1- Tarifazo Eléctrico Amparo Diputados.as FPV 11-02-2016

7/24/2019 1- Tarifazo Elctrico Amparo Diputados.as FPV 11-02-2016

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INTERPONE ACCION DE AMPARO - SOLICITA MEDIDA CAUTELARDE NO INNOVAR

Seor Juez Federal

Walter Jos Abarca, DNI 33164658, con domicilio real en

Lisandro de la Torre N 2139 Saladillo,Evangelina Elizabeth Ramrez,

D.N.I. 20826248, con domicilio real en Liniers 979 Bernal Quilmes,

Maria Valeria Amendolara DNI 21.571.548con domicilio real en calle

45 entre 10 y 11 N 783 9B, La Plata, Quinteros Hctor AndrsDNI

23476928 con domicilio real en Avenida Central 3270 San Nicols ,

Mariano Sabino San Pedro, DNI 24.652.761, con domicilio real en 25

de Mayo 419, Burzaco; Mara Alejandra Martnez, DNI 14.669.073, con

domicilio real en Roca 90 3 A, Mar del Plata, Liliana Alejandra Pintos,

DNI 20.001.576, con domicilio real en Indio 2050, San Justo; MarceloFeli,DNI 20.989.416, con domicilio real en Berutti 172, Baha Blanca;

Manuel Elas, DNI 14.623.793, con domicilio real en General Pico 461,

Pergamino, Mauricio Gabriel BarrientosDNI 17528080 con domicilio

real en calle Balcarce N 14 de Chacabuco , Alicia Snchez DNI

17405514 con domicilio real en Calle Isleos N 565 de Isidro Casanova,

todos de la Provincia de Buenos Aires, por nuestro propio derecho en

carcter de usuarios y consumidores del servicio de energa elctrica

EDESUR SA EDENOR SA y en representacin de los usuarios y

consumidores de la Provincia de Buenos Aires, en nuestro carcter de

Diputados/as Provinciales de la Provincia de Buenos Aires

constituyendo domicilio legal en la calle 48 N 877 segundo piso oficina

208, juntamente con nuestros letrados patrocinantes ,Dra. MONICA

ALEJANDRA SANTI, abogada inscripta al T 605 F 595 del FUERO

FEDERAL de La Plata CUIT 27-16794716-1 y Carlos Jorge Mario

Alfaro T 600 F 367 Federal respetuosamente nos presentamos

ante V.S. y decimos:

PERSONERIALEGITIMACION ACTIVA AMPLIA

Que conforme la Reforma Constitucional de 1994 y lo

establecido por los Arts 42 y 43 de la C.N., el mandato popular que nos


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ha conferido el electorado de la Provincia de Buenos Aires, y atento lainminencia de concrecin de un dao cierto que lesiona , restringe

altera y amenaza a todos los usuarios y consumidores del servicio de

Energa elctrica de la Provincia de Buenos Aires , es que nos

permitimos efectuar esta presentacin.-El no otorgarse la legitimacin

activa amplia implicara una catarata de juicios contra en Estado

Nacional, atentando ello contra los principios de acceso a la justicia y

economa procesal y a su vez una recarga de excesivo trabajo al Poder

Judicial Segn nuestra Constitucin el pueblo no delibera ni

gobierna sino por medio de sus representantes y es nuestra

obligacin republicana ejercer tal derecho.-

1.-OBJETO

Que venimos por el presente a interponer en legal tiempo y formaaccin de amparo en los trminos del art. 43 de la Constitucin

Nacional contra el Poder Ejecutivo Nacional (Ministerio de Energa y

Minera), con domicilio en Avda. Paseo Coln n 171 de la Ciudad

Autnoma de Buenos Aires y el Ente Nacional Regulatorio de la

Electricidad (E.N.R.E.) sito en Av. Madero N 1020 Piso 10 CABA.

La accin se inicia en los trminos del art. 43 de la CN, en

funcin de los artculos 42 CN, Ley 16.986, Pacto de San Jos de Costa

Rica (art. 23.1), Declaracin Universal de Derechos Humanos (art.

21.1), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos (art. 25),

Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (arts.

XIX y XX) y Decreto 1172/2003, y en mrito a las consideraciones de

hecho y de derecho que seguidamente expondremos, con el propsito

de que V.S. tenga a bien dictar la prohibicin de no innovar tal como

lo prev el artculo 230 del CPCC y la nulidad de las resoluciones

6/2016, 7/2016 y 1/2016.

La premura del caso surge claramente de la situacin de

desamparo y afectacin de derechos de la totalidad de los ciudadanos

usuarios del servicio elctrico (Edesur SA) y (Edenor SA) millones de

hogares, quienes como consecuencia de la Resolucin 6/2016 y 7/2016

del Ministerio de Energa y Minera de la Nacin y Resolucin 1/2016

del E.N.R.E. se vern obligados a abonar aumentos exorbitantes en sus

facturas con un incremento desde 300 % y hasta un 500 % por ciento


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sin justificacin alguna a partir del 1 de febrero de 2016, siendouna medida a todas luces arbitraria, infundada e inconsulta por

parte del Gobierno Nacional, que afecta u perjudica a millones de

usuarios diarios del sistema elctrico del Gran Buenos Aires.

La interposicin del presente recurso obedece a las

Resoluciones publicadas en el Boletn Oficial los das 27 y 28 de enero

de 2016, por el Ministerio de Energa y Minera .La Resolucin. N

6/2016 es de alcance nacional, por lo que abarca a los usuarios de todo

el pas, en tanto que la Resolucin N 7/2016 es aplicable los usuarios

de las Distribuidoras EDENOR y EDESUR, bajo jurisdiccin del ENRE

(en este caso por la Resolucin de ajuste tarifario especfico Res.

1/2016).

El resultado de la puesta en vigencia de ambas Resoluciones,

ser un incremento de las tarifas de la energa elctrica, que debern

reflejar: el incremento del precio estacional de la energa a nivel pas y,

en el caso de los usuarios de EDENOR y EDESUR, debern adicionarel incremento del VAD (Valor agregado por el Distribuidor).

RESOLUCIN 6/2016INCREMENTO EN EL PRECIO ESTACIONAL

DEL MEM. Tiene Alcance Nacional y aplica sobre:

los grandes usuarios mayores y menores (GUMA y GUME) que

compran en el Mercado Elctrico Mayorista (MEM),esta norma los

afectara en: a) El cargo variable del peaje(incremento del orden de

70 $/MWh para usuarios antes sin subsidios y de 50 $/MWh para

usuarios antes con subsidio) b) Aplicacin para todos los usuarios

del cargo sobrecostos Importacin Brasil y los sobrecostos

Contratos MEM.Valor estimado febrero-abril: 195 $/MWh.

2) Los usuarios de las Distribuidoras, aqu se establecen 3

categoras de usuarios 2.1) Usuario de tarifa social 2.2) Usuarios 300 kW

Los usuarios que sufren el mayor incremento en el valor del preciode la energa en el MEM, son aquellos denominados GUDI (Gran

Usuario del Distribuidor), es decir aquellos que con potencia igual

o mayor a 300 KW que reciben el servicio del Distribuidor). A este

valor se le debe sumar el costo del transporte en Alta Tensin + el

Valor Agregado por el Distribuidor (VAD).

