MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZMinistro Miguel Rodríguez Torres
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIAMinistra Pedro Calzadilla
AUTORIDADES UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD
RectoraSoraya Beatriz El Achkar Gousoub
Vicerrectora de Desarrollo AcadémicoAimara Aguilar
Vicerrectora de Creación Intelectual y Vinculación SocialMaría Lucrecia Hernández
SecretarioFrank Bermúdez Sanabria
CONSEJO EDITORIAL UNES
Rectora Soraya Beatriz El Achkar GousoubVicerrectora de Desarrollo Académico Aimara Aguilar Vicerrectora de Creación Intelectual y Vinculación Social María Lucrecia Hernández Secretario Frank Bermúdez SanabriaDirectora de Gestión Comunicacional Leonardo ZuritaDirector General FundaUnes Ernesto Quijada
REVISTA COMUNES 3, mayo-octubre 2013
Depósito legal pp201202DC4046
ISSN 2343-5666
Consejo Editorial Soraya El Achkar, Máximo Sozzo, María Lucrecia Hernández, Carlos Hernaiz, Antonio González Plessmann y Luis Díaz PereiraDirectora María Lucrecia HernándezCoordinación editorial Eleonora SilvaColaboraron en este número Pablo Fernández y Zharah RengifoDiseño gráfico Eleonora Silva y John MendozaCorrección Nelba García, Maira Rojas y Larry Peña
Impresión Imprenta Unes
El contenido de los artículos firmados y las opiniones vertidas son de estricta responsabilidad de sus autores y autoras, y no necesariamente reflejan la posición editorial de ComUNES.
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD (UNES)Dirección: Calle La Línea, zona industrial L, Catia. Apartado postal: Caracas 1030 – Venezuela | Caracas, octubre de 2013
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Presentación
La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) es el resultado
de un largo itinerario de discusiones, luchas y aprendizajes en los campos de la
seguridad ciudadana, la reforma policial, los derechos humanos y los procesos
educativos orientados a la transformación social. Se trata de un proyecto, nece-
sariamente inacabado, lleno de retos y aprendizajes, que viene convocando a una
diversidad de actores –académicos, activistas de derechos humanos, funcionarios
de cuerpos de seguridad ciudadana, militantes de movimientos sociales y comu-
nitarios– que, desde las particularidades de sus trayectorias y opciones de vida, se
encuentran para cumplir los objetivos de la Universidad.
ComUNES es la revista académica de este proyecto. Desde sus páginas aspira a
contribuir a los debates y elaboración de propuestas y estrategias sobre cómo ha-
cer realidad y democratizar, en la vida de la población venezolana, el derecho a la
seguridad ciudadana. La Revista opta por la socialización de enfoques y análisis
que se inscriben en una perspectiva crítica, de la que nos animamos a hacer algu-
nas precisiones:
» Es impugnadora, ya que no solo devela y desacredita las racionalidades y
dispositivos estratégicos que naturalizan las desigualdades y la opresión y
que, por tanto, obstaculizan la construcción de una sociedad radicalmente
democrática y un Estado social de derecho y de justicia, sino que insta a pro-
cesos de transformación y creación.
» Es fecunda y creativa, ya que abre caminos a lo nuevo y evita la reproduc-
ción de las racionalidades que se quieren zanjar de los proyectos, programas
y políticas que el Estado o la sociedad se formulan, en su afán de transformar
la realidad.
3
» Está imbricada en procesos, ya que se relaciona de
distintas formas enriquecedoras con sujetos en lucha
y procesos de transformación social, todos orientados
a la búsqueda de la igualdad sustantiva y el protago-
nismo popular; a su vez, esta perspectiva crítica se
construye a partir de esta articulación.
» Es descolonizadora, ya que promueve los diálogos
Sur-Sur y el pensar desde las condiciones y contextos
de los sujetos y pueblos del Sur Global, en un diálogo
desprejuiciado con el Norte Global, que trasciende el
rol de meros comentaristas.
Las perspectivas que prioriza ComUNES son necesaria-
mente contrahegemónicas, ya que es notorio que en el
campo de la seguridad ciudadana y el control social, el
pensamiento conservador cuenta con mayor nivel de di-
fusión y aceptación y que ha cooptado los espacios aca-
démicos y de construcción de políticas. La privatización
de la seguridad, el aumento de la criminalización de con-
ductas, el aumento de la severidad de las penas y del en-
carcelamiento, así como la tendencia a la policialización
de problemas sociales, son algunos de los rasgos de este
pensamiento hegemónico asociado a la reproducción de
la desigualdad y del que claramente vamos a contravía.
» » »
En estos tiempos el desarme se presenta como una ne-
cesidad irrenunciable e inaplazable, por lo que tanto go-
biernos como comunidades organizadas, grupos sociales
y colectivos de diversa índole, han asumido el compromi-
so de hacerle frente a las violencias generadas por uso de
armas de fuego. Es por esto que dedicamos este número
al control de armas y al de sarme, así como a las políticas
y estrategias que a escala mundial, pero sobre todo lati-
noamericana, se han venido emprendiendo.
En el caso de Venezuela, nuestro Comandante Eterno di-
rigió y sembró una política de control de armas y de de-
sarme coherente y respetuosa de los derechos humanos
pero fundamentalmente participativa e incluyente de los
distintos sectores involucrados en esta lucha. En este nú-
mero también recorremos y mostramos algunas medidas
adoptadas, investigaciones realizadas e iniciativas en el
campo legal, intentando proporcionar al lector algunas
herramientas de análisis y comprensión del fenómeno.
CoNSEjo EDitoRiaL
4 | presentación
ContenidoARTíCULOS Y ENSAYOS
9 Políticas de izquierda para la seguridad ciudadanaEl reto histórico del qué hacer para alcanzar la justicia social
Gabriel Ignacio Anitua
26 La atención a las víctimas desde un enfoque comunitarioAtención psicosocial y reparación integral
Carlos Martín Beristain
45 El modelo de atención integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz27 años acompañando historias de dolor, lucha y resistencia
Diana González Mendoza
dossier DESARME: ESTRATEGIAS PARA SU GESTIÓN Y CONTROL
55 Los desafíos políticos ante la proliferación de armas de fuegoEl caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del ciudadano
Antonio Bandeira
67 Inventario Nacional de Armas de FuegoVenezuela
Luis Lugo y Zharah Rengifo
105 Marco jurídico internacional sobre control de armas, municiones y desarmeCalixto Ignacio Ávila Rincón y Wilmen Yohan Romero
125 Control de armasFernando Carrión M., Jenny Pontón C. y Blanca Armijos V.
139 Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control de armas, municiones y desarmePeríodo: Democracia participativa
Irama La Rosa
AVANCES DE INVESTIGACIÓN
165 Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delitoEstudio comparativo en dos ciudades de Venezuela
Freddy A. Crespo P.
172 Delincuencia juvenil en VenezuelaAplicación de una encuesta de autoinforme a adolescentes escolarizados
Juan Antonio Rodríguez
ENTREVISTA
177 PABLO FERNáNDEZ BLANCO Que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarmepor Zharah Rengifo
RESEÑAS Y COMENTARIOS
191 Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones Instrumento legal contundente en materia de seguridadDavid Arturo Benavides Villarreal
195 Investigaciones – UNES 2012Mario Millones Espinosa
DOCUMENTOS
207 Manifiesto por la Paz y la Vida
artíCulos y ensayos
Políticas de izquierda para la seguridad ciudadanaEl reto histórico del qué hacer para alcanzar la justicia social
Gabriel Ignacio Anitua
La atención a las víctimas desde un enfoque comunitarioAtención psicosocial y reparación integral
Carlos Martín Beristain
El modelo de atención integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz27 años acompañando historias de dolor, lucha y resistencia
Diana González Mendoza
9
Políticas de izquierda para la seguridad ciudadana *
El reto histórico del qué hacer para alcanzar la justicia social
GABRIEL IGNACIO ANITUA **
Muchas gracias. Me siento muy honrado al haber sido invitado a parti-
cipar en esta experiencia, y feliz de aprender de este quehacer de los cara-
queños, de los venezolanos, de este esfuerzo tan importante en la materia
de la seguridad y de la creación de políticas de seguridad. En este sentido,
agradezco participar con ustedes en una reflexión que es muy difícil, como
la de plantear las posibilidades y las dificultades de una política de seguridad
* Charla realizada en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), en la Sede Catia, noviembre de 2012.
** Doctor en Derecho de la Universidad de Barcelona, máster en Sistema Penal y Pro-blemas Sociales de la Universidad de Barcelona; tiene un Diploma de Estudios Avanza-dos en Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, es abogado de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Sociología de la misma Universidad. Becario pre-doctoral del Gobierno Vasco, en la UPV de San Sebastián (1997-1999), y post-doctoral de la Fundación Humboldt, en la Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt (2004-2005). Tiene estancia de investigación en la University of Middlesex de Londres (2004). Actualmente es profesor adjunto regular de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de diez libros, entre los que se destacan Justi-cia Penal Pública (2003), Historias de los pensamientos criminológicos (2005), Derechos, Seguridad y Policía (2009), Ensayos sobre enjuiciamiento penal (2010) y Castigo, Cárceles y Controles (2011) y de más de cincuenta artículos y veinte comentarios a libros. Tras haber desempeñado tareas en diversas reparticiones de la justicia penal de la Argentina, trabaja actualmente como secretario letrado de la Defensoría General de la Nación.
10 | artículos y ensayos
de izquierda crítica, algo que nos remite a los análisis de
los quehaceres y también a una pregunta que es funda-
mental para la izquierda histórica en el mundo: ¿Qué ha-
cer? Se cumplieron, hace poco, más de cien años del libro
de Lenin, quien se preguntaba políticamente ¿qué hacer?
Es esa la gran pregunta política, y también de la política
de seguridad: qué podemos, qué debemos hacer desde la
izquierda en esta materia.
La intervención política
Lo que voy a indicar de entrada, es que seguramente par-
te de ese patrimonio de la izquierda es lo que nos debe
llevar a reivindicar el término “política”, en todo caso
ponerlo antes que el término “seguridad”. El término
“seguridad” históricamente, genealógicamente, está
más bien ligado a prácticas, o a agendas, de la derecha.
a esa lógica que descansa no solo tras el término sino
en las mismas políticas que son inspiradas en esa cues-
tión de la seguridad, de la inseguridad, y que remiten a
genealogías propias de los aparatos de represión penal,
del control del delito. Esa conformación histórica, de la
sociedad y de los aparatos tradicionales de control, de al-
guna manera “marca la cancha”, marca el campo don-
de, a pesar de todo, “se ha de jugar un partido” (disculpen
la metáfora futbolera pero no conozco otro deporte). Ne-
cesariamente tenemos que intervenir si queremos hacer
políticas de izquierda. Lo dicho entraña un problema ya
que, antes de plantearnos estrategias, tenemos ese cam-
po diseñado, con las reglas fijadas y un árbitro que ade-
más está amañado, jugando para el otro equipo, y así y
todo, conociendo ello, hay que salir a jugar, sabiendo que
nos van a hacer trampas, además.
tomando en cuenta esto, me parece que es necesario
insistir en que todo tipo de intervención debe ser, ante
todo, política, antes que técnica o estrictamente securita-
ria o penal incluso; y en este sentido hay que actuar con
cautela, con responsabilidad política. En esa alerta, en ese
cuidado, pienso en Massimo Pavarini, gran criminólogo
de izquierda, marxista en su origen, involucrado en polí-
ticas securitarias en los años noventa en italia. Él estuvo
involucrado en la ciudad de Bolonia, de donde es natu-
ral, y desarrolló el proyecto Città Sicure (Ciudad Segura)
para transformar en esa alcaldía, que era neocomunista,
la materia securitaria, en un sentido amplio, de toda la
ciudad. Luego de esa importante experiencia Pavarini de-
viene muy cauteloso e incluso pesimista. Pavarini, dice
que casi nada se puede hacer para obtener rápidos resul-
tados. Lo que él, como asesor de los políticos de izquierda,
les sugiere a los diseñadores e implementadores de polí-
ticas es, no tanto no hicieran nada, sino sobre todo que
no prometieran nada, que no prometieran resultados ya
que no los habrá inmediatos. advierte, y debemos consi-
derar esa advertencia, que incluso con estas políticas de
izquierda que estaban pensando implementar entonces,
podría haber resultados nulos, o incluso negativos. Esto
tiene que ver con la complejidad social, la violencia, in-
cluso el delito, esa materia con la que tienen que lidiar las
políticas de seguridad que es tan, precisamente, compleja
y con tantas variables, que no se sabe cuáles son las que
efectivamente se pueden modificar y al hacerlo producir
los resultados deseados. No se trabaja en un laboratorio
políticas de izquierda G.i. anitua | 11
en el que pueden aislarse factores: estos se afectan entre
sí, y nada aparece determinado ni seguro.
Esto lo saben también los que realizan prácticas secu-
ritarias, penales y represivas de derecha, pues las inter-
venciones que ellos proponen o realizan no transforman
la realidad. Estoy pensando en la famosa política de “to-
lerancia Cero” o en las “guerras” contra el crimen, con-
tra la droga, etcétera. todo este discurso bélico es propio
de las políticas de la derecha y nos está indicando que la
izquierda tiene que hacer algo, y que al menos debe ser
radicalmente diferente.
Por cierto que no fueron aquellas políticas de derecha
las que modificaron la conflictividad social en las grandes
ciudades norteamericanas. Más allá de sus promociona-
dos “éxitos”, por todos es reconocido que han sido otras
variables, múltiples (tales como la reducción del número
de adolescentes y jóvenes por una cuestión de franja eta-
ria, de nacimiento, lo que incidió en la reducción de un
tipo de actos que realizaban los jóvenes en la calle).
En el mismo sentido de ausencia de relación de polí-
ticas y resultados, pensemos en las políticas, tan impor-
tantes en Europa, y en el resto del mundo también, de
concientización acerca de la violencia de género, y de
controles y de represión a esa violencia. Pese a ello, las
estadísticas indican un aumento de hechos. Ello puede
deberse a que lo que no se observaba antes ahora sí se
observa y, lógicamente, aparece con un mayor registro
de hechos. Las políticas puede que estén bien implemen-
tadas, y los hechos son menos, pero son más visibles y
el registro que es utilizado, mayormente desde el pun-
to de vista mediático, da la sensación de que empeora.
también es posible que efectivamente empeore, y ello
sucede “a pesar” de esas políticas y por otras causas, que
deberían analizarse.
Porque no todos los hechos y sus registros (aunque la
mayoría de lo que involucra la “cuestión securitaria”, sí)
evidencian procesos de construcción social de conflictos
y miedos sociales. también es posible que la realidad ma-
terial que afecta a los derechos más importantes empeo-
re. así, es posible que aumente, a pesar de todo, la violen-
cia. Es posible que aumente algo que es más difícilmente
manipulable por los medios de comunicación y por las
estadísticas, como lo son las muertes. Debemos estar pre-
parados a que incluso cuando hay buenas políticas el nú-
mero de muertes aumente y que entonces la población y
los políticos, y los propios expertos, se digan “¿a qué se
debe, es un fracaso, es culpa de la política?”. Responder a
ello no es sencillo, como lo evidencia la mencionada po-
lítica de género. La política no es afectada ni afecta a un
solo factor, hay muchos otros factores o variables, como
cuestiones de identidad, cuestiones más estructurales,
imposibles de manejar y transformar por las políticas
más serias y mejor orientadas.
Reconocer esto provoca desazón incluso en torno a
otro tipo de intervenciones integrales en materia de polí-
ticas securitarias en un sentido amplio, aquellas que dan
resultados positivos en esas otras variables como el em-
pleo, la ocupación, y que, sin embargo, en la materia de
seguridad los resultados no son los esperados porque este
campo es muchísimo más complejo.
Por eso no me parece errado ese primer postula-
do para el político de esta área, y que es también una
12 | artículos y ensayos
propuesta política de la responsabilidad, y es que no hay
que prometer resultados a la ciudadanía, hay que pro-
meter que nos vamos a ocupar y, a diferencia de la dere-
cha irresponsable, hay que ocuparse. La derecha se ha
dado cuenta de que funciona electoralmente lo que ha
hecho históricamente: dicen que van a aplicar penas de
muerte y luego no las aplican realmente, proponen un
discurso simbólico que le está diciendo a la población, a
las ciudadanas y ciudadanos que están preocupados, les
están diciendo que ellos se están ocupando o que se van
a ocupar.
incluso en este sentido “simbólico”, de brindar calma,
la izquierda también tiene que decir “nos estamos ocu-
pando”: tiene que decirlo y tiene que hacerlo. tenemos
que ocuparnos, entre otras cosas, porque lo que nunca
se hace es nada y siempre se hace algo en la vida social,
que también es política.
Y hay que hacerlo porque una consecuencia equivo-
cada del alegato a la prudencia que acabo de hacer sería
una suerte de inmovilismo.
Voy a citar a un personaje tenebroso del siglo XX,
Francisco Franco, a quien se le parece bastante Rajoy,
el actual presidente de España. Franco decía que había
dos tipos de problemas: aquellos que se resuelven solos
y aquellos que nunca se pueden resolver. Por lo tanto la
consecuencia política de eso sería: frente a los problemas
políticos no se debe de hacer nada porque o se resuelven
solos o no los podemos resolver nunca. tanto el presu-
puesto como la conclusión son totalmente falsos, como
casi todas las cosas que dijo e hizo Franco (y sus suceso-
res, así le va a Rajoy en materia económica ya que está
esperando a ver qué pasa, no hace ningún tipo de políti-
ca, en espera de que la crisis pase). Este “no hacer nada”
es falso igualmente porque siempre se hace algo (en el
caso de mención, cuando reprime a movimientos socia-
les, cuando se da un golpe de Estado, etcétera). incluso
cuando no se hace nada, se hace algo.
Los problemas, a pesar de que son complejos en cuan-
to a sus etiologías y remedios, lo cierto es que no se re-
suelven solos. En ese sentido insisto en que la discusión
gira en torno a la política, a esa política del qué hacer, y
una política de izquierda siempre estuvo presente en los
diagnósticos y propuestas de esta materia.
Pienso en los textos fundacionales de Marx y de En-
gels. Este último, quien era un gran estratega de la po-
lítica, especialmente se ocupaba de la problemática del
delito, de la prostitución, de aquello que, en forma errada
y clasista, vinculaba a una sub-clase como meros objetos
de las políticas (porque el proletariado solo lo veían como
sujeto político o como clase activa en tanto eran quienes
podían producir los cambios políticos). Esa adscripción
del problema a lo que ellos llamaban lumpen-proletariado,
es decir proletariado basura, no solo es equivocada e in-
justa sino que reflejaba el componente racista del siglo
XiX. a pesar del tiempo transcurrido, sigue persistiendo
una visión de que esas clases marginales a las que se di-
rigen las políticas securitarias, a las que se dirigen como
objeto, son “el problema” de la seguridad.
aquí se advierte la necesidad de transformar esa vi-
sión, heredera del campo delimitado por el pensamiento
tradicional, y realizar otro tipo de respuesta de izquier-
da, otro tipo de respuesta socialista en forma de política
políticas de izquierda G.i. anitua | 13
de seguridad. Para la nueva izquierda esa pobreza, esa
marginalidad no debería de “el problema”, sino parte del
mismo, sus principales víctimas y por tanto interesados
en mejorar todos sus aspectos.
Esta nueva política debe considerar que las personas
sumergidas en esta problemática tienen que ser los nue-
vos sujetos de las políticas de seguridad, los sujetos de
derecho que deben protegerse a través de estas políticas
de seguridad de esta nueva izquierda o de este nuevo so-
cialismo teñido de humanismo. Debemos trastocar estas
percepciones, y tener en cuenta a los individuos e indi-
viduas más marginales concibiéndolos como sujetos de
derechos y sujetos de esas políticas.
La igualdad en la precisión de los objetivos
En este sentido lo primero que debe hacer una política
securitaria de izquierda es fijarse con muchísima clari-
dad objetivos políticos. Y estos objetivos tienen que ser los
objetivos tradicionales de la izquierda, contrarios a los de
la derecha. Y principalmente el de la igualdad, la igual-
dad con humanismo, con libertad, con solidaridad, pero
sobre todo la igualdad.
Una política securitaria de izquierda debe respetar
ese principio de igualdad y no de defensa de privilegios,
no de defensa de sectores, clases y espacios privilegiados.
Una seguridad, por tanto, para todos. Su objetivo es la se-
guridad que tienen todos los individuos, seguridad como
sumatoria de todos los derechos constitucionales pero
también como un derecho en sí mismo para cada uno
de las y los individuos, a un espacio público que debe ser
protegido para todos, para el disfrute de la vida de todos
y todas.
En este sentido, también podemos pensar en el con-
trol del delito, que es a lo que normalmente remiten las
políticas securitarias, pero un control del delito de todos,
intentar escapar a las políticas de “mano dura” con los
delitos de pobres (robos, hurtos, lesiones y tráfico de dro-
gas a pequeña escala), que son los que llenan de indivi-
duos las cárceles, y que abraza de total impunidad a los
delitos de los poderosos.
Estamos dentro del juego, y no tenemos más remedio
que jugar ese juego, en esa cancha en la que los medios
de comunicación, como residuo de políticas de antigua
data, nos han fijado la agenda pública; pero también po-
demos cambiar las reglas.
El control del delito no tiene que limitarse al control
del delito de los pobres, porque esa agenda fijada con lo
delitos callejeros, los delitos principalmente contra la
propiedad, o vinculados a la violencia que además es
intra-clase.
Las políticas tradicionales apuntan a ellos, hasta
cuando aparentan dirigirse a otros fenómenos. Se ad-
vierte en aquellas políticas excepcionales y normalmente
equivocadas, porque son innecesarias, como por ejemplo
el control de tráfico de drogas, que claramente forman
parte de emergencias artificiales, aparentemente dirigi-
das a erradicar unos problemas muy complejos pero que
materialmente se concretan en mayor represión a los
débiles.
Esta política securitaria así orientada no solamente
14 | artículos y ensayos
es ineficaz sino que genera nuevos problemas, puesto
que como no es posible investigar a los que consumen o
trafican en altas esferas, se materializan en el control de
lo que sucede en el barrio; funciona como una excusa,
una nueva legitimación, para seguir criminalizando a los
pobres.
De allí la importancia de controlar, eficazmente, el
delito de todos. Si hay algo que cruza igualitariamente, a
todas las clases sociales, es el delito. Esto forma parte y en
primer lugar del discurso verdaderamente de izquierda.
Se debe erradicar esa falsa idea de los que delinquen son
los pobres (y que lleva también a la falsa idea de que aca-
bando la pobreza se acaba el delito). Esto es injusto con la
inmensa mayoría de pobres que no delinquen, y con los
muchos ricos que sí lo hacen. Y me refiero no solamente
al delito económico, al que realmente afecta a la estruc-
tura, al sistema capitalista mismo en verdad –que es a su
vez el generador o la causa quizá más importante–, sino
también al tipo de violencia más individual. Me refiero
también a la corrupción, no solo de las clases altas o las
clases políticas, sino de todas las clases medias. Lo mis-
mo con los delitos llamados “comunes”: se distribuyen
igualitariamente.
Las políticas socialistas y humanistas de seguridad
también deben centrarse en la cuestión de la vida.
Las políticas de izquierda deben decir no a lo intole-
rable. Y las muertes evitables deben de ser evitadas. Una
política de izquierda debe analizar dónde se producen es-
tas muertes y qué contextos las sufren y provocan. Y ha-
cerlo desde la mencionada perspectiva igualitaria: cada
vida vale lo mismo.
Por ejemplo, la principal causa de muerte en mi país
tiene que ver con delitos, pero con delitos que son deno-
minados culposos o imprudentes. Son muy importantes
también aquí los delitos en situación de tránsito, el re-
sultado muerte provocado por los conductores de au-
tomóviles que, habiendo también de clases populares,
principalmente son de clases medias. Son individuos que
conducen en estado de ebriedad, negligentemente, los
causantes de dichas muertes.
Entiendo que intervenir en esta materia (y principal-
mente en forma preventiva, con controles de velocidad,
de alcoholemia, del estado de los automotores y conduc-
tores, con disuasión y ocupación del espacio de ocurren-
cia) es principal, porque sí se pueden obtener resultados.
Hay experiencias comparadas que indican que en esta
materia se puede reducir eficazmente la mortandad.
La cautela debe llevar a que la política priorice su
intervención a acciones posibles, que puedan obtener
resultados positivos. Y la igualdad también nos invita a
fijar objetivos claros. Para el caso, que haya menos muer-
tos y no necesariamente que haya menos delitos.
Hay otros tipos de muertes que deberían ser evitadas,
como aquellas que ocasiona la violencia de género, la
muerte de mujeres en manos de sus parejas o ex parejas,
que también ocurre en todas las clases sociales.
igualmente deberían evitarse las muertes que ocasio-
na la misma violencia institucional. Las más de las ve-
ces los mismos mecanismos e instituciones encargados
del control del delito son autores de los hechos más gra-
ves como muertes o torturas. también la vida de estas
políticas de izquierda G.i. anitua | 15
víctimas importa, y debe protegerse evitando prácticas
constitutivas de las agencias del sistema penal.
Estas prioridades forman parte de una estrategia
igualitaria que exige el control del delito, del delito que
hacen todos, no solo del atribuido a los pobres.
En todo caso, teniendo en cuenta cuál es la realidad
social sobre la que se aplican dichas políticas, también
se trata de intentar empoderar, intentar igualar no solo
los derechos sino lo constitutivo o material. Un cambio
radical de las agencias tradicionalmente encargadas de
esta materia, como la policía, es que se conviertan en de-
fensores y no en enemigos de los derechos humanos de
todos y especialmente de los más débiles.
Ya habíamos dicho de la isonomía en la distribución
de autoría de delitos. Ello no se corresponde con las vícti-
mas, que muy mayoritariamente corresponden a las cla-
ses más desaventajadas (víctimas de la violencia intra-
clase, y de la sistémica e institucional).
Las políticas que empoderan a los sectores más vul-
nerables a la violencia, se hacen al servicio, por ejemplo,
de la mujer que trabaja duramente, gana poco y cuando
va al barrio unos muchachos se lo quitan; a esa mujer
hay que empoderarla, ella no tiene que sufrir ese tipo de
abusos en esa relación de poder intra-clase, ni la de la ex-
plotación laboral.
Se trata de empoderar a esas ciudadanas y a esos ciu-
dadanos para que también mejore la situación de todo
ese escenario conflictivo. Y esto sin duda debe hacerse
con la participación y protagonismo de los mismos indi-
viduos y grupos más débiles y excluidos. también es una
función política la de propiciar que puedan expresarse y
ser oídas sus demandas y necesidades.
¿Cuál es la dirección de este objetivo? La igualdad. La
concreción dependerá de esas necesidades en muchos
casos desconocidas por políticos y expertos.
Ponderación y prelación de derechos
La otra cara del derecho es la necesidad. Por eso deben
plantearse las políticas como satisfacción de derechos en
tanto se reconocen las necesidades de sus titulares, que
son las personas y los pueblos.
Y es por ello que es muy necesario que desde las es-
pecíficas disciplinas criminológicas se consideren seria-
mente los reclamos y las necesidades sociales. Poner en
primer lugar a la vida, a la vida digna, tiene que ver con
una necesaria ponderación y prelación de derechos, de
un reconocimiento de su importancia.
Las políticas específicas en materia de seguridad de-
ben merecer nuestra atención, porque así lo demandan,
también, los más débiles o subalternos, los que más lo
necesitan.
Existen importantes precedentes en el campo de la
denominada “criminología crítica”, o marxista, que así
se llamaba en los años setenta. Desde entonces también
se plantea esta cuestión específica del ¿qué hacer? Debo
citar a ese libro maravilloso de jock Young y john Lea,
dos criminólogos británicos, que se ha traducido al cas-
tellano (en Buenos aires) como ¿Qué hacer con la ley y el
orden? Es de 1986 y se trata de una primera propuesta
concreta de investigación y diseño de políticas sobre ese
16 | artículos y ensayos
el terreno fijado por la derecha de entonces bajo el lema
“ley y orden”.
El lema, y las propuestas que implicaba, formaba
parte de lo que Margaret thatcher hacía en esa contra-
rrevolución conservadora en materia económica, efec-
tivamente de derecha, pero también en materia moral
y política. En efecto, el principal lema de campaña que
llevó a thatcher al poder era “Ley y orden”. El éxito de la
campaña de los conservadores, incluso la derecha más
reaccionaria en otros lugares, fue decir que se iban a
ocupar de restablecer el orden a partir de la represión del
delito. No había más propuesta que esa de ocuparse y de
reprimir. Resulta casi mágica la propuesta, pero desde el
punto de vista electoral funcionó. tan así que una anéc-
dota de este libro de jock Young y john Lea, es que ellos
concluyen con una explicación de por qué, como crimi-
nólogos críticos, se meten con un lema que es propiedad
de la derecha. Reconocen como más que un síntoma que
la tía de jock Young les dijese “yo soy socialista de toda
la vida, sindicalista de toda la vida, pero si la izquierda
no propone nada en este terreno, terminaré votando a
la derecha”. amplios sectores trabajadores, vulnerables,
admiten que esta cuestión de la seguridad les afecta más
que otras en lo inmediato. Es por ello que hay que hacer
algo, entonces, esto es un motivo para pensar en qué se
debe de hacer.
En este aspecto la principal preocupación refiere al
cambio de las estructuras policiales, su selección y for-
mación (cosas que aquí, en Venezuela, también se han
iniciado a hacer) y la rendición de cuentas hacia la so-
ciedad a la que debe imbricarse como parte de la misma.
Surge, así, un posicionamiento crítico pero que, al ser
político, admite matices y compromisos.
El libro es muy jugoso porque no solo realiza este tipo
de propuestas, o porque critica a las de la derecha, sino
que también van a discutir con aquellos que denominan
“idealistas de izquierda”.
No es casual que sus propuestas se conocerán como
“realistas de izquierda”. Yo creo que los textos preceden-
tes del realismo de izquierda son los que se enfrentan,
desde un punto de vista intelectual, con los críticos que
decían “mejor no hacer nada” en materia de control
del delito. Recordemos las críticas fenomenológicas a la
criminología tradicional, es decir, toda esa criminología
radical que transforma a la criminología positivista, fun-
cionalista y más ligada al poder, entre los años sesenta
y setenta. Muchas de las respuestas a inteligentes inves-
tigaciones de estos criminólogos eran que todas las in-
tervenciones punitivas, securitarias y de control lo que
hacen es etiquetar, identificar determinadas situaciones y
a ciertas personas como delitos y como delincuentes, y, por
lo tanto construyen carreras delincuenciales. En definitiva,
se hace peor el remedio que la enfermedad; que cuanto
más atención brinda la sociedad a esta cuestión resulta
que es peor, porque se esencializan o materializan los
peores temores. Y ello no solamente como producto de
las políticas represivas o de aislamiento.
Una desazón que se presentaba entre los propios
defensores del “Estado de bienestar”, en particular en
los Estados Unidos en los años sesenta, es que también
se demostraba como no aseguradora del éxito, en esta
materia, otro tipo de política, no represiva. tras treinta
políticas de izquierda G.i. anitua | 17
años de Estado de bienestar, de algunas políticas de tipo
asistencial –que se suponían una solución para el tipo
de conflictividad de los sectores que debían salir de la
marginalidad–, se constataba que el delito aumentaba.
algunas respuestas en el sentido que indicamos eran del
tipo “sucede esto porque nos estamos ocupando mucho
de este tema, estamos llamando tanto la atención sobre
las posibilidades de ser un delincuente, que aquellos a los
que se busca proteger se convierten en delincuentes”; y,
luego, “entonces es mejor no hacer nada”. Como ejemplo de ello la expresión de Edwin Schur, un
criminólogo británico que tituló un libro Radical Non In-
tervention (No intervención radical), en 1973. Claro que lo
que propone, en el marco de la perspectiva fenomenoló-
gica, es una sociedad más tolerante, pero dejaba entrever
que, en esta materia, mejor no hagamos nada.
En fin, contra ello es que los realistas de izquierda se
enfrentan. Entienden que es una postura idealista y erra-
da, porque el problema material del delito y los daños y
lesiones que provoca sí que existe. Reconocen como cier-
to que con las respuestas represivas habituales se suma,
a este problema material y a través de la manipulación
mediática del miedo, del pánico moral, algo que no es
real: la sensación de inseguridad.
justamente por ello en la respuesta de izquierda se
debe prestar atención a ese problema material, primario,
pero también a los provocados por los discursos, por la
misma existencia de agencias represivas, que tiene con-
secuencias materiales. E incluso al de los discursos, que
aunque no sea real, en sus consecuencias sí que lo es, por
lo que también debemos ocuparnos de estos miedos, de
estos temores, para, al menos, no ampliarlos con la inter-
vención y atención.
antes que nada insisto en hay que ocuparse de esta
situación material que preocupa porque existe. Se asume
que hay una situación material de violencia que perju-
dica especialmente a la clase trabajadora. Hay otro texto
del propio jock Young, de 1975, que anticipaba esto. Se
llama “Criminología de la clase obrera”1, y sé que algu-
nos de ustedes han leído. Para él, esta clase, que es el suje-
to tradicional de la izquierda, es principalmente víctima
de la violencia individual, de la social y también víctima
de la violencia institucional que se aprovecha de estas
circunstancias para reprimir a los pobres, a la disidencia
política. Entonces, es más claro que nunca que tiene que
hacerse una política criminal para ellos, a favor de ellos.
aun cuando el objetivo sea el de la transformación
social más amplia, hay que ocuparse también del “mien-
tras tanto” (que es otra expresión de cara al marxismo).
Y no solamente para ponerse frente a expresiones cri-
minológicas no muy elaboradas, que sostienen que
incluso el delito interpersonal más irracional es conse-
cuencia del capitalismo y su modo de producción, y que
todos los conflictos se van a resolver cuando cambiemos
de sistema, cuando nuestra revolución concluya exito-
samente. Marx no decía acabadamente esto, decía que
1 Hay una edición disponible de este trabajo entre las publica-ciones de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes), que puede encontrarse en su sitio web: http://www.unes.edu.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=3888. (N. de E.)
18 | artículos y ensayos
se van a acabar los problemas que ahora tenemos, se
acaba la “prehistoria” y entramos en una historia que
tendrá otro tipo de conflictos, existirán otros problemas
que habrá que estudiar entonces –los cuales pueden ser
parcialmente similares a estos que nos fija la agenda de
la seguridad, por cierto–; pero aun así, se debe prestar
atención a los problemas de los más vulnerables, justa-
mente para hacer posible su constitución como sujetos
y actores en la historia: no es cierto que “cuanto peor,
mejor”. Hacer algo en esta materia por la clase trabaja-
dora, en los actuales sistemas, también es obligación de
la izquierda.
Y es que lo que señalan jock Young y john Lea sobre
el “no hacer nada”, es que constituye una intervención
que en definitiva termina siendo funcional a las políticas
neoliberales. Por cierto que la lectura de la no inversión,
la reducción del gasto, en general y sobre la política de
seguridad integral, de tinte liberal, vino de la mano con
la mera represión, de tinte conservador. Esto pasó histó-
ricamente, en aquellos años, en Estados Unidos e inglate-
rra. Con las políticas de seguridad de la derecha se logró
aumentar desmesuradamente el número de presos (en
veinte años se pasa de trescientos mil presos a dos millo-
nes y medio, en Estados Unidos). Y con ello también au-
mentó, lógicamente el gasto. incluso se fue más allá que
un mero corrimiento del gasto social al represivo (como
el que denuncia Wacquant).
aquí debería hacer un paréntesis, pues también es
obligación del político considerar esta variable: el pre-
supuesto estatal es más o menos limitado, todo lo que
gastemos en materia de seguridad se reduce de otro lado.
Cuando instábamos a la cautela, al cuidado, también nos
referíamos a eso, esencializar esta materia, dedicarle una
mayor parte del presupuesto implica quitárselo a otras
áreas y una política de izquierdas debe ser cuidadosa, al
menos, con ello.
Volvemos entonces a Estados Unidos, donde desde los
ochenta empeoraron todas la políticas sociales para dedi-
car gente y dinero a las cárceles, cuerpos policiales, me-
canismos tecnológicos de control −con resultados muy
cuestionados por cierto, muy negativos si tomamos en
cuenta la política general, y sobre todo con un resultado
claro que es la represión de los grupos étnicos, grupos
sociales, es decir, los más pobres (en el caso norteame-
ricano a los afro-descendientes). Y estas consecuencias
deberían servirnos de enseñanza.
La no represión como consenso progresista
algo que me parece importante rescatar de las políticas
de seguridad del socialismo, de la izquierda, del progre-
sismo, pero del estrictamente latinoamericano, tiene que
ver con esta advertencia general de “cuidado con la re-
presión”. La propia historia regional nos ha mostrado los
excesos a los que se ha llegado con la represión securitaria.
ahora se habla de seguridad ciudadana, seguridad urba-
na, pero en pos de una idea similar de seguridad (“segu-
ridad nacional”). En mi país y en el Cono Sur en general,
se llevaron a cabo los más atroces crímenes, los crímenes
de lesa humanidad, los crímenes del propio Estado. La
bandera de estos criminales era la seguridad, la Doctrina
políticas de izquierda G.i. anitua | 19
de la Seguridad Nacional enmascaró esa represión crimi-
nal. Sabemos el papel que jugó el llamado “Consenso de
Washington”, que esa política delictiva tenía un manda-
to internacional para hacerlo; pero fueron los militares
y políticos locales los que llevaron a cabo, bajo la idea de
seguridad y con apoyo de sectores de la población, esta
política nefasta. Estos otros hechos, locales nos advierten
para que seamos cuidadosos con la represión, que es una
política de derecha.
Los nuevos consensos, más progresistas, implican no
reprimir y, más concretamente, no reprimir a la protesta
social –algo que era propio de la agenda de la derecha.
Frente a determinados problemas y en determinadas si-
tuaciones es necesario permitir otras salidas. En las crisis
podemos decir que todos tienen razón, por lo tanto hay
que ser tolerantes. En estos casos, la recomendación de
una izquierda con nuestra experiencia histórica sería
más bien la de un “no hacer”. En verdad, en un “hacer”
cualquier otra cosa, y principalmente en donde no se in-
volucren las llamadas “fuerzas de seguridad”. Es decir,
no reprimir. Y digo no reprimir inclusive a aquellos que
no tengan razón para protestar. Por ejemplo, hoy mismo
(en el día de hoy, 8 de noviembre de 2012) en argentina:
grupos sociales privilegiados, pero amplios, están reali-
zando una importantísima movilización mediatizada por
la derecha, que puede tener una pretensión destituyente
y que tiene la bandera de la seguridad. Muchos ciudada-
nos protestan diciendo que hay mucha inseguridad en
las calles. Utilizan este discurso como crítica al gobier-
no, por la ausencia de política en este rubro, cuando en
realidad lo que les molesta son otras cosas. Pero el lema
unificador es el de la “seguridad”; y es por eso que logran
convocar a grandes sectores de la población, bajo un dis-
curso básicamente de derecha. “Hacer algo” sobre este
tema aparece como necesario, a la par que también el go-
bierno debe de ser tolerante con un tal reclamo. Sería un
error reprimir o desacreditar una manifestación así, aun
conociendo otras intenciones y posibles riesgos. Frente
a esto hay que discutir, hay que debatir con las ideas.
Una política de seguridad de izquierda debe ser capaz de
señalar que ese reclamo no tiene razón. Que no puede
ser motivo de protesta contra el gobierno. Que aunque
haya problemas materiales, el gobierno no es culpable ni
responsable. En todo caso, que de alguna manera se esté
ocupando. Se pueden dar estas respuestas, pero nunca
llegar a la represión…
Pero la represión forma parte de los sistemas y agen-
cias penales y de seguridad. ¿Qué hacer con ellos?,
¿cómo transformarlos para ponerlos al servicio de la
igualdad? Esto también se plantea en el texto de jock
Young y john Lea, en el contexto político británico de
los años ochenta. Si bien ellos están criticando, des-
montando los mitos de la campaña de la ley y el orden,
también están preparando el programa electoral que
debería ser llevado adelante por el laborismo cuando
desplace a los conservadores (también puede ser una
enseñanza que luego Blair, cuando asume el gobierno
británico, no hace nada de esto, continúa con la agen-
da de la derecha y los criminólogos que mencionamos
lo abandonan). El libro mezcla rigor académico con
compromiso político: estaban preparando el programa
20 | artículos y ensayos
criminológico electoral para que Blair se enfrentara con
el conservadurismo.
La necesidad de proponer algo concreto (y mucho
más, la de hacerlo, cuando ya se ejercen responsabilida-
des de gobierno) la de ocuparse del diseño de políticas,
transforma la misma mirada teórica de los problemas.
La implementación de políticas tiene que ver con la
investigación pero también con la transformación de
actores. La famosa reforma siempre implica un compro-
miso, y asumir cosas que no nos gustan demasiado. La
reforma de los actores es la de aquellos que ya están ahí:
los jueces, las policías, las cárceles; todos tienen que ser
transformados, partiendo de los que están y son. La polí-
tica no se hace en un laboratorio.
Política cultural y agencia policial
Esto encamina a que los criminólogos críticos (expre-
samente los ingleses que mencionamos) vuelvan a una
cuestión que había sido abandonada por la criminología
crítica: la cuestión etiológica. Deviene necesario bus-
car las causas posibles (aun reconociendo la comple-
jidad) para buscar remedios. En esto se vive una suerte
de claudicación ante lo “etiológico”, que había quedado
como característica del positivismo criminológico o del
funcionalismo.
Los “criminólogos políticos” reconocen que no esta-
ba tan mal esto de la etiología. Hay que intentar expli-
car, con todas las cautelas necesarias. Esta es la única
forma de implementar medidas para poder atacar los
problemas. Young y Lea proponen ir a la razón de los
problemas, para lo que hay que volver a aquel tipo de
investigación abandonado y recuperar incluso aquellas
tradiciones que criticaron previamente, como el fun-
cionalismo. Se rescata especialmente a Robert Merton,
uno de los grandes sociólogos funcionalistas. Lo que
decía Merton no está mal, nos sirve para explicar que el
“stress”, la tensión que sufren aquellos miembros de la
sociedad que son compelidos a verse como fracasados, no
tiene que ver con la privación absoluta, con la pobreza,
sino con cierta “privación relativa”, la relación entre lo
que se “oferta” y se presenta como éxito social, y lo que sí
se puede conseguir. En todo caso, con algo que implica la
realización de políticas integrales, de igualdad de oportu-
nidades, pero también de transformar la cultura, esa cul-
tura norteamericana del hiperconsumo, de llegar a tener
éxito a cambio de dinero, tener grandes carros. Esto hay
que transformarlo también; una política integral de se-
guridad de izquierdas tiene que hacer una política ma-
terial y también una política cultural para combatir esta
privación relativa. Y privación que no es solo de bienes
materiales. En sus últimos libros (La sociedad excluyente,
El vértigo de la modernidad tardía, ambos traducidos al
castellano), Young muestra claramente la relación en-
tre la violencia, el delito y el desorden con la privación
de la ciudadanía y la exclusión social. Las propuestas
que se deducen de este diagnóstico apuntan a entender
la complejidad del problema y a tener en cuenta que las
modificaciones, en relación al problema criminal, deben
garantizar la oportunidad de la ciudadanía para todos,
políticas de izquierda G.i. anitua | 21
y desterrar definitivamente la posibilidad de la exclusión
estableciendo una base de real democracia y justicia.
Pero no tenemos tiempo para, a la vez, diseñar trans-
formaciones tan profundas (y de largo plazo) y obtener
resultados visibles (de mediano y corto plazo) sobre la
vida y la convivencia de los ciudadanos más desfavoreci-
dos. Esto se hace “a la vez”; aquí en Venezuela y en todas
partes del mundo, a la vez hay que realizar políticas in-
tegrales y dar cuenta de que nos estamos ocupando, nos
hacemos cargo, de lo inmediato. indicar que parece que
esto sí puede estar dando buenos resultados. Entiendo
que, incluso electoralmente, es importante el político que
se hace cargo del problema. Esto pasa por reconocer el
problema y, con cautela y humildad, no prometer resul-
tados sino esfuerzo, dedicación, durante las 24 horas del
día sobre esa situación. Muchas veces con micro-políti-
cas que dependen del complejo ensayo-error-innovación.
Y en esa implementación es fundamental la pregunta
sobre los actores y es un esfuerzo fundamental que ade-
más tiene que ver con lo que se realiza en esta Univer-
sidad, que es la institución o agencia policial. Claro, en
una política de seguridad integral se trata de involucrar
a agentes múltiples, pero también a los clásicos, y uno de
ellos es principalmente la policía.
Es posible pensar (y yo creo que es deseable) en una
revolución que lleve a un país a organizarse sin ejército,
como Costa Rica. incluso puede pensarse una organiza-
ción social abolicionista, sin cárceles, sino en su lugar
algunas pocas instituciones terapéuticas para los casos
más graves. Podemos pensar en llegar a hacer una uto-
pía sin ejércitos ni cárceles, pero una utopía sin policías
no se me ocurre. Entonces es especialmente importante
intervenir, transformar esa policía no solo por el dominio
de los discursos actuales de la derecha para interpelar-
las, sino por su propia génesis marcada por la función de
control y de represión a los sectores marginales. Contra
ello hay que acentuar varios puntos en torno a la poli-
cía, algunos que son fundamentales y algunos que se ven
como poco trascendentes. algunos críticos de los proce-
sos de reforma dicen que esto es muy poco, que hay que
ir más allá de una reforma, y probablemente sea verdad
pero cualquier cambio es importante: seamos otra vez
cautos y conformémonos con esa reforma posible.
Una idea principal tiene que ver con el control: sea
cual sea la fuerza, aunque sean ángeles los policías (que
nunca lo van a ser), el problema está efectivamente en lo
que hacen los individuos. Pero individuos que están in-
sertos en una cultura institucional y social que permite y
promueve que actúen en forma descontrolada. Es común
que frente a los casos de tortura, violencia, corrupción,
se señale que son problemas de “malas manzanas”, y de
esta forma se impide la transformación que esos hechos
debería obligar a hacer para desterrarlos definitivamen-
te. Y es que además no es así: esos y otro tipo de proble-
mas (también la ineficacia) no son solo individuales, sino
que reproducen y manifiestan problemas estructurales,
institucionales, funcionales y que son genealógicos, ya
que las policías se estructuraron para hacer eso que más
que patológico es funcional.
Reconocer ello no significa negar la importancia de
los individuos. Por eso es importante su selección, im-
portantísimo su compromiso, que es un compromiso
22 | artículos y ensayos
que tiene que ser político. Los ciudadanos que ejerzan el
poder policial tienen que estar comprometidos política-
mente con lo que van a hacer. La tarea de una política
securitaria de izquierda tiene que ser realizada por agen-
tes que provengan de esos mismos estratos a los que van
a cuidar, es un compromiso, más que político, afectivo,
tiene que haber empatía con aquellos sectores a los que
se garantizará una mejor vida, una protección, y que son
los más vulnerables.
Pero aun así, tiene que haber controles. Existe una
auténtica necesidad de “rendir cuentas” a través de me-
canismos de controles internos, auditorías, pero tam-
bién controles comunitarios, participativos y, sobre todo,
controles políticos. Un gran error incluso de sectores
progresistas es delegar en el gobierno de la policía a la
misma policía (o el gobierno de los jueces en los jueces).
Esa “entrega” del poder puede tener que ver con esa falta
de experticia o de confianza de que los políticos pueden
controlar. Entonces se delega el control de los jueces a los
jueces, de los fiscales a los fiscales, de los policías a los
policías porque, supuestamente, ellos son los que saben.
Es un error, que entre otras cosas evita que sean efectiva-
mente controlados. Nadie se controla bien a sí mismo, y
ellos son los agentes que desde la población tenemos que
controlar. No hacerlo sería como decir que los alumnos
se evalúen a sí mismos. No pueden controlarse a sí mis-
mos los policías, insisto, no puede controlarse a sí mismo
ninguno de los actores tradicionales, y ese control tiene
que ser necesariamente político, comunitario, y creo que
tiene que estar guiado por estas políticas de izquierda.
Un gran peligro de las fuerzas de seguridad o policiales
está en el mencionado autogobierno, américa Latina
también nos da muchos ejemplos peligrosos. Pensemos
en situaciones graves para la democracia en las que los
policías constituyen actores principales, como Ecuador,
como Bolivia. aquí tenemos muchos ejemplos peligro-
sos que nos deben guiar a impedir ese autogobierno de
la policía.
Muchos autores, quizás demasiado prudentes, dicen
que hay que limitar la reforma policial a que no haya vio-
lencia institucional, a que no haya torturas y muerte en
el ejercicio de la función policial, o corrupta. Yo creo que
hay que hacer mucho más, pero insisto en que esto no
es poco. Podría ser una política de izquierda asumir que
la cuestión de base sigue igual, pero ahora, al menos, la
policía no mata. No es menor porque decir esto quiere
decir que se ha mejorado, que se ha cumplido, muy par-
cialmente, el objetivo: hay menos muertes. aun cuando
haya la misma cantidad de muertes por violencia inter-
individual. No es menor que esos hechos, lejos de ser la
política de seguridad, son atentados a la misma, son el
objeto a eliminar por la tal política securitaria. Estos son
los delitos evidentemente más graves. Los que comete el
Estado y los que primeramente tienen que ser evitados,
como las torturas y muertes por parte de las acciones
policiales. Una política securitaria de izquierda debe im-
pedir estos hechos, y se pueden conseguir resultados con
relativa rapidez en este campo.
Por cierto que otra cuestión trascendente para lo-
grarlo es la que tiene que ver con la experiencia que es-
tán ustedes emprendiendo ahora con la educación. La
selección es importante pero también lo es la educación
políticas de izquierda G.i. anitua | 23
de quienes integran los cuerpos policiales, de estos indi-
viduos políticos que son los policías y que tienen funcio-
nes diversas para las que tienen que capacitarse más allá
de lo que le enseñan los otros policías.
Es fundamental la educación general, pero también
la específica. Me refiero a la educación que se produce
normalmente en muchos países una vez que ya son po-
licías y en situaciones donde se aprenden las reiteradas
prácticas negativas, que restan legitimidad y eficiencia a
la policía. Para anticiparse a esto hay que enseñar bue-
nas prácticas, que tengan que ver con la presencia, con
la prevención, con la disuasión y, específicamente, con
aquello de lo que estamos hablando, es decir, no cometer
delitos.
Prevención y resultados
otra cuestión importante, desde el punto de vista políti-
co, es que se deben ofrecer resultados.
Si hablamos de la prevención de muertes, por ejemplo
en materia de delitos culposos, tiene que haber presencia
policial en las autopistas, en los lugares donde ocurren
estos hechos y que cuenten con herramientas que no
sean las penales tradicionales: probablemente son más
útiles las posibilidades de anticipación o sanción las he-
rramientas del derecho administrativo. Si hablamos de
medidas que pueda adoptar el policía, estas deben ser de
rápida intervención; quitarle el carnet, quitarle el coche,
si está borracho, no conduce más. Ustedes deberán eva-
luar cuál será la educación en función de esta policía de
prevención destinada a ello.
asimismo debe pensarse cómo tiene que ser, de espe-
cífica, también la prevención de violencias en materia de
género, o de maltrato escolar, etc. Es, lógicamente, otro
tipo de habilidades la que debe enseñarse, tanto para in-
tervenir, como, antes, para percibir el problema.
Y ello también involucra la separación de las funcio-
nes tradicionales de la policía (que siempre fueron muy
heterogéneas). Recordemos que incluso cuando se co-
menzaba a gestar la policía, en el siglo XiX, se pensaba
en dos funciones diferentes: la destinada a mantener el
orden en la ciudad y la que investiga delitos. tradicio-
nalmente es la misma institución encargada de ambas
funciones, pero es claramente distinta la formación de
aquel que tiene que prevenir que las cosas ocurran y tie-
ne que utilizar herramientas del derecho administrativo,
y aquellos que intervienen cuando el hecho ya sucedió,
y es por cierto irremediable. aquí interviene la policía
e interviene la justicia penal también… Pero interviene
tarde. Por eso creo fundamental la formación en agentes
que prevengan, que no necesariamente sepan investigar
pero sí que se relacionen con la prevención.
Claro que esto es importante, pero no es lo más im-
portante. Quizás se deba insistir frente a la ciudadanía
que reclamar transformaciones en el código penal en
procesal es de nula incidencia en la materia de preven-
ción de las violencias o protección de la vida. La ciudada-
nía debe saber que con las herramientas penales estamos
interviniendo cuando ya lo malo ha sucedido, cuando no
podemos devolver la vida ni incidir en el futuro siquie-
ra de los terceros a ese hecho. Habrá que insistir en los
24 | artículos y ensayos
mitos de las teorías preventivas de la pena. La pena no
previene.
Pero las policías también tienen funciones vincula-
dos con lo penal. Y que también se hacen muy defec-
tuosamente. Se debe enseñara a investigar, a funcionar
como colaboradores de la justicia penal, ya que en esa
tarea la policía tiene otras funciones, de efectos meno-
res en comparación con la verdadera prevención, pero
tiene también efectos. Y para esto hay que saber inves-
tigar, puesto que quién en realidad marca esa investi-
gación, más que un fiscal, más que el juez, es la policía,
la que primeramente interviene frente al suceso o la
denuncia. Es por ello que la policía tiene que estar muy
capacitada para eso. Y muy capacitada también para di-
versos hechos delictivos. No es la misma la capacitación
para investigar los delitos de los pobres, la violencia in-
dividual del barrio, que la investigación para descubrir
(y también para evitar) grandes fraudes tributarios o
los delitos de empresa. Los policías que se encarguen de
esto tienen que ser contadores, tienen que ser econo-
mistas, deben tener una gran formación, una profunda
formación.
“Investig-acción”
Esto nos vincula necesariamente a investigar (alejándo-
me ya de lo estrictamente policial) otro tipo de política de
izquierda, que tiene que ver, primero, con el diseño pero
también con el diagnóstico. Con lo que podríamos llamar
una política de “investig-acción”. Se trata de implemen-
tar políticas como quien prueba, considerar a la mejor
política también un ensayo. Reconocer que hay muchas
cosas que pueden fallar y que mientras se implementa,
mientras tanto, también se está investigando y apren-
diendo. Para ello es necesaria una evaluación de esas po-
líticas. Cierto que el diseño es anterior, pero la evaluación
se hace a la vez y posteriormente, y para esto es funda-
mental la tarea de la investigación; llevada adelante por
investigadores que se hacen en la práctica.
Siempre se puede aprovechar de conocimientos pre-
vios, de experiencias previas, pero yo diría que esto siem-
pre es relativo y que se investiga mejor sobre lo que el
propio actor forma parte.
En materia de políticas de seguridad, y probablemen-
te en todo tipo de conocimiento, hay cuatro tipos de cues-
tiones: 1) están aquellas cosas que sabemos que sabe-
mos; 2) están otras cosas que no sabemos que sabemos,
3) están las que sabemos que no sabemos y 4) aquellas
cosas que no sabemos que no sabemos.
a pesar de la necesaria humildad, no se debe dejar
de tener en cuenta que sabemos algunas cosas. Hay sa-
beres afianzados y otros difusos, aquellos que están en
los datos, desde lo más cuantitativo (estos números que
siempre son discutibles), hasta lo cualitativo, desde lo
que sabe la instancia de gestión política hasta el conoci-
miento del policía de a pie; hay cosas que se saben, por lo
que hay que aprovechar estos saberes, hay que sistema-
tizarlos, compartirlos. Y eso también es tarea que debe
incluir la transparencia, la difusión de ese conocimiento
(que puede tener incluso un efecto tranquilizador).
Pero también hay cosas que no sabemos que sí sa-
bemos. No sabemos qué hacer pero estamos haciendo,
políticas de izquierda G.i. anitua | 25
estamos contrastando cosas que sí se hacen. De hecho,
mucho de lo que señalé antes no forma parte de un acer-
bo consciente del policía o de la institución. Debe repa-
sarse ese conocimiento que es fundamental para la tarea
preventiva. Y en el mismo sentido, la criminología teóri-
ca también debe recuperar esos saberes que se han aban-
donado u olvidado (algunos intencionalmente porque
se consideraban investigaciones positivistas o antiguas).
Deberían recordarse porque siempre nos indican algo so-
bre el momento en que se produjeron; en todo caso, ana-
lizar de nuevo, con nuevos ojos, porque pueden aportar
cosas interesantes. aunque ya se hizo esa investigación,
repasémosla.
Hay veces que hay que inventar necesariamente,
pero hay veces que inventamos porque somos ignoran-
tes, porque no recordamos o sabemos de aquello que ya
habíamos hecho u otro hizo. Es necesario aprovechar to-
das esas experiencias. Es muy importante recuperar eso
que alguien supo o sabe, y que nosotros ignoramos que
se sabe.
otra cosa es cuando sabemos que no sabemos: esto
obliga a realizar investigaciones. Podemos tener intuicio-
nes. Percibir efectos. Entender que aquí pasa algo pero
que no sabemos muy bien qué es. Frente a ello, investigar
de forma exploratoria hará saber algo más. Reconocer
que no se sabe es el primer punto de partida de la inteli-
gencia. obliga a actuar, claro, para intentar obtener algo,
que siempre será mejor que la nada.
Y después está lo que ocupa el noventa por ciento del
saber sobre la cuestión criminal, sobre la cuestión de la
seguridad. Y digo noventa por cierto y creo me quedo
corto. Me refiero a lo que no sabemos que no sabemos.
Esta situación dificulta incluso el diseño de las investi-
gaciones porque no sabemos qué buscar, ni por dónde
comenzar. Es aquí donde aparece fundamentalmente la
ventaja, la consecuencia de las políticas democráticas,
socialistas y participativas. Las que implican que entre
todos y todas vayamos discutiendo, planteando cosas de
las que puedan surgir líneas de investigación.
En todo caso, concluiré diciendo que hay que investi-
gar. investigar mientras se hace, asumiendo esa dificul-
tad y, por lo tanto, investigar sin suficiencia, con capa-
cidad de autocrítica y también con controles internos y
externos –principalmente los comunitarios–, puesto que
estamos trabajando con el dinero de todos y de todas, de
aquello mismo que se investiga y diseña.
agradezco mucho su atención y agradezco también
por dejarme a mí escuchar, aprender y participar de esta
experiencia.
La atención a las víctimas desde un enfoque comunitario *Atención psicosocial y reparación integral
CARLOS MARTíN BERISTAIN **
El enfoque que se presenta en esta ponencia se centra en una perspectiva
psicosocial de la experiencia de las personas o colectivos afectados por la
violencia y del apoyo psicosocial o las perspectivas sobre la reparación.
1. Una perspectiva psicosocial de la atención a las víctimas de la violencia
Atención psicosocial
Entendemos por atención psicosocial el proceso de acompañamiento indivi-
dual, familiar o comunitario, orientado a hacer frente a las consecuencias
26
* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Violencia, armas de fuego y aten-ción a las víctimas, organizado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 22 y el 23 de octubre de 2012.
** Carlos Martín Beristain es médico y doctor en Psicología. Fue objetor de conciencia al servicio militar en 1977. Trabaja desde 1989 con víctimas de la guerra y organizacio-nes de derechos humanos de numerosos países: El Salvador, Guatemala, Colombia o México. Ha sido coordinador del informe Guatemala nunca más y ha asesorado varias comisiones de la verdad en Perú, Paraguay y Ecuador. Ha trabajado como asesor de la Corte Penal Internacional en varios países de África. Es autor, entre otros, de Recons-truir el tejido social (2004) y Manual sobre perspectiva psicosocial en la investigación de derechos humanos (2010), y coautor de Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Experiencias internacionales y el desafío vasco (2000).
atención a las víctimas c.m.. beristain | 27
del impacto traumático de la violencia a humanos y pro-
mover el bienestar, apoyo emocional y social a las vícti-
mas, estimulando el desarrollo de sus capacidades.
El impacto individual no puede separarse de una
perspectiva social dado el carácter más amplio de la vio-
lencia, la importancia del contexto y de las respuestas
institucionales, tanto en la forma en cómo se manifies-
tan las consecuencias y el sufrimiento, como en las cir-
cunstancias que ayudan o no a la recuperación. La di-
mensión psicosocial no tiene solo en cuenta al individuo,
sino la dimensión familiar y la reconstrucción de redes
sociales de apoyo, que se han destruido muchas veces
como consecuencia de la violencia.
