la ciudad y su afectación a niños, niñas y adolescentes y sobre el impacto de los modelos de atención integral en los casos de violencia intrafamiliar atendidos por Comisarías de Familia. De igual modo pretende mejorar la comprensión del fenómeno y determinar la eficacia en la utilización de algunos métodos de intervención en las Comisarías generando propuestas de mejoramiento. Formación y Actualizacion de servidores-as: En esta estrategia se prevé brindar herramientas conceptuales a los-as servidores-as públicos que se desempeñan en las Comisarías en temáticas relacionadas con violencia intrafamiliar y sexual,

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modelos de atención integral y prevención terciaria y procesos y procedimientos administrativos para promover el mejoramiento de la calidad de la atención. En todos estos temas se incorporan transversalmente las perspectivas de derechos, género, protección integral y corresponsabilidad. Coordinación Interinstitucional: Esta estrategia comprende la puesta en marcha de un conjunto de actividades dirigidas a la articulación con las acciones de otras instituciones, con el fin de mejorar la calidad de la atención a través de la optimización de los recursos del Estado, incluye entre otras actividades, participar prioritariamente en:

Consejo Distrital de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y Sexual Redes locales del Buen Trato. Consejos Locales para la Atención Integral a Niños y Niñas Victimas de Abuso y Explotación sexual. Consejos Locales de Gobierno y de Política Social.

Observaciones: respecto a la investigación, desde la Política Mujer y Géneros, es necesario coordinar para el desarrollo de conocimientos sobre la violencia de género, priorización temática y experiencias acumuladas desde las organizaciones y movimientos de mujeres. Respecto a la capacitación al personal de comisarías, aportar y consensuar teorías y metodologías experimentadas, recuperando las producciones teóricas existentes como asimismo las propias evaluaciones del DABS y sus programas, y la experiencia acumulada en la entidad. Articular acciones con los espacios interinstitucionales y las organizaciones de mujeres. 2.2.3. Proyecto 204 - POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Responsable: DABS Hacemos especial mención a este Proyecto por la relevancia del mismo en cuanto se propone la creación de un sistema integral de protección y seguridad social, como parte de la estrategia de lucha contra la pobreza y que apunta a que un monto importante de recursos públicos se destine a la satisfacción de propósitos básicos en campos como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda, para enfrentar la indigencia y proteger frente al desempleo.

Entre los objetivos se plantea:

Diseñar políticas sociales integrales para diferentes grupos de población o por territorio.

Diseñar el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de impacto de las políticas sociales en el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia Un Compromiso contra la Pobreza y la Exclusión.

Prevé los siguientes Programas: atención social inmediata y temporal a la población en situación de crisis, que contemplan acciones como la entrega de bienes y prestación de servios de asistencia alimentaria y nutricional, empleo de emergencia, soluciones habitacionales, atención básica en salud y protección

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especial. Un segundo grupo incluye a los programas de atención social básica que incluye el acceso a servicios públicos de atención universal, como la atención de la salud, la educación, el saneamiento básico y la infraestructura que estos requieren. En el tercer grupo se encuentran proyectos de desarrollo del capital humano, social y productivo, orientados a la capacitación técnica, el desarrollo de las capacidades productivas, el crédito, la organización empresarial y las formas asociativas, por ejemplo. En el cuarto, los proyectos de protección especial a grupos en situación de alto riesgo social por problemas complejos de abandono, explotación sexual, adicciones, trabajo infantil, conflictos armados, desastres naturales o ecológicos, tráfico de personas, discapacidad mental o física, o violencia intrafamiliar, entre otros. El documento base del proyecto explicita que “un sistema de esta naturaleza requiere disponer de información suficiente con la mejor calidad y oportunidad posibles que permita, entre otros propósitos: contar con los mejores elementos de juicio para la orientación de los recursos públicos y privados según sectores sociales y grupos poblacionales; identificar los grupos vulnerables sujetos de trato preferencial y monitorear la destinación de ayudas o subsidios, fiscalizar la eficiencia en la prestación de los servicios en todas y cada una de las instancias involucradas en el proceso; cruzar con otros sistemas de información para la consolidación de un sistema integral sustentado en principios básicos de solidaridad, equidad y progresividad en todos y cada uno de sus componentes”. En este sentido el proyecto propone trabajar articuladamente con otras entidades distritales, del sector privado, del tercer sector y de la comunidad en la definición de un Sistema Integral de indicadores de impacto de la política social, con sus diferentes componentes. Asimismo define que las acciones en este campo empezarán con la elaboración de diagnósticos sociales poblacionales con la ECV-2003; la definición de políticas integrales para grupos prioritarios, la revisión de los sistemas de indicadores sociales existentes en el distrito y el país; la definición con programas como “Bogotá como vamos” y la Cámara de Comercio de Bogotá del conjunto de indicadores para el seguimiento de la política social en el distrito o por localidades; el diseño de observatorios sociales locales con participación social y comunitaria; la definición del conjunto de indicadores para la evaluación de impacto de la política social; la articulación entre los indicadores de seguimiento y los de impacto; una propuesta para la articulación de este sistema de indicadores con el sistema de información del distrito; el seguimiento anual de los indicadores; y la evaluación final de impacto en 2007. Observaciones: Se trata de un Proyecto de alcance poblacional y territorial de alto impacto, por la integralidad de la problemática a abordar. El documento de referencia no hace mención explícita a las mujeres como colectivo a considerar particularmente. Si bien menciona a “distintos grupos de población a identificar”, esto no permite conocer de que manera en un Proyecto de tal importancia el enfoque de género fue considerado. En la descripción de metas para el 2004, se especifican “Políticas sociales para niños y adolescentes” y para el 2005, Política Social integral para un grupo poblacional específico. Los Observatorios sociales locales propuestos y el

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diseño de un Sistema de Indicadores para la evaluación de impacto de la política social es un ámbito estratégico para articular desde el Área Política Mujer y Géneros, a los fines de garantizar políticas afirmativas para las mujeres, que tengan en cuenta las desigualdades que las estadísticas y los estudios e investigaciones cualitativas muestran y diseñar indicadores sociales específicos de género, especialmente los relacionados con las políticas de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres. El proyecto menciona como referente para la elaboración de los Diagnósticos Sociales Poblacionales la Encuesta de Calidad de Vida 2003, entre otros instrumentos. Esta encuesta (la publicación referencia de esta consultoría) tiene pocos datos desagregados por sexo, lo cual es necesario revisar los ítems de la misma para poder definir aquellos que tienen un impacto diferencial por género y que deben traducirse en una política social para que sea realmente efectiva. 2.3. EJE URBANO REGIONAL – PROGRAMA HÁBITAT DESDE LOS BARRIOS Y LAS UPZ Dentro de este programa se ha seleccionado el Proyecto Mejoramiento Integral de Barrios para realizar una propuesta de transversalización de género, por lo que lo describiremos a continuación, en la Tercera Parte de este Informe.

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TERCERA PARTE

1. HÁBITAT DESDE LOS BARRIOS Y LAS UPZ (Unidad Planeación Zonal)

Programa seleccionado para implementar un ejercicio de transversalización desde la política Mujer y Géneros

Esta consultoría ha seleccionado este Programa ubicado en el Eje Urbano Regional, del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia, como ámbito estratégico de actuación por su potencial para proponer un modelo de incidencia desde el enfoque diferencial de género, y específicamente vinculado a la promoción de ciudades más seguras para las mujeres, y que, al mismo tiempo, aporte insumos al Plan de Igualdad de Oportunidades. De los proyectos que integran Hábitat desde los Barrios y UPZ se ha identificado el de Mejoramiento Integral de Barrios, por tratarse de un Proyecto de alto impacto en relación a:

cantidad de población destinataria, específicamente de los sectores más empobrecidos

número de entidades distritales y localidades involucradas problemáticas abordadas: vivienda, servicios, movilidad, espacio público,

Inclusión social, Seguridad y convivencia, participación ciudadana, productividad y posibilidad de transversalizar las mismas con la problemática de la violencia contra las mujeres.

transversalización de los distintos ejes del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia

efecto multiplicador para otros proyectos de las distintas entidades involucradas en el PMIB, para incorpora el enfoque de género

posibilidad de georeferenciar la violencia / inseguridad en el espacio privado y público

El barrio como escala territorial de actuación

Es en el territorio donde las políticas públicas se expresan a través de inversiones concretas, es decir donde el presupuesto municipal se territorializa y posibilita priorizar y evaluar la distribución de los beneficios de los programas y proyectos, y los impactos diferenciales de los mismos en la población, según sector social, género, etnia, edad, etc.

El hábitat entendido en sentido integral involucra distintas dimensiones:

sociales, físico-espaciales, económicas, culturales que tienen su anclaje en el territorio, y el barrio es la unidad de expresión más accesible a los ciudadanos/as en su reconocimiento.

La población destinataria de los programas y proyectos no es homogénea y la

escala territorial barrial, posibilita identificar la heterogeneidad de las necesidades y demandas (por edad, género, condiciones sociales, etnia, etc.)

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El barrio es la escala de participación más cercana a la vida cotidiana de las mujeres, y donde las acciones por mejoras en las condiciones de habitabilidad, servicios, equipamientos, seguridad, han tenido históricamente a las mujeres como protagonistas principales y en consecuencia es un ámbito de participación privilegiado para incidir en la toma de decisiones, como asimismo reconocer y promover liderazgos y empoderamientos de las mismas.

Con relación a la problemática de la violencia/ inseguridad, el barrio es la

escala espacial más conocida por los habitantes, donde es posible, en principio, identificar los distintos tipos de violencia, lugares y factores coadyuvantes de la misma.

