Parte 3

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conflictos territoriales y territorialidad neera1 EL CASO DE LAS COMUNIDADES APfcOCOLOMBIANAS

Odile Hoffmann

CONFUSIN OPERATIVA ENTRE IDENTIDAD Y TERRITORIO

Los derechos territoriales de las comunidades negras fueron reconoci-dos por primera vez en la historia colombiana por el Artculo Transitorio 55 (AT 55) de la Consti tucin de 1991. ste representa un momento clave de convergencia entre macro, micro procesos sociales, polticos, actores antes enfrentados, que acordaron ah un pacto constitucional muy novedoso en toda Amrica Latina y, me atrevo a decir, en el plano inter-nacional. Qu ocurri? En ese momento y lugar, en la Colombia de fines de los aos de 1980, convergieron lgicas polticas y lgicas de ac-cin que participaban de los dos "paradigmas" arriba mencionados: el territorial y el tnico.

Los campesinos del Pacfico venan organizndose desde los aos de 1980, sobre todo en el Choc, con el apoyo activo de la Iglesia en su ver-tiente pastoral indgena y pastoral negra. Indgenas y pobladores negros luchaban contra las amenazas de desalojo que proferan empresas madereras y mineras. Su organizacin los llev a reivindicar territorios, siguiendo al principio el modelo indgena de la Organizacin regional Embera Waunan. En este mbito se construy un discurso territorial negro y emergi el actor social que luego ser reconocido como comunidades negras. Las rei-

1 Conferencia dictada en el II Seminario internacional sobre territorio y cultura, Univer-sidad de Caldas, Manizales, 23-27 de octubre 2001.

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vindicaciones territoriales se apoyaron en la reconstruccin de la historia de la poblacin negra, de las modalidades especficas en las que lleg y se asent en las tierras bajas del Pacfico, de la memoria colectiva que legiti-ma su pretensin de hablar y actuar como actor participante de la socie-dad nacional. Las alianzas con los indgenas, adems de la desorganiza-cin interna del naciente movimiento negro, las explican el hecho de que haya sido un portavoz indgena quien represent los intereses de las co-munidades negras en la Asamblea Nacional Consti tuyente (1991). En este discurso, el territorio es base y fundamento de la identidad, como la Tierra madre para los indgenas; las reivindicaciones territoriales son el punto focal del debate.

En la misma poca el propio gobierno, por un lado, y la mayora de los actores polticos, por otro, reconociendo el estado de crisis poltica que atravesaba el pas, acordaron una profunda renovacin en los esquemas de participacin poltica de la poblacin, en general, y de las poblaciones ms vulnerables, en particular. Se prest atencin especial a las minoras tnicas, entre ellas las recin nombradas comunidades negras. Se escucharon, por fin, las voces de algunos lderes negros que venan luchando desde haca aos por el reconocimiento de las poblaciones negras de Colombia y con-tra la discriminacin -por ejemplo, el movimiento Cimarrn, as como las de los intelectuales que apoyan o acompaan el movimiento negro. Entre ellos, los antroplogos representaron un papel decisivo al legitimar "cien-tficamente" las ambiciones de las organizaciones negras con una cons-truccin conceptual y discursiva ad hoc apoyada en la existencia de territo-rios ancestrales. Dicha construccin de las especificidades culturales de la gente negra colombiana se apoya en su historia peculiar, la deuda histrica de la sociedad nacional hacia ellos. Se constituy una categora tnica nue-va -la etnia negra- y se abog por su reconocimiento pleno, al lado de la de los indgenas, que existe desde la Colonia, aunque haya sido siempre sub-alterna y dominada. Con esto se quiso poner fin a la invisibilidad histrica y generalizada (en toda Amrica Latina) de los negros y reconocer sus derechos especficos. Esta dinmica "etnicista" se ve legitimada por las posturas que asumen las agencias de desarrollo o de financiacin interna-cional, como el Banco Mundial, la Organizacin Internacional del Trabajo y las O N G internacionales.

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Fruto de esta convergencia coyuntural entre los actores tnicos por un lado y el aparato poltico en sentido amplio por otro, el AT 55 ordena la redaccin de una ley especfica -la Ley 70 de 1993- que ser la primera de la regin latinoamericana2 en reconocer derechos especficos a las poblaciones negras, instituidas desde entonces como comunidades negras con una defini-cin sui genens: "El conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tra-diciones y costumbres dentro de la relacin campo-poblado, que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos tnicos"3.

El periodo que va del AT 55 de 1991 a la Ley 70 de 1993 es el momento cruciai en que se constituyeron ias organizaciones ue uase, se movilizaron las poblaciones campesinas del Pacfico y se negociaron los trminos exac-tos de la Ley. Resultado de procesos mltiples4, la Ley 70 retoma los dos enfoques antes descritos. Por un lado, su impacto principal e inmediato reside en el reconocimiento de derechos territoriales a la poblacin rural, riberea, del Pacfico5; por otro lado, reconoce un estatus especial a las poblaciones negras, y establece medidas especiales en los campos de la

2 Brasil, en su Constitucin de 1988, reconoci derechos nicamente a los "remanen-tes de quilombos", o sea, descendientes de los palenques. Ni Ecuador ni Venezuela, ambos con poblaciones negras importantes y Constituciones recientes, dieron el paso a dar derechos especficos a las poblaciones negras, y se quedaron en el plano muy general de un reconocimiento como minora nacional, a veces confundidas con los indgenas -caso de Ecuador.

3 Ley 70 de 1993, artculo 2, pargrafo 5.

4 Ver Carlos Agudelo, "Colombie: changement constitutionnel et organisation des mouvements noirs", en Problmes dAmrique Latine, No. 32, janvier-mars, 1999, pp. 43-51; Eduardo Restrepo, "La construccin de la etnicidad: comunidades negras en Colombia", en Mara Lucia Sotomayor (ed.), Modernidad, identidad y desarrollo, Bogot, ICAN, 1998; Odile Hoffmann, "Polticas agrarias, reformas del Estado y adscripciones identitarias Colombia y Mxico", en Anlisis Poltico, No. 34, Bogot, mayo/agosto, 1998, pp. 3-25; Peter Wade, "Identits noires, identits indiennes en Colombie", en Cahiers des Amrique s Latines, No. 17, Paris, IHEAL, 1994, pp. 125-140; Jaime Arocha, "Los negros ante la nueva Constitucin de 1991", en Amrica Negra, No. 3, Bogot, Universidad Javeriana, 1992.

5 Recordemos que las poblaciones negras asentadas en el Pacfico no gozan, en su mayo-ra, de ttulos de propiedad sino que ocupan desde hace varias generaciones las tierras bajas jurdicamente conocidas como "baldos". La Ley 70 les da la posibilidad de adquirir ttulos bajo la forma de territorios colectivos manejados por Consejos comunitarios.

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etnoeducacin, la representacin poltica, la participacin en los proyectos de desarrollo regional, entre otros. Es decir, reconoce el carcter "tnico" de las poblaciones negras, y justifica por ello la adopcin de dispositivos legales especficos, similares a los que existen para los indgenas.

Esta doble "paternidad" de la Ley -territorial y tnica- explica en parte algunas de sus lagunas y ambigedades. Al ser diseada tericamente para toda la poblacin negra de Colombia, la Ley excluye de sus principales aspectos a la mayora: los habitantes urbanos (70% de la poblacin negra es urbana), los que viven fuera del Pacfico (73% de la poblacin negra vive fuera de la regin Pacfica)6. Aunque estas cifras son muy polmicas -des-de la definicin misma de "poblacin negra" hasta los instrumentos de eva-luacin demogrfica en ausencia de censos especficos-, muestran la enor-me distancia entre dos conjuntos sociodemogrficos: la poblacin negra general y la poblacin negra susceptible de movilizarse alrededor de la Ley 70 para beneficiarse de sus derechos territoriales recin adquiridos. Vere-mos primero la situacin de las poblaciones ribereas del Pacfico, antes de preguntarnos por el impacto de las polticas de reconocimiento tnico en un medio urbano!998 y por el papel del territorio en stas.

CONFLICTOS TERRITORIALES Y SUS INTERPRETACIONES

En el Pacfico, la movilizacin social suscitada por la aplicacin de la Ley 70 fue muy importante. A partir de 1991 nacieron las organizaciones de base (denominadas "organizaciones tnico-territoriales") florecieron en todos los ros del Pacfico y, poco a poco, se estn convirtiendo en Conse-jos comunitarios o centran sus actividades alrededor de la titulacin de territorios colectivos. El ambiente poltico cambi a raz de las Innovacio-nes territoriales, institucionales, sociales y culturales que acompaan la movilizacin. Se podra hablar de unos procesos "emancipatorios"7, es de-cir, polticos basados en las reivindicaciones tnicas y territoriales. Sin em-bargo, stos no ocurren sin generar contradicciones que pueden o no ali-

6 Vese cuadro 1. Para una aproximacin reciente de las poblaciones afrocolombianas, vese Fernando Urrea y Carlos Vifara.

7 Jacques Rancire, Aux bords du politique. Paris, La Fabrique, 1998.

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mentar los conflictos en las regiones involucradas. Estos conflictos son de varios tipos. A continuacin expongo cuatro tipos de conflictos que tie-nen que ver con el territorio, demostrando as el cuidado con que se debe usar el trmino "conflicto territorial".

