2006 La Construcción de La Democracia Campo Mexicano

La construccin de la democracia

en el campo latinoamericano

Hubert C. de Grammont[compilador]

La construccin de la democracia en el campo latinoamericano / compilado por Hubert C. de Grammont - 1a ed. - Buenos Aires : Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2006.368 p. ; 23x16 cm. (Grupos de trabajo de CLACSO dirigida por Atilio A. Boron)

ISBN 987-1183-38-0

1. Democracia. 2. Participacin Poltica. I. de Grammont, Hubert C., comp. II.TtuloCDD 321.8

Otros descriptores asignados por la Biblioteca Virtual de CLACSO: Democracia / Movimientos campesinos / Trabajadores rurales / Ciudadana / Participacin poltica / Desarrollo regional / Pobreza / Violencia / Amrica Latina

Coleccin Grupos de Trabajo

La construccin de la democracia


Hubert C. de Grammont[compilador]

HUBERT C. DE GRAMMONTHORACIO MACKINLAYNORMA GIARRACCA

MIGUEL TEUBALRAMN FOGEL

LUCIANO MARTNEZ VALLEFERNANDO CUBIDES C.

ALBERTO RIELLAFRANCISCO URIBAM XAVIER DE HOLANDA

LEONILDE SERVOLO DE MEDEIROSNIURKA PREZ ROJAS

DAYMA ECHEVARRA LENMAMERTO PREZ

ELIANA LA RIVERA ALARCNBRUNO LUTZ

CARLOS MORA

ISBN-10 987-1183-38-0ISBN-13 978-987-1183-38-8

Consejo Latinoamericano de Ciencias SocialesQueda hecho el depsito que establece la ley 11.723.

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La responsabilidad por las opiniones expresadas en los libros, artculos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a losautores firmantes, y su publicacin no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretara Ejecutiva de CLACSO.

Grupo de TrabajoDesarrollo Rural

Coordinador Hubert C. de Grammont

Director de la Coleccin Atilio A. Boron - Secretario Ejecutivo de CLACSO

rea Acadmica de CLACSOCoordinador Emilio H. Taddei

Asistente Programa Grupos de Trabajo Rodolfo GmezRevisin tcnica de textos Miguel ngel Djanikian

Produccin grfica editorial rea de Difusin de CLACSO

Coordinador Jorge A. FragaEdicin Florencia Enghel

Diseo Editorial Miguel A. Santngelo / Lorena TaiboMarcelo Giardino / Mara Jos Gargaglione

Revisin de Pruebas Mariana Enghel / Ivana BrighentiLogstica y Distribucin Marcelo F. Rodriguez

Sebastin Amenta / Daniel Aranda

Arte de Tapa Diseo de Marcelo Giardino sobre fotografa Mujer wich, paraje El Chorro, Formosa, Argentina, 2004. Gentileza de Catalina Saugy

Impresin Grficas y Servicios S.R.L.

Primera edicinLa construccin de la democracia en el campo latinoamericano

Buenos Aires: CLACSO, marzo de 2006

Agencia Sueca deDesarrollo Internacional

Patrocinado por

IntroduccinAlgunos ejes de reflexin sobre la construccin de la democracia en el campo latinoamericano | 9

Hubert C. de Grammont y Horacio MackinlayLas organizaciones sociales y la transicin poltica en el campo mexicano | 23

Norma Giarracca y Miguel TeubalDemocracia y neoliberalismo en el campo argentino Una convivencia difcil | 69

Ramn FogelMovimientos campesinos y su orientacin democrtica en el Paraguay | 95

Luciano Martnez ValleLas organizaciones de segundo grado como nuevas formas de organizacin de la poblacin rural | 107

ndice

Fernando Cubides C.La participacin poltica del campesinado en el contexto de la guerra: el caso colombiano | 133

Alberto RiellaLos frenos a la construccin de ciudadana en el campo: el caso de los asalariados rurales en Uruguay | 159

Francisco Uribam Xavier de HolandaCapital social e desenvolvimento A participao poltica dos trabalhadores rurais de Mangue Seco | 187

Leonilde Servolo de MedeirosDimensiones de la lucha por la tierra en el Brasilcontemporneo y la conformacin de espacios pblicos | 213

Niurka Prez Rojas y Dayma Echevarra LenLas Unidades Bsicas de Produccin Cooperativa cubanas (1993-2003): anlisis para un debate | 243

Mamerto PrezLa Ley de Participacin Popular en una perspectiva indgena | 261

Eliana La Rivera AlarcnDemocracia y ciudadana: una visin desde las comunidades campesinas peruanas | 285

Bruno LutzFormas de dominacin en las organizaciones rurales de Mxico | 307

Carlos MoraParticipacin y organizaciones campesinas en Paraguay | 343

9CUANDO TOMAMOS la coordinacin del Grupo de Trabajo deDesarrollo Rural de CLACSO, despus de intercambiar puntos de vistacon colegas latinoamericanos, definimos tres temas de especial inte-rs para el grupo: la nueva ruralidad entendida como un problemaestructural y de desarrollo regional ms que sectorial; la democraciaen el campo; y el empleo y las migraciones rurales. Estos temas, sinagotar la problemtica del campo, representan tres de sus tpicos demayor importancia. El libro que presentamos corresponde al segundotema, y es el resultado de dos aos de trabajo de los investigadoresinvolucrados en el grupo. Los trabajos fueron presentados y discuti-dos en la XXI Asamblea General de CLACSO y III ConferenciaLatinoamericana y Caribea de Ciencias Sociales que se llev a caboen La Habana, Cuba, del 27 al 31 de octubre de 2003.

El libro incluye trabajos sobre Argentina, Brasil, Uruguay,Paraguay, Bolivia, Colombia, Per, Ecuador, Mxico y Cuba. No logra-mos incorporar algn anlisis sobre Centroamrica, lo cual represen-ta sin duda un faltante, pero aun as creemos que los trabajos presen-tados dan una amplia visin de la enorme complejidad de la construc-cin de la democracia en el campo latinoamericano. La lectura dellibro muestra una gran diversidad de situaciones que se debe a distin-

Introduccin

Algunos ejes de reflexin sobre la construccin de la democracia


tos factores, como la importancia relativa de la poblacin rural y de laagricultura en cada pas; la estructura de clase y la insercin de laagricultura en el mercado; la desigual presencia de poblacin indge-na y negra; la aplicacin de diferentes polticas pblicas (o, msrecientemente, la aplicacin diferenciada de polticas pblicas dicta-das desde las instituciones internacionales); y la historia poltica,social y organizativa de cada pas. Estas diferencias son sumamenteimportantes y dan la impresin de la existencia de un mosaico hetero-gneo no exento de divergencias y, ms an, de contradicciones. Sinembargo, un anlisis ms cuidadoso permite precisar algunos proble-mas generales comunes que, ms all de las especificidades, definenuna problemtica latinoamericana sobre el tema de la democracia enel campo. El libro, sin agotar dicha problemtica, permite establecervarios ejes de reflexin. Presentamos a continuacin aquellos que nosparecen de mayor relevancia.

EL SURGIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES AUTNOMAS

En Amrica Latina, despus de dcadas de regmenes autoritarios omilitares, se fortalecen paulatinamente y con grandes limitaciones sis-temas polticos democrticos. Este fenmeno reciente es de muchaimportancia y marca una nueva etapa en la historia poltica y socialde la regin. Por falta de democracia, en particular en los pases queconocieron dictaduras militares, las organizaciones sociales autno-mas estn poco consolidadas1.

En la mayora de los casos, las organizaciones que existieronfueron inducidas desde arriba por los gobiernos autoritarios, y tenanpoco arraigo popular. A lo largo del siglo XX las organizaciones conmayor fuerza y capacidad para influir en las polticas estatales fueronlas de los grandes propietarios, que a menudo controlaban las fuerzaspolticas y las instituciones gubernamentales en sus regiones2. Poreso, las polticas reformistas implementadas para mitigar los efectosnegativos de la gran propiedad, en particular durante las dcadas delos sesenta y setenta (la Alianza para el Progreso, que en el campoconsisti en promover tmidas reformas agrarias y fomentar la revo-lucin verde), no contaron con la legitimidad social necesaria.

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La construccin de la democracia en el campo latinoamericano

1 Por organizaciones autnomas entendemos aquellas con objetivos propios, participa-cin de las bases y dirigentes legtimamente elegidos.

2 Con la excepcin de Mxico, donde las organizaciones campesinas lograron que sellevara a cabo un impresionante reparto agrario.

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Introduccin

Fueron acciones que correspondieron a un pensamiento estatista, pordefinicin centralista y burocrtico, que pretenda liberar las fuerzasproductivas para ingresar al desarrollo del mundo moderno. Se inten-t lograr este objetivo a travs de la creacin de grandes proyectosgubernamentales de desarrollo en donde los campesinos eran subor-dinados a las decisiones tomadas en esferas gubernamentales o eninstituciones internacionales, o apoyando a las empresas intensivas enuso de capital. Por la poca capacidad del Estado de fomentar la orga-nizacin y participacin de los pequeos productores, los proyectosgubernamentales de desarrollo fracasaron o tuvieron poca incidenciaen el fortalecimiento de las pequeas empresas de produccin fami-liar y de sus organizaciones.

Las organizaciones que se crearon desde abajo tenan enormesdificultades para mantenerse y establecer una influencia que rebasaralos marcos regionales, as como para plantear demandas que trascen-dieran sus intereses inmediatos (esencialmente tierra, pero tambinproduccin y bienestar). Sin olvidar la historia de numerosos intentospor construir esta autonoma, los movimientos eran defensivos, condemandas inmediatistas y sujetos al liderazgo de personajes excepcio-nales. En pocos casos lograron establecer una vinculacin con parti-dos polticos, y si lo hacan quedaban en una situacin de subordina-cin y dependencia, a menudo manipulados por las propias burgues-as regionales y nacionales dominantes. Es por esta falta de canales denegociacin de las demandas sociales que durante tanto tiempo, y auna la fecha, los movimientos sociales en el campo brotaron regular-mente de manera violenta y fueron fuertemente reprimidos por losgobiernos. Durante los regmenes militares y autoritarios muchasorganizaciones fueron perseguidas, desarticuladas o desaparecidas.

La organizacin social campesina autnoma es, entonces, unfenmeno que tiene, cuanto mucho, dos dcadas de experiencia. De lamisma manera que el surgimiento de las guerrillas fue una respuestaa los regmenes autoritarios y a las dictaduras militares, el actual cre-cimiento de las organizaciones sociales autnomas tiene que ver conla llamada tercera ola de democratizacin de los pases latinoamerica-nos. Estamos frente a un proceso en plena construccin, inmaduro,en transformacin, con titubeos y errores, en el cual apenas se vanprecisando nuevas definiciones ideolgicas, proyectos polticos yvisiones del mundo.