AJUSTE DEL VAD DE EDENOR Y EDESUR. RESOLUCIN N


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7/2016Este ajuste alcanza a los usuarios de las dos distribuidorasFederales, EDENOR y EDESUR Mediante la Resolucin de referencia

el Ministerio de Energa y Minera instruye al ENRE a:

1. Efectuar un ajuste del Valor Agregado de Distribucin (VAD) en los

cuadros tarifarios de EDENOR y EDESUR a cuenta de la Revisin

Tarifaria Integral (RTI). 2. Aplicar una tarifa social para un

determinado universo de usuarios. 3. Implementar el pago mensual a

usuarios residenciales del servicio de distribucin prestado por

EDENOR y EDESUR.4. Incluir en los cuadros tarifarios de EDENOR y

EDESUR el plan de ahorro de energa de la res N 6/2016del Ministerio

de Energa y Minera. 5. Proceder a la Revisin Tarifara Integral (RTI)

de EDENOR y EDESUR, la que deber entrar en vigencia antes del

31/12/2016.6. Por otro lado, en su artculo 6, la resolucin deja sin

efecto y deroga el PUREE (Programa de Uso Racional de la Energa

Elctrica). 7. La resolucin tambin dispone el cese de la

transferencia de recursos a estas dos distribuidoras por cuenta y ordendel Fondo Unificado, previsto para financiar planes de obras.

Dado que la tarifa elctrica (antes de impuestos) est conformada por

tres tems, a saber: precio al que la distribuidora compra la energa en

el MEM (precio estacional sancionado trimestralmente) + costo del

transporte + el VAD, los usuarios de estas distribuidoras recibirn a

partir del 01/02/16 los incrementos de costo producto de la

aplicacin de ambas resoluciones.-

Sin embargo, el Ministerio de Energa y Minera de la Nacin

no ha presentado un anlisis de la estructura de costos del

servicio elctrico, ni de los controles o auditoras sobre la

utilizacin de los subsidios pblicos percibidos, ni tampoco del

impacto que el aumento tendra sobre el bolsillo popular. Adems

y aun mas grave es el hecho que, lasResolu cio nes6/2016 y 7/2016

han sido s ancionadas de una manera totalmente inconsu l ta, sin la

real izacin de una audien cia pblica prev ia que asegure al menos

un elemental nivel de informacin y part ic ipacin de los usuar ios

que se vern afectados po r el aumento po r lo que desde ya

adelantamos q ue al no haberse cump l ido con el procedimiento

establecido por la ley 24065 Art . 74 y conco rdantes s ol ic i tamos s e

declare la NULIDAD de las m ismas,


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CITACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEBUENOS AIRES

Atento la afectacin producida solicitamos se llame al

proceso al DEFENSOR DEL PUEBLO de la Provincia de Buenos

Airesa fin que tome en autos la intervencin correspondiente, y ejerza

las acciones judiciales que estime necesarias en los trminos del Art.

90 inciso 2do del CPCC de la Nacin

El pedido de citacin halla su fundamento en el mandato

constitucional establecido en el Art. 55 de la Constitucin Provincial El

defensor del pueblo tiene a su cargo la defensa de los derechos individuales y

colectivos de los habitantes. Ejerce su misin frente a los hechos u omisiones

de la Administracin pblica, fuerzas de seguridad, entes descentralizados o

empresas del Estado que impliquen el ejercicio ilegtimo, defectuoso, irregular,

abusivo, arbitrario o negligente de sus funciones. Supervisa la eficacia de los

servicios pblicos que tenga a su cargo la Provincia o sus empresas

concesionarias. Tendr plena autonoma funcional y poltica. Durar cinco

aos en el cargo pudiendo ser designado por un segundo perodo. Ser

nombrado y removido por la Legislatura con el voto de las dos terceras partes

de los miembros de cada Cmara. Una ley especial regular su organizacin y

funcionamiento.

Asimismo y Conforme el Art. 14 de la Ley Provincial 13834 que

otorga legitimacin activa a la figura del Defensor del Pueblo de la Provincia

2.-HECHOS

El pasado 25 de enero del 2016 el Ministerio de Energa y Minera de la

Nacin dicta la Resolucin N 6/2016, publicada a su vez el 27/01/16,

por la cual, enmarcndose en el Decreto PEN 134/15 de Emergencia

del Sector Elctrico Nacional, aprueba una Reprogramacin Trimestral

de Verano para el Mercado Elctrico Mayorista (M.E.M.)

correspondiente al perodo del 1 de febrero del 2016 al 30 de abril del

mismo ao; estableciendo en tal sentido nuevos precios de referencia

estacionales de la potencia y energa en el M.E.M.

En tal sentido y como primer paso hacia la desregulacin de las

tarifas elctricas al fijarse los nuevos precios de referencia para la

adquisicin de energa elctrica destinada a usuarios de todo el pas, se

estructur un aumento de entre el 180 y 280 %, que ser

inevitablemente trasladada a la tarifa de los usuarios. En esta primera


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etapa las estimaciones consideran una incidencia sobre la tarifa final deentre un 100 y 150 %.

Dicho incremento contempla la tarifa diferencia para los usuarios

residenciales que verifiquen menores consumos que en el ao 2015 y

un cuadro tarifario subsidiado a quienes se les otorgue la Tarifa Social

en tanto no tendran que abonar por los primeros 150 kilowatts/hora que

consuman mensualmente.

Apuntndose con esta medida a una reduccin en subsidios

elctricos equivalentes al 30 o 40 % de su valor total.

Esta Resolucin no contempla la categorizacin tarifaria que

utilizan las empresas Distribuidoras, sino que califica a los usuarios en

funcin de la denominada demanda de potencia (entre 10 Kv y 300

Kv) quedando afuera de la consideracin a los grandes usuarios de

energa (ms de 300 Kv).

En tal sentido esta Resolucin reconoce el mayor costo de

abastecimiento a favor de la Distribuidoras pero esta vezsolventado por los usuarios finales que ya no se vern

beneficiados por el subsidio estatal, sin hacer distincin sobre la

capacidad econmica de los usuarios, slo en funcin de la

potencia de demanda, acolchonando el impacto con un sistema de

incentivos por ahorro de energa y la definicin de un precio especial

destinado a la Tarifa Social para aquellos usuarios finales que segn

criterios de calificacin y asignacin que comunique el Ministerio de

Desarrollo Social de Nacin, solventando tal diferencia el Estado

Nacional por va de subsidios.

Aunque sujetando este rgimen de plan estmulo y tarifa

social a que los Agentes Distribuidores y Prestadores del Servicio

Pblico de Distribucin de Energa Elctrica del MEM en tanto cumplan

con las obligaciones exigibles en dicho Mercado.

Este primer incremento en las tarifas como podemos apreciar fue

resuelto sin la convocatoria y realizacin de previa de audiencia

pblica.

2.2. Resolucin N 7/2016 del M. E y M.

El 27 de enero del 2016 el Ministerio de Energa y Minera de la

Nacin dicta la Resolucin N 7/2016, publicada el 28/01/16, por la cual

instruye al Ente Nacional de Energa Elctrica (E.N.R.E.) a que efecte


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a cuenta de la revisin tarifaria integral (RTI) un ajuste del valoragregado de distribucin (margen de retribucin de las empresas

distribuidoras) en los cuadros tarifarios de Edenor SA y Edesur SA,

aplicando para ello el Rgimen Tarifario de Transicin resultante de la

aplicacin del Numeral 4.2 y siguientes (nos referimos al mecanismo de

ajuste por Monitoreo de Costos de orden semestral) contenidos en la

Clusula Cuarta de las Actas Acuerdo celebradas entre la Unidad de

Renegociacin y Anlisis de Contratos de Servicios Pblicos (UNIREN)

y EDENOR SA (ratificada por Decreto 1957/06) y EDESUR SA

(ratificada por Decreto 1959/06).

O sea, la implementacin de un procedimiento de revisin

tarifaria por el Mecanismo de Monitoreo de Costos que

inexcusablemente debera haber sido ponderado y evaluado ante una

audiencia pblica con participacin de la poblacin interesada y

afectada y organizaciones de usuarios y consumidores.