El barrio es el ámbito de intervención estratégico para plantear acciones de

prevención de la violencia a partir de la potenciación de las redes sociales y vecinales existentes y particularmente organizaciones barriales y de mujeres

2. PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS –PMIB- 2.1. Descripción del Proyecto Entidad coordinadora: Caja de la Vivienda Popular Entidades Ejecutoras: Nivel Central: Planeación Distrital /DAMA (Dpto. Administrativo Medio Ambiente) / Acueducto de Bogotá / IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) / Recreación y Deporte / Acción Comunal / Jardín Botánico / Secretaría de Salud / DPAE / Bienestar Social / Codensa / ETB / Secretaría de Tránsito / Transmilenio / Defensoría Espacio Público / Secretaría Educación / Secretaría Gobierno / Cultura y Turismo, DAACD, SED, Renovación Urbana, Metrovivienda. Entidades ejecutoras Nivel Local: Diez (10) alcaldías locales correspondientes a las 26 UPZ (Unidad de Plantación Zonal) de intervención (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Bosa, Kennedy, Suba, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar). Financiamiento: Banco Mundial, Agencia Alemana de Cooperación Financiera: Kreditanstalt für Wiederaufbau -KfW-, y aportes del Distrito. El programa se propone coordinar las acciones institucionales y locales en las 26 UPZs de Mejoramiento Integral de Barrios y aporta y articula con los programas y proyectos de cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia: Social, Urbano Regional, Reconciliación, y con el objetivo Gestión Pública y Humana Sostenible y Eficaz.

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Esquema de Gestión del Programa Mejoramiento Integral de barrios

DIMENSIÓN TERRITORIAL Obras

DIMENSIÓN SOCIAL Desarrollo Social

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Objetivo Específico: Mejorar las condiciones ambientales y urbanas estableciendo sistemas adecuados de operación y mantenimiento.

Objetivo específico: Consolidar procesos sociales para lograr comunidades capaces de asumir y gestionar la solución de sus problemas y la ejecución de proyectos.

Objetivo Específico: Diseñar e implementar mecanismos de planeación, gestión y coordinación interinstitucional.

Participación Ciudadana: Participación Ciudadana Participación Ciudadana Líneas de acción: Manejo de aguas. Accesibilidad. Protección ambiental y litigación de riesgos. Equipamiento comunitario. Vivienda.

Líneas de acción: Planeación participativa. Fortalecimiento de organización comunitaria. Convivencia y seguridad ciudadanas. Productividad.

Líneas de Acción: Planeación y gestión del Programa. Monitoreo e impacto. Fortalecimiento administrativo y financiero. Coordinación interinstitucional. Gestión de la Planeación local.

Componentes del Programa15 A los fines del posterior análisis, hemos seleccionamos, aquí solo algunos de los componentes del Programa (metas de intervención en las UPZ de acuerdo con las líneas de acción del PMIB), con sus respectivos proyectos, y que consideramos más pertinentes para iniciar un proceso de incidencia y trabajo desde el enfoque de género. Esto no excluye los demás componentes del Programa, sino que es solo a los fines de ejemplificar posteriormente, la pertinencia de cada uno de ellos desde un enfoque de género atravesado por la variable seguridad. Asimismo se mencionan las entidades responsables de la ejecución de los proyectos, lo que da cuenta del potencial de entidades involucradas en el Programa. A) Componente Territorial Vivienda: Meta: gestionar el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las familias de las UPZ tipo 1. Proyectos: reasentamiento, asistencia técnica a familias en procesos de titulación predial y mejoramiento de vivienda. Entidad: Caja de Vivienda Popular Accesibilidad: Meta: gestionar la construcción de la fase inicial de los corredores de Movilidad local en las UPZ tipo 1. Proyectos: construcción, rehabilitación y mantenimiento de corredores de movilidad local. Entidad: IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) Equipamiento Comunitario:

15 Sobre la base de documentación provista por la Caja de Vivienda Popular

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Meta: gestionar la construcción de equipamientos de educación, equipamiento comunitario y espacio público para recreación activa y pasiva. Proyectos: referidos a construcción, ampliación y dotación de nuevos equipamientos educativos y comunitarios: Entidad: DABS. Construcción de parques vecinales y de bolsillo: Entidad: IDRD (Recreación y Deporte). B) Componente de Desarrollo Social Planeación Participativa: Meta: promover y consolidar procesos y prácticas de planeación participativa en 26 UPZ. Proyectos: Empoderamiento-dinamización y consolidación de Núcleos de Participación a escala zonal Entidad: CVP-PMIB Fortalecimiento Organizaciones Sociales Meta: Fortalecer la capacidad de gestión de 375 organizaciones o redes sociales para la ejecución de proyectos con participación ciudadana Proyectos: Procesos pedagógicos de participación y gestión social. Entidad: CVP-PMIB. Lineamientos de Política pública de participación, Formulación de proyectos, comunicación, POT (Plan de Ordenamiento territorial), cultura organizacional y fomento a trabajo en red, control social. Entidad: DAACD, S. Gobierno, Veeduría Distrital. Convivencia y Seguridad Ciudadana: Meta: ampliar la cobertura y calidad en educación, recreación, cultura y salud. Promover pactos y acuerdos de convivencia. Proyectos: Restablecimiento de derechos a población de alta vulnerabilidad niños y adultos mayor. Atención y prevención violencia intrafamiliar Entidad: DABS Acuerdos de Convivencia. Entidad: S. Gobierno-PMIB-Sur Productividad: Proyectos: generación de ingresos, gestión y seguimiento mano de obra para la construcción. Banco de talentos. Entidad: DABS/CVP/DAACD/S. Salud/Red de solidaridad Apoyo iniciativas / agricultura urbana . Parcelas demostrativas. Entidad: Jardín Botánico/Alcaldías locales OBSERVACIONES: Enfoque de género: No se especifican en la documentación analizada por esta consultoría metas desagregadas por sexo (cuantitativas y cualitativas) que permitan

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inferir de qué manera la perspectiva de género fue incorporada en el diagnóstico y posteriormente considerada en los respectivos programas y proyectos. Los indicadores o unidades de medida establecidas en relación a las metas de cada proyecto (según la documentación analizada) hacen referencia a: Nº de familias o personas, beneficiadas, capacitadas, o vinculadas a los proyectos; Nº de programas, inversión per cápita, Nº de organizaciones sociales involucradas en los núcleos de participación a escala zonal, Nº de líderes de organizaciones sociales, o bien metas de cobertura (unidades de equipamiento o m2 de parques). Asimismo, si analizamos la documentación del Plan de Desarrollo (Art.15)16 metas del Eje Urbano Regional, los Indicadores asociados a Hábitat por localidad, para el Programa Hábitat desde los Barrios y UPZ, toma como Línea Base de referencia la Encuesta de calidad de Vida DANE-DAPD (2003), la cual presenta sólo algunos datos desagregados por sexo, que no permitirían identificar condiciones de los hogares (por ejemplo, encabezados por mujeres, con hijos pequeños y bajo línea de pobreza cuyas cifras son significativas para Bogotá) que definen situaciones diferenciadas de vulnerabilidad. 2.2. Análisis de los Componentes desde el Enfoque de Género A los fines del análisis se toman como referencia los componentes y proyectos descriptos en el punto precedente. A) Componente Territorial: Vivienda Haremos mención aquí a los factores diferenciales por género que trascienden el PMIB, pero que pueden aportar para pensar otros proyectos de vivienda nueva o mejoramiento de la misma no subsidiado, y que pueden ser impulsados como propuesta desde la Política Mujer y Géneros. El acceso y la tenencia segura de la vivienda tiene para las mujeres especial significación dado los roles socialmente asignados de cuidadoras principales de la familia y los hijos. Para mujeres de sectores empobrecidos, la vivienda constituye en muchos casos un recurso económico en cuanto en ella se desarrolla el único trabajo generador de ingresos, por lo cual las dimensiones y condiciones de la vivienda para compatibilizar la actividad productiva y doméstica son necesarias de considerar en las políticas de vivienda y en un programa de mejoramiento de la misma. En situaciones de violencia conyugal, la inseguridad en la tenencia constituye un factor condicionante para la ruptura del circulo de agresión y es habitual la pérdida de la vivienda por parte de las mujeres en caso de separación, cuando se trata de uniones de hecho. De igual modo el barrio constituye un recurso al garantizar un tejido o red de servicios solidarios para las mujeres, por lo cual en casos de reasentamientos 16 Concejo de Bogotá, D.C. Acuerdo Nº 119, 2004. Plan de Desarrollo Económico-Social y de Obras Públicas D.C 2004. Bogotá sin Indiferencia.

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cuando esto no es contemplado refuerza el aislamiento y exclusión de las mujeres y en particular en situaciones donde sufre violencia de pareja. En los casos de programas basados en la autoconstrucción, las mujeres solas con niños deben sumar a dicha actividad su trabajo remunerado cuando lo tienen, con los tiempos y esfuerzos que esto les demanda. Sin embargo esta es una instancia a considerar pensando en la construcción como capacitación en “oficios no tradicionales” que posteriormente constituya con apoyo del Estado una actividad productiva para las mujeres. Ejemplos de cooperativas en distintos oficios conformadas por mujeres. Si bien las legislaciones no restringen la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y protegen el derecho a la propiedad favoreciendo el acceso a la vivienda para la población en general, un enfoque de equidad debe reconocer las desigualdades de hecho que restringen el acceso a la vivienda por parte de las mujeres. Por ejemplo, el crédito para la adquisición de vivienda (y es el caso de Colombia) es otorgado a sectores de la economía formal, mientras que son las mujeres las que trabajan en mayor medida en el sector informal de la economía y con remuneraciones menores que los varones. Algunos datos para ilustrar: Es reconocido que “...la vinculación laboral de las mujeres presenta condiciones de trabajo desfavorables caracterizada por empleos inestables y mal remunerados, segregación ocupacional entre trabajos “femeninos” no calificados y “masculinos” calificados, tareas femeninas con malas condiciones ambientales y dificultades para sindicalizarse” (Mujeres Estado de Arte Bogota, pg.165.). Si nos remitimos a la Encuesta de Calidad de vida, al Item Población ocupada por posición ocupacional recodificada y sexo: encontramos que entre los “trabajadores familiares sin remuneración” en Bogotá, el 62,2% son mujeres. Asimismo entre la “Población asalariada por posición ocupacional y afiliación a una administradora de riesgos profesionales, y afiliación a fondos de pensiones, encontramos para Bogotá que en la denominación “empleado doméstico” de un total de 120.060 (del cual el 98,6% son mujeres) sólo el 15,7% figura como afiliado a una aseguradora y un porcentaje similar al fondo de pensiones. Con referencia a los desplazados/as no existían programas de vivienda adecuados que tomaran en cuenta las circunstancias especiales de los mismos ya que para aplicar a líneas de crédito hay que cumplir requisitos que por lo general no suelen cumplir y menos aún las mujeres. El documento de ACNUR17 señala que la población desplazada con jefatura femenina en Bogotá era para el periodo enero-octubre 2001 del 44,5%. Actualmente desde el Plan Distrital Ayuda humanitaria de Emergencia desde la Secretaría de Gobierno, Programa de Estabilización Económica (restablecimiento) se propone impulsar la organización de demanda para 70.000 familias y estimular el ahorro masivo de las mismas en el sistema financiero solidario, mediante el acompañamiento organizativo a las mismas. Capacitar en SFV, crédito hipotecario, convivencia, participación y actividades de inserción en las nuevas localidades y Entrega de Subsidios Familiares de vivienda Distrital a los cuales pueden acceder las familias desplazadas, sin ahorro, con financiación completa, de acuerdo con la

