¿Qué se está discutiendo en Nueva York? Pulicado por Sandra Chaher | Publicado el 6 marzo, 2013 Ayer empezó en Nueva York la 57ª Sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas. Luego de que la 56ª sesión terminara muy mal por la presión de los países conservadores, esta reunión focalizará en la violencia contra las mujeres como tema prioritario. Las organizaciones de mujeres piden no retroceder en relación a los tratados internacionales aprobados por la ONU –algo que estuvo en riesgo hace un año-, promover medidas más efectivas para erradicar la violencia de género y, lograr que en el debate sobre la agenda de desarrollo posterior al 2015, la violencia contra las mujeres tenga un rol destacado. COMUNICAR IGUALDAD- Desde ayer están reunidas en Nueva York, en el marco de la 57ª Sesión de la Comisión sobre la Condición de la Mujer de las Naciones Unidas (CSW), personas que representan a 46 gobiernos de todo el mundo, entre ellos Argentina. Durante el evento – que se desarrolla hasta el 15 de marzo y que es presidido por Michelle Bachelet, directora ejecutiva de ONU Mujeres- se escucharán testimonios de mujeres víctimas de violencia y la experiencia de diferentes países en el tratamiento del tema, y se concluirá con la elaboración de un documento que tiene como finalidad contribuir a iluminar el mejor camino para erradicar la violencia hacia las mujeres y las niñas (VMN) en el presente y futuro.

La CSW es el principal órgano normativo global dedicado exclusivamente a la igualdad de género y el avance de las mujeres, y su mandato es asegurar la implementación de los acuerdos internacionales existentes sobre el tema. Si bien el eje formal de este año está puesto en la VMN, los debates tendrán que ver con cómo hacer que las normativas y acuerdos existentes a nivel local, regional e internacional sean de efectivo cumplimiento; cómo no retroceder sobre lo logrado –algo que estuvo en juego la 56ª sesión-; y lograr que el documento final marque la

necesidad de que la VMN sea un tema central en la agenda del desarrollo que se delineará con posterioridad al 2015, cuando se evalué el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La presión fundamentalista La 56ª sesión de la CSW, en marzo del 2012, no tuvo un buen final. Luego de la misma, organizaciones de mujeres de todo el mundo se quejaron de que debido a la presión de los gobiernos conservadores, la misma falló a favor de salvaguardar los “valores tradicionales” a expensas de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. La propuesta que hicieron estos sectores era reabrir los tratados internacionales que protegen los derechos humanos de las mujeres y ponerlos en discusión. En un documento llamado Di No A Salvaguardar Los “valores Tradicionales” Por Encima De Los Derechos Humanos De Las Mujeres, las organizaciones señalaron que “los gobiernos de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas (ONU) han aceptado que „los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales‟ tal como fueron adoptados en 1993 por la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos en Viena. Los gobiernos no deben condonar ningún argumento religioso, cultural o sobre la tradición que nieguen los derechos humanos y libertades fundamentales de cualquier persona. (…) Los estados no pueden contradecir la Carta de la ONU promulgando o imponiendo leyes discriminatorias directamente o través de cortes religiosas, ni pueden permitir a ningún otro actor privado o grupo imponer su agenda religiosa fundamentalista en violación a la Carta de la ONU”. Violencia contra mujeres y niñas Aparte de evitar que este escenario se repita –y que nuevamente no se logre un acuerdo en las conclusiones finales- la 57ª sesión tiene como meta una reflexión profunda sobre la VMN, logrando se avance en la implementación concreta de medidas en cada país y a nivel regional y global. Si bien existen tratados internacionales y regionales sobre el tema, y muchos países vienen trabajando en el tema, aún no es suficiente. Un grupo de 80 organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe elaboraron un documento, que será insumo para el trabajo de Nueva York, en el que señalan que “pocos países en la región han introducido legislación para prevenir y penalizar todas las formas de violencia experimentadas en el ámbito público y privado, según lo establecido en la Convención. Algunos países ahora cuentan con leyes que abordan la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN) en todos los ámbitos, como Argentina con la aprobación d la Ley 26.485 en 2009, aunque todavía presenta muchas limitaciones. Otros países que también ratificaron la Convención cuentan con legislación que aborda la VCMN solo en el ámbito doméstico como es el caso en Brasil, Chile y Uruguay. Otro obstáculo es que en algunos países el derecho penal en relación a los delitos sexuales estipula como motivo de absolución la pasión causada por el adulterio, otorgándole al juez la facultad de exonerar a un acusado por “la pasión provocada por el adulterio”. Al mismo tiempo, algunos países no

