ECONOMÍA SOCIAL Y ECONOMÍA POPULAR. SIMILITUDES, DIFERENCIAS Y

CONSIDERACIONES CRÍTICAS.

            La economía popular es el conjunto de actividades de producción,

distribución o consumo que realizan las  personas y organizaciones. Cuando la

economía popular pone en juego como elemento central el apoyo mutuo, la

cooperación y diversas formas de compartir (conocimientos, mercados,

tecnología), coloca en escena una “Economía Solidaria” también llamada

Economía Social.

            La Economía Social es concebida como un instrumento para la atención de

las necesidades de la población excluida económicamente, mediante la creación

de empleo productivo y sustentable; así mismo, es una vía para la generación de

excedente económico que apuntale la creación de capital social.

            Las Unidades Económicas Asociativas (cooperativas, micro, pequeñas

y medianas empresas) constituyen la unidad básica del Sistema que configura la

Economía Social. Se caracterizan fundamentalmente por su carácter participativo,

que las lleva a comprometerse con la calidad de vida de sus integrantes,

asociados, trabajadores, y con las comunidades en las cuales operan; son

socialmente responsables, siendo esta pauta de conducta la medida para que

quienes conforman la actividad económica se sientan protagonistas en el empeño

por una sociedad más cohesionada y solidaria, que junto con el compromiso

fundamental de generar capital social y empleo, también adquiera conciencia de

su responsabilidad por atender y mejorar el bienestar de la población y de las

condiciones de su entorno, de tal forma que el equilibrio entre lo social y lo

económico contribuya a potenciar la inclusión y la cohesión social en los espacios

comunitarios, para vincular la creación de riqueza con su distribución.

            La estrategia en este caso es maximizar el factor solidario para lograr la

satisfacción de las necesidades básicas y generar acumulativamente procesos de

desarrollo y conseguir en conjunto lo que individualmente no es posible lograr.

CONCLUSIÓN

            La Economía Social  describe la noción de las redes productivas

conformadas por miles de unidades productivas pequeñas de carácter comunitario

pero de propiedad  social y autogestionaria que provoque un aumento en la

producción y hace paréntesis de los tipos de empresas de autogestión y

cooperación. Esta economía puntualiza el énfasis sobre las tareas formativas de

las comunidades autogestionarias como poderes populares y células primarias de

articulación de este sistema productivo.

            Se encuentra  soportada por un conjunto de principios;

tales como: la solidaridad, la complementariedad, la cooperación, la equidad, la

igualdad, principios que le dan el molde perfecto en la construcción de un nuevo

modelo productivo y de construcción de hombre y sociedad nuevos donde se

rompa con la relación histórica capital-trabajo para invertir esta fórmula y lograr la

emancipación del trabajo y colocar su creatividad en función de la liberación del

mismo y no de su propia opresión.

            Las nuevas formas de organización política, social y económica supone la

consolidación y creciente fortalecimiento de la Economía Social y Participativa

como una Política de Estado, orientada a suministrar el apoyo financiero necesario

para generar empleo productivo y sustentable, siendo ésta una de las estrategias

del Gobierno Bolivariano para acatar la pobreza y la exclusión social.

            Se encuentra planteada en el proyecto de gobierno, en el plan de la

nación, y en los lineamientos de la política social, tiene una visión integradora de

lo económico y lo social; como estrategia se impulsan formas de organización

alternas como cooperativas, microempresas y otras formas asociativas, orientadas

hacia una mayor justicia social y equidad, fomentando la autogestión y la

solidaridad.

            La revolución bolivariana lleva consigo pues un proceso donde exalta los

valores y principios elevando la dignidad de la persona y la propuesta de un

proyecto colectivo de crecimiento y desarrollo capaz de producir para satisfacer

las reales necesidades del hombre. Por ello Socialismo y democracia son

inseparables.

 Economía, economía social y economía popular. Similitudes, diferencias y consideraciones críticas.

  * Aproximaciones al neoliberalismo como economía-mundo: sus categorías de análisis y la consolidación crítica de una macro-estructura.  * La economía social y su vinculación con la transformación del sistema socio-económico, desde una visión popular y participativa.  * Importancia estratégica que tiene para el Estado, la consolidación de una economía social, solidaria y participativa (seguridad alimentaría, etc.,) 

II.- Modelos de desarrollo y modelos de desarrollo venezolanos: Las relaciones de propiedad de los medios de producción, relación privada, relaciones mercantiles, división social del trabajo. 