1. Los conflictos internos suelen nacer de las nuevas jerarquas que se establecen entre habitantes que aspiran a un mismo territorio colectivo y que participan en la movilizacin tnico-territorial: entre escolarizados y no escolarizados, rurales y urbanos, ancianos y jvenes. En efecto, las negocia-ciones para la titulacin colectiva, basadas en nuevos registros de legitimi-dad para las poblaciones locales -principalmente el jurdico-, implican la construccin de nuevas fuentes de autoridad. Ei recurso "territorio", que antes no estaba sujeto a negociaciones colectivas sino individuales, se vuelve objeto de competencia y por lo tanto herramienta de poder dentro de las mismas poblaciones. El que "sabe" manejar los nuevos cdigos -el lder de la organizacin, el funcionario, el asesor adquiere una posicin de autoridad que muchas veces se vuelve posicin de poder. El territorio, al ser condicin para el reconocimiento de la colectividad y de sus derechos, se asocia a nue-vos dispositivos internos de jerarqua social. Encontramos en el Pacfico las primeras fases de consolidacin de un "orden territorial" asociado a fuentes de autoridad legalmente reconocidas. Si reconocemos, como lo han demos-trado abundantes trabajos empricos y tericos ya antiguos8, la asociacin que existe entre orden territorial y orden sociopoltico, se impone la conclu-sin de que el Pacfico est entrando en una fase de profunda recomposi-cin. Ms all del "reconocimiento de derechos territoriales", las nuevas dis-posiciones legales inducen transformaciones en los modos locales de negociacin social y poltica, tanto en sus prcticas como, a mediano plazo, en la representacin que la sociedad local se hace de ella misma.

2. Se agudizan los conflictos terri toriales con los vecinos, lo que puede -en ciertos casos- adquirir el matiz de "conflicto intertnico" en-tre indios y negros, o blancos y negros, cuando en el fondo se trata de luchas por el territorio. Algunos aos antes se habran interpretado es-trictamente en trminos de poder, dominacin o competencia territorial

8 Paul Claval, Espaces et pouvoir, Paris, PUF, 1978.

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entre grupos locales de poder e intereses encontrados; ahora se entienden como una confrontacin entre grupos tnicos. Ah es donde la confusin territorio-territorialidad, y por consecuencia territorio-identidad, es la ms arriesgada puesto que es portadora de exclusin. Se puede incluso llegar a una lgica de yuxtaposicin de espacios geogrficos discretos, cada uno manejado segn normas sociales y legales distintas, sin puente posible. Los resguardos, los territorios negros, las plantaciones, las reservas naturales o del Estado se rigen por medidas legales distintas. A cada unidad territorial corresponde una normatividad propia y un sistema especfico de autoridad y legitimacin de la misma. Sin piso normativo comn, los conflictos dif-cilmente pueden resolverse por acuerdo mutuo, y las propias instituciones del Estado son incapaces de cumplir el papel de arbitro, tenindose que recurrir a las ms altas instancias de justicia para dirimir contradicciones locales. Estas dificultades reales alimentan las interpretaciones que enfatizan en los riesgos de "fragmentacin" y "comunitarismo" ligados al reconoci-miento del multiculturalismo y de los derechos tnicos. Segn sus detrac-tores, el sistema multicultural tiende a bloquearse rpidamente puesto que no basta ser ciudadano para exponer y hacer valer sus derechos, sino que se necesita adems recurrir a mltiples dispositivos legales que no fueron pen-sados para combinarse. La judicializacin de la sociedad y la multiplicacin de las instancias de autoridad, Corte Suprema, Corte Constitucional, de-fensores del pueblo y procuraduras de cada entidad territorial9, hacen ms borrosos y casi incomprensibles los mecanismos de decisin y de autori-dad, lo que deja la puerta abierta a la impunidad y la autojustificacin de cada uno de los actores.

Otros, por el contrario, ven en este nuevo tipo de conflicto la fuente de innovacin que podra guiar las sociedades latinoamericanas - y ot ras- ha-cia una nueva concepcin de las relaciones entre ciudadanos y sociedad nacional10. La Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, se com-9 Jean-Michel Blanquer, "Les institutions l'preuve de la pratique", en Jean-Michel Blanquer y Cristhian Gros (coord.), La Colombio l'aube du troisime miiinaire. Paris, Editions de l'IHEAL, 1996, pp. 87-106.

lu David Recondo, "Multiculturalisme et dmocratisation dans l'Oaxaca (Mexique): les paradoxes d'une politique de reconnaissance des coutumes indiennes", en Problmes dAmrique Latine, No. 41. La Documentation Frangaise, Paris, avril-juin, 2001, pp. 45-70.

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promete en decisiones innovadoras en el campo del derecho consuetudi-nario de poblaciones indgenas11. Localmente tambin existen esfuerzos para inventar nuevas formas de dilogo que combinen el respeto a dere-chos especficos y la igualdad ciudadana.

En el aspecto terico, estas orientaciones encuadran bien con las inter-pretaciones que valoran la relacin territorio-identidad por cuanto el terri-torio es fuente de identificacin y condicin de existencia de individuos en la Nacin. Se basan en que slo existimos en colectivos sociales culturalmente significantes, asociados a espacios concretos. Como lo plan-te Bonnemaison, "el territorio es ante todo un espacio de identidad, o si se prefiere, de identificacin [...] es esta parcela de espacio que enraiza en una misma identidad y rene los que comparten un mismo sentimiento [...] en este sentido, es un lazo antes que ser una frontera"12. En la etapa siguiente, la dimensin cultural del territorio adquiere sentido poltico en la medida en que pretende legitimar su apropiacin por parte de un grupo. Se debe matizar esta postura, que podra interpretarse a primera vista como "culturalista" o "diferencialista". Como lo evidencian trabajos recientes, existe un fuerte dinamismo y una gran capacidad de cambio, es decir, de renegociacin permanente de estas relaciones identidad-territorio, en el seno de las propias sociedades locales involucradas13. La relacin "cultu-ral" identidad-territorio no es estable ni definitoria y est enmarcada por juegos locales de poder que le dan o no un sentido social. En otras pala-bras, la reduccin de lo territorial a su dimensin estrictamente cultural ocultara el papel preponderante del territorio en la construccin de las jerarquas polticas, sea en el nivel micro de las sociedades locales, como lo vimos antes, o en la sociedad global que se expone a continuacin.

11 Ester Snchez, "La tutela como medio de transformacin de las relaciones Estado-pueblos indgenas en Colombia", en W. Assies, G. van der Haar, A. Hoekema (eds.), El reto de la diversidad, Mxico, D. F., El Colegio de Michoacn, 1999, pp. 381-412.

12 Joel Bonnemaison, La gographie cu/ture/le, Paris, Comit des travaux historiques et scientifiques, Coll. Formal 38, 2000, p. 131.

13 Odile Hoffmann, "La movilizacin identitaria y el recurso a la memoria (Nario, Pac-fico colombiano)", en M. Zambrano y C. Gnecco (eds.), Memorias hegemnicas, memo-rias disidentes, ICAN-Universidad Nacional de Colombia, Universidad del Cauca, 2000.

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3. En las regiones del Pacfico, como en muchas otras del pas, el con-flicto armado reviste una dimensin geopoltica evidente. Por un lado, los actores de la guerra necesitan el territorio, de manera continua o tempo-ral, sea para cultivar coca, transitar o residir una temporada con cierta segu-ridad. Segn esta perspectiva, narcotraficantes, guerrillas y paramilitares tie-nen claros objetivos geo-estratgicos en todo el litoral Pacfico, y el desalojo de los primeros territorios negros en el Choc es una evidencia de que ninguno de estos actores respeta los procesos tnico-territoriales en cur-so14. Por otro lado, el control de amplias porciones del espacio nacional les asegura un poder de negociacin para eventuales discusiones con el go-bierno, as como el acceso a los recursos que existen en estos territorios (agrcolas, mineros, fiscales). Aqu se ve claramente el territorio como ins-trumento y prueba del poder detentado y como medio para acceder a otros territorios y riquezas, ambos obtenidos o conservados por va militar: la guerra tiene una historia estrechamente ligada con el territorio, en este caso como en muchos otros15. Se junta la fuerza simblica del control te-rritorial con su eficacia militar y econmica, armando un crculo vicioso de retroalimentacin permanente. En esta configuracin militar, la acepcin tnica del territorio pierde peso frente a su dimensin geopoltica. La des-proporcin de poder entre los representantes de concepciones territoria-les tan diferentes impide cualquier arreglo a largo plazo. En algunos casos se han visto grupos guerrilleros favoreciendo la constitucin de territorios colectivos negros por cuanto as los podran controlar ms fcilmente. La regla, sin embargo, ha sido lo contrario: la negacin de las especificidades tnicas y de su legitimidad para reclamar "territorios de paz" sustrados a

11 Otras evidencias de estas ofensivas gcoestratgicas fueron las masacres en el litoral sur del Pacfico: en Llrente, Tumaco, en febrero de 2001: en el Alto Naya en abril del mismo ao (acciones "compartidas" entre fuerzas guerrilleras y paramilitares). El control de tierras bajas productoras de coca, por un lado, y la constitucin de un corredor entre la zona de despeje de las Farc y el ocano Pacifico, por otro, llevan a las guerrillas a acentuar su presin sobre el Pacfico. Al mismo tiempo, las fuer-zas paramilitares, presentes desde hace algunos aos en la zona de Tumaco. por ejemplo, buscan oponerse a estas tentativas y amenazan a todos los "activistas" de la sociedad civil, incluidos los militantes tnicos, sus asesores de ONG o de la Iglesia catlica, los sindicalistas, etc.

15 Yves Lacoste, La Gographie. ca s e n d'abord faire la guerre. Paris, Maspero. 1977,

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las lgicas de guerra, a pesar de los esfuerzos realizados por colectivos indgenas y negros en este sentido16.