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DEBE LA DEMOCRACIA SER ELECTORAL O SOCIAL?

Sin embargo, esta nueva ola de democratizacin se da a la par de otrosdos fenmenos de igual importancia: el retiro del Estado de las polticasde bienestar social, y el incremento de la pobreza por la cada de los sala-rios y el desempleo. As, en contra de todas las expectativas, vivimos unproceso novedoso no previsto ni por los politlogos ni por los economis-tas, que consiste en tener ms democracia poltica con menos justiciasocial. Nuestra democracia realmente existente combina la creacin deinstituciones y reglas que permiten una mayor participacin ciudadanaen la vida pblica (con los partidos polticos, las organizaciones popula-res y las diferentes formas de organizacin de la sociedad civil) con proce-sos econmicos que provocan ms desigualdad, ms pobreza y mayorexclusin de los derechos sociales (alimentacin, trabajo, educacin,salud). En otras palabras, la democracia lleg a Amrica Latina cuando lapoltica perdi su capacidad de influir sobre la economa para definir elreparto de la riqueza nacional. En el campo, esto se puede medir con elenorme incremento de la concentracin de la produccin en empresasagroindustriales que practican el monocultivo en el marco de una agricul-tura minera que busca instalarse en las mejores tierras, a menudo a costade despojar a sus legtimos propietarios, para incrementar su renta. Elcaso del cultivo de la soja es particularmente grave en varios pases latino-americanos (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay). Este proceso depre-dador, ampliamente apoyado por los gobiernos, sigue las pautas de laeconoma del monocultivo empresarial del modelo norteamericano basa-do en el uso intensivo de capital (maquinaria, fertilizantes, herbicidas,fungicidas, irrigacin, etc.) y poco trabajo. Pone en peligro la sustentabili-dad de la agricultura y el conjunto de la ecologa misma, porque se extien-de a menudo sobre selvas y bosques, excluye la economa campesina delmercado sobre la base de un modelo insostenible en el mediano plazo, yprovoca el incremento de la pobreza por la falta de oportunidades deempleo. Esta situacin lleva a preguntarse si la democracia es factible ensituacin de pobreza generalizada, o, lo que es lo mismo para el caso de laagricultura, si es compatible con una agricultura sin agricultores.

Esta disociacin entre lo poltico y lo econmico limita, y hastaa veces impide, la posibilidad de construir sociedades verdaderamentedemocrticas en las cuales los conflictos deberan resolverse por la vapacfica; tambin propicia respuestas sociales violentas tales como latoma de tierras e incluso la existencia de movimientos armados, tantode izquierda como de derecha.

En estas condiciones, las posturas de las organizaciones socialesautnomas se dividen por lo menos en dos grandes tendencias acercade lo que debe ser la democracia. Para unas no puede reducirse a serun sistema poltico de procedimientos, con un sistema electoral confia-ble pero con un sistema poltico vaciado de contenido social. Debeexistir una complementariedad entre la accin social y la poltica. Enesta posicin, que podemos llamar parlamentarista, encontramos porlo menos dos vertientes: la que considera al partido poltico como uninstrumento directamente al servicio de la lucha social (el partido-ins-trumento), y la que concibe una relacin mediada entre cada esferasobre la base de su autonoma respectiva, en donde la poltica debe ser-vir para crear un contexto favorable para la accin social, pero sin pre-tender inmiscuirse en su dinmica. Para otras, la lucha partidaria, porcompartir o controlar el poder estatal, es en esencia una lucha reaccio-naria que lleva forzosamente a la defensa del statu quo, o sea, del pre-dominio del gran capital. Para esta segunda tendencia, que podemosllamar antiparlamentaria o social, la nica alternativa para lograr uncambio con mayor justicia, equidad y sustentabilidad es la construc-cin desde abajo de un mundo alternativo sobre la base de nuevas rela-ciones sociales no definidas por el capitalismo, sin mezclarse con lospartidos polticos y sin actuar en la esfera poltica3.

EL PROBLEMA DE LA CIUDADANA

La nocin de ciudadana vuelve al centro de la discusin sobre lademocracia porque, en pases con grandes desigualdades sociales,muy estratificados y con profundos problemas entre la poblacinmestiza y la poblacin indgena, las carencias de derechos sociales,econmicos e incluso polticos para una parte importante de la pobla-cin son evidentes. Ah aparecen dos problemas ntimamente ligadospero que debemos distinguir tanto por razones analticas como prcti-cas a la hora de disear las polticas pblicas, ya que implican solucio-nes distintas. Encontramos el problema de la exclusin de la pobla-cin que no tiene acceso a los derechos econmicos bsicos, pero tam-poco cvicos y polticos normalmente reconocidos por las mismas nor-mas y leyes de todos los pases, debido a lo que hoy en da se suele lla-

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Introduccin

3 Actualmente el mejor representante terico de esta posicin es John Holloway con sulibro Cambiar el mundo sin tomar el poder. El significado de la revolucin hoy (BuenosAires: Universidad Autnoma de Puebla/Revista Herramienta, 2002).

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mar carencias en el desarrollo humano (pobreza, analfabetismo,ausencia de servicios, falta de medios de comunicacin, etc.). Adems,enfrentamos problemas de discriminacin que son aun ms profun-dos porque se refieren a la negacin de estos mismos derechos peropor razones tnicas, es decir, la desigualdad basada en el no reconoci-miento de la diferencia, del multiculturalismo, de la existencia dederechos diferenciados para esta poblacin. La exclusin se refiereentonces a la negacin de derechos individuales a ciertos grupossociales, mientras la discriminacin consiste en no reconocer las dife-rencias culturales y organizacionales de la poblacin indgena y aslimitar su participacin en la poltica nacional, as como negarle laexistencia de derechos colectivos y formas de organizacin propias anivel local. Ambos procesos no se diferencian fcilmente porque sonlos mismos sujetos, los indios, los que padecen la exclusin y la discri-minacin. La exclusin puede combatirse con programas de bienestaro de participacin poltica, mientras que la discriminacin es un pro-blema societal ms profundo, menos visible, que puede malograr laparticipacin de los propios interesados e impedir la cabal aplicacinde las mejores polticas pblicas de bienestar.

La exclusin es especialmente fuerte entre los jornaleros agr-colas debido a su triple condicin de poblacin pobre (normalmenteen pobreza extrema), de trabajadores asalariados migrantes ilegalescuando se trata de migracin internacional y, a menudo, de pobla-cin indgena. La negacin sistemtica de sus derechos sindicalesconsiste en una exclusin jurdica de tal gravedad que, ms que crearuna ciudadana de segunda, como suele afirmarse, niega el conceptouniversal del ciudadano con los mismos derechos y mismos deberesante la ley. El paternalismo y el patrimonialismo, todava propios delas relaciones sociales en el campo, permiten establecer relacionestutelares que sirven como poderosos mecanismos para esconderestos procesos de exclusin a los ojos de los propios trabajadores,pero son tambin mecanismos de minorizacin de esta poblacinque permiten legitimar las desigualdades y la exclusin a los ojos dela sociedad. La existencia de estos derechos civiles y sociales desigua-les marca un retraso de la democratizacin en el campo y limita lasposibilidades de alianzas entre las organizaciones de los asalariadosdel campo y de la ciudad.

El esquema de integracin de los indgenas a la sociedad nacio-nal hace crisis en los aos noventa en el contexto de la celebracin delQuinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos. Su discriminacin

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Introduccin

se basa en la aceptacin de su inferioridad, subordinacin y asimila-cin al sistema social y poltico nacional dominado por los mestizos.Con el derecho al voto, paulatinamente, se les otorg la ciudadana amediados del siglo XX, pero en la prctica quedaron, en el mejor delos casos, como electores pero no elegidos; ya que la participacin enel sistema electoral supone renunciar a sus formas de organizacin y asu cultura, dejar de ser indio para asimilarse a la llamada sociedadnacional, ser un individuo en vez de pertenecer a una comunidad. Eneste sentido es necesario reconocer que, aun en el caso del reconoci-miento del multiculturalismo, la democracia no ha logrado ofrecer lasmismas posibilidades de participacin poltica en todos sus niveles(de lo local a lo nacional) a la poblacin indgena. La misma autono-ma de los pueblos tnicos permite resolver problemas locales pero notoca el problema de la participacin de todos los ciudadanos en lanacin. Reconocer la existencia de este problema, precisar sus compo-nentes y alcances, permitira precisar las actuales limitaciones en laaplicacin del multiculturalismo.

La complejidad de la discriminacin puede verse en el caso boli-viano, que con su Ley de Participacin Popular de 1994, resulta para-digmtico. Las medidas tomadas en 1994 (reforma constitucional quedefine al pas como pluricultural y multitnico, con sus consecuentespolticas de educacin cultural bilinge y la Ley de ParticipacinPopular) abrieron sin duda un espacio de participacin para la pobla-cin india a nivel local, pero no resolvieron los problemas de discri-minacin sta que padece. Una situacin similar se observa en otrospases que han avanzado en la bsqueda de la participacin ciuda-dana e, incluso, en el reconocimiento de los derechos indgenas(Colombia, Ecuador, Venezuela).

En esta perspectiva, la poltica de descentralizacin, vista comola desconcentracin del poder, de la toma de decisiones y del manejodel presupuesto hacia las instituciones locales, puede ser una medidaque crea nuevos procesos de exclusin y discriminacin porque, sibien transfiere poder a nivel local, fortalece un sistema nico de parti-cipacin poltica sobre la base del derecho individual y del predomi-nio de la ideologa mestiza. As, la descentralizacin puede afianzar lalegitimidad de la democracia electoral, lo cual es deseable, pero notoma en cuenta los procesos de organizacin propios de los grupostnicos, por lo cual pueden surgir nuevas contradicciones y conflictos.Estas limitaciones se pueden percibir con el surgimiento de movi-mientos sociales indgenas que reclaman no slo la posibilidad de par-

ticipar en el sistema democrtico a nivel local, que es en donde se lesconfina, sino el establecimiento de un nuevo modelo de sociedad conun sistema poltico y jurdico que reconozca la diversidad en vez detratar de homogeneizar lo diverso. Un sistema democrtico que per-mita la participacin efectiva en todos los niveles de la poltica (de lolocal a lo nacional e internacional) de los diferentes grupos de pobla-cin a partir del reconocimiento de la diferencia, pero sobre la base devalores universales (igualdad de todos los seres humanos cualesquierasean sus diferencias culturales, sociales y polticas).

