UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ
FACULTAD DE ECONOMÍA
“ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS DELITOS Y LA POLÍTICA DE SEGURIDAD EN MÉXICO”.
TESIS
que para obtener el título de
LICENCIADO EN ECONOMÍA
Presentan:
ADRIANA JEANETTE ESTRADA VÉLEZ
ESTEBAN GERARDO PALAVICINI PIÑA
Director de tesis:
DR. LEOBARDO PEDRO PLATA PÉREZ
Sinodal:
MTRA. JULIA GABRIELA ERAÑA LÓPEZ
Sinodal:
ING. JAIME MARTÍNEZ GARCÍA
San Luis Potosí, S.L.P. Agosto 2006
1
ÍNDICE
Introducción……………………………………………………………………………….. 2
Objetivos…………………………………………………………………………………… 7
Hipótesis…………………………………………………………………………………… 8
Metodología……………………………………………………………………………….. 9
CAPITULO 1. El enfoque económico de la violencia.
1.1. Introducción…………………………………………………………………………... 11
1.2. El comportamiento humano y la visión económica………………………………. 11
1.3. La violencia y la economía………………………………………………………….. 14
1.3.1. Acciones violentas: crimen………………………………………………….. 14
1.3.2. La decisión personal de cometer actos criminales……………………….. 15
1.3.3. Enfoque económico y crimen: ilustración básica y algunas
complejidades…………………………………………………………………………….. 16
1.4. Costo de castigo: la penalización del crimen……………………………………... 21
CAPITULO 2. La seguridad en México.
2.1 Introducción…………………………………………………………………………… 25
2.2 Estrategias contra la inseguridad…………………………………………………… 27
2.3 El sistema de castigos y sanciones mexicano: sistema penitenciario… …….. 34
2.4 Secuestros, crimen organizado y delitos de cuello blanco ……………………. 38
CAPITULO 3. Un modelo microeconómico de actividad criminal y su control.
3.1 Introducción…………………………………………………………………………… 44
3.2 Un modelo de actividad criminal y su control……………………………………… 45
3.2.1 Decisión del nivel de actividad criminal…………………………………….. 46
3.2.2 Decisión de la política de control de crimen……………………………….. 48
CAPITULO 4. Resultados
4.1 Factores de la incidencia Delictiva…………………………………………………. 57
4.1.1 Población e Incidencia Delictiva…………………………………………….. 57
4.1.2 Desempleo e Incidencia Delictiva…………………………………………… 58
4.1.3 Recursos e Incidencia Delictiva ……………………………………………. 59
4.1.4 PIB (Producto Interno Bruto) e Incidencia Delictiva……………………….. 60
4.1.5 Salario e Incidencia Delictiva………………………………………………… 61
4.2 Análisis Estadístico de los factores………………………………………………….. 62
4.3 Evolución temporal de la Incidencia Delictiva……………………………………...... 63
CONCLUSIONES………………………………………………………………………… 69
ANEXOS…………………………………………………………………………………… 71
BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………………………… 80
2
Introducción.
En la actualidad los índices de criminalidad han ido en aumento, especialmente en
América Latina. Durante la década de los 90´s se incrementaron los delitos como el
secuestro, los asaltos bancarios, el narcotráfico, el robo de autos, incluso, surgieron
“nuevos” tipos de delitos como el “secuestro exprés”. Por esta razón, los temas de
seguridad y justicia se han convertido en temas prioritarios para los gobiernos de todos
los países. Gobierno y sociedad de ven obligados a actuar de manera coordinada para
reducir los índices de delincuencia, la corrupción y la impunidad. Pero, ¿qué determina
el monto y el tipo de recursos de los que se deben valer las autoridades para reducir
dichos índices? Además los gobiernos se ven obligados a incrementar su
presupuesto hacia el combate a la delincuencia y se descuidan actividades
importantes para el desarrollo como la salud y la educación. Esto constituye una
repercusión económica, por lo menos, en lo que se refiere al gasto público.
Por otro lado, las actividades delictivas representan a su vez un obstáculo para
el desarrollo económico de los países debido a diversos factores; entre ellos, el
impacto negativo en el ambiente de negocios, que genera incertidumbre, desaliento a
la inversión y a la creación de empleos, y la aplicación de recursos para la protección
tanto de empresas; y de inversiones como de personas, perdiéndose así recursos que
pudieron ser productivos. Es así como se va generando un círculo vicioso en el cual, la
alta tasa de criminalidad desalienta la inversión y por lo tanto se frena el crecimiento
económico que tiene como consecuencia más desempleo, pobreza y desigualdad
económica, que a su vez aumenta los índices de delincuencia y criminalidad.
El caso de México no es la excepción, con base en encuestas realizadas por el
Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI), se reporta que el
número total de delitos ocurridos en México durante el 2005 fue de más de 12 millones
de delitos (Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Entre los
delitos cometidos con mayor frecuencia se encuentra el robo a transeúntes, el de
vehículos, el robo a casa habitación y a comercios, entre otros.
En México, a pesar de los innumerables esfuerzos que el Gobierno ha
realizado en materia de seguridad pública, desde la profesionalización de los
elementos de las corporaciones policiacas hasta la reforma constitucional de 1994.
3
Las instituciones de seguridad mexicanas siguen sin gozar de la confianza pública y
parece haber muy poca coordinación entre las distintas policías e instancias de
gobierno.
En la sociedad predomina la sensación de que el crimen y la corrupción
prevalecen y de que la prevención de los delitos, la persecución jurídica de los
delincuentes y la aplicación de las sanciones no han dado los resultados esperados.
Es indudable que el trabajo coordinado del gobierno con la ciudadanía, nos llevará a
un combate de la delincuencia y a evitar que ésta se convierta en un estilo de vida.
Pero, en general la relación entre los diferentes niveles de gobierno y los ciudadanos
no es muy fuerte, ya que la mala imagen que la policía tiene ante el ciudadano impide
un acercamiento y una generación de confianza mutua, lo que nos lleva a que se haga
más difícil el proceso de elaboración de políticas.
El Sistema de Seguridad Pública mexicano se enfrenta a grandes retos, ya que
predomina la deficiencia de un estado de derecho; un claro ejemplo es el de los
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez que no se han podido resolver, lo que nos
hace pensar que ni la prevención, ni la investigación, ni la administración de justicia, y
ni el sistema de readaptación han sido suficientes para evitar los asesinatos ocurridos
en la ciudad, y en su caso, resolverlos.
En este trabajo nos planteamos varias preguntas: ¿Han sido efectivos los
programas impuestos por el Gobierno Federal para disminuir la incidencia criminal en
el periodo del 2000 a 2005?, ¿Qué factores determinan la conducta de una persona
para cometer un delito y actuar fuera de la ley?, ¿El desempleo es uno de ellos?,
¿Qué estados en nuestro país presentan altos índices de crimen y porqué? Analizar y
responder a estas interrogantes y a otras similares, desde el punto de vista de la
ciencia económica, es la tarea impuesta al realizar este trabajo.
El destacado economista Gary Becker, galardonado con el premio nóbel de
economía, es pionero en la introducción de razonamientos provenientes de la
economía para explicar las conductas delictivas. En su artículo “Crime and
Punishment: An Economic Approach” de 1968, funda la disciplina que hoy se conoce
como Análisis Económico del Derecho.1 Una buena presentación al tema y los
1 Este trabajo del Journal of Political Economy se encuentra traducido en Roemer (2000) Derecho y Economía: Una Revisión de la Literatura, México: Fondo de Cultura Económica
4
diversos enfoques para abordarlo aparecen en el texto compilado por Roemer (2000).
Este libro contiene una selección de trabajos clave provenientes de autores como
Lewis Kornhauser, Edmund Kitch, Robert Cooter, Richard Posner, Gary Becker, Paul
Rubin, Ronald Coase, entre otros que analizan desde las bases filosóficas del tema
hasta modelos matemáticos concretos para explicar situaciones delictivas. Sin
embargo, ninguno de los trabajos citados presenta evidencia empírica sobre la
comisión de delitos y sobre las políticas de seguridad. Por su parte, el trabajo de
Kessler y Molinari (1997) presenta un modelo teórico para explicar la conducta criminal
y presenta evidencia empírica para el caso de las provincias argentinas. El trabajo de
estas autoras no modela el papel del Estado ni la eficacia o no de los instrumentos de
política de seguridad. Gary Becker hace toda una discusión sobre los fundamentos de
la conducta criminal y presenta un modelo donde el aumento en las penas y
sanciones, junto con la mayor efectividad de la policía, puede inducir al criminal a
disminuir la cantidad de delitos. El artículo original es un tanto oscuro en ciertos
aspectos formales. Modela la conducta del estado como minimizador de gasto público
pero no es preciso en la modelación de la conducta del delincuente.
En este trabajo, hemos armado un modelo simple de teoría de juegos donde
incluimos las decisiones de los dos agentes clave en el problema de la delincuencia: el
estado y el agente criminal. De este modo nuestro modelo representa, tanto las
decisiones de conducta criminal, como las de la política de seguridad por parte del
estado. El modelo tiene bases microeconómicas. El Estado decide dos cosas: por un
lado el monto de las multas y castigos para los delincuentes a quienes se les prueba el
delito y por otro la decisión del gobierno sobre la probabilidad de que un delincuente
sea sorprendido y castigado. Esta probabilidad es una variable fundamental del
modelo y nos sirve para representar parte de la efectividad de la política criminal. Al
gobierno le interesa minimizar el costo social de la incidencia criminal. El delincuente
vive en un entorno donde sabe cuál es la probabilidad de que lo castiguen por cometer
el delito y conoce el monto del castigo. Con ese conocimiento decide sobre su nivel de
actividad criminal en una decisión bajo incertidumbre con la que enfrenta la posibilidad
de ser castigado contra la posibilidad de no serlo y disfrutar de las consecuencias de la
comisión del delito. Su objetivo es la maximización de la utilidad de los ingresos
esperados decidiendo su nivel de actividad delictiva.
Además de la presentación del modelo teórico, nos preocupamos por la
evidencia empírica en dos sentidos. Por un lado nos interesa hacer un análisis de la
5
evolución de la incidencia delictiva en el tiempo, teniendo como años de estudio
desde el 2000 hasta el 2005. Por otro lado, y relacionado más directamente con el
modelo planteado, nos interesa analizar el efecto de diversas variables económicas y
sociales sobre la incidencia de la delincuencia. En el modelo teórico, la variable central
que resulta explicada es la incidencia delictiva, ésta depende del entorno que rodea al
agente y de sus propias preferencias. En el entorno son importantes, para el modelo,
tanto la probabilidad de ser aprehendido cometiendo un delito como el tamaño de la
multa o castigo. Hacemos una aproximación empírica para explicar la incidencia
criminal con base en variables como el gasto en seguridad, la incidencia de
consignaciones, el salario, la tasa de desempleo, el tamaño de la población y el PIB
per. cápita. Analizamos la repercusión de estas variables en la incidencia criminal
tomando como población de estudio a los 32 estados de la república mexicana. Las
principales fuentes para el desarrollo de esta parte del estudio son el Instituto de
Estadística Geográfica e Informática (INEGI), y las encuestas y estudios por parte de
Instituto Ciudadano de Estudios Sobre a Inseguridad A.C. (ICESI).
Como resultado del análisis que mencionamos, nos encontramos con una
evolución constante del índice de Incidencia Delictiva a lo largo del territorio nacional
no obstante el incremento general que se hace cada año en el presupuesto destinado
a combatir dicho problema. Otro de los resultados interesantes se encuentra en que el
nivel de desempleo que se presenta en México va de la mano con los niveles de
delincuencia ya que a causa de la falta de trabajo la gente opta por dedicarse a
actividades ilícitas que le generan cierta remuneración y en algunos casos, esta
remuneración es incluso mayor que el salario mínimo que se pueda ofrecer en algunas
zonas de nuestro país.
El trabajo se presenta en cuatro capítulos. El primero presenta un análisis
general de la actividad criminal y la manera en que ésta se relaciona con la economía
de uno o varios individuos; se analiza también la toma de decisiones ante los
diferentes costos que representa la actividad criminal. El segundo capítulo trata sobre
la política de seguridad y el combate al crimen en México; se presenta evidencia
estadística que deja ver la ineficiencia de las estrategias tomadas por el Gobierno para
combatir a la delincuencia; se hace una descripción general sobre la delincuencia
organizada, específicamente del narcotráfico, del secuestro y de los delitos de cuello
blanco. En el tercer capítulo se construye el modelo teórico de las bases
microeconómicas de la actividad delictiva y su combate; teniendo como principal actor
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al individuo y sus decisiones; es por ello que no se incluye el análisis en cuanto al
crimen organizado y delitos más específicos. El cuarto capítulo hace un análisis de los
resultados empíricos sobre los factores de la incidencia criminal y la evolución de la
misma en el último sexenio. El trabajo finaliza con la parte de conclusiones en la que
comentamos posibles soluciones ante la problemática criminal y posibles alternativas
para confrontarla. Así mismo, planteamos sugerencias de programas en los cuales el
Gobierno puede dirigir el Gasto Público de manera más eficiente y productiva para la
sociedad.
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Objetivos.
1. Hacer un análisis meticuloso de los costos sociales y económicos que provoca
la delincuencia en el país en su situación actual, así como generar opciones
que puedan llevar a una mejor administración de los recursos.
2. Conocer el modelo de seguridad y del crimen propuesto por Gary S. Becker;
entender su relación entre el número de crímenes y su costo, entre el número
de agravios y de castigos impuestos, entre el gasto público en policía y en las
cortes así como entre los gastos privados que destinan a la protección.
3. Realizar un análisis de los datos estadísticos en México, conjuntarlo con el
modelo analizado así como con las alternativas propuestas para concluir con
una propuesta real que dé solución a la problemática que aqueja al país en
materia de seguridad pública.
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Hipótesis.
1. Los recursos que el gobierno destina a las instituciones encargadas de
resguardar el orden en el país son empleados de manera ineficiente y por lo
tanto los índices delictivos siguen en aumento.
2. La situación económica inestable prevaleciente en el país es considerada como
una de las causas que lleva a las personas a realizar actos de delincuencia.
3. Durante los últimos cinco años no ha existido un gasto público constante
destinado a Seguridad Publica lo cual provoca una ambiente de inseguridad
ante la sociedad.
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Metodología.
Para la elaboración del presente trabajo se emplea una metodología analítica y
estadística.
• Analítica por que se hará un análisis teórico y empírico del modelo propuesto
por Gary S. Becker, así como su desarrollo.
• Estadística debido a que se realiza un análisis de datos estadísticos de la
situación actual y de años anteriores en materia de seguridad pública en
México.
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Capítulo 1. La Violencia. Un Enfoque Económico.
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1.1 Introducción
La violencia es un fenómeno que involucra a seres humanos, en sus circunstancias
temporales, en su entorno social y en su entorno familiar. Es un tema que genera
demasiada polémica, y el erradicar ese fenómeno es la prioridad en países con alto y
medio desarrollo. En estos últimos es de suma importancia lograr el cumplimiento
adecuado de las leyes en todos los ámbitos tanto políticos, como sociales. El hacerlo
se ha convertido en toda una odisea, ya que los niveles de violencia en países con
miras al desarrollo tienden a ser muy altos, las divisiones de las clases son muy
marcadas y los niveles de empleo y de educación son bajos. Como consecuencia el
crimen tiende a ser más alto entre esos países, México pertenece a ellos. El siguiente
trabajo de análisis se presenta en cuatro etapas principales. La primera parte,
integrada por el análisis del crimen y la manera en que éste se relaciona con la
economía de los delincuentes, nos hará comprender las conductas de los individuos
para tomar la decisión de comportarse como criminales. La segunda parte trata de los
programas por lo cuales se está combatiendo el crimen en México, en conjunto con
datos estadísticos; con ello se pretende comprobar la ineficiencia de las estrategias
tomadas por el Gobierno para combatir a la delincuencia. En la tercera parte se
menciona y se explica el modelo propuesto por el Economista Gary Becker ante la
situación de castigos y sanciones para los criminales; se explican las variables que
afectan la conducta y la utilidad al aplicar sanciones a los actos criminales. La última
parte hace una propuesta de solución ante la problemática criminal; sus posibles
alternativas para confrontarla y sugerencias de programas en los cuales el Gobierno
puede dirigir el Gasto Publico de manera más eficiente y productiva para la sociedad.
1.2 El comportamiento humano y la visión económica
La ciencia económica estudia el comportamiento humano y las consecuencias que de
éste se generan en el ámbito de la economía. El estudio económico del
comportamiento humano se centra en la elección que la persona hace entre varias
opciones. Por ejemplo, una persona puede elegir distintas marcas de un producto o
bien, en distintos cursos de acción, por elegir la carrera a estudiar, la actividad laboral,
el estado civil, etc., incluso, la decisión de actuar violentamente o no (Hirshleifer,
1985).