4. Es obvio, pero suele soslayarse que los conflictos nacen de las ambi-ciones territoriales de los grandes agentes econmicos, que no pararon la poltica de titulacin colectiva en el Pacfico. En el sur, las plantaciones de palma africana; en el norte, las empresas madereras y mineras; en ciertos lugares, las tursticas o los macroproyectos; todos manejan grandes exten-siones de tierra, muchas veces las mejores, y requieren seguridad y estabili-dad en el Pacfico. Si bien la Ley 70 prev para todos ellos la obligacin de negociar con las comunidades negras cualquier proyecto que tenga impacto en los territorios, en la realidad inventaron mltiples vas para eludir estas limitaciones. En un principio, sencillamente las ignoraron; luego, intentaron manipular los consejos comunitarios; ahora negocian contratos de explota-cin que las comunidades, y los consejos comunitarios son incapaces de con-trolar. La concepcin utilitarista y mercantil del espacio se impone en los lugares donde existen proyectos de explotacin "capitalista", y las teoras econmicas elaboradas alrededor de la renta o de los derechos de propiedad son las ms adecuadas para entender las dinmicas actuales. De hecho, se podra interpretar la Ley 70 como un mecanismo implementado por el Esta-do, bajo presin de las agencias internacionales, entre otras, para legalizar ttulos y aclarar los derechos de propiedad, base y condicin de cualquier inversin de gran escala. Solamente as, aunque fuera bajo forma de ttulos colectivos, se puede propiciar la intervencin de agentes privados en campos estratgicos a corto o mediano plazo: explotacin maderera, hidrolgica, turstica, minera, de la biodiversidad. En esta interpretacin, la dimensin tnica fue casi un pretexto para facilitar un proceso de normalizacin jurdi-ca indispensable para los actores econmicos.

Como se ve, el simple trmino "conflicto territorial" no es, en s, de gran ayuda para entender los mecanismos en juego a la hora de conflictos fuertes. Es necesario indagar y entender qu tipo de actores intervienen, con qu intereses a corto o largo plazo, cules estrategias siguen y con

16 Carlos Agudelo, "El conflicto armado en el Pacfico colombiano y el comportamiento de los movimientos sociales de comunidades negras", en Colloque La socit prise en otage, Marseille, IRD-SHADYC-EHESS, noviembre, 2000, pp. 23-25.

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qu recursos (econmicos, sociales o polticos). En otras palabras, qu significa para cada uno "el territorio"? Los conflictos son muy tiles para el anlisis porque casi siempre evidencian concepciones diferentes del territo-rio y prcticas espaciales tambin diferentes. No se trata de distinguir entre "buenas" y "malas" concepciones del territorio, pero s de saber distinguir unas de otras para elaborar los instrumentos metodolgicos y tericos ade-cuados para cada tipo de conflicto. En otros trminos, se debe subrayar que las teoras elaboradas en un contexto no siempre se cumplen en otro. No se trata de elaborar jerarqua alguna (teora cultural vs. poltica, o econmica vs. geopoltica), sino de insistir en la validez relativa de cada una de ellas. Aunque sea en un mismo espacio geogrfico, en una misma poca, un terri-torio slo adquiere sentido frente a un complejo de actores sociales, polti-cos y econmicos, o sea, suele revestir significados simultneos y contra-dictorios, como lo ilustra el caso del Pacfico (ah entran en juego asuntos de escalas, por supuesto). Los conflictos se agudizan cuando se niega esta com-plejidad y se pretende imponer una concepcin territorial sobre las dems. Esta imposicin puede ser "real", del orden de las prcticas: el despojo de tierras, la imposicin de una autoridad territorial, la invasin por actores ajenos al territorio. Tambin puede ser del orden de las representaciones: el territorio "tnico" no era concebido como tal en el Pacfico antes de la Ley 70, por ejemplo. La emergencia de la nocin, su difusin entre los poblado-res negros y su posterior aceptacin -con excepciones- llevarn, como se expuso antes, a transformaciones de la idea misma que "la gente" -los indi-viduos y los grupos organizados- se hacen de ellos mismos, de sus expecta-tivas, de sus maneras de estar en el mundo y en la sociedad global.

Cmo concebir ahora la relacin identidad-territorio en el caso de poblaciones negras que no gozan de "territorios ancestrales", como las urbanas, y que sin embargo se reivindican en la misma tendencia "tnica" que la Ley 70 pretende favorecer? ste es el objeto de esta ltima parte.

IDENTIDAD TNICA Y CIUDAD

Al contrario del mundo rural, que se beneficia con la titulacin de terri-torios, la Ley 70 ofrece pocas herramientas de emancipacin para el mundo urbano: algunas becas, algunas prerrogativas en el campo de la

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etnoeducacin, algunos puestos de representacin ocupados por lderes y militantes de las organizaciones, y sin embargo, todos los estudios re-cientes subrayan los fuertes impactos de la Ley 70 en el medio urbano.

Se debe empezar por las prcticas culturales (msica, danza): desde hace unos aos se han abierto espacios de expresin antes cerrados a grupos y artistas negros. Todo pasa como si los medios de comunicacin, en parti-cular, descubrieran esta vertiente de la creacin artstica nacional, ms all de los grupos ya reconocidos y de audiencia internacional.

Por su parte, las administraciones locales encargadas de la cultura em-piezan a abrir lneas de financiacin (ciertamente modestas) para eventos culturales manejados por poblaciones negras y para ellas 17. El rap urbano, el hip-hop, as como las danzas folclricas y algunos grupos de teatro, pue-den ahora insertarse en programas oficiales de difusin cultural. Esto no slo obedece a que, por efecto del reconocimiento constitucional de la multiculturalidad, algunos funcionarios integren la dimensin tnica en sus programas, sino principalmente al hecho de que, lento pero seguro, los propios individuos que se reconocen como negros se posicionan como tales frente a la sociedad nacional y en sta, y de que otros muchos, que nunca antes pensaron en actuar como negros - y a veces ni se reconocan como tales-, ahora lo hacen. La famosa "invisibilidad" negra se desvanece, y las negociaciones de cualquier naturaleza entre las administraciones y "la comunidad" suelen "teirse" con la dimensin tnica (para la cultura, pero tambin para el acceso a vivienda, educacin, deporte, salud).

As, en muchas administraciones se abren divisiones o departamentos especficamente destinados a tratar los asuntos relacionados con poblacio-nes negras: no slo en los mbitos previstos por la Ley (Incora, por ejem-plo), sino tambin en las alcaldas o en los gobiernos departamentales. Las poblaciones negras disponen ahora de representantes, o por lo menos de interlocutores oficiales. Desde esta perspectiva, la lucha contra la discri-minacin, por ejemplo, adquiere ms legitimidad.

7 Peter Wade, "Making cultural identities in Cali, Colombia", en Current Anthropology, vol. 40, No. 4, 1999. pp. 449-471.

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Por otra parte, los periodos electorales son la ocasin de renovar el discurso poltico. Aparecen nuevos lemas (por ejemplo el "No vote en blanco", de un candidato negro) que incluyen directamente la dimensin tnico-racial en la decisin de votar. Ahora es comn ver a los candidatos polticos de los partidos tradicionales pelear por los votos de los barrios negros con argumentos tnicos y antidiscriminatorios.

Por la importancia demogrfica que representa, pero tambin por las in-novaciones polticas que en ella se dan, la ciudad es ahora el caldo de cultivo de la nueva etnicidad negra. Sin justificacin territorial, la comunidad negra urbana debe inventar sus propias pautas, fuera de los esquemas elaborados por las organizaciones tnico-territoriales. Pero a diferencia de estos lti-mos, no dispone de instrumentos polticos concretos -el territorio rural-Empieza entonces a hacerlo desde lo cultural y poltico, pero entendiendo ste como espacio filosfico, buscando nuevas formas de "vivir juntos", rei-vindicando la "ciudadana" plena y la justicia para todos. Para ellos, la ciuda-dana tnica no es ninguna ciudadana "barata" o marginal como lo sostie-nen los universalistas, sino un aporte de las "minoras" a la Nacin (y, siendo optimista, de Amrica Latina a la comunidad mundial).

Sin tener que negociar en el marco del discurso que ata identidad tnica y territorio, pueden inventarse otras formas de territorialidad, otras formas de ser negro en la ciudad y en la Nacin. El reto poltico y filosfico consis-te en reivindicar reconocimiento y derechos en tanto negros discrimina-dos, a la vez que rechazar un orden racial de la sociedad. Un lder del movi-miento negro colombiano lo plantea claramente: "Una formulacin [del Plan de Desarrollo] que nos parece terrible, de lo ms terrible, [es] cuando se plantea que hay que generar una conciencia social de las comunidades negras fundada en lo racial, sera un monstruo de 300 cabezas"1". Igual ocu-rre en Per, donde los militantes afirman: "Luchamos por una sociedad que no sea ordenada por color, raza o situacin socioeconmica"19.

18 Documento mecanografiado. "Anlisis del proceso organizativo de las Comunidades Negras, PCN", de Carlos Rosero, 1998.

19 "Projet sur les minorits ethniques en Amrique Latine (MAL)", en Latinoamrica al dia. No. 3, Paris, septiembre, 2000. p. 21.

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La definicin del "ser negro" pasa por encima de las categoras territo-riales, pero tambin por encima de criterios racialistas. Es negro o negra quien se siente tal. Y este "sentimiento" se construye en negociaciones constantes entre individuos y grupos que se presentan y se representan frente al otro en mltiples mbitos. Podramos aqu introducir el concepto de "competencia mestiza"20, es decir, la capacidad de cada uno para inte-grar o no la dimensin tnica en sus relaciones sociales, polticas, cultura-les e incluso econmicas, en funcin de las situaciones de interaccin, y no como una caracterstica intangible de las personas.

Entendidas bajo esta forma dinmica, las prcticas culturales y territo-riales negras en la ciudad van dibmando no "una comunidad" sino una di-mensin tnica a la que pueden acudir individuos y grupos sociales en pro de su defensa, segn las situaciones concretas a las que se ven enfrentados. En esta perspectiva no se pide establecer lmites entre grupos tnicos y entre identidades, sino medidas especficas asociadas a prcticas, procesos o situaciones. As se podra escapar del debate estril entre un universalis-mo filosfico y una prctica multicultural destinada no a diferenciar gru-pos y comunidades en funcin del color o la raza, sino a propiciar mayor justicia entre miembros de grupos diferenciados21.