Contina la citada Resolucin instruyendo al ENRE a aplicar unaTarifa Social al universo de usuarios de EDENOR SA y EDESUR SA

conforme los criterios del Anexo I.

La implementacin del pago mensual del servicio pblico (obvia

finalidad de amortiguar el efecto econmico del tarifazo.

Implementacin por va del ENRE del plan de ahorro de energa

regulado en la Resolucin N 6/16.

Instruir al ENRE para que lleve a cabo los procedimientos para la

Revisin Tarifaria Integral de EDENOR SA y EDESUR SA con vigencia

antes del 31 de diciembre del 2016.

Dejar sin efecto el Programa de Uso Racional de la Energa

Elctrica (PUREE).

Disponer el cese de todo mecanismo de transferencia de

recursos a EDENOR SA y EDESUR SA por cuenta y orden del Fondo

Unificado previsto en el artculo 37 de la Ley 24.065 para financiar

planes de obra de dichas empresas, lo que implica que las empresas

Distribuidoras debern realizar las obras necesarias y pendientes con

sus propios recursos, o sea, con lo que recauden a los usuarios finales

por va del incremento tarifario.

Mediante esta Resolucin se habilita la doble incidencia de

aumento en el precio de energa (Resolucin N 6/16) y ahora el

incremento en el margen de retribucin a las empresas distribuidoras

(Valor Agregado de Distribucin - V.A.D.).


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2.3.- Resolucin ENRE N 1/2016.

El 29 de enero del 2016 el ENTE NACIONAL REGULADOR DE

LA ELECTRICIDAD (E.N.R.E.) dicta la Resolucin N 1/2016 publicada

en el Boletn Oficial el 1/02/16, mediante la cual se aprueba los nuevos

valores correspondientes a los Cuadros Tarifarios de las empresas

EDESUR SA y EDENOR SA.

Contemplando reducciones en los valores en funcin del

consumo de energa registrado que resulte inferior al mismo perodo

correspondiente al ao 2015 (plan estmulo).

Aprobando valores tarifarios para usuarios beneficiarios de la

Tarifa Social (anexo VII). Correspondiendo la aplicacin esta tarifa a los

usuarios que renan los requisitos establecidos por el Consejo Nacional

de Coordinacin de Polticas Sociales dependiente de la Presidencia de

la Nacin.Implementando la facturacin del servicio con periodicidad

mensual.

Mediante esta Resolucin dictada por el ENRE podemos decir

que los hogares que consuman hasta 300 kwh por bimestre debern

afrontar subas cercanas al 540 %con impuestos incluidos, en el resto

de las categoras domiciliarias con consumos de hasta 1000 kwh el

tarifazo ser superior al 700 %. De este cuadro lo llamativo es que los

hogares que consuman ms de 1000 kwh por bimestre se vern

beneficiados con un menor aumento porcentual, puesen este caso no

se llega al 500 %. Todos estos porcentajes sern menores para los que

ahorren entre un 10 y un 20 % de energa respecto del mismo perodo

del 2015 y para aquellos hogares vulnerables que accedan a la tarifa

social, pues en este caso se les bonificar el consumo de hasta 150

kwh exclusivamente en lo que se refiere al costo de generacin de

electricidad.

Como ejemplo podemos decir que un usuario de EDESUR con

un consumo bimestral menor a los 300 kwh que pagaba $ 31,89 deber

pagar desde ahora $ 204,86 (o sea, un 542,3 % de ms). Para otro

usuario (R2) con un consumo bimestral de 550 kwh que pagaba $

47,56 deber abonar desde ahora una tarifa (total incluyendo

impuestos) de $ 399,6, o sea, un incremento del 740 %.


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Para otro usuario (R3) frente a un consumo hipottico de 750kwh, por lo cual pagaba un total de $ 68,20, ahora deber abonar $

551,14 (tarifa ms impuestos) lo que representa un 708,1 % de ms.

Para el usuario (R4) frente a un consumo hipottico de 850 kwh,

por lo cual pagaba un total de $ 77,89, desde ahora deber abonar $

635,65 (tarifa ms impuestos) lo que representa un 731 % de ms.

En cuanto al usuario R5, si una familia consume 950 kwh por

bimestre, antes pagaba $ 84,3 entre energa e impuestos y desde ahora

pagar $ 717,8 , o sea, un 751,5 % de incremento.

El segmento de usuarios R6 se beneficia con un menor

incremento, de manera tal que un hogar que gasta 1100 kwh por

bimestre por lo que abonaba $ 174,7 entre energa e impuestos, pasar

a abonar $ 999,1, o sea, un incremento del 471,8 %. Con el mismo

criterio la categora R7, en el caso de un consumo de 1300 kwh por

bimestre por lo cual abonaba $ 209,9 deber pagar $ 1.214, un 478,3 %

de ms.Para intentar disimular semejante ajuste, se dispone el pago

mensual de la factura elctrica. Contemplndose descuentos en el

costo de energa para quienes reduzcan el consumo de energa entre el

10 y el 20 % en trminos interanuales.

Como podemos apreciar, este tipo de estimulo por ahorro de

energa no contempla a los sectores comerciales e industriales que se

vern afectados con incrementos que pueden llegar al 600 por ciento y

hasta el 750 %, lo que implicar un incremento directo en el costo de

operacin que se ver reflejada en aumentos en los precios de la

produccin. Con la consecuencia de una reduccin de la demanda

global.

Rengln aparte merece la consideracin de la determinacin

del beneficio de Tarifa Social por consumo de energa de hasta 150

kwh por mes, beneficio que se refiere exclusivamente al costo de

generacin elctrica, considerando que dicho consumo de energa

puede ser factible para una persona que vive sola, est gran parte

del da afuera de su casa y carece de aire acondicionado . Condicin

que es prcticamente de imposible realizacin para familias numerosas,

que habitan en viviendas sin acceso al gas natural por redes, lo que

obliga a cocinar y calefaccionarse con electricidad, obligando a estas

familias a recortar sus consumos hasta un lmite difcil de tolerar con el


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fin de eludir el aumento que empieza a regir desde las 00.00 hs del 1de febrero del 2016.

Semejante cambio en el cuadro tar i far io fue imp lementado

sin acudirs e al mecanismo de Audiencias Pblicas.-

No obstante, la suba de la tarifa de 500 % es bastante ms

del doble del 24% de aumento salarial promedio obtenido este ao,

al que adems ni siquiera acceden todos los trabajadores, dado

que un 35% de ellos se desempea de manera informal y precaria.

Si a esa situacin le sumamos que segn las ltimas estadsticas

la mitad de las personas que trabajan perciben menos de 4.000

pesos mensuales, y que tampoco el desempleo y el subempleo se

han reducido realmente, podemos bien concluir que la desigualdad

distributiva del ajuste es inconmensurable.-

En el caso de los usuarios de EDESUR que transitan por el

territorio del Gran Buenos Aires, para quin circule por un mismo distritoo hacia otro partido pero sin ingresar a la Capital el valor del kw mnimo

aumentar en un 500 por ciento a partir de febrero, que da cuenta de lo

irrazonable, arbitrario e inconsulto de tal aumento.

La resolucin puesta en crisis implica un claro ataque al bolsillo

de los trabajadores, quienes vern afectado su salario y nivel de vida

as como el de sus familias.

El ministro de Energa y Minera, Juan Jos Aranguren, confirmque la suba en las tarifas de la electricidad, en el caso de Edenor SA y

Edesur SA, que abastecen a 4,6 millones de hogares, ser del 507 por

ciento, ya que los tres primeros segmentos de usuarios, a partir del 1 de

febrero, pagarn 158 pesos, en lugar de los 26 pesos actuales.

Tambin aclar que la lectura de los medidores ser bimestral aunque

la factura ser mensual. Habr siete escalas diferentes y la tarifa social

se aplicar a los usuarios que consuman hasta 150 kilowatts por

bimestre.

