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espectáculos públicos en iguales condiciones». La merayuxtaposición de las normas a doble columna reflejaríala disparidad de su contenido, que está en conexióncon dos aspectos de la libertad, configurados como dere­chos fundamentales~ los de reunión .y manifestación J

(art.21 C.E.). No parece que por su-evidencia necesitede mayor razonamiento (STC 120/1994). A su vez, tam­poco el apartadoi) presta cobertura suficiente al respectopor la generalidad e imprecisión con los cuales se aludea los actos que de cualquier otro modo «alterasen lapaz pública o la convivencia social». «Es cierto -hemosdicho ya- que el- concepto de "paz pública" o de ordenpúblico puede comprender, en un sentido amplio, el de"tranquilidad pública" y qüe el principio de reserva deLey no impide la utiHzación de conceptos jurídicos inde­terminados como el que nos ocupa en la tipificaciónde infracciones. Ahora bien, como pone de manifiestola STC 69/1989 y reitera la 116/1993, para que resulteaceptable este criterio desde su perspectiva· con~titu­

cional "Ia concreción del citado,concepto" ha de ser razo­nablemente factible en virtud de criterios lógicos, téc­nicos o de experiencia, de tal forma que permitan prever,con suficieñte seguridad, la naturalezél y las caracterís­ticas esenciales de las conductas constitutivas de lainfracción tipificada» (STC 305/1993). No ocurre así eneste caso, donde se pretende apoyar una infracción muyconcreta por· sus coordenadas de lugar y ocasión enuna norma genérica y residual, de la cual no puede con­siderarse complemento ni desarrollo.

A lo dicho ha de añadirse que otra disposición generalde distinto rango pero de naturaleza reglamentaria (Or­den Ministerialde 23·de noviembre de 1977), manejadaen su momento, tampoco resulta pertinente aleaso, puesno guarda relación alguna directa con lo aquí tratadoy no tipifica infracción alguna, por estar dirigida exclu­sivamente a regular los horarios de apertura y cierrede los establecimientos públicos. En definitiva, el ejer­cicio dela potestad sancionadora por el Gobernador Civilde Ciudad Real, cuyo soporte fue una norma reglamen­taria posterior a la Constitución, carente de la suficientecobertura en un precepto en la Ley de Orden Públicoentonces' vigente con un contenido difuso e imprecisoque se agota completamente en conceptos jurídicosindeterminados sin describir conductas concretas, hadesconocido el principio de legalidad configurado cons­titucionalmente como· derecho fundamental y ha vulne­rado éste en la misma medida, por lo cual ha de darselugar al amparo solicitado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons­titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCiÓNDE LA NACiÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Conceder el amparo solicitado y, en su virtud:1.0 Reconocer el derecho· fundamental de los

demandanfes a la legalidad en el ejercicio de la potestadadministrativa sancionadora.

2.0 Declarar la nulidad de la Sentencia que la Sec­ción Séptima de la Sala Tercera del Tribunal Supremodictó el15 de septiembre de 1993.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial delEstado».

Dada en Madrid, a doce de diciembre de mil nove­cientos noventa y cinc9.-José Gabaldón López.-Fernan­do García-Mon y González-Regueral.-Rafael de Mendi­zábal Allende.-Julio Diego González Campos.-CarlesViver Pi-Sunyer.-Tomás S. Vives Antón.-Firmados yrubricados.

748 Pleno. Sentencia 185/1995, de 14 de di­ciembre de 1995. Recurso de inconstitucia­nalidad 1.405/1989. Promovido por sesentaDiputados del Grupo Parlamentario Popular,contra determinados preceptos de la Ley8/1989, de 13 de abril, de Tasas y PreciosPúblicos.

'El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto pordon Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don JoséGabaldón López, don Fernando GarGía-Mon y Gonzá­lez-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafaelde Mendizábal Allende, don Julio Diego González Cam­pos, don Pedro Cruz VillaIón, don Caries Viver Pi-Sunyer,don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Pargay Cabrera, don Javier Delgado Barrio y don Tomás S.Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1.405/89,interpuesto por don Federico Trillo-FigueroaMartí­nez-Conde, comisionado por cincuenta y nueve Dipu­tados del Grupo Parlamentario Popular, contra losarts. 1, 3~4, 24, 25, 26, 27, Disposición adicional segun­da y Disposición adicional quinta de la Ley 8/1989, de13 de abril, de Tasas y Precios Públicos. Ha comparecidoel Abogado del Estado y ha sido Ponente el Magistradodon Caries Viver Pi:-Sunyer, que expresa el parecer del .Tribunal.

1. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado dé entrada en esteTribunal el día 14 de julio de 1989, don Federico Tri­1I0-FigiJeroa, comisionado por sesenta Diputados del Gru­po Parlamentario Popular, interpone recurso de incons­titucionalidad contra la Ley 13/1989, de 13 de abril,de Tasas y Precios Públicos.

Comienza la exposición de los fundamentos jurídi­co-materiales con un planteamiento general sobre lainconstitucionalidad de la creación legislativa del preciopúblico. La Ley impugnada distingue la tasa de la nove­dosa figura del precio público y flexibiliza legalmentela utilización de este instrumento de financiación pública;pero la pretensión de diferenciar una. figura de otra, conel ánimo predeterminado de excluir de los precios públi­cos la naturaleza tributaria ylas exigencias del principiode reserva de ley, no ha tenido un feliz desarrollo enel texto positivo, entre otras razones porque la pretensiónera de por sí difícil si no imposible.

Ante todo, se escjnde del concepto de tasa y con­secuentemente del de tributo una parte importante desu contenido, tal como hasta ahora se hallaba confi­gurado, para reconducirlo al marco del precio público;pero la ley se empeña en escindir lo inescindible, cuales «la prestación de servicios o la realización de acti­vidades en régimen de Derecho público», que reconduceunas veces a tasas y otras, artificiosamente, a preciospúblicos, con absoluto desprecio de la doctrina científicapacientemente elaborada.

Un ejemplo claro de la arbitrariedad de la distinciónla tenemos en el arto 45 de la Ley de Haciendas Locales,pendiente de Juicio de inconstitucionalidad, ante ese AltoTribunal. Históricamente la figura del precio público exi­gible a las empresas suministradoras de servicios públi­cos por la ocupación de suelo, subsuelo o vuelo de lavía pública municipal, era calificada con una tasa (<<tasade palomillas»), por responder a las características pro-

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pias de es,e tributo como es la ocupación d«t tales víaspúblicas. Ahora dicha tasa sé ha convertido en preciopúblico, fijándose el tipo (15 por 100) Y la base (fac­turación bruta). Pero, ¿dónde está la voluntariedad enla ocupación? ¿Es que se puede p'restar un servicio desuministro por redes aéreas o subterráneas sin, ocuparparGial, que no exclusivamente, las vías públicas? - ~

Pero además los criterios señalados por el legisladorconducen a !resultados totalmente rechazables, Así, lavoluntariedad- que se· predica del precio -público comocar-acterística _distintiva de la tasa, bien por no exigirsela demanda opor existir concurrencia del sector privado,aparte de constitUir una falacia, es más un confuso' recur­so abstracto que un instrumento de viabilidad práctica,toda vez, y por ejemplo, que las «valoraciones y tasa­·ciones», los «servicios académicos» o los «servicios sani­tarios», o no son de demanda obligada, o, si lo son,puede existir concurrencia del sector privado. Sin embar­go, se tipifican en el texto como tasas (art. 13).

Un anál-isis más detenido del carácter obligatorio per­mite afirmar que resulta evidente que la nota de obli­gatoriedad no se predica respecto de la prestación mis­ma, que siempre será obligatoria -si se prefiere, coac­tiva- cuando se realice el presupuesto de hecho quela origina. Pero tam'poco esta norJlla afecta· al servi<;:iomismo, en cuanto a su mayor b menor relevancia, sucarácter esencial o prescindible, o, en fin, 'a cualquierotra característica intrínseca de éL El que su solicitudo su recepción sean obligatorias para el sujeto es unanota externa a su contenido, p'uramente accidental yque es susceptible de modificarse con cierta frecuencia.Piénsese, por citar un ejemplo, en que servicios normal­mente no obligatorios para. el ciudadano, como el de·inspeccrón médica o sanitaria, pueden serlo en virtúdde determinadas circu~stancias que concurran en untérmino munidpal. No e's extraño, en efecto, que debidoa inundaciones, rotura de redes de abastecimiento, infec­ciones, plagas, o cualquier otra contingencia, se arbitrencontroles sanitarios obligatorios para ciertos productos,actividades o individuos. ¿Significaría eso que habríande finan~iarse con tasas? o, simplemente, si la Entidadlocal fija un plan específico de revisión de calderas, ¿ha­brá de transformarse en tasa' el 'precio público que porsu inspección venía exigiéndose cuando no era obli-.gatoria?

Mayores complicaciones surgen aún si se profundizaen el 'alcance -y el significado. de ·dicho carácter obli­gatorio. El arto 24.2 de la ley de~ Tasas, dispon~ queno puede considerarse voluntaria la demanda del servicioo la actividad cuando venga impuesta por disposicioneslegales o reglamentarias ni cuando constituya condiciónprevia para realizar cualquier actividad u obtener dere-chos o efectos jurídicos determinados. .

Atendiendo a est~ última precisión, hay que coincidiren -el carácter «obligatorio» que se exige para la finan­ciación de un servicié> mediante tasas, se' amplía con­siderablemente, abarcando_todos aquellos supuestos enque la actuación, del ente público no viene impuestadirectamente por el ordenamiento en ra.zón de sí misma,sino en cuanto requisitos para otras actuaciones· públicaso del-pro'pio sujeto. Así ocurre, por ejemplo, con las cer-,tificaciones oficiales exigidas para el ejercicio de deter­minadas profesiones, o para habitar una vivienda. P~ro

este mismo razonamiento conduce precisamente a des- .dibujar aquel carácter «obligatorió» de la solicitud, orecepción del servicio que con tanta nitidez parecía alum­brarse. los ejemplos' podrían, en efecto, multiplicarse,dando lugar a hipótesis de no siempre fácil solución.

Por otra parte, si se trata de servicios susceptiblesde ser ·realizados por el sector privado; está claro quela Administración Pública al competir en concurrenciacon dicho sector, no actúa revestida de facultades espe-

ciales que entrañen una situación jurídica excepcional,con fundamento en el.llamedo «poder de imperio», enrelación con los .particulares.En otras palabras, si hayconcurrencia, debe existir igualdad en las normas apli­cables, sin discriminación subjetiva alguna. En tal casolos ingresos que obtiene la Administración Pública, sindejar de ser ingresos públicos en razón del .ente quelos percibe, lo son conforme avín.culo y relaciones regu­ladas por normas de De:trecho privado.

Por. ello, cuando la Administración actúa en con­currencia o competeflcia con el sector privado· en la pres­tación de servicios o realización de actividades, sólo pue­de hacerlo a través de vínculos o relaciones reguladaspor norl11as· de Derecho privado..· Otra cosa no resultapensable en el marco jurídico de un E~tado de Derecho.

lo que no es posible es que se pretenda mantenerla posición de privilegio al margen de las exigencias queesta disposición lleva implícitas en todo Estado deQerecho, '

y lo que tampoco es posible, es que el legisladorse atribuya 1icencia para resolver a su antojo y conve-

. niencia, qué relaciones jurídicas han de ser reguladaspor normas de Derecho privado y 'cuáles por relacionesde DE;lrecho público, ya que si de facultad omnímodase tratare, es claro que se tambale~ría el propio Estadode Derecho. ~uede el legislador, si quiere, .excluir deter­minadas actividades o servicios públicos del conceptode tasas para reconducirlas a preCios, cuandot6erefieraa las que se ,lleven a cabo· mediante relaciones contrac­tuales, pero se reconducirá en todo caso a preciospri~adoa '

. Con claridad meridiana se aprecia, pues, .que en elcaso concreto de los precios públicos a que se refierela Ley que se examina, entendidos como contrapres­taciones pecuniarias que se satisfagan por la prestaciónde servicios o realización de 'actividades SUSCeptibles de·ser prestados o.realizado·s por el sector privado, laslrela­ciones jurídicas que se configuran no pueden ser másque de naturaleza jurídico-privada y por tanto reguladaspor normas de Derecho privado, ya que de no ser asíy atribuirles título jurídicO-público supone una completadesnaturalización de dichas relaciones, que, no s'e olvide,

f son consecuencia de actividades realizadás en' con­currencia ·con el sector privado. Por otra parte constituyeuna contradicción imponer _un régimen jurídicO-públicoa di~has contraprestaciones y excluirlas de su conside­ración de tributos-tasas. En otros términos, o bien setrata deserv.icios y actividades que generan ingresoscuya legitimación deriva de un título de naturaleza _jurí­dico-privada, en cuyo· caso puede decirse qU,ela pres­tacióhla paga el usuario, o bien se trata de ingresoscuya legitimación es jurídico-pública.

