Para dejar elmenor rastro delas matanzasque cometían ensus avances lastropas fascistas

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Cecilio Gordillo Giraldo Gonzalo Acosta BonoF rancisco Espinosa Maestre

r á i game dostestigos pre-s e n c i a l e s ! ” .Así comien-za el mani-

fiesto que acompaña a lareciente campaña promo-vida por diferentes asocia-ciones memorialistas quetiene el mismo título dela rtículo. Es la frase quesuele contestar un alto por-centaje de los juzgados alas solicitudes de inscrip-ción de víctimas del fran-quismo (las personas desa-parecidas y asesinadas en1936) por parte de los úni-cos que legalmente puedenhacerlo, sus familiares. Nose trata de una historia dela guerra o de los años in-mediatamente posteriores:t o d avía hoy sigue habien-do una demanda para ins-cribir a estas personas enel registro civil, y ésa siguesiendo la respuesta en losj u z gados. Los casos quehan superado esta pru e b at e s t i fical pueden conocer-se por los nada infrecuen-tes edictos publicados enla prensa para general co-nocimiento del ex p e d i e n t ei n s t ruido “fuera de plazo”.¿Cómo se explica que un

hecho así, treinta años des-pués de reinstaurada la de-mocracia, siga tropezandocon una norm a t iva de 1936dictada para sojuzgar al“ e n e m i g o ” ?

Está más que compro-bado que a los pocos díasdel golpe de Estado se dic-taron órdenes precisas pa-ra que no se inscribieranen los registros civiles alos fusilados con la claraintención de dejar el me-nor rastro posible de lasmatanzas genocidas queiban cometiendo a medidaque avanzaban las tropasfranquistas. En nov i e m b r ede 1936, coincidiendo conel declive de la represiónrealizada al amparo del“bando de guerra”, se pu-blicó un decreto por el que,como simples desapareci-dos a consecuencia de lag u e rra, miles de personaspudieran “legalizar” lam u e rte de sus fa m i l i a r e s .Así ha sido desde fi n a l e sde 1936, sin que con la de-saparición de la dictadurase modificara un procedi-miento con el claro propó-sito de humillación al ve n-cido. Un requisito ex i g i d opara acceder, por ejemplo,

a una pensión de viudedado evitar que sus hijos ma-yores tuvieran que realizar“la mili”, con todo lo queello significaba para unaseconomías familiares tanempobrecidas.

En aquellos años de ladictadura, en el mejor delos casos, este procedi-miento suponía la acepta-ción de “falsear” la causade la muerte: “en choque

Todas las los regis

G rupo RMHSA de CGT. A

T

Un estigmasobre el quetodavía pesacomo una losael tabú del “atadoy bien atado”

con fuerza armada”, “aconsecuencia del bando deg u e rra”, “a la entrada delGlorioso Movimiento Na-cional” o, simplemente,“ h e m o rragia interna” o“fractura de cráneo” entretantos otros eufemismospara encubrir un disparodirecto al cráneo o al cora-zón. Muchas personas tu-vieron que transigir conesta mentira ofi c i a l i z a d a ,

otras muchas se nega r o nen un gesto de resistenciay dignidad. Y no son pocoslos casos de gente que,e f e c t ivamente, nunca su-pieron del paradero ciert oy mantuvieron las esperan-zas de que, huidos al ex-tranjero, pudieran vo l ver asu tierra. Esta demanda so-cial tiene que ve r, por tan-to, con el deseo de ponerc i e rtas cosas del pasado en

orden, pero que la llega d ade la democracia no ha sa-bido interiorizar, de form an o rmal y práctica, para ce-rrar un duelo interru m p i d opor las duras condicionesde un régimen fundado enla aniquilación y el terr o rde los ve n c i d o s .

Son miles de casos losque, todavía hoy en día,deseosos de que la ve r d a dquede reflejada en el reg i s-tro civil (la propia defun-ción para las personas “de-saparecidas” o la modifi-cación del motivo de la de-función), se encuentrancon las dificultades deriva-das de una legislación de1936. Un estigma sobre elque todavía pesa como unalosa el tabú del “atado ybien atado” por el que sedemora una y otra vez unviejo problema (“los de lag u e rra”), no resuelto pesea la restitución democráti-ca con todos sus derechosy valores, y de una Ley deMemoria Histórica que nodedica ni una sola línea aesta cuestión. ¿Por qué seproduce todavía esta kaf-kiana situación?