El reconocimiento de la existencia de dos sistemas organizati-vos a nivel local, la democracia representativa y la autonoma comuni-taria, y su articulacin en un solo sistema poltico nacional, aparecencomo la condicin misma para eliminar la discriminacin hacia laspoblaciones indias y asegurar su participacin en el sistema polticonacional. Por ello es necesario revertir el razonamiento del derechopositivista que parte de la idea de que todos los ciudadanos son igua-les, por lo cual deben responder de la misma manera frente a la leypara reconocer la existencia de una ciudadana diferenciada en dosespacios sociales y vislumbrar la posibilidad de un pluralismo jurdicoque permita reconocer tanto los derechos individuales de los ciudada-nos como los derechos colectivos de las comunidades indias.

Este complejo problema de la ciudadana diferenciada afecta ala poblacin tnica que representa alrededor de 30% de la poblacinrural latinoamericana, y en algunos pases (Bolivia, Per, Ecuador,Guatemala) una proporcin significativa de la poblacin urbana4.

VIEJAS Y NUEVAS DEMANDAS

Hasta la dcada de los noventa las demandas de las organizacioneseran sectoriales y de corto plazo. Salvo en el caso de algunas guerrillaso movimientos radicales encabezados por partidos o grupos deizquierda que fueron sistemticamente derrotados, no se pona enduda la validez del sistema. Aun la lucha por la tierra, llena de episo-dios de gran violencia, no pona en cuestin ni siquiera el modelo tec-nolgico en vigor, sino slo el acaparamiento y la subutilizacin delsuelo. Se luchaba por el derecho al uso social de la tierra (la tierra esde quien la trabaja), pero no en contra del modelo de sociedad vigente.

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4 Estimacin realizada a partir de los datos del Instituto Indigenista Interamericano yde la CEPAL.

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Introduccin

Hoy las demandas son menos sectoriales y ms generales, por-que cada vez es ms claro que no se lucha slo para resolver un pro-blema particular sino por un nuevo modelo de sociedad. La luchapor un mundo alternativo se refleja en la creciente participacin delas organizaciones campesinas en el Foro Social Mundial y otras ins-tancias que plantean que un mundo diferente es posible. Por parte delas organizaciones que participan en la lucha poltica, no slo sebusca una mayor articulacin entre la economa y la poltica, sinoque se le da un contenido social a la poltica. Por parte de las organi-zaciones que se oponen a esta participacin poltica se busca crear,en los hechos de la vida cotidiana, una sociedad alternativa. En esesentido, las demandas culturales, el reconocimiento de los territo-rios tnicos y la autonoma de las comunidades son demandas clave,aunque insuficientes, de las luchas tnicas.

Otras demandas son la recuperacin de la soberana nacionaly la seguridad alimentaria. A menudo, las organizaciones se oponena la creacin de los bloques econmicos (TLC, MERCOSUR, ALCA,etc.) no por estar en contra de la globalizacin, sino porque la inte-gracin propuesta favorece la concentracin de la riqueza. Se quiereuna integracin social y no slo econmica.

Es notorio que uno de los principales problemas que enfrentahoy el mundo y que atae especialmente al campo el de la ecologa ysustentabilidad de la produccin no aparezca aun como una deman-da claramente incorporada a los grandes reclamos de las organizacio-nes sociales de los campesinos. Aun si existen experiencias interesan-tes entre pequeos sectores de productores, en particular en el sectorforestal, el problema de la ecologa est todava esencialmente enmanos de las ONGs y de las instituciones gubernamentales.

Finalmente, la lucha contra la corrupcin estatal, en particu-lar a nivel local y regional, forma parte de las nuevas demandas.Esta lucha es importante porque la corrupcin permite desvirtuarlas polticas pblicas que intentan promover un desarrollo equilibra-do en trminos sociales y ecolgicos, actuando en favor del grancapital (los complejos agroindustriales) y en contra de los pequeosproductores. Otra vez esta corrupcin permite el impresionante cre-cimiento del monocultivo de la soja en diferentes pases.

NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIN

Sealamos que muchas de las organizaciones campesinas que defien-den los intereses de la poblacin excluida por el neoliberalismo (MST

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en Brasil, UNORCA o EZLN en Mxico, CONAIE en Ecuador, cocale-ros y COB en Bolivia, FNC y MCNOC en Paraguay, etc.) nacieron o sefortalecieron en el contexto de la aplicacin de las reformas estructu-rales neoliberales y de la transicin hacia la democracia. Su punto dearranque se encuentra en la lucha por la democracia, a menudo desdeuna posicin radical que se explica por la falta de canales institucio-nales de participacin y negociacin, por la represin y por los proce-sos de exclusin social que viven esas poblaciones. Desde su origen,muchas de estas organizaciones han luchado por la democracia comova nica para lograr la solucin de sus demandas, y esto ha marcadoen gran medida sus formas de organizacin y bsqueda de nuevasmodalidades de ejercer la democracia interna.

LA ORGANIZACIN LOCAL

Un primer fenmeno es la revalorizacin de la organizacin a nivellocal. Esto responde a la voluntad de acabar con la vieja tradicin cen-tralista del corporativismo autoritario latinoamericano e impulsar laparticipacin e iniciativa de las bases como mecanismo imprescindi-ble de la democracia social. Estamos frente a uno de los problemas demayor importancia, pero ms complejos, que enfrentan tanto lasorganizaciones sociales como los partidos polticos. Una vez msencontramos dos posiciones distintas entre las organizacin sociales:la antiparlamentaria, que plantea la reconstruccin del mundo desdeabajo con la paulatina creacin de redes de redes que privilegia la orga-nizacin a nivel local; y la parlamentaria, que necesariamente actatanto a nivel local como nacional. Para esta segunda vertiente la expe-riencia muestra que existe una tensin permanente entre la necesidadde fortalecer la participacin popular y la de ser representado y tomardecisiones en las cpulas que se mueven a nivel nacional e internacio-nal. En la prctica, no puede existir un vnculo directo entre la partici-pacin y la toma de decisiones a nivel local y la representacin a nivelglobal. La posibilidad de conectar estos niveles pasa por la elabora-cin de un proyecto de pas capaz de convencer y movilizar a la gente.

Pero responde tambin a la necesidad de adaptarse a los proce-sos de descentralizacin administrativa, presupuestal y poltica enboga, porque muchos de los problemas que se resolvan antes a nivelnacional se resuelven ahora en las regiones (estados, provincias, dis-tritos, etc., segn la organizacin administrativa de cada pas). Estareorganizacin del Estado tiene un doble filo: es positiva en tantoposibilita una mayor participacin popular, pero es negativa en la

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Introduccin

medida en que, a menudo, fortalece el poder de las burguesas localesque son las ms corruptas y aferradas a viejos privilegios. Esta situa-cin generaliz una demanda novedosa para las organizaciones socia-les del campo: la lucha contra la corrupcin.

LA ORGANIZACIN GLOBAL

La autonoma de accin y el arraigo local para solucionar demandasconcretas son la base de la participacin; pero la unidad de accin nopasa por la creacin de organismos centralizadores sino por la elabora-cin de un proyecto alternativo de sociedad. Con muchas dificultades ytropiezos, en los ltimos aos, se han construido algunas organizacionesregionales (Va Campesina, Foro Internacional Campesino, MovimientoIndgena y Campesino Mesoamericano) para conjuntar fuerzas frente ainstituciones gubernamentales internacionales la OMC en particular,pero su principal debilidad es la falta de claridad en este proyecto.

El reto, entonces, para las organizaciones de productores, no esslo cmo reconstruir sus proyectos desde abajo, sino cmo vincularsus proyectos locales, por esencia parciales, en un modelo nacional dedesarrollo con equidad y justicia social, y sustentable. Eso suponepensar la reconstruccin desde abajo, sin duda, pero siempre buscan-do la articulacin de lo local con lo nacional. Recorrer este doblecamino en forma combinada, desde abajo y desde arriba, pasa forzo-samente por el concepto de la democracia. La participacin en la pol-tica nacional y la recuperacin de la concertacin social, entendidacomo negociacin poltica entre productores y gobierno, es una con-dicin sine qua non para crear un modelo de desarrollo campesino yrural alternativo. Esta bsqueda es sumamente compleja porque no setrata slo de elaborar un modelo, sino de aplicarlo en la prctica ycomprobar su eficacia real.

ORGANIZACIN LOCAL O EMPRESAS SOCIALES FICTICIAS

Existe hoy una gran oferta de proyectos de desarrollo por parte de losorganismos internacionales o de los gobiernos con la intencin debuscar soluciones a los problemas planteados por el productivismo aultranza y la pobreza creciente, fomentando la pequea produccinfamiliar agrcola mercantil, a menudo con el uso de tecnologas llama-das suaves, o propiciando la plurifuncionalidad de la familia rural conla creacin de pequeos talleres o el trabajo a domicilio. As, existeuna verdadera inflacin de microproyectos productivos financiados

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por los gobiernos u organismos internacionales a travs de las ONGs,que pretenden movilizar el potencial del capital social que deberaexistir en toda asociacin productiva u organizacin social interesadaen mejorar el bienestar de sus miembros. Nunca antes hubo tal activi-dad asociativa, pero este proceso, aparentemente positivo porquepuede suponer una mayor densidad organizacional o ms capitalsocial, refleja mejor la desagregacin de parte de la sociedad.

Esta oferta ha provocado un nuevo pragmatismo empresarialentre las ONGs y las propias organizaciones sociales por la bsquedaoportunista de financiamiento visto como subsidio, que lleva a la frag-mentacin de las organizaciones sociales, al menor involucramiento ya la mayor delegacin de la representacin (por falta de inters) en lalucha social y poltica. Sobradas razones permiten entender estasituacin, pero sus efectos negativos sobre las organizaciones socialesno son por ello menos fuertes. El incremento del nmero de organiza-ciones, tanto productivas como sociales, en funcin de la oferta definanciamiento blando, as como su precariedad (se puede crear unaorganizacin para recibir un financiamiento) es un fenmeno amplia-mente documentado. Aquellos dirigentes que para justificar estasituacin afirman que el desarrollo es primero que la democracia, caenen un pragmatismo que les impide participar en proyectos consolida-dos. Ah la disyuntiva parece ser la de adaptarse a la oferta con tal desolventar puntualmente problemas graves (hambre, educacin, salud,ecologa, etc.), o lograr ir ms all de eso para consolidar el tejidosocial. Hay que reconocer que la lnea divisoria entre ambas accioneses endeble. Un fenmeno similar existe con los partidos polticos queintentan cooptar a las organizaciones sociales para incrementar subase social mediante su intervencin como mediadores para obtenerestos subsidios. Todo indica que las prcticas clientelares no son pro-pias del corporativismo y se mantienen en el marco de los nuevos sis-temas democrticos latinoamericanos.