Gueda así planteado el segundo de los requisitos delprecio público. Pero tampoco este criterio está libre deperplejidades, pues si en algún caso hace referencia alcontenid,9 mismo de la actividad en cuestión, en otros,en cambio, se convierte en algo' extrínseco y ajeno asu naturaleza. .

El carácter eminentemente relativo de la nota de sersusceptible de prestación de un servicio por el sectorprivado, ya impulsa a dudarde la firmeza de este criterio.No puede olvidarse -como reiteradamente ha expuestonuestroTribunal Constitucional- que por efecto del inter­vencionismo propio del Estado -social y democrático deDerecho, la dicotomía públicO-privado se difumina eon­siderablemente, provocando que en ocasiones no puedaatenderse a uno de estos aspectos .más que a travésdel otro (v~anse, entre otras, las SSTC 60/1982,6·2/198:3, 1811984). la Glara distinción que existía enel Estado liberal entre funciones propias del Estado yfunciones correspondientes a los particulares, se ha vistohoy arrumbada ante la constante asunción por los pode-

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res "p~blicos de nuevos fines y actividades, resultandoimposible concretar cuáles de estos les resultan propiosy qué otros pueden considerarse «añadidos».

Probablemente, consciente de esta limitación. elredactot de la Ley no se limita a exigir la mencionadanota, .sino que e'specifica que ésta no susceptibilidadde prestación por el -sector privado ha de derivar .deque la actividadpreslJpongaejercicio de autoridad, o·de que se halle reservada en exclusiva al sector público:En el primer caso, el del ejercicio de autoridad, sí puedeapreciarse esta nota como intrínseca del servicio, abar­cando toqos aquellos supuestos que -en un sentidoamplio- serían integ~antes o expresión defunciones «ad­ministrativas». Así, las licencias, autorizaciones, homo,;.logaciones y similares. -

En el segundo caso, sin embargó, nuévamente, nosencontramos con un criterio externo al servicio -aménde perfectamente modificable- cuales el de su reservalegal a favor del ente público. En este punto, y al margende los servicios que obligatoriamente deberán prestarlos Municipios -ejemplo, arto 26 Ley Reguladora de lasBases de Régi.men Loca1-, el art. 128.2 C.E. ha alteradosensiblementéel régimen de municipalización y provin­cialización de servicios, puesto que, la posibilidad de ,iflcorporar al sector público municipal o provincial sec­tores de la actividad económica se ha volatilizado, alatribuirse ala ley la facu,ltad de reservar ál sector públicorecursos o servicios esenciales,· especiálmente en casode monopolio. ' '

La Ley, de Tasas y Precios Públicos, menciona, ensu art. .13, algunos de los servicios' que pueden finan­ciarse con tasas. Cita, entre otros, los «servicios aca­démicos y complementarios», íos :«servicios sanitarios»,l~s«valoraciones y tasaciones»~ las «actuaciones técni­cas y facultativas», para acabar -en una especie de con­fesión 'de impotencia clasificadora-incluyendo a «ser­vicios o actividades en general que se refieran, afecteno beneficien a personas determinadas o que hayan sidomotivados por éstas; directa o 'indirectamente».

A la vista de este elenco, no parece que la Ley guardedemasiada coherencia con los criterios que la mismaacuña. ~inguno de los servicios aquí transcritos es deimposible 'prestación por el sector privado, pues ni supo­nen ejercicio de autoridad, ni, por. el momento, se hallanreservados en exclusiva al sector público. Podría con­traargufnentarse que al prever, por ejemplo, la exigenciade tasas por (servicios académicos y complementarios»se está haciendo referencia a aquellos aspectos que pre­suponen elejercicio de potestades administrativas (comolos de homologación o convalidación de títulos) pero,desde luego, no es eso Jo que el precepto expresa. Sinos atenemos a su létra, ,'los servicios académicos nopueden dar lugar a la exigencia de tasas, ya que losúnicos niveles en que su recepción resulta obligatoriason los protegidos' por la gratuidad de la enseñanza,impidiéndose la exigencia detasas en razón de los tnis- ,mos.Otro tanto podría añadirse respecto a los serviciossanitarios, o, en fin, en relación a cualquiera de las acti­vidades' que más arriba se han mencionado.

La posible interpretación que se apuntaba para salvaresta dificultad, la de ceñir la exigencia de tasas a losaspectos de talésservicios que implican ejercicio de auto­ridad y que resultan de solicitud obligatoria (el caso deun certificado sanitario oficial), plantea, no obstante, otro.problema diferente. Dado que la fijación y la cuantíade las tasas y de los precios públicos no sigue el mismorégimen ni guarda la misma relación con el coste delservicio, habría que distinguir en cada uno de éstos quéparte de su coste se debe a actividades que admitenfinanciarse con tasas y cuáles, en cambio, pueden sufra­garse a través de precios ,públicos. Ante la evanescenciade los criterios de distinción entre unas y otros, la tarea

, ,

puede resultar imposible. Basta pensar, como colofón,e insistiendo en los «servicios' académicos», si la expe­dición de un certificado de matrícula origina una tasao un precio público. Puesto que puede ser emitido porel centro privado en que se realicen los estudios, esclaro que no cumple el segundo requisito para confi­gurarse como hecho imponible de una tasa. En conse­cuencia, IO'scentros públicos de, enseñanza tambiéndeberían exigir por dicha certificación un precio público,así como, en general, por el desarrollo de su actividad.y no se argumente que la mentada expedición de cer­tificados supone ejercicio de autoridad, pues ademáSde falso" podría replicarse que debería ser igualmenteobligatoria su solicitud para poder devengarla tasa, lle­vando a distinguir, por ejemplo, si se solicita para obtenerprórroga en el servicio militar(dándose entonces el carác­ter obligatorio, al exigirlo el Reglamento del Servicio Mili­tar), o por mero deseo personal, desapareciendo aquelcarácter y haciéndolo merecedor de un precio público.

Lo anterior coÍlducea unas mismas consecuencias:lo artificial de la distinción, buscada no con el propósitode claridad y de seguridad jurídica, sino. como mediode sustraer a posibles controles de regulación' y apli-cación. "

Digamos,en fin y a modo de resumen, que la dis­tinción entre ingresos de Derecho privado yde Derechopúblico se basa b~en en la forma, es decir, en la presenciao no presencia de coactívidad, bien en la naturaleza dela relación que origina el ingreso,) que es privada enrelaciones jurídicas de carácter contractual y pública enrelaciones nacidas de la Ley.'. Tales criterios, asentados y aceptados en ladoctrina,

quiebra en la Ley que innova el panorama intraduciendouna extraña figura, ,qUe ni parti~ipa-de aqu.elloscriterios,ni era necesaria en nuestro ordenamiento, niproporcionaclaridad 'ni seguridad. Estamos pues en preSencia de unauténtico uso arbitrario de la potestad del legislado·r,que debe ser sancionada con la declaración de incons­titucionalidad como más adelante se pedirá.

Expone a continuación los concretos motivos deinconstitucionalidad y los preceptos afectados por·este vicio.

En un primer bloque se denuncia la infracción delprincipio constitucional, de reserva de ley tributaria conviolación del art 31.3 C.E. Se ven afectados por este ,vicio el arto 1 b), en cuanto que crea la figurc;¡ del preciopúblico; el arto 3.4, .en cuanto que delega en el Ministeriode Hacienda unas potestades reglamentarias que sólopueden regularse por ley y, en su caso, por el Gobierno,con infracción conexa del art.97 C.E.; el arto 26.1 encuanto que deslegaliza elemen'tos esellciales de unaprestación económica; y la. Disposición adicional segun-da, por la misma razón. '

Es cierto, que el precio público ha sido creado porLey, [art 1 b)]; pero también lo es que la propia Leyque 'lo crea deja de regular elementos esenciales de !afigu5a, como lo, demuestra la sjmple lectura de los' arts.3.4, 26.1 y la Disposición adicional segunda. Del examende los arts. 24 y siguientes de la Ley se desprende quelos precios públicos responden a un esquema y natu­raleza típicamente tributaria, porque en definitiva no sonsino auténticas tasas tal y como los define el arto 26de la Ley General, Tributaria, que, semodalizan por elcriteriOde la voluntariedad en la s01icitud de la prestacióny por la posibilidad de ser prestado,por el sector privado;pero aunque se admitiera Como hipótesis que los preciospúblicos no son tributos, no por' eso dejan de ser unaprestación económica cuyos elementos esencialesdeben"ser fijados -por Ley al estar 'incluidos en el ámbitodel arto 31.3 C.E. Por lo tanto, la doctrina del Tribunal'Constitucional sobre la reserva de' ley (SSTC 27/1981,

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37/1981, 83/1984 Y 19/1987) es también aplicableal precio público.

A este respecto, no importa reiterar que este ,ale­jamiento del principio de legalidad no excluye que larelación contractual en que se dice fundamentar el preciopúblico utilice el procedimiento de apremio, como si detributos se ·tratase, con total olvido de las normas deDerecho privado:, se trata, así,'de establecer prestaciones,patrimoniales de Derecho público, o sea, verdaderos tri­butos, que no' estén sujetos a las exigencias del principiode legalidad.

En un segundo apartado, se denuncia la infraccióndel principio constitucional de ,legalidad y de publicidad,'con violación del arto 9.3 C.E. Afecta este motivo a losmismos preceptos pe la Ley de Tasas y Precios Públicoscitados en el·apartado anterior y, a los que por conexiónpueda extenderse, como consecüencia.

En efecto, la vulneración ,del principio de legalidadtributaria implica ,la infracción del principio general delegalidad, sujeción a la Constitución y al resto del orde­namiento jurídico, al cual están some~idoslos poderespúblic,os y entre ellos el poder legislativo. Toda la regu­lación recogida en los -artículos antes expresados, sobrelos precios públicos ,suponen una situación habilitantey deslegalizadora, para que los Organismos, Servicios,Organos o Entes Públicos puedan estabtecer prestacio­nes patrimoniales a partir de 'un hecho imponible inde­finido e indefinible. Por otra parte, el precio público notiene por qué ser publicado, puesto que se le despojade la garantía de la Ley. '

En un tercer epígrafe se alega la infracción del'prin­cipioconstitucional de-jerarquía normativa, con viol~ción

del art. 9.3 C.E. ,Afecta, ~ste motivo a la Disposición adicional quinta

que modifica, aunque diga «adaptación», una LeyOrgá­nica, la 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni­versitaria, que tiene rango superior a la Ley impugnada.

Podría decirse que el rango· orgánico de laLey 11/1983, no se extiende a los elementos esencialesde las tasas académicas, pero la realidades que tal Dis­posición adicional quinta, no-modifica tales tasas, sinoque transforma su naturaleza, convirtiéndolas en preciospúblicos y extrayéndolas del principio de reserva-legal.En 'consecuencia, resulta evidente que la importanciade las tasas enla Ley de Reforma Universitaria, determinasu cobertura por el rango orgánico que no puede sermodificado por una Ley ordinaria.

Finalmente, en el cuarto bloque se alega la infraccióndel principio' de' seguridad jurídica e, interdicción de la~rbitrariedad, con violación del arto 9.3C.E.; se predicaeste vicio, del bloque de los arts. 24 a 27" que, regulanexpresa y directamente los precios públicos.

Con _relación ;;11 prinéipio de s!3guridad jurídica, y trasponer de manifiesto su significado, recogido en la STC27/1981, señalan los recurrentes la conexión entre lasanteriores consideraciones y la falta de seguridad. Lá'citada ausencia de seguridad jurídica se concreta. en doscuestiones: la dificultad de diferenciar entre tasa y preciop(Jblico, de un lado, y las normas para la determinaciónde la cuantía, de otro.

Respecto de la diferenciación entre tasas y' preciospúblicos, y_ tras aludir a las críticas formuladas a los cri­terios de separación, señala que la ley pretende ofrecerunos criterios que determinen cómo debe ser financiadocada servicio público, es decir, resolver de antemanoy por vía normativa la opción acerca de la financiaciónde los servicios públicos, imponiendo que ciertos carac- ,teres deéstos-difícilmente aprehensibles, por otra par~

te- conduzcan. necesariamente a ún determinado tipode financiación. Financiación que, además, no es equi­parable ni convertible, por cuanto que cada una de las

categorías previstas conlleva exigencias diversas tantoen lo sustantivo como en lo formal.

Llegados a este punto, no deja de sorprender queel legislador aborde una cuestión que se remonta a losorígenes de la Hacienda Pública moderna. OLa polémicasobre sÍ' hay servicios públicos que necesariamente exi­jan un determinado- modo de financiación, puede ras-

, trearse ya desde Adam Smith, cubriendo todo el sigloXIX, y _alcanzando hasta bien entrada la presente cen­turia. Y más sorprendente resulta aún que el legisladorhaga caso omiso de que no se ha llegado a una soluciónsatisfactoria para establecer esa correlación necesariaentre un determinado servicio o actividad del entepúbli­ca y el modo en que debía ser financiado.