17 Estudio de Marteen, Donny, ya citado, sobre población desplazada

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ley 812 de 2003. Capacitar 150 líderes o representantes delegados de las familias desplazadas sobre políticas de vivienda Distrital, y organización para la demanda. En este sentido, desde una Política de equidad de género debieran impulsarse políticas afirmativas para las mujeres, capacitación específica en los temas de crédito y organización para la demanda. Al respecto mencionamos lo señalado por Marteen Donny18: “Las mujeres desplazadas tienen mínima participación en los puestos directivos de sus organizaciones, al mismo tiempo son las que se movilizan en torno a intereses comunes de la vida cotidiana con otras mujeres (no desplazadas) en sus comunidades. Esto implica la necesidad desde las políticas públicas de fortalecer liderazgos de las mujeres y por otro, de desarrollar políticas de inclusión que supere la dispersión e integren la población desplazada en torno a intereses comunes de los grupos más discriminados entre los cuales se ubican las mujeres, los y las jóvenes y las minorías étnicas. Desde un enfoque de género, una política de vivienda debiera considerar la incorporación de acciones afirmativas y compensatorias de las desigualdades, que implican reconocer condiciones de mayor vulnerabilidad para las mujeres. Mencionamos el Proyecto de Acuerdo 18 del 2004 por el cual se crea el subsidio familiar de vivienda en el distrito capital. Una acción afirmativa sería considerar en el mismo la incorporación de cláusulas que prioricen a mujeres solas con hijos, o únicas responsables económicas de sus hogares, así como a mujeres desplazadas y mujeres víctimas de violencia. Otra política afirmativa consiste en otorgar subsidios para mano de obra en el caso de autoconstrucción, a mujeres con hijos pequeños. . Priorizar localizaciones de la vivienda cercanas a los servicios para mujeres solas con niños pequeños. El Plan Zona Centro es un ámbito privilegiado para trabajar esta temática. Accesibilidad: La accesibilidad considerada como conectividad entre las distintas actividades urbanas, constituye en las grandes ciudades un condicionante de la calidad de vida de la ciudadanía y para los sectores más excluidos socialmente un factor posibilitante o potenciador de su exclusión. La accesibilidad se mide en tiempos y costos económicos. La movilidad de las mujeres en la ciudad no es la misma que la de los varones. Diversos estudios demuestran que la división sexual del trabajo aún vigente se expresa en movilidades diferentes para unas y otros. Los varones se trasladan de forma más lineal (casa/ trabajo) mientras que las mujeres se mueven siguiendo recorridos que unen vivienda con servicios (abastecimiento, escuela de los hijos, trámites diversos) y trabajo remunerado fuera del hogar cuando lo tienen. Sin embargo, las encuestas de origen y destino de viajes que sustentan la planificación de recorridos del transporte público, no contemplan datos desagregados por sexo, lo que arroja una realidad sesgada en cuanto a las necesidades del conjunto de la población. Para las mujeres de los sectores más pobres que se desplazan fundamentalmente en transporte público, y en muchas

18 ibid 1

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ocasiones lo hacen con niños pequeños o trasladando cargas (provisiones domésticas o las derivadas de la venta callejera para algunas), las condiciones del sistema de transporte determinan fuertemente sus oportunidades diarias de movilidad. Los costos de desplazamiento se traducen en tiempo (de espera y traslado), económicos y de seguridad La seguridad / inseguridad es un atributo de los distintos componentes del sistema de movilidad: tipos de vías y condiciones de las mismas (estado, señalización, iluminación), los obstáculos en los recorridos (barreras físicas, baldíos o zonas eriazas de paso obligado), las terminales de esperas del transporte y su localización respecto a distancias a la vivienda, condiciones de aislamiento, control social, iluminación, constituyen factores inhibitorios que recluyen a las mujeres en el ámbito del hogar o del propio barrio o por el contrario resultan facilitadores de su apropiación de la ciudad. Un enfoque de género debe incorporar conocimiento sobre las necesidades diferenciadas de desplazamiento de varones y mujeres en el territorio para planificar conectividades, recorridos, frecuencias y horarios del transporte público. Asimismo, la seguridad física en el espacio público constituye un atributo de éste que requiere la identificación y prevención de factores de riesgo, basados en la propia experiencia de las mujeres en el reconocimiento del territorio: delitos y violencias ejercidas contra las mujeres, percepción de inseguridad asociada específicamente a cada uno de los componentes del sistema de movilidad, transporte y el espacio público en general. Equipamiento Comunitario: Las mujeres son las principales usuarias de los equipamientos comunitarios. Las políticas públicas requieren dar respuestas a las necesidades prácticas de las mujeres (cuidado de otros, mediadoras de las necesidades familiares) a los fines de posibilitar condiciones para avanzar en las necesidades estratégicas de autonomía y empoderamiento, promoviendo cambios en la división sexual del trabajo en el hogar y acceso a mejores oportunidades laborales, participación social y política. Desde un enfoque de género es necesario conocer las demandas específicas de las mujeres con relación al equipamiento comunitario que pudieran traducirse en nuevos tipos de equipamientos a nivel barrial o rever la distribución territorial. Las estadísticas poblacionales generales no siempre dan cuenta de las necesidades específicas y la escala barrial posibilita contrastar las previsiones generales a nivel macro. Específicamente y desde el punto de vista de los equipamientos de apoyo a la seguridad y justicia, las demandas respecto a centros de convivencia, casas de justicia, unidades de mediación y conciliación, atención a emergencias, comisarías de familia, requiere que las mujeres de la comunidad conozcan los distintos tipos de equipamientos de apoyo a la seguridad previstos en el Plan Maestro respectivo, sus atribuciones y distribución territorial.

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La documentación referida a los Planes Maestros de Equipamientos para Bogotá19 caracteriza la escala de los mismos (metropolitano, urbano, zonal y vecinal) y previendo la distribución de nuevas unidades de escala vecinal por UPZ. Respecto a la definición de la demanda poblacional establece la necesidad de estimar la demanda efectiva según las implicaciones de las transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas y establecer la demanda potencial y efectiva para diversos grupos poblacionales al año 2010. Los Planes Maestros y su definición constituyen otro espacio de incidencia importante desde un enfoque de género, ya que se pueden identificar demandas específicas de las mujeres que pudieran traducirse en nuevos tipos de equipamientos a nivel barrial. El Programa de Red de Centralidades distritales, previsto en el Plan de Desarrollo (Eje Urbano Regional) aporta a la democratización del territorio y específicamente a la equidad de género. Desde el Plan de Desarrollo, este Programa se propone facilitar el acceso de las personas a los servicios y equipamientos de la ciudad, reducir sus necesidades de desplazamiento y evitar la desagregación territorial, social y económica y favorecer el desarrollo equilibrado de los centros de mayor impacto social mediante el fortalecimiento de los sistemas de Movilidad y de espacio público, el fomento de la intermodalidad y la construcción de puntos de encuentro. Este programa resulta especialmente potente para profundizar en respuestas a las necesidades de los distintos colectivos de mujeres. Espacios Públicos: Parques Zonales y Vecinales. La investigación realizada en cinco ciudades del Mercosur (2003)20 arroja como resultado una alta valoración de la existencia de espacios públicos como ámbitos de recreación y esparcimiento de la población, en un contexto de acelerada privatización del espacio público, y donde la inseguridad aparece como un argumento de legitimación de esta transformación. Las mujeres utilizan preferentemente los espacios públicos barriales más que los de escala urbana (por cercanía a la vivienda, costos de desplazamiento), y emplean los parques y plazas, en mayor medida que los varones, cuando la actividad que realizan es cuidar o acompañar a otros (niños, ancianos), si bien con diferencias etarias y de género que marcan comportamientos diferentes, atribuidos a “permisos sociales” también diferentes para mujeres y varones. Por su parte, los varones socializan más con sus pares a través de la práctica de deportes. El equipamiento de los parques y plazas, por lo general, responde casi excluyentemente a la recreación de los varones. La inseguridad es un atributo del espacio público, mencionado en especial por las mujeres en la mayoría de las ciudades como causal de restricción de uso sobre todo a determinadas horas de la jornada y especialmente de noche. Las causas de inseguridad mencionadas son: soledad de los espacios, falta de actividades y equipamiento que garanticen su uso, apropiación de los mismos por grupos,

19 Planes Maestros. Documentación DAPD 20 Programa “Indicadores Urbanos de Género. Instrumentos de la Gobernabilidad Urbana”.Coordinado por CISCSA y financiado por UNIFEM Brasil y Cono Sur. Este programa fue aplicado en cinco ciudades: Montevideo (Uruguay), Asunción (Paraguay), Rosario y Mendoza (Argentina) y Talca (Chile).

