Post on 12-Aug-2015
ECONOMÍA SOCIAL Y ECONOMÍA POPULAR. SIMILITUDES, DIFERENCIAS Y
CONSIDERACIONES CRÍTICAS.
La economía popular es el conjunto de actividades de producción,
distribución o consumo que realizan las personas y organizaciones. Cuando la
economía popular pone en juego como elemento central el apoyo mutuo, la
cooperación y diversas formas de compartir (conocimientos, mercados,
tecnología), coloca en escena una “Economía Solidaria” también llamada
Economía Social.
La Economía Social es concebida como un instrumento para la atención de
las necesidades de la población excluida económicamente, mediante la creación
de empleo productivo y sustentable; así mismo, es una vía para la generación de
excedente económico que apuntale la creación de capital social.
Las Unidades Económicas Asociativas (cooperativas, micro, pequeñas
y medianas empresas) constituyen la unidad básica del Sistema que configura la
Economía Social. Se caracterizan fundamentalmente por su carácter participativo,
que las lleva a comprometerse con la calidad de vida de sus integrantes,
asociados, trabajadores, y con las comunidades en las cuales operan; son
socialmente responsables, siendo esta pauta de conducta la medida para que
quienes conforman la actividad económica se sientan protagonistas en el empeño
por una sociedad más cohesionada y solidaria, que junto con el compromiso
fundamental de generar capital social y empleo, también adquiera conciencia de
su responsabilidad por atender y mejorar el bienestar de la población y de las
condiciones de su entorno, de tal forma que el equilibrio entre lo social y lo
económico contribuya a potenciar la inclusión y la cohesión social en los espacios
comunitarios, para vincular la creación de riqueza con su distribución.
La estrategia en este caso es maximizar el factor solidario para lograr la
satisfacción de las necesidades básicas y generar acumulativamente procesos de
desarrollo y conseguir en conjunto lo que individualmente no es posible lograr.
CONCLUSIÓN
La Economía Social describe la noción de las redes productivas
conformadas por miles de unidades productivas pequeñas de carácter comunitario
pero de propiedad social y autogestionaria que provoque un aumento en la
producción y hace paréntesis de los tipos de empresas de autogestión y
cooperación. Esta economía puntualiza el énfasis sobre las tareas formativas de
las comunidades autogestionarias como poderes populares y células primarias de
articulación de este sistema productivo.
Se encuentra soportada por un conjunto de principios;
tales como: la solidaridad, la complementariedad, la cooperación, la equidad, la
igualdad, principios que le dan el molde perfecto en la construcción de un nuevo
modelo productivo y de construcción de hombre y sociedad nuevos donde se
rompa con la relación histórica capital-trabajo para invertir esta fórmula y lograr la
emancipación del trabajo y colocar su creatividad en función de la liberación del
mismo y no de su propia opresión.
Las nuevas formas de organización política, social y económica supone la
consolidación y creciente fortalecimiento de la Economía Social y Participativa
como una Política de Estado, orientada a suministrar el apoyo financiero necesario
para generar empleo productivo y sustentable, siendo ésta una de las estrategias
del Gobierno Bolivariano para acatar la pobreza y la exclusión social.
Se encuentra planteada en el proyecto de gobierno, en el plan de la
nación, y en los lineamientos de la política social, tiene una visión integradora de
lo económico y lo social; como estrategia se impulsan formas de organización
alternas como cooperativas, microempresas y otras formas asociativas, orientadas
hacia una mayor justicia social y equidad, fomentando la autogestión y la
solidaridad.
La revolución bolivariana lleva consigo pues un proceso donde exalta los
valores y principios elevando la dignidad de la persona y la propuesta de un
proyecto colectivo de crecimiento y desarrollo capaz de producir para satisfacer
las reales necesidades del hombre. Por ello Socialismo y democracia son
inseparables.
Economía, economía social y economía popular. Similitudes, diferencias y consideraciones críticas.