Contemplando esa larga evolución, puede concluirseque la decisión de financiar un determinado servicio contasas o .impuestos, es una opción puramente políticaacerca de si se restringe su acceso a los usuarios impO­niendo,tasas, o si se presta con carácter general eindis-

,criminado financiándolo con impuestos. Y si resultaimposible hallar criterios sustantivos ,en razólJ del servicioque conduzcan a un- determinado modo de financiaciónentre tasa e impuesto, i9ualmente imposible es hacerloentre tasa y precio público; o, más ampliamente, entretributo y precio. La historia financiera de todos los orde-

,namientos demuestra, el -carácter meramente históricoy coyuntural de los modos de financiación, registrándoseconstantemente el paso de uno a otro respecto a unmismo servicio.'

En consecuencia, ni el interés público que pudieraanidar en la actividad en cuestión, ni su carácter de «ser­vicio p(lblico», son criterios firmes que puedan conducira su financiación ,mediante tributos, siendo conceptosque en sí mismos se han visto también en crisis porefecto del intervencionismo en ,lo social y económico.

Tampoco el criterio que est~blece la Ley parece resis--­tir el menor análisis, _como se ha manifestado al .intentaraplicarlos a ejemplos concretos. Y ello revela la futilidaddel intento normativo por fijar unos criterios que a prioriindiquen al ente público qué vía de financiación ha deponer en píe cuando trate de desarrollar un determinadoservício o actividad. _

Por lo que se refiere a las normas de deter~inaciónde la cuantía del preCio público, y a lavista de los criteriosde cuantificación expresados en el arto 25 de la Leyse ve aumentada la relevancia de la distinción que entreellos y las tasas opera el texto dela ley.

Pero también desde esta perspectiva de lacuanti­ficación' se pone de relieve la inconsistencia de la cate­goría de los precios públicos y de sus propios elementoscuantificadores. Piénsese en los supuestos de utilizaciónprivativa del dominio público, que será difícil, enla mayo­ría- 'de los casos, encontrar el valor de mercado corres­pondiente, q4e debe jugar como límite mínimo del preciopúblico. No es extraño por eso, que' éste atienda fre­cuentemente ,al valor de ta utilidad derivada de dichautilización o, en su caso, qel aprovec~amiento especial.Por 'ello, ¿no supone un deslizamiento de la figura haciauna imposición sobre rendimientos?, Evidentemente, lacuantía de la prestación deberá guardar relación conlas utilidades obtenidas, yeso se asemeja sustancial­mente ,a un gravamen que sobre éstas se impusiera,tomando como presupuesto de hecho el uso particu­larizado del dominio público. Así se expresa, sin ningúnpudor, por el párrafo 2.° del arto 45 de la Ley de Hacien­das Locales, a tenor del cual, el precio público a satisfacerpor las empresas explotadoras de servicios de suminis­tro, por la utWzación o el aprovechamiento del suelo,subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales" con­sistirá, «en todo caso y sin excepción alguna» en el 1,5por 100 de.Ios ingresos -anuales obtenidos por la fac­turaciónen'ese término municipal.

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Ante tal contundencia por parte de aquella Ley~ noes difícil colegir que el precio público, al que seJe nieganaturaleza tributaria, étcaba .resolviéndose en un. grava­men sobre el volumen de ventas con total independencia .del presupuesto' de hecho que origina aq.uél e inClusode los criterios de cuantificación previstos para el mismo.El .carácter de exacción parafiscaL. de esta prestaciónadquiere contornos cada vez más precisos, coincidiendocon la oonclusión que ya se obtenía al examinar el régi~

men jurídico para el establecimiento y la fij~ción de estetipo de recursos. .

Con relación al principio de la interdicción de la arbi­trariedad, el acto del legislativo se revela arbitrario, aun­que respetase .otros principio~ del art. 9.3 .cuando elfin perseguido por la leyes ilícito constitucionalmente,o constitucionalmente inadecuado,. o cuando hay unadesproporción entre el fin· que se persigue y los mediosestablecidos para alcanzarlo (STC 66/1985). El análisis'se ha dec'entrar en verificar si el precepto estableceuna discriminación"pues la discriminación entraña siem­pre una arbitrariedad, o bien, si, aun no estableciéndola,carece de toda explicacipn racional, lo que también evi- ,dent~mente supondría una arbitrariedad (STC108/1986). O bien, capricho, inconsecuencia o inco­herencia creadores de desigualdad o de distorsión enlos efectos legales. ya en lo técnico Jegislativo, ora ensituaciones personales· que se crean, o si los fines dela ley no se compadecen con· los medios o técnica legalempleados (STC 99/1987).·, .

Con la creación arbitraria de la figura del precio públi­co el legislador ha ilncurridoenflagrante arbitrariedad, .al crear una figura con la .fina'liQad de extraerla de los .principios constitucionales de seguridad,. legalidad, y'publicidad antes mencionados. , ,

Concluye Su escrito solicitando que se dicte Sentenciapor la que se declare, al amparo del art., 39 lOTC," lainconstitucionalidad y nulidad de pleno derecho de ,losarts. 1, 3.4, 24, 25, 26, 27,y Disposiciones adiciona'lessegundá y quinta de la ley 8/1989, ,de- 13 de abril,de Tasas y Precios Públicos. '

I ,

2. Por providencia dé 19 de julio de 1989, la Sec­ción Terceraacórdó tener por promovido el recurso deinconstit\Jcionalidad, y antes de decidir sobre su admi­sión"a trámite, requerir a los, Diputados promoventesque no hubieran 'suscrito el documento de firmas. de-Diputados que se acompaña con la demanda o no hayanotorgado poder especiaf para que· en el plazo de diezdías acreditaran fehacientemente su voluntad de recurrircontra la ley 8/1989, de 13 de abril. Una vez cum­plimentado el, citado requerimiento, lamencionada~Seé­ción, mediante providencia de 18 de'septiembre de1989 atordó admitir a trámite el recurso~ dar trasladode la demanda y documentos presentados, conformeestablece elart. 34 lOTC,al Congreso de los Diputados,al Senado y al 'Gobierno, recabar del Gobierno, de acuer­do con lo que se pide en la demanda y según disponeel art.88. 1 lOTC,así como 'del C()ngreso y del Senadolos antecedentes que material.iz~ron el proceso de ela­boración de la Ley recúrrida y publicar .Ia incoación delrecursO en el Boletín Oficial del Estado. '

3. Por escrito registrado de entradá el 11 de octubrede 1989, el Abogado del Estado solicitó una prórrogadel plazo para alegaciones por ocho días. la SecciónTercera, por providencia de 16 de octubre de 1989,acordó incorporar a las actuaciones el escrito del Abo­gado del Estado, teniéndole por personado y parte, yprorrogar el 'plazo para alegaciones en ocho días mása contar desde el último al de expiración del ordinario.

4. El 'Abogado del Estado presentó su escrito dealeg~ciones el, día 25 d~ octubre de 1989. Comienza

su exposición delimital1do el objeto del recurso que vieneconstituido por el enjuiciamiento de la conformidad odisconformidad de las leyes con la Constitución.. Analiza a continuación los diferentes motivos de

, inconstitucionalidad aducidos por 10$ recurrentes. Conrelación al ,primer,motivo de inconstitucionalidad, quedenunciaba la infracción del arto 31.3 C.E., y frente ala tesis de los recurrentes, que atribuye a la ley el efectodedeslegalizar elementos esenciales de la configuraciónlegal de los precios públicos, resalta el Abogado del Esta­do que la ley impugnada aparece como Una norma racio­nalizadora e integradora que avanza' y 'se produce enel marco de un proceso de homogen'eización' y elimi­nación de residuos ajenos a los principios inspiradoresde la ,materia, apareciendo como una más, la última,de las normas dirigidas a eliminar la parafiscalidad toda­vía subsistente. Dada la diversidad de figuras que seengloban en la categoría de tasa, la dificultad de dife-

, renciar las tasas de otras figuras extratributarias y queladistinción·entre tasas fiscales y parafiscales no es ina-''movible, e".egis'ador ha entendido que la distinción entretasas' fiscales y parafiscales hasta ahora vigente carecede sentido y ha 'llegado el momento de consumar elproceso de süperación del fenómeno de la parafiscalidadmediante la creación de la figura del precio público que,junto a las tasas parafiscales existentes, integra tambiénotras que, a criterio del legislador, participan de sus mis­mos caracteres,' aunque hoy estén englobados dentrode 'las tasas fiscales. la ley 8/1989 apare'ce en estesentido conio término de un proceso de ordenación ini­ciado con la ley de Tasas y Exacciones Parafiscales,de 26 de diciembre de 1958, y del que han sido hitos

-la ley de Retribuciones de 4 de mayo de 1965, el RealDecreto-ley 26/1977, de 24 de marzo, la ley 30/1985,de 2 de agosto~ las leyes de Presupuestos para 1987y 1988, y la de 24 de diciembre de, 1986 que suprimiólas ta~as judiciales, todo lo cuál revela lo infundado delcriterio de los recurrentes que ven en la ley un meca­nismo deslegalizador contrario a las exigencias delart. 31.3C.E.

De cualquier forma, no estando el legislador subor­dinado a concepción doctrinal alguna, en el presenterecurso, más que polemizar sobre la corrección y validezde los critertos de delimitación, debe examinarse con­cretamente si los preceptos ,impugnados vulneran o noel arto 31.3 C.E. . . . I

Ante todo, tal cosa no puede decirse de los arts. 1y 24 a 27. Del'primero, porque", en sí mismo y por supropia naturaleza, resulta imposible que vulnere preceptoconstitucional alguno. De los segundos, porque mal pue­de imputarse la vulneración del principio de reserva deley a unos preceptos que,' precisamente, regulan aspec­tos tan esenciales de la 'figura del precio público comosu cuantía, concepto, determinación y pago.

la verdadera cuestión en 'tomo a la reserva de leyen materia tributaria 'y la figura de los precios públicoses la relativa al verdadero alcance de los términos delarto 31.3 C.E. los recurrentes se limitan'a decir que losprecios públicos son prestaciones económicas sujetasal principio de reserva de ley en susesenoiales elementosconfiguradores, de donde deducen que los precios públi­cos, tal y como se regulan en la ley, vulneran tal principio.Sin embargo, el Abogado del Estado entiende que debentomarse en consideración los siguientes aspectos:

1.0 Que las diferentes figuras tributarias no tienensiempre idéntico fundamento ni simil,ar funcionalidad porlo qu~ con relación a cada una de ellas -impuestos,tasas, contribuciones especiales- 'el principio de reservade ley no puede ser objeto de una exigencia idéntica.

2.o la finalidad a la que responden las diferentesfiguras tributarias y, en concreto, la qu~ es propia ,d~

BOEl1úm. 11. Suplemento Viernes 12' enero 1996 43

las tasas fiscales, obliga a que, en su caso, las exigenciasdel principio·de reserva de ley deban flexibilizarse res­pecto de las-de los impuestos.

3.° De igual manera que ocurre cor) las, tasas res­pecto de los impuestos, en el sentido de que el, alcanqedel principio de resE:lrva de ley no puede imponerse conigual rigor, en el supuesto de los precios públicos, suexigencia' debe flexibilizarse aún más, ya que se tratade ingresos público$ extratributarios respecto de los cua­les las circunstanci'asdel mercado y las puramentecoyunturales del mO,mento y del ente que losexija, tienenun peso específico que imposibilita la determinación desus elementos esenciales mediante ley. "

4.° Si bien es cierto, que en el arto 31.3 existe unaremisión a la'teypara el establecimiento de prestacionespatrimoniales~ ello es así tan sólo para las «de carácterpúblico)) es decir, pára aqu~lIas en las que exista la notade coactividad que caracteriza, tan sólo, a veces, la inter­vención administrativa. En el caso de los pregjps públicosa que se refiere el arto 24, que surgen de servicios oactividades que no son de soli.citud.o recepción obli:­gatoria para los administrados, es,más que discutible'que la prestación patrimonial que suponen sea «de carác­ter público)) en el sentido usado por el arto 31.3 C.E.

5';° De cualquierade las maneras, es ya una doctrinaconsolidada en la jurisprudencia del Tribunal ·Ia deque la reserva que resulta del art.31.3 C.E. es una re­serva relativa de Ley que no puede ser equiparada ala que deriva del art.l33. 1 C.E., siendo su alcance muchomás reducido puesto que, como es evidente, la vincu­lación que para, el legislador deriva de la 'fórmula «me­diante ley)) del art.133.1 C.E. es mucho más intensaque la resultante de tade«con arreglo, a la ley» I

del arto 31.3 C.E. . ' .particularmente aplicable al presente asunto nos pare­

ce en este punto la STC 99/1987 cuando señala quela reserva de ley no se opone a la colaboración regla­mentaria, siempre que se produzca en términos de subor­dinación, desarrollo y complementariedad y, de modoparticular, siempre que «sea indispensable por motivostécnicos o para' optimizar el cumplimiento de las fina­lidades propuestas.por la' Constitución· o parla propialey)). Segón pensamos esas razones técnicas est~n pre­sentes de modo patente en les precios públicos quepor su alcance,. su diversidad y su finalidad exigen unaindudable.participación reglamentaria· en su estableci-miento, exacción y cuantía. .