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especialmente de varones, con conductas agresivas (ej.: drogadicción, alcoholismo), falta de mantenimiento, espacios residuales sin identidad. La encuesta sobre percepción de inseguridad en el centro de Bogotá arrojó como resultado que las mujeres residentes y las que se movilizan por razones de estudio, empleo, vacaciones, etc, están entre los grupos que se sienten más vulnerados.21 Por otra parte, la encuesta 2004 de Napoleón Franco y la OEI para el IDRD, sobre Bogotá sobre percepción y usos de los parques vecinales de la ciudad, (actualmente en procesamiento final de datos), muestra una alta valoración de los parques por parte de sus usuarios y una fuerte tendencia al incremento de la utilización de los mismos por parte de la ciudadanía (Plan Maestro Espacio Público-DAPD22). En este caso sería útil indagar acerca de la percepción de las mujeres usuarias de los parques vecinales que podría aportar información a la planeación y diseño de los mismos y específicamente vinculado a la prevención de la violencia. B) Componente de Desarrollo Social Las líneas de acción / metas de este componente del PMIB: Planeación participativa, Fortalecimiento organizaciones sociales, Convivencia y Seguridad Ciudadana son espacios estratégicos para la incorporación del enfoque diferencial de género y abordar la problemática de la violencia en sus distintas dimensiones del Programa, al mismo tiempo de promover la participación activa de las mujeres y su capacitación específica en la toma de decisiones, que trascienda el propio PMIB. Los proyectos previstos articulan con Programas del Eje de Reconciliación: Gestión Pacífica de Conflictos y Participación para la decisión y con el Eje Social a través del Programa de Restablecimiento de Derechos e Inclusión Social (cuyo responsable es el DABS). Los Proyectos proponen: Construcción colectiva de pactos y acuerdos de convivencia y corresponsabilidad. Consolidación de 26 Núcleos de participación ciudadana. Generar espacios de encuentro de organizaciones, de ciudadanos e instituciones en cada UPZ de mejoramiento integral; con planeación participativa, gestión, evaluación, control social y manejo de conflictos. Fortalecer las capacidades de más de 300 organizaciones y/o redes sociales mediante la gestión de proyectos con participación ciudadana. Desde un enfoque de género, resulta indispensable definir previamente mecanismos, y procedimientos que garanticen la participación de las mujeres en los Núcleos de Participación Ciudadana, para plantear demandas específicas a ser incorporadas en la planificación territorial, la formulación de proyectos, la evaluación, seguimiento y control social de las inversiones y la gestión en este caso del propio programa. La participación implica: a) remover los obstáculos para la misma 21 Percepción de Inseguridad en Bogotá. Resultados de la investigación sobre la percepción de inseguridad en las localidades de Chapinero y Centro, y de los Programas de Misión Bogotá, en Palabras y Rostros. Misión Bogotá -2001 22

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(cuidado de niños, horarios de reuniones), obstáculos culturales, que han privilegiado el trabajo de las mujeres por sobre la toma de decisiones. b) información y capacitación para formular propuestas sobre la base de las propias demandas y no como mediadoras de las necesidades de las familias, c) capacitación a los responsables de las entidades para incorporar los aspectos explicitados. Este ejercicio de intervención implica desarrollar prácticas que aporten a la participación de las mujeres en otros ámbitos e interpelar el tipo y calidad de participación de las mujeres en dichos espacios como las Juntas de Administración Local, las Juntas de Acción Comunal, los Consejos de Planeación Locales, específicamente aquellos donde los cargos son remunerados o bien son instancias reconocidas de poder. A los fines del PMIB, es necesario identificar: Las organizaciones de mujeres de la comunidad involucradas en las 26 UPZ, como asimismo las líderes barriales, mujeres con experiencia y antecedentes de participación en programas de capacitación y planeación del desarrollo. Estas últimas constituyen potenciales recursos humanos que pueden ser referentes de iniciativas para las distintas acciones previstas o posibles de desarrollar, en coordinación con las entidades ejecutoras de los distintos proyectos y promuevan la participación de las mujeres de la comunidad no integradas a organizaciones. Asimismo, es necesario identificar organizaciones de mujeres (ONGs) y los temas específicos en los cuales han acumulado experiencia, que permitan aportar al abordaje de las distintas dimensiones de los proyectos desde la perspectiva de género. Productividad: Hacemos mención a este componente por su potencialidad ya que es posible instalar capacidades en mujeres respecto de oficios no tradicionales, a partir de su participación en la construcción y mejoramiento de vivienda, teniendo en cuenta las consideraciones realizadas precedentemente respecto a la significación de la autoconstrucción en la vida de las mujeres. La agricultura urbana –prevista en el PMIB en el componente productivo- es otra instancia experimentada para la participación de las mujeres. Asimismo la utilización de predios libres para transformarlos en espacios recreativos para la comunidad al mismo tiempo de aportar a la seguridad del entorno es otro ámbito de incidencia y donde desde la alcaldía, concretamente la defensoría del espacio público hay experiencias importantes para replicar de gestión del espacio por parte de los ciudadanos/as, necesarias de capitalizar. 3. APORTES PARA UN MODELO DE INTERVENCIÓN La problemática de la seguridad en la ciudad para las mujeres, cuenta con desarrollos todavía incipientes, si bien ya han comenzado a multiplicarse en los últimos años por el efecto demostrativo de las experiencias pioneras, en distintos países y ciudades del mundo. Cada una de estas experiencias ha centrado su

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intervención en distintas dimensiones, en este apartado rescataremos estas propuestas e intentaremos vincularlas a modo de aporte para un ejercicio de intervención en el territorio que tiene por objetivo:

Generar conocimiento sobre los factores y causales de inseguridad para las mujeres en Bogotá DC en el ámbito privado y público.

Construir estrategias participativas de prevención de la misma, que aporten a una política pública sobre violencia contra las mujeres que aborde la misma desde la multidimensionalidad e integralidad que requiere.

Desde esta Consultoría, se propone que sea la Política Mujer y Géneros en el contexto del Plan de Igualdad de Oportunidades (como un insumo para el mismo), la que impulse esta propuesta de intervención, en articulación con las distintas entidades involucradas en el Proyecto PMIB, del Programa Hábitat desde los Barrios y UPZ, descripto en el anterior punto del presente documento. Este modelo se plantea a modo de ejercicio que pudiera ser replicado en otros programas y/o espacios territoriales. A continuación, se presenta el organigrama del PMIB, incorporando en el mismo el lugar que debería ocupar la Política Mujer y Géneros en el mismo para lograr impulsar esta propuesta.

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3.1. Descripción del Modelo y Propuesta de Indicadores Toda intervención supone cuatro etapas básicas: a) Diagnóstico local, participativo y centrado en la experiencia de las mujeres. b) Formulación del proyecto c) Implementación del mismo d) Evaluación a) Primera Etapa. Diagnóstico Local, Participativo, y Centrado en la Experiencia de las Mujeres: El diagnóstico supone una determinada lectura de la problemática a abordar, por ende, es necesario explicitar los supuestos que sustentan esa lectura y las herramientas que se utilizan. Las mujeres sufren violencia en la esfera privada y en la pública y las causas que las generan son las mismas: las desigualdades y subordinación de género que estructura las relaciones sociales. La violencia privada y la sensación de inseguridad y el temor a ser agredidas en el espacio público, impactan su vida cotidiana, limitando sus posibilidades como ciudadanas. Sin embargo, la interrelación de estas violencias está aún poco explorada, y sus consecuencias en las mujeres son todavía ignoradas o minimizadas por la sociedad y las instituciones públicas. En la experiencia que desarrolló CISCSA23 en la ciudad de Rosario, Argentina, las mujeres lograron expresar distintas formas de violencia sufridas en la ciudad, sin embargo, y para ello, se necesitó trabajar con dispositivos metodológicos24 que les permitieran visibilizar y explicitar - aún para ellas mismas- estas violencias específicas en particular en el espacio público. Sostenemos que las premisas necesarias para encarar un diagnóstico que de cuenta efectivamente de esta problemática, son:

Ubicar la experiencia de las mujeres como centro de toda intervención (CAFSU, Canadá, 1992), y en este sentido, reconocer que el miedo que experimentan es relevante y fundado. Implica evidenciar que las estadísticas que informan sobre la reducción del delito en la ciudad no incorporan la violencia de género.

Comprender la violencia hacia las mujeres como un fenómeno cultural que

abarca tanto el denominado espacio privado como el público, ya que responde a las mismas causas y factores. Requiere indagar sobre las ideas que sostienen el ser varón y mujer. En este sentido es importante el trabajo con los varones de la comunidad para entender los procesos de socialización que contribuyen a las conductas violentas.

Considerar las experiencias de violencia cotidiana vividas por las mujeres en las ciudades, no consideradas como “delitos” por las instancias jurídicas ni en el ámbito social, y por tanto, no visibles para la sociedad y las instituciones públicas.

23 CISCSA –Centro de Intercambios y Servicios Cono Sur Argentina. Su directora es Liliana Rainero. 24 Se trabajó con estímulos como frases, historias, construcción de escenas de violencia sobre fotografías de la ciudad, historietas a construir, maquetas.

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Incorporar la participación de distintos actores sociales y gubernamentales desde el inicio de la intervención, es decir, desde el diagnóstico, de manera de involucrarlos en las respuestas necesarias a dar. En el caso del programa específico que proponemos trabajar -PMIB-, el trabajo con las entidades distritales y los equipos técnicos responsables de los distintos proyectos del programa es indispensable.

Reconocer la dimensión territorial en la problemática de la inseguridad y el papel

activo del espacio en la misma. La caracterización de los barrios donde se intervendrá, las condiciones de habitabilidad de las viviendas, entorno y espacios públicos, así como las características del sistema de transporte y movilidad, y los equipamientos comunitarios, es un primer diagnóstico a realizar.

Contemplar la multidimensionalidad de la problemática y por ende, de las

intervenciones (factores culturales, sociales, políticas, económicas, territoriales).