Situaciones que podrí-an ejemplificarse en casos

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víctimas del franquismo entros civiles

La compañerade Cecilio senegó siempre afirmar cualquierpapel que nodijera la verdad

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como los relatados porM a rcelino Barr a g á n, Vi-

cente Almeida, Juan Pére z

S i l v a o Antonio Muñoz Be-

n í t e z, respondiendo cadauno de ellos a una va r i a d acasuística que justifican lanecesaria modificación dela Ley de Registros Civ i-les, motivo de la campaña.

Marcelino Barr a g á nValiente, natural de Cum-bres Mayores (Huelva) yresidente en Madrid, tardócasi cuatro años en inscri-bir a su padre Cecilio Juan

B a rragán Castaño. Sucompañera, Remedios Va-

liente Sánchez, se neg ósiempre a fi rmar ningúnpapel que no dijera la ve r-dad (“fusilado sin juicio nirazón”), incluso perdiendola oportunidad de ciert o s“ b e n e ficios”. La crónicade este largo proceso sólose resolvió por una cir-cunstancia ajena pero fa-vo r a ble: el cambio del titu-lar del juzgado de A r a c e n aque instruía el ex p e d i e n t e80/85 posibilitó que se ins-cribiera en el registro civ i lde Cumbres Mayores lam u e rte de Cecilio Barr a-gán Castaño, pero no sucausa real. Solicitó el 25de mayo de 2005 al juzga-do de paz la “inscripciónfuera de plazo” que debiórepetir al juzgado de pri-mera instancia de A r a c e n acuando le informaron queno era competente. La se-cretaría judicial le recla-ma, en octubre de 2005, eltestimonio de los fa m o s o sdos testigos presenciales.Hasta febrero de 2006,después varios viajes des-de Madrid al pueblo para

i n d a gar sobre las circuns-tancias que rodearon sum u e rte, no pudo comuni-car al juzgado la presenciade los dos testigos (tam-bién residentes en Ma-drid), y en abril prestarondeclaración en el juzga d ode paz de Cumbres Mayo-res. Más de un año des-pués solicita inform a c i ó n

sobre la marcha de su ex-pediente, recibiendo porrespuesta que el juez y elfiscal no se ponen deacuerdo. En febrero de2008, tras el cambio dejuez, el juzgado de A r a c e-na comunica al registro ci-vil de Cumbres Mayores lainscripción conforme a las o l i c i t u d .

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Peor suerte está tenien-do Vicente Almeida Rubio( S egura de León, Bada-joz), actualmente en fa s ede recurso contra un autoen el que se denegaba lainscripción del fa l l e c i-miento “fuera de plazo” desu hermano D o m i n g o. Estecaso ilustra lo absurdo dela situación: la prueba re-

cae sobre la familia de lavíctima y no sobre el Esta-do responsable de sum u e rte. Domingo form a b ap a rte de la “columna delos 8.000” que intentabahuir hacía la zona republ i-cana. Murieron por cente-nares como consecuenciade una emboscada en Lle-rena (Badajoz). Es decir,un hecho bien conocido ymás recientemente objetode una ex h a u s t iva inve s t i-gación impulsada por laJunta de Extremadura en elmarco de sus iniciativas derecuperación de la memo-ria histórica. Estas circuns-tancias fueron puestas dem a n i fiesto desde el princi-pio en el juzgado comop rueba documental, y a pe-sar de ello el ex p e d i e n t efue denegado por estimarque no hay certeza absolu-ta del fallecimiento (“...sinningún genero de du-d a s . . .”). El recurso tieneque hacer un alegato pre-vio sobre el valor de esteestado del conocimiento,puesto que la resoluciónjudicial no aporta ningúnrazonamiento concreto pa-ra rechazarlo como pru e-ba, limitándose a la meratrascripción de preceptosl egales genéricos que apli-ca de forma automática.

