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Expediente N° 110-2014Sentencia N° 273-2014

Voto N° 326-2014

Sentencia N° 273-2014. Tribunal Aduanero Nacional. San José, a las diez horas del día siete de agosto del dos mil catorce.

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el agente aduanero xxx de la Agencia de Aduanas xxx S.A, en representación del importador xxx de Costa Rica S.A, contra el ajuste realizado en el despacho al Documento Único Aduanero (en adelante DUA) 005-2014-xxx del 08 de enero de 2014 de la Aduana Santamaría.

RESULTANDO:

I.- Con DUA 005-2014-xxx del 08 de enero de 2014 de la Aduana Santamaría,

la empresa xxx de Costa Rica S.A representada por su agente de aduana xxx

de la Agencia de Aduanas xxx S.A (en adelante xxx S.A), presentó a despacho

522 bultos de mercancía variada. Las mercancías ingresaron al amparo del

Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua (en

adelante el Tratado o TLC) (folios 98-162) .

II.- Que la Aduana Santamaría durante el proceso de revisión documental,

denegó el trato arancelario preferencial debido a que el certificado de origen

presentado no correspondía al formato vigente negociado por las Partes. Ese

acto le es notificado al agente de aduana por medio del sistema informático el

15 de enero de 2014, generando un adeudo que asciende a ¢8.516.811,05

(folio 118).

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Zapote, 200 metros al oeste de la Casa Presidencial, edificio Mira.Tel: +506 2539-6831 - www.hacienda.go.cr

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Voto N° 326-2014

III.- El señor xxx en su condición indicada, interpuso el día 22 de enero de 2014

los recursos ordinarios, esgrimiendo en esencia lo siguiente (folios 01-04):

Que interpone incidente de nulidad absoluta por adolecer el acto administrativo

de motivación, al citar normativa que no tiene relación con el tema que se

discute y que lejos de informar tiende a confundir.

En el párrafo 4 se menciona que se desaplica la preferencia a las líneas 4 a la

36, y en el párrafo 5 se incluye también la línea 3.

En la notificación se indica “se procede a denegar el trato arancelario

preferencial, al determinar que el certificado de origen presentado no es válido

por presentar diferentes inconsistencias con relación al certificado valido

acordado por las partes a saber”, pero solo nos indican una supuesta falencia,

las otras inconsistencias no las mencionan.

Que existe una diferencia entre el adeudo que indica la Aduana por

¢8.516.811,05 y el desglose que indica de los impuestos, cuya suma asciende

a ¢69.137.733,08.

Todas las omisiones apuntadas, causan nulidad absoluta, constituyendo esas

falencias violación a los derechos constitucionales al debido proceso y defensa

del administrado.

Solicitan con fundamento en el artículo 100 de la Ley General de Aduanas,

autorizar el levante con garantía y presentan para ello garantía por la suma de

¢10.500.000.

V.- Con resolución RES-AS-DN-664-2014 de fecha 14 de febrero de 2014, la

Aduana conoce y resuelve sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto,

confirma la resolución recurrida, tramita el recurso de apelación y emplaza al

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Voto N° 326-2014

recurrente para que dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la

notificación de la resolución reitere o amplíe los argumentos de su pretensión

ante este Tribunal. Esta resolución fue notificada el 21 de febrero del 2014

(folios 83-96).

VI.- No consta en expediente documento alguno que pueda ser considerado el

apersonamiento del recurrente ante este Tribunal (folio 164).

VII.- Que en las presentes diligencias se han respetado las formalidades legales

en la tramitación del recurso de apelación.

Redacta el Máster, Licenciado Dick Rafael Reyes Vargas; y,

CONSIDERANDO:

I.- Objeto de la Litis. En el presente asunto se discute si procede aplicar o no

el certificado de origen transmitido, para acceder al trato arancelario

preferencial regulado por el Tratado, a las mercancías amparadas al DUA 005-

2014-0xxx del 08 de enero de 2014 de la Aduana Santamaría, por cuanto la

Aduana determinó que el certificado transmitido no es válido, al ser expedido en

un formato distinto al establecido por las Partes. Como consecuencia de lo

anterior, se modificó y notificó la obligación tributaria aduanera declarada

generando una diferencia de tributos a favor del Fisco por la suma de

¢8.516.811,05.