penalizan ciertas agresiones contra la integridad sexual, como la violación marital y el acoso sexual”. En el documento –que fue coordinado por Mabel Bianco, presidenta de Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), de Argentina- se sugieren casi 50 recomendaciones para mejorar las políticas públicas tendientes a erradicar la VMN en todos los ámbitos y modalidades, que se focalizan en mejorar la evidencia de las diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas, de tal forma de que sea posible el diseño de políticas públicas con sustento y efecto; reformar la legislación para asegurar que las leyes nacionales aborden la VMN en concordancia con los tratados internacionales; mejorar el acceso a servicios de justicia y salud, libre de prejuicios, estigma y discriminación basada en el género, la raza, el grupo étnico, la orientación sexual, la condición socioeconómica o cualquier otro fundamento; desarrollar e implementar medidas integrales de prevención de la VMN; y fortalecer las respuestas multisectoriales que involucren activa y significativamente a todos los sectores que trabajan en el tema. A su vez, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), integrado por organizaciones y mujeres feministas en 15 países de la región, elaboraron un documento propio, focalizado en la necesidad de mejorar el acceso a la justicia, en el que señalan que si bien el derecho de acceso a la justicia está reconocido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos así como en las constituciones de los países de América Latina y el Caribe, “las mujeres víctimas de violencia continúan enfrentando dificultades para su ejercicio, tales como la falta de leyes integrales, la pervivencia de prácticas discriminatorias en la interpretación de la ley, la ausencia de coordinación interinstitucional que facilite los procedimientos de denuncia e investigación, la falta de sanción a los responsables, la reparación del daño y la prevención de la impunidad, así como también los escasos servicios que atiendan a las mujeres para reponerse de la violencia, como la asesoría jurídica, psicológica o la atención médica. Obstáculos que se recrudecen a la luz de las intersecciones entre género, raza, etnia, edad, opción sexual y otras”.

Defensoras de derechos humanos Un tema vinculado a la violencia contra las mujeres y que también estará en debate en la 57ª sesión es la situación de las defensoras de derechos humanos de las mujeres y las niñas, cada vez más amenazadas en todos los países. Se trata de las personas que dentro o fuera de las instituciones trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres y de género y que en los últimos años fueron víctimas de feminicidios, amenazas, intimidaciones, secuestros, violencia sexual y tortura en diferentes países tanto por el hecho de ser mujeres como por defender los derechos de otras mujeres y de personas con identidades sexuales diversas y discriminadas. La Coalición Internacional De Mujeres Defensoras De Derechos Humanos también presentó un documento con vistas a la realización de la 57ª sesión de la CSW en el que manifiesta sus preocupaciones: falta de medidas de protección efectivas y específicas de género debido a la escasa implementación, voluntad política o sensibilidad de género en los diferentes países; falta de voluntad política de las autoridades gubernamentales, incluyendo la policía, para desarrollar o implementar políticas o prácticas estatales para la protección de las defensoras de derechos humanos; y falta de reconocimiento por parte del funcionariado del rol de sectores como la familia, miembros de la comunidad, grupos paramilitares y grupos extremistas como autores de la violación de los derechos de las defensoras. En diciembre del 2010 fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas el tercer informe de la Relatora Especial

sobre la situación de los defensores de derechos humanos, en el que señalaba que “las defensoras corren mayor riesgo de sufrir determinados tipos de violencia y otras violaciones, perjuicios y formas de exclusión y rechazo que sus colegas varones. Ello suele deberse a que se considera que las defensoras cuestionan unas normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos aceptados acerca de la femineidad, la orientación sexual y el papel y la condición de la mujer en la sociedad”. La situación de estas defensoras empeora cuando actúan en situaciones de conflictos armados y éstas se presentan en todos los continentes. Entre los hallazgos más importantes del informe se mencionan 39 comunicaciones sobre asesinatos y 35 sobre intentos de asesinato; el hecho de que más de la mitad de las comunicaciones relativas a amenazas de muerte se refería a defensoras que

trabajan en las Américas, con especial énfasis en Colombia, México, Guatemala, Brasil, Honduras y Perú; la situación de riesgo particular de las sindicalistas y defensoras de los derechos laborales, las activistas por los derechos de las personas indígenas y las que actúan en las esferas del medio ambiente y de los derechos a la tierra; y las situaciones de violencia contra activistas de movimientos GLTBB, desde asuntos de carácter judicial (arrestos, acoso judicial, detenciones administrativas, etc.) hasta atentados contra la libertad de reunión o asociación, así como asesinatos, violación y otros tipos de violencia sexual, ataques físicos y vinculados al estigma. Post 2015 En el año 2015 se evaluará el avance o no de cada país y región en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), acordados en el marco de la ONU en el 2000 y que marcaron la agenda de desarrollo durante la primera década de este siglo. De cara a ese proceso global, una de las expectativas de las organizaciones de mujeres y de género en relación con la 57ª sesión de la CSW es que el documento final señale que la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas debe ser una prioridad para el logro del desarrollo sostenible, la paz y la seguridad, los derechos humanos, el crecimiento económico y la cohesión social, y que también recomiende que la eliminación de este tipo de violencia quede reflejada como un área prioritaria en el marco de desarrollo posterior a 2015.