  * Contexto histórico social-cultural del desarrollo endógeno sustentable: marco de los modelos de desarrollo (articular con las discusiones de las Unidades Curriculares “Derechos Humanos y Modelos de Desarrollo y Protección Jurídica del Medio Ambiente).

  * Desarrollo endógeno socialista, su relación con las formas sociales de organización económica: Cooperativas, Organismos de Integración, Empresas de Producción social, Sociedades Mercantiles,   pequeñas y medianas empresas, pequeñas y medianas industrias, otras formas colectivas de asociación; y la

estructuración de políticas públicas.   

  * Núcleos de Desarrollo Endógeno: formas de organización que lo componen, articulación con la comunidad, articulación con el estado.

LA CONSOLIDACION DE UNA ECONOMIA SOCIAL., SOLIDARIA Y

PARTICIPATIVA .SU IMPORTANCIA PARA EL ESTADO VENEZOLANO.

En la nueva Constitución, aprobada por referendo en diciembre de 1999, se

depositaron múltiples visiones y propuestas que finalmente terminaron en la

ampliación de las funciones del Estado y del sistema Presidencial, la supremacía

de la justicia social como norte político de las acciones del Estado y la

participación ciudadana como fundamento de las relaciones institucionales.

También hace referencia nuestra constitución que el Estado y pueblo organizado

son los dos actores principales. El Estado se concibe como una estructura abierta

a la participación de los ciudadanos, apelando a una legitimidad que descansa en

la soberanía popular. De la unión Estado-Pueblo se desprende el principio de

corresponsabilidad, entendido como Estado y ciudadanos tomando decisiones de

manera conjunta. De esta forma se pretende que el protagonismo del pueblo

organizado en todas sus formas de representación comunitaria logre trascender

hacia el poder y las instituciones que lo representan. Ello se cree posible en la

medida que se logre   una profunda reestructuración del Estado,   para que sea

viable la participación, regulación y control de gestión por parte de las

comunidades; así para que el Estado   también asuma responsabilidades en   la

satisfacción de las necesidades vitales de la población e intervenga en la sociedad

bajo los mandatos de la justicia y la solidaridad.

La Constitución contempla un capítulo exclusivamente dedicado

al régimen económico y a las funciones del Estado en la economía. En este

capítulo se establece que la economía tiene un papel político en la construcción

del proyecto de país, adoptando los principios de justicia social, democratización,

eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad.

La economía tiene carácter mixto (público-privado), entendiendo por ello que el

Estado y la iniciativa privada deben generar en forma conjunta: fuentes de trabajo,

alto valor agregado nacional, mejor nivel de vida de la población y soberanía

económica.

El carácter mixto de la economía es expresado por el MPD 2001 del siguiente

modo: “La acción complementaria del mercado y del Estado es indispensable para

el funcionamiento eficaz y progresivo de la economía. Es lo que entendemos como

la fórmula de las dos manos, donde interactúan la mano invisible del mercado y la

mano visible del Estado. El reto del desarrollo debe ser fundamental para el

Estado, especialmente en las circunstancias de un país donde éste es poseedor

de las principales riquezas y cuya distribución desigual entre la población produce

depauperación en amplios sectores de la sociedad”.

En este sentido, el Estado cumple un rol principal dentro de la función económica.

La Constitución establece que los objetivos de la mutua responsabilidad pública-

privada en la economía solo pueden lograrse si se da un crecimiento económico

permanente, sustentable y equitativo; una justa distribución de la riqueza y una

planificación estratégica de la

economía, hecha de manera democrática, participativa y de consulta abierta. Este

capitulo constitucional dispone entonces la existencia de un conjunto de

prioridades a las que debe responder la política económica del Estado. Estas

prioridades constitucionales son:

• Protección de la industria petrolera y del comercio interno: el Estado debe

garantizar la protección de áreas económicas estratégicas para el desarrollo y la

soberanía nacional como la actividad petrolera y otras industrias, y la política

comercial para defender a las empresas nacionales de las inversiones extranjeras.