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II.- Admisibilidad del recurso de apelación. Que de previo, se avoca este

Órgano al estudio de admisibilidad del presente recurso de apelación conforme

con lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley General de Aduanas, para

determinar si se cumple con los presupuestos procesales de validez del

procedimiento administrativo. En tal sentido dispone el citado artículo que

contra la resolución dictada por la Aduana, incluyendo el resultado de la

determinación tributaria, cabe recurso de reconsideración y apelación ante este

Tribunal, el cual debe interponerse dentro de los quince días siguientes a la

notificación. Así las cosas, siendo en el caso el ajuste en el despacho a la

Declaración Aduanera indicada, el acto que se impugna, fue notificado al

interesado el día 15 de enero del 2014 (folio 118) mediante transmisión

electrónica y el recurso de apelación fue interpuesto el 22 enero del 2014,

conforme se observa a folio 01 del expediente administrativo, por lo que se

tiene por demostrado que el mismo fue presentado dentro de los quince días

hábiles que establece la ley, cumpliéndose el requisito de admisibilidad.

Asimismo, en cuanto a la capacidad procesal del recurrente, consta en autos a

folio 162 la acreditación del recurrente, por lo cual se admite el mismo para su

resolución.

III.- Sobre las Nulidades: Estima este Tribunal, como contralor de legalidad, que

en primer término debe avocarse a revisar la actuación administrativa,

determinando si en la especie se han violentado los principios procesales

esenciales que todo acto administrativo debe salvaguardar en aplicación del

principio de legalidad y del derecho del administrado a un debido proceso,

pronunciándose sobre la existencia o no de nulidades del acto administrativo,

debiendo este último ser dictado de conformidad con el ordenamiento jurídico, tanto

en sus elementos esenciales como formales, puesto que lo contrario puede generar

vicios que afecten su validez, en razón de lo cual procede este Colegiado al estudio

de los supuestos vicios que pudieren existir en el caso. En línea con lo indicado

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debe tenerse presente según lo ha venido señalando en forma reiterada la

jurisprudencia de la Sala Constitucional, que no se trata de declarar la nulidad por

la nulidad misma, si no que antes de anular debe evaluarse y considerarse si en el

caso concreto, existen errores procedimentales y si ese error en efecto causó o no

indefensión al interesado, y sólo si de verdad se configuró la indefensión debe

anularse, de lo contrario deben de mantenerse las actuaciones.

En el recurso presentado por el recurrente ante este Tribunal, expresamente

argumenta la existencia de nulidad por considerar que el acto de reajuste de la

obligación tributaria aduanera adolece de motivación, irregularidad que no ha

detectado este Tribunal, por cuanto de la revisión de los autos, se extrae que la

Administración durante el proceso de verificación documental, mediante la

notificación N° 61647 le brindo al interesado los argumentos de hecho y de derecho

sobre los cuales sustentaba su decisión, indicando en ese acto los artículos del

Tratado y de la Ley General de Aduanas (en adelante LGA) que le facultaban para

emitir ese acto. Adicionalmente le informó que la desaplicación procedía por existir

diferencias en cuanto al formato que presentaba el certificado transmitido y el

autorizado por las Partes que suscribieron el Tratado, información más que

suficiente para que se conocieran las razones tomadas en cuenta por la

Administración, y con base en ellas el interesado ejercitara plenamente el derecho

de defensa que le asiste.

Hace ver este Tribunal, que las razones apuntadas por el recurrente en su escrito,

resultan insuficientes para decretar la nulidad de lo actuado por la Aduana, tal y

como se observa a continuación:

Sobre el artículo 319 del Reglamento a la Ley General de Aduanas (en adelante

RLGA): señala el señor xxx, que el artículo 319 RLGA no tiene relación con el

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tema que se discute, y que el hecho de consignarlo en la notificación lejos de

aclarar tiende a confundir.

Discrepa este Colegiado de tal apreciación, pues el numeral referido en su

último párrafo señala “…Cuando se solicite un trato preferencial sobre

mercancías incluidas en un programa de desgravación arancelaria o en un

convenio internacional que imponga la obligación de la presentación o

transmisión electrónica de un documento que acredite el origen de las

mercancías, la declaración deberá ampararse en ese documento en las

condiciones que establezcan las normas que lo regulan”, el uso de este numeral

se encuentra totalmente justificado en el ajuste realizado, pues

reglamentariamente se ratifica que el certificado de origen demuestra el origen

de las mercancías y que el mismo debe ser conforme con la normativa que

regula el Tratado, no generando ello ningún tipo de indefensión al interesado.