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El enfoque económico que nos ocupa, se basa en la premisa de que el ser
humano se comporta con propósito y lo hace racionalmente. En otras palabras, se
asume que los seres humanos actúan motivados por un propósito de bienestar propio,
y que al actuar evalúan las opciones disponibles, y eligen aquella que les genere un
mayor bienestar (Becker, 1993; Schelling, 1984). Es importante reconocer que no
todas las opciones concebibles son posibles en un determinado momento y para una
determinada persona. Se elige con base en un número limitado de opciones; siendo
las condiciones de entorno las que restringen las opciones disponibles y limitan el área
de lo posible. Por lo tanto, se dice que una persona racional elige aquella acción que
maximiza su bienestar dentro de las restricciones que enfrenta.
El supuesto de racionalidad también requiere que la persona tenga control
sobre su comportamiento, con lo que la elección debe hacerse por decisión propia. En
consecuencia, el enfoque económico no se aplica en aquellos casos donde la acción
humana se realiza por coacción, por impulso no controlado o por decisión de un
tercero.
El proceso de elección obedece a una evaluación de los costos y beneficios de
cada opción. La persona contempla los costos que cada opción involucra, así como
sus beneficios; para elegir debe contemplar todas las consecuencias posibles de cada
opción, así como las contingencias que pueden suceder. La persona obtiene el mayor
bienestar si opta por aquellas alternativas que le reportan una mayor razón de
beneficios a costos. Como consecuencia, el comportamiento humano depende de los
costos y los beneficios que cada acción represente. Una acción se hace menos
atractiva cuando sube su costo o cuando baja el costo de las opciones alternativas y
cuando sube su beneficio o baja el beneficio que espera obtener de las acciones
alternativas. Por ejemplo, una salida al cine se hace menos atractiva cuando sube el
precio de la entrada al cine y, cuando baja el precio de la renta de DVD’s. También, se
hace menos atractiva cuando la sala de cine presenta una muy mala película, mientras
que la tienda de videos tiene una excelente colección de películas extranjeras y un
amigo tiene un televisor de pantalla gigante. En síntesis, las personas responden a
incentivos (positivos y negativos) y por lo tanto su comportamiento cambia cuando el
esquema de incentivos se modifica.
Dicho enfoque económico reconoce que las personas pueden equivocarse en
su decisión, pero asume que los errores no son sistemáticos ni recurrentes, pues se
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cree que las personas aprenden fácilmente de sus errores pasados. El enfoque
económico también admite que muchas veces la persona no posee toda la información
relevante para la toma de una decisión. En estos casos de información imperfecta la
persona toma la decisión con base en la información de que dispone y siempre
motivada por obtener el mayor bienestar esperado posible. En los casos de decisión
en condiciones de información imperfecta puede suceder que a posteriori, cuando se
dispone de toda la información, la persona se dé cuenta de que su decisión no fue la
correcta; sin embargo, esto no indica que la persona haya actuado irracionalmente,
solo indica que con la información de que disponía no podía prever todas las
consecuencias de su decisión.
Además, los seres humanos actúan dentro de un entorno social; por lo tanto,
también concierne a la ciencia económica el estudio del entorno dentro del cual la
persona habita y cómo influye en sus opciones y en sus preferencias. El enfoque
económico además pone énfasis en aspectos socioeconómicos y demográficos de una
persona como su edad, estado civil, género, estrato de ingreso, nivel y calidad de la
educación, profesión, actividad laboral, etc.
Por otro lado, la actividad social de los seres humanos hace que surja un
fenómeno de interacción social, en el que las consecuencias de cualquier acción no
sólo dependen de lo que alguien hace, sino también de lo que sus compañeros hagan
o dejen de hacer. En estos casos la mejor decisión de una persona depende de lo que
las otras hagan y, por lo tanto, del entorno social donde le ha correspondido vivir.
La decisión de convertirse en criminal es sensible al entorno, y no simplemente
en términos de las restricciones legales que la sociedad impone sobre los individuos,
sino en el nivel de las normas sociales que tales individuos consideran legítimas,
internalizan y por ende incorporan a sus preferencias.
Esto nos lleva a partir del supuesto de que los criminales son personas
racionales, que buscan los mayores ingresos posibles a los más bajos costos. Dicho
supuesto desde luego, tiene una implicación que es clave para el combate a la
criminalidad: buscar formas que reduzcan y disminuyan los beneficios del criminal y
aumenten los costos. No se trata de derrotar al criminal. Se trata de hacer que decaiga
su interés en cometer crímenes; de hacer que los beneficios esperados del crimen
sean bajos y los costos altos.
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1.3 La violencia y la economía. Existen muchas conductas que son consideradas como violentas; por ejemplo: robos
de autos, casas y personales; asesinatos; ataques físicos y emocionales a personas;
formación de bandas; comercio de drogas; producción y venta de armas; guerras, etc.
Muchas de estas conductas tienen un patrón de decisión:
- La decisión está bajo el control personal o de grupo.
- Existen varias opciones o cursos de acción alternativos.
- Se consideran las consecuencias de cada una de las acciones alternativas.
- Se evalúan los costos y los beneficios potenciales de cada acción.
- Se aprende rápidamente de errores pasados y se corrige de inmediato
cualquier error.
- Se contempla la incertidumbre que puede existir en cuanto a las consecuencias
de cada acción.
- Se tiene toda la información relevante para tomar la decisión; o bien, se toma la
decisión que, con la información de que se dispone, parece la más acertada.
- Las personas son racionales, en el sentido de que optan por aquella conducta
que esperan que les reporte un mayor bienestar.
Si la acción violenta no adolece de los atributos mencionados anteriormente
entonces el enfoque económico es de utilidad (Becker, 1968; Cornwell y Trumbull,
1993; Deadman y Pyle, 2000b; DiIulio, 1996; Tullock, 1969; Viren, 1994).
El enfoque también es útil para estudiar la influencia que los factores
socioeconómicos, demográficos y de interacción social tienen en que la conducta
violenta sea la opción preferida por algunas personas. El enfoque económico es
particularmente poderoso para entender el crimen organizado y otros tipos de violencia
premeditada (Anderson, 1995; Gambetta, 1993; Gambetta y Reuter, 1995; Marselli y
Vannini 1997; Schelling, 1967 y 1971).
1.3.1 Acciones Violentas: Crimen.
De acuerdo a Ayres existen diferencias entre el crimen y la violencia: “El crimen es una
acción penalizada por ley. Como tal, lo que constituye un ‘crimen’ puede diferir entre
culturas y naciones. No todos los crímenes involucran violencia -Por ejemplo, algunas
formas de robo de ‘cuello blanco’-. La violencia se refiere al ejercicio indebido de
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fuerza física; si bien muchos tipos de violencia son crímenes, algunos no lo son.”
Ayres (1998, pp. 24).
Ahora bien, considerando la visión de economistas neoclásicos como Becker
(1968, 1993) el crimen es una elección personal, en el sentido de que el individuo elige
realizar una acción criminal de manera racional y para maximizar su bienestar.2 Por su
parte, sociólogos y economistas neoinstitucionales consideran al crimen como una
conducta en la que la influencia de factores socioeconómicos es determinante, ya que
las decisiones individuales se realizan en un entorno social. (Braithwaite,1981; Forst,
1993a; Downes y Rock, 1988; Wilson, 1983).
1.3.2 La decisión personal de cometer actos criminales.
El enfoque económico (Becker, 1968; Cornish y Clarke, 1986; Ehrlich,1973; Roemer,
2001) plantea que los actos criminales surgen de una decisión personal, para la que
se consideran los costos y los beneficios de la acción, así como de las acciones
alternativas. La acción criminal es llevada a cabo si genera un alto beneficio en
relación a su costo, de manera que es preferida a todas las demás alternativas que la
persona tiene (este tema se verá con mas detalle mas adelante en el capítulo tres de
este trabajo).
Los beneficios que se pueden obtener de un acto criminal varían según el tipo
de crimen y del criminal. En la mayoría de los casos, estos beneficios son o pueden
medirse en un valor monetario; por ejemplo, robar una propiedad o matar por el dinero
del seguro proporciona también una ganancia monetaria. Sin embargo, en otros, como
los crímenes de tipo sexual, el beneficio para el criminal no es monetario.
Los costos de un acto criminal son principalmente de cuatro tipos:
• Costo material: costo de los instrumentos y equipo necesario para llevar a cabo
el crimen.
• Costo de oportunidad: costo de no realizar otras actividades por realizar la
actividad criminal. Este costo se mide con base en el beneficio que reportaría la
2 En su discurso de recibimiento del Premio Nóbel de Economía, Gary Becker manifiesta que la forma en que los economistas estudian el comportamiento humano “implica que algunos individuos se convierten en criminales por los beneficios financieros y no pecuniarios que el crimen genera en comparación al trabajo legal, tomando en consideración la probabilidad de ser capturados y aprisionados, así como la severidad del castigo.” (Becker, 1993, p.390)
16
mejor actividad alternativa al acto criminal. Por ejemplo, los salarios que se
dejan de percibir en la actividad laboral al dedicarse de tiempo completo al
robo.
• Costo psicológico: asociado a factores como la culpa, el remordimiento, la
pérdida de autoestima, enfrentar un estigma social, ser excluido de actividades
sociales, etc.
• Costo de castigo: este es un costo posible, el cual habría que enfrentar en caso
de ser detenido, sentenciado y enviado a prisión.
El enfoque económico plantea que una persona racional llevará a cabo el acto
criminal si los beneficios superan a los costos,3 ya que en este caso el acto criminal
representa la opción que da el mayor bienestar a la persona.
1.3.3 Enfoque económico y crimen: Ilustración básica y algunas
complejidades.
El siguiente ejemplo es útil para ilustrar cómo el enfoque económico puede ayudar a
entender la decisión de un grupo de personas de optar por dedicar su tiempo y
esfuerzos a la realización de actos criminales.
Supongamos que Juan y Carlos son dos amigos que están contemplando qué
actividades podrían hacer con su tiempo para obtener un ingreso. Juan y Carlos tienen
las siguientes dos alternativas de acción:
a) Actividad laboral: que consistiría en trabajar como operarios en una fábrica
donde recibirían un salario mensual de seis mil pesos cada uno.
b) Actividad criminal: que consistiría en dedicarse al robo de automóviles,4 para
lo cual tienen que dedicar todo su tiempo en recorrer la ciudad buscando una
oportunidad ideal para robar un automóvil.5 Para realizar esta actividad Juan y Carlos
necesitan de algún equipo básico, así como de una motocicleta, la cual requeriría de
combustible y los gastos normales de mantenimiento. Supongamos que el costo del
3 Hay que destacar que esta definición de costo incluye el costo de oportunidad, el cual se refiere al beneficio que podría obtenerse de participar en actividades alternativas a la criminal. 4 Utilizaremos el robo de automóviles como ilustración de actividad criminal; el ejemplo puede extenderse a otros tipos de actividad como el comercio de drogas, el robo de casas, el robo personal, la producción de armas, ir a la guerra y ocupar otro país, etc. 5 Obsérvese que la oportunidad ideal implica que haya un automóvil sin vigilancia, en un lugar de fácil acceso y solitario, preferiblemente en la noche, que el automóvil no tenga medidas de seguridad como bastón y alarma, y que sea un automóvil que pueda venderse fácilmente en el sector informal. Cohen y Felson (1979) estudian las condiciones bajo las cuales surge una oportunidad propicia para que ocurra un acto criminal.
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equipo es de mil pesos mensuales y que el costo de la motocicleta, el combustible y su
mantenimiento se estiman en cuatro mil pesos mensuales.
Por el momento vamos a suponer que Juan y Carlos no enfrentan costos
psicológicos ni costos de castigo al dedicarse a la actividad criminal.6 Como
consecuencia, el costo total de dedicarse al robo de automóviles es de 17 mil pesos
mensuales (cinco mil pesos de costo material y 12 mil pesos de costo de oportunidad
por dejar de percibir sus salarios).
Supongamos ahora que Juan y Carlos pueden robar dos automóviles al mes y
venderlos en el sector informal a un precio unitario de diez mil pesos. Por lo tanto, la
acción criminal les reportaría ingresos mensuales de 20 mil. Al comparar los costos de
17 mil pesos con los ingresos de 20 mil, Juan y Carlos observan que la actividad
criminal les es preferible, ya que obtienen un beneficio neto de tres mil pesos. En otras
palabras, con los 20 mil pesos de ingreso por la actividad criminal Juan y Carlos
pueden solventar los costos de material de cinco mil pesos y aún les quedarían 15 mil
pesos libres, que es más que los 12 mil pesos que en conjunto obtendrían si se
dedican a la actividad laboral. Así, el crimen emerge como resultado de una decisión
de conveniencia para Juan y Carlos.
El ejemplo anterior ilustra una situación muy simple, la cual puede enriquecerse
agregando y modificando supuestos. Dentro de las variantes que pueden suponerse
se encuentran:
• Mayor costo de oportunidad. Supongamos que Juan y Carlos tienen una
educación superior que les permitiría desempeñarse como profesionales y
obtener cada uno un salario de 15 mil pesos mensuales. Obsérvese que en
este caso el costo de oportunidad de la actividad criminal para Juan y Carlos
asciende a 30 mil pesos mensuales; si a esto se agregan los cinco mil pesos
de costo de material, se concluye que el costo es muy superior al ingreso y por
lo tanto la actividad criminal deja de ser rentable. Juan y Carlos se dedicarán a
ejercer sus profesiones antes que a robar automóviles; la opción laboral es
preferida a la opción criminal. En el ejemplo se ilustra el papel que la educación
6 Por ejemplo, podría asumirse que Juan y Carlos no tienen ningún sentimiento de culpa y están seguros de que con las precauciones que ellos toman al robar automóviles nunca serán detectados.
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podría jugar para reducir ciertos actos criminales vía un aumento de su costo
de oportunidad.
• Mayor costo material: Supongamos que los dueños instalan dispositivos de
seguridad muy avanzados en sus automóviles, lo cual obliga a Juan y Carlos a
invertir en equipo sofisticado para el robo y que este equipo tiene un costo
mensual de cinco mil pesos. Como consecuencia el costo de material sería de
nueve mil pesos, mientras que el costo de oportunidad (salarios de operario) es
de 12 mil pesos. El costo total de la actividad criminal (21 mil pesos) supera a
los ingresos (20 mil pesos) y el crimen deja de ser rentable. Juan y Carlos se
dedicarían a trabajar como operarios, recibiendo un salario mensual de seis mil
pesos cada uno. Esta situación ilustra cómo el crimen se ve afectado ante la
reacción de las víctimas por tomar mayores medidas de precaución.7 La
situación también sugiere que existe toda una industria de dispositivos de
seguridad que surge y se beneficia por la existencia de la actividad criminal, ya
que con el crimen sus víctimas potenciales se ven incentivadas a demandar y
gastar en la compra de dispositivos de seguridad.
• Menor beneficio: Supongamos ahora que hay una mayor vigilancia policial, o
que los dueños de automóviles toman mayores precauciones al estacionar sus
automóviles, de forma que se reducen las oportunidades de robo a la mitad:
Ahora Juan y Carlos sólo pueden robar un automóvil al mes. El beneficio de la
actividad criminal se reduciría a diez mil pesos al mes, lo que ni siquiera
compensa el costo de oportunidad de 12 mil pesos en salarios de operario. Por
ello, el robo de autos perdería su atractivo y Juan y Carlos preferirían dedicarse
a la actividad laboral.
• Costo psicológico: Hemos visto que en la actividad criminal el ingreso para
Juan y Carlos es de 15 mil pesos (una vez excluido el costo de material),
mientras que en la actividad laboral sólo obtendrían 12 mil pesos. En otras
palabras, el beneficio neto de la actividad criminal es de tres mil pesos. Es por
ello que afirmamos que si Juan y Carlos son racionales entonces preferirán
dedicarse a la actividad criminal. Sin embargo, la conclusión anterior se obtuvo
7 No estamos contemplando aquí la decisión de los dueños de automóviles de gastar más en medidas de seguridad. De acuerdo al enfoque económico, esta decisión también obedece a una ponderación de los costos y beneficios de la acción. El dueño de un automóvil debe considerar el costo de los dispositivos de seguridad, así como los beneficios en términos de la reducción en la probabilidad de que su automóvil sea robado.
19
bajo el supuesto de que el costo psicológico es nulo. Supongamos ahora que
Juan y Carlos enfrentan un alto costo psicológico si se dedican a la actividad
criminal; por ejemplo, podría ser que los valores inculcados a Juan y a Carlos
sean tales que ellos consideran que robar y hacer daño a otras personas es un
pecado y esto les causa una gran angustia,8 o bien que tienen una pérdida de
autoestima al no poder justificar ante sus hijos y familiares la fuente de sus
ingresos. También pueden considerar que causarle un gran sufrimiento a sus
madres les produce un dolor enorme, o que ellos y sus familias son excluidos
de las actividades sociales y religiosas del vecindario debido a su actividad
criminal.