• Privilegio a la agricultura y erradicación del latifundio: el Estado debe privilegiar la

agricultura dentro de las prioridades públicas, teniendo como principal reto eliminar

toda forma de tenencia de tierras basada en el latifundio. Este aspecto se liga con

el objetivo de la seguridad alimentaria y, para ello, deben alcanzarse niveles

suficientes de autoabastecimiento.

• Promoción de la asociatividad económica colectiva: el Estado debe promover un

sector económico de carácter asociativo y formas de colectivización de la

propiedad. En este aspecto destaca la aplicación de impuestos a las tierras

ociosas y medidas para hacerlas productivas, sobre todo las de vocación agrícola.

Los campesinos y productores tienen derecho a la propiedad de la tierra en la

forma que dicte la ley y el Estado promoverá y protegerá las formas asociativas y

particulares que aseguren la producción agrícola. Especialmente lo hará con

formas de asociación comunitaria

para el trabajo, el ahorro y el consumo bajo régimen de propiedad colectiva; con la

artesanía, la industria popular y la industria turística nacional.

En el año 2001, el Presidente puso en práctica las facultades que le concedió la

norma constitucional para promulgar decretos con carácter de leyes nacionales.

Estos decretos-leyes fueron el preludio de un agudo conflicto político en el año

2002, tal y como lo narra el ILDIS (2005): “Entre los años 2001 y 2002 el gobierno

dedicó sus mayores esfuerzos a la elaboración de nuevas leyes, muchas de ellas

sensibles a los sectores económicos. Entre éstas destaca un paquete de 49 leyes

promulgadas por el ejecutivo mediante Ley Habilitante a finales del año 2001,

incluyendo la Ley de Tierras y Desarrollo Rural, la Ley de Hidrocarburos, la Ley de

Pesca y Acuicultura, la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable y,

posteriormente, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social aprobada en el

año 2002 por la Asamblea Nacional. Con motivo de la promulgación de estas 49

leyes, una aguda confrontación política fue penetrando todas las esferas de la vida

del país, la cual derivó en el llamado a un paro cívico nacional, luego a un paro

petrolero y después a un intento de golpe de Estado en el año 2002”

.

Dentro de este conjunto de leyes, las económicas representaron el mayor número

y, dentro de éstas, las de mayor importancia fueron la Ley de Tierras y Desarrollo

Rural, la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas, la Ley Orgánica de

Hidrocarburos, la Ley de Creación, Estímulo,

Promoción y Desarrollo del Sistema Micro financiero y la Ley de Zonas Especiales

de Desarrollo Sustentable (ZEDES). En la siguiente tabla se hace un breve

resumen de sus contenidos más importantes.

Comenzando con la economía, la política de economía social y el desarrollo

endógeno tienen el claro propósito de producir cambios de amplio alcance en el

modelo de crecimiento económico, la estructura social y la tradición productiva del

país. Esto se puede lograr, según expresan los lineamientos públicos, mediante

tres mecanismos: a) la democratización del capital y la tierra; b) el fortalecimiento

de la soberanía en la orientación y distribución de la riqueza nacional, hacia el

desarrollo de las potencialidades internas de las comunidades en la ciudad y el

campo; y c) la inclusión social en la actividad productiva. Los esfuerzos

económicos del gobierno han estado dirigidos a consolidar los ingresos fiscales a

fin de lograr estos propósitos en un contexto de alta volatilidad económica, rigidez

del gasto público, baja inversión privada y. en los últimos años, una aguda

conflictividad política.

En efecto, sigue siendo la renta petrolera el mecanismo preponderante de la

riqueza nacional, se ha elevado la dependencia externa de importaciones

agrícolas, no se observan variaciones sustantivas en la estructura de empleo ni en

la consolidación de sistemas públicos que garanticen bienestar y protección social

a la población. De estas consideraciones podemos concluir que hasta ahora no

parece existir un sector de economía

social como tal, lo que existe es un enfoque económico distinto, cuyo promotor

central es el Estado.

Es necesario superar la visión estática del Estado que se expresa en

intervenciones fragmentadas, discontinuas y formalistas, cuyo resultado es ampliar

la frontera burocrática inhibiendo el pensamiento y las acciones innovadoras para

cristalizar en esquemas rígidos y dependientes de la asistencia pública.