LA DEMOCRACIA INTERNA

Si bien ninguna organizacin, de viejo cuo o recin creada, lograescapar a los peligros del caudillismo y el clientelismo, de la crea-cin de cpulas poco vinculadas con sus bases, de la pretensin dedirigir las organizaciones de base desde posiciones polticas defini-das desde arriba, podemos notar en muchos casos la voluntad dedesarrollar procesos de participacin y representacin que asegurenel ejercicio de la democracia dentro de las organizaciones. Se inten-

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Introduccin

ta revertir el procedimiento tradicional del caudillismo y clientelis-mo latinoamericanos que permiten al dirigente distribuir a su con-veniencia los beneficios gestionados con los gobiernos hacia susbases y nombrar a sus representantes. Actualmente, sin negar lanecesidad de la delegacin, se intenta encontrar sistemas de repre-sentacin ms horizontales, plurales, rotativos y participativos.Existe la preocupacin por fortalecer la participacin de base y anivel intermedio. Las asambleas de base, de delegados a nivel regio-nal, y los intercambios entre grupos organizados, son el punto detoque de todo proceso participativo. Se intenta sustituir las grandesestructuras verticales que facilitan la dominacin de arriba haciaabajo por otras ms flexibles, como son las coordinadoras, en dondecada organizacin mantiene su autonoma de accin y se une a otrasen torno a un programa de accin.

Tambin se buscan mecanismos para impedir que los dirigentesacumulen funciones en la organizacin social junto con puestos derepresentacin popular en los partidos polticos, situacin propia delcaudillismo y del corporativismo autoritario. En algunas organizacio-nes se obliga a quienes optan por un puesto de eleccin popular arenunciar temporalmente a su organizacin; en otras se llega a forma-lizar esta situacin con reglas que impiden desempear estas dos fun-ciones conjuntamente. Con ello no slo se busca limitar el poder delos dirigentes, sino mantener una clara diferenciacin entre organiza-cin social y organizacin poltica. Parece que la idea de la necesariaautonoma entre ambas esferas est ganando espacio.

Sin embargo, este esfuerzo, positivo cuando permite efectiva-mente mayor participacin de la gente, se transforma en un nuevoproblema cuando propicia la dispersin de las organizaciones y sucontrol por lderes locales. Como siempre, la solucin conlleva suspropios peligros, y del centralismo se pasa a menudo al localismo msreacio: cada dirigente quiere tener su propia organizacin dado que,otra vez, esa es la clave para recibir directamente los apoyos de lasinstituciones nacionales e internacionales.

Dos fenmenos novedosos pueden cambiar fundamentalmentela situacin. El primero es la importancia de la participacin de lasmujeres, como activistas de base, pero tambin, y cada vez ms,como dirigentes. El segundo es que, a menudo, la base de la organi-zacin ya no es una persona, el jefe de familia, sino la familia toda.As, la participacin deja de ser individual para involucrar a la uni-dad domstica.

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LA VIOLENCIA

El ltimo punto que queremos mencionar es el de la violencia, en parti-cular la llamada violencia revolucionaria. Sin duda la democracia formalno est cumpliendo con las esperanzas que la tercera ola despert en lagente. No slo no resuelve los grandes problemas de nuestras sociedades(la corrupcin imparable y la ineficiencia del sistema judicial, la imposi-bilidad de revertir los niveles de endeudamiento de los gobiernos, la con-centracin de la riqueza, el desmantelamiento de los sistemas de bienes-tar, la expansin del cultivo de los enervantes y del narcotrfico), sinoque a menudo ni siquiera permite tener canales de negociacin abiertospara resolver los conflictos de la sociedad. La debilidad de los partidosde izquierda tiene mucho que ver con ello. Frente a estas limitacionessurgen alternativas que van desde la idea de democracia directa que seejerce a nivel local hasta la accin armada revolucionaria, pasando porla accin directa, que consiste en hacer justicia por mano propia. Laaccin directa representa un problema serio, al igual que las posiblestentaciones de revivir guerrillas en algunos pases. Pero ms grave aun esla incapacidad de la democracia por disolver la principal guerrilla latino-americana, que por su tradicin y fuerza tiene un impacto regional: laguerrilla colombiana. La subsistencia de fuerzas guerrilleras nacidas entiempos de las dictaduras o regmenes autoritarios y corruptos, y susinevitables contrapartes conformadas por los narcotraficantes y los gru-pos paramilitares apoyados por las fuerzas regulares de los ejrcitos,coartan las posibilidades de este proceso de organizacin social.

En el contexto de la lucha armada, la polarizacin de las partesen conflicto es total. En principio, no puede haber ms que dos cam-pos enemigos que buscan cada uno aniquilar al otro, y la sociedad seve enfrentada al dilema de la colaboracin o la persecucin. En laszonas en conflicto, el margen de autonoma de la sociedad es casi nulo.A fines de los aos ochenta, el intento de la guerrilla de combinar la vaarmada con la participacin democrtica fue desastroso porque provo-c la represin en contra de las organizaciones populares, su descabe-zamiento y su desmovilizacin. Hay que ser claro: la lgica de la revo-lucin (clandestinidad, vanguardismo y toma armada del poder) no escompatible con la lgica de la democracia (legalidad, participacinsocial y participacin en el poder). Como se nos recuerda en este libro,los males de la democracia se curan con ms democracia.

Hubert C. de GrammontSan Andrs Totoltepec, junio de 2004

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matriz socio-poltica o matriz de constitucin de la sociedad plantea-da por Manuel Antonio Garretn (1995; 2001). Aunque podramosdefinir toda una variedad de situaciones con numerosos matices, des-tacamos el predominio de tres tipos de relaciones, o matrices, que severificaron en las diferentes etapas de la vida poltica mexicana y quecoexisten en el actual sistema democrtico.

En el primer tipo de matriz, la organizacin social se subordi-na al partido poltico; centra su estrategia de accin para mejorar lasituacin de sus representados en la esfera poltica. Asimismo, esta-blece una relacin que pasa por canales institucionales forzosos ydelimitados, en la que los procesos de participacin, de representa-cin y de negociacin estn controlados por el partido poltico(Schmitter, 1974). En los pases de partidos nicos o prcticamentenicos, como fue el caso de Mxico entre 1929 y 1988, la relacin desubordinacin que prevaleci entre las organizaciones sociales y elEstado desemboc en un corporativismo estatal en el que era difcildiferenciar los lmites entre la organizacin social, la administra-cin pblica y el partido en el poder. Estamos en presencia de unamatriz poltica en donde la sociedad est esencialmente sujeta alcontrol del Estado.

En el segundo tipo de matriz, las organizaciones sociales man-tienen su autonoma frente a los partidos polticos pero establecenestrechas relaciones con los mismos, basndose en la idea de que slocon el apoyo de la poltica como espacio de socializacin de los pro-blemas se pueden cambiar las reglas y las instituciones que rigen lasociedad. Existe aqu una participacin de las bases en el mbito de laorganizacin social, pero la representacin y la negociacin son com-partidas por el liderazgo de las organizaciones y el partido poltico(ocasionalmente con varios partidos), el cual respalda los objetivos ylas demandas planteadas. La participacin en la competencia electo-ral es el vnculo que une a las organizaciones sociales con los partidospolticos. Llamamos a estas organizaciones de matriz social y polticaporque su desempeo oscila entre la sociedad y los partidos polticos,y, por lo tanto, aspiran a tener presencia a nivel nacional.

Al interior de esta matriz encontramos un mayor nmero devariaciones. Dependiendo de las estrategias de las organizacionessociales y de los partidos, existen numerosas posibilidades de relacinentre ambas instituciones. Por un lado, ciertas posturas defienden laidea del partido instrumento, donde el partido poltico debe estar al ser-vicio de las demandas populares. Esta posicin puede llevar a la crea-

cin de partidos sectorializados (partido obrero-campesino o inclusopartido campesino). A la inversa, ciertos dirigentes se acercan a la ideadel corporativismo tradicional, donde la organizacin se sujeta a losintereses electorales del partido1. Entre ambos polos se ubica la postu-ra que plantea la necesidad de respaldo mutuo y coordinacin deacciones sobre la base de la autonoma de cada parte. Esta posicinintermedia acepta la existencia de una inevitable y permanente tensinuna tensin necesaria entre las organizaciones sociales y los partidospolticos, debido a que ambas instituciones tienen objetivos, dinmicasde accin y reglas de funcionamiento distintos. La tensin que resultade esta situacin se resuelve a travs del establecimiento de programaspolticos, acuerdos pactados y alianzas concretas.

En el tercer tipo de matriz, las organizaciones sociales rechazantoda relacin con los partidos polticos porque plantean que en sulucha por el poder estos no hacen ms que reproducir las estructurasde dominacin existentes, y por lo tanto se ven impedidos de modifi-carlas. La estrategia no consiste en influir en la toma de decisionesgubernamentales ni en intentar tomar el poder, sino en crear un anti-poder que busca transformar el mundo desde la sociedad organizada,a travs del ejercicio de nuevas formas organizativas y de prcticassociales cotidianas. Se trata de crear espacios sociales en donde noexiste el poder: o sea, de disolver el poder mismo (Holloway, 2002). Lasociedad debe transformarse a s misma no slo prescindiendo de lospartidos polticos, sino provocando su desaparicin por la va de loshechos. Aqu, los procesos de participacin, representacin y negocia-cin quedan en manos de la organizacin social gracias al ejercicio dela democracia directa, por cuyo conducto se persigue una democraciasocial. A estas organizaciones las llamamos de matriz social porqueautolimitan su mbito de accin a la sociedad y por lo tanto privile-gian el espacio local.

Las organizaciones de matriz poltica y de matriz social y pol-tica son normalmente ms visibles que las de matriz social debido asu participacin vinculada con los partidos polticos y su presenciaen el espacio nacional. Por otra parte, aun cuando las organizacionessociales se ubican predominantemente en uno u otro tipo de matriz,segn las coyunturas, algunas de ellas pueden cambiar su relacincon los partidos y, por lo tanto, responder a otra matriz diferente.

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Hubert C. de Grammont y Horacio Mackinlay

1 Esta posicin se ha caracterizado como de corporativismo blando, neocorporati-vismo o semicorporativismo (Ramrez Siz, 2002).