6.° , En el caso que nos ocupa, puede decirse asíque, aun en el supuesto de que el' arto 31.3 C:E. fueraaplicable a la categoría de los precios públicos, sus exi­gencias quedan cumplidament~ satisfechas con las.determinacion~s contenidas en los preceptos impugna- ,dos que, como es exigible contienen los criterios nece- •sarios como para vincular yenmar~ardentro de los lími­tes precisos las potestades administrativas que,.en cadacaso, han' de ponerse en. juego para su desarrollo.

7.° Exigir, como pretenden los diputados recurren­tes, que las Cortes Generales conozcan, para éada preciopúblico, su establecimiento, cuantía, modificaCión y pla·zas para su exacción en cuanto «elementos estructuralesdel tributo)) supone entender la reserva del arto 31.3C.E, con un ~igorismo que olvida su carácter relativoy, consiguientemente, la necesidad, reconocida. por elTribunal Constitucional, de flexibilizarla en su aplicaciónconGreta y,' en definitiva, la desnaturaliza ya que, en talcaso~ tales eleme.ntos. esenciales vendrían establecidos«por)) o «mediante ley)) (art 133.1).no'«con arreglo ala Ley))cprnO ~'.<¡ge. e,lart. 31.3 C.E:. y como por 'otr9lado resulta adecuado, por razones de' pura aplicación

práctica,. ala complejidad técnica y a·la .. diversidad delos supuestos en los que cabe pensar.

En relación con el segundo motivo deinconstitucio­nalidad, entie~de el Abogado del Estado, que una' vez jus­tificadoen el apartado precedente que los arts. 1 b),3.4,24 a 27y la'.Disposición adicional segunda no son con­trarios al principio de legalidad tributaria, no cabe sinorechazar este.motivo del recurso. '

'En cuanto a la infracción del principio de publicidad, que deriva, según los actores, de que «la ley (...) pres­'cinde de la garantía de publicidad)) no son necesariasespeciales 'consideraciones para 'rechazar su violación,ya que·elargumento de los. actores, que hace de 'Iaconclusión que afirma premisa indemostrada, resulta gra­tuito. Frente a él, en todo caso, basta· con indicar que,por cualquiera de las tres vías que prevé' la Ley en suarto 26, <esto es, la 'ley,. la Orden· Ministerial o ·ta Res<rlución administrativa, las exigencias de' publicidad exi­gibles quedarán satisfechas.

.En, todo. caso, resulta' claro, que los argumentos delos recurrentes desenfocan el problema que aquí puedetratarse ya que, impugnando 10$ prec~ptos' de una leyque hay correcta y formalmente publicada, no resultaadmisible qu'e se argumente sobre la forma en que en

-'el futuro los preCios públicos serán o no publicados: loúnico queaquf es relevante es que los preceptos quese impugnan han sido debidamente publicados y que,portanto, ello priva de toda base al alegato impugnatoriode los actores. .

Respecto del' tercer motivo de inconstitucionalidad,entiende el Abogado del'Estado que no hay colisiónalgll­na entre la Disposición adi~ional quinta .de la ley deTasas y Precios Públicos.y fa núm. 11/1983~defl.ef(jrmaUniversitaria, en el' sentido pretendido por los recurren­tes. Y ello por la sencilla razón de qü~la'·Disposiciónadicional ·tercera· de esta última. sólo confiere carácterorgánico a los, pre~eptos contenidos en sus Títulos Pre­liminar, IV y VIII, así como él la propia Disposición. Porello, dado que el arto 54.3 b) de la ,ley de, Reforma Uni­versitaria está. encuadrado en su Título.VII, referido al«Régimen Econ.ómicQ y FinanCiero de las Universidades)),la referencia que, hace a .Ias. T~sas y démás derecl10sque' legalmente .se establezcan, no plantea problemaalguno para que. la Disposición. adicional quinta de laley de Tasas y Precios Públicos lo adapte a la nuevanormativa y configure a las, tales, tasas y derechos eco­nómicos como precios públicos (STC 5/1981 ).

Con relación al cuarto motivo de ¡nconstitucionalidad,subraya el Abogado del Estado que los demandantesconfunden de nuevo el plano de la discusión o críticadoctrinal con el puramente positivo.del texto legal, olvi;.dando que aunque en el primero pueda discutirse lacorrección teórica de los criterios distintivos utilizados

- por la ley, los qictados de ésta no pueden estar some­tidos a otra comprobación que no sea la de si la _apli­cación de los criterios positivos produce certeza o incer­tidumbre, permite en la práctica calificar como tasa opreCio público la concreta prestación de. que en cadacaso se trate. Que los criterios de diferenciación seandiscutibles no significa que'sus resultados sean Inciertos.De cualquier modo negamos que la definición I'egal seaincierta cuando califica como precios públicos a·Ias con­traprestaciones .que se ~xijan por 1) la utilización pri­vativa o el aprpvechamiento especial 'del dominio públi­co; 2) las prestaciones de servicios efectuadas por losservi~ios públicos postales, o 3) por la' prestación de .servicios o la realización de actividades en régimen dederecho público cuanqo concurran las notas· de obliga­toriedad y concurrencia. Hay tasa cuando la prestaciónes -coactiva 'y el, servicio o la actividad no debe podets~r pres,tado por el. sector privado. En caso~contrario, .precio púQlico. '

44 Vie'rnes 12 enero '1996 BOE núm. 11. Suplemento

'Por lo que se refiere al segundo de los extremossupuestamente inciertos -la cuantía del precio..... nue­vamente hemos de señalar que lo que aquí importa esque el mandato contenido en la norma impugnada (art.25 de la Ley) sea claro, y preciso. Esto supuesto, ¿cabedecir que es incierto el mandato legal cuando dice queel nivel de los precios públicos cubrirá como mínimo

- los costes económicos asignados por la realización' delas actividades o la prestación de los servicios? Creemos ,que no.

Por lo demás, siendo el principio de' $eguridad jurídicasuma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad nor­mativa, irreti'oactividad de lona favorable e interdicción.de la arbitrari~dad (STC 27/1981) y no habiendo sidoconculcado ninguno de tales principios por laLey 8/1989, según hemos tratado de demostrar, su ale­gada vulneración debe ser rechazada.'

Iguál falta de solidez tiene la afirmación de que losarts. 24 a 27 de la Ley vulneran la interdicción de arbi­trariedad de los poderes públicos. Si nos atenemos al

. motivo por el que los actores así lo afirman, enten­demos que la explicación que antes dimos sobre la fina­lidad perseguida por la L~y impide dar mayor alcancea este motivo de inconstitucionalidad ya que, no siendocierto que su fin último será crear la figura del preciopúblico para «extraerla de los principios constitucionalesde .seguridad. legalidad y publicidad», tampoco lo es quela Ley pueda ser calificada de arbitraria y contrariaal arto 9:3C.E.

Como el Tribunal Constitucional 'señaló en su STC108/1986 «La calificación de arbitraria dada a una Leyexige también una ciérta prudencia. La Leyes la expre­siónde la voluntad popular, como dice el preámbulode la Constitución y como es dogma básico de todosistema democrático. Ciertamente en un régimen, cons­titucional también el poder legislativo está sujeto a laConstitución y es misión de este Tribunal velar porquesemanfenga esa sujeción que no es más que otra forma.de sumisión a la voluntad popular expresada esta vezcomo poder constituyente. Ese control de la constitu­cionalidad de las leyes debe ejercerse, sin embargo, deforma que no imponga restricciones indebidas al poderlegislativo y, respete sus opciones políticas. El cuidadoque este Tribunal ha detener para mantenerse dentrode los límites de ese control ha de extremarse cuandose trata de aplicar conceptos generales e indeterminadoscomo es el de la interdicción de la arbitrariedad ... res-

'pecto del cual el análisis se ha de centrar' en verificarsi (...) establece una discriminación o si. aun no esta­bleciéndola. carece de toda explicación razonable».

Por ello, en la medida en que la Ley 8/1989 no incurreen ninguna de tales circunstancias. no cabe sino rechazareste último motivo de inconstitucionalidad. _

Concluye su escrito solicitando que se dicte Sentenciapor la que, con desestimación del recu"rso, se declarela perfecta constitucionalidad de los preceptos de laLey 8/1989, de 13 de abril, que en él se impugnan.

5~ Por providencia de 12de diciembre de 1995. seseñaló para deliberación y votación del presente recursode inconstitucionalidad el día ,14 del mi~mo mes y año.

11. Fundamentos jurídicos

1. La Ley 8/1989, de 13 de abril. de Tasas y PreciosPúblicos (L.T.P.P.). siguiendo la stmda ttazada por laLey 39/1988, de 28 de didenlbf~. reguladora de lasHaciendas Locales, introduce en el ordenamiento finan­cieroestatal un nuevo «recurso de Derecho Público» [art.1 b)], que califica coml) precio público y define, en suarto 24, como contraprestación pecuniaria que se satis­face por: a) la utilización privativa o el- aprovechamientoespecial del dominio público; b) las prestaciones. de ser-

vicios y las entregas de bienes accesorias alas mismasefectuadas por :Ios servicios públicos postales; y c) laprestación de servicios o realización de actividades efec­tuadasen régimen de Derecho público cuando los ser­vicios o las actividaaes no sean de solicitud o (ecepciÓnobligatoria por los administrados o sean susceptibles deser prestados o realizados por el sector privado, por no·implicar intervención en la actüación de los particulareso cualquier otra manifestación de auto~idad. o bien porno tratarse de servicios en los que esté declarada lareserva a favor del sector público. En el párrafo segundode este mismo arto 24 se precisa que. a' los efectos dela letra c) del número anterior, no se considerará volun­taria la solicitud por parte de los administrados: a) cuandolés venga impuesta por disposiciorJes legales o regla­mentarias; b) cuando constituya condición previa pararealizar cualquier actividad u obtener derechos o efectosjurídicos determinados.

Esta nueva figura legal de ingreso público nace. apartir de la aplicación de un nuevo criterio de clasifi­cación de -las categorías tributarias precedentes, de ladivisión de la anterior figura de la tasa, de la que asumeparte de lo que había sido su contenido tradicional.

Entre las notas características del régimen jurídicode los precios públicos debe destacarse. en primer lugar,que. salvo en· lo relátivo al ,«establecimiento de (tasasy)' precios públicos, por prestación de los servicios públi­cos de justicia. educación, sanidad. protección civil oasistencia social (que)-sólo podrá efectuarse en los tér­minos previstos en· la ley o leyes reguladoras de los ser­vicios de que se trate» (art 5), en los demás supuestosla Ley de Tasas y Precios PÚBlicos se limita a preverque el Ministerio de Economía y Hacienda podrá pro­poner al Gobierno o al Ministerio del ramo el estable­cimiento de ingreso's de Derecho público regulados enla presente Ley, por parte de aquellos Organos de laAdministración del Estado. Organismos o Entes que nolos apliquen, así como su actualización cUf;:lndo proceda(art. 3.4) .. Igualmente establece -que la fijación y modi­ficación de la cuantía de los preCios públicos se realizarápor Orden del Departamento 'Ministerial o directamentepor los Organismos Autónomos (art. 26.1); las únicaspautas que impone la Ley de Tasas y precios Públicosconsisten en exigir que cubran.. como mínimo. los costeseconómicos del servicio o actividad de la que traen cau­sa, en tahto que en el caso de la utilización privativao aprovechamiento especial del dominio público dichacuantía se fijará tomando como referencia ,el valor delmercado. o el de la utilidad derivada de aquéllos. salvoque por razones s'ociales, benéficas, culturales o de inte­rés público. puedan señalarse cuantías inferiores al costedel· serviCio (art. 25). '

El régimen jurídko de este nuevo recurso financierose completa con la regulación de algunos aspectosrela­tivos a su «administración y cobro». entre los que destacala precisión contenida en el arto 27.6. a tenor de la cuallas deudas por preciospúblicos podrán exigirse medianteel procedimiento a~ministrativo~e apremio.