Algunas premisas
Muchas de las reacciones de las víctimas son reacciones
normales frente a experiencias anormales y hay que en-
tenderlas como tal. Después de hechos traumáticos es
normal que la persona se encuentre afectada y eso no
significa que esté enferma. La atención debe ayudar a las
víctimas a enfrentar las consecuencias e impactos de la
violencia, pero también se debe poner énfasis en el cam-
bio de contexto para la prevención. Se necesita cambiar
las leyes y el modo en cómo las instituciones se relacio-
nan con las víctimas, promoviendo un contexto más fa-
vorable para su recuperación.
Por último, hay que evitar que las experiencias de vio-
lencia se conviertan en estigmas. Entendemos por estig-
ma una marca moral negativa cargada sobre la persona,
que supone una cierta forma de desprecio o de tratarla
como un objeto. Por ejemplo, son frecuentes los estereoti-
pos sobre las víctimas como personas disminuidas, pasi-
vas u objeto de consuelo, más que como personas activas
que han sufrido un enorme impacto pero que deben ser
tenidas en cuenta en el proceso de recuperación. La aten-
ción psicosocial debe ayudar a la gente a enfrentar las
situaciones, a propiciar que la persona o la comunidad
retomen el control de su vida en sus manos. Eso supone
desafíos para hacer del acompañamiento algo que a la
gente le ayude a recuperar su vida y no convertirla en un
objeto pasivo al que se orienta la ayuda.
otro aspecto clave es el de la dignidad. Los servicios
de salud, alimentación, vivienda, y educación que nece-
sitan las víctimas se pueden describir como necesidades
básicas, pero la dignidad es el ingrediente vital que falta
cuando las necesidades básicas se cubren de una manera
mecánica e impersonal. La recepción de un testimonio
o las gestiones legales, la acogida a la víctima o el pro-
porcionarle ayuda humanitaria tienen que ser hechas
de forma que se respete la dignidad de la persona. La
restauración de la dignidad es un elemento central en la
respuesta de apoyo a las víctimas, también es una parte
de las demandas de las víctimas frente al Estado o la so-
ciedad, por ejemplo cuando las víctima o familiares son
estigmatizados, despreciada su memoria o culpabilizados
por lo sucedido.
Víctimas: ¿situación o condición?
Normalmente se habla de víctimas directas e indirectas.
Las víctimas directas son las que han sufrido directamente
28 | artículos y ensayos
la violencia, por ejemplo la persona que fue secuestrada,
asesinada o sufrió violación sexual. Las víctimas indirec-
tas son aquellas que por sus lazos familiares o sociales su-
fren también las consecuencias. a veces estas últimas son
las únicas que sobreviven, como por ejemplo, los familia-
res de los desaparecidos o de personas asesinadas y sufren
directamente sus propias violaciones o amenazas.
La definición como víctima es importante para hacer
valer sus derechos, pero, por otra parte, corre el riesgo de
absorber la identidad, limitando los roles, aspiraciones o
experiencias vitales de la persona afectada al hecho de
haber sufrido la violación y, focalizando la interacción
con grupos de Derechos Humanos, funcionarios de jus-
ticia o el Estado en esa condición. En general, no es una
consecuencia solo del hecho traumático, sino de los cam-
bios individuales, los procesos de influencia de la gente
próxima, de fenómenos grupales (familia o grupo) y las
expectativas sociales. además frecuentemente globaliza
las necesidades o características de personas que muchas
veces tienen experiencias comunes pero ideas o intere-
ses diferentes. Hay que poner especial cuidado a no ge-
neralizar y no trabajar con ideas tópicas en referencia a
las víctimas, dado que los estereotipos sobre las víctimas
(son pasivas, demandantes, etc.) inducen muchas veces
a tratarlas con desconfianza o sin respetar sus derechos
o su dignidad.
Modelos para entender la experiencia de las víctimas
Los impactos son individuales pero también familiares
y colectivos (afectan a su grupo de referencia, redes de
apoyo o comunidad). Estos tres niveles de afectación de-
berían ser explorados cuando se abordan el impacto y las
necesidades psicosociales de las víctimas.
La violencia conlleva también en las víctimas una
pérdida de estatus y recursos sociales y puede generar-
les un cuestionamiento de las creencias sobre el mundo,
la justicia o la sociedad, así como la espiritualidad. Eso
supone frecuentes reacciones de desconfianza frente
agentes del Estado que pueden tener, en ocasiones, al-
gún grado de implicación en la violencia o en su falta de
prevención o frente a la sociedad. Por último, el cómo se
produjo la muerte, la falta de reconocimiento o las ame-
nazas suponen un impacto en la dignidad de la gente.
Estas características deben tenerse en cuenta por parte
de quien trabaja con las víctimas, para entender sus re-
acciones y poder proporcionar apoyo.
Numerosos modelos de la psicología, la psiquiatría o
la antropología tratan de explicar el comportamiento hu-
mano. Por ello, estos se usan para valorar el impacto de
las experiencias de violencia que caracterizan a las vio-
laciones de Derechos Humanos. Estas son experiencias
amenazantes para la integridad personal, asociadas a
emociones extremas de dolor, humillación, caos y estrés
negativo extremo. No existe un único modelo explicativo
y estas miradas, o énfasis, de diferentes modelos hablan
de diferentes perspectivas que pueden utilizarse de forma
complementaria. El impacto puede verse entonces como
una amenaza para la vida (miedo), como un trauma (he-
rida), como una crisis (estrés) o una pérdida (duelo).
Como experiencias amenazantes, muestran el impac-
to del miedo, las necesarias condiciones de protección y
atención a las víctimas c.m.. beristain | 29
seguridad para las víctimas o familiares y el acompaña-
miento en las situaciones de peligro. Como experiencias
traumáticas, suponen una fractura en la vida de la gente,
un antes y un después que marca la vida y que las perso-
nas tienen que aprender a enfrentar. Estas son también
experiencias que dejan una profunda huella psicológica,
que se repite a veces en forma de memorias traumáticas
o pesadillas y que conlleva no solo un fuerte impacto psi-
cológico, sino también al cuestionamiento de sus creen-
cias básicas, la sensación de seguridad o de sentido del
mundo. Las experiencias estresantes y extremas, pueden
analizarse como situaciones límite que ponen en tensión
todos los recursos personales o colectivos para tratar de
enfrentarlas. El estrés negativo extremo, el desamparo y
la pérdida de control de la propia vida, suponen conse-
cuencias frecuentes del impacto de la violencia. La vio-
lencia también conlleva pérdidas humanas y procesos
de duelo alterado. La muerte por violencia supone un
enorme impacto en dichos procesos, tanto por lo súbito
o injusto de los hechos, como por la incapacidad de pre-
pararse, la causa humana de la pérdida y el mayor miedo
y rabia como respuestas. además, muchas de las formas
de enfrentar el duelo se encuentran frecuentemente blo-
queadas por la dificultad de expresarse sobre la pérdida,
realizar ceremonias o adaptarse a la situación de la pér-
dida y la ruptura de vínculos significativos.
Se necesita entender las formas de afrontamiento, es
decir lo que las personas hacen para tratar de enfrentar
la situación, las formas de adaptación, ya sean más pro-
tectoras (como el silencio o no hablar), como otras que
tratan de transformar sus vidas, como la denuncia o el
apoyo mutuo.
Afrontamiento y apoyo social
Desde esta perspectiva, el impacto va a depender no solo
del hecho, sino también de dos factores mediadores: el
afrontamiento y el apoyo social. ¿Qué significa que sean
factores mediadores? Significa que son factores que pue-
den disminuir o aumentar el impacto. Las personas que
pueden encontrar formas más constructivas de enfren-
tar los hechos, por ejemplo dándoles un sentido o bus-
cando información y retomando su vida, se van a en-
contrar psicológicamente mejor que las personas que se
culpabilizan o se quedan paralizadas. también significa
que las personas que cuentan con apoyo social, es decir
con información, unas relaciones sociales positivas y so-
bre todo que tienen algunas personas con las que pue-
den compartir lo sucedido y sentirse escuchadas y sus
necesidades tenidas en cuenta, se van a encontrar mejor
que las personas que son aisladas o estigmatizadas y no
cuentan con dicho apoyo. El apoyo social ayuda a una
Perspectiva psicosocial
30 | artículos y ensayos
mejor situación emocional, a enfrentar mejor las expe-
riencias difíciles y es una fuente de soporte para restable-
cer las redes sociales que muchas veces fueron quebradas
por la violencia.
Dimensión individual y colectiva
En muchos países, la violencia ha adquirido una dimen-
sión de epidemia por la alta frecuencia de muertes vio-
lentas. En ello influyen tanto los contextos de exclusión
social y desigualdades, como los regímenes cuestionados
de la propiedad, las estructuras de criminalidad como
maras, narcotráfico, o trata de personas, migrantes, etc.
Países como México, Brasil, Guatemala o Venezuela
tienen altas tasas de mortalidad por violencia social en
ciertas zonas, lo que supone un problema social impor-
tante, pero muchas veces no existen espacios sociales o
colectivos para enfrentar la situación. a menudo son vis-
tas como una suma de problemas individuales y no como
algo que necesita una respuesta colectiva. atribuir sen-
tido a las experiencias, proporcionar espacios de apoyo
para las víctimas también supone visibilizar un problema
colectivo al que las políticas públicas tienen que hacer
frente. además, hay que tener en cuenta que existen
numerosos mecanismos que hacen posible la violencia
a gran escala, tales como estructuras criminales, pero
también el contexto de impunidad o la participación de
agentes del Estado de forma activa o con una responsabi-
lidad indirecta en la falta de investigación o persecución.
Estos aspectos son importantes a considerar en el tra-
bajo con las víctimas, dado que la dimensión colectiva
puede ser más difícil cuando los hechos o los autores de
las mismas son distintos. Esto conlleva frecuentemente
la necesidad de abrir espacios para el conocimiento, la
identificación o el apoyo mutuo, más difíciles que en con-
textos de violencia política donde la dimensión colecti-
va del impacto o la identificación mutua puede ser más
evidente.
Funciones de la atención
o acompañamiento psicosocial
La atención o acompañamiento psicosocial puede darse
en diferentes contextos. Por ejemplo, como parte del apo-
yo a una comunidad afectada por la violencia, trabajan-
do con un grupo de apoyo mutuo de personas afectadas,
proporcionando atención individual o acompañamiento
en procesos judiciales o en las demandas de verdad, jus-
ticia o reparación.
Las diferentes acciones y programas deben tener en
cuenta la situación, necesidades y demandas de las víc-
timas para partir de ellas y poder adaptarse a su proceso.
La atención psicosocial no es un conjunto de acciones
VIOLENCIA Y CONSECUENCIAS Factores de estrés
atención a las víctimas c.m.. beristain | 31
preestablecidas para cualquier situación y que pueden
llevarse a cabo independientemente de la persona, grupo
o contexto. Sin embargo, hay dos aspectos básicos para
poder realizar cualquier acción de apoyo: a) la construc-
ción de un contexto favorable para la atención, sin el
cual las acciones no pueden llevarse a cabo o lo hacen
de manera precaria o incluso negativa, b) el desarrollo
de un vínculo de confianza y de apoyo con las personas
afectadas.
teniendo en cuenta estas dos cuestiones previas, las
funciones de la atención o acompañamiento psicosocial
son:
1. Escuchar y valorar las demandas, dificultades y proble-
mas que forman parte de la experiencia de las víctimas.
2. ayudar a expresar, entender y contener el impacto
emocional de las violaciones de Derechos Humanos
y experiencias traumáticas.
3. abordar las dificultades sentidas por las víctimas en el
contexto de sus relaciones familiares y/o comunitarias.
4. identificar los recursos positivos individuales, fa-
miliares o comunitarios, ayudando a fortalecer sus
capacidades.
5. Proporcionar espacios de encuentro grupales que ten-
gan sentido para las víctimas, basados en la confianza,
la reconstrucción de relaciones y el apoyo mutuo.
6. Facilitar el acceso a los recursos de apoyo disponibles,
incluyendo la derivación de casos que tengan necesi-
dades específicas.
Los programas comunitarios
Los programas comunitarios deben tener en cuenta la
historia de la violencia y cómo ha afectado en el medio
local. Estos también deben entender la historia previa de
la comunidad afectada. todo esto caracteriza las condi-
ciones del contexto local a las que deben adaptarse las
intervenciones, según el ritmo de asimilación de los he-
chos traumáticos, la confianza y cohesión comunitaria.
Los programas no pueden estar condicionados a valora-
ciones políticas o exigencias que condicionen a las vícti-
mas. Por ejemplo, no deben condicionar el apoyo a que
se admitan otras políticas que no tienen que ver con las
víctimas, o que se determinen criterios políticos para ac-
ceder a las ayudas.
Un trabajo de redes En los casos colectivos para pro-
porcionar apoyo a las víctimas y una reconstrucción del tejido
social, se necesita identificar cuáles son las redes que pueden
proporcionar más apoyo (por ejemplo las maestras y maestros
en el caso de infancia, o grupos de mujeres organizados en las
comunidades, etc.) de forma que sirvan para: a) identificar los
casos problemáticos asegurando que se pueden remitir a quie-
nes tienen forma de atenderlos, b) realizar actividades de apo-
yo comunitario o individual, y c) sostener las redes que pueden
verse afectadas también por la violencia.
32 | artículos y ensayos
Muchas formas de apoyo a las víctimas incluyen el
desarrollo de proyectos en el medio local. Se necesita
evaluar la adecuación de los programas para minimizar
los posibles efectos negativos, como por ejemplo, no ade-
cuarse a la situación y el ritmo local, generar una rela-
ción de dependencia o conflictos. algunas formas de ha-
cerlo son: a) tener en cuenta el impacto local de la ayuda
en las relaciones de poder, el aumento de las diferencias
sociales, etc., antes de llevar a cabo los programas de for-
ma que se puedan establecer mecanismos preventivos;
b) establecer consenso y claridad sobre los criterios de la
ayuda con la población afectada; c) atender a las deman-
das de la gente, estableciendo formas de participación
de los afectados; d) apoyar las formas de organización
propias; e) asegurar el control efectivo de la ayuda por
parte de los beneficiarios y, por último, f) incrementar los
sistemas de apoyo mutuo y las redes de solidaridad, en
vez de crear dependencia.
Potenciar los recursos existentes
Las intervenciones psicosociales deben potenciar los re-
cursos de las víctimas, sus familias y grupos de referencia
o redes de apoyo. La atención psicosocial debe favorecer
la identificación y reconocimiento de los propios recur-
sos, así como establecer contactos con grupos de referen-
cia o apoyo, de forma que la gente se pueda beneficiar de
un intercambio y reconstrucción de dichas redes socia-
les. Estas estrategias pueden ser indirectas (como formas
de preservación, manejo del silencio, solidaridad prácti-
ca, etc.) o más directas (como hablar sobre lo sucedido,
organizarse, denunciar, etc.).
¿Quién proporciona la atención psicosocial?Las alternativas de atención psicosocial son básicamente tres:
1 2 3Atención psicosocial a través de los servicios establecidos por el Estado. En general están poco preparados, pueden darse problemas de con-fianza y son poco flexibles a sus necesidades. Para poder integrar estos servicios en una atención ade-cuada, además de la formación de los profesionales en esta área, se necesita identificar profesionales de referencia, establecer redes de servicios y evitar la burocracia y la fragmentación de las intervenciones.
Trabajo de ONG de salud mental y pro-fesionales ad hoc. Dichas organizaciones y profesionales pueden proporcionar formación y acompañamiento a otros servicios o redes de apo-yo, cuando cuentan con una buena experiencia. En este caso es preciso establecer criterios comu-nes y de calidad de la atención entre diferentes organizaciones.
Equipos y redes de apoyo en ámbito comunitario. Los equipos y redes comu-nitarios constituyen un recurso posible para hacer efectivo el apoyo a las víctimas. Se ne-cesita identificar cuáles son los más adecua-dos y contar con una estrategia de formación de multiplicadores y acompañamiento a los mismos, que tenga en cuenta los criterios bá-sicos de intervención comunitaria.
atención a las víctimas c.m.. beristain | 33
Los programas de apoyo deben tener en cuenta estas
estrategias y no pensar que no existen o pasar por encima
de ellas. Dichas estrategias tienen que darse de acuerdo
con las víctimas, por esto las metas para la atención o su
recuperación no pueden ser establecidas de forma aisla-
da por los profesionales o el sistema de apoyo. Por último,
la atención debe poner en contacto a las personas afec-
tadas con otros recursos que pueden ser de ayuda para
poder reconstruir sus vidas (institucionales, económicos
o programas psicosociales).
Estímulo del apoyo mutuo
Las víctimas no solo buscan apoyo en el sector profesio-
nal sino que, en muchos casos, son apoyadas por otras
personas que pasaron por la misma experiencia o cuan-
do la gente ha vivido una experiencia colectiva.
La capacidad de autoayuda es también un recurso
de las redes como organizaciones de familiares o comu-
nidades que han vivido situaciones extremas, enfrentan-
do juntos el peligro. Los recursos que hay que tratar de
potenciar en los grupos de apoyo mutuo son: el sentirse
escuchado y comprendido, prestarse fuerzas mutuamen-
te, analizar los problemas, identificar recursos positivos,
reconocer sentimientos, revalorizar e intercambiar expe-
riencias, desarrollar formas de poder colectivo e integra-
ción de soluciones acordadas en el grupo.
también los grupos pueden ser espacios de conten-
ción y expresión emocional a través de medios que pro-
porciona la cultura, tales como la música, el baile o el
teatro. Estas expresiones artísticas constituyen técnicas
creativas con una función de expresión y contención
emocional, así como creación de espacios colectivos
culturalmente adaptados. Las formas de simbolizar la
experiencia o construir una memoria colectiva, pueden
tener una base en expresiones creativas y pueden estar
incluidas en las actividades grupales, pero hay que evitar
la consideración como atención psicosocial a cualquier
tipo de actividades lúdicas descontextualizadas.
Experiencia de las diferentes poblaciones afectadas
Los efectos y formas de afrontar los hechos pueden ser
distintos según el grupo de edad, género, situación social
o las características de los hechos vividos. La atención
psicosocial debe partir de entender los distintos impactos
y las experiencias de los diferentes grupos de población o
el tipo de demanda que plantean.
Los niños y niñas, además de sufrir sus propias expe-
riencias traumáticas, son especialmente sensibles a des-
organización familiar y a los efectos de violencia en sus
padres. Según su edad, pueden manifestar miedo, apa-
tía o tensión emocional. Hay que tener especial cuidado
cuando los niños tuvieron problemas psicológicos antes,
si la situación familiar era conflictiva, cuando los adul-
tos se encuentran muy afectados y utilizan al niño como
apoyo, o cuando no ha conocido la verdad de lo sucedido.
Sin embargo, los niños con adecuado soporte social y fa-
miliar tienen menos problemas y síntomas a corto plazo,
aun cuando se enfrentan a situaciones de alto estrés. Los
niños no son solo víctimas pasivas y también pueden en-
contrar formas activas de acción y resistencia.
34 | artículos y ensayos
La población adolescente y joven se enfrenta a la
construcción de su identidad en un contexto de violen-
cia, con la pérdida de su padre o madre y el impacto en la
socialización, así como las reacciones colectivas de iden-
tificación o rechazo a la violencia y, en su caso, el recluta-
miento. Los adolescentes pueden manifestar distinta fre-
cuencia de problemas como agresión, abuso de alcohol
y suicidio. Sin embargo, los adolescentes también tienen
energía positiva, capacidad de identificarse con otros y de
innovación y cambio.
Las mujeres están más expuestas a la violencia se-
xual y a sobrecargas de trabajo y afectivas, especialmen-
te cuando tienen que hacerse cargo solas de la familia y
tienen menos espacios sociales para participar. a veces
son víctimas directas por ser parte de la población gene-
ral, por sus relaciones afectivas o por ser líderes de sus
comunidades. El impacto familiar recae, en la mayor par-
te de las ocasiones, en las mujeres ya que son afectadas
por las pérdidas familiares, sufren acoso u hostigamiento
familiar y tienen que enfrentar una grave crisis familiar
de carácter económico (pobreza), social (sobrecarga de
roles) y afectivo (desintegración) que se prolonga duran-
te años. Pero en algunos contextos, las mujeres pueden
incluso enfrentar mejor la situación centrándose en las
tareas cotidianas, compartiendo sus experiencias y or-
ganizándose para enfrentar la situación. En muchos
lugares, las mujeres han cuestionado sus roles tradicio-
nales en la esfera privada, logrando nuevos espacios en
la acción pública o la defensa de los Derechos Humanos.
Numerosas iniciativas de apoyo a las víctimas están lide-
radas por mujeres.
Los hombres son en mayor medida objeto de violen-
cia o persecución y el impacto de la violencia frecuente-
mente afecta a su rol en la familia y la pérdida de la tierra
y de su papel como fuente de supervivencia. Los ancianos
son físicamente menos hábiles, generalmente tienen me-
nos capacidad de adaptación a situaciones nuevas y que
cambian rápidamente y para ellos puede ser más difícil
vivir lejos de su hogar. La pérdida de amigos o familia
puede afectarles más, esto debido a su mayor dependen-
cia respecto a la familia y comunidad para tener apoyo.
Un grupo especialmente vulnerable son los ancianos no
acompañados.
Las personas con graves problemas físicos o enfer-
medad mental son muy vulnerables a las condiciones de
desorganización social, que incluyen la pérdida de siste-
mas de apoyo comunitarios o servicios de salud. Esto les
vuelve más dependientes y con menor apoyo y visibili-
dad. además, vivir situaciones de tensión o cambio brus-
co puede provocar crisis que empeoren su condición o les
pongan en peligro.
2. Principios de la atención a las víctimas
a continuación se exponen algunos de los principios en
los que debe basarse la atención psicosocial de las vícti-
mas de violaciones de Derechos Humanos.
atención a las víctimas c.m.. beristain | 35
1. Tener en cuenta las necesidades psicosociales desde una perspectiva global
algunas de las necesidades de las víctimas y comunida-
des afectadas tienen un fuerte componente psicosocial.
Entre estas están:
» Seguridad y protección, dado que promover un espacio
de seguridad es el primer paso para cualquier proceso
de apoyo.
» Identificación que suponga el reconocimiento de su ex-
periencia y el acceso al ejercicio de sus derechos como
víctima.
» Información que ayude a salir de la confusión sobre las
consecuencias de las violaciones, las posibilidades de
investigación, así como los recursos de apoyo a la fa-
milia o comunidad y los derechos que tienen.
» Acciones de reconstrucción que implican un fortaleci-
miento de los lazos de soporte afectivo y social (apoyo a
la infancia, escolarización y reagrupamiento familiar).
» Participación en la toma de decisiones sobre los aspec-
tos que tienen que ver con sus vidas. Retomar el con-
trol de su vida en sus manos es una condición bási-
ca para la recuperación y salud mental, teniendo en
cuenta el nivel de impacto sufrido, sus recursos y sus
necesidades.
» Derecho a un trato digno y condiciones de restitución
de derechos que fueron violados. Hay que ver estos
procesos como de restitución de derechos y no solo
como cubrir ciertas necesidades.
» atención al impacto emocional, incluyendo apoyo
individual o mediante grupos de apoyo mutuo y/o
apoyo terapéutico.
Estas pueden considerarse las necesidades psicosocia-
les básicas. La atención psicosocial no se limita a la aten-
ción emocional y duelo. En un sentido amplio, todos los
programas de reconstrucción deben tener en cuenta un
enfoque a perspectiva psicosocial, para poder identificar
su impacto en las víctimas y la necesidad de reconstruc-
ción de sus redes sociales.
2. No abrir procesos
que no se van a estar acompañando
Hay que evitar abrir procesos donde se va a estar para
acompañar. actividades como toma de testimonios, los
registros de víctimas o las denuncias suponen para las
víctimas activar memorias de los hechos traumáticos,
volver al escenario del horror. Recordar puede tener mu-
cho sentido, pero también duele y puede dejar a la perso-
na más triste o generarles pesadillas o malestar.
Quienes están involucrados en esas acciones tienen que
tener cuidado y respeto por la víctima. Eso supone tener el
mínimo tiempo necesario y adaptarse al ritmo o situación de
la persona. También evaluar, al final de las acciones o diligen-
cias, cómo se encuentra la persona y ponerla en contacto con
formas de apoyo en caso de ser necesario.
36 | artículos y ensayos
3. Construcción de la confianza
Los impactos más fuertes de la violencia son el miedo y la
desconfianza, dada la frecuencia con que la gente ha sido
victimizada por ser de una comunidad, una organización
social o simplemente por acusaciones. En el contexto co-
lombiano, muchas víctimas han sufrido durante años el
acoso de los grupos armados ilegales o también agentes
del Estado, así como han sufrido la impunidad con la que
se han desarrollado muchas de sus acciones.
todo ello supone que muchas víctimas enfrentan
estos procesos judiciales o demandas de verdad o repa-
ración con miedo ante los perpetradores y con descon-
fianza frente a los organismos del Estado. El personal de
apoyo y funcionarios a cargo de estos procesos tienen
que partir de esta situación para:
1. Promover condiciones de seguridad y generar una
base de confianza en las víctimas que permita poder
trabajar con ellas.
2. identificar las muestras de desconfianza, los silencios
o el miedo como reacciones normales debido al clima
de terror; respetarlas y establecer un compromiso con
las víctimas sobre la continuidad del apoyo.
3. absorber la rabia, tensión o dificultades de las vícti-
mas en los procesos, dado que es parte de la función
de quien interviene en el proceso de acompañamiento.
4. Mostrar una coherencia y consistencia entre lo que
se dice y lo que se hace con las víctimas, la falta de
respuesta a compromisos es un factor que genera una
nueva victimización.
5. asegurar la necesaria confidencialidad de forma
explícita acerca de la información o impactos de
las violaciones que no quieran ser reveladas por las
víctimas.
4. Manejo de información y expectativas de las víctimas
En el trabajo con las víctimas pueden surgir diferentes
problemas y necesidades. Es importante mantener los
principios de coherencia y congruencia por parte de
quien trata de prestar ayuda. Para ello es fundamental
conocer y tener en cuenta las expectativas de las vícti-
mas. Estas pueden ser: a) lograr un conocimiento de los
hechos y del destino de sus familiares; b) obtener algu-
na forma de justicia; c) obtener formas de reparación y
recursos para mejorar su vida; d) reconstruir sus rela-
ciones u obtener ayuda para manejar el impacto trau-
mático. En cada uno de estos casos hay que explorar sus
percepciones y expectativas, al igual que explicar, de for-
ma adaptada a su nivel, las posibilidades y limitaciones.
En ocasiones, esta explicación tiene que darse varias ve-
ces, siendo preciso dejar tiempo para preguntas o dudas
de forma que se asegure la comprensión.
5. Prevenir una nueva victimización
La dimensión ética en el comportamiento con las vícti-
mas debe ser parte de cualquier relación de funcionarios
atención a las víctimas c.m.. beristain | 37
o personal de apoyo. Esta dimensión ética supone tanto
una consideración de los Derechos Humanos como base
de la atención, como una posición crítica respecto a la
injusticia de la violencia sufrida. El personal que pro-
porciona acompañamiento psicosocial debe privilegiar
la aceptación y apoyo a las víctimas y evitar juzgar sus
reacciones o posiciones políticas. Desde un punto de vista
psicosocial, las tres cuestiones básicas para el trato con
las víctimas son:
» No hacer daño, es decir, si no se puede ayudar, al me-
nos no hacer más daño. Para ello es importante no
solo plantearse los efectos probablemente positivos de
una acción, sino también prevenir las posibles conse-
cuencias negativas.
» Prevenir una revictimización, es decir, la posibilidad
de nuevas violaciones o la repetición de los hechos
contra la víctima, promoviendo su protección y una
forma de evitar la exposición mayor al riesgo.
» Evitar la victimización secundaria, es decir, las formas
de estigmatizar o no respetar a las víctimas en su
dolor o sus derechos y que suponen un nuevo golpe
para ellas. Por ejemplo, no creyendo o cuestionando
el relato de la víctima que tiene que demostrar así su
afectación en un contexto de desconfianza, la crimi-
nalización de la propia víctima que tiene que justifi-
car por qué le pasó eso o la banalización del dolor y
sufrimiento, minimizándolo sin tener en cuenta la
situación de la víctima. Un factor especialmente ne-
gativo es hacer que las víctimas tengan que dar su
testimonio de forma repetida frente a diferentes ins-
tancias, por lo que esta práctica debería limitarse, va-
lidando los testimonios una vez se hayan recogido en
Prevención de la victimización secundaria en los procesos de investigación En los casos de procesos judiciales o administrativos:
» Explorar motivaciones, expectativas y posibilidades de una forma realista en la decisión inicial de la víctima. » Estudio de costos y beneficios: analizar en su contexto las posibilidades a la hora de la toma de decisiones.
» Agilizar el tiempo para la investigación judicial o de respuesta posterior. El tiempo prolongado genera mayor sobrecarga en las víctimas. » Evitar la confrontación directa con perpetradores.
» Evitar la repetición reiterada de la toma del testimonio. » Actitudes de escucha, respeto y apoyo a las víctimas en sus dificultades.
» Proporcionar garantías sobre la forma en cómo se trata la información acerca de los hechos o las víctimas por parte de los perpetradores. » Superar los mecanismos de impunidad que generan un nuevo impacto en las víctimas.
38 | artículos y ensayos
las debidas condiciones para ulteriores necesidades
de las instituciones implicadas.
6. Cuidar los aspectos relativos a la seguridad
Como se mencionó previamente, el primer punto a evitar
es la revictimización de la víctima. Se necesita cuidar los
aspectos de seguridad tanto respecto a la prevención de
nuevas violaciones, como en el manejo de la información
en el ámbito judicial (protección de testigos, identifica-
ción, etc.) y en su medio social. La seguridad y el manejo
del miedo forman parte de los aspectos básicos del acom-
pañamiento psicosocial.
Desde un punto de vista psicosocial lo importante no
es solo contar con medidas de seguridad, sino también
tener en cuenta el comportamiento personal o colectivo
frente a las situaciones de riesgo.
3. Proceso de búsqueda de verdad justicia y reparación. El papel de la atención psicosocial
Los procesos judiciales o demandas de verdad o repara-
ción suponen un contexto específico en el cual se desa-
rrolla, en algunas ocasiones, la atención psicosocial a las
víctimas. Esto se debe a que dichos procesos forman par-
te de los esfuerzos de las víctimas por enfrentar el impac-
to de la violencia, pero en general no están orientados a
contar con las necesidades o garantías para las víctimas
y suponen, frecuentemente, experiencias estresantes o
que pueden generar nuevos impactos. Se debe tener en
cuenta que en estos casos se trata de una dimensión de
proceso y el acompañamiento no debería limitarse a in-
tervenciones puntuales aisladas.
El apoyo psicosocial en estos contextos tiene que
orientarse tanto a la prevención como la atención frente
a los problemas que se puedan presentar. En este sentido,
incluye: a) el diseño del proceso para disminuir los facto-
res de estrés asociados al contexto en el que se hacen las
demandas; b) proporcionar criterios de trabajo con las
víctimas para los diferentes actores que intervienen y c)
proporcionar apoyo específico a las víctimas. Esto último
supone:
1. Proporcionar un apoyo emocional frente al miedo,
angustia e impacto de amenazas por la denuncia o
las diferentes gestiones judiciales.
2. ayudar a familiarizarse con el proceso, las dificulta-
des, el manejo de la tensión y proporcionar a la víc-
tima información adecuada sobre el mismo. Las víc-
timas tienen que estar preparadas psicológicamente
con anterioridad para poder enfrentar mejor las ex-
periencias estresantes.
3. acompañar el proceso más allá de los momentos es-
tresantes o que generan una mayor atención, dada la
necesidad de seguimiento y la frecuencia de nuevas
dificultades menos visibles más adelante.
El derecho a la justicia
Para las víctimas de violaciones de Derechos Humanos,
el derecho a la justicia, como investigación y sanción a
atención a las víctimas c.m.. beristain | 39
los responsables, forma parte de las demandas que pue-
den contribuir a enfrentar el dolor y las consecuencias de
la impunidad que han sufrido durante años. Desde una
perspectiva psicosocial, la justicia ayuda a las víctimas
al reconocimiento del valor de sus familiares, así como a
poner las bases de relación entre las personas en el res-
peto a los Derechos Humanos. La impunidad supone no
solo un nuevo impacto para las víctimas, sino que contri-
buye a mantener el poder de los perpetradores.
En términos del restablecimiento de la convivencia
local, la posición de las víctimas continúa siendo de de-
pendencia y miedo cuando está condicionada por el po-
der local de los perpetradores. La justicia puede ayudar a
abrir el espacio para las víctimas y a disminuir el poder de
los perpetradores, lo cual es un paso clave para cualquier
proceso de reconstrucción del tejido social.
La búsqueda de la justicia tiene mucho sentido para
las víctimas, aunque sus expectativas están relacionadas
a las garantías de los procesos, la justicia supone una
lucha contra la impotencia. En muchos países las vícti-
mas han sido el motor de la lucha contra la impunidad,
mediante su persistencia y creatividad para enfrentar las
enormes dificultades con que se encuentran.
Sin embargo, frecuentemente los procesos judiciales
recaen en la espalda de víctimas y familiares, que se ven
así enfrentados a una importante sobrecarga emocional
y dificultades prácticas. Una falta de sanción o propor-
cionalidad de la sentencia genera, frecuentemente, una
sensación de sin sentido y de burla en muchos casos. to-
das estas dificultades deben formar parte del acompaña-
miento psicosocial en los procesos de justicia.
El proceso de la demanda y el proceso personal
Estos procesos de exigibilidad de los derechos pueden ver-
se desde una doble perspectiva, la de las rutas jurídicas o
administrativas por un lado y por otra parte, la que tiene
que ver con el proceso de la víctima o la comunidad afec-
tada. Esos dos procesos se dan íntimamente relacionados
entre sí, pero muchas veces son dos ruedas que caminan
en sentidos distintos. Para integrar ambos procesos se
necesita una perspectiva psicosocial.
Por ejemplo, en el proceso legal dominan las exigen-
cias jurídicas de la demanda, tales como la preparación
del caso, su investigación en el país, la participación en
peritajes y pruebas, la preparación de testimonios y la
propia audiencia, el tiempo de espera y la sentencia o el
tiempo de cumplimiento. Mientras que el proceso perso-
nal, familiar o comunitario se refiere a cómo la gente pro-
cesa el dolor, las formas de enfrentar las consecuencias
de las violaciones, la recuperación para reconstruir sus
vidas o la asimilación de la pérdida.
La conjunción de estos dos procesos se refleja, en
gran parte, en las necesidades y el acompañamiento del
individuo. Por ejemplo, las demandas o denuncias tienen
un largo proceso por delante hasta que haya una resolu-
ción. Mientras tanto, la víctima y su familia tienen que
seguir con su vida y tratar de rehacerse. Por otra parte,
los casos a veces se cierran con una sentencia, pero la
víctima tiene que enfrentar después los problemas del
cumplimiento y, hasta entonces, sigue con una situación
abierta que le pone en condiciones de vulnerabilidad. o
en otros casos, la víctima va a querer dejar la demanda
40 | artículos y ensayos
porque con el tiempo ha ido cambiando el sentido que
tenía para ella, o siente que necesita cerrar psicológica-
mente el proceso como se da muchas veces en los casos
de violencia sexual. todo ello supone que hay que tratar
de coordinar estos dos procesos, el jurídico o administra-
tivo por un lado, con el individual, familiar o colectivo
por el otro.
algunos momentos clave para el acompañamiento
en estos casos son, la valoración del daño, la toma de tes-
timonios o la preparación de audiencias.
La reparación integral y el enfoque psicosocial
al hablar de la reparación, lo primero que se debe tomar
en cuenta es la conciencia de la irreparabilidad. Como
muchas víctimas señalan: “Nada puede repararme el
dolor que sufro ni devolverle la vida a mi hijo”, pero eso
no significa que las víctimas no tengan derechos a tener
reparaciones y el Estado debe hacer el esfuerzo por llevar
adelante las medidas de reparación. Dichas medidas de-
ben estar orientadas a restituir los derechos que fueron
violados, ayudar a enfrentar las consecuencias de las
violaciones y promover la reintegración social, así como
evitar la repetición de los hechos.
La reparación, desde una perspectiva jurídica, inclu-
ye una serie de derechos que serán revisadas. Pero desde
el punto de vista práctico y psicosocial, lo importante es
que la reparación también se lleve a cabo de una forma
coherente con su sentido y que el cumplimiento sea efec-
tivo para las víctimas.
La reparación debería ser la manifestación más
tangible de los esfuerzos del Estado por remediar el daño
que han sufrido. Para el Estado la reparación es una
oportunidad de integrar a las víctimas en la sociedad,
pero también de prevenir nuevas violaciones en el futuro.
Integralidad de la reparación
Las medidas de reparación deberían poseer una dimen-
sión de integralidad. Es decir, tiene que existir una re-
lación entre las diferentes medidas (restitución, indem-
nización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no
repetición). Los criterios y la manera de llevarse a cabo
deben tener coherencia con su sentido. La falta de inte-
gralidad en el diseño, y particularmente en el cumpli-
miento, puede cuestionar el significado de las reparacio-
nes. Por ejemplo, la reparación económica es una forma
de asumir la responsabilidad; pero su cumplimiento, en
ausencia de pasos significativos que muestren la volun-
tad del Estado en la investigación de los hechos o la san-
ción a los responsables, cuestiona su sentido. El conjun-
to de medidas es lo que incide positivamente en la vida
de las víctimas y eso incluye la justicia. Para muchas de
ellas, la justicia otorga un sentido integral al conjunto
de la reparación, más cercano al daño producido por las
violaciones.
La reparación debe estar a la altura del impacto de
las violaciones. Una reparación claramente escasa o que
no tenga en cuenta esta perspectiva y facetas como la
investigación, la mejora de sus condiciones de vida y el
restablecimiento de sus derechos, pierde fácilmente su
sentido.
atención a las víctimas c.m.. beristain | 41
Por otra parte, no todas las medidas de reparación tie-
nen la misma importancia para las víctimas. Por ejem-
plo, para la mayoría de los familiares de personas desapa-
recidas, lo más importante es la investigación y conocer
el destino de su familiar y encontrar su cuerpo, en el caso
que esto aplique. Esta jerarquía debería hacerse evidente
en el diseño de las medidas, para que respondan a sus
expectativas o necesidades.
MEDIDAS QUÉ PUEDEN SIGNIFICAR
GENE
RAlI
DADE
S
Reconocimiento de la verdad
» Poder responder a todas las dudas sobre lo que sucedió con los familiares» Determinar la responsabilidad del Estado y de los perpetradores.» Conocimiento por la sociedad que ha vivido al margen o con escasa sensibilidad por las víctimas.
Reconocimiento local» Restablecimiento del equilibrio entre las víctimas y la comunidad y/o las familias.» Superación del estigma en el medio local.
Reconocimiento hacia las víctimas
» Medidas de reconocimiento público o memoria que supongan un restablecimiento de la dignidad.
Medidas de rehabilitación
» Enfrentar las secuelas de las violaciones y necesidades de salud o atención psicosocial.» Retomar su proyecto de estudios, formación o educación para sus hijos.
Justicia» Reconocimiento de los derechos violados.» Esclarecimiento de lo que se ha pasado.» Condena a los responsables.
Reparación económica» Reclamación de las pérdidas y compensación por el daño sufrido.» Mejora de su situación económica o social.
Garantías de no repetición
» Cambios legales o institucionales para la prevención.» Esperanza de que el caso sirva para que estos hechos no vuelvan a producirse.
42 | artículos y ensayos
La dimensión del cumplimiento
Para tener un impacto positivo hay que cuidar el pro-
ceso de cumplimiento y los criterios sobre cómo se hace
efectiva. La dificultad en la fase de cumplimiento suele
ser la falta de experiencia o los cambios en la voluntad
política por parte del Estado, hasta dificultades de coordi-
nación y la permanencia de los problemas que llevaron
a la impunidad.
Las organizaciones y representantes legales, así como las
víctimas que llevan sus demandas adelante, deben prepararse
para procesos que no terminan con una sentencia o con una
resolución administrativa. En el caso de la familia o en la co-
munidad, hay que cuidar la cohesión para que la reparación
tenga efectos constructivos.
La participación de las víctimas es un criterio clave
para que la reparación resulte satisfactoria y tenga efectos
constructivos. El proceso de recuperación no ocurre solo a
través de la medida (por ejemplo, una indemnización o un
monumento), sino del proceso de participación y adecua-
ción de esa medida a las necesidades de las víctimas.
Esta dimensión de participación es especialmente
importante en las medidas de satisfacción. Los estados
deben abrir espacios con las víctimas para la fase de
cumplimiento. En un contexto en el que la mayoría de
las veces las cuestiones se deciden en términos jurídicos,
es decisivo escuchar a los protagonistas de los casos y be-
neficiarios de la reparación. Esto es especialmente impor-
tante en los casos colectivos, donde la reparación debe
tener efectos positivos para la reconstrucción del tejido
social en el marco comunitario.
Prevenir problemas frecuentes: reforzar el impacto positivo
a continuación se sintetizan algunos problemas fre-
cuentes en la reparación. Prevenir estos problemas es
importante para hacer que la reparación no pierda su
sentido y sea beneficiosa para las víctimas y comunida-
des afectadas.
1. Recursos poco adecuados a las necesidades de las víc-
timas: cuando los recursos dedicados a la reparación
son escasos o no adecuados el impacto de la repara-
ción es escaso o incluso negativo.
2. Contenido de la reparación genera división comu-
nitaria y diferenciación social: para prevenir eso, se
deben llegar a acuerdos con la comunidad afectada y
prever posibles problemas, anticipándose a ellos en el
diseño del trabajo comunitario.
3. Reparación moral pierde su valor: por ejemplo,
cuando la reparación se usa para legitimar al
La reparación como proceso
atención a las víctimas c.m.. beristain | 43
Estado en lugar de ser una forma de reconocimiento
de la responsabilidad y de reconocer la dignidad de las
víctimas.
4. Víctimas no participan en criterios de selección de
alternativas: la visión de las víctimas debe ser incor-
porada, siempre que sea posible, al desarrollo de la
reparación y esto es especialmente importante en los
casos de medidas simbólicas y de rehabilitación. Sin
dicha participación la reparación es más difícil que
tenga sentido.
5. Modelos de atención no adecuados: especialmente en
aspectos como la atención psicosocial. En un caso co-
lombiano, el caso 19 comerciantes ante la Corte in-
teramericana, se determinó que el Estado debía pro-
porcionar atención psicosocial a los familiares de las
personas que fueron desaparecidas. La respuesta del
Estado a esta obligación fue en primer lugar enviar a
los familiares a un hospital psiquiátrico. Ninguno de
los familiares acudió a esta atención por considerarla
poco adecuada y estigmatizante.
6. Falta de adecuación en relación al tiempo o al proce-
so: la acumulación de problemas en la fase de cum-
plimiento, los retrasos o la falta de adecuación de las
medidas conlleva un desgaste en las personas y una
pérdida del sentido reparador de estas medidas.
7. atención a los efectos locales: algunas medidas de
reparación pueden tener un objetivo dirigido a las
víctimas o familiares, pero también tener un efecto
local importante (por ejemplo señalando a las vícti-
mas en su medio local o generando debates sobre los
hechos como las medidas simbólicas). En otros casos,
las medidas simbólicas pueden ser decididas con cri-
terios políticos o artísticos ajenos al impacto que eso
vaya a tener para las personas afectadas en su medio
local. algunas de las medidas de reparación se inser-
tan en un contexto local o del país conflictivo, y hay
que pensar cómo se van a llevar a cabo cuando hay
conflictos de intereses o una situación de inseguridad
o violencia.
8. Forma en cómo se hace la reparación supone un nue-
vo impacto: la forma en cómo se desarrollan las medi-
das de reparación es tan importante como las propias
medidas. En otras palabras, el cómo es tan importante
como el qué. Un ejemplo negativo en El Salvador, en
el caso de la desaparición de las hermanitas Serrano
Cruz, fue el acto de reconocimiento de responsabili-
dad, donde el canciller presente en dicho acto no hizo
un reconocimiento expreso de responsabilidad y se
limitó a lamentar los hechos: Las víctimas no habían
sido avisadas con suficiente anterioridad y no tenían
un lugar central en el acto, además el Gobierno qui-
so hacerles entrega de un cheque con la reparación
económica en el mismo acto lo cual tergiversaba aún
más el sentido del mismo. Dicho acto fue más un nue-
vo agravio que un acto de reconocimiento.
44 | artículos y ensayos
Impacto y estrategias de cuidado
Por último, hay que recordar que el trabajo de acompa-
ñamiento a las víctimas conlleva frecuentes desafíos y
sobrepasa muchas veces nuestra capacidad de trabajo.
Confrontarse con el dolor y el sufrimiento da sentido al
apoyo, pero también genera tensión y estrés en quien
acompaña. Eso supone que quienes trabajamos con las
víctimas compartimos parte del dolor porque no se tra-
ta de poner distancia o hacer un trabajo burocrático. En
gran medida, el acompañamiento nace de una solidari-
dad con las cosas que nos duelen, nace de una empatía
con las víctimas y una crítica a la violencia que han su-
frido, pero también esa identificación hace que las cosas
afecten más. asimismo, el trabajo con las víctimas puede
hacernos volver a nuestras propias experiencias difíciles
o pérdidas. Cuando esto sucede es importante ser cons-
ciente de ello para buscar apoyo o disminuir el contacto
con esas experiencias.
Recoger testimonios o hacer una demanda supone
escuchar historias, muchas veces dramáticas, con una
fuerte carga emocional. también lleva a confrontarse
con la impunidad, las dificultades de investigación o falta
de medios para poder hacer justicia o buscar la repara-
ción. además, muchas personas y organizaciones com-
prometidas en la defensa de las víctimas tienen que en-
frentar amenazas por su trabajo. otras fuentes de tensión
son la cantidad de trabajo o los factores organizativos.
todo ello hace que el cuidado de las personas y de los
equipos tiene que ser parte de la dinámica de estas or-
ganizaciones, de las formas de cuidado personal y de la
agenda de trabajo.
45
El modelo de atención integral de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz*
27 años acompañando historias de dolor, lucha y resistencia
DIANA GONZáLEZ MENDOZA **
“Antes de la muerte de mi hijo la vida, aunque no era fácil, era bonita por-
que los hijos son esperanza, son luz y dan ganas de vivir, pero la partida me
dejó sin nada, apagó parte de mi alma, por eso me siento vacía y a veces
el futuro se desdibuja, no lo veo claro porque cuando me mataron a Jhon
Alejandro desapareció el mañana”. (María Peña, madre de Jhon Alejandro Linares Peña,
ajusticiado por funcionarios de la Policía Metropolitana en 1999. En Red de Apoyo, 2005: 92)
En la Red de apoyo por la justicia y la Paz, organización social de dere-
chos humanos que acompaña a personas víctimas y familiares de víctimas
de abusos policiales y militares en Venezuela desde hace 27 años, hemos
escuchado muchas historias como la de María, voces quebradas, reflejo de
* Ponencia presentada en el Seminario Internacional Violencia, armas de fuego y aten-ción a las víctimas, organizado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme (Codesarme) y llevado a cabo en Caracas, Venezuela, entre el 22 y el 23 de octubre de 2012.
** Psicóloga clínica (UCV, 1997), con Diploma en Participación Social y Construc-ción de Ciudadanía (UCV, 2007). Coordinadora del Programa de Atención Integral a Personas Víctimas de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de los derechos humanos. Con trayectoria en la atención a víc-timas de tortura y familiares de víctimas de abusos policiales y militares. Ponente en diversos seminarios nacionales e internacionales sobre el tema y facilitadora de talleres de formación sobre atención a víctimas. Co-autora de la guía “El espejo nos habla. Prac-tiguía para la Atención a la Víctima” (2010) y colaboradora experta en el Diseño de la Unidad Curricular “Atención a la Víctima” de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES) (2010). También ha sido investigadora en el campo del régimen disciplinario y desviación policial y de historias de vida de víctimas de la tortura.
46 | artículos y ensayos
almas y cuerpos aquejados por la pérdida, la exclusión, la
estigmatización y el silencio del sistema.
La Red de apoyo por la justicia y la Paz es una orga-
nización social que desde una perspectiva pedagógica y
en articulación con otros colectivos defiende y promueve
los derechos humanos en Venezuela para lograr su ple-
na vigencia, mediante la denuncia, la atención integral
a las víctimas, la difusión, la educación en derechos hu-
manos y la incidencia en políticas públicas. Su visión es
contribuir a crear una sociedad donde las personas sean
capaces de reconocer, ejercer, exigir y promover esos de-
rechos, la justicia, la paz y la tolerancia, desde un enfo-
que de género e indivisibilidad de los mismos en el marco
de una democracia plena y participativa. En tal sentido,
reconoce, valora y promueve el poder individual y colec-
tivo del pueblo, especialmente de las personas que han
sufrido abuso policial y militar y de sus familiares.
Nuestra organización trabaja desde una perspectiva
inter, multi y transdisciplinaria, denunciando las viola-
ciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad y la
seguridad personal y promoviendo la inviolabilidad del
hogar. atiende integralmente, desde el punto de vista
jurídico, psicológico, médico y socio pedagógico a per-
sonas víctimas de tortura y a familiares de víctimas de
abusos policiales y militares. además, promueve políti-
cas públicas en materia de derechos humanos y realiza
procesos de educación en derechos humanos con funcio-
narias y funcionarios policiales, comunidades populares
y docentes.
Desde su nacimiento en 1985, la Red de apoyo tie-
ne una clara opción preferencial por los pobres, por las
excluidas y los excluidos del sistema y por aquellas per-
sonas que son víctimas de la criminalización de la po-
breza. Es esta criminalización la que determina que los
funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado co-
metan atropellos en su contra y vulneren sus derechos
fundamentales.
Las violaciones a los derechos humanos en Venezue-
la ocurren mayoritariamente en los sectores populares,
sus habitantes se enfrentan diariamente a las estigmati-
zaciones y prejuicios que se desprenden de la condición
de pobreza y marginalidad. Nuestra organización ha
sistematizado en diversos informes públicos quiénes son
estas víctimas y sus familiares. De acuerdo a nuestra ex-
periencia en la atención de más de 1400 casos, las vícti-
mas de abusos policiales y militares suelen ser hombres
jóvenes1, que residen en sectores populares, con oficios
no regulares. Sin embargo, las personas que denuncian
y hacen seguimiento al caso, es decir, sus familiares, son
en su mayoría mujeres –madres, tías, hermanas, esposas
o concubinas– que se ocupan generalmente de los oficios
del hogar y que provienen igualmente de sectores popu-
lares (Red de apoyo, 2006a). La mayoría de las víctimas
atendidas y sus familiares, antes de sufrir la tortura o la
muerte violenta y arbitraria de sus seres queridos, no
1 Según el informe “2000-2009. Informe sobre Impunidad y Administración de Justicia en Venezuela. Investigación documen-tal sobre patrones de violaciones a los derechos humanos y meca-nismos de impunidad”, publicado por la Red de Apoyo (2010), de los 567 casos registrados en el período en estudio, 499 pertenecían al sexo masculino (88%) y 243 casos con edades comprendidas entre los 18 y 28 años de edad (43%).
modelo de atención integral d. González | 47
tenían ninguna vinculación con organizaciones políti-
cas, ni estaban formadas para el ejercicio de sus derechos.
Las víctimas de la represión policial y militar viven
una experiencia límite que irrumpe de forma violenta y
trastoca los proyectos de vida, las ganas de vivir, la po-
sibilidad de construir un futuro y que origina entonces
duelos, angustias, preguntas y cuestionamientos sobre
la bondad del hombre, la humanidad, la justicia, la mo-
ral, en fin sobre la vida misma, que ahora no tiene sen-
tido. Las familias, cuyos hijos han sido asesinados por
funcionarias o funcionarios policiales o militares, llegan
a la organización con el dolor a cuestas, con la depresión
ineludible, un proyecto de vida derruido y con la deses-
perada búsqueda por la justicia. Llegan con odio, con de-
seos de morir, con decepción de la vida, con ideas fijas de
venganza (Red de apoyo, 2009).
Estas personas están afectadas en su esfera biopsico-
social, motivo por el cual la atención que se les brinda
debe incorporar los tres elementos. Los aspectos médi-
cos, psicológicos, sociales, pedagógicos y jurídicos deben
ser considerados desde una perspectiva integradora.
Estudiar el problema desde estas distintas dimensiones,
constituye el soporte desde el cual se debe partir para la
atención (Red de apoyo, 2006b).
Nuestro modelo de atención integral a personas vícti-
mas ha sido construido desde la práctica en estos 27 años
de trabajo, un modelo donde la integralidad supone no
solo un abordaje inter y multidisciplinario (con la partici-
pación de varios profesionales en el área de la medicina,
la psicología, la educación y el derecho; que intercam-
bian información y que generan estrategias de acción)
sino también transdisciplinario. Es decir, la integralidad
obliga a romper los cercos que imponen las disciplinas
profesionales y a manejar una mínima estrategia común
de atención a la persona.
En nuestra práctica supone además, que la o el mé-
dico sea capaz de postergar el examen corporal para res-
petar la angustia que puede producir a la persona des-
nudarse de nuevo ante un desconocido y se disponga a
escuchar su relato, o que la o el abogado sepa leer signos
de tristeza y apatía y de primeros soportes psicológicos,
o que la o el psicólogo pueda entender que la queja de la
víctima tiene que ver con el soma como efecto de la neu-
ritis intercostal y que es el momento del analgésico y no
de la palabra, y así sucesivamente.
En las personas víctimas de violaciones a los derechos
humanos se compromete el ámbito de los afectos, de los
valores, de las relaciones, de las conductas; y las penas
y graves sufrimientos provocados, suelen interrumpir
o transformar los proyectos de vida. al ser sometidas a
experiencias tan devastadoras, como la muerte o desa-
parición de un familiar o la tortura, son afectadas en sus
capacidades para interrelacionarse con los demás, para
lograr establecer vínculos afectivos con su familia, para
asumir un papel participativo en actividades laborales
o sociales y para percibirse como un ser libre de culpas,
vergüenza y dueño de su destino y de su proyecto de vida.
El abuso de poder puede dejar daños profundos en las re-
laciones íntimas entre cónyuges, padres e hijos y otros
miembros de la familia, así como en las relaciones entre
las víctimas y sus comunidades. Daña también todo el te-
jido social y la confianza en el Estado y sus instituciones.
48 | artículos y ensayos
tres son los enfoques desde donde se constituye el
modelo de atención y se interviene esta realidad. Uno, el
psicológico, partiendo de un enfoque existencial huma-
nista asumiendo los fundamentos de la logoterapia desa-
rrollados por Viktor Frankl. Dos, el educativo, basado en
los postulados de Paulo Freire y la educación popular en
derechos humanos. tres, el uso alternativo del derecho.
Estas visiones confluyen y transversalizan todo el acom-
pañamiento que brindamos a las víctimas y sus familiares.
Desde la logoterapia
La logoterapia “se centra en el significado de la existencia
humana, así como en la búsqueda de dicho sentido por
parte del hombre” (Frankl, 1979: 120). Es una terapia de
enfoque existencial, es positiva, usa los recursos del espí-
ritu humano y está orientada hacia el futuro. a través del
diálogo reflexivo, buscamos que la persona descubra, a
partir de las tensiones, un nuevo sentido de vida a partir
de la experiencia dolorosa que no se puede evitar o cam-
biar, pero utilizando positivamente las potencialidades
humanas que conserva la persona.
En la experiencia de nuestra organización, después
de la muerte, los familiares de víctimas asumen como
sentido vital la búsqueda de justicia. Concentran su
pensamiento, acción y emoción en esta tarea, dándole
un significado trascendente. Y en algunos casos, en el
camino que transitan para el logro de justicia redimen-
sionan su dolor y asumen una actitud positiva para que
aquello que ocurrió injustamente no vuelva a ocurrir. De
esta forma, pasan de la inmovilización a la movilización,
de una actitud pasiva y pesimista a una actitud de ac-
tivismo, de optimismo, de esperanza, por lograr que no
solo ellos mismos, sino otros en su misma condición de
víctimas, tengan una vida digna, sin más muertes vio-
lentas e injustas. De esta forma, hay una transformación
de actitudes comprendiendo que tal vez el dolor tenga un
significado puesto que ha cambiado sus vidas positiva-
mente en este aspecto.
ahora me he dado cuenta de que la muerte de mi hijo
me cambió para transformar mi vida en positivo, para
convertirme en lo que ahora soy, una mujer que exige y
lucha, que trabaja por la comunidad para lograr justi-
cia, participación, derechos. (María Eugenia Ramírez,
madre de anderson Ramírez, ajusticiado por funciona-
rios de la DiSiP en 1996)2
Desde la educación popular en derechos humanos
La educación popular en derechos humanos asume la ta-
rea política y pedagógica de facultar a los sujetos sociales
con miras a cambiar las condiciones materiales y políti-
cas que han favorecido las violaciones a dichos derechos
y merman las posibilidades de favorecer un estado de de-
mocracia de alta intensidad.
El objetivo principal de la educación popular es
2 Testimonio presentado en el Curso de Formación en Dere-chos Humanos para Policías, dictado por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Caracas, abril 2009.
modelo de atención integral d. González | 49
promover las transformaciones sociales y políticas, au-
mentar el conocimiento común de las realidades y con-
tradicciones sociales; desarrollar una capacidad de aná-
lisis crítico y descubrir y ensayar alternativas sociales y
políticas. El hecho educativo en derechos humanos con-
tiene una intencionalidad política-ideológica.
La intencionalidad política de la educación en derechos
humanos, consiste en no olvidar las causas y conse-
cuencias de las violaciones cometidas por los gobiernos,
así como los mecanismos de impunidad que a través de
nuestra historia han dejado huellas de un sufrimiento
que no se justifica y que jamás pueden traducirse en re-
signación (Red de apoyo, 2009).
Desde el uso alternativo del derecho
Se hace uso alternativo del derecho porque sus vías for-
males no han sido capaces de atender las demandas de
los más pobres en torno a los problemas de la justicia.
Para la Red de apoyo el uso alternativo del derecho es
emprender estrategias de movilización, presión política
y cabildeo para el cumplimiento de las leyes y el funcio-
namiento de las instituciones que conforman el aparato
judicial. El uso alternativo del derecho, es fundamental
para la Red de apoyo en términos de su contribución en
la lucha contra la impunidad, como fundamento orien-
tador en la búsqueda de diferentes vías para acompañar
a las personas víctimas de abuso policial y militar y a sus
familiares, de manera que el horizonte sea la justicia y
no el derecho.
Cuando el silencio también hace daño
La persona víctima y su familia, no solo necesita aten-
ción ante las secuelas generadas por la violación de de-
rechos humanos, sino que tiene que procesar el duelo
por la muerte de sus familiares, la rabia, la impotencia, la
desesperanza, la angustia y el miedo. Posterior a la pérdi-
da, inicia el proceso de búsqueda de justicia, que la ma-
yoría de las veces es altamente desgastante y que causa
mucha frustración, debido a la impunidad que genera la
imposibilidad de elaborar los traumas ocasionados por el
abuso policial y reparar los daños psíquicos, emocionales
y morales ocasionados. así, la impunidad se convierte
en un evento retraumatizante para la víctima y sus fa-
miliares, generando consecuencias psicológicas a nivel
individual y consecuencias psicosociales; que afectan los
modos de relación sociales y culturales.
La impunidad conlleva la ostentación pública del delito,
al tiempo que se niega el haberlo cometido, se relativi-
za su importancia, o se niega directamente su existen-
cia. Es decir que, desde lo legal hay un crimen que no
se castiga, y desde lo moral, se agrega un componente
que es la burla y el regodeo abierto en esta prerrogativa
de impunidad, ante un cuerpo social transformado en
mero espectador (…) La impunidad tiene sus efectos di-
rectos en la vida cotidiana individual, interviniendo en
la estructuración de modos de ser, de pensar, de sentir,
50 | artículos y ensayos
en la conformación de códigos éticos y valorativos, es
decir que la impunidad produce subjetividad. Dentro
del cuerpo social, la impunidad se convierte en un se-
gundo estímulo traumático que va a incidir sobre las
heridas abiertas dejadas por el terrorismo de Estado,
especialmente entre los afectados directos, extendiendo
sus efectos a las generaciones siguientes (Bekerman,
2000: 110).
Diversas son las estrategias de acompañamiento que
utilizamos en la Red de apoyo con las víctimas y sus fa-
miliares: La denuncia, los testimonios y socializaciones
en espacios formativos, las acciones de calle, las reunio-
nes terapéuticas, el apoyo y acompañamiento psicoemo-
cional en audiencias y juicios, los talleres formativos, las
visitas al hogar y comunidad de las víctimas, los talleres
de escritura creativa y de narración oral, las historias de
vida. En cada una de ellas, se promueve el uso de la pala-
bra para que las víctimas y sus familiares se pronuncien
contra el abuso policial, la impunidad y para contar sus
historias de dolor pero, también de lucha y resistencia; y
cada acto de pronunciamiento se ha constituido en una
acción liberadora.