Si bien el costo psicológico es no pecuniario, Juan y Carlos pueden ponderar si
los tres mil pesos de beneficio de la actividad criminal compensan el costo psicológico
que tienen que enfrentar.9 Si el entorno familiar y social censura severamente la
actividad criminal es muy probable que los tres mil pesos de beneficio por robo de
automóviles no compensen el costo psicológico, y que Juan y Carlos prefieran
dedicarse a la actividad laboral.
Ahora bien, puede suceder que Juan y Carlos viven en un ambiente donde se
tolera, e incluso vanagloria, la actividad criminal. Por ejemplo, a Juan y Carlos se les
considera como muy valientes y se les aplaude por su audacia; adquieren una imagen
de líderes y son muy populares en el vecindario; se les admira por su alto ingreso y se
hacen famosos por los productos caros que usan y además hacen regalos y donativos
que los vuelven respetables. Bajo estas circunstancias de entorno el costo psicológico
de la actividad criminal sería relativamente bajo e incluso, podría no existir del todo y
convertirse más bien en un beneficio. Si este fuera el entorno social en que a Juan y a
Carlos les ha tocado vivir entonces es muy probable que prefieran dedicarse a la
actividad criminal antes que a la laboral. 10
Este caso se muestra la importante influencia que tiene el entorno social en la
decisión personal de cometer actos criminales. Los valores de la persona, de su
familia y de la comunidad juegan un papel importante en este caso. Esta situación 8 Es de esperar que el costo psicológico sea mayor si el criminal conoce a la víctima y a su familia. En otras palabras, en las comunidades pequeñas, donde las personas se conocen, el costo psicológico es mayor que en las grandes ciudades, donde la víctima es despersonificada. 9 Block y Heineke (1975) incorporan aspectos morales al modelo económico. 10 Hay que destacar que esta preferencia que muestran Juan y Carlos por la actividad criminal es una preferencia contingente al entorno en que les ha tocado vivir.
20
también ilustra que una persona puede contemplar costos y beneficios tanto
monetarios como no monetarios al momento de tomar una decisión.
Interacción social: Supongamos ahora que existen otras personas que también
están considerando dedicar su tiempo a la actividad de robo de autos. Entre
más bandas haya menores serán las posibilidades de Juan y Carlos de
encontrar una buena oportunidad para robar un automóvil. Si la entrada de
otras bandas reduce las oportunidades de Juan y Carlos a la mitad entonces
ellos sólo podrían robar un auto al mes, y su ingreso de la actividad criminal
sería sólo de diez mil pesos, lo que no compensaría sus costos y haría que
Juan y Carlos desistan del crimen. 11
Este ejemplo ilustra la importancia de la interacción social;: la mejor acción de
Juan y Carlos depende de las acciones que otras personas tomen. Si otras personas
deciden formar bandas de robo de autos entonces a Juan y a Carlos no les sería
rentable hacerlo, pero si las otras personas deciden no formar las bandas entonces
para ellos sí sería rentable hacerlo.
Experiencia: Supongamos que Juan y Carlos han estado expuestos al robo de
autos desde niños, ya tienen amigos y familiares que se dedican a esa
actividad y por ello conocen muy bien los requerimientos del oficio. Debido a su
experiencia y conocimiento, les es posible robar no dos sino tres autos por
mes. En este caso, la actividad criminal sería sumamente rentable, pues ahora
les generaría un beneficio neto de 13 mil pesos mensuales.
Esta situación ilustra dos aspectos importantes en la actividad criminal:
Primero, al ejercer la actividad se va adquiriendo poco a poco un mejor conocimiento
que aumenta los beneficios y reduce los costos, con ello el crimen es cada vez más
beneficioso. Este hecho tiende a generar un círculo vicioso del crimen, en el que el
criminal queda atrapado en esta actividad, ya que su experiencia le permite obtener
mayores beneficios, por lo tanto cada vez es menos probable que se salga del crimen
para dedicarse a la actividad laboral. 12 Segundo, el oficio es más rentable si se tiene
11 Nótese que este evento no necesariamente reduce el crimen (número de autos robados), pero si haría que Juan y Carlos encuentren que el robo no les conviene; siendo desplazadas de la actividad criminal por otras bandas que probablemente tengan más experiencia, mejores técnicas, mejor información, menores costos y mejores contactos de distribución. 12 La ciencia económica utiliza el concepto de curvas de aprendizaje, con esto se afirma que hay actividades donde la experiencia hace que se tengan mejores destrezas y que se eleven los beneficios.
21
el conocimiento requerido y el conocimiento se obtiene y transmite entre amigos y
familiares, lo que hace que la actividad criminal se expanda a través de los lazos
familiares y de amistad. Este hecho tiende a crear otro círculo vicioso, en el cual toda
una familia y toda una comunidad pueden caer en la vorágine del crimen.
Incertidumbre: Por el momento se ha asumido que Juan y Carlos saben, con
certeza, que con su esfuerzo pueden robar dos automóviles por mes.
Supongamos ahora que en realidad ellos no están muy seguros de cuántos
autos pueden robar al mes.
Es posible que pasen meses en que no hay buenas oportunidades de robo y,
por lo tanto, en esos meses solo tienen costos (cinco mil pesos de costo de material y
12 mil pesos de costo de oportunidad). En otros meses podría suceder que haya muy
buenas oportunidades y puedan robar hasta cuatro automóviles; con lo que sus
ingresos serían de 40 mil pesos mensuales mientras que sus costos serían de 17 mil
pesos. Si bien Juan y Carlos podrían tener beneficios promedio de tres mil pesos en la
actividad criminal, la alta inestabilidad en sus beneficios podría considerarse como un
costo, de forma tal que podrían preferir tener una actividad que les de un ingreso
seguro y estable (actividad laboral) antes que una actividad que les dé un ingreso
incierto e inestable (actividad criminal).13
1.4 Costo de castigo: La penalización del crimen Desde que en 1764 un joven economista italiano, Cesare Bonesana, Marqués de
Beccaria, escribió un libro titulado Un Ensayo sobre Crímenes y Castigos, la
penalización del crimen ha sido uno de los temas que mayor atención ha recibido por
parte de los economistas.
Hemos manifestado que el enfoque económico estudia aquel comportamiento
humano que responde a una ponderación de los costos y ganancias de cada acción
posible. Debido a que la penalización del crimen constituye un aumento en su costo, el
enfoque económico sugiere que la acción se hace menos atractiva al aumentar la
severidad de las penas y que, en consecuencia, la actividad criminal se reduce. Por
13 Los economistas afirman que la mayoría de las personas ven la incertidumbre como un costo. Se dice que las personas son adversas al riesgo, y que prefieren optar por opciones seguras antes que por opciones inciertas.
22
ello, la sensibilidad del crimen a su penalización constituye una prueba acerca de la
capacidad del enfoque económico para explicar algunas actividades criminales.
Además, el manejo de la penalización se convierte, desde el punto de vista
económico, en un instrumento de política pública para reducir el crimen.
Sin embargo, la administración del castigo es un asunto complejo e involucra
factores como la identificación del criminal, su arresto, su enjuiciamiento, su sentencia
y su encarcelamiento. Por estas razones, el tema de la penalización del crimen
también ocupa a los Economistas. (Bowers y Pierce, 1980; Clement, 2002; Dittmann,
2000; Ehrlich, 1975b y 1996; Tullock, 1974)
Detectar que un acto criminal ha sido cometido es en la gran mayoría de los
casos relativamente sencillo14; sin embargo, hay un largo trecho desde la detección del
acto hasta la penalización del criminal. Muchas veces no se logra identificar al criminal
y en aquellas pocas ocasiones en que se identifica, no se garantiza la penalización del
acto. En algunos casos el criminal evita el arresto y en otros, la denuncia nunca se
formaliza (la víctima no está interesada en involucrarse en un proceso largo y
complicado, por diferentes razones: desconfía de todo el proceso o no quiere que el
acto criminal sea de conocimiento público o es amedrentada). El juicio puede ser largo
y costoso, contiene imperfecciones que hacen que no se pueda dictar una sentencia
en contra del criminal e incluso sucede que por muchas razones el juez se incline por
imponer una sentencia blanda o ningún castigo del todo.
Con todo esto, el análisis del costo de castigo se complica (Hughes, 1993);
requiere el estudio de temas como: Los incentivos y recursos que tiene el sistema
policial para identificar y arrestar a un criminal; el interés de la víctima de denunciar el
acto criminal; la eficiencia del sistema judicial (su rapidez, su costo, su precisión y su
imparcialidad en la administración de justicia); la severidad del castigo (años de
prisión, pena capital) y las características del sistema penitenciario (comodidades,
entrenamiento y educación en la prisión, interacción entre prisioneros).
La administración de la penalización del crimen, tiene múltiples variantes. Un
caso extremo sería tener una administración muy laxa, basada en un sistema policial
14 Hay algunos casos en los que es posible que el acto criminal quede oculto; por ejemplo, en la falsificación de una obra de arte y en algunos tipos de desfalco financiero. En éstos es posible que la víctima no se entere de que ha sido objeto de una acción criminal. En otros casos la víctima sí lo sabe, pero no denuncia el hecho, como sucede en algunas ocasiones con el abuso de menores.
23
desprovisto de recursos financieros y humanos y altamente corrupto, con lo que la
probabilidad de ser arrestado al cometer un crimen es mínima; además, el sistema
judicial sería lento, costoso e impredecible debido a su parcialidad y corrupción, con lo
que, aunque un criminal sea arrestado es poco probable que sea condenado y la
resolución se daría muchos años después de que el acto fue cometido. A ello se
agregarían penas blandas y flexibles. Es de esperar que este tipo de administración
favorezca el crimen por que su costo de castigo es mínimo.
Otra caso extremo se presentaría cuando el sistema policial dispone de
excelentes recursos y esquemas de incentivos que lo hacen incorruptible. Cuando el
sistema judicial es rápido, eficiente e imparcial, y cuando las penas son severas, es de
esperar que el crimen sea mínimo, no sólo porque su costo es muy elevado, sino
también porque las personas más propensas a realizar actos criminales quedan
encarceladas por muchos años15. Un sistema de penalización como este requiere de
muchos recursos financieros y humanos, salarios altos, capacitación policial, recursos
de inteligencia, equipo de laboratorio, mucho personal judicial, etc.
Algunos sistemas intermedios de administración de la penalización se basan en
la combinación de la probabilidad de arresto y de la severidad de la pena. Por ejemplo,
un sistema podría basarse en un sistema policial débil y penas muy severas, lo cual
implica que la probabilidad de ser identificado y arrestado es baja, pero si ello ocurre,
entonces el castigo es muy grave. Este tipo de sociedades dedica pocos recursos al
sistema policial y basa su contención del crimen en la severidad del castigo. Otras
sociedades dedican muchos recursos al sistema policial y aplican castigos muy
blandos, con lo que basan su contención del crimen en el monitoraje y la casi certeza
de que quien comete actos criminales muy probablemente recibirá un castigo.
Un aspecto que vale la pena destacar es que la penalización del crimen
constituye una importante actividad económica en toda sociedad; esta industria
involucra al sistema policial, al sistema judicial y al sistema penitenciario y consume
muchos recursos financieros y humanos (Phillips y Votey, 1981).
15 Ehrlich (1981) y Blumstein et. al. (1978) observan dos efectos mediante los cuales las penas severas tienden a reducir el crimen: primero, las penas severas aumentan el costo del crimen, lo cual hace que muchas personas desistan de cometer actos criminales, y; segundo, la penas severas sacan de la actividad por muchos años a aquellas personas que han cometido actos criminales y que es de esperar que reincidirían en el crimen al salir. Por ello, se reduce el crimen tanto por una caída en la decisión de ingresar a la actividad como por una reducción en la reincidencia de aquellos que ya están en la actividad. Levitt (1998) realiza un estudio empírico al respecto.
24
Capítulo 2. La Seguridad en México.
25
2.1 Introducción
El tema de la seguridad pública se ha convertido en un tema central a lo largo del
continente, tanto para la sociedad como para sus gobernantes. En el caso de América
Latina, el tema adquiere gran magnitud debido al incremento en los índices de
criminalidad, principalmente durante la década de los 90´s. El fenómeno de
inseguridad que se vive en la actualidad ha trascendido clases sociales y niveles
educativos; delitos cometidos por la delincuencia común y por la organizada en la que
se ven involucrados servidores públicos quienes, a nuestro juicio, lejos de
salvaguardar la seguridad e integridad física y material de los ciudadanos, atentan en
contra de ellos. Esta situación se ha convertido en un problema percibido por todos,
sin que las acciones que lleva a cabo el gobierno logren controlarlo. Consideramos de
suma importancia hablar específicamente del caso de México y mostrar cifras que nos
den un panorama general del problema.
La incidencia delictiva es cada vez mayor debido a diferentes factores, entre
ellos:
a) El deterioro de las condiciones de vida, específicamente la creciente
desigualdad entre las poblaciones más ricas y las más pobres del continente;
b) Patrones sociales de consumo de alcohol y drogas, relacionados sobre todo
con la comisión de delitos violentos,
c) La falla existente en el mercado de trabajo. Esta parte tiene relación directa
con el incremento del fenómeno de inseguridad ya que el exceso de demanda
de trabajo es consecuencia del bajo crecimiento económico que México
presenta y las personas optan por obtener sus ingresos a través de la
economía informal, emigrando hacia los Estados Unidos o realizar prácticas
delictivas.
Durante el 2005, en México se cometieron 11 mil 246 delitos por cada 100 mil
habitantes; los estados de Baja California y el Distrito Federal son las entidades con
mayor incidencia delictiva, con 20 mil 720 y 19 mil 663 delitos por cada 100 mil
habitantes respectivamente; les siguen Quintana Roo con 16 mil 364 y el Estado de
México con 16 mil 147. Tan sólo esas cuatro entidades concentran el 27 por ciento de
la población y representan el 42 por ciento de la incidencia delictiva del país. Chiapas
es la entidad con más baja incidencia, reporta menos de dos mil delitos por cada100
mil habitantes. (Ver Anexo 1).
26
Otro de los problemas se refiere a la falta de confianza de la ciudadanía para
denunciar el delito; la gente siente frustración y desconfianza ante las instituciones de
seguridad pública, de derechos humanos y en general del sistema de administración
de justicia porque no reciben una respuesta satisfactoria por parte de las instituciones.
Esto impide tener una cifra real de la cantidad de delitos que se cometen en nuestro
país. Sólo se cuantifican los delitos denunciados y sentenciados y nos da lugar a la
llamada “cifra negra” la cual se conforma por los delitos cometidos que no quedan
registrados en las cifras oficiales, y son:
a) Los delitos no denunciados;
b) Los delitos que no dan lugar a la averiguación previa a pesar de haberse
denunciado; c) Los varios delitos sufridos en un solo incidente, por una o varias víctimas,
que quedan registrados en una sola averiguación previa y
d) Los delitos que no se registran por deficiencias en el sistema estadístico
oficial.
Según el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la inseguridad (ICESI) tan sólo
en el 2005 el 77 por ciento del total de los delitos cometidos no fueron denunciados
ante las autoridades correspondientes, debido a factores que son presentados en el
gráfico 2.1.
Gráfico 2.1 Porcentaje de delitos no denunciados y motivos de la no denuncia. 2005.
Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.
Del 23 por ciento del total de delitos que son denunciados, en el 20 por ciento
de los casos se inicia una averiguación previa. De las averiguaciones previas
iniciadas, en el 49 por ciento no sucedió nada, en el 26 por ciento se encontraba en
27
trámite y en el 17 por ciento se detuvo al presunto delincuente, el cual quedó en
libertad en el 10 por ciento de los casos y finalmente en el 7 por ciento de las
indagatorias la acusación no procedió (Ver gráfico 2.2)
Gráfico 2.2 Seguimiento de Averiguaciones Previas
Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad
2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.
Todas estas cifras nos presentan un panorama general de la seguridad pública
en nuestro país. A lo largo de este capítulo hablaremos sobre las principales acciones
que se han llevado a cabo en materia normativa para el combate a la delincuencia y
presentamos datos estadísticos sobre los principales delitos cometidos en el país,
estados con mayor índice de delincuencia, edad y género de los delincuentes, entre
otros.
2.2 Estrategias contra la inseguridad.
Los índices de criminalidad en México han ido en aumento durante los últimos años,
es por eso, que la presión pública para dar fin a este fenómeno también ha ido en
aumento.
El Gobierno Federal y sus similares locales implementaron un sin número de
estrategias para disminuir los índices de criminalidad. Ell aumento en las penas para
28
algunos de los delitos; la participación de las fuerzas armadas en las tareas de
entrenamiento, vigilancia y disminución del delito; capacitaciones al personal de
seguridad de las instituciones de seguridad pública por parte de agentes de otros
países, incluso modificaciones en algunos artículos de la Constitución Política, todo
con el fin de agilizar los procesos y de mejorar las estructuras de las instituciones.