* Aproximaciones al neoliberalismo como economía-mundo: sus categorías de análisis y la consolidación crítica de una macro-estructura. * La economía social y su vinculación con la transformación del sistema socio-económico, desde una visión popular y participativa. * Importancia estratégica que tiene para el Estado, la consolidación de una economía social, solidaria y participativa (seguridad alimentaría, etc.,)
II.- Modelos de desarrollo y modelos de desarrollo venezolanos: Las relaciones de propiedad de los medios de producción, relación privada, relaciones mercantiles, división social del trabajo.
* Contexto histórico social-cultural del desarrollo endógeno sustentable: marco de los modelos de desarrollo (articular con las discusiones de las Unidades Curriculares “Derechos Humanos y Modelos de Desarrollo y Protección Jurídica del Medio Ambiente).
* Desarrollo endógeno socialista, su relación con las formas sociales de organización económica: Cooperativas, Organismos de Integración, Empresas de Producción social, Sociedades Mercantiles, pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias, otras formas colectivas de asociación; y la
estructuración de políticas públicas.
* Núcleos de Desarrollo Endógeno: formas de organización que lo componen, articulación con la comunidad, articulación con el estado.
LA CONSOLIDACION DE UNA ECONOMIA SOCIAL., SOLIDARIA Y
PARTICIPATIVA .SU IMPORTANCIA PARA EL ESTADO VENEZOLANO.
En la nueva Constitución, aprobada por referendo en diciembre de 1999, se
depositaron múltiples visiones y propuestas que finalmente terminaron en la
ampliación de las funciones del Estado y del sistema Presidencial, la supremacía
de la justicia social como norte político de las acciones del Estado y la
participación ciudadana como fundamento de las relaciones institucionales.
También hace referencia nuestra constitución que el Estado y pueblo organizado
son los dos actores principales. El Estado se concibe como una estructura abierta
a la participación de los ciudadanos, apelando a una legitimidad que descansa en
la soberanía popular. De la unión Estado-Pueblo se desprende el principio de
corresponsabilidad, entendido como Estado y ciudadanos tomando decisiones de
manera conjunta. De esta forma se pretende que el protagonismo del pueblo
organizado en todas sus formas de representación comunitaria logre trascender
hacia el poder y las instituciones que lo representan. Ello se cree posible en la
medida que se logre una profunda reestructuración del Estado, para que sea
viable la participación, regulación y control de gestión por parte de las
comunidades; así para que el Estado también asuma responsabilidades en la
satisfacción de las necesidades vitales de la población e intervenga en la sociedad
bajo los mandatos de la justicia y la solidaridad.
La Constitución contempla un capítulo exclusivamente dedicado
al régimen económico y a las funciones del Estado en la economía. En este
capítulo se establece que la economía tiene un papel político en la construcción
del proyecto de país, adoptando los principios de justicia social, democratización,
eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad.
La economía tiene carácter mixto (público-privado), entendiendo por ello que el
Estado y la iniciativa privada deben generar en forma conjunta: fuentes de trabajo,
alto valor agregado nacional, mejor nivel de vida de la población y soberanía
económica.
El carácter mixto de la economía es expresado por el MPD 2001 del siguiente
modo: “La acción complementaria del mercado y del Estado es indispensable para
el funcionamiento eficaz y progresivo de la economía. Es lo que entendemos como
la fórmula de las dos manos, donde interactúan la mano invisible del mercado y la
mano visible del Estado. El reto del desarrollo debe ser fundamental para el
Estado, especialmente en las circunstancias de un país donde éste es poseedor
de las principales riquezas y cuya distribución desigual entre la población produce
depauperación en amplios sectores de la sociedad”.
En este sentido, el Estado cumple un rol principal dentro de la función económica.
La Constitución establece que los objetivos de la mutua responsabilidad pública-
privada en la economía solo pueden lograrse si se da un crecimiento económico
permanente, sustentable y equitativo; una justa distribución de la riqueza y una
planificación estratégica de la
economía, hecha de manera democrática, participativa y de consulta abierta. Este
capitulo constitucional dispone entonces la existencia de un conjunto de
prioridades a las que debe responder la política económica del Estado. Estas
prioridades constitucionales son:
• Protección de la industria petrolera y del comercio interno: el Estado debe
garantizar la protección de áreas económicas estratégicas para el desarrollo y la
soberanía nacional como la actividad petrolera y otras industrias, y la política
comercial para defender a las empresas nacionales de las inversiones extranjeras.