De todas las experiencias desarrolladas quizás los
procesos de escritura creativa y de narración oral y las
historias de vida, sean las experiencias más significati-
vas; se han convertido en una estrategia psico-educativa
que ha permitido que las víctimas se formen sociopolíti-
camente, constituyéndose muchas de ellas en activistas
de derechos humanos. asimismo han podido descubrir
sentidos de vida, redimensionando el dolor por la pérdi-
da, la injusticia y la impunidad.
Es la posibilidad de decir lo que potencia la resignifi-
cación de la vida. Es en el diálogo que se constituye la per-
sona. a través de la palabra se descubren como personas
con poder y se reconstituyen desde la experiencia doloro-
sa que les cambió la vida. Pronunciarla les ha dado a las
víctimas de abusos policiales y militares la oportunidad
de decir cosas nunca antes dichas, de definirse y encon-
trarse a sí mismas, de crear nuevas formas de lenguaje,
de intercambiar saberes, de desarrollar capacidades re-
flexivas sobre su entorno, de su condición social, de sus
relaciones de poder y de sus formas de vida. Escribir, leer,
narrar, se constituye en un acto político y reparador que
les permite a las víctimas redimensionar el dolor y reco-
locarse frente al futuro, llevándoles de la quietud a la mo-
vilización, de la resignación a la lucha activa, del vacío
existencial a un nuevo sentido de vida.
modelo de atención integral d. González | 51
reFerenCIas
Bekerman, S. (2000). “Modelos de abordaje en contextos de impunidad”. En La tortura y otras violaciones a los derechos huma-nos. I Seminario Latinoamericano y del Caribe: Modelos de abordaje para personas afectadas por la tortura y otras violaciones a los dere-chos humanos. antigua Guatemala.
Frankl, V. (1979). El hombre en busca de sentido. Barcelona: Herder Editorial.
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz (2005). Tres historias y un camino reparador. Relatos sueltos de tres mujeres que recons-truyeron nociones, experiencias y emociones desde el dolor por la muerte injusta de sus hijos. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.
____ (2006a). 2000-2005. Impunidad en Venezuela. Investiga-ción documental patrones de violaciones a los derechos humanos y mecanismos de impunidad. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.
____ (2006b). Manual para la atención de víctimas de violaciones de los derechos humanos. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.
____ (2009). 24 años de Atención Integral. 1985-2009. Cara-cas: Manuscrito no publicado.
____ (2010). 2000-2009. Informe sobre Impunidad y Admi-nistración de Justicia en Venezuela. Investigación documental sobre patrones de violaciones a los derechos humanos y mecanismos de impunidad. Caracas: Red de apoyo por la justicia y la Paz.
Los desafíos políticos ante la proliferación de armas de fuegoEl caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del ciudadano
Antonio Bandeira
Inventario Nacional de Armas de FuegoVenezuela
Luis Lugo y Zharah Rengifo
Marco jurídico internacional sobre control de armas, municiones y desarmeCalixto Ignacio Ávila Rincón y Wilmen Yohan Romero
Control de armasFernando Carrión M., Jenny Pontón C. y Blanca Armijos V.
Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control de armas, municiones y desarmePeríodo: Democracia participativa
Irama La Rosa
DOSSIERdesarme estrategias para su gestión y Control
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los desafíos polítiCos ante la proliferaCión de armas de fuego el Caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del Ciudadano
Antonio Bandeira
REVISTA COMUNES n° 3, mayo-octubre 2013 pp. 55-66
ISSN 2343-5666
Resumen El autor expone la estrategia motorizada por la organización Viva
Rio ante el objetivo que impulsar y acompañar una política pública de desar-
me nacional. Entre los principales aspectos para desarrollar tal política, el
autor resalta la des mitificación de la idea de “autodefensa”: la generación
de conocimiento científico echa por tierra el mito de que la adquisición de
armas por parte de la sociedad civil garantiza seguridad, sino que por el con-
trario es un factor agravante. ante esto, el autor insiste en que la solución a
los problemas de seguridad ciudadana debe venir fundamentalmente de las
instituciones del Estado. a su vez, el acceso y presión sobre las esferas polí-
ticas decisorias, debe sustentarse tanto con una argumentación basada en
conocimientos científicos, capaz de posicionarse ante el lobby monumental
que la industria y comercio de armas mantiene, como en la generación de
alianzas influyentes y la movilización popular.
Palabras clave políticas públicas, seguridad ciudadana, armas de fuego,
autodefensa
ANtoNio RANgEl BANdEiRA es posgraduado en Sociología Política en la York
University (toronto) y en Brandeis University (Boston), dirigió los departa-
mentos de Sociología y Política de la Universidad Católica de Río de janeiro
y de la Universidad de técnica de Lisboa. Desde 1999 es el coordinador del
Programa de Control de armas de la oNG Viva Rio, fue viceministro de Bien-
estar del gobierno de Brasil (1986-87); subsecretario de Cultura del gobier-
no de Rio de janeiro (1987-88), coordinador del proyecto “Ley Marco para
el Control de armas de Fuego y Municiones para américa Latina y Caribe”,
PaRLatiNo, 2007, asesor del Parlamento Brasileño para la Subcomisión
de armas y Municiones (2007), consultor para la elaboración de la nueva
ley de control de armas, el Estatuto del Desarme (2003) y miembro de la
Coordinación Nacional de la Campaña de Canje Voluntario de armas, Mi-
nisterio de la justicia de Brasil (2004-05).
57
Los desafíos políticos ante la proliferación de las armas de fuego
El caso de las armas livianas y pequeñas en la defensa del ciudadano
Armas livianas y pequeñas: un universo secreto
Por décadas, el universo en que circulan las armas livianas y pequeñas
se ha estado oculto, lejos del conocimiento de los pueblos, por dos razones
principales. La primera tiene que ver con la relación histórica en el pasado
entre armas y conflictos bélicos, ya que se consideraba secreto de Estado la
información estratégica. La ausencia de guerras en nuestro continente, en
los últimos años, y el creciente fenómeno de la violencia urbana protago-
nizada por el crimen organizado, narcotráfico y conflictos interpersonales,
vinculan las armas pequeñas y livianas mucho más a esas actividades que
a un conflicto bélico hipotético e improbable entre las naciones de nuestro
continente. además, si las guerras tienen que ver con Fuerzas armadas, la
criminalidad y control ciudadano de armas son trabajo de investigación y
represión policial y, por lo tanto, no se justifica que las Fuerzas armadas
sigan con exclusividad al frente de su control y fiscalización, lo que distorsio-
na su función de defensa nacional e invade la competencia policial.
* Publicado y elaborado para Representación de la Fundación Friedrich Ebert Stinf-tung (2011), Costa Rica. Para esta edición se corrigieron las erratas advertidas con au-torización del autor.
58 | dossier
La segunda razón se explica por los grandes intereses
involucrados en la producción y venta de esos productos.
Una actividad de millones de dólares, una actividad que
no es siempre legal, ni tampoco legítima, una actividad
muchas veces direccionada al lucro, muchas veces desti-
nada a compradores criminales y terroristas, sin preocu-
pación alguna por la seguridad pública que, por supues-
to, tiene prioridad. En la Constitución de la mayoría de las
naciones, la seguridad pública y la protección a la vida
vienen primero y se sobreponen a los derechos económi-
cos de los empresarios. Los principales responsables por
parte del ciclo de vida del arma –producción, transpor-
te, comercialización y depósito– muchas veces trabajan
sin considerar el interés público, hasta actúan en com-
plicidad y, usualmente, no tienen interés en actuar con
transparencia y facilitar la información para los organis-
mos gubernamentales de fiscalización y para analistas
independientes que trabajan por la seguridad pública. Es
por ello que la información se queda con quien no desea
hacerla útil y no sabe proceder a su análisis con fines de
seguridad pública, sino más bien de ganancia privada.
Conocimiento científico versus mitos arcaicos
La consecuencia es la falta de estudios científicos sobre el
mercado de armas livianas, pequeñas y municiones, lo
que tendrá dos graves implicaciones. La primera es que
las autoridades públicas responsables por el combate del
tráfico ilícito de armas y control de las armas, para bajar
los homicidios por arma de fuego, operan sin información
realista, con base en falsas hipótesis y desconociendo el
terreno. La segunda consecuencia es que la ignorancia
de las transformaciones ocurridas en las sociedades, que
dejan de ser básicamente rurales (la población de Brasil
ya tiene 86% de urbanización), en las cuales el cambio
de la función y del uso de armas de fuego por civiles no
es percibido por la mayoría, cuyas creencias se tornan
mitos y prejuicios, pues no encuentran más respaldo en
la realidad que cambió. Hay como una “sobrevivencia
de las superestructuras, en desacuerdo con la infraes-
tructura nueva”. otro ejemplo es el modelo educativo
que también cuesta cambiar. En sociedades modernas,
urbanas y democráticas, convive el nuevo modelo de so-
ciedad y de “hombre” con los modelos arcaicos. Convive
el antiguo modelo de hombre “guerrero” que se impone
por la fuerza, por la violencia, con el modelo de hombre
democrático que vence por la inteligencia, competencia
y sensibilidad. Se suman así mitos como la autodefensa
armada, con el prototipo del macho fuerte y armado, en
defensa de la honra y de sus bienes.
El mito de la autodefensa
El hombre que en el campo necesitaba de un arma para
defensa de su ganado y de su propiedad, por la ausencia
de fuerza pública permanente y próxima para defenderlo,
cree equivocadamente que en la gran ciudad debe hacer
lo mismo: armarse para defenderse a sí mismo, a su fami-
lia y sus bienes, principalmente frente a fuerzas públicas
de seguridad deficientes, cuando no ante sectores cóm-
plices de la criminalidad.
Esa actitud muy común en Latinoamérica se
ante la proliferación de armas de fuego a. bandeira | 59
fundamenta en dos grandes equívocos técnicos. El pri-
mero es no entender que un arma de fuego es un excelen-
te instrumento de ataque, pero es precario como instru-
mento de defensa; exigiendo que para que la defensa se
torne efectiva, exista un factor raramente presente: que
la víctima vea el agresor con anticipación al ataque. La
autodefensa está condicionada a lo improbable: no debe
haber sorpresa en el ataque. impregnados con la fantasía
norteamericana del cine, en la que el hombre justo y ho-
nesto rechaza un ataque y mata los agresores a balazos,
el hombre no entiende que esa es una irrealidad, una ex-
cepcionalidad y no se construye ninguna política pública
sobre excepciones, pero sí a partir de la regularidad de los
hechos. El arma es un excelente instrumento de ataque, pero
precario como instrumento de defensa.
¿Cómo es usualmente en la realidad un asalto? El
asaltante no toca el timbre, ni se anuncia. Él entra en la
residencia de manera sutil y sorprende a la víctima. El
atacante escoge el momento y la circunstancia del ataque
porque naturalmente no desea correr riesgos. La víctima
es sorprendida y, aunque tenga un arma con municiones
al alcance de la mano (lo que es raro), muy difícilmente
podrá defenderse contra el arma que le apunta y que dis-
pararán en fracciones de segundos, porque los asaltantes
no vacilan en matar (a los hombres de bien y cristianos),
porque tienen práctica (práctica de enfrentamiento real
y no tiro al blanco fijo) y si intenta defenderse, normal-
mente muere, incluso porque los bandidos no tienen
como costumbre trabajar solos. aquí se ve cuántas son
las condiciones que favorecen al asaltante y cuan pocas
ayudan a la víctima. Un ejemplo fue lo sucedido con el
actual alcalde de Rio de janeiro, cuando era diputado. Su
esposa salió para comprar pan fresco por la mañana y
cuando regresó el asaltante la tomó por la fuerza y con
ella ingresó en la residencia. El alcalde fue sorprendido
cuando dormía en su cama y despertó con el cañón de
una pistola en su cabeza. Eso es un asalto. Como lo que
me sucedió al parar mi coche en un semáforo y ser sor-
prendido por el cañón de un revólver en mi cabeza; el
bandido no se aproximó por el frente, ni por detrás, pero
sí por el ángulo muerto de manera que no puede ser visto
con anticipación. Eso es un asalto. En esas condiciones,
¿de qué me vale ser experto en el uso de armas y tener
una metralleta en mi coche?
Más riesgo que seguridad
Bien, las consecuencias de tener un arma en casa o en
el coche para la autodefensa son varias, una de ellas es
la de contribuir para armar a los bandidos. En 2003, de
acuerdo con la Policía Federal de Brasil, fueron robadas
o hurtadas de residencias de hombres de bien en ese país
más de 27 mil armas. En El Salvador en un año fueron
8 mil armas, según me informó su ministro de justicia.
Colaboramos involuntariamente para armar a los ban-
didos. otro de los riesgos de tener un arma en el coche,
es que puede ser descubierta por el asaltante, ya que es
común que el asaltante mate a su propietario y demás
ocupantes del carro.
Por eso, la Suprema Corte de Brasil, en una decisión
histórica y en vista de un pedido de inconstitucionali-
dad de la nueva Ley de armas brasileña, el Estatuto del
60 | dossier
Desarme, decidió la prohibición del porte de armas para
civiles en Brasil. Fundamentó su decisión en que las ar-
mas de fuego son más un riesgo que una protección para
la familia de su propietario, a la cual no tiene el derecho
de poner en riesgo. Hay países, como Nueva Zelanda, en
los que la esposa e hijos tienen que dar permiso cuando el
hombre desea comprar un arma de fuego.
Vemos como, a pesar de la igualdad en la ley, todavía
somos patriarcales cuando el hombre decide solo sobre
temas vitales para la familia. La Suprema Corte decidió,
con base en la Constitución brasileña, que la protección
de los ciudadanos compete al Estado y que el derecho a la
vida tiene prioridad antes que los derechos de propiedad
de un arma.
así, es un efecto colateral y devastador mantener un
arma en el hogar, lo que significa un peligro para la fami-
lia. Los accidentes con niños son más que frecuentes. En
Brasil, en un mes llegaron a los noticieros (pues la ma-
yoría de las ocurrencias no son televisadas) 5 casos de
niños que al encontrar el arma “escondida” por su padre
y jugar con ella, dispararon contra sí mismos o contra los
hermanos. Estos casos los relaté la semana pasada en la
oNU. Los accidentes con niños constituyen la principal
razón por la cual se entregan armas voluntariamente en
las campañas de desarme en mi país. Es la consciencia de
que uno nunca es capaz de esconder de la curiosidad de
un niño, de manera suficiente, un arma que él ve todos
los días siendo disparada en los programas de televisión,
por lo que intentará imitar la acción. Hay países que,
conociendo los riesgos, obligan a que el arma sea guar-
dada en cofres, separadas de su munición. Pero en ese
caso, ¿cómo se va utilizar el arma para autodefensa? Una
contradicción.
además de niños, son frecuentes los suicidios de ado-
lescentes trastornados que en la desesperación y tenien-
do el arma del padre a su alcance, se matan. o ancianos
deprimidos, que matan a la esposa y después se matan
ellos mismos, como sucede con frecuencia en Uruguay,
país en permanente crisis económica y declive, motivan-
do toda suerte de depresión en quien se siente sin futuro,
o en decadencia financiera.
otro mito es el de que la mayoría de los homicidios
son cometidos con armas ilegales. No es verdad. Las ar-
mas legales matan tanto o más que las ilegales. El mito se
basa en la convicción equivocada de que los homicidios
tienen casi siempre que ver con el crimen organizado,
que es televisado, cuando la suma de muertes de hom-
bres que matan a sus compañeras (40% de los homici-
dios de mujeres en las capitales brasileñas fueron come-
tidos por el compañero de la víctima), los accidentes con
niños, los suicidios, las peleas entre vecinos, en el tránsi-
to, en los bares, en los night clubs, en el fútbol, de emplea-
dos contra sus patrones etc., cuando se suma todas esas
muertes por gente que no es criminal, que normalmente
tiene arma legalizada, se encuentra que es mucho más
que las muertes causadas en confrontaciones del crimen
organizado.
Veamos otro mito que se combina con ese. Los gobier-
nos de australia y de Estados Unidos (antes de Bush, por
supuesto), encontraron que apenas 15 y 14% respectiva-
mente de los agresores eran desconocidos de sus víctimas
en los homicidios por arma de fuego. Uno cree, motivado
ante la proliferación de armas de fuego a. bandeira | 61
por las películas maniqueístas, en las que el enemigo es
el desconocido, el negro, el indio, el amarillo, el pobre,
cuando el peligro está muchas veces a su lado, en su ho-
gar, en su empleo, en su calle, en su club. Son los conflic-
tos familiares, laborales, con la gente que uno se relacio-
na todos los días y con quien si se desentiende, causan la
mayoría aplastante de los homicidios. Lo mismo con los
estupros, que el imaginario colectivo atribuye a un des-
conocido atacante, cuando más de 80% es cometido por
un familiar o conocido.
Por eso, la campaña de desarme voluntario en Uru-
guay decía: “¿tienes un arma? tienes un problema, no
una solución”. Es natural que, sin contar con una policía
eficiente, ágil, honesta, bien entrenada, bien paga, uno
recurra a la autodefensa. Pero uno se olvida de todo el
alto costo que implica tener un arma en su hogar, al al-
cance de las manos de los familiares y de los asaltantes.
otra vez, prevalece el mito hollywoodense, la fantasía
de ponerse fuerte con un arma: el eslogan de la Natio-
nal Rifle Association, de su portavoz Charton Heston: “El
hombre sin arma, es un hombre desnudo”. a un mismo
tiempo, la ilusión de que teniendo un arma estamos ne-
cesariamente más protegidos es un acto fallido freudiano
de necesitar de un arma para sentirse un hombre.
La autodefensa, como se puede ver, no es la solución.
La solución no tiene que ser inventada. Basta mirar los
países con menores índices de homicidios por arma de
fuego como japón, con apenas 0,03 muertes por cien mil
habitantes, el menor índice del mundo. Pueblo sin ar-
mas y una excelente policía, bien paga, bien entrenada,
capacitada a trabajar de manera respetuosa (pero con
violencia cuando esta es necesaria), una policía adecua-
da a una democracia avanzada. La solución es la reforma
democrática y la modernización de nuestras fuerzas pú-
blicas, para que el pueblo no se sienta tentado a armarse
como último recurso. En este sentido, existen dos políti-
cas que deben caminar juntas: reforma policial y control
de armas.
Como sensibilizar y concientizar la población
Si los políticos están bien informados sobre la experien-
cia internacional y la opinión de los expertos, si están
convencidos de que la autodefensa es un equívoco, ¿qué
hacer si buena parte de la población está mal informada
y todavía razona con base en mitos? Dado que los políti-
cos demócratas dependen del voto, ¿cómo plantear pro-
puestas que están más allá que el electorado? Sería un
suicidio electoral.
traigo la experiencia brasileña, que antes de la nueva
ley promulgada en 2003, no era muy distinta de Costa
Rica, pues nosotros latinoamericanos tenemos un perfil
muy parecido. Cuando nuestros estudios e investigacio-
nes nos apuntaron una novedad –que la proliferación de
armas era una de las principales causas de los altos ín-
dices de homicidios por arma de fuego (39 mil en 2003,
el mayor número del mundo)–, como ex-viceministro de
Bienestar, con buenas relaciones en el Parlamento y co-
nocimiento de cómo funciona el Legislativo de mi país,
fui contratado para cambiar la Ley de armas de Brasil.
El escenario era lo mismo que, supongo, lo de aquí: una
mayoría de parlamentarios que, conociendo la opinión
62 | dossier
mediana de su electorado a favor de la autodefensa, no
iría a contrariar sus bases electorales; además de que
para muchos de los parlamentarios brasileños, en aque-
lla época, andar armados era la mejor forma de protec-
ción, cuando estaban lejos de sus guardaespaldas. Pasé
meses intentando convencer, inútilmente, a los parla-
mentarios de votar a favor de una ley restrictiva de armas
y municiones. Poco podían mis argumentos de experto
contra el lobby de la industria y comercio de armas brasi-
leño (quinto exportador de armas pequeñas y livianas),
que financiaba muchas campañas electorales, la presión
de las empresas de seguridad privada y de los militares,
involucrados en el mercado de armas y temerosos de per-
der su monopolio sobre los armamentos en Brasil.
Nos concentramos entonces en investigaciones, en
producir conocimiento científico, en probar que un arma
es más un riesgo que una protección, con estudios de la
realidad brasileña, y no apenas con el resultado de los
estudios de otros países, como Estados Unidos, Canadá,
Gran Bretaña. Usamos los datos de los hospitales, de la
Salud Pública, que normalmente son los más confiables,
hechos dentro de padrones internacionales, porque no
existían datos confiables de la policía. Y esto fue posible
porque pasamos a tener influencia en el gobierno de Rio,
que abrió el depósito de armas con más de 700 mil ca-
sos, que analizamos durante un año, el mayor análisis
de armas incautadas realizado hasta ahora. Los resulta-
dos fueron una revolución en el conocimiento del oscuro
universo de las armas. No, las armas incautadas no eran
en su mayoría producidas en otros países, el 83% eran
brasileñas (en diciembre último, concluimos el análisis
de 300 mil armas incautadas en todo Brasil y encontra-
mos que apenas 10% no era de fabricación brasileña).
La mayoría de las armas incautadas no era de calibre
grueso, ya que el 88% eran revólveres y pistolas (con
el reinado absoluto del revólver de calibre 38, el arma
más potente permitida para civiles en Brasil; aquí debe
ser la pistola de 9 mm, supongo, o mucho más). Fue una
sorpresa y una lección de humildad para los policías y
militares, que se han dado cuenta de cómo nuestra po-
lítica pública se basaba en datos falsos. Desde entonces,
ganamos el respeto como analistas y como personas se-
rias no apasionadas ideológicamente por el desarme, y
pasamos a colaborar con la policía y con los militares en
base a una relación de respeto y confianza, trabajando
por el interés público.
Con base en los datos de la realidad brasileña, sor-
prendentes para muchos, pero científicos, comprobados,
elaborados por profesionales respetados, partimos para
su difusión, para el debate, para la guerra de la informa-
ción, contra la masacre diaria de las películas norteame-
ricanas que enseñan de forma permanente a resolver los
problemas matando, usando la violencia y no la media-
ción democrática; y ahí viene una especificidad de Brasil.
Los dueños de los mayores conglomerados de los medios
de comunicación se convencieron por las estadísticas y
abrieron las televisoras, las radios y los periódicos para
un amplio debate, y entonces fue la hora de “masacrar”
con el conocimiento científico, revelando como es de
falso, pueril e ideológico el aparato discursivo de los que
glorifican el uso de armas por civiles. Contra la ideología,
apenas triunfa el conocimiento científico, comprobado,
ante la proliferación de armas de fuego a. bandeira | 63
transparente, fundamentado, accesible en su construc-
ción. además del sufrimiento, la ciencia es otra puerta
para el conocimiento de los efectos del uso inadecuado de
armas de fuego. Claro que no todos los medios promovie-
ron un debate democrático, pero la mayoría en gran me-
dida desnudaron los hechos y desmoralizaron los mitos.
“Mito conocido, mito caído”.
Las alianzas
Los cambios sociales son batallas cívicas y, por eso, ha-
bría que ganar aliados contra el “adversario”, “el blan-
co”, que era el Parlamento por su poder de mantener o
cambiar la Ley de armas.
Evaluando quien entendía de las consecuencias trá-
gicas del uso de armas por civiles llegamos, claro, a las
mujeres (que tienen formación distinta de los hombres,
sin valorar la violencia y la fuerza y porque son víctimas
de la irresponsabilidad de los hombres que usan armas
y tienen que sostener las familias que pierden sus hom-
bres, por estar estos muertos o arrestados); los médicos y
enfermeros, que todos los días tratan a las personas que
llegan heridas por arma a los hospitales, a pesar de que
las armas son hoy día tan potentes, que hay más muer-
tos que heridos, al contrario de lo que ocurría antes. Y
buscamos los que, por su función en la sociedad, valori-
zan el diálogo, la solidaridad, la mediación pacífica de los
conflictos, la paz, que son las varias y múltiples iglesias,
de todo tipo de religión. Esos fueron nuestros principales
aliados para partir hacia todo un trabajo de información,
de preparación, de los nuevos aliados. Por supuesto que
dedicamos mucho trabajo con los periodistas que no es-
taban en las nóminas de pago del lobby de armamento,
por su posición estratégica en una lucha, que es cultu-
ral. Lucha difícil, porque se trata de cambiar prejuicios,
idiosincrasias, comportamientos, actitudes, mentalida-
des, tradiciones. otra vez, eso solo es posible con la ex-
periencia personal de sufrimiento propio (los familiares
de las víctimas se tornaron aliados importantísimos, por
sus testimonios y por el impacto emocional de su historia
dramática), o con la fuerza de los hechos, de la informa-
ción, del conocimiento científico.
Movilización popular
Promovimos entonces la movilización popular para
crear hechos políticos de repercusión, para forzar el de-
bate, para dar visibilidad al conocimiento nuevo, para
demostrar que la mayoría deseaba el cambio. teníamos
información buena e impactante, análisis y datos; tenía-
mos aliados importantes; habría que ganar la calle.
Más de una vez, los medios ayudaron mucho –esen-
cial, pues es paradójicamente nuestro mayor enemigo,
por propagandista permanente del uso de la violencia y
por la americanización de nuestra cultura–, que no nos
gusta admitir. Para darles el ejemplo más formidable, la
novela de la tV Globo, Mujeres apasionadas, incorporó
el debate del uso de armas, pros y contras, ayudó en la
movilización de la marcha final de apoyo al cambio de
la ley, realizada en Copacabana después de marchas si-
milares en las demás capitales provinciales de Brasil: 50
mil personas marcharon, en una mañana de frío y lluvia,
64 | dossier
por Copacabana, marcha que se tornó parte del próxi-
mo capítulo de la novela, que llevó el debate para la cena
de los hogares brasileños. Enseguida, la nueva encuesta
de opinión arrojó que el 82% de los brasileños estaba a
favor del cambio de la ley. Volví al Parlamento, acompa-
ñado por un poderoso aliado: el electorado, que estaba
con nosotros. La disponibilidad de plata estaba en contra,
pero sin votos los parlamentarios no sobreviven en una
democracia, por supuesto. Y por qué no decirlo: muchos
de ellos se informaron mejor con los debates y cambiaron
su visión del problema. La marcha fue en septiembre de
2003. En diciembre, el Parlamento votó por unanimidad
de los partidos (lo que no significa que todos los parla-
mentarios estuvieron en favor del cambio), el Estatuto
del Desarme fue promulgado por el presidente Lula el 23
de diciembre: un regalo de Navidad al pueblo que lo pa-
rió. Fue una ley que subió de los centros de investigación,
de la calle, para el Parlamento y por eso es tan avanzada.
Resumen de nuestra estrategia, de nuestro recorrido:
producción de información y conocimiento científico so-
bre las armas y municiones y su efecto en el país, bús-
queda de aliados influyentes y respetados, movilización
popular y presión sobre el Parlamento. o, como diría el
sociólogo Fernando Henrique Cardoso, cuando se quiere
cambiar y no se encuentra respaldo en las elites políticas,
hay que trabajar como si manejásemos una pinza, es de-
cir, presionar por debajo y por arriba. Cambiar la menta-
lidad equivocada de la población y, con ello, convencer a
sus representantes en el Parlamento a cambiar las leyes.
País legal, país real
infelizmente, la historia no termina acá. Una cosa, prin-
cipalmente en Latinoamérica, es cambiar la ley, otra la
realidad. o como se dice en Latinoamérica, “el país legal
no tiene que ver con el país real”. ahora estamos en la
fase de hacer cumplir la ley contra intereses poderosísi-
mos, dentro y fuera del gobierno. Un ejemplo trágico fue
la masacre en la Escuela de Realengo, barrio de Rio de
janeiro, el 7 de abril pasado. Un joven, Wellington, vícti-
ma de “bulling” años atrás en la misma escuela, intoxi-
cado de ideología violenta por medio del internet, donde
buscaba socios y compensación para su drama personal,
mata 12 alumnos, adolescentes, con dos armas y mucha
munición. Fue la primera vez que eso sucedió en Brasil,
hecho común en Estados Unidos donde, en 10 años ape-
nas, cerca de 457 niños y jóvenes fueron asesinados en
escuelas e iglesias, en 80% de los casos con armas lega-
les. ¿Cómo fue posible eso en Brasil?
además de los movimientos de glorificación de armas
en internet, financiados y estimulados por la National Ri-
fle Association y sus congéneres en distintos países, que
refuerzan la salida violenta para los dramas personales
de jóvenes marginalizados o deprimidos, fue la facilidad
con que uno compra armas en Brasil, que favoreció su
acción. La ley torna difícil la compra de armas (15 exi-
gencias), pero las armerías venden para cualquiera,
porque no son fiscalizadas por las autoridades públicas,
cómplices de ese comercio millonario o, simplemente,
porque se encuentran indiferentes al cumplimiento de la
ante la proliferación de armas de fuego a. bandeira | 65
ley. Por lo tanto, estamos ahora en esa fase en mi país:
luchar para que la ley sea cumplida.
Comisión Parlamentaria Contra el Tráfico Ilícito de Armas y Sub-Comisión de Control de Armas y Municiones del Parlamento Brasileño
Después de la aprobación del Estatuto del Desarme, el
Parlamento brasileño jugó dos papeles importantes para
enfrentar el problema de la proliferación de armas en
el país. El primero fue el funcionamiento de una Comi-
sión de investigación del tráfico ilícito de armas. Con
apoyo técnico de Viva Rio, la Comisión ejecutó el mapeo
más grande del tráfico de armas en un país, a partir de
la consulta de centenares de expertos, testigos, policías,
militares y traficantes arrestados; de pesquisas de campo
en las fronteras brasileñas con 10 países, apuntando 140
puntos de entrada de armas; de la pesquisa de las prin-
cipales fuentes de desvío de armas hacia el crimen or-
ganizado; evaluando el perfil de las armas incautadas y
su procedencia. El resultado fue un documento de suma
importancia (el informe Final de la CPi), que señaló las
principales fuentes que abastecen el crimen organizado a
partir del rastreo de 15 mil armas incautadas: armerías
sin control, empresas de seguridad privada no fiscaliza-
das, desvío desde las corporaciones policiales, armas pri-
vadas de militares y policías vendidas por ellos en la ile-
galidad, falta de control en el transporte de armas, armas
robadas o hurtadas en las residencias, armas importadas
ilegalmente, armas exportadas y que regresaron al país.
a esas conclusiones hay que agregar una fuente
apuntada recientemente: desvío de armas involucradas
en procesos judiciales, de los fórum judiciales (más de
700 mil armas que empezarán a ser destruidas, confor-
me decisión tomada por el gobierno y el Consejo Nacio-
nal de justicia el mes pasado).
La Comisión de investigación lanzó luz sobre el mun-
do del tráfico ilícito de armas y municiones, demostrando
cómo las armas legales se tornan ilegales, cómo las “ar-
mas del bien” se tornan “armas del mal” y cómo es preca-
ria esa frontera, además de comprobar que, para contro-
larse el tráfico ilícito, es necesario fiscalizar el comercio
lícito, es decir, la posesión civil de armas y municiones.
Los parlamentarios que participaron en esa Comisión
ganaron el respeto y la admiración del electorado y acu-
mularon fuerza política para crear una Sub-Comisión de
Control de armas y Municiones permanente en el Parla-
mento Brasileño. Hecho importante, porque, en la mayoría
de los Parlamentos el tema de las armas pequeñas y livia-
nas es tratado dentro de comisiones genéricas de Defensa
o de Seguridad Pública y se torna un tema menor y poco
relevante, además del poder de los militares y empresarios
de armas en esas comisiones. Una comisión específica per-
mite enfatizar un tema que dejó de ser secundario, debi-
do a que la inseguridad pública está entre los problemas
que más preocupan al electorado de las grandes ciudades.
Pocos países, todos ellos de democracia avanzada, tienen
comisiones específicas, como Canadá, Gran Bretaña, EUa,
Suecia y, ahora, Brasil. La Comisión viene prestando gran-
des servicios para transformar el control de armas por el
gobierno en una política de Estado.
66 | dossier
Campañas de canje voluntario de armas
Una de las actividades propuestas por la nueva Ley de ar-
mas fue la realización de Campañas de Canje de armas,
que sean voluntarias. La primera campaña recogió en
2004/2005 medio millón de armas y provocó la reduc-
ción en 11% de los homicidios por arma, salvando más
de 5 mil vidas, reduciendo los homicidios de 39 mil en
2003 para 34 mil en 2010. El resultado tan positivo ha
hecho al gobierno repetir la campaña en 2008/2009,
pero como no contó con la participación de la sociedad
civil (las oNG y más de 400 iglesias en el 2004), recogió
apenas 30 mil armas. a partir de la masacre de la Escue-
la de Realengo, un mes después empezamos una nueva
campaña que buscaba integrar la participación de la
sociedad y perfeccionar los mecanismos de destrucción
inmediata del arma entregada y del pago de la indem-
nización; ya estamos en 26 mil armas en pocos meses.
La idea del gobierno –Ministerio de justicia– es tornar
el desarme de política de gobierno en política de Estado,
a manera de tener todos los años una campaña. Brasil
tiene 16 millones de armas en circulación, gran parte
en manos de la sociedad. Ese es el blanco de la presente
campaña. El principio no es tener una sociedad que se
protege armándose, sino tener una sociedad desarmada
que cuente con una buena policía que la proteja. Ese es el
modelo seguido por los países que han resuelto de forma
satisfactoria el problema de la violencia urbana.
Diálogo con los productores y comerciantes de armas, y las empresas de seguridad privada
Si la producción (en el caso de Brasil) y la comerciali-
zación de armas son legales, hay que negociar con esos
sectores económicos. a ellos se suman las empresas de
seguridad privada. Son sectores que reaccionaron muy
mal al control y fiscalización de sus productos y activida-
des, demostrando poca sensibilidad para colaborar con
la seguridad pública y fueron, por lo menos en cuanto a
la nueva ley, derrotados. Pero hay que respetarlos como
actores legítimos y forzarlos a subordinar sus intereses
privados al canon mayor de los intereses públicos, el
primer deber más valioso del Estado: la protección a la
vida. En esa negociación, el Parlamento juega un papel
importante, colaborando con el Ejecutivo y presionando
los intereses privados a sumarse al gobierno y a la socie-
dad en la lucha contra el crimen organizado, para redu-
cir la violencia urbana y para garantizar la estabilidad
democrática amenazada por la inseguridad causada por
la falta de control y fiscalización de las armas de fuego y
las municiones. Fueron los parlamentarios brasileños los
que impulsaron la política de sustituir las armas letales
por las de baja letalidad (que apenas inmovilizan al delin-
cuente, sin matarlo, y evitando daños a inocentes). Hoy
Brasil es un gran productor de esas armas, cada vez más
adoptadas por nuestras policías, ya que con diálogo y res-
pecto al interés público, todos ganamos.
inventario naCional de armas de fuego venezuela
Luis Lugo y Zharah Rengifo
REVISTA COMUNES n° 3, mayo-octubre 2013 pp. 67-104
ISSN 2343-5666
Resumen El inventario Nacional de armas de Fuego ha tenido como pro-
pósito estimar la cantidad de armas de fuego de una mano ingresadas legal-
mente a Venezuela en los últimos 30 años; caracterizar las armas de fuego
circulante según el tipo de arma, su procedencia, sus portadores, su distri-
bución geográfica y, finalmente, presentar recomendaciones para fortale-
cer y consolidar los controles sobre el tráfico y la disponibilidad de armas
de fuego en Venezuela. Para alcanzar los objetivos propuestos, se procedió a
identificar las instituciones del Estado intervinientes en la compra/venta de
armas de fuego, organismos de control y desincorporación de las armas, así
como las fuentes de información derivadas de estas, las cuales permitieron
describir el comportamiento del comercio internacional armamentístico
de Venezuela; presentar el volumen de armas de fuego introducidas al país
legalmente en los últimos 30 años; caracterizar la distribución de las ar-
mas de fuego en Venezuela en manos de particulares; describir los parques
de armas gubernamentales; y referirnos al control y desincorporación de
armas de fuego en Venezuela. Entre las recomendaciones se destaca la ne-
cesidad de implementar un Registro Nacional de armas que abarque cada
una de las etapas de las armas desde su ingreso al país.
Palabras clave estimación de armas, inventario, armas de fuego, cir-
culación, disponibilidad, Venezuela.
Luis Lugo y Zharah rengifo actualmente se desempeñan como investi-
gadores en la Coordinación Nacional de justicia y Sistema Penal, adscrita
a la Dirección Nacional de Creación intelectual de la Universidad Nacional
Experimental de la Seguridad. Durante los años 2011 y 2012 se desempeña-
ron como asesores en la Línea de investigación sobre el Control, Regulación
institucional y Estudios sobre el tráfico de armas y Municiones, adscrita a
la Coordinación de investigación y Diagnóstico de la Comisión Presidencial
para el Control de armas, Municiones y Desarme.
[email protected] | zharah.rengifo@gmail
69
Inventario Nacional de Armas de Fuego* Venezuela
La mayoría de las armas de fuego del mundo están en manos de particulares
(…) Si las fábricas del mundo producen cada año millones de armas de fuego
de nueva fabricación y se destruyen muchas menos, eso significa que el núme-
ro de armas en manos de civiles está aumentando. (Small Arms Survey, 2011)
la tenencia de armas en Venezuela agudiza una problemática social que
se incrementa con velocidad. La violencia armada, particularmente la gene-
rada por armas de fuego, en Venezuela se caracteriza por ser letal, por me-
noscabar la vida de hombres, en edades comprendidas entre 22 y 49 años,
y por ser el instrumento predilecto que permite al agresor comunicar, de
manera rápida e inequívoca, la intencionalidad coercitiva a su objetivo.
La circulación de las armas no regulada y principalmente en manos de
civiles, origina el escenario idóneo para que los ejecutores de la violencia
armada se apropien del principal elemento que la define: las armas de fuego;
de allí, la necesidad de regular la disposición de las armas como primera
estrategia para frenar su uso indiscriminado y delictivo.
En la región, diferentes investigaciones han abordado el estudio de la
proliferación de armas asociada a la violencia armada1, sin embargo, en
* adaptación de la investigación Inventario Nacional de Armas de Fuego, realizada por josé Carlos Fernández, Magaly Villasmil, Luis Lugo, Gerardo Santander, Emma Salazar y Zharah Rengifo, finalizada en el mes de septiembre del año 2012, VV.aa. (2013), Regulación y lógicas del uso de armas de fuego y municiones. Caracas: CoDESaRME-UNES.
1 Se encuentran las experiencias de la oNG brasileña Viva Río, replicada más tarde en la provincia de Buenos aires, argentina, denominada “Las armas y las Víctimas.
70 | dossier
el caso venezolano, los estudios en torno a la estimación
de la cantidad de armas han carecido de datos oficiales
restándoles fiabilidad a tales estimaciones.
En este sentido, el inventario Nacional de armas de
Fuego se desarrolla enmarcado en la Coordinación de
investigación y Diagnóstico de la Secretaría técnica per-
teneciente a la Comisión Presidencial para el Control de
armas, Municiones y Desarme. Esta coordinación tuvo
la responsabilidad de brindar las bases científicas nece-
sarias para la toma de decisiones acertadas relacionadas
con el control sobre la comercialización y uso de armas
de fuego en Venezuela. Esta investigación tuvo como ob-
jetivo la estimación de la cantidad de armas de fuego de
una mano (puño), ingresadas legalmente a Venezuela en
los últimos 30 años, así como, la caracterización de las
armas de fuego de una mano circulantes según el tipo de
armas, su procedencia, sus portadores y su distribución
geográfica en el territorio nacional.
Violencia, Proliferación y Uso de armas de Fuego en la Provin-cia de Buenos aires y la argentina”. también es importante la contribución que en el 2004 hicieran Martín appiolaza y javier Ávila en el libro “tráfico de armas en américa Latina. Caso ar-gentina” editado por la Fundación arias para la Paz y el Progre-so Humano, donde hacen un análisis descriptivo del tráfico de armas en ese país.
En Venezuela se encuentra la investigación de aaron Karp titulada “Excedentes de armas en américa del Sur”, que perte-nece al conjunto de publicaciones del Small arms Survey.
¿Por qué las armas de una mano?
El objeto de estudio del inventario Nacional de armas
de Fuego son las armas del subtipo pistolas y revólveres,
esto debido a que se encuentran mayormente asociadas
a los homicidios por armas de fuego en Venezuela. Du-
rante una entrevista realizada al Director Nacional de
Patología Forense del Cuerpo de investigaciones Científi-
cas, Penales y Criminalísticas, se confirmó que alrededor
del 90% de las muertes por armas de fuego en Venezuela
son ocasionadas por pistolas y revólveres2.
Las pistolas y revólveres poseen particularidades que
las posicionan como herramientas útiles para la comisión
de agresiones con armas de fuego, destacándose excepcio-
nalmente, en contraposición a otros tipos de armas:
» Por un lado son de fácil manejo y uso, recordemos
que para efectuar un disparo solo se necesita accio-
nar un gatillo3.
» Poseen una alta durabilidad, por lo que su uso se pue-
de prolongar en el tiempo sobre todo si su manteni-
miento es adecuado.
» La disponibilidad dentro del mercado (lícito e ilícito)
hace que estas armas sean de fácil adquisición4.
2 Entrevista con el director nacional de Patología Forense, doctor Franklin josé Pérez. Mayo 2012.
3 apuntar correctamente o mantener en buenas condiciones el arma son habilidades más complejas.
4 Las actuales restricciones en materia de comercialización de armas de fuego para el comprador civil emprendidas por el
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 71
» a diferencia de las armas largas (escopetas, fusiles,
ametralladoras entre otras), las pistolas y revólveres
son fáciles de ocultar dentro de la ropa, algún bolso o
morral, facilitando su traslado y uso para sorprender
a la víctima.
Las pistolas y los revólveres son armas de fuego ma-
nejadas con relativa facilidad con una sola mano, por lo
que comúnmente se le denominan armas de puño o de
una mano5.
Los procesos relacionados al ciclo de vida de las armas de fuego de una mano en Venezuela
a partir del desarrollo de la investigación se identificaron
cinco procesos en los cuales están inmersas las armas
que entran de manera lícita al país. Estos procesos de las
armas de fuego de mano son:
1. Producción del arma de fuego.
2. Circulación internacional del arma de fuego
(ex portación/importación).
3. Distribución del arma de fuego en el país (asignación,
compra/venta).
gobierno nacional han contribuido a reducir la disponibilidad de armas de fuego en el país.
5 a partir de este momento, cuando nos refiramos a armas de fuego de una mano o puño, nos estaremos refiriendo a las pistolas y revólveres exclusivamente.
4. Control del arma de fuego (denunciada por pérdida,
robo, hurto o extravío, implicada en delito).
5. Desincorporación (destrucción).
Cada uno de estos procesos reflejados en la ilustra-
ción 1 genera información sobre el arma de fuego y es
levantada por distintos operadores institucionales que
desde el Estado, fungen como organismos de control y
supervisión de las armas ingresadas. Cada una de estas
instituciones lleva registros de datos referidos a la infor-
mación de las armas correspondientes y a través de estos
es posible hacer seguimiento a las mismas.
La producción del arma de fuego
La investigación parte de la premisa que toda arma fabri-
cada por una empresa legalmente constituida tiene un
origen lícito, posee como identificador una serie de ca-
racteres alfanuméricos denominado serial y que es único
entre sí. Las armas fabricadas por empresas no registra-
das, o en talleres artesanales privados, no son considera-
das parte de este estudio por carecer de registros oficiales.
tomando en cuenta lo anterior, puede decirse que
Venezuela, no posee al día de hoy, una producción de ar-
mas de fuego de una mano que deba distinguirse en esta
investigación; la única experiencia destacada digna de
mención es la producción de las pistolas marca Cavim6,
6 Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Ca-vim), principal institución involucrada con la producción de ar-mas en el país.
72 | dossier
modelo Zamorana, que son remanentes de la producción
realizada en el año 2005 a partir de una patente de la
empresa checa Ceska Zbrojovka (CZ) de su pistola CZ
G2000. Sin embargo, su escasa producción no la hace
relevante a fines de esta investigación.
Circulación a nivel internacional del arma de fuego (importación)
Una vez fabricada, el arma de fuego es enviada para su
comercialización, que puede ser la distribución del arma
dentro del mismo país productor, y/o exportada para su
DAEXArmas destruidas
(2006-2011)
Procesos y fuentes de información
PRO
DU
CCIÓ
NIM
POR
TACI
ÓN
DIS
TRIB
UCI
ÓN
CON
TRO
LD
ESIN
COR
POR
ACI
ÓN
UN-COMTRADE
Mercado Mundial de Armas IndustrializadasFabricación nacional Fabricación internacional
Industrias productoras de armamento
INEVolumen ($)Importaciones 1980-2011
SENIATImportaciones
Unidades 2004-2011 (DUA)
Compras (2005-2011)CAVIM
Ventas (2005-2011)
DAEX
Parques de Armas Militares
(Informes trimestrales) Organismos Gob.(Inf. trimestrales)
Privados(Inf. trimestrales)
Portes de ArmasParticulares(2003-2011)
CICPCArmas solicitadas (SIIPOL)
Armas en evidencia (2008-2001)
Parques de Armas Policiales(2011)
VISIPOL
Ilustración 1. Procesos y fuentes de información de las armas de fuego de una mano
Fuente: Elaborado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 73
comercialización en el exterior, a este último proceso le
denominamos circulación internacional.
La comercialización al exterior implica la disemina-
ción de la producción de armas de fuego en distintos paí-
ses, sin embargo, como hemos comentado, cada compa-
ñía fabricante, otorga un serial único para cada una de
las armas comercializadas, lo que posibilita el rastreo de
las mismas, siempre y cuando se cuente con el insumo
adecuado, como por ejemplo las facturas y/u órdenes de
compras donde aparece la descripción detallada de las
armas compradas.
a escala nacional, las instituciones que tienen la res-
ponsabilidad de poseer registros sobre las importaciones
de armas son el Servicio Nacional integrado de admi-
nistración aduanera y tributaria (Seniat) en calidad de
ente rector de aduanas e impuestos, y el instituto Na-
cional de Estadísticas (iNE), quien solicita estos mismos
datos al Seniat para nutrir la información sobre datos
estadísticos de comercio exterior. Una tercera, y valiosa,
fuente de información la podemos hallar en los registros
que posee la organización de Naciones Unidas (oNU) a
partir de la Base de Datos Estadísticos de la oNU sobre
Comercio de Mercaderías (UN Comtrade7).
a partir de abril de 2004, el Gobierno Nacional esta-
blece que el Estado es el único facultado para la importa-
ción de armas de fuego en el país8. Esta función es llevada
7 Base de datos mundial que posee información sobre todo tipo de importaciones y exportaciones reportadas por las auto-ridades estadísticas en más de 200 países.
8 Según Gaceta oficial n° 332.844, Resolución 26770.
a cabo exclusivamente por Cavim, que desde 2005 posee
el control comercial de la importación. al centralizarse
en un solo ente todas las importaciones de armas de fue-
go, es posible obtener un registro del total de importacio-
nes de armas a partir de esta fecha.
Distribución del arma de fuego en el país
Como ya se ha aclarado, en Venezuela no se distribuyen
armas de fuego provenientes de fabricación nacional9.
Las armas de fuego distribuidas en el país son traídas
desde el exterior. Una vez que las pistolas y los revólve-
res ingresan a la nación, son distribuidos según el tipo de
usuario final pudiendo ser para10:
» Usuarios gubernamentales: pertenecientes a alguna
institución policial de carácter nacional, estadal o
municipal, así como a las direcciones de seguridad de
los organismos del Estado11.
9 antes de 2005, las armas que ingresaban al país eran retira-das por el importador correspondiente (ej.: distribuidor oficial, armería, persona particular, empresa de seguridad, policía re-gional, municipal, etc.) y el Estado desconocía su destino, salvo que estas ingresaran al Cuerpo de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CiCPC) para pruebas relacionadas a la investigación de algún delito donde estuviese involucrada.
10 Conceptualización propia de la investigación.
11 Las armas pertenecientes a la Fuerza armada Nacional Bolivariana, aunque no escapan a las regulaciones pertinentes en materia de armas de fuego, no fueron objeto de revisión en esta investigación ya que su número y disposición de registros son considerados secreto de Estado.
74 | dossier
» Usuarios jurídicos: pertenecientes a algún organismo
privado de vigilancia, como por ejemplo las empresas
y cooperativas de vigilancia, o las empresas de trans-
porte de valores. Este grupo incluye a las empresas
comercializadoras de armas de fuego, más conocidas
como armerías.
» Usuarios particulares: son todas aquellas personas
que compran un arma de fuego para uso particular,
bien sea para defensa personal, colección, deporte o
tenencia domiciliaria.
a cada uno de estos usuarios se le otorga una auto-
rización para el porte y/o resguardo de estas armas de
fuego, esta autorización se encuentra sujeta a controles
institucionales por parte de la Dirección Nacional de ar-
mas y Explosivos (DaEX) de la Fuerza armada Nacional
Bolivariana (FaNB). Los usuarios gubernamentales y ju-
rídicos se encuentran sujetos a revisiones periódicas de
sus parques de armas por parte de la DaEX, esto se reali-
za cada tres (3) meses, sin embargo, los portes de armas
otorgados a los usuarios civiles se renuevan cada tres (3)
años, durante este tiempo el “estado del arma” no es co-
nocido por las instituciones gubernamentales de control.
Control del arma de fuego
El proceso de control del arma de fuego ocurre cuando
un arma es incautada o recolectada por parte de algu-
no de los cuerpos de seguridad del Estado para su debido
análisis. otra arista del proceso de control es cuando se
realiza una denuncia sobre un arma de fuego.
En el primer caso, se recopila información a través de
pruebas (físicas y químicas) realizadas por expertos en
criminalística a fin de verificar si el arma implicada fue
utilizada para cometer el delito. En el segundo, el arma
es reportada como robada o hurtada ante las autorida-
des pertinentes, bien sea con la finalidad de recuperar
el arma, o bien para evitar la vinculación directa de los
hechos en los que esta arma se vea involucrada en el fu-
turo. En ambas situaciones, el Cuerpo de investigaciones,
Científicas, Penales y Criminalísticas administra el regis-
tro de datos de estas armas.
Durante el proceso de control se puede establecer
cuáles son aquellas armas que inciden con mayor fuerza
dentro de la vida de la población. Esto es muy importante
a fin de establecer ciertas características comunes para
estas armas y por tanto permite establecer regulaciones
más estrictas que permitan frenar el uso de las mismas.
Desincorporación del arma de fuego
El proceso de desincorporación consiste en la destrucción
física y definitiva del arma de fuego por parte de la Direc-
ción General de armas y Explosivos. Este proceso se lleva
a cabo en las instalaciones de la siderúrgica de Sidetur.
Para que un arma pase a situación de desincorporación
deben darse alguna de las siguientes condiciones:
» Que se determine que el arma fue utilizada para co-
meter un hecho punible y, por tanto, las autoridades
responsables dicten sentencia firme sobre ella. Ejem-
plo: Un arma que se haya utilizado para cometer un
homicidio.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 75
» Que aquella arma orgánica perteneciente a algún
cuerpo de seguridad del Estado se le determine un de-
terioro severo y quede inutilizada para su uso. Ejem-
plo: Un arma que por su desgaste pierda su acción de
disparo.
» Que sea entregada a algún órgano de seguridad del
Estado por parte de un particular con la finalidad
puntual de destruirla. Ejemplo: Una entrega volunta-
ria enmarcada en un campaña sobre el desarme.
Este último proceso del arma requiere la presencia de
la Fiscalía General de la República, el Cuerpo de inves-
tigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y la Di-
rección General de armas y Explosivos durante el acto
de destrucción. En este proceso se lleva un registro de las
armas que son destruidas y entre los tres organismos cer-
tifican la validez del acto.
Descripción de las importaciones de armas de fuego de una mano en los últimos 30 años
anteriormente hemos comentado que la producción de
armas de fuego en el país ha sido marginal, por lo que
este apartado se refiere exclusivamente a las importacio-
nes hacia Venezuela de armas de fuego de una mano des-
de los años 80 hasta la actualidad.
Los valores de las importaciones están expresados en
dólares, concretamente en “Valores FoB”12, que significa
12 Se entiende por Valor FoB (Free onBoard – Libre a Bordo en español) al término utilizado en el Comercio internacional
el costo de una mercancía hasta que se encuentra lista
para su transporte. Estos valores son recogidos por la
UN Comtrade y por el iNE. al contrastar ambos registros
se obtiene el gráfico 1 (página siguiente).
Considerando que las dos fuentes de información
consultadas poseen discrepancias, se toman en consi-
deración los valores históricos máximos de importación
de armas de fuego en Venezuela de las dos fuentes, uni-
ficando ambos registros, a fin de manejar el dato más
alto de armas de fuego que se haya importado, tendiendo
siempre a obtener el mayor espectro posible de unidades
de armas importadas en las últimas tres décadas. Esta
unificación13 se ve representada en el gráfico 2 (página
siguiente).
En esta gráfica se observa una oscilación de las im-
portaciones de armas a través del período de estudio.
Estas fluctuaciones pudiesen explicarse fundamental-
mente en las necesidades de adquirir y reponer armas a
lo largo de los años, observando cómo después de una
importación grande, inmediatamente hay una baja de la
que indica el valor de la mercancía en dólares ($) al ser despa-chada por el vendedor, comúnmente referida al despacho hasta el medio de transporte que llevará esta mercancía a su desti-no. Este valor es declarado por el que envía la mercancía, por el que la recibe o ambos inclusive, permitiendo de esta manera las comparaciones.
13 a partir de este momento, cuando se mencione importa-ciones de pistolas y revólveres o importaciones acumuladas de pistolas y revólveres, se entenderá como tal a las importaciones “unificadas” resultantes de la comparación de los registros de UN Comtrade y de los datos que posee el iNE.
76 | dossier 76 | dossier
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1996
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
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2000
2001
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2008
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2010
2011
Comtrade INE
Gráfico 1. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones de revólveres y pistolas, UN Comtrade - INE 1984-2011
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacio-nal de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
0.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
Importaciones
Gráfico 2. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones de revólveres y pistolas, 1962-2011
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presi-dencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 77
misma, ya que las armas tienen un prolongado período
de tiempo útil antes de ser desechada.
La caída radical, a partir del año 2001, de las importa-
ciones de armas de fuego se podría explicar por el veto, que
por razones políticas, Estados Unidos de américa (USa)
aplicó a la venta de armas a Venezuela; este veto se evi-
dencia durante los años 2004 y 2005. Para el año 2006 la
restricción de la venta de armas a Venezuela es completa.
El gráfico 3 hace una comparación de las importa-
ciones ingresadas al país desde 1996 hasta la actuali-
dad y las partes y piezas de armas de fuego de una mano
para esos mismos años. Resulta claro que la reducción
de las importaciones de armas de fuego se relaciona con
un aumento significativo en la importación de partes y
piezas de pistolas y revólveres, pudiendo entenderse que
al no poder reponerse el armamento dañado este debió
ser reparado, aumentando así la importación de partes
y piezas; no obstante debe tenerse presente que la vida
útil del arma de fuego es muy prolongada, esta puede du-
rar por más de cuatro décadas dependiendo de su uso y
mantenimiento, por lo que considerar que este aumento
de importación de partes y piezas de armas de fuego fue
producto del desgaste de las armas existentes podría ser
precipitado.
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
2.000.000
1.000.000
01996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pistolas y revólveres Partes y piezas
Gráfico 3. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones declaradas de pistolas y revólveres (93.02) y la de partes y piezas (93.05), 1996 -2011
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
78 | dossier
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Importaciones Exportaciones
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Gráfico 4. Venezuela. Valor en US$ de las importaciones de armas de fuego declarada como importadas por Venezuela y las exportaciones de armas de fuego declaradas por los países hacia Venezuela, 1980 - 2011
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
El gráfico 4 contiene la contrastación de las importa-
ciones y exportaciones de armas de fuego de una mano
hacia Venezuela en los últimos 30 años. Es notable como
en la mayoría de los años existen fluctuaciones semejan-
tes entre los períodos estudiados de las importaciones y
las exportaciones, siendo las discrepancias entre ambas,
en el mismo año, lo más resaltante. Estas diferencias son
explicables debido al retraso en los reportes de comer-
cialización de armas de fuego que manejan los sistemas
aduaneros y las agencias estatales de estadísticas, oca-
sionando una demora en las informaciones de comercio
internacional.
Representación cartográfica de las importaciones hacia Venezuela
Uno de los ejercicios que realizamos dentro de esta inves-
tigación fue representar cartográficamente los países de
procedencia de las importaciones en un rango que abar-
ca desde 1979 hasta 2010.
La representación cartográfica es útil para identificar
las empresas asociadas a los países que declaran expor-
taciones hacia Venezuela, así como observar las relacio-
nes comerciales en materia de armas de fuego con dichos
países en cuanto a su dinámica y evolución en el trans-
curso de los años estudiados.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 79
En este sentido, una salvedad que debe hacerse es que
existen casos puntuales en los que el mismo fabricante
posee plantas de producción y ensamblaje de armas de
fuego en más de un país. Esto acarrea que dos naciones
diferentes produzcan reportes de armas de fuego de una
misma empresa. Por lo que en la práctica, no puede re-
presentarse las marcas de armas de fuego por país, sino
representar cartográficamente el país que genera el re-
porte de las armas de fuego exportadas, como se ha he-
cho en esta investigación14.
De esta forma, se presenta a continuación la repre-
sentación cartográfica de las importaciones de armas de
fuego identificando tres grandes períodos de importacio-
nes de armas de fuego hacia Venezuela, estos son:
Importaciones de armas de fuego a Venezuela desde finales de los 70 hasta 1990
En este período las importaciones de armas de fuego de
una mano estuvieron signadas principalmente entre
tres proveedores: los Estados Unidos de américa, ale-
mania y el Reino de Bélgica. Sobre el contexto histórico
14 Por ejemplo, la empresa industria de Material Bélico Do Brasil (imbel) radicada en Brasil, posee 5 plantas de produc-ción, todas ellas radicadas en ese país, por lo que es posible afir-mar que las armas de esta marca que son importadas al país provienen en su totalidad de Brasil, con lo que se puede hacer asociaciones puntuales entre países de origen y marcas. Sin embargo, existen otros casos en los que una empresa, radicada en un país determinado, posee filiales y subsidiarias en otros países que fabrican o ensamblan armas de fuego, las cuales, al ser exportadas, quedan asentadas en los registros comerciales de estos países.
es oportuno acotar que la Guerra Fría marcaba signi-
ficativamente los bloques de países con los que se ha-
cían negociaciones; adicionalmente, el Reino de Bélgica
había sido el proveedor para ese momento de los fusi-
les automáticos FaL de la empresa Fabrique Nationale
d’Herstal (FN) del ejército venezolano, por lo que supo-
nía tener puertas abiertas para exportar a nuestro país
armas de menor calibre.
En las ilustraciones cartográficas que presentamos se
puede verificar cómo existe una fluctuación de la propor-
ción de importación a través del tiempo y la variación de
los países proveedores de armas de Venezuela. (Ver ilus-
traciones 2 y 3, en página siguiente.)
Importaciones de armas de fuego a Venezuela durante la década de los 90
En esta década Estados Unidos de américa se mantiene
como el principal país proveedor de armas de fuego. al
mismo tiempo se da un proceso de apertura a la industria
argentina y brasileña de armas, principalmente en el área
de los revólveres. Dicha apertura puede verse justificada
en varios factores: en primer lugar las relaciones diplo-
máticas entre los gobiernos de la época (Pérez – Menem
– Collor de Melo) son cónsonos en su accionar político, lo
que favorece el establecimiento de acuerdos comerciales
entre ellos, incluyendo el comercio de armas; el rápido
crecimiento de las ciudades venezolanas y el auge de los
problemas delictivos, favorece la proliferación de las em-
presas de seguridad dada la ineficacia del Estado en cuan-
to a brindar seguridad ciudadana. Las armas de fuego
80 | dossier
Ilustración 2. Venezuela. Países exportadores de armas hacia Venezuela. 1979.
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Ilustración 3. Venezuela. Países exportadores de armas hacia Venezuela. 1985.
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 81
argentinas y brasileñas son de menor costo en compara-
ción con las norteamericanas y europeas, por lo que es
factible suponer que las empresas de seguridad privadas
demandaran estas armas económicas para la prestación
de sus servicios.