A partir de la reforma constitucional de 1994, la legislación mexicana contempla
a la seguridad pública como un servicio y una función del Estado. La seguridad pública
se convierte entonces en una responsabilidad explícita del Estado mexicano,
compartida en los tres niveles de gobierno; es decir, del Estado en su conjunto. Dichas
reformas se hicieron con la finalidad de mantener y establecer el orden y la paz pública
buscando el mejor funcionamiento de las instituciones. El artículo 21 de la Constitución
fracción. IV establece que: […] La seguridad pública es una función a cargo de la
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, en las respectivas
competencias que esta Constitución.16. También se incluyeron cambios al artículo 73,
para facultar al Congreso de la Unión en la creación de la Ley General que Establece
las Bases para la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (aprobada
en 1995 y cuya última reforma fue en el 2004) y se conforma el Sistema Nacional de
Seguridad Pública formado por distintas instituciones, cada una con una competencia
específica. Estas son la policía preventiva, el ministerio público, los tribunales, la
prisión preventiva, la ejecución de penas, el tratamiento de menores infractores, la
protección a instalaciones y servicios estratégicos; así como por las demás
autoridades que en razón de sus atribuciones, deban contribuir directa o
indirectamente al objeto de esta ley17.
El cuatro de enero de 1999 se promulgó la Ley de la Policía Federal
Preventiva, que creó una policía nacional. Dicha institución en una primera etapa a la
Policía Federal de Caminos y Puentes, a la Policía de Migración, a la Policía Fiscal
Federal y una brigada de la Policía Militar. Seguido se hizo necesario profesionalizar a
los cuerpos encargados de prevenir y de perseguir los delitos a través de la
instauración de la carrera policial; de contar con mayor coordinación entre
corporaciones y de sistematizar e intercambiar información sobre la criminalidad.
16 http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo 17 http://www.cddhcu.gob.mx/leyinfo
29
Como se observa, el Estado mexicano ha adoptado una definición muy amplia
de administración pública en materia de seguridad el nuevo Sistema de Seguridad
Pública y de Justicia Penal Mexicano. Se puede dividir en cuatro etapas: prevención
del delito; procuración de justicia; administración de justicia y el sistema de ejecución
de sanciones (sistema penitenciario). La tabla 2.1 muestra los actores responsables de
cada una de estas etapas.
Tabla 2.1 Etapas y actores del Sistema de Seguridad Pública y Justicia Penal
Etapa Nivel de gobierno Rama de gobierno Actores
Prevención del
delito
Federal, estatal y
municipal Poder ejecutivo
Policía Federal Preventiva
(PFP), policías preventivas,
sociedad civil
Procuración de
justicia Federal y estatal Poder ejecutivo
Ministerio Público (MP),
policía judicial, peritos,
Agencia Federal de
Investigaciones (AFI)
Administración
de justicia Federal y estatal Poder judicial Tribunales y jueces
Ejecución de
sanciones
Federal, estatal y
municipal Poder ejecutivo Centros penitenciarios
En materia de Prevención del Delito, es instrumentado desde el Poder
Ejecutivo mediante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quien coordina
esfuerzos a nivel federal y a su vez controla a la Policía Federal Preventiva (PFP). En
esta etapa se incluyen todas aquellas políticas, medidas y técnicas encaminadas a
inhibir las transgresiones a la ley mediante la vigilancia policial de los espacios
públicos y programas coordinados con otras instituciones como son las campañas
contra el consumo de drogas, los retenes en las carreteras, etc.
En cuanto a la Procuración de Justicia, es manejada por la Procuraduría
General de la República (PGR) y las Procuradurías de Justicia estatales y siguen
siendo parte del Poder Ejecutivo Federal. Por su parte el Ministerio Público (MP), una
vez levantada una averiguación previa, es el encargado de ordenar las investigaciones
de cada caso a la Policía Judicial y peritos especializados que integran la averiguación
para presentarla ante un juez.
30
La Administración de Justicia se compone por los tribunales, jueces y
magistrados quienes inician el proceso judicial y solicitan pruebas que son
presentadas, además de escuchar los alegatos de las dos partes y decidir la condena
para ver si el acusado apela a instancias superiores o acepta la pena.
La Ejecución de Sanciones ó Sistema Penitenciario es administrado por la SSP
es en donde cumplen su condena los sentenciados.
Dentro de los programas que se han llevado a cabo por parte del Gobierno
Federal y la SSP, en materia de delincuencia se encuentran los siguientes:
• En marzo del 2002 se inició un proceso de sistematización de información y
desarrollo de mapas, así como un análisis estadístico de la incidencia criminal
y del trabajo de la policía.
• Programas en conjunto con las compañías aseguradoras para impulsar la
incorporación de localizadores vía satélite para la industria automotriz con la
finalidad de proteger el robo a transportes de carga principalmente en la ciudad
de México.
• Instalación de cámaras en puntos críticos para combatir todos los delitos.
• Actualización de políticas y procedimientos, desde la estructura orgánica de la
Secretaría hasta su misión, metas, descripción de funciones y puestos.
• Mejorar la tecnología disponible así como el capital humano con el que se
cuenta, capacitaciones, incentivos, etc.
Es evidente que el Estado Mexicano ha puesto especial énfasis en la materia;
sin embargo aún con estos esfuerzos falta mucho por hacer. En México, el debate
sobre la seguridad pública esta latente. Las corporaciones policiales mexicanas siguen
siendo instituciones que no gozan de la confianza pública. En los resultados de las
encuestas del ICESI sobre valores de los mexicanos (Ver anexo 3), en las cuales la
policía sigue siendo una de las instituciones que más desconfianza despierta. Esta
desconfianza afecta de forma directa el trabajo de la policía, pues si no hay confianza,
la cooperación por parte de los ciudadanos es mínima y, como consecuencia, hay un
bajo nivel de denuncia de delitos y no es posible tener una idea real de la dimensión
del problema. Se calcula que sólo se denuncian dos de cada diez delitos cometidos
(Ver gráfico 2.1, pág. 25)
31
Las consecuencias de la inseguridad van más allá de la erosión del estado de
derecho; conlleva pérdidas económicas y sociales por los daños incurridos por el acto
delictivo. Según el ICESI, la pérdida promedio por víctima en 2001 fue de 13 mil 245
pesos. Si se multiplica esta cifra por las víctimas probables tenemos un total de 49 mil
millones de pesos. Esta cifra es equivalente al 0.85 por ciento del Producto Interno
Bruto y 3.7 veces el presupuesto aprobado en el 2001 para Seguridad Pública.18
Algunos costos económicos que se generan con el crecimiento de los índices
delictivos son los siguientes:
• El impacto negativo en los negocios incluyendo la industria del turismo por las
pérdidas en materia de inversión y la generación de costos adicionales en las
empresas que restan competitividad a la planta productiva.
• Una sutil disminución del capital humano, debido a la pérdida de vidas
humanas por el delito de homicidio y posiblemente a la cantidad de personas
dedicadas a actividades ilícitas (Ver anexo 2).
• La desviación de recursos para el combate e la delincuencia que podrían ser
destinados a actividades sociales como salud, educación, deporte, etc.
• Generación de un círculo vicioso en el cual una alta tasa de criminalidad
desalienta la inversión, frena el crecimiento económico, profundiza el
desempleo e incrementa la pobreza y la desigualdad económica, lo que a su
vez general mas crimen y violencia.
Distribución del Gasto Público:
No podemos terminar este apartado sin hablar de cómo es designado y
repartido el presupuesto destinado para la seguridad Pública. Como ya lo
mencionamos se crea el Consejo Nacional de Seguridad Pública, como la instancia
superior de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualmente
dicho consejo esta integrado por:
• El Secretario de Seguridad Pública, quien lo preside
• Los Gobernadores de los estados
• El Secretario de la Defensa Nacional
• El Secretario de Marina
• El Secretario de Comunicaciones y Transportes
18 http://www.coparmex.org.mx
32
• El Procurador General de la República
• El Jefe de Gobierno del DF, y
• El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública19
En diciembre de 1998, el Congreso de la Unión aprobó reformas y adiciones a
la Ley de Coordinación Fiscal, creándose el Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública (FASP), para atender las acciones de profesionalización, equipamiento,
modernización tecnológica e infraestructura en materia de seguridad pública de las
entidades federativas y el Distrito Federal.
Hasta 1997, el presupuesto federal en seguridad pública era ejercido por la
Secretaría de Gobernación (SEGOB). En 1998, el ejercicio se ejecutó por la SEGOB
en conjunto con la PGR y la Secretaría de Marina (SECMAR). En los años de 1999 y
2000, este presupuesto se ejerció por las dependencias arriba citadas y la Secretaría
de la Defensa Nacional (SEDENA); así mismo, el FASP perteneciente al Ramo 33 del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) inició la asignación de los recursos
públicos. A partir del año 2001, se creó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP),
dependencia que concentró las funciones de seguridad pública que estaban en manos
de la SEGOB, como consecuencia, el presupuesto público federal se ejerce a partir de
ese año por cuatro ramos administrativos: la SSP, la SEDENA, la SECMAR y la PGR,
y un ramo general: el FASP que pertenece al ramo 33 del PEF.
19 Art. 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública
33
Tabla 2.2 Presupuesto público federal para la seguridad pública en México, 1994-2005.
(Miles de pesos)
El uso de los recursos del FASP se determinan en el artículo 45 de la Ley de
Coordi
la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e
SEGOB SSP FASP PGR SEDENA SECMAR Presupuesto Total
1994 SEGOB 275,741.00 - - - - - 275,741.001995 SEGOB 327,659.00 - - - - - 327,659.001996 SEGOB 423,797.00 - - - - - 423,797.001997 SEGOB 2,044,402.00 - - - - - 2,044,402.00
1998 SEGOB, PGR Y SECMAR 2,735,945.00
- -1,382,011.00
-121,086.60 4,239,043.10
1999SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,
SECMAR2,709,132.40
-4,715,000.00 1,376,587.90 1,400,000.00 90,000.00 10,290,720.00
2000SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,
SECMAR4,462,144.70
-5,213,900.00 1,451,587.60 400,000.00 250,000.00 11,777,632.00
2001SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
5,156,814.00 5,786,400.00 1,492,844.10 650,000.00 250,000.00 13,336,058.10
2002SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
6,388,988.30 3,210,000.00 224,440.20 1,429,174.70 250,000.00 11,502,603.20
2003SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
6,259,608.40 2,733,039.00 200,347.00 1,207,029.50 319,826.00 10,719,849.90
2004SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
6,462,687.40 2,500,000.00 250,000.00 1,140,667.00 267,562.10 10,620,916.50
2005SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
7,036,818.70 5,000,000.00 150,000.00 1,155,535.80 108,382.40 13,450,736.90
SEDENA= Secretaría de la Defensa Nacional
SECMAR= Secretaría de Marina
Seguridad Pública
SEGOB= Secretaría de Gobernación
SSP= Secretaría de Seguridad Pública
FASP= Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
PGR= Procuraduría General de la República
Dependencia responsable
del gastoAños
Fuente: División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados
nación Fiscal: “Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal reciban
dichas entidades se destinarán exclusivamente al reclutamiento, selección,
depuración, evaluación y formación de los recursos humanos vinculados con tareas de
seguridad pública; a complementar las dotaciones de: agentes del Ministerio Público,
los peritos, los policías judiciales o sus equivalentes de las Procuradurías de Justicia
de los Estados y del Distrito Federal, de los policías preventivos o de custodia de los
centros penitenciarios y de menores infractores; al equipamiento de las policías
judiciales o de sus equivalentes, de los peritos, de los ministerios públicos y de los
policías preventivos o de custodia de los centros penitenciarios y de menores
infractores; al establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e
informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; a
34
impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores,
sí como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de
2.3 El sistema de castigos y sanciones mexicano: Sistema Penitenciario.
ma de
eadaptación Social es parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública y es
nen como misión ejecutar y
dministrar las condenas y buscar la readaptación del reo, una obligación del Estado
mexica
culo 18 constitucional se establece el papel que debe
esempeñar el sistema penitenciario de nuestro país, éste debe de fungir como un
centro
de las
penitenciarías, los individuos procesados (aquellos que todavía no reciben sentencia)
y aque
a
capacitación; al seguimiento y evaluación de los programas señalados”20.
En esta esfera, el Poder Ejecutivo vuelve a asumir el mando. El Siste
R
administrado por la Secretaría de Seguridad Pública.
Existen una serie de instituciones que tie
a
no establecida en el artículo 18 de la Constitución. En México, las condenas
tienen como fin principal resarcir el daño y readaptar al infractor; sin embargo, hay muy
poca flexibilidad en cuanto al tipo de sanción. No hay una legislación que permita
“penas alternativas” como el trabajo comunitario, para infractores menores o
infractores primerizos.
Dentro del Artí
d
que garantice la readaptación del individuo para que después de haber
cumplido su castigo se integre a la sociedad como un ciudadano de provecho. El
Sistema mexicano considera que un individuo puede llegar a la cárcel de dos
maneras: la primera, cuando el juez dicta auto de formal prisión y la segunda, cuando
es hallado culpable por el proceso judicial y se le sentencia a encarcelamiento.
Del mismo modo se establece que deben estar separados, dentro
llos ya sentenciados. Poco de esto se cumple dentro de las cárceles mexicanas;
en México a junio de 2005 se cuenta con 455 centros penitenciarios de los cuales seis
son federales, 10 del Gobierno del Distrito Federal, 371 de gobiernos estatales y 68 de
gobiernos municipales. La capacidad conjunta de éstos centros de es de 158 mil 968
espacios. Con respecto al periodo correspondiente de junio de 2004 a junio de 2005, 20 http://www.diputados.gob.mx/leyinfo
35
la población penitenciaria del país aumentó 6.9 por ciento, mientras que los espacios
isponibles en los centros de reclusión crecieron tan sólo un 4.8 por ciento. A junio de
d
2005 la sobrepoblación de los centros alcanzó 44 mil 718 internos a nivel nacional, lo
que representó un incremento del 33 por ciento respecto a los 33 mil 630 registrados
en diciembre del año 2000 y de 15.2 por ciento con la registrada en junio de 200421.
Gráfico 2.2 Internos y espacios carcelarios en México 1995-2005
La superpoblación penitenciaria se genera por tres factores fundamentales: el
xceso en el empleo de la prisión preventiva y de la prisión como pena, el rezago
judicial
n lo posible la infraestructura
n el corto plazo y modificar numerosos aspectos de la administración de los
recluso
centros de readaptación social mexicanos se organizan según la
jurisdicción a la que están adscritos: el Centro Federal de Readaptación Social
(CEFERESO) es para aquellos condenados por haber cometido delitos federales; el
e
, y la insuficiencia de la capacidad instalada. Aunado al problema de la
sobrepoblación, se encuentra el estado de ocio en el que viven los reclusos dificulta el
proceso de reinserción productiva y social de los presos.
Por lo anterior, resulta imprescindible aumentar e
e
rios para que de esta forma se cumpla con las normas internacionalmente
aceptadas.
Los
21 Quinto Informe de Labores SSP
36
n
xisten centros psiquiátricos para inimputables, aquellos que según el juez no gozan
, los CERESOS de Tuxtla Gutiérrez y Villa Flores y
las cár eles distritales de Ocosingo, Chiapa de Corso y Copainalá; en el Distrito
Federa
apa 2.1 Índice de Población Penitenciario
Centro de Readaptación Social (CERESO), para aquellos condenados a delitos del
fuero común; los consejos tutelares de menores y las cárceles municipales. Tambié
e
del total de sus facultades y no son enviados a las cárceles comunes. Existen
divisiones de cárceles para mujeres; sin embargo, por el pequeño número de
delincuentes femeninos e inimputables no todas las jurisdicciones tienen cárceles
separadas para estos dos grupos.
Los centros que registran una mayor sobrepoblación son: en Baja California, el
CERESO de Ensenada; en Chiapas
c
l el Reclusorio Preventivo Femenil Oriente; en Guerrero, los CERESOS de
Zihuatanejo y Coyuca de Catalán; en Michoacán, el Centro Preventivo de los Reyes y
en Sonora el CERESO de Ciudad Obregón y la cárcel municipal de Magdalena de
Quino, en los que actualmente existe una sobrepoblación de más del 200 por ciento.
Esto, por citar algunos.
M
Fuente: Índice de Sobrepoblación Penitenciaria 2003. INEGI
En México, las legislaciones en materia penal clasifican los delitos en dos: del
fuero c o común son aquellos que afectan
directamente a las personas; es decir, el efecto del delito recae sólo en la persona que
es dañ
omún y del fuero federal. Los delitos del fuer
ada por la conducta del delincuente (robos, amenazas, fraudes, homicidio,
lesiones, etc), dichos ilícitos son perseguidos por los Ministerios Públicos de las 32
37
entidades federativas. Por otro lado, los delitos del fuero federal son aquellos que son
perseguidos por la Procuraduría General de la República; éstos delitos se relacionan
on el tráfico de drogas, de armas y en general, delitos contra la salud. Durante el
proporción en el Distrito Federal, en
Veracruz, en Jalisco, en Chihuahua y en Baja California durante el periodo que se
analiza
y las autoridades federales no pueden perseguir delitos del fuero común.