Identificar, además de los problemas y necesidades críticas en esta área, los recursos existentes y a construir, para afrontar los mismos.Un programa de

intervención en esta problemática debe, en primer lugar, generar información y conocimiento sobre las situaciones de violencia e inseguridad ciudadana que afectan específicamente a las mujeres en la ciudad, desde las propias percepciones de distintos sectores de la sociedad civil, de las organizaciones de mujeres, de las entidades distritales (participantes en el Programa). La construcción de conocimiento en esta materia, es clave para que las propias entidades, las mujeres y sus organizaciones puedan construir políticas de seguridad ciudadana. Es necesario considerar especialmente los estereotipos que siguen subsistiendo en la sociedad y que sostienen la “naturalización” de prácticas de violencia ejercidas contra las mujeres. Sin embargo, no siempre contamos con información precisa de cómo efectivamente funcionan estos estereotipos, cuáles son los núcleos centrales que se han modificado o persisten, en qué medida están presentes en los distintos sectores de la población y cómo inciden en las prácticas de uso y apropiación de los espacios públicos de la ciudad. Para ello, se deben analizar -como ya lo explicitamos- las percepciones de la violencia en la ciudad por parte de las mujeres, y su implicancia en el uso y apropiación de la misma, así como las estrategias posibles para la modificación de esta situación, incluyendo las actualmente implementadas. En este último punto, resulta imprescindible identificar los “vacíos” que dejan las políticas actuales de seguridad desde una perspectiva de género, y que no se agota en la inclusión de la violencia intrafamiliar o de los delitos sexuales. Esto es un paso importante pero todavía no suficiente en el reconocimiento y la atención de las violencias que sufren las mujeres en las ciudades. Abordar las percepciones de las distintas “formas de violencias contra las mujeres” requiere un dispositivo que visibilice los discursos sociales que sostienen a las mismas, para ello, y por tanto se recomienda utilizar dentro de la metodología cualitativa, una estrategia particular: la conformación de grupos focales de discusión. (Experiencia desarrollada por CISCSA, ciudad de Rosario, 2004)

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La conformación de distintos grupos focales deben dar cuenta de la “mirada” de mujeres y hombres de distinta condición social, franja etaria, edades (niños, adolescentes, jóvenes, adultos y ancianos). Así también resulta necesario conocer la percepción de grupos sociales que viven la ciudad y la problemática de la violencia hacia las mujeres en los espacios públicos en una forma diferente, ya que es la calle su lugar de trabajo o de inserción social (vendedores/as ambulantes, trabajadoras sexuales, niños o adolescentes en situación de calle, etc.). El caso de la población desplazada que, a la situación de pérdida de su lugar originario, debe sufrir la discriminación social del entorno al que llega, requiere ser especialmente considerado. En lo estatal, es necesario conocer la percepción de los/las funcionarios/as que están en posiciones claves respecto de la elaboración de políticas públicas que involucran el espacio urbano y la violencia, así como de aquellos sectores asignados oficialmente para el control, prevención e intervención en situaciones de violencia urbana, como por ejemplo, la policía u otros cuerpos especializados. En el caso que nos ocupa por ejemplo, es necesario identificar los distintos actores que operan en el territorio como los/as Guías ciudadanas de Misión Bogotá (el 60% de son mujeres provenientes de los estratos 1, 2, 3) La construcción de mapas de percepción de inseguridad por parte de las mujeres, a partir de la identificación de lugares donde se sienten inseguras o han vivido situaciones de violencia, es una herramienta valiosa y probada en distintas experiencias internacionales. La experiencia realizada por CISCSA, en la ciudad de Rosario, aportó dos factores claves en la identificación de lugares considerados peligrosos en los mapas. 1) las características físicas de los mismos (vacíos urbanos sin mantenimiento, iluminación insuficiente, zonas deterioradas y sin control social, zonas de barreras o fracturas físicas como son las vías de tren, los puentes, etc.); 2) la dinámica social que transcurre y se expresa en estos espacios, tales como la apropiación –predominantemente por parte de grupos de varones- con conductas agresivas o drogadicción, la existencia o no de redes sociales de protección entre vecinos/as y o distintos grupos sociales y su mayor o menor identificación con el lugar en que viven; zonas limítrofes entre espacios socioeconómicos diferentes donde se manifiesta la fricción social, etc. La inclusión de los mapas como una herramienta, permite diseñar acciones, tanto en la dimensión física de la ciudad y sus espacios públicos, como en la dimensión social (sociabilidad, utilización y apropiación de los espacios, fortalecimiento de las redes vecinales, etc.). Sin embargo, es una metodología que debe utilizarse combinada con talleres de discusión, donde se pueda ir desarticulando ciertos estereotipos como los que asocian delito y violencia a sectores poblacionales empobrecidos o inmigrantes -externos o internos-, delimitados a su vez geográficamente. Las unidades territoriales (UPZ), de interés del PMIB, son relativamente homogéneas respecto de las condiciones socioeconómicas de su población, pero es importante identificar las fronteras y los obstáculos de convivencia, con sectores de otra extracción social. Las mujeres, en la elaboración de mapas, demuestran una mayor capacidad de atender a las características de

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peligrosidad de cada uno de los lugares, y obviamente, una mayor percepción a aquellos factores que constituyen inseguridad y temor para ellas. Otro instrumento importante puede ser las encuestas poblacionales, con niveles de representatividad por localidades, que se orienten a medir dimensiones referidas a la problemática de la violencia urbana y específicamente dirigida a las mujeres, vinculándola a las dimensiones de uso y apropiación diversa de la ciudad y sus espacios públicos, así como la ubicación territorial de los satisfactores (equipamientos de educación, salud, justicia y recreativos, lugares de trabajo, etc.) de las necesidades de las mujeres, planteándose así en forma innovativa respecto de las tradicionales Encuestas de Victimización. Los resultados de estas encuestas permitirían aplicar y establecer acciones de diseño y correctivas, tanto en las políticas del eje urbano-territorial como en las del eje social y de reconciliación. En este sentido, antecedentes importantes en la operacionalización de estas dimensiones se encuentran, aunque no del todo vinculadas, en la experiencia de la Encuesta de Indicadores Urbanos de Género, aplicada en cinco ciudades del Cono Sur (CISCSA, 2003) y en la desarrollada en el Programa Ciudades Sin Violencia para las Mujeres, Ciudades Seguras para todos, en dos distritos de la ciudad de Lima, Perú (Flora Tristán, 2004). Segunda Etapa: Capacitación y Formulación del Programa La participación de las mujeres y de otros sectores de la sociedad civil y de los funcionarios y dependencias estatales debe ser garantizada, en su proceso y resultados, a partir de acciones de capacitación que se implementen. La mayoría de los programas estatales de intervención señalan la necesidad de la participación de los ciudadanos, ubicados como beneficiarios o como usuarios. Sin embargo, es de necesaria revisión algunas áreas problemáticas respecto de las cuales es necesario discutir y decidir respecto de la participación en estos programas.25: De estas áreas críticas identificadas, y necesarias de revisar en todo modelo de intervención que se supone participativo, nos interesa especialmente incorporar dos de ellos: la representatividad y la capacidad.

25 Félix Bombarolo identificó en este sentido, diez áreas problemáticas, en distintos estudios e investigaciones sobre la participación de los/as ciudadanos/as en políticas sociales: “sentido (¿cuál es el sentido último de la promoción de la participación ciudadana?); viabilidad (¿es siempre posible iniciar procesos de generación de la participación ciudadana?); representatividad (¿quiénes representan a los colectivos involucrados en los procesos participativos, cuál es su legitimidad?); capacidad (¿cuál es la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas que participan en los procesos de toma de decisiones, para analizar los problemas en cuestión y proponer alternativas 'propias' de solución?); contenido (¿para qué tipo de decisiones o procesos se convoca a las personas a participar?); oportunidad (¿en qué instancia del proceso de gestación y aplicación de decisiones públicas se involucra a los interesados?); límites (¿hasta donde es lícito, prudente, necesario, y 'eficiente' generar procesos de consulta y participación social?); vínculo (¿en qué medida se tienen en cuenta los deseos y propuestas de la ciudadanía convocada a la participación?); modo (¿son pertinentes y efectivas las herramientas utilizadas para promover los procesos participativos?); sostenibilidad (¿cómo sostener en el mediano y largo plazo los procesos participativos iniciados al amparo de las nuevas iniciativas 'participacionistas'?)” (Bombarolo, 2002)

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Respecto de la representatividad, planteamos desde el inicio la necesidad de ubicar a las mujeres como protagonistas y expertas en el tema de violencia e inseguridad urbana que las afecta (CAFSU, Canadá, 2002), pero debemos advertir aquí acerca de la necesidad de incorporar las heterogeneidades que implica pensar el colectivo de mujeres. La violencia hacia las mujeres, así como sus formas de afrontamiento, reconoce también diversidades según grupos socioeconómicos, diferencias generacionales, mujeres heterosexuales o lesbianas, mujeres que trabajan o viven en la calle, trabajadoras sexuales, de distintas etnias, mujeres desplazadas de su lugar de origen, etc. Estas diferencias deben ser indagadas con cada uno de los grupos de mujeres. Respecto de la capacidad, es necesario advertir que distintos estudios y escritos señalan la necesidad de incorporar aspectos de capacitación para efectivamente garantizar la participación. En este sentido, Bombarolo (2002) nos previene acerca de que “En numerosas ocasiones se convoca a la población a participar de procesos decisorios con alto contenido técnico; en la mayoría de aquellas veces las personas más desfavorecidas carecen de herramientas o asesoría técnicas que les permitan discutir de 'igual a igual' con quienes detentan el poder -o la 'ventaja'-reduciendo enormemente su capacidad / posibilidad de lograr más equidad en las decisiones. Pareciera necesario, en todos los casos, implementar acciones de capacitación y fortalecimiento institucional de las organizaciones sociales, 'antes' de que éstas se involucren a las 'mesas de debate', 'organismos de consulta' o 'talleres de planificación', formando a la ciudadanía en los temas sobre los que no tienen conocimiento y, por ende, posibilidad de control”. Al respecto es importante mencionar lo señalado por la consultoría que desarrolló las bases del Plan Maestro de Espacios públicos, donde señala a la par de los avances significativos en lo metodológico de las entidades que tienen atribuciones sobre el espacio público (IDU, IDRD, DADEP, Fondo de Ventas Populares, EAAB) que incluyen objetivos, actores a involucrar, unidades geográficas a trabajar, estrategias a utilizar (que recomendamos recuperar) plantea la escasa o inexistente participación ciudadana en el diseño de obras. Lo usual, sostiene, es que las entidades distritales no articulen su gestión y mantengan los límites sectoriales de la misma, lo cual genera elevados costos para los actores comunitarios, sujetos de la gestión institucional, que se ven obligados a trabajar también de forma sectorial, pero sin tener en la mayoría de los casos lideres especializados en cada tema, como si lo tienen las entidades públicas. En este sentido, debemos hacer dos advertencias respecto a la incorporación del enfoque de género en un programa en particular. La mayoría de los programas ubica el problema de la capacitación necesaria solamente a la hora de considerar la participación de la sociedad civil. Sin embargo, es necesario incorporar acciones de capacitación específicas para los y las funcionarios públicos. “El nivel de profesionalización, para interactuar con la población destinataria de los programas y proyectos exige capacitación. La planificación con un enfoque de género requiere incorporar teorías, conceptos y herramientas metodológicas para trasladarlas a la práctica. No se trata de trabajar para mujeres o con mujeres, sino de entender la lógica conceptual que parte de