Sobre los errores en la notificación : estima el señor agente aduanero que la

notificación del ajuste efectuado al DUA de marras, contiene dos irregularidades,

en primer término, señala que el hecho de consignarse en el párrafo 4 que se

desaplica la preferencia a las líneas 4 a la 36, y luego incluir en el párrafo 5 que

también se reajusta la línea 3, constituye un vicio que provoca nulidad de lo

actuado. Aunado a ello apunta que no existe coincidencia entre el adeudo

notificado y el desglose que se indica del mismo.

Para este Órgano, las inconsistencias antes indicadas, no provocan la nulidad

absoluta, por cuanto nos encontramos frente a simples errores materiales1, que

11 Sobre este tipo de error ha señalado la Procuraduría General de la República: “…Como se ha dejado ver claramente de ese pronunciamiento, el

error de hecho, material o aritmético es aquel que puede ser detectado con facilidad, tanto por la Administración como por el administrado, y en tales

términos, ambas partes están conscientes jurídicamente de que esa irregularidad debe enmendarse sin tener que recurrirse a ninguna solución

compleja de los primeros supuestos arriba analizados. Es decir, como se explica en la citada doctrina, es una situación que no admite opinión ni criterio

alguno, y ni siquiera permite una valoración del ordenamiento jurídico, ya que, la circunstancia dada al dictarse un determinado acto constituye un

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no invalidan la decisión de la Aduana, pues el agente aduanero como

profesional en la materia, conoce que la desaplicación del beneficio arancelario

aplica para todas las mercancías amparadas al certificado de origen

cuestionado, así que omitir indicar la línea 3 en el párrafo 4, no le genera al

administrado ningún tipo de indefensión ni constituye ello una formalidad

sustancial del procedimiento.

Por otra parte, la no coincidencia entre el adeudo notificado y el desglose del

mismo, si bien existe un evidente error en el desglose que se consignó, éste no

genera indefensión al administrado, pues el adeudo se le informó correctamente

tanto en la notificación N° 61647 como propiamente en la notificación de la

reliquidación visible a folio 117. Aunado a ello el agente aduanero,

concomitante con la interposición de los recursos, solicitó el levante con garantía

y aportó el documento N° 600075654 por la suma de ¢10.500.000, reconociendo

así que conocía el quantum del adeudo.

En síntesis, lleva razón el recurrente al señalar la presencia de errores en el acto

emitido por la Aduana, sin embargo los mismos resultan de poca monta, no

provocando desde ningún punto de vista la nulidad de lo actuado, por cuanto los

mismos no han impedido el pleno ejercicio del derecho de defensa de parte del

interesado, quien conoció y entendió la modificación realizada y las razones que

lo motivaron, y a partir de ellas acudió a la fase recursiva para externar su

verdadero yerro que debe corregirse . De manera que, lo ocurrido en esas condiciones y características, hace que, lo que debe rectificarse como real

error, no ocasiona ningún perjuicio grave al administrado, ni menos, le deriva la imposición de obligaciones, o bien, le suprime o deniega derechos

subjetivos, o le cause cualquier otra forma de lesión grave y directa a sus derechos legítimos; así como tampoco puede darse una contradicción o

concurso de intereses frente a la Administración, como podría suceder, en tratándose de las hipótesis que para los procedimientos administrativos

establece el Título Sexto, Capítulo I de la Ley General de la Administración Pública. En todo caso, y así lo ha subrayado la Sala Constitucional de

consulta, "…el error no crea derecho"…” (Criterio C-135-2000, del 15/6/2000).

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inconformidad con el ajuste efectuado, por ende, no se configuran en este caso

los presupuestos exigidos en el artículo 223 de la Ley General de la

Administración Pública para decretar la nulidad absoluta pretendida.

Los restantes argumentos expuestos por el interesado, guardan relación con

aspectos ligados a los elementos de hecho y derecho tomados en consideración

por el A Quo, así como el cumplimiento del debido proceso seguido por la

Administración Aduanera, razón por la cual no se entrarán a conocer en este

apartado, debiendo estarse a los fundamentos que se brindarán de seguido.

IV.- Hechos probados. De interés para la resolución del presente asunto se

tienen por demostrados los siguientes hechos:

1) Con DUA 005-2014-xxx del 08 de enero de 2014 de la Aduana

Santamaría, el agente aduanero de xxx S.A xxx, en representación del

importador xxx de Costa Rica S.A, presentó a despacho 522 bultos de

mercancía variada, solicitando la aplicación del Tratado para las líneas 03

a 36 (folios 98-162).