Una resolucin de tales caractersticas, que afecta a un nmero

tan significativo de ciudadanos, debi ser puesta a consideracin

mediante una audiencia pblica conforme el espritu del artculo 42

de la Constitucin Nacional. Consideramos ilegitimo entonces el

dictado de la resolucin atacada sin el paso previo e ineludible de

una audiencia pblica.


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Este aumento tarifario de la luz se da en el marco de una subageneralizada: han aumentado los peajes de las autopistas, el boleto del

subterrneo y suben los precios en general. Claramente la medida

dispuesta por el Gobierno Nacional de elevar caprichosa y

arbitrariamente las tarifas elctricas constituye una decisin sin

sustento alguno y asimismo inoportuna y desatinada, por hallarse

a la vez la poblacin padeciendo prolongados cortes de luz y agua.

3.- RESPECTO DE LA NECESIDAD DE AUDIENCIA PBLICA

Como primera medida, debe tenerse presente que el principio

de la audiencia pblica es de raigambre constitucional, sea que

est en forma implcita o explcita, como en la Constitucin de la Ciudad

Autnoma de Buenos Aires. La audiencia pblica deviene como el nico

modo de aplicar al supuesto del artculo 43 la garanta del articulo18, afin de que pueda darse lo que la Corte Suprema de Justicia de la

Nacin denomin la efectiva part icipac in ti l de los interesado s, en

el sentido de que sean admitidos los que tienen derecho o inters

legitimo y tambin los titulares de derechos de incidencia colectiva.

(Fallos, Luis Csar Rojo, 215: 357, con cita de 193: 405; 198: 78).

Esa efectiva participacin tilde quienes se hallan legitimados

a tenor del art 43 de la Constitucin segn recientes pronunciamientos

(CSJN, in re AGUEERA, LL, 1997-C, 322) solo puede darse en el

marco de una audiencia pblica, sin perjuicio de la tambin necesaria

participacin en los cuerpos colegiados de los entes reguladores.

No hay otra forma de tutelar y respetar su derecho de defensa

previa en sede administrativa, puesto que la participacin de los

usuarios en el directorio de los entes reguladores, que segn algunos

pronunciamientos podra paliar la indefensin, se encuentra incumplida.

Si no es posible subsanar judicialmente la previa indefensin, como

algunos pronunciamientos pretenden que sea posible en casos

individuales; mucho menos lo es en casos que afectan a un enorme

nmero de personas.

Escuchar las voces de la comunidad en una audiencia pblica,

en la que el caso se discuta a la luz de la opinin pblica, no tiene

manera posible de cumplirse en sede judicial, ni siquiera con la llamada

accin de clase. Es por ende indispensable tanto conceder la medida


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cautelar aqu solicitada -a los fines de evitar que una medida seatomada sin previa audiencia pblica- como declarar la nulidad

absoluta e insanable de toda decisin que, debiendo ser tomada

previa audiencia pblica, la omiti.

Conforme lo resuelto por la Sala IV in re Youssefian:Ha de

tenerse en cuenta que en el artculo 42 de la Constitucin vigente se

otorga a los usuarios de los servicios pblicos una serie de derechos

que resultan operativos y cuya concrecin aparecera razonablemente

canalizada a travs del referido instrumento, esto es, de la audiencia

pblica.(Sala IV, Youssefian, LL, 1997-F, 270).El derecho a que se

celebre una audiencia pblica previa a la decisin administrativa,

cuando se trata de actos de grave trascendencia social, aparece

potenciado en el caso puesto que el marco regulatorio al que se

encuentran sometido el caso concreto en anlisis no prev otro

mecanismo alternativo de participacin en la toma de decisiones por las

asociaciones de consumidores y usuarios, tal como viene exigido en el

art. 42, ltimo prrafo, de la Constitucin Nacional.(CNFed. CA, Sala

IV, Youssefian, LL, 1997-F, 270, ao 1997, cons.V, ltimo prr.).

Cabe recordar que la participacin, adems de los derechos

electorales, viene reconocida como una obligacin de los Estados (este

principio emerge de la OC 2/87 de la Corte Interamericana de Derechos

Humanos, que nuestra Corte aplic y reconoci en Arce, LL,1997-F,

697, y por otras normas supranacionales e internacionales que nos

obligan en igual sentido: Pacto de San Jos de Costa Rica, art. 23.1;

Declaracin Universal de Derechos Humanos, art. 21.1; Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Polticos, art. 25; Declaracin

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. XIX y XX.

Debe asegurrselos usuarios la participacin e informacin

previas al dictado de un acto de marcada trascendencia social. Una de

las formas idneas es, como ya se ha dicho, la audiencia pblica.

Los ciudadanos debemos tomar noticia de esta constante

reticencia de toda y cualquier autoridad pblica a permitir la

participacin de los administrados y la sociedad misma en el debate de

las decisiones pblicas, y no debemos apoyar esos resortes que en

definitiva son autoritarios y hegemnicos. A nivel nacional la audiencia

pblica se encuentra regulada por el Decreto 1.172/03; a nivel local de

la Ciudad de Buenos Aires por la Ley N 6 y sus modificatorias,

reglamentaria del art. 63 de la Constitucin local.


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Es procedente la concesin de la medida cautelar peticionada enel presente, pues la sola om isin de dar part icipacin al usuario, en

la forma indic ada, conf igu ra el per juic io que, en las co ndic iones

enunciadas, satisface adecuadamente el requisito de actualidad y

certidumbre de un dao que no podra subsanarse con el dictado

de una sentencia que hiciera lugar a la pretensin del actor.

Cabe tambin puntualizar que la garanta de or a los usuarios,

administrados, consumidores e interesados en general constituye

tambin un criterio de sabidura poltica, como ha sido desde siempre

explicado por los autores que han tratado el tema. Ninguna clase de

gente se beneficia ms a la larga de una justa administracin que los

administradores mismos, porque el Estado est consustanciado desde

la cspide hasta el fondo con la verdad de que el gobierno depende de

la aprobacin de los gobernados. El fairplay en la administracin

enrolar las simpatas del ciudadano y reducir enormemente la friccin

con que funciona la maquinaria del gobierno.

Adems, la audiencia pblica:

a) Es una garanta objetiva de razonabilidad para el administrado

en cuanto percepcin de que el Estado acta con sustento fctico,

proporcionalidad, etc.

b) Es un mecanismo idneo de formacin de consenso de la

opinin pblica respecto de la juridicidad y conveniencia del obrar

estatal, de testear la reaccin pblica posible antes de comprometerse

formalmente a un curso de accin;

c) Es una garanta objetiva de transparencia de los

procedimientos respecto de los permisionarios y concesionarios, de

modo tal que el pblico perciba esa relacin como transparente y

lmpida. Esa transparencia, conviene no olvidarlo, viene tambin exigida

por la Convencin Interamericana contra la Corrupcin.

d) Es un elemento de democratizacin del poder.

e) Es tambin un modo de participacin ciudadana en el poder

pblico, exigido por principios polticos, constitucionales y

supranacionales.

Dicho de otra manera, el fundamento prctico del requisito de la

audiencia pblica dentro de la garanta del debido proceso es mltiple.

Sirve: a) al inters pblico de que no se produzcan actos ilegtimos: b)

al inters de los particulares de poder influir con sus argumentos y

pruebas antes de la toma de una decisin determinada y sirve tambin,


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14

empricamente c) a las autoridades pblicas para disminuir posibleserrores de hecho o de derecho en sus decisiones para mayor eficacia y

consenso de sus acciones en la comunidad, y para evitar reacciones

imprevistas de la comunidad en contra de una determinada accin

administrativa d) al sistema democrtico para impedir la concentracin

excesiva del poder en una autoridad hegemnica como hemos visto

tantas veces en nuestra historia.