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reconocer la desigualdad sobre la que se construyen las relaciones entre hombres y mujeres y que tienen su correlato en todos los ámbitos de la vida”. (Rainero, 2002) Por otra parte, cuando se considera la participación de las mujeres, -y aquí extenderíamos esta advertencia también a la primera fase de la intervención, es decir, el diagnóstico- , debemos considerar aspectos de capacitación que permita a las mismas “... priorizar y legitimar sus propios intereses...la presencia de las mujeres por sí misma, cuando son convocadas a plantear sus demandas, no garantiza que éstas últimas sean expresión de necesidades propias de las mujeres, por lo general éstas priorizan necesidades de los hijos o de la familia. Sabemos que dichas demandas están mediadas por la subordinación de género. Cuando no hay una práctica del ejercicio de los derechos, es necesario crear las condiciones para aprender a hacerlo. Esto nos remite a la responsabilidad de las organizaciones, ya sea del Estado o no gubernamentales que intervienen en la comunidad, para hacer consciente estos mecanismos e incorporar a su accionar, herramientas metodológicas que permitan sensibilizar y evidenciar los roles “naturalizados” tanto de hombres como de mujeres” (Rainero, 2002). La capacitación de funcionarios y sociedad civil, en aspectos específicos de la violencia hacia las mujeres en la ciudad, permitió la discusión, el diálogo y la elaboración conjunta de líneas estratégicas de intervención en la experiencia desarrollada por CISCSA en la ciudad de Rosario durante el año 2004. La participación “informada” hace a un aspecto fundamental de la sustentabilidad y continuidad de proyectos de intervención, ya que se “debe apuntar a generar las capacidades institucionales y financieras que aseguren un proceso continuo y efectivo de desarrollo y compromiso social a nivel local” (Burijovich y Ase, 2001), y especialmente en la problemática de género, ya que las “naturalizaciones” de roles y conductas asignadas a varones y mujeres atraviesa en todo momento prácticas institucionales y organizativas, y especialmente las políticas públicas. Se debe planificar especialmente la remoción de los obstáculos que tienen las mujeres a la hora de participar en estos procesos de intervención barrial. Para ello, algunas acciones concretas a tener en cuenta son: la organización colectiva del cuidado de niños, horarios adecuados a la dinámica de trabajo familiar-trabajo remunerada en las que se encuentran un importante porcentaje de mujeres, proyectos culturales que permitan a la mujer el reconocimiento de su derecho a la participación trascendiendo el espacio privado, etc. Tercera Etapa: Planificación e Intervención Entendemos que todo programa de intervención que apunte a ciudades seguras para mujeres, debe contemplar como premisas básicas (CISCSA, 2004):

Una perspectiva acerca de la violencia hacia las mujeres y sus causas que la ubique como un problema sociocultural, sin dejar de reconocer su multidimensionalidad.Una estrategia integral, es decir, que contemple los aspectos de asistencia a las mujeres y niñas víctimas de violencia, así como la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres,

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privilegiando estos dos últimos aspectos. Esto implica incluir una perspectiva no restringida a “lo delictual” en la búsqueda de ciudades más seguras para todos y todas.

Incluir la voz y experiencia de las mujeres en forma central en los espacios

de discusión y decisión sobre políticas de seguridad urbana. La responsabilidad de los distintos actores en el ámbito estatal, como son los

gobiernos locales y sus distintas dependencias, las dependencias u áreas de seguridad tradicionales e innovativas, las organizaciones de la sociedad civil y especialmente las organizaciones de mujeres. Privilegiar las articulaciones territoriales de estos distintos actores, ya que es en el territorio próximo, donde las mismas cobran sentido y vitalidad, y permiten discutir en profundidad las distintas lógicas de acción de las instituciones y organizaciones participantes (CISCSA, línea estratégica resultante en la experiencia de la Ciudad de Rosario, Argentina, 2004)

Considerar la vinculación de las condiciones físicas y sociales del espacio público urbano con la violencia que sufre la población y especialmente las mujeres, en las estrategias de prevención y desarrollo social. Desde la propia planificación urbana, en la regulación del uso del suelo y el diseño propiamente dicho, y desde las políticas sociales y de participación ciudadana, estimulando el uso de los espacios públicos por parte de las mujeres y la diversificación de su uso para distintas actividades. La necesidad de que las políticas institucionales incluyan la perspectiva de género, y que incluyan acciones dirigidas a los varonesLa inclusión e involucramiento de distintas entidades distritales en la problemática, a través de una política de transversalización de la política de género, evitando políticas “delegativas”.Pensar las acciones en una secuencia temporal (a corto, a mediano, a largo plazo)La Necesidad de Construcción de

Indicadores de Género sobre Seguridad Urbana y su Incorporación en los Proyectos de Intervención Urbana26. El sistema de indicadores se ha probado como una estrategia necesaria a aplicar en cualquier intervención que busque modificar una situación problemática, ya que nos permite controlar los distintos pasos de esta intervención en relación a los objetivos y metas planteados. El movimiento de mujeres, a partir de sus acciones de construcción teórica y de sensibilización política, ha logrado incorporar lo que se ha denominado indicadores de género en diversas estadísticas y medidas nacionales, regionales y locales, los que “dan cuenta de desigualdades sociales ligadas a la construcción cultural de los géneros masculino y femenino en distintas esferas de la vida en sociedad y en distintas etapas del ciclo vital de las personas y las familias, así como a los procesos de cambio de dichas desigualdades” (Provoste, 1999, pág. 75). Sin embargo, todavía hay áreas escasamente abordadas que son indispensables para relevar las transformaciones o reproducciones de la situación de la mujer. Así, el uso y el derecho de las mujeres a la ciudad, dentro de lo cual incluimos la seguridad que la misma ofrece o no a las mujeres, son necesarias de ser abordadas. 26 No incluimos un ítem específico respecto de la Etapa de Evaluación, ya que consideramos que los elementos a tener en cuenta están contemplados en las referencias al sistema de indicadores de género, especialmente en los indicadores de resultado y de impacto.

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“El diseño de los espacios públicos, estrechamente ligado a la seguridad urbana y a la posibilidad de apropiación de los mismos por parte de las mujeres es uno de ellos. El uso del tiempo y su articulación con la planificación del espacio, vinculado a la dinámica urbana y al uso de los servicios es otro innovador aspecto que se vincula estrechamente con la dimensión de género y que está siendo objeto de debate y propuestas en muchos países. El desafío que se plantea es cómo transformar estos conocimientos en instrumentos operativos al servicio de la planificación urbana y evaluar a través, de lo que aquí optamos por definir como indicadores de impacto, aquellos que permitan identificar transformaciones culturales en las relaciones entre hombres y mujeres” (Rainero, 2002). Un antecedente en este sentido, es la propuesta de Indicadores Urbanos de Género que construyó CISCSA (2002-2003) y su aplicación en cinco ciudades de América del Sur, donde se relevaron indicadores estructurales a través de fuentes documentales e indicadores de percepción a través de una encuesta poblacional, aplicada a varones y mujeres. Algunos de estos indicadores se mostraron especialmente potentes para relevar las diferencias de uso y apropiación de la ciudad por parte de mujeres y varones. A continuación, presentamos un esquema de Indicadores posibles de ser considerados en las cuatro etapas formuladas de un proyecto de intervención27:

27 Esquema elaborado por Liliana Rainero en CISCSA, 2002, y ejemplificado con relación a la problemática de seguridad urbana para las mujeres.

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INDICADORES

ENTRADA

PROCESO Participación de mujeres en la formulación de Programas

RESULTADOS Acciones verificables que reflejen objetivos de equidad de genero

IMPACTOS Cambios culturales en las relaciones de genero

DIAGNOSTICO

PROGRAMA

OBJETIVOS PROYECTOS

EJECUCIÓN

EVALUACIÓN MONITOREO

SOSTENIBILIDAD

INTERVENCIÓN EN PLANIFICACIÓN URBANA

PARA CIUDADES MÁS SEGURAS DESDE UNA

ENFOQUE DE GENERO

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MOMENTO

DE LA INTERVENCIÓN

DIMENSIONES

INDICADORES A UTILIZAR / CONSTRUIR

Conocimiento de la violencia que sufren las mujeres en la ciudad

-Lugares donde se producen violencias hacia la s mujeres: vivienda y espacios públicos. -Tipos de violencia que sufren las mujeres en los barrios, según edad, etnias, condición socioeconómica, y otras situaciones, de las formas de violencias. (Estadísticas, percepción de las mujeres afectadas) -Condiciones espaciales y sociales de los espacios públicos barriales, que posibilitan y obstaculizan situaciones de violencia e inseguridad para las mujeres -Percepción de inseguridad diferenciada por sexo, distinguiendo lugares y momentos del día -Valoración de la acción de los organismos especializados en seguridad urbana (Policía, Comisarías de Familia, Misión Bogotá), por parte de los habitantes -Incorporación de la violencia hacia las mujeres en los diagnósticos e Informes que elabora el PMIB.

Acciones positivas para las mujeres integradas en el PMIB.

-Porcentaje de mujeres: jefas de hogar, víctimas de violencia conyugal, desplazadas, incorporadas como beneficiarias del programa -Definición de criterios de escrituración del lote y la vivienda, que garantice la tenencia segura de la vivienda para las mujeres en tanto responsables principales de la familia.