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Esta permeabilidad es mayor en el caso de las que pertenecen a lamatriz social y poltica, precisamente por ubicarse entre las dos posi-ciones extremas. Es importante reconocer que todo intento de clasifi-cacin debe tomar en cuenta cada contexto histrico, y puede teneralgn grado de arbitrariedad.

En nuestro anlisis privilegiamos los grandes actores coninfluencia regional o nacional, organizados en estructuras formales,con capacidad de generar acciones colectivas incluso movimientossociales para alcanzar la resolucin de sus demandas. Sin embargo,existen numerosas organizaciones locales que no tienen vnculos conlas grandes organizaciones, cuya presencia no deja de ser un elementoa tener en cuenta para entender la complejidad de las dinmicas entrela sociedad y el sistema poltico, pero que no hemos de considerar enel marco del presente trabajo. Algunas de ellas pueden, tambin, serdetonadoras de autnticos movimientos sociales.

En cuanto a la temporalidad del estudio, si bien nos interesaenfocar la situacin actual, retomar la dimensin histrica de estasrelaciones nos permitir mostrar los cambios que han ocurrido a lolargo de los ltimos veinte aos y precisar la situacin de los actoressociales rurales en el marco del sistema poltico democrtico que seinstaur en Mxico a partir del ao 2000. Dividimos nuestro anlisisen tres perodos: el rgimen corporativo del Partido RevolucionarioInstitucional (PRI) entre 1938-1988; el perodo de las reformas neoli-berales y la transicin democrtica que va de 1988 a 2000; y el que seinicia a partir de la existencia de un sistema poltico democrtico y dela alternancia partidaria en el poder, desde el ao 2000 en adelante. Elprimer perodo corresponde a la base histrica de la que se parte,mientras que los otros dos se enmarcan en el contexto de los cambiosinstitucionales provocados por las reformas estructurales neoliberalesy la fase final del proceso de transicin de un sistema poltico autori-tario corporativo a un sistema democrtico electoral.

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES BAJO EL CORPORATIVISMO DELPRI ENTRE 1938 Y 1988

El longevo sistema poltico mexicano que prevaleci entre 1938 y2000 pudo subsistir tantos aos, entre otros motivos, gracias a la efi-cacia de su aparato corporativo para subordinar a las clases popularesal Estado. En un principio, las organizaciones obreras y campesinas, ylas representativas de las clases medias y populares, rurales y urbanas,

sellaron una alianza con el Estado mexicano cimentada en determina-dos acuerdos trascendentales (o compromisos histricos, para poner-lo en trminos gramscianos) en torno a las principales reivindicacio-nes histricas de sus representados. Estos compromisos quedaronplasmados en la Constitucin de 1917, al trmino de la RevolucinMexicana, pero habr que esperar hasta el gobierno de LzaroCrdenas (1934-1940) para que encuentren cabal resolucin y paraque el Estado adquiera un carcter autnticamente hegemnico(Raby, 1972).

En el medio rural, las demandas de los pequeos productores,tanto ejidatarios2 como propietarios privados3, giraron alrededor delreparto agrario y del fomento a la pequea y mediana produccinfamiliar. En el mbito urbano, el consenso en torno al rgimen ema-nado de la Revolucin se alcanz gracias a una legislacin laboral yun rgimen de seguridad social relativamente avanzados, el impulso ala educacin, la salud pblica y la vivienda popular, y el aumento delos niveles de ingresos del conjunto de las clases populares urbanas.Estos procesos, con diferentes ritmos y pautas, ocurrieron entre lasdcadas de 1930 y 1960.

En contrapartida, con el pasar de los aos, las organizacionespopulares vinculadas al partido oficial perdieron su autonoma y seconstituyeron en gran medida en correas de transmisin de las direc-tivas gubernamentales vertidas a travs del PRI, conformado por sus

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2 Los ejidatarios y comuneros, integrantes de los ejidos y comunidades, son los pobla-dores rurales que recibieron tierras a partir de los procesos de fragmentacin de los lati-fundios o de entrega de tierras propiedad de la nacin, en el caso de los primeros, ocuyas tierras fueron reconocidas o confirmadas por derechos ancestrales de posesin,en el caso de los segundos. Estas tierras adquirieron el estatuto jurdico de propiedadsocial, que, a diferencia de la propiedad privada, las hizo inembargables e inalienables,es decir, las retir del mercado de tierras (Mackinlay, 1991). Dado que la gran mayorade los beneficiarios de la Reforma Agraria Mexicana fueron ejidatarios, poco haremosmencin aqu a los comuneros.

3 Los propietarios privados son las personas que se beneficiaron de las modalidades dereparto individual y privado de la tierra y aquellos cuyas tierras siempre se mantuvie-ron dentro del rgimen de propiedad privada. Si sus propiedades excedan los topespermitidos para este tipo (100 ha de riego, 200 de temporal, 300 de agostadero y otrasespecificaciones segn los tipos de tierra, mientras que para la propiedad ganadera setrataba de la superficie necesaria para sostener 500 cabezas de ganado mayor), losexcedentes podan ser afectados para ser entregados a campesinos solicitantes (PrezCastaeda, 2002). El rgimen de tenencia es independiente de la lgica productiva, yaque la mayora de los pequeos propietarios eran campesinos y slo una minora eranempresarios agrcolas. Una distribucin similar prevaleci entre los propietarios priva-dos (CEPAL, 1982).

sectores obrero, campesino y popular (Garrido, 1984)4. Por lo general,eran grandes agrupaciones nacionales slo en algunos casos regiona-les las que controlaban la representacin popular e incluso empresa-rial5 y negociaban con el Estado la resolucin de las demandas de susrepresentados. Esto se explica porque la Constitucin de 1917 le con-firi al gobierno federal y no a los estados, como normalmente sucedeen otros pases, la responsabilidad de regular las relaciones laboralesy las relaciones agrarias, al otorgarle un papel de rbitro en los con-flictos obrero-patronales y la administracin de la tenencia de la tierray de los recursos naturales.

Durante el perodo 1938-1988 el corporativismo se distinguipor su enorme fortaleza, sustentada en un Estado interventor en loeconmico, en lo poltico y en lo social, con una ideologa dominanteel llamado nacionalismo revolucionario que daba cohesin al siste-ma poltico por encima de los inherentes conflictos de clase. UnEstado benefactor que tena la capacidad de proclamarse como elrepresentante del inters general de la nacin porque posibilitabacierto progreso y bienestar social para las clases subalternas, permitaadecuados niveles de acumulacin para las empresas privadas, y ase-guraba la tan sonada paz social del pas en un contexto latinoamerica-no sacudido por una gran inestabilidad social y poltica.

Obviamente, la satisfaccin de las reivindicaciones de las clasespopulares estaba acotada dentro de ciertos lmites, ya que las medidasredistributivas no deban afectar en demasa la capacidad de acumu-lacin y expansin de los empresarios del sector urbano-industrial,hacia cuyo desarrollo se volc el grueso de los esfuerzos de los gobier-nos poscardenistas. De ah que se disearan mecanismos legales paralimitar el alcance de la legislacin favorable a las clases populares, oque se encontrara la forma de no llevarla a cabalidad en la prctica.Asimismo, uno de los recursos ms hbilmente empleados por el rgi-men del PRI fue la cooptacin de los dirigentes opositores, o el reco-nocimiento de la legitimidad social de los mismos cuando estos asu-man posiciones polticamente manejables. Tambin se poda recurrir

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4 En el trabajo nos referiremos en ocasiones al PRI como el partido oficial y, en otras,como priista. Asimismo, cuando hablemos de organizaciones oficiales u oficialistasnos referiremos a aquellas afiliadas al PRI.

5 Los empresarios, principales beneficiados por las polticas pblicas, tambin estuvie-ron organizados en un contexto corporativo, aunque diferente al del sector social. Suorganizacin, mucho menos politizada ya que no tenan una representacin formaldentro del PRI, asumi un carcter ms marcadamente productivo (Mackinlay, 2004).

al uso de la violencia a travs de guardias blancas, la intervencin delejrcito, el encarcelamiento, la tortura y el asesinato de activistassociales, e incluso a la represin de movimientos sociales enteros.

Sin embargo, aunque la represin fue uno de los mecanismosque se emple para el sostenimiento del rgimen y para limitar suposible apertura hacia un sistema poltico democrtico, nunca fue sufactor definitorio. Hubo otros factores ms importantes que explicansu permanencia. Para los efectos del presente trabajo es importantemencionar uno de especial inters: el desarrollo de una compleja redde relaciones clientelares mediante la cual el gobierno ejerca ciertasfacultades administrativas y distribua parte de los recursos pblicosa travs de las organizaciones afiliadas al partido oficial. De ah quese utilizara ampliamente el concepto de partido de Estado, segn elcual no era fcil distinguir los lmites de las atribuciones de las orga-nizaciones sociales, la administracin pblica y el partido oficialeste ltimo financiado sin mayor disimulo con recursos pblicos(Garrido, 1984).

En esta configuracin, los dirigentes de las organizacionespriistas jugaban un papel central: en su funcin de intermediariosestaban a cargo del control poltico de sus bases sociales, lo que signi-fica que deban procurar que estas asistiesen a los actos partidarios,votasen por el PRI y, sobre todo, no se saliesen de los cauces institu-cionales. A cambio de esto los dirigentes podan hacer uso discrecio-nal de los recursos de sus organizaciones y contender por los puestosde eleccin popular del partido (presidencias municipales, diputacio-nes estatales y federales, senaduras, gubernaturas y presidencia de laRepblica). Estas posiciones tambin les permitan lucrar a travs delcontrol de la administracin pblica, el trfico de influencias y laobtencin de diversas prebendas. La corrupcin se generaliz y seconvirti en algo socialmente aceptado mientras pudiese asegurarciertos niveles de bienestar social para las bases sociales (Mackinlay yOtero, 2004).

Simultneamente resultaba fundamental mantener la fachadade un sistema de gobierno democrtico, con elecciones peridicasfuertemente controladas, la renovacin puntual de los mandatos pre-sidenciales y una apariencia de sistema parlamentario pluripartidista,donde se toleraba la existencia de ciertos partidos de oposicin que notenan mayor peso poltico. El hecho de permitir cierto juego poltico,con un aceptable nivel de libertad de expresin y de libertades polti-cas para las clases medias, les serva a los gobiernos priistas para ami-

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norar las crticas domsticas e internacionales. De ah que en el pero-do 1938-1988 siempre existieran partidos de oposicin, organizacio-nes populares y movilizaciones ciudadanas que reclamaban un siste-ma poltico ms abierto, participativo y autnticamente democrtico.Sin embargo, a pesar de las importantes luchas que se dieron en dis-tintas partes del pas, el rgimen logr mantener su predominio. Eltrnsito a un sistema ms democrtico recin se inicia unos aos des-pus de la violenta represin a los movimientos estudiantiles de 1968y 1971, que a la postre obligaron al partido en el poder a concedersobre todo a partir de la primera reforma poltica de 1979 cada vezms espacios democrticos a la sociedad civil; aunque se trat de unproceso sumamente lento, con avances y retrocesos durante lossiguientes veinte aos, que apenas culminara en el ao 2000.