La justicia no debiera tolerar la omisin del cumplimiento de este

recaudo del debido proceso pblico. Su incumplimiento le sale muy caro

a la sociedad en general y a los trabajadores y usuarios en particular.

La audiencia pblica tiene un doble carcter pblico:

a) por la publicidad y transparencia misma del procedimiento, su

oralidad e inmediacin, asistencia y registro grfico y flmico a travs de

los medios de comunicacin (los cuales no participan ni intervienen en

forma inmediata en la audiencia pblica, sino que la registran y en su

caso publican y comentan, debaten, etc.), con ms la necesariapublicacin de las reuniones.

b) A ello cabe agregar especialmente la participacin procesal y

el acceso del pblico en general, asociaciones de consumidores y

usuarios, sindicatos, asociaciones, partidos polticos, etc. a tales

procedimientos, como sujetos activos y partes en sentido procesal de

ellos; la participacin social o popular en suma, tema al cual ya nos

refiriramos anteriormente.

Va de suyo que la administracin no est limitada a efectuar la

audiencia pblica nicamente en los casos preceptivamente impuestos

por la ley o el reglamento, sino que tiene tambin la obligacin de

realizar audiencias pblicas en todos los dems casos en que los

efectos de la decisin excedan del caso particular y en que

objetivamente sea necesario realizar el procedimiento para el ejercicio

del derecho de defensa de los usuarios y afectados (CNFed. CA, Sala

IV, Youssefian, LL, 1997-F, 270.), coadyuvando as a una mejor eficacia

y legitimidad jurdica y poltica de sus decisiones.

Dicho de otra manera, adems de los supuestos en que la

administracin est obligada por una norma concreta y puntual a

realizar audiencia pblica, tambin lo est (y esto es en su propio

inters) en los dems supuestos en que es necesario conferir

oportunidad de defensa a los afectados por el acto o el proyecto. A la

propia administracin le conviene hacer tantas audiencias pblicas


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como materialmente pueda, para mejor sustento fctico y jurdico desus decisiones, mayor bsqueda y obtencin de consenso en la opinin

pblica, respaldo ante la sociedad de la legitimidad y eficacia de sus de

cisiones y consolidacin de su imagen ante la opinin pblica en el

cumplimiento de sus funciones.

El incumplimiento o defectuoso cumplimiento del precepto

de la audiencia pblica es causal de nulidad absoluta e insanable

del acto. Ello surge de lo dispuesto en el art. 14 del Decreto-ley

19.549/72 y de la teora del acto administrativo singular, extensivo aqu

al acto de carcter general por efecto de las nuevas clusulas

constitucionales de los arts. 41, 42 y 43 de la Carta Magna.

La resolucin puesta en crisis fue dictada en clara violacin a lo

dispuesto en el Decreto 1172/2003, en cuyos considerandos es claro al

manifestar que la Audiencia Pblica habilita la participacin ciudadana

en el proceso de toma de decisiones a travs de un espacio

institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse afectados,

manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva

individual, grupal o colectiva respecto de la decisin a adoptarse.

Dichas opiniones -no obstante su carcter no vinculante- deben ser

consideradas adecuadamente, establecindose la obligacin de la

autoridad de fundamentar sus desestimaciones.

Por su parte, el artculo 3 del mencionado decreto reza:La

Audiencia Pblica constituye una instancia de participacin en el

proceso de toma de decisin, en la cual la autoridad responsable

habilita a la ciudadana un espacio institucional para que todo aqul que

pueda verse afectado o tenga un inters particular o general, exprese

su opinin.

En igual sentido, el artculo 4 nos dice que la finalidad de la

Audiencia Pblica es permitir y promover una efectiva participacin

ciudadana y confrontar de forma transparente y pblica las distintas

opiniones, propuestas, experiencias, conocimientos e informaciones

existentes sobre las cuestiones puestas en consulta.A su vez, el

artculo 5 dice: El procedimiento de Audiencia Pblica debe garantizar

el respeto de los principios de igualdad, publicidad, oralidad,

informalidad y gratuidad.

4.- PROCEDENCIA DEL AMPARO


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Es claro lo dispuesto por el art. 43 de la Constitucin Nacional en

cuanto dispone:"Toda persona puede interponer accin expedita y

rpida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial ms

idneo, contra todo acto u omisin de autoridades pblicas o de

particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o

amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y

garantas reconocidos por esta Constitucin, un tratado o una ley. En el

caso, el juez podr declarar la inconstitucionalidad de la norma en que

se funde el acto u omisin lesiva.

La presente accin de amparo resulta procedente en cuanto:

1 Se interpone contra actos de autoridad pblica que en forma

actual lesionan, restringen, alteran y amenazan con

arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantas

explcitamente reconocidos por la Constitucin Nacional, as

como por los tratados internacionales que gozan de jerarquaconstitucional por estar incluidos en el art. 75 inc. 22 de la CN

(art. 14 bis y 42 de la Constitucin Nacional).

2 No existen otros recursos o remedios administrativos o

judiciales que permitan obtener la proteccin de los derechos

y garantas constitucionales lesionados (art. 2 inciso ade la

Ley N 16.986 y 43 de la CN).

3 La demanda se presenta en trmino (art. 2, inciso e de la

Ley N 16.986), y se peticiona la suspensin de las medidas

ordenada por el Gobierno Nacional, 6/2016 Y 7/2016 del

Ministerio de Energa y Minera de la Nacin y la Resolucin

1/2016 del ENRE, por las cuales se aumentan la tarifa del

servicio elctrico, tanto en cuanto al incremento del precio de

compra de energa en todo el territorio del pas, (especficamente

en la Provincia de Buenos Aires) y por el incremento del precio

de retribucin del Valor Agregado de Distribucin (VAD) que

afecta al gran Buenos Aires a nivel nacional y a travs de Edenor

SA y Edesur SA, por ser aquella arbitraria, infundada,

innecesaria, elitista e inconsulta. Ordenando la realizacin de

una AUDIENCIA PUBLICA que se expida respecto de la

conveniencia o no de tal aumento, toda vez que la situacin

descripta resulta violatoria de lo contemplado en el art 42 de la

Constitucin Nacional Pacto de San Jos de Costa Rica, art.


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23.1; Declaracin Universal de Derechos Humanos, art. 21.1;Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, art. 25;

Declaracin Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,

arts. XIX y XX, y Decreto 1172/2003.

Debe recordarse tambin lo que dispone el artculo 42 de la

Constitucin Nacional, el cual reza: Los consumidores y usuarios de

bienes y servicios tienen derecho, en la relacin de consumo, a la

proteccin de su salud, seguridad e intereses econmicos; a una

informacin adecuada y veraz; a la libertad de eleccin, y a condiciones

de trato equitativo y digno.

Las autoridades proveern a la proteccin de esos derechos, a la

educacin para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda

forma de distorsin de los mercados, al control de los monopolios

naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios

pblicos, y a la constitucin de asociaciones de consumidores y de

usuarios.

La legislacin establecer procedimientos eficaces para la

prevencin y solucin de conflictos, y los marcos regulatorios de los

servicios pblicos de competencia nacional, previendo la necesaria

participacin de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las

provincias interesadas, en los organismos de control.

Se dan claramente, entonces, los requisitos exigidos para la

procedencia del presente instituto, toda vez que puede apreciarse como

claramente el Gobierno Nacional a travs del Ministerio de Energa y

Minera ha adoptado una medida tendiente a atentar contra los

usuarios y trabajadores. De llevarse adelante el mencionado aumento

de la tarifa elctrica, se afectaran derechos de ndole constitucional,

atentando contra el inters pblico que debe primar ante todo, el cual

debe ser garantizado ante su vulneracin, mxime cuando el acto

proviene de la propia administracin pblica.