Una condición básica para que este proceso tenga éxito es que opere un cambio

en la perspectiva de observación, análisis e intervención que ha sido dominante

hasta el presente y sea sustituida por una visión de proceso, con una proyección

de objetivos estratégicos y acciones encadenadas en términos de agregación de

valor como base de rentabilidad sostenida del proyecto.

Es preciso desarrollar una visión estratégica en el nivel de los actores que haga

mas potente la confianza en sus propias capacidades y posibilite un mejor

aprovechamiento del acompañamiento del estado, definiendo desde los propios

interesados, las condiciones y oportunidad en que la asistencia debe estar

disponible.

El cambio desde una actitud pública preocupada por solucionar el problema hacia

un comportamiento del Estado orientado a generar condiciones que permitan

maximizar los recursos de la comunidad, es el camino para hacer más consistente

una economía basada en la solidaridad, por el reconocimiento de intereses

similares, y en la cooperación, por la capacidad de articular estrategias

convergentes.

Necesitamos de un Estado que sea “flexible

y no rígido, libre y no controlado, interactivo y no segmentado. Es decir, un Estado

que se manifieste como una compleja red de relaciones temporarias diseñadas

para resolver los problemas a medida que aparecen y conectada por canales

informales de comunicación”. (Mintzberg).

El cambio desde una actitud pública preocupada por solucionar el problema hacia

un comportamiento del Estado orientado a generar condiciones que permitan

maximizar los recursos de la comunidad, es el camino para hacer más consistente

una economía basada en la solidaridad, por el reconocimiento de intereses

similares, y en la cooperación, por la capacidad de articular estrategias

convergentes.

Necesitamos de un Estado que sea “flexible y no rígido, libre y no controlado,

interactivo y no segmentado. Es decir, un Estado que se manifieste como una

compleja red de relaciones temporarias diseñadas para resolver los problemas a

medida que aparecen y conectada por canales informales de comunicación”.

(Mintzberg).

Los actores de la “economía social” necesitan de una relación unilateral con el

estado, no puede ser una relación directamente reciproca de clientes ni tampoco

una relación que se reduce al beneficio de la infraestructura publica disponible.

Por el contrario, requiere de una ampliación cualitativa de esa infraestructura, de

una inversión creciente del Estado para obtener resultados tangibles en términos

de mayor integración y menor riesgo social. En este punto es fundamental,

destacar la importancia de la calidad profesional y técnica del estado

para neutralizar los efectos nocivos de la burocracia.

En la medida que el Estado desarrolla una visión sistémica de los procesos

económicos y sociales, tiende a la implementación de políticas convergentes en el

sentido de promover condiciones para la generación de valor económico y de valor

social. En el contexto de los emprendimientos de la economía social, es necesario

que el Estado genere condiciones que tiendan a aumentar la capacidad de

negociación del pequeño emprendedor con los actores económicos y

empresariales a los cuales esta vinculado.

En este sentido la construcción de las redes productivas; requieren del

involucramiento activo de los organismos públicos específicos para una inserción

efectiva del emprendedor en el encadenamiento que hace de la transferencia de

valor económico; asistencia técnica y crediticia, mejore el posicionamiento de los

pequeños emprendedores, los eslabones mas débiles y fundamentalmente las

condiciones de sustentabilidad, basada en la capacidad de innovación. Esto solo

pueden ser satisfecho en el marco de una alianza estratégica con el Estado, en la

medida que la optimización del valor económico en el nivel de los

emprendimientos de economía social genera valor social de integración al

contexto donde operan.

No obstante se puede señalar la importancia del valor social y estratégico que

reviste para el estado, en la medida que las actividades económicas promovidas

hacen a los objetivos de integración, equidad, preservación y equilibrio sistémico.

La intervención estratégica

del estado, a través de la eliminación de la   rigidez   burocrática y la mayor

flexibilidad para la estabilización de las condiciones de negociación de los mas

débiles en la Red, trae aparejado un incremento en la competitividad a nivel de

todo el eslabonamiento y una reducción en los costos de transacción desde una

perspectiva sistémica.

El estado cumple un rol vital para estas unidades económicas, no tan solo en su

papel de contralor y regulador, sino en las potencialidades promociónales que

asume, al acercar a estas unidades; créditos, subsidios, capacitación, información,

componentes necesarios, en muchos casos, para la sobrevivencia y el mejor

resultado económico.