Finalmente. según proclama la Exposición de Motivos,con la creación de la figura del precio público se pretendeintroducir un tipo de ingreso público en el que la relacióndel Ente público y el particular es «contractual y volun­taria para quien lo paga». a diferencia de lo que sucedecon la tasa en la que «aparece la nota de coactividadp'ropia del tributo y, consecuenteme'nte, las exigenciaspropias del principio constitucional de legalidad para sucreación V aplicación». '

2. Los recurrentes impugnan los arts. '1, 3.4, 24,25. 26. 27. ya mencionados, y las Disposiciones adi­cionales segunda -que prevé la po~ibilidad de establecerexacciones reguladoras de precios públicos medianteReal Decreto- y quinta -que transforma las tasas y

BOE núm. 11. Suplemento Viernes 12 enero 1996 45

demás.derechos académicos en precios públicos-. Ale­gan que estos preceptos infringen los principios de lega"lidad, publicidad, jerarquía normativa, seguridad jurídicae interdicción de la arbitrariedad consagrados en el art.9.3 C.E. y, muy especialmente, e.1 principio de reservade ley en materia tributaria establecido en el arto 31.3

. C.E. respecto de las «prestaciones patrimoniales decarácter público». En rigor, ésta última denuncia, referidaconcret~mente a losarts. 1 b), 3.4, 26.1 Y Disposiciónadicional segunda, constituye el núcleo fundamental de,la' d,emanda V .del escrito ,de contestación a la mismay en ella debemos centrar en primer lugar nuestra aten­ción.

Para dar respuesta a este alegato es preciso dilucidarde forma sucesiva dos cuestiones íntimamente relacio­nadas, a sabér: si los precios públicos, tal y como apa­recen regulados en la Ley 'de Tasas y Precios Públicos,tienen o no, la condición de prestaciones patrimonialesde carácter público y, en consécuencia, deben sometersea la reserva de ley del arto 31.3 C.E. y, en segundo lugar,en el supuesto y en la med~da en que ,así sea" si, losartículos recurridos resultan acordes con las exigenc,iasde dicha reserva.

3. El arto 31.3 C.E., apartándose de lo que era tra-, dicional en nuestros textos constitucionales y legales-en los que el objeto de la reserva de ley se establecíapor referencia a categorías tributarias concretas-,ríorecurre explícitamente a ninguna de las figuras jurídicasexistentes en el momento de laelaboración y aprobaciónde la Constitución, ni tampoco utiliza el concepto gené­rico de tributo, sino la exp.resión más 'amplía y abiertade «prestación patrimonial de carácter público», Es ciertoque la Constitución se refiere en varios preceptos a los«tributos» y pro~lama que su establecimiento debe hacer­se mediante ley (art. 133.1 C.E.); sin embargo no lo esmenos que, desde la· perspectiva constitucional, comotendremos ocasión de reiterar, el legislador puede alterar·el alcance de las figuras que hoy integran esta categoría-impuestos, tasas y contribuciones especiales-, y puedecrear nuevos ingresos de Derecho público. Por otra parte,la aplicación de un criterio de interpretación sistemáticotendente a evitar la redundancia del constituyente, llevanecesariamente a no considerar como sinónimas la'expresión «tributos» del arto 133.1 C.E. y la más genéricade «prestaciones patrimoniales de carácter público» delart. 31.3 C.E. '

Esta constatación condiciona la forma en la que, des­de la perspectiva constitucional propia de este proceso,debe abordarse la tarea de' precisar el alcance de eseconcepto de prestación patrimonial de carácter públicoque constituye el objeto de la reserva de ley tributaria.En efecto, cegada la posibilidad de· recurrir para estemenester al contenido de las, categorías tributariaspreexistentes, se impone la necesids;¡d de construir eseconcepto a partir de la función que dicha reserva desem­peña en el ordenamiento constitucional.

Como hemos declarado en múltiples resoluciones, elprincipio de legalidad en materia tributaria responde ensu esencia' a la vieja idea, cuyo origen se remonta .ala Edad Media, de garantizar que las prestaciones quelos particulares satisfacen a los Entes públicos sean pre­viamente consentidas por sus representantes; la reservade ley se configura como una garantía de autoimposición .de la comunidad sobre sí misma y, en última instancia,como una garantía de la libertad patrimonial y personaldel ciudadano (STC 19/1987). En el Estado social ydemocrático de derecho la reserva cumple sin duda otrasfunciones, pero 'Iacfinalidad última, con todos los .maticesque hoy exige el origen democrático del poder ejecutivo,continúa siendo la de asegurar que cuando un ente públi­co impone coactivamente una prestación patrimonial alos ciudadanos cuente para ~1I0 con la vol~ntaria acep-

tación de sus' representantes. Por ello mismo, cuandola',obligación que lleva ap"átejada el pago de la prestaciónes asumida libre y voluntariamente por el ciudadano,la intervención de sus representantes resulta-innecesaria,puesto que la garantía de la autoimposición y, en defi;·nitiva, de su libertad patrimonial y personal queda ple-namente satisfecha. -

La imposición coactiva d~ la prestación. patrimonialo, lo ,que es lo mismo, el establecimiento unilateral dela obligación de pago por parte del poder público sin-el concurso de la voluntad del sujeto llamado a satis­facerla es, pues, en última in'stancia, el elemento deter­minante de la exigencia de resen~a de ley; por ello, bienpuede concluirse que la coactividad es la nota distintivafundamental del concepto de prestación patrimonial decarácter público. .

En lo que ahora importa, el problerna de la deter­minación del alcance del concepto de,prestación patri-,monial de carácter público se' centra, pues, en precisarcuándo puede considerarse que una prestación patri­monial resulta coactivamente impuesta. Con todo, a-losefectos de la resolución del presente recurso deincons­titucionalidad, no es necesario intentar dar una respuestacon pretensiones omnicomprensivas a este interrogante.Basta, por el momento, con hacer referencia a los'siguien­tes criterios:

a) Lo decisivo a la hora de dilucidar si una prestaciónpatrimonial es coactivamente impuesta radica en ave­riguarsi el supuesto de hecho que da lugar a la obligaciónha sido o no realizado' de forma libre y espontánea porel sujeto obligado y si en el origen de la constituciónde.la obligación ha concurrido también~u libre voluntadal solicitar el bien de dominio público, el servicio. o laactuación administrativa de cuya realización surge dichaobligación.

Estaremos en. presencia de prestaciones coactiva­mente impuestas'cuando la realización del supuesto dehecho resulta de una obligación impuesta al particularpor el ente público -por ejemplo cuando surge de laprestación de servicios o actividades de solicitud o recep:­ción obligatoria- y también cuando, siendo-libre la rea- 'lización del supuesto de hecho, éste no consiste en lademanda de un bien, un servicio o una actuación delos entes .. públicos,. sino que la obligación de pagar laprestacióQ nace sin que exista actividad voluntaria delcontribuyente dirigida. al ente público, encaminada porello mismo, siquiera sea mediatamente" a producir elnacimiento de la obligación.

En estas circunslancias,el hecho de que los entespúblicos tengan una posición determinante en la con­figuración del contenido o las condiciones de la obli­gación. e incluso el hecho de que esos entes se reserven,determinadas potestades exorbitantes en caso de incum­plimiento de la obligación ''-corno son ciertas facultadesderivadas de la ejecutoriedad y la autotutela-, tiene unrelieve ,secundario en orden a ,determinar el grado decoactividad de las prestaciones pecuniarias, dado queha 'sido el particular el que ha decidido libremente obli­garse, sabiendo de antemano que' los entes públicosde quienes ha requerido la actividad, los bienes o losservicios gozaban'de esas prerrogativas. El sometimientode la relación obligacional a un régimen jurídico deDerecho público no es -suficiente por sí sO,lo paraconsiderar que la prestación patrimonial así regulad~ seauna prestación de carácter público en el sentido delart. 31.3 C.E. .

b) Con todo, debe precisarse que la libertad o laespontaneidad exigida en la realización del hecho i,mpo­nible y en la decisión de-obligarse debe ser real y efectiva.Esto significa que deberán considerarse coactivamenteimpuestas no sólo aquellas prestaciones en las que la

46 Viernes 12 enero 1996 BOE núm: 11. Supleplento

. realización d,el supuesto de hecho o la constitución dela obligación. es obligatoria~ sino también aquellas enlas que el bien; la actividad o el servicio requerido esobjetivamente indispensable para poder satisfacer lasnecesidades básicas de la vida p~rsonal o social de losparticulares de acuerdo con las circunstancias socialesde c~da momento y lugar o, di,cho, con otras palabras,cuando la renuncia a estos' bienes, servicios o actividadespriva al particular de 'aspectos esenciales de su vida pri­vada o social. La dilucidación de cuándo concurren estascircunstancias deberá atender a las características decada ~aso concretó sin que sea procedente añadir ahoramayores precisiones. Aquí debemosliJTlitarnos a com­probar si los criterios utilizados por el arto 24 ·L.T.P.P.para· definir los precios públicos se refieren a presta­ciones fruto de una opci¿n realmente libre, o se tratade una libertad meramente teórica y en consecuenciaestamos, en presencia de prestaciones patrimoniales decaráCter público sometidas a la reserva de ley. Antes,,sin embargo, debemos hacer todavía una tercera pre-cisión. '

, c) También deben considerarse coactivamenteimpuestas .las prestaciones pecuniarias qüe derivan dela utilización de bienes, servicios o actividades prestadaso realizadas por los entes públicos eo P9sición de mono­polio de hecho o de derecho. Aunque el nivel de coac­tividad que deriva del monopolio público sea ciertamentemenor que el que resulta del carácter imprescindiblede los bienes, servicios y actividades que generan laprestación, no por ello puede considerarse irrelevante,ni subsumirse en este' requisito, pues, aunque los ser-'vicios o las actividades ,no sean obliga10rias; ni impres­cindibles,lo cierto es qué si sólo' son los Entes públicos

'quienes los prestan, los particulares se ven obligadosa optar entre no recibirlos o constituir necesariamentela obligación de pago de la pr~stación. la libertad decontratar o no contratar, la posibilidad de abstenersede utilizar el bien~ el servicio o la actividad no es a estosefectos una libertad real yefectivá.

4. Al aplicar los criterios que acabamos dé enunciaral caso que' nos o.cupa lo primero que constatamos esque la ley de Tasas y Precios- Públicos configura losprecios públicos como «contraprestaciones pecuniarias»,es decir, como prestaciones de carácter retributivo quetienen su origen. en una solicitud por parte de los par­ticulares de 'Ia utilización de bienes,' servicios o activi­dades de la Administración. Debemos, pues, indagar silos presupuestos de hecho de los. que surgen las obli­gaciones son obligatorios y si la' solicitud encaminadaa constituirlas es libre no sólo formal sino también mate-rialménte: . " ,

a) El primero de los supuestos que da lugar a laaplicación de esta nueva categoría jurídica es <<la uti­lización privativa o el aprovechamiento especi.al del domi-nio público» [arto 24~1 a) L.T.P.P]. - ,

Los bienes que. componen el' demanio son de titu­laridad de los Entes públicos territoriales y su utilizaciónprivativa o su aprovechamiento especial están supedi­tados a la obtención de una concesión b una autorizaciónque corresponde otorgar excl~sivamente a .esos Entes.Existe, por tanto, una situación que puede considerarsede monopolio ya que si un particular quiere accedera la utilizacióno al aprovechamiento citados para realizarcualquier. actividad debe acudir forzosamen~e a los mis­mos. la única alternativa que le cabe al 'particular paraeludir el pago del precio' público es la abstención dela realización de la actividad anudada a la utilizacióno aprovechamiento del demaf)io, pero ya hemos dichoque la abstención del consumo no equivale a libre volun­tariedad en la solicitud.

Esto significa que estamos en presencia' de una pres­tación de carácter público en el sentido del arto ,31.3C.E., que, en cuanto tal, queda sometida a la reservade ley. Por ello, si del análisis de los preceptos de la

.Ley de Tasas y Precios Públicos que se refieren a lacreación y determinación de los elementos esencialesde .los precios públicos se deduce que no' respetan lareserva de ley, este párrafo a) del arto 24. 1 deberá serdeclarado inconstitucional.

b) El segundo supuesto previsto en el arto 24 L.T.P.P.es el constituido por «las prestaciones de servicios ylas éntregas de bienes accesorias a las.mismas efec­tuadas por los servicios públicos postales» [arto 24.1 b)].La gestión de los servicios públicos postales se atribuyeen la actua,lidad al organismo autónomo creado por laley 31/1990, de 27 de diciembre, de PresupuestosGenerales del Estado para 1991, .con la denominaciónde Organismo Autónomo de «Correos y Telégrafos».Según el número 2' del primer párrafo del arto 99 deesta ley «Son funciones del Organismo Autónomo"Correos y Telégrafos": a) la gestión de IQs serviciosbásicos dé Correos. b) la gestión y explotación de losrestantes servicios de Correos y de los de Tele~omu­

nicación que. actualmente desempeñan 'Ia SecretaríaGeneral de Comunicaciones, a través de la SubdirecciónGeneral de Infraestructura de las Comunicaci0l1es y laDirección General de Correos y Telégrafos. c) La pres­tación de servicios de giro por sí mismo o ,a través dela Caja Postal de Ahorros. d) la emisión, conjuntamentecon el Ministerio de' Economía y Hacienda, de sellosy demás signos de franqueo. En Materia de sellos parafilatelia y demás i>roductos filatélicos, corresponderá sudistribución a Correos y a cual.quiar otra Entidad de Dere­cho Púbrico que se determine por el Gobierno. e) Otrasactividades relacionadas con las comunicaCiones. Segui­rán g~stionándose por "Correos y Telégrafos" losservicios' oficiales de telecomunicaCión previstos enel arto 11 de .Ia ley de Ordell,ación de las Telecomu­nicaciones». Y en el número 3 de este mismo párrafose añade que «a los efectos de lo previsto en la letraa) del apartado anterior, se considera que son serviciosbásicos postales la admisión, clasificación, curso, trans­pqrte y distribución de cartas y tarjetas postales en todassus modalidades, así como los servicios de telegramas,télex y giro postal y telegráfico. No. tendrán la consi­deración de servicios básicos lbs restantes servicios, porlo que podrán ser gestionados además por otras Enti­dades Pública$ o Privadas, previa autorización admi­nistrativa».

lapráctica totatidad de los servicios públicos postaresdeben calificarse hoy en España como servicios irre~un­

ciables o imprescindibles que además, en muchos casos,continúan siendo prestados por el Estado en posicionde monopolio. Por ellÓ debe concluirse que las contra­prestaciones pecuhiarias derivadas de esos servicios sonverdaderas prestaciones patrimoniales decaráctar públi­co som~!idas al principio de legalidad.