5.-VIABILIDAD DE LA ACCIN DE AMPARO. TRATAMIENTO

DOCTRINARIO Y JURISPRUDENCIAL

La reforma Constitucional de 1994 inaugur una nueva etapa en

la vida de la garanta como gnero de tutela, diseando LA ACCION

CONSTITUCIONAL DE AMPARO. En dicha inteligencia, debe


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privilegiarse la interpretacin de la Constitucin que ve en art. 43 elhospedaje de una garanta constitucional auto-operativa. Es decir, al

referirnos que las disposiciones contempladas en el art. 43 de la ley

fundamental es directamente operativa, se pretende significar que la

normativa constitucional que ofrece la arquitectura del amparo es plena;

es decir se auto abastece por s misma, no requirindose por va de

principio que se lleve adelante el desarrollo legislativo por parte del

Congreso de la disposicin, en razn que su ausencia de ninguna

manera puede ser causal que pueda esgrimirse para impedir su integral

aplicacin jurisdiccional. CONCRETAMENTE: LA INMEDIATA

OPERATIVIDAD DEL AMPARO ES EL CORAZON MISMO DE LA

GARANTIA. (Conf. Ral Gustavo Ferreyra Notas Sobre Derecho

Constitucional y Garantas pag. 295).

De lo expuesto se deduce que el amparo es directamente

OPERATIVO, tal afirmacin fue recepcionada por la Jurisprudencia del

Fuero Civil y Comercial Federal en el FALLO GUEZAMBURU, ISABEL

C/ INSTITUTO DE OBRA SOCIAL en el voto del DR. JORGE PEREZ

DELGADO quien sostuvoque el art. 43 de la CN en tanto prev las

con dicio nes que se d eben reunir p ara acceder a la va de amparo,

se basta a si mismo, es po r tanto op erat ivo y n o tolera el agregado

de otros requis i tos qu e tenan como presup uestos un d i ferente

rgimen cons tit uc ional.

Por ello podemos aseverar que en el art. 43 de la CN se fijan

operativamente los recaudos de admisibilidad y procedencia de la

accin. Al respecto, doctrinarios de la talla de AUGUSTO MORELLO,

sostienen que ven al amparo como una accin directa y principal, de

uso inmediato, cuando con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta se

amenazan o lesionan derechos fundamentales reconocidos en la

Constitucin Nacional, en los tratados internacionales, o en los

ordenamientos legales. (Conf. Morello, Augusto Constitucin y

Proceso).

Es decir si se dan esos supuesto el amparo es viable. En el

caso, esos requisitos se encuentran reunidos, dado que el actuar

de la demandada viola derechos reconocidos en la Constitucin

Nacional y en los Instrumentos Internacionales de Derechos

Humanos con jerarqua constitucional (art. 75 inc. 22 CN).

Tales derechos que se ven afectados son la proteccin del

ambiente, del trabajo y la seguridad social, del patrimonio cultural e


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histrico de la Ciudad,, asimismo la actitud llevada adelante por eldemandado viola el principio de razonabilidad y legalidad de las norma.

De esta manera, entiende la doctrina que se tiene por finalizado

la discusin acerca del reconocimiento jurdico de los llamados

derechos de pertenencia colectiva o difusa (Conf. Mara A. Gelli

Constitucin de la Nacin Argentina. Comentada y Concordada). Es

as como aseveramos que con posterioridad a la reforma, el legislador

constitucional ha creado la categora de derechos de incidencia

colectiva en general.

En el presente caso peticionamos por derecho propio en mi

carcter de usuario del servicio elctrico (Edesur SA) y en nombre y

representacin de la totalidad de los ciudadanos afectados por el

aumento del mencionado servicio, por lo que consideramos que el

precedente citado es aplicable para determinar la legitimidad en estos

autos.

Al respecto la jurisprudencia tiene dicho: se debe considerarque el amparo es un proceso sumamente simplificado en sus

dimensiones temporales y formales, pues la finalidad fundamental de la

pretensin que constituye su objeto consiste en reparar, con la mayor

premura la lesin de un derecho constitucional (Conf. Palacio L. E.,

Derecho Procesal Civil tomo 7 Pg. 137; CNCCFed. Sala I, causa

30.317/95). Que, por otra parte es condicin para que el amparo sea

viable -individual o colectivo-, el hecho de que no le hayan brindado lo

requerido en momento oportuno, ya sea en forma individual por los

actores o por cualquier persona....

Demostrado este extremo, se justifica la deduccin de la accin

de amparo. Ello as, en tanto no existe otra va para reparar el agravio

producido con la urgencia del caso, pues el art. 43 de la Constitucin

Nacional -conforme la reforma del ao 1994- introdujo una modificacin

trascendente en lo que hace a la accin de amparo, destinada a darle

un dinamismo propio, despojndolo de aristas formales que fueran

obstculo al acceso inmediato de la jurisdiccin cuando est en tela de

juicio garantas constitucionales (Cf. Palacio, La Pretensin de Amparo

en la Reforma Constitucional de 1994", LL del 07.09.95).

De este modo, el amparo, es una garanta constitucional, y es

por ello que toda hermenutica ha de tener como norte el sentido

protector de dicha garanta, a travs de una interpretacin previsora que

deber asignar al amparo el ms alto alcance posible, con miras a la


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efectiva proteccin de los derechos fundamentales en crisis (Conf.Adolfo A. Rivas El amparo e intervencin de terceros en J.A 24/12/97).

Que en este orden de ideas es menester recordar que ya en 1984 el

Poder Legislativo haba aprobado la Convencin de los Derechos

Humanos (JA 1994-B- 1615), cuyo art. 25 pargrafo 1 impone a los

Estados partes la obligacin de legislar el amparo en los siguientes

trminos:...toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rpido o

a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales

competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos

fundamentales reconocidos por la Constitucin, la Ley o la presente

Convencin, an cuando tal violacin sea cometida por personas que

acten en ejercicios de sus funciones oficiales.

De esta manera, la reforma constitucional de 1994 incluy -con

claro propsito de cumplir con el Pacto Internacional- el art. 43 de la

CN. En este sentido, es vlido resaltar que las normas constitucionales

no son retricas, ni declaracin fraseolgica, sino derechos de laconstitucin con fuerza normativa (Conf. Germn Bidart Campos Las

transformaciones constitucionales en la postmodernidad Ed. Ediar, Bs.

As, 2000 pg. 16 y sig.).

Ello es as que luego de las manifestaciones antes vertidas,

podemos concluir que la viabilidad del amparo depende de que no

exista otro medio judicial ms idneo para la proteccin del

derecho conculcado, en cul se debe demostrar (sin necesidad de

mayor prueba o debate) que la ilegitimidad o arbitrariedad

imputada al acto sea manifiesta y que el hecho del empleo de otros

remedios judiciales impliquen demoras o ineficiencias que

neutralicen la garanta originando, de esa manera, un dao

concreto y grave al damnificado(Conf. Gelli, Mara A. La Silueta del

amparo despus de la Reforma Constitucional LL 1995-E-978).