En contra de este pro-ceder hay abundante juris-p rudencia que pone de re-l i eve la absoluta ex i g e n c i ade “que puedan conocerselas razones o criterios jurí-dicos que fundamentaronla decisión”, y se adviert ereiteradamente que las re-soluciones deben ser cla-ras, precisas y congru e n t e s

con las peticiones. El re-curso argumenta tambiénsobre la necesaria flex i b i l i-zación de los requisitosdocumentales por razoneso bvias (el tiempo transcu-rrido y las dificultades pa-ra localizar información ya r c h ivos), y recuerda quela propia Dirección Gene-ral de Registros y del No-tariado ha estimado recur-sos similares (como un ca-so citado de 1992) aten-diendo a toda la “docu-mentación próxima al he-cho y por la que se deducela muerte”. Para colmo, nisiquiera tomó en conside-ración el juzgado un docu-mento aportado que supo-ne una contradicción: lallamada a reemplazo deDomingo seis meses des-pués de su muerte, por loque ya por entonces se ledio como “desaparecido”.

Otro recurso ante laDG de Registros y del No-tariado es el promov i d opor los familiares de A l f o n-

so Gómez Morilla ( A l c a l áde Guadaira, Sev i l l a ) ,quien, hasta que no se re-s u e l va el caso, mantendrála situación legal de “desa-parecido”. De nuevo es lafamilia la que tiene que de-mostrar que Alfonso Gó-mez fue fusilado en la ma-d ru gada del 13 de agostode 1936. De nada sirv i óque el director de la cárcel,de la que salió para la “eje-cución de sentencia”, emi-tiese un cert i ficado paraque su hija M e rc e d e s p u-diera casarse, dado que an-tes se exigía el consenti-miento paterno para estosmenesteres. La prueba re-

La llamada areemplazo deDomingo seismeses despuésde morir, otracontradicción

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cae sobre la familia de lavíctima y no sobre quienesp e rpetraron ese hecho,cuando ella nunca conociócuáles fueron los motivo sde la detención, aunquecree que fue delatado porsu ideología, “un maestroque era sindicalista de laC N T, que daba míti-nes y publicaba elperiódico Reg e n e r a-c i ó n ” .

Juan Pérez Silva(Cádiz) tambiénpresentó una solici-tud en mayo de 2008para la inscripciónde su madre, M a r í a

Silva Cru z, ‘La Li-b e rtaria’, en el juz-gado corr e s p o n d i e n-te y del que aún noha recibido noticias.Una mujer que pudos o b r ev ivir a la ma-tanza de Casas Vi e-jas de 1933, en laque murieron va r i o smiembros de su fa-milia, entre ellos sua buelo S e i s d e d o s,pero no a la repre-sión sistemática delverano de 1936.Juan lleva gr a b a d oen su rostro el trau-ma de quien fuea rrancado de lospropios brazos de sumadre para ser fusilada nose sabe bien dónde, peroque es su empeño ave r i-guarlo, para poder cerr a rde una vez el luto. La últi-ma ironía de su caso es lan o t i ficación que ha reci-bido para designar aboga-do y procurador: dinero ymás dinero para un proce-dimiento del que los fa m i-

liares de las víctimas de-berían quedar ex i m i d o s .

El caso de A n t o n i oMuñoz Benítez (Dos Her-manas, Sevilla), fusiladoen Alcalá de Guadaira el30 de julio de 1936, pre-senta una situación dife-rente. Como tantas otras

personas, no tiene fa m i l i a-res que puedan reclamar suinscripción o buscar y pre-sentar testigos presencia-les. En Dos Hermanas esuna de las 133 personas fu-siladas sobre las que no sepodrán iniciar los trámitesde inscripción en el reg i s-tro por no tener fa m i l i a r e so estar ilocalizables. Pe r o