En conclusin, la asociacin identidad-territorio funcion como herra-mienta poltica eficaz en un primer momento, en el caso de las comunidades rurales del Pacfico, para proteger grupos particularmente expuestos a los apetitos territoriales de agentes externos, sean privados o institucionales. Pero se vuelve contraproducente si impone lgicas geogrficas (dos territo-rios no pueden sobreponerse) a realidades sociales y culturales mucho ms complejas y fluctuantes (puedo ser negra en mi pueblo y no reivindicarme como tal en la ciudad, o al revs); en otros trminos, si se confunde territo-rio y territorialidad. Como lo recomendaba un gegrafo, trabajando en con-textos de mucha diversidad sociotnica, en frica, "debemos interesarnos con prioridad, ms que en el territorio acabado y exclusivo, en las redes territorializadas por las cuales circulan la informacin cultural, la innovacin 20

Elisabeth Cunin, Le mtissage dans la ville. Apparences raciales, ancrage territorial et construction de catgories a Cartagena (Colombie), Tesis de sociologa, Toulouse, 2000.

21 Vase Will Kymlicka, Ciudadana multicultural, Barcelona, Paids, 1996, p. 303.

I y66 | conflictos territoriales y territorialidad negra

a la vez que la "tradicin". El examen de los procesos de difusin y de ruptura eventual me parece preferible a un repliegue esencialista"22. Los procesos tnicos en la ciudad, en la medida en que escapan al modelo terri-torial impuesto por las circunstancias legales y polticas, sin negar por lo tanto patrones especficos de territorialidad, representan sin duda el esce-nario donde se construyen, da a da, las identidades negras de maana.

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comunidades negras, derechos tnicos y desplazamiento FORZADO EN EL^ATvATO MEDIO: RESPUESTAS ORGANIZATIVAS EN MEDIO DE LA GUERRA

Mieke Wouters La selva es mejor a diario'

El desplazamiento forzado en Colombia afecta a diversos grupos de personas2. Las vctimas huyen de distintas regiones, interrumpen carre-ras profesionales, quiebran proyectos de vida. Nios, nias, jvenes, adul-tos, ancianos, mujeres y hombres salen en grupos o solos por diferentes razones; algunos tienen ms o menos experiencia organizativa. Se pue-den nombrar muchas otras variables que conllevan expectativas, necesi-dades, procesos y posibilidades durante el desplazamiento forzado y des-pus de ste. Todo esto hace que no sea posible tratar este fenmeno desde un solo un ngulo o un enfoque. De hecho, en los ltimos aos se han desarrollado diversas maneras de abordar la problemtica con la in-tencin de influir en las polticas gubernamentales, que an siguen vien-do a los desplazados como un grupo social homogneo con muy poco espacio para atender especificidades, particularidades. Dichas polticas tampoco avalan las acciones "particularistas" desarrolladas por agencias no gubernamentales que atienden y conocen mejor las necesidades de estos grupos sociales. Existe un acumulado de saber sobre el desplaza-miento forzado; ya han aparecido varios estudios importantes sobre gne-

1 Frase escuchada en el primer encuentro nacional de comunidades afrocolombianas desplazadas, noviembre 2000 (borrador Usa),

2 Segn cifras del Codhes, uno de cada veinte colombianos se ve enfrentado a una situacin de desplazamiento.

I yyo | comunidades negras, derechos tnicos y desplazamiento

ro y mujer3, niez y desplazamiento4 y sobre los procesos de insercin de los desplazados a la ciudad5; sin embargo, desde hace muy poco se menciona a los grupos tnicos, una variable que hasta ahora no ha sido investigada6.

Este artculo pretende ser un primer intento de mirar el desplazamiento desde un ngulo "tnico", es decir, tener en cuenta que a pesar de muchas otras variables, las vctimas pueden formar parte de un grupo tnico legal-mente reconocido. Me interesa acercarme al anlisis de los derechos tnicos, no slo porque son violados constantemente, sino tambin porque ofrecen una fuente de resistencia y defensa, a pesar de que a primera vista parecieran no tener sentido en un contexto de guerra degradada en la que ni siquiera hay respeto por el derecho a la vida. Lo ilustrar con las experiencias de desplazamiento, en el Atrato medio (Choc), de algunas comunidades ne-gras, describiendo sus respuestas organizativas al desplazamiento y algunas polticas para prevenirlo. Al mismo tiempo se mostrar que el desplazamien-to, como situacin de crisis, alimenta de nuevo el discurso tnico y que este ltimo, a su vez, aporta elementos para la formulacin de estrategias orienta-

3 Donny Meertens y Nora Segura, xodo, violencia y proyectos de vida'- la reconstruc-cin de la vida cotidiana de hombres, mujeres y jvenes desplazados por a violencia. Tres estudios de caso, informe final de investigacin presentado a Colciencias, 1999; Nora Segura, "Desplazamiento en Colombia, perspectivas de gnero", en Universitas humanstica, No. 47, pp. 45-52, 1999; Donny Meertens y Nora Segura, "Las rutas del gnero en el desplazamiento forzoso", en Revista faveriana. No. 128, 1997, pp. 361-369, Nora Segura y Donny Meertens, La mujer desplazada y la violencia, informe final de investigacin presentado a la Consejera presidencial para los Dere-chos Humanos, Bogot, 1996.

4 Martha Bello, Leonardo Mantilla, Claudia Mosquera, Ingrid Camelo, Relatos de la violencia. Impactos del desplazamiento forzado en la niez y la juventud, Universidad Nacional de Colombia-Fundacin Amor, Unibiblos, 2000.

5 Martha Bello y Claudia Mosquera, "Desplazados, migrantes y excluidos: nuevos ac-tores de las dinmicas urbanas", en Desplazados y reconfiguraciones territoriales. Bogot, Universidad Nacional de Colombia-CES, 2000.

6 En agosto de 2001, el Codhes empez a ejecutar un gran estudio sobre el impacto y la caracterizacin del desplazamiento forzado de comunidades indgenas en diferen-tes partes de Colombia. En su gnero, es el primer intento a gran escala de mirar el desplazamiento reparando en el elemento tnico.

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das a afrontar el desplazamiento y para la reconstruccin de nuevas formas de convivencia pacfica. Sin embargo, argumentar tambin que se debe te-ner cuidado con que esa misma situacin no lleve a una mayor esencializacin del discurso, en la que se tome "lo tnico"como algo ya existente, algo dado sin prestar atencin a lo que an est por construir7.

COMUNIDADES NEGRAS, DESPLAZAMIENTO FORZADO Y DERECHOS TNICOS

Segn algunas cifras, los grupos tnicos en Colombia sufren de mane-ra desproporcionada el rigor y el drama del desplazamiento forzado. Ci-fras recientes de la Red de Solidaridad Social muestran que en el periodo de enero de 2000 hasta junio de 2001, 23,58% de la poblacin desplazada corresponda a grupos tnicos, proporcin 53% superior al porcentaje de poblacin negra e indgena del total de la poblacin del pas8.

Es evidente que los grupos tnicos estn en condiciones an ms vulne-rables ante un posible desplazamiento. El hecho de que, en este caso, las comunidades afrocolombianas hayan sido reconocidas legalmente como grupo tnico no parece significar ninguna defensa real frente a la feroz maquinaria de guerra que aplican los diferentes grupos armados. Peor an, estos grupos sufren, adems de la violacin de la mayora de los derechos fundamentales de cada individuo, la violacin de sus derechos tnicos-co-lectivos, reconocidos en la Ley 70 de 1993. El desplazamiento afecta estos derechos en dos ejes fundamentales: el territorial y el cultural-identitario. 7 Es obvio que muchos aspectos escapan a los alcances de este artculo y ameritan otros espacios para una mayor profundizacin, como las particularidades socioculturales e histricas de las comunidades negras frente a procesos de desplazamiento. En este artculo examino sobre todo la situacin y la reaccin de las comunidades negras en la cuenca del Atrato medio, que por la particular historia de organizacin y defensa de su territorio, con fuerte acompaamiento de la Iglesia catlica, representan un ejemplo especfico.

8 Tomado del informe de gestin: "Atencin a poblacin desplazada en Colombia", Reconozco aqu que an existen muchos problemas con informaciones estadsticas en cuanto a la dimensin tnica del desplazamiento forzado. Presento aqu estas cifras ms bien como una indicacin, no como una cifra absoluta. El tema de por qu los grupos tnicos son ms vulnerables y de cmo el desplazamiento se da en sus terri-torios, es tema de un artculo en proceso.

I 3y2 | comunidades negras, derechos tnicos y desplazamiento

La Ley 70 de 1993 fue formulada dentro de un contexto internacional en que, como indica Villa9, los particularismos culturales y los procesos de reconstitucin tnica adquieren significado en el mbito territorial de las naciones. Ella recoge, entre otros, el aspecto territorial, haciendo posible la titulacin colectiva de los territorios de estas comunidades. Es en este contexto donde la desterritorializacin, a raz del desplazamiento, gana an ms peso porque ocurre justamente cuando las comunidades negras estn en pleno proceso de titulaciones colectivas o acaban de convertirse en los dueos oficiales de sus territorios, con lo que se minan por comple-to sus derechos tnico-territoriales10. Incluso se ha argumentado que la misma titulacin colectiva, en el caso de las comunidades negras, ha fun-cionado en la prctica como un 'seuelo', por causa del cual los diferentes actores armados han puesto su atencin en estos territorios11.

La importancia del territorio para los grupos tnicos tambin se refleja en los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, formulados por las Naciones Unidas12. El principio rector 9 tiene que ver directamente

9 William Villa, "El Estado multicultural y el nuevo modelo de subordinacin", en Diez aos de la Constitucin Colombiana. Seminario de evaluacin, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, Rectora General, ILSA, 2001, pp. 135-142.

10 El caso ms reciente es la titulacin colectiva en el Alto Baud. Choc. Los habitantes de esta zona se enteraron de su titulo colectivo de 174 mil hectreas, concedido el 23 de mayo de 2001, cuando llegaron desplazados a Quibd, menos de dos semanas despus.