Por ltimo, es vlido resaltar que el art. 43 de la CN debe ser

interpretado de manera razonable; es decir, que no desproteja los

derechos esenciales pero que tampoco se consagre al amparo como

nica va judicial, dado que de lo contrario este remedio excepcional

puede engendrar la falsa creencia de que cualquier cuestin litigiosa

tiene solucin por esta va, o que mediante ellas es dable obtener

precipitadas declaraciones de inconstitucionalidad. (Causa N*

14.237/2002 M.A.C. Y OTROS C/ IOMA y otro S/ AMPARO, del

9/06/04. Juzgado Nacional en lo Civil y Comercial Federal Nro. 7


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Secretara 14).En los presentes autos los requisitos anteriormente enumerados

se encuentran reunidos en su totalidad, toda vez que se evidencia un

acto de ilegalidad y arbitrariedad manifiesta que desconoce los

derechos sobre los cuales se asienta todo estado de derecho como ser

el derecho de legalidad. El derecho de la actora se encuentra

fundamento en disposiciones constitucionales, y acta con el fin de que

no se violente el derecho de los usuarios ante una medida arbitraria,

innecesaria y elitista. Para resolver la cuestin NO SE REQUIERE

MAYOR DEBATE Y PRUEBA, atento que se debe verificar si la

medida adoptada por el Gobierno Nacional afecta directamente a

miles y miles de usuarios, si la misma es fundada, necesaria,

inconsulta, la menos lesiva entre todas las posibilidades y si ha

sido dictada sin Audiencia Pblica previa.

6.-MODO DE INTERPRETAR LOS DERECHOS HUMANOS

Como criterio rector y bsico de los derechos humanos, debemos

de aplicar el principio pro homine, entendiendo por tal, que la vigencia

de los derechos humanos debe de interpretarse extensivamente,

mientras que por el contrario, las limitaciones, restricciones, y/o

suspensiones de estos derechos, deber hacerse siempre en forma

restrictiva.

El precedente Ekmekdjian c/Sofovich (sentencia 9/7/92) signific

una revolucin judicial, al reconocer la supremaca de las normas

internacionales, tuitivas de Derechos Humanos, que aunque en este

caso, se aplic al derecho a rplica y en defensa de creencias religiosas

-entendido esto no como una cuestin menor, sino como que no haba

cuestiones econmicas de por medio, por lo menos no de manera

sustantiva- no es menos cierto que el principio ha quedado consagrado.

Segn el artculo 31 de la Constitucin Nacional los tratados con

potencias extranjeras, son ley suprema. Al fallar en Ekmekdjian, la

CSJN, sostuvo que en materia de tratados deben de aplicarse lo

dispuesto por la Convencin de Viena (ley 19.865) que reconoce la

supremaca del Derecho Internacional Convencional, por sobre el

derecho interno, con lo cual ningn Estado, segn dispone el artculo

27 de dicha Convencin, podr apoyarse en una norma interna para


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justificar el no cumplimiento de un compromiso asumido en un tratado.Dice el artculo 27: una parte no podr invocar las disposiciones de su

derecho interno como justificacin del incumplimiento de un tratado...

Dicho esto, es preciso ahora remarcar que las normas

internacionales sobre Derechos Humanos, no deben quedar expuestas

a ningn anlisis de admisibilidad o a falta de operatividad por parte

de un Juez Nacional, ya que en Ekmekdjian tambin se ha dicho que

...los tratados internacionales sobre derechos humanos, gozan de

una presuncin de operatividad...

Los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen

derechos que, a pesar de que no exista legislacin interna

complementaria alguna, pueden ser invocados, ejercidos y amparados.

Pero an en el caso que estuviramos en esta situacin frente a

un derecho que por sus particulares caractersticas no pudiera superar

la categora de programtico, y que resultara imprescindible o

necesario, normativa interna para ponerlo en vigencia y reglamentar suejercicio -que de ningn modo es admisible en el caso que aqu nos

ocupa- en el fallo anteriormente precitado, la CSJN ha sostenido que

...entre los medios del ordenamientos jurdico interno para hacerlos

cumplir, se hallan comprendidas las sentencias judiciales, por lo que el

Tribunal puede determinar las caractersticas con que estos derechos

ya concedidos por el Tratado se ejercitaran en el caso concreto...

Posteriormente la reforma constitucional de 1994, dio rango

constitucional a la normativa internacional sobre Derechos Humanos,

ratificada anteriormente por nuestro pas (artculo 75, inciso 22)

mejorando as la cobertura necesaria para la defensa de estos

derechos.

Por lo dems, entre las caractersticas de las que gozan los

derechos humanos, se puede nombrar la universalidad-corresponden a

todas las personas sin excepcin de ninguna naturaleza- la

interdependencia e indivisibilidad -supone la interrelacin de unos

derechos con otros, as como la no jerarquizacin de un derecho con

respeto a otro- tienen carcter individual y social -implica esto que la

accin del Estado debe orientarse tanto a satisfacer las necesidades

individuales, como las del conjunto de la colectividad- laprogresividad e

irreversibilidad -los derechos humanos no permanecen estticos, sino

que evolucionan en el tiempo, y sus logros son irreversibles- y la

irrenunciabilidad -nadie puede renunciar al beneficio de la vigencia de


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los derechos humanos, ni el Estado puede arrebatarlos, ni negociarlos omenoscabarlos.

La prescindencia de las normas internacionales por los rganos

internos pertinentes, origina responsabilidad internacional del Estado

Argentino, ya que le corresponde velar, para que las normas internas,

no contradigan lo dispuesto lo normado en los tratados internacionales

con jerarqua constitucional.

En tal sentido, todo integrante del colectivo social, tiene inters

propio, y legitimidad suficiente, para intentar prevenir que el Estado no

quede incurso en responsabilidad internacional, como consecuencia de

sus actos, que violan la Constitucin Nacional, y los Tratados

Internacionales, ya que queda expuesto a futuros reclamos de

gobiernos extranjeros -debo de recordar que los artculos 63.1 y 68 de

la Convencin Americana sobre Derechos Humanos establece

responsabilidad indemnizatoria de los estados partes, lo que incidir en

la cuota parte correspondiente, en cada uno de los integrantes del

colectivo social- ya que las obligaciones internacionales son

susceptibles de aplicacin inmediata, y deben de ser efectivas.

Tambin es preciso hacer notar, que ha sido el constituyente

quien le ha dado rango constitucional a la CADH, en las condiciones de

su vigencia, esto es, tal como la Convencin rige en el mbito

internacional (Fallos: 318:514; 321:3555).

Asimismo, la CADH en sus artculos 1.1 y 2, impone el deber

para los estados partes, de tomar todas las medidas necesarias para

remover los obstculos que puedan existir para que los individuos

puedan disfrutar de los derechos que la Convencin reconoce.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado,

que es deber de los Estados parte, de organizar todo el aparato

gubernamental y, en general, todas las estructuras a travs de las

cuales se manifiesta el ejercicio del poder pblico, de manera tal que

sean capaces de asegurar jurdicamente el libre y pleno ejercicio de los

derechos humanos (OC 11/90, pargrafo 23).

No se debe de ignorar, que cuando un estado ratifica un tratado

que firm con otro Estado, se obliga internacionalmente a que sus

rganos administrativos, jurisdiccionales y legislativos lo apliquen a los

supuestos que ese contrato contemple, siempre que contenga

descripciones lo suficientemente concretas de tales supuestos de hecho

que hagan posible su aplicacin inmediata.


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Debe de sealarse, que la Corte Interamericana, cuyajurisprudencia debe servir como gua par la interpretacin de la CADH,

en la medida que el Estado Argentino reconoci la competencia de

dicho Tribunal para conocer en todos los casos relativos a la

interpretacin y aplicacin de los preceptos convencionales (artculo 41,

62, y 64 de la Convencin, y 2 de la ley 23.054) juzg que: los

Estados asumen varias obligaciones, no en relacin con otros

Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdiccin(OC-2/82, 24 de

septiembre de 1982, prrafo 29).

7.-LA PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS

La buena doctrina, nos indica que los Derechos Humanos son

un viaje de ida. Dicho en otros trminos. Cada peldao alcanzado o

conquistado en el trnsito del sendero por donde avanzan los DerechosHumanos, constituyen un derecho adquirido, del cual no se puede

retroceder, sino a costa de caer en violacin de los Derechos Humanos.