Antonio Muñoz tiene unacircunstancia singular, erauno de los ocho ediles mu-nicipales de esa lista de fu-silados, concretamente elalcalde. Esta fue la razónpor la que se promovió en2005 ante el Ay u n t a m i e n t ouna moción para iniciar los

trámites que perm i-tiera a la propia cor-poración actuar ensu nombre. La pro-puesta fue resueltacon la realización deun estudio jurídicoque hiciera posibl edirimir esta cuestión,pero su conclusiónes clara: haría fa l t am o d i ficar la ley que,en este aspecto,mantiene la vigenciade la época más duradel franquismo.Otros ay u n t a m i e n t o shan tomado iniciati-vas en este mismosentido, como el deCastilleja del Campo( S evilla), para favo-recer la inscripciónde los fusilados sinfamilia, pero que lle-van varios años es-perando una res-puesta del juzga d oc o rrespondiente. Oel de Aguilar de laFrontera (Córdoba),

que ha creado un reg i s t r opropio donde están inscri-tas todas las víctimas delf r a n q u i s m o .

H ay que recordar queeste asunto afecta casi ex-c l u s ivamente a la Españaen la que triunfó en pocassemanas el golpe militar,es decir, en donde no hubog u e rra sino pura y simple-

Juan lleva eltrauma de quienfue arrancadode los brazos desu madre paraser fusilada

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mente represión brutal. ElEjército subl evado, hastafebrero de 1937, se ocupóde que cuanto entoncesaconteciera no quedase re-gistrado, por lo que “desa-parecido” era la condiciónde hecho de miles de per-sonas que fueron objeto demasacres indiscriminadasa medida que ava n z a b a nlas fuerzas golpistas. Hoylas cifras empiezan a cono-cerse gracias, en gran me-dida, al impulso de estem ovimiento que se ha da-do en llamar de recupera-ción de la memoria históri-ca. Este ocultamiento de larepresión se puede ve r, def o rma muy clara, en el ca-so de Sevilla, donde de losmás de 4.000 fusilados enla ciudad (también proce-dentes de otras localida-des) sólo están inscritos enel registro civil unos 900,buena parte de los puebl o s ,y muchos de ellos por elprocedimiento de “fuerade plazo” por las circuns-tancias ya explicadas.

El uso del registro civ i lcomo fuente documentales esencial en cualquierproceso de inve s t i ga c i ó nde la represión, para asípoder cuantificarla, perotambién para poder poner-les nombre a las víctimas.El proceso de recupera-ción de la memoria históri-ca impulsado por la socie-dad civil ya ha puesto der e l i eve la falsedad de losdatos que han sustentadola interesada equiparaciónde víctimas de la guerr a( “ m u e rtos y barbaridadeshubo en los dos bandos”).Pero todavía, 72 años des-

pués de la masacre y a 30de las primeras eleccionesdemocráticas, ningún go-b i e rno ha favorecido lam o d i ficación de la ley quer egula la inscripción en di-chos registros civiles, pesea que todos los grupos par-lamentarios conocen estasituación (desde haceaños, por diferentes inicia-

t ivas y denuncias públ i c a simpulsadas por las asocia-ciones memorialistas), sinque ninguno de ellos, quesepamos, haya presentadopropuestas al respecto. Nisiquiera la Ley de la Me-moria Histórica le dedicasu atención, en cierto mo-do equivalente a la del re-conocimiento de la nacio-

Ningún gobiernode los habidosha favorecido lamodificación dela ley sobre lasi n s c r i p c i o n e s

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nalidad para los hijos naci-dos en el exilio, en cuantoque se trata de una norm a-lización administrativa .Aunque, por cierto, ¿cómoquedan registradas las per-sonas que murieron en elexilio? Lejos de lo que pu-diera pensarse, no es unacuestión de la que no set e n ga plena concienciadesde los primeros tiem-pos de la actual democra-c i a .