En consecuencia, también en este caso, dada la gene­ralidad con' que está redactada esta letrab) delart._ 24.1,si del análisis' del resto del articulado de la ley de Tasasy Precios Públicos se deduce que en la configuraciónde 'esta. última figura. no se ha respetado la reserva deley, deberá declararse .la inconstitucionalidad de esteprecepto.

c) . El tercero y último ~puesto de precios públicoses el que surge de la prestación de servicios o la rea­lización de actividades en régimen de Derecho publicocuando cOfJcUrre alguna de las dos circunstanci~s

siguientes: que la solicitud de los mismos no sea obli­gatoria -entendiendo por tal que no venga impuestapor disposiciones legales y no constituya condición pre-

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via «para realizar cualquier actividad u obtener derechoso efectos juríd¡cosdeterminados»~ o sean servicios oactividades sus~ptibles de ser prestados o realizadospor el sector privado, ....

Pues bien, a tenor de los criterios sentados' en' elfundamento. jurídico' 3.° para definir las prest~ciones

patrimoniales de carácter público, este tercer supuestode precios públicos tan sólo escapará a esta calificación\'y a la consiguiente sumisión al principio de legalidadsi se dan las tres condiciones siguientes: "

En primer lugar, si los dos requisitos, voluntariedady no monopolio del sector público, se dan de forma cUrnu­lativá y no alternativa. En efecto, como hemos razonadoen el fundamento jurídico citado, aunque la soliCitud delservició o actividad· sea libre y.espontánea, si los entespúblicos los prestan o realizan en posición de monopolio,debe considerarse que la ,libertad no es real.

En segunao lugar, para que la' solicitud de la pres­tación pueda considerarse .efectivamente libre, deberáentenderse no' sólo que no viene impuesta fegalmente,sino que el servicio o la actividad solicitada no sea impres­cindible.

'v, por último, el servicio o p la actividad no. debese~ realizado en posición de monopolio.

En el presente caso" el precepto analizado no cumplela primera d~ las condiciones, de modo que, de nuevoaquí, si la figura de los precios públicos no respet~ elprincipio de reserva de ley deberán· declararseincons­titucionales las'palabras «~Iguna de» del'art..24.1 c),que'establecen la posibilidad' de que se den por separadolos dos requisitos exigidos.

En cuanto, a la definición de la voluntariedad, el pre­cepto utiliza una ,locución tan sumamente genérica.-<("cuando constituya condición prevta. para reálizar .cual­quier actividad»-, que si bien resulta difícil hallarle unsentido preCiso, -operación que, por otra parte, escapaa nuestra competencia-, I lo que sí es seguro es queen su seno admite la\ inclusión de aquellas actividá~esque pueden, considerarse imprescindibles para los con­tribuyentes, es 'decir, pueden incluirse no sólo las soli­citudes formal o jurídicamente obligatorias sino tambiénlas que pueden serlo desde ,el punto de vista real y efec­tivo en el sentido antes mencionado.

Por ello, en la medida en que puede enténderse quelos servicios y las actividades solicitad'as no son de lasconsideradas esenciales ó imprescindibles, deberáentenderse que, desde esta perspectiva la prestaciónpecuniaria no queda sometida al principio de legalidad.. En cuanto a la tercera de las condiciones, el preceptoexcluye únicam'ente a los monopolios de i:terecho y pres­cinde de sien la práctica el sector privado PIesta ,efec­tivamente los mismos servicios o actividades: Por.ello,dado que salvo que se produzca una efectiva situaciónde concurrencia del sector público y el .privado en laprestacióQ, de tos servicios, los precios( serán' prestacio­nés patrim.oniales de carácter público y, por tanto, sino respetan el principio delegálidad deberán conside­rarse inconstitucionales 'las palabras «susceptibles deser» y las frases «por no implicar interyeneión en la actua­ción de los particulares o cualquier otra manifestaciónde autoridad, o 'bien por no tratarse de servicios en losque esté declarada la reserva a favor del sector públicoconforme a la normativa vigente» del segundo párrafodel arto 24.1 c). '

5. Establecido que dentro de la categoría de preciospúblicos definida en el art.24 L.T.P.P. existen verdaderasprestacionéspatrimoniales de carácter público cuyaconstitucionalidad depende del respeto al principio delegalidad, debemos analizar si la regulación contenida

en la referida Ley resulta acorde con las exigencias deri-vadas de este principio. \ ,

Este Tribun.alha dicho ya que la -reserva de ley enmateria tributaria exige que <<la creación ex novo de untributo yla determinación de los elemento,s esenciales .o configuradores del mismo» debe llevarse a cabomediante una ley (SSTC 37/1981,6/1983,179/1985,19/1987). Tambié~ hemos advertido que se trata deuna reserVa relativa en la que, 'aunque, los criterios oprincipios que han de regir la materia, deben contenerseen una ley, resulta admisible la colaboración del regla­mento,' siempre que «se-a indispensable por motivos téc­nicos o para optimizar el cumplimiento de las finalidadespropuestas parla Constitución o por la propia Ley» y .siempre que ta colaboración' seproduz.ca «en términosde subordinación, desarrollo y complementariedad» (en­tre otras, SSTC 37/1981,6/198-3, 79/1985, 60/1986,19/1987, 99/1987). El alcance de la colaboración esta­rá en- función de la diversa naturaleza de las figuras,jurí­dico-tributarias y de los distintos elementos de las mis-mas (SSTC 37/198-1 y 19/1987). - .'

En el supuesto dé las contraprestaciones fruto dela utilización de un bien de dominio público o de-la pres­tación de un servicio o actividad administrativa, esta cola­boración puede ser especialmente intensa en la fijacióny modificación de las cuantías· -estrechamente relacio­nadas con los costes concretos de los diversos serviciosy actividades- y de otros elementos de la prestacióndependientes de las específicas circunstancias de losdistintos tipos de servicios,y actividades. En cambio, estaespe<;:ial intensidad no puede predicarse -de la' creaciónex novo de dichas prestaciones ya que en este ámbitola posibilidad de intervención reglamentaria resultasumamente reducida, pues.to que sólo el legislador poseela facultad de determinar libremente cuáles son loshechos imponibles' y-qué ,figuras- jurídico-tributarias pre-fiere aplicar en cada caso. .

-, Pues bien, para los recurrentes los arts.1" bl 3.4,26.1 .y la Disposición adicional segunda de,la Ley deTasas y Precios Públicosvulneran el principio de reservade ley al deferir a la Administración 'la creación de losprecios públicos [arts. 1 b)y 3.4], la fijación y modi­-ficación dé su cuantía (art.' 26.1) y el establecimientode exacciones (Disposición adicional segunda).

6. -a) .El primero de est¿s preceptos, el art.·1 b), ,se limita a disponer que la Ley de Tasas y Precios Públicostiene por objeto la regulación del régimen jurídico delos precios públicos (y de las tasas) y a calificarlos de .recursos de Derecho público. Su función no es otra quela declaración de la creación de la, figura jurídico-finan­ciera de los precios públicos, por lo que ningún reprochepuede merecer desde la perspectiva del principio de lega­lidad tributaria. En USQ de su libertad -de configuración,el legislador puede crearlas categorías jurídicas que COn­sidere 'adecuadas. Poorá discutirse en otros foros lacorrección científica de las mismas, así como su opor­tunidad desde la perspectiva de la política' legislativa;sin embargo, en un proceso deinconstitucionalidadcomo el presente sólo puede analizarse si la concretaregulé;lción positiva ·que·se establece de esas categoríasrespeta los preceptos constitucionales que/les sean apli­cables. Contemplado desde este enfoque, es evidenteque un precepto de una ley que se limita a incorporaral ordenamiento- jurídic6-financiero la categoría del pre­cio público y a disponer que su regulación correspondea la propia ley, no es susceptible, en sí mismo consi­derado, de vulnerar el principio de reserva de ley plas-mado en el art. 31.3 C.E. /

No obstante, lo que sí es cierto es que, para considerarcumplido el principio de legalidad tributaria~ no bastacon que una ley prevea la figuraabstra~ta de los preciospúblicos y defina, también en abstracto sus elementos ..

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esenciales, puesto que, como hemos reiterado, este prin­cipio exige que sea también la ley Ja .que contenga lacreación concreta o establecimiento de los diversos pre­cios públicos que, en aplicación de esa figura abstracta,los entes públicos competentes estimen conven~entes.

Entre la previsión' abstracta de la categoría de los preciospúblicos y el establecimiento y aplicación a los casosconcretos de los diversos tipos de precios debe existiruna interpositio legislatoris, creando los tipos concretosde precios públicos.

Planteada así la cuestión, debemos analizar si la Leyde Tasas yprectos Públicos remite él 'establecimientode los precios públicos a futuras leyes o, deslegalizandoesta materia, habilita al reglamento para llevar a caboesta operación. Los recurrentes, como queda dicho, atri­buyen esta deslegalización al arto 3.4 de la Ley.

b) Este precepto, ya citado anteriormente, estableceque «el Ministerio de Economía y Hacienda podrá pro­poner al Gobierno o al Ministro del ramo el estableci-,miento de ingresos de Derecho público regulados en­la presente Ley, por parte de aquellos Organos de laAdministración del Estado, organismos o Entes que nolos apliquen, así como su actualizaCión, cuando proce­da». A decir d~ los 'recurrentes, el precepto, en, cuantoque delega en el Ministro unas potestades reglamen­tarias que sólo pueden regularse por ley y, en su caso,por decreto del Gobierno, infringe el principio consti­tucional de reserva de ley tributaria recogido en elart. ,31.3' C.E., con infracción conexa del arto 97 C.E.

Basta la lectura detenida del precepto para constatar'que su contenido no ha sido debidamente interpretado .por los recurrentes. En la medida en que el preceptotranscrito se limita a. facultar al Ministro de Eco'nomíay. Hacienda 'para que realiée propuestas, dirigidas alGobierno o al Ministro del ramo, es evidente que talespropuestas consideradas en sí mismas no implican ejer­cicio alguno de potestades reglamentarias, por lo quenop~de plantearse la infracción denunciada.

Mayores-dudas de constitucionalidad suscita, en cam­bio, el hecho de que, la propuesta se dirija al «estable­cimiento» de ingresos públicos por parte del Gobiernoo del «Ministro del ramo)), puesto qlJe, aunque una pri­mera interpret~ción del precepto pudiera lIeyar a la con­clusión de que esta facultad de establecimiento de tasas'y precios públicos no se identifica cpn, la creación deestas figuras, sino que se refiere a 'la facultad de aplicarlos ,diversos tipos de ingresos ya creados y, más exac­tamente,a exigir su aplicación por parte de los «Organosde la Administración del Estado, O~ganismos o Entes»que pupiendo aplicarlos no -lo hayan ,hecho, lo ciertoes que ante el ~ilencio de la Ley, lo' establecido en elarto 5 y en la _Exposición de Motivos llevan a concluirque el art 3.4. está reconociendo la posibilidad de' quebien el Gobierno bien el ,Ministro del' ramo creen losprecios públicos que estimen aportunos en aplicaciónde la figura abstracta diseñada en la Ley de Tasas yPrecios Públicos. '

En efecto, el arto 5 L.T.P.P. bajo la rúbrica '«serviciospúblicos esenciales», dispone que ccel establecimientode (tasas y) precios públicos por la prestación de losservicios públicos d~. justicia, educación, sanidad, pro­tección civil o asistencia social, sólo podrá efectuarseen los términos previstos en la, ley o leyes reguladorasde los servicies de que se trate)). Una interpretación asensu contrario de la dicción literal ·permite concluir quepara la Ley de Tasas y'Precios Públicos la creación deprecios que no afecten a los mencionados servicios esen-

. ciales no requiere la intervención de la ley.'Igualmente debe recordarse que la Exposición de

Motivos, contrapone las tasas a los precios públicos enla medida en que en las primeras «aparece la nota decoactividad propia del tributo y, consecuentemente, las

exigencias propias del principio constitu~ional de lega­lidad para su creación y aplicación». Si, como ha decla­rado este Tribunal, a las Exposiciones de Motivos puedeatribuírseles un valor hermenéutico, no cabe duda quela referencia del arto 3.4. al «establecimiento)) de preciospúblicos por parte del Gobierno o del Ministro del ramose re'fiere a la creación de los diversos tipos de preciosy no ala mera aplicación de losya creados por ellegis-lador. .