En sntesis, representacin social, negociacin, clientelismo,control poltico autoritario y una fachada de democracia electoral yrepresin fueron elementos inherentes del corporativismo mexicano.La combinacin especfica de estos factores vari considerablementea lo largo de las administraciones o sexenios6, e incluso al interior deestos. La conjuncin de los elementos antes mencionados generaba, sino un consenso activo en torno a los gobiernos del PRI, por lo menosun consenso pasivo, una aceptacin del estado de cosas entre la mayo-ra de la poblacin mexicana7. De ah que pueda afirmarse que el rgi-men poltico mexicano fue autoritario pero no totalitario8.

LAS ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN EL PERODO 1938-1988

La organizacin campesina del sector social9 ms importante a lolargo de este perodo fue la oficialista Confederacin NacionalCampesina (CNC), de 1938, creada por el Estado durante el cardenis-mo. Constituida fundamentalmente por ejidatarios, esta central man-

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6 Perodos gubernamentales de seis aos.

7 En trminos de Raymond Boudon y Franois Bourricaud (2000), consenso autoritarioo consenso de concertacin.

8 Retomando la diferencia establecida por Linz (1970), el totalitarismo niega la posibili-dad de todo disenso, por lo cual se asimila a regmenes militares. El autoritarismo tole-ra cierta oposicin mientras le sea funcional: permite absorber los conflictos inherentesa la sociedad en cuestin.

9 Aunque en trminos de tenencia de la tierra los ejidos y comunidades formaban clara-mente parte del sector social debido al estatuto jurdico de propiedad social agraria, tra-tndose de la poltica de fomento, el sector social tena un alcance ms amplio, ya quepoda incluir tambin a los propietarios privados campesinos minifundistas.

tuvo un virtual monopolio organizativo de los campesinos mexicanosdurante sus primeros treinta aos de existencia, al representar el prin-cipal conducto para acceder a la tierra y a los recursos de fomento.Estatutariamente exista la llamada afiliacin forzosa, en el sentido deque sus miembros deban militar obligatoriamente en el PRI so penade ser excluidos de la organizacin y de sus beneficios. En cuanto alnmero de afiliados, para simplificar las cosas, la CNC los contabili-zaba en funcin del total de los campesinos beneficiados por la refor-ma agraria. A travs de ello simbolizaba su identidad con el Estadomexicano (Mackinlay, 1996: 165-238).

Desde los aos cuarenta empezaron a surgir otras organizacio-nes oficiales que le disputaron a la CNC ciertos espacios regionales eimpidieron que se desarrollara como central nica. Entre estas, laUnin General de Obreros y Campesinos de Mxico (UGOCM) de1949, la Central Campesina Independiente (CCI) de 1963, y elConsejo Agrarista Mexicano (CAM) de 1970. Si bien estas organiza-ciones nacieron (por lo menos en los dos primeros casos) sobre labase de movilizaciones sociales de considerable magnitud e intenta-ron inicialmente organizarse al margen del sistema corporativo, fue-ron finalmente cooptadas por el gobierno y terminaron por afiliarseal partido oficial, pasando a conformar, junto con la CNC, el ncleode las organizaciones oficialistas ms fieles al partido gubernamen-tal. Durante las dcadas del setenta y el ochenta otras organizacionesse afiliaron al PRI para formar parte de su sector campesino, comoAntorcha Campesina (AC) de 1975 y la Alianza Campesina delNoroeste (ALCANO) de 1985; o se aliaron con l para beneficiarse delos apoyos gubernamentales, como el Movimiento Nacional de los 400Pueblos (MN400P).

A mediados de los sesenta se empezaron a manifestar los prime-ros sntomas de la crisis de produccin de granos bsicos, que se vol-vera permanente. Esta crisis reflejaba la seria descapitalizacin sufri-da por los pequeos productores campesinos, productores de maz yfrijol principalmente, a raz de las polticas de fomento instrumenta-das por los gobiernos poscardenistas (Shwedel, 1992). En esta dcadatambin se gener un importante desempleo rural, motivado por dosfactores: la crisis de ciertos productos comerciales de exportacin, y eltrmino de los convenios de braceros con Estados Unidos, que habanpermitido hasta ese entonces la migracin legal de millones de traba-jadores agrcolas. Todo ello motiv una oleada de movilizacionesagrarias e invasiones de tierras en muchos estados del pas. Las cen-

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trales oficiales encontraron cada vez mayores dificultades para ejercersu funcin de control poltico y contener las luchas y manifestacionesde descontento de los campesinos (Bartra, 1985).

Por otra parte, la situacin del sector agrcola, ampliamenteautosuficiente e incluso generador de divisas durante casi tres dca-das, contribuyendo a la industrializacin del pas mediante el aportede alimentos y materias primas baratas, se revirti entre mediados delos sesenta y mediados de los setenta. A partir de entonces fue necesa-rio recurrir a la importacin de crecientes volmenes de granos bsi-cos y oleaginosas, empezando con maz y frijol para continuar contrigo, arroz, sorgo, soja y cebada. Esta importacin, que se ha incre-mentado regularmente hasta la fecha, se ha convertido en una pesadacarga para el erario pblico y en un factor que retrae el crecimientoeconmico del pas en su conjunto (Moguel, Fritscher y Azpeitia,1990: 138-196)10.

En aras de aumentar la produccin agrcola, los gobiernos deLuis Echeverra (1970-1976) y de Jos Lpez Portillo (1976-1982)incrementaron la inversin pblica agropecuaria. Esto determin laproliferacin de gran nmero de nuevas figuras asociativas, tanto delsector privado como del social, receptoras de los crditos, subsidios,obras de infraestructura, diversos programas y proyectos guberna-mentales. Las centrales campesinas tuvieron que transitar de unmbito de desempeo predominantemente agrarista, enfocado en elacceso a la tierra, a uno sustentado en el desarrollo econmico de susunidades productivas. La mayora de las empresas campesinas que secrearon fueron cenecistas, pero muchas de ellas se acercaron con elpaso de los aos sin que necesariamente cambiaran de filiacin pol-tica a las organizaciones independientes y autnomas.

En efecto, el auge de la lucha por la tierra y el impulso a lasorganizaciones de productores propiciaron durante los setenta y losochenta un proceso organizativo independiente del sistema corporati-vo. Un conjunto de organizaciones agraristas regionales, basadas en ladifundida ideologa de izquierda de la poca, y cuyo comn denomi-nador era su tajante rechazo al PRI-gobierno, busc un tipo de organi-zacin que les permitiese mantener su autonoma frente al gobierno ya la vez apoyarse y coordinarse entre s. De ah que, en 1979, optaron

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10 Las importaciones de maz pasaron de 3,2 millones de toneladas en 1988 a 5,3 millonesen 1998; las de soja, de 4.500 toneladas a 3,5 millones de toneladas; las de sorgo, de 1,4millones a 3,1 millones de toneladas; y las de frijol, de 800 a 202.000 toneladas (CNA, 1999).

por organizarse en forma de red y conformaron la CoordinadoraNacional Plan de Ayala (CNPA). La CNPA se defini como un frente deorganizaciones independientes para enfatizar su voluntad de noentrar en componendas con el rgimen corporativo. Estas organiza-ciones sostuvieron una posicin agrarista radical que les signific unarepresin constante, con numerosos muertos y encarcelados, a raz delo cual la Coordinadora se debilit a partir de mediados de los ochen-ta para prcticamente desaparecer hacia fines de esa dcada. Sinembargo, varias de las organizaciones que la constituan continuaronexistiendo y se reagruparan posteriormente en diversos frentes(Flores La, Par y Sarmiento, 1988; Robles y Moguel, 1990: 377-450).

Pocos aos despus, otro conjunto de organizaciones regionalesque no pona tanto nfasis en el reparto agrario, sino que luchaba fun-damentalmente por la mejora de las condiciones de desarrollo econ-mico de los pequeos productores mercantiles y la autogestin de lasempresas econmicas del sector social, se agrup tambin en forma dered en la Unin Nacional de Organizaciones Regionales CampesinasAutnomas (UNORCA) en 1985. Estas organizaciones se definieroncomo autnomas para marcar que, a diferencia de las organizacionesindependientes, no rehuan trabajar con el gobierno, e incluso con elPRI, a condicin de que esto no les impidiese crear organismos yempresas del sector social representativos de las bases campesinas(Fox y Gordillo, 1991). Es as como pudieron establecer una mejorrelacin de negociacin con los gobiernos de turno, aunque en ocasio-nes fueron reprimidas y tambin tuvieron varios activistas asesinadosentre sus filas. Esto no significa que la UNORCA desdeara la luchaagrarista, ya que encabez importantes luchas por la tierra, pero esms conocida por las importantes batallas por los precios de garantadurante la segunda mitad de los ochenta. Su proyecto de luchar pararetener el excedente econmico dentro de las unidades campesinas,con base en la formacin de empresas campesinas del sector socialeficientemente administradas, se convirti en el eje aglutinador denumerosas organizaciones, tanto oficiales como independientes yautnomas (UNORCA, 1989).

Adems de la CNPA y la UNORCA, otra organizacin significati-va es la Central Independiente de Obreros Agrcolas y Campesinos(CIOAC) de 1975, una escisin de la CCI cercana al Partido ComunistaMexicano. Fue la nica organizacin que se plante la necesidad de lasindicalizacin de los jornaleros agrcolas, pionera en la formacin deuniones de crdito y aseguramiento de empresas campesinas.

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Inicialmente se defini como una organizacin independiente, perocon el fortalecimiento de sus empresas campesinas opt, a principios delos noventa, por seguir los pasos de la UNORCA y actuar en el marcodefinido por la autonoma. Otras organizaciones regionales de distintosorgenes polticos tambin se acercaron a los planteamientos program-ticos de la UNORCA, como la Unin Nacional de TrabajadoresAgrcolas (UNTA) de 1978, la Unin General Obrera, Campesina yPopular (UGOCP) de 1986, la Central Campesina Cardenista (CCC) de1988, y la Coalicin de Organizaciones Democrticas, Urbanas yPopulares (CODUC) de 1986 (Encinas et al., 1995: 11-65).