• Privilegio a la agricultura y erradicación del latifundio: el Estado debe privilegiar la
agricultura dentro de las prioridades públicas, teniendo como principal reto eliminar
toda forma de tenencia de tierras basada en el latifundio. Este aspecto se liga con
el objetivo de la seguridad alimentaria y, para ello, deben alcanzarse niveles
suficientes de autoabastecimiento.
• Promoción de la asociatividad económica colectiva: el Estado debe promover un
sector económico de carácter asociativo y formas de colectivización de la
propiedad. En este aspecto destaca la aplicación de impuestos a las tierras
ociosas y medidas para hacerlas productivas, sobre todo las de vocación agrícola.
Los campesinos y productores tienen derecho a la propiedad de la tierra en la
forma que dicte la ley y el Estado promoverá y protegerá las formas asociativas y
particulares que aseguren la producción agrícola. Especialmente lo hará con
formas de asociación comunitaria
para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva; con la
artesanía, la industria popular y la industria turística nacional.
En el año 2001, el Presidente puso en práctica las facultades que le concedió la
norma constitucional para promulgar decretos con carácter de leyes nacionales.
Estos decretos-leyes fueron el preludio de un agudo conflicto político en el año
2002, tal y como lo narra el ILDIS (2005): “Entre los años 2001 y 2002 el gobierno
dedicó sus mayores esfuerzos a la elaboración de nuevas leyes, muchas de ellas
sensibles a los sectores económicos. Entre éstas destaca un paquete de 49 leyes
promulgadas por el ejecutivo mediante Ley Habilitante a finales del año 2001,
incluyendo la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de
Pesca y Acuicultura, la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable y,
posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social aprobada en el
año 2002 por la Asamblea Nacional. Con motivo de la promulgación de estas 49
leyes, una aguda confrontación política fue penetrando todas las esferas de la vida
del país, la cual derivó en el llamado a un paro cívico nacional, luego a un paro
petrolero y después a un intento de golpe de Estado en el año 2002”
.
Dentro de este conjunto de leyes, las económicas representaron el mayor número
y, dentro de éstas, las de mayor importancia fueron la Ley de Tierras y Desarrollo
Rural, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, la Ley de Creación, Estímulo,
Promoción y Desarrollo del Sistema Micro financiero y la Ley de Zonas Especiales
de Desarrollo Sustentable (ZEDES). En la siguiente tabla se hace un breve
resumen de sus contenidos más importantes.
Comenzando con la economía, la política de economía social y el desarrollo
endógeno tienen el claro propósito de producir cambios de amplio alcance en el
modelo de crecimiento económico, la estructura social y la tradición productiva del
país. Esto se puede lograr, según expresan los lineamientos públicos, mediante
tres mecanismos: a) la democratización del capital y la tierra; b) el fortalecimiento
de la soberanía en la orientación y distribución de la riqueza nacional, hacia el
desarrollo de las potencialidades internas de las comunidades en la ciudad y el
campo; y c) la inclusión social en la actividad productiva. Los esfuerzos
económicos del gobierno han estado dirigidos a consolidar los ingresos fiscales a
fin de lograr estos propósitos en un contexto de alta volatilidad económica, rigidez
del gasto público, baja inversión privada y. en los últimos años, una aguda
conflictividad política.
En efecto, sigue siendo la renta petrolera el mecanismo preponderante de la
riqueza nacional, se ha elevado la dependencia externa de importaciones
agrícolas, no se observan variaciones sustantivas en la estructura de empleo ni en
la consolidación de sistemas públicos que garanticen bienestar y protección social
a la población. De estas consideraciones podemos concluir que hasta ahora no
parece existir un sector de economía
social como tal, lo que existe es un enfoque económico distinto, cuyo promotor
central es el Estado.
Es necesario superar la visión estática del Estado que se expresa en
intervenciones fragmentadas, discontinuas y formalistas, cuyo resultado es ampliar
la frontera burocrática inhibiendo el pensamiento y las acciones innovadoras para
cristalizar en esquemas rígidos y dependientes de la asistencia pública.