2) Que el certificado de origen transmitido bajo el código 0136 al Sistema

Tic@ con el DUA de cita, fue emitido por PS Exportadora Latinoamericana

S.A de C.V, y corresponde a la imagen cuya impresión observamos en el

folio 134, el cual indica “TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LAS REPUBLICAS DE COSTA

RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS Y NICARAGUA

CERTIFICADO DE ORIGEN”. Dicho documento señala en su casilla 4:

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“Nombre y domicilio del importador:

xxx DE COSTA RICA S.A

OFICINA CENTRAL FRENTE AL xxx, ZAPOTE, SAN JOSE, COSTA

RICA

TEL: (506) 2283 xxx fax: (506) 2280xxx

Número de Registro: 3-101-xxx18”.

3) Que al DUA 005-2014-xxx le correspondió revisión documental, y durante

ese proceso le es notificado el 15 de enero de 2014, al Agente de Aduana

por medio del sistema informático que se denegó el trato arancelario

preferencial debido a que el Certificado de Origen presentado no

correspondía al formato negociado por las Partes, indicando la Aduana, lo

siguiente: “…SE PROCEDE A DENEGAR EL TRATO ARANCELARIO

PREFERENCIAL, AL DETERMINAR QUE EL CERTIFICADO DE ORIGEN

PRESENTADO NO ES VALIDO POR PRESENTAR DIFERENTES

INCONSISTENCIAS CON RELACION AL CERTIFICADO VALIDO ACORDADO

POR LAS PARTES A SABER (…) SE OBVIA LA PALABRA Fiscal.

AL REALIZAR LA MODIFICACIÓN EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA TICA, A

LA LINEA DEL PRESENTE DUA ANTES MENCIONADA, SE GENERA UNA

DIFERENCIA DE IMPUESTOS A FAVOR DEL FISCO POR UN MONTO DE

8516811.05…” (folio 118).

IV.- Sobre el Fondo: En el presente asunto se discute la aplicación del

Certificado de Origen para acceder al trato arancelario preferencial regulado por

el Tratado, a las mercancías amparadas al DUA 005-2014-xxx del 08 de enero

de 2014 de la Aduana Santamaría, por cuanto la Aduana determinó que al

momento del despacho se presentó un certificado de origen no válido, al ser 9

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expedido en un formato distinto al establecido por las Partes, por ello

analizaremos de seguido si dicho acto se ajusta o no a la normativa vigente.

Se debe recordar que en términos generales un tratado de libre comercio es un

acuerdo de política exterior bilateral o multilateral, mediante el cual los países

establecen reglas comunes para normar la relación comercial entre ellos, con el

fin de consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar barreras

arancelarias y no arancelarias. En ese sentido tenemos que el Tratado, la

Decisión 1 de la Comisión Administradora del Tratado implementada mediante

Decreto Ejecutivo 37755-COMEX, y la resolución DGA-145-2013 del 22 de

mayo del 2013, emitida por la Dirección General de Aduanas, establecen las

disposiciones normativas con base en las cuales debe resolverse el presente

asunto, teniendo presente que en esta materia, el beneficio arancelario

preferencial correspondiente deberá otorgarse y sujetarse a los alcances y

limitaciones establecidos por las Partes, siendo que a la fecha éstas no han

acordado Reglamentaciones Uniformes para la interpretación, aplicación y

administración del Tratado.

Debe indicarse que, el Tratado en el Capítulo V relativo a los “Procedimientos

Aduaneros Relacionados con el Origen de las Mercancías”, regula en el artículo

5.2 el tema de la declaración y certificado de origen:

“Artículo 5.2: Declaración y Certificación de Origen

1. Para los efectos de este Capítulo, las Partes acordarán un formato único para el certificado de origen y un formato único para la declaración de origen, los cuales podrán ser emitidos en forma escrita o electrónica, entrarán en vigor conjuntamente con este Tratado, y podrán ser modificados posteriormente por la Comisión Administradora.

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2. El certificado de origen servirá para certificar que una mercancía que se exporte de territorio de una Parte a territorio de otra Parte califica como originaria. 3. Se considerará que un certificado de origen es válido cuando sea elaborado en el formato a que hace referencia el párrafo 1, y cuando sea llenado y firmado por el exportador de la mercancía en territorio de una Parte, de conformidad con las disposiciones de este Capítulo y con lo establecido en su instructivo de llenado…”. (el resaltado es nuestro).