Después de mediados de los 90, la empresa austriaca
Glock; fabricante de armas, pistolas particularmente, se
comienza a posicionar como la de mayor interés dentro
del mercado internacional de armas para los cuerpos de
seguridad y defensa. (Ver ilustraciones 4 y 5, en esta y
siguiente página.)
Importaciones de armas de fuego a Venezuela posterior al año 2000
Las importaciones de armas de fuego hacia Venezuela en
los años posteriores al 2000 estuvieron marcadas prin-
cipalmente por el lineamiento político del gobierno del
presidente Chávez y el veto progresivo interpuesto por
el gobierno estadounidense, y por algunos países de la
Unión Europea.
Ilustración 4. Venezuela. Países exportadores de armas hacia Venezuela. 1992.
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municio-nes y Desarme.
82 | dossier
Para el año 2001, austria es la principal exporta-
dora de armas de una mano a Venezuela proveyendo
al 50% de la demanda interna. Como se ha comenta-
do, a partir del año 2002 y hasta el 2005, se dio una
disminución de la exportación de armas de fuego de
una mano hacia Venezuela, que entre otras causas, se
debe al veto unilateral de ventas de armas por parte de
Estados Unidos de américa hacia Venezuela, a la cual
austria y otros países miembros de la Unión Europea se
apegan. En paralelo, hacia fines de 2004, Cavim asume
la importación de armas al país.
En 2007, italia se desmarca del veto norteamericano,
y junto con Brasil, se convierten en los principales pro-
veedores de armas de una mano para Venezuela.
Para 2010, italia se erige como el mayor exportador
de pistolas para Venezuela, ocupando casi todo el merca-
do de las armas de una mano en el país.
Se evidencia en este período una reducción progre-
siva de los proveedores de armas de fuego de una mano
hacia Venezuela y la instalación de italia como principal
país comercializador de armas a la nación, casi de mane-
ra exclusiva.
Estimación de armas de fuego ingresadas a Venezuela
Para la estimación del volumen aproximado de armas de
fuego ingresadas a Venezuela se utilizaron los volúmenes
Ilustración 5. Venezuela. Países exportadores de armas hacia Venezuela. 1997.
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Esta-dística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 83
Ilustración 6. Venezuela. Paísesexportadores de armas hacia Venezuela. 2001.
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Ilustración 7. Venezuela. Países exportadores de armas hacia Venezuela. 2007.
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
84 | dossier
Ilustración 8. Venezuela. Países exportadores de armas hacia Venezuela. 2010.
Fuente: United Nations Comtrade (UN Comtrade). Instituto Nacional de Estadística (INE). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Ilustración 9. Venezuela. Disponibilidad de las fuentes de información para la estimación de armas de fuego. 1980-2011.
Fuente: Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Ilustración 10 Venezuela. Representación del proceso de estimación. 1980-2011.
Fuente: Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
ImportaciónValor ($)
Valor ($)
1980 2005 2011
UN COMTRADE / INE / CAVIMUnidades
UN COMTRADE / INE
ImportaciónEstimación
Estimación
1980 2005 2011
Estimación 1
Estimación2Registro
Unidades desconocidas Unidades conocidas
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 85
monetarios importados y las unidades de armas impor-
tadas conocidas, disponibles desde 2005 hasta 2011.
En la ilustración 9 se muestra la información disponible
para la estimación.
El método de estimación para calcular la cantidad de
armas de una mano ingresadas a Venezuela desde 1980
se llevó a cabo desde dos perspectivas procedimentales:
La primera consistió en el cálculo de las cantidades de
armas, basado en los montos declarados en las importa-
ciones por Venezuela, y su precio de referencia estableci-
do para cada una de las tres décadas estudiadas.
La segunda consiste en el cálculo de las cantidades
de armas, basados en los montos declarados en las im-
portaciones por Venezuela y su precio de referencia esta-
blecido para las primeras dos décadas estudiadas y hasta
mediados de la década del 2000. Pero a diferencia del
primer método, a partir de 2005, se toman los valores de
las cantidades de armas compradas por Cavim utilizando
las cifras conocidas.
En la ilustración 10 se aprecia cuáles son los lapsos
de tiempo donde es necesario realizar la estimación de las
armas ingresadas al país.
El cálculo de la estimación de las cantidades de armas
ingresadas está basado en dos variables; por una parte,
los montos en dólares de las importaciones; por el otro,
los precios de referencia de las armas de fuego por cada
década. Los valores de los montos de las importaciones
declaradas por Venezuela se extraen de la unificación
de los datos de la UN Comtrade e iNE15, sin embargo, los
15 tal como se mostró en la gráfica 2.
precios de referencia no se encuentran reflejados en los
datos de estas fuentes.
Para establecer los precios de referencia de las armas
de fuego se recurrió a revistas especializadas16 que per-
mitieron elaborar bandas de precios para cada década es-
tudiada. Hay que destacar que por cada década existe va-
riabilidad dentro de los precios de las armas de fuego de
una mano, es por esta razón que no se puede establecer
un precio único para todos los años de estudio. asimis-
mo, es necesario puntualizar por lo menos tres rangos
de precios de referencia, uno con el precio más alto que
pudo llegar a poseer en el mercado mundial de armas,
una banda de precio con el menor precio y otra donde se
promedie estos dos últimos.
aplicando este razonamiento, se consideraron tres
bandas en los que oscila el precio de armas de fuego como
se demuestra en el cuadro 1.
Cuadro 1. Venezuela. Precio estimado de las armas de fuego en dólares (US$) entre décadas. 1980–2009
Décadas Mínimo Promedio Máximo
1980-89 75 125 250
1990-99 100 235 275
2000-09 125 375 535
Fuente: Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. Procesado por la Comi-sión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Una vez obtenidos los valores referenciales de los pre-
cios de las armas de fuego de una mano para cada una
16 tales como el Standard Catalogue of Firearms 2009 y la re-vista Combat Arms en sus diferentes ediciones.
86 | dossier
de las décadas de estudio, es posible realizar el cálculo
de estimación de la cantidad de las armas de una mano
ingresas al país desde los 80, para ello, se dividieron los
montos de las importaciones en dólares entre los precios
de referencia establecidos, obteniéndose la estimación
de cantidad unitaria importada. Los años 2010 y 2011
corresponden a las unidades de armas importadas repor-
tadas por Cavim en esos años, por tanto no es necesaria
su estimación.
El primer hallazgo que posee la investigación inven-
tario Nacional de armas de Fuego es que en los últimos
30 años han ingresado en el país, no más de 630.000
armas. (Ver cuadro 2) De esta manera, se desmitifica la
presunción de la existencia de 1, 3 o 6 millones de armas
de fuego en las calles17 (Globovisión, 2008).
En el cuadro 3 se presenta el segundo ejercicio de es-
timación de armas de fuego de una mano ingresadas en
los últimos 30 años, complementado con las cantidades
reportadas por Cavim desde 2005.
Según lo observado en la segunda estimación, la
cantidad de armas ingresadas al país es menor a la can-
tidad reflejada en la primera estimación, ubicándose en
aproximadamente 550.000 armas el monto máximo de
estas. En otras palabras, cuando se utilizan los registros
oficiales de Cavim de lo importado a partir de 2005, la
tendencia es hacia la baja en las cantidades de armas
ingresadas. En un ejercicio de reflexión, podríamos
17 En apartado referido a la etapa de control de las armas de fuego se verá la baja probabilidad de existencia de un gran mer-cado de armas de contrabando dentro del país.
Cuadro 2. Venezuela. Estimación de las armas de fuego por unidades hasta el 2009. 1980–2009
Estimación hasta 2009
Período Máximo Promedio Mínimo
años 80 79.163 47.498 23.749
años 90 289.103 123.023 105.128
años 00 221.500 73.833 51.752
2010-2011 38.349 38.349 38.349
total 628.116 282.703 218.979
Fuente: UN Comtrade. Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Muni-ciones y Desarme.
Cuadro 3. Venezuela. Estimación de las armas de fuego por unidades hasta el 2005. 1980–2005
Estimación hasta 2005
Período Máximo Promedio Mínimo
años 80 79.163 47.498 23.749
años 90 289.103 123.023 105.128
años 00 143.336 75.383 65.222
2010-2011 38.349 38.349 38.349
Total 549.951 284.253 232.448
Fuente: UN Comtrade, Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Muni-ciones y Desarme.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 87
suponer que la cantidad máxima de armas ingresadas
que arroja la primera estimación es incluso menor a las
630.000 armas.
al comparar las cantidades de armas ingresadas, pro-
ducto de estas dos estimaciones, se puede observar que
las cantidades promedios de las mismas son muy pareci-
das, a pesar de que para el período del 2005 al 2009, los
registros provienen de fuentes diferentes.
Si se detalla la década correspondiente al año 2000,
se aprecia cómo la cantidad promedio de las armas ingre-
sadas al país en ese período es muy parecida, denotando
que la variación entre una y otra es poca. Este ejercicio
de comparación entre las estimaciones realizadas reviste
de fiabilidad al procedimiento empleado para estimar la
cantidad de armas ingresadas al país en los últimos 30
años.
La importación de las armas de fuego al país y su relación con los homicidios con armas de fuego
Como se ha comentado anteriormente, las armas de fue-
go poseen una larga durabilidad, por lo que su vida útil
es extensa. Basándose en esta condición de las armas, se
realizó el cálculo de las importaciones acumuladas a lo
largo del período de estudio. El valor acumulado de las
importaciones, a efectos de esta investigación, se entien-
de como el monto en dólares de las importaciones de
un año, sumándole a este las importaciones de los años
anteriores calculados, por ende, los valores siempre se-
rán en aumento. Se presume que las armas ingresadas
Cuadro 4. Venezuela. Comparaciones entre estimaciones de las armas de fuego por unidades. 1980–2005
COMpARACIóN ENTRE EsTIMACIONEs
Período de estudio
Años estimados Máximo Promedio Mínimo
1980-20111980-2009 628.116 282.703 218.979
1980-2005 549.951 284.253 232.448
Fuente: UN Comtrade, Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Muni-ciones y Desarme.
Cuadro 5. Venezuela. Comparaciones entre estimaciones de las armas de fuego por unidades. 2000–2009
COMpARACIóN ENTRE EsTIMACIONEs pOR DéCADA
Período de estudio Estimación Máximo Promedio Mínimo
2000-20092000-2009 221.500 73.833 51.752
2000-2005 143.336 75.383 65.222
Fuente: UN Comtrade, Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Muni-ciones y Desarme.
88 | dossier
Gráfico 5. Venezuela. Valor acumulado de las importaciones de pistolas y revólveres. 1980 -2011
Fuente: UN Comtrade. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Gráfico 6. Venezuela. Valor acumulado de las importaciones de pistolas y revólveres y Tasa de defunciones por arma de fuego. 1980 -2011
Fuente: UN Comtrade, INE, Ministerio del Poder Pop-ular para la Salud, (MPPS) Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Nota: Tasa de defunciones calculada por 100.000 habitantes.
Importaciones acumuladas 1980 - 2011
Lineal (importaciones acumuladas 1980 - 2011)
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
80.000.000
70.000.000
20.000.000
10.000.000
01980 1982 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Importación acumulada
Homicidio por arma de fuego
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
80.000.000
70.000.000
20.000.000
10.000.000
0
35
25
15
5
55
45
-5
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 89
durante el período de estudio permanecen mayoritaria-
mente activas al final del mismo. (Ver gráfico 5.)
al observarse la importación acumulada, se eviden-
cia que existen tres momentos puntuales del ingreso de
pistolas y revólveres a Venezuela. El primer momento co-
rresponde a la primera década en estudio, hasta el año
1991 aproximadamente, a partir de este año, la impor-
tación se incrementa considerablemente hasta el año
2001, período en el que surge el veto armamentístico a
Venezuela. Desde el año 2007 se vuelve a retomar con
fuerza las importaciones de armas, con italia como prin-
cipal proveedor y Cavim como la única facultada para la
importación en el país.
Considerando que las armas ingresadas al país du-
rante el período de estudio, permanecen mayoritaria-
mente activas al final del mismo, resulta pertinente con-
traponer estos valores acumulados de importaciones de
armas con la tasa de muertes ocasionadas por armas de
fuego suministrados por el Ministerio del Poder Popular
para la Salud, a fin de cotejar su relación. (Ver gráfico 6.)
La tendencia general de los homicidios cometidos con
armas de fuego es hacia el alza; no obstante, es posible
reconocer algunos momentos en que estos valores des-
cienden al mismo tiempo que la importación acumulada
de armas se mantiene (puede verse claramente entre los
años 2003-2006), reflejando que la escasa importación
de armas de fuego de ese momento pudo incidir consi-
derablemente en la tasa de homicidios que registra una
pronunciada caída para luego aumentar nuevamente
cuando las importaciones de armas se reanudan.
El problema de la violencia armada es complejo y
multifactorial, y por tanto no debe asumirse que las
cantidades de importaciones de armas son causa de la
proliferación de este tipo de violencia. Sin embargo, es
importante destacar que un efectivo control de armas,
orientado a vigilar la alta disponibilidad de estas, supon-
drá recortar el principal instrumento de acción de la vio-
lencia con armas de fuego.
Caracterización de las armas de fuego de una mano en Venezuela
La compra y venta de armas de fuego
antes del año 2005, las importaciones de armas de fue-
go de una mano se realizaban por el tipo de usuario que
la necesitase, véase, organismo del Estado, empresa de
seguridad, armería o particular, de las cuales no se lle-
vaba ningún registro unificado que describiera sus ca-
racterísticas principales (tipo de arma, marca, modelo,
calibre, serial). Por lo tanto, para conocer cuáles son las
características de estas armas se ha utilizado los regis-
tros de Cavim disponibles a partir de 2005. actualmen-
te, cualquier requerimiento de importación de armas de
fuego, partes, piezas y municiones, para cualquier tipo de
usuario, se encuentra sujeto a dos instituciones, Cavim
como ente importador y la DaEX como el ente encargado
de otorgar los permisos de porte y tenencia de armas de
fuego. En este estudio se caracteriza la compra y venta
de armas de una mano realizadas por la empresa estatal
Cavim, entre el 2005 y el 2011, considerando que estas
relaciones comerciales representan el total de las com-
pras y ventas legales en esos años.
90 | dossier
Durante este período se compraron 79.454 unidades
de pistolas y revólveres, de las cuales el 95,04% (75.512)
corresponden a pistolas. Es de hacer notar que las com-
pras de revólveres se dan solo en los años 2007 y 2010,
siendo en este último cuando se presenta el mayor volu-
men de compras con 3.800 unidades (ver cuadro 6).
al analizar las cifras sobre las marcas, se observa que
las pistolas Beretta, Glock y tanfoglio son las que poseen
mayor frecuencia, comprendiendo 66.342 armas en to-
tal, siendo importante aclarar que las pistolas Glock solo
se vendieron hasta el año 2008 por parte de Cavim (ver
gráfico 7).
Gráfico 7. Venezuela. Marcas de pistolas y revólveres compra-das por CAVIM. 2005 - 2011
Fuente: Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
58,3%beretta
3,8%Caracal
13,8%Glock
2,1%Imbel
T11,3%
anfoglio
10,6%Taurus
Cuadro 6. Venezuela. Compras realizadas por Cavim de pistolas y revólveres. 2005-2012
CoMPRAs
Año Pistolas Revólveres
2005 7.261 -
2006 4.784 -
2007 4.290 142
2008 7.431 -
2009 17.197 -
2010 28.317 3.800
2011 6.232 -
Total 75.512 3.942
Fuente: Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Cuadro 7. Venezuela. Comparación entre compras y ventas realizadas por Cavim de pistolas y revólveres. 2005-2012
Año
Compras Ventas
PIsToLAs REVÓLVEREs PIsToLAs REVÓLVEREs
2005 7.261 - 7.855 37
2006 4.784 - 7.382 644
2007 4.290 142 14.623 2.281
2008 7.431 - 14.333 583
2009 17.197 - 12.530 562
2010 28.317 3.800 27.973 318
2011 6.232 - 13.428 760
Total 75.512 3.942 98.124 5.185
Total 79.454 103.309
Fuente: Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 91
Gráfico 8. Venezuela. Comparación entre compras y ventas de CAVIM. 2005 - 2011
Fuente: Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
VentasCompras
5000100001500020000250003000035000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
En este sentido, Beretta abarca el 58,3% de las com-
pras (46.346 armas) realizadas por Cavim, siendo esta
la marca de pistola usada por la Policía Nacional Boliva-
riana (PNB); Glock y tanflogio comprenden el 13,8% y
11,3% (10.979 y 9.017 armas) de las compras respec-
tivamente; el 16,5% restante (13.112 armas) corres-
ponden a la marca saudí Caracal, y las brasileras imbel y
taurus. La totalidad de las compras de los revólveres fue
realizada a la empresa brasilera taurus, la mayoría en el
año 2010.
al revisar los registros de ventas de Cavim durante el
período anteriormente mencionado, se observa que estas
alcanzan las 103.309 unidades de pistolas y revólveres,
esto da a entender que Cavim poseía y posee inventarios
con armas de fuego en sus depósitos para los momentos
en las que se realizan las compras (ver cuadro 7 en pági-
na anterior).
al comparar las compras y ventas de Cavim durante
el período 2005-2011, se puede observar que las diná-
micas comerciales de las pistolas y los revólveres son pro-
pias de cualquier artículo en cuanto a la compra, venta
y reposición de la mercancía. Desde el año 2005 al 2008
las ventas superaron a las compras, caso contrario en los
años 2009 y 2010 donde se da un proceso de compras
de armas (ver gráfico 8), para luego iniciar otra fase de
ventas.
92 | dossier
Gráfico 9. Venezuela. Unidades de armas vendidas por CAVIM por tipo de Usuario según año de venta. 2005 - 2011
Fuente: Cavim. Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
CivilGubernamental
50001000015000200002500030000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Jurídico
Con respecto a los usuarios anteriormente descritos:
gubernamentales, jurídicos y particulares, entre los años
2005 y 2011 los usuarios gubernamentales adquirieron
la mayor cantidad de armas de fuego (52,8%), llegando
a su menor nivel en el año 2011; en segundo lugar se
encuentran los usuarios particulares, quienes ocupan el
27,9% de la distribución de pistolas y revólveres en el pe-
ríodo 2005-2011, teniendo un notable aumento a partir
del 2007 y llegando a superar en ventas a los usuarios
gubernamentales en el 2011 con el 66,6% de las mis-
mas. (Gráfico 9.)
Es importante resaltar que los usuarios jurídicos han
disminuido progresivamente la demanda de armas de
mano desde el año 2007 hasta llegar a ser los usuarios
que menos armas adquirieron para el año 2011; sin em-
bargo, son los usuarios que más demandaron revólve-
res, alrededor del 80% (4.194 revólveres) entre 2005 y
2011. La disminución de las compras realizadas por los
usuarios jurídicos a Cavim podría explicarse por el poco
desgaste que caracteriza a dichas armas, en cumplimien-
to de sus funciones (resguardo principalmente), por ende
el nivel de reposición del arma es bajo.
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 93
Distribución de las armas de fuego en Venezuela en manos de particulares
La mayoría de las armas de fuego del mundo están en
manos de particulares (…). Si las fábricas del mundo
producen cada año millones de armas de fuego de nue-
va fabricación y se destruyen muchas menos, eso sig-
nifica que el número de armas en manos de civiles está
aumentando (Small Arms Survey, 2011).
Esta cita, tomada de una publicación de Small Arms Sur-
vey, menciona una realidad de la cual nuestro país no es
ajeno. Durante los años 2005 y 2011, según los registros
administrativos de Cavim, se ha dado un aumento en la
cantidad de armas de fuego de una mano vendidas a par-
ticulares, llegando a ser el 30% de las ventas acumuladas
de este ente para dicho período.
aunque los registros idóneos para el estudio de las
armas en manos de particulares son los registros de ven-
tas (CaViM) y los registros de portes de armas (DaEX),
sólo se pudo acceder con rigurosidad a los registros de
CaViM sobre ventas de armas de fuego. Por esta razón
se trabajó con los datos de las ventas de armas en manos
de particulares entre el año 2005–2011 y con algunos
datos generales sobre los portes de armas de los usuarios
particulares.
En el caso de la DaEX se pudo obtener que para marzo
del año 2012 la cantidad de portes de armas otorgados
fue de 132.043, recordando que estos son permisados
para cada arma que adquiera la persona y no por usua-
rio solicitante; en otras palabras, un mismo usuario
puede poseer varios portes para varias armas, pero no
podrá poseer un m ismo porte para varias.
Las mayores concentraciones de armas de fuego en
manos de civiles, en términos netos, se encuentran vin-
culadas a la concentración de la población en las prin-
cipales ciudades del país, bien sea por razones de acceso
a las armas (distribución) o bien por las capacidades de
adquisición (recursos) de los habitantes de estos grandes
centros poblados. Para facilitar la identificación de las re-
giones en las cuales existe mayor densidad de armas de
fuego de una mano por habitante se desarrolló un índice
que refleja esta magnitud18.
observando la Ilustración 11 (en página siguiente)
se aprecia que las concentraciones de armas de fuego
con muy alto índice se encuentran en áreas urbanas y
de alta actividad económica siendo los municipios Li-
bertador (Dtto. Capital); Chacao, Los Salias y El Hatillo
(Miranda); y Lecherías (anzoátegui), este último, no se
distingue por tener un pequeño tamaño dentro del mapa
aquí presentado.
al analizar los municipios de alto rango se debe rea-
lizar una separación: en primer lugar agrupar a Baruta,
Petare, Carrizal, Plaza, Zamora (Miranda); Vargas (Var-
gas); Girardot, iragorry (aragua); Valencia, San Diego
(Carabobo); municipios que presentan altos niveles de
18 a fin de mitigar la incidencia del factor poblacional se cal-culó un índice de armas legales por municipio, iaM= (NaVC/PoB) × 1000 hab. Cuando iaM, es el Índice de armas por Mu-nicipio; NaVC, es el Número de armas Vendidas por Cavim en el Municipio; y PoB, es la Población del Municipio en 2011.
Ilustración 11. Venezuela. Índice de armas legales en manos de particulares
94 | dossier
concentración de armas y que al igual que los anteriores
se encuentran en espacios de altas concentraciones ur-
banas y/o económicas.
En segundo lugar, agrupar a Puerto Cabello, Mo-
rón (Carabobo); Sinamaica (Zulia); Cordero, Bolívar
(táchira); Brión (Miranda); Pampatar (Nueva Esparta);
Maroa (amazonas) y Guasipati, El Callao, tumeremo
(Bolívar) municipios que aunque no poseen núcleos con
altas concentraciones de población, las actividades rela-
cionadas con ellas: comercio (Carabobo, Zulia y táchira),
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 95
Gráfico 10. Venezuela. Distribución por sexo de usuarios particulares. 2005 - 2011
Fuente: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
2,7%97,6%65426.606
Hombres Mujeres
turismo (Miranda y Nueva Esparta) y minería (ama-
zonas y Bolívar) pudiesen justificar la necesidad de las
compras de armas de fuego.
El resto del país está por debajo del rango medio,
siendo significativo destacar la presencia de núcleos
urbanos como el de Maracaibo (Zulia), Barquisime-
to (Lara), Barinas (Barinas), San juan de los Morros
(Guárico), acarigua–araure (Portuguesa), Barcelona
(anzoátegui) y de centros poblados con actividades
económicas de importancia y/o de gran valor como los
casos de Güiria (actividades petroleras – estado Sucre),
Churuguara y San Fernando de apure (ganadería – es-
tado Lara y apure) entre otras, en las que la presencia
de armas no es destacable.
Características de los usuarios particulares en posesión de armas de fuego en Venezuela
Los registros de ventas de armas de la Compañía
anónima Venezolana de industrias Militares poseen
mayor información que la otorgada sobre los portes de la
DaEX19, teniendo la información de Cavim como única
limitante el lapso de tiempo de cobertura (2005-2011).
De Cavim se pudo obtener que aproximadamente 27.260
personas particulares compraron pistolas y/o revólveres.
En el gráfico 10 se representa la distribución de los
usuarios según el sexo del comprador. Se aprecia que la
inmensa mayoría de las personas que compran pistolas
y revólveres son hombres, constituyendo éstos el 97,6%
de los compradores (26.606); al mismo tiempo, se cono-
ce que la proporción de muertes por armas de fuego en
varones, para el año 2011, fue de 95% (Comisión Pre-
sidencial para el Control de armas, Municiones y Desar-
me, 2012).
asimismo, en el gráfico 11 (en página siguiente) se
observa que el total de usuarios entre los 22 y 49 años
19 Debido a su limitado acceso por su valor estratégico.
96 | dossier
ocupan el 88,57% de compradores particulares de armas
de fuego de una mano, correspondiendo a este mismo
rango de edad el 70% del total de muertes por armas de
fuego según datos oficiales del CiCPC para el año 2011
(Comisión Presidencial para el Control de armas, Muni-
ciones y Desarme, 2012).
Control del arma de fuego
Después del proceso de distribución del arma de fuego entre
los distintos cuerpos de seguridad del Estado, las empresas
de seguridad y vigilancia, así como en los usuarios parti-
culares, la información de las armas de fuego se vuelve de
cierta forma difusa para el Estado según el tipo de usuario.
En el caso de las distintas policías y otros entes guber-
namentales, existen reportes a la DaEX que dan cuenta
del parque de armas del ente, lo mismo ocurre con los
parques de armas de las empresas de seguridad; sin em-
bargo, las armas en manos de civiles no cuentan con al-
gún control oficial, salvo en el trámite de la renovación
del porte de arma del usuario ante la DaEX.
a pesar de esta circunstancia de la información sobre
el arma de fuego, cuando una de ellas se ve involucrada
en algún presunto delito, se activa el proceso de control
de armas dentro de los cuerpos de investigación nacio-
nales. Como se ha explicado anteriormente, el Cuerpo
de investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
se encarga de realizar los peritajes (pruebas científicas)
Gráfico 11. Venezuela. Distribución por rango de edades de los usuarios particulares de armas de fuego. 2005 - 2012
Fuente: Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
100020003000400050006000
18-21 22-25 26-29 30-33 34-37 38-41 42-45 46-49 50-53 54-57 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78 o más
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 97
Gráfico 12. Venezuela. Tipo de armas de fuego (Evidencias). 2005 - 2011
Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
61,7%38,3%18.93311.769
Revolver Pistolaó
a las armas de fuego decomisadas, incautadas o relacio-
nadas con una investigación policial. De igual manera, el
CiCPC también recibe las denuncias de robos y extravíos
de armas de fuego.
Es por esta razón que se cuenta con dos fuentes de in-
formación para este proceso, los registros del División de
Balística y del Sistema integrado de información Policial
(SiiPoL), a fin de caracterizar las armas registradas por
ellos.
Los registros sobre las armas analizadas en los la-
boratorios de balística del CiCPC pueden tener distintas
procedencias en cuanto al portador para el momento del
suceso, estas pueden ser: un arma involucrada en un en-
frentamiento policial (por tanto existen registros de arma
orgánicas), un arma decomisada a un delincuente, o co-
lectada durante una requisa en un penal u otro lugar, así
como alguna arma con porte ilícito.
En el gráfico 12 se puede observar de qué manera se
encuentran dispuestas las armas de fuego de una mano
que son evidencias en los laboratorios de balística, se-
gún el tipo de arma. Las pistolas presentan una mayor
frecuencia dentro de los registros obtenidos del CiCPC,
llegando a ser el 61,7% de los datos consultados.
Una particularidad del registro de datos que se ob-
tuvo de los laboratorios de balística del CiCPC es la pre-
sencia de la variable condición del arma, entendiéndose
esta como la presencia o no del serial del arma. Ya se ha
señalado que el inventario Nacional de armas de Fuego
se enfoca en las armas industrializadas que pueden ser
rastreadas a través del serial otorgado por el fabricante.
aunque a los laboratorios de balística pueden ingresar
armas de fabricación casera o artesanal, esta investiga-
ción solo recogió aquellas pistolas y revólveres que pudie-
sen ser identificadas por los peritos del organismo como
industrializadas. Sin embargo, existen registros de armas
que a pesar de haber sido un producto manufacturado
98 | dossier
legalmente, han sido sometidos a modificaciones en su
serial, especialmente, aquellos que utilizan el arma como
herramienta de hechos ilícitos.
Comúnmente, esta modificación del serial consiste en
el limado o devastación de los seriales de fábrica, a fin de
dificultar la identificación del arma y evitar el rastreo de
la misma.
Lo que demuestra el gráfico 13 es que la mayoría de
las pistolas cuentan con el serial de fábrica, siendo menos
de la mitad las pistolas que no poseen serial. Por el con-
trario, los revólveres presentan un proporción diferente
cuando se compara entre los que conservan el serial y
los que no.
así como se han presentado las armas que son evi-
dencia en los laboratorios de balística, a continuación se
describen las características de los registros obtenidos en
el Sistema integrado de información Policial (SiiPoL) del
CiCPC. La información de las armas del SiiPoL que fue
recabada por este estudio pertenece a los registros de las
armas denunciadas ante este organismo.
En el gráfico 14 se aprecia la distribución entre pisto-
las y revólveres de las armas denunciadas ante SiiPoL,
siendo los revólveres los más frecuentes para este caso,
aunque por poco porcentaje.
En el gráfico 15 se encuentran reflejadas las razones
por las cuales ingresó el arma al registro de datos del
SiiPoL. Se destaca que las denuncias relacionadas con
las armas robadas o hurtadas ocupan el grueso de los
reportes del SiiPoL. ambas razones están relacionadas
con el delito de sustracción del bien (armas). Como se ha
mencionado anteriormente, esto se encuentra vinculado
con el deslinde de la responsabilidad sobre el porte de
un arma y su involucramiento en un hecho punible, en
otras palabras, reportar el arma como robada o extravia-
da salva la responsabilidad que se tiene sobre un arma al
portador legal de la misma.
Desincorporación del arma de fuego
El último apartado sobre la caracterización de los proce-
sos de la vida del arma está referido a la desincorporación
y destrucción del arma de fuego. Las armas destruidas
que se encuentran asentadas en los libros de destruc-
ción de la DaEX se dividen por el año de destrucción. La
destrucción de armas de fuego se realiza cuando se acu-
mulan grandes cantidades de armas, por este motivo los
actos de destrucción no son consecutivos.
Como se evidencia en el gráfico 16 (en página siguien-
te), la destrucción de armas de fuego ha ido en incremen-
to en los últimos años, particularmente, la destrucción
de pistolas. Los revólveres también han sido objeto de
destrucción, sobre todo en el último año estudiado.
La mayoría de las armas que son destruidas son re-
vólveres, abarcando estos el 58% de la destrucción. tales
valores son cónsonos con los reportes del SiiPoL sobre el
tipo de armas denunciadas, ascendiendo los revólveres al
55,4% de estas armas, por lo que se presupone que en al-
guna medida los revólveres que son denunciados en Sii-
PoL como robados o hurtados terminan siendo enviados
a la DaEX para su destrucción.
Gráfico 13. Venezuela. Condición de las pistolas y revólveres presentes en las salas de evidencia del C.I.C.P.C. 2008 - 2011
Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Procesado por la Comisión Presiden-cial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Con serialSin serial
40002000
0
60008000
10000120001400016000
Pistolas Revólveres
Gráfico 14. Venezuela. Tipo de armas de fuego registradas en SIIPOL. 2012
Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
44,6%55,4%80.54699.876
Revolver Pistola
Gráfico 15. Venezuela. Razón de la presencia de las armas de fuego en SIIPOL. 2012
Fuente: Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, (CICPC). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y desarme.
2,6%
2,8%
0,5%
38,3%
1%
54,7%Arma hurtada
otra
Arma RobadaArma incriminada
Arma extraviada
ó
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 99
100 | dossier
Gráfico 16. Venezuela. Armas destruidas en los procesos de desincorporación. 2006, 2009 y 2011
Fuente: Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
Gráfico 17. Venezuela. Tipo de armas destruidas en los procesos de desincorporación. 2006, 2009 y 2011
Fuente: Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX). Procesado por la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme.
PistolaRevolver
4000
2000
0
6000
8000
10000
12000
2006 2009 2011
42%58%12.38017.110
Revolver Pistolaó
ó
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 101
Conclusiones y recomendaciones
En primera instancia, uno de los hallazgos más contun-
dentes durante la recolección y procesamiento de infor-
mación son las limitaciones que las distintas fuentes de
datos poseen. idealmente, el propósito por el cual se reco-
ge el dato sobre las armas de fuego es obtener un óptimo
manejo de información sobre las mismas. Sin embargo,
durante la investigación se encontró que muchas de las
fuentes de información tienen una función predomi-
nantemente administrativa, en esta los datos se recaban
como parte de un proceso burocrático y no como insumo
para futuras tomas de decisiones de parte de los entes in-
volucrados. Este accionar mecánico incide en la calidad
de los datos recolectados por las instituciones ya que le
despoja de mecanismos de eficiencia y eficacia a las fuen-
tes de información oficiales.
algunas de estas deficiencias son las siguientes:
» objetivo de las fuentes. La mayoría de las fuentes
de información consultadas son registros adminis-
trativos que no se encuentran diseñados para fines
estadísticos.
» Formatos de los datos no digitales. La mayoría de los
datos se encontraron en papel, dificultando así su ac-
ceso para el manejo de datos.
» Sin normalización de categorías. Las fuentes de in-
formación no poseen categorías estandarizadas entre
sus registros de datos.
Es necesario entender que las deficiencias que poseen
algunas fuentes de información imposibilita que el Esta-
do haga un seguimiento eficaz de las armas de fuego que
circulan a través del territorio nacional y, por ende, difi-
culta el desarrollo y ejecución de políticas públicas que
tengan como objetivo el control de las armas de fuego.
En este sentido, la información sobre las mismas debe
estar disponible para los decisores estatales, estas deben
poseer nomenclaturas, formatos y variables comunes
entre cada una de las instituciones responsables de las
armas en Venezuela.
En la actualidad, el órgano encargado del manejo
aduanal de las armas de fuego es el Seniat, el cual consi-
dera a las armas como una mercancía más que ingresa
al país. Los registros del Seniat no manejan el detalle por-
menorizado de las armas importadas, pues no se consi-
dera de relevancia para la función que le corresponde.
Este proceder permite establecer un tipo de velo blanco
a ojos del Estado, ya que no permite ver de manera espe-
cífica qué entra al país y contribuye a posibles desvíos de
armas de fuego. Estas no son cualquier mercancía, son
instrumentos utilizados para asesinar y como tal deben
ser tratadas.
otro de los hallazgos de la investigación es la con-
gruencia entre las fuentes de información relacionadas
con la importación. Como se demostró durante la con-
trastación de los datos de la UN Comtrade y del iNE, la
información referida a la importación de armas de fuego
es muy parecida para ambos conjuntos de datos. Este as-
pecto refuerza las bases del proceso de estimación desa-
rrollado en el transcurso del estudio, lo que da pie al re-
sultado más importante de la investigación: La cantidad
102 | dossier
de armas legales de una mano ingresadas en los últimos
30 años en Venezuela es menor al millón de armas.
al respecto hay que aclarar dos puntos: en primera
instancia, el estudio no abarca la totalidad de las armas
de fuego, pues existen otros tipos de armas como los fusi-
les de asalto o las ametralladoras que no son contempla-
das, sin embargo, las pistolas y los revólveres son los dos
tipos de armas que más lesiones y homicidios ocasionan
a la población; por otra parte, el estudio no contempla
las armas de fuego ilegales, no obstante, como también
se ha mencionado, la mayoría de las armas de fuego que
son registradas en los procesos de control y desincorpo-
ración, corresponden a marcas de armas de fuego de im-
portación licita, por lo cual se presume que la mayoría de
las armas ilegales poseen un origen legal para el momen-
to de la importación.
El inventario Nacional de armas de Fuego pretende
servir de soporte a futuras investigaciones en torno a las
armas en Venezuela y, a su vez, brindar luces sobre los
procesos y actores que intervienen durante todo el ciclo
de vida de las armas, a fin de contribuir en la compren-
sión de las dinámicas de las armas en el país. asimismo,
la investigación aporta elementos a la discusión sobre la
cantidad de armas circulantes, la distribución de estas
dentro de la población, las armas involucradas en hechos
delictuales y los procesos de destrucción de las mismas.
La investigación del inventario Nacional de armas
de Fuego expuso la presencia de menos de un millón de
armas de una mano en el país, estableciendo un nuevo
parámetro para la discusión del volumen de armas en
Venezuela. Es importante destacar que en la actualidad
se manejan cifras muy altas sobre las armas en el país,
las cuales son exponencialmente superiores a la estima-
da por esta investigación. En algunos casos, estas cifras
sobre el volumen de armas corresponden a agentes po-
líticos que las utilizan como herramienta para generar
beneficios electorales, en otros casos, son producto de in-
vestigaciones con abordajes diferentes a los utilizadas en
el inventario Nacional de armas de Fuego, generalmente
realizadas con datos no oficiales y que derivan en montos
diferentes a los aquí presentados.
independientemente del volumen de las armas de fue-
go que se maneje, es evidente que estas armas generan
un gran impacto en las personas que residen en el país.
La tasa de homicidios por armas de fuego en Venezuela
para el año 2011 asciende a los 43,4 por cada 100.000
habitantes (Comisión Presidencial para el Control de ar-
mas, Municiones y Desarme, 2012), duplicando la tasa
promedio de todo el continente americano.
Las armas de fuego son facilitadoras de la violencia
armada y como tal deben ser entendidas. Por ello es ne-
cesario que el Estado venezolano, dueño de todas las ar-
mas de fuego en el país, tenga la responsabilidad de arti-
cular la información relacionada con las mismas. Cada
arma que ingresa al país debe ser rastreable mediante el
serial otorgado por la empresa fabricante, por lo cual, las
instituciones que estén vinculadas a los procesos propios
de las armas de fuego deben manejar la misma infor-
mación, con parámetros delimitados y comunes entre
organismos.
Cada operación relacionada con un arma de fuego
debe registrarse por el Estado con el fin de conocer cada
inventario nacional de armas l. luGo y z. renGifo | 103
paso que el arma transita. asimismo, la información so-
bre ellas debe estar vinculada con el ámbito interinstitu-
cional dentro de un sistema integrado de datos, con las
características primarias de esta, tales como: tipo, marca,
modelo, calibre y serial primario, estos deben poseer la
misma nomenclatura en todos los organismos que sean
encargados de nutrir este sistema. El sistema integrado
de información sobre armas de fuego debe estar orien-
tado a engranar las diferentes fuentes de información
gubernamentales que poseen datos de armas en el país
para poder rastrearlas en cualquier etapa de los distintos
procesos de las armas.
Un ejemplo claro de los beneficios de este sistema
es que al realizar una consulta sobre un arma incauta-
da por el CiCPC, el sistema muestre información sobre
cuándo fue ingresada al país, año de venta o asignación,
nombre del portador del arma, de tener portador mostrar
cuáles otras armas están registras a su nombre, y si este
posee antecedentes.
otro de los puntos que debe quedar para la reflexión
es la inconveniencia de poseer un arma de fuego por par-
te de la población civil. La probabilidad de sufrir lesiones
o de morir, aumenta exponencialmente cuando existen
armas de fuego en el hogar, especialmente si en la casa
hay niños y el arma se encuentra cargada. asimismo, en
caso de robo es poco probable poder defenderse oportu-
namente, pues el agresor comúnmente tenderá a utili-
zar el factor sorpresa sobre la víctima, y la presencia del
arma solo agrava la reacción del agresor. Por otro lado,
el 70,6% de las muertes ocasionadas por armas de fuego
son producto del ajuste de cuentas, que abarca desde el
enfrentamiento entre bandas armadas hasta las peleas
generadas entre sujetos bajo efectos del alcohol (Comi-
sión Presidencia para el Control de armas, Municiones y
Desarme, 2012). Es por ello que el Estado debe afianzar el
control de las armas en manos de civiles y limitar el uso
de estas a los órganos de seguridad del Estado.
FUentes y reFerenCIas
Ávila, R. (2006). El control y la prevención de la violencia armada en El Salvador. El Salvador: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Comisión Presidencial para el Control de Armas, Muni-ciones y desarme (2012). Sentido e impacto del uso de armas de fuego. Caracas: Comisión Presidencial para el Control de ar-mas, Municiones y Desarme.
Consejo general de Policía (s/f.). Consejo General de Po-licía. Recuperado el 03 de abril de 2013, de Consejo General de Policía - Biblioteca: http://www.consejopolicia.gob.ve/index.php/biblioteca-digital/manuales/mientras/1-ma-nual-per tenencia-policial-dotacion-y-equipamiento/detail
Diccionario Enciclopédico de Armas y Tiro (2011). Recu-perado el 11 de marzo de 2013, http://diccionarioenciclopedi-codearmas.blogspot.com/2010/07/ari_11.html
digeservisp (s/f.). Sinopsis histórica y problemática de la seguri-dad privada en Venezuela. Recuperado el 14 de marzo de 2013, de Dirección General de los Servicios de Vigilancia y Seguri-dad Privada: http://www.mpprij.gob.ve/digeservisp/index.php/2-uncategorised/17-sinopsis-historica
104 | dossier
El Mercurio (23 de enero de 2011). “La historia de éxito y sangre de la Glock, la pistola favorita de los esta-dounidenses”. Recuperado el 14 de marzo de 2013, de El Mercurio: http://diario.elmercurio.com/detalle/index.asp?id=%7B75cc71ed-b966-46f6-bab4-7c323bc3ccdf%7D
El Universal (25 de agosto de 2006). “oficializan prohi-bición de venta de armas a Venezuela”. Recuperado el 04 de marzo de 2013, de El Universal: http://noticias.eluniversal.com/2006/08/25/pol_art_25106B.shtml
Globovisión (05 de abril de 2008). “amnistía internacional denunció que existen 6 millones de armas en Venezuela y solo 1 millón y medio están registradas”. Caracas, Dtto. Capital, Venezuela. Recuperado el 11 de 07 de 2012, de http://www.pazactiva.org.ve/site_paz/doc_enceldocumentos/armas.pdf
Karp, A. (2007). “Completing the Count: Civilian Firearms”. En S. a. Survey, Gun and the City (pp. 39-43). Ginebra: Small arms Survey.
____ (2011). Excedentes de armas en América del Sur. Ginebra: Small arms Survey.
Registro Nacional de Armas (Renar) (s/f.). Recuperado el 11 de marzo de 2013, dehttp://www.renar.gov.ar/index_sec-cion.php?seccion=nomenclador&m=2
Small Arms Survey (septiembre de 2011). Estimación de las armas de fuego en posesión de civiles. Recuperado el 19 de mar-zo de 2013, de Research Notes: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/H-Research_Notes/SaS-Research-Note-9-ESP.pdf
United Nations office on drugs and Crime (2011). Global Study on Homicide. Viena: UNoDC.
Verspeelt, H. (2006). “El marco internacional sobre control de armas y prevención de la violencia armada”. Foro Regional de Intercambio de Experiencias en Prevención y Control de la Vio-lencia Armada (p. 71). San Salvador: Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo.
marCo JurídiCo internaCional sobre Control de armas, muniCiones y desarme
Calixto Ignacio Ávila Rincón y Wilmen Yohan Romero
REVISTA COMUNES n° 3, mayo-octubre 2013 pp. 105-123
ISSN 2343-5666
Resumen El estudio se refiere al marco jurídico internacional sobre el control
de armas, municiones y desarme. Forma parte de un estudio más amplio que
incluye el marco jurídico nacional sobre el mismo tema. incorporado recien-
temente en la agenda de la Comunidad internacional, este tema afronta re-
sistencias de los estados al vaivén de intereses económicos, políticos, públicos
y privados, que han llevado a crear instrumentos más vinculantes política-
mente que jurídicamente. Los instrumentos pertinentes corresponden espe-
cialmente al Sistema Universal de las Naciones Unidas y al Sistema interame-
ricano de la oEa. El retiro de Venezuela de la Comunidad andina de Naciones
obliga también a mirar hacia otros escenarios regionales como el Mercosur y
a poner en valor instrumentos recomendatorios generados en el Parlamen-
to Latinoamericano. Este estudio recomienda tomar las medidas necesarias
para que las instituciones nacionales tomen como referencias las normativas
internacionales. Se recomienda ratificar el Protocolo contra la Fabricación
y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones
e incorporar varios instrumentos con valor recomendatorio al readecuar el
marco interno legal y sublegal. Finalmente, y ante las dificultades generadas
en las relaciones de Venezuela con el Sistema interamericano, se recomienda
revisar los escenarios en las nuevas organizaciones regionales.
Palabras clave instrumentos internacionales, vinculantes política o
jurídicamente, sistema universal, sistema regional, fabricación, trafico,
exportación, importación
CaLixto ignaCio ÁviLa rinCón es defensor de derechos humanos y Magister
en Derecho internacional de la Universidad Libre de Bruselas. WiLmen yohan
romero es investigador y profesor de Derecho Penal del instituto de Ciencias
Penales y de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. La
abogada Nadezka Márquez trabajó como asistente de esta investigación.
107
Marco jurídico internacional sobre control de armas, municiones
y desarme*
En el terreno internacional el debate sobre regulación y control de ar-
mas y municiones y procesos de desarme se da en medio de intereses en-
contrados y muchas veces antagónicos. En este debate existen divergencias
entre: principios humanitarios y de derechos humanos ante intereses de Es-
tados y de las industrias armamentistas; protección de la esfera privada del
individuo ante interés colectivo de la seguridad; declaraciones de principios
y buenas intenciones en los preámbulos de los tratados ante reales compro-
misos en el articulado.
Es evidente que el problema necesita soluciones que pasan por aunar
y orquestar esfuerzos a escala nacional, regional y global. Por una parte,
las soluciones regionales deben estar articuladas a las soluciones globales y
viceversa, dada la naturaleza transfronteriza del fenómeno. Los consensos
políticos previos entre Estados en las relaciones bilaterales o multilatera-
les conducen a instrumentos internacionales con más posibilidades de ser
puestos en práctica pues las diferencias políticas resultan en instrumentos
internacionales y en mecanismos menos vinculantes. En efecto el debate
internacional ha producido más programas de acción y declaraciones que
tratados internacionales vinculantes. Se han preferido las fórmulas de com-
promisos voluntarios lo cual hace que las interpretaciones de los compromi-
sos corran por cuenta de los Estados.
* Extracto de la investigación Marco jurídico nacional e internacional en cuanto al con-trol de armas, municiones y desarme. VV.aa. (2013), Regulación y lógicas del uso de ar-mas de fuego y municiones. Caracas: CoDESaRME-UNES.
108 | dossier
Por otra parte, hay dificultades en la aplicación de
las normas internacionales en el terreno nacional: po-
cos Estados aceptan la aplicación de otras jurisdicciones
dentro de sus fronteras lo cual es un problema importan-
te si se tiene en cuenta que el tráfico ilegal es un delito
que trasciende las jurisdicciones de varios Estados. La
cooperación internacional es uno de los mecanismos
importantes1.
Los esfuerzos para una reglamentación internacional
no han tocado ciertas zonas sensibles como los exceden-
tes de armamentos con que cuentan los países, ligados a
temas de seguridad nacional, o la exportación de arma-
mentos, vinculada a intereses económicos de los países
productores.
Finalmente, la regulación y control de armas y muni-
ciones y procesos de desarme están vinculados con otros
temas y por lo tanto, en el plano internacional, los ins-
trumentos disponibles concurren con otros instrumen-
tos internacionales relacionados con tópicos como el
combate y prevención del crimen organizado, la corrup-
ción2 y el derecho internacional humanitario (DiH). En
este último caso y como veremos adelante, pese a que ar-
mas y municiones forman parte esencial de los conflictos
1 Un modelo sobre el tema de cooperación internacional es la Convención interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros mate-riales relacionados (1997) (CiFta).
2 Hay convenciones relacionadas con el tema de tráfico de armas y municiones como por ejemplo la anti-Bribery Conven-tion, de la organisation for Economic Co-operation and Deve-loppement (oECD).
armados regulados por el DiH, hemos encontrado pocos
instrumentos relacionados con el tipo de armas y muni-
ciones objeto de este estudio. En efecto, se remarcará en
este documento la ausencia de instrumentos de derecho
internacional humanitario, que podrían ser aplicables
en situaciones derivadas del conflicto armado colombia-
no en las zonas fronterizas. Solamente se han identifica-
do dos instrumentos pero están relacionados con armas
convencionales3 que no son objeto de este estudio. Sin
embargo, es importante no pasarlos por alto. Se trata de
la Convención sobre prohibiciones o restricciones para el uso
de determinadas armas convencionales que pueden ser excesi-
vamente perjudiciales o que pueden tener efectos indiscrimi-
nados, ratificada por Venezuela sin reservas ni declara-
ciones el 19.04.2005, y su Protocolo i que prohíbe el uso
de armas cuyos efectos sean herir mediante fragmentos
no detectables a los rayos X, ratificado por Venezuela el
19.04.20054.
3 El Registro de armas Convencionales de las Naciones Uni-das incluye las siguientes categorías: tanques de batalla, ve-hículos armados, artillería de alto calibre, aeronaves de com-bate, helicópteros de ataque, buques de guerra, lanzadores de misiles. Según información en Naciones Unidas, Centro de información, México: Armamento convencional, en http://www.cinu.org.mx/temas/desarme/ligeras.htm consultado el 08.02.2012.
4 Comité internacional de la Cruz Roja: Convention on Pro-hibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May be Deemed to be Excessively injurious or to Have indiscriminate Effects. Geneva, 10 october 1980 y Pro-tocol on Non-Detectable Fragments (Protocol i). Geneva, 10 october 1980, información sobre ratificaciones y adhesions. Extraido el 14 de febrero de 2012 de http://www.icrc.org/ihl.
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 109
En cuanto a los instrumentos no vinculantes, los ma-
yores los encontramos en los instrumentos relacionados
con el acuerdo Wassenaar y con organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (oSCE) y en acuer-
dos regionales del continente africano. Estos instrumen-
tos son útiles como referencia.
I. Sistematización y análisis de los distintos instrumentos internacionales
En tanto que miembro de la organización de las Nacio-
nes Unidas y de la organización de Estados america-
nos, la República Bolivariana de Venezuela está vincu-
lada a una serie de instrumentos internacionales que
la obligan jurídica o políticamente. En la materia que
nos ocupa, los instrumentos internacionales fueron
desarrollados a partir de la década de los 90 cuando
el tema de las armas pequeñas y ligeras y sus muni-
ciones mostró su impacto en la paz y la seguridad de
los pueblos y de los Estados. En ambos espacios el pro-
ceso de discusión se dio en los 90 y sus resultados se
vieron al final de esa década. En particular, este tema
ha sido desarrollado al abordar fenómenos criminales
que la comunidad internacional ha puesto dentro de
sus prioridades como el narcotráfico, el terrorismo, la
nsf/WebSign?ReadForm&id=505&ps=P y http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebSign?ReadForm&id=500&ps=P
delincuencia transnacional organizada, las activida-
des mercenarias y otras conductas criminales5.
a escala regional existen iniciativas vinculadas con el
tema desde organizaciones regionales como la Comuni-
dad andina de Naciones, el Parlamento Latinoamerica-
no y el Mercosur.
Basta agregar que no existen instrumentos bilatera-
les o multilaterales que vinculen a Venezuela, fuera de
las organizaciones antes reseñadas. Esta información
fue confirmada en entrevistas con los funcionarios del
MPPRE, que informaron sobre la existencia de meras
declaraciones generales de principios durante reuniones
bilaterales6.
1. El Sistema Universal de las Naciones Unidas
El debate que ambientó y creó los instrumentos del Sis-
tema Universal en la asamblea General de las Naciones
Unidas, ha estado signado por las siguientes líneas te-
máticas: asistencia a los Estados para controlar el trá-
fico ilícito de armas pequeñas y para recolectarlas; las
5 al respecto ver: la Convención interamericana contra la Fabricación y el tráfico ilícitos de armas de Fuego, Municio-nes, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CiFta), tercer considerando. El Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las armas de fuego, tercer considerando. El Programa de acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos, i Preámbulo, numeral 7.
6 Entrevista con Wilmer Méndez, Faria jamid y jakelin Peter-son, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, 03.02.2012.
110 | dossier
relaciones entre desarme y desarrollo; la consolidación
de la paz mediante medidas prácticas de desarme; la edu-
cación en desarme y la no proliferación de armas; el co-
mercio ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus
aspectos; y las medidas concretas de desarme.
El marco general de este debate se han invocado de
manera reiterada el reconocimiento de la legítima defen-
sa individual y colectiva que da el derecho de los Estados
de adquirir armas para defenderse (artículo 51 de la Car-
ta de las Naciones Unidas) y el principio de la igualdad
de derechos y el derecho a la autodeterminación de los
pueblos (artículo 55 de la Carta de las Naciones Unidas).
De las resoluciones de la asamblea General de las
Naciones Unidas podemos extraer los siguientes aspec-
tos que vienen de manera más o menos constante como
motivaciones:
» La educación para el desarme y la no proliferación
de armas se refieren tanto a las armas de destrucción
masiva como a las armas pequeñas y ligeras.
» La fiscalización y reducción de armas pequeñas debe
hacerse de una manera balanceada y no discrimina-
toria con respecto a los Estados.
» El desarme es fundamental para resolver los conflic-
tos armados y en general, es importante porque las
armas matan a centenares de miles de personas.
» Las armas pequeñas son fuente de una creciente
inseguridad.
» El tráfico ilícito de armas y su acumulación son una
amenaza contra la población, la seguridad nacional y
regional y la estabilidad de los Estados. también tiene
un impacto negativo en la lucha contra la pobreza y
en la búsqueda de un desarrollo sostenible.
En el ámbito institucional, el Sistema de Naciones
Unidas se coordina bajo un mecanismo de “coordina-
ción de acción de armas pequeñas” Coordinating action
on small arms (CaSa)7 que ha lanzado un proyecto para
establecer estándares internacionales para el control de
armas pequeñas y ligeras. De otro lado, la oficina para
asuntos de Desarme de las Naciones Unidas, establecida
en 1998, se ocupa del desarme cubriendo desde armas
nucleares y de destrucción masiva, hasta el tema de ar-
mas pequeñas8.
analizaremos a continuación los principales instru-
mentos creados por el sistema de las Naciones Unidas:
7 Esta iniciativa reúne a más de 20 organismos de las Nacio-nes Unidas. El objetivo es crear estándares para el control de armas pequeñas, para fortalecer las políticas y los programas de las Naciones Unidas brindando orientaciones a ejecutores y decisores políticos. organización de las Naciones Unidas: United Nations Coordinating action on Small arms (CaSa). Extraído el 14 de febrero de 2012 de http://www.poa-iss.org/CaSa/CaSa.aspx y http://www.un-casa-isacs.org/isacs/Wel-come.html
8 organización de las Naciones Unidas: United Nations offi-ce for Disarmament affairs: Extraído el 03.02.2012 de http://www.un.org/disarmament/HomePage/about_us/aboutus.shtml
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 111
1.1. PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRáFICO ILíCITO DE ARMAS DE FUEGO, US PIEZAS, COMPONENTES Y MUNICIONES
a finales de 1998 la asamblea General de las Naciones
Unidas creó un Comité especial intergubernamental9
para estudiar el problema de la delincuencia organiza-
da transnacional y proponer lo que sería la Convención
de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
transnacional y otros instrumentos relacionados, aprobada
en el año 2000. El Comité también debía proponer ins-
trumentos sobre trata de personas, tráfico ilícito de mi-
grantes y sobre fabricación y tráfico ilícitos de armas y
municiones. De este último mandato surgió la propuesta
del Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito de ar-
mas de fuego, sus piezas, componentes y municiones comple-
mentando la Convención, que sería aprobado posterior-
mente por la asamblea General. De por medio estuvo el
debate sobre el derecho de los Estados a adquirir armas
para defenderse (basado en artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas) quedando claro que el protocolo no se
refería a este tipo de armas. Este protocolo entró en vigor
el 03.07.2005.
Venezuela ratificó en 2002 la Convención de las Na-
ciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trans-
nacional10 y posteriormente ratificó dos de sus tres
9 organización de las Naciones Unidas: asamblea General, Resolución 53/111 de 09.12.1998.
10 Venezuela es Estado parte desde el 13.05.2002. Venezuela hizo varias declaraciones, entre otras, que la Convención puede ser utilizada como base para la cooperación y las extradiciones entre Estados. organización de las Naciones Unidas: treaty
protocolos11. En cuanto al Protocolo contra la Fabricación y
el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas, componentes y
municiones, Venezuela lo aprobó mediante ley según Ga-
ceta oficial 38.183 del 10.05.2005. Pese a ello el Estado
no ha depositado el instrumento de ratificación ante las
Naciones Unidas, por lo que el Protocolo tiene efectos en
el ámbito nacional pero no en el internacional. El MP-
PRE, en comunicación con la CPCaMD, ha afirmado que
“es favorable a la firma y ratificación de este protocolo”12.
1.2. INSTRUMENTO INTERNACIONAL QUE PERMITE A LOS ESTADOS IDENTIFICAR Y RASTREAR, DE FORMA OPORTUNA Y FIDEDIGNA, LAS ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS ILíCITAS
El Protocolo fue posteriormente complementado por el
Instrumento internacional que permite a los Estados iden-
tificar y rastrear, de forma oportuna y fidedigna, las armas
pequeñas y ligeras ilícitas (2005). Venezuela ha aceptado
collection. Extraído el 03.02.2012 de http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=tREatY&mtdsg_no=XViii-12&chapter=18&lang=en
11 Se trata del Protocolo para prevenir, reprimir y sancio-nar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones contra la Delin-cuencia organizada transnacional. Ratificado por Venezuela el 13.05.2002. Y del Protocolo contra el tráfico ilícito de migran-tes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia organizada trans-nacional. Ratificado por Venezuela el 19.04.2005.
12 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exterio-res (MPPRE), Comunicación de Wilmer Méndez de la oficina de asuntos Multilaterales a la Comisión Presidencial para el Control de armas, Municiones y Desarme (CPCaMD), 17.10.2011.
112 | dossier
estar vinculada políticamente con este instrumento13 y
además participó en el grupo de trabajo de composición
abierta encargado de su negociación.
1.3. PROGRAMA DE ACCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PREVENIR, COMBATIR Y ERRADICAR EL TRáFICO ILíCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS
Dentro de los instrumentos vinculantes políticamente se
destaca el Programa de Acción de las Naciones Unidas para
prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas pe-
queñas y ligeras en todos sus aspectos14 (En adelante Poa
2001). Este programa busca que los Estados establezcan
un mecanismo nacional de coordinación para fortalecer
13 Venezuela hizo parte del Bureau of the meeting, duran-te la Segunda Reunión Bienal para examinar la Ejecución del Programa de acción (julio 2005) organización de las Nacio-nes Unidas: asamblea General, Documento a/CoNF.192/BMS/2008/L.3/Rev.1. Hubo también una intervención del Estado durante la tercera Reunión Bienal para examinar la Ejecución del Programa de acción (julio 2008). República Bo-livariana de Venezuela, Misión Permanente ante las Naciones Unidas: Segunda reunión de los Estados para examinar la apli-cación del Programa de acción de las Naciones Unidas para prevenir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas peque-ñas y ligeras en todos sus aspectos, intervención del teniente coronel Ramón josé Carrasco, Subdirector de la Dirección de armamentos de la Fuerza armada Nacional, Ministerio de De-fensa, Extraído el 03.02.2012 de http://www.un.org/events/smallarms2005/memberstates-pdf/Venezuela.pdf
14 aprobado por unanimidad durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos, reunidos en Nueva York del 9 al 20 de julio de 2001. Extraído el 03.02.2012 de http://www.poa-iss.org/Poa/Poa.aspx
la legislación y los procedimientos internos y para faci-
litar la cooperación internacional. Venezuela ha acep-
tado estar vinculada políticamente a este instrumento,
de acuerdo con su participación en las conferencias de
seguimiento y en las reuniones bienales15. Los debates
anteriores se habían fijado en el problema general del
desarme, como lo atestigua la Resolución de la Asamblea
General sobre desarme general y completo, armas pequeñas
adoptada el 15 de diciembre de 199916 y que acordó
abrir una Conferencia que ha sesionado dos veces desde
entonces, la segunda vez sin acuerdo.
aunque vinculante políticamente, este instrumento
ha sido el más debatido dentro de las Naciones Unidas
gracias al sistema de conferencias de seguimiento y de
reuniones bienales. Sin embargo, su carácter obligatorio
está aún por construirse, como lo muestran las diferen-
cias de opiniones de los Estados para la elaboración de las
declaraciones durante las conferencias17. El común deno-
minador evidenciado por los Estados en las conferencias
15 Venezuela participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico ilícito de armas Pequeñas y Ligeras en todos sus aspectos de 2001 y en la Conferencia de 2006. En esta última informó que había venido presentado sus informes sobre los progresos en el cumplimiento del Programa de acción e informó sobre medidas en el plano nacional para su cumpli-miento. Venezuela participó en la reunión Bienal 2008 sobre aplicación del Poa 2001. Venezuela intervino en el Comité Pre-paratorio de la conferencia de 2006.