Una condición básica para que este proceso tenga éxito es que opere un cambio
en la perspectiva de observación, análisis e intervención que ha sido dominante
hasta el presente y sea sustituida por una visión de proceso, con una proyección
de objetivos estratégicos y acciones encadenadas en términos de agregación de
valor como base de rentabilidad sostenida del proyecto.
Es preciso desarrollar una visión estratégica en el nivel de los actores que haga
mas potente la confianza en sus propias capacidades y posibilite un mejor
aprovechamiento del acompañamiento del estado, definiendo desde los propios
interesados, las condiciones y oportunidad en que la asistencia debe estar
disponible.
El cambio desde una actitud pública preocupada por solucionar el problema hacia
un comportamiento del Estado orientado a generar condiciones que permitan
maximizar los recursos de la comunidad, es el camino para hacer más consistente
una economía basada en la solidaridad, por el reconocimiento de intereses
similares, y en la cooperación, por la capacidad de articular estrategias
convergentes.
Necesitamos de un Estado que sea “flexible
y no rígido, libre y no controlado, interactivo y no segmentado. Es decir, un Estado
que se manifieste como una compleja red de relaciones temporarias diseñadas
para resolver los problemas a medida que aparecen y conectada por canales
informales de comunicación”. (Mintzberg).
El cambio desde una actitud pública preocupada por solucionar el problema hacia
un comportamiento del Estado orientado a generar condiciones que permitan
maximizar los recursos de la comunidad, es el camino para hacer más consistente
una economía basada en la solidaridad, por el reconocimiento de intereses
similares, y en la cooperación, por la capacidad de articular estrategias
convergentes.
Necesitamos de un Estado que sea “flexible y no rígido, libre y no controlado,
interactivo y no segmentado. Es decir, un Estado que se manifieste como una
compleja red de relaciones temporarias diseñadas para resolver los problemas a
medida que aparecen y conectada por canales informales de comunicación”.
(Mintzberg).
Los actores de la “economía social” necesitan de una relación unilateral con el
estado, no puede ser una relación directamente reciproca de clientes ni tampoco
una relación que se reduce al beneficio de la infraestructura publica disponible.
Por el contrario, requiere de una ampliación cualitativa de esa infraestructura, de
una inversión creciente del Estado para obtener resultados tangibles en términos
de mayor integración y menor riesgo social. En este punto es fundamental,
destacar la importancia de la calidad profesional y técnica del estado
para neutralizar los efectos nocivos de la burocracia.
En la medida que el Estado desarrolla una visión sistémica de los procesos
económicos y sociales, tiende a la implementación de políticas convergentes en el
sentido de promover condiciones para la generación de valor económico y de valor
social. En el contexto de los emprendimientos de la economía social, es necesario
que el Estado genere condiciones que tiendan a aumentar la capacidad de
negociación del pequeño emprendedor con los actores económicos y
empresariales a los cuales esta vinculado.
En este sentido la construcción de las redes productivas; requieren del
involucramiento activo de los organismos públicos específicos para una inserción
efectiva del emprendedor en el encadenamiento que hace de la transferencia de
valor económico; asistencia técnica y crediticia, mejore el posicionamiento de los
pequeños emprendedores, los eslabones mas débiles y fundamentalmente las
condiciones de sustentabilidad, basada en la capacidad de innovación. Esto solo
pueden ser satisfecho en el marco de una alianza estratégica con el Estado, en la
medida que la optimización del valor económico en el nivel de los
emprendimientos de economía social genera valor social de integración al
contexto donde operan.
No obstante se puede señalar la importancia del valor social y estratégico que
reviste para el estado, en la medida que las actividades económicas promovidas
hacen a los objetivos de integración, equidad, preservación y equilibrio sistémico.
La intervención estratégica
del estado, a través de la eliminación de la rigidez burocrática y la mayor
flexibilidad para la estabilización de las condiciones de negociación de los mas
débiles en la Red, trae aparejado un incremento en la competitividad a nivel de
todo el eslabonamiento y una reducción en los costos de transacción desde una
perspectiva sistémica.