Esta división de competencias ha servido de pretexto para que los corporativos se
absten
total de mujeres
delincuentes se encontraba entre los 25 a 29 años de edad, mientras que para el 2003
el rang
c
2001 la cantidad de delitos del fuero común fue de casi 164 mil cifra que aumentó en
el 2003 a casi 175 mil mientras que del fuero federal los delitos fueron de casi 29 mil a
más de 32 mil respectivamente. (Ver Anexo 2).
Dentro del fuero común, el robo y las lesiones son los dos delitos que se
cometieron con mayor frecuencia y en mayor
, mientras que en el fuero federal, los delitos más cometidos son en materia de
narcóticos y los que se encuentran previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego.
Las ciudades con mayor índice de delitos del fuero federal son las fronterizas como:
Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y otras como Jalisco, Sinaloa, Distrito
Federal.
Las autoridades locales están legalmente impedidas para perseguir delitos
federales
gan de intervenir ante la comisión de un delito que no está en la esfera de su
competencia; no obstante, que al presentarse flagrancia delictiva, cualquier elemento
de las fuerzas de seguridad (local o federal) está obligado a actuar.
Otro dato que es considerado de gran importancia es la edad y el sexo de los
presuntos delincuentes. Durante el 2001 el 17.2 por ciento del
o de edades cambió y el 16.9 por ciento del total de la población de mujeres
delincuentes se encontraba entre los 30 y los 34 años de edad y el 16.5 por ciento
representa de los 25 a los 29 años. En el caso de la población masculina en
actividades ilícitas tanto en el 2001 como en el 2003 el 21 por ciento se encontraba
entre los 20 y 24 años22.
22 Estadísticas Judiciales en Materia Penal. Ed. 2004 y 2002. INEGI
38
2.4 Secuestros, crimen organizado y delitos de cuello blanco. El caso del secuestro es importante que se aborde como un tema aparte debido a la
magnitud que ha adquirido el problema dentro de los últimos años. El secuestro es un
delito que comúnmente aparece cuando los niveles de delincuencia rebasan a las
autoridades. En el caso de México, el fenómeno del secuestro, en cualquiera de sus
modalidades, ha adquirido verdadera relevancia debido a su aumento durante los
últimos años. El móvil de los secuestros es predominantemente económico; a
diferencia de Colombia donde la guerrilla juega un papel predominante en la comisión
de secuestros y cuyas razones responden principalmente a aquellas de índole política
(únicamente el 10 porciento de los secuestros tienen causas exclusivamente
económicas).
Tan sólo del 2001 al 2004 se denunciaron ante agencias del Ministerio Público
mil 714 casos de secuestros tradicionales y según la COPARMEX, durante 2003 se
cometieron más de 600 secuestros, de los cuales se denunciaron poco más de la
mitad: 336. Se estima que en este delito, México ocupa el segundo sitio a nivel
mundial, sólo por debajo de Colombia, (aunque hay versiones que indican que México
es ya el primer lugar,23 ) le siguen países como: Rusia, Brasil, Nigeria, Filipinas, India,
Ecuador, Venezuela y Sudáfrica.
Algunos datos estadísticos en materia de secuestros, basados en la Encuesta
Internacional sobre Criminalidad y Victimización (ENICRIV) reflejan que: en los últimos
cinco años en ocho de cada mil viviendas en México se encontró una víctima de
secuestro, lo cual representa, sin duda, una incidencia muy alta, considerando que en
la mayoría de los países el delito es casi inexistente.
La tecnología que se requiere para llevar a cabo un secuestro garantiza
efectividad, ya que se emplean los más importantes avances tecnológicos como:
operativos de inteligencia, aparatos de telecomunicación especializados, telefonía
móvil, etc. La tecnología al servicio de la delincuencia organizada rebasa la
infraestructura tecnológica usada por las instituciones de seguridad, aún cuando se ha
avanzado al respecto.
23 Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad. ICESI
39
obo, para conseguir
inero rápido de la víctima o de sus familiares (cantidad que puede ir desde los tres mil
a víctima y no requieren de estrategias de inteligencia sofisticada, como
se hace en el secuestro normal.
En cuanto a “la industria del secuestro exprés” o rapto con r
d
y en ocasiones hasta menos). es una modalidad cada vez más frecuente en nuestro
país y aunque algunos tienden a referirlo como retención, sin duda representa también
la privación ilegal de la libertad de una persona, aunque sólo sea por unas horas; los
delincuentes que suelen secuestrar en esta modalidad son personas de estratos socio-
económico bajos, entre los 16 a los 25 años; son jóvenes pertenecientes a la
delincuencia común (no organizada) y operan en grupos de dos y tres personas con
un "líder" en la ejecución del delito. Son robos mediante los cuales los delincuentes
utilizan a sus víctimas para sacar dinero de los cajeros automáticos bancarios, o bien
roban sus vehículos y algunas otras pertenencias; se hace uso de la violencia para
amedrentar a l
Por otra parte existen también los secuestros virtuales, es decir aquellos que
en realidad no existen, pero en los cuales los delincuentes aprovechan la ausencia de
una persona para extorsionar a sus familiares y obtener algún beneficio económico en
un breve lapso de tiempo. En general este tipo de delito es cometido por personas
cercanas a la víctima que conocen sus movimientos.
En la siguiente tabla presentamos el número de secuestros denunciados y no
denunciados durante el 2002 según la COPARMEX (Tabla 2.3). En la tabla podemos
ver que el Distrito Federal, el Estado de México, Guerrero y Chihuahua son los
estados que presentaron un alto índice de secuestros durante este año.
40
Fuente: h
Tabla 2.3 Secuestros denunciados y no denunciados por ciudad 2002
ttp://www.coparmex.org.mx
El análisis del secuestro en la frontera también ha tomado un papel importante,
ya que ahí es donde se localizan importantes círculos de mafia y que se presume
pueden estar ligados con los secuestros. En la tabla 2.4 apreciamos que en las
ciudades fronterizas de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, se concentran gran
cantida
Fuente: Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos AC.
d de secuestros, 79 en total.
Tabla 2.4 Secuestros en ciudades fronterizas 2002 y 2003.
ENTIDAD DENUNCIADOS No. DENUNCIADOS TOTAL ENTIDAD DENUNCIADOS No.
DENUNCIADOS TOTA
Distrito Federal 160 70 230 Oaxaca 5 3 8
Guerrero 13 26 39 Puebla 5 2 7Chihuahua 7 17 24 Querétaro 1 6 7Michoacán 5 14 19 Guanajuato 4 2 6Sinaloa 7 11 18 Nayarit 4 3 5Morelos 7 9 16 Tabasco 2 1 3Baja California 6 7 13 S.L.P. 1 1 2Hidalgo 6 7 13 Zacatecas 0 2 2Jalisco 8 5 13 Aguascalientes 1 0 1Tlaxcala 3 10 13 Campeche 0 1 1Veracruz 6 7 13 Coahuila 1 0 1
Tamaulipas 3 7 10 Nuevo León 0 0 0
Colima 5 3
L
México 74 69 143 Durango 3 4 7
Sonora 4 7 11 Baja California Sur 0 0 0
Chiapas 6 3 9 Quintana Roo 0 0 08 Yucatán 0 0 0
TOTALES 345 297 642
CIUDAD SECUESTROS 2002
CIUDAD SECUESTROS 2003
Nuevo Laredo 41 Nuevo Laredo 125Reynosa 16 Reynosa 37Matamoros 22 Matamoros 32Valle Hermoso 3 Valle Hermoso 4Río Bravo 4 Río Bravo 4Díaz Ordaz 2 Díaz Ordaz 2Camargo 2 Camargo 1M. Alemán 3 M. Alemán 6Mier 0 Mier 1Nuevo Guerrero 0 Nuevo Guerrero 3
41
En
rganizaciones se dedicaban predominantemente al cultivo de marihuana y opio,
después lograron conquistar un lugar predominante en la cocaína por la
os delitos de cuello blanco son aquellos que comete una persona que no
ino que; aprovechándose de su condición socioeconómica
defrauda a terceros para su propio bienestar. El delincuente de Cuello Blanco es aquel
que vis
En América Latina, las sentencias y los procesos judiciales contra estas
personas también están a la luz del día ejemplo, grandes fraudes como el
FOBAPROA, en 1990 fueron perpetrados24. En América Latina estos delitos se
hicieron presentes a partir del arranque neoliberal a inicios de los 80s, especialmente
con el proce
cuanto al crimen organizado como el narcotráfico, en México, las
o
intermediación ante Estados Unidos con su proveedor principal Colombia. Para el
inicio de los años 90´s los intermediarios decidieron ser productores y así se inicia la
creación de los famosos cárteles, en Tijuana, Ciudad Juárez y a lo largo de la parte
nororiental del Golfo de México. Estos carteles se caracterizan por su constante
rivalidad y control de la droga en el país. Es evidente que en México existen grandes
incentivos financieros para la protección y conservación de sus negocios ante las
autoridades de nuestro país. Hablando de corrupción en órganos de gobierno; sin
embargo nuestro trabajo pretende integrarse ante un modelo de decisión individual sin
la actuación de corrupciones y de cárteles. Este tipo de crimen debe ser tomado en
cuenta para una investigación aparte y para fines de crítica y de estudio especifico.
L
necesariamente es pobre s
te siempre apropiado, tiene buena presencia y que sus delitos son difícilmente
investigados o encontrados. Con este tipo de delincuentes no se garantiza la
efectividad de la ley, incluso por la influencia que tiene.
so de privatizaciones. En México, se empezaron con el gobierno de Miguel
de la Madrid y siguió con el sexenio de Carlos Salinas. Muchos empresarios
compraron bienes nacionales prácticamente a precios regalados. Carlos Slim adquirió
Telmex; Carlos Cabal Peniche se apoderó de Bancrecer; Gerardo de Provosin de
rio de Protección al Ahorro (Fobaproa). Con el antecedente de sucesivas crisis económicas que, entre
otros efectos, llevaba a la falta de liquidez del sistema bancario, y tras el anuncio de la desincorporación de las
instituciones de crédito, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari instituye el Fobaproa, un fondo de contingencia para
problemas financieros extraordinarios. Ante posibles crisis económicas que propiciaran la insolvencia de los
24 Fondo Banca
enfrentar
bancos por el incumplimiento de los deudores con la banca y el retiro masivo de depósitos, el Fobaproa serviría para
asumir las carteras vencidas y capitalizar a las instituciones financieras
42
Aeromexico, entre otros. Algunos se hicieron millonarios de la noche a la mañana. La
revista Forbes registró a 21 mexicanos entre los billonarios del mundo durante el
periodo
Así, los delitos de cuello blanco se suscitan a partir del debilitamiento del
aparato estatal. La apertura de mercado es importante para la creación de trabajos y el
desarrollo económico sustentable de un país, pero también es necesario controlarla
para disuadir a empresarios inescrupulosos. El Estado tiene que tomar parte en las
medidas correctivas de la economía.
de Salinas.
43
CAPÍTULO 3. Un modelo microeconómico de actividad criminal y su control
44
3.1 Introducción.
El crimen es considerado como una actividad de la que se pueden obtener costos y
beneficios, los cuales se encuentran condicionados por las decisiones de la sociedad
en cuanto a los recursos que se destinan a desincentivarlo mediante diversas leyes,
los castigos, los gobernantes, el poder judicial, etc. Dicha consideración fue percibida
hace tiempo por economistas cuyo propósito principal era contribuir a la comprensión
de las causas que orillaban a las personas a cometer actos ilícitos.
El modelo que presentamos tiene sus raíces en el análisis hecho en 1968 por
el economista inglés Gary S. Becker, premio nobel de economía por el empleo de
modelos microeconómicos para explicar la conducta delictiva. Becker logró interpretar
el proceso racional que sigue un individuo que decide cometer un delito considerando
sus propias preferencias y las variables del entorno que lo rodea. Estas variables
tienen que ver con las leyes y las decision política criminal que adopta el Estado
y que constituyen el entorno donde el individuo se desarrolla. Con su enfoque, Becker
logró integrar una amplia gama de comportamientos: planteaba los costos sociales y
económicos que traía consigo la conducta de criminalidad.
Becker mencionaba que debido a la gran expansión legislativa que los países
occidentales han experimentando desde principios de siglo, el Estado ya no sólo se
dedica a proteger contra las violaciones a personas a propiedades, sino que también
restringe la discriminación contra algunas minorías, confabulaciones entre negocios,
negligencia en asuntos de tránsito, viajes, etc. Es aquí en dónde Becker centra su
tema de estudio. A pesar de la diversidad de las legislaciones, casi todas comparten
características comunes que en última instancia tienen su raíz en los pensamientos de
los grandes filósofos griegos.
En primer lugar, comienza con el supuesto de que no existe una completa
obediencia a la ley y que generalmente se gastan recursos públicos y privados con el
fin de prevenir daños y aprehender a los agresores. En segundo lugar, las condenas,
regularmente no son consideradas como un castigo suficiente por sí mismas, ya que la
probabilidad de que un agresor sea descubierto y condenado, así como la naturaleza y
extensión del castigo, varía de persona a persona y de la actividad.
es de
45
la racionalidad del individuo implicada en la elección de cometer
ctos criminales debido a la elección de las recompensas obtenidas al dedicarse al
uente: Elaboración propia
tar mediante un juego donde intervienen dos jugadores:
n agente representa al Estado y el otro al que comete la actividad criminal. El juego
tiene d
rno y sus propias
preferencias. Este nivel constituye una especie de “oferta de crimen”.
Se parte de
a
crimen, tomando en cuenta la probabilidad de aprehensión, convicción y severidad del
castigo (recordar capítulo1) comparadas con las que pudieran ser producto de un
trabajo que sea considerado honesto y legal (ver figura 3.1).
Figura 3.1
F
El trabajo inicial de Becker (1968) aunque innovador, resulta un tanto oscuro.
Hemos preferido modelar la situación como un juego no cooperativo secuencial
basándonos en Estrada /2004) Podemos describir el modelo como sigue.
3.2 Un modelo de actividad criminal y su control.
El modelo se puede represen
u
os etapas. En la primera, el Estado decide sobre la probabilidad de procesar a alguien, que sea sorprendido cometiendo un delito, y sobre el tamaño de la pena o castigo que se le impone. Suponemos que el estado tiene el poder y dispone de los
medios para controlar y decidir la magnitud de estas variables. En la segunda etapa
del juego, el jugador, una vez observadas las variables que el estado le pone en su
entorno, decide sobre su nivel de actividad criminal dado el ento
Trabajo
Individuo
Crimen Elección
Ganancia Criminal
Probabilidad de aprehensiónSalario y ,Castigos
46
Estamos suponiendo agentes racionales que maximizan sus funciones objetivo,
que explicamos más adelante. Tienen preferencias fijas, acumulan y procesan la
información disponible en los mercados. La decisión de cometer actividad criminal se
hace en un contexto de incertidumbre. El criminal no sabe con certeza si lo van a
sorprender y por tanto castigar, o si puede cometer el acto ilícito, recibir los beneficios
el mismo y no ser castigado. Debido a ello, decide su nivel de actividad criminal
optimizando una función de utilidad esperada en el sentido de Von Newman -
Morgenstern.
Los individ
porcentaje de tiempo dedicado a las actividades legales y tc= Tc/T el porcentaje de
actividad criminal, se tiene:
l c
ada una de las actividades es valorada en el mercado con salarios distintos, wl y wc,
ad de actividad legal o criminal
spectivamente. De este modo wltl es el ingreso obtenido por las actividades legales y
c c
s finales que se
d
3.2.1 Decisión del nivel de actividad criminal.
uos disponen del recurso tiempo en cantidad limitada, T, un agente
representativo tiene que repartir su tiempo en dos actividades: tiempo destinado a
actividades legales (Tl) y tiempo destinado a cometer actividad criminal (Tc).
de simplificar el modelo podemos suponer que T=1 y hablar de los porcentajes de
tiempo dedicado a cada un des, ello equivale a introducir una
normalización que no le resta ninguna generalidad al modelo. Así pues, si tl= Tl/T es el
Con el fin
a de las activida
tiempo dedicado a la
1= t + t
C
que corresponden al ingreso obtenido por una unid
re
w t es el ingreso obtenido por las actividades ilegales.