El considerable crecimiento durante las dcadas del setenta yochenta de las organizaciones campesinas que se mantenan fuera delas relaciones corporativas y reivindicaban el ejercicio de la democra-cia se debe al agotamiento del corporativismo como modelo de repre-sentacin social, su marcado autoritarismo, la corrupcin generaliza-da y la excesiva concentracin del poder de decisin en las cpulas.En la medida en que las organizaciones corporativas perdieron efica-cia para defender los intereses de sus agremiados, y por ello conocie-ron mayores dificultades para controlarlos polticamente, el Estadoempez a tomar cierta distancia de las mismas. La disfuncin entrelas viejas organizaciones corporativas y el naciente Estado neoliberaldetermin que el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) opta-ra por escuchar a nuevos interlocutores, sobre todo la UNORCA. Sinembargo, si bien es cierto que las organizaciones autnomas adqui-rieron una relevancia considerable hacia fines de los ochenta, laCNC, gracias a su estrecha relacin poltica con el PRI, que le dabamayor capacidad de acceder a los programas y fondos gubernamen-tales, y a un real arraigo entre muchos grupos campesinos que obtu-vieron por su conducto tierras y ciertos beneficios sociales, logr pre-servar una importante influencia y control poltico sobre la poblacinrural (Mackinlay, 1996).

LAS ORGANIZACIONES INDGENAS EN EL PERODO 1938-1988

La Reforma Agraria Mexicana se ocup mucho ms de los ejidata-rios, en su mayora campesinos mestizos, que de los indgenas. El80% de las acciones agrarias del gobierno en el perodo consideradose relacion con el fraccionamiento de latifundios, cuyos excedentes,que sobrepasaban los topes permitidos, fueron entregados bajo laforma de propiedad ejidal. Tan slo un 20% tuvo que ver con accio-nes restitutorias o confirmatorias de derechos ancestrales de pose-

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sin, entregadas bajo la forma de propiedad comunal. Pero lo para-djico del asunto es que la mayora de estas acciones beneficiaron aladinos mestizos residentes en las tierras en cuestin muchas vecescampesinos pobres, pero tambin en algunos casos personas bastan-te acaudaladas, inclusive autnticos caciques y pocas veces a losindgenas en nombre de quienes se realiz la titulacin de los bienescomunales (Mackinlay, 1996)11.

Las trabas y dificultades para comprobar la posesin o el dere-cho a poseer las tierras que les pertenecan llevaron a los pueblosindios a solicitar la tierra en forma de dotaciones ejidales en vez deen la forma comunal. Esto contribuy a dispersar todava ms a susetnias, que vieron fragmentarse sus territorios tradicionales. Taldeformacin de la reforma agraria se explica por la poltica indige-nista asimilacionista del Estado a partir de los cincuenta, encamina-da a integrar a los grupos tnicos a la cultura nacional mestiza. Parasolucionar sus problemas, las agrupaciones indgenas deban recurrira las centrales campesinas, por lo que se integraron a estas (LpezBrcenas, 2004).

Habr que esperar a la dcada del setenta, con su intensa movi-lizacin popular, para que este estado de cosas empiece a cambiar,con la formacin de un cada vez mayor nmero de organizacionesindgenas regionales y proyectos impulsados por organizacionesgubernamentales y no gubernamentales relacionados con sus deman-das agrarias, productivas o culturales, en casi todos los estados de laRepblica. Aunque las reivindicaciones predominantes de los indge-nas todava eran similares a las de los campesinos mestizos es decir,basadas en el anhelo de disponer de tierras, recursos naturales yrecursos productivos tambin incorporaban demandas ms especfi-cas: educacin bilinge y bicultural, proteccin de sus derechos cultu-rales y formas de organizacin tradicionales, promocin de su partici-pacin poltica en los ejidos y municipios, condiciones laborales jus-tas para los jornaleros agrcolas migrantes, y fin a la represin (MejaPieros y Sarmiento, 1987: Cap. 1 y 4).

Sin embargo, mientras los indgenas empezaban a organizarseen forma independiente, inclusive adelantndose ante los primerossignos de este fenmeno, el Estado empez a crear organizaciones

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11 Hacia la segunda mitad de los ochenta la poblacin indgena de Mxico era alrede-dor del 10% de la poblacin total, proporcin que se ha sostenido hasta la fecha (MejaPieros y Sarmiento, 1987; Censo de Poblacin del ao 2000).

corporativas para controlarlos. Es as como durante la dcada delsetenta se conformaron organizaciones cercanas tanto al partido ofi-cial y al gobierno como a organizaciones independientes. A princi-pios de los ochenta, varias organizaciones decidieron retirarse deloficialista Consejo Nacional de Pueblos Indgenas para integrar laCoordinadora Nacional de Pueblos Indgenas, vinculada con laCNPA, que fue la organizacin campesina que ms incorpor la cues-tin indgena dentro de sus planteamientos y apoy importantesluchas agrarias de organizaciones indgenas (Harvey, 2000: 146-154).Pero ser recin a fines de los ochenta, con el surgimiento del FrenteIndependiente de Pueblos Indios (FIPI), de 1988, que el movimientoindgena empezar a diferenciarse del campesino y a tomar una iden-tidad ms marcadamente propia, con la elaboracin de un primerplanteamiento de autonoma regional inspirado en el modelo nicara-gense impulsado por el Frente Sandinista de Liberacin Nacional(Ruiz, 1994: 117-132).

LAS ORGANIZACIONES SOCIALES ENTRE LAS REFORMASNEOLIBERALES Y LA TRANSICIN DEMOCRTICA (1988-2000)

Durante este perodo, que engloba la totalidad de la dcada del noven-ta, se transforma definitivamente la relacin entre las organizacionessociales, el sistema poltico y el Estado debido al desarrollo de tresprocesos vinculados entre s. El primero, cuyo momento toral corres-ponde al sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), tiene quever con los cambios de la estructura econmica motivados por lasreformas neoliberales llevadas a cabo en el contexto de la globaliza-cin de la economa mundial. El segundo, que se desarrolla esencial-mente en el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000), afecta al sistemapoltico y se relaciona con la transicin democrtica que culmina en elao 2000. La combinacin de ambos procesos propicia el surgimien-to, a partir de la segunda mitad del decenio, de nuevos actores socia-les que se desempean en un contexto econmico y poltico sustan-cialmente diferente al existente en el perodo anterior.

No es el propsito aqu analizar en detalle las polticas neolibe-rales. Basta mencionar que, despus de la primera fase preparatoriade estas polticas (o fase de ajuste) correspondiente a la administra-cin del presidente De la Madrid, el gobierno de Salinas de Gortariprofundiz su aplicacin, pasando a la fase del cambio estructural.Esta administracin, conocida como la de las reformas salinistas, con

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sus correspondientes privatizaciones, desregulacin econmica,racionalizacin y reorientacin del gasto pblico y apertura comer-cial, modific diametralmente las coordenadas econmicas hastaentonces conocidas por el conjunto de los agentes econmicos. En tr-minos de la poltica agrcola, quizs lo ms importante a resaltar delproceso neoliberal mexicano es que se abandon la idea de buscar laautosuficiencia alimentaria y se adopt la estrategia de orientar laproduccin en funcin de las llamadas ventajas comparativas. Se optpor esta estrategia no obstante las secuelas sociales que poda impli-car reducir drsticamente el apoyo a un nmero muy importante deproductores nacionales de escasos recursos con pocas alternativas deempleo en los sectores secundario y terciario de la economa (Encinaset al., 1995)12.

LAS REFORMAS SALINISTAS, EL CAMBIO ESTRUCTURAL Y SUS IMPACTOS EN LASORGANIZACIONES CAMPESINAS

Como es bien sabido, el candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari,asumi el poder en medio de serias dudas acerca de la legalidad de suvictoria en las elecciones de diciembre de 1988. En busca de alianzaspara legitimarse y poder negociar con los campesinos las reformas queproyectaba, impuls la creacin del Congreso Agrario Permanente(CAP) en 1989. La particularidad del CAP es que por primera vez ungobierno del PRI incorpora entre sus interlocutores formales a organi-zaciones no pristas, como las organizaciones autnomas y algunas dela corriente independiente, varias de ellas asociadas incluso con parti-dos de oposicin, por lo cual ciertos autores consideran que se trat deuna experiencia neocorporativa (Bartra, 1991; Rojas, 1998). La crea-cin de este frente fue posible gracias a la estrecha relacin que Salinashaba establecido con organizaciones campesinas desde aos atrs,cuando se desempeaba como funcionario, en particular con dirigen-tes de la UNORCA. Despus de participar en su campaa electoral,estos dirigentes se incorporaron tanto a la direccin de la CNC, con lapretensin de reestructurarla bajo el modelo de las organizacionesautnomas, como a la Secretara de Agricultura para asegurar el des-arrollo de polticas de fomento a los pequeos productores. En estecontexto tuvieron la capacidad de aglutinar a buena parte de las orga-

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12 El Censo Agrcola de 1991 contabiliz 3,8 millones de unidades de produccin, de lascuales 1,7 eran de autoconsumo, mientras que 1,6 vendan toda su produccin o partede ella en los mercados locales y nacional (Carton de Grammont, 2001b).

nizaciones no oficialistas en torno al nuevo proyecto. De ah que elCAP agrupara a la mayora de las organizaciones campesinas naciona-les del pas13.

Esta nueva alianza se bas en la promesa de brindar a las orga-nizaciones econmicas del sector social un papel protagnico en elproceso de desarrollo nacional, otorgndoles prioridad en la privatiza-cin de las empresas paraestatales a condicin de que fuesen capacesde administrarlas eficientemente. En la prctica, este propsito no selogr, pero por lo menos se destinaron recursos financieros para pro-yectos productivos a travs de los llamados convenios de concerta-cin. Aunque el gobierno se sirvi de la dirigencia de la UNORCA paraarmar este frente, no dej de privilegiar a la CNC, central que recibila mayor parte de los apoyos gubernamentales (Mackinlay, 1996).

Sin embargo, la vinculacin con el gobierno en torno al proyec-to de la concertacin social result contraproducente para las organi-zaciones campesinas14. A pesar de que durante los dos primeros aosestas lograron la resolucin de algunas de sus demandas, el procesoconcertador finalmente tuvo un resultado diferente al previsto cuan-do los grandes grupos empresariales empezaron a manifestar intersen comprar los activos de las empresas estatales establecidas en elsector rural. Al debilitarse la corriente de funcionarios favorables alas organizaciones campesinas, se desgast la alianza con el gobiernoy se crearon las condiciones para que este promoviera, a partir defines de 1991, las modificaciones legales en materia agraria msimportantes desde la promulgacin de la Constitucin de 1917, ycontrolara a las organizaciones cuando se iniciaba la negociacin delTratado de Libre Comercio de Amrica del Norte con Estados Unidosy Canad (TLCAN) (De la Fuente y Mackinlay, 1994; Moguel, Botey yHernndez, 1992).