16 organización de las Naciones Unidas: asamblea General. Documento a/RES/54/54 V.
17 Fischer, 2002: 157-169.
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 113
es muy pequeño cuando se ha discutido sobre armas
pequeñas y armas ligeras18. así lo pone en evidencia
el documento de 62 páginas19 con las observaciones al
proyecto de declaración de la Conferencia de Naciones
Unidas 2006 que finalmente no llegó a ningún acuerdo.
Esta conferencia, para hacer seguimiento al Poa 2001,
debe reunirse nuevamente en 2012. Por otro lado, hay
dificultades por parte de los Estados para definir lo que
entiende por armas pequeñas y armas ligeras, y algunos
Estados no quieren ver incluidas en estas definiciones las
municiones, ni las armas de cacería20. algunos Estados
proponen que las normas aplicables a armas pequeñas,
se apliquen también a armas ligeras. Una consecuencia
es la no existencia de mecanismos permanentes de segui-
miento, que no han sido establecidos ni por la Conferen-
cia en 2001 ni en 2006.
1.4. PRINCIPIOS BáSICOS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL USO DE LA FUERZA Y LAS ARMAS DE FUEGO POR LOS AGENTES ENCARGADOS DE hACER CUMPLIR LA LEY
Durante el octavo Congreso de las Naciones Unidas so-
bre Prevención del Delito y tratamiento del Delincuente,
celebrado en La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de
18 Fischer, 2002.
19 organización de las Naciones Unidas: Documento a/CoNF.192/2006/RC/CRP.7. Extraído el 03.02.2012 de http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/RC.CRP.7%20-%20Presidents%20Working%20Paper.pdf.
20 Fischer, 2002.
septiembre de 199021, los Principios básicos de las Nacio-
nes Unidas sobre el uso de la fuerza y las armas de fuego por
los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Se trata de
un instrumento vinculante políticamente y que perti-
nente para nuestro estudio pues regula el uso de armas
de fuego por parte de agentes del Estado, encargados de
hacer cumplir la ley. Este instrumento se basa en la ne-
cesidad de proteger a los funcionarios con esas potesta-
des así como a las personas que son objeto de la coerción
que ejerce el Estado a través de ellos. Por esta razón, este
instrumento se fundamenta también en las Reglas Míni-
mas para el tratamiento de los Reclusos y en el artículo
3 del Código de Conducta para Funcionarios Encargados
de Hacer Cumplir la Ley22. Como veremos más adelante,
Venezuela ha incorporado estos principios a su normati-
va interna.
2. El Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos
al igual que en el Sistema Universal los desarrollos en
el Sistema interamericano datan de la década de los 90,
época en que los conflictos armados en varios países de la
21 organización de las Naciones Unidas: Documento a/CoNF.144/28/Rev.1. Extraído el 14.02.2012 de http://www.asc41.com/UN_Congress/Spanish/8S%20octavo%20Congreso/a_CoNF144_28_REV1.pdf
22 organización de las Naciones Unidas: Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de armas de Fuego por los Fun-cionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, Considerandos 4 y 5.
114 | dossier
región llegaron a su fin, dejando armas y municiones sin
control. otros conflictos armados perduraron mientras
tiempo permanecían o se agravaban los problemas de
seguridad ciudadana. La oEa adelantó entonces un pro-
ceso que terminó en la adopción de la Convención Intera-
mericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados
(1997) (CiFta). Esta convención es un punto de llegada
de un proceso de negociación que produjo este tratado
con los mejores desarrollos jurídicamente vinculantes
en materia de transferencias, fabricantes, suministra-
dores y armeros, marcaje y mantenimiento de registros.
Pero también fue un punto de partida, hacia un proceso
de seguimiento que ha pasado por dos conferencias de
seguimiento de la CiFta (Bogotá en 2004 y tlatelolco en
2008) y la construcción de siete instrumentos vinculan-
tes políticamente o con carácter recomendatorio.
En términos institucionales, en el Sistema interame-
ricano ha sido creada la Comisión de seguridad hemisférica
del Consejo Permanente de la Organización de Estados Ame-
ricanos. Sin embargo, el tema de armas pequeñas y lige-
ras no ha sido objeto de tratamiento especial actual por
parte de esta institución. La Comisión tiene 11 grupos
de trabajo con mandatos abiertos o a punto de terminar,
ninguno de ellos sobre el tema de armas pequeñas o lige-
ras23. Pese a ello esa Comisión sí cuenta con un mandato
23 organización de Estados americanos, Comisión de seguri-dad hemisférica: grupos de trabajo. Extraído el 07.01.2012 de http://www.oas.org/csh/spanish/Gruposdetrabajo.asp
dado por el Consejo Permanente24 en el que se incluyen
dos temas relacionados con este estudio: el primero es
“Desarme y no proliferación en el Hemisferio aG/RES.
2533 (XL-o/10)”; el segundo es la “Convención inte-
ramericana contra la fabricación y el tráfico ilícitos de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materia-
les relacionados aG/RES. 2535 (XL-o/10)”. Existe un
mecanismo de información periódica a la Secretaría Ge-
neral de la oEa en aplicación de la Resolución aG/RES.
1968 (XXXiii-o/03) sobre Proliferación y tráfico ilícito
de armas pequeñas y armas ligeras. Venezuela ha envia-
do por lo menos una vez información a la oEa en desa-
rrollo de este mecanismo25.
Pero la institución más representativa para los fines
de esta investigación es el Comité Consultivo creado por la
CiFta en sus artículos XX y XXi. Esta institución ha sido
el motor dinamizador de la CiFta creando varios ins-
trumentos de carácter recomendatorio para desarrollar
y propiciar la aplicación de esta convención26. Se trata
24 organización de Estados americanos: documentos oEa/Ser.G CP/CSH 1274/11.
25 República Bolivariana de Venezuela, Misión permanen-te de Venezuela ante la organización de Estados americanos. Comunicación del 22.06.2004. Extraído el 07.02.2012 de http://scm.oas.org/pdfs/2005/cp14435.pdf.
26 Según el artículo XX de la CiFta, son funciones del Comité Consultivo: a) promover el intercambio de información a que se refiere esta Convención; b) facilitar el intercambio de informa-ción sobre legislaciones nacionales y procedimientos adminis-trativos de los Estados parte; c) fomentar la cooperación entre las dependencias nacionales de enlace a fin de detectar expor-taciones e importaciones presuntamente ilícitas de armas de
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 115
de reglamentos modelo, metodologías y proyectos de le-
gislación para armonizar las normativas de los Estados
parte con las normas de la CiFta.
2.1. LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRáFICO ILíCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS (CIFTA) Y SUS INSTRUMENTOS COMPLEMENTARIOS
Esta Convención que entró en vigor el 01-07-1998 y
que fue ratificada por Venezuela el 14-05-2002, sin re-
servas27, buscó contrarrestar los efectos nocivos de la
fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, muni-
ciones, explosivos y otros materiales relacionados para la
seguridad de cada Estado y de la región en su conjunto,
y que ponen en riesgo el bienestar de los pueblos, su de-
sarrollo social y económico y su derecho a vivir en paz;
igualmente la Convención reconoce el tema que ella
regula y el narcotráfico, el terrorismo, la delincuencia
transnacional organizada, las actividades mercenarias y
otras conductas criminales; esta convención resalta en
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; d) promover la capacitación, el intercambio de conocimientos y experiencias entre los Estados parte, la asistencia técnica entre ellos y las organizaciones internacionales pertinentes, así como los estudios académicos; e) solicitar a otros Estados no Partes, cuando corresponda, información sobre la fabricación y el trá-fico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados; y f) promover medidas que faciliten la aplicación de esta Convención.
27 organización de Estados americanos: tratados multilate-rales. Extraído el 08.02.2012 de http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/a-63.html.
su Considerando Vii “la necesidad de que en los procesos
de pacificación y en las situaciones postconflicto se rea-
lice un control eficaz de las armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados, a fin de preve-
nir su introducción en el mercado ilícito”.
Como se enunció con anterioridad, la CiFta ha te-
nido dos conferencias de seguimiento (Bogotá en 2004
y tlatelolco en 2008) que han dado lugar a dos instru-
mentos vinculantes políticamente: la Declaración de Bo-
gotá sobre el funcionamiento y la aplicación de la CIFTA y el
Compromiso de Tlatelolco. Los dos instrumentos constitu-
yen renovaciones de la voluntad política de los Estados
partes a la Convención y contienen recomendaciones
para llevar adelante su implementación.
La Convención ha tenido importantes desarrollos
gracias al rol del Comité Consultivo antes mencionado.
Este comité ha adoptado los siguientes instrumentos en-
tre 2005 y 2010:
» Metodología para la elaboración de legislación mo-
delo con el fin de facilitar la efectiva aplicación de la
Convención interamericana contra la fabricación y el trá-
fico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados (CiFta), aprobada en la
Primera Sesión del Comité Consultivo CiFta, celebra-
da el día 14 de abril de 2005.
» Legislación modelo sobre el marcaje y rastreo de armas de
fuego, aprobado por el Comité Consultivo CiFta el 19
de abril de 2007).
» Proyecto de legislación modelo y comentarios para el
116 | dossier
fortalecimiento de los controles en los puntos de expor-
tación de armas de fuego, municiones, explosivos y otros
materiales relacionados, aprobado ad referendum por el
Comité Consultivo CiFta el 9 de mayo de 2008.
» Proyecto de legislación modelo y comentarios sobre me-
didas legislativas para tipificar delitos en relación con la
fabricación o el tráfico ilícito de armas de fuego, municio-
nes, explosivos y otros materiales relacionados, aproba-
do ad referendum por el Comité Consultivo CiFta el 9
de mayo 2008.
» Legislación modelo y comentarios en relación con la con-
fiscación y el decomiso de armas de fuego, municiones, ex-
plosivos y otros materiales relacionados, aprobado por el
Comité Consultivo CiFta el 23 de abril de 2010.
Estos instrumentos tienen valor meramente reco-
mendatorio para los Estados parte, según lo establece la
CiFta en su artículo XX. Su valor está en sus orienta-
ciones técnicas y en su intención de armonizar las legis-
laciones nacionales para responder mejor a un fenóme-
no que, como hemos señalado, trasciende las fronteras
nacionales a escala regional. justamente en esta misma
lógica y en el ámbito europeo, la organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa (oSCE), ha desarro-
llado ocho guías prácticas recopiladas en el Manual de
las buenas prácticas sobre armas pequeñas y ligeras, el cual
está destinado a poner en práctica los Principios sobre el
control de la intermediación en armas pequeñas y ligeras28.
Estos instrumentos de la oCSE, son de los más elaborados
como guías prácticas y su consulta puede complementar
la adopción de políticas públicas que tomen como base
los proyectos modelo elaborados por el Comité Consulti-
vo de la CiFta, a los que acabamos de hacer referencia.
Se destacan también dos instrumentos con valor re-
comendatorio y que son complementarios de la CiFta,
pese a que han sido elaborados por grupos de expertos
bajo encargo de la Comisión interamericana del Control
de la Drogadicción (CiCaD):
» el Reglamento Modelo para el Control del Tráfico Inter-
nacional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y
Municiones, en desarrollo del artículo iX de la CiFta,
(1997) y
» el Borrador de la Reglamentación Modelo para el control
de intermediarios de armas de fuego, sus piezas, com-
ponentes y municiones. Modificaciones del Reglamento
28 Las guías prácticas pueden ser consultadas en la compila-ción de instrumentos. Ellas cubren los siguientes temas: Guía i sobre los controles nacionales de la fabricación; Guía ii sobre el marcaje, el mantenimiento de registros y el seguimiento; Guía iii sobre procedimientos nacionales para la gestión de arsenales y Seguridad; Guía iV sobre el control nacional de las actividades de intermediación; Guía V sobre el control de la exportación; Guía Vi sobre la definición y los indicadores de excedentes; Guía Vii sobre los procedimientos nacionales para la destrucción; Guía Viii sobre las armas pequeñas y ligeras por lo que respecta a los procesos de desarme, desmovilización y re-integración.
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 117
Modelo para el Control del Tráfico Internacional de Ar-
mas de Fuego, sus Partes y Componentes y Municiones,
(2003).
El primero de estos instrumentos tiene como objetivo
armonizar las medidas, los sistemas y los procedimientos
para monitorear y controlar los movimientos internacio-
nales de armas, sus partes y componentes (Capítulo i) y
las municiones (Capítulo ii), para prevenir el tráfico y el
uso ilícito. El segundo instrumento se limita solamente al
tema del control de los intermediarios. En ambos casos el
objetivo es facilitar la armonización de las legislaciones
nacionales.
3. Otras organizaciones regionales que vinculan a Venezuela
En lo regional la Comunidad andina de Naciones (CaN)
adelantó un proceso que llevó a la adopción del Plan An-
dino para Prevenir, Combatir y Erradicar el Tráfico Ilícito de
Armas Pequeñas y Ligeras29 en este último caso ha perdi-
do relevancia por el retiro de Venezuela de la CaN. No
obstante, sus disposiciones reflejan los acuerdos políticos
más elaborados entre los países miembros de la CaN30.
29 Plan andino para Prevenir, Combatir y Erradicar el trá-fico ilícito de armas Pequeñas y Ligeras, aprobado por la Deci-sión 552 del Consejo andino de Ministros de Relaciones Exte-riores de la Comunidad andina, el 25.06.2003.
30 aunque el Presidente de la República Bolivariana de Vene-zuela consideró como irreversible el retiro de la CaN en 2006, planteó que los acuerdos con los países miembros de la CaN podrían ser llevados a nuevas organizaciones regionales que
En el Mercado Común del Sur (Mercosur) fue creado
el Grupo de Trabajo sobre Armas de Fuego y Municiones del
Mercosur y países asociados31. Este grupo que tiene como
objetivo avanzar en la armonización de las normativas
nacionales en materia de armas de fuego, incluyendo pe-
queñas y ligeras, así como de municiones con el fin de
contribuir en la construcción de legislaciones que per-
mitan desarrollar iniciativas y proyectos de cooperación
regional sobre el tema. a través de este grupo, Mercosur
prepara también sus posiciones como bloque regional en
los foros de discusión del sistema interamericano y del
sistema universal.
Dos instrumentos claves podemos reseñar en el seno
de Mercosur: la Decisión 7/98 sobre un Mecanismo con-
junto de registro de compradores y vendedores de armas de
fuego, municiones, explosivos y otros materiales relaciona-
dos. Y la Decisión 15/04 sobre un Memorandum de en-
tendimiento para el intercambio de información sobre la fa-
bricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales relacionados entre los Estados
partes del Mercosur.
se han ido construyendo desde entonces. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información: El retiro de Ve-nezuela de la Comunidad andina es algo irreversible, nota de prensa, 31.05.2006. Extraído el 17.01.2012 de http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=St&f=3&t=33947.
31 Este grupo de trabajo es un foro de consulta que depen-de del Consejo de Mercado Común del Mercosur. Ver organi-grama en http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=492&site=1&channel=secretaria&seccion=2. Consultado el 16.01.2012.
118 | dossier
Por otro lado el Parlamento Latinoamericano (Par-
latino)32 aprobó en 2008 el instrumento Ley marco de ar-
mas de fuego, munición y materiales relacionados33. Su valor
es recomendatorio y fue elaborado tras dos años de con-
sulta que incluyó a organizaciones de la sociedad civil y
al Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras.
Este último es el único foro parlamentario mundial que
se ocupa de este tema34. Dicha Ley marco propone regu-
laciones modelo para actividades tales como fabricación,
almacenaje, transporte, transferencias internacionales,
comercio doméstico, tenencia, porte, introducción y sa-
lida del país, coleccionismo, reparación, caza deportiva,
entidades de tiro, entrega de munición, instrucción de
tiro y seguridad privada con armas de fuego. Propone
32 Se trata de un organismo regional, permanente y unica-meral, integrado por los Parlamentos nacionales de américa Latina creado en 1964, que tiene dentro de sus funciones con-tribuir “a la afirmación de la paz, la seguridad y el orden jurídi-co internacionales, denunciando y combatiendo el armamen-tismo”. Según Parlatino: Historia y objetivos, en http://www.parlatino.org/es/conozca-el-organismo/historia-y-objetivos.html consultado el 09.02.2012.
33 aprobado aprobada por unanimidad en la XXiV asam-blea ordinaria del Parlatino celebrada en la asamblea Nacio-nal de Panamá en diciembre de 2008. Ver Parlamento Latino-americano: Historia y objetivos, en http://www.parlatino.org/es/conozca-el-organismo/historia-y-objetivos.html consultado el 09.02.2012.
34 El Foro Parlamentario sobre armas pequeñas y ligeras, fue creado en 1999 y cuenta con la participación de parlamen-tarios de américa Latina, África y Europa. Su sitio web ofrece importante literatura. Extraído el 25.01.2012 de http://parlia-mentaryforum.org/.
también mecanismos de control y cumplimiento, de re-
ducción, recolección y destrucción, y sobre la regulación
de las existencias de armas.
II. Instrumentos normativos vinculantes para Venezuela
Nos referiremos a continuación a los principales ins-
trumentos normativos vinculantes para Venezuela. En
particular veremos las categorías conceptuales e institu-
ciones jurídicas (1), las principales actividades objeto de
regulación (2) y los problemas de aplicabilidad y actores
involucrados (3).
1. Categorías conceptuales e instituciones jurídicas
Nos hemos referido con anterioridad a que los instru-
mentos internacionales sobre armas son limitados en su
alcance mediante la limitación de los conceptos de base,
generalmente desglosados en la parte inicial del instru-
mento. Los instrumentos sobre el tema que nos ocupa
no escapan a esta tendencia. En el cuadro anexo en la
página 178, sobre Conceptos de base de los principales ins-
trumentos vinculantes para Venezuela se desglosa lo que en-
tienden estos instrumentos como fabricación ilícita, trá-
fico ilícito, exportación e importación, armas de fuego,
municiones, explosivos, otros materiales relacionados,
entregas vigiladas, localización e intermediación.
De estos tópicos podemos destacar los siguientes
aspectos:
» Sobre lo que se entiende por fabricación ilícita hay
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 119
coincidencia en que la ilicitud proviene de la fabrica-
ción a partir de componentes traficados ilícitamente,
la inexistencia de licencias para fabricar, o la falta de
marcaje al momento de la fabricación.
» Existe también coincidencia en lo que se entiende
como tráfico ilícito con la salvedad de que el Proto-
colo de las Naciones Unidas relativo a las armas de
fuego, incluye el caso de que las armas de fuego no
han sido marcadas.
» Existen coincidencias en lo que se entiende como
arma de fuego y en no incluir entre ellas las armas
fabricadas antes de 1899. En el sistema interameri-
cano, se amplía el concepto a cualquier otra arma o
dispositivo destructivo tal como bombas explosivas
entre otros.
» Existen coincidencias en lo que se entiende por muni-
ciones, refiriéndose en general a los cartuchos y sus
componentes.
» Se definen los otros materiales relacionados como
partes, piezas y componentes de manera general
aunque el Protocolo de las Naciones Unidas relativo a
las armas de fuego tiende a ser más específico.
Nos hemos referido con anterioridad a las institu-
ciones jurídicas internacionales y hemos destacado que
ellas tienen como denominador común su carencia de
poderes coercitivos y por tanto sus funciones están más
relacionadas con la promoción de los instrumentos in-
ternacionales y con la elaboración de recomendaciones
dirigidas a armonizar las legislaciones internas y facili-
tar así la cooperación entre los Estados. En este último
aspecto, es importante señalar que en Venezuela, la
función como punto focal o de contacto entre el Estado
y otros Estados ha sido dada a la Dirección General de
armas y Explosivos (DaEX)35. Pese a este rol, al hacer
la lectura de los instrumentos sub legales emitidos por
la DaEX se constata que no hacen en ningún momento
relación a los instrumentos internacionales como base
legal. Se refieren siempre a la Constitución y demás nor-
mas internas. Esto manifiesta una desconexión entre dos
funciones que deberían ser complementarias, de cara a
adaptar las normas internas a las internacionales y a
sentar las bases para mecanismos eficientes de coopera-
ción internacional.
Por su parte, el MPPRE canaliza las relaciones con or-
ganismos multilaterales a través de la oficina de asuntos
Multilaterales, salvo en lo que tiene que ver con el Merco-
sur, que depende de la Secretaría del Mercosur vinculada
al parecer con el despacho del Ministro del PPRE.
2. Las principales actividades objeto de regulación
Hemos analizado hasta ahora el inventario de instru-
mentos internacionales pertinentes para este estudio
y nos centraremos ahora en analizar aquellos que son
vinculantes para Venezuela tomando como referencia
35 Entrevista con Wilmer Méndez, Faria jamid y jackelin Pe-terson, Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exterio-res, 03.02.2012.
120 | dossier
los siguientes ámbitos de regulación: 1. transferencias;
2. Fabricantes, suministradores y armeros; 3. Marcaje y
mantenimiento de registros; 4. Destrucción o desactiva-
ción; 5. Recuperación de armas y desarme; 6. Posesión
de armas pequeñas y ligeras por personas civiles y com-
pañías privadas de seguridad.
Para ello, tomaremos como referencia los siguientes
instrumentos:
EN EL SISTEMA UNIVERSAL:
» Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito de
armas de fuego, sus piezas, componentes y municio-
nes complementando la Convención de las Naciones
Unidas contra la delincuencia organizada transna-
cional y otros instrumentos relacionados, 2001 (
Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las armas
de fuego).
» Programa de acción de las Naciones Unidas para pre-
venir, combatir y erradicar el tráfico ilícito de armas
pequeñas y ligeras en todos sus aspectos (Poa 2001).
» instrumento internacional que permite a los Esta-
dos identificar y rastrear, de forma oportuna y fi-
dedigna, las armas pequeñas y ligeras ilícitas (a/
CoNF.192/15) (2005).
EN EL SISTEMA INTERAMERICANO:
» La Convención interamericana contra la fabricación y el
tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones, explosivos y
otros materiales relacionados (CiFta), de 1997.
» Reglamento Modelo para el Control del Tráfico Interna-
cional de Armas de Fuego, sus Partes y Componentes y
Municiones, en desarrollo del artículo iX de la CiFta,
(1997).
» Borrador de la Reglamentación Modelo para el control de
intermediarios de armas de fuego, sus piezas, componen-
tes y municiones. Modificaciones del Reglamento Mode-
lo para el Control del Tráfico Internacional de Armas de
Fuego, sus Partes y Componentes y Municiones (2003).
tanto los instrumentos como los ámbitos de regula-
ción han sido llevados al anexo, página 183 sobre “trans-
posición de los instrumentos internacionales al ámbito
interno”. En él hemos resumido la manera como los ins-
trumentos que acabamos de listar, abordan los seis ám-
bitos de regulación y se les ha puesto en relación con la
normativa nacional tanto legal como sublegal.
De este ejercicio podemos extraer las siguientes
observaciones:
» Uno de los elementos que generan la brecha entre las
normas internas y las internacionales es que se han
generado en momentos históricos diferentes: las nor-
mas legales internas son anteriores a la década de los
noventa a excepción de la Ley para el Desarme y la
Ley orgánica contra la Delincuencia organizada.
» Las normas sublegales emanadas de la DaEX, cuya
competencia en la materia data de 2005, carecen de
toda referencia explícita a los instrumentos interna-
cionales aunque no se puede descartar que se hayan
realizado copias sin mencionar las fuentes.
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 121
» En general los diferentes ámbitos de regulación pre-
vistos en los instrumentos internacionales se encuen-
tran regulados en las normativas internas aunque es
necesaria una lectura más detallada para precisar
los niveles de consonancia entre normas internas y
externas. algunos temas carecen de desarrollos nor-
mativos internos como es el caso de tipificar como de-
litos las conductas relacionadas con el tráfico ilícito
de municiones. otros temas están claramente aleja-
dos de los nuevos estándares internacionales como el
marcaje de armas y municiones y el mantenimiento
de registros a largo plazo.
» En materia de destrucción y desactivación de armas,
existen normas legales tanto en el Código Penal, como
en la Ley para el Desarme, que dejan fuera conductas
delictivas como la reactivación ilícita de armas.
» La reforma policial ha significado actualmente el
proceso más reciente y coherente de incorporación
de estándares internacionales sobre uso de armas pe-
queñas, aunque se limita a los agentes del Estado. Sin
embargo, el proceso es valioso como referencia.
De todas maneras una lectura mucho más detallada
deberá ser hecha dentro del proceso de construcción de
nuevas normas, pues esta lectura escapa al alcance de
este trabajo.
3. Los problemas de aplicabilidad y actores involucrados
Los principales problemas de aplicabilidad de las normas
internacionales han sido presentados a lo largo de este
texto y los podríamos resumir en los siguientes aspectos:
» Las normas internacionales han sido fundamental-
mente vinculantes políticamente con instituciones
desprovistas de funciones coercitivas, lo cual mues-
tra la resistencia de los Estados para llegar a acuerdos
para reglamentar estos temas.
» Existe una suerte de dispersión de iniciativas, que da
a su vez una mayor variedad de instrumentos en los
planos universal, regional y subregional.
» a escala nacional, el legislador al elaborar las nor-
mas en el plano legal y los entes administrativos, al
hacer las normas sublegales, no han incorporado los
estándares internacionales a excepción hecha de las
recientes reformas policiales.
» La falta de incorporación de los estándares interna-
cionales tiene un impacto obvio en la cooperación
internacional en todos sus aspectos, pues no hay un
real proceso de armonización que facilite canales,
que homogenice conceptos y que apuntale las insti-
tuciones y las capacite técnicamente con los mismos
estándares.
122 | dossier
Conclusiones y recomendaciones
» El marco internacional en el tema que nos ocupa está
ausente tanto en la elaboración de normas legales
como sublegales. Este estudio ha permitido reper-
toriar los instrumentos internacionales y presentar
los contenidos de los principales instrumentos que
vinculan a Venezuela. Dada el importante volumen
de las normativas sublegales en la materia, se reco-
mienda fortalecer la capacidad de la DaEX y los de-
más órganos administrativos con competencia en la
materia para que tengan los instrumentos interna-
cionales dentro de los fundamentos y contenidos de
sus normativas.
» Se recomienda que la Comisión Presidencial para el
control de armas, Municiones y Desarme, apoyen la
actitud favorable del MPPRE de ratificar el Protocolo
contra la Fabricación y el tráfico ilícito de armas de
fuego, sus piezas, componentes y municiones com-
plementando la Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional y
otros instrumentos relacionados.
» Para el desarrollo técnico de políticas públicas de ca-
rácter más operativo se recomienda tener presentes
los instrumentos emanados del Comité Consultivo de
la CiFta, que desarrollan los diferentes ámbitos de
estudio de este documento acompañado de una lec-
tura referencial de los documentos de la oCSE.
» La Ley marco de armas de fuego, munición y materia-
les relacionados, del Parlatino, es un insumo de refe-
rencia reciente. Más limitados en cuanto a su alcance
temático, son los instrumentos reseñados y que ema-
nan del Mercosur. Estas normas de estas dos organi-
zaciones internacionales pueden ser documentos de
referencias dadas las resistencias crecientes a las nor-
mativas de la oEa que parecen existir en las autorida-
des nacionales. Mercosur se plantea como el espacio
regional alternativo.
marco jurídico internacional c. ávila y w. romero | 123
reFerenCIas
Documentos oficiales
Ley Nº 21. Ley aprobatoria de la “Convención interamerica-na contra la Fabricación y el tráfico ilícito de armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales” (2001). Gaceta ofi-cial Nº 37.217. Caracas, Venezuela.
Venezuela: Ley Nº 88. Ley aprobatoria de la “Convención de las Naciones contra la Delincuencia organizada transnacional” (2002). Gaceta oficial Nº 37.357. Caracas, Venezuela.
Venezuela: Ley aprobatoria del Protocolo contra la Fabricación y el tráfico ilícito de armas de Fuego, sus Piezas y Componen-tes y Municiones, que complementa la Convención de las Na-ciones Unidas contra la Delincuencia organizada transnacio-nal (2005). Gaceta oficial Nº 38.183. Caracas, Venezuela.
Libros
Fischer, N., dahinden E. y dahlits J. (2002). Small arms and light weapons: legal aspects of national and international regula-tions. Ginebra, Suiza: Naciones Unidas.
goldblat, J. (1984). La limitación del armamento. Madrid: MPDL.
Yihdego, Z. (2007). The Arms Trade and International Law.
oxford and Portland, oregon.
Fuentes electrónicas
http://www.poa-iss.orghttp://www.un-casa-isacs.orghttp://www.un.orghttp://www.un.org http://www.cinu.org.mx http://www.oas.orghttp://scm.oas.orghttp://www.parlatino.orghttp://parliamentaryforum.orghttp://www.unodc.orghttp://treaties.un.orghttp://www.choike.orghttp://www.icrc.orghttp://www.fas.orghttp://www.state.govhttp://www.wassenaar.orghttp://www.osce.org
Control de armasFernando Carrión M., Jenny Pontón C. y Blanca Armijos V.
REVISTA COMUNES n° 3, mayo-octubre 2013 pp. 125-137
ISSN 2343-5666
Resumen Los autores aclaran que la información que presentan es pro-
ducto del aporte reflexivo de los distintos actores involucrados en la proble-
mática de la seguridad ciudadana y que se trata de un acumulado de co-
nocimientos que están en permanente reelaboración debido a la condición
dinámica de la cual han emergido. Luego de realizar un somero diagnóstico
sobre la situación de las armas de fuego y su relación con los delitos que
ocasionan la muerte en Latinoamérica, los autores plantean 10 líneas estra-
tégicas de acción para abordar la promoción de la no tenencia de armas en
manos de civiles, vía desarme y control, tanto del tráfico como de su produc-
ción. Finalmente, aluden a 3 experiencias relevantes que, para el momento,
trabajaban en el control de armas y desarme de la población civil.
Palabras clave políticas públicas, seguridad ciudadana, control de armas,
desarme
fernando Carrión mena, Coordinador del Programa de Es tudios de la
Ciudad de FLaCSo Sede Ecuador; presidente de la organización Latinoame-
ricana y del Caribe de Centros Históricos (oLaCCHi); concejal del Distrito
Metropolitano de Quito y editorialista del Diario Hoy. Realizó estudios de ar-
quitectura en la Universidad Central del Ecuador y de Máster en Desarrollo
Urbano Regional en el Colegio de México. Jenny Pontón, Licenciada en
Comunicación Social para el Desarrollo con Maestría en Estudios de Género
y Desarrollo. Sus líneas de investigación han sido género y desarrollo, géne-
ro y seguridad ciudadana, medios de comunicación y violencia. actualmen-
te es profesora investigadora del Programa Estudios de la Ciudad de FLaCSo
Ecuador. BLanCa armiJos verdesoto, actualmente es investigadora en el
Programa Estudios de la Ciudad de FLaCSo, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Ecuador.
127
Control de armas
Diagnóstico
En la región latinoamericana mueren 1.300 personas al día víctimas de
armas de fuego pequeñas y livianas.1 El 40% de las muertes producidas en el
mundo ocurre por armas de fuego en enfrentamientos no bélicos; además,
la región posee el índice más alto de delitos cometidos con armas de fuego:
un 14% frente a un 2,8% global (Lago y tejo, 2004: 4). Esto demuestra que
es urgente introducir políticas de control de armas y desarme en los países
latinoamericanos.
Dentro de este tema, es importante tomar en cuenta que el término
“arma” es aplicable a todo instrumento o herramienta cuyo fin es ocasio-
nar daño a otro ser vivo. Existen objetos que pueden ser considerados ar-
mas blancas, como una piedra o un cuchillo, y existen armas de fuego que
son expresamente diseñadas para infligir daños físicos en otras personas.
Estas últimas son utilizadas por un considerable porcentaje de la población
ecuatoriana como mecanismo de protección. otros dos usos menores de las
armas de fuego son la actividad profesional y el deporte o la cacería.
Debido a la escalada de inseguridad, violencia social y, a su vez, una
* Extracto de Carrión, F., j. Pontón C. y B. armijos (2009): 120 Estrategias y 36 experiencias de seguridad. Vol. i. Quito: FLaCSo/Secretaría de Seguridad y Gobernabi-lidad del Distrito Metropolitano.
1 así lo ha afirmado Francisco Rojas, secretario general de la Facultad Latinoame-ricana de Ciencias Sociales (FLaCSo), a la agencia de noticias aNSa. Ver Desarme.org, 2004.
128 | dossier
intensificada percepción de inseguridad que se ha ex-
perimentando en los últimos años, la sociedad civil ha
llegado a armarse más que el Estado, provocando una
privatización de la seguridad y, paradójicamente, po-
niendo en riesgo la convivencia pacífica de la ciudada-
nía. Hasta 2007, de acuerdo con los datos del Departa-
mento de Control de armas del Comando Conjunto de
las Fuerzas armadas, existían 80.678 armas en manos
de particulares y 42.411 en compañías de seguridad
privada legalmente registradas, frente a 3.711 armas en
instituciones públicas. La mayoría de las armas a escala
nacional se concentra en Quito y Guayaquil. a su vez,
las instituciones estatales y los instrumentos legales de
control y seguimiento de la producción, importación y
posesión de armas se han debilitado frente al creciente
número de armas en manos civiles. En 2004, se estimó
que en el país existían entre 200 mil y 500 mil armas en
manos civiles, obtenidas a través del mercado formal e
informal (Equipo Estudios de la Ciudad, 2006). Los pro-
cedimientos de control de calidad sobre las productoras y
los de seguimiento de las armas son casi inexistentes. Las
armas llegan a manos civiles a través de varios medios: la
producción y el comercio interno, la importación legal y
la fraudulenta. La producción de armas en el Ecuador es
reducida, artesanal, en su mayoría carece de estándares
de calidad internacional y es comercializada principal-
mente en la Costa. Estos pequeños productores no son
controlados debidamente. El mercado ilegal, en cambio,
se alimenta principalmente de armas legales y sus pre-
cios fluctúan de acuerdo con la demanda y requerimien-
tos de los clientes. En cuanto a la importación legal de
armas, la ley permite una entrada máxima de 25 armas
semestrales por comprador. Pese a estas reglamentacio-
nes, los controles sobre la producción, importación e im-
portación de armas son deficientes (Equipo Estudios de la
Ciudad, 2006).
Por último, adicional al control del comercio de ar-
mas, a la producción nacional de las mismas y a la asi-
metría entre armas públicas y privadas, es necesario
encontrar las relaciones que existen entre una oferta
indiscriminada de estas y la violencia. Si bien la proble-
mática de su tenencia en manos civiles no está directa-
mente relacionada con la cantidad de muertes por armas
de fuego, en el Ecuador más de la mitad de los homicidios
se producen con ellas. Es decir, su presencia es un factor
que incide en la inseguridad y mortalidad de ciudadanos
y ciudadanas en nuestro contexto, y por eso se hace un
llamado al control y al desarme.
La cantidad de armas en manos civiles, de forma legal
e ilegal, y el incremento en el número de permisos otorga-
dos por las Fuerzas armadas demuestran las facilidades
que tienen las personas al momento de adquirir un arma
de fuego. Revela también que los mecanismos de control
y regulación no son totalmente eficientes –sea por falta
de una legislación actualizada o por falta de coordina-
ción institucional en el manejo de las funciones de cada
institución– pues, aunque las Fuerzas armadas otorgan
permisos, no se enfrentan a los problemas de violencia
que acarrean las armas. tampoco existe suficiente infor-
mación sobre el armamentismo privado y sus impactos
en la sociedad.
Varios organismos internacionales, gobiernos y oNG
control de armas f. carrión, j. pontón y b. armijos | 129
han denunciado el impacto negativo de las armas, sobre
todo por el aumento de muertes y violencia que se ha
registrado en la última década. La comunidad interna-
cional ha tomado conciencia de los problemas y riesgos
que acarrea la falta de control del comercio de armas de
fuego, aunque restan todavía muchos puntos vacíos por
tratar. a pesar del lento progreso de convenios interna-
cionales, existe consenso acerca de la necesidad y urgen-
cia de las políticas de desarme y de control del comercio
y porte de armas –como la marca y registro estricto de
las armas de fuego y un seguimiento de las mismas. El
desarme de la población civil ha demostrado impactos
positivos en la disminución de muertes por armas; sin
embargo, son pocos los países que mantienen una verda-
dera política de desarme.
Líneas estratégicas de acción
Objetivo general
Promover la no tenencia de armas en manos de civiles,
vía desarme de esta población y a través del control tanto
del tráfico de armas, como de su producción.
Objetivos específicos
» Socializar las políticas de desarme social.
» Promover el control al tráfico de armas.
» Proveer mecanismos de control a la producción na-
cional de armas de fuego.
1. Desarme de la sociedad civil
además del control sobre las armas existentes y en ma-
nos de la sociedad civil, y dado que este tipo de inicia-
tivas2 dependen de la voluntad de las personas, se debe
buscar el desarme voluntario de las personas armadas
a través de programas y proyectos orientados a este fin
desde los gobiernos locales y nacionales, ya que son las
ciudades principales del Ecuador las que concentran el
mayor número de armas.
algunas de las estrategias recomendadas para tener
éxito en el desarme de personas son: promover progra-
mas de concientización respecto a los riesgos de portar
armas, que informen sobre los peligros de usar armas
de fuego; realizar campañas informativas que hagan un
llamado a la devolución voluntaria de armas de fuego;
ofertar incentivos que persuadan a los portadores a en-
tregar las armas para su consecuente destrucción (por
ejemplo, indemnizaciones económicas, en materiales de
construcción, en alimentos, entre otras); no cuestionar
ni investigar cómo se obtuvo el arma, para que la pobla-
ción armada sienta la confianza necesaria para entregar
su arma; promover que lugares cercanos a la sociedad
civil como las iglesias, centros de salud u oNG sirvan de
depósitos de entrega, pues muchas personas sienten te-
mor a ser criminalizadas si las entregan a instituciones
2 aparte del Plan Ecuador sin armas, lanzado por el actual Go-bierno a mediados de 2007, no se tiene ningún otro tipo de pro-yecto o política de planificación nacional dirigida al desarme de la población civil.
130 | dossier
estatales; además, diseñar programas orientados especí-
ficamente a grupos o pandillas juveniles que se asocien
con las armas, presentándoles opciones de vida alterna-
tivas a su participación en el crimen y el delito. Y una
vez decomisadas y reunidas las armas que hayan sido
entregadas voluntariamente, se debe requerir que sean
inmediatamente destruidas, conjuntamente con su co-
rrespondiente registro. Estos procesos deben ser monito-
reados por la sociedad civil.
2. Creación de un cuerpo legal que norme la tenencia
y el uso de armas de fuego
Debido a que la Ley de Fabricación, Importación, Exporta-
ción, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones,
Explosivos y Accesorios es del año 1979, y debido a la
creciente proliferación de armas de fuego entre personas
civiles y empresas de seguridad ecuatorianas, se hace ne-
cesario crear un régimen jurídico que contenga medidas
explícitas y actualizadas para realizar un efectivo control
de las armas de fuego, municiones y explosivos, con el
fin de evitar la presencia de estos materiales en calida-
des y volúmenes inapropiados, al tiempo que se impide
la existencia de personas armadas sin las condiciones
de aptitud, idoneidad e integridad, acordes con las exi-
gencias de la seguridad integral que merecen todos los
ecuatorianos.
En este orden, el proyecto de ley será un régimen ju-
rídico integral para prevenir, controlar y regular la te-
nencia y porte de armas de fuego, municiones, pólvora,
propulsores, explosivos y otros materiales relacionados.
Dicho cuerpo de leyes deberá contemplar los mecanis-
mos mediante los cuales se hará la reparación, mante-
nimiento de las armas de fuego, además de regular la
importación y comercialización de artículos pirotécni-
cos; las condiciones tanto de funcionamiento de clubes
de tiro y caza, como de las colecciones-coleccionistas de
este tipo de objetos.
Esto hace necesario que el Ministerio de Gobierno y
del Comando Conjunto de las Fuerzas armadas transfie-
ran el control de armas de fuego a la Policía Nacional,
la institución policial debe establecer las restricciones
y efectivas regulaciones al uso de armas de fuego y, por
otro lado, debe promover que la sociedad civil se convier-
ta en un ejército de individuos sin control de mando y sin
control de uso sobre las armas de fuego.
3. Controlar la importación de armas de fuego
con el fin de regular el contrabando de las mismas
Es necesario asegurar que todas las armas importadas
por vías legales sean invariablemente marcadas, de ma-
nera que el departamento respectivo de la Policía Nacio-
nal pueda rastrear el movimiento y destino de las mis-
mas. Se debe formular y ejecutar un sistema universal
para marcar las armas que ingresan al país con el fin de
que estas puedan ser rastreadas tanto dentro como fuera
del Ecuador. Este es un sistema que debe alimentarse y
nutrirse de información de los sistemas de registro y ras-
treo regional. La información de las armas registradas
–número de registro, país de origen, fecha de matricula-
ción, identificación del fabricante y otros detalles– deben
control de armas f. carrión, j. pontón y b. armijos | 131
ser transferibles o accesibles a instituciones reguladoras
de armas en otros países.
Con estas medidas se podrá hacer un seguimiento de
las armas y determinar cuándo se insertan al mercado
negro e identificar las rutas utilizadas. Los procedimien-
tos que tengan que ver con el marcaje y registro de armas
serán aplicados a todas las armas pequeñas y municio-
nes de tipo civil, militar, de empresas de seguridad priva-
da y gubernamentales, bajo la figura legal de matrícula
de armas de fuego.
4. Regular el mercado ilegal de armas en el país
Prácticamente todas las armas ilegales nacieron legal-
mente fabricadas para luego ser desviadas al mercado
ilegal. Una de las mejores formas para no seguir alimen-
tando el mercado negro es el estricto control del mercado
ilegal, esto último involucra a los civiles que pueden ad-
quirir armas.
Es importante que las instituciones nacionales encar-
gadas de controlar y regular la producción y comercio
de armas (Fuerzas armadas, Policía Nacional) realicen
investigaciones conjuntas sobre el comercio ilegal de las
mismas. Frecuentemente, existe una relación entre las
ventas legales y las ventas ilegales de armas. Las armas
pequeñas exportadas y/o importadas a través de fron-
teras mal controladas, o almacenadas en depósitos mal
vigilados, pueden desembocar en el mercado negro. Para
reducir el número de armas en manos civiles se debe con-
trolar que el mercado legal abastezca al comercio ilegal.
Se debe establecer leyes claras y penas explícitas para las
personas que trafiquen armas ilegales, asegurar debida-
mente los depósitos estatales de armas confiscadas, pro-
hibir la posesión de armas militares por parte de civiles.
5. Regular la producción nacional de armas
El Estado tiene que asegurarse y exigir que las fábricas
de producción de armas sigan estrictamente las normas
internacionales de calidad. aunque en el Ecuador la pro-
ducción de armas es reducida, gran parte de la misma
sufre de una calidad deficiente, por lo que es necesario
hacer seguimiento tanto a estas fábricas como a las ar-
mas que de allí surgen.
Las restricciones a la fabricación de armas de fuego
garantizarán que su producción sea únicamente bajo
licencia y en correspondencia con las disposiciones nor-
mativas internacionales respectivas. Esta autorización se
reforzará con la emisión del Certificado de Destino Final
de la producción de las mismas, que dará cuenta del des-
tino real de sus ventas.
así, el título de propiedad de armas revelará informa-
ción tanto del origen –fuente de producción– como del
propietario real.
6. Fomentar campañas de canje de armas
por beneficios sociales
Las armas de fuego en manos de particulares constitu-
yen un potencial peligro para la vida de las personas; no
garantizan seguridad sino la letalidad en situaciones de
enfrentamiento entre civiles, ponen en riesgo la vida de
132 | dossier
la familia de quien la posee e indirectamente alimentan
la oferta y demanda del mercado ilícito.
Para fortalecer el desarme de la sociedad civil es nece-
sario impulsar una política pública activa que articule las
agencias del Estado competentes en la materia con otras
instituciones públicas y privadas interesadas en generar
campañas de canje de armas por beneficios sociales. Se
deben diseñar procesos de sensibilización respecto a la
problemática de las armas de fuego, promover la infor-
mación entre los actores del medio cultural, educativo y
deportivo con el fin de crear mayor conocimiento técnico
en el área.
Es importante fomentar la creación de mesas de tra-
bajo abiertas a la participación de las organizaciones so-
ciales donde se evalúen conjuntamente soluciones a la
problemática de las armas de fuego y se defina el aporte
que cada sector entregará como recompensa ante la en-
trega voluntaria de armas de fuego: cupos en institucio-
nes educativas para jóvenes y adolescentes, entrega de
libros, de pases para eventos culturales, vinculación a
clubes deportivos, bonos limitados para el uso del trans-
porte público, bonos para compras en almacenes comer-
ciales de franquicias (alimentos, ropa, artículos electró-
nicos), entre otros.
7. Control de armas en espectáculos
de concurrencia masiva
Muchos objetos que una persona lleva consigo a un es-
pectáculo pueden ser utilizados como arma (sea una
botella, un cinturón, un bolígrafo, palos, entre otros),
y especialmente bengalas, explosivos o armas de fuego.
Con el fin de prevenir consecuencias fatales en espec-
táculos deportivos, conciertos, conferencias, marchas,
entre otros, es necesario reforzar el control estricto de los
objetos peligrosos que portan los espectadores, tanto a
la entrada del evento como a lo largo de su duración. Se
puede, además, contar con la presencia y colaboración
de la Policía y guardias privados. Se debe, en lo posible,
exigir sistemas integrados de seguridad (como cámaras
y sensores), para detectar la utilización de armas que no
hayan sido incautadas en la entrada.
Finalmente, se debe exigir y controlar que todos los
espacios cerrados (públicos y privados) que funcionen
como sedes de espectáculos deportivos, de entreteni-
miento u otros propósitos, cuenten y manejen planes
de control e incautación de armas, así como planes de
contingencia en caso de que se produzcan desates de vio-
lencia armada.
8. Requisas a la sociedad civil
La Policía está facultada para, en cualquier caso, incau-
tar armas de fuego, a excepción de aquellos elementos
que, por naturaleza de la profesión del propietario o
propietaria, sean necesarios para el ejercicio de la mis-
ma. Son objeto de requisa los instrumentos que puedan
emplearse en la comisión de hechos que pongan en peli-
gro la vida y la integridad personal o el patrimonio eco-
nómico de las personas, tales como: pistolas, revólveres
de todo calibre, objetos cortopunzantes o contunden-
tes, tales como cuchillos, puñales, navajas, manoplas,
control de armas f. carrión, j. pontón y b. armijos | 133
cachiporras, machetes, garfios, leznas, mazos, hachas,
martillos y otros similares que se los pueda utilizar como
armas de carácter defensivo u ofensivo.
Las armas decomisadas que no son requeridas como
evidencia de algún tipo de delito, deben someterse a un
proceso de valoración objetiva realizada por agentes es-
pecializados de la Policía, quienes reportarán la condi-
ción de las armas recuperadas; de encontrarse en buen
estado se les considerará bienes susceptibles de un nuevo
registro y, bajo un debido proceso, se les transferirá a ins-
tituciones y/o personas que las soliciten. Bajo disposición
de la autoridad competente, las armas blancas deben ser
inventariadas y clasificadas según el tipo de hierro con el
que han sido construidas, luego se les trasladará a una
fábrica que posea en sus instalaciones hornos de fundi-
ción de metales para su respectiva destrucción.
9. Regulación de la licencia para el porte de armas
Debido al importante número de armas que circulan en
el país, el Estado debe promover que se registren aque-
llas que se encuentran en manos anónimas y se reem-
padronen las licencias para el porte de armas existentes
en la sociedad ecuatoriana. a tales efectos se fomentará
que quienes adquieran objetos de esta naturaleza y peli-
grosidad, no representen mucho riesgo ni mayor peligro
social; además, se construirá un sistema de información
que reporte el tipo, marca, tiempo de circulación en el
país, motivos de la tenencia, nombre del propietario titu-
lar, entre otros datos que considere necesarios la Policía
Nacional, institución que debe emitir las licencias para el
porte de armas.
El título de propiedad de un arma legalmente reco-
nocida debe apuntar sustancialmente a la persona que
va a poseerla o utilizarla. La emisión de licencias para el
porte de armas debe considerar entre sus exigencias pri-
mordiales: no poseer antecedentes de comportamiento
violentos, presentarse y aprobar la certificación de ido-
neidad en el conocimiento y manejo de armas de fuego,
de aptitud psicofísica; además, presentar una constancia
laboral o justificativo de ingresos, entre otros requisitos
que la Policía Nacional amerite.
La emisión de autorizaciones para el porte de armas
se hará de manera diferenciada a cada necesidad, no
puede existir una misma licencia para efectos de agen-
tes del orden público, vigilancia de valores monetarios
y caza deportiva. Los diferentes tipos de licencias deben
reportar fundamentalmente: el objeto de la tenencia de
armas (Fuerza Pública, seguridad privada, caza deporti-
va, uso particular, entre otros), la denominación de las
clases de armas que ampara la licencia, el tiempo de vi-
gencia del permiso.
10. Capacitación para el uso de armas
en la seguridad privada
actualmente hay muchas personas y compañías de se-
guridad que no cumplen con los requisitos mínimos esti-
pulados en la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, y la Ley
de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización
y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.
134 | dossier
Es común que el personal de seguridad privada sea esca-
samente capacitado y, en ocasiones, que no cuente con
los respectivos permisos de portación de armas de fuego,
lo que aumenta la vulnerabilidad de la población en caso
de que los guardias privados abran fuego al intentar pro-
teger la propiedad privada.
Es así que el Estado debe demandar y controlar que
los oficiales de empresas privadas: 1) hayan atravesado
una capacitación sobre el uso de armas de fuego, cómo
reaccionar ante situaciones violentas, los riesgos de su
uso y la importancia de mantener la paz ciudadana ante
todo; 2) no porten armas de fuego en las áreas calificadas
como “libre de armas”. Es necesario, por lo tanto, estu-
diar la posibilidad y asignar áreas libres de armas como
guarderías, escuelas, asilos de ancianos, hospitales.
Este tipo de política debe contar con el respaldo de los
gobiernos locales de Quito y Guayaquil, ciudades donde
se aglomera el mayor número de guardias privados y el
mayor número de armas.
Experiencias relevantes
1. Viva Rio: desarmando a la sociedad brasilera /
localidad: Río de Janeiro
En Brasil, las armas pequeñas provocan más muertes
que las enfermedades del corazón, del sistema respira-
torio, cáncer, sida y accidentes de tráfico. a través del
programa de control de armas Viva Rio, se ha intentado
reducir la demanda de armas por medio de campañas
de sensibilización sobre los peligros que estas presentan;
se ha buscado investigar la oferta, el comercio ilegal y la
producción, venta, exportación e importación de armas,
y destruir el exceso de ellas al promover su entrega vo-
luntaria a la oNG Viva Rio.
Viva Rio ha sido un activo partícipe en los procesos
de desarme de la sociedad brasilera. En 2001, conjun-
tamente con el gobierno de Río de janeiro y las Fuerzas
armadas, se desecharon 100 mil armas –la destrucción
masiva de armas más grande de la historia–, y en el año
2002 se destruyeron 10 mil armas en el Día internacio-
nal de Destrucción de armas. Entre 2004 y 2005, em-
prendieron una gran campaña que logró recopilar casi
medio millón de armas. Estos actos, además de ser actos
simbólicos, impiden que estas armas vuelvan al mercado
ilegal. En este período, la iniciativa provocó una reduc-
ción del 8% en homicidios.
Esta organización apoya las investigaciones científi-
cas acerca del uso de armas, formas para reducir las ta-
sas de mortalidad a causa de ellas, su impacto en salud,
legislación, comercio ilegal de armas, rol de niños y jóve-
nes en la violencia armada de la ciudad y reforma policial
sobre el control y seguimiento de armas.
Viva Rio sirvió de apoyo y presión sobre los gobiernos
estatales y federal, al proveer ayuda técnica al Senado en
la investigación de armas en Brasil. Esta investigación
descubrió que el 83% de las armas ilegales incautadas
por la Policía en Río de janeiro, São Paulo y Brasilia era
de manufacturación nacional.
control de armas f. carrión, j. pontón y b. armijos | 135
2. El modelo de control de armas más estricto del mundo /
localidad: Japón
El modelo de control de armas de fuego en japón es el más
estricto en el mundo democrático. En su legislación, lo
primero que se establece es que “nadie poseerá un arma
de fuego o armas de fuego o una espada o espadas”. La
propiedad de armas es escasa y el proceso de otorgación
de permisos es largo, tedioso y estricto. así también los
crímenes con armas de fuego son muy pocos.
Un ciudadano o ciudadana civil del japón puede
portar un solo tipo de arma: la escopeta. Las armas pe-
queñas son prohibidas sin excepción. Para obtener una
licencia de armas hay que atravesar un proceso de cursos
y exámenes teóricos y prácticos, y presentar un certifica-
do médico que pruebe que la persona está mentalmente
saludable y no tiene ningún tipo de adicción narcótica.
La policía investiga luego el historial individual y familiar
de la persona para determinar si esta o su familia han
cometido algún tipo de delito en su vida. además, los so-
licitantes deben entregar un plano de su departamento
para mostrar el lugar de almacenamiento del arma, al
lado de la cual deben guardarse las municiones en una
caja fuerte. La autoridad para otorgar o no el permiso es
únicamente de la policía; ella tiene la libertad de denegar
el permiso a cualquier persona por “una causa razonable
de sospecha de que sea peligrosa para la vida de otras per-
sonas, propiedades o el orden público”. Las licencias y el
arma no son transferibles a las siguientes generaciones,
y deben ser renovadas cada tres años, siendo este pro-
ceso el mismo para cada vez que se renueve la licencia.
Debido a la complejidad de la solicitud de la licencia y a
la creciente dificultad de conseguir un arma, las licencias
y armas legales disminuyen cada vez más.
Estas políticas de control exhaustivo de armas han
hecho de tokio la ciudad más segura del mundo –en
cuanto a robos armados y homicidios con armas de fue-
go– con solo 59 mil permisos de armas. Los robos arma-
dos son mínimos, al igual que los homicidios con armas
de fuego. Una de las características de japón es que las
armas de fuego son, y siempre han sido, consideradas
competencia del Estado, mas no del civil. Por otro lado, los
japoneses respetan, aprueban y confían en la autoridad
policial –más que en cualquier otro país democrático–.
Finalmente es el mismo gobierno japonés el que se pro-
yecta como un Estado pacífico y sin armas, promoviendo
la política del desarme social.
3. Red argentina para el desarme. Por una sociedad sin violencia / localidad: Argentina
Varias organizaciones sociales y académicas (entre ellas
Espacios Mendoza, Espacios Santa Fe, FLaCSo, la aso-
ciación para Políticas Públicas, el instituto de Estudios
Comparados en Ciencias Penales y Sociales y La Comuna
de Rosario) empezaron a conformar una red de desarme
después de la tragedia de Carmen de Patagones en el año
2004 –en la cual un chico de 15 años de edad disparó a
sus compañeros de clase–. El objetivo de esta red fue in-
terceder ante el presidente de argentina para que se for-
mulen políticas públicas de desarme a lo largo y ancho
136 | dossier
del país, y recaudar voluntad política y apoyo social para
poder ejecutarlas.
El 18 de noviembre de 2007, finalmente, se consti-
tuyó formalmente la Red argentina para el desarme, la
cual se comprometió a hacer estudios sobre la relación
entre las armas y la inseguridad ciudadana; a formular
propuestas legislativas respecto al control, recolección
y destrucción de armas; y a generar acciones y políticas
que sean aplicadas en todo el país y que cuenten con la
participación ciudadana y comprometan el liderazgo del
gobierno nacional.
Los esfuerzos de esta Red han impulsado la formu-
lación del Plan nacional de entrega voluntaria de armas de
fuego –un plan que pretende realizar un intercambio de
armas por incentivos económicos y reducir el número
de armas legales e ilegales circundantes en la sociedad–.
Este Plan es parte de una política integral de control y
prevención de violencia armada y cuenta con un marco
legal (Ley 26.216) y un decreto reglamentario. Este Plan
se dio gracias a estudios, campañas y difusión sobre el
peligro de las armas de fuego, llevados a cabo por la Red
argentina para el desarme.
FUentes
Textos citados
Carrión, Fernando (2006). “armas de la (in)seguridad”. Bo-letín Ciudad Segura, 2. Quito, FLaCSo, sede Ecuador: 1.
____ (2007). “Geografía del delito”. Boletín Ciudad Segura, 17. Quito, FLaCSo, sede Ecuador: 1.
Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el desarme y el desarrollo en América latina y el Caribe (UlliREC) (2003). Armas de fuego en América Latina y el Ca-ribe: entre el diagnóstico y la acción. Programa de intercambio regional de información sobre armas de fuego, municiones y explosivos. Lima: UN-LiREC.
Equipo Estudios de la Ciudad (2006). “La situación de ar-mas de pequeño calibre y la población civil del Ecuador”. Bole-tín Ciudad Segura, 2. Quito, FLaCSo, sede Ecuador: 4-8.
Kopel, david (2007). “Control de armas en japón”. Docu-mento electrónico: http://www.davekopel.com/Espanol/El-Control-de-armas-en-japon.htm [consulta: mayo de 2008].
lago, Soledad y María tejo (2004). “Humanidad bajo fue-go”. Revista XLP por la Paz, 1. Fundación Lebensohn: 4.
Palacio Nacional del Ecuador (1979). Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, (agosto, 7). Documento electrónico: http://www.controlarmas.mil.ec/leyFabricacion.html [consulta: mayo de 2008].
Textos consultados
Centro de Estudios Humanistas, Chile (2006). Informe de trabajo, mesa: rol de las Fuerzas Armadas en la integración la-tinoamericana. Quito: Foros 20, 21 y 22. Documento electróni-co: http://www.cumbredelospueblos2007.cl/files/iNFoRME-FFaa.doc [consulta: mayo de 2008].
control de armas f. carrión, j. pontón y b. armijos | 137
organización de Estados Americanos (oEA) (2005). Con-vención Interamericana contra la Fabricación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales (CIFTA). Documento electrónico: http://www.oas.org/juridico/spanish/armas.htm [consulta: abril de 2008].
El Comercio (2007a).“El control de las armas será electróni-co”. Redacción Guayaquil, 5 de junio.
El Comercio (2007b). “397 comerciantes de armas tienen re-gistro legal en FF”. Redacción Guayaquil, 8 de junio.
El Comercio (2007c). “360 mil civiles armados en el Ecua-dor”. Redacción Guayaquil, 10 de junio.
El Comercio (2007d). “El operativo contra las armas está acompañado de un folleto”. Redacción Guayaquil, 11 de junio.
El Comercio (2007e). “Bolívar Cisneros:“Nos faltan 28 mil pistolas para que exista una por cada policía””. Redacción Gua-yaquil, 6 de julio.
El Comercio (2007f). “Colocarán chips y código de barras en armas que circulan en el Ecuador”. Redacción Guayaquil, 12 de julio.
El Comercio (2007g). “La Policía usará $ 300 millones para autos, armas, cuarteles”. Redacción Guayaquil, 12 de octubre.
El Comercio (2007h). “La venta de explosivos se controla en Manabí”. Redacción Guayaquil, 21 de noviembre.
El Comercio (2007i). “Seguridad. Los controles se intensifi-can”. Redacción Guayaquil, 29 de noviembre.
El Comercio (2007j). “Delito, prisión para quien venda explo-sivos”. Redacción Guayaquil, 14 de diciembre.
El Comercio (2007k). “Los controles para decomisar la piro-técnica continuarán en Quito”. Redacción Guayaquil, 23 de diciembre.
El Comercio (2007l).“Un control para los talleres de pirotec-nia”. Redacción Guayaquil, 23 de diciembre.
El Comercio (2007m). “algunos ejes de debate sobre la segu-ridad”. Redacción Guayaquil, 31 de diciembre.
El Comercio (2007n). “Muchas empresas de seguridad no son legales”. Redacción Guayaquil, 31 de diciembre.
Ley Reformatoria al Código Penal y Ley de Fabricación, Im-portación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Ar-mas, Municiones, Explosivos y Accesorios. Documento elec-trónico: http://www.controlarmas.mil.ec/leyReformatoria.html [consulta: mayo de 2008].
Páginas web consultadas
desarme.org (2004). “Cada día mueren 1.300 personas por armas de fuego pequeñas en américa Latina” http://www.des-arme.org/ [consulta: junio de 2008].