El estado cumple un rol vital para estas unidades económicas, no tan solo en su
papel de contralor y regulador, sino en las potencialidades promociónales que
asume, al acercar a estas unidades; créditos, subsidios, capacitación, información,
componentes necesarios, en muchos casos, para la sobrevivencia y el mejor
resultado económico.
Llegando a uno de los puntos, nos topamos con el capitulo del financiamiento;
punto sangrante de un mundo dispuesto a producir, pero absolutamente
descapitalizado. En nuestra consideración, son tres los aspectos claves que han
de resolverse:
En primer lugar; crear por medio de las mismas comunidades autogestionarias –
como punto de partida y redistribución financiera-, un sistema confiable de síntesis
de las enormes cantidades de dinero que en suma se mueven dentro de las
comunidades y, en general, dentro de los espacios donde se desarrolla la
economía llamada informal.
Se trataría, en primer término, de crear un sistema de ahorro solidario homogéneo
que pueda garantizar la concentración de porcentajes crecientes de las masas de
dinero que allí se mueven sin lugar común de decantamiento, y mucho menos de
inversión para ser redistribuidas en forma de proyectos
de inversión dentro del sistema de economía social.
En segundo lugar, garantizar por medio de mecanismos de ley o de alianza, la
posibilidad de que una parte importante de los acumulados que se concentren
dentro de los nuevos sistemas de seguridad social por crear sean igualmente
reinvertidos dentro del espacio de la economía social. Allí se encuentra un punto
fundamental de articulación entre un sistema y otro, ligados ambos por una misma
razón social.
Tercero, profundizar y extender la actividad de financiamiento que actualmente
adelanta el Estado a la microempresa, así como al resto de las empresas ligadas
a la economía social. (Cooperativas).
Incluso seria necesario fijar por ley una cuota de subsidio presupuestario a la
economía social, para que esta no quede a las anchas del mercado y las
desgracias presupuestarias, y, sobretodo, seria necesario que se establecieran los
mecanismos de alianza entre el sistema comunitario y autogestionario de ahorro y
su propio sistema de bancos e institutos ligados al financiamiento de la economía
social.
Cuarto; quedan abiertos los mercados internacionales de financiamiento, para
cuyo acceso es fundamental la sistematización informativa y las estrategias de
formación de bloques negociantes que puedan hablar con fuerza dentro de estos
mundos, cuestión para lo cual es mucho lo que también pueden hacer en bloque
Estado y Sociedad.
Complementario al punto del financiamiento, consideramos fundamental la
posibilidad de dirigir una buena parte de la demanda del estado hacia
la economía social. Sobre esta demanda se han alimentado por años los correajes
de corrupción que todavía florean alrededor de todas las instituciones públicas. No
cabe duda, incluso, que gran parte de la conflictividad de estos años se sitúa en la
perdida de privilegios que han tenido muchos contratistas, importadores,
licitadores, receptores de subsidios, etc.; los cuales, por años, constituyeron una
de las fuentes principales de reproducción del sistema y una de las razones de la
desigualdad y la creación de una plutocracia adinerada gracias a los recursos del
Estado.
La demanda del estado, desde las tecnologías necesarias hasta los niveles de
servicios, alimentos y bienes básicos, al diversificarse, racionalizarse y estar
vigilada por los sistemas de contraloría social, deben pasar a convertirse en una
fuente del desarrollo sustentable y equitativo del país.
Razón por la cual, al encontrarse con la economía social en forma gradual y
planificada encontraría, de hecho uno de sus principales lugares de realización.
Pero no solo vemos al estado por el lado de la demanda, existe igualmente toda
una infraestructura de inmuebles, de maquinarias inutilizadas, inclusive de
empresas de producción y de servicios semiabandonadas, que podrían pasar a
manos del sistema de economía social (popular), mediante la utilización de
principios normativos sencillos y formas de contratación que se adecuen al
principio de corresponsabilidad sobre los bienes del Estado.
Agregándole los elementos legales, vale decir; los vacíos legales
que se hace imprescindible llenar si queremos llevar adelante un proyecto como
este; tenemos que considerar no solo los logros de nuevas leyes que permitan el
despegue de empresas cooperativas, microempresas y mas allá, de empresas
asociativas, comunitarias, mutuales, etc.; para las cuales es necesario ordenar,
discutir y aprobar los proyectos legales respectivo
CONCLUSIONES.