El principio de progresividad es fundante del DERECHO de

los DERECHOS HUMANOS e implica la no regresividad en los

mismos ; es decir dictar una resolucin o varias desoyendo las

normas del derecho domestico implica una regresividad en las

polticas publicas ,El Estado Argentino ha dictado una norma

regresiva al no respetar el mentado procedimiento de AUDIENCIA

PUBLICA .-

8.-LEGITIMACIN PASIVA

El PODER EJECUTIVO DE LA NACIN A TRAVES DEL

MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA, resulta pasible de la presente

accin de amparo en su calidad de "autoridades pblicas" en los

trminos del art. 1 de la Ley N 16.986 (B.O. 20/10/1066) y el art. 43 de

la Constitucin Nacional, por haber dictado resoluciones contraria a

derecho, arbitraria, innecesaria, infundada, siendo la ms lesiva dentro

del abanico de posibilidades.

9.-EXAMEN DE RAZONABILIDAD


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Que sin perjuicio de ello, es dable destacar que el principio de

razonabilidad derivado de los arts. 28 y 31 -de la Constitucin Nacional-

importa la exclusin de toda arbitrariedad en el ejercicio de las

prerrogativas de los poderes pblicos.

Ello quiere decir que existe un patrn, un criterio, un estndar

jurdico, que obliga a dar a la ley y a los actos estatales de ella

derivados un contenido razonable, justo, y valioso, de modo que alguien

no puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo

que la ley prohbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable,

justo y vlido (Conf. Bidart Campos Derecho Constitucional, T II, Pgs.

118/119).

Que para el estudio profundo de la razonabilidad de una norma, y

de conformidad con la etapa actual del constitucionalismo, debe

seguirse lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos

Humanos en el caso Arena vs. Repblica Argentina, en donde elTribunal realiza un examen de razonabilidad desde tres criterios

diferenciados; tales son: a) el de proporcionalidad del derecho

restringido y el fin buscado por la norma; b) existencia de medios

menos lesivos que no restrinjan a tal extremo el derecho; c) el de

adecuacin tcnica.

Que el Ministerio de Energa y Minera ha dictado Tres

resoluciones arbitrarias que afectan el derecho del conjunto de los

ciudadanos, en particular de miles de trabajadores y sectores

populares ,optando por la medida ms lesiva a los derechos de los

ciudadanos dentro de todas las posibles. Ha dictado resolucines

que afecta aun colectivo importante de ciudadanos sin haber

realizado una audiencia pblica previa.

10.-SOLICITA SE DICTE UNA MEDIDA CAUTELTAR NO INNOVAR

Los requisitos para su otorgamiento son:

1) La apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien lo

solicita (fomusbonis iuris) que no exige un examen de certeza sobre la

existencia del derecho pretendido, sino slo su verosimilitud. Este

extremo queda configurado por el hecho de que por medio de las

extensas citas legales desarrolladas y la jurisprudencia internacional en


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la materia.Claramente se han violado derechos de rango constitucional,

como quedara expresado a lo largo del presente. El perjuicio es actual e

inminente, de lo que se desprende la fuerte verosimilitud del derecho

invocado en razn de la ilegitimidad e irrazonabilidad del acto

proveniente de la misma administracin pblica.

Lo que se busca a travs de la medida cautelar solicitada es la

suspensin de las medidas ordenadas por el Gobierno Nacional, 6/2016

Y 7/2016 del Ministerio de Energa y Minera de la Nacin y la

Resolucin 1/2016 del ENRE, por las cuales se aumentan la tarifa del

servicio elctrico, tanto en cuanto al incremento del precio de compra

de energa en todo el territorio del pas, (especficamente en la

Provincia de Buenos Aires) y por el incremento del precio de retribucin

del Valor Agregado de Distribucin (VAD) que afecta al gran Buenos

Aires a nivel nacional y a travs de Edenor SA y Edesur SA, por ser

aquella arbitraria, infundada, innecesaria, elitista einconsulta.,ordenando la realizacin de una audiencia pblica como

medida precautoria antes de implementar el aumento de la tarifa

elctrica .-

2) Peligro en la demora (periculum in mora), es aquel recaudo

que exige la probabilidad de que la tutela jurdica definitiva que la actora

aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no

pueda en los hechos realizarse, es decir que, a raz del transcurso del

tiempo, los efectos del fallo final resulten prcticamente inoperantes

(Conf. CNFEd. Contencioso administrativo, Sala IV, 1999/05/13

Peyras, Hctor ER c. FEMESA y otro, La Ley, Supl. de Jurisprudencia

de Derecho Administrativo del 14.8.00). En el caso, tal extremo est

configurado por el hecho de que la mera aplicacin de la resolucin

puesta en crisis implica en s misma la violacin de derechos

reconocidos constitucionalmente y en diversos tratados internacionales.

El peligro en la demora se asienta en que ha fijado fecha de la

suba del precio de las tarifas de luz estipulada para el prximo 1 de

febrero de 2016

3) Contracautela: en el caso se ofrece caucin moral. Patritica y

juratoria la cual solicito se tenga por prestada con la f irma del escrito de

inicio.

4) Procedencia de la medida invocada: el artculo 230 CPCC

habilita la procedencia de la medida cautelar solicitada.


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11.-PLANTEA NULIDAD

Como se explicitara ut supra las resoluciones N 6/2016.7 /2016, ambas

del Ministerio de Energa y Minera 1/2016 del ENRE, han sido dictadas

en palmaria violacin a lo establecido por la C.N. y leyes especificas en

la materia (ley 24065) por lo que solicitamos se declare la NULIDAD de

las mismas.-

12.-FORMULA RESERVA DEL CASO FEDERAL

Se deja planteado para el hipottico aunque improbable caso que

las instancias ordinarias no acogieran a este pedido el remedio federal

conforme las prescripciones 14 de la Ley 48, dado que en el caso

estamos en presencia de una decisin que restringe derechos y

garantas consagrados en la CN y los Instrumentos Internacionales deDerechos Humanos; tales como los previstos en los arts. 14, 14 bis, 16,

17, 19, 28, 75 inc. 19 y en los instrumentos de derechos humanos

receptados en el 75 inc. 22.

13.- AUTORIZA

Autorizo a tomar vista del expediente as como a realizar

cualquier otra diligencia de inters al Dr Carlos Alfaro T 600.F367

CFALP., Dra Maria Cecilia Draghi Peirano T 47 F 156 CALP, Dr

Marcelo Leyria T53 F 102 CALP, Fernando Andrin DNI 25715707,

Macarena Tosca Manzor DNI 33713099, D

14.-PETITORIO

a) Se nos tenga por presentados, en el carcter y representacin

invocada.-

b) Se tenga por constituido el domicilio legal indicado.

c) Se cite a intervenir al DEFENSOR DEL PUEBLO de la Provincia

de Buenos Aires.-


28/28

d) se haga lugar a la medida cautelar solicitada suspendiendo laaplicacin de la Resoluciones 6/2016 y 7/2016, Ambas del Ministerio

de Energa y Minera de la Nacin y la Resolucin 1/16 del ENRE, y se

ordene al Ministerio de Energa y Minera a dejar sin efecto la aplicacin

de dichas resoluciones de manera inmediata.

e) Se haga lugar al planteo de nulidad invocado y por los fundamentos

expuestos

f) Se de trmite a la accin impetrada y se ordene el traslado del art. 10

de la ley 16.986. con costas a los codemandados

g) Oportunamente se dicte sentencia con efecto Erga Omnes

haciendo lugar a la presente demanda.-

h) Se tengan presente la Reserva del Caso Federal y lasautorizaciones conferidas.

Proveer de Conformidad

SER JUSTICIA

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