Red Argentina para el desarme (2006) http://www.re-dparaeldesarme.org.ar/ [consulta: junio de 2008].
Viva Rio (2006) www.vivario.org.br/ [consulta: mayo
de 2008].
las polítiCas públiCas del estado venezolanoen los proCesos de Control de armas, muniCiones y desarmeperíodo: demoCraCia partiCipativa
Irama La Rosa
REVISTA COMUNES n° 3, mayo-octubre 2013 pp. 139-162
ISSN 2343-5666
Resumen En el artículo se presentan algunos resultados de la investigación
Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control de armas,
municiones y desarme, específicamente el capítulo ii, sobre democracia par-
ticipativa, que se corresponde con el período de la Revolución Bolivariana.
La información se sustenta en la revisión de planes nacionales y memorias
y cuentas del Ministerio de interior y justicia, así como entrevistas a algu-
nos actores clave como recurso metodológico para identificar la existencia
de programas y/o proyectos en materia de control de armas, municiones y
desarme, considerando el análisis del contexto que ha favorecido u obsta-
culizado el desarrollo de tales políticas públicas. Se destaca en particular la
mención de algunos eventos de violencia asociada al uso de armas y mu-
niciones con fines de desestabilización política como factor que justifica la
importancia y relevancia de las políticas y leyes actuales en la construcción
de una cultura por la paz.
Palabras clave violencia política, control de armas, cultura de paz
irama La rosa es Socióloga de la Universidad Central de Venezuela (UCV),
Especialista en Planificación Global y Magíster en Política Social del Centro
de Estudios del Desarrollo UCV, donde actualmente es candidata a Doctora.
actualmente es profesora de Planificación en la Escuela de Sociología de la
UCV y asesora de proyectos comunitarios a través de la organización Red de
la Calle. Es autora de artículos y otras publicaciones sobre popularización de
la ciencia, estudios urbanos y de juventud.
Las políticas públicas del Estado venezolano en los procesos de control
de armas, municiones y desarmePeríodo: Democracia participativa
…Un minuto después de la última explosión, más de la mitad de los
seres humanos habrá muerto, el polvo y el humo de los continentes
en llamas derrotarán a la luz solar, y las tinieblas absolutas volverán
a reinar en el mundo. Un invierno de lluvias anaranjadas y huraca-
nes helados invertirá el tiempo de los océanos y volteará el curso de
los ríos, cuyos peces habrán muerto de sed en las aguas ardientes, y
cuyos pájaros no encontrarán el cielo. Las nieves perpetuas cubrirán
el desierto del Sahara, la vasta Amazonía desaparecerá de la faz del
planeta destruido por el granizo, y la era del rock y de los corazones
trasplantados estará de regreso a su infancia glacial. Los pocos seres
humanos que sobrevivan al primer espanto, y los que hubieran tenido
el privilegio de un refugio seguro a las tres de la tarde del lunes aciago
de la catástrofe magna, solo habrán salvado la vida para morir des-
pués por el horror de sus recuerdos. La Creación habrá terminado. En
el caos final de la humedad y las noches eternas, el único vestigio de lo
que fue la vida serán las cucarachas.
Preámbulo del Discurso de Gabriel García Márquez, pro-nunciado en la Conferencia de Ixtapa, en ocasión de con-memorarse el 41 aniversario de la bomba de Hiroshima. México, 06 de agosto de 1986.
* Extracto y adaptación de la investigación Las políticas públicas del Estado venezo-lano en los procesos de control de armas, municiones y desarme, de irama La Rosa, Luis Cerezo y joselyn Lindarte. VV.aa. (2013), Regulación y lógicas del uso de armas de fuego y municiones. Caracas: CoDESaRME-UNES. La investigación histórica contó con la co-laboración del sociólogo Luis Martínez.
142 | dossier
1. Contexto sociopolítico
Como preámbulo a este apartado de la investigación,
es necesario advertir que la figura del presidente Hugo
Chávez, incluso desde su participación en la campaña
presidencial de 1998, ha estado signada por una serie
eventos y conflictos socio-políticos, que en distintos mo-
mentos han desbordado expresiones de violencia social y
política. Violencia que ha tenido manifestaciones mediá-
ticas con las campañas en contra de distintas acciones
gubernamentales, pero también ‒y allí la gravedad del
asunto‒ violencia con uso efectivo de armas de fuego o
amenaza potencial de su uso en determinadas coyuntu-
ras políticas.
al respecto, son ilustrativos los datos de la investiga-
ción inventario Nacional de armas de Fuego que se en-
cuentran disponibles en la Comisión Presidencial para
el Control de armas, Municiones y Desarme, respecto al
aumento en la compra de armas de fuego en coyuntu-
ras especialmente sensibles como el año 1998 (año de
la campaña electoral), los años 2001-2002 en el marco
de la organización y ejecución del golpe de Estado al pre-
sidente Chávez, el año 2003 cuando ocurrió el sabotaje
petrolero y el año 2004 en el que se incautaron armas de
alto calibre en manos de soldados paramilitares contra-
tados por sectores de oposición, eventos todos, que ade-
más de las cifras sobre muertes con armas de fuego pro-
ducto de la violencia delincuencial, introducían el factor
político-terrorista en el escenario político nacional.
En este contexto, a la violencia social que tiene
una explicación en factores asociados a la pobreza e
inequidad, se sumó la violencia política que se desarrolla
en el marco de la polarización existente, contradictoria-
mente a la par de que se inicia el modelo de Democracia
Participativa y plenitud de disfrute de los derechos hu-
manos consagrados en la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, promulgada el año 1999.
Los intereses contrarios a la restauración del rol so-
cial del Estado, desmantelado completamente durante
los dos últimos períodos de gobierno de la Democracia
Representativa, generaron una serie de acciones de re-
sistencia a las políticas que el gobierno venezolano trató
de instrumentar apenas aprobada la Constitución Boli-
variana, a través de la promulgación de Leyes Habilitan-
tes, que entre otros ámbitos, pretendían legislar en temas
como hidrocarburos y tenencia de la tierra.
El golpe de Estado del año 2002 y el sabotaje petrole-
ro de 2002-2003 visibilizaron que más allá de la oposi-
ción al modelo político, existía una oposición al modelo
económico y a la definición del rol del Estado como res-
ponsable de la conducción de la economía para objetivos
nacionales distintos a los intereses corporativos de tipo
trasnacional. también dejaron en evidencia, la estrecha
articulación entre esos intereses económicos y los secto-
res internos que conforman algunos sectores de la opo-
sición política venezolana, en particular los medios de
comunicación privados y gobernantes con control sobre
organismos policiales como fue el caso del alcalde alfre-
do Peña.
En ese contexto, se desarrollaron una serie de accio-
nes gubernamentales para profundizar las políticas de
justicia social a la par de generar mayor poder político
las políticas públicas i. la rosa | 143
dentro de los sectores sociales más afectados por la po-
breza, específicamente: las Misiones Sociales. Con este
tipo de políticas universales de atención directa a la po-
blación pobre, se han obtenido resultados exitosos que
han revertido varios indicadores negativos en las áreas
de Salud y Educación, por lo que el gobierno asumía que
las Misiones también podían tener una influencia posi-
tiva en la disminución de factores desencadenantes de
violencia social.
Sin embargo, la realidad no ha reportado impactos
significativos, al contrario, la complejidad del fenómeno
de la violencia asociada a las armas de fuego y las difi-
cultades que implica abordarlo de manera integral, se ha
agudizado con el agregado de la violencia asociada a la
polarización política, fundamentalmente dada la descon-
fianza y aprehensión que tienen mucho/as ciudadano/
as con distintas tendencias ideológicas, por participar de
manera conjunta en la formulación de políticas públicas
sobre un problema que afecta a todos y todas por igual.
En ese contexto, una de las experiencias de política
pública que más beneficios ha reportado a la sociedad
venezolana ha sido el trabajo realizado por la Comisión
Nacional para la Reforma Policial (CoNaREPoL), creada
el año 2006 para proponer líneas de política a partir de la
investigación científica y la consulta pública plural. En-
tre otros resultados surgió de esa comisión la propuesta
de creación de la policía nacional y la de la Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad, ambas diseña-
das desde un modelo policial completamente sustentado
en el enfoque de derechos humanos, dirigido a erradicar
las prácticas perversas de corrupción, maltrato, tortura
y asesinato que han estado enquistadas en varios or-
ganismos policiales venezolanos, desde la dictadura de
Marcos Pérez jiménez.
El nuevo modelo policial, pensado como proceso de
largo plazo, se ha venido retroalimentando de otra serie
de iniciativas que en el pasado y en tiempos recientes,
han sumado experiencias y saberes para lo que fue la
creación de la Comisión Presidencial para el Control de
armas, Municiones y Desarme el año 2011, así como el
diseño de la Gran Misión “a toda Vida Venezuela”, que ha
sido pensada para abordar integralmente el problema de
la seguridad y el tema particular de la violencia asociada
al uso de armas de fuego.
Dentro de esta iniciativa es interesante notar que se
despliega un proceso de articulación institucional que in-
volucra a distintos entes, actores políticos y sociales que
se deben dedicar a la solución conjunta del problema.
algunas de las instituciones y actores públicos relevan-
tes que convoca la Gran Misión a toda Vida Venezuela
incluye a ministerios de interior, Penitenciario, de juven-
tud, entre otros; universidades, gobernaciones, alcaldías
y comunidades.
Señaladas las acotaciones anteriores sobre el contex-
to sociopolítico, es importante que se describan históri-
camente cómo se han dado las distintas políticas que se
han tomado para los dos períodos de gobierno de Hugo
Chávez, con la finalidad de comprender en un espectro
más completo las políticas, medidas e iniciativas actua-
les. El análisis a continuación –como en los puntos que
preceden‒ considera como documentos clave los Planes
de la Nación y las Memorias y Cuentas.
144 | dossier
2. X Plan Económico y Social de la Nación 2001-2007
En el primer período presidencial de Hugo Chávez se de-
sarrolla el X Plan de Desarrollo Económico y Social de
la Nación que presenta elementos característicos, cen-
trados en cinco equilibrios: económico, social, político,
territorial e internacional. Desde la lógica de los equi-
librios, se plantea la necesidad de desarrollar acciones
para la atención integral de los sectores pobres; procu-
rando entender lo económico como recurso para lo so-
cial. En materia de seguridad se expresa que:
La garantía de los niveles de seguridad ciudadana y
jurídica se alcanzarán con la superación de los des-
equilibrios macrosociales y el desarrollo de estrategias
preventivas control del delito y reestructuración del
sistema penitenciario, con elevada participación de la
familia, los medios de comunicación y la escuela.
El enfrentamiento de los índices de criminalidad, se
asume como una política integral, que comprende, por
una parte, la reducción de las desigualdades sociales,
el incremento del nivel de empleo y la atención a los
grupos sociales relativamente pobres y, por la otra, una
política específica para la prevención y combate de la
criminalidad y la violencia.
Desde el punto de vista de la política específica
para la prevención y combate del delito asegurar así la
tranquilidad ciudadana, se plantea el fortalecimiento
de la coordinación policial con la creación del centro
de coordinación de inteligencia, el incremento de la
participación ciudadana en la prevención y control del
delito, la modernización de los sistemas de la protección
policial de los ciudadanos y de los hogares.
El régimen judicial propiciará el incremento y
la acumulación de la penalidad en delitos graves y la
oportunidad de reinserción social a los transgresores de
la ley que se regeneren, dentro de un sistema peniten-
ciario descentralizado y profesionalizado. Se acelerarán
los procedimientos jurisdiccionales para hacer más
eficiente la administración de justicia y se organizará
una administración descentralizada de la custodia y
rehabilitación del recluso y el desarrollo de programas
de atención post-penitenciaria con la creación del ins-
tituto autónomo Penitenciario (X Plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2001-2007: 100).
Estas propuestas se presentan en las memorias y
cuentas a través de acciones específicas para la atención
del delito, a través de la aplicación de acciones descritas
en planes anuales coyunturales como los operativos de
seguridad en períodos vacacionales o de asueto nacional.
Por decreto del 30 de agosto de 1999, con rango y
fuerza de ley orgánica de Reforma de Ley de la adminis-
tración Central, se procedió a la fusión de los ministerios
de interior y justicia para conformar un solo ente, y se
concretó así la fusión de los Ministerios de Relaciones
interiores y el Ministerio de justicia en el Ministerio del
interior y justicia (Mij), y como parte de la reestructura-
ción se crearon tres grandes viceministerios: Relaciones
interiores, Seguridad Ciudadana y Seguridad jurídica. La
nueva administración, dirigida por ignacio arcaya inició
las políticas públicas i. la rosa | 145
su gestión con la aplicación del Plan justicia 2000, una
acción a corto y mediano plazo destinada a dignificar la
condición de los reclusos de todo el país.
adicionalmente, el nuevo Mij continuó con las acti-
vidades necesarias para la implementación, evaluación,
control y seguimiento del Plan Nacional de Seguridad
Ciudadana.
En el año 2000 se planteó una serie de acciones en
materia de seguridad por la vía de las reformas institu-
cionales y legales, además del financiamiento de proyec-
tos en materia de seguridad, de los cuales vale la pena
destacar:
» La Reforma parcial del Código orgánico Procesal Pe-
nal publicado en Gaceta oficial nº 37022 del 25 de
agosto de 2000 y la reforma del Código Penal, publi-
cado en Gaceta nº 5494 Extraordinario del 20 de oc-
tubre de 2000: El Código orgánico Procesal Penal vi-
gente era un instrumento arcaico que se encontraba
desfasado con la realidad del país para ese momento,
ya que databa de 1926 y por lo tanto, tenía tipifica-
ciones, sanciones y penas anacrónicas. En la reforma
se incluyó el delito de la desaparición forzada de per-
sonas, se penalizó de manera más severa el porte ile-
gal de armas y se incluyeron penalizaciones en caso
de delitos contra medios de transporte.
» a través del Plan Extraordinario de inversión (Sobre-
marcha) se le otorgaron al Mij 60 millardos de bolíva-
res en dos créditos adicionales (31,22 millardos para
el 2000 y 28,78 para el 2001), destinados a finan-
ciar los siguientes proyectos: Prevención del Delito,
Dotación del Cuerpo técnico de Policía judicial, Siste-
ma Penitenciario, Modernización del Sistema Regis-
tral y Notarial Venezolano, Seguridad y Convivencia
Ciudadana, conformado por el Centro de Comando y
Control de Coordinación Policial (CCP) y Centro de
Coordinación de inteligencia (CCi).
» El CCP fue aprobado por el Presidente mediante de-
creto nº 734 publicado en Gaceta oficial nº 5450
Extraordinario de fecha 23/03/2000. Su objetivo
principal era gerenciar de manera coordinada la ac-
tividad de los diferentes cuerpos policiales existentes
en el país, optimizando el cumplimiento de sus fun-
ciones. antes no existía un CCP sino que cada cuerpo
actuaba sin coordinación.
» El CCi se creó por instrucciones del Presidente en
Punto de Cuenta nº 12 de fecha 17/02/2000. Su
función principal era servir de foro para que los or-
ganismos que se ocupan de la inteligencia criminal,
pudiesen establecer vínculos de coordinación y así,
actuando en una misma dirección, optimizar el es-
fuerzo de inteligencia en la lucha contra el crimen.
(Mij. Memoria y Cuenta, 2000: V-Vi).
La seguridad ciudadana se centra en tres elementos
esenciales que se reflejan en la organización del nuevo
Viceministerio de Seguridad Ciudadana, que desarrolla
sus acciones en tres vertientes. La primera, la Seguridad
pública, mantenimiento del orden y la garantía de los dere-
chos ciudadanos, que abarca un abanico de acciones para
la prevención y la lucha contra el delito en todo el país.
146 | dossier
La segunda vertiente estaba relacionada con los avances
tecnológicos ejecutados por el Cuerpo Técnico de Policía Judi-
cial en el desarrollo de las investigaciones penales y cri-
minalísticas. Y la tercera vertiente se orientaba hacia el
componente carcelario.
Ese mismo año se llevó a cabo un proceso de depura-
ción de los cuerpos policiales en el área de personal y nó-
mina con el objeto de erradicar la corrupción policial y se
realizó un examen antidoping a los funcionarios policia-
les del país. Se activó el servicio telefónico de emergencia
nacional 171 y 800 aLERta y se implementó una pla-
taforma comunicacional de inteligencia para hacer más
expedita la actuación de los cuerpos policiales y los orga-
nismos de seguridad del Estado. también se digitalizó y
unificó el archivo de huellas dactilares, con el fin de con-
formar un registro centralizado de prontuario policial.
En el mismo esquema institucional del año anterior,
en el 2001 el Mij desarrolló 10 importantes programas
relacionados con la seguridad ciudadana:
a. Programa de apoyo a la Reinserción Social de Delin-
cuentes y de Menores de Edad en Situación irregular.
b. Plan extraordinario de inversiones: se invirtieron 15
millardos de bolívares en la ampliación y recupera-
ción del sistema penitenciario a través del Fondo para
Edificaciones Penitenciarias (FoNEP). El 6% de estos
recursos fueron designados a Prevención del Delito y
el 30% a la dotación del CiCPC.
c. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo:
Se suscribió un convenio con el PNUD para el fortale-
cimiento de la Seguridad Ciudadana y jurídica.
d. Sistema de identificación Nacional y Control Ciu-
dadano: Se estableció un convenio con la empresa
Hyundai para la modernización del sistema.
e. Reforma Legislativa: se sancionó la Ley de Coordina-
ción de Seguridad Ciudadana (Decreto nº. 1453)
f. Se continuó el proceso de reestructuración del Minis-
terio de interior y justicia.
g. Se firmaron convenios para continuar con la dota-
ción del CiCPC.
h. Se impulsaron programas de acción educativa para
la custodia y la rehabilitación de los reclusos del país.
i. a través del Plan Extraordinario de inversiones se
ejecutaron proyectos para la prevención del delito
en cooperación con las organizaciones: Consultores
21, Escuela de Vecinos de Venezuela, Consorcio jus-
ticia, Fundación Luz y Vida y Escuela de Gerencia
Comunitaria.
j. Se impulsó el proyecto de Dotación del Sistema Nacio-
nal de Defensa Civil.
Durante el 2002 la gestión del Mij ya entró de lleno
en el marco establecido por las Líneas Generales del Plan
de Desarrollo Económico y Social 2001-2007. Ese año se
intervino la Policía Metropolitana, luego del triste rol que
jugó este cuerpo policial en la conspiración y ejecución
las políticas públicas i. la rosa | 147
del golpe de Estado de abril de 2002, bajo el liderazgo y
conducción protagónica del otrora alcalde mayor de Ca-
racas, periodista alfredo Peña.
Ese mismo año se comienzan a establecer medidas
de control por parte de la Compañía Venezolana de in-
dustrias Militares y de la Dirección de armas y Explosi-
vos hacia los organismos policiales a escala nacional, de
donde vale resaltar la experiencia del General julio Mora-
les Prieto, quien expresó en una entrevista realizada para
esta investigación que:
Después de la ley de desarme. Se hicieron las primera
revistas, después hicimos una en conjunto con el Mi-
nisterio de interior y justicia donde, después de la crea-
ción de la Policía Nacional Bolivariana, entonces ahí
si se definió muy bien qué tipo de arma puede utilizar
una policía con competencia nacional, organismo de
investigación, los grupos especiales, quien tenía que
tener grupos especiales, la Policía Nacional Bolivaria-
na como organismo nacional, la policía regional, las
policías municipales, y se determinó que cantidad, que
tipo de arma debían tener en función de su función o en
relación con su función, por eso, es que, por decirte algo
la policía de tipo municipal no deberían tener material
de orden público porque su competencia es netamente
preventiva y administrativa y no de control del orden
público, entonces al no tener orden público ya el núme-
ro de escopetas se reduce, ya el número, la presión de es-
copeta de repetición también se reduce y ahí fuimos po-
niendo orden a la cosa, lo cual no ha sido fácil en todas
las policías, yo te puedo decir que durante mi gestión en
DaEX a la policía de Sucre le incautamos subametralla-
doras Uzi, a la policía de Miranda le decomisamos Su-
bametralladora Greca y fusiles MP5, la policía del Zulia
tenía un grupo de acciones especiales y legales, que te-
nía unas carabinas Colemen 9 milímetros, eso era un
carnaval y cada quien compraba lo que creía y lo que
quería, decomisamos fusiles y fales en adelante, cuando
llega el momento que con la aparición del DaEX, como
órgano controlador de las policías, se empieza a estable-
cer el marcaje, se empieza a establecer el permiso de la
adquisición, se empieza a hacer la creación de la oP que
es el marcaje que le hacemos al arma o cualquier arma,
un arma de un organismo policial que no esté marcada
oP es ilegal y por ende sujeta a decomiso. Cuando em-
pezamos a controlar un poco fue mejorando un poco
la situación sobre todo las policías regionales que eran
muy reacias a someterse a la reinspección, que pasó en-
tonces se coordinó con el DaEX con CaViM para que
no se le vendiera a ninguna quien no estuviera al día,
olvídate por acá no vienes, primero ponte al día con
DaEX. a partir del 2002 con la Ley Desarme fue evo-
lucionando eso, es un camino bastante largo, bastante
difícil, con la resistencia al cambio, con la resistencia al
control, digamos en algunos casos la concepción de las
policías regionales y municipales eran de autonomía
plena, que son los escoltas del gobernador, del alcalde
que son los que lo cuidan, entonces, sabes ese tipo de
informaciones que lamentablemente ha habido que
todavía estamos peleando para quitarlas, y más o me-
nos esa ha sido la historia y más o menos ese es el como
148 | dossier
nosotros hacemos nuestras programación. (Entrevista
al General julio Morales, 2012)
El testimonio anterior hace ver que la promulgación
de la Ley Desarme en agosto de 2002, apenas cuatro
meses después de ocurrido el golpe de Estado y como
preámbulo del sabotaje petrolero que inició en diciembre
de ese año, constituyó un hito fundamental, que pese a
las fallas que pudieran atribuírsele al texto legal, por lo
menos permitió dar inicio a ciertas medidas de control en
un contexto bastante álgido desde el punto de vista de la
polarización política. al respecto es llamativo que en su
artículo 1 se exprese que:
Esta Ley tiene por objeto el desarme de las personas, que
porten, detenten u oculten armas de fuego de manera
ilegal, a los fines de salvaguardar la paz, la conviven-
cia, la seguridad ciudadana y de las instituciones, así
como la integridad física de las personas. (Ley Desarme,
2002)
Un dato importante, que da muestra de lo delicado de
la situación en la que se promulga dicha ley, lo aportó
el General Gerardo Velásquez en entrevista para esta in-
vestigación, respecto a que para el momento en el que
ocurrió el golpe de Estado al presidente Chávez en abril
de 2002, el encargado de la Dirección de armas y Ex-
plosivos (DaEX), era el almirante Carlos Molina tama-
yo, activo conspirador y cabecilla del golpe de Estado, de
quien se presume facilitó una fuga significativa de armas
de variado calibre del Parque de armas para el desarrollo
del golpe. a continuación su discurso:
El tema de armas siempre ha sido un tema de seguridad
de Estado de hecho partimos constitucionalmente de
que todas las armas son del Estado, tú te puedes ir a una
armería y pagar un arma pero todas lar armas son del
Estado hay esa particularidad, eso de caja negra bueno
yo me imagino que eso precisamente estaba contenido
dentro de la política de seguridad de Estado, un Estado
trata de preservar esa información en pro de su auto-
defensa. Pero de todas maneras los registros siempre
han sido claros, transparentes y más efectivos, porque
hubo un manejo un poco turbio en esa época en la vía
de la gestación del golpe de Estado, orientado a esa ges-
tación del golpe de Estado y eso lo vivimos después de
2002, 2003, que en la preparación estuvieron inmis-
cuidos una serie de profesionales tristemente apátridas
que lo manejaron a su intencionalidad y a su criterio
y por supuesto obedeciendo instrucciones del imperio
pero, afortunadamente, pudimos rescatar esa condi-
ción, recuperamos el registro y hemos estado tratando
de llevar el proceso controlado y regularizado como lo
hacemos hasta ahora. Entonces, llámelo coincidencia,
pero esos son intríngulis que dan evidencias de que eso
fue bien planificado y bien pensado, eso no salió por ca-
sualidad ni fue una orientación de esfuerzo masivo a la
gente a reaccionar ante un evento específico. Eso venía
cocinándose pero con buena fragua, con meditación
y premeditación bien importante y en contra de todos
los venezolanos, es venezolano contra venezolano,
las políticas públicas i. la rosa | 149
esos son los pequeños detalles que uno hace dar cuenta
cuando todavía hay gente que se pregunta: ¿fue golpe?
¿No fue golpe? ¡Por supuesto que fue un golpe! Molina
tamayo estaba sentado en esta silla, tenía todo el poder
de comercialización de armas, tenía todo el poder de au-
torización de ingresos de armas al país y tenía todo el
poder para dotaciones de armas a esos eventos, a esos
personeros específicos que fueron o contravinieron el
orden público en ese día. Entonces bueno eso es parte
también del saboteo, el golpe venía y tuvo tiempo aquí,
él estuvo dos, tres años aquí, y conoció el sistema para
saber cuáles son las fracturas y las debilidades, y enfo-
carse a ello y utilizarlo como herramienta importantísi-
ma, la raíz del control de las armas en el país un puesto
sumamente clave, y la persona que está aquí tiene que
estar muy clara de lo que está haciendo. (Entrevista Ge-
rardo Velásquez, 2012)
Siguiendo el análisis sobre las políticas en este con-
texto, vemos que año 2003 se desarrollaron acciones
previstas en el “Plan Estratégico Nacional de Prevención
de la Violencia 2001-2003”, cuya finalidad era organi-
zar la plataforma nacional para la ejecución de una Polí-
tica de Estado dirigida a la prevención de la violencia y a
la consolidación de la convivencia y la paz en pro de una
mejor calidad de vida de las comunidades.
Las líneas operativas de dicho plan se ejecutan a tra-
vés de 21 coordinaciones Estadales de las cuales 18 esta-
ban adscritas al Mij y 3 estaban descentralizadas (Delta
amacuro, Nueva Esparta, Sucre). a través de un progra-
ma de municipalización, en alianza con las alcaldías del
país, se crearon oficinas en los municipios, y estaba pre-
visto que se firmaran convenios inter-administrativos de
encomienda, a fin de aumentar la presencia y el impacto
de los programas de prevención del delito en el país.
La Dirección General de Prevención del Delito del Mij
participó en el Subcomité de Estadísticas sobre Niños, Ni-
ñas y Adolescentes bajo la tutela del instituto Nacional de
Estadísticas, con el objetivo de actualizar, integrar, armo-
nizar y homogeneizar estadísticas relativas a la niñez y
adolescencia en el país, de acuerdo con lo establecido en
la Ley orgánica de la Protección del Niño y del adoles-
cente (Mij. Memoria y Cuenta, 2003)
En 2003 también se formuló el Plan Nacional Integral
de Seguridad Ciudadana, que tenía como objetivo fortale-
cer la coordinación de los cuerpos policiales del país, fun-
damentada en una herramienta técnico–metodológica
que permitiera afrontar con eficiencia y eficacia la de-
lincuencia, que ya desde hacía tiempo venía siendo una
de la principales preocupaciones de los ciudadanos y del
país en general. En este mismo marco, se realizaron ac-
tividades de coordinación con las Direcciones Estadales
de Seguridad Ciudadana y con los cuerpos policiales de
los Estados y Municipios (Mij. Memoria y Cuenta, 2003:
201).
Durante el 2004, que fue el año en el que se encon-
traron un grupo de paramilitares y se organizaron las
llamadas “guarimbas” o piquetes de las calles de las prin-
cipales ciudades del país por parte de grupos opositores al
gobierno, las políticas sobre seguridad estuvieron alinea-
das en con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2001-2007.
150 | dossier
Con el objetivo de bajar los índices delictivos e in-
crementar la percepción de seguridad por parte de los
ciudadanos, se colocó énfasis en la coordinación y ar-
ticulación efectiva de los Cuerpos de Seguridad, para lo
cual se destinaron importantes esfuerzos y recursos pre-
supuestarios y financieros para la dotación de equipos y
vehículos a instituciones como el Comando de Seguridad
Urbana de la Guardia Nacional y los distintos Cuerpos
Policiales descentralizados; así mismo, se definió e im-
plantó el “Plan Piloto de Seguridad Ciudadana” en el
Distrito Capital (Memoria y Cuenta Mij 2004, pp. i-ii).
también resalta la labor de los programas de seguridad
pública desarrollados en los diferentes actos electorales
realizados ese año, en los cuales no hubo mayores nove-
dades qué destacar.
Ese mismo año, estando jesse Chacón a cargo del des-
pacho, el Mij asumió de manera más frontal la partici-
pación ciudadana como parte integral de las políticas de
seguridad del Estado:
En la sociedad actual se debe concretar la noción de
riesgo, no hacerlo sería continuar con opciones obso-
letas, que nos condenarían a cometer los errores del
pasado, por lo que, en la idea de fomentar los sistemas
comunitarios inteligentes, la prevención debe ser inter-
nalizada como elemento estructural de nuestra cultu-
ra. En concordancia con ello, el Ministerio de interior y
justicia se dedicó a fomentar los procesos participativos
de base, en torno a la prevención del delito, mediante el
establecimiento de redes de acción donde sean los mis-
mos actores involucrados los que como protagonista
adopten respuestas eficientes, con la premisa de que son
las mismas comunidades las que conocen y establecen
mejor sus problemáticas y sus respuestas, además de
ser el eslabón obligatorio para establecer la sustentabili-
dad en la materia que como órgano del Estado se busca
implantar. En este sentido, se atendieron 1424 plante-
les públicos y privados; 132 escuelas bolivarianas y se
capacitaron 5996 docentes. igualmente, se atendieron
1974 comunidades; sensibilizados y formados 14939
líderes comunitarios y miembros de organizaciones y
3140 agentes multiplicadores en materia preventiva
(Mij. Memoria y Cuenta, 2004: ii).
En concordancia, desde la Dirección General de Pre-
vención del Delito se realizaron los siguientes programas:
a. Programa de Prevención en Educación: su objetivo fue pro-
mover la formación de una cultura preventiva en
la comunidad educativa mediante actividades for-
mativas en los niveles de educación básica, media y
diversificada, para fortalecer un sistema de valores
orientado al desarrollo de una conducta individual
y colectiva en pro de la formación de una sociedad
responsable.
b. Programa Prevención en Comunidad: su objetivo fue promo-
ver la participación activa de grupos comunitarios en
la planificación, ejecución y supervisión de proyectos
preventivos con el propósito de resolver las necesida-
des inmediatas de las comunidades en esta área. al
mismo tiempo pretendió motivar, sensibilizar, orien-
tar, informar y capacitar a los colectivos organizados
las políticas públicas i. la rosa | 151
y a la sociedad en general brindando estrategias y
técnicas que le permitieran su participación y mul-
tiplicación de estos conocimientos en el procesos de
restauración del tejido social.
c. Programa Centros de orientación, Prevención y Tratamiento:
con este programa se brindó asistencia integral, am-
bulatoria y gratuita a toda persona que presentara
problemas de índole sicosocial relacionados directa o
indirectamente con el consumo de drogas, trastornos
conductuales y situaciones de riesgo en general. Para
el año 2004 estos centros funcionaban en los estados
aragua, Carabobo, Cojedes, Falcón, táchira, trujillo
y Yaracuy.
d. Programa de Información y Formación Preventiva: su objeti-
vo fue formar y unificar recursos para el desarrollo
y ejecución de políticas y programas en materia de
prevención del delito y difundir, divulgar y promover
mensajes preventivos destinados a fortalecer la con-
ciencia ciudadana.
e. Estudios Criminológicos: su objetivo fue sistematizar y
analizar ocurrencias delictivas en el país e informar
a las instituciones competentes y a la sociedad civil
en general sobre el fenómeno criminal en el ámbito
nacional e internacional. Con estos estudios también
se promovieron y desarrollaron investigaciones en
el área criminológica, victimológica y psicológica, lo
cual le brindó soporte científico a los planes, progra-
mas y políticas que se desarrollaron en materia de
prevención del delito. Durante el 2004 se elaboraron
investigaciones sobre: Prostitución infanto-juvenil
en Venezuela y análisis Histórico del Comportamien-
to del Delito en Venezuela 1995-2003.
Desde el Ministerio de la Defensa, ese año de 2004 co-
mandado por el General jorge García Carneiro, se llevó a
cabo en el Paseo Los Próceres de la ciudad de Caracas, un
evento denominado “justicia para quienes han sido afec-
tados por la violencia armada”, en el cual, se destruyeron
del Parque Nacional del Ejército 5423 armas de fuego de
tipo pistola, 3665 tipo revólver, 2275 escopetas, 10 ri-
fles, 38 armas de fuego de fabricación casera y 19 armas
automáticas, totalizando 28 toneladas de hierro que fue-
ron comercializadas para donar fondos a la asociación
Nacional de Parálisis Cerebral (aNaPaCE), La Funda-
ción de amigos del Niño con Cáncer y la Fundación de
Víctimas de las violencias por armas de fuego (FUViVa).
El General julio Morales refiere sobre esta acción de
destrucción de armas que:
…antes de la Ley Desarme y sobre todo en la cuarta Re-
pública, yo te lo puedo decir con propiedad porque soy,
no solo en mi condición de militar sino en mi especiali-
dad de armamento, la cual trabajé toda mi vida profe-
sional, he trabajado toda mi vida profesional veinticin-
co años en DaRFa como se llamaba antes la DaEX, era
como una caja negra, es decir, tú sabías que entraban
unas armas pero ni pendiente de qué se iba hacer ahí,
ni qué se hacía ni como hacía y no estoy hablando solo
del mundo militar o de los organismos policiales, estoy
hablando de cualquiera, eso nos ha permitido a medida
152 | dossier
del tiempo evolucionando hasta las destrucciones de
armas que fueron producto de la revolución, antes en la
cuarta jamás hubo no solo un registro sino jamás hubo
una destrucción de armas, ¡jamás! (Entrevista julio Mo-
rales, 2012)
también en 2005 las políticas y las actividades desa-
rrolladas por el Mij estuvieron alineadas en concordan-
cia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la
Nación 2001-2007, que ya entraba en su Nueva Etapa.
Se continuó con el Plan Nacional de Seguridad Ciudada-
na, tomando como referencia a la CRBV, Ley orgánica de
la Fuerza armada Nacional, Ley orgánica de Seguridad
y Defensa, Ley para el Desarme, entre otras. Este Plan
consistió en la ejecución de operaciones coordinadas en-
tre órganos policiales y comunidades, tanto en el campo
preventivo como de seguridad del Estado. Como producto
del Plan se redujeron en 50% los índices delictivos en el
área metropolitana de Caracas y en los estados Miranda
y Vargas.
Durante este plan se continuó con algunos progra-
mas y proyectos de años anteriores, y se agregaron otros.
Fueron los siguientes:
a. Programa de Prevención en Educación.
b. Programa Prevención en Comunidad.
c. Programa Centros de orientación, Prevención y
tratamiento.
d. Programa Participando en el Barrio: mejoro mi cali-
dad de vida.
e. Programa de Formación y Capacitación de Líderes
Comunitarios.
f. Programa Centros Educativos: un espacio para la pre-
vención integral.
g. Programa Redes de Seguridad Ciudadana: hacia la
construcción del equilibrio social.
h. Programa turpial Mágica Esperanza.
i. Formación y Capacitación en Prevención integral a
los organismos de Seguridad del Estado.
j. Programa de Sensibilización y Capacitación en Ma-
teria de trata.
k. investigaciones Criminológicas: durante el 2005, has-
ta los momentos, se realizan las siguientes antepro-
yectos de investigación: “trata de Personas”, “Capa-
citación policial en materia de Derechos Humanos y
victimología en el Distrito Metropolitano de Caracas y
el estado aragua (2004-2005)” y “Violencia Escolar”.
Ese mismo año se creó la línea telefónica 0800-DHU-
MaNo para facilitar la solicitud de asesoría jurídica en
materia de Derechos Humanos entre la ciudadanía.
3. Período de gobierno 2006-2012
Entre las políticas de seguridad desarrolladas por el Mij
en 2006, destaca el proceso de Fortalecimiento de la
Seguridad Ciudadana, en el cual se establecieron y con-
cretaron diferentes acciones tales como la formación en
las políticas públicas i. la rosa | 153
materia de prevención hacia comunidades de diferentes
zonas del país con altos índices delictivos, incluyendo co-
munidades educativas y cuerpos de seguridad, teniendo
la finalidad de integrar a la ciudadanía en la disminu-
ción de la ocurrencia de delitos en el país (Mij. Memoria
y Cuenta, 2006: 11).
En abril del año 2006, se inicia el proceso de investi-
gación y consulta para la reforma policial con la creación
de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Co-
NaREPoL), iniciativa esta que respondía a las demandas
expresadas por ciudadanos y ciudadanas, respecto a la
posibilidad de transformar los cuerpos policiales para
ajustarlos al enfoque sobre derechos humanos contenido
en la Constitución.
La CoNaREPoL como ente ad hoc adscrito al Ministe-
rio de interior y justicia, desplegó un intensivo proceso de
investigación diagnóstica y consulta nacional, para defi-
nir el modelo policial deseado por la sociedad venezola-
na. Entre otras propuestas, se determinó la necesidad de
crear una policía nacional, que cumpliera con estánda-
res de calidad y modernización, a través de la formación
de alto nivel y la capacitación permanente de todos sus
funcionarios.
Siguiendo algunas de las directrices de política ema-
nadas por el Mij desde las propuestas de la CoNaPRE-
PoL, en el año 2007 se adelantaron esfuerzos en la con-
formación del Frente de Voluntarios de Prevención del
Delito, integrado por más de 11652 personas.
Desde ahí se abordaron temáticas como la trata de
personas, la violencia intrafamiliar, la prevención en el
uso y abuso de drogas, el abuso sexual y la pornografía
infantil, el embarazo adolescente, la prevención de la vio-
lencia, la criminalidad y seguridad ciudadana, efectuán-
dose 811 asambleas y reuniones en las comunidades,
que tuvieron como finalidad detectar sus necesidades
y problemas en cuanto a la delincuencia e inseguridad
para tratar de canalizar sus diferentes demandas a través
de 137 jornadas de prevención integral, las cuales bene-
ficiaron a 75098 personas, con la instalación de 47 pun-
tos de contactos informativos. también se crearon 23
Círculos de Estudio y trabajo liderados por los brigadistas
del tercer Motor definido para la propuesta de Reforma
Constitucional del año 2006: Motor Moral y Luces. tam-
bién se firmaron 242 convenios interinstitucionales en
pro de las 2442 comunidades atendidas” (Mij. Memoria
y Cuenta, 2007: i)
a partir del año 2008 los proyectos ejecutados por el
Mij fueron enmarcados en los lineamientos del Primer
Plan Socialista Simón Bolívar 2007-2013, y sus accio-
nes fueron encaminadas a la realización plena del Socia-
lismo del Siglo XXi. Las acciones en materia de Seguridad
Ciudadana del Mij incorporaron a los Consejos Comuna-
les en reconocimiento de su rol como célula primordial
de organización comunitaria.
En ese marco, el 2008 se le da concreción con la Mi-
sión alma Máter, al proyecto de creación de la Universi-
dad Nacional Experimental de la Seguridad en la sede de
El Helicoide, que luego es ampliada con la construcción
de una nueva sede en la parroquia Sucre.
En el año 2009 se plantea el desarrollo del Plan Na-
cional integral de Prevención y Seguridad Ciudadana, el
cual involucra los siguientes radios de acción:
154 | dossier
a. Sistema Nacional de Prevención.
b. Conformación del Sistema integrado de Policía.
c. Conformar el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
d. transformar los Cuerpos de Policías Estadales y
Municipales.
e. transformar el Sistema de justicia Penal y otras refor-
mas legislativas.
f. Enfrentar el narcotráfico y prevenir el consumo de
sustancias estupefacientes y sicotrópicas.
g. Sistema Penitenciario.
Del mismo modo, considerando la política Nacional
de Desarme, que desde ese año adelantó el Gobierno na-
cional, se destruyeron 32.467 armas de fuego, para un
peso total de 52.366 kg.
En el marco del Consejo Nacional de Prevención y Se-
guridad Ciudadana, se dio inicio a la Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana
2009, en convenio con el iNE. Se activó el cuerpo de Po-
licía Nacional Bolivariana con un primer contingente de
952 efectivos y se promovió la incorporación de los con-
sejos comunales a las acciones en materia de seguridad
ciudadana.
En el año 2010, la exposición de la Memoria y Cuen-
ta por parte del ministro de interior y justicia, tareck El
aissami, se centra en cuatro premisas:
a. PRIMERA PREMIsA: siempre hemos reconocido y asumi-
do que la inseguridad es un problema en nuestro país.
b. sEGUNDA PREMIsA: si nosotros creemos, o si alguien
piensa que la solución a la inseguridad se reduce al
espectro policial y su tratamiento es estrictamente re-
activo y represivo, estaríamos atacando el problema
por las ramas y no por las raíces.
c. TERCERA PREMIsA: somos herederos de una cultura de
violencia e impunidad.
d. CUARTA PREMIsA: la solución al problema de la inseguri-
dad implica CoRRESPoNSaBiLiDaD.
Se activó el operativo Dispositivo Bicentenario de Se-
guridad Ciudadana (DiBiSE), que en palabras expresadas
en la Memoria y Cuenta del año 2010 plantea que: “Este
dispositivo se basa en estudios científicos y en el mapa de-
lictivo del país, donde se determinó que más de la mitad
de los delitos suelen ocurrir en el lugar de residencia, lo
que le da un carácter local y comunitario a la crimina-
lidad. El Dispositivo de Seguridad Bicentenario consiste
en un conjunto de acciones operativas, orientadas a sie-
te objetivos específicos: a) Desarme. b) Microtráfico de
drogas. c) Control de alcohol y especies alcohólicas. d)
Violencia Escolar. e) investigación Criminal. f) Vigilan-
cia y Patrullaje. g) Control Vial. (Mij. Memoria y Cuenta,
2010: XVi).
En octubre de 2010, se desató un conflicto interno
entre grupos armados dentro del penal de tocorón, en el
estado aragua. Debido a la intensidad y la duración del
las políticas públicas i. la rosa | 155
enfrentamiento causada por el alto poder de fuego que
poseían los internos, que contaban con un arsenal de
armas de alto calibre, granadas, pistolas, subametralla-
doras, bombas lacrimógenas superaba al de las propias
fuerzas de seguridad del Estado, por lo que el Ejército se
vio en la obligación de tomar el establecimiento en una
operación que tomó tres días y en la que participaron
unos 1800 efectivos equipados con tanquetas y helicóp-
teros, dejando un saldo de 16 reclusos muertos y 35 he-
ridos en una población de 4000 reclusos que convivían
en un recinto que contaba con una capacidad operativa
de 700 reclusos.
Comenzando el año 2011, el Cuerpo de investigacio-
nes Penales y Criminalísticas (CiCPC) inició un operativo
denominado Madrugonazo al hampa, con la finalidad de
desarticular bandas delictivas, incautar armas y luchar
contra el microtráfico. En este tipo de operativos se in-
corpora la modalidad de denuncia anónima comunita-
ria a través de un número telefónico. Según información
aportada por el CiCPC, en la primera quincena de enero,
lograron incautar –gracias a los operativos‒ 308 armas
de fuego en todo el territorio nacional.
Sin embargo, al estilo de los viejos operativos en los
barrios y zonas populares, pronto se recibieron sendas
críticas por parte de activistas en derechos humanos. En
entrevista ofrecida al diario El Nacional, Pablo Fernández,
director para ese momento de la oNG Red de Apoyo para
la Justicia y la Paz y actual secretario técnico de la Comi-
sión Presidencial para el Control de armas Municiones y
Desarme, advirtiendo una especie de esquizofrenia de la
política de Estado, expresaba lo siguiente:
Por una parte, se promueve un nuevo modelo poli-
cial y hasta se crea una universidad para formar a los
funcionarios con énfasis en el respeto de los derechos
humanos; y por la otra, se reeditan las peores prácticas
asociadas a las ideas de mano dura y plomo al hampa,
como las redadas que hacían los pantaneros de la Po-
licía Metropolitana. Estos madrugonazos constituyen
actos de violación de derechos humanos por donde los
veas. (Las viejas redadas de la PM ahora son los madrugo-
nazos del CICPC. Disponible en: http: //www.reporte-
ro24.com/2011/02/inseguridad-las-viejas-redadas-
de-la-pm-ahora-son-los-madrugonazos-del-cicpc/)
Más adelante planteaba que los “madrugonazos”:
…son acciones epilépticas que pretenden mostrar resul-
tados que no son reales. Y, además, corresponden a una
visión discriminatoria del combate a la delincuencia. La
gente del barrio queda doblemente victimizada, pues no
solo debe lidiar con los delincuentes sino también con la
represión policial. ¿Por qué no hacen estos madrugona-
zos en el Country Club? (idem. En: www.reportero24.
com/2011/02)
En mayo del año 2011, fue formalmente juramen-
tada la Comisión Presidencial para el Control de armas,
Municiones y Desarme, la cual, desde la experiencia ob-
tenida con la CoNaREPoL, se basa en el desarrollo de
investigaciones y consultas públicas para la generación
de propuestas de política pública con sustento científi-
co y evidencia empírica comprobable, de acuerdo a las
156 | dossier
siguientes áreas de trabajo, definidas por Pablo Fernán-
dez, seleccionado secretario técnico de la Comisión:
…elaboración de una gran consulta nacional, para
identificar propuestas y aportes vinculados con el con-
trol de armas y reducción de la violencia; realización
de campañas masivas en pro del desarme y la genera-
ción de una cultura de paz y convivencia; desarrollo
de investigaciones de diversa índole para comprender,
con basamento científico, las distintas dimensiones del
problema en la sociedad y finalmente, la definición de
medidas a corto plazo para que sean aplicadas por los
órganos correspondientes del poder público, en aras de
reducir significativamente la presencia de armas en la
calle. (Fernández, 2012: 2)
Un factor importante dentro de la gestión de la co-
misión, ha sido la articulación institucional y retroa-
limentación de datos con la Comisión Mixta de Política
interior, Defensa y Seguridad de la asamblea Nacional,
encargada de la redacción del proyecto de Ley para el
Desarme y Control de Municiones. Esta comisión de ca-
rácter plural, que también ha elaborado una amplísima
consulta desde la figura del parlamentarismo de calle
con actores y sectores diversos, ha comparado y triangu-
lado sus resultados con los de la Comisión Presidencial,
para afinar detalles respecto a las medidas sugeridas y la
formulación precisa de la Ley.
Dentro de ese proceso, el 2011 fueron aprobadas
por el Presidente de la República una serie de medidas
que redundan en beneficio de los objetivos de ambas
comisiones. En primer lugar medidas de control de porte,
tenencia y comercialización.
Respecto al porte y tenencia de armas se estableció
absoluta restricción de armas en el transporte público,
mientras que para la venta y comercialización se esta-
bleció la restricción de venta de armas se da a través de
la prohibición de la importación y comercialización, eli-
minando la potestad de empresas privadas o armerías y
adjudicando esa función exclusivamente al Ministerio de
interior y justicia, organismo ahora encargado de vender
las municiones y armas a los cuerpos policiales sobre la
base de un protocolo, número de funcionarios, registro
de municiones y caracterización de su uso como arma de
entrenamiento o de carácter oficial.
No obstante, pese a que algunas medidas como des-
trucción armas incautadas en hechos delictivos, marca-
je de armas de acuerdo con códigos específicos y registro
pormenorizado y automatizado de las armas, represen-
tan algunas de las medidas efectivamente incorporadas
en el lanzamiento de la Gran Misión “a toda Vida Ve-
nezuela”, dirigida al abordaje integral e interinstitucio-
nal del problema de la inseguridad en nuestro país, las
contradicciones siguen marcando pauta en determi-
nadas situaciones como el desarme en las instituciones
carcelarias.
al respecto, sirven de ejemplo dos sucesos que con-
movieron a la opinión pública el 2011 en la cárcel de El
Rodeo y en mayo de 2012 en el Retén judicial de La Plan-
ta por el uso desproporcionado de armas por parte de los
reclusos de ambos recintos penitenciarios. Normalmente
las políticas públicas i. la rosa | 157
son conflictos entre bandas dentro de las cárceles, que se
disputan el poder para manejar recursos internos.
así, el 12 de junio del año 2011, el conflicto inició
con el asesinato de un ex presidiario que se encontraba
de visita, y quien según testimonios de otros reclusos, se
dirigió al sector La torre portando un arma que le había
sido prestada en el anexo a. El líder del anexo a fue a re-
clamar a La torre y fue asesinado junto con un grupo de
evangélicos que lo estaban recogiendo, y allí se prendió
la mecha del conflicto, que se prolongó por 27 días de-
jando un saldo de 26 reclusos muertos y 22 heridos. La
situación fue controlada gracias a la acción de las fuerzas
de seguridad del Estado, que lograron retomar el control
del penal en una operación en la que participaron unos
cinco mil efectivos. En estos sucesos tuvo una importante
participación el canal de televisión privado Globovisión,
que difundió imágenes sensacionalistas y realizó una co-
bertura viciada de los sucesos, violando la ley de Respon-
sabilidad Social en Radio y televisión, lo cual le ameritó
una severa sanción económica por parte de los organis-
mos correspondientes.
El 17 de mayo del presente año [2012] finalizó un
intenso conflicto que estalló en el Retén judicial de La
Planta con la detección de una fuga supuestamente ma-
siva de reos, a través de un túnel que desembocaba ha-
cia la autopista Francisco Fajardo. Esta situación dejó en
evidencia las falencias existentes en materia de control
penal y desató un conflicto con los llamados “pranes” del
centro de detención que desencadenó enfrentamientos
armados que mantuvieron en vilo a la comunidad local
y nacional, ya que el conflicto planteaba la diatriba de
solucionar el conflicto mediante una colosal demostra-
ción de fuerza por parte los cuerpos del Estado ‒lo que
se hubiese traducido en una masacre‒, o buscar una
solución por la vía política. El final del conflicto ocurrió
por la vía de la negociación con los internos alzados y se
logró el desarme y el traslado pacífico de los reos hacia
otros penales, así como el cierre definitivo de este centro
de detención.
En ese marco, a continuación se presenta el pliego de
recomendaciones específicas, surgidas de las entrevistas
a los expertos seleccionados. algunas con la explicación
detallada de las medidas ya mencionadas en el párra-
fo anterior, así como la presentación de otras sugeren-
cias de política para el control de armas, municiones y
desarme.
ámbitos, medidas y políticas para el control de armas, municiones y desarme
Una vez caracterizadas las políticas públicas para el pe-
ríodo de la democracia participativa, es importante defi-
nir cuáles son los principales ámbitos de acción que sur-
gieron de la presente investigación, para reglamentar y
formular las nuevas políticas:
a. El primero de ellos, el control en el uso de armas en
los cuerpos policiales y de seguridad pública, a partir
de la definición de roles por ámbito geográfico y de
competencia específica de los entes policiales.
b. El segundo ámbito, de importación y comerciali-
zación; con el control de la importación de armas y
158 | dossier
comercialización a terceros por parte de entes priva-
dos como empresas de seguridad y armerías, otor-
gando la exclusividad a la Compañía anónima de
industrias Militares (CaViM).
c. El tercero, el control de armas en las comunida-
des y portes a ciudadanos priorizando políticas de
prevención.
d. El cuarto, la seguridad fronteriza para el resguar-
do de la soberanía nacional, donde el uso de armas
debe ser potestad de la Fuerza armada y no de grupos
paramilitares
e. El quinto, que sería el control de armas en el sistema
penitenciario, que implica desmantelamiento de sis-
temas paralelos de poder carcelario para la introduc-
ción y uso de armas en los recintos penitenciarios.
Para cada uno de esos ámbitos, existen medidas y
propuestas, algunas específicas y otras transversales que
ya entraron en funcionamiento, y otras que están por
ejecutar en el marco general de la Ley para el Desarme,
Control de armas y Municiones y la Gran Misión “a toda
vida Venezuela”. Entre otras:
» Realización de Marcaje de armas de fuego de acuerdo con códi-
gos que determinan su origen. El marcaje de armas que,
en conjunto con el registro balístico, viene a ser la
huella digital del arma que la identifica como única
en sus características y orígenes; según explicó el ge-
neral julio Morales, el cañón de cada arma es rayado,
a efectos de darle trayectoria, velocidad y alcance a la
trayectoria balística. Esa es la raya que tiene el proyec-
til, es como la huella digital del arma, de manera que
es posible comparar si la munición que conseguiste
salió de determinada arma, porque antes de vender o
asignar el arma, esta se dispara y se le toma una foto-
grafía, entonces tienes un patrón de comparación. El
marcaje, mientras tanto, es un código que se le coloca
al arma, que además de su serial, permite identificar
su origen o de dónde proviene. Las armas militares
por ejemplo, todas dicen Fuerza armada Nacional
Bolivariana y tiene el escudo nacional, el código de
los organismos policiales es (oP) organismos policia-
les y tres números para identificar a cuál de los or-
ganismos pertenece; los códigos VP pertenecen a las
empresas de vigilancia privada y los oG son los or-
ganismos gubernamentales. Entonces, existen varios
mecanismos de control: en primer lugar se identifica
la marca del arma, se identifica el calibre, se identifica
el modelo del arma y se identifica el serial; el serial es
como la cédula de identidad del arma.
» Registro automatizado y estandarizado de las armas: el mar-
caje y otros datos de identificación de las armas no
sirven de nada si no se tienen registrados en bases
donde se estandarice cuándo entró en el país, cómo
se comercializó, quién tiene el porte y cuál es su uso.
El registro es fundamental para aplicar sanciones y
establecer responsables al momento de encontrar ar-
mas implicadas en hechos punibles, en casos indivi-
duales, evitar conceder portes de armas a transgreso-
res de la ley al identificar sus antecedentes, en casos
las políticas públicas i. la rosa | 159
institucionales como los organismos policiales y mili-
tares, aplicar sanciones pecuniarias y disciplinarias.
» Control en la importación y comercialización: la Dirección de
armas y Explosivos (DaEX) es la que tiene la potestad
de controlar las especificaciones para la importación
de armas y explosivos de acuerdo con la solicitud
previa para su uso en determinadas áreas. De he-
cho, entre otras funciones de la DaEX, se determina
que debe ejecutar los procedimientos generales de
control para la fabricación, recepción (importación
y exportación), almacenaje, abastecimiento, trans-
porte, comercialización y uso, de armas, municio-
nes, explosivos, sustancias químicas y radioactivas.
actualmente, el monopolio de la importación de ar-
mas lo tiene el Estado, en este sentido, deben darse
condiciones para fortalecer las funciones de coordi-
nación y control interinstitucional de la DaEX, de-
finiendo los criterios estandarizados para el registro
en bases de datos automatizadas que pueda ofrecerle
información oportuna sobre requerimientos, impor-
taciones y colocación de las armas de acuerdo a la
demanda. también coordinar estrechamente con la
Compañía anónima de industria Militares (CaViM)
y los organismos policiales, las especificaciones para
la fabricación e importación de armas de acuerdo con
necesidades fundamentalmente militares y de segu-
ridad ciudadana. también con DiGESERViP que es la
Dirección General de Seguridad y Vigilancia Privada,
que debe controlar que las empresas de vigilancia es-
tén debidamente registradas, porque si no entran en
ilegalidad y por tanto sin permiso para operar. Resul-
ta ventajoso que sea un solo organismo el que tenga
la potestad de otorgar permisos para la importación
y comercialización de armas e incluso que se elimine
por completo –como ya se hizo‒ la potestad de empre-
sas de armerías para la compra y venta de armas; esto
forma parte de un proceso de contraloría mucho más
expedito para establecer responsabilidades directas.
» seguridad fronteriza: establecer control a la importación
y comercialización de armas puede traer como conse-
cuencia que se activen procesos de contrabando para
la importación ilegal de esas armas, utilizando meca-
nismos novedosos, desde el punto de vista de las rutas
y los medios de transporte, para evitar la incautación.
Se conoce, por ejemplo, que las armas tienen la ven-
taja de pasar más fácilmente desapercibidas que las
drogas por su condición inodora, lo que significa que
los perros policías entrenados no pueden detectar en
una requisa si viene un contrabando de armas con la
misma facilidad si viene un alijo de drogas. Por otra
parte, este tipo de contrabando también suele utili-
zar rutas poco ortodoxas por mar más que por tierra,
personas con alto poder adquisitivo y desplazamiento
por otras fronteras distintas a las que tradicionalmen-
te se utilizan para el mercado de las drogas. En tal sen-
tido, las labores de vigilancia de fronteras es una de
las áreas que se debe fortalecer con mejores procesos
de investigación y sistematización de información de
inteligencia militar.
» Destrucción pública de armas incautadas en hechos irregulares
160 | dossier
y al margen de la Ley: una medida fundamental para ga-
nar la confianza de los ciudadanos y comunidades en
torno a las acciones de control de armas, es precisa-
mente que una vez decomisadas armas incursas en
delitos, en muchos casos, entregadas en procesos de
amnistía, estas puedan destruirse públicamente con
testigos de la sociedad civil que avalen que efectiva-
mente se realizó la destrucción de esas armas, para
que estas no sean recicladas para otros fines, ni si-
quiera para seguridad pública. El control de armas
decomisadas debe ser muy estricto, porque ese reci-
claje de armas puede darse no para fines lícitos sino
para nuevos hechos delictivos. La corrupción debido
a las ganancias que puede generar el negocio de ar-
mas y municiones es un factor presente en funciona-
rios de los distintos organismos responsables de esos
decomisos y resguardo de armas, que debe vigilarse
estrechamente y sancionarse en caso de encontrarse
involucrados en cualquier negocio irregular o tráfico
de influencias para sacar ventajas de sus funciones.
» Desarme en las cárceles: como un proceso sistemático y
a mediano plazo, que debe darse progresivamente,
en la medida en la que se investigan, analizan y de-
finen las lógicas de funcionamiento del negocio de
las armas en cada uno de los recintos carcelarios. No
obstante, existen elementos que se pueden controlar
para evitar acciones irregulares que dan pie que se
comercialice con armas en las cárceles. En primer
lugar el control debe hacerse a los custodios de la
Guardia Nacional, a través de la asignación fija y no
rotativa de funcionarios encargados a los que se les
pueda aplicar sanciones fuertes y directas que inclu-
sive los priven de su libertad, si se encuentran armas
en la cárcel a la que están asignados, por otra parte,
establecer requisas sin distinción a todos los efectivos
militares y funcionarios que tienen acceso al recinto,
ello para evitar que exista ningún tipo de privilegio
por cargo o rango detentado. Es fundamental activar
procesos de negociación y apoyo a familiares de los
privados de libertad, con la finalidad de establecer
mecanismos fluidos de comunicación entre auto-
ridades y presos, tratando de alinear sus intereses a
las ventajas que les puede reportar la rehabilitación
con educación, recreación, deportes y cultura de paz.
Dentro de los acuerdos a negociar, puede estimularse
la entrega de armas por algún tipo de incentivo, así
como establecerse límites para la comunicación con
teléfonos móviles celulares y reforzarse el servicio de
telefonía público-controlada, para evitar la organiza-
ción de eventos ilegales desde y con las bandas delic-
tivas que están dentro o fuera del recinto. La idea es
transformar el sistema penitenciario en un modelo
educativo que se estructure como Centro de Forma-
ción, y no como centro de especialización delictual.
» Educación comunitaria: el control de armas y desarme en
las cárceles, no puede quedar al margen de las comu-
nidades y sectores populares que en su mayoría son
los lugares de procedencia de muchos de los jóvenes
varones privados de libertad. Los procesos educativos
y el estímulo de actividades recreativas, deportivas y
las políticas públicas i. la rosa | 161
científicas, se convierten en políticas de prevención
para frenar la incursión de los jóvenes en acciones
delictivas. Fortalecer los proyectos de vida desde la
niñez y adolescencia como motivación al logro para
alcanzar metas individuales en consonancia con
metas de país, son algunas de las estrategias que de-
ben instrumentarse para evitar situaciones que ali-
mentan el círculo de la pobreza y sus consecuencias
como son los embarazos tempranos en las jóvenes
mujeres y las motivaciones de consumo asociadas a
la masculinidad que incitan a los jóvenes varones a
cometer delitos. En ese proceso de aprendizaje social,
las comunidades retroalimentan con sus saberes, los
mecanismos de resolución de conflictos, que evitan el
uso de la violencia verbal y física, donde el uso de las
armas de fuego, representa el máximo escalafón de
violencia que debe erradicarse por completo.