Llegando a uno de los puntos, nos topamos con el capitulo del financiamiento;

punto sangrante de un mundo dispuesto a producir, pero absolutamente

descapitalizado. En nuestra consideración, son tres los aspectos claves que han

de resolverse:

En primer lugar; crear por medio de las mismas comunidades autogestionarias –

como punto de partida y redistribución financiera-, un sistema confiable de síntesis

de las enormes cantidades de dinero que en suma se mueven dentro de las

comunidades y, en general, dentro de los espacios donde se desarrolla la

economía llamada informal.

Se trataría, en primer término, de crear un sistema de ahorro solidario homogéneo

que pueda garantizar la concentración de porcentajes crecientes de las masas de

dinero que allí se mueven sin lugar común de decantamiento, y mucho menos de

inversión para ser redistribuidas en forma de proyectos

de inversión dentro del sistema de economía social.

En segundo lugar, garantizar por medio de mecanismos de ley o de alianza, la

posibilidad de que una parte importante de los acumulados que se concentren

dentro de los nuevos sistemas de seguridad social por crear sean igualmente

reinvertidos dentro del espacio de la economía social. Allí se encuentra un punto

fundamental de articulación entre un sistema y otro, ligados ambos por una misma

razón social.

Tercero, profundizar y extender la actividad de financiamiento que actualmente

adelanta el Estado a la microempresa, así como al resto de las empresas ligadas

a la economía social. (Cooperativas).

Incluso seria necesario fijar por ley una cuota de subsidio presupuestario a la

economía social, para que esta no quede a las anchas del mercado y las

desgracias presupuestarias, y, sobretodo, seria necesario que se establecieran los

mecanismos de alianza entre el sistema comunitario y autogestionario de ahorro y

su propio sistema de bancos e institutos ligados al financiamiento de la economía

social.

Cuarto; quedan abiertos los mercados internacionales de financiamiento, para

cuyo acceso es fundamental la sistematización informativa y las estrategias de

formación de bloques negociantes que puedan hablar con fuerza dentro de estos

mundos, cuestión para lo cual es mucho lo que también pueden hacer en bloque

Estado y Sociedad.

Complementario al punto del financiamiento, consideramos fundamental la

posibilidad de dirigir una buena parte de la demanda del estado hacia

la economía social. Sobre esta demanda se han alimentado por años los correajes

de corrupción que todavía florean alrededor de todas las instituciones públicas. No

cabe duda, incluso, que gran parte de la conflictividad de estos años se sitúa en la

perdida de privilegios que han tenido muchos contratistas, importadores,

licitadores, receptores de subsidios, etc.; los cuales, por años, constituyeron una

de las fuentes principales de reproducción del sistema y una de las razones de la

desigualdad y la creación de una plutocracia adinerada gracias a los recursos del

Estado.

La demanda del estado, desde las tecnologías necesarias hasta los niveles de

servicios, alimentos y bienes básicos, al diversificarse, racionalizarse y estar

vigilada por los sistemas de contraloría social, deben pasar a convertirse en una

fuente del desarrollo sustentable y equitativo del país.

Razón por la cual, al encontrarse con la economía social en forma gradual y

planificada encontraría, de hecho uno de sus principales lugares de realización. 

Pero no solo vemos al estado por el lado de la demanda, existe igualmente toda

una infraestructura de inmuebles, de maquinarias inutilizadas, inclusive de

empresas de producción y de servicios semiabandonadas, que podrían pasar a

manos del sistema de economía social (popular), mediante la utilización de

principios normativos sencillos y formas de contratación que se adecuen al

principio de corresponsabilidad sobre los bienes del Estado.

Agregándole los elementos legales, vale decir; los vacíos legales

que se hace imprescindible llenar si queremos llevar adelante un proyecto como

este; tenemos que considerar no solo los logros de nuevas leyes que permitan el

despegue de empresas cooperativas, microempresas y mas allá, de empresas

asociativas, comunitarias, mutuales, etc.; para las cuales es necesario ordenar,

discutir y aprobar los proyectos legales respectivo

CONCLUSIONES.

La revolución bolivariana en su visión constitucional permitió la superación del

viejo esquema del “Estado de Derecho” introduciendo el concepto de “Estado

social de Derecho y Justicia”, siendo el principio de justicia prioritario sobre la

simple condición normativa y reguladora del Estado.