11 Carlos Agudelo, El Pacfico colombiano: de "remanso de paz" a escenario estratgico del conflicto armado, ponencia para el coloquio internacional La socit prise en otage. Strategies individuelles et collectives face la violence-autour du cas colombien, Marsella, SHADYC-EHESS, 2000; Adrin Ouvry, Economic Development and the Escalation of Violence in Choc: an fntroductory Analysis of Conflict and Displacement in Northwest Colombia (borrador), 2000; Ana-Luz Rodrguez, "La Asociacin Cam-pesina Integral del Atrato, ACIA", en Luz Margoth Pulido, Ana Luz Rodrguez y Betty Pedraza. Entre el fuego. Tres experiencias de participacin en zonas de conflicto armado, Bogot, Parcomn (Fundacin para la Participacin Comunitaria), Diakona (Accin Eucumnica Sueca). 2000, pp. 119-146: Mieke Wouters, "Derechos tnicos bajo fuego: el movimiento campesino negro frente a la presin de grupos armados en el Choc. El caso de la ACIA", en Mauricio Pardo (ed.), Accin colectiva. Estado y etnicidad en el Pacfico colombiano. Bogot, Icanh. Colciencias, 2001, pp. 259-285,

12 A pesar de que no son de obligatorio cumplimiento para los Estados, sirven de orientacin para el tratamiento a la poblacin desplazada, como ha sido el caso de la formulacin de diferentes polticas gubernamentales.

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con la cuestin territorial y dice: "Los Estados tienen la obligacin espe-cfica de tomar medidas de proteccin contra los desplazamientos de pue-blos indgenas, minoras, campesinos, pastores y otros grupos que tienen una dependencia especial de su tierra o un apego particular a la misma"13.

Pero la desterritorializacin no es la nica violacin en el mbito tnico. El desarraigo no slo se limita al 'territorio geogrfico', como lo menciona Bello14, sino que tambin implica la prdida del 'territorio de vida', estre-chamente vinculado al anterior. Es as como las identidades tnico-cultura-les, que segn la Ley 70 tienen que ser protegidas, al estar an en proceso de formacin13 sufren una nueva transicin marcada por los efectos del desplazamiento, que ubica a las comunidades negras en una marginalidad que no les es extraa. Como he dicho anteriormente, estos mismos grupos tnicos, por lo general, se han encontrado en una situacin histrica de desfavorecimiento, discriminacin, mayor vulnerabilidad y pobreza extre-ma, situacin reforzada por el desplazamiento. "El problema de lo tnico aqu en Colombia es igual al marginado [...] Siempre han estado negados por todos lados ante la sociedad colombiana, porque es que casi ni gente es. Y te puedes imaginar que como desplazados negros es an peor..."16. En-tonces se puede decir que cuando se afectan los derechos de estos grupos, las repercusiones son mayores que las que podran soportar los grupos mayoritarios. En el principio rector 6.2.a. de las Naciones Unidas tambin se hace referencia a este punto. Se trata de la prohibicin de los desplaza-mientos "basados en polticas de apartheid, 'limpieza tnica' o prcticas similares cuyo objeto o cuyo resultado sea la alteracin de la composicin tnica, religiosa o racial de la poblacin afectada"17. Este principio llama la atencin sobre un aspecto de la guerra bastante subestimado; aunque el

13 Borrador Usa. RSS.

14 Martha Nubia Bello, "Narrativas alternativas: rutas para reconstruir la identidad", en Martha Nubia Bello, Elena Martn Cardinal y Femando Jiovani Arias, Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, 1999, pp. 142-164.

15 Jess Abad Colorado, Carlos Alberto Giraldo y Diego Prez, Relatos e imgenes. El desplazamiento en Colombia, Bogot, Cinep, 1997; Eduardo Restrepo, "Imaginando comunidad negra; etnografa de la etnizacin de las poblaciones negras en el Pacfico sur colombiano", en Mauricio Pardo (ed.), op. cit.. pp. 41-70.

16 Comunicacin personal, Pastoral Social, Quibd.

'7 Borrador Usa, RSS.

f F *

I 3y4 | comunidades negras, derechos tnicos y desplazamiento

conflicto armado colombiano no est motivado por razones tnicas pro-piamente dichas y no se pueda calificar como guerra 'tnica', el desplaza-miento conlleva indudablemente efectos de carcter tnico en su peor manifestacin: un posible etnocidio18.

RESPUESTAS ORGANIZATIVAS: LA ACIA Y su NUEVA MISIN FRENTE AL DESPLAZAMIENTO

Las repercusiones del desplazamiento y las consiguientes violaciones de los diferentes derechos no se sienten solamente en las comunidades mismas, sino que afectan tambin de manera considerable los procesos organizativos de las comunidades y, especficamente, los procesos tnico-territoriales. La Asociacin Campesina Integral del Atrato (ACIA), en el Choc, es una de estas organizaciones tnico-territoriales con una larga trayectoria de lucha por el territorio y el mejoramiento de las condiciones de vida de las comuni-dades afrocolombianas'9. A raz de la intensificacin y degradacin del con-flicto, la asociacin ha vivido un gran debilitamiento del proceso organizativo en su territorio colectivo20. El desplazamiento ha sido uno de los fenmenos ms perjudiciales, pues ha ocasionado fracturas culturales y organizativas, ha minado por completo la autoridad territorial de la organizacin y de las mis-mas comunidades (por ejemplo, consejos comunitarios) y ha fomentado

ls El hecho de subestimar este riesgo tambin tiene que ver con las pocas cifras oficiales confiables sobre las dimensiones cuantitativas del desplazamiento de los gru-pos tnicos. En este contexto se puede hablar de un "etnocidio estadstico" (Michel Baud et al, Etnicidad como estrategia en Amrica Latina y el Caribe, Quito, Abya-Yala, 1996) que tiene graves consecuencias, aunque an son reversibles. Pese a que el impacto del desplazamiento no slo se mide a travs de estadsticas, las cifras s son importantes para la sensibilizacin del pblico, para hacer visible el verdadero tamao de la problemtica y crear una mayor comprensin de las necesidades traducidas en la formulacin de polticas especiales en los niveles estatales y no gubernamentales.

19 Para conocer un breve resumen histrico del nacimiento y la trayectoria de la ACIA, vase Mauricio Pardo, "Movimientos sociales y actores no gubernamentales", en Mara Victoria Uribe y Eduardo Restrepo, Antropologa en la modernidad, Bogot, ICAN, 1997, pp, 207-252; y Mikie Wouters, op. cit.

20 Para una exploracin de las diferentes consecuencias del conflicto armado, y en particular para el proceso organizativo de los actores y los posibles motivos en el rea de esta organizacin, vanse Ana-Luz Rodrguez, op. cit., y Mikie Wouters, op. cit.

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fuertes sentimientos de impotencia e inseguridad. Sin embargedlos proce-sos de destruccin obligaron a la organizacin, con el acompaamiento de la Dicesis de Quibd, a reflexionar sobre el curso de sus acciones, si no queran dejarse vencer por las estrategias de la guerra.

A principios de 2001 haba en el Choc catorce municipios desplazados, casi la mitad de la totalidad de municipios existentes en el departamento21, incluidos prcticamente todos los municipios del Atrato medio. El despla-zamiento por el conflicto armado, o como dijo un campesino atrateo, "el que est de moda es el que causa escndalo", es de fecha relativamente re-ciente y est directamente relacionado con la entrada de los paramilitares.

El 22 de mayo de 1997, este grupo armado se tom Viga del Fuerte, una comunidad atratea, se ubic en el pueblo y fue ampliando su control so-bre el Atrato, donde establecieron varios retenes para efectuar un bloqueo econmico, limitando fuertemente el transporte de personas y mercan-cas, intimidando y amenazando a la poblacin con asesinatos selectivos y desapariciones. Inmediatamente, a raz de la toma, se produjo el primer desplazamiento de una comunidad entera en el Atrato medio: el de Pueblo Nuevo. Despus siguieron Mesopotamia (1997), San Martn (1999), Las Mercedes (1999), Isla de los Palacios (2000), Negua (2000), las comunida-des Munguirri y La Equis (2000), y otros muchos desplazamientos fami-liares e individuales de toda la zona22. En total se estima que en los ltimos cuatro aos se han desplazado unas siete mil personas en el Atrato medio, un 20% de la poblacin total de la cuenca.

El balance del poder territorial en el ro cambi con la toma guerrillera de Viga del Fuerte, el 25 de marzo de 2000; desde entonces las Farc esta-blecieron su control sobre gran parte de la cuenca media del Atrato23. Ms

21 Red de Solidaridad Social, Quibd, febrero de 2001.

22 Comunicacin personal ACIA/Justicia y Paz; Informe Comisin Vida, Justica y Paz de la dicesis de Quibd: "Derechos Humanos en el Medio Atrato", 2001; Amnista Internacional, "Colombia, retorno a la esperanza. Las comunidades desplazadas de Urab y del Atrato Medio", 2000.

23 Eso quiere decir que los paramilitares ya no estn en Viga de Fuerte. Sin embargo, tienen una importante presencia en el rea de Riosucio y en Quibd.

I yy6 | comunidades negras, derechos tnicos y desplazamiento

cerca de la capital, Quibd, el dominio del ro y sus afluentes est en manos del ELN, y en menor medida del ERG24. Estos cambios de poder territorial llevaron, en primera instancia, a cierta tranquilidad para la gen-te de las comunidades ribereas. Sin embargo, la situacin ya no es como antes, cuando la guerrilla haca presencia en la zona pero nunca tena un real dominio sobre ella ni pareca estar buscndolo. Aunque en general se considera que no aplican los mismos mtodos de terror, la guerrilla tam-bin "viene intimidando, pidiendo vacunas a los pescadores, quitndoles los motores"25, y tambin "ponen sus muertos". Adems, se han produ-c ido varios d e s p l a z a m i e n t o s desde e n t o n c e s , p o r el t e m o r de enfrentamientos entre los diferentes grupos armados, incluido el ejrcito colombiano. Lo ms seguro es que esta situacin de relativo empate no persista; todos los das crece el temor de que los paramilitares, que se han replegado en Quibd, quieran reconquistar el Atrato: "Cuando se vuel-van los paramilitares a fortalecer y quieran volver a retomar todas estas zonas, la guerrilla saldr corriendo como siempre y los que pagan el pato van a ser las comunidades"26.