En suma, pues, salvo en lo que se refiere a los precios·públicos que' puedan establecerse por la prestación delos servicios públicos de justicia, educación, sanidad~ pro­tección civil y asistencia social, la Ley permite la creación'de esos recursos de Derecho público sin necesidad deintervención dellegis.lador. Esta constatación lleva dere­chamente a declarar inconstitucionales los inCisos ,delart. 24 L.T.P.P., mencionados en el fundamento jurídi­co 4.° que al referirse a verdaderas prestaciones patri­moniales de carácter público deberían haber respetadoel principio de reserva de ley. Con todo, debe' precisarseque, a pesar de que en, el presente recurso se impugnauna definición genérica de precio público, aquí no esta­mosenjuiciando un nomen iuris -precios públicos-:'" y,como se dijo en la STC 296/1994, celas categorías tienencada una de ellas la 'naturaleza propia,y específica queles corresponde de acuerdo con la configuración yestruc­tura que reciben en el régimen júrídico a que vengansometidas», de modo que si una ley posterior a la Leyde Tasas y Precios· Públicos ha creadO precios públicosconcretos que son verdaderas prestaci'ohes patrimonia­fes de carácter púplico pero lo ,han hecho respetando

, el· principio .de legalidád, la. declaración de inconstitu-cionalidad del arto 24' L.T.P.P. no les alcanza. ,

c) Constatado ya que la Ley de Tasas yPrecios,Públi­cos permite crear precios públicos sin la interpositio legis­latoris y proclamada la consiguiente inconstitucionalidadde aquellos incisos del arto 24 que consagran verdaderasprestaciones de carácter público, resulta en principioinnecesario analizar las denuncias vertidas por losrecurrentes contra el art. 26.1 y la Disposición adicionalsegunda. No obstante, dado que la impugnación dirigidacontra el primero de estos preceptos no' se limita al prin­.cipio de legalidad tributaria sino que afecta a otros ar­tículos de la Constitución debernos abordar, siquiera seasomeramente, el examen de su presunta inconstitucio-nalidad. ,

En efecto, los recurrentes atribuyen al arto 26.1L.T.P.P. no sólo la vulneración del principio de legalidadtributaria al deslegalizar un elemento tan importante de

. la prestación económica como la fijación y modificaciónde la cuantía, sino también el arto 97 C.E. que otorgaal Gobierno en exclusiva la potestad reglamentaria.

. El artículo impugnado dispone que cela fijación o modi­ficación de la cuantía de los precios públicos se realizará,salvo que una Ley especial disponga lo contrario: a) PorOrden del Departamento Ministerial del que dependael Organo o Ente que ha de percibirlos. y a propuestade éstos. b) Directamente por los Organos Autónomosde carácter comercial, industrial.o financiero, previa auto­rizactón del Ministerio de que dependan, 9uando se tratede precios correspondientes a la prestación de servicioso a la vfii'nta de. bienes que constituyan el objeto desu actividad)). Es cierto que, como hemos reiterado, lacuantía, a la que se refiere este precepto, constituyeun elemento esencial de tOda prestación patrimonial conlo que su fijación y modificación debe ser regulada porley. Ello no significa, sin embargo, que siempre y entodo caso la ley deba precisar deforma directa e inme­diata todos los elementos determinantes de la cuantía;la reserva establecida en el. art. 31.1 C.E. no excluyela posibilidad de que la ley pueda contener remisionesa normas infraordenadas, siempre que tales remisiones

aOE núm. 11. Suplemento Viernes~ 12 enero 1996 49

no provoquen, por su indeterminación, una degradaciónde la reserva formulada por la Constitución en favor dellegislador (STC 19/1987).

Para determinarlam'edida en que la ley debe regular.dire.ctamente los elementos configuradoresde la cuantíao, por el contrario, puede atribuir su regulación a normasinfraleg'ales, es preciso atender, como hemos apuntadoanteriormente, a la naturaleza de la prestadón patrimo­nial de que se trate. En el caso de los predos públicos,la multiplicidad de figuras que pueden incluirse en esteconéepto, así como la necesidad de tomar en conside­ración factores técnicos, pueden' justificar que la leyencom~ende a normas reglamefltarias la regulación ofijación de su cuantía, conforme a los criterios o límitesseñalados en la propia ley que sean idóneos p~ra impedirque la actuadón discrecional--'de la Administración enla apreciación de los facto'res técnicos se transformeen actuadón libre o no sometida a límite. El contenidoy la amplitud .de la regulación puede variar, pero en todocaso es necesario que la ley incorpore un mínimo deregulación material que oriente: la ac;tuación del regla­mento y le sirva de programa o marco. Planteada asíla cuestión, el debate se traslada a la forma en la quela Ley de Tasas y Precios Públicos, en s~ arto 25, esta­blece los referidos criteriosmatériales y límites. Sinembargo, ni los recurrentes impugnan, desde esta pers-'pectiva del principio de legalidad tributaria, ese art. 25ni aportan argumento al9.LJno aceFC3 de esta cuestión.

Tampoco puede entenderse que el precepto ahora.contemplado vulnere lo dispuesto por el art. 97 C.E. Laatribución, genérica de la potestad reglamentaria con­vierte al Gobierno en titular originario de la misma, perono prohíbe que una ley púeda otorgar a los Ministrosel ejercicio de esta potestad con carácter derivado oles habilite para dictar disposiciones reglamentarias con­cretas, acotando y ordenando su ejercicio. Y esto' escabalmente lo que hace, el art. 26.1 a') L.T.P.P. que selimita a atribuir 'a los Ministros que puedan, resultar afec­tados, en cuanto titulares de los respectivos Departa­mentos ministeriales, un poder reglam'entario derivado,resultado de una habilitación legal específica, para regu­lar una materia concreta y determinada, cual es en estecaso lefijación y modificación de. lacuantía de los precios.públicos. Las tachas de iriconstitucionalidad podrían deri­var, en su caso, de una hipotética vulneración del prin'­cipio de legalidad si la 'ley habilitante nq precisa sufi­cientemente el alcance del reglamento, pero ningunaobjeción puede formularse a este precepto desde el pun-to de'vista del art.' 97C.E. .' ,

d) . A la misma conclusión cabe llegar respectp' alapartado b) de esteart. 26.1 que prevé la posibilidadde que sean los Organismos' autónomos de caráctercomerciat, industrial ofínanciero quienes, previa auto­rización del Ministerio del que dependan, directamentefijen o modifiquen la cuantla de los precios. Nada puedeobjetarse desde la perspectiva del arto 97 C.E. a queuna ley habilite expresamente a_un Organismo autónomopara fijar la cu~ntía de los precios públicos, prévia auto­rización de su respectivo Ministerio.

e) Los recurrentes impugnan la Disposición adicio­nal segunda -que autoriza el establecimiento~medianteReal Decreto de exacciones con finalidad exclusiva- deregular el precio de productos determinádos- remitién­dose en bloque a la misma argumentación alegada res­pe.cto. del anterior arto 26.1, sin exponer ninguna ale­gación' que pueda ser específicamente aplicable a estaDisposición.

La pretensión ejercitada en este punto no puede serestimada. Cualesquiera que sean las dudas que puedansurgir acerca de la na,turaleza jurídica de las exaccionesreguladoras de.precios, es lo cierto que tales exacciones

eran ya conocidas en nuestro ordenamiento con ante­rioridad (cfr. 4 de la 'Ley de 26 dé diciembre de 1958,

I de Tasas y Exacciones Parafiscales, de contenido seme­.jante a la Disposición ahora imp.ugnada, y los Decretosdictados a su amparo) y que su estructura y configuraciónpresenta diferencias sustanciales con la categoría delprecio público. La indicada diferencia entre ambas cate­gorías, que impide tr~sladar sic et simpliciter a las exac-

, ciones reguladoras de precios las razones alegadas con­tra los precios públicos,' y la aus~nciaen el escrito dedemanda de argumentow'específicos a propósito de lasmencionadas exacciones, impide ahora entrar a enjuiciary, en consecuencia, estimar la solicitud de los recu­rrentes.

7. En el segundo de los motivos de inconstitucio­nalidad articulado por los recurrentes se denuncia la vul­neración de los principios de legalidad y de publicidaddel arto 9.3 C.E. por parte. de los preceptos de la Leyde Tasas y Precios Públicos analizados en los funda­mentos precedentes:

a) Concretamente, respecto de la primera de lasinfracciones, alegan que la vulneración del principio delegalidad tributaria implica ,la ' infracción~ del p'rincipio .general de legalidad. Para los recurrentes, el principiode legalidad tributaria no sería más que una concrecióny especificación del principio genérjcode legalidad. Porello mismo la alegación, sin ningún nuevo argumento,relativa a este último precepto constitucional debe con­siderarse subsumida, en la ya resuelta en Jos fundamen­to.s precedentes relativos al principio de legalidad tri­butaria.

b) La infracción del principio de publicidad de lasnormas vendríaocasi-onada,' según los recurrentes, puesal ser despojado el precio público de la garantía de laley no tendría por qué ser publicado. '

Los recurrentes confunden el alcance de los principiosde legalidad tributaria y de publicidad de las normas,cuando en realidad el contenido de los mismos es dis­tinto. El segundo de los principios enunciados exige sola­mente ~n esencia que las normas, para serlo o parapoder producir efectos, sean convenientemente publi­cadas a través de los instrumentes legalmente' predis­puestos para ello. 'Ninguna consecuencia autónoma ydirectamente aplicable' a' los precios públicos puedededucirse de ese principio.

.8. En el tercero de los motivos de inconstituciona­lidad se impugna la Disposición adicional quinta de laLey de Tasas y Precios Públicos que bajo la rúbrica«Adaptación de la Ley Orgánica 1.1/1983», dispone: «Apartir de la entrada en vigor de la presente Ley, las tasas'académicas y demás derechos a que se refiere la letrab) del apartado 3 delart. 54 de la Ley Orgánica·11/1983,de 25 de agosto, de Reforma Universitaria~ tendrán laconsideración de precios públicos y seJtjarány régularánde acuerdo con lo establecido en el citado artículo)).Según los recurrentes, aunque podría decirse que el ran­go orgánico de la Ley 11/1983 no se extiende a loselementos esenciales de las tasas académi-cas, la rea­lidad es que la Disposi.ciónimpugnada transforma lanaturaleza de esas' tasas,· convirtiéndolas en greciospúblicos y 'extrayéndolas del principió de reserva legal;resulta evidente, en consecuencia, que la importanciade las tasas en la Ley de Reforma Universitaria determinasu cobertura por el rango orgánico ,que no puede sermodificado por una ley ordinaria.

Las alegaciones de los recurrentes no pueden serestimadas por los motivos expuestos' por el Abogadodel Estado. En diversas ocasiones ha declarado este Tri­bunal que sólo habrán de revestir la formade·ley orgánicaaquellas materias previstas de manera, expresa por el

50 Viernes' 12 enero 1996 BOE núm. 1,1. Suplemento

constituyent~,sin que e'l alcance de este ámbito materialpueda someterse a una interpretación extensiva: por lotanto, la reserva de ley orgánica no puede interpretarsede forma tal que cualqui.er materia ajena a dicha reservapor el hecho de estar incluida en una ley orgánica hayade gozar definitivamente de la resiste1fcia o fuerza pasivapropia de este tipo de norma y de la necesidad de unamayoría cualificada' para su ulterior modificación, ,puestal efecto puede y aun debe ser excluido por la mismaley orgánica, determinando cuáles son. ,propias de sunormativas y cuáles las dejadas'a la ley órdinaria, sinperjuicio de la última y 'definitiva interpretación de esteTribunal (SSTC 511981, fundamento jurídico 21y 160/1987, funda'mento jurídico 2.°). .

En el supuesto ahor!l contemplado, la Disposiciónfinal tercera de la Ley Orgánica, 11/1983, de 25 deagosto, de Reforma Universitaria, Disposición cuyo cé;lrác­ter orgánico.fueconfirmado por la' STC 26/1987, 'fun­damento jurídico' 15, atribuye el carácter de Ley Orgánicaa los preceptos que se contienen en los Títulos preli­minar, cuarto y octavo de' dicha Ley, así como a la propiaDisposición final tercer,a. Con la salvedad efectuada porla mencionada STC 26/1987, fundament9 jurídico 15,basta aquí considerar que el art. 54.3 b) de la ley .Orgá~

nica 11/1983 se encuentra ubicado en su Título sép­timo, ·del régimen económico y financiero de las Uni~versidades, para concluir que el precepto últimamentecitado carece de la naturaleza de ley orgánica y puedeser modificado por ley ordinaria.