La revolución bolivariana en su visión constitucional permitió la superación del
viejo esquema del “Estado de Derecho” introduciendo el concepto de “Estado
social de Derecho y Justicia”, siendo el principio de justicia prioritario sobre la
simple condición normativa y reguladora del Estado.
Pasos como este debemos recalcarlos en todo momento, ya que se trata –a
nuestro juicio- de un paso fundamental en la concepción de Estado que rompe de
plano con las premisas del Estado delegativo, disciplinario y controlador sobre el
cual se edificaron las democracias liberales. Ahora, además de actuar a favor de
un Estado que se funde en la sociedad civil, también es necesario construir todos
los espacios que viabilicen el desarrollo de un estado que se convierta en agente
justiciero ya sea por su condición “benefactora” como y sobre todo por servir de
instrumento para la liberación de las fuerzas productivas y creadoras regadas por
la sociedad. Se trata de la creación de espacios de participación que permitan el
empoderamiento al pueblo organizado.
Sin embargo en este orden de ideas, tanto las instituciones educativas en manos
del gobierno central como
aquellas que dependen de los gobiernos regionales como municipales (sistema de
educación básica, sistemas de educación técnica y universitarias, instituciones
culturales, etc.), y muy especialmente las comunidades autogestionarias y redes
sociales productivas, deberían empezar a estrechar sus lazos de colaboración
permanente con la economía social.
Este cuadro de factores desfavorables, ha competido inevitablemente con tales
propósitos y se colocan continuamente como su principal freno. La economía
social y el desarrollo endógeno cabalgan sobre una economía sin capacidad
productiva, sin fuentes reales y estables de oportunidades económicas y sociales
y sin sectores organizados e integrados que puedan insertarse, beneficiarse e
impulsar los cambios propuestos. Con tales debilidades, los intentos por conformar
una economía social sólida y trabajar en ella desde las potencialidades de
desarrollo Interno (no petroleras), parecen quedar atrapadas en las mismas
condiciones de precariedad que han venido existiendo.
En efecto, sigue siendo la renta petrolera el mecanismo preponderante de la
riqueza nacional, se ha elevado la dependencia externa de importaciones
agrícolas, no se observan variaciones sustantivas en la estructura de empleo ni en
la consolidación de sistemas públicos que garanticen bienestar y protección social
a la población. De estas consideraciones podemos concluir que hasta ahora no
parece existir un sector de economía social como tal, lo que existe es un enfoque
económico distinto, cuyo promotor central es el Estado.
¿Importancia de los programas de seguridad alimentaria?
La Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la disponibilidad suficiente y
estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los
mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida
saludable y activa.
Para dar cuenta de los avances en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y
Nutricional, el país cuenta con una serie de instituciones y programas, que desde
diferentes sectores respaldan este proceso.
Se han establecido ciertos objetivos.
-Erradicar el hambre y la pobreza. La relación directa que se ha podido cuantificar
entre estos dos factores, es un elemento característicos de las naciones en
desarrollo, contar con elementos que faciliten el entendimiento en marco de una
política pública es un factor indispensable para disminuir las prevalencias
significativas que se han presentado en los últimos tiempos a través de
instrumentos y mecanismos que posibiliten el desarrollo adecuado de los
individuos.
-Reducir la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años en dos terceras
partes. Cada persona puede consumir la cantidad de alimentos necesarios en un
año que le permitan mantener la capacidad corporal, y las capacidades motoras y
físicas; cuando las dietas son pobres y se presenta una persistencia de las
enfermedades son evento de una
inseguridad alimentaria de los hogares, cuidados inapropiados y práctica poco
saludables. Estos elementos han generado una situación de dependencia entre
los niveles de desnutrición y el incremento de las muertes por desnutrición o
causas asociadas en menores de 5 años, en términos de la disposición o
exposición a enfermarse.