AUTONOMA, RESISTENCIA Y RETORNO

Frente a los primeros desplazamientos, la ACIA qued inmovilizada y sin saber qu hacer. Unos dos meses despus se produjo el asesinato de dos de sus miembros en Quibd, uno de los cuales era un integrante de la junta directiva; entonces la organizacin empez a entender la gravedad de la situacin, pero el acontecimiento tambin caus mucho temor27. Sin embargo, junto con la Dicesis y la Comisin Justicia y Paz , y debi-do a la creciente influencia de miembros de las zonas bajas donde se esta-ban viviendo ms de cerca todas las consecuencias de la violencia, ACIA

24 El Ejrcito Revolucionario Guevarista tiene control en la zona de la carretera Quibd-Carmen del Atrato.

25 Este comentario fue hecho en temporada de subienda, cuando la guerrilla quitaba las ganancias de los pescadores.

26 Comunicacin personal, Pastoral Social Quibd. Por ejemplo, hay indicaciones de que los paramilitares han fortalecido su presencia en Riosucio y han hecho incursiones en la zona de Jiguamiand.

27 Comunicacin personal, asesores de ACIA.

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empez a tomar posicin frente al conflicto y a asumir un rol principal en la organizacin de la gente desplazada que estaba llegando al casco urbano de Quibd. "Las comunidades han ido como apropindose de su proceso y han venido tomando una posicin clara frente al conflicto armado [...] ha sido un proceso, lo hemos hecho en coordinacin con la ACIA y con la OREWA"28.

La organizacin de los desplazados una vez llegan a Quibd, la orienta-cin hacia un posible retorno a sus tierras y la prevencin de desplaza-miento se han convertido en nuevas banderas de lucha, que se apoyan fuer-temente en un enfoque tnico-territorial alrededor del fortalecimiento del concepto u6 autonoma. ^unquc esta nocin siempre na siciO incluida en ca lucha tnico-territorial29, en el contexto del conflicto ha ganado mucho ms significado y ha mostrado su fuerza discursiva para la organizacin y la consiguiente resistencia. En primera instancia, ACIA opt por una posi-cin de neutralidad, pero tras el abandono de esta connotacin pasiva, empez a remplazara por una propuesta de autonoma como posicin ms clara y activa. Este cambio conceptual y la necesidad de una posicin de resistencia, tambin ocurri debido a la aparicin de mtodos cada vez ms sutiles de reclutamiento por parte de la guerrilla30, lo que aumentaba los riesgos de un posible desplazamiento. Particularmente a las Farc no les gust el proceso organizativo en el Atrato medio, por la influencia de cier-tos misioneros extranjeros que, segn ellos, se iran a apoderar de toda la tierra, y por el temor de perder (posibles) ingresos31. Sin embargo, parece 28

Comunicacin personal, Pastoral Social, Quibd; Orewa: Organizacin Regional embera-waunana.

29 El movimiento indgena ha manejado el concepto desde los principios de sus luchas y ha sido expuesto por varios observadores que se han apropiado ms de l,

30 Entre otros, impresionando a los jvenes con las armas y con promesas, mantenien-do relaciones amorosas y formando familias con la poblacin local, y apropindose de los discursos organizativos, como describo ms adelante.

31 Por ejemplo, en el bajo Atrato la guerrilla no quera que los madereros perdieran el control sobre el manejo de este recurso natural para poder seguir cobrndoles vacu-nas. "Porque si alguna organizacin patrocin que los madereros sacaran, explotaran la madera, fueron las Farc en el bajo Atrato; ellos les pagaban vacuna [...] las Farc tuvieron mucha responsabilidad en que no hubieran avanzado muchos de los procesos organizativos".

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que ltimamente los guerrilleros estn apropindose o, como afirma un misionero, "robndose" cada vez ms la cuestin tnica, instrumentalizando las reivindicaciones tnicas32.

Ellos ya empiezan a aparecer en las comunidades hablando de la Ley 70, de lo de la titulacin colectiva, la cuestin territorial. Es una mentira... En lo que ellos estn planteando, por ejemplo en lo de la reforma agraria, eso va en contra del proceso de las comunidades negras e indgenas. Aqu no hay necesidad de reforma agraria, aqu lo que hay que hacer es dar a sus legti-mos propietarios sus territorios [...] El mismo ELN tambin est hablando de todo un discurso de defensa de territorio, de la defensa de los proyec-tos... y en algn momento tambin con los mismos paramilitares cuando quisieron llegar a las comunidades como los salvadores, los que iban a en-tregar tierra a las comunidades. Aunque no se puede descartar que sea re-sultado de una reflexin interna, es ms probable que se trate de una estrategia, porque "ni lo tnico, ni lo ecolgico han sabido manejar"".

La propuesta de autonoma consta de tres componentes clave: control territorial, control social y la elaboracin de un plan de (etno) desarrollo. Es un mensaje a los diferentes grupos armados en el que se afirma que son las comunidades mismas, a travs de sus autoridades tnico-territoriales, ias jun-tas de los consejos comunitarios, quienes manejan el territorio, reglamentan y orientan a la gente. El mensaje se lleva tambin a los dilogos que mantiene la Dicesis, a veces en compaa de representantes de la organizacin, la guerrilla y los paramilitares. N o como tema de discusin, pues como dice la ACIA, "no vamos a negociar, no tenemos nada en venta, la quiebra es nuestra y eso no lo negociamos", sino como la decisin clara de ejercer su derecho a la autonoma. La propuesta est dirigida sobre todo a la misma poblacin y a los miembros de la organizacin, que tienen que empezar a vivir esta autono-ma: "Ellos, como ACIA, tienen que sentar una posicin [...] la autonoma no la construimos nosotros, los que tienen que construir son ellos". N o es un proceso fcil. Los miembros de la organizacin estn en pleno proceso de construccin, discutiendo los diferentes significados y posibilidades de la

Carlos Agudelo, op. cit. Comunicacin personal, Pastoral Social, Quibd. Agudelo, op. cit.

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nocin de autonoma. Aspectos como si la autonoma es realmente posible sin una independencia econmica o dentro de un conflicto armado, donde el poder de decidir est en ltimas en manos de los que tienen los fusiles, gene-ran mucha polmica34. En la prctica se ve que el concepto est bajo mucha presin y depende, entre otras cosas, de la fuerza del proceso organizativo y del rigor de la violencia. "Cuando llegan esos grupos, por x o y circunstancia, se familiarizan, pero pienso que ms que estar convencidos lo hacen es por miedo, por terror, porque de todas maneras no es lo mismo que llegue un misionero, un evangelizador o un lder de la ACIA a hablar tranquilamente con la gente sin ninguna presin, a que llegue otro con fusil". Como indica Villa, "precario es el ejercicio de la autonoma y la afirmacin de gobierno propio rente a os ejcrcitos que constituyen en uastion ios territorios vae pueblos indgenas y negros"35. Sin embargo, el proceso de construccin de una autonoma por parte de las mismas comunidades ya ha dado frutos en algunos casos. Ha habido comunidades que se han "enfrentado" directamen-te a los grupos armados, reuniendo a todos los habitantes a la llegada de ellos, preguntando qu es lo que quieren y exigiendo que respeten su autonoma y que no se metan con la gente36.

sta es una forma muy concreta de resistencia desarmada, que mues-tra cmo la propuesta ha reforzado el proceso organizativo, que empez mucho antes de la presin del desplazamiento. Es ms, a pesar de un primer debilitamiento, el proceso organizativo ha significado con fuerza retroactiva un valioso instrumento de resistencia: "En el bajo Atrato se ha trabajado bastante el retorno; en el Atrato medio de antemano se ha 34

Esto se hizo evidente en el taller Convivencia Pacfica, Quibd, 8-10 de febrero de 2001, organizado por la autora con un grupo de 25-30 personas de la ACIA para pro-fundizar varios conceptos discursivos propios del proceso organizativo.

35 William Villa, op. cit.

36 Por ejemplo, las comunidades de Buchad, San Miguel, etc. Taller de Convivencia Pacfica. Adems, la misma dicesis ha tenido que reflexionar sobre su propia posicin en el trabajo con las comunidades, a raz de diferentes vctimas religiosas: "De alguna manera a nosotros nos sucedi lo mismo. Con la toma paramilitar en el ao 1997 en Viga del Fuerte, los equipos misioneros salen corriendo para ac. An ms, cuando matan al padre Jorge Luis, en el ao 1999, todos los equipos nos metimos ac, muertos de miedo. Qu hacemos?, nos vamos?, nos quedamos? Se hizo toda una reflexin diciendo: nuestro compromiso est con las comunidades, hay que volver al ro".

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podido evitar, porque las comunidades ya estaban organizadas alrededor de los consejos comunitarios, la organizacin campesina... De no ser as, el Atrato medio estara totalmente desocupado ahora".

La Importancia de la resistencia y un subsiguiente proceso organizativo para evitar un posible desplazamiento empez a hacerse evidente tambin a raz de las experiencias de la gente que s se haba desplazado a Quibd. Mostr que el refugio en esta ciudad casi no es una 'alternativa' y que la pobreza del campo se convierte en miseria citadina. Ya no se es campesino, sino slo un desplazado estigmatizado, en la mayora de los casos sin ayu-da humanitaria de las instituciones. Comentarios como "la selva es mejor a diario" y "que prefiero morir all que reventar aqu" muestran algo de la tragedia por la que pasa la gente desplazada. Para evitar futuros desplaza-mientos, una expropiacin definitiva del territorio y la conviccin de que "si tienen algo que le da valor, es su tierra", se ha empezado a prestar cada vez ms atencin a un acompaamiento fuerte de las comunidades resis-tentes en el campo, por parte de la ACIA, la Dicesis y algunas ONG37.