,9. Finalmente, en el cuarto de los rpntivosde. incons­titucionalidad se denuncia, la infracción del principio deseguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad conviolación del art. 9.3 C.E.; vicio que se p'redica en bloquede Ipsarts. 24 a 27 de la Ley. Tras efectuar algunasprecisiones sobre el principio de seguridad jurídica, los ­recurrentes concretan su argumentación por Jefer~nciaa dos cuestiones: la dificultad de diferenciar entre tasay precio público, de un lado, y las normas para la deter~

minación de la cuantía de otro.Ante todo, es precisQ delimitar el alcance del recurso

en este punto; si bien los recurrentes dicen impugnarlos arts. 24 a 27 de la Ley, es lo cierto que las alegacionespresentadas se ciñen al contenido de los arts. 24 y 25:ningún argumento se ha expuesto en este epígrafe queinduzca a dudar de la constitucionalidad de los arts. 26y 27, por Jo que nuestro análisis debe limitarse.a loscitados arts. 24 y 25:

a) Pues bien, respecto a la .creación en el arto 24L.T.P.P. de la figura de los precios públicos, desdoblandoel contenido ,de Jo que antes eran sólo tasas, ya se hadicho con anterioridad,que esta es una decisión quepertenece al ámbito de lalibr.e·disposición del.legisladorya que ningún precepto constitucional le obliga,a man­tener las' categorías de. ingresos preexistentes..Ningúnreproche puede bacérsele desde.la,perspectiva del juiciode constitucionalidad. .'

En cuanto a 'los 'criterios materiales utilizados paradistinguirla figura de las tasas de ,la de los precios -lautilización privativa o. el aprovechamiento especial deldominio público, los servicios' públicos postales y elcarácter obligatorio y de mono'polio de los servicios yactividades administrativos- podrán ser discutidos des­de el punto de vista técnico y podrá debatirse la cohe~

rencia de las categorías y d,el sistema resultante de suaplicación, pero, aunque puedan existir criterios formalesde clasificación, de aplicaciórimás objetiva, en modoalguno puede considerarse que las figuras establecidas,individualmente consideradas, ofrezcan a los Ciudadanosunos contornos tan desdibujados que les prive de certezarespecto de los supuestos en los que serán de aplicación'y 105 efectos que producirán.' ,

"Es cierto que, como sabemos, los criterios utilizadospor la Ley de Tasas y Precios Públicos para definir losprecios públicos no resultan adecuados para configuraruna categoría unitaria desde la perspectiva del art. 31.3C.E. y que una parte de los supuestos incluidos en,ellaconstituyen 'prestaciones patrimoniales de carácter públi­co. Pero esta constatación no significa que como cat&goría de ingresos públicos conculque por sí mismo elprincip,io d~ seguridad jurídic~.

b) Lo mismo cabe decir respecto del arto 25.1L.T.P.P. Desde el punto de vista de la seguridad jurídicaningún reptoche -merece el hecho de que para deter­minar la cuantía de 105 precios públicos' se utilicen cri­terios como la cobertura de 105 costes económicos, lautilidad de 105 servicios, el vator de mercado 'o, en lospermisos y concesiones de' minas e hidrocarburos, lasuperficie objeto del derecho. El legislador persigue quelos, beneficiarios de 105 bienes, servicios o actividadessean quienes financien la utilización de los mismos, evi­tando de esta manera la financiación por 105 restantesmiembros de la colectividad. La finalidad es constitu­cion~lmente legítima, los criterios son suficientementeclaros yel alegado desiilamielalo del precio público haciauna imposición sobre rendimientos que, a decir de losrecurrentes, algunos de esos criterios pudieran producir,además de ser' más hipotético que real, ni résultá pro­bado ni,' de serlo,' por sí solo bastaría para determinarla inconstitucionalidad del precepto.

c) Por ultimo, la alegación de que la creación de105 precios púb.licos conculca el principio d(3 interdicciónde la arbitrariedad puesto que cOn ella se pretende eludirla aplicación de los principios de seguridad, legalidady publicidad, debe entenderse, al margen de juicios deintencionalidad que no caben en 'este proceso consti­tucional, subsumida' en las alegaciones relativas a esosúltimos principios y, en consecuencia, puede responder­se a la misma mediante la simple remisión a lo dichoen los anteriores fundamentos jurídicos.

10. Finalmente, antes de pronunciar el fallo deinconstitucionalidad parcial a que conduce nuestro razo­namiento, es preciso. determinar cuáles son el alcancey efecto que -corresponde atribuirle y, en tal sentido,han de considerarse situaciones consolidadas no sus­ceptibles de ser revisadas con fundamento en esta Sen­tencia, no sólo aquellas que hayan sido definitivamentedecididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosajuzgada (art. 40. 1 LOTC), sino también, por exigenciasdel principio de seguridad jurídica (art. 9.3 e.E.), todasaquellas otras que hubieran sido consentidas a la fechade la publicación de esta Sentencia.

• I

FALLO

En atención a todo lo. expuesto, el Tribunal Cons­titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCiÓNDE LA NACiÓN, ESPAÑOLA.

Ha decidido

Estimar parcialmente el presente recurso de incons­titucionalidad y en su virtud declarar:

1.° La inconstitucionalidad de la letra a) del art. 24.1de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y PreciosPúblicos.,

2.° La inconstitucionalidad de la letra b) del art 24.1de la Ley 811989, de 13 de abril, de Tasas y PreciosPúblicos.

3.° La inconstitucionalidad de 105 incisos de la letrac) de este mismo precepto. «al,guna de» y «susceptiblesde ,ser (...) por no implicar intervención en la actuación

BQE núm.: 11. Suplemento Viernes 12. enero 1996 51

de los particulares o cualquier otra mQntfestación deautoridad, 'o bien por no tratarse de servicios en 16s queesté declarada lá reserva a favor del sector público con­forme ala normativa yigente)).

4.° Que el resto de la letra c) del arto 24.1 n.o esinconstitucional, siempre que se interprete la letra b)del arto 24.2 en el sentido contenido en el fundamento

,jurídico 4.° c) penúltimo párrafo de esta Sentencia.. 5.° Desestimar el recurso en todo lo demás.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial delEstado)).

, .Dada en Madrid, a catorce de diciembre de mil nove­

cientos noventáy cinco........Alvaro Rodríguez Bereijo.-JoséGabaldón López.-Fernando García-Mon y González-Re­gueral.-Vicente Gimeno Sendra.-Rafael de MendizábalAllende.-Julio Diego Gorízález Campos.-Pedro CruzVillalón.,.....Carles Viver Pi-Sunyer.-Enrique Ruiz Vadi­1I0.-Manuel Jiménel de Parga y Cabrera...;....Javier Del­gado B~rrio......Tomás S. Vives An~ón.-Rubricado.

749 Sala Segunda. Sentencia 186/1995, de14 de diciembre de 1995. Recurso de alflparo1.615/1993.,Contra SentenCia de la· Audien-

- cia ProVincial de Burgos revocatoria ,de la deinstancia que apreció de oficio inadecuaciónde procedimiento. Supuesta vulneración delderecho a la tutela judicial efectiva:, interpre­tación de normas procesales no lesivas delderecho. Voto particular.

La Sala Segunda del T'ribunal Constitucional, com- ,puesta por don José Gabaldón López, Presidente; donFernando García-Mon y González-Regueral, don Rafaelde Mendizábal Allende, don Julio Diego González Cam­pos, don Caries Viver Pi-Sunyer y don Tomás S. VivesAntón, Magistrados, h~ pronunciado .

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En eJ recurso de amparo 1.615/93 interpuesto pordon Isaías Pa~cual Santamaría y doña Petra· Gonzálezde Pedro, a quienes representa.el Pr~curador,de los Tri­bunales don José Manuel VillasanteGarcía con la asis­tencia del Letrado don Miguel Angel Andrés Martínez;contra la' 'Sentencia que eLZ2 de abril de 1993 dictóla Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Burgos.Ha intervenidpel Ministerio Fiscal y ,ha sido Ponenteel Magistrado don Rafael de Mendizábal, Allende, quienexpresa el parecer de la Sala. '

1. Antecedentes

1. Don lsaías Pascual SantaQlaría y doña Petra Gon­zález de Pedro, en escrito registrado en este Tribunalel 20 de mayo de 1993, interpusieron el recurso deamparo de que' se hace mérito en el encabezamiento,donde se dice que su hija sufrió un accidente de cir­culación a causa del cual falleció. Como únicos herederosde la fallecida, promovieron juicio de menor cuantía recla­mando el capital de tres millones de pesetas previstopara el casQ de ,muerte por el seguro de ocupantes.En la demanda alegaban también la nulidad" de ciertorecibcrfiniquito que ~I padre...h'abía firmado al recibir elimporte de la indemnización correspondiente al valor

del vehículo siniestrado, por entrañar una renuncia, obte­nida mediante dolo, a exigir laindemnizadón o' capitalcorrespondiente al seguro, de ocupantes por la muertede la hija.' El Juez de Primera Instancia de Sala de los

\ Infantes. dictó el1 de octubre de 1992 Sentencia deses­timando la demanda, al considerar válida la 'renunciaformulada en el referido finiq~ito y, por tpnto, extinguidala acción para reclamar el capital asegurado para el casode muerte por el citado' seguro de ocupantes. ApelaronJa mencionada Sentencia' y la Sección Segunda de laAudiencia Provincial de Burgos dictó otra el 22 de abril'de 1993, notificada el 25 de mayo, revocando la deinst~ncia y, apreciando de oficio la inadecuación del pro­,cedimiento, dejó imprejuzgada la cuestión de. fondo,absolviendo en I~ instancia ala aseguradora demandada,al estimar que la pretensión debía haberse ventilado porlos trámites del juicio verbal, de conformidad con la Dis­posición adicional primera de la Ley Orgánica 3/1989,de 21 de junio.

En la demanda de amparo denuncian vulneración desus derechos a la 'tOtela judicial efectiva y a un procesopúblico sin dilaciones indebidas '(art. 24 C.E,), que impu­tan a 'la Audiencia, Provincial por haber apreciado impro­cedentemente la inadecuación de procedimiento, obli­gándoles a promover un nuevo e innecesario procesojudicial para ejercitar la misma pretensión, con la con-­siderable demora en el tiempo y el considerable incre­mento de gastos que ello comporta.

Concluyen la dem,anda con la soli'citud de que, otor­gandoel amparo, sea declarada la nulidad de la Sen­tencia de la Audiencia Provincial dé Burgos y se ordene

- ,a dicho Tribunal. que, previa celebración de vista; dicteotra nueva abordando el fondo ,litigioso. También inte­resaron que, durante la tramitación del recurso de ampa­ro,fuer~ deja,ja en. suspenso la ejecución' de la tasaciónde costas que, en su 'caso, pudiera ser practicada porel Juez de Primera Instancia de Salas de los Infantes.

2. La Sección Cuarta, en providencia, de 2 denoviembre de 1993,' acordó admitir a trámite el recursoy tener por parte al Procurador comparecido en nombrede los recurrentesy, de conformidad con el arto 51 LOTC,.requerir' al Juzgado de Primera Instancia de Salas delos Infantes ya la Sección SegUnda de la AudienciaProvincial de Burgos 'para' que remitiesen. testimonio delos autos del juicio de menor cuantía 40/92 y del rollode apelación 480/92, interesando del primero el empla-

o zamiento de. cuantos fueron parte en el proceso judicial,, con .excepción de los recurrentes, para que pudieranco":,pareger en este proceso 'constitu~iohal en el plazode diez dlas. '

En otraprovidenciasimultánea~la.'Sección tambiénacordÓquese'formara piez~,separada'Yco;ncedió(,l, losdemandantes y al. Fi'scal ün~plazodetresdías para quepudieran alegar c-uantoestimaséh· conveniente sobre lasuspensión solicitada. Evacuado el trámite por las partesmediante escritos presentados los días 8 y 12 de noviem­bre, la Sala Segunda, en Auto de 13 d~dicif:lmbre,dene~gó la suspensión solicitada.

Recibidas las actuaciónes reclamadas, en providenciade 10 de enero de 1994, la Sección Cuarta acusó reciboy dio vista de las mismas a las partes para·· que, porplazo común de veinte días, pudieran formular las ale­gaciones que tuvieran a bien.

3. Los demandantes de amparo, en escrito regis­trado el 2 de febrero, formularon sus alegaciones enI.as que, tras dar por reproducido. el contenido. de lademanda, reiteran· su petición de amparo. Estiman quela Audiencia no sólo interpretó erróneamente el alcance

,de la Disposición adicional primera de I~Ley Orgánica3/1989, ya que en el proceso lo que se discutía noera una acción de- resarcimiento de daños sino una