El párrafo 1 deja asentado que las Partes acordaron un formato único para el

certificado de origen, agregando el numeral 2 que la función del documento es

certificar que una mercancía califica como originaria, lo que le permite en

principio beneficiarse del trato preferencial, concluyendo el número 3 cuando

un certificado es válido “… cuando sea elaborado en el formato a que hace

referencia el párrafo 1, y cuando sea llenado y firmado …”. De lo anterior,

puede concluirse sin lugar a dudas, que el documento transmitido por el agente

aduanero no se ajustaba a lo establecido en el Tratado y por ello resultaba

inválido, pues según se observa a folio 134, la casilla 4 no se ajusta

estrictamente al formato vigente al señalar:

4.Nombre y domicilio del importador:

xxx DE COSTA RICA S.A

OFICINA CENTRAL FRENTE AL xxx, ZAPOTE, SAN JOSE, COSTA RICA

TEL: (506) 2283 xxx fax: (506) 2280xxx

Número de Registro: 3-101-xxx-18”

El resaltado es nuestro

En tanto el formato aprobado indica en dicha casilla:

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4.Nombre y domicilio del importador:

Teléfono: Fax:

Número de Registro Fiscal:

El resaltado es nuestro

Reconoce este Tribunal, que la actuación de la Aduana al revisar el certificado

de origen adjunto a la declaración aduanera se encuentra ajustada a derecho,

logra demostrar que éste no cumple con las disposiciones del Tratado en

cuanto al formato al omitirse la palabra “Fiscal”, constituyéndose en un

certificado no válido para demostrar el origen de las mercancías y otorgar la

preferencia arancelaria acordada por las Partes que lo suscriben, toda vez que

se trata de un certificado de origen llenado y firmado bajo un formato no

vigente.

De conformidad con lo indicado, efectivamente la normativa le establece al

funcionario aduanero en la revisión documental la tarea de revisar la

documentación que ampara la importación de las mercancías, encomendado

expresamente que conste que el certificado de origen cumple con lo dispuesto

en el Tratado, y bajo esa línea se ha confirmado reiteradamente por parte de

este Órgano la decisión de la Administración Activa de desaplicar un certificado

de origen, por detectar en esa etapa por ejemplo la presentación de certificados

inválidos.

La Comisión Administradora del Tratado, establecida en el Capítulo XIX, que

tiene entre otras funciones el velar por el cumplimiento y la correcta aplicación

de las disposiciones del Tratado (Artículo 19.1), tomó la Decisión 1 del 01 de

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Voto N° 326-2014

setiembre de 2012, donde establece los formatos del certificado de origen y la

declaración de origen:

“La Comisión Administradora del Tratado… Decide…

1…

2. Adoptar los formatos únicos de Certificado de Origen y Declaración

de Origen, como se establece en el anexo 2 a esta Decisión, los cuales

serán incorporados las Reglamentaciones Uniformes que se adopten

de conformidad con el Artículo 5.15 del Tratado…”

Para implementar la Decisión 1 en Costa Rica, el Poder Ejecutivo emite el

Decreto Ejecutivo N° 37755-COMEX del 04 de junio del 2013, cumpliendo con

el requisito de publicidad de la citada Decisión para su entrada en vigencia, la

cual se establece en el artículo 2 con rige a partir del 01 de julio de 2013, fecha

prevista para la entrada en vigencia del Tratado. Lo anterior permite concluir la

existencia de un formato de certificado de origen debidamente negociado entre

las Partes firmantes, con su respectivo instructivo de llenado, a la fecha de

solicitarse la aplicación del trato arancelario preferencial mediante el DUA 005-

2014-0xxx.

Posteriormente, la Dirección General de Aduanas, actuando de conformidad

con sus facultades establecidas en la LGA, mediante Resolución de Alcance

General DGA-145-2013 del 22 de mayo del 2013, comunica, en lo que interesa:

“…4. Que se establece un nuevo formato del certificado de Origen

aplicable para Centroamérica y México, que será comunicado en forma

posterior por el Ministerio de Comercio Exterior.

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Voto N° 326-2014

5. Que durante el plazo de 45 días calendario siguientes al 01 de

julio del 2013, se mantendrá vigente la aplicación del trato arancelario

preferencial otorgado de conformidad con lo dispuesto en el Tratado de

Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de

Costa Rica aprobado mediante Ley número 7474 del 22 de diciembre

de 1994, y para ello se permitirá la utilización de los Certificados de

Origen emitidos antes del 01 de julio de 2013 en el formato anterior y

que sean válidos.