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13 El CAP se conform con la CNC y sus satlites del mbito oficialista (CCI, CAM,UGOCM, MN400P) y las siguientes organizaciones autnomas e independientes:UNORCA, CIOAC, CODUC, UGOCP, CCC, ALCANO y UNTA. Estas son consideradaspor los analistas y periodistas como organizaciones nacionales, aunque en realidadsolamente la CNC, la UNORCA y la CIOAC tienen presencia en un considerable nmerode estados del pas. Las dems tienen un alcance nacional ms limitado y una membre-sa menos importante, pero por uno u otro motivo lograron ubicarse en un espacionacional de negociacin como es el CAP, y adems se interesan por este mbito. Susplanteamientos rebasan la problemtica local o regional de sus afiliados.

14 Las empresas paraestatales cedidas al sector social fueron las menos valiosas y estra-tgicas, y las que quedaron en manos de la iniciativa privada, las ms importantes yredituables (De la Fuente y Mackinlay, 1994: 105-146).

Las reformas al artculo 27 constitucional (6 de enero de 1992) yal conjunto de la legislacin referida al sector rural (1992-1993) pusie-ron fin al reparto agrario, privatizaron la propiedad social agraria eincorporaron la tierra y los recursos naturales forestales, hidrulicos,mineros, pesqueros a una lgica mercantil (Mackinlay y De LaFuente, 1996: 81-116). En forma complementaria, con el objeto degarantizar los ttulos de propiedad para hacer viables las inversionesen el campo, el gobierno lanz un ambicioso programa de titulacinde la tenencia de propiedad social de la tierra, el Programa deCertificacin de Derechos Ejidales y Titulacin de Solares Urbanos(PROCEDE)15. Despus de haber sufrido un importante desgaste araz de estos cambios legislativos, el CAP se incorpor, a principios de1994, a las negociaciones del captulo agropecuario del TLCAN, conuna influencia totalmente secundaria en este proceso16.

Casi todos los analistas concuerdan con que la produccincampesina y la pequea produccin familiar fueron los grandes per-dedores de este tratado. No se excluy a ningn producto, ni siquie-ra a aquellos que revisten una gran importancia histrica, como elmaz y el frijol, del proceso de desgravacin arancelaria gradual dediez aos para la gran mayora de los productos, con un mximo dequince aos para los productos ms sensibles (maz, frijol, leche enpolvo y caa de azcar). A pesar de los numerosos anlisis queadvertan que lo negociado poda resultar perjudicial para la granmayora de los productores nacionales, fue aprobado sin oposicinsignificativa, gracias al renovado control corporativo del salinismo.Como consecuencia de los reveses sufridos con las reformas a latenencia de la tierra y con su incapacidad de sustraer el maz y el fri-jol del TLCAN, durante la segunda mitad del sexenio las organiza-ciones del CAP tanto las oficiales como las no priistas se sumieronen una profunda crisis de representatividad que provoc diversosprocesos de fragmentacin.

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15 Cuando se realizaron las reformas, cerca de 53% de la superficie total del pas perte-neca a ejidos y comunidades, pero la proporcin de tierra laborable no era muy signifi-cativa. La mayora de estas tierras estaban clasificadas como de agostadero, monte,desrtica y no definida (SRA, 1998: 71). Para una explicacin del contenido de lasreformas legislativas, ver Prez Castaeda (2002).

16 El organismo que ms relacin tuvo con los negociadores del gobierno mexicano fuela Coordinadora de Organizaciones Empresariales de Comercio Exterior (COECE), enla cual solamente el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), representativo de las gran-des asociaciones agroindustriales, particip en representacin del sector rural (Cartonde Grammont, 1995a: 105-167; Prez Espejo, 1997).

El presidente Ernesto Zedillo, enfrentado a la devaluacin dediciembre de 1994, fue todava ms estricto en el manejo del gasto pbli-co debido a la crisis financiera que marc la mayor parte de su adminis-tracin, canalizando menos recursos al campo que su antecesor. La orien-tacin econmica neoliberal prosigui, excepto en lo que se refiere a lamanutencin de una paridad cambiaria fija, ya que su gobierno opt pordejar flotar el peso en funcin de las fluctuaciones del mercado. Estaadministracin no slo cumpli puntualmente con los acuerdos arancela-rios acordados en el TLCAN, sino que fue ms all al permitir que sesuperaran las cuotas de importacin acordadas para toda una gama degranos como maz, frijol y soja, con el pretexto de combatir la inflacin.Segn piensan numerosos analistas, otro de los objetivos de esta importa-cin indiscriminada consisti en continuar con la poltica de vaciamientodemogrfico de productores ineficientes iniciada con las reformas enmateria agraria y la apertura comercial, bajo la consideracin de quehaba que cerrar la brecha existente en el sector rural entre poblacin yproductividad, al participar este tan slo con el 7% del PIB pero contandocon cerca del 25% de la poblacin nacional (Bartra, 2003: 78-83).

La apertura comercial y dems polticas neoliberales no sloafectaron a los pequeos productores campesinos sino que perjudica-ron a numerosos empresarios agrcolas que haban prosperado en elcontexto de un mercado protegido y haban sido los principales bene-ficiados de los fondos de fomento y subsidios gubernamentales canali-zados al campo por los gobiernos poscardenistas. Se empez a poneren cuestin la antigua alianza del Estado con los pequeos y media-nos empresarios de tipo familiar que haban sido un importantebaluarte del rgimen priista y que empezaron a encontrar serias difi-cultades para mantenerse en el mercado o cayeron en cartera vencida(Carton de Grammont, 2001a). A partir de mediados de los noventa, elEstado mexicano redefini sus alianzas con los productores rurales,privilegiando a los grandes empresarios relacionados con la exporta-cin y a las contadas grandes empresas agroindustriales que operansimultneamente en los mercados interno y exterior, como las trans-nacionales importadoras de granos y oleaginosas, que en la pocaanterior haban tenido vedada la propiedad de la tierra17. A continua-

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17 Las reformas a la legislacin agraria del sexenio salinista levantaron las ltimas barre-ras que existan para la libre operacin de las grandes corporaciones agrcolas en el sec-tor rural, al permitir que, por primera vez desde 1917, sociedades mercantiles por accio-nes y no slo particulares poseyeran tierras, con la posibilidad de acumular hasta vein-ticinco veces los lmites de la pequea propiedad individual (Prez Castaeda, 2002).

cin veremos brevemente de qu manera el cambio estructural neoli-beral modific significativamente el papel social del Estado y de lasorganizaciones campesinas en la dcada de los noventa.

La privatizacin de las empresas pblicas que operaban en elsector agropecuario acab con la funcin regulatoria del Estado en lafijacin de los precios de los granos y oleaginosas, en la produccin dediversos insumos agropecuarios y de ciertas materias primas para sutransformacin agroindustrial, y en la produccin industrial de ali-mentos de consumo popular a precio reducido (De la Fuente yMackinlay, 1994; Concheiro y Tarro, 1998). Permiti tambin quemuchos de los espacios productivos ocupados anteriormente por ins-tituciones gubernamentales fueran llenados por corporacionesagroindustriales nacionales y extranjeras, mientras que las institucio-nes que no fueron transferidas al capital privado se reestructuraronpara funcionar con criterios de eficiencia empresarial, como fue elcaso de la Banca de Fomento Agropecuario.

Como consecuencia de estos cambios, las organizaciones cam-pesinas que haban fungido como interlocutoras del gobierno centraly de los gobiernos estatales en el diseo, y sobre todo en la implemen-tacin de las polticas de fomento dirigidas al campo durante la pocadel Estado benefactor, perdieron capacidad de interlocucin. Igualsucedi con otro de los interlocutores tradicionales, las agrupacionesde pequeos y medianos empresarios agrcolas y pecuarios predomi-nantemente relacionados con el mercado interno que haban sido lasprincipales representantes del empresariado en esa poca. En estatesitura, durante las negociaciones del TLCAN las asociaciones de losgrandes productores y empresas agroindustriales agrupadas a partirde 1982 en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) desplazaron a lastradicionales organizaciones de los pequeos y medianos empresariosdel campo (Carton de Grammont, 1995a)18.

Es imposible hacer un balance aqu de los resultados de lasreformas a la legislacin rural (1992-1993) y de la privatizacin de lapropiedad social agraria, pero podemos sealar que, si bien desman-telaron el pesado e ineficiente aparato regulatorio y corporativo queen muchos aspectos asfixiaba a la sociedad rural, tambin desprote-

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18 Entre las organizaciones empresariales que decayeron en importancia se puedemencionar a la Confederacin Nacional de la Pequea Propiedad (CNPP), laConfederacin Nacional de Productores de Hortalizas (CNPH), que finalmente terminpor desaparecer, y la otrora poderosa Confederacin Nacional Ganadera (CNG)(Gonzlez, 1994; Carton de Grammont, 1995a; Mackinlay, 2004).

gieron a numerosos segmentos de escasos recursos de la poblacincampesina e indgena y, a poco ms de diez aos de su implementa-cin, probablemente han propiciado una mayor depredacin de losrecursos naturales de la que exista antes (Prez Castaeda, 1998: 43-90; Concheiro y Diego Quintana, 2001). Dichas reformas cancelaronbuena parte de la funcin reguladora del Estado sobre la propiedadsocial agraria y le quitaron uno de sus principales medios de interven-cin poltica en el campo. As, diversos mecanismos de control polti-co que se ejercan por conducto de las organizaciones corporativiza-das algunos de los cuales atentaban francamente contra las liberta-des individuales perdieron importancia o simplemente dejaron deexistir, en la medida en que las instancias colectivas de los ejidos deja-ron de tener buena parte de sus antiguas atribuciones (Mackinlay,1996; 2004). De esta forma, el papel de intermediacin de las organi-zaciones campesinas en la regulacin de las relaciones agrarias se havisto restringido, y es probable que en el mediano plazo est condena-do a desaparecer19.

Las polticas de fomento y la poltica social se disociaron y sefocalizaron. Durante la primera mitad de los noventa se distinguientre los productores con potencial productivo, merecedores de laspolticas de fomento diseadas con criterios empresariales, y los pro-ductores sin tal potencial, catalogados como pobres, receptores de losapoyos asistencialistas, cuyas posibilidades de acceder a los apoyospara actividades productivas disminuyeron (

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