Uso de espacios públicos abiertos (indicadores discriminados por sexo)

-Accesibilidad: Conocimiento de espacios públicos en su barrio y en la ciudad, tipo de espacio más frecuentado, distancia (medida en tiempo) a estos espacios, medio de transporte utilizado, existencia de obstáculos físicos para su acceso. -Uso: Actividades que realiza en los espacios públicos, sociabilidad desarrollada, horarios y frecuencia de uso -Valoración y preferencias en el espacio públicos: importancia de los espacios, preferencias en el uso del tiempo libre, participación en actividades culturales organizadas en esos espacios, actividades asignadas a varones y mujeres en esos espacios. -Tipo de organizaciones barriales y actividad que desarrollan en espacios públicos abiertos (ferias, actividad política)

Contexto local e institucional receptivo a las necesidades de las mujeres y a su participación.

-Cantidad de Núcleos de Participación Ciudadana que contemplen acciones destinadas a mejorar la participación de las mujeres en el PMIB (por ej., adecuación de horarios, servicio de cuidado de niños, etc.)

Indicadores

de

Entrada

Conocimiento y sensibilización de los funcionarios y equipos técnicos hacia la seguridad de las mujeres en la ciudad

-Porcentaje de propuestas incorporadas de las mujeres en las acciones del PMIB -Modificaciones realizadas en los proyectos iniciales, a partir de las propuestas de las mujeres.

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Relevancia y representatividad de la participación

-Cantidad y tipo de organizaciones de mujeres involucradas en los procesos participativos -Cantidad, tipo y diversidad de las entidades distritales involucradas.

Procesos de Gestión asociada entre gobierno local y sociedad civil en el PMIB

-Tipo de vínculo establecido entre organizaciones comunitarias –específicamente de mujeres-, equipos locales de PIMB, Política de Género del Municipio, y otras entidades distritales. -Cumplimiento efectivo de las programaciones relacionadas con las demandas o necesidades específicas de las mujeres: cantidad de prestaciones y tiempo de ejecución.

Indicadores

de

Proceso

Eficacia de la Capacitación en Violencia, Derecho a la ciudad y Género en la participación.

-Transferencia de la capacitación en las propuestas que elaboran los Núcleos de Participación Ciudadana, respecto de la prevención de la violencia hacia las mujeres en los barrios

Indicadores

de

Resultado

Capacitación Derechos de las Mujeres Autonomía de las Mujeres

-Porcentaje de mujeres capacitadas en la elaboración y monitoreo de presupuesto participativo. -Porcentaje de mujeres capacitadas en la formulación, gestión y monitoreo de proyectos locales y territoriales -Porcentaje de mujeres jefas de hogar, víctimas de violencia doméstica o desplazadas con escrituración de tierra y vivienda a su nombre -Porcentaje de mujeres con emprendimientos económicos -Modelo efectivizado de gestión asociada para las acciones de consolidación urbana, con participación efectiva de las mujeres, que permita ser replicado en otro programa. -Desarrollo de mecanismos de Control y Monitoreo Ciudadano del PMIB, con participación de las mujeres -Oferta local y distrital de actividades culturales en espacios públicos, destinados a mujeres -Cantidad de acciones generadas por las organizaciones locales que sensibilicen a la comunidad sobre los derechos ciudadanos y de las mujeres, después de la intervención. -Presencia en los medios de comunicación en general, de las actividades realizadas en contra de la violencia hacia las mujeres -Incorporación de aspectos de seguridad desde la perspectiva de las mujeres., en proyectos públicos de nueva urbanización y/o de rehabilitación urbana -Incorporación de aspectos de seguridad referidos a las mujeres como población diferenciada en el PMIB

Indicadores

de

Impacto

Reconocimiento y defensa de los Derechos de las Mujeres -en el propio colectivo de mujeres -en la sociedad civil -en las políticas públicas

-Incorporación en el presupuesto participativo de elementos que hagan a la apropiación de los espacios públicos en forma diversa (eventos socioculturales)

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4. RECOMENDACIONES Para finalizar, se proponen algunas recomendaciones que sintetizan el análisis y evaluación realizada, y que tienen como objetivo el fortalecimiento de la Política Mujer y Géneros en función de la situación actual de la misma, y aportar a los compromisos previstos de implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades de género (acuerdo 091 de 2004) en el contexto del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Sin Indiferencia. 4.1. Respecto a la Institucionalización del Área Mujer: Iniciar un proceso de consulta y debate para la Institucionalización del Área al interior de la propia alcaldía (potenciales aliados y aliadas), comprometer a concejales, partidos políticos, responsables de las distintas entidades, para instalar esta demanda en la agenda institucional. Asimismo convocar a las organizaciones y redes de mujeres para consensuar y legitimar las propuestas. La institucionalización de un Área Mujer es sin duda un aspecto fundamental para garantizar la continuidad del espacio hoy en proceso de construcción, pero débil en cuanto a sus posibilidades operativas. La garantía de continuidad de procesos y construcciones de equidad de género, no puede basarse en la buena voluntad política de una gestión. Esta Consultoría recomienda dos instancias de ubicación del Área Mujer en el Organigrama administrativo de la Alcaldía. El rango de Secretaría, en primera instancia, y en segunda instancia, un organismo dependiente del DAPD, por la posibilidad de incidencia desde el enfoque de género desde una visión macro de la planificación distrital que tiene como referente la integralidad del territorio. El Área de Política Mujer y Géneros debe promover el proceso de consulta y debate interno entre las entidades distritales y localidades, con el apoyo y consulta participativa de las distintas organizaciones y redes de mujeres de la comunidad. 4.2. Respecto al enfoque de género en los programas y proyectos y específicamente la problemática de la violencia contra las mujeres. La enunciación de la consideración del enfoque de género en los programas y proyectos de las distintas entidades, no necesariamente se traduce en los diagnósticos y en consecuencia en indicadores y metas de los programas y proyectos. Respecto a la consideración de la violencia contra las mujeres, no obstante los avances realizados, es necesario fortalecer abordajes que contemplen la violencia en la esfera privada y pública de forma integral. Respecto a la violencia doméstica, es necesario considerar las evaluaciones realizadas28 con relación a las lógicas contrapuestas de los objetivos de los programas: la necesidad de restablecer los derechos vulnerados de las mujeres en situaciones de violencia y los procesos conciliatorios que privilegian la solución satisfactoria de las partes y la protección de la familia. Este es sin duda un aspecto crítico a evaluar, considerando las desiguales relaciones de 28 Javier Pineda Duque, Luisa Otero Peña. Género, Violencia intrafamiliar e intervención pública en Colombia. 2004

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poder entre víctimas y agresores. Asimismo, es necesario revisar conceptos jurídicos sobre el delito que no contemplan los distintos tipos de violencia contra las mujeres y que son causal de impunidad para los agresores, del bajo porcentaje de denuncias por parte de las víctimas y en consecuencia de su invisibilización social. En este sentido se recomienda:

Impulsar la producción de conocimientos respecto a las distintas situaciones de violencia y la multidimensionalidad de factores que intervienen, para su abordaje de manera no parcializada, a partir de estudios específicos con expertos/as en el tema. Asimismo, la identificación de obstáculos posibles para incorporar enfoques que privilegien los derechos de las mujeres en las respuestas institucionales. 29 Distintas entidades (DABS, Secretaría de Gobierno) integran como un componente de sus programas y proyectos investigaciones sobre la violencia, focalizando en aspectos de la misma. Desde la Política Mujer y Géneros se recomienda promover estos recursos a partir de la coordinación y unificación de las investigaciones basándose en abordajes teóricos comunes que aporten a la comprensión de la violencia en forma integral.

Generar acciones innovativas y de impacto que posibiliten: Instalar

modelos de intervención que incorporen el enfoque de género en los programas y proyectos de la alcaldía, en los tres ejes del Plan de Desarrollo Distrital

-que formalicen procedimientos de articulación para el trabajo conjunto entre las distintas entidades distritales y la Política Mujer y Géneros, donde el rol de ésta es aportar metodologías de trabajo, conocimientos teóricos, experiencias en temáticas específicas y promover instancias participativas que involucren a las mujeres. Generar sensibilización, conocimiento sobre el tema y el desarrollo de propuestas participativas (sociedad y Estado) para la prevención de la violencia, que aporten insumos para políticas públicas específicas -que fortalezcan el Área Política Mujer y Géneros, aporten al Plan de Igualdad de Oportunidades y contribuyan a los compromisos asumidos por la Alcaldía como Coordinación Internacional de la Red Ciudades Seguras.

En función de lo expuesto, esta consultoría propone: Un modelo de intervención para ser implementado en primera instancia en articulación con un Programa del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia (desarrollado en el presente informe) y posible de ser replicado en otras áreas Poner en práctica dicho modelo de intervención desde la Política Mujer y Géneros conjuntamente con entidades distritales, en el contexto del Programa Hábitat desde los Barrios y las UPZ, y dentro del mismo el Programa de Mejoramiento Barrial (Eje Urbano Regional). Este proyecto reúne por su escala, 29 En esta línea, es importante recuperar los estudios, investigaciones y experiencias existentes.

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las condiciones requeridas para el objetivo propuesto de alto impacto: las localidades y entidades distritales involucradas, las problemáticas que abarca y la transversalización de los programas de los distintos ejes del Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia. Promover instancias de difusión y convocatoria de la propuesta a implementar, que contribuya a sensibilizar a la sociedad sobre la violencia de género, visibilice la acción desde la Política Mujer y Géneros y las entidades involucradas, y comprometa a funcionarios/as de las distintas localidades donde el Programa se implementa. Participar a las organizaciones de mujeres de las distintas localidades involucradas para que aporten desde las experiencias construidas. 4.3. En el contexto de la intervención propuesta (que trasciende la población del propio PMIB) y como parte del Plan de Igualdad de Oportunidades se recomienda:

Proponer e impulsar desde la Política Mujer y Géneros un Proyecto destinado a establecer una acción afirmativa para las mujeres que garantice el acceso y tenencia segura de la vivienda en el contexto del Proyecto de Acuerdo 18 de 2004 por el cual se crea el subsidio familiar de vivienda en el distrito capital. Que priorice la asignación de subsidios y micro- créditos para construcción, ampliación o mejoramiento de la vivienda para mujeres solas con hijos, mujeres que sufren violencia doméstica, mujeres desplazadas, en razón de la significación que tiene para la vida de las mismas y las desigualdades existentes, en la práctica, para el acceso. Asimismo explorar distintas modalidades de intervención que privilegie la localización de la vivienda cercana a los equipamientos y servicios comunitarios para mujeres en condiciones de mayor vulnerabilidad social y económica. El Plan Zona Centro puede ser un área de intervención potencial para incorporar estos temas, dado el proceso de discusión iniciado por las propias mujeres residentes.