Pasos como este debemos recalcarlos en todo momento, ya que se trata –a

nuestro juicio- de un paso fundamental en la concepción de Estado que rompe de

plano con las premisas del Estado delegativo, disciplinario y controlador sobre el

cual se edificaron las democracias liberales. Ahora, además de actuar a favor de

un Estado que se funde en la sociedad civil, también es necesario construir todos

los espacios que viabilicen el desarrollo de un estado que se convierta en agente

justiciero ya sea por su condición “benefactora” como y sobre todo por servir de

instrumento para la liberación de las fuerzas productivas y creadoras regadas por

la sociedad. Se trata de la creación de espacios de participación que permitan el

empoderamiento al pueblo organizado.

Sin embargo en este orden de ideas, tanto las instituciones educativas en manos

del gobierno central como

aquellas que dependen de los gobiernos regionales como municipales (sistema de

educación básica, sistemas de educación técnica y universitarias, instituciones

culturales, etc.), y muy especialmente las comunidades autogestionarias y redes

sociales productivas, deberían empezar a estrechar sus lazos de colaboración

permanente con la economía social.

Este cuadro de factores desfavorables, ha competido inevitablemente con tales

propósitos y se colocan continuamente como su principal freno. La economía

social y el desarrollo endógeno cabalgan sobre una economía sin capacidad

productiva, sin fuentes reales y estables de oportunidades económicas y sociales

y sin sectores organizados e integrados que puedan insertarse, beneficiarse e

impulsar los cambios propuestos. Con tales debilidades, los intentos por conformar

una economía social sólida y trabajar en ella desde las potencialidades de

desarrollo Interno (no petroleras), parecen quedar atrapadas en las mismas

condiciones de precariedad que han venido existiendo.

En efecto, sigue siendo la renta petrolera el mecanismo preponderante de la

riqueza nacional, se ha elevado la dependencia externa de importaciones

agrícolas, no se observan variaciones sustantivas en la estructura de empleo ni en

la consolidación de sistemas públicos que garanticen bienestar y protección social

a la población. De estas consideraciones podemos concluir que hasta ahora no

parece existir un sector de economía social como tal, lo que existe es un enfoque

económico distinto, cuyo promotor central es el Estado.

¿Importancia de los programas de seguridad alimentaria?

La Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la disponibilidad suficiente y

estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los

mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo

condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida

saludable y activa.

 

Para dar cuenta de los avances en el ámbito de la Seguridad Alimentaria y

Nutricional, el país cuenta con una serie de instituciones y programas, que desde

diferentes sectores respaldan este proceso.

 

Se han establecido ciertos objetivos.

-Erradicar el hambre y la pobreza. La relación directa que se ha podido cuantificar

entre estos dos factores, es un elemento característicos de las naciones en

desarrollo, contar con elementos que faciliten el entendimiento en marco de una

política pública es un factor indispensable para disminuir las prevalencias

significativas que se han presentado en los últimos tiempos a través de

instrumentos y mecanismos que posibiliten el desarrollo adecuado de los

individuos.

-Reducir la tasa de mortalidad infantil en menores de 5 años en dos terceras

partes. Cada persona puede consumir la cantidad de alimentos necesarios en un

año que le permitan mantener la capacidad corporal, y las capacidades motoras y

físicas; cuando las dietas son pobres y se presenta una persistencia de las

enfermedades son evento de una

inseguridad alimentaria de los hogares, cuidados inapropiados y práctica poco

saludables. Estos elementos han generado una situación de dependencia entre

los niveles de desnutrición y el incremento de las muertes por desnutrición o

causas asociadas en menores de 5 años, en términos de la disposición o

exposición a enfermarse.

-Mejorar la salud materna: la nutrición de las mujeres en estado gestacional o

lactantes son elementos claves en términos del mantenimiento de la seguridad

alimentaria y nutricional, ya que contar con los requerimientos de energía

necesarios garantizar condiciones de salud tanto en la etapa de gestación como

de crecimiento, lo que puede llevar a garantizar el cumplimiento de las metas en

otros objetivos como la lucha contra enfermedades transmisibles, la igualdad entre

los géneros y el logro de cobertura universal en educación básica primaria.

Debemos   tener en cuenta para la protección de los alimentos y los elementos

que la integran las normativas de   los decretos 3070 de 1997   y decreto 60 de

enero del 2002   ministerio de salud.