» Medios de Comunicación: las comunidades, escuelas, li-
ceos y universidades formadas en cultura de paz y
facilitadoras de procesos para el control de armas,
deberían conformar círculos de usuarios críticos que
propone la Ley de Medios, para evaluar, frenar y de-
nunciar a los medios de comunicación audiovisual,
que incumplen las reglamentaciones en materia de
programaciones para la niñez y adolescencia, proyec-
tando contenidos que fomentan la violencia social,
cultural, de guerra, género y sexodiversidad.
» Coordinación Interinstitucional: la política pública y
las medidas mencionadas, deben tratarse de ma-
nera integral a través de mejores mecanismos de
coordinación interinstitucional, con la finalidad de
que cada institución pública y privada trabaje en fun-
ción de una visión de país sustentada en una cultura
por la paz.
» Investigación-acción: finalmente, cada una de las accio-
nes e iniciativas que se proponen como política públi-
ca participativa y con enfoque de derechos humanos
debe monitorearse no solo como proceso de evalua-
ción administrativa o de gestión, sino como procesos
sociales que deben investigarse desde la perspectiva
de la investigación acción participativa. La modali-
dad de investigación diagnóstica incorporada por la
Comisión Presidencial para el Control de armas, Mu-
niciones y Desarme, debería convertirse en un proce-
so permanente de análisis, revisión, sistematización y
elaboración de propuestas permanentes para el con-
trol de armas municiones y desarme, pero fundamen-
talmente para el fomento de una cultura de paz. En
ese marco, entre otros de los temas de investigación,
que ya la Comisión y la UNES han contemplado rea-
lizar estarían:
• Estandarización y automatización para el registro
y actualización de inventario de armas de fuego
(pistolas y revólveres).
• Monitoreo y análisis de los homicidios y otros he-
chos delictivos como robos, hurtos y secuestros
cometidos con armas de fuego.
• Lógicas en el uso de armas de fuego y mas cu-
linidades.
162 | dossier
• Sentido de futuro, subjetividades y proyectos
de vida en niños, niñas y jóvenes de sectores
populares.
• Cartografías de violencia y creación de territorios
para la alteridad.
• Percepciones sobre derechos humanos y cultura
de paz.
• Políticas de seguridad y percepciones ciudadanas.
• Polarización y violencia política con el uso de ar-
mas de fuego.
• Fragmentación y segregación socio-espacial de la
ciudad de Caracas y espacios públicos recuperados.
• Pobreza, cárceles e identidades subalternas.
• Medios de comunicación y violencia asociada al
uso de armas de fuego.
• Sistematización de experiencias comunitarias y
estudio comparado: Violencia y Cultura de Paz.
• Percepciones, demandas y motivaciones de los
sectores medios y altos, para la adquisición de ar-
mas de fuego.
• Percepciones sobre grupos armados, seguridad y
frontera.
reFerenCIas
Aguilar, luis (2006). La hechura de las políticas públicas. México: Miguel Ángel Porrúa Ediciones.
Corredor, Julio (2004). La planificación. Caracas: Vadell Herma-nos Editores.
Fernández, Pablo (2012, mayo 16). Discurso de Apertura del Semi-nario: Armas de Fuego y Desarme en Venezuela: Investigaciones y Políti-cas de Estado. Mérida: Universidad de Los andes (ULa).
Fernández, Pablo (2012). Boletín de la Comisión Presidencial para el Control de Armas Municiones y Desarme. Venezuela.
Documentos oficiales
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, año 1999.
Ministerio de Planificación y Desarrollo (2001). Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007. Dis-ponible en http: //portaleducativo.edu.ve/Politicas_edu/planes/documentos/PlanDesarrolloESN-2001-07.pdf. Fecha de la consul-ta: 15/02/2012
Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia (2009). Proyecto Nacional Simón Bolívar. Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013. Segunda Edición. Caracas, Venezuela: impreso por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la información.
Ley Desarme, 2002.
Memorias y Cuentas del Ministerio de Relaciones interiores (2001-2010)
Otras fuentes
Las viejas redadas de la PM ahora son los madrugonazos del CICPC. Dis-ponible en: http: //www.reportero24.com/2011/02
Entrevistas
General julio Morales, 2012General Gerardo Velásquez, 2012General julio Morales, 2012
avanCes de investigaCión
Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delitoEstudio comparativo en dos ciudades de Venezuela
Freddy A. Crespo P.
Delincuencia juvenil en VenezuelaAplicación de una encuesta de autoinforme a adolescentes escolarizados
Juan Antonio Rodríguez
165
Victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito
Estudio comparativo en dos ciudades de Venezuela
FREDDY A. CRESPO P. *
Resumen: en la actualidad, las políticas públicas de seguridad ciu-
dadana se sustentan en fuentes de información que van más allá de
las estadísticas oficiales y que promueven un mayor conocimiento de
las circunstancias y situaciones que acompañan la comisión del acto
delictivo. entre estas fuentes de información, las encuestas de victimi-
zación se alzan como las más eficientes para completar el panorama
delictivo, con datos e información relativa a la victimización y que no
se registra en las fuentes oficiales. en el presente documento se esbo-
za, como avance de investigación, el estudio que se lleva a cabo de la
victimización, percepción de seguridad ciudadana y miedo al delito
en dos ciudades de venezuela, con esquemas urbanísticos, delictivos
y organizacionales diferentes. por los momentos, se aporta una breve
descripción del objetivo de dicho estudio, su justificación, postulados
teóricos sobre las variables y una somera reseña metodológica.
Palabras clave: victimización, percepción, seguridad ciudadana, mie-
do al delito.
I. Introducción
la seguridad ciudadana se ha convertido, para gran parte de los estados
que procuran un desarrollo sustentable y mejorar la calidad de vida de los
* Criminólogo y abogado por la Universidad de Los andes, Mérida, Venezuela. Magíster en Ciencias Políticas, Centro de Estudios Políticos y Sociales de la américa Latina (CEPSaL), Universidad de Los andes. Doctorando en Ciencias Sociales, Uni-versidad Central de Venezuela. Profesor asistente de pre y postgrado en Escuela de Criminología, Universidad de Los andes y Universidad Experimental de la Seguri-dad (UNES). investigador activo del Grupo de investigaciones Criminológicas (GiC) y Centro de investigaciones Penales y Criminológicas (CENiPEC); [email protected].
166 | avances de investiGación
ciudadanos, en un punto de alta prioridad; teniendo cla-
ro que en ausencia de esta, los efectos sobre el desarrollo
económico y la calidad de vida de la ciudadanía en gene-
ral son ampliamente negativos. tal preocupación se ha
asumido hasta el punto que la inseguridad ciudadana y la
delincuencia han pasado a formar parte de los problemas
de salud pública en las sociedades modernas, debido a los
efectos que producen en los ciudadanos, indistintamente
que hayan o no padecido una victimización directa por
cualquier delito.
Se ha entendido que un estado supeditado a la inse-
guridad es un estado que tiende a adaptarse a la misma,
donde la dinámica social está marcada por la tendencia a
evitar la victimización, delictiva o no, por propia iniciati-
va y no como política de estado. En tales contextos, la in-
seguridad ciudadana no es solo sustentada por la idea del
crecimiento de la delincuencia y la victimización directa,
sino que la misma se construye hasta el punto que dicho
crecimiento delictivo y victimización directa es traslada y
convertida en un sentimiento de desprotección personal,
cuyo efecto inmediato es la sensación de vulnerabilidad
del individuo ante la sociedad en general y de despro-
tección de este frente a al Estado. En otras palabras, los
ciudadanos se sienten inseguros no solo porque perciben
una probabilidad cierta de ser victimizados1, sino porque
1 La idea de victimización no solo se refiere a esta como conse-cuencia de una acción delictiva, sino también ante situaciones sociales que tienden a la victimización de los ciudadanos, tales como respuesta ineficaz estadal para convertir las demandas de la población en productos, así como a la satisfacción de necesi-dades sociales que se relacionan con la cotidianidad en la inte-
ante tal situación la respuesta estadal para resarcir la
lesión sufrida, es simplemente nula o, en todo caso, inefi-
cientemente percibida.
De acuerdo a lo anterior, además de los niveles delic-
tivos que objetivamente se producen en una zona, la eje-
cución eficiente de las políticas públicas estadales también
incide en la sensación de seguridad de las personas, por lo
que podría esperarse que la sensación de inseguridad sea
alta en situaciones sociales o zonas con bajos niveles delic-
tivos pero con alta desorganización social y baja eficiencia
en la ejecución de la labor pública estadal. asimismo, po-
drían encontrarse similares niveles de sensación de inse-
guridad en situaciones o zonas con circunstancias homo-
géneas a las planteadas y con altos niveles de delincuencia
objetivamente cometida, siendo en estas de mayor alcance
los efectos sociales que tal percepción o sensación sobre la
seguridad genera en los individuos.
En general, los efectos que los altos niveles de sensa-
ción o percepción de inseguridad generan en los indivi-
duos son múltiples, entre lo que destaca: el retraimien-
to de los individuos hacia lo privado; abandonando los
lugares públicos y las zonas de convivencia social que,
en general, le proporcionaban un margen de interacción
personal con otros, lo cual en esencia es uno de los ele-
mentos que inciden en el fortalecimiento del carácter
racción individual. En otras palabras, la idea de inseguridad se sustenta con base en la pobre actuación y ejecución de políticas públicas en pro de la satisfacción de los requerimientos bási-cos de los ciudadanos, tales como recolección de basura, vías de acceso, servicios públicos (agua, electricidad, entre otros), vigilancia y patrullaje policial, acceso a la justicia, entre otros.
victimización, percepción de seguridad y miedo f. crespo | 167
social y, por lo tanto, en la reducción de la anomia indi-
vidual y social. Entre otros efectos individuales, destaca
el surgimiento de conductas de protección o evitativas
(positivas o negativas), donde el individuo asume la res-
ponsabilidad por su seguridad y se construye un mundo
en pro de la misma, viviendo en zonas cerradas y con
vigilancia, evitando frecuentar lugares a ciertas horas y
en determinadas condiciones. Unido a lo anterior, puede
destacarse que en situaciones de extrema sensación de
inseguridad y miedo al delito, los efectos individuales y
colectivos pueden caracterizarse por la autoprotección
exagerada, tanto por individuos y colectividades, quie-
nes pueden reaccionar en autodefensa contra la acción
delictiva2.
ahora bien, la seguridad ciudadana en su vertiente
objetiva (la que se expresa en los delitos realmente come-
tidos) y subjetiva (la que constituye mera percepción y
2 Sobre tal idea o situación, la literatura tienden a enfatizar que la misma puede concretarse como conducta social en cir-cunstancias en las que la desorganización social ha llegado a puntos de extrema desvinculación entre los individuos y a una percepción completamente negativa de la funcionalidad del es-tado para, por una parte, controlar la delincuencia y, por otra parte, responder con productos a las demandas de los ciudada-nos. En ese contexto, la probabilidad de organización aleatoria y no planificada por parte de las comunidades, para la auto-defensa instantánea (lo que se traduciría en un linchamiento) es muy alta. Mientras tanto, las situaciones de autoprotección, partiendo de la idea de la corresponsabilidad social con respec-to a la seguridad, según lo establece la constitución nacional (a mi juicio, un derecho –deber mal interpretado hasta ahora), implican organización planificada de parte de la comunidad, significando igualmente una respuesta ante la ejecución in-efectiva de las políticas públicas estadales.
construcción social) suele ser un fenómeno de complejo
estudio y, por lo demás, de amplio debate como espectro
político para la manipulación de las masas. En Venezue-
la, por ejemplo, el estudio de tal fenómeno está supedita-
do a las corrientes proselitistas que dominan el ambiente
político, por lo cual por una parte se exagera el fenómeno
y por la otra se le minimiza. a pesar de esto, las referen-
cias durante los últimos años ha sido a que la ciudada-
nía en general percibe la seguridad ciudadana como el
principal problema del país, desplazando desde hace más
de cinco años al desempleo y la situación económica, el
problema más grave que aqueja a los venezolanos.
Según la Encuesta de Victimización y Percepción de Se-
guridad Ciudadana aplicada en 2009 (instituto Nacional
de Estadística, 2010), más del 90% de los venezolanos
califican el problema de la seguridad como grave o muy
grave. Esta percepción no está construida en vano, pues
los estudios efectuados durante los últimos años tienden
a demostrar que los niveles delictivos del país, en especial
los delitos violentos (aún medido en casos conocidos por
los cuerpos de seguridad) se han incrementado de una
manera alarmante, más aún en los últimos diez o quince
años (ver Briceño-León, 2009; Crespo y Birkbeck, 2009;
Crespo, 2010 y 2012). aunado a esto, la tasa de victimi-
zación interpersonal del País es una de las más altas del
mundo, destacando que la tasa de no denuncibilidad de
los delitos le da a la delincuencia real que se comete en el
país, una magnitud y un volumen inimaginable3.
3 tanto en la encuesta de victimización y percepción de se-guridad ciudadana, aplicada en 2006 por la Comisión de Po-
168 | avances de investiGación
Por lo tanto, la percepción negativa que tienen los ve-
nezolanos de la seguridad del país no es tan infundada
como suele justificarse, menos aún podría explicarse la
misma como consecuencia de los medios de comunica-
ción, pues los resultados que los sondeos que se han efec-
tuado sobre la victimización y percepción de seguridad
ciudadana tienden a señalar que no hay relación entre
la calificación negativa de la seguridad y el contacto con
los medios de comunicación de cualquier tipo. En otras
palabras, hay correspondencia entre los niveles objetivo
y subjetivo de la seguridad en Venezuela y como con-
secuencia de tal correspondencia, hay una percepción
muy negativa de la funcionalidad del Estado y un mie-
do al delito en niveles considerables en la ciudadanía en
general.
ahora bien, el diseño de políticas públicas en esta
materia debe ir acompañado de un sustento empírico y
científico sólido que tienda a explicar el por qué del com-
portamiento de este fenómeno, en el sentido que hoy
en día se expresa. La encuesta de victimización referida
(instituto Nacional de Estadística, 2010) aún teniendo
un alcance nacional aportó importante información al
respecto, pero no establece relaciones explicativas con
respecto al fenómeno de la percepción de seguridad, sino
licía Nacional como la ejecutada por el instituto Nacional de Estadística en 2009, alrededor de un 70% de las personas que habían sido víctimas de un delito no lo denunciaban. En otras palabras, podría decirse que por cada cien delitos conocidos y registrados por los cuerpos de seguridad en el país, 70 simple-mente no llegan a conocerse salvo por el victimario, la víctima y su entorno.
que tal información solo se presenta de manera descrip-
tiva sin profundizar ni cruzar la información correspon-
diente. Entonces, vale profundizar en el tema, incluyen-
do variables como el miedo al delito y la explicación de la
misma, aunque en contextos más limitados pero igual-
mente válidos.
tomando en cuenta estas observaciones, se propuso
la investigación sobre la cual se escribe el presente avan-
ce, en la que el objetivo principal es estudiar los niveles de
victimización, percepción de seguridad ciudadana y mie-
do al delito en dos comunidades del país; seleccionando
para este caso: la parroquia Sucre del Distrito Capital y el
municipio Libertador del estado Mérida.
II. Victimización, percepción de seguridad y miedo al delito
Para diseñar eficientemente Políticas de Seguridad Ciu-
dadana, las estadísticas oficiales no son suficientes, pues
solo dan cuenta de una parte de la realidad que llega a
conocimiento de las autoridades (Kesler, 2009; Newman
y Howard, 1998). Por ello, la aplicación de encuestas
de victimización y percepción de seguridad ciudadana,
incluyendo el empleo y la información que recopilan, se
ha convertido en el insumo básico para entender mejor
la distribución ecológica de la incidencia delictiva en zo-
nas determinadas y construir así diseños más adecuados
para la intervención comunitaria y la prevención del
delito (Karmen, 2001). La amplitud de estas encuestas
va más allá de la estadística oficial, pues incluye la victi-
mización –denunciada o no– e información relacionada
victimización, percepción de seguridad y miedo f. crespo | 169
con características particulares a la victimización y al
victimario (Van Dijk, 1998).
En este contexto, la victimización no se considera
como un riesgo, sino como la acción delictiva efectiva-
mente cometida y auto-reportada por la víctima, indis-
tintamente que dicha acción delictiva haya sido o no,
reportada a las autoridades (Ruiz y turcio, 2009; Voz-
mediano y San juan, 2010). Por su parte, la percepción
de seguridad o inseguridad y el miedo al delito, suelen ser
conceptos que en la teoría criminológica se confunden o
emplean como sinónimos. Vozmediano, San juan y Ver-
gara aportan una importante distinción al entender que:
El miedo al delito hace referencia al temor de los ciu-
dadanos a ser personalmente víctimas de la delincuen-
cia, mientras que la inseguridad ciudadana puede
entenderse como miedo al crimen en abstracto, como
una inquietud respecto al delito como problema social.
Dando un paso más, podemos entender la inseguridad
ciudadana como el compendio de inquietudes que vie-
ne impregnando el discurso de la denominada “socie-
dad del riesgo”, que incluyen no solo a la delincuencia
tradicional, sino también otras preocupaciones como el
terrorismo, la presencia de inmigrantes, la seguridad
alimentaria y ahora, con torrencial eclosión, el miedo
al cambio climático. (2008, p. 29)
En general, se sostiene que el miedo al delito está más
relacionado con una sensación o percepción de proba-
bilidad de victimización, lo que es una sensación sobre
algo concreto; mientras que la percepción de inseguridad
responde más a una a una sensación de vulnerabilidad
circunstancial con respecto al ambiente y otros indivi-
duos (Kessler, 2009; Vozmediano y San juan, 2010).Vic-
timización, percepción de inseguridad ciudadana y mie-
do al delito son factores que, por lógica, deberían estar
correlacionados; sin embargo, la experiencia da cuenta
que son independientes uno de otros, alimentando lo que
se conoce como las paradojas de la seguridad, pues los
estudios revelan que indistintamente de la victimización
objetivamente sufrida, la percepción de inseguridad y el
miedo al delito pueden presentarse en niveles altos o ba-
jos, sin depender uno de otros (Crespo, 2012). Esta falta
de relación demuestra que variables como la percepción
de inseguridad y miedo al delito, no dependen de la vic-
timización objetivamente sufrida para presentarse en las
personas, por lo cual, la profundización en el estudio de
los factores que se pueden asociar de manera coordinada
con estas variables se hace estrictamente necesarios.
III. Metodología
El avance que se presenta de dicho estudio se trata de
un abordaje cuantitativo en el que, con el empleo de
una encuesta de victimización, percepción de seguridad
ciudadana y miedo al delito, se pretende levantar la in-
formación correspondiente a las variables en estudio. Se
trabajará en dos zonas del país: una será la comunidad de
Catia, parroquia Sucre del municipio Libertador del Dis-
trito Capital, esta cuenta con una población de 398.055
habitantes (iNE, 2009) y una superficie de 59,30 km2;
la otra localidad es el municipio Libertador del estado
170 | avances de investiGación
Mérida, el cual tiene una población de 240.280 habi-
tantes (iNE, 2009) y una superficie de 907 km2. ambas
localidades fueron seleccionadas tomando en cuenta
sus características urbanísticas, distribución de espacio,
densidad poblacional, nivel delictivos, entre otros.
Las muestras en ambas localidades fueron calculadas
utilizando la técnica de muestreo para determinar una
proporción en poblaciones finitas. Las proporciones que
se pretenden trabajar están subdivididas en partes igua-
les para cada variable –si hubo o no hubo victimización,
percepción de seguridad alta o baja y miedo al delito alto
o bajo– por lo cual se asume la proporción de la muestra
al 50% para efectos del cálculo de la muestra. En total,
la muestra estará constituida por 350 casos del munici-
pio Libertador del estado Mérida, subdividida según los
estratos correspondientes a cada parroquia del mismo;
mientras que en la parroquia Sucre del municipio Liber-
tador del Distrito Capital, la muestra será de 410 casos,
igualmente subdivido por estratos de manera proporcio-
nal a las zonas que la conforman.
El instrumento de recolección de información
incorpora las variables victimización, percepción de in-
seguridad y miedo al delito. Estas variables, operacional-
mente se entienden como fueron expuestas en la sección
anterior. La victimización y percepción de inseguridad
ciudadana serán medidas a través de ítems correspon-
dientes a la autorrevelación de participación en delitos
en calidad de víctimas, por parte del entrevistado, y en su
percepción y valoración de la seguridad y sensación de
vulnerabilidad frente a un delito. Por su parte, el miedo al
delito será medido como la probabilidad percibida de ser
víctima de un delito durante una circunstancia particu-
lar, como por ejemplo caminar por la calle de día o noche,
portar prendas valiosas, al abordar una unidad de trans-
porte público, entre otros. Esta variable, será medida a
través de una escala tipo Likert, enunciando en cada ítem
la circunstancia en la que la persona referirá la probabili-
dad de victimización percibida que tenga. Esta escala ha
sido probada y aplicada en cuatro oportunidades en los
municipios Libertador, Campo Elías y alberto adriani del
estado Mérida, teniendo excelentes niveles de validez y
consistencia interna.
victimización, percepción de seguridad y miedo f. crespo | 171
reFerenCIas
Briceño-león, R. (2009). “Venezuela en el mundo de la vio-lencia globalizada”. Inseguridad y violencia en Venezuela, pp.15-43. Caracas: Editorial alfa.
Crespo, P., F. (2010). “Cultura de la violencia. acerca de la moralización y legitimación de la violencia en Venezuela. Parte i: El nuevo delincuente violento. Capítulo Criminológico, vol. 38.
____ (2012). “Victimización, percepción de seguridad ciuda-dana y miedo al delito. Un estudio en tres municipios del Estado Mérida. Mérida, una ciudad de Servicios”. Capítulo Criminológi-co, vol. 38, nº 4, pp. 429-482). Mérida, Venezuela: Consejo de Publicaciones, Universidad de Los andes.
Crespo, P. F. y Birkbeck, C. (2009). “Legitimidad institucio-nal y delincuencia en Venezuela”. Capítulo Criminológico, vol. 37, nº 1.
instituto Nacional de Estadística (2010). Encuesta Nacio-nal de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009. Documento técnico, Caracas.
Karmen, A. (2001). Crime Victims. An Iintroduction to Victi-mology. Estados Unidos: Wasdsworth.
Kesler, g. (2009). El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos aires: Siglo XXi.
Newman, g. y Howard, d. (1998). “introduction: Data sources and their use”. Global Report on Crime and Justice, pp. 1-24. New York: oxford University Press.
Ruiz, J. i. y turcio, l. A. (2009). “Percepción de seguridad ciudadana, victimización y seguridad ciudadana: Sus relacio-nes en cinco contextos iberoamericanos”. Pensamiento Psicoló-gico, vol. 6.
Van dijk, J. (1998). “the experiences of crime and justice”. Global Report on Crime and Justice, pp. 25-42. New York: oxford University Press.
Vozmediano, l. y San Juan, C. (2010). Criminología ambien-tal. Ecología del delito y de la seguridad. Barcelona, España: UoC.
Vozmediano, l.; San Juan, C.; Vergara, A. (2008). “Pro-blemas de medición del miedo al delito. algunas respuestas teóricas y técnicas”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Cri-
minología.
172
Delincuencia juvenil en VenezuelaAplicación de una encuesta de autoinforme
a adolescentes escolarizados
JUAN ANTONIO RODRíGUEZ
Resumen: según encuesta reseñada, la delincuencia juvenil forma
parte de los tres principales problemas de nuestro país. este fenóme-
no requiere analizar dos aspectos importantes: 1) su naturaleza; y 2) los
factores y causas asociadas con ella. por lo tanto, se proyecta la aplica-
ción de una encuesta de autoinforme en tres ciudades de venezuela
para abordar esos dos aspectos referidos.
Palabras clave: criminología, metodología criminológica, encuestas
de autoinforme, delincuencia juvenil.
Introducción
las encuestas de opinión en Venezuela indican que los ciudadanos seña-
lan como principales problemas del país, en primer lugar, a la inseguridad
(36,1%), seguida por el desempleo (16,1%), la inflación y el alto costo de la
vida (8,1%) (GiS XXi, 2011). a tenor de estos datos, la delincuencia juvenil
debe resultar un hecho que despierte el interés de los investigadores sociales
vinculados al estudio de la inseguridad y delincuencia. No obstante, todavía
son escasos los estudios empíricos que, con rigor científico, se han desarro-
llado en Venezuela para delimitar el tipo de participación de los jóvenes en
la desviación. Los importantes niveles de conducta delictiva juvenil consti-
tuyen razones de peso para analizar qué variables pueden estar vinculadas
con esta problemática en nuestro país.
* Criminólogo. Doctor en Psicología Social. Profesor Asociado de la Escuela de Crimi-nología. Investigador activo del Grupo de Investigaciones Criminológicas (GIC) y Cen-tro de Investigaciones Penales y Criminológicas (CENIPEC). E-mail: [email protected]
delincuencia juvenil en venezuela j.a. rodríGuez | 173
Por su parte, la encuesta de autoinforme constituye el
gran adelanto del ejercicio investigativo de la Criminolo-
gía del siglo XX. Esta encuesta es una técnica metodoló-
gica con la cual se evalúa el papel del adolescente como
perpetrador de conductas delictivas y antisociales, así
como de aquellas características (sociales e individua-
les) relacionadas con tal implicación. En sí, este método
permite efectuar un acercamiento sistemático sobre la
incidencia y prevalencia de la delincuencia-desviación
manifestada por los jóvenes. asimismo, permite valorar
aquellas conductas desviadas que no tienen propiamente
una carga punitiva. Como se detallará más adelante, otra
virtud que presenta dicha Encuesta es que se atenúan los
efectos de la “cifra negra” al momento de comprender la
delincuencia.
El primer trabajo en el estudio de la delincuencia
juvenil en asistirse de una metodología basada en el
autoinforme se le atribuye a Porterfield (1946). Para
comprobar los alcances de este método de recolección
de información, este investigador diseñó y aplicó una
encuesta de autoinforme a dos muestras, esto es, a una
de estudiantes y a otra de delincuentes procesados. al
comparar los resultados de ambos grupos, observó que
una alta proporción de sujetos, tanto estudiantes como
delincuentes, declaraban haber incurrido en conductas
delictivas alguna vez durante su adolescencia. Este ha-
llazgo permitió comprobar que analizando únicamente
los datos oficiales de delincuencia no se tiene acceso a
todas las conductas delictivas, sino solo a aquellas expe-
rimentadas por un determinado sector de la población.
Más adelante, Wallerstein y Wyle (1947) defienden
también el método del autoinforme. Entre las ventajas
que le atribuyen se encuentra el hecho de que esta forma
de medir la delincuencia podía precisar los delitos cometi-
dos, no solo por las personas de clases menos aventajadas
(y minorías), sino también los perpetrados por personas
de clases más acomodadas (que difícilmente entrarán a
formar parte de las estadísticas oficiales de delincuencia).
Estos autores hallaron que un 99% de los adultos de cla-
se media y socialmente respetados de su muestra habían
cometido por lo menos un delito en su vida.
Los trabajos sistemáticos de Short y Nye (1958) han
contribuido a que, en la actualidad, los criminólogos
consideren este método como una forma válida de medir
la conducta delictiva-desviada; inclusive, por encima de
aquellos datos provenientes de los registros oficiales. Los
datos estadísticos del sistema de justicia criminal tien-
den a ofrecer una información parcial y sesgada sobre la
realidad de aquella delincuencia considerada “oficial”,
dejando fuera de su consideración un número de delitos
o faltas menores, así como los delitos cometidos por per-
sonas que logran evadir la entrada en el sistema de jus-
ticia. Estos datos son los que la Criminología denomina
“cifra negra del delito”. Por el contrario, los autoinformes
proporcionan datos directos de las conductas delictivas
desarrolladas por aquellas personas que los cumplimen-
tan; además, el anonimato, que es habitual en la aplica-
ción de autoinformes, ofrece garantía para obtener ese
tipo de información sin las posibles reticencias que se de-
rivarían de hacerla pública en otras condiciones.
En Venezuela hay algunos estudios que han emplea-
do esta metodología. La primera encuesta de este tipo fue
174 | avances de investiGación
aplicada por Birkbeck entre marzo y abril de 1986, en la
ciudad de Mérida. En el año 2006, Birkbeck junto a su
equipo de investigación vuelven a aplicar una encuesta
de autoinforme en Venezuela. Esta vez el estudio pre-
sentaba unas propiedades metodológicas y teóricas más
robustas. Recientemente se han desarrollado otros estu-
dios de autoinforme con propósitos muy similares a los
planteados por Birkbeck en las últimas décadas. así, en
2008, Rodríguez y Mirón aplican este tipo de instrumen-
to a 283 estudiantes de educación media de institucio-
nes públicas de la ciudad de Mérida. En esta oportunidad
se indagó sobre la participación de los jóvenes en delitos
como robo, hurto, trafico de drogas y vandalismo.
Los múltiples estudios sobre confiabilidad y validez
llevados a cabo permiten defender la idea de que el auto-
informe es una de las formas de medida más aceptables
y útiles en el campo de la Criminología. Quizá la bondad,
que en términos teóricos y metodológicos cobra mayor
fuerza en la actualidad, es la capacidad que tiene la téc-
nica del autoinforme de medir junto con la delincuencia,
otras variables que pueden estar relacionadas con la etio-
logía de la conducta desviada. En consecuencia, una de
las principales fortalezas de esta técnica de recolección
de información es que facilita la contrastación empírica
de las teorías sobre la delincuencia que el investigador
esté interesado en poner a prueba y que, eventualmente,
le permitirán encuadrar su propuesta de intervención.
Sobre la base de lo anterior, el propósito general de
este estudio es diseñar y aplicar una encuesta de autoin-
forme para explorar los patrones estadísticos de la delin-
cuencia juvenil y, además, el efecto de algunas variables
explicativas sobre la probabilidad de desviación. Es decir
que en el marco de una perspectiva etiológica, se deter-
minen aquellas variables individuales (p. ej. autocontrol,
impulsividad, autoconcepto, búsqueda de sensaciones,
etc.) y sociales (p. ej. supervisión familiar, grupos de
amistades, rendimiento escolar, acceso a armas en la co-
munidad, delincuencia en la comunidad, etc.), asociadas
al desarrollo de algunas conductas reñidas con la ley.
Metodología
Este estudio en desarrollo es una investigación de campo
y de corte cuantitativo. En la misma se requiere el cum-
plimiento de cuatro ejercicios metodológicos:
1. Diseño del instrumento. El cuestionario de autoinforme de
este estudio se compone de las siguientes partes: a) da-
tos sociodemográficos o generales de la entrevistada o
entrevistado; b) familia; c) liceo; d) victimización; e)
tiempo libre y amigos; f) creencias sobre la delincuen-
cia y autocontrol; g) delincuencia juvenil; h) drogas
y alcohol; i) percepción de terceros sobre la conducta
antisocial y j) percepción sobre la policía. En términos
operativos, la delincuencia juvenil será considerada
como el hecho reportado por la o el entrevistado de
haber experimentado o no comportamientos antiso-
ciales durante el último año previo a la entrevista. La
elaboración de este cuestionario comenzó el 10 de
abril de 2013 y culminó el 04 de julio del 2013.
2. Muestreo. La población objeto de esta investigación son
los alumnos del séptimo, octavo y noveno grado de
delincuencia juvenil en venezuela j.a. rodríGuez | 175
educación básica, cuyas edades están comprendidas
entre los 12 y 15 años. El muestreo de los estudiantes
se hizo por sección (es decir, por clases) e incluye ins-
tituciones públicas y privadas. De tal manera, con el
propósito de generar una lista completa para los fines
de la estimación de la muestra representativa, se ge-
neró una base de datos en Excel con todas las seccio-
nes de los tres primeros años del bachillerato en ins-
tituciones de la ciudad de Mérida, Catia y el resto de
la ciudad de Caracas. Luego de depurar esta informa-
ción conseguida por medio del Ministerio de Educa-
ción de cada región analizada, se utilizó el programa
Survey Manager para generar una muestra aleatoria
de secciones. Fueron seleccionados 55 planteles y 63
secciones en Caracas (incluida Catia) y 39 planteles y
63 secciones en Mérida. En total, se estimaron 3600
estudiantes (suponiendo una tasa de no respuesta
de 50% lo cual dejaría un total de aproximadamente
1800 adolescentes encuestados). El diseño del marco
muestral comenzó el 10 de mayo de 2013 y finalizó el
02 de julio de 2013.
3. Aplicación del cuestionario. a partir del mes de septiembre
de 2013 se les solicitará a los directores de los plan-
teles el permiso respectivo para la aplicación del ins-
trumento. Para la administración del cuestionario,
los encuestadores deben ser debidamente entrenados
y conviene asignar un coordinador por cada uno de
los asentamientos urbanos, quien se encargará de
distribuir las encuestas, diseñar la ruta de aplicación
del cuestionario, recibir los instrumentos una vez
llenados y, en general, organizar todo el material de
trabajo.
4. Análisis estadísticos. Luego de la aplicación del autoin-
forme proyectada para septiembre-octubre de 2013
y la consiguiente transcripción de la información, se
efectuará el análisis estadístico de la misma. Para esto
se requiere una depuración previa y un análisis preli-
minar de la información. Posteriormente se aplicarán
algunas técnicas de estadística descriptiva e inferen-
cial para desarrollar desde luego las discusiones e in-
ferencias sobre el objeto de este estudio.
Resultados esperados
Finalmente, los resultados que se esperan obtener de este
estudio pueden tener implicaciones empíricas, teóricas y
prácticas muy importantes. Desde una perspectiva epi-
demiológica, los resultados de este estudio aportarán
conocimiento fidedigno sobre varias dimensiones de la
delincuencia juvenil en Venezuela como, por ejemplo,
la prevalencia, frecuencia, intensidad y variedad de este
tipo de comportamientos. Desde una perspectiva teórica,
los hallazgos de esta investigación conseguirán fundar
las bases para la explicación de los procesos causales sub-
yacentes en la manifestación de conducta delictivas por
parte de los jóvenes venezolanos. además, permitirán el
contraste de distintos enfoques teóricos sobre la conduc-
ta antisocial juvenil que en la actualidad dominan el ejer-
cicio explicativo en Criminología. Desde una perspectiva
práctica, el conocimiento que se origine de este estudio,
176 | avances de investiGación
con respecto a los patrones delictivos de los adolescentes
y los factores relacionados con la probabilidad de dichas
conductas, deben servir de líneas maestras para la elabo-
ración de políticas públicas dirigidas a la intervención.
La incorporación en el cuestionario de variables ex-
plicativas como, por ejemplo, familia, grupo de iguales,
escuela y comunidad abre la posibilidad de evaluar el
efecto individual y conjunto de ellas sobre la conducta
transgresora de los jóvenes, pero más importante aún,
de operar sobre estas características para el manejo de la
problemática en las zonas geográficas seleccionadas. Por
lo tanto, la población beneficiada con esta investigación
es amplia. Los consejos comunales, institutos educativos,
policías y familias propias de las zonas geográficas selec-
cionadas, pueden diseñar sus estrategias de acción a par-
tir de los resultados y hallazgos derivados.
reFerenCIas
Birkbeck, C. (1995). “La conducta problemática juvenil se-gún dos encuestas de autorrevelación realizadas en la ciudad de Mérida (1986-1995)”. Revista CENIPEC, vol. 16, pp. 35-68.
Birkbeck, C., Morillo, S. y Crespo, F. (2010). “Venezuela”. Juvenile Delinquency in Europe and Beyond. Results of the Sec-ond International Delinquency Self-Report Study, pp. 385-398. Springer, New York.
grupo de investigación Social Siglo XXi (giS XXi) (2011). Los tres principales problemas son Inseguridad, Desempleo, Costo de la vida. Consultado 18 de enero de 2012. Disponible en: http://www.gisxxi.org/.
instituto Venezolano de Análisis de datos (iVAd) (2008). Indicadores generales y coyuntura política. (Do-cumento en línea). Consultado el 9 de enero de 2012. Disponible en: http://www.scribd.com/doc/3466870/Encuesta-ivad-Venezuela-mayo-junio-2008.
instituto Nacional de Estadística (iNE) (2009). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Ciudadana 2009 (ENVPSC-2009). Documento técnico. Caracas.
Porterfield, J. (1946). Youth in Trouble Tour Worth. texas: Leo Potisham Foundation.
Rodríguez, J.A. y Mirón, l. (2008). “Grupo de amigos y con-ducta antisocial”. Capítulo Criminológico, vol. 36, pp. 121-149.
Rodríguez, J.A., Mirón, l. y Rial, A. (2012). “análisis de la relación entre grupo de iguales, vinculación familiar y escolar, autocontrol y conducta antisocial, en una muestra de adoles-centes venezolanos”. Revista de Psicología Social, vol. 27, n° 1, pp. 25-38.
Short, J.; Nye, i. (1958). “Extent of unrecorded delinquen-cy: tentative conclusions”. Journal of Criminal Law, Criminology and Police Science, vol. 49, pp. 296-302.
Wallerstein, J.; Wyle, C. (1947). “our law-abiding law-break-
ers”. Probation, vol. 35, pp. 107-112.
ENTREVISTA
pablo fernández blanCo
Que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarmepor Zharah Rengifo
179
Entrevista al secretario técnico de la Comisión Presidencial para el Control de armas, Municiones y Desarme (CoDESaRME)
Pablo e. fernández Blanco
“Que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme”por Zharah Rengifo
PABLO E. FERNáNDEZ BLANCO designado secretario técnico
de la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y
Desarme (CODESARME) durante todo su tiempo de funcionamiento.
Licenciado en Educación. Coordinador general de la Red de Apoyo
por la Justicia y la Paz. Formó parte de la Red Latinoamericana de
Educación y Derechos Humanos. Miembro del Equipo Fundacional
de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES).
Zharah Rengifo: —En Venezuela se han tomado diversas medidas con-
cretas para el control de armas y municiones, entre ellas: se suspendió la
comercialización, se llevaron a cabo actualizaciones de portes de armas,
fueron asignados recursos para la instalación de un sistema unificado de
armas de fuego, se establecieron las zonas libres de armas, fueron diseñados
180 | entrevista
los protocolos para las auditorías de parques de armas y
salas de evidencias policiales (las cuales además fueron
aplicadas), se han inutilizado armas de fuego que fueron
decomisadas, se destruyeron grandes cantidades de ar-
mas, se han marcado más de un millón de municiones y,
recientemente, la asamblea Nacional decretó la Ley para
el Desarme y el Control de Armas y Municiones. ¿Con la im-
plementación de estas medidas podemos afirmar que en
Venezuela se ha gestado una política de control de armas
y desarme acertada?
Pablo Fernández: —Venezuela ha comenzado a im-
plementar en estos últimos dos años una política consis-
tente y coherente en materia de control de armas y mu-
niciones, una mucho más clara y seria que la que tenía
previamente. Pero aún el camino por recorrer para lo-
grar que esa política se consolide es muy largo y cargado
de no pocos obstáculos por superar.
Las medidas que se tomaron en el periodo que duró
la CoMiSiÓN PRESiDENCiaL PaRa EL CoNtRoL DE aRMaS,
MUNiCioNES Y DESaRME (CoDESaRME) fueron de alto im-
pacto, pues comenzaron a mermar el mercado ilegal de
armas y a generar mayor conciencia en la sociedad sobre
las dimensiones de este grave problema que representa la
falta de controles efectivos sobre las mismas.
Las acciones ejecutivas aquí mencionadas formaron,
a mi modo de ver, parte de una política no solo acertada
sino muy necesaria, ante el innegable efecto que las ar-
mas están teniendo en la maximización de la violencia.
Estas primeras medidas fueron posibles gracias a la con-
jugación de dos factores:
» 1. La clara voluntad política del presidente Hugo
Chávez y de buena parte de su equipo de gobierno (no
todo), quienes comprendieron la pertinencia (incluso
urgencia diría yo) de implementar acciones para ir
poniendo freno a la violencia con armas de fuego (re-
cordemos, por ejemplo, que no menos del 95% de los
homicidios en el país se cometen con armas de fue-
go). Entendiendo, por supuesto, que las armas cons-
tituyen solo una variable instrumental del problema,
pero sin duda de altísima letalidad o de alto impac-
to en la vida de la población; no solo los homicidios
sino también las personas que quedan con lesiones
graves, con discapacidades de por vida, los hogares
que se destruyen y los proyectos de vida que se trun-
can. todo esto lo entendió claramente el presidente
Chávez y por ello le dio el apoyo e impulso que tuvo a
la política para el desarme.
» 2. Producto de lo primero, la conformación de un
equipo de trabajo multiagencial e interdisciplina-
rio (en el seno de la CoDESaRME) que, basado en
un gran número de investigaciones científicas, una
amplia consulta nacional e internacional y la com-
prensión de las dimensiones multicausales de la vio-
lencia, definieron la política en esta materia que hoy
tenemos y que ha sido reconocida inclusive a escala
internacional.
El producto más complejo de lograr en todo este pro-
ceso fue la propia Ley, no tanto por la producción nor-
mativa en sí, sino por las diferencias de fondo que hubo
(y aún hay) que superar, tanto así, que no se alcanzó su
que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme p. fernández | 181
aprobación en el periodo que duró la CoDESaRME, sino
que hubo que esperar varios meses más.
Esta situación se debió a las profundas diferencias
de enfoque que hay en torno al tema de los controles
sobre las armas y municiones y la falta de consensos al
respecto, dificultades que dilataron el debate en la asam-
blea Nacional. Ciertos “celos” institucionales, algunos
personalismos que intentaron lucrar políticamente con
el tema y las perspectivas antagónicas sobre el rol que
juegan las armas en la sociedad, contribuyeron a todo
esto. Como lo hemos dicho en múltiples oportunidades,
el tema del control de las armas toca infinidad de intere-
ses y sobre todo un gran negocio transnacional del cual
Venezuela no está exenta.
La presión importante de actores con alta calificación
ética y profesional en el tema de la seguridad, hicieron
que finalmente se retomara el debate de la Ley, con el vis-
to bueno ahora del presidente Nicolás Maduro.
La Ley que finalmente se aprobó en la aN recogió mu-
chos aspectos de la propuesta que se produjo desde la Co-
DESaRME, pero fue fusionada con la propuesta de Ley que
surgió del seno de la asamblea Nacional, la cual presen-
taba diferencias en algunos temas sustanciales. En ese
proceso de “fusión” y en el ejercicio de lobby oculto que
precedió a la aprobación definitiva, muchas cosas que-
daron por fuera y algunas en términos poco congruentes
o incluso contradictorios. Sin embargo, debo reconocer
que esta Ley es mejor que la inútil e inaplicada norma
que le precedió, aprobada en el año 2002.
Personalmente cuestioné y mantengo el criterio que
el tema de los controles de armas y municiones debe
entenderse en la lógica de la articulación y coordinación
interinstitucional dentro del propio gobierno. Dicho de
otra forma, es necesario superar las dicotomías existen-
tes entre el ámbito militar, que asume la rectoría del tema
del control de las armas (amparándose en el artículo 324
de la CRBV), y el ámbito civil que tiene la rectoría cons-
titucional de la seguridad ciudadana (art. 332 constitu-
cional). Esa necesaria articulación y complementariedad
en el control de armas y municiones, bajo la premisa de
que existe un solo gobierno, es lo que aún no se termina
de entender ni de asumir y la Ley en el articulado apro-
bado es muestra de esa falencia. todo el articulado que
planteaba un ejercicio de articulación para la implemen-
tación de controles compartidos, en la idea de fortalecer
las acciones de seguridad ciudadana, fueron descartadas
del texto legal, en un claro ejercicio de imposición de una
visión del tema, alentada por el sector militar y su reflejo
en los diputados que provienen del ámbito castrense.
Una clara manifestación de esa división perniciosa
la encontramos en el tema del registro de las armas. Si
bien desde CoDESaRME y luego desde la Gran Misión a
Toda Vida Venezuela se hicieron ingentes esfuerzos para
construir un registro de armas unificado y de acceso
compartido (denominado en el respectivo proyecto como
RENiaF), aportando incluso recursos importantes para
ello, esta propuesta quedó en el aire una vez aprobada la
Ley. No se ven iniciativas desde los órganos de control de
armas de la FaNB para avanzar en esto desde un espacio
plural de construcción y eso, con responsabilidad revolu-
cionaria, debemos alertarlo.
En una opinión muy personal, creo que la ausencia
182 | entrevista
física del presidente Hugo Chávez afectó los avances en
esta materia. El Comandante fue un convencido defen-
sor del desarme y los controles al mercado de las armas.
Él tenía plena conciencia de los intereses que se movían
detrás de este tema y no dudó en apoyar el trabajo de la
CoDESaRME para avanzar, contra viento y marea, inclu-
so llamando a botón a quienes ponían trabas para poder
avanzar. Lamentablemente, cuando llegó el momento de
aprobar la Ley, ya él no estaba físicamente con nosotros
para poner coto a las tendencias reaccionarias ante el
tema del desarme total de la población.
Hoy, el presidente Nicolás Maduro tiene el reto de
avanzar con las políticas de desarme y control de armas.
No tengo duda de su voluntad y disposición en este tema,
lo ha demostrado con acciones claras, como el llamado al
desarme de la juventud. Pero al igual que Chávez, él debe
lidiar con esos intereses nunca acabados que se mueven
detrás del tema de las armas y que no conocen de fron-
teras políticas. En este tema, las contradicciones fluyen
tanto dentro de las filas revolucionarias como en el seno
de la oposición.
En conclusión, podremos evaluar si la política de con-
trol de armas y municiones (que tuvo su germen en la
labor de la CoDESaRME) es efectiva una vez se comience
a implementar el contenido de la Ley aprobada y se sis-
tematicen sus resultados iniciales. Para ello, es necesaria
una contundente voluntad política manifestada en ac-
ciones concretas, aplicando con mucho celo la premisa
de “eficiencia o nada” a la labor de quienes hoy tienen en
sus manos la tarea de implementar la política. Dilatar o,
peor aún, poner freno a la política de desarme y control
de armas, sería fatal para el país. Lamentablemente, un
importante sector parece estar jugando a eso.
ZR: —El pasado 7 de mayo, el general julio César Mo-
rales Prieto en representación de la Compañía anónima
Venezolana de industrias Militares (CaViM) realizó la en-
trega formal de 500 mil municiones marcadas a la recto-
ra de la Universidad Nacional Experimental de la Seguri-
dad (UNES), Soraya El achkar, para ser empleadas en el
entrenamiento en Uso de la Fuerza Potencialmente Mortal
por los y las discentes de esta casa de estudios. ¿Qué opi-
nión merece que la meta en el marcaje de municiones en
Venezuela sea que cada bala pueda ser asociada a una
persona responsable?
PF: —El marcaje es una de las propuestas que nació de
la CoDESaRME, con base en el conocimiento de otras ex-
periencias en el mundo, donde se realiza el marcaje de
las municiones con tecnología láser. En Venezuela, esa
medida que propusimos y se aprobó en la Ley traerá
múltiples beneficios. De esta forma, se podrán facilitar
las investigaciones criminales en caso que esas muni-
ciones sean utilizadas para cometer hechos delictivos;
sin embargo, también obliga a un ejercicio de muchísi-
ma mayor responsabilidad en el uso de la munición por
parte de quienes las portan, sean agentes de seguridad
ciudadana, militares o particulares, pues las municiones
llegarán a un nivel de individualización de los usuarios a
través de ese marcaje láser alfanumérico.
todos los esfuerzos en esta materia que realizó la Co-
DESaRME llevaron a que se identificara la tecnología de
que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme p. fernández | 183
punta para el marcaje en Brasil y se concretara un con-
venio con Bélgica (que es quien produce la maquinaria
que se usa en Brasil) para elaborar una línea de produc-
ción adaptada a los requerimientos de nuestra industria
militar, la empresa CaViM, de modo tal que puedan rea-
lizar un marcaje de calidad y que genere un alto nivel de
control.
Se supone que antes de culminar el año 2013, deben
estar instaladas las maquinarias de marcaje, según la
hoja de ruta que se acordó con la empresa productora y
CaViM. La Ley dio dos años a la industria CaViM para im-
plementar el marcaje, creo que es un tiempo excesivo, to-
mando en cuenta lo avanzado que estamos en el tema, el
consenso que generó la medida y su pertinencia para fa-
vorecer la lucha contra la violencia y la impunidad. Con
más razón, es importante acelerar la implementación del
marcaje láser y que no tengamos que esperar dos años
más para contar con la munición marcada al menos en
todas las policías y organismos militares del país. Esa ac-
ción debe desestimular el comercio ilegal de municiones
desde las instituciones del Estado hacia la delincuencia
por parte de funcionarios inescrupulosos. Esta situación
delictiva fue precisamente una de las motivaciones prin-
cipales para proponer el tema del marcaje en Venezuela.
ZR: —En Gaceta oficial con fecha 11 de octubre de
2012 se decreta en Venezuela la realización del procedi-
miento para la inutilización de las armas resguardadas
en las salas de evidencias de los cuerpos policiales, órga-
nos de investigación penal y demás órganos de seguri-
dad ciudadana con competencias propias del servicio de
policía. Más tarde, es decretado en Ley por la asamblea
Nacional que “las armas recuperadas serán inutilizadas
de manera inmediata”. ¿Por qué este proceso, previo a la
destrucción del arma, es tan importante en el caso parti-
cular del control de armas en Venezuela?
PF: —La inutilización de armas fue una medida adicio-
nal que propusimos al presidente Chávez en el 2012 y
que él sin dudarlo aprobó. Se trata de un procedimien-
to intermedio entre la incautación y la destrucción de-
finitiva del arma. Este procedimiento, como su nombre
lo indica, busca inutilizar el arma de fuego para que no
pueda ser reciclada. Esta iniciativa surgió en vista de que
las armas en las salas de evidencia que existen en el país
regresaban a las calles, muchas veces producto de la co-
rrupción de los cuerpos policiales o del CiCPC. Se genera-
ba un mercado de armas a partir de la distribución, al-
quiler, venta o préstamo de esas armas a la delincuencia,
por supuesto, con los efectos perversos sobre la vida de la
gente. Lo mismo que ocurre con el mercadeo de municio-
nes por la vía ilegal.
Por ello, propusimos que las armas incautadas, una
vez se le realizaran las experticias y pruebas de rigor so-
licitadas por el Ministerio Público, y en un lapso peren-
torio, fuesen pasadas a un proceso de inutilización. Para
ello se definió un protocolo, de modo que mediante el uso
de una prensa hidráulica se garantizara que las armas no
puedan volverse a accionar.
La Policía Nacional Bolivariana fue la primera y más
consecuente en comenzar a aplicar este mecanismo.
Luego se sumó la GNB y ya prácticamente en todas las
184 | entrevista
policías del país se aplica el procedimiento. Desde el Con-
sejo Federal de Gobierno se acordó aportar las máquinas
necesarias para que todas las policías del país puedan
aplicar esta medida.
ahora bien, se hace necesario generar mecanismos
de supervisión y control del total de armas que se están
inutilizando, su cadena de custodia, la verificación y ga-
rantía de pulcritud del proceso. Esto es materia del Mi-
nisterio Público y también debería ser asumido por los
órganos rectores de control de armas y de seguridad ciu-
dadana. Hay que evaluar si el número de armas incauta-
das o decomisadas por los distintos organismos de segu-
ridad se mantiene igual, aumentó, o por el contrario ha
disminuido luego de aprobada esta medida. Como dije,
que hay un mercado ilegal que se nutre de esas armas y
que con esta medida se ve perjudicado. Por ello el control
estadístico y las labores de inteligencia para determinar
si se están cumpliendo las cadenas de custodia debida es
muy importante.
ZR: —En el Vértice 1 de la Gran Misión a Toda Vida Vene-
zuela, referido a la Prevención integral y la Convivencia
Solidaria, se contempla tanto el estudio de una política
pública en materia control, regulación de armas y el des-
arme, como el diseño de políticas de prevención dirigidas
a jóvenes que porten, exhiban y, eventualmente, usen ar-
mas de fuego. Por su parte, el Manifiesto por la Vida y la Paz
convoca a una búsqueda de espacios libres de violencia
en el que estén presentes las y los jóvenes con dinamismo
y creatividad. ¿Podría contarnos el significado del trabajo
conjunto con las y los jóvenes de Venezuela por el desar-
me, la convivencia y la paz?
PF: —La relevancia de la Gran Misión a Toda Vida Ve-
nezuela está dada por el hecho de ser la primera política
pública integral de seguridad en la historia contemporánea
de Venezuela. Nos acostumbramos por décadas a la exis-
tencia de planes y programas aislados que intentaban
siempre atender este tema en una perspectiva reactiva.
De esos planes poco o nada quedó como resultado y, en
la mayoría de los casos, incluso con efectos contrarios a
los inicialmente deseados. De una u otra manera, la vi-
sión aquella que recogía la Ley de “vagos y maleantes”
ha prevalecido en muchos de los llamados a gerenciar la
seguridad pública, con los consiguientes efectos de cri-
minalización y estigmatización de determinados grupos
o sectores sociales. aún sigue siendo un desafío para esta
revolución socialista en construcción superar el enfoque
clasista que ha tenido la forma de abordaje del tema de la
seguridad en nuestros países.
a partir de la construcción y aprobación de la
GMatVV, el país cuenta con una política orientada desde
un enfoque multiagencial, interdisciplinario, interpode-
res, de base humanista, científica y socialista, orientada
a atender las causas de la violencia y sus efectos (no solo
los segundos). De igual manera, esta política tiene una
comprensión ideológica del problema que la distancia de
las miradas punitivistas y reaccionarias, pone el centro
en el ser humano y por ello marca la diferencia con las
políticas de derecha, tan conocidas y sufridas en Vene-
zuela por años.
que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme p. fernández | 185
En el marco de esta gran misión de Estado, el tema de
la prevención es el pilar fundamental y, por ello, trabajar
por la inclusión de los más desposeídos y especialmente
de los jóvenes es vital. La juventud representa el sector de
la sociedad más afectado por la violencia en general, pero
particularmente por la violencia con armas. Los estudios
de CoDESaRME evidenciaron una vez más esa situación:
más del 70% de las víctimas y victimarios de homicidios
con armas de fuego son jóvenes, principalmente con eda-
des comprendidas entre 15 y 28 años.
Estos jóvenes han ido construyendo identidades erra-
das sobre el ser masculino y sobre el sentido del poder,
por el hecho de portar un arma de fuego, confundiendo
respeto con miedo y autoridad con barbarie. Esas identi-
dades que malentienden la masculinidad y el poder son
producto del abandono y la pobreza; de los malos mode-
los sociales, familiares o mediáticos en los que esos ayer
niños han crecido; de los antivalores que el capitalismo
ha ido impregnando en nuestras sociedades sobre la base
del individualismo egoísta y el consumismo desenfrena-
do como forma y característica de la vida moderna oc-
cidental. Por eso, el desarme no puede entenderse como
una política desligada del resto de las acciones transfor-
madoras de nuestro modelo social. El arma dejará de
tener sentido para estos muchachos cuando la resignifi-
cación de su vida pase por otra cosa más atrayente y po-
sitiva. Y ese es el desafío del Socialismo Bolivariano como
propuesta revolucionaria: resignificar la vida de nuestro
Pueblo bajo otros valores y sentidos, profundamente hu-
manos e incluyentes.
Por ello, hoy es muy significativo el llamado hecho
por el presidente Maduro para que se articulen todos los
esfuerzos en pro de atender a esa juventud desasistida y
sumarles, a través del Movimiento por la Vida y por la Paz,
en conjunción con la GMatVV y recientemente con la
creación de la Misión Jóvenes de la Patria, a procesos de
inclusión efectiva y duradera.
Ya estamos viendo como numerosos grupos de jóve-
nes transgresores de la Ley Penal en todo el país están
atendiendo a ese llamado por el desarme y la inclusión.
Esto debemos entenderlo como parte del pago de la gran
deuda social heredada y que en 14 años de Revolución
apenas hemos comenzado a pagar. Esos jóvenes (con los
que hemos podido dialogar francamente) piden a cambio
de dejar las armas, la posibilidad de estudiar y trabajar.
Una muestra más del germen que nutre la esencia hu-
mana. aun aquellos que tomaron malos pasos buscan la
regeneración de su vida al existir una oportunidad para
ello, y dárselas no es un acto de caridad, sino un deber
ético y una obligación del Estado como garante de los de-
rechos humanos de todas y todos.
Por supuesto, las voces agoreras del fracaso o los con-
vencidos de la “mano dura” como única salida ante la
dinámica de violencia, descalifican estos esfuerzos y asu-
men que es una política “come flor” que no debería pros-
perar. afortunadamente, contamos con un Presidente
que está claro de los alcances de lo que se quiere lograr,
con alta sensibilidad humana y que junto a una impor-
tante parte de su equipo de gobierno, igualmente ganado
para esta causa que inició el Comandante Chávez, están
trabajando para lograr esa inclusión real de la juventud
186 | entrevista
abandonada (hablamos de al menos unos dos millones
de jóvenes en todo el país).
Soy un convencido de que atendiendo de manera sos-
tenida en el tiempo esta dimensión de inclusión juvenil,
veremos efectos positivos en la seguridad en general de la
población. Muchachos estudiando, produciendo, apren-
diendo a desarrollar sus capacidades y potencialidades
en el arte, el deporte, la técnica, la ciencia, son muchas
mentes y manos que le restamos a la delincuencia y a la
violencia.
ZR: —El desarme voluntario es una medida de control
de armas novedosa en Venezuela. investigaciones rea-
lizadas por la Comisión Presidencial para el Control de
armas, Municiones y Desarme apuntan a que la descon-
fianza en los cuerpos de seguridad del Estado y una eleva-
da percepción de inseguridad coadyuvan al uso de armas
de fuego con fines defensivos, dificultando la posibilidad
de entrega voluntaria de armas de fuego en nuestro país.
En este sentido, ¿qué podría decir para neutralizar el es-
cepticismo existente respecto al desarme voluntario?
PF: —Lo primero es identificar dónde está situado ese
escepticismo. Sería injusto generalizarlo como una pos-
tura de toda la sociedad. Una inmensa mayoría de per-
sonas aspira genuinamente lograr la reducción de las
armas en las calles con el esfuerzo de implementar el des-
arme voluntario.
Detrás del uso o no de armas de fuego hay toda una
serie de valores, normas, juicios. De allí la importancia
de dar suficiente información y formación a la población
para que puedan reformular o fortalecer (según sea el
caso) esos criterios en los cuales fijan posición sobre te-
mas como el desarme y la seguridad en general.
El desarme permitió recoger una gran cantidad de
armas en países que han aplicado políticas similares. La
reducción de armas en las calles favorece la reducción de
los homicidios. Esto no es una afirmación temeraria, sino
fundada en las investigaciones que pudimos adelantar
desde la CoDESaRME. En el análisis de las variables aso-
ciadas con dos elementos como son la comercialización
de armas y los homicidios en los últimos 30 años, pudi-
mos visualizar cómo al disminuir el comercio de armas
disminuían o se frenaba el número de homicidios. Y por
el contrario, al reactivar el comercio nuevamente los ho-
micidios aumentaban.
Nosotros aspiramos que el desarme voluntario con-
tribuya a la política general para reducir la violencia.
Menos armas son menos víctimas. Las armas, estén en
manos de quien sea, solo sirven para matar y dañar, au-
mentando ampliamente los niveles de letalidad que no
existirían sin ellas.
Por supuesto, en paralelo a la política de desarme vo-
luntario se debe seguir trabajando con fuerza en otros
temas importantes para que nos sintamos seguros.
La política de incentivos debe acompañar la entrega
de las armas, esto ayudará a que el desarme voluntario
dé buenos frutos. tal como lo hemos comentado, las al-
ternativas sociales inclusivas favorecerán que muchos
portadores de armas las abandonen. Es una apuesta sig-
nificativa y coherente con el Socialismo Democrático que
estamos construyendo.
que no desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme p. fernández | 187
ZR: —Diversas experiencias en materia de control de
armas y municiones han sido consideradas para la crea-
ción de las políticas de control en Venezuela. Expertos
de diferentes latitudes fueron consultados acerca de las
acciones que han sido efectivas en sus países y que el
Estado venezolano podía implementar para la consecu-
ción de sus objetivos; no obstante, ¿cuáles aspectos de la
experiencia venezolana en materia de control de armas
se distancian y adquieren características propias que dis-
crepan de las implementadas en otras zonas?
PF: —Creo que lo más relevante y propio de nuestra
propuesta es que no vemos el desarme aislado del res-
to de la política de seguridad. Se asume como un factor
importante, pero ligado, como ya dije, a procesos de in-
clusión social que resten actores activos a la violencia y,
por ende, minimicen el sentido y las lógicas de uso de las
armas que prevalecen en nuestra sociedad.