La utilidad del agente se representa mediante una función U(X) que depende
de la cantidad de bienes consumidos, X, la cual es una variable que depende
directamente del ingreso obtenido por el agente. Este ingreso es aleatorio porque
depende de la probabilidad, p, de que el individuo sea aprehendido y castigado con
una multa F cuando comete actividad criminal. Esto ocasiona que tanto el nivel de
consumo como la utilidad sean variables aleatorias y se tenga que resolver el modelo
usando la teoría de la utilidad esperada. Tenemos dos posibles estado
47
traducen en los dos posibles niveles de consumo final. El consumo final cuando el
individu
Xb = X(wctc+ wltl) (consumo sin castigo)
Así pues, el individuo representativo elige los niveles de actividades, lícitas e
wctc+ wltl = wctc+ wl(1-tc) = (wc-wl)tc+wl
o es sorprendido cometiendo delito es:
Xa = X(wctc+ wltl - F) (consumo con castigo)
Notamos que en este caso el ingreso disponible será el obtenido en los dos
tipos de actividades menos el castigo F impuesto por el estado. El consumo final
cuando el individuo no es sorprendido cometiendo la actividad criminal es:
ilícitas, atendiendo la restricción de tiempo y de modo que se maximice su utilidad
esperada:
Max EU(X) = pU(Xa) + (1-p) U(Xb)
tc,tl
s.a. tc+tl=1
Si recordamos que tl=1-tc, podemos sustituir los valores de los consumos
respectivos notando que
El problema se reduce a una optimización en la variable tc y se puede rescribir
como:
Max EU(X) = pU(X ((wc-wl)tc+wl-F)) + (1-p) U(X ((wc-wl)tc+wl))
tc
La condición de primer orden nos dice que:
pU´(Xa)X´((wc-wl)tc+wl-F)( wc-wl) + (1-p) U´(Xb)X´((wc-wl)tc+wl)( wc-wl) = 0
A partir de lo anterior podemos aplicar el teorema de la función implícita y
obtener tc como una función, O, de la diferencia salarial wc-wl, de la probabilidad de
castigo p y del tamaño del castigo F:
48
tc = O(wc-wl,F,p)
Bajo las hipó l ver que el tiempo
edicado a la actividad criminal depende positivamente del diferencial de salarios, y
que de
Notemos que F y p son variables ligadas directamente con la política de control
del crimen que esta ién en el valor que
etermine el mercado para la diferencia salarial.
La política de con ltima instancia. Gary S.
Becker describe varios aspectos a considerar para el cálculo de los daños y costos
detrás de los costos de crímenes nas, contra propiedades, bienes y
ervicios,; así como el gasto público en policía, arrestos, condenas; el gasto privado en
protecc
variables de control de la política criminal: la probabilidad de ser castigado (p) y el
tamaño de la pena (F). Otras variables relevant aparecen en el modelo
ero son consideradas exógenas. La función objetivo del estado consiste en minimizar
las pé
p y F que le minimicen su objetivo social una vez que incorpora la información
sobre el niv ciendo los
controles p y F. En lo que sigue denotaremos el nivel de actividad criminal tc
implemente con la función, O, obtenida arriba para la oferta de crimen
tc ≡ O = O (wc-wl,F,p)
ontrol del estado (p,F) y de variables exógenas
omo la diferencia salarial y otras a las que denotaremos más adelante con la variable
tesis estándar sobre las preferencias no es difíci
d
pende negativamente tanto del tamaño del castigo como de la probabilidad de
ser aprehendido al cometer el crimen.
blezca el estado. Esta política influye tamb
d
3.2.2 Decisión de la política de control del crimen
trol criminal la decide el estado en ú
contra perso
s
ión y aprehensión, etc. Para simplificar el análisis consideramos en este
modelo solo dos
es se omiten o
p
rdidas sociales ocasionadas por la actividad delictiva. Así pues, el gobierno
decide
el de actividad delictiva tc que generan los criminales cono
s
La función objetivo del gobierno, la minimización del costo social de la
criminalidad, depende esencialmente del nivel de actividad delictiva, O, el cual a su
vez es función de las variables de c
c
49
u.. El objetivo del estado se repr elo mediante una suma de tres
nciones que involucran los siguientes aspectos:
os.
pFO(p,F,u)
to.
onde Hi, representa el daño por la i-ésima actividad criminal y Oi es el nivel de
actividad de la i-ésima actividad criminal. Es natural suponer que estas funciones son
das crecientes. Para simplificar el modelo supondremos solamente una función de
año social que podemos pensar como un costo promedio del daño social para una
activida
esenta en el mod
fu
(a) Daño Neto Social.
(b) Costo del combate a la delincuencia.
(c) Costo de las sanciones y castig
Estos tres componentes corresponden a los tres sumandos de la función
objetivo del estado. El planteamiento formal del problema del gobierno es decidir p y F
que resuelvan el problema:
Min L = D(O(p,F,u)) + C(O(p,F,u)) + b
p,F
El orden de los tres sumandos se corresponde con los aspectos (a)-(b)-(c), las
funciones involucradas y sus propiedades se discuten a continuación.
(a) Daño social ne
El daño social consiste en las pérdidas que tiene la sociedad como
consecuencia de todas las actividades criminales. Es claro que este daño tenderá a
incrementarse con el aumento del nivel de actividad de cualquiera de los actos
criminales. Tenemos entonces una serie de funciones que representan los daños en
función del nivel de actividad criminal de las distintas actividades delictivas:
Hi = Hi (Oi)
d
to
d
d promedio:
H = H(O)
50
> 0.
1. Nivel de Actividad Delictiva y Daño social
Por otro lado, el valor social de las anancias de los agresores aparentemente
también tiende a crecer con el número de agravios. Tenemos entonces una función G
ue depende del nivel de actividad delictiva y que representa las ganancias de los
agreso
Becker supone que esta función es creciente y cóncava por lo que G(0)=0, G´ >
G = G(O)
nancia de los agresores y se expresa como:
D(O) (O)
Becker supone, razonablemente, que esta función H parte del origen y que es
creciente y convexa, es decir, H(0)=0, H´ > 0 y H´´
Gráfica 3.
g
q
res.
0 y G´´ < 0
Gráfica 3.2. Nivel de Actividad Delictiva y Ganancia del delincuente.
Por consiguiente el daño social neto es el resultado de la diferencia entre el
daño causado y la ga
= H(O) – G
XActividad Delictiva
YDaño Social
XActividad Delictiva
YDaño Social
XActividad Delictiva
YDaño Social
XActividad Delictiva
YDaño Social
51
En la medida en que el nivel de actividad criminal vaya aumentando, los
agresores normalmente recibirán ganancias marginales decrecientes y causarán
años marginales crecientes por agravios adicionales. Así pues, las hipótesis sobre H
y G implican que
El valor de
componentes importantes del daño n ad, pero no son idénticos
a éste. Por ejemplo, el en los ingresos
de las víctimas y exclu sociedad atribuye a la vida
misma; lo an
neto de
ary S. Becker afirma que entre más sea el gasto en policía, personal de la corte y
equipo
idad judicial se denotará con A y será una función que depende de varios
factores que involucran recursos h materiales. Estamos hablando de
olicías, agentes del ministerio público, abogados, patrullas, laboratorios con equipo
especializa pendería
positivamente de este nivel de actividad judicial.
Entre meno dos y jurados, y si
contamos con la existencia de tecn (huellas digitales, teléfonos
intervenidos, controlado de mentiras), así como las
actuales form es, será más barato alcanzar cualquier
nivel de actividad determinado.
d” es el número de
gravios resueltos por condena, la cual esta representada como sigue:
A ≡ pO
d
:
D” = H” – G” > 0
los recursos consumidos en la ejecución de varios crímenes, son
eto causado a la socied
costo de un asesinato se mide por las pérdidas
ye, entre otras cosas, el valor que la
terior nos habla de que el costo estimado del crimen subestima el costo
los daños de la sociedad.
(b) Costo del combate a la delincuencia.
G
especializado, más fácil será descubrir delitos y condenar a los agresores. El
nivel de activ
umanos y
p
do, teléfonos, etc. El costo del combate a la delincuencia de
C = C(A) con C´(A) > 0
r sea el costo de los policías, jueces, aboga
ología más desarrollada
res computarizados y detectores
as de operar de las organizacion
Una aproximación a una medida empírica de la “activida
a
52
actividad judicial respecto p o respecto O serían idénticas y esto no
sulta muy adecuado. Tampoco resulta muy convincente que el nivel de actividad
judicial dependa solo de las conde cker decide introducir un enfoque
ás complejo y realista. Para ello, podemos introducir una forma funcional más
genera
la actividad judicial sea creciente en éstas mismas
ariables. Un incremento en la probabilidad de condena o en el número de agravios,
os entonces que la función de costos de la
ctividad judicial será:
p,F,a))
En la siguiente tabla 3 del costo usando el ejemplo
portado por Gary Becker, se indica el gasto público en policía en 1965 en Estados Unidos
Donde p, representa la proporción de agravios resueltos por condenas del total
de agravios. Esta p es pues, como ya sabemos, la probabilidad de castigo enfrentada
al cometer un delito. Si manejamos esta forma funcional para A resultará que las
elasticidades de la
re
nas logradas. Be
m
l:
A = h(p,O,a)
a representa los arrestos y otros determinantes de la actividad judicial. Parece
bastante claro suponer que h es creciente en todas sus variables, ello ocasiona que
también que la función de costo de
v
incrementaría los costos totales. Tenem
a
C = C(A) = C(h(p,O,a))
Para simplificar las condiciones de primer orden que ponemos abajo
supondremos más específicamente que
C(h(p,O,a)) = C(O(
.1 ilustramos el cálculo
re
.
53
Tabla 3.1 Costo económico del crimen
Tipo Costo (millones de dólares)
Crímenes contra personas 815
Crímenes contra propiedad 3,932
Bienes y servicios ilegales 8,075
Otros crímenes 2,036
SUBTOTAL 14,858
Gasto público en policía, juicios y juzgad 3,178 os
Correctivos 1,034
Algunos costos privados de combate al crimen 1,910
TOTAL 20,980
En policía y tribunales sumó más de tres mil millones de dólares, una cantidad
nada despreciable. Para cada uno de los siete principales delitos se sacó un gasto
promedio de casi quinientos dólares por delito (denunciado) y cerca de dos mil
porpersona arrestada, con casi mil dólares gastados por asesinato, por lo tanto el
gpromedio estimado es de quinientos. El costo marginal sería al menos de quinientos.
(c) Costo de las sanciones y castigos.
El género humano inventó una variedad de ingeniosos castigos para aplicarlos a los
delincuentes sentenciados, entre ellos: muerte, tortura, estigmas, multas,
encarcelamiento, destierro, restricciones a la libertad de movimiento u ocupación y
pérdida de la ciudadanía. Pero para poder comparar el costo de los diferentes castigos
para un delincuente, es necesario convertirlos en su equivalente monetario o valor de
uso, el cual se mide directamente sólo por las multas.
Como ejemplo mencionamos el costo de ser encarcelado como la suma
descontada de las ganancias perdidas y el valor depositado en las restricciones al
consumo y a la libertad. Por otro lado, el valor depositado en el encarcelamiento varían
de persona a persona, incluso el costo de una sentencia a prisión de una duración
determinada no es una cantidad única, pero si será la más alta para delincuentes que
pudieran ganar mas fuera de prisión.
54
El castigo no sólo afecta a los delincuentes, sino también a otros miembros de
iedad ya que requiere de gastos en guardias, ficios,
comida, etc. El costo social de los castigos es el costo para los delincuentes más el
ia de otros; por ejemplo, las multas prod na ganancia
l costo para los delincuentes.
Para simplificar vamos a introducir un parámetro constan ositivo, que
n coeficiente que transforma el castigo F impuesto al delincuente en el
s por bF . El tamaño de b ntre distintos
astigos: b ≡ 0 para multas, mientras que b>1 pa ura, libertad
arcelamiento y mucho os castigos,
especialmente es grande para los jóvenes que se encuentran en los centros de
rehabilitación o adultos en prisión, y es cercano a la unidad para los adultos que están
en libertad bajo palabra. El término bF representa el costo social por delito cometido y
castigado, el costo social total por todos los delitos cometidos que son castigados se
representa con el término CSS, costo social de las sanciones, que se determina como:
CSS = bFpO
Una vez que hemos construido las tres componentes de la función objetivo del
gobierno finalizamos la sección planteando las condiciones de primer orden del
problema de minimización descrito arriba:
L = D´O + C´O + bFpO + bpO = 0
L = D´O + C´O + bFpO + bFO = 0
En este sistema de ecuaciones aparecen las derivadas parciales de la función
O respecto de las variables p y F en la notación estándar. Este par de ecuaciones,
junto con la ecuación de la condición de primer orden del problema del criminal,
determinan los valores óptimos, O (p , F ,..), p y F , que el modelo asigna a la
intensidad de la criminalidad, la probabilidad de castigo cuando se comete delito y el
monto del castigo o pena, respectivamente.
La intención de este trabajo es verificar empíricamente el comportamiento de O
respecto de las variables del modelo y respecto de otras relacionadas con ella desde
el punto de vista de la teoría descrita hasta aquí.
la soc personal de supervisión, edi
costo o menos la gananc ucen u
para otros que igualará e
te, b, p
representa u
costo social del castigo al que denotamo varía e
tipos de c ra tort
condicional, libertad bajo palabra, enc s otr
F F F F
P P P P
* * * * *
55
Capítulo 4. Resultados
56
En el siguiente capítulo se muestran los resultados obtenidos de este trabajo y con
ase en cifras oficiales, se muestran diversas gráficas con indicadores que hemos
onsiderado de gran importancia para llegar a la conclusión del problema y a la
omprobación de nuestras hipótesis planteadas desde el inicio.
Empezaremos por presentar aquellas gráficas cuyos factores afectan de
anera directa a los niveles de Incidencia Delictiva (PIB, desempleo, salarios, etc) y
nalizaremos presentando la evolución de la incidencia a lo largo de diferentes
eriodos de tiempo.
b
c
c
m
fi
p
57
4.1. Factores de la Incidencia Delictiva.
4.1.1. Población e Incidencia Delictiva
La concentración de la población en las ciudades genera un aumento del índice
delictiv
ederal y su índice delictivo coincide con ser de los mas altos de
da la república.
Una de las consecuencias de dicha concentración se presenta en el empleo, ya
que la oferta de empleo no logra dar abasto a tanta demanda y por consiguiente se
recurre a otros medios para hacerse llegar de recursos. El coeficiente de correlación
fue de 0.899208648
Grafico 4.1.1. Relación Incidencia Delictiva y Población
Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
datos del INEGI
o, mediante el gráfico 4.1.1., el cual presenta la relación de incidencia y
población de los 32 estados de la república y se comprueba lo anterior, en ella
podemos observar que los estados que concentran más población son el Estado de
México y el Distrito F
to
-
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000
Población
Inci
denc
ia
Incidencia Vs Población
58
4.1.2. Desempleo e Incidencia Delictiva
n la misma línea se presenta la siguiente gráfica tomando en cuenta a los 32 estados
fico 4.3.2. Relación Incidencia Delictiva y Desempleo
E
y su índice de delincuencia, el resultado es que a mayor nivel de desempleo mayor
serán los índices delictivos debido a que las personas optan por delinquir para hacerse
llegar de recursos, esto se presenta de manera general. El coeficiente de correlación
es 0.95232307
Grá
250,000
300,000
incidencia vs desempleo
a
denc
Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
datos del INEGI
0
50,000
100,000
0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000
Desempleo
150,000
200,000
Inci
i
59
4.1.3. Recursos e Incidencia Delictiva
A continuación mostramos la relación entre recursos asignados del FASP (Fondo de
Con lo anterior concluimos que no existe un patrón regular para la asignación de
recursos y que la falta de eficiencia en los programas que hasta la fecha se han
Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
datos del INEGI
Aportaciones en Seguridad Pública) y los niveles de Incidencia Delictiva. Según los
resultados la asignación de recursos es irregular ya que a algunos estados que
presentan mayor incidencia delictiva no se les destina mas recurso como a aquellos
que presentan menor incidencia.
llevado a cabo se debe a la mala asignación de recursos y en parte a que no existe un
seguimiento adecuado de los mismos por parte de las autoridades competentes en el
tema. El coeficiente de correlación es de 0.840350467
Gráfico 4.1.3. Relación Incidencia Delictiva y Aportaciones del FASP
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
Inci
denc
ia
Incidencia vs aportaciones
500
-
,000.00
1,000,000.00
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 350.0
Aportaciones Millones de pesos
60
4.1.4. PIB (Producto Interno Bruto) e Incidencia Delictiva
n zonas urbanas y altamente productivas se genera
ue mayor delincuencia. El coeficiente de correlación es de 0.7852341
En la siguiente gráfica presentamos la relación existente entre el Producto Interno
Bruto (PIB) de los 32 estados de la república y su incidencia. Los resultados que nos
arroja la gráfica es que en los estados donde se presenta mayor índice delictivo
también se presenta el más alto PIB. Con lo anterior concluimos que a consecuencia
de la concentración poblacional e
q
Gráfico 4.1.4. Relación Incidencia Delictiva y PIB
3,000,000.00
Incidencia vs PIB por Estado
2,
2,
Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
atos del INEGI
-
500,000.00
1,000,000.00
0.0 500,000.0 1,000,000.0 1,500,000.0 2,000,000.0 2,500,000.0
PIB por Estado
1,500,000.00
000,000.00
500,000.00
Inci
denc
ia
d
61
4.1.5. Salario e Incidencia Delictiva
En el siguiente gráfico podemos apreciar que aunque existen ciudades que pertenecen
a las zonas con salarios mas altos la incidencia no es tan alta como principalmente en
un estados de la república cuyo nivel de salario se encuentra entre los mas bajos y su
incidencia delictiva es la mas alta de los 32 estados. Lo anterior nos lleva a concluir
que otro de los factores determinantes para combatir en parte con el problema de
inseguridad y de delincuencia esta en la creación de empleos dignos y bien
remunerados para la población. El coeficiente de correlación es de 0.436409278
Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
datos del INEGI
Gráfico 4.1.5. Relación Incidencia Delictiva y Salario
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
Inci
denc
ia
Incidencia Vs Salario
-
500,000.00
46 46.5 47 47.5 48 48.5 49 49.5 50 50.5 51 51.5
Sueldo minimo por area geográfica
62
4.2 An
onsiderando las 32 entidades federativas y empleando los datos considerados de la
IInncciiddeenncciiaa ddeelliiccttiivvaa == 33771100886600 ttaassaa ddeesseemmpplleeoo ++ ..1144553333 ppoobbllaacciióónn –– 99994422..2244 ssaallaarriiooss
álisis Estadístico de los factores C
matriz (anexo no. 7), se corrieron regresiones múltiples considerando la incidencia
como la variable dependiente, y a las variables de población, tasa de desempleo,
salario, PIB y aportaciones en Seguridad Pública, como variables independientes. De
los resultados obtenidos de la regresión se tuvo que descartar el PIB y las
aportaciones por no ser estadísticamente significativas en la regresión lineal múltiple.