-Mejorar la salud materna: la nutrición de las mujeres en estado gestacional o
lactantes son elementos claves en términos del mantenimiento de la seguridad
alimentaria y nutricional, ya que contar con los requerimientos de energía
necesarios garantizar condiciones de salud tanto en la etapa de gestación como
de crecimiento, lo que puede llevar a garantizar el cumplimiento de las metas en
otros objetivos como la lucha contra enfermedades transmisibles, la igualdad entre
los géneros y el logro de cobertura universal en educación básica primaria.
Debemos tener en cuenta para la protección de los alimentos y los elementos
que la integran las normativas de los decretos 3070 de 1997 y decreto 60 de
enero del 2002 ministerio de salud.
Seguridad alimentaria: conceptos y componentes
El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70,
Basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y
Nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico
Como físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual que
Incorpora la inocuidad y las preferencias culturales,
y se reafirma la
Seguridad Alimentaria como un derecho humano.
Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP),
La Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las
Personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico,
Económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad,
Para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un
Estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), desde la Cumbre
Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de
individuo, hogar, nación y
Global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso
físico y económico a suficiente
Alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias, con el objeto de
Llevar una vida activa y sana”.
En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea
reafirmaron, en la Declaración de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el derecho de toda persona a
tener acceso a alimentos sanos y
Nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el
derecho fundamental de toda
Persona a no padecer hambre."
La seguridad alimentaria es un concepto amplio. Aparte de considerar la
disponibilidad y la suficiencia de alimentos,
debe definir como población objeto 3 grandes grupos:
* Grupos vulnerables, los que por su condición biológica son más susceptibles a
una ingestión deficitaria de alimentos (embarazadas, mujeres que lactan, niños,
ancianos).
* Grupos en riesgo, integrados por la población con dificultades para acceder a
los alimentos por su bajo ingreso familiar.
* Grupos con estado nutricional crítico, población con deficiencia energética
crónica de segundo y tercer grados.
Los sistemas locales de seguridad alimentaria deben identificar estos 3 grupos y
apoyarse en los sistemas de información antes mencionados para tomar
decisiones y evaluar el impacto de éstas.
Para evaluar los efectos de las políticas y programas de seguridad alimentaria y
monitorear el cambio, se necesita un número reducido de indicadores, y la
capacidad institucional es una condición necesaria. El marco político en que se
desenvuelvan las estrategias de seguridad alimentaria dependerá de cada país y
es dentro de éste donde deberían fijarse las condiciones para lograr la seguridad
alimentaria y los indicadores adecuados para evaluarla.
COMPONENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
En el plano nacional, la seguridad alimentaria tiene 3 componentes: suficiencia,
estabilidad y acceso, y se definen de la manera siguiente: asegurar suministros
suficientes de alimentos, mantener la estabilidad de los suministros y asegurar el
acceso a los suministros de alimentos
a todos los consumidores.4
El suministro suficiente de alimentos es un requisito esencial para el bienestar
nutricional, depende del volumen de producción, de la reducción de las pérdidas
poscosechas, del volumen de las importaciones y exportaciones. A nivel del hogar
esto adquiere otros matices y se relaciona con la disponibilidad de alimentos en
los mercados locales o de la producción local o familiar, en la cual los efectos del
clima desempeñan una función fundamental y hace que existan variaciones
estacionales.
Para lograr la estabilidad de los suministros debe existir estabilidad de la
producción y de los precios entre las diferentes zonas.
El acceso material a los alimentos es esencial. La carencia de acceso puede ser
económica (pobreza, altos precios de los alimentos, falta de créditos) y física
(pobres carreteras o infraestructura de mercado).
La capacidad de los hogares para acceder a los alimentos que pueden ofrecer el
mercado y otras fuentes, depende de los niveles de ingresos y de los precios.5
Una vez que se tenga acceso a los alimentos, otros elementos tales como el
deseo de comprar alimentos específicos disponibles o de cultivarlos para el
consumo doméstico, los hábitos alimentarios, los conocimientos sobre nutrición y
la forma de preparación de los alimentos influirán en el consumo de éstos y, por
ende, en el bienestar nutricional, que es en sí el objetivo final de la seguridad
alimentaria.
Constitución bolivariana de Venezuela
Capítulo VII
De los derechos económicos
Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y 29 de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.
Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.
Artículo 118 Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.
El estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.