En 1978, el Gobiern ode la UCD aprobó una Leyde Pensiones de Guerr a(por supuesto sin mencio-nar en ningún momento lasrazones de tal hecho, queno eran otras que el aban-dono absoluto en que elfranquismo dejó a sus víc-timas), para lo cual habíaque demostrar la desapari-ción del familiar por el quese quería cobrar la pen-sión. O sea que la pru e b arecaía sobre la familia dela víctima y no sobre el Es-tado responsable de aque-llos hechos, que era real-mente quien contaba conla información. La conse-cuencia positiva de tal me-dida fue que puso al descu-b i e rto la lamentable situa-ción existente, ya que alrecaer la tramitación de losexpedientes sobre losayuntamientos allí se vie-ron en la obl i gación dereunir los documentos ex i-gidos, que no eran otrosque los que pedía el engo-rroso decreto de 1936 an-tes mencionado. O sea,que el decreto franquista,hecho por necesidades bu-rocráticas y para evitar unaavalancha de inscripcio-

nes, seguía vigente. Fueentonces, y con este moti-vo, cuando se vieron lasd i ficultades que seg u í aa c a rreando el empeño:muchas personas no logr a-ron localizar el acta de de-función exigido para el co-bro de la pensión, en unoscasos porque no existía y

en otros porque no habíamodo de encontrarla, yaque podía haber sido reali-zada en algún momento in-d e t e rminado de los años40, 50...

Así pues estas perso-nas, entre otros requisitos,fueron obligadas a inscri-bir a sus deudos a través de

Muchos nohallaron el actade defunciónexigida parapoder cobrarla pensión

4 1Nº 39 • m a r z o 2 0 0 9 • CUADERNOS PARA EL DIÁLOGO

un “expediente de inscrip-ción fuera de plazo o dife-rido”, para el cual les fueexigida la declaración dedos personas que dieran fedel hecho. Y esto, que po-dría haberse encomendadoperfectamente a los ayun-tamientos o incluso a laGuardia Civil y a la Poli-cía, se convirtió en un que-bradero de cabeza para losfamiliares por dos razones:por la dificultad objetiva,dada su naturaleza, de lo-calizar a dichas personas amás de cuatro décadas delos hechos (pensemos loque debió suponer en losaños 40) y porque puso enmanos de los responsablesde los juzgados de primerainstancia un instru m e n t ofácil para rechazar, conge-lar o invalidar los expe-dientes. Así, al daño causa-do en su momento se aña-dió la humillación de unosprocedimientos lega l e sideados para que las perso-nas asesinadas no pudiesenadquirir ni siquiera la con-dición de víctimas. Todoquedó pues en manos deun personal judicial que,en general y salvo excep-ciones, era muy poco o na-da consciente del delicadomaterial humano que allíse estaba manejando. Aho-ra se trata de poner fin aesta lamentable situación.

To d avía hay quienpiensa que no es el mo-mento de resolver estascuestiones, que eso suponeabrir viejas heridas, etc,etc, pero una parte impor-tante de esta sociedad,afectada por situacionesi rr egulares como la descri-

ta, cree que es el momentode exigir la modifi c a c i ó nde la ley de registros civ i-les a fin de que se posibili-te de una vez para siemprela inscripción de todas lasvíctimas del franquismo.

Una modificación quedebería facultar a los ay u n-tamientos a inscribir en elr egistro civil a todos aque-llos vecinos censados en lap o blación, en los momen-tos de su muerte, y que not e n gan familiares que pu-dieran hacerlo, así como aasumir la responsabilidaddirecta respecto al perso-nal funcionario y políticode la corporación munici-pal. Debe, asimismo, fa c i-litar a las familias la ins-cripción en los registros ci-viles de las víctimas delfranquismo, disponiendopara ello de asesoramientojurídico gratuito y flex i b i-lizando la aportación do-cumental oficial (comuni-caciones de militares,Guardia Civil, Falange, de-l egados gubern a t ivos, fi-chas carcelarias, etc). E,incluso, que por parte delos juzgados se agilizara lainscripción “de ofi c i o ”p e rtinente cuando exista, yse tenga conocimiento ydocumentación oficial dela época que así lo mani-fieste. �

Para apoyar esta campaña,

“ Todas las víctimas del franquis-

mo en los registros civiles”, s e

ha dispuesto un sistema de apo-

yo mediante la suscripción de un

m a n i f i e s t o , c u ya información es-

tá disponible en la página we b

w w w. t o d o s l o s n o m b re s . o r g

Todavía hayquien piensa queno es momentode resolverlo,que eso es abrirviejas heridas