Promover como parte del componente Productivo del PMIB (programa

mejoramiento integral de barrios) la capacitación en oficios no tradicionales para las mujeres, (derivados de la construcción) y el apoyo a éstas para generar instancias asociativas de sostenimiento de posibles emprendimientos donde capitalicen la capacitación.

4.4. Eje de Reconciliación:

Promover espacios de coordinación con la Secretaría de Gobierno responsable del Observatorio Urbano de Delito y Violencia y del SUVID (Sistema Unificado de Violencia y Delito) para aportar a éste desde el enfoque de género criterios de registro y análisis de datos. Se trata de unos de los Programas estratégicos del Eje Reconciliación y una herramienta importante de potencial información para la formulación de políticas contra

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la violencia hacia las mujeres en la ciudad, como así también para el monitoreo y evolución de impactos de las acciones de prevención que se implementen. En este sentido, se recomienda revisar las variables para el registro de información sobre violencia intrafamiliar y delitos sexuales que se proponen (para unificar el Sistema, entre las distintas instituciones que recaban denuncias o identifican hechos de violencia en el distrito) y que garanticen el enfoque de género. Es necesario consensuar conceptualizaciones sobre las violencias, que orienten el tipo de datos a registrar y fundamentalmente su posterior interpretación y análisis.

Asimismo, promover la georeferenciación que actualmente se realiza, de los

datos registrados por el SUBID, como una herramienta no solo de información sino de construcción de conocimientos, sobre violencia contra las mujeres, que aporte a los desarrollos teóricos necesarios para la comprensión del fenómeno. En este sentido, es importante acordar el tipo de datos a recabar y modelos de análisis para su interpretación, considerando la potencialidad de un instrumento que permite relacionar: tipos de violencia, características de víctimas y agresores, condiciones sociales y territoriales donde los hechos ocurren (privado y público)

Promover instancias de coordinación con la Dirección de Derechos

Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno para aportar desde la Política Mujer y Géneros especialmente a dos de sus proyectos:

-Observatorio de Derechos Humanos, que se plantea como un componente dentro del Sistema Unificado de Violencia y Delincuencia de la Secretaría de Gobierno, y cuyo objetivo es dar cuenta de la situación de violaciones de derechos humanos en el Distrito y aportar líneas de acción para hacer frente a las mismas. En este sentido la violencia contra las mujeres como violación a los derechos humanos debe ser parte del mismo. Como asimismo coordinar contenidos de la Cátedra de Derechos Humanos propuesta. -Implementación y puesta en práctica de redes comunitarias y de jóvenes formados en el respeto a los Derechos Humanos: que tiene como objetivo la identificación de situaciones de riesgo a la violación de los mismos dentro de sus comunidades, convirtiéndolos en multiplicadores en instituciones educativas, comunitarias, juveniles, etc. Es esta una estrategia importante para incidir en transformaciones culturales y desde la Política Mujer y Géneros garantizar la incorporación de la violencia contra las mujeres y niñas.

4.5. Eje Social

Promover instancias de articulación con el DABS para consensuar la elaboración desde un enfoque diferencial de género de los Diagnósticos Sociales Poblacionales y priorizar los Indicadores sociales a construir, dentro del Sistema Integral de indicadores de impacto de la política social desde el programa Políticas y Estrategias para la Inclusión Social.

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Asimismo, para el diseño de los observatorios sociales locales con participación social y comunitaria que prevé el Proyecto.

Por otra parte, desde el Programa Mejoramiento Integral de Barrios, propuesto por esta consultoría para implementar un modelo de intervención consensuado entre la Política Mujer y géneros, el DABS participa con el Programa de Restablecimiento de Derechos e Inclusión social, siendo un espacio de coordinación concreta posible con la Política Mujer y Géneros.

4.6. Capacitación. Promover desde la Política Mujer y Géneros, programas de Capacitación para:

funcionarios/as, técnicos/as sobre planificación con un enfoque de género, esto requiere incorporar teorías, conceptos y herramientas metodológicas para trasladarlas a la práctica, que no se reducen a trabajar con mujeres o para mujeres

organizaciones no gubernamentales de mujeres y mixtas, que trabajan en la comunidad. El movimiento de mujeres ha realizado avances sustantivos en distintas temáticas (educación, salud, etc.) sin embargo los ámbitos de decisión sobre el territorio como expresión de los intereses de las mujeres no ha sido suficientemente trabajado

mujeres de la comunidad: capacitación en gestión de proyectos, evaluación de la gestión, análisis de presupuestos, aspectos que intervienen en la planificación de la ciudad, y especialmente en los vinculados en la promoción de la seguridad

varones de la comunidad: sensibilizar y cuestionar la idea tradicional de masculinidad vinculada a las relaciones jerárquicas de género, y específicamente la agresión y conductas violentas como pautas de identidad.

4.7. Campañas. Alerta Rojo, Violeta Vive: Se recomienda potenciar la difusión y en consecuencia el impacto de esta campaña de alguna manera distintiva de la Política Mujer y géneros como estrategia de denuncia y sensibilización ciudadana para la erradicación de todo tipo de violencias contra las niñas y mujeres, a través de la utilización de los recursos ya instalados en la Alcaldía en sus distintas entidades distritales. Concretamente, se sugiere coordinar con el Proyecto de Convivencia y Seguridad Ciudadana a cargo de la Secretaría de Gobierno Distrital para difundir la misma a través de MISION BOGOTA. Esta estrategia tendría dos resultados:

el impacto de la campaña dado la escala y diversidad territorial que los/as guías urbanas abarcan: espacios públicos metropolitanos y de alta

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movilidad peatonal, transmilenio, terminales de transporte, sistemas de parques, instituciones, y distintas localidades.

por otra parte, el 60% de las guías urbanas son mujeres y muchas manifiestan sufrir actitudes discriminativas hacia ellas desde algunos sectores de la población. La difusión de la campaña a través de las guías podría aportar a resguardar a las mismas de posibles agresiones dado el contenido y sentido de la campaña en contra de la violencia hacia las mujeres. Al mismo tiempo, sería una instancia de capacitación a las guías, con posibles efectos multiplicadores.

El proyecto Misión Bogota cuenta con un equipo de comunicaciones que en

coordinación con la Política Mujer y Géneros podría diseñar esta Campaña con una estrategia comunicativa innovadora.

4.8. Comunicación y Difusión Se recomienda promover espacios de comunicación para difundir las propuestas de la Política Mujer y Géneros, especialmente con el movimiento de mujeres, y la sociedad en general. Respecto a las organizaciones de mujeres, generar canales de interlocución permanentes para alimentar y legitimar las propuestas desde la Política Mujer y Géneros. En este sentido, se hace particular énfasis en la necesidad de aprovechar la capacidad instalada de las distintas entidades distritales para generar conocimientos, difusión, y estrategias comunicativas. Un ejemplo es el Observatorio urbano dependiente de la Secretaria de Gobierno, que incluye entre sus componentes: Investigación, Boletines temáticos, pagina web, y se presenta así como un espacio potencial de articulación. Una propuesta concreta sería coordinar un boletín temático que recoja información sobre Ciudades sin violencia para las mujeres, bajo la responsabilidad del Área Política Mujer y Géneros, focalizando en los distintos tipos de violencia contra las mujeres y sus efectos sociales, económicos y políticos, y recogiendo experiencias de intervención en esta línea.

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5. BIBLIOGRAFÍA: 5.1. Documentos Analizados Área de la Mujer y Géneros. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. “Proyecto 217. Institucionalización del Plan de Igualdad de Oportunidades y Equidad de Géneros en el Distrito”. “Avances de la discusión del Comité Interlocal del Centro” Documento de trabajo. Caja Vivienda Popular, Alcaldía Mayor de Bogotá (2000) Mejoramiento Integral de barrios, más ciudad para la vida. Plan de Desarrollo Bogotá Sin Indiferencia. Colombia. Consejo Distrital para la Atención Integral a Niños y Niñas Víctimas de Abuso y Explotación Sexual. Subcomité de Sistemas de Información (2004) Organización del Sistema de Información sobre Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar en Bogotá D.C. Concejo de Bogotá D.C. (2003) Fundamentos del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia. Un compromiso Social Contra la Pobreza y la Exclusión. Acuerdo número 119 del año 2004. Departamento Administrativo de Bienestar Social. Subdirección de Planeación y Oficina de Sistemas. Alcaldía Mayor de Bogotá. Sistema de Registro de Beneficiarios. Proyecto 158: Atención Integral a Victimas de delitos sexuales y violencia intrafamiliar. Orientación y referencias de delitos sexuales. Departamento Administrativo de Bienestar Social. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2004). “Proyecto Impacto de las Medidas de Protección contra la Violencia Intrafamiliar y Sexual en Bogotá. Informe Final”. Centro de Investigaciones Sociojurídicas -CIJUS, Facultad de Derecho, Universidad de los Andes. Estrada, Angela, Pineda, Duque, et al. Colombia. Departamento Administrativo de Bienestar Social (Subdirección de Planeación). Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2004) Oferta de Servicios por Grupo Poblacional. Plan de Desarrollo “Bogotá Sin Indiferencia” (borrador) Departamento Administrativo de Bienestar Social. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2003) Experiencias innovadoras. Serie Proyectos. Colombia Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Unidades de Planeamiento Zonal, Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. (2003) Información para el fortalecimiento local. Módulo 1. Colombia Departamento Administrativo de Bienestar Social, Consejo Distrital Para La Atención Integral a Niños y Niñas Víctimas de Abuso y explotación sexual

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