Elegimos finalmente el modelo.
Lo anterio en la tasa de
4.2 Tabla de Análisis de factores
r significa que por ejemplo, ante un aumento
desempleo, en promedio, la incidencia delictiva aumentaría más que el promedio
estatal que es de 358508.
Los factores que representan una tendencia positiva en el análisis de este
trabajo son la población que como ya se menciono con anterioridad, a medida que la
población aumenta su tasa de delincuenc mbién crece. También tenemos el caso
negativo del salario ya que en éste se concentra un incremento gradual en las zonas
donde se presenta un salario bajo.
Así pues, los resultados nos señalan la importancia de mantener una tasa de
desempleo, ya que debido a la gran elasticidad que presenta la incidencia delictiva con
respecto a este factor, cualquier aumento en la tasa de desempleo genera un
cremento considerable de la delincuencia.
ia ta
in
Factores de la
Incidencia Delictiva.
PIB Población Salario Aportación Seguridad Pública
Tasa de Desempleo
Incidencia Delictiva Irregular Positiva Negativa Irregular Positiva
Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
datos del INEGI. Resultados de regresión utilizando el programa EVIEWS (Econometric VIEWS).
63
4.3. Evolución temporal de la Incidencia Delictiva.
se cometieron 10 millones 853 mil 885 delitos en todo
l país y finalmente en el 2005 se cometieron un total de 12 millones 031 mil 003
de 2
illones de delitos por año, por lo tanto se puede estimar que para el 2006 también
habrá u
Gráfico 4.3.1. Tendencia de Incidencia Delictiva en territorio nacional.
2000-2005.
uente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
tos del INEGI
Nuestro siguiente paso se basa en el análisis de la Incidencia Delictiva dentro del
periodo que comprende los años 2000-2005. Se analiza la tendencia a nivel nacional y
per capita, así como los estados con mayor índice de delincuencia.
En primer lugar presentamos el gráfico 4.3.1. el cual nos muestra que la
incidencia de delitos cometidos en el territorio nacional ha ido en aumento en los
últimos 5 años, durante el 2000
e
litos. La tendencia al incremento de delitos ha sido constante, de cerca de
m
n incremento en la comisión de delitos.
F
da
Delitos cometidos (incidencia) en el territorio nacional
118000001200000012200000
1020000010400000
108000001100000011200000
2000 2001 20
Valo
10600000
1140000011600000
02 2003 2004 2005
Periodo
res
64
En este caso, grafica 4.3.2, también presentamos la evolución de la incidencia
n el mismo periodo, a diferencia de que en la siguiente gráfica presentamos la
se registraron dos
ecrementos solo se registraron dos decrementos en los años 2002 y 2003 los cuales
no fuer
Gráfico 4.3.2. Tendencia de Incidencia Delictiva per. cápita en territorio nacional.
.
uente: Ela a
datos del INEGI
e
incidencia per capita, en donde nos muestra que a nivel nacional se han incrementado
los índices ha incrementado en los últimos cinco años, registrando su mayor alza en
el periodo que comprende los años del 2004 y 2005, únicamente
d
on significativos ya que no se logró seguir con esta tendencia de diminuí dichos
niveles.
2000-2005
2000-2005Incidencia Per capita N
boración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base
0.108
0.109
0.110.111
0.112
0.113
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Periodos
Inci
denc
ia P
er
F
ivel Nacional
0.116
0.117
ca
0.1140.115
apit
65
En la siguiente gráfica 4.3.3. se aprecia a los 5 estados que con el porcentaje
de incidencia delictiva más altos de la república, entre ellos se encuentran: el Estado
de México, el Distrito Federal, Jalisco, Puebla y Baja California. Durante el periodo de
análisis que comprende de 2000 al 2005, la tendencia se mantiene estable excepto
durante el periodo 2003 en donde las cifras suben o bajan según el caso, por ejemplo
en los estados de México y Puebla se presentan los porcentajes mas altos dentro de
los 5 años que se abarcan. (Ver Anexo 3. Tabla Incidencia de Delitos Cometidos 2000-
2005.)
ve
estancamiento de la Incidencia Delic estados más grandes o con mayor
Fuente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
datos del INEGI
En base a los resultados arrojados concluimos que existe un gra
tiva en los
actividad económica de la república, a diferencia de aquellos estados llamados de la
provincia en donde ha aumentado la delincuencia
Gráfico 4.3.3. Estados de la República con mayor Incidencia Delictiva. 2000-2005
Estados con mayor porcentaje de Incidencia Delictiva
15%
20%
25%
aje
MÉXICO
DISTRITOFEDERAL
10%Po PUEBLA
0%
5%
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Periodo
rcen
t
JALISCO
BAJACALIFORNIA
66
A continuación se analiza el mismo caso de la gráfica anterior pero ahora
tomando en cuenta cifras per cápita, en donde notamos que a diferencia del nivel de
incidencia nacional, en donde el primer lugar lo ocupa el estado de México, este caso
(gráfica 4.3.4.) difiere ya que las primeras posiciones las ocupan los estados de Baja
California y el D.F. dicha tendencia se ha mantenido alta en el periodo del 2000-2005.
Los datos anteriores son resultado de las ineficientes medidas que los
gobiernos de estos estados han puesto en marcha para erradicar la delincuencia ya
que no han demostrado ser lo suficientemente eficientes; a diferencia de Quintana
Roo, en donde empieza el periodo con alta incidencia y lo termina con una reducción
siendo
cidencia per. Cápita 2000-2005.
uente: Elaborac a
tos del INEGI
, de los cinco, el único estado que logra bajar sus índices
Gráfico 4.3.4. Estados con mayor in
ión propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base
0
0.05
0.1
0.15
0.2
2000 2001 2002 2003 2004 2005Periodos
BAJACALIFORNIA
DISTRITOFEDERAL
QUINTANA ROO
MÉXICO
JALISCO
Estados con mayor Incidencia Per capita
0.25
Inci
denc
ia P
er c
apita
F
da
67
Creemos que parte de la solución al problema de inseguridad en el país
responde a la mala asignación y distribución de los recursos. En el gráfico 4.3.5. se
hace una relación entre el presupuesto del FASP (Fondo de Aportaciones a la
Seguridad Pública) destinado a la seguridad pública para todos los estados y el nivel
de incidencia.
atirla. Ver Anexo 5.
resupuesto del FASP por dependencia responsable 1994-2005
Gráfico 4.3.5. Relación P del FASP e Incidencia.
uente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
tos del INEGI
Con este gráfico demostramos que la solución al problema no se basa
completamente en destinar más recursos, es importante que dichos recursos sean
bien distribuidos a programas con gran impacto social así como al seguimiento de los
mismos. En esta grafica se presenta como una constante a crecimiento la incidencia
aunque se haya incrementado ese presupuesto para comb
P
resupuesto
2000-2005.
Relación Presupuesto e Incidencia
0.00
2,000,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
8,000,000.00
10,000,000.00
12,000,000.00
14,000,000.00
16,000,000.00
PresupuestoINCIDENCIA
Periodos2000 2001 2002 2003 2004 2005
Valo
res
F
da
68
El que las personas se dediquen a cometer delitos en vez de otra actividad, en
algunos casos se encuentra ligada a los niveles de desempleo que prevalecen en una
determinada nación, así como al nivel escolar. El caso de México es un poco la
excepción ya que algunas personas se dedican al comercio informal. Es por eso que
hacemos una comparación entre los niveles de incidencia criminal, el desempleo y la
eserción escolar en el país, desde el 2000 hasta el 2004.
cia criminal casi se
mantiene constante. Ver Anexo 4. Porcentaje de Deserción escolar (estimación) 2003-
2005
uente: Elaboración propia en base a la Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3). Y en base a
atos del INEGI
d
En la gráfica 4.3.6. nos podemos dar cuenta de que durante este periodo las
tres variables si bien, no presentan un comportamiento muy similar, pero si una
tendencia parecida ya que se encuentran dentro de los mismos rangos. En el último
periodo (2003-2004) existe una tendencia de crecimiento similar entre el desempleo y
la deserción escolar a nivel nacional, mientras que la inciden
Gráfico 4.3.6. Comparativo entre Incidencia Criminal y Desempleo. 2000-2004.
Comparativo Incidencia criminal y Desempleo
0.000000
0.200000
0.400000
0.600000
0.800000
1.000000
1.200000
2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004
Porc
enta
je
NACIONALINCIDENCIA
NACIONALDESEMPLEO
NACIONALDESERCION
Periodo
F
d
69
CONC
n materia de economía, el problema de seguridad que afecta al país es
resulta
ión del salario nominal de los trabajadores puesto que al existir poca posibilidad
para emplearse aceptan contratarse por salarios que están por debajo de su
capacidad y que no logran solventar las nec idades económicas de su familia, es
entonces c paso una
mejor remu en el
po
el
crecimiento
recursos qu los
resultados arrojados en el presente trabajo, las autoridades no siguen un patrón de
el recurso ya que predomina la irregularidad dentro del periodo analizado.
e igual forma de nada sirve que cada año se asigne un presupuesto mayor a la
ausa si en general no hay idea de cómo debe ser aplicado y no hay un seguimiento
de los programas vigentes,más aún si el gran mal de la corrupción sigue imperando en
todos los niveles de la autoridad
LUSIONES
Hemos llegado a la parte final de nuestra tesis y de acuerdo a la información recabada
y a los resultados obtenidos generamos algunas conclusiones las cuales, hemos
englobado principalmente en dos apartados: economía y seguridad pública
E
do de una suma de factores, entre los que se encuentran: el desempleo, los
salarios, la densidad poblacional, el Producto Interno Bruto (PIB), entre otros.
Existe un círculo vicioso que inicia con la situación de desempleo que prevalece
en el país ya que el mercado laboral mexicano presenta un exceso de demanda como
consecuencia del bajo crecimiento de la economía nacional, lo cual repercute en la
reducc
es
uando se opta por realizar alguna actividad ilícita que deje a su
neración y en donde la proba er denunciado, sorprendido
acto, y finalmente ser aprehendido y procesado, llega a ser poco probable.
Con lo anterior comprobamos el postulado de Gary Becker en el cual se
menciona que las actividades delictivas responden a incentivos económicos, y si
agregamos a esto una falta de empleo y la mala distribución de la riqueza
prevaleciente en el país que orilla a algunas personas a dedicarse a cometer este ti
de actividades y esto repercute en el desarrollo económico de un país y frena
que se pueda generar.
Otro factor económico que resulta de gran importancia se refiere a la cantidad de
e el Gobierno destina a combatir la criminalidad. De acuerdo a
bilidad de s
asignación d
D
c
70
materia de Seguridad Pública nos referimos específicamente a
las acciones que hacen falta dentro de las organizaciones para su mejor
ra vertical,
esde los jefes policiales hasta los guardias de menor rango; además de una creación
s recursos ara combatirla y con ello la incertidumbre de este país”.
Finalmente en
funcionamiento y mejores resultados. Es necesario estar actualizados en materia de
tecnología (sistemas de información, tecnología satelital, sistemas de control de
calidad, etc.); así como en capacitar al personal, la cual debe de ir de mane
d
de incentivos y sanciones para que el desempeño del cuerpo policiaco sea mas
eficiente. Una identificación y realización de operativos en las zonas más conflictivas
de nuestro país reduciría en gran medida la delincuencia organizada.
En este trabajo pretendemos concientizar y hacer una evaluación de la
delincuencia, que hasta el día de hoy nosotros; los mexicanos, nos sentimos sin
ninguna protección por parte de las autoridades, por ello planteamos la situación que
se vive en nuestro país a través del tiempo y de sus factores que generan este entorno
de inseguridad. Esperamos que el Gobierno tome su papel de autoridad legal y
emplee un programa integral de seguridad pública que permita combatir la
criminalidad nacional de manera eficiente.
Estemos concientes que "La criminalidad crece mucho más que lo p
71
ANEXOS
72
AN
EXO 1
Incidencia delictiva por 100 mil habitantes por entidad federativa
Entidad Incidencia Entidad Incidencia Baja California 20,720 Michoacán 9,402 Distrito Federal 19,663 Campeche 9,205 Quintana Roo 16,354 Guerrero 8,186 México 16,147 Nuevo León 8,046 Sinaloa 14,904 Guanajuato 7,707 Yucatán 14,724 Colima 6,287 Jalisco 14,487 Tabasco 6,186 Sonora 14,469 Oaxaca 6,115 Coahuila 14,029 Tlaxcala 5,902 Aguascalientes 12,322 Hidalgo 5,743 Puebla 11,830 Nayarit 5,522 Morelos 11,282 Querétaro 5,226 Baja California Sur 10,842 San Luis Potosí 4,345 Tamaulipas 10,709 Zacatecas 4,313 Durango 10,580 Veracruz 4,110 Chihuahua 10,480 Chiapas 1,780 Nacional 11,246 Fuente: Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI). Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005(ENSI-3). Análisis de Resultados. Septiembre 2005.