Seguridad alimentaria: conceptos y componentes

El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70,

Basado en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y

Nacional. En los años 80, se añadió la idea del acceso, tanto económico

Como físico. Y en la década del 90, se llegó al concepto actual que

Incorpora la inocuidad y las preferencias culturales,

y se reafirma la

Seguridad Alimentaria como un derecho humano.

Según el Instituto de Nutrición para Centroamérica y Panamá (INCAP),

La Seguridad Alimentaria Nutricional ¨es un estado en el cual todas las

Personas gozan, en forma oportuna y permanente, de acceso físico,

Económico y social a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad,

Para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un

Estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo”.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación (FAO), desde la Cumbre

Mundial de la Alimentación (CMA) de 1996, la Seguridad Alimentaria ¨a nivel de

individuo, hogar, nación y

Global, se consigue cuando todas las personas, en todo momento, tienen acceso

físico y económico a suficiente

Alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus

preferencias, con el objeto de

Llevar una vida activa y sana”.

En esa misma Cumbre, dirigentes de 185 países y de la Comunidad Europea

reafirmaron, en la Declaración de

Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, "el derecho de toda persona a

tener acceso a alimentos sanos y

Nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el

derecho fundamental de toda

Persona a no padecer hambre."

La seguridad alimentaria es un concepto amplio. Aparte de considerar la

disponibilidad y la suficiencia de alimentos,

debe definir como población objeto 3 grandes grupos: 

  * Grupos vulnerables, los que por su condición biológica son más susceptibles a

una ingestión deficitaria de alimentos (embarazadas, mujeres que lactan, niños,

ancianos). 

  * Grupos en riesgo, integrados por la población con dificultades para acceder a

los alimentos por su bajo ingreso familiar. 

  * Grupos con estado nutricional crítico, población con deficiencia energética

crónica de segundo y tercer grados. 

Los sistemas locales de seguridad alimentaria deben identificar estos 3 grupos y

apoyarse en los sistemas de información antes mencionados para tomar

decisiones y evaluar el impacto de éstas. 

Para evaluar los efectos de las políticas y programas de seguridad alimentaria y

monitorear el cambio, se necesita un número reducido de indicadores, y la

capacidad institucional es una condición necesaria. El marco político en que se

desenvuelvan las estrategias de seguridad alimentaria dependerá de cada país y

es dentro de éste donde deberían fijarse las condiciones para lograr la seguridad

alimentaria y los indicadores adecuados para evaluarla. 

COMPONENTES DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

En el plano nacional, la seguridad alimentaria tiene 3 componentes: suficiencia,

estabilidad y acceso, y se definen de la manera siguiente: asegurar suministros

suficientes de alimentos, mantener la estabilidad de los suministros y asegurar el

acceso a los suministros de alimentos

a todos los consumidores.4 

El suministro suficiente de alimentos es un requisito esencial para el bienestar

nutricional, depende del volumen de producción, de la reducción de las pérdidas

poscosechas, del volumen de las importaciones y exportaciones. A nivel del hogar

esto adquiere otros matices y se relaciona con la disponibilidad de alimentos en

los mercados locales o de la producción local o familiar, en la cual los efectos del

clima desempeñan una función fundamental y hace que existan variaciones

estacionales. 

Para lograr la estabilidad de los suministros debe existir estabilidad de la

producción y de los precios entre las diferentes zonas. 

El acceso material a los alimentos es esencial. La carencia de acceso puede ser

económica (pobreza, altos precios de los alimentos, falta de créditos) y física

(pobres carreteras o infraestructura de mercado). 

La capacidad de los hogares para acceder a los alimentos que pueden ofrecer el

mercado y otras fuentes, depende de los niveles de ingresos y de los precios.5 

Una vez que se tenga acceso a los alimentos, otros elementos tales como el

deseo de comprar alimentos específicos disponibles o de cultivarlos para el

consumo doméstico, los hábitos alimentarios, los conocimientos sobre nutrición y

la forma de preparación de los alimentos influirán en el consumo de éstos y, por

ende, en el bienestar nutricional, que es en sí el objetivo final de la seguridad

alimentaria.

Constitución bolivariana de Venezuela

Capítulo VII

De los derechos económicos

Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

 

Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y 29 de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.

Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley.

Artículo 118 Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.

El estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.