El acompaamiento de las comunidades, adems del trabajo alrededor del concepto de autonoma, ha significado sobre todo el fortalecimiento y el ajuste de varias lneas de trabajo ya existentes. La capacitacin y formacin en los diferentes talleres que organizan la ACIA y la Dicesis se concentran ahora en temas como los Derechos Humanos, el fortalecimiento del proce-so tnico-organizativo, como "razn extra de ser"38, el funcionamiento de los consejos comunitarios y sus reglamentos, y la convivencia pacfica. Se hacen evaluaciones del contexto econmico, poltico y social del conflic-to39, y se est fortaleciendo la parte de salud, educando a personas de las comunidades como promotores de salud, en vista del deterioro de estos servicios a causa de la situacin de violencia. Adems se estn realizando varios proyectos productivos, sobre todo en el mbito agrcola; ha sido crucial el renacimiento de las llamadas "tiendas comunitarias", una iniciativa de los

37 Paz y Tercer Mundo (PTM), Dos Mundos, Consejera de Proyectos, Christian Relief Service. Ecofondo, entre otras.

38 Taller de Convivencia Pacfica, 2001.

39 Estas evaluaciones, hechas por la junta directiva de la organizacin, hicieron parte de la ltima Asamblea anual de la ACIA en mayo de 2001.

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aos de 1980 pero que haba perdido desde entonces su fuerza, entre otras razones por la oposicin de los comerciantes. Sin embargo, y especialmente a raz de los fuertes bloqueos econmicos y las amenazas en el ro, las tien-das se convirtieron en una alternativa importante de resistencia: "Ahora es la nica fuente que vende y se acab la rivalidad. La gente no tiene otra opcin que colaborar; se ve obligada a unirse"40. Las 35 tiendas de toda la zona son manejadas por las mismas comunidades, acompaadas por la Dicesis y la ACIA, que colabora con el transporte de las mercancas ya que dispone de una lancha de carga. Sin embargo, el trabajo de las tiendas encuentra ahora oposicin de los paramilitares, quienes en algunas ocasiones han querido impedir la salida de la lancha, pues afirman que surte a la guerrilla41.

Sin embargo, el proceso organizativo no slo se enfoca en resistir, sin importar lo que pase, sino que tambin tiene la funcin de medir la situa-cin; es decir que en ciertas circunstancias es mejor desplazarse, como en el caso de Las Mercedes, en diciembre de 200042. Despus de fuertes ame-nazas de los paramilitares, la comunidad decidi unnimemente desplazar-se a Quibd, con el compromiso de retornar lo ms pronto posible. Los 500 habitantes se desplazaron a la capital chocoana donde, en primera ins-tancia, encontraron refugio en la sede de la ACIA. Se considera que la organizacin ha asumido desde los acontecimientos de Las Mercedes un liderazgo y coordinacin importantes en atender la problemtica del des-plazamiento en su zona, siempre con un apoyo fuerte de la Iglesia y algu-nas O N G , superando la paralizacin que caracteriz su posicin frente a los primeros desplazamientos.

En Quibd, el trabajo organizativo se concentra en primera instancia en la organizacin de la gente desplazada en varios comits para que pue-dan acceder, ordenada y eficientemente, a la ayuda humanitaria. De esa forma se trata de evitar tambin la dispersin e invisibilizacin de la gente que, en general, por el sistema de familias extensas, se disemina en los

111 Comunicacin personal, Comisin Justicia y Paz, Quibd.

41 Otra forma de resistencia, pero no directamente dentro del proceso organizativo de la ACIA, es huir y esconderse en el monte cuando llega algn grupo armado. Aunque no tan heroica, ha probado ser una forma efectiva para aprender a vivir en medio de la guerra,

42 Para la descripcin del acontecimiento, vase Wouters, op. cit.

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diferentes barrios populares43. La fragmentacin se fomenta mediante fuer-tes prcticas de clientelismo y politiquera en la ciudad44. As, la organiza-cin de la gente desplazada no slo se limita a los aspectos pragmticos de la ayuda humanitaria, sino que los nuevos espacios organizativos sirven para sacarlos del anonimato, la clandestinidad y el silencio; para recuperar parte de la cohesin del grupo; para reclamar sus derechos; para analizar cmo perciben su situacin el Estado y los actores armados; para pensar en pro-yectos de vida y para crear un nuevo proyecto solidario. Este ltimo se concentra, sobre todo, en el retorno a sus tierras, aunque no todas las per-sonas desplazadas expresan ese deseo. Una parte de ellos optan por quedar-se en Quibd, muchas veces porque ya antes del desplazamiento tenan un contacto frecuente con la capital e Incluso tienen casa all45. "Los que estn en Turbo tienen un deseo mucho mayor de retornar que los que estn en Quibd porque, de todas maneras Quibd, para las comunidades del ro Atrato, siempre ha tenido una referencia de permanencia y posibilidad para

43 La gran mayora de la gente desplazada del Atrato medio llega adonde familiares y amigos en Quibd. Sin embargo, en la capital chocoana existen varios barrios o lugares que estn directamente relacionados con el desplazamiento. El ms llamativo hasta ahora es el Coliseo, adonde acudieron sobre todo familias desplazadas de la zona de Riosucio, como forma de presionar a las autoridades locales para dar aten-cin a su situacin. Un ao ms tarde, un grupo de gente desplazada invadi la semiconstruida urbanizacin La Cascorva, que estuvo abandonada durante ms de ocho aos. Villa de Espaa es un barrio en los lmites del casco urbano de Quibd que fue construido con financiacin de Espaa como un asentamiento temporal para unas 100 familias vctimas del desplazamiento. Sin embargo, Villa de Espaa se ha con-vertido en un barrio de reubicacin permanente.

44 El trabajo con las comunidades desplazadas no est exento de riesgos. Sobre todo la infiltracin de los grupos armados, en particular de los paramilitares, obstaculiza cualquier proceso organizativo. "La presin paramilitar en Quibd dificulta el trabajo con los desplazados. Han permeado a estas comunidades desplazadas y el proceso, bien sea formativo, bien sea cualquier experiencia que tenga con ellos de organiza-cin, ya se hace con mucha ms reserva" (comunicacin personal, Comisin Justicia, Vida y Paz, Quibd). Como han indicado Correa y Rueda, "si los desplazados se organizan para resistir en medio de la guerra son sealados, estigmatizados, perse-guidos y amenazados". Clemencia Correa y Danilo Rueda, "La barbarie irracional de la guerra: el desplazamiento", en Martha Nubia Bello, Elena Martn Cardinal y Fer-nando Jiovani Arias, Efectos psicosociales y culturales del desplazamiento, Bogot, Universidad Nacional de Colombia, 1999, pp. 71-99,

45 Sobre todo las familias que viven en comunidades cerca de Quibd tienen casa all, pensando en la continuacin del estudio de sus hijos, aunque no en gran escala.

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sus hijos. Aqu barrios enteros, por ejemplo Kennedy, son barrios funda-mentalmente de sector campesino". Adems, experiencias traumticas es-pecficas pueden influir en la decisin, as como la solidez o debilidad del proceso organizativo anterior a la desterritorializacin.

Sin embargo, el hecho de que expresen su deseo de quedarse por el momento en Quibd no quiere decir que no haya deseos de retornar.

Yo pienso que s hay un vnculo fuerte con la tierra. Lo que pasa es que hay una perspectiva como a ms largo plazo. Aunque la gente quiera retornar, tambin tiene esa capacidad de esperar... De pronto no lo plantean de ma-nera consciente ero ellos todava suean con la nnsibihdad de resresar a su tierra. Uno desde su perspectiva piensa que no y que posiblemente van a perder la tierra de manera definitiva.

Es decir que se piensa en la continuidad de la tierra, que "siempre ha estado ah"; y los resultados del proceso organizativo mismo, dado que se pudo evitar una expropiacin por parte de algunas empresas madereras, impiden que la gente se d cuenta de que el conflicto armado puede llevar a una expropiacin definitiva.

sta es una de las razones por las que la organizacin y la Dicesis insis-ten y fomentan el retorno. La reubicacin no es, a los ojos de ellos, una opcin posible o verdadera.

No se puede hablar de reubicacin, porque aqu en el Choc no hay ningn territorio que no tenga su dueo; entonces no podemos empezar a que peleen entre ellos mismos... No puedo traer a una comunidad atratea, llevndola para la cuenca de San Juan, porque a ellos les va a violentar toda su cosmovisin. No quiero decir que no hay intercambios, se da porque ellos quieren ir, libremente, pero que a punta de balas y masacres los van a sacar, eso no lo podemos tolerar.

Adems, como la situacin de orden pblico se ha agravado en casi todo el Choc, prcticamente "ya no hay bosques ni selvas donde bus-car refugio".

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Uno de los primeros objetivos de la lnea del trabajo del retorno es tratar de reducir al mximo el tiempo que la gente est fuera de su territo-rio. "Cada vez que hay un desplazamiento en el rea de influencia de la ACIA, no dura ms de un ao, ni siquiera seis meses. Inmediatamente miramos cmo los retornamos". El retorno de las primeras comunidades desplazadas demor ms que el de las ltimas. Pueblo Nuevo se desplaz en mayo de 1997, y apenas en abril de 2001 una parte de las familias decidi retornar. Los habitantes de Mesopotamia tardaron casi tres aos, pero los de Las Mercedes, por ejemplo, volvieron despus de tres meses; los de Isla de los Palacios, tras dos semanas, y las comunidades del afluente Negu regresaron a sus tierras en seis meses.