73
ANEXO 2
uente: Elaboración propia en base a INEGI. Estadísticas Judiciales en materia penal. Ed. 2001
F
ANEXO 2
Delitos materia de la consignación de los presuntos delincuentes por fuero y principales delitos 996 a 2001
1
Fuero Común
000 20, 0 0 60,000 0
Daño e
Allanamient
Arma
O
Delit
os
a
0 10, 000 3 ,00 40,000 50,000 70,00
Robo
Lesiones
n las cosas
Homicidio
Fraude
Despojo
Violación
o de morada
s prohibidas
tros delitos
Cantid d de delitos
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Fuer ederal
0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000
Narcóticos
Ley de armas de fuego
Robo
Ley de población
Daño en las cosas
Ley de vías de comunicación
Código Fiscal
Peculado
Otros delitos
Delit
os
Cantidad de delitos
o F
Homicidio
2001
2000
1999
1998
1997
1996
74
ANEXO 3
FNuente: Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3)
2002 % 2003
103,639 0.9%
ENTIDADES 2000 % 2001 % % 2004 % 2005 %
guascalients 97,631 0.9% 114,040 1.0% 126,032 1.1% 127,844 1.1% 127,622 1.1%
aja alifornia 565,334 5.2% 602,043 5.3% 578,427 5.1% 590,876 5.2% 638,683 5.4% 651,777 5.4%
Baja alifornia ur
52,291 0.5% 51,007 0.4% 52,633 0.5% 51,057 0.4% 52,443 0.4% 53,234 0.4%
ampeche 66,695 0.6% 67,460 0.6% 67,175 0.6% 67,516 0.6% 68,410 0.6% 70,487 0.6%hiapas 76,761 0.7% 79,116 0.7% 78,762 0.7% 75,835 0.7% 76,900 0.7% 78,876 0.7%hihuahua 321,135 3.0% 336,455 3.0% 335,144 3.0% 346,718 3.0% 354,733 3.0% 350,852 2.9%oahuila 287,993 2.7% 315,140 2.8% 301,457 2.7% 313,311 2.7% 340,667 2.9% 349,541 2.9%
Colima 36,764 0.3% 40,811 0.4% 40,141 0.4% 38,444 0.3% 39,059 0.3% 41,031 0.3%istrito ederal 1,725,007 15.9% 1,798,682 15.9% 1,808,201 15.9% 1,684,963 14.7% 1,704,441 14.4% 1,740,185 14.5%
urango 143,465 1.3% 154,201 1.4% 150,916 1.3% 142,249 1.2% 153,712 1.3% 156,109 1.3%uanajuato 354,525 3.3% 362,162 3.2% 367,709 3.2% 364,374 3.2% 379,691 3.2% 384,102 3.2%
Guerrero 237,003 2.2% 248,543 2.2% 249,080 2.2% 255,142 2.2% 265,984 2.3% 275,287 2.3%idalgo 99,676 0.9% 110,943 1.0% 116,074 1.0% 118,623 1.0% 135,598 1.1% 139,432 1.2%alisco 911,229 8.4% 940,016 8.3
AeBC
CSCCCC
DFDG
HJ % 935,017 8.2% 918,516 8.0% 965,540 8.2% 981,001 8.2%
éxico 2,255,491 20.8% 2,317,229 20.4MM
% 2,362,983 20.8% 2,441,689 21.3% 2,428,839 20.6% 2,486,304 20.7%ichoacán 277,939 2.6% 324,945 2.9% 319,397 2.8% 357,874 3.1% 383,844 3.3% 395,489 3.3%orelos 176,225 1.6% 186,674 1.6% 186,712 1.6% 181,919 1.6% 191,935 1.6% 197,956 1.6%ayarit 51,983 0.5% 53,173 0.5% 52,073 0.5% 50,298 0.4% 51,690 0.4% 53,589 0.4%
Nuevo León 327,904 3.0% 361,052 3.2% 352,330 3.1% 307,389 2.7% 334,360 2.8% 332,708 2.8%axaca 199,603 1.8% 209,990 1.9% 207,759 1.8% 211,927 1.8% 223,459 1.9% 231,444 1.9%uebla 581,005 5.4% 620,997 5.5
MN
OP % 602,723 5.3% 672,826 5.9% 669,563 5.7% 660,159 5.5%
uerétaro 80,839 0.7% 85,424 0.8% 85,722 0.8% 82,305 0.7% 83,255 0.7% 81,116 0.7%uintana oo 166,367 1.5% 168,711 1.5% 173,110 1.5% 181,088 1.6% 183,487 1.6% 187,470 1.6%
an Luis Potosí 93,990 0.9% 100,823 0.9% 102,525 0.9% 98,186 0.9% 103,916 0.9% 102,909 0.9%
inaloa 322,926 3.0% 337,276 3.0% 343,566 3.0% 376,402 3.3% 393,325 3.3% 404,978 3.4%onora 307,623 2.8% 291,953 2.6% 294,679 2.6% 314,211 2.7% 340,453 2.9% 347,015 2.9%abasco 117,052 1.1% 120,234 1.1% 120,743 1.1% 124,504 1.1% 126,700 1.1% 128,212 1.1%amaulipas 278,827 2.6% 290,466 2.6% 299,113 2.6% 298,209 2.6% 322,516 2.7% 327,901 2.7%
Tlaxcala 60,131 0.6% 62,075 0.5% 61,304 0.5% 60,917 0.5% 62,068 0.5% 63,789 0.5%eracruz 288,038 2.7% 289,782 2.6% 288,814 2.5% 287,591 2.5% 288,938 2.4% 287,841 2.4%ucatán 234,365 2.2% 247,622 2.2% 252,333 2.2% 263,996 2.3% 259,828 2.2% 257,780 2.1%acatecas 58,068 0.5% 58,788 0.5% 61,305 0.5% 61,739 0.5% 58,496 0.5% 56,907 0.5%
acional 10,853,885 11,347,833 11,351,566 11,466,726 11,810,377 12,003,103
Porcentaje de delitos cometidos (incidencia) estimación 2000-2005
QQRS
SSTT
VYZ
75
ANEXO 4
ENTIDADES Primaria Secundaria Profesional técnico Bachillerato Porcentaje 2003 Primaria Secundaria Profesional técnico BachilleratoMÉXICO 1.7 6.7 20.1 13.5 20.8% 2441689 1.4 6.9 16.6 14.7DISTRITO FED 2.7 7.3 17.2 16.8 15.9% 1684963 1.9 6.4 20 18.2JALISCO 0.7 4.1 20.8 15.7 8.2% 918516 0.5 4.7 17.7 15.3PUEBLA 1.6 7.4 21.6 16.4 5.3% 672826 2.1 6.7 21.3 15.7BAJA CALIFO 0.6 5.5 18.9 16.8 5.1% 590876 0.8 5.9 14.9 14GUANAJUATO 1.4 6.5 24.7 14.7 3.2% 364374 1.7 6.4 35.5 14.9NUEVO LEÓN 1.2 4.4 21.3 15.3 3.1% 307389 0.6 4.5 16.4 13.8SINALOA 1.4 5.3 17.7 12.6 3.0% 376402 1 4.8 18.3 12.5CHIHUAHUA 3.9 6.5 21.4 13.6 3.0% 346718 3.6 7.5 18.3 13.9SONORA 2.1 6.2 17.8 13.1 2.6% 314211 1.8 6.9 10.9 15.4VERACRUZ 0.4 7.6 25.6 9.7 2.5% 287591 0.6 5.2 24 10.7COAHUILA 2 6.5 32 16.2 2.7% 313311 1.6 7.1 22.4 17TAMAULIPAS 1 5.3 15.3 8.9 2.6% 298209 1 5.6 14 13.5MICHOACÁN 1.1 5.3 24.1 15.1 2.8% 357874 1.1 5.1 20.5 14.6GUERRERO 1.4 5.8 23.9 16.4 2.2% 255142 2.9 5.5 22 15.7YUCATÁN 1.8 5.7 15.3 10.5 2.2% 263996 1.7 5.2 17.3 12.6OAXACA 0.2 4 30.3 15.8 1.8% 211927 0.6 4 32.5 15.6MORELOS 2.6 8.8 19.8 15.2 1.6% 181919 3.8 9 25.2 22QUINTANA RO 0.6 5.7 21.6 11.4 1.5% 181088 0.3 4.8 11.4 13.9DURANGO 0.1 4.1 28.8 17.1 1.3% 142249 1 3.8 29.2 9.3TABASCO 1.5 5 23.5 13.9 1.1% 124504 1.2 4.7 26.5 14.4HIDALGO 2.7 9.2 2.5 12.3 1.0% 118623 2.5 10.8 19.7 12.6AGUASCALIEN 1.5 5.7 22.1 14 0.9% 126032 1.6 5.6 22.8 14SAN LUIS POT 0.5 5 19.5 12.9 0.9% 98186 0.2 4.9 17.7 15.6QUERÉTARO 1.8 4.3 14.9 6.5 0.8% 82305 1.4 4.3 18.8 11CHIAPAS 1.6 8.5 16.4 12.7 0.7% 75835 2.6 5.1 19.1 12.8CAMPECHE 0.4 4.1 10.8 15.6 0.6% 67516 0.2 3.9 24.6 16.6TLAXCALA 1.2 5.9 25.5 9.7 0.5% 60917 1.4 4.9 24.8 11.6ZACATECAS 2 5.7 8.9 17.8 0.5% 61739 1.6 7 15.1 18.6BAJA CALIFO 1.2 4.3 13.8 17 0.5% 51057 1.1 4.8 37.6 16.2NAYARIT 0.7 3.5 19.5 14.2 0.5% 50298 0.9 3.1 18.3 12.2COLIMA 0.3 5.4 19 15 0.4% 38444 0.4 1.2 17.7 15.9
Porcentaje de Deserción escolar 2003- 2005 Fuente: Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3)
6 7
Porcentaje de Deserción escolar 2003- 2005
Fuente: Tercera Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2005 (ENSI-3)
México 21.3% 2,428,839 1.3 6.4 17.7 14.8 20.6% 2,486,304 20.7%Distrito Federal 14.7% 1,704,441 1.6 6.5 19.3 18.3 14.4% 1,740,185 14.5%
Jalisco 8.0% 965,540 -0.1 6.1 -5.6 15.3 8.2% 981,001 8.2%Puebla 5.9% 669,563 1.7 7.6 18.3 15 5.7% 660,159 5.5%Baja California 5.2% 638,683 0.2 7.6 14.1 13.5 5.4% 651,777 5.4%
Guanajuato 3.2% 379,691 1.5 6.7 25 16.2 3.2% 384,102 3.2%Nuevo León 2.7% 334,360 0.4 4.8 16.5 15.1 2.8% 332,708 2.8%Sinaloa 3.3% 393,325 0.9 5.5 11.5 13.9 3.3% 404,978 3.4%Chihuahua 3.0% 354,733 3.2 8.7 18.5 16.1 3.0% 350,852 2.9%Sonora 2.7% 340,453 1.8 7.8 15.9 12.7 2.9% 347,015 2.9%Veracruz 2.5% 288,938 0.8 6.3 12.6 10.1 2.4% 287,841 2.4%Coahuila 2.7% 340,667 1.3 6.9 10.4 17 2.9% 349,541 2.9%Tamaulipas 2.6% 322,516 0.8 6.4 10.2 13.2 2.7% 327,901 2.7%Michoacán 3.1% 383,844 1.1 5.2 21.2 15.2 3.3% 395,489 3.3%Guerrero 2.2% 265,984 2.1 6 22.9 14.9 2.3% 275,287 2.3%Yucatán 2.3% 259,828 1.5 5.9 15.4 13.3 2.2% 257,780 2.1%Oaxaca 1.8% 223,459 0.7 4.2 25.6 16 1.9% 231,444 1.9%Morelos 1.6% 191,935 3.7 9.7 18.9 22.6 1.6% 197,956 1.6%Quintana Roo 1.6% 183,487 -0.2 5.6 16.8 13.7 1.6% 187,470 1.6%
Durango 1.2% 153,712 0.3 3.8 27.5 11.6 1.3% 156,109 1.3%Tabasco 1.1% 126,700 1 5.4 18.9 12.8 1.1% 128,212 1.1%Hidalgo 1.0% 135,598 2.3 12.7 10.2 11.6 1.1% 139,432 1.2%Aguascalientes 1.1% 127,844 1.4 6 19.8 14.4 1.1% 127,622 1.1%
San Luis Potosí 0.9% 103,916 0.1 3.9 23.9 17.1 0.9% 102,909 0.9%
Entidades % 2004 Primaria Secundaria Profesional técnico
Bachillerato % 2005 %
Querétaro 0.7% 83,255 1.3 4.8 14.8 12 0.7% 81,116 0.7%14.4 0.7% 78,876 0.7%17.6 0.6% 70,487 0.6%
Tlaxcala 0.5% 62,068 1.2 3.7 18.5 12.8 0.5% 63,789 0.5%Zacatecas 0.5% 58,496 0.9 7.6 1.4 18 0.5% 56,907 0.5%Baja California Sur
0.4% 52,443 1.2 4.7 29.2 16.5 0.4% 53,234 0.4%
Nayarit 0.4% 51,690 0.9 3.8 13.3 12.3 0.4% 53,589 0.4%Colima 0.3% 39,059 0.2 4 17.3 15.8 0.3% 41,031 0.3%
Chiapas 0.7% 76,900 2.1 3 9.7Campeche 0.6% 68,410 0.7 4.4 21.9
77
ANEXO 5
SEGOB SSP FASP PGR SEDENA SECMAR PresupuestTotal
1994 SEGOB 275,741.00 - - - - - 275,1995 SEGOB 327,659.00 - - - - - 327,1996 SEGOB 423,797.00 - - - - - 423,1997 SEGOB 2,044,402.00 - - - - - 2,044,
1998 SEGOB, PGR Y SECMAR
2,735,945.00- -
1,382,011.00-
121,086.60 4,239,
1999SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,
SECMAR2,709,132.40
-4,715,000.00 1,376,587.90 1,400,000.00 90,000.00 10,290,
2000SEGOB, FASP, PGR, SEDENA,
SECMAR4,462,144.70
-5,213,900.00 1,451,587.60 400,000.00 250,000.00 11,777,
2001SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
5,156,814.00 5,786,400.00 1,492,844.10 650,000.00 250,000.00 13,336,
2002SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
6,388,988.30 3,210,000.00 224,440.20 1,429,174.70 250,000.00 11,502,
2003SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
6,259,608.40 2,733,039.00 200,347.00 1,207,029.50 319,826.00 10,719,
2004SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
6,462,687.40 2,500,000.00 250,000.00 1,140,667.00 267,562.10 10,620,
2005SSP,
FASP,PGR,SEDENA, SECMAR -
7,036,818.70 5,000,000.00 150,000.00 1,155,535.80 108,382.40 13,450,
Presupuesto del FASP por dependencia responsable 1994-2005
EDENA= Secretaría de la Defensa Nacional
Seguridad Pública
EGOB= Secretaría de Gobernación
SSP= Secretaría de Seguridad Pública
ASP= Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
GR= Procuraduría General de la República
Dependencia responsable
del gastoAños
uente: División de Economía y Comercio del Servicio de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados
o
741.00659.00797.00402.00
043.10
720.00
632.00
058.10
603.20
849.90
916.50
736.90
S
ECMAR= Secretaría de Marina
S
F
P
F
S
78
ANEXO 6
México: Población total por Entidad Federativa. 2000-2005 (personas)
TOTAL NACIONAL 97,483,412 98,567,130 99,669,029 100,789,523 101,929,040 103,088,021
Aguascalientes 944,285 964,701 985,557 1,006,865 1,028,634 1,050,873Baja California 2,487,367 2,554,599 2,623,649 2,694,565 2,767,398 2,842,199Baja California Sur 424,041 441,148 458,946 477,462 496,724 516,764Campeche 690,689 702,428 714,366 726,508 738,855 751,413Coahuila 2,298,070 2,332,356 2,367,153 2,402,470 2,438,314 2,474,692Colima 542,627 546,501 550,403 554,333 558,291 562,277Chiapas 3,920,892 3,985,694 4,051,567 4,118,528 4,186,597 4,255,790Chihuahua 3,052,907 3,089,115 3,125,752 3,162,823 3,200,335 3,238,291Distrito Federal 8,605,239 8,618,072 8,630,923 8,643,794 8,656,685 8,669,594Durango 1,448,661 1,456,597 1,464,576 1,472,600 1,480,667 1,488,778Guanajuato 4,663,032 4,708,082 4,753,567 4,799,492 4,845,861 4,892,677Guerrero 3,079,649 3,086,975 3,094,318 3,101,679 3,109,057 3,116,453Hidalgo 2,235,591 2,254,886 2,274,348 2,293,978 2,313,777 2,333,747Jalisco 6,322,002 6,386,710 6,452,080 6,518,119 6,584,834 6,652,232México 13,096,686 13,302,899 13,512,359 13,725,117 13,941,225 14,160,736Michoacán 3,985,667 3,986,192 3,986,718 3,987,244 3,987,769 3,988,295Morelos 1,555,296 1,565,185 1,575,137 1,585,153 1,595,232 1,605,375Nayarit 920,185 924,623 929,082 933,563 938,065 942,589Nuevo León 3,834,141 3,898,003 3,962,929 4,028,937 4,096,043 4,164,268Oaxaca 3,438,765 3,455,197 3,471,708 3,488,298 3,504,966 3,521,715Puebla 5,076,686 5,138,140 5,200,337 5,263,288 5,327,000 5,391,484Querétaro 1,404,306 1,440,121 1,476,850 1,514,516 1,553,142 1,592,753Quintana Roo 874,963 921,574 970,669 1,022,379 1,076,843 1,134,209San Luis Potosi 2,299,360 2,321,497 2,343,847 2,366,412 2,389,194 2,412,196Sinaloa 2,536,844 2,551,305 2,565,848 2,580,474 2,595,183 2,609,976
Entidad 2000 20052001*/ 2002*/ 2003*/ 2004*/
Sonora 2,216,969 2,249,459 2,282,425 2,315,875 2,349,814 2,384,251Tabasco 1,891,829 1,915,447 1,939,359 1,963,570 1,988,083 2,012,902Tamaulipas 2,753,222 2,804,664 2,857,067 2,910,450 2,964,829 3,020,225Tlaxcala 962,646 981,492 1,000,708 1,020,299 1,040,274 1,060,640Veracruz 6,908,975 6,942,990 6,977,172 7,011,522 7,046,042 7,080,731Yucatán 1,658,210 1,686,128 1,714,515 1,743,381 1,772,732 1,802,578Zacatecas 1,353,610 1,354,351 1,355,092 1,355,834 1,356,576 1,357,318
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Camara de Diputados con datos de la serie históricabasada en la conciliación demográfica a partir del Censo General de Población y Vivienda de 2000 y 2005.
*/ Cifras estimadas con base a los resultados preliminares del Segundo Censo General de Población y Vivienda 2005.
79
Anexo 7 Matriz Factores de la Incidencia Delictiva
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