Comparativamente con las experiencias que se están
desarrollando en otros países, podemos decir que hemos
tomado para Venezuela lo más positivo de cada una de
ellas. Por ejemplo, el desarme voluntario como se imple-
mentó en argentina o Brasil; las zonas libres de armas
como en Sudáfrica; por citar solo ejemplos. Nosotros le
hemos dado nuestro propio tinte a estas medidas. En el
caso del desarme, apostamos a intercambiar armas por
oportunidades para la inclusión y no por dinero, hacien-
do énfasis en el sentido socialista de nuestra propuesta.
Las zonas libres de armas se han adaptado a nuestras
necesidades y a los espacios vitales donde las armas cau-
san más daño. Hemos innovado con procesos como el
de la inutilización de las armas (ya explicado). también
avanzamos con el marcaje de las municiones como polí-
tica que se extenderá a toda la población y no solo a un
reducido sector. Hemos hecho de la destrucción pública
de armas incautadas un aspecto cotidiano y no algo ex-
traordinario. En definitiva, hemos perfilado la política en
función de nuestras propias necesidades y hemos logra-
do con ella un reconocimiento internacional importante
por parte de quienes tienen muchos años trabajando en
esta área del desarme.
Lo importante más que lo que nos diferencia es que
Venezuela a partir de la implementación de esta política
se suma a una visión mundial que la acerca a la búsque-
da de soluciones compartidas al problema de la violencia
con armas, en el conjunto de las naciones.
ZR: —El 13 de enero de 2012, el Comandante Hugo
Chávez, en su presentación de la Memoria y Cuenta 2011
ante la asamblea Nacional, pidió a los integrantes de la
Comisión Presidencial para el Control de armas, Muni-
ciones y Desarme no descansar “ni un minuto hasta que
logremos el desarme completo del país con la aplicación
rigurosa de las leyes”; luego de su gestión presidiendo la
Secretaría técnica de esta Comisión, ¿qué respondería
hoy al presidente Hugo Chávez?
PF: —Hoy le diría al Presidente dos cosas. La primera
sería “Presidente, misión cumplida con la tarea enco-
mendada a la CoDESaRME”. La Comisión hizo su trabajo
con eficiencia, rindiendo frutos importantes, posicionan-
do de manera contundente el tema del desarme en la
188 | entrevista
agenda pública y dejando las bases sentadas para seguir
construyendo e implementando la política. Esa primera
etapa culminó con la aprobación de la Ley y todos quie-
nes tuvimos algún nivel de protagonismo en esa lucha
debemos sentirnos orgullosas y orgullosos de lo que le
legamos al país.
ahora bien, lo segundo que le diría sería “¡Presiden-
te, cuidado! ¡Los enemigos del desarme siguen activos!”.
Creo que luego de la aprobación de la Ley, debería haber-
se redoblado el esfuerzo para avanzar en la implementa-
ción de la política de desarme. Siento que eso no está ocu-
rriendo así. Más allá del llamado insistente (y sincero) del
Presidente de la República, aguas abajo solo se ven accio-
nes aisladas e inconexas, todavía muy discursivas y poco
prácticas para llevar adelante el desarme voluntario de la
población. Y ya sabemos a qué conducen las políticas que
no cuentan con la suficiente voluntad de los operadores
políticos responsables de implementarlas. Esa voluntad
que se manifiesta, no en discursos bonitos y demagógi-
cos, sino en recursos financieros, personal capacitado,
infraestructuras instaladas, alianzas estratégicas, comu-
nicación fluida con la población, resultados palpables
que permitan orientar los avances de la política pública.
Nada de eso aún se ve en los actores que han asumido el
relevo en este tema y eso genera una alta preocupación y
una profunda molestia cuando estamos hablando de uno
de los legados más importantes que nos dejó el presidente
Chávez en materia de seguridad pública.
En esto vuelvo sobre lo ya dicho: hay un sector impor-
tante dentro de la esfera gubernamental que no cree en el
desarme y en la implementación de controles a las armas.
algunos no creen en ello por convicciones ideológicas y
otros sencillamente porque toca a intereses no muy trans-
parentes en los que se ven inmersos. En cualquier caso, es
necesario denunciar esto y reclamar desde la contraloría
social y desde los espacios de incidencia existentes, que no
desmaye el esfuerzo por avanzar hacia el desarme y, previo a
ello, al control efectivo de las armas y municiones en el país.
En esto debemos acompañar con mucha fortaleza y claridad
al presidente Maduro y recordar que el presidente Chávez
nos invitaba a transitar por el desarme como una vía ha-
cia la paz. ojalá seamos fieles a ese llamado.
reseñas y Comentarios
Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones Instrumento legal contundente en materia de seguridadDavid Arturo Benavides Villarreal
Investigaciones – UNES 2012Mario Millones Espinosa
191
lEY PARA El dESARME, CoNtRol dE ARMAS Y MUNiCioNES
Ley para el Desarme, Control de Armas y Municiones
Instrumento legal contundente en materia de seguridad
DAVID ARTURO BENAVIDES VILLARREAL*
Contexto
La Ley para el Desarme, Control de Ar-
mas y Municiones aprobada reciente-
mente por la asamblea Nacional, es
un instrumento legal de gran impacto
en la política de seguridad impulsada
por el gobierno nacional. Contextuali-
zar el momento político, social e histó-
rico de su promulgación es necesario
para su análisis y compresión. En Venezuela, según los datos de
la Encuesta Nacional de Victimiza-ción y Percepción de Seguridad Ciu-dadana 2009 (iNE, 2010), el 79% de los homicidios para ese año fue-ron cometidos con armas de fuego. Por otro lado, los anuarios de morta-
lidad recogidos por el Ministerio del
Poder Popular para la Salud señalan
que para el mismo año, se totalizaba
una tasa de mortalidad por armas de
fuego de 52,9 por cien mil habitantes
(pcmh) (Chacón, 2012), siendo una
cifra elevada si se compara con el pro-
medio mundial de 6,9 pcmh (UNDoC,
2011), encontrando 46 puntos por
encima del mencionado promedio.
Esta situación sentó una base para
que, en primera instancia en la opi-
nión pública y posteriormente en los
decisores y formuladores de políticas
de Estado, se posicionara el tema de
un necesario control de armas de fue-
go y municiones en el país, trayendo
como consecuencia que el 13 de mayo
* Criminólogo egresado de la Universidad de Los Andes. Fue coordinador la Unidad de Diagnóstico e Investigación del Consejo Superior Penitenciario, así como también de la línea de investigación sobre sentido e impacto del uso de armas de fuego en Venezuela de la CODES-ARME. Actualmente se desempeña como coordinador de la línea de investigación sobre justi-cia penal en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. [email protected]
192 | comentarios y reseñas
de 2011, por decreto presidencial nú-
mero 39.673 se creara la Comisión
Presidencial para el Control de armas,
Municiones y Desarme (Codesarme).
Esta, dentro de todas las responsabili-
dades de su mandato, tenía la de hacer
lo necesario para proponer instrumen-
tos normativos que se encargaran de
sentar las bases para el efectivo control
de armas, municiones y desarme en el
país.
La Codesarme en materia normati-
va se encargó de diseñar y promulgar
una serie de resoluciones ministeriales
orientadas a la restricción de portes
de armas de fuego en algunos lugares
específicos, suspensión de emisión de
portes y comercialización de municio-
nes y armas de fuego, y elaboración
de protocolos de peritajes y audito-
rías en procesos de administración de
justicia, destrucción de armas de fue-
go y control de los parques de armas
de los cuerpos policiales. (Codesarme,
2012).
De la mano de la elaboración e im-
plementación de estas medidas, en el
marco de la Codesarme, también se
diseñó y suscribió ante la asamblea
Nacional, una propuesta de ley que
regulara a escala nacional todo lo re-
lacionado con el control de armas,
municiones y desarme, propuesta que
luego de ser discutida con todos los
sectores del país involucrados con este
tópico, devino en la aprobación de la
Ley para el Desarme y Control de Armas
y Municiones promulgada en Gaceta
oficial nº 40190 de fecha 17 de junio
de 2013, derogando parcialmente la
Ley Sobre Armas y Explosivos, publica-
da en la Gaceta oficial de la República
de Venezuela nº 19900 de fecha 12 de
junio de 1939, y la Ley para el Desar-
me, publicada en la Gaceta oficial de la
República Bolivariana de Venezuela n°
37509 de fecha 20 de agosto de 2002.
a continuación se hace un breve
análisis de la ley, haciendo énfasis en
los aspectos resaltantes contenidos en
ella.
Aspectos más relevantes
e innovadores
La Ley para el Desarme, Control de Armas
y Municiones en su estructura cons-
ta de seis títulos dispuestos de la si-
guiente manera: título i disposiciones
generales; título ii de la fabricación,
importación, exportación, tránsito y
comercialización de armas; título iii
de los permisos de porte y tenencia de
armas de fuego, título iV de la fabri-
cación, importación, exportación y
comercialización de las municiones;
título V de la prevención y el desarme;
y el Vi de las sanciones. todos los títu-
los mencionados agrupan un cúmulo
de artículos que llegan a los 125. En
principio, la ley pretende cubrir todo el
espectro de acción en el cual las armas
de fuego tienen injerencia en la diná-
mica social de Venezuela. Haciendo
un análisis de los elementos incluidos
debemos resaltar la importancia de la
incorporación no solo de las armas de
fuego, sino también de los explosivos
(art. 3, parte 5) como objetos a ser so-
metidos a regulación y control.
Esta ley le otorga a la Fuerza ar-
mada Nacional Bolivariana (FaNB) la
competencia exclusiva para autorizar
la fabricación, importación, exporta-
ción, comercialización, registro, con-
trol, fiscalización, y destrucción de
armas de todo tipo y municiones (art.
8), siendo así la institución que de he-
cho y derecho pasa a controlar todos
los procesos pertinentes a las armas
de fuego y municiones, sin embargo
se contempla un nivel de rendición de
cuentas al establecer que el ente del
Estado fabricante (el cual en estos mo-
mentos, y hasta que no se cree otro, es
la Compañía anónima Venezolana de
industrias Militares –CaViM–) debe
rendir cuentas anualmente al Poder
Ejecutivo y al Poder Legislativo acerca
de la fabricación, importación, expor-
tación y comercialización de las armas
de fuego y municiones (art. 61).
ley de desarme d. benavides | 193
otro aspecto que se incluye en este
cuerpo normativo que es necesario
mencionar, es la discrecionalidad que
se le atribuye el Estado venezolano de
retener o recuperar en cualquier mo-
mento, según lo considere necesario
en las circunstancias que la ley lo es-
tablezca, las armas en manos de los
ciudadanos (art. 10), quedando en-
tonces condicionado el porte de armas
y municiones en mano de los civiles.
Se puede inferir de este aspecto, que
el espíritu del legislador a la hora de
establecer estos mecanismos restricti-
vos es velar porque el Estado tenga un
control absoluto de las armas, tanto
las orgánicas (aquellas utilizadas para
el resguardo de la seguridad ciudada-
na y la soberanía del Estado) en manos
de los agentes de control social formal,
como las que no lo son (cualquier otro
tipo de arma de fuego en mano de los
civiles), en virtud del poder de defensa
o amenaza que representa un arma de
fuego.
Por otra parte, siguiendo las políti-
cas normativas que se establecieron en
la fase previa a la aprobación de esta
ley en el marco de la Codesarme, se in-
cluyó en la Ley para el Desarme, Control
de Armas y Municiones la restricción de
porte de armas en: reuniones o mani-
festaciones públicas, espectáculos pú-
blicos, deportivos, marchas huelgas,
mítines, procesos electorales, en insti-
tuciones educativas, centros de salud,
centros religiosos, establecimientos de
expendio y fabricación de bebidas al-
cohólicas (art. 16), tratando de esta-
blecer lo que se conoce como “zonas
libres de armas”. En este sentido el Es-
tado venezolano tiene un gran reto por
delante para fomentar el cumplimien-
to de estas restricciones, ya que en su
mayoría dependen de inversiones en
materia de implementos tecnológicos,
detectores de metales y cualquier otro
tipo de medio necesario y, se ha demos-
trado que son de difícil implementa-
ción ya que, además de representar un
elevado costo económico para quien
deba implementar el control, implica
una ardua tarea el lograr una cultura
del uso rutinario de los mismos.
Mención especial merece el título V
referido a la prevención del uso de ar-
mas y desarme ya que, es un elemento
innovador en este tipo de legislación
en Venezuela, estableciendo elemen-
tos tales como campañas dirigidas al
fortalecimiento de una cultura de paz
(art. 79), la creación de un fondo para
el desarme el cual debe ser nutrido de
asignaciones especiales del Ejecutivo
nacional y de los aportes de las em-
presas del Estado que comercializan
armas y municiones, en un rango de
hasta el 10% de sus ganancias. Este
fondo debe cubrir financiamiento en
ámbitos tanto de planes de prevención
y concienciación del uso de armas de
fuego y municiones, como del pago
de incentivos para aquellos que en-
treguen voluntariamente un arma de
fuego en el marco de los planes de des-
arme que se implementen en el país.
Es importante resaltar que en el
marco del plan de desarme se debe im-
plementar a escala nacional, por man-
dato de este instrumento normativo, la
amnistía para las personas que hagan
entrega de armas de forma voluntaria,
prohibiendo también que esta persona
sea reseñada de alguna manera (art.
88), siendo este aspecto bastante in-
novador en la legislación venezolana
y abre los caminos hacia la reducción
de la punitividad del Estado luego de
sopesar los pros y contras de la aplica-
ción de estas concesiones en temas tan
álgidos y sensibles para la ciudadanía,
como lo es la violencia con armas de
fuego.
Por otro lado, y de forma antagó-
nica al punto anterior, las sanciones
penales contempladas en esta ley go-
zan de una especificidad mayor que en
legislaciones anteriores acerca de las
conductas que son susceptibles a una
sanción penal en el ámbito de armas
de fuego y municiones. De este modo,
se abre un espectro de penas bastan-
194 | comentarios y reseñas
te amplio, el cual va desde un año de
prisión para el caso de negligencia o
imprudencia en los medios para evitar
que un niño, niña, adolescente, o per-
sona con discapacidad mental se apo-
dere de un arma de fuego de su pro-
piedad (art. 108), hasta los 25 años
de prisión (cinco años menos del tope
máximo establecido en nuestro Código
Penal para la pena privativa de liber-
tad) para quien fabrique o trafique ilí-
citamente armas de fuego (art. 123 y
124), dejando ver una clara tendencia
al aumento de la punitividad, traduci-
da en el aumento de la severidad de las
penas.
Por último, es inevitable hacer re-
ferencia a algunos aspectos contem-
plados en las disposiciones transito-
rias, tal es el caso de la imposición de
180 días para la promulgación de re-
glamentos, lo que marca para los legis-
ladores una agenda de trabajo tempra-
na con el fin de lograr consolidar todos
los aspectos relacionados a las regu-
laciones contempladas en la ley. Por
otro lado, en este aparte se suspende la
emisión de permisos de porte y tenen-
cia, además de la comercialización de
armas de fuego y municiones por un
lapso de dos años desde la fecha de pro-
mulgación de la ley de manera de darle
continuidad a las restricciones en este
sentido, que ya se estaban aplicando
para el momento de promulgación de
esta, lo que permite a la plataforma
institucional del Estado adecuarse a lo
establecido en el contenido de la ley.
Horizontes cercanos
El Estado venezolano tiene un gran
reto a la hora de hacer cumplir lo es-
tablecido en esta ley. Debe dársele una
prevalencia a su aplicación en todos
los ámbitos ya que, es un instrumento
legal que toca aspectos en los órganos
de administración de justicia, entes de
control social formal, Ministerio Públi-
co, Ministerio de la Defensa, Poder ju-
dicial, comunidad organizada, y todas
aquellas instituciones a nivel macro
que tienen injerencia de alguna mane-
ra, o se ven afectadas por el control de
armas de fuego y municiones en el país,
lo que demuestra la necesidad de una
articulación interinstitucional efecti-
va, que debe comenzar por el fomento
institucional y la concienciación en to-
dos los niveles. En este sentido, tal vez
revista de una mayor importancia la
implementación de una campaña de
difusión de la ley en un principio, cam-
paña que deberá estar orientada a dar
a conocer este instrumento legal y las
maneras de asegurar su cumplimiento
tanto a nivel de la ciudadanía, como de
las instituciones del Estado que rijan la
materia de control de armas, municio-
nes y desarme.
La promulgación de esta ley viene
a formar parte de una política macro
en el ámbito de la seguridad ciudada-
na, y como tal debe ser implementada,
en armonía con las demás acciones
que se desarrollan e implementan por
el Estado venezolano en esta materia.
reFerenCIas
Chacón, Andrea (2012). “Muertes ocasionadas por el uso de armas de fue-go (MPPS)”. En: Sentido e Impacto del Uso de Armas de Fuego en Venezuela. Co-misión Presidencial Para el Control de armas Municiones y Desarme, Caracas, Venezuela.
Comisión Presidencial para el Con-trol de Armas, Municiones y des-arme (Codesarme) (2012). Resumen ejecutivo. Consulta Nacional por una Convi-vencia sin Armas. Caracas, pp. 30.
instituto Nacional de Estadística iNE (2010). Encuesta Nacional de Victi-mización y Percepción de Seguridad Ciuda-dana – 2009. Venezuela.
United Nations on drug and Crime UNdoC (2011). Global Study on Homi-cide.
195
todo iniciar debe mirarse, al me-nos, desde un doble ejercicio: mirar por qué se inicia y reflexionar sobre el mismo proceso de iniciar. Esto es, en el iniciar se da una disyuntiva que im-plica que el pasar del espacio vacío a un posible llenado, este quede vacuo o, por el contrario, su llenado sea sos-tenible y que, en este sentido, es siem-pre el espacio temporal idóneo de todo inicio. también pudiera darse la facti-bilidad de cambio en el mismo iniciar, con ello, ajustes se hacen para que el trayecto pueda verse fortalecido. Por ello, el mirar y reflexionar sobre el ini-
cio, quizá, implique volver a iniciar o, mejor dicho, pensar(se) que siempre se está iniciando para, de esta mane-ra, estar constantemente reflexionan-do en torno a ello.
Puede ser este espacio, el iniciar, lo que convoca principalmente a las investigaciones que aquí se reseñan. Este acontecimiento se hace a tra-vés de una línea general que necesita ser pensada constantemente y, sobre todo, desde distintas miradas debido a la complejidad que lo constituye y, so-bre todo, por la gran cantidad de luga-res comunes que resuelven su proble-
* Investigador de la Dirección Nacional de Creación Intelectual del Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social de la UNES. Magíster en Sociología, Univer-sidad de Artes y Ciencias Sociales (ARCIS), Santiago de Chile. E-mail: [email protected]
Mario Millones Espinosa
Investigaciones – UNES 2012
196 | comentarios y reseñas
mática antes de pensarla: la seguridad
ciudadana en Venezuela. a través del
Vicerrectorado de Vinculación Social y
Creación intelectual de la Universidad
Nacional Experimental de la Seguridad
(UNES), a continuación se presenta una
reseña de cada investigación. Éstas se
encuentran divididas en tres grupos:
en primer lugar, se describen aquellas
investigaciones llevadas a cabo por el
Vicerrectorado de Creación intelectual
y Vinculación Social; luego, aquellas
realizadas por la Comisión Presidencial
para el Control de armas, Municiones
y Desarme (CoDESaRME) y, por último,
las impulsadas por el Fondo Concursa-
ble de apoyo a la Creación intelectual
en Seguridad Ciudadana y Convivencia
(FoNCREaCiÓN), llevadas a cabo por la
misma Universidad y Vicerrectorado
para motivar a profesoras, profesores
y/o personal administrativo en general
(lo que pudiera denominarse comuni-
dad unesista) a través de convocatorias
abiertas que comenzaron el año 2012
y se espera continúen en el tiempo.
1. Vicerrectorado de Creación
Intelectual y Vinculación Social
Dentro del amplio problema de lo que
se entiende como violencia en espacios
urbanos, los establecimientos educa-
cionales generalmente son invocados,
a nivel investigativo, como sitios en donde o bien se puede crear un mapa de las conductas de agentes que permi-ten comprender la violencia en tanto práctica rutinaria, normalizada y alta-mente socializada; o bien como el sín-toma o reflejo de problemas exógenos que tienen en el espacio educacional su representación o, mejor dicho, re-producción minimalista. también se puede esgrimir la posibilidad que sea el propio espacio educacional el genera-dor de la violencia.
Por ello, no es casualidad que Li-lian Montero y ana Castellanos inten-taran conocer la realidad en torno a la violencia en diez liceos de la parroquia Sucre, sector Catia, sobre todo con jó-venes que cursan la educación media del Subsistema de Educación Básica en instituciones públicas, teniendo como base el gran problema de la violen-cia en Caracas. Como principales ha-llazgos de la investigación, se pueden enunciar que el hurto y las acciones que contemplaron ciertos daños patri-moniales, de acuerdo a la opinión de
las y los mismos estudiantes1, fueron
1 La complejidad de estudiar la vio-lencia en el entorno escolar, advierten las autoras, a través de encuestas auto-administradas por las y los mismos estu-diantes evidenció un problema no me-
las expresiones de violencia más coti-dianas en cada liceo, representando un 57% y 68%, respectivamente. asimis-mo, develaron que las estudiantes que bordean los 15 años de edad son las principales víctimas de delitos como el hurto y que, en cuanto a la percepción que tienen las y los jóvenes de sus pro-pias prácticas, la culpabilidad de los actos recae constante y principalmen-te en una visión individualizada de la responsabilidad.
La relación jóvenes y violencia será también la que investigará Luisa Zam-brano, pero esta vez desde el quehacer de los movimientos cristianos, a tra-vés de tres iglesias de Caracas y, en el uso de distintas tecnologías para poder buscar una salida o resolución a la vio-lencia en los barrios de la capital Vene-zolana, principalmente en los sectores de El Valle, La Vega y Sarría.
La autora señala, como fruto de entrevistas con jóvenes participantes de estas iglesias, que el alejamiento de prácticas violentas a medida que se
nor en los resultados de esta investiga-ción, donde las “no respuestas” en varias ocasiones fueron superior al conjunto de respuestas. En este sentido, esto puede estar relacionado tanto al miedo de las y los estudiantes de responder las diversas preguntas, o a fallas propias del instru-mento de investigación.
investigaciones unes 2012 m. millones | 197
integran a las rutinas propuestas por
cada iglesia como, por ejemplo, los mi-
nisterios de jóvenes que son reuniones
de oración solo para jóvenes y dirigidas
a su vez por jóvenes, sobre todo aque-
llas entre los días jueves a sábados. En
esos días, la autora señala que además
de introducir a las y los jóvenes a los
principios de la religión, le restan acto-
res a la violencia, pues serían los prin-
cipales días donde se cometen accio-
nes violentas. La autora destaca que
dentro de las tecnologías ocupadas por
cada iglesia, no solo se hallan rituali-
dades circunscritas al ámbito religio-
so, sino que también se incluyen ins-
trucciones para llevar a cabo negocios,
proyecciones de liderazgo, desarrollo
profesional, entre otras. Por ello, la in-
tegración de cada persona a la iglesia
no gira solo en los aspectos claves de
la creencia específica, sino que funge
también como solución a problemas
sociales como el trabajo o la pobreza.
Similar a la investigación ante-
rior, Guillermina Soria y Efraín Ruiz
analizan el proceso de mediación de
conflictos desarrollado por el Centro
Cristiano Getsemaní en la comunidad
El Winche. allí, los autores señalan
aspectos positivos de aprendizaje que
esta intervención deja en la disminu-
ción de la violencia entre bandas, a
través de la inmediación de la iglesia y
la organización comunitaria. En este
sentido, como principal tesis, el reco-
nocimiento hacia el otro se torna como
piedra angular para la resolución de
conflictos, pues incluso en la misma
mediación de la iglesia en la comuni-
dad comienza con el respeto hacia los
líderes comunitarios. Los autores se-
ñalan que, en muchas ocasiones, insti-
tuciones del Estado llegan a las comu-
nidades sin conocer el propio convivir
de esta, algo que evidencian como no
lineal y en una frontera frágil que se
mueve a través de las propias relacio-
nes afectivas de la comunidad. Por
ello, el reconocimiento hacia el otro
lo perciben como estrategia estructu-
ral para los cambios en el convivir y la
violencia en los barrios.
otro de los estudios donde las y los
jóvenes fueron el centro de la investi-
gación es el llevado a cabo por Mario
Millones quien, a través de una mirada
bourdieusiana, señala la violencia des-
de la práctica, esto es, condicionada al
espacio y tiempo de las decisiones ur-
gentes de cada agente. Para ello, elabo-
ra una pequeña encuesta que se aplica
a tres grupos de jóvenes (trabajadores
formales, informales y un grupo cultu-
ral denominado Paranpanpan, que en
su mayoría son jóvenes desempleados)
que hacen vida entre el Bulevar de Ca-
tia y el Parque alí Primera. Del instru-
mento, se desprende de manera sucin-
ta que a medida que cambian ciertas
condiciones económico-sociales (la
necesidad), la visión del delito transi-
ta desde lo ilegítimo hacia lo legítimo.
Ello, viene a interrogar la visión del de-
lito como un problema de inoculación
mediática, de libre elección o no saber
convivir.
Por otro lado, el bulevar de Catia
fue también centro de la investigación
de Pavelyn Márquez para conocer, de
primera fuente, el sentimiento de (in)
seguridad en espacios recuperados por
el Gobierno. Bajo una serie de entre-
vistas a quienes hacen vida en el bu-
levar, Márquez llega a las conclusiones
que la intervención del espacio confi-
gura, estructura o al menos condicio-
na el sentimiento de (in)seguridad. a
su vez, la ocupación del tiempo en el
bulevar a través de distintas activida-
des recreativas ha permitido un mejor
uso de sus espacios, así como también
la presencia de cuerpos policías en
rondas de vigilancia. a pesar de ello, la
autora sugiere una serie de medidas a
implementarse para fortalecer la con-
vivencia en espacios recuperados, en-
tre ellas: a) fortalecer la participación
comunitaria, b) promover y divulgar
las acciones que manejan los entes en-
cargados de la seguridad, c) utilización
de la geografía del delito para com-
198 | comentarios y reseñas
prender los procedimientos y las accio-
nes que en materia de seguridad se de-
ben emprender, d) proponer algunas
estrategias que contribuyan a fomen-
tar el valor de los espacios públicos de
la ciudad, e) implementar estrategias
educativas sobre normas de conviven-
cia, f) estudiar la posibilidad de incor-
porar patrullaje a pie, y g) colocar las
señalizaciones correspondientes.
también en un trabajo de campo
con jóvenes, pero esta vez con quienes
estudian para ser policías (Policía Na-
cional Bolivariana en la Universidad
Nacional Experimental de la Seguri-
dad, específicamente), el estudio que
llevaron a cabo Luis Díaz y Carolina
Sayago analiza el proceso de construc-
ción de identidad profesional. Para
ello, la estrategia metodológica utiliza-
da comprendió entrevistas en profun-
didad, entrevistas temáticas, obser-
vación participante, grupos focales y
análisis documental. Entre los princi-
pales hallazgos, los autores enuncian
un encuentro conflictivo entre una
forma clásica (que denominan hege-
mónica) de la formación policial frente
a la nueva propuesta que lleva a cabo
la Universidad Nacional Experimental
de la Seguridad (el Viejo Modelo frente
a un Nuevo Modelo, concretamente).
a su vez, nace de ello una confronta-
ción en el proceso de formación entre
lo policial, identificado con todas aque-
llas técnicas que implican enfrentar
situaciones delictivas, y lo no policial,
representado a través de herramien-
tas pedagógicas de desarrollo perso-
nal donde incluso existe presencia de
personal no policial. De igual manera,
los autores del estudio advierten que
desde el comienzo del proceso de for-
mación, las y los discentes entran en
la diferenciación con el mundo civil,
lo que conlleva una constante tensión
pues estos últimos exigen al policía en
formación una actitud represora fren-
te a hechos delictivos, mientras que la
propuesta del Nuevo Modelo se orienta
a la prevención y control.
Desde una mirada general de la his-
toria, Dorennys angulo hace un balan-
ce de cuatro décadas de prevención del
delito en Venezuela (1970-2011) deve-
lando, según la autora, que los planes,
programas y proyectos ejecutados en
materia de prevención del delito nunca
han tenido una identidad propia. Esto
es, no ha habido sostenibilidad tempo-
ral de una visión respecto la prevención
donde, por el contrario, constantemen-
te la percepción individual es que la di-
recciona la política contingente. En este
sentido, se evidencia una ruptura en la
cual el discurso de la prevención ha au-
mentado o tiene momentos de mayor
connotación histórica, pero ello no se
ha visto traducido en más políticas pú-blicas para su materialización o mayor cantidad de recursos. De igual mane-ra, manifiesta la autora, la política de prevención se ha visto atravesada por la urgencia de efectividad ante el pro-blema de la criminalidad en Venezuela lo que dificultaría la misma lógica de la prevención poniendo muchas veces acento en la reacción. En este sentido, angulo adhiere a las conclusiones que Marcelo Sain expusiera en la Universi-dad Nacionales Experimental de la Se-
guridad2, a saber:
…hay que desterrar dos prácticas en
materia de seguridad pública que
son: el voluntarismo y la intuición. El
voluntarismo porque se cree que con
la mera manifestación de voluntad se
producen los cambios sociales y la in-
tuición porque no hace falta ningún
conocimiento experto, ni ningún tipo
de ecuación de poder para que los
cambios se den.
En una línea similar, Elsie Rosa-les analiza el Sistema Penal venezola-no contemporáneo, donde manifiesta como principales preocupaciones para
2 Específicamente, en el Seminario Iz-quierda y las políticas públicas de seguridad ciudadana realizado entre los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2012, en la Universi-dad Nacional Experimental de la Seguri-dad, en la ciudad de Caracas, Venezuela.
investigaciones unes 2012 m. millones | 199
corregir el hasta ahora aberrado com-
portamiento actual del Sistema Penal.
allí, señala que, primero, se debe evi-
tar la policiación del Sistema Penal
para hacerlo “más consecuente con
los derechos de la gente y permitir que
la policía se dedique a su función na-
tural: cuidarla, y no a aplicar castigos
sin juicios previos”. Segundo, reducir
la hiperactividad del Sistema Penal y
emplear como criterio corrector las
premisas que caracterizan la inter-
vención del Sistema Penal, en térmi-
nos de elevado costo humano y social,
así como también dirigir la acción del
sistema penal conforme a prioridades,
como reducir la violencia delictiva. Es-
tas recomendaciones3 que hace la au-
tora tienen una temporalidad de corto
y largo alcance, pues como se aprecia
se dirigen tanto a la ley como a su apli-
cación.
Desde otra línea, pero que también
involucra y convoca al Sistema Penal
3 La autora hace también diversas re-comendaciones a distintos ámbitos del Sistema Penal venezolano, por ejemplo, y en un orden técnico para restablecer el Sistema Procesal Penal, señala que se debe retomar el sistema acusatorio me-diante la reedición de sus principios tras-tocados con la reforma 2001 y 2008, duración razonable del proceso, entre otras.
venezolano (y sus posibles fallas, va-
cíos históricos, por tanto, su inminen-
te reestructuración), el estudio de Luis
Salas y Bárbara Cortez señala, como
enuncia el subtítulo, La necesaria in-
vestigación de un delito escasamente
estudiado, visibilizado y, por supuesto,
sancionado: el delito de cuello blan-
co o de los poderosos. Presentan casos
emblemáticos en Venezuela, como por
ejemplo la corrida bancaria de 1993-
1995 donde toda la junta directiva de
Banco Latino fuera absuelta por el tri-
bunal Supremo de justicia, en el año
2001, por falta de pruebas; o el caso
aun abierto desde 2010 por diversos
ilícitos cambiarios de la casa de bolsa
Econoinvest. La complejidad de este
tipo de delitos, según los autores bajo
las ideas de Sutherland, se ven atrave-
sadas principalmente por tres hechos
que permiten, tanto su impunidad,
como un escaso rechazo ciudadano,
a saber: a) generalmente los delitos de
cuello blanco son de proceder comple-
jo o experto y sus efectos difusos, b) los
medios de comunicación no expresan
repudio inmediato contra este tipo de
delitos, y c) las leyes que rigen las ma-
terias propias de delitos de cuello blan-
co están desactualizadas, son muy
recientes o más especializadas (y por
tanto desconocidas) que otras leyes.
De esta manera, los autores conclu-
yen que la necesaria reactualización
de este tipo de delitos pasa por una re-
orientación del foco de las políticas cri-
minológicas y de control social lo que,
en suma, no es sino la comprensión de
las dinámicas propias de la economía
política del capitalismo.
En los delitos, los autores señalan
una complementariedad con medios
de comunicación masivos, algo que sin
duda se percibe en la investigación lle-
vada a cabo por Nairbis Sirbain, pero
esta vez bajo una mirada biopolítica.
allí se describe cómo la violencia (por
un lado, su visibilización y etiqueta-
miento y, por el otro, su completa anu-
lación u omisión) se construye en tér-
minos discursivos en distintos medios
de comunicación privados y estatales,
constituyendo regímenes de veridic-
ción. En la complejidad de la relación
medios, poder y seguridad ciudadana,
la autora señala que en la misma di-
námica y conflicto por la disputa del
sentido, surge una imposibilidad de
exigir una ética y completa objetivi-
dad del quehacer periodístico en torno
al delito común. allí, en un acto com-
pletamente político (la línea editorial,
por ejemplo), se desea suspender la
subjetividad, lo que resulta paradójico
que el acontecimiento fluya al lengua-
je y que este sea omnisciente y, por lo
tanto, reafirma su contenido político.
200 | comentarios y reseñas
La producción discursiva de la violencia,
título de la investigación, contiene
un trasfondo inmediato que advierte,
como dice la autora, las honduras de
las prácticas objetivantes del discur-
so, lo que invita a dejar de pensar el
discurso como reflejo y comprenderlo
más en su estatuto performativo inser-
to y constituyente del sujeto.
2. Comisión Presidencial para el Control
de Armas, Municiones y Desarme
(Codesarme)
Por el lado de las investigaciones lleva-
das a cabo a través de Codesarme, Wil-
men Romero y Calixto Ávila hacen un
estudio sobre el marco jurídico nacio-
nal e internacional en cuanto al con-
trol de armas, municiones y desarme.
De este, se extrae que la Constitución
de 1999 representa una nueva visión
con relación a sus precedentes, en el
sentido de atribuir a la Fuerza armada
Nacional el control y la reglamenta-
ción de armas, municiones y explosi-
vos distintos a los elementos de guerra,
pues con anterioridad tal competencia
era atribuida al poder civil. De esta ma-
nera, como señalan los autores, para
evitar una militarización de los espa-
cios debe imperar la “democratización
y la creación de puentes comunicantes
entre lo civil y lo militar, el sentido te-
leológico de los dispositivos constitu-
cionales 324 y 328 en concordancia
con el artículo 2 de la Constitución de
la República Bolivariana de Venezue-
la”, lo que “sería el de hacer recaer en
una institución la competencia para
reglamentar y controlar la posesión y
uso de otras armas, municiones y ex-
plosivos”. En este sentido, los autores
afirman que la Fuerza armada Nacio-
nal debe ejercer dicha competencia, no
para la defensa militar de la República,
sino para la conformación de un Esta-
do democrático y social de Derecho y
de justicia, entre sus fines destacan la
construcción de una sociedad justa y
amante de la paz, la promoción de la
prosperidad y bienestar del conglome-
rado.
Por otro lado, irama La Rosa, jo-
selyn Lindarte y Luis Cerezo elaboran
el estudio las Políticas públicas del estado
Venezolano en los procesos de control de
armas, municiones y desarme. Omisio-
nes, desaciertos y desafíos para la cons-
trucción de una cultura por la paz. En él,
los autores dibujan la trayectoria que
ha seguido el Estado venezolano en el
tema del control de armas, municio-
nes y desarme, pero especialmente en
lo que han sido omisiones y acciones
contrarias a su rol fundamental como
garante de derechos humanos. De ello,
los autores desprenden las siguien-
tes recomendaciones (de las cuales,
algunas de ellas ya se estarían imple-
mentando en el programa de la Gran
Misión A Toda Vida Venezuela): a) rea-
lización de marcaje de armas de fuego
de acuerdo a códigos que determinan
su origen, b) registro automatizado y
estandarizado de las armas, c) control
en la importación y comercialización,
d) seguridad fronteriza (contraban-
do), e) destrucción pública de armas
incautadas en hechos irregulares y al
margen de la Ley, f) desarme en las cár-
celes, g) educación comunitaria (como
política de prevención y resolución de
conflictos), h) medios de comunica-
ción (fiscalización por contenido vio-
lento), i) coordinación interinstitucio-
nal, j) investigación acción (esto es que
en las investigaciones a llevar a cabo,
la participación de la comunidad se
configure como la estructura a seguir
en todo marco reflexivo).
asimismo, Neyda Peña, Raymi
Sánchez y Manuel Peraza, a través de
grupos focales llevados a cabo en va-
rias ciudades de Venezuela (tanto con
quienes portan armas como personas
cercanas a los mismos), evidencian los
sentidos de la demanda de armas de
fuego en Venezuela. De allí, los auto-
res manifiestan que el “discurso de las
y los participantes de los diez grupos
focales se enfocó principalmente en el
investigaciones unes 2012 m. millones | 201
uso de las armas de fuego para come-
ter delitos, por un lado, y por otro, para
defenderse de los delincuentes, tanto
de manera personal como colectiva”.
asimismo, destacan la demanda por
espacios públicos seguros.
Los autores advierten, además,
que la “aprobación y desaprobación
del porte y uso de las armas de fuego,
está asociado a un sentido utilitarista
y circunstancial”. Esto es, el arma de
fuego siempre será el medio para lo-
grar algo: desde seguridad hasta respe-
to. Por otro lado, los autores detallan
que para las y los participantes de los
grupos focales, la violencia con arma
de fuego es un fenómeno natural am-
pliamente aceptado: “esta concepción
tan ampliamente acogida en los diver-
sos grupos focales es un indicador del
nivel de tolerancia y aceptación que se
tiene sobre el fenómeno de la violencia
y, en particular, la violencia con armas
de fuego”. En otro aspecto, se eviden-
cia también en las personas entrevis-
tadas un claro descontento por el fun-
cionamiento del Sistema de justicia y
en donde la política de desarme no fue
bien vista pues consideran, los/as par-
ticipantes, que el “Estado se encuentra
en una posición de minusvalía”.
En la misma línea de las anteriores
investigaciones, el estudio Perspectiva
de intervención en materia de armas de
fuego en las parroquias La Vega, La Pas-
tora y el sector Los Frailes de la parroquia
Sucre, Distrito Capital de Miriam San
juan y Neyda Peña, concluye que las
comunidades, por un lado, reclaman
políticas preventivas que mejoren sus
condiciones de vida y que sancionen
a aquellos que agreden a los vecinos,
pero de manera simultánea reflejan
gran desconfianza en los cuerpos de
seguridad del Estado. “Precisamente
su mal funcionamiento y corrupción
constituye el obstáculo más serio para
una política de seguridad y contribuye
a aumentar el uso de armas de fuego
con fines defensivo”, aseguran las au-
toras al unísono que señalan que estos
hechos han decantado en una cultura
del miedo.
Por ello, las autoras plantean tres
condiciones básicas para la política de
desarme: primero, una campaña de
información que sensibilice y estimule
a la proactividad; segundo, que haya
garantías para el proceso concreto de
canje de armas (asegurar la confiden-
cialidad de quien entrega, escoger ade-
cuadamente el lugar y las personas y/o
instituciones receptoras limitando la
intervención de los cuerpos de seguri-
dad del Estado, entre otras); y tercero,
en cuanto a los beneficios del canje,
predomina la sugerencia de la compen-
sación individual frente a la colectiva.
Por último, Boris Piselli Mazza en
su investigación Diagnóstico de contro-
les institucionales en materia de armas
de fuego, municiones y desarme, señala
que Venezuela estuvo sumida en un
paréntesis histórico de más de 60 años
(desde 1939 hasta 2002, específica-
mente), en el cual fueron pocas las ac-
ciones institucionales y medidas nor-
mativas que se desarrollaron de modo
sostenido en dicho campo. Recién en-
tre los años 2009 y 2011 se retomó
con ímpetu la iniciativa para superar
el abandono que favoreció por décadas
un predominio del control, con lo cual
se puede afirmar que llegó a existir una
verdadera regresión en cuanto al pro-
ceso de evolución institucional.
Sin embargo, para el autor, como
bien señala, el problema no es la au-
sencia de fuentes formales, sino más
bien la suerte de ligereza con la que se
les asume, tanto en el ámbito del con-
trol institucional interno, como en el
externo. asimismo, advierte una espe-
cie de ritualismo en el control de armas
de parte de las instituciones, al mismo
tiempo que aparecen alegatos de falta
de recursos materiales como huma-
nos para llevar a cabo sus propósitos.
De ello, Piselli desprende una serie de
recomendaciones, donde destacan la
necesidad de una revisión exhaustiva
del entramado legal global en la ma-
202 | comentarios y reseñas
teria, el cual es débil y presenta lagu-
nas o vacíos importantes; inversión de
parte del Estado para la adquisición y
mantenimiento del sistema iBiS lo que
haría innecesaria la iniciativa del mar-
caje; insistir en la revisión periódica y
la innovación de tecnologías para op-
timizar de forma progresiva todos los
procesos de registro balístico las armas
orgánicas o particulares.
3. Fondo Concursable de Apoyo a la
Creación Intelectual en Seguridad
Ciudadana y Convivencia (Foncreación)
Como se dijo en un principio, las in-
vestigaciones que acá reseñamos son
llevadas a cabo por la comunidad une-
sista las cuales develan diversas in-
quietudes respecto al problema de la
seguridad ciudadana en Venezuela.
Por ejemplo, Paulina Villasmil (arti-
culadora e investigadora comunitaria
del Centro de Formación UNES-Zulia),
lleva a cabo una Propuesta de Acción
Participativa para atender las manifesta-
ciones de violencia en el Liceo Nacional
Bolivariano Manuel Segundo Sánchez del
Municipio Maracaibo, donde las con-
diciones de deterioro del espacio físico
y las relaciones sociales hostiles ponen
el acento en las condiciones estructu-
rales y sistémicas en que se encuentra
el liceo, así como su influencia en la
participación del sujeto ante este pro-
blema.
Desde el Centro de Formación
UNES-aragua, Yuber Pineda y juan
Blanco realizan un Estudio diagnóstico
del proceso de reinserción social en san-
cionados/as con las medidas judiciales
del Servicio Comunitario en el Municipio
Francisco Linares Alcántara de Maracay,
Aragua en donde, como su título en-
seña, la preocupación se posa sobre
quienes después de pasar un tiempo
recluidos, deben volver a vivir en so-
ciedad con las huellas que marcan su
paso por distintos establecimientos
carcelarios y lo que ello significa para
la misma sociedad: estigmas, discrimi-
nación, pérdida de o nuevas redes de
contacto, adaptación a nuevos u otros
códigos, entre otros.
Por su parte, jesús Ramírez y Pilar
Valet, articuladores comunitarios del
Centro de Formación UNES-táchira,
investigan la relación existente entre
espacios de ocio nocturno y la vio-
lencia juvenil en las parroquias Pedro
María Morantes, San Sebastián y La
Concordia. Su inquietud principal re-
mite a las formas de entretenimiento y
diversión nocturna que jóvenes del es-
tado táchira están llevando a cabo en
la actualidad y la relación con la vio-
lencia: qué la gatilla, cómo se reprodu-
ce, cuáles son sus principales caracte-
rísticas. Ello, por supuesto, con la mira
poder al conocer esta dinámica, crear
propuestas de intervención que permi-
tan incidir tanto en las formas de en-
tretención de las y los jóvenes, como la
violencia que los rodea en tanto vícti-
mas o victimarios.
Bajo una mirada similar, Pablo
Caraballo, docente del Centro de For-
mación UNES-anzoátegui, desarrolla
la investigación Proceso de construc-
ción identitario en las y los jóvenes de la
comunidad 17 de Junio y su relación con
la violencia en la cual advierte la com-
penetración de referentes mediáticos y
una serie de elementos sociales, eco-
nómicos, en suma, culturales como la
constitución de estereotipos de género,
exclusión social, procesos de estigma-
tización, creación de expectativas bajo
un orden simbólico, entre otros. El au-
tor manifiesta como principal propósi-
to la contribución a la generación de
estrategias institucionales y comuni-
tarias, con (y desde) las y los jóvenes,
que permitan contrarrestar la perpe-
tuación de patrones sociales que propi-
cian la mala convivencia e inseguridad
en la comunidad.
Por otro lado, jorge Forero y Nelson
ortega, articuladores e investigadores
comunitarios del Centro de Formación
UNES-táchira, están a cargo del pro-
yecto Dinámica del delito homicidio en el
investigaciones unes 2012 m. millones | 203
estado Táchira entre 1982 y 2012, donde a través de un análisis histórico de com-prender el contexto y las circunstancias políticas, sociales, económicas y cultu-rales, sobre las cuales se va venido desa-rrollado el problema de la inseguridad y, sobre todo, el incremento del homi-cidio en el estado táchira, frontera con Colombia lo que otorga aspectos y ras-gos distintivos a otros estados. Por ello, la particularidad de la zona fronteriza colombo-venezolana, para los autores, invita a una reflexión histórica de la problemática con el fin de incidir en ella a través de un saber crítico.
De las particularidades de cada zona se desprende también el estudio que realiza Pierre-alain Vandewalle, profesional administrativo del Centro de Formación UNES-aragua, pues el autor señala la inquietud sobre el ma-nejo informativo de la prensa del esta-do aragua, específicamente El Siglo, El Periodiquito y El Aragüeño, en los cua-les se evidenciaría un sesgo informa-
tivo pues la que estos medios darían al público no sería exactamente igual a la que es entregada por los cuerpos policías que comunican los mismos acontecimientos. En este sentido, la preocupación del investigador se cen-tra en cómo este manejo podría gene-rar corrientes de opinión o patrones de conductas respecto a la información recaba y, como se señaló, modificada.
Por último, Emilio Feriozzi, Luis al-via, Erik Vilera y Yesery juárez, pertene-cientes todos a la Dirección Nacional de Educación Física, Deporte y Recreación de la UNES, llevan a cabo una investiga-ción hacia el Perfil físico-antropométrico de egreso a través del nivel de aptitud física y composición corporal de las y los estu-diantes lo que manifiesta una preocu-pación por el estado de aptitud física que tienen cada estudiante, destacando lo fundamental del desenvolvimiento policial en lo cotidiano.
* * *
En resumen, las investigaciones aquí reseñadas presentan inquietudes que miran el problema de la seguridad ciu-dadana desde distintos rincones que señalan un iniciar no exento de com-plejidades. aun en este proceso, en este movimiento inicial, se pincela en estos estudios (muchos de ellos de carácter exploratorio), por un lado que el acen-to común es la somera crítica a tecno-logías punitivas como forma excluyen-te de la prevención, y la crítica de las actuales estructuras involucradas a la seguridad que en muchos casos impi-den la efectividad de aplicación de otra mirada. Por ello, es factible concluir que este iniciar reposa en torno la pro-babilidad y de cierto modo factibilidad de virar hacia otros posibles rumbos sin que los mismos, por supuesto, es-tén desde ya preestablecidos, aunque contiene en sí la única certeza preemi-nente: el cambio.
doCumentos Manifiesto por la Paz y la Vida
Nosotras y nosotros, gentes de organizacio-
nes comunitarias y populares, movimientos
sociales, políticos, colectivos, instituciones pú-
blicas, ciudadanas y ciudadanos, decidimos
conformarnos en un Movimiento para la Paz
y la Vida con el fin de trabajar en propuestas y
acciones a favor de una convivencia pacífica,
segura, solidaria y libertaria, a través del forta-
lecimiento de la organización y la movilización
popular en apoyo a la Gran Misión A Toda Vida
Venezuela.
La construcción de una cultura de paz nece-
sita de cada uno de nosotras y nosotros. En un
esfuerzo conjunto para convertir nuestras co-
munidades, nuestros hogares, nuestros lugares
de trabajo en espacios libres de violencia, en
los que prevalezca la mediación y la resolución
pacífica de los conflictos cotidianos.
En cada una de nuestras acciones cotidianas
y en todos los espacios en los que nos desen-
volvemos: laborales, comunitarios, familiares,
sociales, institucionales, así como en nuestros
Manifiesto por la Paz y la Vida
del Movimiento por la Paz y la Vida
207
208 | documentos
roles como hijas e hijos, madres
y padres, hermanas y hermanos,
trabajadoras y trabajadores, acti-
vistas; tenemos la oportunidad y
debemos hacer realidad los valo-
res humanistas que vencen la vio-
lencia y hacen posible la conviven-
cia pacífica, como el respeto por
la vida, la solidaridad, el reconoci-
miento de lo diverso, la igualdad y
no discriminación y el diálogo per-
manente y abierto.
Como colectivos sociales, nos en-
tendemos como una fuerza pode-
rosa que crece y se multiplica para
hacer posible la convivencia. En
nuestros espacios de activismo es-
tán presentes las y los jóvenes con
su dinamismo y creatividad, las y
los líderes comunitarios con su tra-
bajo organizativo, las mujeres des-
de su lucha cotidiana por la igual-
dad y la vida, las y los trabajadoras
desde sus puestos de trabajo cons-
truyendo patria, las y los militantes
desde sus organizaciones con su
participación activa y propositiva.
Todas y todos, compartiendo nues-
tros saberes y nuestras prácticas de
convivencia, podemos restar espa-
cio a la violencia y ganarlo a la vida.
Por todo ello, nosotras y nosotros
queremos manifestar públicamen-
te nuestro compromiso de trabajar
juntos y juntas en nuestras comu-
nidades, en una gran coalición que
contribuya a la transformación de
las causas que generan la violencia
y la inseguridad; a través de la orga-
nización, el protagonismo popular,
la articulación con las instituciones
públicas y la acción contralora de
las políticas en materia de seguri-
dad implementadas por el Estado.
Y muy especialmente, atendiendo
a nuestros jóvenes que se encuen-
tran en el centro de las dinámicas
de violencia.
Por eso, hoy nos sumamos al Mo-
vimiento para la Paz y la Vida, con
el propósito de construir juntos y
juntas una Venezuela que le gane
a la violencia, a las balas, al mie-
do, al consumismo capitalista y
al individualismo; una Venezuela
fraterna, segura, en la que todas y
todos convivimos solidaria y pacífi-
camente.
INsCRIPCIoNEs PARA Los CURsos, TALLEREs y CoNFERENCIAs DE sEPTIEMbRE
El Centro de Estudios de Seguridad Pública invita a servidoras y servidores públicos, a funcionarias y funcionarios po-liciales, organizaciones sociales, comunidades y público en general a participar en los talleres, cursos y conferencias del mes de septiembre, que se realizarán en el Centro de Formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad ubicada en Catia.
Curso: Mecanismos alternativos de resolución de conflictos 2, 4 y 6 de septiembre Horas académicas: 20 Sesiones: 3.
Taller: Contraloría de la función policial 6 de septiembre Horas académicas: 8 Sesiones: 1.
Curso: Procedimiento para la privación de libertad 9 y 11 de septiembre Horas académicas: 16 Sesiones: 2.
Taller: Igualdad y equidad de género 11 y 13 de septiembre Horas académicas: 12 Sesiones: 2.
Curso: Nuevo Modelo de Seguridad Ciudadana 13, 18, 20 y 25 de septiembre Horas académicas: 20 Sesiones: 4.
Curso: Faltas penales y el procedimiento para su enjuiciamiento 16 y 18 de septiembre Horas académicas: 16 Sesiones: 2.
Taller: Mediación escolar 23 y 25 de septiembre Horas académicas 12. Sesiones: 2.
Taller: Contraloría de la función policial 27 de septiembre Horas académicas: 8 Sesiones: 1.
Conferencias (gratuitas): La nueva doctrina militar venezolana a la luz de los hechos del 11 de septiembre en Chile y Nueva York (11 de septiembre). Coronel Menry Fernández (10:00am). Perspectiva de género en los cuerpos policiales y militares, vista desde dentro y desde fuera (18 de septiembre). Mónica Sainz (10:00am). Geopolítica y multilateralismo en torno a la integración de nuestra América (25 de septiembre). Carlos San Vicente (10:00am).
Costos:Talleres: Bs. 107,00.Cursos: Bs. 160,50.
Conferencias: gratuitas.
Comunidades exoneradas de pago. Presentar carta de pos-tulación de la organización comunitaria a la que pertenecen, debidamente firmada y sellada.
Dirección: Vicerrectorado de Creación Intelectual y Vinculación Social, Edificio Administrativo, piso 2. Catia
Teléfono: 0212-8028647 / 8088176 /8028788
Correos: [email protected] [email protected]
CENTRODE ESTUDIOS
DE SEGURIDADPÚBLICA
CENTRODE ESTUDIOSDE SEGURIDADPÚBLICA
CENTRODE ESTUDIOS
DE SEGURIDADPÚBLICA
CENTRODE ESTUDIOSDE SEGURIDADPÚBLICA
La Revista ComUNES recibe colabo-raciones para las secciones “Dossier” (tema monográfico), “Artículos y ensa-yos”, “Avances de investigación”, “Rese-ñas” (de libros y de eventos) y “Comen-tarios legislativos”. Para su publicación, requerimos que los autores y autoras se guíen por las siguientes pautas de presentación de originales:
a. Las colaboraciones que se de-seen proponer deben ser enviadas a [email protected]. Allí se detallarán nombre del autor o auto-ras, institución o colectivo al que está afiliado o afiliada, sección para la que propone su colaboración, título de la colaboración y medios de contacto (dirección electrónica adicional, teléfo-nos, etcétera).
b. Se considerarán para su publicación trabajos preferiblemente inéditos y que no hayan sido propuestos simultá-neamente a otras revistas o publicacio-nes; o artículos en idioma extranjero que no hayan sido traducidos al es-pañol, y cuya traducción sea propues-ta por su autor o autora a la Revista ComUNES.
c. Todas la colaboraciones deben te-ner claros el título de la colaboración, nombre del autor o autora, correo(s) electrónico(s) y breve reseña curricu-lar (para todas las secciones excepto para el “Dossier” debe tener entre 15 y 30 palabras, mientras que para esta úl-tima sección la reseña curricular debe ser más amplia, entre unas 100 y 200
palabras, e incluirá sus principales líneas de investigación y publicaciones).
d. Los artículos destinados a “Dossier” e “Avances de Investigación”, adicio-nalmente deben contener resumen en español del artículo (entre 100 y 200 palabras) y palabras claves (entre 3 y 6 palabras). Tanto el resumen como las pa-labras claves serán traducidos al inglés y al portugués, por lo que agradeceríamos a los autores y autoras colaborar en este sentido, si está dentro de sus posibilida-des.
e. La extensión de los artículos o colabo-raciones es variable:
» Para las secciones de “Dossier” e “Artí-culos y ensayos”, oscilará entre las 20 y 35 cuartillas (o, lo que es lo mismo, entre 5.000 y 8.750 palabras).
» Para las secciones de “Comentarios le-gislativos” y “Reseñas” y “Avances de In-vestigación, oscilará entre las 8 y 15 cuar-tillas (o, lo que es lo mismo, entre 2.000 y 3.750 palabras).
f. Todas las colaboraciones, contempla-rán las siguientes pautas:
» Notas. Las notas a pie de página, si las hubiera, se avisarán en el texto con numeración correlativa en superíndice. Se reservarán para notas aclaratorias, pero no se incluirán en ellas referencias bibliográficas, que irán al final del texto.
» Citas textuales. Cuando dentro del cuer-po del artículo se citen frases textuales, estas figurarán de la siguiente manera:
o Si la frase textual ocupa menos de dos
líneas se redactará de corrido en el texto y entrecomillada.
o Si la frase textual ocupa más de dos líneas se escribirá aparte, precedida de dos puntos, entrecomillada y sangrada en el margen izquierdo y con espacio in-terlineal menor.
Para indicar la referencia bibliográfica a la que pertenece la cita, o bien para lla-mar la atención en el cuerpo del texto sobre cualquier referencia bibliográfica, se colocará entre paréntesis el apellido del autor, tras una coma se colocará la fe-cha de publicación de la obra y tras dos puntos la página o páginas a las que se refiere la cita. Ejemplo: (Sain, 2010: 38-39). La referencia bibliográfica completa irá al final del texto.
» Referencias o fuentes consultadas. Las referencias bibliográficas, documenta-les, hemerográficas y orales deberán in-cluirse al final del artículo, ordenadas al-fabéticamente y de la manera en que se ejemplifica a continuación:
Libros
Dostoievski, Fiódor (2002). Los demonios. Madrid: Alianza.
Habermas, Jürgen (1997). Facticidad y va-lidez. Madrid: Trotta.
Touraine, Alain (1998). ¿Podremos vivir juntos? Buenos Aires: Fondo de Cul-tura Económica.
Negri, Toni y Michael Hardt (2006). Multi-tud. Guerra y democracia en la era del Imperio. Madrid: Mondadori.
Pautas para los colaboradores y colaboradoras de ComUNES
Artículos
Arditi, Benjamín (2002). “Trayectoria y potencial político de la idea de socie-dad civil”. Revista Mexicana de Socio-logía, año 66, n. 1. México: UNAM.
Castillo Zapata, Rafael (2009). “Di que me quieres”. En Fenomenología del bo-lero, pp. 45-61. Caracas: Fundación Celarg.
Giménez, Lulú (1999). “Esperando a los bárbaros: Ficción y representación en la historia caribeña”. En Aura Marina Boadas y Mireya Fernández (comps.), La huella étnica en la narrativa caribe-ña, pp. 51-64. Caracas: Celarg.
Legislaciones
Ley Orgánica del Ministerio Público. Gace-ta Oficial Nº 38.647, del 19-02-2007.
Ley del Cuerpo de Investigaciones Científi-cas, Penales y Criminalísticas. Gaceta Oficial Nº 38.598, del 05-01-2007.
Obra, artículo o documento en formato electrónico
Comisión Europea (2001). Programa de trabajo de la Comisión para 2002. Consultado el 18-11-2001 en http://www.europa.eu.int/comm/workpro-gr/2002/).
Vallejo, Fernando (2006). “El monstruo bicéfalo”. Ojos abiertos (blog). Con-
sultado el 02-07-2011 en http://ojo-sabiertos.blog.galeon.com/
» Uso de abreviaturas y siglas. Se evitará el uso de abreviaturas y siglas, que nunca se usarán en los títulos de los artículos o en sus intertítulos. En el caso de siglas, la primera vez que se empleen deberán ir entre paréntesis precedidas por el nom-bre completo al cual hacen referencia; se escribirán sin puntos.
» Esquemas, tablas y gráficos. Se ofrecerán con absoluta claridad y detalle, numera-das y tituladas. Su referencia en el texto no será de acuerdo a su ubicación sino a su numeración (por ejemplo, no se dirá: “En la tabla de abajo podemos ver…”, sino “En la tabla 1 podemos ver…”. En la medida de lo posible, estos elementos se enviarán en su formato editable, para hacer las adaptaciones y correcciones correspondientes. Deberán presentarse exclusivamente en blanco y negro o bien utilizando una escala de grises.
g. Valoración de los artículos. Los ar-tículos serán evaluados por el Consejo Editorial de la Revista, que determinará si el artículo encuadra en la temática, la política editorial y las normas de la revis-ta. Una vez evaluados estos artículos, se notificará al autor o autora la aceptación o no del trabajo, o se solicitará las modi-ficaciones sugeridas.
h. Responsabilidad. La Revista ComU-NES no se hará responsable de las ideas y opiniones expresadas en los trabajos pu-blicados. La responsabilidad plena será de los autores y autoras de los mismos.
i. Formatos de publicación. Los artícu-los o colaboraciones aceptados en la Re-vista, serán publicados tanto en formato impreso (2.000 ejemplares cada tirada), como en formato digital (PDF) de acceso abierto, en el sitio web de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes): unes.edu.ve, así como en todas aquellas bases de datos especializadas que el editor considere adecuadas para su indización o inclusión, con miras a in-crementar la visibilidad de la Revista.
j. Solicitud de revisión o arbitraje. Los autores y autoras cuyos artículos hayan sido publicados por la Revista ComUNES, eventualmente recibirán solicitudes por parte del Consejo Editorial para su par-ticipación como árbitros o revisores de artículos propuestos para siguientes edi-ciones.
k. Envío de ejemplares y separatas. Los autores y autoras de los artículos publi-cados recibirán 5 ejemplares del número en que aparecen y 10 separatas de su ar-tículo, aparte de la versión digital (PDF) de la Revista.
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