6. Que el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos

Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras y Nicaragua, entrará en vigencia el 1° de julio de 2013, y el

Texto completo del Tratado y sus Anexos se encuentran disponibles en

la página www.comex.go.cr.…”

Vemos que la Administración informó adecuadamente y con antelación

suficiente, las nuevas disposiciones que rigen con ocasión del Tratado de Libre

Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y las Repúblicas de Costa Rica,

El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, por lo que el auxiliar de la

función pública aduanera debió adoptar las previsiones necesarias para

garantizar que su cliente se beneficiara de dicho instrumento, sin embargo la

imagen del certificado de origen transmitido con el DUA, no corresponde al

formato del Tratado que entró a regir el 01 de julio de 2013, constituyéndose en

un certificado inválido, tal y como lo señala la Aduana, consecuentemente el

uso de un certificado no válido por no cumplir con el formato establecido por las

Partes, vigente al momento de su emisión se sanciona con la desaplicación del

trato preferencial, como correctamente lo hace el A Quo.

Asimismo, es importante reiterar al recurrente, que el Tratado establece que el

certificado de origen es el documento necesario para solicitar el trato

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Voto N° 326-2014

arancelario preferencial, al momento del despacho, por lo que no basta que las

mercancías sean originarias de una de las Partes, debe cumplirse con el rito

exigido de presentar un certificado de origen válido y conforme el Tratado. Al

respecto señala el artículo 5.3:

“Artículo 5.3: Obligaciones respecto a las Importaciones

1. Cada Parte requerirá al importador que solicite trato arancelario preferencial para una mercancía importada a su territorio proveniente del territorio de otra Parte, que:

(a) declare por escrito, en la declaración de importación prevista en su legislación nacional, con base en un certificado de origen válido en los términos del Artículo 5.2.3, que la mercancía califica como originaria;

(b) tenga el certificado de origen en su poder al momento de hacer esa declaración; y

(c) proporcione copia del certificado de origen cuando lo solicite su autoridad competente.

2. Cada Parte dispondrá que, cuando el importador que hubiere solicitado trato arancelario preferencial tenga motivos para creer que el certificado de origen en que se sustenta su declaración de importación contiene información incorrecta, deberá presentar una declaración corregida y pagar los aranceles aduaneros correspondientes. El importador no será sancionado cuando en forma voluntaria presente la declaración mencionada, antes que la autoridad competente haya iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación o verificación. 3. Cada Parte dispondrá que, cuando su importador no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en los párrafos 1 y 2, se negará trato arancelario preferencial a la mercancía importada del territorio de otra Parte para la cual se hubiere solicitado la preferencia…” (el resaltado es nuestro).

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Voto N° 326-2014

Se puede concluir que en la especie existió efectivamente una violación a las

disposiciones del Tratado, las cuales conllevan la desaplicación del trato

preferencial solicitado. Además se aclara al recurrente, que actualmente las

Partes no han acordado Reglamentaciones Uniformes para la interpretación,

aplicación y administración del Tratado, tal y como se existían para el Tratado

suscrito entre México y nuestro país2, mediante las cuales se instrumentalicen,

interpreten o flexibilicen las normas del Tratado, para casos como el presente.

Por lo anterior, con base en el principio de legalidad y de acuerdo con las

consideraciones precedentes, este Tribunal estima que, a las mercancías

importadas mediante el DUA de reiterada cita, no les es aplicable el trato

arancelario preferencial que confiere el Tratado, por no estar amparadas a un

certificado de origen válido y en consecuencia procede a declarar sin lugar el

recurso de apelación interpuesto, confirmando el ajuste recurrido.

POR TANTO

De conformidad con los artículos 198, 205 al 210 de la Ley General de

Aduanas, por unanimidad este Tribunal resuelve sin lugar el recurso y se

confirma el ajuste realizado en el despacho. Se da por agotada la vía

administrativa. Se ordena la devolución del expediente a la oficina de origen.

Notifíquese al recurrente y a la Aduana Santamaría por el medio disponible.

2 Ley 7474 del 19 de diciembre de 1994, publicada en el Alcance No. 39 a La Gaceta No. 244 del 23 de diciembre de 1994

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Voto N° 326-2014

Loretta Rodríguez Muñoz

Presidenta

Elizabeth Barrantes Coto Alejandra Céspedes Zamora

Dick Rafael Reyes Vargas Luis Gómez Sánchez

Desiderio Soto Sequeira Shirley Contreras Briceño

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