En el Atrato medio, los regresos organizados por la Dicesis y la ACIA son llamados "retornos pblicos", lo cual seala que "no son oficiales, por cuanto nunca ha sido el Estado el que ha tomado la iniciativa. Nunca ha sido el Estado quien ha motivado o facilitado ese proceso, contribuyendo con apoyos mnimos o nada"46.

Aunque no hay un procedimiento fijo, se pueden destacar varias etapas en el proceso de retorno.

Normalmente surge de las mismas comunidades, a travs del proceso organizativo... Se generan comits (de salud, de alimentacin, de dilogos), y esos comits son los canales para articularse tanto con la organizacin, en este caso la ACIA, como con la Dicesis y con algunas ONG que vienen apoyando el trabajo. Por otra parte sirve de interlocucin con sus propias

46 El anlisis del papel de las entidades gubernamentales es indispensable, pero escapa a los alcances de este articulo. Existe una fuerte queja de que su aporte es mnimo, a pesar de que el Choc, segn la RSS, tiene la cuarta prioridad nacional. Urab, Choc y Meta concentran gran parte de la oferta institucional del sur-oriente del pas: a pesar de su crtica situacin, no registran ningn tipo de presencia institucional de "apoyo". Obstculos importantes son la fuerte incidencia de la poltica local y la pro-funda brecha entre formulacin e implementacin de las polticas, entre otros. Otro problema es la profunda falta de conexin entre agencias, es decir, las ONG y la di-cesis con instituciones gubernamentales, por lo cual los primeros suelen ofrecer ser-vicios paralelos en lugar de complementarios.

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comunidades, con su base. Posteriormente a esta dinmica, se realizan algu-nas comisiones -al menos una- de verificacin a la cual se invita al Estado. Despus de esa comisin se analizan recursos, o posibilidades para su conse-cucin y se disea un plan de retorno.

Una condicin bsica para el retorno, establecida por las organizaciones acompaantes, es que la comunidad retornante establezca una posicin clara frente al conflicto47. Es la esencia del reglamento de convivencia, que la co-munidad discute, formula y aprueba antes de retornar. Slo la gente que firma el reglamento puede volver. "Los que no aceptan el reglamento no pueden decir por mi cuenta me voy. N o van a recibir ningn apoyo".

Los reglamentos subrayan en general la autonoma de la comunidad retornante, el rechazo a cualquier vnculo con los grupos armados y el proyecto comunitario que se quiere desarrollar. Adems prohibe la venta de bebidas alcohlicas, ordena la asistencia de los miembros mayores de doce aos a las reuniones de la comunidad y aconseja que se evite la disper-sin de las viviendas. Una de las reglas cruciales es la sancin que se aplica cuando una persona se involucra con los grupos armados, irrespeta el regla-mento o anda con chismes: tendr que irse de la comunidad48. "No llegan tan fcil a esta decisin drstica, pero s hay casos en que han convencido a la gente de que no se metan. Con ese reglamento en la mano han dicho: si t te metes aqu no tienes ni pap, ni mam, ni nadie". N o se trata tanto de expulsin, sino ms bien de poder de conviccin con ayuda del reglamento. Adems, parece que hay ms conciencia de cumplir las reglas debido al sufrimiento de la experiencia del desplazamiento, para que no se repita la historia. La idea es ms bien que el proceso organizativo, desde la dinmica

47 Esta ha sido una razn importante en la demora del retorno de la comunidad de Pueblo Nuevo: "Fue la nica comunidad que se desintegr a raz del desplazamiento, porque no han podido definir una posicin clara y no han podido desvincularse de los grupos armados". Hay que decir tambin que un primer intento de retorno de Pueblo Nuevo en marzo de 2000 se vio frustrado por una incursin paramilitar algunos dias antes. A raz de esta incursin se desplaz una comunidad vecina. Isla de los Pala-cios, comunidad que retorn a las dos semanas. Los habitantes de Pueblo Nuevo se regaron por todas partes, lo que dificult su proceso organizativo despus,

48 Reglamento de la comunidad retornante de Mesopotamia, 2000.

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de los comits hasta la firma del reglamento, lleva a que "se generen meca-nismos de cohesin, de integracin. Los comits, las tiendas comunitarias quizs acten como un mecanismo de sobrevivencia en medio de la guerra. Esos retornos facilitan que la gente est ms cohesionada, agrupada"49.

SEALAMIENTOS TNICOS

El tema de una posicin clara y transparente frente al conflicto armado tambin tiene que ver con el hecho de que la guerra ya no es tan ajena a las comunidades como se sola argumentar en cuanto a los grupos tnicos. Mien-tras antes era evidente que se trataba de una "guerra y guerreros importa-dos", se puede observar que cada vez hay ms jvenes indgenas y negros que se integran a las filas de alguno de los grupos armados, lo que lleva a que "la guerra ya est entre nosotros", como comenta la gente. Ya no hay fronte-ras tnicas tan claras, que permitan decir que las comunidades indgenas y negras son solamente vctimas y que "ellos, los otros", son los malos. La participacin directa de habitantes de la zona acarrea adems una consecuencia an ms preocupante: los sealamientos "tnicos", es decir, generalizacio-nes segn las cuales los indgenas son guerrilleros y los negros paramilitares. "Sealan directamente grupos cuando eso no es la realidad. Porque, por ejem-plo, en el ltimo de Jurado50, a los indgenas las Farc les matan sus lderes, o a las comunidades negras son los paramilitares los que las desplazan. Hay personas, como en cualquier proceso, que se vinculan a uno u otro bando, pero no hacen parte de opciones, digamos, colectivas".

Los sealamientos no permiten un mayor acercamiento entre los dos grupos tnicos. En un contexto de polarizacin causado por la guerra misma, cada grupo tiende a querer hacer visible todo su sufrimiento -a pesar de que muchas veces sufren las mismas consecuencias, aunque cada uno con matices particulares, y adoptan estrategias y posiciones similares frente al conflicto. Hay incluso peque-os grupos que tratan de polarizar an ms la situacin existente.

19 Sin embargo, como en todo proceso organizativo, la medida de la cohesin difiere fuertemente de una comunidad a otra, por una variedad de factores que an falta ex-plorar ms.

50 A finales de 2000 la guerrilla asesin al lder indgena Armando Achita; poco des-pus, el alcalde (afrocolombiano) del pueblo tambin fue asesinado.

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Las que sufren de manera inmediata son las comunidades negras por estar en la orilla del ro Atrato. Lgicamente, tienen que pasar primero por encima de ias comunidades negras y despus llegar a las comunidades indgenas, que viven en las cabeceras. Eso es una lgica o lectura de guerra, pero en la cotidianidad lo que la gente ha expresado es que hay situaciones, digamos, de parcialidad; atacan ms a los negros que a los indgenas. Adems, estos argu-mentos han sido utilizado por sectores polticos.

En general, se puede concluir que entre las comunidades indgenas y afrocolombianas hay pocas alianzas estratgicas frente al conflicto arma-do, como lo ha indicado Arocha51. En parte se explica por lo que he men-cionado anteriormente: que la causa tnica-indgena tiene ms aceptacin y resonancia nacional, debido tambin a una mayor fortaleza poltica52. Adems, los procesos de saneamiento y ampliacin de resguardos y de titulacin colectiva de las comunidades negras desembocaron, en la prcti-ca, en un alejamiento entre los dos grupos. Tambin hay diferencias en las formas y estrategias de desplazamiento, dado que las comunidades indge-nas se desplazan dentro de sus territorios, mientras que la gente negra tiende a optar por los centros urbanos, donde siempre tienen algn familiar. Y cuando los grupos se desplazan, los indgenas lo hacen colectivamente, es decir que van todos al mismo sitio, mientras que los campesinos afroco-lombianos, aunque pueden desplazarse de forma masiva, van por donde cada uno pueda, en concordancia con la lgica de familia extensa y porque en general son ms numerosos53.

Dl Jaime Arocha, "Etnia y guerra: relacin ausente en los estudios sobre las violencias colombianas", en Jaime Arocha, Fernando Cubides y Myriam Jimeno (comp.), Las vio-lencias: inclusin creciente. Bogot, Universidad Nacional de Colombia. CES, 1998.

52 William Villa, op. cit.

53 En este contexto es interesante mencionar una iniciativa de la Orewa que se llama Casa de todos o, en idioma indgena, Dearad. La idea es constituir uno de sus resguardos como sitio de refugio, para que la gente se quede en su territorio. "La intencin es que no se vuelva a presentar, como se present el ao anterior, que los indgenas tengan que desplazarse a Quibd sino que, ante cualquier hecho, puedan llegar ms bien a este sitio de refugio, que est en su territorio. Han estado buscando alguna figura jurdica que le d un carcter de legalidad y de aval para poder presentarlo ante los distintos actores armados". Comunicacin personal, Comisin Vida, Justicia y Paz, Orewa.

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En el caso concreto del Atrato medio en el Choc, la organizacin indgena OREWA y la ACIA mantienen cierta coordinacin, como indi-ca un lder indgena: "Con la ACIA nos hemos entendido". Un factor importante aqu es la influencia de la Iglesia, que tiene una historia de acompaamiento a ambas organizaciones. De vez en cuando las dos orga-nizaciones hacen denuncias simultneas y participan conjuntamente en eventos internacionales; tal fue el caso, por ejemplo, de la Campaa para los Derechos de los Pueblos, liderada por la Dicesis de Quibd, cele-brada entre mayo de 2000 y agosto de 2001.

Antes de terminar esta parte, quiero hacer algunos comentarios bre-ves sobre temas de discusin en cuanto a las estrategias adoptadas por la ACIA, bajo la coordinacin de la Iglesia. En general, se considera el re-torno como la mejor opcin, sobre todo desde una perspectiva tnico-territorial. A pesar de las fuertes consideraciones en cuanto a la seguri-dad, no hay garantas y, por ende, existe un riesgo real de un nuevo desplazamiento, que de hecho ha ocurrido en una ocasin. El f